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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 651, de 26/10/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 651
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 37
celebrada el martes, 26 de octubre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, previa remisión de los informes correspondientes, de la secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, para informar de la evolución y efectividad de las políticas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000150.) ... (Página 2)
- Relativa a la realización de un estudio económico nacional sobre la utilización de productos recombinantes en el tratamiento de la hemofilia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000954.) ... (Página 4)
- Sobre desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número
de expediente 161/001846.) ... (Página 6)
- Sobre el Año Europeo del Voluntariado 2011. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001936.) ... (Página 9)
- Por la que se insta al Gobierno a encargar un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001956.) ... (Página 12)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE, PREVIA REMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD, PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000150.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señorías, vamos a iniciar la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad con el debate y la votación de proposiciones no de ley.
En primer lugar vamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Popular por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, previa revisión de los informes correspondientes de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, para informar de la evolución y la efectividad de las políticas. Para defender esta enmienda tiene la palabra la señora Lourdes Méndez.
Quiero advertir que no se va a votar antes de la una.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Como verán todos los diputados y la Mesa en la mañana de hoy la primera iniciativa que se propone para su aprobación no es muy reciente; es del año 2008, pero tiene plena actualidad porque nosotros lo que
solicitamos es la comparecencia cuatrimestral del secretario general de Política Social para que informe sobre todas las políticas que en el departamento del ministerio se refieren a Política Social (políticas de familia, políticas de voluntariado,
políticas de discapacidad, políticas de dependencia, políticas de pobreza, políticas de inclusión, políticas de menores, políticas de familia); es decir todo lo que afecta a las políticas sociales de una manera amplia. Decimos que es de plena
actualidad porque nosotros queríamos en aquel momento, cuando la política social estaba junto con la política de educación, que la política social tuviera su propio espacio y, por lo menos, que el Congreso de los Diputados y esta Comisión en
concreto estuvieran informados de una manera constante de todas las políticas sociales para que no se vieran escondidas dentro de un ministerio que, pensábamos, abarcaba excesiva materia. No nos gustaba entonces aquella distribución de aquel
ministerio. Nos pareció oportuno cuando la política social se unió a la sanidad, pensando que podrían hacerse eficientes diversas políticas, en concreto las políticas destinadas a la Ley de Dependencia, pero después con el paso del tiempo hemos
visto que tampoco ha habido objetivos gratificantes. En realidad lo que nosotros solicitábamos, y pensábamos que la gestión se iba a realizar, era la creación de aquel espacio socio-sanitario, se ha quedado solo en una foto de la ya anterior
ministra de Sanidad.
Actualmente vemos cómo este ministerio y la política social vuelve a estar unido a la sanidad, que no nos parece en absoluto inoportuno, aunque también se va a unir ahora a las políticas de igualdad, y no sabemos cómo quedará este
ministerio. Lo que nosotros queremos es que la política social tenga su propio espacio, tenga su relevancia, tenga su importancia, que el Congreso de los Diputados esté claramente informado de todas las políticas sociales que se van a llevar en
este ministerio.
Por eso pensamos que el objetivo de que comparezca el secretario general de Política Social una vez cada cuatro meses, es decir tres veces al año, para informar sobre las políticas sociales, es un objetivo que todos los grupos
parlamentarios deben considerar oportuno. Además, aparte de lo que es la configuración de cada uno de estos ministerios, donde se ha involucrado la política social, ahora mismo con la nueva ministra ya han van a ser cuatro los ministros que en un
plazo que no llega a cuatro años van a tener que gestionar la Ley de Dependencia.
Nos parece realmente importante que los grupos parlamentarios puedan por medio de estas comparecencias, aparte de estar informados, controlar la acción del ministerio en todas estas políticas que nos parecen importantes. En el momento
actual, en el que la política social va a verse inmersa con el paro de los casi 5 millones de personas que hay en nuestro país, agravado por la situación de la inmigración y también por todas esas personas que están ahora mismo en el umbral de la
pobreza, la política social, vuelvo a repetir, debe tener su propio espacio, su importancia y darle la relevancia que merece.
Solamente termino diciendo que todas estas políticas no han tenido ningún tratamiento positivo en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Vemos cómo todos los programas vienen desapareciendo paulatinamente, vienen
disminuyendo, y lógicamente queremos que se nos explique, y no solamente en una comparecencia, -a la política social destina siete minutos prácticamente el responsable del ministerio-, qué está pasando con los programas de familias en situaciones
especiales; qué está pasando con las políticas de menores; qué está pasando con las políticas de inclusión, en las que vemos que los objetivos del último plan de inclusión no se ha cumplido absolutamente ninguna; qué está pasando con la Ley de
Dependencia, repito nuevamente; y qué está pasando, señorías, con todos esos aspectos de política social que tanta relevancia tienen. Nosotros queremos darle la importancia que merece, estar informados y ver cómo y de qué manera el ministerio
realiza los programas y las políticas oportunas en esta materia. Por eso solicitamos a los demás grupos parlamentarios que apoyen esta solicitud que nosotros defendemos de que el secretario general de Política Social, que suponemos será una figura
que lógicamente se mantendrá con la estructura del nuevo ministerio, comparezca una vez cada cuatro meses en esta Comisión para explicarnos el desarrollo de las políticas.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Algún grupo político quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Carlos Campuzano tiene la palabra por el Grupo Catalán.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con mucha brevedad.
Cualquier iniciativa que pretenda mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, las fórmulas de control parlamentario a la acción del Gobierno es siempre bienvenida y va a contar con el apoyo de Convergència i Unió.
En este sentido, la
parte resolutiva de esta proposición no de ley del Grupo Popular, que nos plantea esta comparecencia cuatrimestral del Gobierno con un envío previo de información a la Comisión, nos parece adecuada. En otras políticas del Gobierno, la Cámara en los
últimos quince años, ha ido incorporando específicos mecanismos de impulso y de control en materia de comercio de armas, de deuda externa -son los temas que tengo más presentes-, en seguimiento de la gestión del Fondo de reserva de la Seguridad
Social. En general, estos mecanismos han permitido, desde las correspondientes comisiones del Congreso de los Diputados, mejorar determinadas políticas del Gobierno.
Desde este punto de vista y sin entrar en otras consideraciones que hacía la portavoz del Grupo Popular, Convergència i Unió votará favorablemente a esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA: Por último, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: La verdad es que intervendré muy brevemente porque esta proposición no de ley no da para más. Estamos hablando de una proposición no de ley que se presentó hace dos años y medio; era otro ministerio, como
reconocía la propia portavoz del Grupo Popular, la señora Méndez, y era una secretaría de Estado, que aún existe. Es una secretaría general específica cuyo titular ya comparece por tanto no genera más problema. Me gustaría comentar no solo que han
pasado 30 meses y que incluso aprobamos una proposición no de ley, en esta Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo el 21 de abril del 2010, donde hablábamos de ese impulso a la eficacia de la evaluación prevista en la Ley de promoción y de la
autonomía personal y de atención a la dependencia y donde se acordó por la unanimidad de los grupos celebrar una comparecencia del Gobierno en esta Comisión, después de cada consejo territorial, para dar cuenta de los acuerdos que se fueran
alcanzando, y así ha sido hasta la fecha de hoy. No podemos dejar pasar que, tanto en el pleno, que ha tenido siete reuniones de esta comisión, como en la comisión delegada, que ha tenido 8 reuniones en el último año ha comparecido cinco veces el
secretario general y diecisiete veces la ministra en los dos últimos años. Por tanto, daría la impresión de que no se produce esa transparencia de que hablaba en su propuesta y en la exposición de motivos el Grupo Parlamentario Popular. No es así
porque, como les digo, los datos existen, aunque me gustaría también ver qué es lo que puedan pensar tanto el portavoz o los portavoces de Sanidad o los próximos que se incorporan a esta Comisión, como decía la señora Méndez, tal como quede
Igualdad. Establecer de antemano una periodicidad fija para las comparecencias puede restar eficacia a la gestión de los planteamientos que aquí se están llevando a cabo. Por tanto, como les decía, no da para más. Es una propuesta que hizo el
Grupo Popular hace hoy justo treinta meses, pero como ya se están realizando esas comparecencias lo único que hay que hacer es darle forma conforme a los acuerdos del pasado 21 de abril, como en esta Comisión decidimos.
