CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 654

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 29

celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Dívar Blanco), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales
correspondiente al año 2009. (Número de expediente 245/000005.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Bono Martínez): Señorías, la tradición y el respeto al Consejo General del Poder Judicial hacen que sea el presidente del Congreso quien reciba al señor presidente del Consejo del Poder
Judicial y antes de que formalmente comience la sesión pueda darles, como es el caso, la bienvenida, señor presidente, al Congreso de los Diputados, así como a los vocales y a las vocales que hoy le acompañan.



Declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia que se ha convocado para celebrar la comparecencia del señor presidente del Consejo del Poder Judicial a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del
Consejo del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondiente al año 2009. En esta fase inicial y protocolaria no tomen como desatención que el presidente del Congreso no presida la sesión y lo haga quien debe, que es el señor
Presidente de la Comisión de Justicia.
Pero antes de abandonar la sala por la razón que queda dicha, ruego al señor Presidente del Consejo del Poder Judicial, si tiene la bondad, que haga uso de la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Señor presidente del Congreso y de las Cortes, como decía hace un instante, y he repetido siempre al venir a esta casa, para mí es un honor, un profundo honor esta
comparecencia, que es la tercera que tengo que hacer aquí en presencia de los representantes más genuinos de la soberanía popular. Por tanto, es un honor atenderles, es un honor recibir sus opiniones, sus críticas y cuanto fuese procedente y
también improcedente. Vengo con el espíritu abierto, el ánimo elevado, como siempre procuro tenerlo en momentos en que a veces las situaciones son más difíciles. Particularmente, agradezco siempre al señor presidente, mi querido amigo don José
Bono, su atención, su cordialidad y su amabilidad.
Habrá algunas cosas que se le puedan discutir, pero es difícil discutirle la amabilidad, el trato agradable con todo el mundo y la preocupación que tiene por todos los diputados, sean del origen o
del espectro político que sean. Saludo muy cordialmente al presidente de la Comisión de Justicia e Interior, también mi querido amigo don Álvaro Cuesta, a los miembros de la Mesa y a todos los representantes de la Comisión de Justicia que siempre
me han atendido magníficamente. Por supuesto, me alegro mucho de que en esta comparecencia me acompañen el señor vicepresidente y todas las señoras y señores vocales del Consejo del Poder Judicial. Esto hace que tengamos conciencia de este acto y
queramos hacer, efectivamente, una exposición conjuntamente; sí por boca del presidente, pero conjuntamente venimos aquí a contestar, a explicar, a lo que sea, como he dicho, procedente en principio.



Muchas gracias, querido presidente, por tu bienvenida, por tu atención y hasta muy pronto.



El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Bono Martínez): Muchas gracias, señor presidente.



Después de este introito protocolario, ruego al señor presidente de la Comisión de Justicia que tenga la bondad de proseguir los trabajos de la Comisión y disculpen mi ausencia por la razón que queda dicha.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.



En nombre de la Comisión de Justicia, quiero dar la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar Blanco, y a todos los miembros que nos acompañan, vicepresidente y consejeros, del Consejo General del
Poder Judicial, así como a miembros del gabinete del mismo que nos honran con su presencia en la tarde de hoy.



La comparecencia, como saben, tiene por objeto la presentación de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondiente al año 2009, aprobada el
presente año. De conformidad con lo establecido en las normas reglamentarias, tanto en el Reglamento como en la norma de la Presidencia de 4 de abril de 1984, les quiero hacer un anuncio que ruego que tomen en consideración los portavoces. Saben
ustedes que concluido el trámite de exposición de la memoria procede la apertura de un plazo para la presentación de propuestas de resolución. Pues bien, dicho plazo, de tres días, se iniciará el lunes 8 de noviembre y finalizará el 11 de noviembre
a las veinte horas para que los grupos puedan presentar las propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión de Justicia, que deben ser, también se lo digo, congruentes con la memoria objeto del debate, referidas al servicio público de la
justicia y respetuosas con la independencia de la función jurisdiccional.



La sesión se va a celebrar, también como es tradicional, de la siguiente manera. En primer lugar, se producirá la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial; a continuación intervendrán los portavoces de los grupos
parlamentarios, de menor a mayor número de diputados, por un tiempo máximo de quince minutos, y procuraré ir avisando tan pronto se acerquen a ese tiempo para que se puedan autorregular y administrar en el uso de la palabra. Concluida la
intervención de los grupos parlamentarios, suspenderemos la sesión para que el presidente del Consejo y los consejeros que lo acompañan puedan tener una reunión o un encuentro a efectos de preparar las respuestas; a continuación se reanudará la
sesión y finalizaremos con la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial, si antes ningún otro grupo parlamentario pide expresar alguna matización o aclaración en sus intervenciones.



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Con esta forma de proceder, y reiterando además que esta Comisión tiene una especial relación de fluidez institucional y de cooperación con el Consejo General del Poder Judicial, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes y
ceder, sin más rodeos, el uso de la palabra a don Carlos Dívar Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Señor presidente, señoras y señores diputados, como he dicho hace un instante, es la tercera ocasión en la que comparezco ante la Comisión de Justicia e Interior de
estas Cortes Generales, de este Congreso de los Diputados, como presidente del Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de esta Cámara. Deseo
saludarles y expresarles mi satisfacción por encontrarme aquí.



Bien ha dicho nuestro presidente que nuestras relaciones son fluidas.
Pocas veces entre dos instituciones, como el Poder Legislativo -aquí representado- y el Poder Judicial, ha habido tanta fluidez, tanto contacto personal en el propio
Consejo y en esta Cámara. Por tanto, mis palabras de satisfacción y de manifestación de alegría no pertenecen a un orden meramente protocolario sino que pertenecen a un orden que sale de mi interior, de mi corazón y que yo transmito ahora a todos
los asistentes.



La comparecencia tiene la específica finalidad de presentar la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial que ha de elevar a las Cortes Generales, expresiva del estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo, de los
juzgados y tribunales de justicia, en unión de una relación de las necesidades en materia de personal que precisan los órganos del Poder Judicial para cumplir adecuadamente la función que la Constitución y las leyes le encomiendan. Al ser anual la
memoria y, por tanto, elaborada con base en las procedentes memorias de los diversos tribunales, al precisar de un periodo de tiempo para su estudio y la elaboración de los datos, la confieren un cierto aspecto retrospectivo.
Así, la que hoy se
presenta corresponde al año 2009 y fue aprobada plenariamente por el Consejo General del Poder Judicial en mayo pasado.
No obstante, hemos procurado acercarla en lo posible a una realidad más inmediata y, en todo caso, trasladarla a esta Cámara en
el mismo año de su elaboración, junto con los planes de actuación futura del Consejo.



Me referiré ahora a algunos datos estadísticos que ya tienen en la memoria. Procuraré ser muy breve en este apartado para no cansar su atención. En la presentación de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al
año 1980, ante esta Cámara, el entonces presidente del Consejo ofreció la mayor y más leal colaboración con el resto de los poderes públicos, ante las especiales circunstancias económicas que atravesaba España; situación, en cierto modo, similar a
la que ahora padecemos. Este mismo ofrecimiento, en la medida de lo que es posible desde el Consejo del Poder Judicial, lo hago yo en estos momentos. Los problemas de la economía se sienten especialmente en la jurisdicción, en términos de
incremento de la carga de trabajo, y en particular en los órdenes civil y social. Así se ha reflejado en la actividad de los tribunales en el periodo al que se refiere la memoria presente. Según los datos de la estadística judicial, en el año 2009
ingresaron 9,5 millones de asuntos en los órganos judiciales, lo cual implicó un incremento de un 5,7 por ciento con respecto a los ingresados en 2008. Ello supuso un aumento de la tasa de litigiosidad, ya muy elevada, que alcanzó en 2009 la cifra
de 204,7 asuntos ingresados por cada mil habitantes, un 4,4 por ciento más que en 2008, frente a un incremento de la población, en ese mismo periodo, del 1,3 por ciento. El aumento fue especialmente relevante, como he anticipado, en la jurisdicción
civil, un 18,6 por ciento, y en la jurisdicción social, un 15,2 por ciento, destacando especialmente la subida del número de asuntos ingresados en los juzgados de lo mercantil, hasta un 55 por ciento más que el ejercicio anterior. Pocas dudas caben
de que el factor determinante de este incremento ha sido la crisis económica.



Debo destacar, igualmente, como aspecto positivo, que el sistema judicial en su conjunto, con las dificultades que tiene, ha reaccionado con presteza ante este incremento del volumen de trabajo, un esfuerzo que se hace patente en el aumento
de la capacidad resolutiva de jueces y magistrados, con la colaboración de los funcionarios que están al servicio de la Administración de Justicia. Así, el número de asuntos resueltos en el conjunto de las jurisdicciones aumentó en un 5,9 por
ciento, con un incremento del 6,8 por ciento en el número de sentencias.
Destacan las subidas del 17,6 por ciento en el orden civil -60 por ciento en los juzgados de lo mercantil- y del 15,3 por ciento en lo social. La jurisdicción penal presentó
en 2009 un incremento del 2 por ciento en el número de asuntos ingresados y del 2,7 por ciento en el de asuntos resueltos. La contencioso-administrativa, por su parte, experimenta una subida del 3,25 por ciento de asuntos ingresados, frente al 6,4
por ciento de los resueltos. Ese esfuerzo resolutivo no impidió, sin embargo, que al final del año 2009 se estuviesen tramitando en los órganos judiciales españoles más de tres millones de asuntos, un 14,4 por ciento más respecto al final del año
2008.



Podemos hacer algunos avances del presente año. Según el avance de datos para el año en curso, la entrada de asuntos se ha estabilizado en los ya muy altos niveles del año 2009. Solo la jurisdicción civil presenta un incremento que girará
en torno al 4 por ciento. Por su parte, los concursos están reduciendo su número, un 13,4 por ciento en el primer semestre, y los procedimientos de despido se han reducido en un 20 por ciento. Por lo que a la jurisdicción penal se refiere, se
encuentra bastante estabilizada con respecto al año 2009, mientras que la contencioso-administrativa prevé una reducción del 4,9 por ciento en el número de asuntos ingresados y un incremento del 6,5 por ciento en los resueltos. Por el contrario,


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las ejecuciones civiles en el primer semestre se han incrementado en un 7,2 por ciento, siendo las ejecuciones hipotecarias y las derivadas de los procedimientos monitorios, de los cuales un 35 por ciento acaban en ejecución, las principales
causantes de la subida.



Quisiera ahora referirme a la implantación de la oficina judicial que gradualmente tiene que producirse. Este aumento, al que me acabo de referir, de la litigiosidad coincide en el tiempo con la implantación del nuevo modelo de oficina
judicial, conforme con el diseño establecido desde 2003 en la Ley Orgánica del Poder Judicial y culminado legalmente por la reforma de esta ley y de las leyes procesales en noviembre de 2009. Su desarrollo, que contempla una nueva distribución de
competencias, distinguiendo las estrictamente jurisdiccionales del resto, puede contribuir eficazmente a solucionar el retraso y a asegurar un permanente funcionamiento más eficaz de los juzgados. Por ello, estamos prestando especial atención para
que el nuevo modelo funcione correctamente y solucionar las disfunciones que puedan producirse, en colaboración con las administraciones responsables más directamente.
Prueba de esta preocupación es la reunión anual de presidentes de tribunales
superiores de justicia, celebrada recientemente en Murcia, en la que se han abordado los problemas de la nueva oficina judicial con carácter monográfico. En esta misma línea, hace apenas una semana, el Consejo ha albergado el primer encuentro anual
sobre La Justicia hoy, donde se ha podido debatir, entre otros asuntos de interés para la carrera judicial, sobre la nueva oficina judicial, que considero como un paso esencial para la reforma del sistema en su conjunto. A este debate del Consejo
del Poder Judicial sobre La Justicia hoy fueron invitados el presidente, los portavoces y todos los miembros de la Comisión de Justicia, algunos de los cuales asistieron, y aprovecho ahora la ocasión para agradecérselo muy cordialmente, puesto que,
como decía al principio, eso fomenta nuestras relaciones y hace que conozcamos nuestros problemas y también, a veces, las venturas que tenemos, porque no todo son problemas.



La inversión en justicia es siempre rentable; debe mantenerse en lo posible en este momento de profunda transformación de su organización y de su estructura. Junto con la mencionada implantación de la nueva oficina judicial, es preciso
insistir en la necesidad de continuar el proceso de creación de órganos judiciales, acentuado en 2009 por el Ministerio de Justicia. En este año fueron creadas 150 plazas judiciales, 28 de magistrados en tribunales superiores de justicia y
audiencias provinciales y 122 en juzgados de nueva creación, 15 de ellos pertenecían a la jurisdicción mercantil. De acuerdo con la programación para el año 2010, en este ejercicio se han creado otras 150 unidades judiciales, entre órganos
colegiados, unipersonales y de adscripción territorial. Se trata de un avance importante que confío confirme ese esfuerzo sostenido de la inversión en la justicia.



Me refiero ahora al Tribunal Supremo. Como tuve ocasión de señalar en la apertura del Año Judicial, en el año 2012 se cumplirá el bicentenario de la creación del Tribunal Supremo por la Constitución de Cádiz de 1812 y para esta fecha nos
hemos marcado el objetivo de actualización de sus salas de justicia con el fin de que, una vez terminada su bolsa de asuntos pendientes, el Alto Tribunal pueda ejercer sus funciones constitucionales dentro de unos parámetros temporales asumibles por
los ciudadanos. Es grande el avance producido en los últimos años. En este ámbito, el papel desempeñado por el gabinete técnico del Tribunal Supremo ha sido de gran importancia, pese a su insuficiente configuración normativa y de personal. Es
necesario proporcionar a este órgano, gabinete técnico del Tribunal Supremo, el apoyo con un estatuto que le dote de estabilidad y asegure su funcionamiento eficaz, para lo que serán necesarias reformas legislativas que estoy seguro encontrarán la
comprensión y la mejor disposición de esta Cámara.



