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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 640, de 21/10/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 640
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 21
celebrada el jueves, 21 de octubre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios (De Francisco Herrero), para:
- Informar del estado de ejecución de los compromisos adquiridos en el Plan de derechos humanos. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000951.) ... (Página 2)
- Dar cuenta del estado de ejecución de los compromisos adquiridos con el Plan de derechos humanos durante el año 2009. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000949.) ...
- Informar sobre el Plan de derechos humanos adoptado por el Gobierno en diciembre de 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000611.) ... (Página 2)
Preguntas:
- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre razones por las que no ha sido publicada la oferta de empleo público para 2010. (Número de expediente 181/002545.) ...
- Del diputado don Miguel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Contratación por el Gobierno de personal laboral e interino en la Administración General del Estado para sortear la tasa de reposición del 10 por ciento. (Número de expediente 181/002705.) ... (Página 25)
- Justificación por el Gobierno de la desviación en sus previsiones presupuestarias de más de 70 millones de euros en costes de personal en los dos primeros meses del año. (Número de expediente 181/002707.) ...
- Justificación del aumento en los gastos de personal del 6,8 por ciento en el primer trimestre de 2010. (Número de expediente 181/002828.) ...
(Página 27)
- Justificación del incremento en más de un 23 por ciento de los incentivos al rendimiento en el primer trimestre de 2010 respecto al primer trimestre de 2009. (Número de expediente 002830.) ... (Página 27)
- Opinión del Gobierno acerca de si el ahorro de 16 millones de euros al Plan de racionalización del sector público nos acerca al objetivo de reducir el gasto en 50.000 millones hasta 2013. (Número de expediente 181/002831.) ...
- Ochenta y siete preguntas de la diputada doña Celinda Sánchez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre número de liberados sindicales a tiempo total y parcial de distintos organismos. ... (Página
33)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (DE FRANCISCO HERRERO), PARA:
- INFORMAR DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000951.)
- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DURANTE EL AÑO 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/000949.)
- INFORMAR SOBRE EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADO POR EL GOBIERNO EN DICIEMBRE DE 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000611.)
El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional con el orden del día que conocen ustedes y que tiene cien puntos; no se asusten, serán acumulados.
Los tres primeros
puntos del orden del día hacen referencia a la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios para informar del estado de ejecución de los compromisos adquiridos en el Plan de derechos humanos. En primer lugar,
debemos agradecer la presencia del señor secretario de Estado, a quien damos la bienvenida. Esta comparecencia ha sido planteada a petición del propio Gobierno, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Para exponer su intervención tiene la palabra el señor secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante sus señorías en mi calidad de secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y también como presidente de la Comisión de seguimiento de Plan de derechos humanos para darles
cuenta del estado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno mediante este plan. No es momento ahora de presentar detalladamente el contenido completo del plan ante esta Cámara, que ya fue presentado en su momento, pero sí quisiera
recordar algunos aspectos relevantes sobre su origen. En la legislatura anterior el Gobierno asumió una propuesta que venía de la Conferencia mundial de derechos humanos, que se reunió en Viena en el año 1993, para elaborar un plan de acción que
recogiera las medidas necesarias para promover el respeto a los derechos humanos y mejorar su protección. A tal fin, el Gobierno impulsó un proceso de estudio y consulta en el que las entidades representativas de la sociedad civil tuvieron una
destacada participación. El resultado de dicho proceso fue el Plan de derechos humanos que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre de 2008 y que prevé 172 medidas divididas en dos bloques -el bloque de acción interior y el de acción
exterior-, y que tiene como ejes prioritarios la promoción de la igualdad, la no discriminación y la integridad y garantía de los derechos humanos. El plan está llamado a cumplir simultáneamente, en primer lugar, una función de orientación de la
acción del Gobierno en el ámbito de los derechos humanos; en segundo lugar, una función pedagógica con la que fortalecer la conciencia de los derechos humanos en la sociedad y también, cómo no, una función facilitadora del control de la acción del
Gobierno en esta materia.
Paso a continuación a exponerles las actuaciones en ejecución del plan en su primer año y medio de vigencia. Me centraré especialmente en aquellas más significativas. Señorías, como saben la protección de los derechos humanos constituye un
referente especial de la política exterior de nuestro país ya desde la época de la transición, con hitos tan importantes como la adhesión de España al Consejo de Europa, en noviembre de 1977, y la posterior firma del Convenio europeo de derechos
humanos.
De hecho, desde la entrada en vigor de nuestra Constitución, la defensa de los derechos humanos ha sido una constante en la actuación de los poderes públicos españoles, lo que ha servido para convertirnos en un referente internacional a
este respecto. El Gobierno ha cogido este testigo de una manera firme. En los últimos años, las políticas de promoción de los derechos humanos se han intensificado hasta el punto de convertirse en una de las señas de identidad de nuestra política
exterior. De las 172 medidas que componen el Plan de derechos humanos, 41 se refieren a la acción exterior. Estas medidas marcan objetivos que deben perseguirse tanto en el seno de la Unión Europea como en el marco de organizaciones e
instituciones de carácter multilateral, tales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Corte Penal Internacional, así como en el ámbito de las relaciones bilaterales de España con
otros Estados.
Estas medidas comprenden actuaciones de muy diverso tipo, se han firmado y ratificado determinados tratados en materia de derechos humanos y se ha puesto en marcha el procedimiento para ratificar otros. Se ha reforzado la participación de
España en organismos internacionales y se han realizado otras actuaciones encaminadas a promover las condiciones para que los derechos humanos sean efectivos para un número cada vez mayor de personas.
En el contexto de Naciones Unidas España ha firmado y ratificado la Convención sobre municiones de racimo. Igualmente en septiembre de 2009 se ratificó la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas y el Acuerdo de privilegios e inmunidades. Asimismo en el Consejo de Ministros del pasado 28 de mayo se autorizaron las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de dicha convención, que actualmente se encuentra en
tramitación en el Senado.
Estas declaraciones, una vez que sean ratificadas, supondrán reconocer la competencia del Comité contra la desaparición forzada en los términos previstos en esta convención. En el marco del Consejo de Europa se han
ratificado tratados tales como el Convenio para la lucha contra la trata de seres humanos, el Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo y los protocolos números 4, 7 y 13 de
la Convención europea de derechos humanos. Se trata en todos los casos de tratados cuya ratificación estaba prevista en el bloque de medidas de acción exterior del Plan de derechos humanos. Igualmente, se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado el instrumento de ratificación del protocolo 14 al Convenio europeo de derechos humanos. Este protocolo entró en vigor el pasado 1 de junio, culminando así una reforma largamente esperada y destinada a agilizar el funcionamiento del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Con la intención de seguir avanzando en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre derechos humanos y tal y como prevé la medida número 2 del plan, España firmó el 24 de septiembre de 2009 el Protocolo facultativo del pacto de
derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. La importancia de este protocolo reside en que incorpora un mecanismo internacional de fiscalización del cumplimiento de estos derechos por parte del Estado que puede activarse mediante
demandas de personas o grupos de personas. El Gobierno además viene colaborando estrechamente
con los más relevantes organismos internacionales mediante acciones que pretenden fomentar los derechos humanos, al tiempo que reforzar la posición de nuestro país en el ámbito internacional. En este marco se encuadran algunas líneas de
acción que responden a medidas específicas del plan tales como la participación española en la iniciativa de Naciones Unidas, Global Compact -de la que somos uno de los principales contribuyentes-, nuestro apoyo al comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa y la colaboración con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa mediante contribuciones a la Oficina de instituciones democráticas y derechos humanos y la participación en misiones de observación electoral.
Asimismo, merece ser destacada la activa colaboración de nuestro país con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Precisamente entre el 5 y el 7 de mayo España pasó su examen periódico universal ante este organismo. Se ha
tratado de la revisión más extensa de la situación de los derechos humanos en nuestro país. En el curso de este examen la delegación española, que tuve el honor de presidir, comprobó que nuestras políticas en este terreno están en sintonía con las
propuestas de Naciones Unidas y reciben el apoyo de muchos países. Por otra parte las observaciones y recomendaciones del consejo serán sin duda una guía útil para la acción del Gobierno en el futuro. Además la vicepresidenta primera del Gobierno
y ministra de la Presidencia, anunció el pasado 1 de marzo ante el consejo el propósito de España de implicarse activamente en el fortalecimiento del examen periódico universal así como en el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo derivadas
del mismo. El cumplimiento de las obligaciones contraídas con los organismos internacionales se volvía a poner de manifiesto el pasado mes de septiembre a través del examen en Ginebra del tercer y cuarto informe periódico de España por el Comité de
Derechos del Niño.
Mención especial merecen las iniciativas sobre dos temas en los que España se ha convertido en un punto de referencia fundamental: la Alianza de Civilizaciones y la lucha por la abolición de la pena de muerte en el mundo. En cuanto al
primero, destacaré que el 20 de mayo pasado el Consejo de Ministros aprobó el II Plan nacional para la Alianza de Civilizaciones. Sobre el segundo, quiero recordar que a propuesta del presidente del Gobierno la Comisión internacional contra la pena
de muerte se ha constituido el pasado 7 de octubre en Madrid en el marco de la celebración del Día mundial contra la pena de muerte. La comisión internacional, presidida por don Federico Mayor Zaragoza e integrada por destacadas personalidades de
ámbito internacional, cuenta con el respaldo y el asesoramiento de numerosos países y nace para sumarse a todas las acciones gubernamentales y de la sociedad civil a favor de la abolición universal de la pena de muerte. Otro de sus objetivos es
promover el establecimiento sin dilación de una moratoria de la condena y la aplicación de la pena de muerte en todas las regiones del mundo, que permita la aplicación efectiva más amplia posible de una moratoria universal en el horizonte del año
2015 con miras a su total abolición.