A lo mejor establecer de antemano que el secretario general comparezca, aparte de lo que ya acordamos hace unos meses para todas estas cuestiones, puede restar eficacia al tenerlo aquí todos los días, máxime si los
portavoces de Sanidad o de Igualdad, cuando se incorporen, solicitan lo mismo.
La señora VICEPRESIDENTA: En caso de que se apruebe, entiendo entonces que hay que rectificar el título de la proposición no de ley.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Presidenta, supongo que lo dice porque el ministerio se modifica. Efectivamente, habría que decir en el ministerio y en la Comisión en los que residen las políticas sociales.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Un inciso para aclarar. No existe secretaría de Estado como hace 30 meses se pidió. Hay una secretaría general, que es lo que yo entiendo que plantea. Si hablamos de que la política social tenga su espacio
propio, como existe un secretario general, de política social, habría que modificar todo el contexto del planteamiento, ¿no? No hay secretario de Estado, sino secretario general.
La señora VICEPRESIDENTA: Bien, lo aclaramos después. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO ECONÓMICO NACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS RECOMBINANTES EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000954.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos entonces a la segunda proposición no de ley relativa a la realización de un estudio económico nacional sobre la utilización de productos recombinantes en el tratamiento de la hemofilia, del Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra tiene la palabra la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señorías, la hemofilia es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre y que se caracteriza por un defecto en alguno de los elementos, llamados factores, que se necesitan para que la sangre coagule. La
hemofilia afecta a uno de cada 6.000 recién nacidos vivos. La hemofilia B afecta a uno de cada 30.000 recién nacidos vivos.
La hemofilia, la enfermedad de Von Willebrand y otras deficiencias de los factores de la coagulación constituyen trastornos
hemorrágicos de por vida que impiden que la sangre coagule adecuadamente. Las personas con trastornos de coagulación no tienen una cantidad suficiente de algún factor de coagulación específico, una proteína de la sangre que controla el sangrado, o
este no funciona adecuadamente. Las personas con hemofilia pueden padecer hemorragias internas incontroladas como resultado de una lesión aparentemente menor. Hemorragias en articulaciones y músculos provocan dolor y discapacidad graves y las
hemorragias en órganos principales, tales como el cerebro, pueden causar incluso la muerte.
Datos sobre la hemofilia en España resaltan que en nuestro país hay cerca de 3.000 personas diagnosticadas con hemofilia tipo A o B, más de 1.500 personas
con otros trastornos de la coagulación y hay otras 9.000 personas en España portadoras de la enfermedad. Existen, señorías, dos tipos de terapias: las plasmáticas, de origen humano, y las recombinantes, biotecnológicas. Si bien la eficacia y
seguridad de ambas han sido sobradamente demostradas, la llegada de posibles patologías emergentes hace que los recombinantes resulten especialmente seguros para evitar posibles infecciones. La mayoría de los países desarrollados usan terapias
recombinantes, mientras en los países en vías de desarrollo se siguen utilizando las plasmáticas. Existen criterios de seguridad con respecto a la eliminación o transmisión de patógenos, ya sean virales o de otra naturaleza, y respecto al
desarrollo de inhibidores, pero también existen factores de equidad que debemos tener en cuenta, puesto que sólo existen unidades de hemofilia en hospitales como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.
Señorías, el 22 de febrero de 2007 la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para promover un estudio sobre
la posibilidad de aplicar el factor recombinante como alternativa terapéutica de primera elección en la hemofilia. El mencionado grupo de trabajo ya ha elaborado su informe, sin embargo todas las informaciones apuntan a que no se decanta ni a favor
ni en contra de la recomendación del factor recombinante como tratamiento de primera elección en la hemofilia, posiblemente por no disponer de información suficiente acerca del coste que supondría para el Sistema Nacional de Salud esta decisión. De
hecho, uno de los principales argumentos para la utilización de factores plasmáticos en lugar de recombinantes para el tratamiento de la hemofilia es la diferencia en el coste económico, sin embargo no se deben olvidar otros gastos sanitarios
derivados de la utilización de productos plasmáticos que no ofrecen una máxima seguridad. Dichos costes son los relacionados con tratamientos contra el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, tratamientos psicológicos para las personas afectadas por
estas enfermedades y para su entorno familiar, tratamientos reproductivos en parejas serodiscordantes y, en fin, tratamientos de secuelas de estas infecciones (indemnizaciones, absentismo laboral y un largo etcétera). Fundamentalmente no se debe
olvidar el coste en términos de vidas humanas, ya que muchas de estas enfermedades han sido y serán todavía fatales. Son por tanto, como les decía, razones de seguridad y también de equidad las que aconsejan acompañar el informe elaborado por el
grupo de trabajo de la Comisión de Farmacia con otro estudio, y en este caso de carácter económico, que analice con detenimiento todos los costes, incluidos los ocultos, que conlleva el mantenimiento de la terapia actual, y compararlos con los que
generaría el cambio hacia la aplicación del factor recombinante como alternativa terapéutica de primera elección en la hemofilia. Por ello es por lo que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado esta proposición no de
ley, que dice literalmente lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la elaboración de un estudio de coste-efectividad sobre la utilización de productos recombinantes en el tratamiento de la hemofilia en el seno del
Sistema Nacional de Salud, al objeto de valorar su inclusión como alternativa -repito, alternativa- terapéutica de primera elección.
Señorías, estamos trabajando con otros grupos parlamentarios en la elaboración de una enmienda transaccional que espero y deseo que salga adelante.
La señora VICEPRESIDENTA: Espero que sea así.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Medina.
La señora MEDINA TEVA: Efectivamente intervengo para posicionar a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en esta iniciativa que nos presenta el Grupo Popular, y que tiene como finalidad -su portavoz lo acaba de decir hace un momento-
instar al Gobierno a impulsar la elaboración de un estudio coste-efectividad sobre la utilización de productos recombinantes en el tratamiento de la hemofilia en el seno del Sistema Nacional de Salud, al objeto de valorar su inclusión como
alternativa terapéutica de primera elección.
Para comenzar mi intervención quisiera recordar, tal y como también ha hecho la portavoz del Grupo Popular, que en año 2007 la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa presentada precisamente por mi
grupo, para promover un estudio para la posible aplicación del factor recombinante como alternativa terapeútica a la hemofilia en los siguientes términos -me van a permitir que lo lea textualmente-: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que se constituya en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un grupo de trabajo para llevar a cabo un estudio que, una vez finalizado, permita al pleno del Congreso pronunciarse sobre el cambio de productos plasmáticos a
recombinantes, siempre que sea posible como alternativa terapéutica de elección en la hemofilia; y, en segundo lugar, regular el tratamiento de la hemofilia con el menor riesgo posible para los afectados, protegiendo su salud y teniendo en cuenta
los conocimientos de la ciencia y la buena práctica clínica.
Para dar respuesta a esta iniciativa la Comisión permanente de farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de finales del año 2007 acordó, efectivamente, la constitución de un grupo de trabajo. A
solicitud precisamente de dicho grupo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió un informe técnico actualizado sobre los factores obtenidos de plasma y por ingeniería genética y su situación de seguridad viral, de seguridad
frente a los agentes de la encefalopatía espongiforme bovina y de otras variantes de diferentes enfermedades. Al tratarse de medicamentos de uso hospitalario, inicialmente se propuso recopilar datos sobre el consumo de factores plasmáticos y
recombinantes en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, sin embargo esta información de carácter informativo para el grupo de trabajo no resultó de trascendencia para llevarlo a las conclusiones.