En cuanto al Consejo, me refiero a continuación a la actividad desarrollada por el mismo en el período al que se refiere la memoria que se corresponde, en buena medida, con el primer año de mandato del Consejo que estoy actualmente
presidiendo. Destaco esta circunstancia para poner de manifiesto la importancia que tienen el primer año de actividad de un órgano, que se renueva totalmente al vencimiento de su mandato, como momento en el que se asientan y definen los proyectos
de las diferentes áreas de trabajo. El Consejo General del Poder Judicial ha sido en este tiempo una institución abierta a la sociedad y a todas las instituciones implicadas en la Administración de Justicia, sea para dotarla de medios, sea para
impartirla. Hemos procurado dar respuesta en todas las materias de nuestra competencia y, en los ámbitos en que carecemos de ellas, exponer los problemas y nuestro enfoque para solucionarlos a quien tiene atribuidas esas competencias, sirviendo de
cauce en la compleja articulación de la Administración de Justicia para, mediante el diálogo -a poder ser, el diálogo consensuado- y la colaboración, prestar a los ciudadanos el mejor servicio teniendo siempre presentes sus intereses generales,
puesto que ellos son a los que nos debemos en este Parlamento y en la justicia.



Sin ánimo exhaustivo, deseo exponer las actuaciones más significativas que hemos realizado, tanto en el ámbito de la organización interna del Consejo como en la externa. El consenso en la toma de decisiones. Ya quedó constancia en la
presentación de la memoria anterior de que el consenso, el acuerdo, constituye un objetivo esencial para el gobierno del Poder Judicial por la mayor legitimidad que otorga a sus decisiones, que procura adoptar con el mayor respaldo posible. Prueba
de ello es que los acuerdos del pleno se adoptaron por unanimidad en más del 90 por ciento de los casos. Hay algunos en los que han existido, como es lógico, discrepancias, sensibilidades políticas distintas, porque el órgano judicial de gobierno
es un órgano político, evidentemente que sí, pero lo que no se resalta muchas veces es que la mayor parte de los acuerdos del Consejo se adoptan por unanimidad y el consenso es algo que funciona. He dicho que


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no todos esos acuerdos suscitan una conformidad entre los vocales, pero aun así el porcentaje anterior demuestra que el nivel de acuerdo alcanzado entre los miembros es altísimo, conforme al compromiso adoptado en la sesión constitutiva de
septiembre de 2008.



Dentro de la actividad interna, se han aprobado dos reformas reglamentarias y han visto la luz dos nuevos reglamentos. Las reformas han afectado al reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y al reglamento de la
carrera judicial. La primera reforma tuvo como objeto adecuar la norma reglamentaria a la nueva realidad tecnológica y asegurar la compatibilidad recíproca de los sistemas y programas existentes. La diferente titularidad de las competencias ha
dado lugar a la implantación de distintos sistemas y aplicaciones no siempre compatibles entre sí, lo que provoca graves disfunciones y perjuicios directos a los usuarios de la justicia, que el Consejo trata de evitar por medio de esta reforma y de
otras actuaciones, como la firma con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas del establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, conocido vulgarmente como EJIS, en el ámbito de la Administración de Justicia. La
segunda reforma reglamentaria data de noviembre de 2009 e introduce la posibilidad de prórroga anual de los jueces sustitutos y magistrados suplentes designados por el Consejo, como forma de dotar de eficacia a todo el proceso de selección y de
salvaguardar los principios de preferencia, mérito e idoneidad en la prestación de funciones judiciales en régimen temporal, sin perder de vista el carácter excepcional de esta figura que, en un escenario óptimo, no debería existir.



De nuevo cuño son, por su parte, el reglamento para la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales y el reglamento sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes
procesales, ambos del año 2010. Se trata de normas muy importantes, con las que se pretende, respectivamente, el fomento de la transparencia en los procesos de selección de plazas en la carrera judicial de carácter no reglado o que impliquen
funciones de gobierno y una primera adaptación de los órganos judiciales a la nueva oficina judicial. El primer reglamento era preciso para adaptar las normas sobre nombramientos discrecionales a la doctrina de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo sobre motivación y discrecionalidad técnica, así como para dotar de una mayor transparencia y publicidad al sistema mediante la introducción de comparecencias de los candidatos aspirantes ante el Consejo para que expliquen y defiendan su
currículo, que se celebran en audiencia pública, conforme a los modelos existentes en otros ordenamientos.



El impulso reglamentario se verá muy pronto culminado con la aprobación del nuevo reglamento de la carrera judicial, cuya tramitación está ya muy avanzada, con el que se pretende adaptar el reglamento anterior a la actual realidad orgánica
de los jueces. A título de ejemplo, entre otras novedades, se proyecta el reconocimiento de ciertas preferencias en concursos de traslado a las magistradas que hayan sido víctimas de violencia de género; igualmente se crea un permiso de tres meses
para la actualización de conocimientos a los jueces y magistrados por cada diez años efectivos de servicio activo y se establece una medida consistente en que los jueces que han participado y obtenido plaza en un concurso de traslado, en
determinadas situaciones de retraso en las resoluciones, deban resolver los asuntos pendientes en sus juzgados como condición previa para acudir al nuevo destino. Dentro de este apartado mencionaré también el proyecto de inspección remota, aprobado
en el pleno del pasado 28 octubre, mediante convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, como instrumento complementario al tradicional de inspección presencial, que constituye una novedosa aplicación de las tecnologías de la comunicación e
información a una de las áreas de actividad más importantes del Consejo.



Para completar este apartado, citaré algunas actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida profesional y familiar y a la prevención de riesgos laborales de los miembros de la carrera judicial: en primer término, la suscripción por el
Consejo de una póliza de seguro de responsabilidad civil, que asegure las indemnizaciones por daños causados por los miembros de la judicatura en el ejercicio de su función; en segundo lugar, la aprobación de una revisión médica anual de todos los
integrantes de la carrera judicial, y por último, la defensa en juicio de los jueces y magistrados por los servicios jurídicos del Estado mediante un convenio con el Ministerio de Justicia.



Me refiero a ahora a la proyección externa del Consejo. En primer lugar mencionaré la relación con el Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y otras instituciones. La proyección exterior del Consejo ha sido también objeto de
constante cuidado. A nivel institucional, se trata de conseguir una efectiva colaboración entre todas las administraciones competentes en materia de justicia -en aspectos concretos de gran importancia, como la nueva oficina judicial-, a las que el
Consejo ha venido convocando para mantener una fluida comunicación, en la que se puedan debatir y exponer todas las cuestiones y evitar que las diferentes respuestas puedan derivar en incompatibilidades perjudiciales para el conjunto del sistema.



Dentro de la actividad externa, destaca la adopción de un importante número de convenios con numerosas instituciones públicas y privadas. De entre ellos quiero destacar el firmado por el Consejo, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía
General del Estado y las comunidades autónomas con competencia en materia de Administración de Justicia, para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos. También es importante el convenio marco suscrito con el Consejo General de
la Abogacía de España, en diciembre de 2009, que determina un nuevo periodo de relaciones entre los abogados, los procuradores y los jueces. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo


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a nuestros compañeros de la abogacía, a los procuradores y graduados sociales que tanto nos ayudan en el ejercicio de nuestras funciones.



Actividad internacional del Consejo. Dentro de la actividad externa del Consejo ocupa un lugar preferente la desarrollada en el plano internacional. Desde su creación, el Consejo General del Poder Judicial ha promovido la realización de
actividades en la esfera internacional coordinadamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con plena lealtad a los intereses del Estado. En la actualidad la justicia española goza, a través de sus instituciones de gobierno y de los jueces y
magistrados españoles, de una gran presencia en las instancias internacionales, favoreciendo el intercambio de experiencias y la búsqueda de pautas de coordinación en la acción de la justicia. Muchas de estas iniciativas se proyectan en la esfera
iberoamericana, un ámbito estratégico desde el que se promueve el Estado de derecho y se facilita la actividad de formación de jueces americanos y de otras áreas geográficas. Así, el Consejo ha podido ocupar lugares de representación y liderar
actividades internacionales. Es el caso, por ejemplo, de la Secretaría permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, atribuida al Consejo, o de la Red Europea de Consejos de Justicia, cuya presidencia ostentará a partir de 2011 y donde lidera
sendos grupos de trabajo sobre criterios mínimos para el acceso y la promoción en la judicatura y sobre promoción de los consejos de justicia. También recientemente se ha producido la elección del titular de este Consejo y del Tribunal Supremo como
presidente de la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de Europa. Destaco además la actividad de cooperación judicial internacional, a través sobre todo de la Red Judicial Europea, cuyos puntos de contacto son
garantía de la mayor eficacia posible en muchos procedimientos que exigen la actuación del tribunal fuera del territorio al que extiende su soberanía, favoreciendo así una mayor efectividad en la tutela de los derechos de los ciudadanos.



Quisiera completar esta intervención exponiéndoles el proyecto de actuación del Consejo en el futuro inmediato, que ha sido aprobado en su última reunión plenaria. Nos proponemos la consecución de objetivos concretos en los siguientes
ámbitos: formación, carrera judicial, relaciones institucionales, comunicación y gestión y organización, sobre los que se presentarán a los distintos órganos del Consejo las propuestas concretas de política judicial así como la coordinación de las
medidas necesarias para su puesta en práctica.



En resumen, se trata, primero, de promover en coordinación con la Comisión de selección, integrada por representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el propio Consejo General, el conjunto de medidas concretas
para la mejora de los vigentes sistemas de acceso a la carrera judicial y formación de jueces y magistrados; segundo, de facilitar la reflexión conjunta sobre las condiciones de trabajo de los jueces y magistrados, el nombramiento y funcionamiento
de los órganos de gobierno interno, la planta y demarcación, el funcionamiento de la inspección de los juzgados y tribunales, la aplicación del régimen disciplinario y la comunicación entre el Consejo, los jueces y los órganos de gobierno interno;
tercero, de dotar de continuidad y permitir la actividad coordinada de las vocalías delegadas para las relaciones con otras instituciones estatales, autonómicas e internacionales y de las vocalías territoriales, prestando atención específica a las
medidas más urgentes para la modernización de la justicia y al impulso de las reformas legislativas; cuarto, de diseñar y coordinar la política de comunicación interna del Consejo, es decir, la dirigida específicamente a la carrera judicial y la
externa, dirigida a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y quinto, de elaborar propuestas concretas sobre aspectos necesitados de una atención urgente en el ámbito de la organización judicial.



Concluyo. En esta presentación he tratado de exponerles, no muy largamente, como habrán podido observar, datos del pasado año y las realizaciones y proyectos que nos proponemos emprender, siempre presididos por la idea de cooperación
institucional. Las reformas que precisa la justicia deben estar asentadas en un acuerdo político lo más amplio posible para ser duraderas; repito, deben estar asentadas en un acuerdo político lo más amplio posible para ser duraderas. En ellas
juega un papel crucial esta Cámara, a la que tengo el honor de dirigirme, en cuanto a que el más exacto conocimiento de la realidad judicial le permitirá abordar las reformas legislativas que se le presenten de la manera más beneficiosa para los
ciudadanos.



Les agradezco mucho su atención, su presencia, señoras y señores diputados, y estoy dispuesto a contestar a aquellas preguntas que me puedan formular.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, bienvenido de nuevo. Reitero las múltiples bienvenidas que su presencia en esta Cámara genera espontáneamente. Sabe que la mía es sentida de verdad.



Ha hecho una glosa sintética de la memoria, lo cual siempre debemos agradecer, sobre todo aquellos de los que, por un pretendido mito antropológico que se nos atribuye a los vascos, se dice que somos parcos en palabras, mito antropológico
que otros más optimistas identifican como largos en hechos. Es un mito antropológico que, como usted sabe, yo me encargo de pulverizar sistemáticamente mediante una cierta propensión a la exuberancia verbal. Como destruir mitos antropológicos de
ninguna naturaleza no es pertinente en este momento, voy a ser tan sintético como usted o lo voy a intentar por lo menos, señor presidente.



Ha glosado el bien hacer del Consejo General del Poder Judicial, cosa que todos estamos en condiciones


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de compartir en esta Cámara con carácter general y con algunas excepciones que no es menester pormenorizar en este momento. Esto parece que es una gran noticia o un imperativo categórico, pero no lo es en el caso de este órgano, que se ha
caracterizado históricamente por su funcionamiento un tanto convulso, por sus tribulaciones diversas, que parece que ustedes están en condiciones de resolver razonablemente, de modo consensuado -como usted bien ha indicado-, haciendo del valor de
los grandes acuerdos troncales entre distintas sensibilidades coexistentes un valor casi paradigmático. Desde esta perspectiva le tengo que felicitar.



Ha hecho una oferta a esta Cámara cuya dimensión no sé mesurar en este momento o no estoy capacitado para hacerlo. Es una oferta que algún predecesor suyo realizó en otro contexto de crisis económica. Sin mirar a lo anterior, creo que
estas ofertas de un máximo representante de la Administración de Justicia son difíciles de interpretar desde una perspectiva hermenéutica. No sé qué tipo de oferta está haciendo. No sé si es una oferta de coadyuvar, desde la perspectiva de la
Administración de Justicia, a resolver los problemas que afectan a las estructuras económicas del Estado español, problemas atinentes al crecimiento, al desempleo, etcétera, pero sobre todo no sé en qué se concreta desde la perspectiva de la
actuación de los jueces y magistrados una oferta de estas características. No tengo la impresión de que usted sea un apologeta del uso alternativo del derecho creado por la Escuela de Bari y de una interpretación de la norma distorsionada y
ajustada a los intereses de los trabajadores, ni de que esté preconizando algún tipo de alienación ni con los intereses de los trabajadores, ni con los intereses de los empresarios, ni con ninguno de ambos. Seguramente será una invocación buenista
sobre el rol que la justicia debe jugar en un contexto de crisis económica. Lo que pasa es que ningún autor, ninguna aproximación doctrinal, ninguna aproximación empírica de relevancia me han sido dados a conocer hasta el momento para saber en qué
actuaciones jurisdiccionales se concreta esta oferta bienintencionada que usted hace para colaborar, desde la perspectiva de sus responsabilidades, a remover algunos de los problemas que afectan a la economía del Estado español. En todo caso,
bienvenida sea esta oferta. Si a través de una interlocución posterior podemos consensuar determinadas leyes de naturaleza económica, corresponda o no corresponda al Consejo General del Poder Judicial un trámite preceptivo de informe previo -a los
jueces y magistrados usted no les puede incitar a actuar de una manera o de otra, porque la autonomía y la independencia judicial imposibilitarían cualquier indicación desde el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto también carece de
competencias jurisdiccionales-, si desde una perspectiva del funcionamiento de la Administración de Justicia podemos contribuir a remover algunos de los problemas que están gravitando tan negativamente sobre la economía y sus aspectos más lacerantes
-el desempleo o la perdida de producto interior bruto-, alguna pormenorización o alguna indicación complementaria sí le agradecería, porque no sé en qué consiste exactamente esta oferta. De todas maneras le apoyo y sobre todo le digo que le honra
la buena intención que demuestra con esta aportación.



