Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 642, de 26/10/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 642
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 42
celebrada el martes, 26 de octubre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre necesidad de intervención de las inspecciones de trabajo y fiscal dado el alto nivel de intrusismo que existe en la confección de redes de arte de pesca.
(Número de expediente 181/002976.) ... (Página 4)
De los diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Número de contribuyentes requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, que son personas físicas declarantes del IRPF. (Número de expediente 181/003017.) ...
- Número de contribuyentes que han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein. (Número de expediente 181/003018.) ... (Página 6)
- Número de contribuyentes requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, que son personas jurídicas declarantes del Impuesto sobre Sociedades.
(Número de expediente
181/003019.) ... (Página 6)
- Importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en Liechtenstein, que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas. (Número de expediente 181/003020.) ...
- Procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas 'opacas' depositadas en Liechtenstein. (Número de expediente 181/003021.) ... (Página 6)
- Importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda Pública como consecuencia de las cuentas depositadas en Liechtenstein no declaradas. (Número de expediente 181/003022.) ...
(Página 6)
- Motivos por los que no se han iniciado actuaciones de inspección tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en Liechtenstein. (Número de expediente 181/003023.) ... (Página 6)
- Aplicación a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en Liechtenstein, de sanciones tributarias graves o muy graves o únicamente recargos por
presentación extemporánea de declaraciones.
(Número de expediente 181/003024.) ... (Página 6)
- Número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Liechtenstein, en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales. (Número de expediente 181/003025.) ...
- Previsiones de la Agencia Tributaria para dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein. (Número de expediente 181/003026.) ... (Página 6)
- Previsiones de la Agencia Tributaria para la investigación del origen de los fondos descubiertos en Liechtenstein, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita. (Número de expediente
181/003027.) ... (Página 6)
- Importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda Pública, como consecuencia de las cuentas depositadas en el HSBC de Suiza no declaradas. (Número de expediente 181/003028.)
... (Página 6)
- Motivos por los que no se han iniciado actuaciones de inspección tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en el HSBC de Suiza. (Número de expediente 181/003029.) ... (Página 6)
- Criterios empleados por la Agencia Tributaria para determinar los tipos de sanciones aplicables a estos expedientes y su graduación. (Número de expediente 181/003030.) ... (Página 6)
- Aplicación a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en el HSBC de Suiza, sanciones tributarias graves o muy graves, o únicamente recargos por
presentación extemporánea de declaraciones.
(Número de expediente 181/003031.) ... (Página 7)
- Número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Suiza en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales. (Número de expediente 181/003032.) ...
- Previsiones de la Agencia Tributaria para dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en las cuentas del HSBC suizo. (Número de expediente 181/003033.) ... (Página 7)
- Previsiones de la Agencia Tributaria para la investigación del origen de los fondos descubiertos en el HSBC suizo, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita. (Número de expediente
181/003034.) ... (Página 7)
- Resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria en relación al llamado 'caso Liechtenstein'. (Número de expediente 181/003035.) ... (Página 7)
- Previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda para impulsar actuaciones legislativas que eliminen el trato fiscalmente favorable del que disfrutan en la actualidad los titulares de rendimientos derivados de deuda pública y obtenidos a
través de paraísos fiscales. (Número de expediente 181/003036.) ... (Página 7)
- Procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas 'opacas' depositadas en el HSBC de Suiza. (Número de expediente 181/003037.) ... (Página 7)
- Número de contribuyentes que han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en el HSBC suizo. (Número de expediente 181/003038.) ... (Página 7)
- Número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC, que son personas físicas declarantes del IRPF. (Número de expediente 181/003039.) ...
- Número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC suizo, que son personas jurídicas declarantes del Impuesto sobre Sociedades.
(Número de expediente
181/003040.) ... (Página 7)
- Importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en el HSBC de Suiza que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas. (Número de expediente 181/003041.) ...
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos (Ocaña y Pérez de Tudela) para informar sobre:
- La situación de la inspección de Hacienda, y en concreto sobre la reducción de actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000463.) ...
- Los errores detectados en la descarga desde la web de la AEAT del nuevo modelo 303 de declaración trimestral del IVA que ha dificultado a miles de pymes y autónomos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A petición del grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Números de expediente 212/000572 y 212/000574.) ... (Página 15)
- Las modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de la Lotería y Apuestas del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
212/000877.) ... (Página 15)
- La voluntad del Gobierno de regular las apuestas y juegos por Internet.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000999.) ... (Página 16)
- Los procedimientos de regularización y sanción de deudas tributarias abiertos a los contribuyentes a los que se han detectado cuentas en el banco HSBC en Suiza, así como sobre la política general de la Agencia Tributaria en materia de
cumplimiento de las obligaciones fiscales. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001133.) ... (Página 16)
- En qué medida se han visto afectadas las pequeñas y medianas empresas a causa de un error informático de la Agencia Tributaria, que ha paralizado la devolución del IVA del tercer trimestre. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 212/001342.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DE LAS INSPECCIONES DE TRABAJO Y FISCAL DADO EL ALTO NIVEL DE INTRUSISMO QUE EXISTE EN LA CONFECCIÓN DE REDES DE ARTE DE PESCA.
(Número de expediente 181/002976.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la reunión. Como saben en el orden del día tenemos por un lado preguntas acumuladas, que responderá el secretario de Estado. Diferenciaremos esta primera parte de las comparecencias
que también figuran en el orden día.
Por el orden que fueron presentadas las preguntas, corresponde que en primer lugar formule la suya la señora Fernández, del Bloque Nacionalista Galego, que tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Hacemos esta pregunta desde el conocimiento que tenemos del colectivo de rederas de Galicia, aproximadamente unas 200; Aunque hablemos de este colectivo, de su función y actividad en Galicia, sabemos que también
tienen esa actividad otras comunidades como puede ser el País Vasco, quizás en menor cuantía en Andalucía, y también las mujeres rederas de toda la zona costera del Estado español que tienen un importante papel. Tradicionalmente el trabajo de tejer
redes para su uso en las artes de pesca no tuvo nunca la consideración de actividad económica, por tanto tampoco el reconocimiento de los derechos económicos y sociales propios de su actividad laboral. Con toda seguridad -lo hemos defendido siempre
así- la falta de ese reconocimiento quizás esté en que esta actividad, como he dicho anteriormente, está llevada a cabo fundamentalmente por mujeres. Han sido las mujeres rederas las que han conseguido con su lucha y esfuerzo dignificar una
profesión que, además de formar parte de la singularidad cultural de los pueblos costeros, es fundamental en la actividad del mar o mejor dicho en la actividad pesquera. Tal dignificación significa que se le han reconocido derechos como el acceso a
la Seguridad Social; derecho que necesariamente debería llevar aparejado el derecho a una remuneración justa. Desde hace algunos años, y para acceder a esos derechos y trabajar como corresponde a toda profesión debidamente regulada, la mayoría de
estas mujeres rederas ha optado por constituirse en cooperativa. Hay que señalar que en Galicia estas mujeres ascienden aproximadamente a unas 200; estamos hablando de mujeres cuya actividad laboral está en este momento regulada. Uno de los
problemas que está afectando a este colectivo de trabajadoras es el alto grado de intrusismo profesional que se está produciendo y que está poniendo en peligro al sector profesionalizado, ya que no puede competir en precios por tener que afrontar
los gastos que corresponden a la Seguridad Social o a otros impuestos de aplicación en este sector.
El hecho de que presentemos esta pregunta en esta Comisión de Economía es porque entendemos que desde la Agencia Tributaria debería haber el suficiente seguimiento, la inspección correspondiente, para evitar este intrusismo que hace
imposible que la actividad regularizada de rederas se pueda desarrollar, manteniendo en el tiempo ese nivel de dignificación que se consiguió hasta el momento con esa lucha a la que yo hacía referencia. La importante economía sumergida que la
actividad de tejer redes no solamente por parte de profesionales en esta actividad sino en muchos casos por personas jubiladas, etcétera, está generando en la costa, como digo, el problema que le he expuesto. Estamos muy interesados en saber si el
Gobierno conoce esta situación y si ha hecho una valoración del daño que la economía sumergida que existe en este sector produce en la comunidad de personas rederas, sobre todo en la medida en que en este caso esa economía sumergida que es necesario
combatir, afecta directamente a algo tan fundamental como la Seguridad Social de un colectivo de trabajadoras. Y dado que este colectivo de trabajadoras tiene que cumplir precisamente por esa regularización con los compromisos correspondientes
desde el punto de vista de la política fiscal, instamos al Gobierno a que nos responda a esta cuestión pero sobre todo a que actúe, porque es necesario garantizar dos cosas: combatir la economía sumergida por un lado y por otro garantizar que
aquellas actividades profesionalizadas que cumplen con la reglamentación establecida, desde el punto de vista de la Seguridad Social y de los compromisos fiscales, tengan la protección que corresponda.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Señoría, intentaré contestar, como usted bien señala, en nombre del Gobierno, porque los temas que plantea afectan a distintos ministerios y a distintos
centros dentro de los mismos. Respecto a la primer pregunta que hacía sobre si somos conscientes de esta situación, la respuesta es sí, claro que somos conscientes, y en particular quiero señalar que en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la
Agencia Tributaria, conocemos el problema entre otras razones porque en los últimos años la delegación especial de la Agencia Tributaria en Galicia recibió numerosas denuncias, relativas a la existencia de un determinado colectivo de personas
dedicadas a la reparación de redes y artes de pesca que no estarían dadas de alta en la Seguridad Social ni declarando sus rendimientos económicos. Esto motivó la
puesta en marcha de numerosas reuniones de coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria con el fin de abordar, desde el punto de vista de Hacienda, el problema de presunto fraude fiscal que parece que existe ligado a
esta situación. Las actividades inspectoras en materia fiscal se han realizado, igual que en otros sectores profesionales, interviniendo tanto sobre los profesionales que realizan esta actividad como intentando actuar sobre las entidades que
subcontratan esta actividad de reparación de redes y, de acuerdo con los planes de control que la agencia tiene integrados en el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, se ha actuado también en ese ámbito.
En cualquier caso, yo diría que tanto o más importante que las actuaciones que se han podido llevar a cabo desde la agencia, son las que se vienen realizando desde la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo por la naturaleza misma
del problema, sin negar que hay un problema fiscal y que estamos actuando en ese ámbito pero, como digo, tanto o más importancia tienen las actuaciones de la Inspección de Trabajo. En este punto, y de acuerdo con la información que nos proporciona
el Ministerio de Trabajo, puedo señalar que la actuación de la Inspección de Trabajo a lo largo del año 2010 ha sido intensa; se han producido repetidas actuaciones en los puertos de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra dirigidas
específicamente a controlar la actividad del colectivo de rederos. Estas actuaciones de control no son fáciles porque están dificultadas por muchos motivos, en particular porque con frecuencia el centro de trabajo está situado en domicilios
particulares donde la inviolabilidad del domicilio hace muy difícil esas actuaciones de control. En todo caso, la Inspección de Trabajo centra sus actuaciones en verificar la situación de alta y cotización a la Seguridad Social de las personas que
realizan esas actividades.
Somos conscientes del problema, estamos actuando sobre el mismo y, finalmente y si me permite un comentario, mi opinión, señoría, es que esta situación debería abordarse de forma integral con participación no solo de la Inspección fiscal y
de la laboral sino también de las autoridades municipales y portuarias por ser ese el ámbito en el que se desarrollan estas actividades, ya que un control exitoso de lo que se está produciendo requeriría esa actuación más integrada.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario de Estado, muchísimas gracias por la información que nos aporta, pero me gustaría señalar una cuestión.
Nosotros presentamos esta pregunta en el mes de junio después de que el colectivo de
rederas al que hacemos referencia se entrevistara con nosotros y nos planteara el problema. En aquel momento este colectivo nos trasladaba que no se estaba haciendo ningún tipo de inspección, ni de Hacienda ni de Trabajo, es decir, presentamos
nuestras preguntas en ambas direcciones porque entendemos que se debe actuar en los dos ámbitos.
Somos conscientes y además agradecemos que nos comente la importancia de que también desde la Autoridad Portuaria se actúe en esta dirección porque
quien quizás puede ejercer mayor control por la permanente presencia de personas inspectoras o no inspectoras, pero sí de la propia seguridad del puerto. Lo cierto es que a la altura del mes de junio el conocimiento que al menos este colectivo
tenía era de que no existían este tipo de inspecciones.
Desde el Bloque Nacionalista Galego también queremos dejar claro que somos conscientes de que en economías con rentas tan bajas como las de las zonas costeras, esta actividad que siempre estuvo fuera de cualquier reglamentación laboral puede
resultar de interés e incluso podemos entender que exista relativa justicia en esta práctica que se puede denominar de economía sumergida. Lo que pasa es que esto se ha hecho así toda la vida y las condiciones incluso para la salud de las personas
que lo ejercían eran tremendas, de ahí esa lucha de la que hablaba antes de conseguir los reconocimientos laborales, el derecho a cotizar a la Seguridad Social, etcétera. Por tanto, si seguimos permitiendo que esto se produzca, aun entendiendo las
causas que puedan provocar que estas personas actúen al margen de esta reglamentación, no podremos garantizar que aquel colectivo que actúa sobre la base de la dignificación de una profesión lo pueda conseguir. Por eso, insistimos y nos parece
importante que el Gobierno actúe en la dirección en que usted mismo acaba de apuntar que se estaba haciendo, pero ya le digo que a la altura del mes de junio la información que recibimos directamente del propio colectivo es de que no se tenía
conocimiento de esas inspecciones. En cualquier caso, consideramos que eso es lo que ha hay que hacer, aunque sabemos que puede ser difícil por lo que comentaba de ser una actividad que no se realiza a la vista pública, pero es necesario seguir
haciéndolo como parte del control y de eliminación del fraude fiscal, por tanto de la economía sumergida, así como por el reconocimiento y la defensa de los trabajadores, en este caso de las trabajadoras que si no verán totalmente en peligro dicha
actividad. Agradecemos la información así como el apunte que nos acaba de hacer sobre la Autoridad Portuaria.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Muy brevemente, tomamos nota de su preocupación por este colectivo. Creo que coincidimos en lo esencial. No hay ninguna permisividad por parte de las
autoridades ni fiscal ni laboral en cuanto a unas actuaciones de control que son difíciles por su naturaleza, por su dispersión, por la forma en que ocurren, pero permisividad ninguna. Lo dicho, tomamos nota de nuestra coincidencia de opiniones y
me aseguraré de que damos
traslado a la autoridad del Ministerio de Trabajo de esta opinión y de nuestra respuesta.
DE LOS DIPUTADOS DON BAUDILIO TOMÉ MUGURUZA Y DOÑA ANA MARÍA MADRAZO DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DECLARAR LAS RENTAS PROCEDENTES DE FONDOS DEPOSITADOS EN LIECHTENSTEIN, QUE SON PERSONAS FÍSICAS DECLARANTES DEL IRPF. (Número de expediente 181/003017.)
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA QUE PROCEDAN A DECLARAR LOS FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTAS EN LIECHTENSTEIN. (Número de expediente 181/003018.)
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DECLARAR LAS RENTAS PROCEDENTES DE FONDOS DEPOSITADOS EN LIECHTENSTEIN, QUE SON PERSONAS JURÍDICAS DECLARANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
(Número de expediente
181/003019.)
- IMPORTE TOTAL DE LOS FONDOS DETECTADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA EN CUENTAS DEPOSITADAS EN LIECHTENSTEIN, QUE NO HAN SIDO DECLARADOS POR LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/003020.)
- PROCEDIMIENTO INICIADO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE LAS CUENTAS 'OPACAS' DEPOSITADAS EN LIECHTENSTEIN. (Número de expediente 181/003021.)
- IMPORTE DE LAS CUOTAS QUE, SEGÚN ESTIMACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, SE HAN DEJADO DE INGRESAR A LA HACIENDA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LAS CUENTAS DEPOSITADAS EN LIECHTENSTEIN NO DECLARADAS. (Número de expediente 181/003022.)
- MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN INICIADO ACTUACIONES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE CUENTAS OPACAS EN LIECHTENSTEIN. (Número de expediente 181/003023.)
- APLICACIÓN A LOS EXPEDIENTES INICIADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS TITULARES DE FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTAS EN LIECHTENSTEIN, DE SANCIONES TRIBUTARIAS GRAVES O MUY GRAVES O ÚNICAMENTE RECARGOS POR
PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DECLARACIONES.