Basándose en este informe técnico presentado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, todos los participantes en el grupo de trabajo estuvieron de acuerdo en que en el momento actual la seguridad comparada de estos
productos no evidencia la existencia de ningún factor que impulse un cambio en su manejo. Ambos productos, tanto plasmáticos como recombinantes, cuentan con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con la
debidas garantías de seguridad, de calidad y de eficacia, y además ambos productos son también financiados por el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, se considera que pueden convivir ambos productos en el mercado y que los facultativos, junto con
los responsables del sistema asistencial serían en cada caso los encargados de realizar la selección racional del medicamento. La Comisión permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio por aprobado el informe
de este grupo de trabajo al mismo tiempo que acordó elevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, señorías, efectivamente estamos tratando de llegar a un acuerdo, porque habíamos presentado una enmienda al Grupo Parlamentario Popular que iba en esta dirección, es decir, poniendo el énfasis en que del
estudio se deriva que tanto tratamientos recombinantes como plasmáticos son igual de eficaces, tienen la misma seguridad y además ambos productos están también financiados por el Sistema Nacional de Salud. Como decía estamos tratando de llegar a un
acuerdo con la enmienda que habíamos presentado, y esperamos que sea así.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que deseen posicionarse en este caso? (Pausa.) La señora Tarruella del Grupo Catalán tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Simplemente deseo manifestar que nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley, máxime cuando se está trabajando en una transaccional en la que se reconozca también la seguridad de los
agentes, de los productos plasmáticos.
Yo he querido intervenir porque me ha parecido -quizás lo he entendido mal-, cuando hacía su defensa la portavoz de esta proposición no de ley, que se entendía
un poco como si se dudara de la seguridad de los productos plasmáticos hoy en día. Es cierto que tiempo atrás hubo un problema grave, pero hoy en día los productos plasmáticos son tan seguros como los recombinantes. Me parece muy bien que
se hagan estudios, que se hagan estudios coste-efectividad, que se promueva todo este aspecto, pero las comunidades autónomas tienen competencia sobre estos productos, aunque sobre todo son los facultativos junto con los pacientes quienes en cada
caso deben ver qué productos son los mejores para ellos, si los recombinantes o los plasmáticos. Anunciamos nuestro voto positivo, pero dejando claro que no se tenga ninguna duda sobre la seguridad hoy en día de los productos plasmáticos.
- SOBRE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010 DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número
de expediente 161/001846.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verts sobre el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En esta proposición no de ley mi grupo parlamentario trata de que el Gobierno impulse el desarrollo de la Ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, en el bien
entendido que el Gobierno ha desarrollado ya determinados aspectos mediante decreto y que recientemente se ha aprobado la estrategia de salud sexual y reproductiva, pero creemos que es necesario adoptar iniciativas que den continuidad a la ley.
Señorías, la ley pretendía tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, es una ley de derechos, de derecho de la mujer a una decisión libre sobre su maternidad. En segundo lugar es una ley, la 2010, de salud pública, también muy
importante, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Y en tercer lugar, es una ley que pretende también la atención, la igualdad y la accesibilidad en la atención fundamentalmente a través del sistema sanitario público. Pues bien
señorías, en tan solo unos meses, desde que la Ley orgánica 2/2010 fuera aprobada el 3 de marzo, se han producido hechos significativos que yo quisiera transmitirles en esta sesión y que me parece importante resaltar. En primer lugar, por primera
vez y desde hace décadas se produce en nuestro país un descenso en el número de abortos, aproximadamente entre el 3 y el 6 por ciento; no tenemos datos definitivos, pero en estos momentos al menos ha descendido el número de abortos en un 3 por
ciento. Hemos pasado de 115.812 a 112.000 abortos. Creo que es una buena noticia para todos y que los factores que inciden en esa materia son diversos, pero algunos de ellos son bastante claros: por una parte la cuestión demográfica, lo que tiene
que ver con la inmigración, el descenso de la inmigración en nuestro país, que está muy vinculado a la fertilidad; y, por otra parte, la aplicación de la píldora del día después, que ha tenido también su efecto, junto con otras medidas que
seguramente podremos conocer mejor cuando los datos sean definitivos en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. En todo caso, deseo destacar este tema porque la gran preocupación de grupos parlamentarios de esta Cámara era que a través de
esta ley se disparase el número de interrupciones voluntarias del embarazo. No ha ocurrido eso, sino que, al contrario, como en Cantabria, la buena aplicación de la ley, independientemente de otros factores objetivos, como he dicho antes,
vinculados a la inmigración, puede favorecer un descenso claro de la interrupción voluntaria del embarazo.
En segundo lugar, se ha producido una mayor igualdad en la atención sanitaria pública en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Antes de aprobar esta ley aproximadamente era un 30 por ciento lo que se financiaba a través de las administraciones públicas en las interrupciones voluntarias de embarazo. Se ha duplicado, señorías. En estos momentos aproximadamente el 60 por
ciento del coste de cada interrupción voluntaria del embarazo se financia por parte de las administraciones públicas. Es verdad que plantea un problema, que tiene que tener una solución; y es el problema de cómo se cofinancia por parte de la
Administración central del Estado y de las comunidades autónomas.
Quiero destacar también un dato muy importante que habíamos planteado como un objetivo de la ley, que hubiera mayor accesibilidad y una mejor financiación pública, aunque asimétrica,
pero que en estos momentos se ha duplicado con la interrupción voluntaria del embarazo. Y en tercer lugar, frente al alarmismo que tambien se produjo en torno a la Ley de salud sexual y reproductiva, del conjunto de las menores de 18 años el 97 por
ciento no ha necesitado utilizar el criterio de conflicto familiar. El 97 por ciento ha ido con sus padres, con uno de sus padres, a la interrupción voluntaria del embarazo, negando también así esa orgía que se podía producir con relación a las
menores. Al igual que ha disminuido la interrupción voluntaria del embarazo globalmente, ha disminuido también en menores, y lo veremos en los datos definitivos del mes de noviembre o del mes de diciembre. Por tanto, yo creo que era bueno destacar
estos aspectos para poner en valor una ley que fue polémica y que sigue siéndolo, pero que cumple con alguno de sus objetivos, aunque le queda todavía un tramo muy importante por desarrollar.
En relación al desarrollo legislativo, señorías, hasta ahora se ha desarrollado lo que tiene que ver con la información a las mujeres para decidir si interrumpen o no su embarazo; en segundo lugar, también se ha legislado
mediante desarrollo reglamentario lo que tiene que ver con las menores acompañadas; y, por último, más recientemente tenemos la estrategia de salud sexual y reproductiva. Creemos que hay un adecuado desarrollo de la legislación. En todo
caso queremos impulsar desde esta proposición no de ley un desarrollo también posterior, teniendo en cuenta, en primer lugar, que de los documentos aprobados, de los desarrollos aprobados, hay algunas dudas que pongo encima de la mesa, por ejemplo
con respecto a la información y el plazo. Hay información que más que carácter informativo tiene carácter disuasorio para las mujeres, y no era esa la voluntad de la ley. Hay plazos que se dilatan excesivamente, en nuestra opinión poniendo en
riesgo los plazos adoptados en la ley, y alguna de las medidas adoptadas para el copago de la interrupción voluntaria del embarazo corre el peligro de romper la confidencialidad de esta materia, que es una confidencialidad proclamada tanto en la Ley
de Protección de Datos como en la propia Ley 2/2010. Apunto esos elementos como factores que hacen necesario el último punto de nuestra propuesta, que es una evaluación de la aplicación de la ley, una evaluación y reconsideración en su caso de los
decretos aprobados.