Para la realización de estos objetivos, la comisión internacional llevará a cabo una variedad de actividades que van desde la colaboración y la intervención ante altos mandatarios y personalidades de
determinados países hasta la realización de llamamientos y declaraciones sobre cuestiones relacionadas con la abolición de la pena de muerte o campañas de movilización de la opinión pública. Por otro lado, el Gobierno está aplicando el Real Decreto
1257/2007 que regula las ayudas a personas que se vean amenazadas en el ámbito internacional por sus actividades en defensa de los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos se desenvuelve también en el marco de las relaciones
bilaterales de España con otros Estados. El Plan de derechos humanos es fruto del mismo impulso político que inspira el III Plan director de la cooperación española 2009-2012; en efecto, ambos apuestan por un enfoque que vincula el desarrollo de
los países a la promoción y protección de los derechos humanos. Este compromiso con la ayuda al desarrollo se vio fortalecido el pasado 20 de septiembre en la sesión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los
objetivos del Milenio, en la que se mantuvo el compromiso de alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del PIB para 2015.
Por otra parte, me gustaría destacar que España ha participado en varias rondas de diálogo sobre derechos humanos con países que se consideran de atención prioritaria para nuestra acción exterior. Quisiera destacar muy especialmente la
apuesta que durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea se ha hecho por involucrar a las instituciones europeas en la promoción de los derechos humanos. Durante la Presidencia española se han dado pasos decisivos para conseguir
que la Unión Europea se adhiera en un futuro próximo al Convenio europeo de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, nuestro país impulsa de manera decidida los trabajos encaminados a regular la iniciativa
legislativa popular en el marco de la Unión Europea, de hecho existe ya un proyecto de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre esta materia que constituye una vía excepcional para potenciar el funcionamiento democrático de las
instituciones comunitarias, involucrando a la ciudadanía europea en los procesos de toma de decisiones.
España ha puesto la lucha contra la violencia de género en un lugar preferente de la agenda europea. Buena prueba de ello es la adopción del acuerdo de creación del Observatorio europeo contra la violencia de género que tuvo lugar el pasado
8 de marzo en el marco de una iniciativa de la Presidencia española de la Unión, que contó con el apoyo de la totalidad de los Estados miembros. El observatorio, que actuará de manera coordinada con el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y
el Comité asesor para la igualdad de oportunidades,
compuesto por representantes de los Estados miembros, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales, persigue el objetivo de establecer un diagnóstico común sobre el problema de la violencia de género en cada uno de los Estados
miembros de la Unión y así poder elaborar instrumentos europeos para combatirla. De igual modo la Presidencia española ha impulsado los trabajos dirigidos a crear una política común de inmigración y asilo y alcanzar un acuerdo sobre la orden
europea de protección, así como intensificar la implicación de la Unión Europea en el control internacional del comercio de armas y la lucha por la abolición de la pena de muerte. Me gustaría poner de relieve asimismo la importancia de la cumbre
Unión Europea-China relativa a las consultas sobre derechos humanos que se celebró el pasado 21 de junio en Madrid, también en el marco de la Presidencia española.
Quiero finalizar el capítulo sobre la acción exterior destacando un hecho importante: la contribución de España a la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional se vio premiada con la elección de nuestro país el pasado día
13 de mayo como miembro del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas; esta elección contó con una amplia mayoría cercana a la unanimidad de los miembros de la Asamblea General.
Señorías, las medidas del Plan de derechos humanos en el ámbito
exterior están animadas por la idea de que promover el respeto a los derechos humanos es la mejor forma de trabajar a favor de la libertad, de la democracia, la paz y la convivencia en aquellos países en que estos principios no siempre están bien
asentados; las medidas referidas representan, pues, una contribución que se presta tanto por responsabilidad como por convicción moral.
Como es lógico, el ámbito de la acción interior es el que atrae la mayor atención del plan y concentra el mayor número de medidas. Estas medidas se vienen llevando a cabo a través de un conjunto de actuaciones de variada índole: se han
aprobado proyectos de ley, normas reglamentarias y planes y programas que tienen su origen en este plan; además se han subvencionado actividades de promoción de los derechos humanos y otras actuaciones pedagógicas tales como jornadas, seminarios,
cursos de formación y medidas de sensibilización. El plan recoge las medidas relativas al ámbito de la acción interior en diez apartados, no obstante, para clarificar mi exposición agruparé las medidas en tres grandes bloques: el de las medidas
dirigidas a garantizar el principio de igualdad y no discriminación así como la integración social, el de las que persiguen la garantía y desarrollo de los derechos fundamentales, y finalmente el de las medidas vinculadas a derechos sociales y
derechos de nueva generación. Como saben sus señorías, el plan tiene como uno de sus ejes prioritarios la consecución de la igualdad real de los grupos o colectivos tradicionalmente marginados, la eliminación de todo tipo de discriminación y el
favorecimiento de la integración de las personas en situación de exclusión social. En esta línea la acción del Gobierno ha puesto especial énfasis en las políticas dirigidas a garantizar la igualdad y erradicar cualquier comportamiento
discriminatorio. En especial la lucha contra la violencia de género ha sido una constante en la acción del Gobierno; el Plan de derechos humanos no podía mantenerse al margen de esta preocupación, en él se incluyen hasta trece medidas que abarcan
aspectos tales como la prevención, la sensibilización y la reinserción, la mejora de la respuesta profesional y la atención a las víctimas en este ámbito.
En ejecución de tales previsiones el Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre de 2009 el reglamento por el que se regula el funcionamiento, las competencias y la composición del Consejo de Participación de la Mujer, que comenzará a
funcionar antes de finalizar el presente año.
Igualmente por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de enero de 2009, se aprobó el Plan de atención y prevención de violencia de género en la población inmigrante. El Gobierno ha querido en este caso
ir a la raíz del problema y para ello ha realizado numerosas campañas de información y sensibilización y ha financiado programas de reeducación y tratamiento psicológico, dirigidos a las personas condenadas por delitos relacionados con esta materia,
actuaciones que han contado, por supuesto, con la participación de las comunidades autónomas articulada a través de los correspondientes convenios de colaboración. En esta misma línea se ha reforzado la coordinación entre las comunidades autónomas
y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de formación de profesionales, información, persecución de maltratadores y asistencia social integral para víctimas de violencia de género.
Por otro lado, en materia de derechos de los extranjeros las cámaras sobre la base de un proyecto de ley presentado por el Gobierno aprobaron el pasado año la Ley 2/2009 de reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros y su integración social. Mediante dicha ley se han reconocido expresamente los derechos de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita a todos los extranjeros, independientemente de cuál sea su situación
administrativa en Europa, dando así cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Asimismo, el Gobierno ha puesto particular empeño en la ejecución del Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010. En
desarrollo de este plan se han adoptado, entre otros, los programas europeos ESCI, dirigidos a la sensibilización para la ciudadanía e integración en el ámbito local. Pieza central de la política encaminada a facilitar la integración de los
extranjeros en nuestro país, ha sido la extensión del derecho del sufragio a los extranjeros en las elecciones municipales siempre en el marco de los criterios de reciprocidad que prevé la Constitución. De esta forma el Gobierno ofreció a varios
países la firma de acuerdos para el reconocimiento a sus nacionales del derecho de sufragio en las elecciones municipales en condiciones de reciprocidad.
Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los acuerdos y canjes de notas celebrados con Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Asimismo, el Gobierno ha solicitado de las Cortes la autorización para la ratificación
de los acuerdos celebrados con otros países.
En línea con las recomendaciones de organismos internacionales, el Gobierno está también tomando medidas para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los inmigrantes irregulares mientras se tramitan los procesos de repatriación. En
este marco se ha previsto la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en Lanzarote; en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria; en Málaga; en Algeciras y en Zaragoza, así como la reforma y ampliación de los centros
existentes en el Matorral, Fuerteventura; y Murcia. El plan también contempla la protección de los extranjeros que llegan a nuestro territorio huyendo de situaciones de riesgo para sus derechos fundamentales en los países de origen. Esta es una
de las finalidades a las que obedece la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Esta ley adapta nuestro ordenamiento jurídico a la política europea de asilo y a la evolución que ha
experimentado en los últimos años el concepto de refugiado. Como novedad, la ley recoge la figura de la protección subsidiaria destinada a las personas extranjeras que, sin reunir las condiciones para recibir el asilo, se encuentran necesitadas de
protección. Además, de acuerdo con lo previsto en el Pacto europeo sobre inmigración y asilo, el Consejo de Ministros de 29 de enero aprobó el primer programa de reasentamiento de refugiados en España para 2010.
Durante el año 2009 se han desarrollado numerosas actuaciones respecto a los menores no acompañados siempre en colaboración de las comunidades autónomas. En este ámbito quisiera destacar la subvención a la Comunidad de Canarias por importe
de 15 millones de euros para el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados, así como los convenios de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con las ciudades de Ceuta y Melilla para la acogida de estos menores. En el
marco del programa especial de traslado de menores no acompañados desde Canarias el Gobierno está financiando la atención de los menores que permanecen en el sistema de protección de las comunidades autónomas. Asimismo, se ha creado el Centro de
Recursos Antidiscriminación, Creadi, como instrumento para la puesta en marcha de la estrategia nacional e integral de lucha contra el racismo y la xenofobia. El número de recursos atendidos por este órgano desde su creación asciende a más de mil
quinientos.
Cumpliendo otro compromiso del plan, el Consejo de Ministros aprobó el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños. La última reforma del Código Penal en la que se tipifica el delito de trata
de seres humanos resulta de especial importancia para la sanción de este tipo de comportamientos; como saben sus señorías me refiero a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
El Plan de derechos humanos no se detiene en nuestras fronteras, sino que destina un apartado específico dentro de su capítulo de acción interior a los derechos de los españoles que se encuentran en el extranjero. Entre las acciones que dan
cumplimiento a las previsiones del plan en este terreno cabe destacar la actuación de la Oficina Española del Retorno, que ha tramitado numerosas consultas de nacionales interesados en volver a España, mejorando de forma sustancial el procedimiento
de orientación y asesoramiento para el retorno. También se han llevado a efecto acciones para facilitar la contratación laboral de los ciudadanos españoles en el exterior a través de la formación para el empleo, la promoción profesional y la
inserción laboral. En particular, se ha dado preferencia a las acciones dirigidas a los grupos cuyos integrantes sufren especiales dificultades para encontrar empleo, como los jóvenes y las mujeres. A tal fin, el año pasado se concedieron ayudas
por valor de 2,5 millones de euros. Por último, se ha creado un fondo para garantizar la asistencia jurídica a los penados españoles en el extranjero, en particular cuando hayan sido condenados a muerte.