(Número de expediente 181/003024.)
- NÚMERO DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE CUENTAS NO DECLARADAS EN LIECHTENSTEIN, EN LOS QUE SE HAN INICIADO ACTUACIONES DIRIGIDAS A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE POSIBLES DELITOS FISCALES. (Número de expediente 181/003025.)
- PREVISIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DAR EL TRATAMIENTO DE GANANCIA DE PATRIMONIO NO JUSTIFICADA A LOS FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTAS EN LIECHTENSTEIN. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/003026.)
- PREVISIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS DESCUBIERTOS EN LIECHTENSTEIN, A LOS EFECTOS DE DETERMINAR LOS POSIBLES DELITOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE UNA OBTENCIÓN ILÍCITA. (Número de expediente
181/003027.)
- IMPORTE DE LAS CUOTAS QUE, SEGÚN ESTIMACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, SE HAN DEJADO DE INGRESAR A LA HACIENDA PÚBLICA, COMO CONSECUENCIA DE LAS CUENTAS DEPOSITADAS EN EL HSBC DE SUIZA NO DECLARADAS. (Número de expediente 181/003028.)
- MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN INICIADO ACTUACIONES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE CUENTAS OPACAS EN EL HSBC DE SUIZA. (Número de expediente 181/003029.)
- CRITERIOS EMPLEADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DETERMINAR LOS TIPOS DE SANCIONES APLICABLES A ESTOS EXPEDIENTES Y SU GRADUACIÓN. (Número de expediente 181/003030.)
- APLICACIÓN A LOS EXPEDIENTES INICIADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS TITULARES DE FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTAS EN EL HSBC DE SUIZA, SANCIONES TRIBUTARIAS GRAVES O MUY GRAVES, O ÚNICAMENTE RECARGOS POR
PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DECLARACIONES.
(Número de expediente 181/003031.)
- NÚMERO DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE CUENTAS NO DECLARADAS EN SUIZA EN LOS QUE SE HAN INICIADO ACTUACIONES DIRIGIDAS A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE POSIBLES DELITOS FISCALES. (Número de expediente 181/003032.)
- PREVISIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DAR EL TRATAMIENTO DE GANANCIA DE PATRIMONIO NO JUSTIFICADA A LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DEL HSBC SUIZO. (Número de expediente 181/003033.)
- PREVISIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS DESCUBIERTOS EN EL HSBC SUIZO, A LOS EFECTOS DE DETERMINAR LOS POSIBLES DELITOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE UNA OBTENCIÓN ILÍCITA. (Número de expediente
181/003034.)
- RESULTADO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA EN RELACIÓN AL LLAMADO 'CASO LIECHTENSTEIN'. (Número de expediente 181/003035.)
- PREVISIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA PARA IMPULSAR ACTUACIONES LEGISLATIVAS QUE ELIMINEN EL TRATO FISCALMENTE FAVORABLE DEL QUE DISFRUTAN EN LA ACTUALIDAD LOS TITULARES DE RENDIMIENTOS DERIVADOS DE DEUDA PÚBLICA Y OBTENIDOS A
TRAVÉS DE PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 181/003036.)
- PROCEDIMIENTO INICIADO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE LAS CUENTAS 'OPACAS' DEPOSITADAS EN EL HSBC DE SUIZA. (Número de expediente 181/003037.)
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA QUE PROCEDAN A DECLARAR LOS FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTAS EN EL HSBC SUIZO. (Número de expediente 181/003038.)
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES, REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DECLARAR LAS RENTAS PROCEDENTES DE FONDOS DEPOSITADOS EN EL HSBC, QUE SON PERSONAS FÍSICAS DECLARANTES DEL IRPF. (Número de expediente 181/003039.)
- NÚMERO DE CONTRIBUYENTES, REQUERIDOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA DECLARAR LAS RENTAS PROCEDENTES DE FONDOS DEPOSITADOS EN EL HSBC SUIZO, QUE SON PERSONAS JURÍDICAS DECLARANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
(Número de expediente
181/003040.)
- IMPORTE TOTAL DE LOS FONDOS DETECTADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA EN CUENTAS DEPOSITADAS EN EL HSBC DE SUIZA QUE NO HAN SIDO DECLARADOS POR LOS CONTRIBUYENTES TITULARES DE LAS MISMAS. (Número de expediente 181/003041.)
El señor PRESIDENTE: Es ahora el turno del Grupo Popular para formular sus preguntas, en cuyo nombre lo hará la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a esta Comisión de Economía y Hacienda al señor secretario de Estado de Hacienda y formularle una serie de preguntas que en mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, hemos
preparado en relación con el tema de las cuentas opacas para el fisco español propiedad de contribuyentes españoles y titulares de fondos depositados en Liechtenstein y Suiza. Nos preocupa como grupo político y nos inquieta también como ciudadanos
que pagamos religiosamente nuestros impuestos y cumplimos nuestras obligaciones fiscales. Usted, como secretario de Estado de Hacienda, tiene bajo su responsabilidad unas funciones que a nuestro juicio son cruciales en la actual coyuntura
económica, ya que le corresponden, entre otras, dirigir las actuaciones relativas a la orientación de la política fiscal y el diseño y aplicación del sistema tributario español. Por ello le corresponde también, lógicamente, presidir la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y por ello, dadas las informaciones que han aparecido en los últimos meses en diversos medios de comunicación, nuestro grupo político quiere hoy tener información de primera mano, información del secretario de
Estado de Hacienda, sobre distintas cuestiones relacionadas con estos fondos depositados en países como Suiza o Liechtenstein que hasta hace bien poco eran considerados por la OCDE como paraísos fiscales, refugio de muchas
grandes fortunas de diversos países cuyo origen es en ocasiones de dudosa procedencia, y que sobre todo han permitido a estos contribuyentes eludir el pago de cuantiosos impuestos en sus países de origen, entre ellos el nuestro, España.
Comprenderá usted sin duda que cuando son numerosas las voces de organismos y expertos internacionales que alertan del crecimiento de la economía sumergida en nuestro país en cifras que rondan el 20 por ciento del producto interior bruto, y cuando
nuestro Gobierno está pidiendo esfuerzos de solidaridad en forma de subidas de impuestos a las clases medias y trabajadoras, no podemos nosotros, como grupo político, ni usted, como máximo responsable de la Agencia Tributaria, permitir que exista la
más mínima duda entre los ciudadanos sobre la justicia y equidad de nuestro sistema tributario, sobre la necesidad de que todos -pero todos- los españoles contribuyamos al sostenimiento de nuestro gasto público. Esperamos, por tanto, despejar hoy
cualquier tipo de duda con estas preguntas sobre tratos de favor a determinados contribuyentes que además son los más poderosos, económicamente hablando.
Las preguntas, como son veinticinco, las voy a agrupar en dos grandes bloques y voy a hacer una sola intervención. Voy a comenzar por el llamado caso Liechtenstein, que saltó a la opinión pública española a principios del año 2008 y cuyo
origen se encuentra en los datos proporcionados a la Agencia Tributaria por las autoridades fiscales alemanas sobre individuos y sociedades españolas que tenían importantes cantidades depositadas en este principado, con la clara intención
evidentemente de eludir el pago de impuestos en España, amparándose en las estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales existentes en Liechtenstein. Creemos que sería conveniente para tranquilizar a los contribuyentes
españoles que el señor secretario de Estado nos informase hoy de los pormenores para poder realizar un balance de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por las autoridades fiscales españolas. Por ello, queremos formular, además de las
cuestiones que ya le hemos trasladado por escrito, las siguientes preguntas: ¿A qué número de contribuyentes españoles, personas físicas o jurídicas, afectaba la información trasladada por las autoridades alemanas? En segundo lugar, ¿cuál es el
importe total de los fondos depositados en estas cuentas y no declarados según la información recibida por la Agencia Tributaria?, ¿cuál fue el tipo de procedimiento empleado por la Agencia Tributaria para exigir a estos contribuyentes el pago de
sus impuestos en España?, ¿fueron simples requerimientos de gestión o procedimientos de inspección? Usted sabe perfectamente que el tratamiento de las posibles sanciones es completamente diferente en un caso u otro.
Quisiéramos saber también cuántos procedimientos de inspección se iniciaron en relación con este caso y, si no se iniciaron, cuál fue la causa de no haberse iniciado. ¿Cuántas declaraciones complementarias presentaron los contribuyentes a
los que se refería esta información y cuál fue el importe medio por declaración y el importe total obtenido por la Hacienda pública? Asimismo, desearíamos conocer si se ha impuesto algún tipo de sanción tributaria a los contribuyentes presuntamente
defraudadores. También quisiéramos saber la opinión del señor secretario de Estado de Hacienda sobre la aplicación de recargos por presentación extemporánea -el 20 por ciento- en el caso de actuaciones muy graves de los contribuyentes, como ocurre
en este caso de cuentas opacas en el extranjero; si considera que esto es un trato de favor respecto a centenares de contribuyentes que por actuaciones muchísimo menos graves que estas son sancionados prácticamente todos los días por la Agencia
Tributaria. Igualmente desearíamos saber respecto a las declaraciones complementarias quiénes han decidido si las mismas son veraces y completas a los efectos de excluir la acción penal, qué procedimiento de comprobación se ha seguido y a cuántas
declaraciones complementarias ha afectado. Por último, en el aspecto puramente penal, queremos preguntarle si se ha personado mediante querella el abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria o se ha dejado todo el trabajo a la
Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, para concluirel tema del caso Liechtenstein, queremos saber si algún presunto evasor, aunque no haya regularizado, ha pasado un solo día de prisión como sí ha ocurrido en Alemania y, si no es así, como mínimo si
se ha tomado alguna medida de embargo de sus bienes para asegurar los intereses de la Hacienda pública española. Creemos que el hecho de tener estas respuestas podría permitir realizar un balance después de dos años y medio. No obstante, según
reiteradas noticias que han aparecido en prensa y que no han sido desmentidas hasta el momento -a lo mejor hoy el secretario de Estado puede hacerlo-, solo regularizaron un 20 por ciento de estos presuntos defraudadores.
Tras el caso Liechtenstein, en 2010 se destapó un nuevo caso de fraude fiscal en Suiza en relación con la existencia de al menos mil quinientos contribuyentes con cuentas opacas en la filial del HSBC de ese país por importe de más de 6.000
millones de euros, según las noticias aparecidas en los medios de comunicación. El caso surgió como consecuencia del chivatazo de un empleado del banco a la Hacienda francesa que a su vez la trasladó a la Agencia Tributaria española. Señor
secretario de Estado, ya que en su última comparecencia de primeros de este mes para explicar los presupuestos para el año 2011 el director general de la Agencia Tributaria no nos pudo aclarar esta cuestión, quisiéramos que hoy lo hiciera usted. En
primer lugar, querríamos que nos dijera si es cierta toda esta información sobre el número de contribuyentes españoles involucrados en este caso y el importe de estos fondos depositados; si usted cree que ha sido adecuado el procedimiento empleado
por la Agencia Tributaria para requerir a estos contribuyentes, dado que inicialmente parecía una simple invitación a declarar, una carta para regularizar su situación. Teniendo en cuenta que las actuaciones han sido objeto de críticas
durísimas de trato favorable por parte de diversos colectivos profesionales de la Agencia Tributaria, sería bueno conocer también si los responsables de esta actuación son técnicos o políticos, ya que fue la ministra de Economía y Hacienda,
la señora Salgado, la que confirmó la apertura de esta investigación el pasado 24 de junio en Radiotelevisión Española. En relación con este asunto, en el Grupo Popular quisiéramos conocer también si existió o no trato de favor con estos
contribuyentes y si estamos o no ante una amnistía fiscal encubierta, dando una oportunidad al posible defraudador para ponerse al día con Hacienda mediante esa primera carta, requerimiento o invitación para declarar. En el Partido Popular
quisiéramos saber en cuántos de los miles de casos remitidos a la vía judicial por la Agencia Tributaria por presuntos delitos fiscales se ha enviado, con carácter previo al inicio de las actuaciones inspectoras, un requerimiento de este tipo para
que el contribuyente se pueda poner al día con Hacienda, como ha ocurrido en el caso de las cuentas en Suiza.
Nos gustaría saber, si se disponía de esta información desde el mes de febrero, por qué no se tomó ninguna determinación, ninguna actuación por parte de la Agencia Tributaria hasta mediados de mayo, dilapidando, a nuestro juicio, un tiempo
que pudo haber sido determinante y muy valioso; y cuántas querellas criminales se han interpuesto por dejar de ingresar más de 120.000 euros por el impuesto sobre patrimonio del año 2004. -Si el contribuyente tenía en 2005 un saldo de varios
millones de euros, obviamente a 31 de diciembre de 2004 también los tenía, y el 30 de junio de 2005, cuando tenía que presentar la declaración de patrimonio de ese año 2004, habiendo retrasado el inicio de estas actuaciones, se han podido producir
prescripciones de este impuesto-. Otra importante duda es si se han tenido en cuenta los intereses de las comunidades autónomas, hablando del impuesto sobre el patrimonio, ya que la Agencia Tributaria tiene competencias de inspección en este
impuesto, pero no de gestión, como usted conoce perfectamente. Al haberse iniciado comprobaciones de gestión y no haber iniciado inspecciones hasta después del 30 de junio del año 2010 se ha dejado prescribir también el impuesto sobre el patrimonio
correspondiente al año 2005. La pregunta es: ¿esta es una decisión política de amnistía fiscal o, por el contrario, es una chapuza que ha dejado a las comunidades autónomas sin más de 100 millones de euros?
Para concluir, todo este tema ha sido justificado con el argumento del importe que se ha recaudado por estas declaraciones complementarias presentadas por los contribuyentes. Además de la cuestión obvia del número de declaraciones
complementarias presentadas, el importe total y el importe medio, interesaría saber qué declaraciones complementarias se han trasladado a una inspección posterior para comprobar si los importes son correctos o no, quiénes han sido los encargados de
tomar esta decisión, qué criterios se han seguido y cuántas declaraciones complementarias y por qué importe se han remitido a la jurisdicción penal para que se determine si existe o no delito en cumplimiento de la circular 2/2009 de la Fiscalía
General del Estado. Por otra parte, hasta que no se decidió abrir inspecciones parece ser que no se presentaron declaraciones complementarias, la carta invitación tuvo escaso éxito.
Esta decisión de abrir actuaciones inspectoras se tomó por la
presión de inspectores, grupos políticos y en general de la opinión pública, a nuestro juicio. Con la experiencia anterior de Liechtenstein era evidente que los requerimientos no iban a ser efectivos, ¿por qué entonces se tardó tanto tiempo en
dejar a los inspectores hacer su trabajo?
Por último, la cuestión de las sanciones, que es muy importante en todo este asunto. El 29 de junio el diario Negocio publicaba la instrucción de 25 de junio de 2010 de los directores de los departamentos de Inspección y Gestión, que
ordenaba que solo se sancionaran los intereses que se derivaban de esas cuentas no declaradas depositadas en Suiza. El resto de rentas declaradas, es decir, lo que es el capital, no los intereses, según se derivaba de la lectura de esa instrucción,
que fue publicada en los medios de comunicación, serían solo objeto de recargo por presentación extemporánea que, como usted sabe, es muy inferior a las posibles sanciones que se derivan de una actuación inspectora. Por tanto, quisiera preguntar al
secretario de Estado de Hacienda si compartía el contenido de esta instrucción o esta fue la causa de la destitución que se produjo el 30 de junio del año 2010 de los directores de Inspección y Gestión. Si las consultas de la Dirección General de
Tributos que interpretan la legislación vigente y suponen el trato normal a los contribuyentes -o sea, el programa Informa y las consultas de la Dirección General de Tributos- son públicas, ¿por qué esta instrucción era tan secreta y en cuanto fue
conocida se destituyó a sus autores? Nos gustaría que nos aclarara esta cuestión. En relación con estas cuentas el Grupo Parlamentario Popular ha formulado una pregunta que en cierto modo guarda relación con el trato de favor que en ocasiones ha
dispensado el Gobierno socialista a las rentas obtenidas a través de paraísos fiscales.
Me refiero en concreto al cambio normativo que se llevó a cabo en el año 2008 relativo al impuesto sobre la renta de no residentes para declarar exentos los
intereses de la deuda pública obtenidos a través de estos paraísos fiscales. El Partido Popular ha manifestado en varias ocasiones nuestro firme rechazo a esta modificación legislativa, que nos parece un trato fiscalmente favorable a determinados
contribuyentes que operan a través de paraísos fiscales. Quisiéramos conocer la opinión del señor secretario de Estado de Hacienda al respecto, que aclare cuáles fueron las razones del Gobierno para operar esta modificación legislativa y si piensan
o no cambiar nuevamente esta normativa.