Por otra parte, nos hemos encontrado, lo decía antes, con obstáculos. En primer lugar, en nuestra opinión el legítimo recurso de inconstitucionalidad presentado frente a la ley no ha logrado el objetivo de su suspensión, por tanto no puede
haber una suspensión global ni parcial de la ley. La ley tiene plena eficacia y, por tanto, no cabe ningún tipo de obstáculos a su aplicación. En segundo lugar, nosotros creemos, junto con otras organizaciones, que es necesario reglamentar,
organizar de alguna forma, eso que mandata la ley, el derecho a la objeción de conciencia al mismo tiempo garantizando los derechos de la mujer. Ese aspecto a nosotros nos parece muy importante; no solamente nos lo parece a nosotros -en el marco
de la Unión Europea ha habido debates recientes en esta materia-, sino que la comisión deontológica del Colegio de Médicos, plantea algo que me gustaría leer, porque tiene mucha importancia con relación a la aplicación de la ley. Dice de la
objeción de conciencia que se trata de un derecho fundamental e individual, pero no pude ser ni colectiva ni institucional, señorías. Tal como clarifica la comisión central de Deontología Médica de la OMC al respecto, la práctica del aborto no
puede ser una excepción. Por tanto, según precisa dicha comisión, solo puede ser admitida en aquellas acciones directas necesarias para su realización. No debe trasladarse a actuaciones previas indirectas, ya que sería un obstruccionismo a un
derecho contemplado en la legislación vigente. Asimismo ofrece las pautas de cómo puede actuar un profesional en el caso de participar en trámites necesarios en la cadena de respuesta a la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso
en nuestra proposición planteamos el necesario desarrollo de la objeción de conciencia, en nuestra opinión mandatado por ley a través de reglamento o de decreto. En nuestra opinión y en opinión de otros colectivos de bioética, de otros colectivos
relacionados con los colegios profesionales, es necesario ese desarrollo legislativo. En tercer lugar, nos parece que es importante esta materia porque no puede haber comunidades objetoras ni tampoco profesiones objetoras. En nuestra opinión, y
así lo dice el Colegio de Médicos y creemos que es así, hay objeciones individuales a actos concretos y no una objeción generalizada ni tampoco la utilización de la objeción como un boicot a la ley. Por eso nos parece importante el desarrollo
legislativo en esta materia.
Por otro lado, señorías, también ustedes saben que la ley pretendía que la asistencia sanitaria pública fuera norma en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, que no fuera la excepción. El 2 por ciento es en estos momentos
cubierto por hospitales públicos en nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro entorno. En ese sentido, nos parece que hay que adoptar iniciativas ya para que al menos la interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas sea ya en
general realizada en el ámbito de los centros sanitarios públicos. Dice de manera excepcional vinculados, y lo dice a través de un calendario que permita esa transferencia, pero a nosotros nos parece muy importante dar un paso ya y que estas
interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en centros públicos y se invierta esa situación en la que los centros públicos en estos momentos apenas realizan el 2 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo, lo cual tiene
consecuencias sanitarias, consecuencias de salud pública y consecuencias económicas evidentes, no voy a explicarme en esa materia. Como comentaba antes, nosotros creemos que es necesario evaluar el sistema. Por eso proponemos, -lo voy a exponer de
forma muy resumida- cinco puntos. El primero de ellos está ya cumplido, y sería el desarrollo de la estrategia de salud sexual y reproductiva que ha sido aprobada recientemente. El segundo punto es garantizar, de acuerdo con las comunidades
autónomas, que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma en los términos de la Ley de Sanidad y de la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva. Tercero, el
Gobierno desarrollará reglamentariamente a lo largo de este año el derecho de los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo a ejercer la objeción de conciencia, sin que eso menoscabe el acceso y la calidad
asistencial de la mencionada prestación a la mujer, como dice la ley, como es legal. En cuarto lugar proponemos que a partir de la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios se extienda la disponibilidad de
dicha prestación, de acuerdo con las comunidades autónomas, a todos los centros sanitarios públicos dotados de recursos humanos y medios adecuados, de tal manera que la interrupción voluntaria del embarazo por razones médicas se realice
mayoritariamente en centros públicos. Y por último, que el Gobierno evalúe de forma continuada la aplicación de los reales
decretos 825 y 831, de 25 de junio, de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, de manera que se garantice la efectividad de la decisión de la mujer; la agilidad de esa decisión sin que se retrase
excesivamente; la confidencialidad, que en nuestra opinión ha avanzado pero todavía tiene defectos; la neutralidad de la información previa, que debe ser neutral, puede haber información sobre protección de la maternidad pero también tiene que
haber información sobre el derecho de la mujer; y la prestación por los servicios públicos o servicios vinculados, como plantea la ley de referencia.
Señorías, ese es el sentido de nuestra iniciativa; una iniciativa de impulso a la aplicación de una ley que es verdad que está recurrida, que no ha sido suspendida y que por tanto tiene plena efectividad, por lo que deberíamos garantizar
que esa ley se cumple en todos sus aspectos, en lo que tiene que ver con el derecho, en lo que tiene que ver con la atención sanitaria y en lo que tiene que ver con la salud pública.
La señora VICEPRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo hoy en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda ante esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Izquierda Unida, a priori un debate difícil, pero por la tristeza que
ello supone. Nunca nos cansaremos de afirmar que el aborto no es la solución del problema. Ayer mismo la presidencia de la Federación Aborto afirmaba en una entrevista: Se prefiere pagar por el error que invertir en prevención. Esta proposición
no de ley, al igual que la Ley 2/2010 representan el fracaso político y social de una generación. Ustedes, los partidos de izquierdas, al igual que el Gobierno, han fabricado una demanda política en ausencia de demanda social con el único interés
de implantar el aborto libre en España, y así, señorías, no se reduce el número de abortos. Por crear, hasta han creado un ministerio de igualdad simplemente para aprobar una única ley, la del aborto, sin ofrecer ni una sola alternativa ni un solo
apoyo a la mujer, dejando con ello dos víctimas, la mujer y el niño que no nace.
Ustedes, cuando apoyan esta ley, al igual que la píldora del día siguiente, ejecutan el machismo más retrógrado y radical de los últimos tiempos, permitiendo que
seamos las mujeres las únicas responsables de un embarazo no previsto, liberando al hombre de sus obligaciones y responsabilidades, cuando esto es cosa de dos. No voy a entrar en el fondo de la proposición no de ley sobre la objeción de conciencia
de los profesionales, para eso está el Consejo de Europa, que recientemente aprobó a cuarenta y siete países la libertad de conciencia de sus profesionales o la propia Constitución española. Pues bien, frente al destino al que ustedes quieren
abocar a miles de mujeres, como es el drama del aborto, con todas sus consecuencias nefastas, nosotros, el Partido Popular, le ofrecemos una alternativa, el apoyo necesario para no tener que hacerlo, con un plan de protección de la maternidad.
Señorías, permítanme que les cuente brevemente la historia de un niño que nació hace veintitrés años en un pueblo de apenas 2.000 habitantes. Su madre tenía que decidir con rapidez entre tener a ese hijo, con todas las renuncias que ello
suponía y la estigmatización de ser madre soltera en una aldea en aquella época, o la otra solución, aceptar el dinero que le daba su novio y, sin que nadie supiera que estaba embarazada, practicar un aborto. Y hasta ahí sería la solución de
ustedes. La madre de ese niño decidió interrumpir su carrera universitaria en ese momento para que su hijo pudiera finalizar su carrera universitaria este verano. La madre de ese niño decidió renunciar a su juventud por la de su hijo, que como
anécdota les digo que es el capitán de fútbol del equipo del pueblo y se ha convertido en un gran líder juvenil. La madre de ese niño, con la única ayuda de su familia, decidió luchar contra el qué dirán; la madre de ese niño, con ayuda de su
familia, decidió que la vida de su hijo merecía más la pena que el aborto que le proponía su novio, que desde ese momento dejaba de merecer la pena. Ese niño, actualmente de 23 años, hijo de una madre soltera, es mi sobrino y esa madre mi hermana.