Señor presidente, hay pocas cuestiones que le quiera comentar, intentando ser congruente con la promesa que he hecho y que seguramente incumpliré.
En el ámbito orgánico, señor presidente, estoy muy interesado en lo que resulta quizás lo más
novedoso que se ha producido desde su comparecencia el año pasado, que son los avatares que han afectado a las previsiones de determinados estatutos de autonomía recientemente reformados, que han creado consejos autonómicos del Poder Judicial. Me
estoy refiriendo particularmente a dos, al Consell aprobado por el Estatuto de Autonomía de Valencia y a los avatares sufridos, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional, por el Consejo del Poder Judicial de Cataluña, declarado parcialmente
-más que parcialmente, en una buena parte de su contenido- inconstitucional por la reciente y conocida sentencia del Tribunal Constitucional. No sé si usted es un hombre partidario de la creación, que no impiden las leyes orgánicas del Poder
Judicial, de consejos autonómicos del Poder Judicial. Me gustaría conocer la opinión colegiada y su opinión individual, en tanto en cuanto la colegiación en este ámbito no sé si se puede sintetizar en una única opinión, puede haber varias.
Intuyo
que en el Consejo General del Poder Judicial hay varias opiniones sobre esta cuestión y me gustaría conocer la suya. Sobre todo me gustaría saber cuáles son las funciones de estos consejos autonómicos del Poder Judicial. No es una cuestión
pacífica doctrinalmente. El Consejo del Poder Judicial previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, parcialmente declarado inconstitucional, establecía competencias mediante un mecanismo casi de traslación mimética de las competencias del
Consejo General del Poder Judicial al ámbito territorial de Cataluña y para los órganos judiciales radicados en esta comunidad autónoma y cuya circunscripción afectara a la misma, llegando incluso a competencias de la dimensión de los nombramientos
discrecionales para órganos judiciales, homónimos a los nombramientos discrecionales que realiza para órganos judiciales de circunscripción estatal el Consejo General del Poder Judicial, con la única excepción, por el sistema electivo, de los jueces
decanos de los órganos unipersonales. No sé si usted avalaría una atribución de competencias en materia de nombramientos discrecionales similar a esta. El Consell previsto en el Estatuto de Autonomía de Valencia prevé funciones diferentes a las
del consejo autonómico de justicia de Cataluña, es más son funciones un tanto deletéreas en su definición por parte del Estatuto de Autonomía de Valencia y de difícil interpretación. He hecho un esfuerzo por comprender cuáles son las funciones de
este Consell y reconozco mi frustración a la hora de intentar comprender exactamente qué atribuye al consejo autonómico de justicia de Valencia el Estatuto reformado de autonomía de Valencia más que las funciones específicamente deliberativas en
relación con las


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cuestiones atinentes a los problemas judiciales que afectan a esta comunidad autónoma, porque no hay una traslación de competencias específicas y directas, como ocurre con el Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con el consejo
autonómico. Me gustaría saber -y esto ya sintetiza mi primera pregunta, señor presidente, y casi la última- cuál es su opinión sobre la desconcentración, descentralización de la Administración de Justicia -que es un tema muy recurrente y muy
debatido- y sobre las propuestas, glosadas incluso por el actual ministro de Justicia, el señor Caamaño, en relación con la pertinencia de la creación, mediante reformas específicas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de consejos autonómicos del
Poder Judicial y cuáles son los puntos de concurrencia con las competencias que está ejerciendo en este momento el único o casi el único existente con competencias plenas, que es el Consejo General del Poder Judicial del Estado español, que es el
que usted, con tanta eficiencia y dignidad, preside. Esa sería mi primera pregunta.



La segunda cuestión es una inquietud. En el ámbito de la fenomenología criminal de la violencia doméstica, señor presidente, le manifiesto mi preocupación, que además es objeto de glosa específica en la memoria que usted nos ha presentado.
Tengo la impresión de que no estamos ganando la batalla contra la violencia doméstica, señor presidente. Además, coincido con las informaciones transmitidas por la memoria del ministerio fiscal, de la Fiscalía General del Estado, hace dos semanas
debatida en esta Cámara. En este momento nos encontramos con una situación de saturación de los juzgados especializados en la represión de esta fenomenología criminal cuyas víctimas son las mujeres. Nos encontramos con una situación rayana en el
colapso, que se puede mensurar en datos como los siguientes: los juicios rápidos superan los 7.000 para los juzgados de violencia doméstica; las diligencias previas superan las 17.000; los procedimientos abreviados pendientes son más de 7.000 y
nos encontramos con cifras parecidas en relación con los sumarios, con los juicios con jurado, con los juicios de faltas -más de 4.000 en el ámbito de estos últimos-. Estamos hablando de los delitos de mayor entidad y gravedad tipificados por el
Código Penal, nos estamos refiriendo a asesinatos consumados, asesinatos intentados o frustrados, homicidios consumados, homicidios frustrados, lesiones, maltrato ocasional -previsto en el artículo 153 del Código Penal-, maltrato habitual, detención
ilegal, amenazas, coacciones, atentados contra la integridad moral, violaciones, abusos sexuales, agresiones sexuales, allanamientos de morada, quebrantamiento de medidas cautelares, etcétera. Me gustaría saber cuál es la opinión del Consejo y, en
su caso, si hay algún tipo de plan de actuación en el seno de las comisiones mixtas Consejo-Ministerio de Justicia u otros ministerios para intentar garantizar a las mujeres que eventualmente pueden ser víctimas de esta patología aberrante y
criminal algo que no constituye más que un requerimiento constitucional: tutela judicial efectiva; tutela judicial efectiva que en este momento no estamos en condiciones de proveer de manera cuantitativamente suficiente.



Me gustaría también, por razones que no es menester en este momento pormenorizar, conocer las actuaciones del Consejo en materia de mediación, de arbitraje o de solución extrajudicial de conflictos. Sé que hay actuaciones brillantes en este
momento, que se están socializando, se están extendiendo a distintos órdenes de la jurisdicción. Es una de las cosas de las que creo que este Consejo General del Poder Judicial se puede jactar y que en la memoria no se pormenoriza en mi opinión con
suficiente atención y puede contribuir a que la pendencia, uno de los males endémicos de la justicia española, la acumulación de asuntos, el retraso en la resolución de los mismos, pueda ser objeto de una atenuación o de una atención adecuada.



En 2012 se va a celebrar el bicentenario del Tribunal Supremo, configurado por la Constitución de Cádiz. No sé si hay previsiones, amén de los festejos y las glosas de naturaleza académico-intelectual que se hayan de hacer sobre esto, sobre
repensar cuál debe ser la estructura idónea del Tribunal Supremo desde varios puntos de vista en los cuales no tenemos posibilidades de profundizar ahora. No sé si está previsto repensar las competencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, las
competencias de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incrementadas espectacularmente tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y sobre las cuales me abstendré con suma prudencia y ante las admoniciones previsibles -que el presidente,
semióticamente, me está indicando- de entrar en polémica con usted. Si además de realizar las glosas y los homenajes que una efemérides de esta naturaleza merita sin ninguna duda, me gustaría saber si van a repensar cuál es la estructura del
Tribunal Supremo en el ámbito de su configuración.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le informo que lleva consumidos quince minutos.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero felicitarle -acabo con esto, señor presidente- por dos cuestiones. Primero, porque en la tramitación de un tema de trascendencia que ha generado gran inquietud y gran alarma social en la sociedad española,
el caso Lasa y Zabala, la actuación de la Administración de Justicia ha recibido el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le felicito por ello y, por tanto, también a los jueces y magistrados que han intervenido en el procesamiento de
estos encausados, sin que se pueda considerar relativizada esta felicitación por la circunstancia de que todos los condenados en su día por este supuesto estén excarcelados en este momento.



Usted ha hecho una última intervención invocando la necesidad de un pacto para la justicia y para reformar los múltiples problemas que esta tiene.
Todos los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, desde que yo tengo memoria, han
hecho esta invocación y ese pacto sigue sin existir, salvo que alguien me corrija. Me gustaría saber si usted considera que un pacto para la reforma de la justicia es estrictamente necesario y también quisiera,


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si es pertinente, señor presidente, trasladar esta invocación a mis compañeros. Sin un gran pacto de Estado para la reforma de los problemas de la justicia va a ser el parcheo, el sustituto o el mal sucedáneo para las reformas que se han de
acometer y desde esa perspectiva difícilmente podremos pensar que el sistema judicial español tenga las ratios de eficiencia que todos esperamos.



Muchas gracias por sus amables explicaciones. No nos ha dado la clase de filosofía del derecho con la que nos ilustró en su comparecencia del año pasado y la echo de menos, porque la reflexión ontológica es muy importante en esta Comisión,
demasiado pegada al terreno. En todo caso, por mor de la brevedad, le agradezco mucho sus relevantes reflexiones.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Ya vendrá con las respuestas.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre de Convergència i Unió, quiero dar la bienvenida al Congreso de los Diputados al presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los distintos vocales que lo acompañan en esta
comparecencia. Gracias a todos por su asistencia a un acto reglado, importante, en tanto que es la colaboración de dos poderes del Estado: el Poder Judicial, representado por el presidente del Consejo, y el Poder Legislativo, representado en esta
Comisión de Justicia; pero también está el Pleno de la Cámara, donde se votan resoluciones con las que de alguna manera trasladamos al conjunto de los diputados de esta Cámara las reflexiones que hoy tienen lugar aquí. Por tanto, reitero mi
agradecimiento inicial.



Quiero agradecer al presidente Dívar los datos de la memoria que ha detallado de manera escueta. Me he llevado una sorpresa cuando me ha parecido entender que el número de concursos había bajado en ese primer semestre un 13,4 por ciento.
No sé si es un dato de la memoria o del año en curso, porque la preocupación por el impacto de la crisis económica nos lleva a poner de relieve cómo desde el año 2007 se ha multiplicado por cinco el número de concursos, que es un dato alarmante. En
este último año también ha habido un incremento claro de los procesos monitorios, han aumentado un 32,6 por ciento; tenemos datos de otros órdenes jurisdiccionales en los que la tendencia es que va a ir subiendo el número de asuntos. Por tanto, la
problemática que esa acumulación puede tener en los órganos jurisdiccionales no es poca. Nos gustaría conocer el diagnóstico y las medidas que se proponen desde el Consejo ante ese incremento del número de asuntos que se da en determinados órdenes
jurisdiccionales. El tema de las demoras en las ejecutorias es algo que inquieta mucho a los miembros de esta Comisión -lo hemos debatido en más de una ocasión- y esta memoria también refleja algunos datos preocupantes al respecto.



El señor Olabarría hablaba sobre los consejos de justicia y hay algunas reflexiones que comparto. Desde Convergència i Unió queremos trasladarle una preocupación y una discrepancia. Preocupación porque no sé hasta qué punto el Consejo
General del Poder Judicial realiza los deberes que esta Cámara le pide cuando aprobamos resoluciones en el Pleno. Durante el primer año de esta legislatura esta Cámara aprobó una resolución en la que se instaba al Consejo General del Poder Judicial
a informar de qué manera debían desarrollarse las previsiones que en materia de Poder Judicial iban incluidas en determinados estatutos de autonomía ya aprobados por estas Cortes Generales. Echamos en falta ese informe, y estoy hablando de una
resolución aprobada en el mes de abril de 2009 en la que de manera expresa se decía al Consejo que buscara los mecanismos para realizar esa adaptación. La verdad es que esa adaptación no hemos sabido encontrarlo ni en la memoria que usted ha
presentado hoy ni en la que ya presentó el año pasado, cuando ya se había aprobado esta resolución. Alguien podría pensar que en el año anterior no había sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto,
que había una pendencia para ver cómo quedaban resueltos determinados aspectos. La verdad, señor presidente, es que la sentencia existe ya; podemos compartirla o no, pero esto es lo que ha sentenciado el Tribunal Constitucional, más allá de la
opinión que nos merezca a unos o a otros. Pero lo cierto es que esa sentencia fue reiteradamente citada por usted en la apertura del Año Judicial, en mi opinión, demasiado reiteradamente. No fue una sentencia tan pacífica como para que sea un
modelo de jurisprudencia a citar en la apertura del Año Judicial. Está en su derecho, pero personalmente no me agradó. Pero no solo no me agradó sino que me pareció deducir de sus palabras que se desconoce el propio sentido último que la sentencia
tiene en materia de Poder Judicial, en este caso Poder Judicial en Cataluña, no Poder Judicial de Cataluña. Muchas veces ha habido confusión y se dice: ustedes quieren crear un Poder Judicial catalán. El estatuto decía Poder Judicial en Cataluña,
sin negar la unidad del Poder Judicial; Poder Judicial en Cataluña, no de Cataluña.



Al hilo de esto, diré que hay aspectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que exigen un desarrollo legislativo posterior. Hoy estamos debatiendo en esta Cámara, en el piso de arriba, en la Comisión Constitucional, el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Para la tramitación de ese proyecto se han realizado unas comparecencias previas y, entre ellas, la del secretario de Estado de Justicia del Gobierno, que en esta misma sala donde estamos
hoy afirmó que antes de que acabara el año el Gobierno presentaría un proyecto de ley para la creación de los consejos de justicia. ¿Por qué se presentará ese proyecto de ley? Porque esos consejos de justicia existen tras la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto


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de Autonomía de Cataluña. La sentencia ha mutilado aspectos, pero no el concepto. Un artículo vigente, el artículo 99 del estatuto, dice: El Consejo de Justicia de Cataluña es integrado por los miembros que sean nombrados, de acuerdo con
lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre jueces, magistrados, fiscales o juristas de reconocido prestigio. Aquí habrá un Consejo de Justicia nombrado por quien, de acuerdo con lo que este legislador orgánico, que somos las Cortes
Generales, pueda decidir en su día. Es cierto que la propia sentencia del Tribunal Constitucional afirma que el Poder Judicial tiene un órgano de gobierno que es el Consejo, pero acepta -leo el entrecomillado- eventuales fórmulas de
desconcentración que han de quedar en su existencia y configuración a la libertad de decisión del legislador orgánico. Por tanto, de acuerdo con la sentencia podemos hacerlo; leyendo de otra manera la sentencia, podemos hacerlo. Pero sus palabras
parecían una invocación a no hacer nada y creo que no se adecuaban de manera clara a lo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial deja sentado en su discurso cuando abre el Año Judicial. Por tanto, creo que aquí hay un camino por
recorrer. A mi grupo le gustaría preguntar cuál va a ser la posición del Consejo, qué piensa hacer ante esa sentencia que tiene esos aspectos que pueden desarrollarse; porque, además, el Consejo va a tener que informar previamente el proyecto de
ley que el propio secretario de Estado de Justicia de alguna forma anunció en esta Cámara.
De manera amable, pero con la reflexión que se hace desde Convergència i Unió, que hemos trabajado en este proceso desde el primer día, solicitamos la
opinión del presidente, que no sé si es o debe ser hoy exactamente la misma que tuvo el día de la apertura del Año Judicial, que repito que nos sorprendió negativamente y queríamos trasladárselo en esta ocasión.