Para acabar, somos conocedores de que la Unión Europea y diversos organismos internacionales como la OCDE, en los que España participa, están ejerciendo presiones para que muchos paraísos fiscales accedan a hacer concesiones en materia de
intercambio de información.
Nos parece interesante aprovechar hoy su presencia, conocer su opinión al respecto y cuál es la situación actual en que se encuentran estas negociaciones. Vamos a estar especialmente atentos a la información que hoy nos pueda proporcionar
de todas estas cuestiones que le hemos planteado. Sabemos que son muchas, que son muy amplias y muy diversas, pero estoy segura de que usted tiene el mismo interés que nosotros en que no exista ningún tipo de duda y que no se ponga en tela de
juicio la calidad y eficacia de las actuaciones de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Coincidimos en los objetivos y estaremos atentos a estas explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Comparto con usted la inquietud que nos produce el fraude fiscal. Llevamos ya casi siete años empeñados en combatirlo y hemos tenido un cierto éxito en
transmitir esta inquietud a la sociedad. Lo que hace cinco o seis años quizá era algo que sonaba como una preocupación hacendística ahora ocupa el centro de las preocupaciones de los españoles, de los medios. Esto es bueno, aunque a veces
constatamos una cierta exageración en la importancia de este fenómeno, que nosotros, insisto, hemos querido enfatizar, pero que a veces se exagera.
Compartimos con ustedes esa preocupación y por esa razón me parece magnífico tener esta oportunidad
para explicar lo que en la Agencia Tributaria se ha hecho en estos dos casos concretos que usted nos plantea.
Antes de entrar en los detalles voy a intentar contestar a todo ese montón de cifras que usted me pide. Dos comentarios. Ha traído usted a colación el término amnistía fiscal. Nuestra posición, desde luego la mía y la de la vicepresidenta
económica -esto se ha planteado a lo largo del tiempo reiteradamente-, es que una amnistía fiscal no es una buena idea. Nos hemos opuesto a las diversas propuestas que se han hecho en este sentido a lo largo de los años de una forma rotunda y
tajante. Estamos absolutamente en contra de cualquier señal que pueda hacer pensar a los contribuyentes que si no pagan pueden salir de rositas. Tolerancia cero, esa ha sido nuestra posición a lo largo de los años y lo sigue siendo.
Eso está en
las hemerotecas y en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara, porque es una cuestión que, insisto, se ha planteado repetidamente a lo largo de los años.
El otro comentario que quiero hacer es que cuando habla de trato de favor le rogaría a usted, conocedora del derecho fiscal y del derecho administrativo, que tuviera una cierta mesura, porque el trato de favor, como usted sabe, es algo que
excede de la voluntad política, es algo que está prohibido, algo que los funcionarios no podemos hacer, así es que, por favor, vamos a usar un vocabulario un poco más adecuado.
Hechas esas precisiones, paso a darle la información referente al primer caso, al que tiene que ver con las cuentas en Liechtenstein. Lo que se deduce es que la información sobre la que trabajamos en este caso era una información muy
limitada, muy antigua y que ha dado lugar a que los resultados, en términos de recaudación o en términos de detectar comportamientos irregulares por parte de los contribuyentes, sean limitados. En la tercera parte de mi intervención me referiré a
lo que estamos haciendo en materia de lucha contra el fraude en los paraísos fiscales, porque la forma habitual en la que tenemos que luchar contra el fraude no es porque más o menos inesperadamente nos llegue una lista de cuentas, como ocurre en
esta ocasión -y cuando esto ocurre por supuesto aprovechamos la oportunidad y hacemos las actuaciones que consideramos necesarias-. Lo que tiene que haber es una relación normal con todos los Estados, también con esos paraísos fiscales, que nos
permita tener la información en tiempo y forma. Esa es la manera en la que podemos ser de verdad eficaces, y en eso estamos. También a eso me referiré luego, pero me centro de momento en lo que tiene que ver con esos dos casos que usted me
plantea.
El 17 de octubre del año 2007 la Administración tributaria de Reino Unido comunicó a la ONIF, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, información sobre personas residentes en España que podían haber utilizado entidades constituidas en
el Principado de Liechtenstein para ocultar la titularidad de determinados patrimonios financieros. Esta información se nos comunicó de oficio, de acuerdo con el procedimiento establecido. La información que recibimos afectaba a algo más de
doscientas personas agrupadas, comprendidas en aproximadamente ochenta y cinco grupos familiares. Posteriormente, el 24 de enero del año 2008, se recibió documentación adicional, que iba acompañada de información de carácter general sobre la
entidad LGT Bank y sobre los procedimientos de operar de esta entidad. Toda la información recibida -y esto es muy importante- se refería al ejercicio 2002 y anteriores. Dado que se había cumplido el plazo de prescripción para iniciar actuaciones
tendentes a la liquidación de cuotas de cuatro años, ya no era posible exigir responsabilidades administrativas. Estamos en un Estado de derecho y eso limita nuestras posibilidades, nuestra capacidad para actuar. Esto implica que la Agencia
Tributaria no ha requerido directamente a contribuyentes ni a personas físicas ni jurídicas que declaren los fondos depositados en dichas cuentas o las rentas procedentes de los mismos, puesto que, como acabo de señalar, la información recibida
afectaba a ejercicios que están prescritos administrativamente y por tanto no teníamos más remedio que actuar de esta manera.
A la vista de estos hechos, la actuación de la Agencia Tributaria se dirigió a preparar aquellos casos en los que había indicios de existencia de delito fiscal correspondientes al ejercicio 2002 u otros posteriores susceptibles de ser
enjuiciados por los tribunales de justicia. Una vez
analizados todos los datos, la Agencia Tributaria puso en conocimiento de la Fiscalía especial anticorrupción y contra la criminalidad organizada la información correspondiente a cuarenta y cuatro personas físicas, respecto de las que se
estimaba que existían indicios de delito fiscal.
Además, se trasladó la información de otras quince personas físicas para las que, en el momento de la denuncia, existía constancia de que los capitales descubiertos formaban parte de su patrimonio
antes del 1 de enero de ese año 2002. Por lo tanto, por esa circunstancia, no podía atribuírseles una ganancia patrimonial no justificada en el impuesto sobre la renta, pero del conjunto de datos disponibles no era posible descartar que en el curso
de la investigación se pudiera acreditar la comisión de un delito fiscal en el ejercicio 2002 o en otro posterior. En esos casos, con una evidencia más débil, también se dio traslado de la información.
La Fiscalía Anticorrupción presentó la correspondiente denuncia el 20 de junio del año 2008, que fue admitida por el magistrado juez instructor, quien acordó iniciar alrededor de treinta y cinco procedimientos, cada uno de los cuales puede
afectar a una o a varias personas, dependiendo del caso. En el curso de la investigación se han abierto diligencias contra una persona más, de la que se recibió documentación con posterioridad a la presentación de la denuncia inicial. Asimismo,
dentro del procedimiento inicial, se ha dirigido la investigación contra cinco personas más por presuntos delitos fiscales, que podían haberse cometido a la luz de hechos conocidos a partir de la documentación obtenida en los registros realizados en
España. En consecuencia, señoría, el número de personas físicas respecto de las que se ha remitido información a la Fiscalía Anticorrupción asciende a sesenta y cinco.
La denuncia presentada, respondiendo a otra de sus preguntas, no identificaba a personas jurídicas titulares de patrimonios ocultos en el Principado de Liechtenstein, si bien se hacía referencia a cuatro personas jurídicas y a algunos de sus
empleados por su presunta intervención como intermediarios o como colaboradores en la colocación de capitales en el exterior, pero aparecían en esa calidad de intermediarios y no como titulares de patrimonios. Por su parte, el magistrado juez ha
archivado provisionalmente un importante número de las diligencias previas abiertas, al haberse acreditado que los fondos descubiertos procedían de ejercicios anteriores al año 2002; ejercicios que están prescritos penalmente y sobre los que no se
ha podido acreditar la existencia de otros delitos fiscales. A día de hoy, siguen su instrucción ocho procedimientos individuales y el procedimiento general en el que estarían imputadas nueve personas más. En los procedimientos penales, donde la
Agencia Tributaria está colaborando en calidad de auxilio judicial con tres equipos de inspección, la autoridad judicial será la que determine las multas correspondientes en función del resultado que den esas actuaciones judiciales. Es previsible
que en estos procesos la autoridad judicial concrete cuotas dejadas de ingresar como consecuencia de ganancias de patrimonio no justificadas. De nuevo, esto está en manos del juez.
Respecto al origen de los fondos depositados, hasta el momento no se tiene conocimiento de que los mismos procedan de actividades que por su naturaleza puedan ser consideradas ilícitas. Será necesario esperar hasta la finalización de los
procesos judiciales para poder conocer la valoración que la autoridad judicial realiza de esta circunstancia.
Respecto al importe de las cuotas que se han dejado de ingresar a la Hacienda pública, no le puedo dar información porque este importe
solo podrá conocerse cuando finalicen los procesos penales abiertos. Será entonces cuando se determine cuál es el importe de esas cuotas.
Por último, es preciso señalar que se han producido algunos casos de presentación de autoliquidaciones extemporáneas, a las que se han aplicado, como es natural, los recargos previstos en la Ley General Tributaria. Las cantidades ingresadas
por los contribuyentes en declaraciones extemporáneas se aproximan a los 8 millones de euros. Con esto creo haber respondido a las preguntas que usted me formulaba sobre este caso. Tengo que volver a señalar que la información de origen de nuevo
tenía la debilidad de referirse a ejercicios ya prescritos en los que por tanto para la Agencia Tributaria es muy difícil actuar por esa circunstancia.
Me referiré ahora al caso del banco suizo HSBC. A finales del mes de mayo y en el marco del convenio de doble imposición con Francia, la Agencia Tributaria recibió de las autoridades francesas información espontánea correspondiente a los
ejercicios 2005 y 2006 sobre contribuyentes españoles que tienen a su disposición cuentas bancarias en una entidad con sede en Suiza -en el banco que ya he citado-, bien sean titulares o bien autorizados estos contribuyentes españoles. El poco
tiempo existente entre el momento en que se recibió la información y el momento en el que se iba a producir la prescripción del ejercicio 2005 puso a la Agencia Tributaria en una situación en la que era difícil llevar a cabo un análisis detallado de
la información recibida y valorar su fiabilidad. De nuevo teníamos delante de nosotros el riesgo de que se produjera la prescripción de una serie de los hechos contenidos en esta información que recibimos de las autoridades francesas. Estas
circunstancias desaconsejaban iniciar directamente un procedimiento inspector frente a tales contribuyentes, así que lo que hicimos fue optar por otro procedimiento previsto en la Ley General Tributaria y en el reglamento de aplicación de los
tributos, que consiste en enviar a los obligados tributarios un requerimiento para que presenten declaraciones extemporáneas o complementarias, con el fin de que regularicen su situación tributaria o justifiquen que su situación fiscal es correcta.
Este procedimiento no excluye en modo alguno la imposición de sanciones, y lo que hace sobre todo que sea una buena idea aplicar este procedimiento es que permite interrumpir la prescripción en aquellos casos en los que se consiguió notificar los
requerimientos a los obligados tributarios, de manera que lo
que se hizo fue realizar estas notificaciones, interrumpir la prescripción y ganar tiempo para iniciar las inspecciones y realizar todas las actuaciones que ahora les relataré, pero lo primero fue evitar la prescripción de los casos de los
que teníamos conocimiento.
Así, la Agencia Tributaria, tras realizar una labor de identificación y depuración de la información, formuló un requerimiento de presentación de declaraciones complementarias, a efectos de que regularizaran su situación tributaria, a
seiscientos cincuenta y nueve contribuyentes, dos de los cuales son personas jurídicas y los seiscientos cincuenta y siete restantes personas físicas. De estos seiscientos cincuenta y nueve requerimientos se consiguieron notificar personalmente
antes del 30 de junio, que es cuando se producía la prescripción, quinientos cincuenta y ocho requerimientos. En aquellos casos en los que, como consecuencia de la atención del requerimiento efectuado mediante la presentación de una declaración
complementaria, se haya puesto de manifiesto la existencia de cuotas no ingresadas o devueltas indebidamente en el ejercicio correspondiente, se ha iniciado ya el correspondiente procedimiento sancionador. Además, si la cuota regularizada como
consecuencia del requerimiento excede los 120.000 euros y si se valora la existencia de indicios de delito contra la Hacienda pública, lo que se va a hacer -que es el proceso en el que estamos ahora- es remitir al ministerio fiscal esa información
para que proceda correspondientemente. En aquellos casos en los que el obligado tributario, el contribuyente, no haya atendido al requerimiento, ya sea porque no ha presentado la declaración correspondiente o por no haber justificado la no
procedencia de su presentación, lo que ha hecho la Agencia Tributaria es iniciar un expediente sancionador porque considera que concurre la conducta tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria como -literalmente- resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Déjenme que añada, señorías, que se está procediendo a la notificación del inicio de actuaciones inspectoras a aquellos contribuyentes que no han atendido el
requerimiento o a los que no se consiguió notificar el mismo, así como respecto a aquellos otros cuya declaración complementaria presenta incoherencias y por tanto su respuesta no ha sido considerada satisfactoria por la propia Agencia Tributaria.
Me pregunta usted por la calificación de las sanciones como graves o muy graves. Pues bien, aquí será la que resulte en función de la concurrencia o no de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, el 191 y 193, de la Ley
General Tributaria, a efectos de la calificación de la sanción. Depende de que exista ocultación, de que se hayan utilizado medios fraudulentos, etcétera. En cualquier caso, la imposición de las sanciones no solo requerirá la acreditación por la
Agencia Tributaria del elemento objetivo de la infracción sino también del elemento subjetivo.
Todo esto son procedimientos normales. Es la forma ajustada a derecho en la que la Agencia Tributaria opera siempre. No hace falta que exista una
conducta culposa o dolosa para que se puedan imponer esas sanciones.
Me pregunta usted si la Agencia Tributaria tiene previsto dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en esas cuentas del banco suizo. Me gustaría empezar señalando que el objetivo de la Agencia
Tributaria en el desarrollo de estas actuaciones inspectoras, y también en todos los casos, es someter a gravamen todos los hechos imponibles que se pongan de manifiesto de acuerdo con su origen y naturaleza. En aquellos casos en los que el
contribuyente no acredite el origen y naturaleza de los capitales, se aplicará la presunción de iuris tantum, prevista en el artículo 39 de la Ley del IRPF, calificándose los capitales descubiertos y no declarados como ganancias patrimoniales no
justificadas. También aquí creo que hay poca novedad o sorpresa. Cuando no exista una justificación del origen de patrimonio se actuará en consecuencia. Corresponderá en este caso al contribuyente aportar las pruebas necesarias para desvirtuar
esta calificación, si es que ese fuera el caso. En tanto no concluyan estos procedimientos, que por su naturaleza se alargan en el tiempo, no estaremos en condiciones de efectuar mediciones exactas de las cuotas defraudadas, porque hay que tomar en
consideración variables como la naturaleza de las rentas que dan lugar a las cantidades depositadas, periodo de generación, su posibilidad de generación en periodos prescritos, la titularidad única compartida y otros muchos factores.
Estamos ante el proceso de regularización más importante en España, no hay precedentes de una operación de esta envergadura. En este sentido, les puedo adelantar que de acuerdo con los datos disponibles hasta el mes de septiembre, las
liquidaciones complementarias ingresadas arrojan un resultado de aproximadamente 260 millones de euros, y esto sin contar las sanciones, ni lo que pueda resultar de las actuaciones inspectoras, ni lo que pueda resultar de los delitos que se
denuncien y que den lugar al ingreso de otras cuotas o sanciones. Esto, insisto, cuando estamos todavía en el inicio de los procedimientos, porque, de momento, lo único que se ha producido es la regularización espontánea por parte de algunos
contribuyentes, y en ese contexto esa cifra de recaudación de 260 millones de euros ingresados por la Agencia Tributaria es una cifra considerable.