Ayer mismo me dijo que lo que más agradecía de su madre era la valentía que tuvo para decidir dejarle vivir. En honor a esa madre y a muchas otras que no han tenido ayuda de los poderes públicos para poder seguir estudiando, trabajar, etcétera, es
por lo que proponemos esa enmienda, que va más allá de abocar a la mujer a la única solución que ustedes le dan, que es el aborto, penalizando a aquellas otras mujeres que deciden ser madres solteras, dejándolas sumergidas otra vez en el qué dirán,
manteniéndolas en desigualdad con los hombres. Toda mujer tiene derecho a ser madre sin renunciar a ningún ámbito de su realización personal, sin verse discriminada por ese motivo, y por eso debemos ayudarles y luchar para que pronto sea una
realidad y que no exista, como antiguamente, ninguna barrera social, económica o familiar que empuje a una mujer al aborto.
Por eso, señor Llamazares, frente a la muerte que usted propone, yo le ofrezco la vida; frente al fracaso de la sociedad,
yo le ofrezco el éxito de la sociedad; frente a solucionar el embarazo con un aborto que usted propone, yo le ofrezco el apoyo visible de todos los poderes públicos a la maternidad como un derecho a defender y a preservar. (Aplausos.) (La señora
Grande Pesquero: Siguen sin entender nada.)
La señora VICEPRESIDENTA: La siguiente enmienda del Grupo Socialista va a ser defendida por el señor Cabañes.
El señor CABAÑES ANDRÉS: No pensaba entrar en la enmienda del Partido Popular, pero me han obligado porque yo no puedo dejar que se digan las cosas
que se han dicho aquí, muchas de ellas auténticas barbaridades, y no contestarlas.
Señoría, usted habla de historia, yo le puedo hablar de muchas historias, muchas, de cuatrocientas muertes anuales de mujeres por abortos clandestinos. Esas historias son tan importantes o mucho más que la que usted nos ha contado del pobre
niño. (Aplausos.-Una señora diputada: De pobre, nada.) Yo le puedo decir que usted sabe muy bien lo que es el machismo. Seguramente lo ha aprendido y se lo recuerda de vez en cuando algún ideólogo de su partido, como el alcalde de Valladolid.
(Aplausos) Creo que eso es saber lo que es el machismo. Le quiero recordar que desde que se aprobó la ley el número de abortos se ha reducido en el conjunto del Estado un 3 por ciento, pero en mi comunidad autónoma más del 15 por ciento, más del 15
por ciento en Extremadura. Por último, porque no quiero extenderme, tanto respeto merece la madre del capitán de fútbol del equipo de su pueblo por haber decidido continuar su embarazo como merecería su vecina de puerta si hubiese tomado la
decisión de interrumpir su embarazo. (Aplausos) Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros respetamos las dos decisiones, ustedes solo respetan una. Bien, no más ¿para qué? (Aplausos)
El 3 de marzo de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, una ley histórica por cuanto por primera vez se plantea la capacidad de las
mujeres para decidir libremente y sin coerción, señorías, sin coerción, sobre su maternidad y sobre su salud sexual y reproductiva. La ley contempla un amplio paquete de medidas en los ámbitos educativos y sanitarios en un intento de evitar
embarazos no deseados, lo que redundará en disminución de las interrupciones del embarazo, que ya hemos comentado. Pero si desgraciadamente la mujer tiene que tomar esta dolorosa decisión, porque no es nada agradable para una mujer decidir
interrumpir un embarazo, la ley le proporciona la seguridad sanitaria y jurídica que antes no tenía. Además se asume la interrupción como un acto sanitario más dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte,
tenemos el tema de la objeción de conciencia, que como ustedes saben, es un conflicto individual, que tiene un individuo entre un derecho y un deber, no solo para la interrupción, para muchas otras cosas, y por lo tanto solo puede enfocarse
individualmente. Estamos totalmente de acuerdo en que no puede haber obligación ni delegación para la objeción de conciencia y otros aspectos que están muy bien explicados en la PNL que presenta Izquierda Unida.
Solo que nosotros pensamos que todo
lo relativo a la objeción de conciencia debe regularse por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud para que así se actúe de modo coordinado en todo el Estado. El desarrollo reglamentario de la ley se está produciendo, la
estrategia de salud sexual y reproductiva ha sido aprobada por el Gobierno el día 18 de octubre, y de modo progresivo el Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Interterritorial de Salud, debe estar asumiendo la asistencia a esta nueva
prestación. Nos ha parecido una buena idea la que propone Izquierda Unida de ir empezando por los casos de indicación médica y aquellos que se acogen al artículo 15 c) de la ley, aunque seguramente es difícil que todos los centros de cada comunidad
estén preparados para estos casos, dado que son aquellos, sobre todo los de indicación médica, en los que más necesidades hay por la posibilidad de complicaciones por la gravedad de los procesos que origina la petición de la interrupción.
No quiero extenderme más, entendemos la propuesta de Izquierda Unida, creemos que está en ejecución casi todo lo que se plantea. Habíamos planteado una enmienda y ahora hemos pasado una transaccional que aclara más algunos de los puntos y
antes de la votación esperamos llegar a un acuerdo y se lo pasaremos a la Mesa. (Aplausos.-La señora Grande Pesquero: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA: Ha llegado a la Mesa una corrección de la enmienda que presentan ustedes en el sentido de que. Donde dice 'al desarrollo' debe decir 'a continuar desarrollando'. Supongo que no crea ningún problema...
El señor CABAÑES ANDRÉS: No, no crea ningún problema porque le pasaremos una transaccional que modifica esta también.
La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo. ¿Algún grupo quiere posicionarse sobre este tema? (Pausa.) Señora Tarruella, tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Intervengo para clarificar el voto de Convergència i Unió. De todos es sabido, y en esta Comisión más, que dentro de nuestro grupo convivimos diferentes sensibilidades, que en nuestro grupo hay libertad de
conciencia cuando se trata de estos asuntos; que algunos de nosotros no votamos esta ley, no consideramos que el aborto como un derecho y además somos partidarios de que la objeción de conciencia se regule sin ninguna restricción. Pero como
convivimos diferentes sensibilidades, como hay libertad de voto, nuestra posición en esta proposición no de ley será la de la abstención.
- SOBRE EL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 2011. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001936.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la cuarta, sobre el Año Europeo del Voluntariado 2011, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para cuya defensa tiene la palabra la señora Sanz Carrillo.
La señora SANZ CARRILO: Antes de comenzar la defensa de la proposición no de ley quería expresar en esta primera sesión tras los cambios ministeriales de la semana pasada mis felicitaciones personales para nuestra ministra saliente,
Trinidad Jiménez, ya incorporada a su nuevo destino, así como dar la enhorabuena a nuestra nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, que no tenga duda que nosotros, y me gustaría decir que esta Comisión, le va a brindar la oportunidad
que nos pidió.
Felicidades, Leire.
Empezaré mi exposición recordando que el 24 de noviembre de 2009 el Consejo de la Unión Europea declaraba el año 2011, décimo aniversario del Año Internacional del Voluntariado de la ONU, como Año Europeo de las actividades de Voluntariado,
siguiendo al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, este año 2010, y el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación el pasado, el año 2009. El presupuesto aprobado es de 8 millones de euros y las acciones preparatorias de
2010 tienen asignadoas 3 millones de euros. Con ello se pretende fomentar y apoyar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todos los Estados europeos para crear las condiciones que favorezcan el voluntariado en la sociedad civil y
mejorar la visibilidad de sus acciones. En concreto se han marcado los siguientes objetivos Concienciar a la ciudadanía europea del alcance, los valores y el impacto del trabajo del voluntariado en Europa. Destacar la contribución que hacen en
nuestras comunidades, reconociendo sus actividades y su valor e importancia. Encaminar a la ciudadanía de Europa hacia la destrucción de barreras y de la discriminación a la que se enfrentan las personas que quieren hacer voluntariado, sobre todo
inmigrantes, ciudadanos extracomunitarios y excluidos sociales. Manifestar y concienciar de la necesidad de lograr un entorno que favorezca el voluntariado y crear infraestructuras para el voluntariado en los ámbitos local, regional, nacional y
europeo, incluyendo un marco legal para el derecho a la participación social mediante el voluntariado en todos los aspectos de la vida. Y trabajar por el intercambio intergubernamental de políticas de voluntariado, definiendo los elementos que
creen un ambiente favorable que permita el surgimiento del voluntariado en cada país europeo, ofreciendo medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorando su calidad.