El plan recoge también un completo programa de medidas para mejorar la protección de otros derechos reconocidos por nuestra Constitución. La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, aprobó la creación del mecanismo nacional de prevención de
la tortura cuyas funciones se han asignado al Defensor del Pueblo. De esta manera se ha dado cumplimiento a la medida número 94 del plan y al protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes.
En el mismo sentido se han cumplido varios compromisos asumidos en el plan en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Ministros aprobó el 18 de septiembre de 2009 el Plan estratégico de modernización de la justicia, que
apuesta decididamente por reducir los plazos de la respuesta judicial a las demandas y recursos. Entre los objetivos del plan se encuentra el aumento de la planta judicial en un 19 por ciento. De esta forma, a las 160 unidades judiciales creadas
en 2008 y a las 150 en 2009 se prevé seguir sumando nuevas unidades entre los años 2010 y 2012. El plan contempla además incrementar la convocatoria de plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales en los próximos tres años. Asimismo, el
Gobierno presentó a esta Cámara un proyecto de ley para la reforma de la oficina judicial que, tras su aprobación en las Cortes, se convirtió en la Ley 13/2009. Se trata de una ley que pretende modernizar los actuales métodos de trabajo de la
Administración de Justicia y que además potencia las buenas prácticas procesales y las garantías del justiciable. También el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de ley de mediación en asuntos civiles y
mercantiles previsto en la medida número 78 del plan, que próximamente será aprobado y remitido a esta Cámara.
Dando cumplimiento a otra de las medidas incluidas en el plan, la Ley orgánica de modificación del Código Penal que cité anteriormente endurece la respuesta penal para los delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores.
Especial relevancia tiene, en cuanto corresponde a una demanda sentida por la sociedad, el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, que prevé la creación de un registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias penales pendientes de firmeza.
Este registro permitirá a los jueces acceder a información sobre las órdenes de búsqueda y captura o las órdenes de detención y puesta a disposición emitidas por otros órganos judiciales del territorio español. Además el registro permite al juez
obtener de forma específica información sobre procedimientos penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. El plan se ocupa también de los derechos de las personas que están cumpliendo penas de prisión. En desarrollo de las medidas
previstas, se ha acordado la creación de cinco nuevas unidades de madres, dos de las cuales ya están en funcionamiento. Estas unidades pretenden facilitar dos objetivos: primero, que las madres que conviven en prisión con sus hijos menores puedan
cumplir sus penas en mejores condiciones; y, segundo, sacar a los niños de las prisiones y fomentar el arraigo familiar. Asimismo, y siguiendo la línea de dar prioridad al desarrollo del medio abierto en los centros penitenciarios, se han
establecido en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales programas marco de intervención con personas excarceladas y en libertad condicional.
Las víctimas del terrorismo merecen para el Gobierno también una consideración especial. Todas ellas han sufrido la sinrazón de una violencia brutal y particularmente injusta. La sociedad debe brindarles su apoyo y es necesario que este
apoyo se materialice en acciones concretas. Las medidas previstas en el plan en relación con las víctimas se están llevando a cabo principalmente a través de una red de ayudas económicas que en el año 2009 han alcanzado una cantidad cercana a los
200 millones de euros. Pero no puedo pasar por alto a este respecto la proposición de ley presentada por todos los grupos parlamentarios de modificación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que ha sido tomada en consideración y
se está tramitando en esta Cámara.
También quienes sufrieron injusticias por motivos políticos durante la guerra civil y la dictadura, así como sus herederos, tienen su sitio en el plan, que anticipa varias medidas de desarrollo y ejecución de la Ley de Memoria Histórica.
Destacaré en esta materia la puesta en marcha, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2008, de la Oficina de atención a las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La oficina
tiene competencias en relación con la elaboración del mapa de fosas y del protocolo de actuaciones científicas para la intervención en las exhumaciones. El ministro de Justicia anunció en esta Cámara el pasado 28 de abril que se está cerrando el
mapa de fosas en colaboración con las comunidades autónomas que han celebrado voluntariamente convenios a tal fin. El mapa se hará accesible a la ciudadanía a través de un dispositivo informático que pronto estará disponible en red para quienes
deseen consultarlo.
El Plan de derechos humanos incide también en los derechos sociales.
Establece un programa de 53 medidas relativas al derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a los derechos en el ámbito laboral, a los derechos de las personas con
discapacidad, a la autonomía personal y a los derechos de la infancia. A esto se unen otras 9 medidas sobre el derecho a un medio ambiente adecuado. Se trata de medidas que se están llevando a cabo en coordinación con las comunidades autónomas
dadas las competencias que les atribuye en esta materia el bloque de constitucionalidad. Entre las medidas en materia de educación se están ejecutando varios programas y planes, tales como el programa de mejora de éxito escolar y el programa para
la disminución de las bolsas de abandono temprano de la escolarización, dotado con una cantidad superior a los 35 millones de euros; los programas de cualificación inicial, que se han implantado en cerca de 4.000 centros, y el Plan de convivencia y
mejora de la seguridad de los centros docentes, que promueve los centros educativos como espacios libres de violencia, en el que han participado más de 8.000 centros. El Plan de derechos humanos aborda también la educación en derechos a través de
medidas de sensibilización y programas para la instrucción de formadores. Con estos fines el Instituto Superior de Formación y Recursos en Red ha diseñado e impartido numerosos cursos sobre derechos humanos. Asimismo se han publicado numerosos
trabajos dedicados a fomentar la convivencia y la ciudadanía intercultural en la sociedad española. No quisiera pasar por alto la recientemente aprobada Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, que modificando y completando la regulación anterior persigue también garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales de la salud, mejorar la calidad en la atención y asegurar la confidencialidad de los
datos de las mujeres.
En materia laboral el plan establece entre otros objetivos el desarrollo de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con vistas a avanzar en la igualdad salarial. Precisamente este es uno de los elementos de
atención prioritaria en el Plan de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2008-2010.
A este respecto quiero destacar la importante labor de coordinación entre los ministerios de Igualdad y Trabajo e Inmigración,
que se ha concretado en un protocolo de actuación que tiene como objetivo facilitar el intercambio de información entre ambos departamentos. En el mismo ámbito de las relaciones laborales se han llevado a cabo más de 90 acciones en desarrollo de la
estrategia española de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2007-2012. El
plan contempla también medidas destinadas a las personas con discapacidad.
Aquí hay que destacar el primer Plan de acción 2009-2010 para el impulso y ejecución de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad,
aprobado el 13 de marzo de 2009, y el tercer Plan de acción para las personas con discapacidad, que fue aprobado el 10 de julio del mismo año y que establece la estrategia global del Gobierno en esta legislatura con respecto a estas personas.
Asimismo se han aprobado otras actuaciones destinadas a favorecer la situación de las personas con discapacidad. Entre ellas me gustaría señalar el informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación a la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo, que dará lugar a un proyecto de ley.
Finalmente, en el plano organizativo se ha puesto en funcionamiento la Comisión de seguimiento del Plan de derechos humanos, que es el órgano encargado de evaluar periódicamente la ejecución de las medidas previstas en el plan y de elaborar
propuestas para ser incluidas en él. Esta comisión tiene una composición mixta, ya que reúne a representantes del Ministerio de la Presidencia, entre ellos a este secretario de Estado, que la preside, y a otros cinco vocales, todos ellos personas
con acreditado conocimiento y experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Cuatro de estos vocales lo son a propuesta de asociaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y un quinto a propuesta de los
institutos universitarios de derechos humanos. Además el Defensor del Pueblo es informado previamente de todas las reuniones de la comisión y de su orden del día. Tras la reunión en que se constituyó la misma, esta comisión de seguimiento se ha
reunido hasta ahora en cuatro ocasiones, en los meses de octubre y diciembre del año pasado y en febrero y abril del presente año, y próximamente tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de seguimiento.
Hasta aquí, señorías, el resumen de las medidas adoptadas en ejecución del Plan de derechos humanos. Sin que esto sea una evaluación del plan, que corresponderá realizar a la Comisión en su momento, me gustaría al menos adelantar un par de
consideraciones. En primer lugar, que en este primer año y medio de vigencia del Plan de derechos humanos se ha llevado a cabo un completo programa de actuaciones de promoción de los derechos humanos y que han sido actuaciones de gran calado y de
importante repercusión en los más variados ámbitos y dirigidas a distintos grupos de personas, en atención a sus necesidades específicas. En segundo lugar, que el plan ha desempeñado un importante papel dinamizador de la acción del Gobierno en el
ámbito de los derechos humanos. Finalmente y aunque sea un mero cálculo cuantitativo, me gustaría destacar que se ha producido un razonable grado de cumplimiento de los compromisos del plan. A punto de cumplir dos años desde su aprobación, se han
cumplido aproximadamente la mitad de las medidas previstas, estando prácticamente todas las demás en fase de desarrollo. No obstante, el Gobierno, al aprobar el Plan de derechos humanos y ahora al desarrollarlo, intenta llevar a cabo una verdadera
política de derechos, un programa completo y coherente que hace de la promoción de los derechos una de las columnas que sostienen el conjunto de su acción. Con ello, recoge el testigo del constituyente, que trazó en nuestra Constitución un camino
en el que la promoción y la tutela de los derechos estaban destinadas a convertirse en un elemento fundamental de la acción de los poderes públicos. Dice un aforismo que los derechos no son un fin en sí mismos sino un medio para la realización de
un bien personal y colectivo. Si es así, permítanme terminar mi intervención afirmando que la existencia del plan y su desarrollo son en sí mismos una buena noticia. Sin duda, las políticas de promoción de los derechos son el mejor instrumento
para alcanzar cotas cada vez mayores de igualdad y libertad y para vivir en definitiva en una sociedad más justa.