Del relato que he efectuado de los hechos, del proceder de la Agencia Tributaria quiero señalar -espero que les haya quedado claro- que en ningún caso ha habido un perdón, ni un trato de favor a ningún contribuyente, muy al contrario. La
actuación es un ejemplo del esfuerzo que hace la agencia para que haya tolerancia cero y para que ningún delito fiscal quede impune, incluso en casos como este, que son complejos y difíciles de investigar, porque las pruebas del fraude están en
países o territorios con opacidad fiscal en los que, por esa misma razón, es difícil obtener información y es difícil actuar para la agencia. Espero que les haya quedado claro que lo que hemos hecho es todo lo necesario para no perder posibilidades
de actuar contra los potenciales defraudadores. Primero, hemos hecho lo necesario para interrumpir la prescripción; segundo, hemos iniciado procedimientos de inspección contra todos los contribuyentes que aparecen en estas listas y estamos
actuando en esa línea. Esto es lo que ha hecho la agencia.
Decía usted si son criterios técnicos o políticos. La responsabilidad política la asumo yo, por supuesto, pero son criterios técnicos. Fueron decisiones del equipo de dirección de la Agencia Tributaria -y espero que usted sepa que la
agencia funciona de esa manera- que yo asumo. Señalaba usted que desde entonces ha habido cambios significativos en ese equipo de dirección. Son decisiones del nuevo equipo de dirección de la agencia que también asumo. Son criterios técnicos,
pero con esto no quiero decir que no haya una asunción política de responsabilidades, que es la mía.
Creemos que la forma en la que ha operado la agencia es la que procedía.
Lo que sería muy difícil de explicar hoy, si usted me estuviera haciendo
estas mismas preguntas, es que hubiéramos dejado prescribir alguno de los casos que había detrás de esas informaciones. Eso sí que sería muy difícil de explicar. Lo que hemos hecho es evitar que se pierda la posibilidad de actuar y a continuación,
dado ese paso, hemos iniciado actuaciones de inspección sobre todo el común de esa información, así es que no hay impunidad de ningún tipo y la Agencia Tributaria ha actuado con los criterios habituales. En un año normal la agencia inicia más de
setecientas actuaciones por delito fiscal, y dentro de ese conjunto de setecientas actuaciones estamos hablando de un ejemplo muy voluminoso, muy importante, y lo que hemos hecho es esencialmente lo mismo que se hace en esos otros setecientos casos
que se nos presentan todos los años.
Dice usted, no sé con qué fundamento, si el cambio del equipo de la agencia tiene algo que ver con esto. Ya le digo yo que no, que es algo que estaba programado y que es un cambio que se produce después del periodo más largo de estabilidad
que ha habido en la Agencia Tributaria en toda su historia. Son cambios normales y naturales, insisto, que se han producido después de seis años de continuidad en el equipo directivo.
Es normal que después de un periodo tan largo se produzcan
cambios, pero, insisto, programados con bastante antelación a los hechos a los que nos estamos refiriendo.
Voy a terminar aquí porque como luego me van a pedir que vuelva a hablar de la política general de lucha contra los paraísos fiscales, me reservo lo que tengo que decir sobre esa cuestión para la siguiente parte de mi intervención. Sobre
todas las cuestiones de tipo cuantitativo que me pedía le he dado toda la información de que disponemos. Estamos hablando de un caso que está todavía en sus inicios, por tanto las cifras que le doy en muchos casos son provisionales y estoy seguro
de que aumentarán con el paso del tiempo. Lo que sí indican es que estamos ante un proceso de regularización que es sin duda el más grande que ha visto nuestro país en toda su historia.
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor Ocaña, por la información, pero tengo que decirle que después de escucharle atentamente siguen existiendo muchas cuestiones que no han sido aclaradas y que es necesario aclarar porque dejan en
entredicho la actuación de la Agencia Tributaria. Me ha dicho, tanto en el caso de Liechtenstein como de Suiza, que se actuó con premura con este tipo de carta-requerimiento para que el contribuyente procediera a declarar esas rentas a causa de la
prescripción de determinados ejercicios. Quisiera que me explicara, porque entiendo que no es así, si hubiese existido alguna diferencia si desde el principio la Agencia Tributaria hubiera iniciado un procedimiento inspector absolutamente sobre
todos los titulares de esas cuentas de fondos depositados en Suiza, porque, si no lo he estudiado mal en su momento, el inicio de un procedimiento inspector también interrumpe esa prescripción.
Entonces sigo sin entender por qué se hizo previamente
ese requerimiento a los contribuyentes para que ellos procedieran a ingresar de forma voluntaria. Si no le gusta la expresión trato de favor, le diría invitación amable o procedimiento amable que no se utiliza con otros contribuyentes.
En el caso de Liechtenstein decía usted que eran fondos correspondientes al año 2002 y que estaban prescritos, a lo que yo respondo que prescrito el año 2002, pero de los ejercicios posteriores la inspección sí puede hacer un seguimiento de
los capitales y fondos depositados en esas cuentas, de los intereses que se declaran, de si se presenta o no la declaración del impuesto sobre el patrimonio, sobre el que también hemos comentado antes que la Agencia Tributaria tiene competencias
para su inspección. Por tanto, decir que con 8 millones de euros -por declaraciones presentadas además voluntariamente por algunos de los titulares de esas cuentas de Liechtenstein- se da carpetazo a este asunto sinceramente no nos satisface como
explicación.
Es evidente, señor Ocaña, que la primera citación a los contribuyentes sospechosos de haber ocultado dinero a Hacienda en cuentas no declaradas en Suiza mediante un requerimiento no fue eficaz y fue muy desafortunado por parte de la Agencia
Tributaria, teniendo en cuenta que el precedente de este caso de Liechtenstein les podía haber dado la experiencia suficiente para haber actuado con mayor rapidez, con mayor eficacia e iniciando actuaciones inspectoras desde el principio, sobre
todos y cada uno de esos contribuyentes. Es evidente también que ese primer requerimiento no dio un gran resultado. Nos ha proporcionado que se ingresaran voluntariamente 260 millones de euros. Fíjese usted lo que se ha podido dejar de ingresar
si se hubieran iniciado desde el principio actuaciones inspectoras. Es evidente también que la instrucción dictada por los responsables de los departamentos de gestión e inspección decía lo que decía y dio lugar a su posterior cese, porque fue
publicada en la
prensa el día 24 de junio y fueron cesados el 30 de junio, porque se publicó en los medios de comunicación.
Esa instrucción creo que dejaba claras las intenciones iniciales de la Agencia Tributaria con unos efectos similares a una amnistía fiscal encubierta, por mucho que diga -además es su obligación decirlo- que rechazan de forma contundente
cualquier tipo de amnistía fiscal. Pero sinceramente esa instrucción así lo parecía porque daba un trato en cuanto a las sanciones mucho más favorable que a otros contribuyentes que sufren las consecuencias o que tienen iniciada una actuación
inspectora.
Estamos hablando, señor Ocaña, de miles de millones de euros. Esto hay que tenerlo en cuenta. En esa instrucción se especificaba claramente que solo las rentas derivadas, es decir los intereses de esas cuentas requeridas, daban lugar
a la imposición de sanción -lo decía la propia instrucción, aquí tengo una copia, pero usted la conocerá mejor que yo- y que el resto de rentas que aflorasen a raíz de estos requerimientos, que son las rentas multimillonarias de esos capitales
depositados en esas cuentas, no daría lugar a la imposición de sanción -lo dice textualmente esa instrucción de la Agencia Tributaria-, sino solo a recargos por presentación extemporánea, que son mucho menos gravosos. Por tanto, sigo insistiendo,
¿pretendían ustedes inicialmente una amnistía fiscal y luego, por la presión mediática y política, por la presencia continua de estas noticias que escandalizan a muchos contribuyentes en los medios de comunicación, la Agencia Tributaria cambió su
estrategia? ¿Por qué con posterioridad cambiaron aparentemente esa estrategia y ya no les valió con este requerimiento, sino que iniciaron procedimientos de inspección? Están rectificando claramente su actuación inicial. Y, sobre todo, vuelvo a
insistir, una vez más, después de la experiencia del caso Liechtenstein, ¿por qué no se iniciaron desde el principio actuaciones inspectoras?
Nosotros entendemos que es a través de una investigación inspectora exhaustiva cuando realmente se puede investigar, examinar y ver, caso por caso, la procedencia de estos fondos, si está o no justificada esa procedencia y la posible
remisión a la jurisdicción penal para determinar si existen o no delitos fiscales o delitos de otro tipo, según la procedencia de esos fondos, que también pueden tener procedencias dudosas y procedencias ilícitas. Seguimos sin entender, tengo que
recalcarlo después de explicarlo y siento que sea así, por qué no se iniciaron estas actuaciones inspectoras desde el primer momento, porque, señor Ocaña, estamos hablando de miles de millones de euros, estamos hablando de presuntos defraudadores a
la Hacienda pública española muy poderosos. La mera sospecha de querer ventilar toda esta cuestión de miles de millones de euros con unos requerimientos de gestión y sin sanciones tributarias produce auténtico estupor en todos los ciudadanos
honestos que pagan sus impuestos religiosamente.
Señor secretario de Estado, cuando el Gobierno socialista castiga con máximas subidas de impuestos a la clase media y trabajadora y cuando está exigiendo sacrificios a las clases más débiles, congelando las pensiones, bajando los sueldos de
los empleados públicos y abaratando el despido, no se puede permitir el lujo -entiendo yo- de que la organización que preside, la Agencia Tributaria, esté bajo sospecha de dispensar un trato de favor -no le gusta la expresión trato de favor- o de no
gravar tanto a los defraudares más poderosos poseedores de grandes fortunas depositadas en cuentas en Suiza. Esta postura creemos que es totalmente incoherente con el impuesto para ricos, ese impuesto que ustedes han publicitado, con el que
pretenden hacernos creer que nuestro sistema fiscal va a ser más justo y más equitativo. Con esa subida del IRPF esperan recaudar entre 170 y 200 millones de euros no de aquellos contribuyentes que son más ricos o que más tienen, sino de aquellos
que más declaran. Por tanto, fíjese usted, 170 millones frente a 260 millones de euros se llevan ya recaudados de manera voluntaria por este asunto de las cuentas de Suiza, por estos contribuyentes que tenían cuentas opacas depositadas por este
país. Yo creo que esto no es de recibo y deja en evidencia la impostura falsamente progresista del Gobierno socialista, un gobierno que solo piensa en publicidad y márquetin. Los ciudadanos, señor Ocaña, quieren pagar sus impuestos de una manera
justa y que aquellos que no paguen sean perseguidos con toda la contundencia por la Agencia Tributaria y sean sancionados también por esas conductas. En una materia tan sensible como el fraude fiscal, creemos que se debe ser...
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Ya termino, señor presidente.
... especialmente serio y riguroso y evitar actuaciones de este tipo que seguimos pensando que han sido chapuceras, que se podían haber iniciado desde el principio con actuaciones inspectoras y se podía haber evitado el bochorno de una carta
invitación, que no es precisamente edificante para todos los contribuyentes. Por tanto espero que en la réplica pueda aclararme alguna cuestión más que por lo menos tranquilice a todos los contribuyentes y tranquilice también a mi grupo político.
El señor PRESIDENTE: Señor Ocaña.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): O me explico muy mal o no escucha, una de dos, porque me ha vuelto usted a repetir exactamente lo de su primera intervención, por lo que ha hecho oídos sordos
enteramente a las explicaciones que le he dado.
Voy a actuar de manera distinta a usted y no voy a repetir otra vez todo, pero sí le recuerdo las dos líneas esenciales y empiezo por el final.
Estábamos inspeccionando todos los casos, no hemos
renunciado a ninguna línea de actuación por parte de la Agencia Tributaria. Si usted pone eso en duda, es como hablar con una pared. Eso es esencial: no hemos renunciado a ninguna vía de actuación,
estamos inspeccionando todos los casos. El hecho incluso de que se haya producido esa regularización extemporánea no elimina la posibilidad -y de hecho lo estamos haciendo- de que la Inspección examine el caso. No hemos renunciado a nada.
Dos, teníamos un problema de tiempos y, le insisto, lo que realmente sería imposible para mí explicar aquí es que hubieran prescrito -en relación con cien, doscientos o mil contribuyentes, me da igual- y no tuviéramos la posibilidad de actuar. Eso
sí que sería motivo de preocupación. Veo que usted, como ese argumento no le interesa, lo ignora, pero eso es lo que hay, se ha actuado de esa manera.
En el caso de Liechtenstein pasa lo mismo. Dice usted: ustedes no han hecho un seguimiento. Pero usted qué sabe. Claro que hacemos un seguimiento de todo lo que había ahí, pero eso ya no tiene que ver con Liechtenstein, sino con que
dentro de nuestros planes de inspección hay contribuyentes de riesgo a los que inspeccionamos, pero eso forma parte de la vida normal de la agencia y de la actuación normal de la agencia.
No sé por qué da usted por hecho que eso se abandona. No se
abandona, pero ya no es el caso Liechtenstein; son contribuyentes de los que, por las razones que sea, tenemos información que los pone en categoría de riesgo y que, por supuesto, son objeto de un seguimiento especial.
No ha habido cambio de estrategia. La forma en la que hemos actuado es la que desde el inicio se planteó. De nuevo eso se lo inventa usted. No sé por qué dice que hay cambio de estrategia. La estrategia que hubo desde el principio fue
hacer estas modificaciones e iniciar la actividad inspectora con el tiempo para hacerla, porque lo que sí que le digo es que en un mes no hubiéramos sido capaces de hacer varios centenares de inspecciones que no estaban programadas. De manera que
hemos actuado racionalmente de cara a un objetivo que es el de no permitir que nada quedase impune.
Le haré un último comentario. Sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria, en este caso y en otros, quizás un buen indicador de si se hacen las cosas bien o no sean los resultados. Miremos los resultados, quizás eso sea un planteamiento
razonable. No quiero sacarle mucha punta a los resultados sobre el caso del HSBC porque estamos todavía en el inicio y lo que hemos obtenido yo creo que es solamente una parte, a lo mejor pequeña, de lo que se acabe obteniendo al final, pero esos
45.000 millones de las antiguas pesetas que han aflorado no me parecen un mal comienzo. Si hemos de juzgar por los resultados, si lo que importa del gato es que cace razones, algunos ratones estamos cazando. Si quiere usted mirar un poco más en
general, en lugar de dedicarse a sembrar la duda sobre si las instituciones de este país funcionan o no funcionan, que me parece un ejercicio irresponsable y terrorífico por su parte, mire los resultados desde que iniciamos los planes de prevención
del fraude, y desde que los iniciamos llevamos recaudados más de 43.000 millones de euros por actuaciones específicas de lucha contra el fraude. Si eso no es una prueba de que algo se está consiguiendo, no sé que tipo de argumentos sirven para
convencerles, supongo que ninguno, porque lo que hacen es volver a argumentos que no tienen nada que ver con lo que nos ocupa aquí, como el impuesto para los ricos o esa subida de impuestos. No sé qué impuesto hemos subido este año: los ajustes en
el IRPF y ya está. (El señor García-Legaz Ponce: El IVA.) Y el IVA, que se subió hace un año. No sé si ustedes todavía mantienen la equivocadísima apreciación de que eso no había que hacerlo. Lo que nos hemos encontrado cuando se ha producido
esa subida, lo que nos han dicho los organismos internacionales, lo que nos han dicho nuestros socios de la Unión Europea es que eso era lo mínimo. Yo no sé si ustedes tienen algún procedimiento alquímico para generar recursos, para generar
ingresos públicos, pero funcionando en el mundo real, en el que nos tenemos que mover, les aseguro que es lo único razonable que se podía hacer, eso lo reconoce todo el mundo, y es una irresponsabilidad brutal por su parte que pongan eso en
cuestión, porque eso no lo discute nadie. Si alguien nos ha cuestionado algo, es si nos habremos quedado cortos. Que ustedes sigan insistiendo en eso y ahora mezclándolo con los temas de persecución del fraude, insisto, es una demagogia que no va
absolutamente a ningún lado.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (OCAÑA PÉREZ DE TUDELA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE HACIENDA, Y EN CONCRETO SOBRE LA REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000463.)
- LOS ERRORES DETECTADOS EN LA DESCARGA DESDE LA WEB DE LA AEAT DEL NUEVO MODELO 303 DE DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL IVA QUE HA DIFICULTADO A MILES DE PYMES Y AUTÓNOMOS EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Números de expediente 212/000572 y 212/000574.)
- LAS MODIFICACIONES QUE PRETENDE ADOPTAR EL GOBIERNO EN CUANTO AL MODELO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS DE LA LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
212/000877.)
- LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE REGULAR LAS APUESTAS Y JUEGOS POR INTERNET.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000999.)
- LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y SANCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS ABIERTOS A LOS CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE HAN DETECTADO CUENTAS EN EL BANCO HSBC EN SUIZA, ASÍ COMO SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN MATERIA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001133.)
- EN QUÉ MEDIDA SE HAN VISTO AFECTADAS LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A CAUSA DE UN ERROR INFORMÁTICO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, QUE HA PARALIZADO LA DEVOLUCIÓN DEL IVA DEL TERCER TRIMESTRE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/001342.)
El señor PRESIDENTE: Como el compareciente está en condiciones de seguir con la sesión, pasamos a las comparecencias que aparecen en el orden del día para las que, sin solución de continuidad, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): ¿Agrupo todas?
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Se juntan aquí hasta cuatro cuestiones distintas muy diversas, una muy general sobre las mismas cuestiones que acabamos de tratar relativas a la política
general de la Agencia Tributaria en la persecución del fraude; dos que tienen que ver con cuestiones de gestión, que intentaré explicarles, pero que son de un nivel de concreción realmente enorme, sobre unos impresos que facilita la agencia, que
les explicaré aunque brevemente, porque no creo que den mucho recorrido esas dos cuestiones; y una cuarta cuestión sobre los planes del Gobierno en relación con loterías. Ahí me extenderé un poco más e intentaré explicarles qué es lo que estamos
haciendo, en qué estamos trabajando y qué es lo que estamos preparando.
La primera cuestión es sobre política general de la Agencia Tributaria en materia de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Quiero repetir aquí que durante la legislatura pasada y lo que llevamos de esta venimos trabajando en fortalecer
la prevención del fraude. Esto lo hacemos fundamentalmente desde la Agencia Tributaria y supone toda una larga lista de medidas, que no voy a repetir aquí, de prevención del fraude, que han dado unos resultados muy buenos. Los resultados de la
agencia son mejores ahora que hace seis años, y además estoy seguro de que dentro de seis años serán mejores que ahora. Hemos entrado en un camino de mejora porque afinamos los instrumentos de trabajo y eso nos ha permitido recaudar en estos años
esos 43.000 millones de euros de los que les hablaba, una cantidad sin duda muy importante.
En paralelo a esa línea de actuación, hemos trabajado en foros internacionales y bilateralmente con determinados países en la mejora de los instrumentos de coordinación con las autoridades fiscales de otros países. En ese contexto, lo que
nos preocupa es la existencia de paraísos fiscales. Lo que hemos hecho es firmar bilateralmente acuerdos de intercambio de información o de doble imposición, según el caso, con un grupo numeroso de paraísos fiscales que, como consecuencia de la
firma de esos acuerdos, dejan de serlo. Esto quiere decir que en el futuro tendremos menos problemas que los que hemos tenido en el pasado. Este es un trabajo gota a gota, con cada país y, por tanto, es imposible que en un día concreto se pueda
anunciar que se ha producido un cambio radical, pero ese trabajo país a país a lo que de verdad ayuda es a prevenir modalidades de fraude como las que hemos comentado de Suiza o Liechtenstein. Al mismo tiempo, aprovechando la situación económica
que ha dado lugar a una preocupación internacional por la falta de transparencia en los flujos económicos y por los problemas que generan los paraísos fiscales, hemos aprovechado nuestra presencia en la OCDE, en el G-20 y en la Unión Europea para
impulsar la adopción de acuerdos internacionales que presionen a esos paraísos fiscales para que abandonen las prácticas que los convierten en paraísos fiscales. Eso y todos los detalles concretos que les he dado de cómo opera la agencia en
circunstancias concretas pueden ser suficientes para responder a esa petición de comparecencia.
Las dos próximas cuestiones tienen que ver con aspectos muy puntuales de la agencia y el competente en esta materia es el director general de la misma, que es el que gestiona la operación de la agencia. Voy a asumir yo la respuesta pero,
insisto, son cuestiones que tienen que ver con la gestión de una organización como la agencia y no con decisiones de política tributaria que son las que me ocupan a mí. La cuestión se refiere a dar información sobre la situación de reducción de la
actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera. Si tuviera que contestar en una palabra o dos lo que les diría es que no hay ninguna reducción de actividad en el Servicio de Vigilancia Aduanera, en absoluto. Les recuerdo lo que es la actividad de
vigilancia aduanera. Con dependencia orgánica del departamento de aduanas de la Agencia Tributaria, tiene la competencia de la vigilancia adua
nera, esto es descubrir, perseguir y reprimir en todo el territorio nacional, en las áreas jurisdiccionales y en el espacio aéreo el contrabando. Esta es su actividad, la investigación de los delitos conexos al contrabando y, relacionado
con esto, perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida. Para realizar estas operaciones el Servicio de Vigilancia Aduanera dispone de una serie de medios aéreos y marinos que permiten que los miembros de aduanas puedan cumplir con su función.
Entiendo que la pregunta se refiere a la disponibilidad de medios en ese ámbito, barcos y aviones. En ese sentido no hay ningún proyecto de desmantelar vigilancia aduanera. En los últimos diez años las inversiones en el sector marítimo y aéreo han
supuesto más de 70 millones de euros, hemos renovado más del 70 por ciento de la flota, esto quiere decir que tenemos una flota más joven y técnicamente más moderna. No sabemos exactamente qué es lo que motiva la pregunta, pero la respuesta es que
se está haciendo un esfuerzo significativo, dentro de un contexto de austeridad, para modernizar los medios disponibles. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la operación de las aeronaves de vigilancia aduanera.
Nosotros, como Agencia
Tributaria, intentamos ser buenos en nuestra actividad pero no necesariamente tenemos por qué ser competentes en el mantenimiento de aeronaves ni en pilotarlas. Actuando como actúan muchos otros organismos en aspectos similares, lo que hacemos es
subcontratar el mantenimiento y la operación de los vuelos. Esto es algo muy razonable.
Hasta ahora los aviones de vigilancia aduanera los pilotan pilotos del Ejército del Aire, es decir, no nos vamos muy lejos a buscar quién nos provea ese
servicio. Esto es algo que, además, al Ejército del Aire le viene bien porque les da horas de vuelo y les da una forma de mantener al día a sus pilotos que tienen unos requerimientos mínimos de horas de vuelo, y con el mantenimiento pasa lo mismo.
Creo que es más razonable que una empresa como Airbus, la antigua CASA, nos haga ese mantenimiento que no que lo hagamos nosotros que no tenemos conocimiento ni competencia en esa área. Por tanto, no hay ningún desmantelamiento, ninguna desatención
de ningún tipo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Mi sensación es que también en ese ámbito se ha mejorado, los medios son mejores y el funcionamiento es adecuado.
A continuación, hay dos preguntas en las que se solicitaba la comparecencia del director general de la agencia para informar, literalmente, sobre los errores detectados en la descarga del modelo 303 de declaración trimestral del IVA, y otra
para informar sobre los errores detectados también en la descarga del nuevo modelo 303 de declaración trimestral del IVA que ha dificultado a miles de pymes y autónomos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Muy brevemente les diré dos
cosas. No ha habido ningún problema con ese modelo 303, es un modelo nuevo que hace uso de las posibilidades que nos brinda la informática y, en concreto, permite que de manera remota el contribuyente cumplimente ese impreso desde su empresa, desde
su casa o desde dónde quiera que esté. No ha habido ningún problema, tanto es así que en el trimestre de referencia se han descargado casi un millón de formularios -981.000- y se han confirmado 636.000 declaraciones, por lo que es difícil pensar
que hay un problema. Intentando pensar qué es lo que motiva la pregunta y qué es lo que hizo que en algún medio saliera esta referencia, lo que sí que vemos es que el formulario, cuando falta de cumplimentarse cualquier información o no está
correcto, no puede introducirse en la base de datos de la agencia y sale un mensaje de error, pero esto es normal que salga.
Eso no quiere decir que haya errores en el formulario, sino que hay errores por parte de quien lo ha rellenado.
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, si como consecuencia de esto se han producido menos devoluciones, pues no, no se han producido menos devoluciones, se han producido las devoluciones que se tenían que realizar. En cuanto al
porcentaje de las devoluciones pendientes, este año estamos devolviendo más rápido que el año pasado. Definitivamente, es infundada la cuestión. Lo que sí es verdad es que, con respecto al año pasado, este año la agencia está haciendo menos
devoluciones de IVA, pero esto tenía que ser así porque hemos cambiado el sistema de devolución. Lo hicimos el año pasado; de hecho, el año pasado estuvimos devolviendo simultáneamente con criterio anual y mensual, así que devolvimos muchísimo
IVA, y este año ya solo hacemos una devolución, la normal, la mensual en la mayoría de los casos. Por tanto, en cuantía devolvemos, pero por razones que nada tienen que ver con este impreso
En consecuencia, la respuesta a las dos cuestiones es que no hay ningún problema, trabajamos en mejorar la informática y el acceso de los contribuyentes a los servicios que presta la agencia, creo que en esto somos muy buenos, lo hacemos
bien e insisto en que no ha habido ningún problema de ningún tipo.
La cuarta cuestión se refiere a dos preguntas, una sobre las modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de Loterías y Apuestas del Estado, y otra sobre la voluntad del
Gobierno de regular las apuestas y juegos por Internet. Voy a abordar en primer lugar esa última cuestión.
Señorías, la situación de los juegos de azar en Europa ha cambiado enormemente en los últimos años. Por un lado, la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha conciliado los intereses de los consumidores con la liberalización del mercado y, por otro, la irrupción de las nuevas tecnologías y su uso masivo por los ciudadanos ha mostrado que la normativa que teníamos
vigente hasta ahora es anacrónica, no contempla unas formas de actividad que antes no existían y ahora sí y son muy frecuentes. En este contexto, un sector que ha cambiado y una posición de la Unión Europea que ya nos está obligando a cambiar la
regulación de ese sector, el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros estudió un primer informe sobre el anteproyecto de ley de regulación de los juegos de
azar de ámbito estatal. El proyecto de norma prevé regular especialmente las nuevas modalidades de juego desarrolladas a través de medios informáticos, electrónicos y telemáticos con respecto a las competencias de las comunidades autónomas,
por tanto regular solo cuando el ámbito de esos juegos exceda el de una comunidad autónoma. Lo que se pretende con todo esto es simplemente dar seguridad jurídica tanto a los operadores como a los usuarios en una actividad que hace unos pocos años,
insisto, sencillamente no existía y por tanto no está regulada y hay ahí un vacío legal, un agujero que conviene llenar. La intención del Gobierno en este momento es remitir a esta Cámara el proyecto de ley antes de que finalice el año con el
propósito a su vez de que pueda ser promulgado en el próximo periodo de sesiones. En este momento estamos consensuando el proyecto con las comunidades autónomas que, por un lado, son las competentes en el juego de ámbito de una sola comunidad
autónoma y, por otro lado, son muy relevantes en muchos otros aspectos de protección al consumidor, etcétera. En ese sentido, ya se ha celebrado una reunión del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, que tuvo
lugar el pasado 14 de octubre. En esa reunión se habló exclusivamente de los aspectos fiscales del texto, cómo las nuevas modalidades del juego -en particular el juego por Internet- deben estar sometidas a tributación igual que el resto de las
modalidades de juego y cómo los ingresos que se deriven de ese nuevo impuesto deben ser recibidos por las comunidades autónomas y en su caso qué parte se quedaría el Estado. Trabajando en esta misma línea, el próximo día 27 de octubre, es decir
mañana, se reunirá por la mañana la Comisión sectorial del juego para hablar de todos los demás aspectos, los no tributarios: protección del consumidor, control del juego, es decir todos los aspectos que son relevantes para el Ministerio del
Interior; y por la tarde se reunirá un grupo de trabajo de coordinación normativa y fijación de criterios que va a volver a hablar de la cuestión tributaria, de los impuestos sobre esas nuevas modalidades de juego. Por tanto, ahora estamos
ocupados en que la regulación que se establezca para las nuevas modalidades de juego sea pactada, sea consensuada, sea aceptada por las comunidades autónomas. En este esfuerzo estamos dando cumplimiento a algo a lo que el Congreso ya nos instó hace
algún tiempo. Este anteproyecto de ley, cuando lo presentemos, dará cumplimiento a la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de medidas de impulso a la sociedad de la información, que mandataba al Gobierno para que presentara
precisamente una regulación de las nuevas modalidades de juego. Esa disposición, por cierto, se aprobó por consenso de todos los grupos parlamentarios y aquí simplemente estamos dando cumplimiento a una necesidad compartida por todos los grupos y,
en ese sentido, no debería plantear ningún problema.
En cuanto al contenido probable del anteproyecto, entre otras cuestiones se recogen los procedimientos para dar licencias y autorizaciones para operar en el mercado, procedimientos de control y régimen sancionador en caso de que se incumpla
la norma. Se contempla también la separación de las funciones de control y de operación, para modernizar la estructura de Loterías y Apuestas del Estado. En este sentido, vamos a proponer que se cree un órgano regulador del sector del juego, en el
que estarán representadas las comunidades autónomas, y al mismo tiempo se establece una nueva sociedad estatal como operador de los juegos de titularidad del Estado. Lo que estamos proponiendo aquí creo que es fácil de entender.
Hasta ahora,
cuando los únicos juegos que había en España eran los que comercializaba LAE -por ejemplo, la lotería de Navidad y la primitiva- y los que comercializaba la ONCE, en régimen de monopolio -de relativo monopolio, pero monopolio-, el hecho de que
existiera una Dirección General de Loterías, que era por una parte el regulador, el administrador, quien ponía sanciones, daba licencias y autorizaciones y al tiempo era quien operaba los juegos del Estado -la lotería de Navidad, la primitiva- eso
no creaba problemas. Pero en un mundo bastante más complejo como el que vivimos ahora, en el que hay operadores privados comercializando juegos por ejemplo por Internet, mantener en un mismo órgano al regulador, el director general de Loterías, y
al operador, que vuelve a ser el director general de Loterías, crea una confusión de funciones y de incentivos que no es razonable. No es un problema urgente que tengamos que resolver de hoy para mañana, pero tiene mucho más sentido separar la
operación de la regulación. El regulador debe ser central, debe ser un árbitro que trata con el mismo criterio a todos los agentes y que se preocupa de la misma manera por la protección de todos los consumidores. El operador es una empresa que
actúa con criterios de eficiencia, es decir, da el servicio que da con criterios de eficiencia, de minimización del coste. Los tiempos lo que requieren es que separemos operación y regulación, igual que ha ocurrido en muchos otros sectores.
Esta
es una mejora de gestión, no tiene más consecuencias que eso, pero es una mejora de gestión que da más transparencia, más seguridad al mercado del juego, que adapta nuestra normativa a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en ese sentido
es algo que tenemos que hacer. Es una separación que además va a asegurarnos que no haya financiación cruzada entre distintos competidores, entre el Estado y los operadores; lo que hacemos es transparentar los flujos financieros. De nuevo creo
que esto es bueno, es razonable y es simplemente modernizar un sector que se rige por una regulación de hace muchos, muchos años.
Finalmente, en el anteproyecto de ley se propondrá regular el marco general del régimen fiscal de estas actividades,
estableciendo un impuesto sobre las actividades del juego reguladas en esta norma y en cuya recaudación neta participarán las comunidades autónomas cuando las actividades de juego se realicen por medios telemáticos. Este es el planteamiento que
estamos haciendo y que yo
creo que responde a una demanda que nos llegó del propio Congreso.