En la memoria del Consejo del Poder Judicial también hay algún aspecto que nos preocupa, como es que denota un elevado índice de rotación. Ya hay análisis de movilidad -eso sí está cumpliendo con anteriores resoluciones de esta Cámara-, que
son muy útiles. Felicito al presidente por haber incluido en la memoria esos análisis de movilidad, de rotación. Vemos cómo en determinados territorios el índice de movilidad y de rotación es elevado, por ejemplo, en Cataluña o en Extremadura.
Quizá deberíamos plantearnos -se lo pidieron también estas Cortes Generales como reflexión ante otras memorias anteriores- buscar fórmulas que nos permitan frenar esa movilidad y esa rotación tan elevadas, porque esto provoca que en ocasiones el
número de sentencias dictadas por jueces titulares sea muy escaso y que haya un elevado número de sentencias dictadas por jueces sustitutos, y eso no es bueno. No sé si se han planteado en el Consejo la posibilidad de elevar el periodo mínimo de
permanencia obligatoria en destino de magistrados y jueces; quizás si se buscara una fórmula para elevar ese periodo mínimo podríamos evitar esta excesiva rotación que, como digo, en ocasiones impide que en la función jurisdiccional se asiente el
titular que ha ganado esa plaza, porque ya está pensando en el futuro destino y, por tanto, no se tiene esa justicia que en ocasiones también requiere una cierta estabilidad. Para evitar este gran número de jueces sustitutos quizás habría que
potenciar mayores convocatorias de jueces del cuarto turno. No sé qué posibilidades está arbitrando el Consejo en este sentido. Me consta que los vocales del Consejo responsables en materia de selección están siguiendo esta cuestión con gran
interés y están intentando fomentar ese cuarto turno. También nos gustaría conocer hoy la posición del presidente, señor Dívar, a este respecto.



Al hilo de lo que manifestó en la apertura del Año Judicial, hay propuestas del Gobierno en relación con un hipotético proyecto de ley de reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que
hay que reformar esta ley, aunque en el modelo final esa reforma, en cuál debe ser el papel de los fiscales en la instrucción habría mayores discrepancias. Dado que habló de este tema en la apertura del Año Judicial, nos gustaría poder conocer su
opinión.
Sobre la reforma de la Ley de Demarcación y Planta se han hecho jornadas, se han realizado reflexiones y nos gustaría conocer la opinión del Consejo General del Poder Judicial.



Termino ya, señor presidente, señorías, con una reflexión. Es bueno este contacto que mantenemos entre el Consejo del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados; es buena esa colaboración entre los poderes del Estado; esas jornadas
sobre La justicia hoy han sido positivas -quiero felicitar al Consejo-, porque en ocasiones es útil tener puntos de encuentro entre los distintos actores del Poder Judicial apartados de lo que es la constancia en el 'Diario de Sesiones' de todo lo
que se dice, tenerlos en ámbitos más abiertos que permiten un mejor intercambio de ideas. Por tanto, repito que quiero felicitar al Consejo General del Poder Judicial por abrir esas posibilidades de encuentro y reflexión sobre la reforma de la
justicia, sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Es cierto que haría falta un pacto de Estado, más allá de acuerdos -que los ha habido- entre las dos formaciones mayoritarias. El pacto de Estado es algo más que un acuerdo entre los dos
partidos mayoritarios, puesto que, en la medida de lo posible, debe ser ofertado y englobar a todos, también a los actores -usted se ha referido a ellos y se lo agradezco-, es decir, a todos aquellos que tienen un papel directo en el funcionamiento
de la Administración de Justicia, como abogados, procuradores, graduados sociales, jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en la materia, así como a los futuros consejos de
justicia de las comunidades autónomas, que van a existir tras la sentencia, porque no los imposibilita. Todo ello a la vez podría generar un plan de ruta a seguir en los próximos años que afianzara las reformas que hacen falta en materia de mejora
y modernización de la Administración de Justicia. En Convergència i Unió vemos más necesario que nunca aunar esfuerzos en momentos de


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crisis y, por tanto, creemos que podemos sacar mejor partido del presupuesto si todos remamos en esa dirección de mejora del servicio público de la justicia.



Quiero agradecer, una vez más, su presencia aquí y sus explicaciones.
Espero que de este debate salgan resoluciones que se aprueben por el Pleno, pero que después, señor presidente, se cumplan por el Consejo General del Poder Judicial.
Solo voy a recordar una resolución en la que se pedía que hicieran un estudio del anexo de retribuciones de cada demarcación, con los desfases de población, para ver exactamente si cada población tiene o no su adscripción en el grupo de retribución.
Esta es una cuestión que también aleja a algunos buenos magistrados de una jurisdicción porque hay mucha carga de trabajo y no se encuentran bien retribuidos, cuando, en cambio, en otra jurisdicción hay menor carga de trabajo. Son
disfuncionalidades que el Consejo General del Poder Judicial haría bien en estudiar para intentar proponer soluciones, en este caso al Gobierno y a las Cortes Generales.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Federico Trillo.



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente del Poder Judicial -digo bien, del Poder Judicial porque así le califica la Ley Orgánica-, es usted -y lo sabe bien- el titular de uno de los tres poderes del Estado. De ahí el
ritual que precede a la exposición de la memoria y también el tratamiento que el señor presidente merece. En consecuencia, habré de sumarme al párrafo de plácemes y parabienes de mis compañeros al darle la bienvenida. He de decir más, tras dos
años de mandato -es esta su tercera comparecencia- me gustaría felicitarle porque en el ejercicio de la presidencia al menos tendremos que reconocerle, en primer lugar, su discreción. La presidencia y los debates del Consejo -excepciones aparte-,
han dejado de ser noticia, y eso, dada la comparación con otras situaciones, es muy positivo. También le tengo que felicitar por su independencia de criterio, puesta de manifiesto muchas veces, al menos en ocasiones trascendentales en las que, como
no falta nunca, ha habido voces inquisitoriales que apelaban más que a sus criterios jurídicos a sus criterios de conciencia. También le quiero felicitar por esa especial manera de ejercer la autoridad, de convocar el pleno, de incluir en el pleno
todos los asuntos del orden del día y de sacarlos; es algo verdaderamente insólito a lo que no estábamos acostumbrados. Recientemente ha cubierto, incluso, las siete vacantes de las presidencias de los tribunales superiores de justicia y lo ha
hecho con un raro consenso. En consecuencia, por su discreción, por su independencia de criterio, por su sentido de la autoridad tengo que felicitarle de verdad, sinceramente; sabe que se lo digo con todo afecto.



Señor Presidente, no se quién fue el redactor de esta cosa que llaman la memoria como algo que contiene el estado, funcionamiento y actividad de la justicia. He de decirle que he estado buscando en la vieja Ley Orgánica del Poder Judicial y
en la adicional a ver si venía de ahí, porque realmente suena a algo muy decimonónico. De ahí que en muchas ocasiones esta comparecencia se haya convertido en una exposición fría de datos que aportan poco a lo que los españoles esperan del tercer
poder del Estado. Por eso tengo que decir que me ha sorprendido, y además muy gratamente, que el señor Presidente haya cogido otra sistemática y al menos haya enunciado los problemas pendientes con los que se encuentra la justicia día a día.
Tendré que empezar también haciendo una referencia a los datos, a esos que no dicen casi nada manejados adecuadamente o incluso que pueden decir menos de lo debido si no se manejen adecuadamente; sería el caso, si me lo permite, porque no se puede
ser optimista olvidando los datos de la justicia penal.



Señor Presidente, le pediría hoy, ya que ha empezado su primera exposición señalando los puntos del gobierno de los jueces, del órgano que usted preside, al que corresponde el gobierno de los jueces, que hiciera un esfuerzo por seguir en esa
línea pero que fuéramos más a fondo. Sé que es un hombre que procura poner la honestidad en el frontispicio de su actividad y hacer las cosas a fondo. Por tanto, he de rogarle que en su segunda intervención fuéramos más a fondo en esos puntos que
ha señalado, y, en primer lugar, en los datos. Señor presidente, sinceramente, ¿se puede considerar satisfecho con la justicia penal? Que haya aumentado el 18 por ciento la justicia civil y el 15 por ciento la social es reseñable, y atribuirlo a
la crisis económica probablemente es certero, pero ¿es verdad que hay seis millones de asuntos en la justicia penal? Si eso es cierto, señor Presidente, usted, su Consejo y esta Comisión tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda. Si un
país se permite tener seis millones de procedimientos criminales al año es que las cosas no van adecuadamente, y fíjese que es tan grande y tan profunda esa crisis como la crisis económica. El Gobierno, a través de sus titulares de Interior y de
Justicia, suele referirse a los datos -no digamos ya su más conspicuo portavoz, dicho sea en el mejor sentido del término, en esta materia, el fiscal general del Estado, en reciente comparecencia- haciendo una lectura sesgada de los mismos. Yo le
animo a no hacer esa lectura sesgada. Seis millones de procedimientos criminales es una barbaridad, significa más de la mitad de los procedimientos inicios el pasado año y supone un deterioro enorme de la convivencia social. En una democracia, los
valores básicos de convivencia no son solamente, ni siquiera principalmente, un tema moral, son un tema de orden social, de libertades públicas, de garantías de los derechos. Un país con más de seis millones de procedimientos criminales es un país
aquejado de alguna dolencia grave, que no se explica sólo por la crisis económica ni por el incremento de los procedimientos civiles y concursales. Le animo hoy a que examine a fondo sus datos y a que se los plantee a su Consejo, a que hagan un
estudio de lo que está pasando ahí, a que


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hagan un estudio de la regulación del sistema de penas y a que digan a esta Comisión si están contentos y satisfechos con la última reforma del Código Penal, donde nos ha quedado un código punitivo -como gusta decir el señor Olabarría- en el
que se sancionan con más pena las amenazas de lesiones que las lesiones inferidas o las amenazas de aborto que el aborto causado; si tiene algo que ver con esos seis millones de procedimientos criminales; si tienen algo que ver las 78.000 condenas
de trabajos en beneficio de la comunidad sin ejecutar. Una justicia penal que no se ejecuta no es justicia y un país que no tiene justicia penal, se ponga como se ponga el Gobierno -usted preside el tercer poder del Estado, no está en el Gobierno-,
no es un país seguro, y un país que no es seguro señor Presidente no es un país libre.



Ese dato se puede unir al que ya se ha destacado, el número de ejecutorias. Tiene que ser muy frustrante para los jueces y magistrados de este país encontrarse con ese número de ejecutorias pendientes que pasan, creo, del millón y medio.
¿Nos podemos acostumbrar a las cifras en frío? ¿Será posible que nos quedemos impertérritos cuando hay millón y medio de sentencias sin ejecutar, unido a seis millones de procedimientos criminales iniciados el año pasado, unido a un Código Penal de
la estructura que le he dicho? Le pediría, señor presidente, mayor profundidad y también, si me lo permite, mayor altura de miras. No digo que me resuelva hoy estos interrogantes, digo que se los abra usted a su Consejo.



Ahora paso a repasar lo que serían los capítulos que usted ha ido enunciando y que no son más que los capítulos, en efecto, de un gobierno que le honra reconocer como un órgano político; son problemas de organización, de dotación y medios,
de procedimientos y, finalmente, pero no menos importante, de lo que afecta a los, digamos, administrados, que en este caso serían los justiciables o, si me lo permite, que no me parece que sea el término adecuado, los ciudadanos. En cuanto a la
organización, ha hablado usted del consenso, de ese consenso asimétrico, concurrente, comentado, algunas veces sorprendente, con el que consigue dirigir el gobierno de los jueces. Uno de los vocales ha hablado en alguna ocasión de que existe en la
estructura del órgano de gobierno una mímesis parlamentaria, es decir, que se funciona demasiado al dictado de lo que es una estructura de grupos parlamentarios. Es una reflexión sobre la que me gustaría oír su opinión. Pienso que no es
exactamente así en el órgano de gobierno que usted está presidiendo, pero ya que tiene pendiente de aprobación el reglamento de organización y funcionamiento, sería bueno que nos expusiera qué va a hacer para recuperar ese consenso activo, no ya el
consenso entre dos grupos o semejantes alineaciones semiparlamentarias sino un auténtico consenso de un órgano de gobierno.
Es verdad que estructuralmente -se lo digo cada vez que puedo, y lo recuerdo a esta Comisión- un órgano de veinte miembros
de carácter deliberante en efecto no es un órgano con una estructura propia de un órgano ejecutivo, pero usted tiene la posibilidad de estructurar adecuadamente la permanente, las comisiones y el pleno en ese reglamento de organización y
funcionamiento que, por cierto, insisto, me gustaría conocer cómo está en su tramitación.



Le han preguntado -y yo insistiría- sobre los consejos autonómicos. Hace unos días, en esas jornadas, cuya invitación le agradezco, de La justicia hoy, uno de los vocales de su Consejo vino a recordar alguna evidencia, que parece que no es
aceptada -en el ejercicio legítimo de la representación política pueden aceptarse, en el jurídico desde luego es inaceptable-, y es que Tribunal Constitucional ha dicho que lo que la Constitución veda a un estatuto, porque es competencia del Estado,
lo veda también a la ley orgánica. No es solo un problema instrumental, no es solo un problema formal o de distribución de competencias en el instrumento, es un problema sustancial. El Poder Judicial es un poder del Estado; no es un poder, por
tanto, autonomizable ni puede compartirse ni delegarse en consejos autonómicos. La diferencia, señor Olabarría -sin ánimo de establecer polémica, porque no es el foro adecuado-, entre el Consejo de Justicia del Estatuto valenciano y el Consejo de
Justicia del Estatuto de Cataluña es que este último es un gobierno del Poder Judicial para Cataluña, lo era hasta que el Tribunal Constitucional decidió lo contrario, y el Consejo de Justicia valenciano es un órgano consultivo, y se lo digo yo que
fui ponente del Estatuto. Como ha dicho que no lo entendía, estoy a su disposición para explicárselo. La diferencia entre un órgano consultivo y un órgano ejecutivo, un órgano de gobierno, es bastante evidente. Insisto en que estoy dispuesto a
explicárselo a su señoría cuantas veces sea menester. En consecuencia, ¿cuál es la opinión de su Consejo y cuál es la suya sobre los consejos autonómicos? Supongo que no será distinta de la del Tribunal Constitucional. Si es así le quiero
recordar, señor presidente, que el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional caracteriza al Consejo que preside como un órgano constitucional. Algunas veces se refieren inadecuadamente al Consejo General del Poder Judicial como un
órgano de relevancia constitucional. No es así. Técnicamente -su presidencia lo sabe muy bien- es un órgano constitucional, puede plantear conflicto de competencia, tiene competencias propias que defender ante el Tribunal Constitucional y el señor
presidente preside el tercer poder del Estado; lo dice su ley orgánica. En consecuencia, de resultar los avances que consideran como tales los grupos nacionalistas, ¿estaría el Consejo que usted preside en disposición de plantear un conflicto de
competencia, si el Gobierno sigue en sus trece de no obedecer ni acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña?