El señor PRESIDENTE: Tienen ahora la oportunidad los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor secretario de Estado, por la información que nos traslada. Ya tuvimos ocasión en junio del año pasado de analizar el Plan de derechos humanos con la comparecencia de la vicepresidenta primera
del Gobierno. De la lectura del 'Diario de Sesiones' de aquella ocasión y tras escucharle esta mañana aquí, se observa que algunas cuestiones que plantearon los grupos parlamentarios siguen pendientes. Empezaba mi intervención recordando que el
plan, tal y como se había configurado, en parte no dejaba de ser un listado de 172 actuaciones, objetivos de una amplitud enorme y que incluso dificultaban la acción de control parlamentario que estamos hoy abordando. La cantidad de cuestiones que
usted ha repasado hace que sea muy difícil poder profundizar en todas y cada una de ellas. Nos provocaba un punto de insatisfacción la estructura y la configuración del plan.
En esa intervención de junio de 2009 el señor Olabarría le recordaba a la señora De la Vega que existía una proposición no de ley que mandataba al Gobierno a la elaboración del plan, pero también le mandataba a la elaboración de un programa
sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias. Ese conjunto de elementos -objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias, insisto- debía trasladarse a la Cámara antes de
octubre de 2009. Ese recordatorio que hacía el señor Olabarría continúa siendo hoy plenamente vigente, especialmente en la concreción presupuestaria del plan.
Al finalizar mi intervención yo le recordaba que sería interesante que el plan incorporase un mecanismo de
control parlamentario parecido al que introdujimos en la Ley de deuda y al que ahora hemos introducido en la ley del fondo de promoción al desarrollo, para que junto con la comparecencia del correspondiente alto cargo del Gobierno para hacer
balance de la aplicación de una determinada política, la correspondiente comisión efectúe un dictamen sobre el balance de esa política con recomendaciones al Gobierno para desarrollar durante el año siguiente. Si queremos que este trámite de
seguimiento del Plan de derechos humanos tenga un contenido útil en la mejora de la política del Gobierno y una mayor participación del Congreso de los Diputados en el mismo, deberíamos ser capaces de articular una fórmula similar, para que junto
con esta comparecencia del alto cargo gubernamental, la Comisión Constitucional elaborase un dictamen sobre recomendaciones al Gobierno para el cumplimiento y desarrollo del propio plan, el cual contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda ir
incorporando nuevas medidas al mismo, a instancias de la comisión de seguimiento o de acciones particulares. No contemplamos específicamente una actuación del Parlamento, que se limita a esta comparecencia. Esa es una propuesta pendiente de
desarrollar.
Hay algunas cuestiones -no todas las que usted ha podido repasar- que fueron plantedadas en aquellos debates sobre las que a mi grupo le gustaría incidir. En concreto, existe un desarrollo reglamentario de la regulación de los centros de
internamiento para extranjeros prevista en la Ley de Extranjería, seguramente una de las partes más delicadas y complejas de la política de inmigración en un mundo difícil. Hace pocos meses un interno en el CIE de Barcelona se suicidó en extrañas
circunstancias. Me gustaría conocer previsiones del Gobierno en cuanto al respeto de los derechos humanos en los centros de internamiento para extranjeros y la situación del desarrollo reglamentario en este campo.
En segundo lugar -usted ha hecho mención a ello-, se ha producido la comparecencia de España ante el Comité de los Derechos del Niño y el informe de Naciones Unidas ha centrado su preocupación en la situación de los menores extranjeros no
acompañados. Afirma Naciones Unidas que a menudo estos menores son tratados como extranjeros y no como menores, alerta que hay que evitar expulsiones irregulares y dice que hay que elaborar protocolos uniformes para determinar la edad y analizar de
forma individual las circunstancias de cada niño o cada niña. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en España en este ámbito concreto -me refiero a Unicef, a Save the Children y, en Cataluña, al Casal dels Infants del Raval- muestran
preocupación sobre cómo estamos desarrollando esa política. El propio Defensor del Pueblo también ha mostrado preocupación por los métodos existentes para determinar la edad legal de los menores inmigrantes. Hay dudas de que los actuales sistemas
sean suficientemente precisos. El mecanismo de determinación de la edad de ese supuesto menor es una cuestión relevante, porque en función de esa consideración puede intervenir el proceso correspondiente de tutela por parte de las comunidades
autónomas y las responsabilidades que se deriven del Gobierno. Me gustaría conocer la posición del Gobierno respecto al Comité de los Derechos del Niño en relación con la situación de los menores extranjeros no documentados y si existe preocupación
del Gobierno en este ámbito. También quisiera decirle que ese mismo informe alerta sobre la debilidad de nuestras políticas públicas de lucha contra la pobreza infantil. Nos gustaría conocer si esas consideraciones del Comité de Derechos del Niño
sobre las cuestiones de pobreza infantil obligan al Gobierno a introducir algún tipo de cambio o de orientación.
Usted recordaba también la aprobación de la nueva Ley de Asilo, trasponiendo la correspondiente directiva de la Unión Europea, y me ha parecido entenderle que en su intervención hablaba de los programas de reasentamiento que la ley
contempla. Nos gustaría conocer qué programas de reasentamiento se han aprobado desde la nueva entrada en vigor de la ley. Es una figura interesante que permitiría resolver algunas situaciones complicadas en materia de asilo y refugio en países
donde se podían producir gran número de situaciones graves de vulneración de derechos humanos y en donde los mecanismos de asilo ordinario no podían funcionar. Ese sería un buen mecanismo que me gustaría conocer.
Usted decía, y no es una cuestión menor, que España se incorpora al comité de Naciones Unidas. Es una buena noticia y nos gustaría conocer qué posición política, qué prioridades marca la presencia española en ese comité, en un contexto en
el que además no deja de ser irónico que compartamos silla con algunas dictaduras. Creo recordar que en el mismo paquete que España también se encuentra Cuba y algún otro país; incluso Sudán ha formado parte de ese comité. Me gustaría saber si el
Gobierno tiene una posición política sobre esa coincidencia con países en los que la vulneración de los derechos humanos es sistemática. Leía hace unos días unas consideraciones del ministro de Asuntos Exteriores holandés, con las que mi grupo
coincide, sobre el absurdo de compartir en Naciones Unidas sillas con Estados que vulneran derechos humanos, en el ámbito específico de seguimiento sobre los derechos humanos. Nos gustaría conocer la posición política del Gobierno en relación con
esa cuestión.
Finalmente quiero trasladarle, tal como hicimos en esa comparecencia, que convendría un mayor compromiso de la política exterior del Gobierno en apoyo a los defensores de los derechos humanos. Sabrá el secretario de Estado que en esta
legislatura, hace pocos meses, diversos diputados hemos constituido un intergrupo sobre los derechos humanos -de entre sus componentes veo aquí al señor Esteban, al señor Pérez Tapias y a la señora Batet-, intergrupo en el que estamos recibiendo a
defensores de los derechos humanos en diversas partes del mundo -por ejemplo, esta misma semana hemos recibido a personas que han llegado de Colombia- y en el que notamos a faltar un mayor compromiso de la
política exterior del Gobierno en la defensa de esas personas. Creo que los grupos debemos trasladar una preocupación por esa situación. Se han vivido situaciones concretas donde otras embajadas de la Unión Europea han acompañado a
defensores de los derechos humanos en Colombia, estando ausente el Gobierno Español en el acompañamiento a esas personas. En todo caso sería imprescindible que existiese un mayor compromiso del Gobierno en esa materia, más cuando se aprobó en la
Comisión de Asuntos Exteriores hace ya cierto tiempo y a propuesta del señor Herrera una proposición no de ley que insta a una determinada política del Gobierno en materia de apoyo a los defensores de los derechos humanos.
Señor presidente, creo que es una comparecencia difícil. La agenda de temas es enorme y seguramente muchos de ellos no corresponden directamente a las responsabilidades de la secretaría de Estado, pero el plan nos obliga a hacer un repaso
de tal diversidad de temas.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, es cierto lo que dice, aún más en el momento en que estamos, de tránsito de unos responsables a otros, que lo hace más difícil. Ayer tomamos la decisión y esta mañana en la Mesa de mantener la
Comisión, pero sabiendo que lo que fuera rendición de cuentas de lo que ha debido hacer o ha hecho el Gobierno tenía sentido, pero lo que fuera proyección no lo tenía, por lo cual, después, en Función pública, como ustedes verán enseguida cuando
acabemos esta comparecencia, hay tres puntos que han quedado aplazados, porque además en el caso de la Función pública no solamente cambia el responsable del ministerio, sino que cambia la Función pública de ministerio y con toda seguridad cambiará
incluso de Comisión, lo cual no sé si es motivo para la enhorabuena de los miembros de la Comisión Constitucional. (El señor Gil Lázaro: Sin duda.)
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: De alguna manera mi intervención responde o se enmarca en mucho en la reflexión que acaba de hacer su señoría.
Sabe, señor secretario -y creo que de sobra- la consideración y el afecto que le tengo. Sin embargo, lamento que sea usted quien dé cuenta ante esta Cámara de la ejecución de este plan, y me explico. Sé que lo hace en cumplimiento de las
propias previsiones del plan, que establecen la comparecencia anual del presidente de la comisión de seguimiento, que es el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Pero mi lamento estriba precisamente en el criterio que
tuve ocasión de expresar en su momento, en cuanto a que entendíamos que, de manera natural, quien debía ejercer la presidencia de esa comisión de seguimiento era el ministro o ministra en su caso de la Presidencia, precisamente por ser este un plan
elaborado por del Consejo de Ministros -iniciativa del Consejo de Ministros-, quien tiene además la legitimidad para modificarlo en cualquier caso, bien por esa propia iniciativa, o bien a través de las sugerencias que puedan llegarle formuladas
desde esa comisión de seguimiento, amén naturalmente de unas razones políticas de fondo.
Yo voy a recordar muy sintéticamente alguna de las cuestiones que en su momento planteé a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, en relación con lo que entendíamos que era la naturaleza de este plan y a qué respondía este plan. Eso
desde nuestro punto de vista reforzaba mucho más que quien hace el plan sea precisamente quien tiene que presidir -amén del control que se ejerce, como es natural, de manera insoslayable, desde esta Cámara-, en términos ejecutivos y de ser el
responsable, esa comisión de seguimiento. Me dirá usted que efectivamente el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios está perfectamente -como no puede ser de otra forma obviamente- inserto en una estructura ministerial y
quizás ese matiz que planteábamos en su momento no sea especialmente significativo en términos prácticos. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que lo era en términos sin lugar a duda políticos, de jerarquía del propio plan. Repito que quiero
situar mi primera afirmación, aparte de esta reflexión, en la que la que ya le he hecho, en la consideración y el afecto que sabe el señor secretario del Estado que le tengo desde hace mucho.