Señorías, las actividades de voluntariado reducen el racismo y los prejuicios y contribuyen al diálogo intercultural e interreligioso. En el voluntariado pueden participar todos los grupos de edad, por lo que puede estimular la solidaridad
entre generaciones, puede estimular la participación activa de los jóvenes en la sociedad y también tiene un gran potencial a la hora de promover el envejecimiento activo y de abordar el cambio demográfico puesto que ofrece la oportunidad de
utilizar la experiencia de las personas de edad avanzada en beneficio de la sociedad. Quiero aprovechar esta ocasión para recordar hoy un magnífico ejemplo de su actividad. Nosotros ya tuvimos el privilegio de contar con una colaboración excelente
durante la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. Desde esta Comisión, gracias a todos ellos. En Europa casi cien millones de personas invierten su tiempo, talento y recursos económicos en actividades de voluntariado y forman parte de una
causa común basada en valores comunes, trabajan en sus comunidades durante su tiempo libre sin percibir remuneración en las escuelas, en nuestros hospitales, clubes deportivos, ayudando a proteger el medio ambiente, prestando servicios sociales y
ayudando a las personas en los países en vías de desarrollo. En definitiva, la Comisión entiende el voluntariado como la expresión de la participación cívica que permite fortalecer los valores europeos de solidaridad y cohesión social. La
declaración de 2011 como Año Europeo del Voluntariado debería ser una gran oportunidad para impulsar el movimiento voluntario, de las actividades altruistas, de la concienciación de su valor añadido, lograr medidas y políticas que favorezcan la
labor de las entidades regionales y locales y para conseguir que los Estados se comprometan verdaderamente con el voluntariado. Además, el Año Europeo del Voluntariado facilitará la cooperación entre las personas voluntarias y las organizaciones de
toda Europa, fomentando un intercambio de experiencias. Por ello, y de acuerdo con esta decisión, durante el año 2010 el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la
Infancia, como organismo nacional de coordinación y responsable de la elaboración del programa nacional de actividades, ha desarrollado un proceso de consultas con la finalidad de recoger sensibilidades, prioridades, e intereses de todos los actores
involucrados, sumando ideas y propuestas de comunidades autónomas, Administración General del Estado, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas. Como resultado de estos trabajos, el 14 de septiembre de 2010 se
envió a la Comisión Europea el programa nacional de actividades del año del voluntariado, cuyos objetivos principales son los siguientes. Obtener una mayor información de la situación del voluntariado que nos permita una adecuada planificación de
las necesidades futuras. Difundir entre la sociedad los valores de participación, solidaridad y cambio social propios del voluntariado en un momento especial de crisis económica como la actual.
Favorecer la colaboración de todos los agentes
sociales implicados, incluyendo las empresas, instituciones educativas y los medios de comunicación. Y por fin, potenciar la formación y el reconocimiento social de la actividad voluntaria para incentivar la promoción del voluntariado, en especial
entre los jóvenes.
El Año Europeo del Voluntariado es a la vez una celebración y un reto, y por ello, todos aquellos que nos sentimos comprometidos con estos valores, que en este caso somos todos los grupos parlamentarios de esta Comisión, al aceptar una
enmienda transaccional, que pasaremos ahora a la Mesa, instamos al Gobierno a
elaborar el programa estatal y establecer las prioridades, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y en colaboración con las comunidades autónomas, para que las actividades en España del Año Europeo de las actividades del
Voluntariado 2011 fomenten la participación ciudadana y la cohesión social. Por otra parte, el Gobierno elaborará una nueva estrategia estatal de voluntariado para el periodo 2010-2014, tal y como estaba previsto. Para finalizar les recuerdo las
palabras de Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, al decir: Es la primera vez en la historia que una institución comunitaria se implica en la acción solidaria de manera oficial. Nosotros, aquí y ahora, no
permitamos que la declaración del Año Europeo del Voluntariado se quede simplemente en una fecha en rojo en el calendario. Es un trabajo de todos y de todas conseguir que se generen resultados palpables y positivos. Es nuestra responsabilidad y
también nuestra misión.
(Aplausos)
La señora VICEPRESIDENTA: Está muy bien que hayan llegado a una transaccional, pero supongo que los grupos proponentes de enmiendas querrán seguir defendiéndolas. Por el Grupo Catalán tiene la palabra, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Indiscutiblemente, con la cuestión de fondo que nos planteaba el Grupo Socialista Convergència i Unió tiene plena coincidencia. Yo soy diputado por una demarcación electoral, por el conjunto de las
demarcaciones electorales de Cataluña, donde en nuestra realidad nacional la presencia activa del voluntariado explica buena parte de lo que hoy somos. En las etapas en las que Convergència i Unió ha tenido responsabilidades de gobierno en Cataluña
ha habido una apuesta muy sólida en este ámbito. Quiero recordar la creación en su día del Instituto Catalán del Voluntariado, que lamentablemente fue suprimido por el cambio de gobierno en 2003. La enmienda que hemos presentado fundamentalmente
pretende que esas actividades que el Gobierno debe poner en marcha en el marco del año europeo se hagan en colaboración con las comunidades autónomas, que en la práctica son las que terminan desarrollando la mayoría de las políticas de apoyo y
fomento del voluntariado, de las actividades del tercer sector. Este es el sentido de la enmienda que hemos presentado, y agradecemos la capacidad de acuerdo de la ponente del Grupo Socialista, que va a permitir un amplio acuerdo del conjunto de la
Comisión.
Más allá de declaraciones de carácter genérico y que, insisto, compartimos, continúa siendo una asignatura pendiente desarrollar más políticas concretas que den contenido a este apoyo al voluntariado. Por ejemplo, nosotros venimos
batallando ya desde hace un cierto tiempo, con un éxito perfectamente descriptible, para permitir que el voluntariado de profesionales de despachos, el voluntariado pro bono, voluntariado de abogados, voluntariado de arquitectos, voluntariado de
economistas, voluntariado de médicos, tenga un régimen fiscal inequívoco. Hoy por ejemplo algunos despachos de abogados que prestan voluntariado pro bono a organizaciones sin ánimo de lucro se encuentran con que el Ministerio de Hacienda exige que
se produzcan retenciones de IRPF por esa actividad, y ya han abierto algunos expedientes en relación con esa cuestión. ¿Adónde voy? Compartimos las afirmaciones genéricas de apoyo al voluntariado, pero necesitamos quizá también acciones más
concretas que den continuidad a esta política, porque, eso sí, estamos convencidos de que una sociedad más fuerte es una sociedad con más capital social, una sociedad con más confianza, y que el voluntariado es un instrumento básico para generar
capital social y para generar confianza.
La señora VICEPRESIDENTA: La otra enmienda del Partido Popular será defendida por la señora Guaita.
La señora GUAITA VAÑO: Efectivamente hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Año Europeo del Voluntariado, porque si bien nos parece que la proposición no de ley está presentada con acierto, entendemos que se queda un
poco coja ya que después de tres planes estatales del voluntariado se han conseguido muchas metas, pero queda mucho por hacer, y pensamos que hay que incidir en aquellos objetivos que no se han llevado a término. Es por ello por lo que ante un año
tan especial como el Año del Voluntariado Europeo es necesario proseguir por el camino empezado en el año 2000 y hay que continuar en el impulso de las políticas sociales activas en nuestro país. Hoy en día es evidente la existencia de grandes
logros en el terreno de la sensibilización solidaria, pero la constatación de este largo camino recorrido no puede obviar la existencia aún de importantes carencias, debilidades y aspectos pendientes de desarrollo o necesitados de una mayor
profundización, que han de ser abordados, entendemos, por un nuevo plan, ahora ya convertido en estrategia, según la enmienda transaccional a la que hemos llegado.