Dentro de este capítulo organizativo de las comunidades autónomas, ha sido una buena iniciativa la constitución de un órgano que en sus siglas se llama algo así como Trista. Yo, que he tenido que sufrir y dirigir la Administración militar,
le puedo decir que las siglas no acercan a la ciudadanía. En los militares es muy lógico, primero, por su relación integrada dentro de la Alianza Atlántica y por el uso del inglés, y segundo, porque el


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poder militar -si quiere ese nombre- o la estructura militar del Estado está dentro de los arcana imperii y debe permanecer en el ámbito de lo reducido al acceso, pero el Poder Judicial es mejor que sea claro. El Trista, como le llaman
ustedes, reúne al Consejo, al Gobierno y a las comunidades autónomas. ¿Es así? Creo que solo ha tenido una reunión, que usted presidió, y me gustaría saber por qué no ha habido más y qué proyectos tiene para el desarrollo de ese órgano.



Será mi último punto orgánico en el que le pregunte de nuevo, como han hecho mis compañeros, por el proyecto de demarcación y planta. El Gobierno, es decir otro poder -el poder hoy ausente, salvo la representación que ejerce legítimamente
su grupo parlamentario-, lleva una temporada vendiendo productos antes de exhibirlos en el escaparate.
Nos habla permanentemente, en seminarios y actos organizados, como el evento del otro día, de proyectos legislativos que aún no conocemos ni en
borrador. Una cosa es que no los conozca la oposición parlamentaria -de lo cual la oposición siempre se quejará, pero no tiene más posibilidades que la queja- y otra cosa es que no los conozca el Consejo General del Poder Judicial. Estoy seguro de
que usted sí los conoce, porque ha asistido -allí también estuvimos juntos- a una jornada en el Ministerio de Justicia sobre el desarrollo del llamado informe de la Comisión institucional sobre la nueva demarcación y planta judicial. En
consecuencia, señor presidente, ¿qué opina de los tribunales de instancia?, porque según las palabras del ministro de Justicia recientemente los quiere poner en marcha ya. ¿Los ha informado el Consejo que preside? ¿Qué opina el presidente del
Consejo y del Tribunal Supremo de la reestructuración de este tribunal prevista en el informe de la llamada Comisión institucional o de expertos? Si mi lectura no falla, el informe dice que hay que reducir sustancialmente el Tribunal Supremo, en lo
cual probablemente estaremos de acuerdo, no digo todos, pero sí el señor Olabarría y el grupo cuya representación ostento. ¿Lo ha debatido con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo? ¿Tienen proyectos al respecto? ¿Se ha hablado de por dónde se
va a recortar, cómo se va reducir? Se trata de un tribunal de más de 140 miembros y, por lo que se deduce de ese informe, se quiere un modelo tipo Estados Unidos, es decir, un tribunal de entre nueve y doce miembros. No es una reducción
cualquiera. No digo que estas cosas no sean necesarias, no estoy tratando de hacer la crítica al tiempo que las preguntas, sencillamente estoy preguntándole su opinión y la opinión del Consejo que preside, si me la puede anticipar, y sobre todo
quiero saber si se la han pedido a usted y al Consejo, no vaya a ser que estemos vendiendo proyectos y proyectos y resulte que no hay nada, que el Consejo no los ha informado y que lo único que hay son opiniones. Hay que saber a qué atenerse.



Otra competencia de su órgano de gobierno es el tema de dotación y medios.
Dotación y medios implica toda esa galaxia tremenda que se ha llamado plan de modernización.



El señor PRESIDENTE: Para su autogobierno, lleva consumidos quince minutos, señor Trillo.



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: ¿Quince ya? Sí, señor. Muchas gracias. Voy terminando.



Tengo aquí la hoja de ruta para la modernización de la justicia que ustedes nos dieron en una jornada inolvidable, cuando visitamos el Consejo. Me parece que está prácticamente todo: nueva oficina judicial, reestructuración de la planta y
demarcación, aplicación de las nuevas tecnologías, carta de derechos, plan de transparencia, seguimiento de la actividad de los órganos, reformas orgánicas y procesales, estatuto de miembros de la carrera fiscal y organización territorial del
Estado. Está prácticamente todo. Hay que decir que el Gobierno -si me permiten la expresión vulgar- les ha madrugado el plan, pero al fin y al cabo son los mismos objetivos. Vamos a la concreción: la famosa oficina judicial. Me alegro de que
esta tarde no la haya protagonizado la oficina judicial. En esta Comisión hemos debatido ampliamente y trabajado profundamente sobre la oficina judicial, pero no tengo la impresión de que se esté poniendo en marcha. ¿Están ya las RTP, las
relaciones de puestos de trabajo, para ponerla en marcha? ¿Se ha dotado adecuadamente en los presupuestos del Consejo? ¿Se ha dotado en los del ministerio, en la sección de Justicia? ¿Cuál es la previsión para el próximo año? ¿Estamos hablando
de una ley en blanco, una ley que hicimos aquí con tanto esfuerzo y, por cierto, tanta prisa, que tuvimos las comparecencias, magníficamente arbitradas por el presidente Cuesta, en una semana? ¿Todas esas prisas han merecido la pena o vamos a
seguir hablando de los proyectos piloto de Murcia y de Burgos?, porque llevo oyendo hablar de ellos en esta Comisión desde la legislatura pasada y siguen siendo pilotos, aunque parece que son ya pilotos traseros, porque han pasado cuatro años y se
nos invita otra vez a inaugurar la próxima semana la oficina piloto de Murcia.



La renovación tecnológica también va aquí y es importantísima. Hemos dedicado muchísimas horas a la interoperabilidad. El señor presidente ha citado el convenio EJIS con las comunidades autónomas. Está muy bien, pero ¿está dotado
económicamente, señor presidente? ¿Las comunidades autónomas han dotado el convenio EJIS en sus presupuestos? ¿Lo ha dotado el Gobierno? ¿Va a funcionar?, porque hasta ahora seguimos sin interoperabilidad.



En cuanto a temas de personal, el señor presidente ha mencionado los reglamentos de la carrera judicial y de accesos, pero sus realizaciones han sido realmente más modestas. ¿Qué pasa con el reglamento de la carrera? ¿Qué pasa con todas
esas apelaciones constantes a la conciliación de la vida familiar y laboral, con todas las reivindicaciones de las asociaciones, por cierto, durísimas en sus comunicados el día de la apertura de tribunales? ¿Cuáles son los planes para la selección?
¿Cuáles son los planes para la escuela? El señor Jané se ha referido


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a los jueces sustitutos, aunque no ha dicho por qué no se quedan en algunos destinos. Me gustaría saber cuál es la opinión del presidente sobre por qué hay tanta falta de fijación en algunos destinos, especialmente en algunos territorios
como el que representa en parte, solo en parte, Convergència i Unió. Hay también representantes de Cataluña de otros partidos políticos -del mío, desde luego- y por eso me gustaría saber por qué hay tan poca fijación territorial en los jueces
destinados a Cataluña. A lo mejor no es un problema lingüístico, es un problema de otra naturaleza. Me gustaría conocer su opinión. Eso, por no referirme a los funcionarios interinos. Los funcionarios interinos llegan en Cataluña al 80 por
ciento. Hay datos, como el número de procedimientos criminales iniciados el año pasado, el número de funcionarios interinos y otros que he ido explicando a lo largo de mis palabras, que si los ponemos en un cuadro nos hacen ser mucho más pesimistas
en la valoración de la justicia. Pero mi opinión es lo de menos, el que tiene la responsabilidad de gobernar es usted. Por eso me gustará oírle decir qué es lo que pasa con los funcionarios interinos. ¿Usted cree que el sistema de bolsas de
trabajo es el adecuado?, porque lo que me dicen en Cataluña -que estoy visitando, como es natural, en estos meses de una manera más intensa- es que va personal derivado de otros oficios -lo cual es muy venturoso-, pero cuando llega al juzgado no
quita trabajo a los que ya estaban, sino que les da más, ya que tienen que enseñarle el oficio porque no ha tenido en su vida ninguna relación con el derecho, ninguna, y además de perder el tiempo enseñándoselo, cuando llega el momento en que lo
sabe, se vuelve a ir y volvemos a la bolsa.



Un penúltimo asunto: los procedimientos. No nos ha dicho nada sobre otro de los proyectos escaparate del ministro de Justicia, que es la famosa instrucción por el fiscal, que parece ser la panacea que va a transformar la vieja ley fachada
de Enjuiciamiento Criminal. Luego hablaremos de otras prioridades -el otro día se las recordaba el fiscal general-, pero ¿cuál es su opinión sobre eso? La modificación de la Ley Concursal está en marcha. Hay un proyecto de la Comisión general de
codificación. ¿Lo ha visto su Consejo? ¿Cuál es su opinión? En cuanto a las alternativas de desjudicialización, estamos examinando ahora los proyectos de arbitraje y los proyectos de mediación. Por cierto, el de arbitraje -tendremos ocasión de
debatirlo; el señor presidente ya lo sabe- con gran oposición por parte de algunos colegios arbitrales, especialmente el de Cataluña y también la CIMA de Madrid. Hablando de desjudicialización, aquí está en tramitación en este momento la ley del
Registro Civil. No parece que los más de veinte jueces que se dedican al Registro Civil estén muy contentos con la desjudicialización de las entradas en el registro, con los asientos. ¿Quién da fe de la nacionalidad? ¿Quién da fe del nacimiento,
de sus consecuencias?


Finalmente, para hacer caso al señor presidente, al que agradezco su tolerancia, me referiré a un último tema, que no el menos importante: los ciudadanos, también denominados en alguna ocasión, creo que con inadecuación, justiciables. En
esa Ley de Enjuiciamiento Criminal supongo que se pondrá coto al abuso del secreto sumarial, porque hay secretos sumariales que duran tres años, cuatro años, más de dos años. ¿Cuál es su opinión sobre eso, señor presidente? Sé cuál es su opinión
sobre la filtración de los secretos -la sé porque la ha expuesto con profundidad y con la honestidad que le caracteriza en alguna ocasión, en concreto, en la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Nacional hace algo más de un año-,
pero se siguen produciendo, señor presidente, en perjuicio de la seriedad de la justicia, en perjuicio de los derechos, en este caso sí, del justiciable, y en perjuicio en muchas ocasiones de las corporaciones, sean territoriales o sean políticas, a
las que pertenece el justiciable. Esos derechos, señor presidente, no los repara nadie. Por eso mi última pregunta es sobre la reparación y la responsabilidad. Usted ha hablado de la responsabilidad civil de los jueces y de una normativa que va
hacer posible su cobertura. Me parece muy bien, es su obligación proteger a los jueces, pero mi obligación es preguntar quién protege a los ciudadanos.



Siempre termino diciendo lo mismo, señor presidente, a usted y a su Consejo, al que lamento no haber tenido la cortesía de saludar antes, pero lo hago ahora in extremis: bienvenidos también. Doscientas reclamaciones por responsabilidad
patrimonial de la Administración de Justicia, por error judicial y por anormal funcionamiento, en el que se inscribe el retardo en la Administración de Justicia, entre 9 millones de asuntos, señor presidente, da una idea muy poco generosa de la
concepción responsable del Poder Judicial que tiene la Constitución y que debieran tener los jueces españoles y los jueces que preside el señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas tardes, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar. Les doy la bienvenida una vez más a esta Comisión a usted y a todos los miembros del Consejo que, de forma bastante
mayoritaria, le acompañan hoy. Gracias por la información facilitada, gracias por explicar muy en síntesis -porque sería un debate tremendamente amplio- algunas pinceladas de la memoria, ratificando que estamos en la normalidad democrática de sus
comparecencias, explicando y sometiendo a consideración la primera memoria que corresponde a este Consejo, ya que tomó posesión en septiembre del año 2008. Quiero agradecerle el avance de la información que ha dado del año 2010 -útil sin duda, pero
que algún portavoz no ha escuchado, no ha entendido o no ha querido entender-, en el que se muestra un cambio de tendencia importantísimo en la carga de trabajo y en la posible situación de pendencia para el año 2011 y posteriores sobre la base de
datos objetivos que cualquier lego puede entender al menos de manera global.



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Permítame, señor presidente, que antes de entrar en la memoria haga algunas pequeñas valoraciones. Decía don Emilio que no había hecho, más o menos, algo de filosofía de política judicial, que a él le encanta escuchar, pero permítame que
incorpore su discurso en la apertura del Año Judicial como una parte de esta memoria. En él hizo usted algunas consideraciones que a mí y a mi grupo nos gustaron. Entre ellas, recogía la filosofía, la posición del juez ante la sociedad, la
legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, la consideración de la jurisdicción del poder y de dónde viene este Poder Judicial -no hace falta recordarlo porque lo dice la Constitución-, la incompatibilidad de este poder -que es la reflexión
que añado- con los privilegios cuando es ejercido adecuadamente y el binomio independencia-responsabilidad como elementos de discusión filosófica, esos que le encantan a don Emilio y que usted recogió acertadamente en ese discurso de apertura del
Año Judicial, junto -porque no tendré mucho tiempo para volver a ello- a la referencia que hizo -no recuerdo que con tanta reiteración como decía el portavoz de Convergència i Unió- a la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 junio de 2010, que
recoge que la competencia unificadora es función reservada solo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización. Algún otro portavoz lo ha mencionado. La sentencia del Tribunal Constitucional es
muy clarita.
Lo dice también la propia Constitución. Esto no es en absoluto incompatible con la existencia de los consejos de justicia autonómicos.
Sin abundar en el debate, vienen recogidos en la sentencia del Tribunal Constitucional y en su
momento habrá que profundizar sobre qué contenidos, qué funciones, qué competencias, qué atribuciones pueden tener o no esos consejos de justicia autonómicos. Parece más que razonable y es lo que decía el Tribunal Constitucional, lo que decía el
presidente del Consejo y lo que nosotros, por supuesto, suscribimos, más allá de que haya temas que estarán lindando con lo que habrá que profundizar, cómo no, y resolver jurídicamente de la forma más adecuada posible.