Quiero recordar de una manera muy sintética las razones de fondo que ya planteé a la vicepresidenta De la Vega cuando compareció ante esta Comisión el 17 de junio de 2009 a efectos de presentar el plan, por cierto, seis meses después de su
aprobación por el Consejo de Ministros y una vez que se había cubierto ya cierta fecha -podemos seguramente equivocarnos y quizá nos equivocamos-, a la que me referiré también, que de alguna manera sospechábamos fue el gran motor que determinó la
aparición de este plan; plan que de ser cierta la primacía que el Gobierno le concedía dentro de la estructura general de la acción de gobierno en nuestro país, podía haber aparecido precisamente cuatro años antes, es decir en la pasada
legislatura.
En aquella ocasión me referí a tres cuestiones básicas. Primero, que la Constitución es el auténtico plan de derechos humanos sobre el que se construye la arquitectura política institucional y jurídica de la democracia española y que su
letra obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos de manera expresa. Segundo, que el plan presentado por el Gobierno carecía de fuerza jurídica, de fuerza de obligar, y era estrictamente desde nuestro punto de vista un programa de Gobierno en
el orden interior y una fijación de objetivos generales en materia de acción exterior. Y tercero -y ese es el meollo del asunto al que antes hacía referencia-, que a nuestro juicio el plan respondía a un objetivo propagandístico o publicitario del
Gobierno, cuya pretensión real era poder ser presentado por la señora vicepresidenta primera del Gobierno en el acto que tuvo lugar en Naciones Unidas
el 15 de diciembre de 2008. Prueba de ello es que seis meses después de la aprobación de ese plan por el Consejo de Ministros, y pasada la cita con la ONU, ni siquiera se había constituido la comisión de seguimiento que usted preside. El
día 17 de junio de 2009, cuando compareció la señora vicepresidenta primera en esta Comisión, seis meses después de aprobado el plan, no se había constituido todavía esa comisión de seguimiento y probablemente, señor secretario de Estado, porque la
urgencia, que era la del 15 de diciembre de 2008 y el acto ante la ONU, había ya sido sustanciada en los términos en los que se proponía el Gobierno.
Le diré, señor secretario de Estado, que en la vertiente del plan que afecta a lo que podríamos denominar el orden interior, en el año y cuatro meses transcurridos desde aquella comparecencia de la señora vicepresidenta primera hasta el día
de hoy, no parece que la situación de la sociedad española haya mejorado sustancialmente respecto de aquel momento. Por eso, pensando también en esa consideración y ese afecto que ya he expresado que le tengo y recordando las palabras del ex
ministro señor Corbacho, tal vez pueda ser un marrón tener que venir a explicar los logros de un plan, ciertamente, en sus aspectos sustanciales contradichos por la realidad con absoluta contundencia.
Dentro de ese orden interior ha hecho tres reflexiones esenciales respecto a tres aspectos temáticos sustanciales. En este sentido, ¿puede considerarse que el plan ha cumplido con su espíritu esencial, que sería, porque no puede ser otro,
en el orden interior, fortalecer la condición de ciudadano cuando la política del Gobierno ha hecho que casi 5 millones de españoles no tengan trabajo, que en 1,5 millones de hogares todos sus miembros estén en el paro y que 10 millones de españoles
vivan al límite de la pobreza y de la exclusión social? ¿Puede considerarse que el plan ha contribuido a potenciar, como el propio plan preveía, los valores de la solidaridad y de la igualdad cuando la política del Gobierno ha hecho recaer el peso
de la crisis sobre pensionistas y empleados públicos, ha debilitado sensiblemente las columnas del Estado del bienestar, ha generado mayores desequilibrios interterritoriales y, por tanto, una pérdida de cohesión interna en las bases de nuestra
estructura social? ¿Puede considerarse que el plan ha blindado como pretendía, porque ese era también uno de los objetos del plan en el orden interior, la protección y promoción de los derechos de las personas ante la justicia cuando en los últimos
meses la política y los intereses del Gobierno han producido una degradación del Estado de derecho mediante el uso sectario de ciertos instrumentos esenciales y que representan, por ejemplo, la acción del ministerio público o de la policía? Es muy
grave, por sintomático, señor secretario de Estado, que coincidiendo hoy mismo con la presentación del plan en esta Cámara, ayer el Tribunal Supremo entendiera que es procesable la actuación de un determinado juez, al que, por cierto, el Gobierno
inundó de homenajes recientes, porque dice el Tribunal Supremo literalmente que laminó el derecho de defensa y destruyó los pilares básicos del proceso penal.
Ciertamente, señor secretario de Estado, que el Gobierno intente desconocer que el resultado de su gestión ha supuesto y va a suponer aún más, a la vista de los dieciocho meses que nos aguardan, una pérdida de calidad democrática, me parece
un sarcasmo. Por eso, vuelvo a repetir que desde la consideración y el afecto que le tengo, lamento que tenga que ser usted quien dé la cara ante esta Cámara por ese conjunto de la acción gubernamental, que al fin y al cabo representa el Plan de
derechos humanos, y no sea directamente un miembro del Consejo de Ministros, como propusimos en su momento, el que asuma esa responsabilidad.
La esencia de la cultura de los derechos humanos estriba en dar consistencia y efectividad a los derechos económicos y sociales, porque desde ahí se crece en calidad democrática entendida como fortalecimiento de la autonomía individual para
ser ciudadano y ejercer con plenitud todas las libertades que dimensionan esa condición. La cultura de los derechos humanos ni es ni puede ser una mera referencia discursiva para teorizar, sino una exigencia cotidiana que se constata y perfecciona
cuando la política de un gobierno es eficaz y coherente, es decir, señor secretario de Estado, exactamente desde nuestro punto de vista, lo contrario de lo que representa y supone la política de este Gobierno. Por eso, como ya recordé a la señora
vicepresidenta primera, no es cierto, como dice el plan, que cada una de sus medidas sea una garantía en sí misma. La garantía la determina el balance de cómo se han hecho las cosas y ese balance hoy es ciertamente negativo para el Gobierno, con lo
que eso supone al fin y al cabo de menoscabo para el rigor de esa sociedad democrática avanzada que nuestra Constitución propone como objetivo básico del quehacer nacional.
Agradezco sin lugar a dudas, señor secretario de Estado, el esfuerzo de información que ha hecho esta mañana en relación con el estado de cumplimiento de las 162 medidas específicas que dan cuerpo a este plan, pero, como apuntaba el señor
Campuzano, diseccionar el análisis preciso de lo que se ha hecho o dejado de hacer excede de las posibilidades materiales de esta comparecencia y por ello le anuncio que presentaré inmediatamente una batería de preguntas escritas para ver objetivo
por objetivo lo que han dado de sí estos casi dos años de aplicación del plan en cada uno de sus epígrafes específicos. Eso sí, espero que la contestación a esas preguntas tenga mayor concreción que la dada a las 223 cuestiones que a propósito de
los contenidos de este plan presenté el 17 de diciembre de 2008 y que fueron despachadas en una única y vaga respuesta genérica que pretendía circunscribir la información sobre la ejecución del plan al marco limitado de esta comparecencia anual. Y
también le digo que no vamos a aceptar esa constricción si es que el Gobierno intenta con ello cortapisar la posibilidad de evaluar detalladamente lo hecho y lo dejado por hacer. Sé que en la medida en que
dependa de su responsabilidad o siga dependiendo de su responsabilidad ese intento de constricción no se va a producir. Por eso, señor secretario de Estado en el día de hoy le plantearé tan solo algunas cuestiones de metodología que no
dejan de ser importantes.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene que terminar.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo inmediatamente, señor presidente. Son importantes para saber cómo se están haciendo las cosas. Quisiera que usted nos dijera, primero, qué criterios objetivos se han seguido para la selección de las
organizaciones no gubernamentales e institutos universitarios que forman parte de la comisión y por qué de lo que he escuchado -si he entendido bien- no se han incorporado a la comisión esos expertos independientes que también estaban previstos en
la norma del plan, junto con los tipificados como organizaciones no gubernamentales e institutos universitarios. Segundo, ¿qué sistema de evaluación está llevando a cabo la comisión para valorar a su vez la ejecución de las medidas del plan?
¿Están actualizadas cada una de las fichas de seguimiento por parte de los respectivos ministerios? ¿Cuál es la valoración de ese sistema de fichas que le han transmitido las organizaciones no gubernamentales especializadas en el ámbito de los
derechos humanos? ¿Se facilita a esas organizaciones no gubernamentales el acceso a dichas fichas? ¿Qué sugerencias al respecto ha recibido en relación con este sistema de fichas y qué criterio le merecen esas sugerencias? ¿Se han convocado
reuniones sectoriales para evaluar aspectos concretos del plan? Y tercero, ¿qué nuevas propuestas ha elaborado -si es que lo ha hecho- la comisión para que sean incorporadas al plan por parte del Consejo de Ministros? ¿Qué procedimiento de trabajo
se sigue para formular esas nuevas propuestas en su caso? ¿Qué tratamiento se está dando a las que hayan podido llegar directamente remitidas por ciudadanos particulares? Porque esta era una previsión también que afecta a la comisión de
seguimiento y que puede ser muy interesante.
En definitiva, señor presidente, concluyo ya siguiendo su indicación diciendo que el Gobierno vive desde ayer tiempo de mudanza y desde luego no es este el lugar para hacer una valoración de lo que supone ese cambio de Gobierno, pero sí al
menos de apuntar -ya que hablamos de derechos humanos- que se hace llamativo que el nuevo vicepresidente primero y portavoz sea precisamente la misma persona que catorce años atrás ejerció las mismas funciones de ministro portavoz para al menos
justificar o tratar de explicar políticamente lo inexplicable.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene usted que terminar y sobre todo, si se mete usted en otro terreno, es que termina ya.