El voluntariado es un derecho de la ciudadanía a la participación, pero también es un deber y así se debe contemplar. Por otro lado, pese al auge que ha tenido la solidaridad social corporativa, que implica la promoción de actividades
voluntarias desde la empresa para afianzar y aumentar el prestigio de la propia compañía, el volumen de voluntarios españoles está estancado desde hace algunos años. Aún hay bastante recelo en España respecto al voluntariado, y una de las razones
es que un voluntario puede llegar a costar entre 6.000 y 7.000 euros al año, y en un contexto de crisis económica pocos estaban dispuestos a financiarlo. Por ello entendemos que es fundamental incidir en esta nueva estrategia en dos puntos
fundamentales. Por un lado, consolidar la acción voluntaria en el ámbito educativo. Hay que sensibilizar desde la escuela. Los valores de denuncia, transformación social, cambio estructural, solidaridad y
participación social se deben inculcar desde las edades más tempranas. Y por otro lado se debe seguir incidiendo en esta nueva estrategia en la implicación de la empresa privada en la participación ciudadana y el voluntariado. La mayoría
de los agentes coinciden en que debería existir un mayor clima de confianza entre empresas y entidades no lucrativas que propicie un acercamiento mutuo. Es prioritario vencer las reticencias a la colaboración por ambas partes e incentivar la
participación empresarial en proyectos de interés general, dando un nuevo carácter a la responsabilidad social corporativa para que se implique en los proyectos de las entidades y no solo en su financiación. Hay que incentivar el voluntariado
corporativo, sensibilizar a las empresas y los empleados sobre distintas causas sociales, dar la oportunidad de ayudar a largo plazo, promover una cultura solidaria en el sector privado, para así lograr una amplia participación ciudadana. También
entendemos que esta nueva estrategia tal y como se dice en la declaración de voluntades de la Unión Europea a la hora de dedicar el año 2011 al voluntariado, debería conceder relevancia a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del
voluntariado, así como reconocer y recompensar, como ya se ha dicho aquí, las actividades del voluntariado y encaminar sus objetivos a incrementar la concienciación sobre el valor y la importancia del mismo.
Por último, creemos que en una Europa
sin fronteras este nuevo plan, o esta nueva estrategia, debe poner los pilares y trabajar por el intercambio intergubernamental de políticas de voluntariado como forma de fortalecer Europa. Por todo ello hemos presentado esta enmienda, que al final
ha sido aceptada.
La señora VICEPRESIDENTA: En efecto, tenemos la enmienda ya en la Mesa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENCARGAR UN ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA Y LA PREVALENCIA DE LOS ABUSOS SEXUALES A MENORES EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001956)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, proposición por la que se insta al Gobierno a encargar un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España. El autor es el Grupo
Parlamentario Catalán y para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, traemos a esta Comisión una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a encargar el estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España. Es una
iniciativa que se explica por el interés que tuvo la Fundación Vicki Bernadet, que es la organización que lleva ya unos cuantos años trabajando en Cataluña en relación con los problemas de los abusos sexuales a menores, muy especialmente de los
abusos sexuales de menores en el seno de la familia, que es heredera de la asociación FADA, que empezó a lanzar iniciativas de este tipo en 1997. Cuando nos reunirnos con las personas de la Fundación Vicki Bernadet y en concreto con la presidenta
de la fundación, la señora Bernadet, se nos manifestaron tres preocupaciones, que son las que, poco o mucho, intenta coger esta iniciativa. En primer lugar, la necesidad de actualizar la información que el Gobierno del Estado tiene de este campo.
Nos decía la señora Bernadet que el último estudio completo de prevalencia sobre abuso sexual infantil fue efectuado por el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1994. La señora Tarruella, mi compañera, que fue directora general de
Atención de Infancia del Gobierno de la Generalitat, me recordaba esta misma mañana que esta iniciativa fue también, de alguna manera, impulsada conjuntamente por el Gobierno catalán, por el conjunto de los gobiernos autonómicos, por el entonces
director general, don Juan Carlos Mato. Pero existía este informe del año 1994, que al entender de las organizaciones que trabajan en este ámbito exigía una actualización.
Ese es el motivo principal de esta proposición no de ley. En los minutos
previos a esta discusión, y supongo que harán referencia a ellos, los portavoces socialistas me han informado que existen otras iniciativas, pero quizá no de las características exactas que tenía el informe del año 1994. Todo ello se produce en un
contexto, y ahí la segunda consideración, en el que es necesario aumentar la visibilidad del fenómeno del abuso sexual a menores, entre otras cosas, porque las cifras de otros estudios que se han hecho en otros Estados de la Unión Europea, en
Estados Unidos y en Canadá son realmente espeluznantes. Se estima que entre un 23 y un 25 por ciento de las niñas y entre un 10 y un 15 por ciento de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años y que generalmente este tipo de abusos se
produce por una persona cercana al entorno familiar o en la propia familia de este menor. Además esa realidad tiene consecuencias graves para estas personas en su edad adulta, tiene consecuencias en el largo plazo para estas personas. Por tanto,
esta iniciativa pretende poner encima de la mesa en el debate en esta Cámara, en el debate en la opinión pública, la cuestión del abuso sexual a menores. Finalmente, pretendemos también a comprometer al Gobierno en apoyo de las iniciativas de la
sociedad civil, de quienes atienden a las personas que son víctimas de los abusos, que trabajan para la sensibilización de la sociedad, que a menudo acompañan a las víctimas cuando estas deben denunciar ante los tribunales ese tipo de abusos.
Precisamente hace unos minutos el Grupo Socialista defendía esta proposición no de ley, en apoyo del voluntariado, y organizaciones como la Fundación Vicki Bernadet trabajan también con personas voluntarias.
Este es el sentido de esta proposición
no de ley, comprometer al Gobierno a un estudio completo, nuevo, que actualice los datos
de 1994 en España sobre esta materia, ayudar a visibilizar la existencia de esta problemática y comprometer al Gobierno al apoyo de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito.
El Grupo Popular y el Grupo Socialista han presentado sendas enmiendas a esta proposición no de ley. Hemos trasladado a la Mesa una propuesta de transación que me parece que recoge las ideas de fondo que nos plantean los grupos Socialista y
Popular, y espero por tanto que cuente con el apoyo de todos los grupos. En la propuesta de transación, hemos hecho una referencia explícita a que en ese estudio se tenga en cuenta su vinculación con la violencia de género. En los asesinatos de
mujeres que se están produciendo, por desgracia y a menudo, estas van acompañadas en algunos casos por la muerte también de sus hijos. No es un tema ese ni mucho menos menor. Es evidente que no es una cuestión de abuso sexual, pero forma parte de
un contexto delicado. Asumimos la enmienda del Grupo Socialista en la que se reclama que se desarrolle la base de datos que permite conocer los casos detectados en nuestro entorno, y centramos el apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro a
través de las subvenciones del IRPF. No aceptamos una enmienda del Grupo Popular que nos plantea, recogiendo recomendaciones de la Comisión Europea, un aumento de las penas en este ámbito, por dos razones. En primer lugar, porque nos parece que
esa discusión sería más oportuna plantearla en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados más que en esta Comisión de Sanidad y Política Social y porque -y es una opinión personal- desde el año 1996 vengo observando una capacidad infinita
de esta Cámara para aumentar las penas a todo tipo de delitos y no tengo la sensación de que esta política de aumento de penas genere más seguridad y más confianza entre los ciudadanos. España tiene unas prisiones absolutamente colapsadas. Somos
de los Estados de la Unión con un mayor número de personas en prisión y, en cambio, en la calle la sensación de inseguridad se mantiene. No sé si el problema es de aumento del trato en el Código Penal y, por tanto, por un mínimo sentido de la
prudencia, esa cuestión de esta proposición no de ley no la aceptaremos. En todo caso, agradecemos la flexibilidad de los portavoces y espero que podamos votar esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA: La enmienda del Grupo Popular será defendida por la señora Ana Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Felicitamos al grupo proponente, Convergència i Unió por esta iniciativa que está de actualidad. Tenemos recientes los casos del Reino Unido de acoso a menores y cómo finalizarón. Estamos de acuerdo en realizar
este estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España. Pero nosotros -de ahí nuestra enmienda-, proponíamos que se tuviera en cuenta la nueva forma de abusos, entre ellos el ciberacoso, la pornografía
infantil, la webcam, etcétera, así como otro estudio relativo a la violencia de género a menores.