Permítame hacer alguna consideración sobre esto que le gustaba a don Emilio y sobre algún hecho real, evidentemente discrepante con alguna intervención. A mi grupo parlamentario le gustaría sacar una conclusión.
En los últimos años la
justicia está siendo priorizada en los Presupuestos Generales del Estado y en la acción de gobierno. La necesidad de colegiación de esfuerzos en el despliegue de la modernización que se está llevando a cabo es una obligación de todos, porque como
usted bien decía, don Carlos Dívar, la justicia, como valor superior, es responsabilidad de todos los poderes del Estado y la función principal -y voy acabando con esta parte inicial- del Consejo es velar por la independencia de los jueces y
magistrados, pero sobre todo ofrecer o intentar que se ofrezca el mejor servicio público de justicia a los ciudadanos, teniendo al ciudadano como centro de todas las decisiones que cualquier poder del Estado adopte, también el Poder Judicial.



Entro en los temas concretos muy en síntesis. En cuanto a la carga de trabajo, no vamos a reproducir los datos, porque el presidente los ha expuesto con amplitud, pero parece que no han sido bien escuchados o bien leídos o bien entendidos.
Claro que ha habido un incremento de la litigiosidad -ha crecido un 4,4 por ciento en relación con el año anterior, en un momento de crisis económica-, pero se olvidan datos como el incremento más importante -el 5,8 por ciento- del número de asuntos
resueltos, el mayor número de sentencias dictadas desde el año 1996, el incremento del número de plazas de jueces, fiscales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia. A alguien se le olvida -y se lo voy a recordar- que en estos
últimos años, con el actual Gobierno, se ha más que duplicado el número de plazas de jueces y magistrados en relación con las que se creaban en los años anteriores con el Gobierno del Partido Popular, que hoy demanda y reivindica, pero cuando
gobierna no lo hace. Voy a recordarle tan solo el dato del presupuesto de este año -1.680 millones de euros-, en un momento de crisis económica, un 75 por ciento superior al que había en el año 2004. Por eso, el gasto en personal, que asciende a
1.323 millones de euros, y los 202 millones de euros para la modernización de la justicia avalan la aseveración que hacíamos de la priorización de la justicia por este Gobierno, como la cuestión de Estado que debe ser, más allá de las coyunturas
concretas y momentáneas. Los 600 millones de euros adicionales en tres años para este plan de modernización 2009-2012 se cumplieron con creces en 2010, con 218,5 millones. En 2011 no se puede llegar a esa cantidad por razones evidentes, pero la
previsión para el presupuesto de Justicia ha decrecido tan sólo -entre comillas- el 6,9 por ciento en relación con el año 2010.



Hay algunos datos que, sin lanzar ninguna campana al vuelo -claro que no, porque hay muchos problemas que resolver, insisto, con una colegiación de esfuerzos, tirando todos en la misma dirección-, son evidentemente esperanzadores. Por
ejemplo, el incremento del número de asuntos resueltos. Lo dejo entre paréntesis, pero casi se lo pregunto de manera obligada: ¿Los refuerzos que el Consejo del Poder Judicial ha pedido al Gobierno en los últimos años, incluido el actual, han sido
atendidos? ¿No es cierto que estos refuerzos han posibilitado que ese incremento sustancial del número de asuntos no haya llevado en paralelo un incremento del número de asuntos pendientes o de asuntos en trámite? En cuanto a la disminución del
número de asuntos por la superación de la crisis, que ya apunta en los datos que ha dado del año 2010, el incremento de medios personales y materiales y -lo que es más importante- las reformas procesales, la modificación de los procedimientos, la
posible implantación más pronto que tarde del arbitraje ya y la mediación después para disminuir el número de asuntos, la entrada en vigor de la nueva ley del Registro Civil -sin entrar en profundidad, porque no es el momento ni el lugar-
posibilitarán que un importante número de asuntos, que hoy son asuntos judiciales, pasen a adelgazar esos nueve millones quinientos


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y pico mil asuntos que hoy hay. Permítanme decirle, señor Trillo, con el afecto que sabe que le tengo, que maneja con bastante descuido -cosa que no es habitual en usted- los datos de las infracciones penales y los delitos. El número
asuntos que han entrado en la jurisdicción penal solo ha variado el 1,9 por ciento -diligencias, que no comisión de delitos- y sabe usted que aproximadamente -que nos informe el señor presidente- el 75 por ciento de ellos se sobreseen
automáticamente, que no tienen ni siquiera autor conocido y que, debido a la vigente, vetusta y decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenemos ese número de asuntos que no se corresponde con el índice de delincuencia. ¿No sabe usted -sí lo
sabe, pero se lo voy a recordar- que el índice de criminalidad -que no es el número de diligencias ni el número de sentencias-, que el año pasado fue traído por primera vez transparentemente a esta Cámara por parte del Gobierno de España, es de 46
por mil infracciones penales y que en este año baja del 46 por mil, cuando la media en Europa es del 67,6? ¿Este es un país que no es libre porque es inseguro? ¿Cómo puede decir una persona tan cualificada como usted estas cosas en sede
parlamentaria? ¿Cómo puede decir que España no es un país libre -o he escuchado muy mal- porque es un país tremendamente inseguro, cuando sabe usted que es de los países más seguros de la Unión Europea, con un índice de más del 35 por ciento por
debajo de la media de los países de la Unión? Debiéramos alegrarnos todos de que esto se haya conseguido. Usted mismo, señor presidente, expresaba el año pasado -y creo que con buen criterio- su temor de que en un momento de crisis pudiera
incrementarse el número de delitos; es razonable. ¿Saben que esto no ha ocurrido en 2010? ¿Saben que hemos bajado del 47,6 por mil al 46 por mil en el primer semestre de 2010? Debemos alegrarnos todos. Sí que ha aumentado en el resto de las
jurisdicciones. Por cierto -y no se dice- en el ámbito mercantil se está resolviendo más del 60 por ciento que el año anterior, por los refuerzos, por el esfuerzo de los jueces y tribunales, cómo no, por los medios y por la colaboración que tiene
que existir entre los poderes cuando se cree en algo de verdad para sacar adelante la justicia de este país, con palabras mayúsculas, que evidentemente no está en una situación boyante, pero mucho peor estaba como la dejaron ustedes, señor Trillo.
Este debe ser un objetivo compartido que vayamos mejorando entre todos. Hay un plan de modernización, el 2009-2012, que usted se tomaba casi a broma, pero que es en buena parte coincidente con el aprobado en noviembre por el Consejo General del
Poder Judicial, que está sacando adelante aspectos importantísimos. Esos datos esperanzadores, unidos a las medidas del plan de modernización, intentan llevar al cumplimiento del objetivo de un 30 por ciento menos en los tiempos de duración de los
procedimientos. Esta disminución de la pendencia llegará al nivel máximo, es decir, a estar al día en el Tribunal Supremo, si se cumplen los objetivos, en el año 2012.
Este año la pendencia ya se ha reducido en más del 50 por ciento en relación
con la que existía en el año 2005. Esos son datos objetivos, no es tirar alabanzas ni mucho menos, porque la situación sigue siendo preocupante, pero afortunadamente y pese al momento de crisis hay datos esperanzadores. Como usted bien decía, no
solo hay que hacer las críticas, sino también poner sobre la mesa algunas virtudes que el sistema también tiene, que la democracia española también tiene y que la justicia española también tiene.



Solo voy a dar ya algunas pinceladas, porque son varios los temas que aún quiero tratar, señor presidente, en relación con la política de nombramientos. No voy a profundizar.



El señor PRESIDENTE: Le comunico que lleva consumidos quince minutos, para su autorregulación.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Pasan volando, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Es un problema de sensaciones. Entre el frío y la sensación térmica de frío hay una distancia notable.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy abreviando, pero al menos quiero poner sobre la mesa algunos aspectos que me gustaría que el Consejo tomase en consideración o al menos escuchase.



Política de nombramientos. Queremos dejar al menos alguna preocupación sobre la mesa por algunas noticias que esperamos que no sean ciertas del todo. Desde luego, la sensación que hay nada tiene que ver con la que había en años anteriores
y nos gustaría que siguiera siendo así, porque es una de las funciones constitucionales del Consejo, no otras por las que algún otro grupo le pedía explicación y a las que no tengo tiempo de entrar a contestar. Las funciones del Consejo son las que
recoge el artículo 122.2 de la Constitución, las cuatro funciones concretas más las que la ley orgánica le ha otorgado. En absoluto le corresponde lo que le pedía algún portavoz, esto es, que valorase cuestiones que no son competencia del Consejo.
Sí lo es informar previamente, pero no lo son las cuestiones que le planteaba de manera muy interesada algún portavoz en esta sala y que nada tienen que ver con la memoria.



Estamos de acuerdo con los contenidos de la sentencia, con el intento del reglamento, con esa situación de jurisprudencia en tránsito de la que hablaba el año anterior y, en definitiva, con el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. El nombramiento de altos cargos no es ni un concurso de méritos ni es de libre designación, porque es un híbrido. En ese sentido van los reglamentos y, aunque nos parece que no son muy útiles, las comparecencias que se han fijado son un
intento.



En cuanto a la actividad informante, ya he dicho algo con anterioridad. Se ha recuperado la normalidad, se han informado tres importantes proyectos de ley orgánica y uno no -es decir, a usted se le felicita, pero yo no voy a


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felicitarle del todo, y se lo digo con la misma lealtad-, porque hubo un informe nonato, aunque quedó fijada la posición del Consejo con los dos informes rechazados, el del plenario y el de los votos particulares, en una ley orgánica. Se
dice en la memoria -usted lo citaba como algo positivo, yo también se lo reconozco, pero solo en parte-: cumplamos bien las funciones que nos corresponden. Refiriéndome a las propuestas que hacen más allá de la actividad informante, le diré que
mientras se trate, como decía usted, de propuestas para agilizar los procedimientos, por ejemplo, la regulación de la mediación y el arbitraje, de acuerdo, pero si estamos hablando de propuestas como las que le mencionaba el señor Trillo, no son
competencia del Consejo General del Poder Judicial.



Para ir terminando, porque si no faltaríamos a esa lealtad, aunque quizá sea una de las partes más espinosas, tengo que hacerle alguna pregunta concreta. Nos ha preocupado alguna información que se ha publicado en relación con un seguro
concertado por el Consejo General del Poder Judicial. Creo que podemos estar mal informados o que será una mala información y, por tanto, nos gustaría que nos lo aclarara, porque no queremos pensar que sea cierto que con cargo al dinero de todos
los españoles se pretenda concertar un seguro de responsabilidad civil que conlleva también un seguro que cubría la responsabilidad penal y la disciplinaria. Nos gustaría escuchar sus explicaciones sobre todo lo que vaya más allá de la
responsabilidad civil, más allá de la legitimidad, y no entro en la duda jurídica de la competencia o no o de la legitimidad en el origen o no de la adopción de ese acuerdo -solo lo ponemos a efectos de debate respetuoso- pero sí en el fondo, en si
la responsabilidad disciplinaria o la penal pudieran estar cubiertas. Si fuera así, instaríamos a que eso fuera corregido, democráticamente y con los mecanismos parlamentarios que pudiéramos utilizar de la forma más pacífica posible, pero con el
máximo rigor. Hablábamos al principio de la filosofía política, jurídica y judicial de su propia intervención y la coherencia tiene que mantenerse en todos los hechos, sobre todo, en momentos difíciles como estos, en los que todas las
administraciones tenemos que dar ejemplo; el Ejecutivo lo hace, el Legislativo también y seguro que el Poder Judicial también. A veces no se trata solo de la cuantía, que puede ser importante o no -a mi grupo parlamentario no es lo que más le
preocupa-, sino del fondo del asunto, porque la independencia va con responsabilidad -en el sentido más noble de la palabra- y ese es un principio democrático elemental. No digo más, solo pedimos información y si en este momento no está en
condiciones de dárnosla -que no tiene por qué hacerlo ahora- que nos la facilite en un momento posterior. Nos gustaría que por parte de todos los poderes del Estado se fuera escrupuloso, también, cómo no, por parte del Poder Judicial.



También nos gustaría tener alguna información, no en este acto, pero sí en un momento posterior, sobre la situación de los letrados que prestan servicios en el Consejo: el volumen, la antigüedad, las renovaciones, las no renovaciones,
etcétera; lo solicitamos muy suavemente, pero también con rigor. Quisiéramos tener información -si no ahora, posteriormente- sobre el servicio de inspección, en qué dirección va esa reforma de la función inspectora, sobre la que, en síntesis,
adelanto la posición de mi grupo parlamentario -y voy concluyendo, señor presidente-. Le he escuchado decir que la inspección judicial tiene dos objetivos fundamentales: la cercanía del servicio de inspección como apoyo -claro que sí- y la
eficacia preventiva -claro que sí-. Nos parece que la filosofía es adecuada. Pero con la misma lealtad, con la misma libertad que hay que tener en estos debates, le pregunto por un dato que nos preocupa un poco. Uno de los aspectos fundamentales
en la sentencia es la motivación. Parece ser que hay muchas quejas y excesivos recursos por la falta de motivación, y parece ser también -que es la pregunta que le traslado para que nos informe- que las actuaciones de la inspección por este motivo
son más bien escasas, y digo que parece ser. Nos gustaría conocer esta situación.



Ahora termino de verdad, señor presidente. Afirmaba usted el año pasado, y tuvo mucho eco público, que en la Sala tercera de lo contencioso-administrativo había 6.000 millones de euros parados por los retrasos provocados por la falta de
medios. El Gobierno y el Consejo han hecho un esfuerzo para reforzar, agilizar, dar respuesta y salida al menos a parte de este atasco que había. Nos gustaría conocer si este esfuerzo está dando resultados.



Dejamos bastantes cuestiones en el tintero, como no podía ser de otra forma, por la limitación del tiempo. Agradezco la habitual benevolencia, la paciencia decimonónica, del presidente de la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Sentido de la justicia, señor Villarrubia, está usted a un minuto de empatar en tiempo con el señor Trillo.