El señor GIL LÁZARO: Decía que para tratar de explicar lo inexplicable, es decir la repugnante expresión del crimen de Estado. Sea como fuere, señor secretario de Estado...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene usted que terminar. Si no, le termino yo.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, me quedan tres segundos para expresarle al señor De Francisco que le deseo la mejor de las suertes en este tiempo de mudanza y que me agradaría mucho poder seguir compartiendo con usted su tarea
cotidiana en esta Cámara. Ojalá los hados ministeriales le hagan la justicia que se merece.
El señor PRESIDENTE: Creo que esta última expresión es compartida por la Comisión.
El señor GIL LÁZARO: Por eso quería terminar así, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Nos ha relatado el señor de Francisco los trabajos de la comisión y es cierto que es un universo muy ambicioso de temas. Hay una cuestión que me gustaría saber y es, dada su experiencia de estos meses de trabajo,
cuál es la valoración que hace usted sobre el nivel de participación de las ONG, atendiendo al hecho de que es posible que el órgano que usted preside se haya podido enriquecer de las aportaciones de las ONG y dialécticamente también las ONG puedan
ir alimentando su capacidad de aportación en función de sus trabajos. Es decir, si es posible que nos informe sobre cuál cree usted que es el nivel de satisfacción recíproca, considerando los temas propuestos, su capacidad de interlocución,
etcétera. Creo que es un buen barómetro, porque si usted da una respuesta sincera -lo presupongo- y además satisfactoria significará que las cosas no van mal, al menos en este ámbito. Voy ahora a hacer referencia a algunas cuestiones concretas.
Usted ha hablado -y es cierto que todos estamos bastante satisfechos- de los avances que ha hecho el Estado español en los últimos tiempos respecto a todo aquello que atañe a la pena de muerte. Se reconocen los esfuerzos y la voluntad del Gobierno
español y usted ha hablado de la moratoria del año 2015, que debería ser la puerta para escenarios futuros de abolición universal.
Pero para completar la información que ya nos ha dado ¿se puede concretar un poco más cómo se va a llegar a esta
moratoria? Sería algo muy ambicioso, muy importante -porque hablamos del año 2015- y muy cercano que por primera vez pudiéramos ver una moratoria atendiendo a que pocos gobiernos progresistas quedan en
Europa, lo que implicaría más responsabilidad para este. Asimismo queremos saber si están trabajando en concreto con algún Estado más predispuesto a colaborar para llegar a este escenario y si puede pasar a un segundo nivel de concreción
respecto al tema de la pena de muerte. De hecho, respecto a otro tema que usted ha mencionado, el reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo, es cierto que se ha debatido mucho ya pero no entendemos por qué el plan no incluye una
medida que aborde la lucha contra la impunidad en el marco de la llamada guerra contra el terror. Desde la modestia de nuestro grupo parlamentario, de forma recurrente y en todos aquellos ámbitos y comisiones en los que, aunque fuera
tangencialmente, podemos colocar este debate, lo hemos hecho y a veces da la impresión de que, por razones geopolíticas y de diseño estratégico de los Estados, se mira hacia otro lado.
Las cosas son como son y el mundo es como es, pero aquí estamos hablando de secuestros, de detenciones ilegales, de desapariciones, de ocupación de espacios aéreos, de utilización de aeropuertos -y usted sabe tan bien como yo de qué estamos
hablando- e incluso de desapariciones de ciudadanos españoles. En más de una ocasión hemos traído a colación el caso particular -pero del alfiler al elefante, que decía Vázquez Montalbán- de Mustafá Setmariam Nasar, ciudadano español que está
desaparecido, en el limbo, en alguna cárcel secreta -americana, seguro; o posiblemente- si es que no está enterrado ya. Es un ciudadano español y cuando hemos traído a colación el tema, el ministro Moratinos... Déjenme hacer un paréntesis,
lamentamos mucho que haya cesado porque era un ministro progresista -de los progresistas del Gobierno español- pero al parecer se le ha castigado por progresista. Cierro el paréntesis. Decía que el Gobierno español retomaba el reto, pero van
pasando meses y meses y meses y el ciudadano español sigue desaparecido y nunca ha habido por parte del Gobierno esta voluntad de hablar claro. Hablar claro en la medida en que se puede hablar claro de esas cosas; al menos políticamente sí se
puede hablar claro, políticamente se puede hablar claro, aunque no se pueda, concretar otras cuestiones ni en sede parlamentaria. Pero hablar claro sobre el pronunciamiento que merecen según qué cuestiones relacionadas con este título tan literario
que es la guerra contra el terror, y más viniendo de usted, sí hacía falta, alguna referencia. Aquí parece que no hubiera el suficiente compromiso, máxime cuando algunos gobiernos teóricamente deberían estar más obligados que otros. Si hay que
rendir cuentas en la Unión Europea sobre todo aquello que compete a este universo de vulneraciones flagrantes de los derechos humanos, alguna cosa deberían decir los gobiernos que se autodefinen como progresistas en un océano de correlaciones de
fuerzas cada vez más favorables a las derechas y con posicionamientos políticos sobre los derechos humanos que los hacen de goma; dependiendo de la coyuntura tienen una elasticidad o tienen otra. Por ejemplo, no ha hecho demasiada referencia a
algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos en las repúblicas sudamericanas.
Usted sabe que aquí mantenemos algunas posiciones críticas respecto a la situación en Colombia, donde desaparecen líderes sindicales, líderes indigenistas.
En ese sentido creo que haría falta un cierto pronunciamiento.
Y una cosa que nos preocupa y a la que usted ha hecho referencia.
Atendiendo al incremento de la xenofobia y el racismo, inmersos en esta oleada que nos llega, digamos, del norte, aquí en el Estado español ha habido un incremento claro y se
percibe tanto en el comportamiento de buena parte de la ciudadanía como de los dirigentes políticos. Ayer mismo tuve la vergüenza de ver cómo un ciudadano catalán, líder de un partido político -el Partido Popular-, tenía que ir a la fiscalía a
declarar porque sin ningún pudor ya se publicitan en periodo electoral mensajes claramente xenófobos sin ningún tipo de acomplejamiento. Hablo del señor Albiol, dirigente del Partido Popular. Pero esto se da no solo en los representantes de la
ciudadanía, que lo hacen porque saben que existe caldo de cultivo, sino también en muchos funcionarios. ¿Por qué ustedes no envían datos? Creo que no los envían. Se me ocurre una pregunta: ¿Usted conoce todos los datos, le facilita Interior
todos los datos de las vulneraciones de los derechos humanos a ciudadanos en las comisarías o en la calle por parte de policías que a veces hacen identificaciones solamente por la semblanza fisica? Me gustaría que con sus palabras y sus argumentos
me hiciera callar. Sí, sí, que me hiciera callar, que usted me dijera: usted actúa bajo una enfermedad. Le digo que me gustaría que usted me dijera a mí que peco de un cierto prejuicio; y con los datos que usted debe tener, si quiere y si puede,
hará que mis argumentos sean incluso ridículos. Yo tengo la información que tengo, que no sé si puedo universalizar y por eso usted me tiene que ayudar.
Respecto a la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, creo que hablaron de presentar una ley. ¿La van a presentar o harán como con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por cierto incluida en el plan? No sé qué número es,
no lo recuerdo, pero dicen que van a presentar una ley de libertad religiosa y la ex vicepresidenta del Gobierno -por cierto, bastante amiga, creo que demasiado, de los obispos- nos engañó, a nosotros y a ustedes, porque pactamos con el Grupo
Socialista que presentarían ustedes un proyecto de ley orgánica de modificación de la del año 1980 antes del verano y luego el ministro Caamaño dijo -sin mirarnos a los ojos- que no la presentaría.
Voy terminando, pero aprovecho, porque yo no voy a hacerle las 300 preguntas del compañero del Partido Popular. Como no puedo hacerlas, las hago ahora porque no tengo esa suerte. Ustedes hablaron también de la necesidad de poner en marcha
una estrategia integral de lucha contra el racismo y la xenofobia, ¿están trabajando en esto? Lo digo porque tengo necesidad de preguntarle si ya podemos dar por hecho en nuestro grupo parlamentario que tarde o temprano -quizá más temprano que
tarde-, si están trabajando en ello, lo tendremos. Respecto al tema de la trata, al que usted ha hecho referencia, el 12 de diciembre del año 2008 -lo tengo apuntado- se aprobó el Plan contra la trata con fines de explotación sexual, que
hemos discutido mil y una veces a raíz de todas las propuestas que nuestro grupo parlamentario ha traído a debate en relación, por ejemplo, con el tema de la prostitución; recordará usted los anuncios en la prensa de contactos, es decir, es un tema
que hemos trabajado mucho. Pero han ocurrido casos muy lamentables, yo conozco uno y tengo la obligación de explicarlo aquí.
El señor PRESIDENTE: Pero lo explicará usted rápidamente porque tiene que terminar.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, señor presidente, pero es que es muy interesante.
El señor PRESIDENTE: Y el tiempo también.
El señor TARDÀ I COMA: Es verdad pues paso por alto el caso. Pero, señor presidente, es una mujer nigeriana embarazada víctima de trata de blancas, se la traslada a un centro de internamiento y puerta. No habíamos quedado en esto, se la
deporta cuando no habíamos quedado en esto. Usted me dirá que es un caso, pero el diputado tiene la obligación de seguir el caso porque uno puede presuponer que esto es una actuación normalizada, cuando habíamos trabajado en un sentido muy
distinto, dar un tiempo de reflexión para que la víctima pudiera reflexionar sobre cómo hacer la denuncia. Porque hay que tener en cuenta qué significa ser una persona víctima de trata.
Acabo. Obvio discutir y plantear los temas relacionados con la Ley de la Memoria Histórica, pero me parece un tanto atrevido por su parte sacar a colación aquí el tema de la memoria histórica, ya sé que está incluido.