La otra pregunta que voy a responder -ligado a lo anterior- tiene que ver con la reserva de comercialización de los juegos de lotería a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, por un lado, y a la ONCE, la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, por otro. En relación con las posibles modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de Loterías y Apuestas del Estado, se ha de señalar que se
continuará con la implantación de un modelo de red comercial basado en contratos de derecho privado de acuerdo con las disposiciones que ya se contenían en la Ley de Presupuestos para 2010 y que todavía está vigente. ¿Qué es lo que estamos haciendo
aquí? Pues, de nuevo, modernizar; modernizar un marco regulador que se había quedado, por un lado, anticuado, y por otro, desacompasado de la normativa europea. Les pongo un ejemplo. En el marco de la comercialización, regulada por el derecho
administrativo, cuando se produce el traspaso de una administración de loterías, por ejemplo por la defunción del administrador, compete al secretario de Estado de Hacienda firmar una resolución atribuyendo la administración de loterías a quien sea,
normalmente a un familiar del finado. Si lo piensan, este es un esquema realmente arcaico, un esquema que se compadece muy mal con la forma en la que funcionan otros sectores. Piensen en otros sectores regulados. Me vienen a la cabeza ahora las
farmacias; en este caso, es el propietario del establecimiento quien decide si traspasar o no y las condiciones, y sería inimaginable que el secretario de Estado de Hacienda o cualquier otra autoridad pública fuese la responsable de decir a quién
se le da una farmacia cuando, por la razón que sea, dicho establecimiento cambia de titularidad. Pues bien, todo lo que hicimos hace un año y que ustedes aprobaron en la Ley de Presupuestos fue modernizar el tratamiento de esas administraciones de
loterías asimilándolo más a lo que podría ser el tratamiento, por ejemplo, de los establecimientos de farmacia; estoy simplificando, pero creo que la idea es esencialmente correcta. Todo lo que estamos haciendo es dar un tratamiento más moderno y
que de hecho beneficia a las administraciones de loterías porque da seguridad jurídica y porque les da más mando, más control sobre su establecimiento que el que tenían antes. Eso es lo que hicimos hace un año y esos son nuestros planes, los únicos
planes que tenemos en relación con la comercialización. Planeamos mantener la reserva, planeamos mantener el statu quo vigente en todos los aspectos, y lo único que hemos hecho ha sido dar esa posibilidad de que sea el derecho privado y no el
administrativo el que regule la actividad de este sector. Creo que es algo muy razonable y, de hecho, en la aplicación práctica no ha dado, hasta donde soy consciente, ningún problema; es algo que ha funcionado bien. Además, como esto se hizo con
respecto a los derechos adquiridos -a nadie se le fuerza a cambiar de sistema, son solo las nuevas administraciones las que se rigen por el nuevo sistema-, no hay perjudicados. De hecho, la nueva posibilidad que se ofrece a las actuales
administraciones es en realidad una ventaja para las mismas. Con este cambio facilitamos también la posibilidad de abrir nuevas administraciones, cosa que resultaba muy difícil porque estaban afectadas por los efectos de la disposición derogatoria
de la Ley de contratos del sector público y hacía falta un marco regulador, que ahora ya tenemos.
Esta es una mejora de gestión y una mejora técnica que no crea ninguna dificultad.
En resumen, y termino, no hay ningún tipo de privatización de la actividad de los comercializadores, sencillamente no lo hay, lo que hay es una actualización y una modernización en una doble vertiente: por un lado, en lo que se refiere a un
marco regulatorio que estaba francamente anticuado y que adaptamos a las nuevas formas de juego de operadores de mercado, tal como nos requirió el Congreso en esa Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información a la que antes me refería, y
por otro lado estamos ante la modernización de un marco de gestión anacrónico, basado en un viejo modelo de concesión administrativa que se adapta muy mal a las circunstancias en las que vive un establecimiento comercial en pleno siglo XXI. Estamos
en un momento de transición y son elementos que van a facilitar la vida del sector del juego, que van a dar a LAE y también a la ONCE la posibilidad de competir y de mantenerse en el mercado y, por tanto, de seguir haciendo sus actividades, en el
caso de LAE seguir dando ingresos a la Hacienda pública para acometer las actividades que realiza el Estado, y en el caso de la ONCE ingresos para las actividades que son propias de la ONCE. Creo que son cambios positivos para todos muy en línea
con lo que está sucediendo en el resto del mundo y particularmente en otros países europeos. Esa es la única intención, modernizar un sector que tenía una regulación arcaica, muy arcaica.
Quedo a su disposición para sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: En su turno, el Grupo Popular va a distribuir su tiempo entre dos portavoces, los señores Tomé y García-Legaz, interviniendo por este orden. Así que, en primer lugar, tiene la palabra el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, porque está usted haciendo esta mañana un esfuerzo muy grande para afrontar una serie de cuestiones heterogéneas, todas objeto de su competencia y que domina como no puede
ser menos; le agradecemos el esfuerzo. Creo que es su primera comparecencia en esta Comisión -habitualmente comparece en la de Presupuestos- y en parte se encuentra esto dentro de los nuevos usos que estamos queriendo impulsar los grupos
parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda, con un turno mucho más ágil de preguntas. Tenemos que buscar también el medio para
que no se produzca esta circunstancia de que se acumulen tantas comparecencias y para ello le pedimos su colaboración y la de los responsables de los centros directivos para que los grupos podamos tener acceso inmediato a la información
sobre todos los temas que se están planteando. Se quejaba de que algunas cuestiones son extemporáneas. Hay que buscar el sistema para que estas comparecencias sean inmediatas; no siempre tendrá que ser el secretario de Estado o la vicepresidenta,
pero sí los directores o secretarios generales responsables de los distintos centros directivos. En cualquier caso, le agradezco el esfuerzo que está haciendo.
En primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones sobre la gestión tributaria, siguiendo el orden de su intervención. Se ha atrevido usted a calificar la valoración que hacía mi compañera la señora Madrazo sobre las actuaciones de la
Agencia Tributaria como irresponsables, terroríficas -ha empleado unos epítetos que son completamente ajenos a lo que suele ser el tono de sus intervenciones habitualmente-, y esto me da pie para dejar claro por parte de mi grupo algo que me parece
fundamental. Mi grupo parlamentario -y creo que en eso hay un consenso amplio en esta Cámara- está comprometido por una gestión de la Agencia Tributaria, de la Administración tributaria, independiente, profesional, eficaz y con una carrera basada
en el mérito, la profesionalidad y la independencia de los funcionarios. La Agencia Tributaria -y así lo percibimos nosotros-, más en estos momentos tan difíciles que se están viviendo, es una base fundamental sobre la que se sostiene el
presupuesto, el propio Estado social y democrático de derecho; no le quepa la menor duda a nadie de que ese es un compromiso del Partido Popular. Pero también se tiene que basar ese prestigio de la Agencia Tributaria, ganado a lo largo de muchos
años y reconocido en muchos foros, en la confianza, en la transparencia de las actuaciones. Sabe usted que nuestro grupo ha venido denunciando cómo año tras año va mermando la información disponible en las memorias de la Agencia Tributaria, en las
memorias de la Administración tributaria, y para nosotros sería mucho más importante que las discusiones en esta Comisión y en otros foros, en otras comparecencias, más que en recabar información de datos se pudiesen centrar en la valoración de los
mismos. Es verdad que hacen ustedes un esfuerzo en responder a los grupos las cuestiones escritas que les planteamos, pero creo que tenemos que mejorar todo ese procedimiento.
Decía usted que los cambios que se han producido en la organización de la agencia estaban planeados, pero lo cierto es que usted es el responsable político de la gestión tributaria en España desde el año 2004, es el único que queda en ese
equipo y, mientras tanto, han pasado muchas cosas que a nuestro grupo por lo menos nos han preocupado y que hemos denunciado. Según usted no va a haber cambio de estrategia, todo sigue igual. En nuestra opinión ha habido hechos graves, los que se
han comentado anteriormente y, resumiendo, si hay una información relevante y corresponde valorarla a los órganos técnicos de la Administración tributaria, hágase una inspección con los procedimientos habituales y con todas las circunstancias,
porque no es justificado ese procedimiento sui generis, alambicado. No quiero entrar en algo que creo que ha quedado perfectamente resuelto. Pero ustedes tienen otros frentes abiertos que tendrán que abordar, usted como responsable político y su
nuevo equipo, al que nosotros también en esta sede parlamentaria hemos reconocido un nuevo estilo y una nueva voluntad de comunicación -según usted no va a haber cambio-; siguen teniendo temas abiertos como unas circulares y unos procedimientos de
inspección que han merecido el rechazo unánime de todos los profesionales; tienen contenciosos-administrativos en relación con la Circular 1/2010 que, entre otras cosas, premia las actuaciones inspectoras en función de si hay sanción, lo conoce
usted perfectamente-; hay conflictos con el colectivo de inspectores, con el colectivo de subinspectores que reclama una carrera y una delimitación de funciones adecuada y con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Esa comparecencia a la que usted se
refería era cuando sus representantes sindicales estaban quejándose en los medios de que no tenían gasolina para salir al mar. Hoy todavía no hay una norma jurídica que ampare suficientemente las facultades de colaboración con el Poder Judicial que
a este colectivo de funcionarios les están reconociendo las sentencias. Hay temas abiertos como los conflictos que se han planteado en relación también con los borradores del IVA, graves deficiencias de gestión. Al final, todo eso ha cristalizado
en un cambio total del equipo de dirección de la agencia y usted hoy ha aludido a ello diciendo que era una cuestión irrelevante prevista y echándose por lo visto a la espalda, como no es su responsabilidad política, la gestión anterior y lo que
venga. Nosotros ahora lo que reclamamos es un cambio de actitud, mayor transparencia y apoyo a las actuaciones de los profesionales.
También quiero aludir, teniendo en cuenta que mi compañero el señor García-Legaz se va a referir a las loterías, a algunas de las cuestiones a las que usted ha hecho mención. En primer lugar, la posición de España en relación con los
paraísos fiscales. Hemos tenido una discusión interesante hace un momento y ha quedado clara cuál es nuestra opinión de cómo se debe tratar la información, etcétera. Si hay confianza en los datos y en las fuentes actúese con todas las
consecuencias, no se pongan paños calientes, no se den cartas de preaviso y váyase con toda la contundencia de la inspección, dejando actuar a los profesionales desde su independencia. Pero también quiero recordar una posición que ha sido traída a
esta Cámara en reiteradas ocasiones por mi grupo, coincidiendo con otros grupos de la Cámara, en relación con el artículo 4 del Real Decreto-ley 2008. Saben que entonces ustedes decidieron desfiscalizar los intereses que se pagan a los tenedores de
deuda pública que tienen esta deuda a través de paraísos fiscales. Esto compagina muy mal con toda esta lucha que desde el
G-20 se está llevando a cabo -y no cabe ninguna duda de que el Gobierno español está comprometido en estos esfuerzos a nivel internacional-, compagina muy mal. Solo quiero hacer un comentario, el coste de la deuda pública española no va a
depender nunca de que desfiscalicemos a las personas que se ocultan en paraísos fiscales cuando compran deuda pública española. El coste de la deuda pública española solamente depende de una cosa, de la solidez, de la sostenibilidad de nuestras
cuentas públicas, del prestigio de nuestra política económica y de nuestras posibilidades de crecimiento a medio y a largo plazo. Eso es lo que está en cuestión en este punto, reitero, y es la posición de nuestro grupo.
El secretario de Estado también hacía alusión a que los problemas que hay en relación con las aplicaciones informáticas que se refieren a la gestión trimestral del IVA son menores. Los puede haber lógicamente de distinta naturaleza, pero a
nosotros nos ha llegado información de que en los últimos tiempos se están retrasando devoluciones y de que se está paralizando la gestión del IVA. El propio director general de la agencia, cuando compareció con ocasión de la presentación del
presupuesto de la agencia, decía que las aplicaciones informáticas no se podían cambiar de un día para otro y que no era cuestión simplemente de dar a un botón.
Reconocía que, en relación con la difícil liquidación de tantos expedientes que se han
abierto en materia de IVA y que están afectados por la última resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, se va a tener que acudir a liquidaciones manuales. O sea, complementar lo que son los procedimientos masivos de gestión
tributaria con lo que decía literalmente el señor López Carbajo hace unos días en esta misma Comisión: tendremos que hacer alguna tirada que no teníamos pensada de manera manual. Cualquiera sabe que, en una organización tan compleja como la que
usted preside, eso supone paralización y retraso de actuaciones fundamentales que afectan además a un tributo tan importante como el IVA, en lo que nada más y nada menos se basa prácticamente este año el presupuesto. No vamos a entrar a discutir
ahora los efectos de anticipación de la recaudación que haya podido tener el anuncio de las subidas, los efectos depresivos sobre el consumo, son temas que se han discutido suficientemente, pero la gestión de este impuesto es crucial.
Todos los
impuestos están yendo por debajo de las previsiones y cualquier cuestión que afecte a la gestión del IVA es fundamental.
¿Qué ha pasado con la gestión informática del IVA? Las últimas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, tanto la del 26 de enero como la del 29 de junio, lo han dejado muy claro. El propio pleno del tribunal ha resuelto
algo que podía ser interpretado, una diferencia de criterio referente a si el IVA en vía de gestión tributaria había que liquidarlo mensual o trimestralmente conforme a sus periodos de liquidación o se podía hacer anualmente, como era la práctica
muy antigua de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria tenía conciencia de que había discrepancias, litigios y riesgos desde hace mucho tiempo. Hay que hacer un poco de memoria, porque cuando uno estudia estas resoluciones ahí está todo
puesto de manifiesto. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña viene anulando resoluciones en materia de IVA y liquidaciones en materia de IVA de la Agencia Tributaria desde el año 2006. Ha habido sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el año 2008 que han sido, por otra parte, ratificadas por el Tribunal Supremo. Si vemos la naturaleza de lo que se estaba discutiendo en esta resolución del TEAC y vemos las propias alegaciones, según consta en el
expediente, que hacía el entonces director general de Inspección -hoy cesado porque parece ser que estaba previsto y que no tiene nada que ver la renovación integral del equipo de la agencia con todos estos escándalos y deficiencias graves en la
gestión que están escandalizando y sorprendiendo a la opinión pública en estas últimas semanas- diciendo que no cuestionaba que solo se puedan practicar liquidaciones que atiendan a un periodo de liquidación trimestral o, en su caso, mensual. Dice:
'Se echa en falta el reconocimiento por parte del tribunal de la posibilidad de dictar unas nuevas liquidaciones en sustitución de las anuladas'. Ya entonces, en el año 2007, tendrían ustedes que haber cambiado todas las aplicaciones informáticas.
Hoy la polémica está en los medios. El señor López Carbajo el otro día decía que esto solo afectaba a 7.000 expedientes y a 160 millones. Pero si vamos a las propias memorias de la agencia, son más de 100.000 los expedientes que se liquidan al año
en materia de IVA en relación con pequeñas y medianas empresas -una de las preocupaciones que nosotros planteábamos- y son también miles las reclamaciones que se plantean a los tribunales.
El señor PRESIDENTE: Señor Tomé, le ruego que vaya concluyendo.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Estoy terminando, señor presidente.
Si consideramos esta situación en la que vivimos ahora mismo, la incertidumbre en que vivimos, el haber desatendido en su momento la práctica que desde el año 2006 venían siguiendo los tribunales económico-administrativos regionales, las
preguntas son: ¿Por qué no se abordó el problema hace años? ¿Por qué ha habido que esperar a cesar al director de Inspección, al director de la agencia? Porque la impresión que tiene la opinión pública es que solamente cuando determinados
colectivos, como el de funcionarios, llevaron a la prensa todos los problemas que se estaban planteando en la gestión por la última resolución del TEAC, es cuando ustedes parece que se han enterado que tenían que cambiar las aplicaciones
informáticas. ¿Cómo se va a gestionar manualmente lo que se ha venido gestionando informáticamente, como nos decía el director general? ¿Cómo es que no tuvieron en cuenta ustedes todas estas resoluciones, todas estas sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña y del propio Tribunal Supremo?
Ahora tiene usted una responsabilidad, como único superviviente que queda de ese equipo, para que no se traduzca solo en un intento, que nosotros le hemos reconocido. Hay que actuar transparentemente, dar confianza a los ciudadanos y que
nadie pueda cuestionar nunca la profesionalidad, la independencia y la transparencia con la que actúa la Agencia Tributaria.
Creo que ese es un objetivo en este momento, que tendríamos que compartir todos.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Legaz.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Voy a tomar la palabra para referirme a dos de los asuntos a los que se ha referido el secretario de Estado.
Me referiré en primer lugar al proceso de privatización de Loterías y Apuestas del Estado. Este grupo parlamentario tiene las ideas claras en el sentido de que estamos a favor de una privatización de esa actividad, porque como grupo que
cree en la economía de libre mercado, en la sociedad civil y en la iniciativa privada, pensemos que es bueno que la actividad de prestación de servicios que no son servicios públicos se haga por empresas privadas. De hecho, la disposición adicional
cuadragésima de la Ley de Presupuestos de este año da los primeros pasos para que se produzca esta privatización de Loterías y Apuestas del Estado. Ahora bien, no creemos que sea conveniente pasar de un sistema de monopolio público a un sistema de
monopolio privado, con asimetrías que favorecen a un operador que sigue teniendo el capital en manos mayoritariamente públicas. La disposición adicional cuadragésima crea un engendro, un híbrido entre operador y regulador, una institución que no
puede funcionar tal y como está concebida en esta disposición cuadragésima,si no se dan pasos adicionales que conviertan el operador en un operador puramente privado. Nos tranquiliza que los titulares de las administraciones de loterías tengan
garantizados sus derechos adquiridos.