Vamos a suspender la sesión por un tiempo máximo de media hora. Aquí al lado hemos habilitado una sala para que pueda reunirse el Consejo del Poder Judicial con su presidente para preparar las respuestas. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión.



Tiene la palabra el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Señor presidente, señoras y señores diputados, especialmente los portavoces de los distintos grupos que han intervenido, empiezo esta segunda intervención expresando
mi reconocimiento y gratitud absolutamente a todos por su delicadeza, por su buen tono y, en algunos aspectos, por alguna crítica que se nos ha podido dirigir, que es perfectamente asumible por el presidente del Consejo, porque asumimos también
otras críticas, como las de la libertad de prensa, etcétera.
Creemos que verdaderamente el Estado de derecho no existiría sin la


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libertad de crítica y sin la libertad de expresión, sin libertad de información. En eso consiste precisamente el Estado de derecho. Unas veces puede dolernos personalmente y otras veces nos podemos sentir satisfechos, pero, en cualquier
caso, nunca censurarnos a nosotros mismos ni censurar nada menos que al propio Parlamento de la nación, al Poder Legislativo, ni a los medios que sirven de vehículo para llegar a los ciudadanos.



Trataré de contestar a las preguntas no por grupos sino por materias.
También tienen el procedimiento de que aquellas cosas que aquí no se puedan responder pueden solicitarlas por escrito y las contestaremos, con mucho gusto, como hemos
hecho en años anteriores. Empezaré refiriéndome a mi querido amigo el señor Olabarría, que es un experto en todo, como he dicho, porque es parlamentario, ha sido vocal del Consejo del Poder Judicial y miembro del Gobierno vasco. Con esa
experiencia y esa magnífica memoria que tiene, el señor Olabarría me ha recordado que no he empezado por algún aspecto filosófico. Él sí ha empezado con ese aspecto filosófico y nada menos que ha citado el imperativo categórico de Kant.
Voy a
distinguir en Kant que existen dos facetas en el hombre: por una parte, el hombre, todo hombre, todo ser humano es razonable por ser humano y, por otra parte, en su libertad es un ser moral; moral que no se refiere ni a aquella ni a esta
confesión, se refiere a algo muy simple: la distinción del bien y el mal, que lo tenemos todos asumido. Yo estoy seguro, señor Olabarría, de que todos los miembros de esta casa, principalmente los que me han escuchado, son personas con Kant,
razonables y ciertamente morales. Este supuesto no sé si le satisface más, pero tengo que entrar en otros temas.



En primer lugar, le diría que Dios me valga con que al haber hecho la oferta económica quiera decir que el Consejo del Poder Judicial vaya a entrar en los presupuestos que se están debatiendo o vaya a apoyar la crisis de esta o de otra
manera. No; lo que he querido decir -ahora tenía la ocasión- es que he repetido varias veces que invertir en justicia es muy, muy rentable. Puse un ejemplo en la apertura de tribunales de hace dos años, que no era más que un ejemplo. Solo en una
de las secciones, la que lleva precisamente tributarios, del Tribunal Supremo se encuentra, o se encontraba, retenido casi un billón de las antiguas pesetas. Es un ejemplo, y lo mismo sucederá en distintos grados económicos en otros tribunales, en
otros juzgados, porque las fianzas y los embargos están ahí retenidos en tanto en cuanto no se resuelven los asuntos. Por tanto, ponía una relación entre la inversión en justicia, que a todos nos corresponde, para que teniendo órganos judiciales
suficientes y competentes podamos resolver el problema de eso que no entra hoy en el circuito económico porque está retenido, pero esas cantidades tan importantes, por mero ejemplo, serán después, cuando pongamos al día el Tribunal Supremo,
devueltas al circuito económico con una repercusión favorable en un aspecto importante de la crisis. Era una reflexión que hice en aquel momento sobre problemas estructurales de la justicia y problemas que tenemos que arreglar entre todos. Ustedes
comprenderán que a un juez, por mucho que se le acuse de lentitud, no se le puede exigir moral y razonablemente, como decía Kant, que entrando su juzgado, por ejemplo, cerca de ocho mil asuntos, teniendo el año 365 días, pueda resolverlos a la
perfección y sin ningún retraso. Se está haciendo frente a estas cosas casi a destajo. El plan de modernización del Consejo es excelente, el que después hizo el Ministerio de Justicia, siguiendo el mismo con todas las nuevas tecnologías, con la
creación de nuevas unidades judiciales, pero los jueces no se crean por real decreto, aunque sí se crean por real decreto. Si tenemos que tener jueces competentes, con conocimiento, etcétera, tendrán que ser perfectamente formados, porque no se
trata de que pongamos sentencias y resoluciones por paquetes sino de que tengamos en cuenta al ciudadano. En ese sentido, señor Trillo, también me gusta mucho más la expresión ciudadano, aquel que recibe la administración de justicia, que eso de
justiciable.



Le diría, con respecto al Tribunal Supremo, que para el año 2012, cuando cumpla su bicentenario, habrá sido aumentado al doble el número de magistrados adscritos a la Sección segunda, y el número de sentencias que se ponen en una sala del
Tribunal Supremo ha llegado a ser de cien, lo cual quiere decir que se ha duplicado y en algunos aspectos triplicado.
Piensen que las sentencias del Tribunal Supremo crean doctrina, crean jurisprudencia y que se pongan cien sentencias por mes en
una sección supone un avance incalculable. Ahora, si tenemos un retraso o unas bolsas de pendencia muy superiores, no podremos llegar, aun con el enorme esfuerzo que están haciendo los tribunales. Pero veo que en todos esos aspectos la carrera
judicial, los jueces se están comportando con una calidad y una profesionalidad que muchas veces no se les reconoce, porque nos basamos en aspectos estadísticos que no siempre nos dicen la verdad.
La oferta a la que yo me comprometo es la de poner
al día el Tribunal Supremo en todas sus salas para el año 2012. Para eso, señoras y señores diputados, necesito comprensión, colaboración y medios económicos, porque en esta casa tienen mucho de comprensión, o debían tenerla, de colaboración y
también de medios económicos, porque los presupuestos dependen de ustedes y no de mí.



Otro punto que se ha presentado ha sido el de los consejos del Poder Judicial. Se ha dicho por mi querido amigo, el representante de Convergència i Unió, que en el discurso de apertura de tribunales repetí muchas veces los de los consejos y
lo de la sentencia. Pues bien, si se lee el discurso y escucha la grabación, observará que sólo lo dije una vez. Pero lo que cité fue nada más que la sentencia que había dictado el Tribunal Constitucional. Dice la sentencia: sólo el Consejo
General del Poder Judicial puede ejercer la función de gobierno del Poder Judicial, que es único. Sólo la Ley Orgánica del Poder Judicial puede dar cabida a eventuales fórmulas de desconcentración que no siendo constitucionalmente imprescindibles
-lo cual no se ha dicho aquí, lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia- han de marcar el funcionamiento


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de lo que quiera el legislador orgánico. ¿Qué es esto? ¿La sentencia del Tribunal Constitucional ha suprimido los consejos de justicia? No, en absoluto; no. Lo que ha dicho es que determinadas facultades que tenía ese consejo,
concretamente el que ha analizado, no son constitucionales; pongamos, por ejemplo, que la potestad de hacer nombramientos, la potestad disciplinaria o la inspección, no lo son; pero que puede, por la vía del legislador orgánico, llenar esas
competencias y esas no ser anticonstitucionales. Nada más, esto es lo que se ha dicho y es lo que vuelvo a repetir en palabras del Tribunal Constitucional, al que también desde aquí mando un mensaje de respeto en todos los sentidos, puesto que la
crisis económica, señores portavoces, tiene también otra crisis, consecuencia de ella o la otra consecuencia: la crisis institucional.
Muchas veces estamos atacando al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Consejo del Poder Judicial
también al Parlamento, al Gobierno de la nación. ¿Qué queremos, quedarnos sin instituciones? No, porque esta crítica la aceptamos todos como demócratas. No hay una oficina donde se consigan títulos de demócratas, se consiguen todos los días con
la actuación de cada uno. La democracia, la auténtica democracia -también lo digo- consiste en el respeto a las minorías, por supuesto que sí, pero también compartiendo con las mayorías la voluntad para llegar a esos consensos.



He dicho que en la amplia reforma legislativa, que nos expuso en su momento el señor ministro de Justicia, aparecen muchas cosas, como la reforma de la ley orgánica, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el posible cambio de
instrucción, la Ley de Planta y Demarcación, que también se ha citado; pero lo que debemos considerar es que una reforma tan amplia, tan profunda tiene que hacerse con prudencia y con un consenso -sí- político, que existe en el Consejo del Poder
Judicial, porque como órgano de gobierno del Poder Judicial es un órgano político. Diríamos más, la expresión Consejo del Poder Judicial puede ser un poco equívoca, porque no es Poder Judicial. El Poder Judicial va desde un juez de paz al
presidente del Tribunal Supremo, pero el Consejo es el órgano de gobierno, es un órgano político, y no nos tenemos que avergonzar, ni ustedes ni nosotros, de estar en instituciones políticas para servir a los ciudadanos. Se ha llegado a un consenso
en leyes básicas que han durado mucho tiempo, lo cual no debe entenderse como un desprecio. Esas leyes decimonónicas naturalmente que hay que ponerlas al día, que necesitan reformas, que tenemos que adecuarlas a las circunstancias actuales, a las
nuevas tecnologías, a tantas cosas, pero con mucho respeto, porque eso es lo que perseguimos, no que se sigan aplicando las mismas leyes sino que tengan duración y estabilidad. Si las leyes no duran, no son estables, si se cambian constantemente,
se produce una inseguridad jurídica y también un quebrantamiento en la economía y en todos los asuntos que a este respecto se refieren. Por tanto, es necesario un consenso para las leyes, un consenso en el Poder Judicial y un consenso en el Poder
Legislativo.



Se me ha preguntado también sobre planes de refuerzo y jueces sustitutos.
Entrando en detalles de planes de refuerzo, diré que este mismo mes, o el mes pasado, se ha aprobado un plan de refuerzo y creación de juzgados mercantiles y de lo
social, importantes, que son las materias más delicadas que tenemos en este momento. ¿Por qué? Sencillamente porque la crisis económica ha disparado el número de asuntos mercantiles -he dicho que es un 60 por ciento más- y los sociales, porque los
despidos, etcétera, vienen como consecuencia lógica de todo esto. Pero también he mostrado un punto a la esperanza de que esta situación empieza a tener algún horizonte más despejado pues en el año 2010 -memoria que no tengo que exponer, pero de la
que he querido adelantarles proyectos, exposiciones del año en el que estamos- ha disminuido el número de asuntos mercantiles y el número de asuntos sociales por despido.



Se ha hablado también del arbitraje y la mediación. Saben ustedes que esto de la mediación ha sido tomado muy en serio por el Consejo del Poder Judicial, hasta el punto de que tenemos varias vocalías dedicadas a este tema. Estamos
fomentando que jueces y magistrados jubilados puedan actuar como árbitros y, por tanto, poder rebajar en su día la pendencia que existe en los tribunales, porque hay materias que no tendrían que llegar allí cuando pueden ser resueltas por el
arbitraje, por la mediación, por eso que se ha llamado también jurisprudencia de despacho, que lo tienen buenos abogados, que evita a los ciudadanos un innecesario gasto económico y de tiempo.



Se me ha preguntado qué estructura es la que prevé el Consejo para el Tribunal Supremo y la Sala del 61. Pues mire, yo no puedo prever nada, porque esa es una función que corresponde precisamente al legislador. ¿La Sala del 61 la acordó el
Consejo General del Poder Judicial, la acordó el Tribunal Supremo o se acordó por una ley parlamentaria? Pues el mismo camino tendrá que seguir si se suprime. Como hemos venido, nos hemos ido, y exactamente igual en todas las demás cosas. También
se me ha pedido un informe previo. ¿Cómo voy a hacer informes previos y voy a dar opiniones previas sobre leyes que no están ni siquiera en prelegislador? Cuando el Gobierno elabora un proyecto, primero es el prelegislador y ese preproyecto se
manda al Consejo del Poder Judicial cuando nos afecta, como la ley orgánica o como los consejos de justicia, para que emitamos informes. El Consejo del Poder Judicial está compuesto por veintiún miembros y yo no puedo adelantar lo que podemos hacer
en un preinforme que después puede ser aceptado o no o puede ser modificado en parte, porque nunca es vinculante, y pasará a proyecto de ley cuando entre en estas cámaras, nada más. Así es como podríamos proceder en un momento determinado. El
presidente del Consejo no se puede permitir dar opiniones sobre la ley de demarcación y planta, que todavía no es ley. A lo que asistimos en el Ministerio de Justicia muchos de los que aquí estamos hoy presentes no fue más que a la presentación de
las conclusiones a las que habían llegado expertos y expertas sobre el planteamiento. Opine usted sobre una


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ley. Opinaremos cuando nos llegue, porque otra de las cosas que hay que hacer es estar en el lugar adecuado, en el punto preciso. ¿Por qué me voy a preocupar más de cosas futuras, que no sé siquiera si las viviré, que de cosas presentes,
cuando tengo tantas y tantas en este instante que resolver? Resolvamos lo que es lógico. Tengamos la previsión lógica del futuro con arreglo a lo razonable y a lo moral, pero no más, no más, porque hoy hay mucho trabajo por hacer.



Decíamos antes que los jueces sustitutos y los refuerzos eran unas medidas sucedáneas. He dicho en la exposición que no es lo ideal que la justicia esté en manos de jueces sustitutos, pero cuando estos jueces sustitutos tienen unos
determinados niveles y superan unas condiciones mínimas, pueden paliar lo que tenemos en estos instantes: tanto retraso y tan pocos jueces. En palabras del Libro Sagrado, diría: La mies es mucha y los operadores son pocos. No tenemos tantos
jueces como para hacer frente a todo el trabajo y tenemos que aceptar que haya jueces sustitutos y que haya esos refuerzos que de momento nos pueden ayudar en la situación.