Digo esto porque
ahora estamos debatiendo -lo diré de forma muy resumida- la ley que, por cierto, va a mejorar las condiciones para las víctimas del terrorismo. Por mucho que se haga en favor de las víctimas del terrorismo, el Estado nunca hará suficiente. Dicho
esto, es francamente inaceptable que se hable en estos términos sin incluir qué significa no solamente la necesidad de modificar el concepto y la idea de terrorismo para adecuarla a lo que dice Naciones Unidas, sino además qué se entiende por
víctimas, atendiendo y prolongándolas a todas las víctimas del fascismo y, por ejemplo, en el periodo de la transición, cuando el Estado democrático no era una dictadura, pero tampoco era una democracia consolidada. Ya termino. Le pregunto:
¿Cuándo van a aprobar el reglamento de la Ley de Extranjería? ¿Cuándo van a aprobar el reglamento de la Ley de Asilo? Porque llevamos meses. El compañero Campuzano ha hecho referencia a las personas reasentadas. Ustedes aprobaron un cupo de 75
personas y estas 75 personas aprobadas en ese cupo para 2010, ¿es un cupo ful o es de verdad? ¿Cuántas se han reasentado hasta ahora? Porque, claro, una cosa es aprobar el cupo, pero resulta que los datos son terribles. En Francia en el año 2009
hubo 47.000 solicitudes; aquí en 2009 hubo 3.000 y de 3.000 solicitudes de asilo en el Estado español se concedieron solo 179. Somos el Estado que tiene el grifo más cerrado de Europa -Berlusconi nos gana, lo cual es una vergüenza- respecto al
asilo.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Tardà.
El TARDÀ I COMA: Creo que usted ha sido muy indulgente conmigo, lo cual no sé si es bueno o malo para usted. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Todos nos lo preguntamos. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor De Francisco, por la comparecencia de hoy en unas circunstancias complicadas porque efectivamente muchos de nosotros, como es lógico, tendemos a apuntar lo que nos gustaría que fuera el desarrollo del
plan en el futuro y sé que la capacidad para responder a esto es limitada. En todo caso, espero que el 'Diario de Sesiones' no quede escrito en balde y que sea quien sea quien tiene que llevar esta responsabilidad -si es el señor De Francisco
mejor- del plan de derechos humanos adelante, los tenga en consideración.
En primer lugar, tengo que hacer unas reflexiones sobre la propia estructura y control del plan. Diría que los procedimientos no acaban de estar claros. Se supone que este tiene que ser un plan vivo, que hay medidas que van quedando
obsoletas porque han podido ser cumplidas. Habrá otras que habrá que reintroducir porque son problemáticas que de repente aparecen en la esfera interna o externa de la acción de Gobierno y, sin embargo, aunque se refiere a la comisión de
seguimiento o a los particulares, el Gobierno puede incluirlo -como ha dicho el señor Campuzano, el Parlamento no aparece sorpresivamente en ningún caso-, pero ¿esto luego cómo se implementa? Porque alguien puede proponer pero ¿cuáles son los pasos
que se tienen que dar? ¿Cómo se renueva? ¿Cómo se actualiza el plan para incluir nuevas medidas? ¿La comisión de seguimiento ha comenzado a funcionar realmente? ¿En qué se ha concretado su trabajo? ¿Qué es lo que ha definido? ¿Qué es lo que ha
criticado? ¿Ha hecho algunas sugerencias con respecto a la renovación e inclusión de nuevas materias en el plan? Necesitaríamos saber eso, pero voy a ir más allá. Está bien, como el señor Tardà decía, que se cuide el papel -creo que es muy
interesante y pueden aportar mucho- de las organizaciones no gubernamentales en cuanto al desarrollo y la aplicación del plan, pero yo voy a preocuparme también por que esta Comisión y este Parlamento puedan seguirlo. Es difícil, ya se ha dicho por
otros portavoces, el seguimiento de la aplicación del
plan porque son muchas medidas, pero lo es todavía más cuando las fichas preparadas para el seguimiento no son accesibles a los parlamentarios o al menos a nosotros no se nos proporcionan, ni están publicadas en Internet, ni se nos hacen
llegar. Si no sabemos cuál es la valoración medida a medida que hace el Gobierno de forma previa a esta sesión de la Comisión que estamos celebrando, es bastante difícil hacer una crítica acertada más allá de las preguntas que nos surgen a todos
sobre medidas concretas y que quizá hubieran podido ser respondidas a través de esa información entregada previamente. Alguna de esas fichas he conseguido ver, aunque no a través del Gobierno. Y me gustaría saber también si el secretario de Estado
cree que sirven como control para conocer el desarrollo del plan y si los indicadores son los más apropiados. Se lo digo porque en algunas ocasiones da la sensación de que medidas muy concretas, por ejemplo, dirigidas a países iberoamericanos, se
solucionan hablando de una acción que se ha llevado a cabo a nivel internacional y que no deja de ser una medida absolutamente genérica, una conversación, una participación, sin concretar ningún objetivo ni ningún calendario.
Voy a hablar ahora sobre ello porque, como muy bien ha explicado el señor De Francisco, hay una parte exterior de la acción exterior del Gobierno y una parte interna. Voy a tener que ir saltando de medida en medida, pero vamos a comenzar
por esa acción exterior. En el intergrupo de derechos humanos al que se hacía mención anteriormente, y en el que estamos representados bastantes miembros de esta Comisión, hemos hablado de que deberíamos ir más allá de objetivos genéricos. España
está colaborando con muchos países de manera muy directa; incluso a través de la cooperación internacional está financiando de manera muy importante actividades en esos países. Deberíamos plantearnos país a país una serie de objetivos realistas
concretos -conociendo cuál es la problemática concreta de los derechos humanos en cada uno de los países y sabiendo a lo que se puede llegar- y unos calendarios para que podamos medir si estamos avanzando y tenerlos como indicador y como referente a
la hora de implementar la política de cooperación exterior española. (El señor vicepresidente, Pérez Castell, ocupa la Presidencia.)
Creemos también -y alguna vez se ha hablado de esto en el intergrupo- que el papel de las embajadas podría ser relevante. ¿Se ha planteado el Gobierno tener una antena de derechos humanos en cada una de esas embajadas, al menos en aquellas
con las que se piense que pueden moverse las cosas y avanzar en los objetivos? Una persona que, como se ha dicho antes también, se encargue de estos asuntos con las instituciones del país, pero que también haga un acompañamiento a los defensores,
etcétera.
No solo sería en el plano de la acción gubernamental española para controlar la mejora o no de la calidad de los derechos humanos en terceros países, sino que también habría que poner un foco de atención en que hay muchas empresas
españolas implantadas en diferentes países y hay que ver asimismo si la acción de esas empresas está infringiendo derechos humanos. Es una responsabilidad -si quiere- indirecta del Gobierno, pero como país es algo a tener en cuenta. Al menos se
debería tener información de qué está pasando con determinadas acciones concretas, por mucho que puedan cumplir la legislación del país local, porque sabemos cómo son las legislaciones de algunos países. También habría que saber, por ejemplo, si
los protocolos y las convenciones internacionales que han firmado España y esos terceros países -se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, la 169 de la OIT- se cumplen o no. Conocemos que en varios países de Iberoamérica, en Guatemala en concreto,
últimamente hay bastantes problemas. A pesar de que teóricamente es parte del derecho interno del país, la consulta sobre el uso de las tierras está siendo absolutamente obviada por parte del Gobierno guatemalteco. Creemos que es importante esa
información país a país para medir si verdaderamente nuestra acción exterior es eficaz. Se dice, por ejemplo, que hay que implementar el Plan África, pero si vamos a los detalles -al menos por la información que tengo de lo que se deduce de las
fichas- cuando se habla del Plan África la referencia es la operación Atalanta. No sé, quiero pensar que hay algo más y que hay temas concretos para países en los que la presencia española ha aumentado considerablemente en los últimos años en el
África occidental: Senegal, Malí, etcétera. Me pregunto también, hablando de defensores de derechos humanos, si España no podría trabajar para crear unas directrices sobre defensores de derechos humanos a nivel europeo, y esto se debería imbricar
dentro del plan. Hablando también de defensores de derechos humanos quiero hacerle una mención específica a un caso concreto, porque les pregunté por escrito sobre el caso de Rebiya Kadeer, la activista defensora de derechos humanos de la minoría
Uigur, en China. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lo que ocurrió con esta mujer es que, habiendo sido concertada una entrevista con la Oficina de derechos humanos del Gobierno, horas antes, y curiosamente poco después de que China
hiciese un comunicado exigiendo que no se dieran facilidades ni se reuniera con esta persona ningún otro país, de pronto la oficina cancela esa entrevista. Ya sabemos el peso que tiene China en la economía y la importancia que tiene en el concierto
internacional, pero no puede contestarme que la razón fue que el personal de la Oficina de derechos humanos debía permanecer el Bruselas durante más tiempo del previsto la semana en la que se había fijado la entrevista, porque ¿tan mal andamos de
personal? ¿Alguien habría aunque no fuera de la Oficina de derechos humanos? Seguro que algún digno representante del Gobierno podría haberse entrevistado con ella. Dicen que se mandó un mensaje días antes a Amnistía Internacional, que era quien
organizaba la visita, avisando de que no se podría realizar, pero desde luego mis informaciones son que a la ONG no le consta. No sé qué tipo de mensaje se mandaría, si es que se mandó, si por teléfono o por correo electrónico, pero desde luego no
es serio que se cancele una entrevista, ya sea día antes o como parece que fue
horas antes simplemente porque todos estaban en Bruselas; alguno se habría quedado de guardia en la garita. Creo que sea con China o sea con cualquier otro país los derechos humanos tienen que estar presentes en cualquier caso; además era
un entrevista que al Gobierno no le comprometía a nada. Asimismo, amedrentarse porque el chico que hace bullying en clase eleve la voz. Estamos acostumbrados a que hagan bullying en determinados países, pero creo que determinados gestos son
también importantes.
Paso a otros asuntos. No sé si le he entendido que ya habían implementado un plan estatal de lucha contra el racismo, pero atendiendo a lo que aparece en el Plan de derechos humanos, ¿se ha aprobado ya o está en trámite de aprobarse? Sí
quiero sumarme a la solicitud de otros grupos en cuanto a saber si se recogen datos sobre incidentes racistas en el Estado español, ya que creo que sería de interés para esta Comisión conocerlos, e incluso si estos datos se remiten a la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales. Creo que esta es una problemática que, como ha apuntado también el señor Tardà, va in crescendo en el país y que sería necesario tenerla muy en consideración.