En ese tema este grupo parlamentario permanecerá vigilante para que no se menoscaben todos esos derechos de miles de loteros españoles que trabajan duro y que hacen bien su trabajo en la prestación de los
servicios de la administración de loterías.
Sin embargo, estamos muy preocupados por el proceso de privatización de Loterías y Apuestas del Estado. No se ha referido usted en absoluto a los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a las previsiones de ingresos. Ahí aparece una
previsión de generación de 10.000 millones de euros en ingresos presupuestarios. Uno tiene la impresión de que el único objetivo de ese proceso de privatización es hacer caja porque realmente esa concepción como un mercado abierto y la separación
de las funciones de regulación de las funciones de prestación de servicios por parte de un operador privado no quedan en absoluto bien diseñadas. La primera pregunta es obligada. ¿De dónde surgen esos 10.000 millones de euros? O mejor dicho,
¿cuáles son los cálculos para que ustedes estimen la generación de 10.000 millones de euros por la venta de un tercio del capital? Haciendo unos cálculos elementales saldría más o menos un equivalente a treinta veces el Ebitda, con unas
estimaciones de coste razonables y con unos ingresos de 2.550 millones de euros después de impuestos, que es lo que se puede estimar que estaría generando ese organismo a fecha de hoy. Solamente se puede entender una cifra de ese calibre si
entendemos que el proceso de privatización no va a ser completo y que la segregación del organismo regulador del operador no es completa y transparente; es decir, que se está vendiendo un monopolio en ese proceso de privatización, lo cual
explicaría que esos ingresos públicos fueran tan abultados. Y ahí desde luego nosotros no vamos a estar de acuerdo. Nos parece bien que se produzca la privatización, pero nos parece que lo oportuno es que se genere un operador puramente privado
que compita en igualdad de condiciones con todos los demás operadores privados que ya existen, o los que puedan surgir en un mercado de libre competencia.
La segunda pregunta tiene que ver con el proceso de privatización. Nos gustaría saber cómo se va a llevar a cabo desde el punto de vista técnico ese proceso de privatización; qué exigencias se van a implantar para los inversores; cuál va
a ser el proceso de transmisión de la titularidad de los títulos de capital a manos privadas. Por supuesto, ese proceso debe ser absolutamente transparente, un proceso que garantice la máxima cantidad de ingresos para la Hacienda pública. En ese
sentido, podemos ofrecer la experiencia del Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno con el proceso de privatizaciones que se produjo en aquel momento. Fueron ofertas públicas de suscripción que permitieron que los pequeños accionistas
adquirieran de una forma transparente, garantizando el máximo ingreso para la Hacienda pública y por tanto fue un proceso que preservó todos los intereses de los contribuyentes.
Finalmente, las preguntas sobre si ese proceso va a dar lugar a un mercado en libre competencia con un regulador independiente completamente de un operador que finalmente pase a manos privadas tienen que ver con la existencia de asimetrías
reguladoras y tributarias, una vez que se produzca esa privatización. Es decir, ¿ese organismo semipúblico o cuasiprivado va a seguir teniendo ventajas en términos de regulación con respecto a los operadores privados? ¿Va a seguir teniendo
ventajas fiscales con respecto a los operadores privados, va a pagar las tasas que pagan los operadores privados? Tercero, ¿va a tener ventajas con respecto al régimen tributario que se aplica a los premios del juego privado? Es decir, exención de
IRPF u otras posibles ventajas fiscales. Nos gustaría conocer cuáles son los planes de la secretaría de Estado en relación con este proyecto. No hace falta que le recuerde que hay una sentencia muy reciente del Tribunal Europeo de Justicia, de 8
de septiembre, que marca muy bien las reglas del juego y que, por tanto, obliga a que este proceso de privatización cumpla las reglas de nivel de juego equilibrado.
El segundo punto tiene que ver con el juego on line, y lo primero que tengo que decir es que esta iniciativa del Gobierno de regular este juego llega muy tarde, porque -usted lo ha dicho- la Ley 56/2007 preveía que el Gobierno presentara un
proyecto de ley. Estamos a finales de 2010, han pasado tres años y no se ha presentado ningún proyecto de ley. En estos tres años la Hacienda pública estatal y la autonómica han dejado de ingresar mucho dinero por la ausencia de regulación del
juego on line.
Los cálculos que está manejando el sector privado son que actualmente se están generando 500 millones de beneficios en términos de margen bruto empresarial por el juego on line, alegal en España. Estos 500 millones de euros son
muchos millones en tasas y en impuestos que no se están generando para la Hacienda pública estatal ni para las haciendas públicas autonómicas. Mas aún, podemos ver en prácticamente todos los medios de comunicación cómo este tipo de operadores de
juego on line hacen publicidad -cualquiera que abra un periódico se encuentra publicidad de estos operadores de juego on line-, cuando está prohibido que los operadores privados, que pagan sus tasas e impuestos y cumplen toda la ley, hagan
publicidad. Por tanto, ese es un aspecto que habrá que regular con carácter urgente. Peor aún fue la iniciativa de la Federación Española de Baloncesto, por poner un ejemplo, de firmar un contrato de patrocinio con una empresa de juego on line que
no tiene sede en España y que no paga impuestos en España, generando por tanto una competencia absolutamente desleal con los operadores privados, que sí pagan los impuestos en España, que pagan sus tasas en España y que generan puestos de trabajo en
España, y finalmente fue la presión mediática la que obligó a la Federación Española de Baloncesto a dar marcha atrás. Esto es solo un ejemplo de los efectos negativos que genera la ausencia de regulación.
Por tanto, creemos que es conveniente que
el proceso de aprobación de esa nueva ley sea lo más rápido posible.
Queremos saber qué modelo tiene en la cabeza, porque esto se ha avanzado en muchos países de Europa. Parece, por la documentación que ustedes han repartido a las comunidades autónomas, que tienen en la cabeza algo parecido al modelo
francés, con un regulador público del juego on line, pero nos gustaría algún detalle más sobre ese aspecto porque están en juego muchos puestos de trabajo y muchos millones de euros en impuestos que ahora mismo le vendrían muy bien a la Hacienda
pública estatal y a las haciendas públicas de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: En primer lugar, agradezco en nombre de mi grupo parlamentario la presencia del secretario de Estado. No llevo la estadística al día, pero me parece que no es la primera; sin embargo, no nos pelearemos por
esto. Desde luego estoy segura y convencida de que ha venido tantas veces como desde la Mesa de la Comisión de Economía, que formamos todos los grupos, se le ha pedido, y él ha podido encontrar un hueco que nos viniera bien a todos y que nos ha ido
bien a todos. Por tanto, muchas gracias, señor secretario de Estado.
Quisiera hacer un pequeño comentario formal al comentario, formal también, del portavoz del Grupo Popular sobre una especie de queja de que a lo mejor se nos acumulan los temas, preguntas y comparecencias. Permítame hacerle una pequeña
reflexión para que todos veamos si la compartimos, y es que de todo hay un uso y un abuso. En cuanto a las preguntas sobre las que piden respuesta por escrito o a las comparecencias, creo que los grupos deberíamos ejercer -esta es nuestra opinión-
un poco la autorregulación para que aquello que es bueno para todos, que es tener siempre al Gobierno dispuesto a contestar y a explicar las cosas, no se convierta en un abuso que desprestigie los propios mecanismos de control que tenemos en la
Cámara. No me refiero a lo que ha dicho, pero les pido esta reflexión, que es quizá la que explique que aparentemente tengamos veinticinco preguntas sobre un tema -a lo mejor podría ser una- y siete comparecencias acumuladas. Nosotros estamos muy
satisfechos de que vengan siempre que puedan, pero ejerzamos nuestros derechos con responsabilidad.
Lo digo para reconocer el valor de lo que hacemos en estas comisiones y de lo que luego queda en el 'Diario de Sesiones'.
Si le parece, voy a empezar por el tema de loterías -porque voy a tratar los dos asuntos- y luego el del juego, que ha planteado el portavoz del Grupo Popular. Nosotros somos muy conscientes de que el tema del juego es muy amplio: son
casinos, son bingos, son los rascas, son las quinielas, es la ONCE, son las máquinas tragaperras. Tiene una historia muy larga.
Le voy a manifestar las preocupaciones que tenemos en el Grupo Socialista sobre esto, que son dos básicamente; hay
más, pero para no alargar la comparecencia comentaré dos. Una es el papel del juego público. A nosotros nos preocupa que desde el Partido Popular se diga que el mercado y la privatización es lo mejor que hay, sobre todo porque todo el mundo sabe
que la crisis que estamos viviendo es precisamente consecuencia de que el mercado no funciona tan bien. Me parece un poco sorprendente.
Tendría que aclarar algo, porque aquí tengo la disposición adicional cuarenta del proyecto de presupuestos del
Estado y el punto uno dice: Se crea la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Me gustaría que aclarara cómo se relaciona esto con lo que han comentado, que vamos a privatizar el juego en España. También nos preocupa el juego público
porque está relacionado con un aspecto -ustedes dirán que es cuestión de valores- como es la ludopatía. Nos preocupa que el exceso de facilidad, la misma que da la mecánica para apostar al bingo o hacer un rasca en Internet, etcétera, pueda acabar
generando mecanismos que son difíciles de controlar y que producen en el fondo
un mal público en lugar de un bien público. No vamos a caer en la tentación, en la tontería de decir que se prohíba el juego -se prohibió en tiempos de Franco- y menos por Internet porque no se le pueden poner puertas al campo, pero sí me
preocupa que cuando hemos hablado con gente del sector se diga que se puede doblar la facturación del sector; del sector privado, se entiende. ¿A costa de qué? Me gustaría que explicara cómo la ley - ya se aprobaron los principios que iba a
contemplar la regulación en la Ley de 2007- enfoca estos temas o si se está en proceso de ello. No le voy a pedir los detalles de algo que no está terminado, pero sí de sus preocupaciones.
En el tema del juego -y con esto termino- el secretario de Estado ha dicho una obviedad, pero a veces es importante reconocerla, y es que vivimos en un mundo más complejo. La manifestación más clara de esto es que el juego jurídico debe
respetar derechos para evitar consecuencias no buscadas, como la vulnerabilidad personal al caer en la ludopatía, por ejemplo, la misma complejidad que representa el hecho de que exista Internet, porque -y esto es algo, es evidente, que antes no
existía- cualquier cosa que nos podamos imaginar se puede hacer por Internet, casi cualquier cosa, y las redes sociales son un ejemplo de ello. La verdad es que esta realidad nos obliga a adaptarnos de la manera que sea y nos obliga a abordar el
vacío legal que usted dice que hay, un vacío legal que nos gustaría que nos contara cómo se está tratando en otros países porque esto no es algo que pase en España, no es algo que le pase al Gobierno socialista, es una cosa que les pasa a todos los
habitantes del planeta. Así de claro. Por tanto, no encontraremos soluciones definitivas, pero tenemos que ir avanzando a medida que vamos experimentando, a partir de las experiencias de otros países, de lo que conocemos y de aquello que nosotros
queremos preservar. Sobre esto no tengo ninguna otra pregunta que hacer.
Me gustaría hacer algunas observaciones al conjunto de comentarios que se han hecho aquí sobre el tema tributario, que es un tema tremendamente serio. Celebro, desde luego, que los dos portavoces del Grupo Popular afirmen y aseguren el gran
interés que tienen en un sistema justo, en un sistema equitativo. Creo que deberían celebrar, y sería bueno que también lo reconocieran si ello es así, que en siete años de Gobierno socialista hemos avanzado lo que nunca en los ocho años
anteriores. Hay una ley de lucha contra el fraude fiscal sobre la cual basarnos; hay unos planes, que se han revisado, que se han actualizado, lo que quiere decir que se está trabajando en ellos para obtener resultados, que se corrige lo que no
funciona; se está trabajando conjuntamente con la Inspección de Trabajo, con la Seguridad Social, y da resultados. Señorías, estaría bien que reconocieran que hemos avanzado. ¿Que se puede hacer más? Siempre.
Desde luego, desde el Grupo
Socialista estamos en ello y debemos decir muy alto y muy claro que no nos importa repetir una y mil veces que no queremos amnistía fiscal de ninguna clase porque esto sería lo peor que podríamos hacer para que la gente que cumple con sus deberes no
se sintiera al final estafada por el conjunto de los políticos. Por eso debo lamentar también que en su discurso el Partido Popular genere esta supuesta dicotomía entre un gobierno socialista con una actitud supuestamente complaciente con los ricos
y una actitud en cambio perseguidora de los contribuyentes de menor capacidad económica. Por ello, celebraría que, por ejemplo, a una propuesta como la de mejora de la equidad de nuestra tributación en el IRPF, no aludan ustedes a ello diciendo que
-y está en los periódicos- seguro que aumenta el fraude.
¿Creen que esta es la respuesta de un partido que se dice defensor de un sistema fiscal equitativo y justo? En nuestra opinión, no. Por ejemplo, ante medidas que de alguna manera rebajan el
sistema fiscal porque ayudan a las pequeñas empresas, ayudan a los contribuyentes que han tenido dificultades, ponen en valor la posibilidad de que los trabajos de rehabilitación de viviendas afloren, ¿por qué no responden ustedes a eso diciendo que
esto ayuda a luchar contra el fraude? Aún no lo he oído tampoco. Nos gustaría que, si fueran consecuentes, lo hicieran.
Creo que ha quedado claro que en el tema concreto del caso más importante, al menos el más reciente, de fraude fiscal -que no serán los contribuyentes pobres los que lo han provocado- nos felicitamos por que no hayan renunciado a ninguna
vía. También nos felicitamos por que se sigan los procedimientos; los procedimientos legales y el cumplimiento de la ley es la garantía de nuestro Estado de derecho. Me parece que apuntar que se podrían hacer cosas sin respetar estos
procedimientos es ceder, digámoslo así, al impulso populista que cree que a veces sería mejor -no digo que lo hayan dicho ustedes- la patada en la puerta y la justicia por su mano. No, es un valor fundamental del Estado de derecho seguir
exactamente los procedimientos y las normas porque son la garantía de nuestra libertad.
Finalmente, entiendo que se preocupen de la gestión porque la gestión es lo último que perciben los ciudadanos; mi grupo también. Sin embargo, diría que nuestra preocupación no es tanto en el sentido de considerar que es lo más importante,
a pesar de que es lo que perciben los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la gestión de cualquier gobierno, si no es buena, se mejora, incluso se puede reorganizar la infraestructura, poner más o menos medios, cambiar las instrucciones. Se mejora y se
sigue adelante. Por tanto, creo que la gestión no es el problema más importante; el problema más importante es hacer creer a los ciudadanos que pagar impuestos es una carga. Continuamente ustedes están hablando del sacrificio, de sufrir la
inspección, de la carga que nos ponen. No, señorías, yo no aspiro a que saltemos de gozo cada vez que pagamos un impuesto, pero sí a que si ustedes quieren que esta sociedad sea justa y equitativa colaboren para decir que tenemos que contribuir
todos; que contribuir a lo común no es una pesada carga, es un derecho
y una alegría (El señor García-Legaz Ponce: Deber ciudadano.), porque alegría es cumplir con las responsabilidades sociales a que nos toca contribuir. Exigimos del sector público mucho, tenemos que poner mucho y tenemos que ponerlo todos
igual, es verdad. Por eso celebramos las medidas que mejoran la equidad y por eso seguiremos pidiendo que el Gobierno avance en esta línea. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Colldeforns.
Señor Ocaña.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Contestaré en el mismo orden de sus intervenciones. Además, voy a intentar hacerlo brevemente.
Al señor Tomé lo primero que tengo que hacer es agradecerle el tono, pero también el fondo de su intervención. Ha hablado de compromiso con la profesionalidad, compromiso que nosotros tenemos, que yo personalmente tengo. Créame que ese
compromiso con la profesionalidad no lo hemos inventado nosotros, no lo he inventado yo, creo que lo hemos mantenido de una forma muy estricta a lo largo de todos estos años. No voy a entrar en las complejidades de cómo se mantiene esa
profesionalidad, pero un ejemplo que es bien conocido es que tenemos un sistema que separa claramente la gestión de la Agencia Tributaria, que depende del director general de la Agencia Tributaria, del enganche en la estructura de la Administración
General del Estado de esa agencia, que es el secretario de Estado de Presupuestos. Tenemos un sistema de murallas chinas que asegura que no hay interferencias en la gestión de la agencia. Es precisamente porque tenemos ese compromiso por lo que me
parece un flaco favor al Estado sugerir eso sobre las decisiones, que podrán ser más o menos acertadas. La crítica está bien, es para lo que estamos aquí, para recibir críticas y para contestarlas, pero una cosa es eso y otra es poner en duda la
profesionalidad de la agencia, que es lo que en algún momento me ha parecido entender. Eso me parece un grave error porque es darle a las decisiones un tono y una intencionalidad que no tienen.