Actualmente, hay nuevas formas de abuso a menores que hay que tener en cuenta, como estas que he mencionado, así como la utilización de menores para
webcams, que también tienen que ser objeto de estudio en nuestro país. Por otro lado, en lo que va de año, cincuenta y siete mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, superando la cifra total de muertes del año anterior;
trece menores han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género y cuatro en el último mes. Según los datos que maneja el Ministerio de Igualdad, unos 800.000 menores son testigos directos y, en algún caso, víctimas de la violencia de
género.
De ellos 200.000 son hijos de mujeres que han recibido órdenes de protección. Por eso nosotros solicitamos que se incluya también en este estudio todos los números relativos a la violencia de género en menores.
Por otra parte, nosotros solicitábamos adoptar las medidas propuestas por la Comisión Europea en materia de abusos sexuales a menores, donde se instaba a los Estados miembros a endurecer las penas, luchar contra el ciberacoso y turismo
sexual, y realizar mayores esfuerzos para prevenir estos delitos y proteger a las víctimas, al igual que algunas recientes memorias anuales de la fiscalía. Concretamente, la Comisión Europea, en su Resolución de 29 de marzo de 2010, obliga a los
países de la Unión Europea a imponer castigos más severos a quienes abusen sexualmente de menores. La propuesta también pide el procesamiento penal de actividades como el ciberacoso, el hecho de trabar amistad con menores con intención de abusar
sexualmente de ellos y el turismo sexual, incluso si el abuso de menores ha tenido lugar fuera de la Unión Europea, un punto importante este. La Comisión quiere también que se hagan mayores esfuerzos para prevenir estos delitos y para proteger a
las víctimas. Todos sabemos que actualmente a través del ciberespacio es un cómodo lugar para mantener el anonimato que en muchas instancias puede llegar a ser mortal para ese acosador. Los menores que crecen en un hogar donde le padre ejerce
violencia de género no son meros testigos pasivos, ya que, aunque no reciben golpes físicos, son víctimas directas, lo cual debe considerarse incluido en un sentido amplio en el tema de la violencia de la mujer.
Según datos de la Confederación
estatal de asociaciones de madres y padres separados, hay alrededor de 20.000 menores maltratados al año.
Esta invisibilización de los menores en la ley hace que, en muchas ocasiones, los padres utilicen a los hijos para dañar todavía más a las
madres y a ellos mismos, lo cual se agrava hasta el extremo cuando además existen sospechas de abusos sexuales.
Por todo ello, presentamos esta enmienda para que se incluyera una mayor penalización en este tipo de delitos, así como se incluía la vinculación de estos delitos con la violencia de género y con unos delitos actuales que son los referentes
al ciberacoso, a la pornografía infantil y a las webcams, que están cada vez más de actualidad en el mundo. Vamos a llegar a una enmienda transaccional
de los grupos aquí representados, es un adelanto, a pesar de que no se quiera incluir lo de intentar modificar las penas, así como incluir estos nuevos delitos a menores a través de internet. Esperamos que a lo largo de esta negociación en
la propuesta transaccional se llegue a un acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA: Hay una segunda enmienda del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Cediel.
La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Me corresponde posicionar a mi grupo y defender la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo Catalán, que insta al Gobierno a encargar un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de
los abusos sexuales a menores en España. De manera genérica se considera abuso sexual infantil o pederastia a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de
desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema universal, que está presente de una u otra manera en todas las culturas y sociedades, que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de
factores individuales, familiares y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. Y esto es de suma preocupación para mi grupo. Según distintos
estudios, la negligencia es el tipo de maltrato más frecuente, representa el 86,4 por ciento del total de los maltratos, seguido del abuso emocional y posteriormente del maltrato físico. Los casos de abusos sexuales representan el 3,6 por ciento de
todos los casos informados de maltrato, pero reconociendo los propios estudios la dificultad para su cuantificación real, al producirse en la mayoría de los casos en el ámbito familiar o en el entorno, con las dificultades de acceso que esto
produce, a veces por el propio encubrimiento de la familia.
Los esfuerzos realizados en estos últimos años en materia de detección y notificación del maltrato a menores, abusos y explotación sexual infantil son evidentes, se han realizado estudios e investigaciones específicas sobre el maltrato en
general. Destaca el informe encargado en 2008 al Instituto Reina Sofía, incluyendo los abusos sexuales, denominado Maltrato infantil en la familia en España, que ha sido entregado en este mismo año 2010. Por aproximarnos a la dimensión real del
problema del abuso sexual infantil, son de suma importancia los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. Estas estadísticas se refieren a las actuaciones realizadas por Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las distintas
comunidades autónomas en relación con las denuncias por presuntos delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual.
Los nuevos sistemas de comunicación, que tantos beneficios han aportado al acercamiento y al conocimiento en un mundo globalizado, traen consigo también inconvenientes dimanados del mal uso hecho por mafias y delincuentes, que son de difícil
seguimiento. No obstante, la labor de la brigada de delitos de nuevas tecnologías, dotada de personal cualificado de la Dirección General de Policía y de Guardia Civil, que cuenta con los medios necesarios para la detección, investigación y
persecución de la pornografía infantil y tráfico de imágenes que se producen en internet, está produciendo importantes resultados. También desde el Observatorio de la infancia surgió la iniciativa, que se viene realizando desde hace años, de la
confección e implantación de protocolos de actuación en los ámbitos sanitario, educativo, policial, servicios sociales, etcétera. La implantación de este sistema homologado de registrar los casos de maltrato infantil, por tanto de abuso sexual, ha
venido a propiciar la puesta en marcha de la base de datos on line RUMI, que permite conocer trimestralmente los casos detectados en cada comunidad autónoma, y así, conocer la totalidad de los producidos en todo el territorio del Estado.
Por otra parte, en el punto número 2 de su PNL, Convergència i Unió hace mención al apoyo a las iniciativas de entidades que trabajen en el ámbito de la protección y el tratamiento a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Quisiera
añadir que por decisión del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, Política social y ahora Igualdad son objeto de atención prioritaria entre los programas sociales subvencionados con cargo a la asignación del IRPF los relativos a la prevención y
atención del maltrato y explotación sexual.
Me gustaría añadir que en ningún caso podemos admitir la enmienda de adición que plantea el Grupo Popular de endurecimiento de las penas, porque entendemos que no tiene nada que ver con el sentido de la proposición inicial y que no es
competencia de esta Comisión. De todas formas, hemos llegado a una transaccional que recoge parte de nuestra enmienda y parte de la enmienda del Grupo Popular, que yo creo que ha sido ya presentada a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA: Habiendo quedado de acuerdo la Mesa en que se produciría la votación a la una, se suspende la sesión hasta ese momento.
(Pausa)
Señorías, se reanuda la sesión.
Pasamos directamente a la votación del 1º punto, en el que habría que cambiar el título del mismo, que quedaría de la siguiente manera: Por la que se acuerda la comparecencia en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del
secretario general de Política Social. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
En la segunda proposición no de ley, relativa a la hemofilia, tenemos una transaccional, que damos por leída.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
En la tercera proposición no de ley, relativa a la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos una transaccional firmada por el Grupo Socialista e Izquierda Unida. El resto suponemos que hay que
someterlo a votación. Por tanto, sometemos a votación la proposición no de ley con la enmienda transaccionada entre los dos grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada.
En la cuarta proposición no de ley, sobre el Año Europeo del Voluntariado 2011, tenemos una transaccional firmada por todos los grupos, que pasamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, en la quinta proposición no de ley, relativa al estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España, tenemos también una transaccional firmada por todos los grupos, que pasamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.