Me preguntan sobre la situación en las salas de lo Penal. En el Tribunal Supremo concretamente, las estadísticas que tenemos en lo que va de este año están estabilizadas. Es importante que no hayan aumentado. Las cifras que se han
manejado sobre ejecutorias pendientes y sin resolver, que constituyen un problema especial, hay que verlas en su verdadero sentido.
He sido presidente de la Audiencia Nacional durante siete años, he sido decano doce años y he sido juez bastante
tiempo; en total, me he pasado cerca de veintinueve años en una casa muy difícil y por eso nada me pilla de sorpresa. En la Audiencia Nacional, por ejemplo, las ejecutorias no es que estén retrasadas, es que tienen un proceso. Si a una persona la
condenan a treinta años, hasta que no vencen los treinta años o lo que se ha podido hacer en liquidación de condena no termina la ejecutoria. Por tanto, esa ejecutoria está en vigor y también lo está estadísticamente, lo cual no quiere decir que
haya sentencias pendientes exactamente igual.
Tampoco quiero presentar un panorama absolutamente feliz de la Administración de Justicia, porque no lo es, claro está, pero no situemos las cosas con estadísticas de este o de aquel tipo que
distorsionen un poco la realidad. Eso es lo que podemos hacer en un momento determinado.



Las bolsas de trabajo para el personal interino ¿son de desear? No. Las bolsas de trabajo, tal y como hoy están constituidas, no son de desear.
Se apunta uno a la bolsa de trabajo y luego, por un orden, en el que insisten los sindicatos
de la Administración de Justicia, una persona que a lo mejor tenía una preparación en derecho civil pasa a contencioso-administrativo o a penal. Son cuestiones que no están en nuestra mano, pero tenemos que tener interinos en juzgados y
expresamente en regiones o en autonomías en las que no hay un número de peticiones judiciales o de interinos. Vea usted Canarias, vea Cataluña o vea el País Vasco. Ahí existen estos problemas de interinos, de sustituciones, pero la competencia
para resolverlos afectará no solo al Consejo sino también a las autonomías competentes en materia de Administración de Justicia.
Algunas han hecho grandes avances por este procedimiento. Mejor es esto que nada.



Respecto al Registro Civil, el año pasado un 51 por ciento de las críticas o quejas venían del Registro Civil y venían además no por fórmulas técnicas, sino porque las personas que las presentaban, en su opinión, no habían sido atendidas de
una forma adecuada. Desde la inspección, desde el Consejo del Poder Judicial, procuramos que todo esto se vaya corrigiendo. En cuanto a la ley, es una ley en trámite sobre la que tampoco puedo opinar. Si hay disconformidad en los jueces, si hay
estos o aquellos criterios, yo no puedo convertirme en el prelegislador, posteriormente en el proyecto de ley y finalmente formular una conclusión que puede ser legislativa. La prudencia ha sido característica en mi vida. Lo ha sido porque un juez
debe ser prudente, un juez debe ser callado, no puede hablar de aquellas cosas que se someten a su jurisdicción, y de aquellas otras que no se someten, mejor que no hable por si acaso. Finalmente, un juez prudente, poco hablador, debe ser también
un juez austero. Esto nos lo imponen las circunstancias, pero la austeridad no es un resultado económico, sino una forma de estar en la vida, a pesar de que la cuenta corriente sea más o menos abundante, que, efectivamente, en nuestro caso no lo
es.



Se me han hecho otras preguntas -perdonen que no pueda contestar a todas- por parte del representante -profundamente delicado en todos los sentidos- del Grupo Socialista. Ha dicho que había un informe que resultó nonato, como San Ramón, ya
saben ustedes, San Ramón Nonato. Ese que no llegó a ver la luz, en realidad dio a luz dos informes: uno, que era el que partía de la Comisión de estudios, que estaba muy fundamentado, y otro que partió precisamente del primer ponente, que luego
fue renovado, que fue José Fernández Carnicero, que hizo un proyecto importante, un proyecto al que yo personalmente di mi adhesión y volvería a dársela otra vez si volviese a producirse, en vez de dársela al anterior. Pero ¿de qué sorprendernos,
señoras y señores diputados? Esto es la democracia. Hemos dicho que el demócrata no es el que tiene título, sino el que lo ejerce todos los días, y algunas cosas se ejercen con la ley, con la democracia y con la conciencia.



Se ha hablado de la independencia del Poder Judicial y de los tribunales de justicia. A pesar de todo, a pesar de la pendencia de los asuntos, a pesar de las dificultades que tenemos, a pesar de que las nuevas tecnologías y los planes de
modernización hayan llegado ahora y por tanto llevemos décadas de retraso en la Administración de Justicia en este aspecto, la calidad de los jueces y de los profesionales es excelente.
Cuando se hacen las encuestas, las que hace el Poder Judicial,
no hablan de la calidad del juez, sino de los retrasos de los recursos y de los medios. Sí. Aquí también se ha dicho: Es necesario un pacto de la justicia que hasta ahora no se ha producido. Ese pacto de la justicia requiere un consenso de


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toda la Cámara, de todos los miembros de la Cámara, con respeto a las minorías en la medida de lo posible. Con ese acuerdo y consenso se podrán modificar muchas cosas que en estos instantes no se modifican sino que, como antes decía, se
varían de uno a otro lado. Además, cuando se trata del ordenamiento jurídico, podemos tratar de arreglar mediante una ley o un decreto este o aquel aspecto, pero estropearemos el resto del ordenamiento que tiene que tener en sí una armonía, un
sentido lógico. Si algo de esa orquesta judicial o jurídica no funciona se nota, se nota mucho, lo notan muchas personas y lo notamos principalmente los jueces.



El portavoz del Grupo Socialista me ha pedido explicación sobre una póliza de seguros. Bien. Se trata de ayudar a los jueces, de sustituir fundamentalmente las pólizas que ellos pagaban con su propio dinero y de que el Consejo pueda dar
una protección adecuada. En esta póliza de responsabilidad civil está excluido expresamente todo lo que se refiere cuestiones disciplinarias. Por tanto, no es cierto que la cuestión disciplinaria esté. Lo que existe en la póliza, que aún no se ha
negociado con las compañías, que aún no está firmada, aunque hoy han empezado, es la fianza carcelaria, entendiendo por fianza carcelaria la que se establece cuando se produce una prisión provisional y se dice 'bajo fianza'. Esa es fianza
carcelaria, que es distinta de la otra responsabilidad. Aquí estamos haciendo en realidad fuegos de artificio.
¿Cuántos casos ha habido en los últimos tiempos de fianzas carcelarias? ¿Cuántos casos conocen de prisión de jueces en el ejercicio de
sus funciones? Yo recuerdo dos casos, no de prisión; dos casos de anomalías que después han sido corregidas o castigadas, pero no de fianzas que se hayan tenido que pagar. Esto sería prácticamente inocuo para los presupuestos, para los gastos que
puede tener el Estado, pero beneficioso para la tranquilidad del juez durante el periodo de instrucción o el periodo de juicio oral y de sentencia hasta que esta sea firme, porque la presunción de inocencia también afecta al juez. Sin embargo se
dice expresamente, y lo he visto esta mañana, que cuando exista sentencia judicial por delito, el juez que tuvo la fianza carcelaria o que tuvo la fianza, que en la práctica no se ha producido en casi ningún caso, la tiene que devolver, es decir, no
se amparan situaciones verdaderamente de delito. De todas formas, esto hay que verlo ahora. Hoy se abre el proceso y las compañías de seguros dirán lo que sea. Este seguro en sí es el mismo que tenían muchos jueces particularmente y que ahora
asume el Consejo del Poder Judicial como una medida que puede favorecerles en algunos aspectos, también en el económico, porque en este sentido se encuentran verdaderamente en una situación muy debilitada.



También se me ha dicho que no cumplimos exactamente los compromisos que hemos adquirido en esta Cámara. Bueno, hay un caso en el que ese compromiso ha sido de momento retrasado. Ciertamente, se dijo que el decreto correspondiente a las
retribuciones variables y a los módulos estaría preparado para el próximo ejercicio. Se empezó, pero tuvo que volverse atrás; hay que oír a las asociaciones y a los jueces y en consecuencia se ha producido un retraso. Tiene toda la razón, lo
reconozco, pero tenemos que hacer las cosas bien y si, por ajustarnos a una fecha que puede ser aparentemente la adecuada, hacemos una cosa mal, luego nos tendremos que arrepentir.



Quedan muchas preguntas, como dicen ustedes, pendientes. Como resumen, voy a hablar del consenso del Poder Judicial y en este sentido voy a hablar de los nombramientos y de la política de nombramientos del Consejo del Poder Judicial. El
proceso que se sigue para determinados nombramientos que afectan a aspectos gubernativos, como presidentes de sala o presidentes de tribunales superiores, no solo jurisdiccionales -por ejemplo, no entran magistrados del Tribunal Supremo- es el
siguiente. Los candidatos presentan la instancia y después son llamados con su currículum al Consejo del Poder Judicial. Esta novedad de que manifiesten sus proyectos y su currículum en audiencia pública, con presencia de los medios de
comunicación, no puede ser peyorativa para nadie, todo lo contrario, es transparencia; transparencia porque ahí se ve si la elección que después hacen los vocales es de mérito y capacidad o ha sido algo más o menos arbitrario. Las motivaciones
para estos acuerdos las expresa el Tribunal Supremo, pero hay que tener en cuenta que el voto final es un voto secreto, aunque después ciertamente vengan las filtraciones. El voto es secreto y por tanto habrá que hacer manifestaciones con la debida
prudencia, porque el voto secreto tiene la finalidad de que no se conozca quiénes van a votar en este o en otro sentido. Desde luego existe algo muy práctico, y es que en la mayor parte de los casos, con todos los errores que tiene la condición
humana, que tiene el Consejo y que tenemos todos, los nombramientos no han dado lugar a retrasos, a incongruencias o a no estar a la altura de las circunstancias. Podrá haber alguna que otra sensibilidad, fruto de cómo está constituido el Consejo
por su designación desde un principio, pero estos nombramientos son efectivos -la práctica lo ha demostrado- tanto en el Tribunal Supremo como en las presidencias de los tribunales que tienen estas funciones orgánicas.



Para terminar, me voy a referir al consenso del Poder Judicial y también al consenso de todos ustedes, para animarles a ese pacto por la Administración de Justicia. Estamos en tiempos de crisis económica. Es cierto que los presupuestos
para la Administración de Justicia son los más priorizados, pero con esos recursos hagamos frente a lo que ya tenemos antes de constituir otras instituciones que van a suponer un gravamen en nuestros presupuestos.



Termino, ahora de verdad, recordando a mis compañeros, vocales del Consejo del Poder Judicial, hombres y mujeres. Ciertamente tenemos nuestros defectos, no salimos de ninguna materia especial sino de la humana, esa que, en palabras de Kant,
tiene el aspecto razonable -de razón, de pensar- y también tiene el moral. Creo muy sinceramente que los vocales en sus deliberaciones, en sus debates, a veces apasionados, porque también está en la condición humana -ustedes también tienen esa


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condición y ese apasionamiento, que, lejos de ser malo, muchas veces es bueno, porque subraya aquello que queremos decir-, han producido un buen resultado en estos dos años de Consejo que llevamos. Se han desbloqueado todos los
nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, salvo algunos que se desbloquearán, Dios mediante, antes de final de este año, todas las presidencias de los tribunales superiores y otros cargos que son inferiores orgánicamente, pero de gran
importancia, como las presidencias de las audiencias provinciales. ¿Cuántos nombramientos ha hecho este Consejo desde que ha empezado? ¿Cómo ha restablecido los cauces con esta institución, el Congreso? ¿Con qué respeto vengo yo aquí? Sí, vengo
con respeto. Me preparo para lo que debo decir, me salga bien, me salga regular o a lo mejor mal; me preparo, porque los examinadores son los representantes de la soberanía popular y esto para mí no es una frase sin importancia. Me preparo, tengo
conciencia de lo que aquí hago y quiero responderles verbalmente o por escrito. Estos cauces han estado durante tiempo cerrados y los hemos abierto ampliamente. Estamos en comunicación constante. Hay vocalías expresas del Consejo para esta
institución. Por tanto, permítanme que en la medida de lo posible felicite también a mis compañeros y compañeras del Consejo del Poder Judicial. También quiero tener un recuerdo para nuestros compañeros de la justicia, aquellos que de alguna forma
dependen del Poder Judicial, sólo los jueces. A veces se producen conflictos, por eso citaba la Trista -tampoco me gusta esa palabra, porque en estos momentos puede ser casi depresiva-, porque nos encontramos con una justicia en la que confluye una
gran variedad de poderes: la fiscalía, los funcionarios del Ministerio de Justicia. Los que trabajan en la Administración de Justicia, a partir de secretarios, dependen del Ministerio de Justicia, los que están en las comunidades autónomas
dependen de las comunidades autónomas. ¿Quién depende del Consejo del Poder Judicial? Únicamente los jueces y magistrados. Compaginar todo esto para llegar a resultados felices y armónicos, como antes decíamos, me reconocerán que por lo menos
ofrece una dificultad que en todo instante estamos intentando superar.
Por eso, a mis compañeros jueces, magistrados y magistradas, también les dedico el recuerdo de su esfuerzo.



He citado, y se ha citado, el hecho de tener que compaginar la vida laboral con la vida familiar. ¡Qué difícil es para un juez compaginar ambos aspectos! ¡Cuántos fines de semana, cuántos domingos emplean en la resolución de los problemas
de la justicia! Pero con una diferencia sobre otros, que es que nosotros corregimos directamente nuestros propios errores. No voy a decir, nada menos que a mi presidente y a toda la Comisión tan docta que ha tenido la bondad de escucharme, la
cantidad de recursos que existen frente a un error o posible error judicial; cuántos recursos de queja, de reforma, de apelación, de casación, Tribunal Constitucional, Tribunal de Estrasburgo. ¿Existe la misma posibilidad en otras
administraciones, en otros medios? El legislador es consciente de que el juez se equivoca en algunas ocasiones y por eso ha previsto todo un sistema de recursos para la corrección.



Pido perdón por si hay alguien que se siente molesto, pero terminaré con unas palabras de San Agustín: Si me considero, valgo muy poco, pero si me comparo, ya es otra cosa.



El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar, así como la presencia de las vocales y los vocales del Consejo. Asimismo, quiero dar las gracias a los
servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y, por supuesto, a todas y a todos ustedes, señorías, por su presencia en esta Comisión.



Antes de levantar la sesión, les indico, como muy bien decía el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que si alguna cuestión queda pendiente la podemos saldar de una manera muy civilizada: a través de la solicitud por escrito
de aclaración de aquellos puntos oscuros que hayan podido quedar y el Consejo arrojará, sin duda, luz sobre los mismos.



Les recuerdo que para la presentación de las propuestas constructivas de resolución en materia de justicia, correlativas a este trámite de la memoria, tienen como fecha tope el día 11 de noviembre.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.