Aparte de esto, creo que la agencia ha actuado bien
en todos estos casos que hemos estado discutiendo, pero más allá de eso, los criterios son profesionales. En cuanto a la transparencia, dígannos ustedes qué más hacer porque a mí me va a costar mucho decirle que no a cualquier propuesta razonable
que nos haga.
Volviendo otra vez al mecanismo de gestión de la Agencia Tributaria, hablaba de los cambios en la agencia. La política de la agencia en materia de persecución del fraude es exactamente la misma ahora que hace ocho meses, se lo garantizo.
Por otro lado, también le digo que sí se han producido cambios en un equipo gestor que ha durado tres veces más de lo que suelen durar los equipos gestores en la agencia. No estamos hablando de una situación de cambios rápidos. Al revés, vivimos
una época de estabilidad en lo que es la vida de la agencia. Pero los cambios sí se hacen por algo, y lo resumo muy brevemente. Queríamos darle un nuevo impulso a la lucha contra el fraude. Es razonable por muchas razones objetivas y también por
la sensibilidad que hay en una situación de crisis económica a estos problemas. Queríamos reforzar internamente esa lucha contra el fraude y eso se ve favorecido por la presencia de nuevos gestores. Queríamos reforzar también la comunicación
pública de lo que hacemos en la lucha contra el fraude y eso estamos haciendo. Esos son los dos principales objetivos. Lamento profundamente que se quiera ligar el equipo saliente, que ha sido de lo más brillante que ha tenido la agencia en toda
su historia, con una cuestión que, insisto, nada tiene que ver.
De hecho, el cambio del director general fue un poco anterior a todo esto. Casi coincidió pero fue un poco anterior.
Hay cuestiones importantes que están en la vida interna de la agencia pero que no son el motivo de mi comparecencia ni me voy a extender sobre ellas. Ha hablado de la gestión de los pagos por productividad, de ese componente variable de la
remuneración o de la colaboración con el Poder Judicial. Todo eso le reconozco que está ahí, son temas de gestión que por este sistema de separación entre la gestión y la presidencia de la agencia yo sanciono, pero no intervengo en el día a día y
procuro no hacerlo en estos temas generales. Colaboración con el Poder Judicial.
Tenemos más de 200 inspectores trabajando en auxilio judicial, que es un número enorme para los medios que tiene la agencia. Tener más del 10 por ciento de los
inspectores desplazados fuera de la agencia a las órdenes de jueces y magistrados es un esfuerzo grande que hacemos con gusto, pero que ciertamente es un esfuerzo y nos quita recursos que podrían estar actuando en otras actividades.
Ha hecho un comentario específico sobre la desfiscalización de la deuda pública comprada en paraísos fiscales. Para beneficio de los que no sean del gremio, no es desfiscalización. Lo que no hay ahora, y lo hubo en el pasado hasta hace
unos años, es la obligación de que los no residentes dieran información sobre su identidad. Pero eso no tiene nada que ver con pagar o no pagar impuestos. Esto que es un tema menor y del que no haría casus belli en ninguna circunstancia, cuando se
produjo ese cambio obedeció a la queja que hacían operadores y los emisores de deuda del Tesoro. La queja era que como las países vecinos nuestros perfectamente estandarizados en sus prácticas fiscales (Francia, Alemania y Reino Unido) no piden esa
información, a igualdad de todo lo demás, ante la incomodidad de que un comprador en Hong Kong de nacionalidad china tenga que dar esa información, preferían comprar deuda alemana. Estoy de acuerdo con usted en que lo que determina el coste de la
deuda y la colocación de deuda son otros factores y no esos. Pero que se entienda que de ninguna manera
se ha perdonado ningún impuesto a ningún no residente. Lo que no se hace es pedirles información que no piden nuestros vecinos y que ponía nuestras colocaciones de deuda, o lo hacían hasta hace dos o tres años en una situación de
desventaja. Insisto, es un tema que, desde el punto de vista hacendístico, no nos preocupa y no creo que tenga gran incidencia.
Gestión del IVA. De esto ya dio cuenta el director general de la agencia.
Me limito a repetir y resumir. Esas liquidaciones manuales que hay que hacer son pocas y algo perfectamente asumible por la agencia. Me dice usted: mejor que no
hubiera pasado. De acuerdo, mejor que no hubiera pasado. Pero es algo que se puede digerir perfectamente dentro del funcionamiento normal de la agencia y no va a causar ninguna dificultad.
Nada tiene que ver con esos cientos de miles de
declaraciones de pymes a las que usted hacía referencia. Esto afecta a un número muy limitado. Las cifras se las dio el director de la agencia. Los expedientes pendientes de resolución son 7.520. Mejor si no tuviéramos que hacer ese esfuerzo
adicional, pero dentro de lo que es la agencia es algo que podemos gestionar sin ninguna dificultad. No hay paralización ninguna, nuestros porcentajes de devolución este año son mejores que los del año pasado, lo que no quiere decir que devolvamos
más millones de euros, porque este año hay menos millones de euros que devolver, pero en porcentaje de lo que nos falta por devolver vamos por delante de otros años. En definitiva, no hay ningún problema significativo en este ámbito.
Suscribo lo que decía la señora Colldeforns, siempre se puede mejorar y en eso estamos, pero no hay un problema. Ni las pymes ni las grandes empresas tienen este año una situación peor o más dificultosa ni en el uso de los servicios que
provee la Agencia ni en la recepción de las devoluciones que se puedan producir. Más allá de eso, celebro que entienda que la prioridad número uno es proteger la profesionalidad de la agencia, que la agencia funcione con criterios objetivos,
estandarizados, y que no obedezcan a otras razones ni a otros criterios que los propios de la profesión. No sé si hay otro secretario de Estado que comparezca más que yo. Tengo que servir a varias comisiones y estoy más frecuentemente en la de
Presupuestos. Vengo aquí cuando me invitan. Me resistí a venir la semana pasada, pero no para no venir, sino para venir esta porque era la semana de presupuestos, estábamos hasta arriba de trabajo y pedí al presidente de la Comisión que lo
retrasara una semana.
Espero que no suponga un problema. Pero de verdad que comparezco con mucha frecuencia y lo hago a gusto.
Loterías. Habla de privatizar al cien por cien Loterías y Apuestas del Estado. Ahí hay un salto gigantesco con respecto a lo que he contado. No he hablado de privatizar Loterías y Apuestas del Estado, ni siquiera he entrado en la
cuestión. He hablado de la no privatización de la red comercial, pero sobre LAE no he dicho nada porque en el momento procesal en el que estamos es en el de definir las reglas del juego, que tengamos una ley del juego, que diga claramente cuáles
son los derechos y las obligaciones de los operadores, de los consumidores y de los jugadores.
Estamos en ese ejercicio y no he querido ir más allá. Pero ya que me obliga a entrar en la cuestión, y más en el sentido que lo plantea, privatizar el
cien por cien de Loterías y Apuestas del Estado está fuera de la agenda de este Gobierno. Es algo que no pensamos hacer. Como señalaba la señora Colldeforns, la empresa que va a operar los juegos estatales se va a llamar estatal. No tenemos
ninguna intención de renunciar al carácter público de esas loterías y apuestas del Estado, de la misma forma que tampoco tenemos intención de modificar sustancialmente, aunque sí modernizar y adaptar el statu quo de la ONCE.
No es en ese ejercicio
en el que estamos. Estamos en el ejercicio de modernizar la gestión, en el de definir más claramente responsabilidades y proteger a los consumidores. Ese es el ejercicio que nos estamos planteando. Una vez que se separe la operadora Loterías y
Apuestas del Estado, operadora de juegos, de la parte administrativa y reguladora, es verdad que es perfectamente posible, y así lo han hecho muchos países europeos. Menciona Francia y es un buen ejemplo, que no han privatizado, pero sí vendido una
parte de esas empresas públicas de lotería. Esto es algo que cabría en el nuevo modelo y sobre lo que no me quiero pronunciar ahora porque lo primero es que definamos las reglas. Lo que sí le digo, de nuevo en referencia al modelo francés que
usted citaba correctamente, es que en Francia no ha habido privatización de loterías.
Le digo otra cosa también para despejar dudas y evitar confusiones, en los presupuestos no hay contabilizado ni un solo euro de ingresos por la venta de ninguna acción de la empresa de Loterías. No hay ninguna decisión tomada en ese
sentido. Leo los periódicos igual que usted y es verdad que hay un cierto estado de opinión, un cierto debate sobre esta cuestión, y es verdad que el convertir la operadora en sociedad anónima abriría el camino a que hubiera una participación
privada en LAE, que para nada afectaría a los comercializadores. Pero eso es algo para hablar y discutir un poquito más adelante, cuando estén mínimamente claras las reglas del juego, cuando esa ley, esa nueva ley del juego, esté presentada y, por
tanto, sepamos cuál es el marco y de qué estamos hablando; con lo cual, hablar de proceso, método, es un tanto prematuro.
Yo tengo mis ideas pero, como el Gobierno no ha hecho todavía una propuesta, me va a permitir que no entre en decisiones que
todavía no están tomadas. Sí le garantizo esto: no hay intención de que nuestra Lotería Nacional sea cien por cien privada, ni siquiera de que esté bajo control privado. No es algo que estemos contemplando. En cuanto a que se diera participación
o no al capital privado, se verá en su momento, pero sin perder el control y la titularidad estatal. Entiendo por sus comentarios que eso tampoco es algo que les preocupe ni les cause inquietud en ninguna manera, aunque no llegue a los extremos que
usted planteaba.
Hablaba de asimetrías. Yo ahí sí que le diría que tenemos que ser escrupulosamente respetuosos con las
decisiones europeas; aun más que eso, tenemos que anticipar la posibilidad de que en su día haya una directiva europea del juego y en ese sentido que la regulación para el juego que presentemos, y que eventualmente ustedes aprueben, sea
competitivamente neutral, dé trato igual a todo el mundo, respete los derechos de los operadores en igualdad de condiciones.
En eso, por supuesto, estoy de acuerdo, pero todo esto sin perjuicio de que no partimos de cero, partimos de la LAE que
está ahí, que está operando hace tiempo, y de la ONCE, que también está operando hace tiempo. Hay ahí un punto de partida, un estatu quo que hay que respetar, y eso requiere un juego de equilibrios que habrá que hacer, pero que yo creo que se puede
hacer. Dennos unas semanas más, que es lo que necesitamos para poderles traer un proyecto pactado con las comunidades autónomas -es importante que esto sea así, pactado-, y podremos entrar en detalles.
Me decía usted, la propuesta llega tarde; le puedo dar la razón con un único comentario. Es preferible traer la ley ahora, pero pactada y con un apoyo suficiente para que esta ley se apruebe sin dificultad en un plazo rápido, que habernos
precipitado en el 2007 o en el 2008, al final de la otra legislatura, en un contexto en el que por el momento de la legislatura en el que estábamos pero también porque había muchísimas asperezas que limar con las comunidades autónomas, si hubiéramos
traído esa ley es probable que no hubiera salido adelante. Hemos preferido tomarnos el tiempo necesario para pactar cuestiones que son, de acuerdo con nuestra Constitución, en gran parte competencia de las comunidades autónomas; el juego es
competencia de las comunidades autónomas, y eso es una complicación. Mutatis mutandis, con la financiación de las comunidades autónomas también tuvimos que hacer mucho trabajo previo antes de elaborar una propuesta completa. Eso tiene la ventaja
de que cuando la propuesta ya está madura y pactada puede salir adelante.
Señora Colldeforns, gracias. Como otras veces nos ocurre, parte de las respuestas que yo tendría que dar las adelanta usted y se lo agradezco.
Me hace dos preguntas muy concretas sobre el juego. ¿Qué papel va a tener el juego público y
qué papel va a tener la sociedad estatal? Yo aquí lo que le diría, sin entrar en detalles, porque todavía hay que aprobar la ley, es que por un lado va a haber más trasparencia y mejor gestión, porque esa sociedad estatal va a funcionar como otras
sociedades estatales en el ámbito del patrimonio del Estado con los mecanismos de control del patrimonio del Estado, y yo creo que mejorará la gestión y modernizará la gestión. Hacia dentro sí que va a haber un cambio importante, considerable en
los métodos de gestión, pero hacia fuera yo creo que lo que el ciudadano, el potencial jugador, va a notar va a ser relativamente poco, no va a haber grandes cambios.
En lo que se refiere a la red de comercialización de loterías, a las administraciones de loterías le diría lo mismo: Que los cambios van a ser mínimos, más de naturaleza formal que de naturaleza sustantiva, no hay intención de alterar en lo
esencial las reglas del juego. Queremos regular un juego que no está regulado, que es el nuevo, este que viene bien por Internet o por otros canales de distribución, pero que es nuevo, que antes no existía. En lo que se refiere al sector
tradicional del juego, si se le puede llamar así, el impacto que van a notar los ciudadanos, los consumidores de ese producto va a ser, insisto, mínimo y las administraciones de lotería van a ver respetados todos y cada uno de sus derechos con esa
pequeña ventaja, a la que me refería antes, de que en vez de estar sometidos a un régimen de concesión administrativa, que es una cosa realmente atípica en este momento del siglo XXI, van a tener un régimen mucho más estandarizado. Es normal, pero
eso es una ventaja.
Si yo fuese un administrador de lotería preferiría, teniendo la opción entre los dos sistemas, me iría casi seguro al regido por el derecho privado. Y como es una opción, si alguien no está convencido con mi argumento se puede
quedar donde estaba y tampoco pierde nada. No hay gran diferencia.
Lo que sí que va a cambiar es que en la medida en que haya un regulador con unas competencias bien definidas en materia de licencias, en materia de control y sanción, vamos a tener un sector más controlado, más organizado, y vamos tener más
garantías de que cumpla con sus obligaciones tanto de tipo económico, que es importante -ahora hay una cierta inseguridad en el juego por Internet, uno no necesariamente sabe qué es lo que tiene al otro lado del cable-, como en lo que se refiere a
la seguridad como consumidores. Aquí entro en la segunda cuestión que usted me planteaba que era la de la ludopatía y en general controlar unas modalidades de juego que de alguna forma puedan ser perjudiciales. Lo que nosotros queremos es que este
regulador del juego tenga competencias en la materia, que pueda establecer controles. El anteproyecto de ley, lo que ha sido el trabajo interno, lo ha hecho en la parte que nos toca, tributaria sobre todo, Hacienda. El Ministerio de Sanidad es el
que se preocupa de que estén todas las medidas de protección de los consumidores introducidas en ese anteproyecto de ley, que es conocido, porque ha circulado -entiendo que ustedes lo tienen y efectivamente lo tienen todos los gobiernos de las
comunidades autónomas-. Ahí hay un paquete de articulado dentro de la ley, una sección de la ley, que establece medidas que eviten ese potencial abuso. Hay un tercer pilar para esta ley que tiene que ver con las competencias del Ministerio del
Interior y que tiene que ver con el juego no autorizado, con cualquier problema de orden público, si lo hay, y en general con el control desde el punto de vista del Ministerio del Interior de esas actividades. Sin entrar en el detalle, porque de
nuevo prefiero no hacerlo porque son decisiones que todavía no están tomadas y que estamos intentado cerrar con detalle con las comunidades autónomas, en nuestro proyecto de ley están recogidas las medidas que va haber que, ciertamente, contemplan
todo lo que se nos ha sugerido en materia de protección del
consumidor, y esto incluye la ludopatía y la protección de los consumidores en general frente a fraudes o cualquier otra práctica ilícita.
Finalmente se ha referido usted a los tributos y aquí le contestaré brevemente, en una frase, en esto estamos totalmente de acuerdo así que no voy a insistir más.
El señor PRESIDENTE: ¿Desean intervenir de nuevo? (Pausa.)
Señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Quiero darle las gracias al señor secretario de Estado y emplazarle cuando esté el proyecto de ley para que venga a explicarlo con todo detalle.
El señor PRESIDENTE: Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.