Ley de Memoria Histórica. Usted conoce perfectamente que la mayoría de los grupos de esta Cámara no estamos conformes con el desarrollo que se está haciendo de esta ley. Algunos creemos que la ley tiene muchas potencialidades, pero para
eso hace falta voluntad política. Sinceramente ni creemos que la oficina de víctimas esté cumpliendo como debería el papel que le corresponde, ni creemos tampoco que haya una apuesta decidida por parte del Gobierno. Usted hablaba de que el mapa de
fosas va a estar ya disponible dentro de poco y me gustaría que si pudiera nos diera fechas concretas, así como que nos dijera si va a ser el mapa de fosas completo. ¿Qué pasa con el protocolo de inhumaciones? Es algo sencillo. Además ahí hay
grupos que tienen más experiencia en todos estos trabajos de exhumaciones que se han producido hasta ahora, grupos de gran acreditación y que tienen ya establecido ese protocolo. ¿Por qué no se adopta? ¿Por qué no se establece un diálogo con
ellos, se adopta y se colabora con ellos? Además, sé que ha habido ofrecimientos al Gobierno del Estado en este sentido. Ley de Asilo y Extranjería y sus reglamentos; ya se lo he dicho antes e insistimos en ello. Es extraño que todavía no estén
los reglamentos. También se ha referido antes el señor Campuzano a los centros de internamiento de extranjeros, ¿cuál es en este momento la reglamentación? ¿Qué rango tiene? Porque no lo tenemos claro. ¿Es rango reglamentario, se trata de una
circular? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cuál es la regulación? ¿Dónde está fijada la regulación de estos centros? Violencia de género. Quizá -no sé si se ha hecho; me corrige si no es así- sería bueno evaluar las medidas adoptadas hasta ahora. Las
estadísticas dicen lo que dicen, que estamos peor que el año pasado, cuando se ha hecho una campaña importante de concienciación, cuando se han intentado adoptar medidas, y sin embargo conocemos unos datos más que preocupantes. Sería bueno evaluar
las medidas dentro de este plan, proponer otras nuevas, y hacer una vigilancia especial a la problemática de la violencia de género entre las mujeres migrantes.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy terminando con dos cositas, señor presidente, que creo que son importantes.
Quizá algunas de las medidas 1 a 15 de lucha contra el terrorismo habría que ir renovándolas, porque algunas ya están implementadas. En relación con los indicios de cárceles secretas, con un Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
que habla de 65 Estados que han participado dando cobertura a toda esa problemática, ¿qué actitud activa y proactiva en las instituciones internacionales va a adoptar el Gobierno para esclarecer todo esto? Por último, señor presidente -aunque me
quedan algunos otros asuntos, pero por ir cerrando mi intervención-, el mecanismo de prevención de la tortura. En principio en el ordenamiento jurídico español se implementaría a través del Defensor del Pueblo. ¿Cómo cree el Gobierno que está
funcionando este mecanismo? ¿Está funcionando realmente? ¿Hay visitas periódicas? ¿Se han implementado mecanismos para eliminar las dudas que en algún momento han podido surgir? También me gustaría conocer su opinión -aunque he oído unas
declaraciones un tanto viscerales del Gobierno- en relación con el informe del relator Martin Scheinin. Hay que decir que el anterior relator Van Boven en 2003 reconoció que no hay tortura sistemática en el Estado español, pero decía que la
legislación puede dejar huecos para que de manera esporádica o incidental pudieran producirse algunos casos. De hecho me consta que hay más de 75 casos que se han producido y que han sido aceptados por la justicia española. No estoy hablando solo
de ámbito terrorista, también de otros. Sí es cierto que en casos de incomunicación puede facilitarse que se dé algún caso. Qué opina de generalizar -que es algo que proponía el señor Scheinin y que en algunos casos la Policía autonómica vasca lo
está haciendo- el denominado protocolo Garzón, es decir, que en el caso de detenciones con incomunicación haya una videovigilancia constante, y que incluso el médico que examine al detenido pueda ser de su elección.
¿No cree que en vez de arremeter
directamente contra ellos -evidentemente claro que los informes del relator pueden ser criticables y no tienen por qué ser la verdad absoluta- quizá podríamos aplicar determinadas medidas que eliminaran totalmente la posibilidad de que se produjera
algún caso aislado de torturas?
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Elviro Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: En primer lugar, también quiero agradecer al secretario de Estado y presidente de la Comisión de seguimiento del Plan de derechos humanos su comparecencia en esta Comisión para explicarnos la trayectoria y el
trabajo que se está realizando en la ejecución de dicho plan. También querría, como breve prolegómeno, hacer una mención de reconocimiento, en este momento de paso de un gobierno a otro, a la señora vicepresidenta primera del Gobierno saliente, en
funciones todavía hasta esta tarde, que ha sido una de las personas que ha trabajado de manera más decidida para la conformación de este Plan de derechos humanos, y que no solo ha trabajado para el desarrollo de este Plan de derechos humanos, sino
también en muchas políticas de desarrollo de derechos en nuestro país que han tenido a la lo largo de estos años un gran calado, y que van a seguir indicando la acción política y la posición social en nuestro país durante mucho tiempo. Estoy
pensando, por ejemplo, en las políticas de igualdad y no discriminación, que no solo se han situado en el ámbito de la acción legislativa y la acción política del Gobierno, sino que también han llevado a la sociedad a la concienciación en la
igualdad y en la no discriminación entre hombres y mujeres. Como creo que es un momento oportuno, vaya por delante el agradecimiento del Grupo Socialista y en el mío propio a la señora vicepresidenta por su esfuerzo y su trabajo durante todos estos
años, para el desarrollo de este plan y de los derechos fundamentales en nuestro país.
Señoras y señores diputados, un plan de derechos humanos de estas características es una empresa compleja de gestionar, pero también es apasionante para el Ejecutivo y para el Legislativo, que tiene que desarrollar la actividad de control,
de acuerdo con lo que establece el propio plan. Todos ustedes saben que el plan se aprobó por el Gobierno el 12 de diciembre de 2008, que la comisión de seguimiento se constituyó en junio de 2009, y que por tanto, de acuerdo con las previsiones del
plan y de la comisión, en este momento estamos desarrollando una de esas comparecencias que establece el plan para conocer, en sede parlamentaria, cómo se está desplegando.
He escuchado a los colegas que han intervenido previamente y he prestado especial atención a la reiteración del señor Gil Lázaro -ya lo hizo hace unos meses- de su poco interés o su poca atención o preocupación sobre este Plan de derechos
humanos. El señor Gil Lázaro ha dicho que el Plan de derechos humanos fue simplemente un acto propagandístico de la señora vicepresidenta y del Gobierno de España. Le tengo que recordar nuevamente que este plan es una recomendación de la
Conferencia mundial de derechos humanos aprobada en Viena en 1993, primera cuestión. Segunda cuestión; afortunadamente nos podemos vanagloriar todos los españoles de que el ejercicio de la Constitución española de 1978 se ha sustentado, se ha
consolidado por desplegar un amplio catálogo de derechos individuales, cívicos, sociales, políticos, etcétera. Por tanto la existencia de esta declaración, de esta forma de recoger y regular los derechos humanos tiene relevancia importante desde el
punto de vista del reconocimiento de los derechos en el ámbito nacional, y de la universalización de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos fundamentales efectivos para los ciudadanos, pero también
son indicadores para las políticas públicas que se desarrollan por los poderes públicos. Por eso tiene utilidad que haya regulaciones de esta naturaleza porque de esa forma todos podemos seguir desplegando políticas de desarrollo, de
fortalecimiento, de ampliación de los derechos humanos.
Aunque probablemente cuando nos introducimos en las políticas más inmediatas puede parecer que desaparecen cuestiones de esta magnitud, lo cierto es que en las políticas más inmediatas está el
desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. Durante la última legislatura y media este país ha sido un ejemplo de desarrollo de esos derechos. El secretario de Estado lo ha dicho en su intervención inicial, y yo tengo un listado de
políticas de desarrollo de los derechos en el ámbito nacional e internacional que no voy a reiterar, pero sí que querría decir algunas de ellas. Por ejemplo, la Ley contra la violencia de género; la Ley de igualdad entre hombres y mujeres; la
lucha contra la discriminación por razón de sexo y de orientación sexual; La ley de Dependencia; el Plan de ciudadanía e integración; nuevas normas que se están aprobando en este momento como la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas,
la Ley de asilo y protección subsidiaria o, en el ámbito internacional, el Plan director de cooperación internacional, el impulso a la Alianza de Civilizaciones, y la ratificación o la firma de protocolos internacionales para la protección de los
derechos humanos. Es decir, a lo largo de todos estos años estamos desarrollando una amplia política de fortalecimiento, de impulso de los derechos en el ámbito nacional y en el ámbito universal, en los organismos internacionales, y por tanto un
plan de esta naturaleza tiene sentido.
Yo, en nombre del Grupo Socialista, querría sumarme también a la posición que han expresado otros intervinientes en esta comparecencia. Tanto el señor Campuzano como el señor Tardà como el señor Esteban han hecho -desde mi criterio de cómo
he visto yo su intervención- una intervención de aporte de colaboración en el desarrollo del plan. Han señalado algunas cuestiones que son de interés y que el Grupo Socialista también quiere aprovechar la oportunidad para señalar. Un plan de
derechos humanos requiere de un análisis, requiere de un estudio objetivo, requiere también de un espacio de control, de un seguimiento de cómo se están ejecutando las políticas de desarrollo de esos derechos, probablemente con mayor fortaleza en el
ámbito parlamentario. Por eso nosotros también nos queremos sumar a esa idea de que la Comisión Constitucional y el Parlamento
participen de una forma más potente en esa labor de control, porque en definitiva el desarrollo y el despliegue de los derechos humanos requiere de acciones de control, de acciones de supervisión, de acciones de impulso, y creo que eso,
además por supuesto de la comisión de seguimiento que preside el secretario de Estado que está compareciendo hoy aquí, también lo puede desarrollar esta Comisión con los diferentes instrumentos que se determinen. Nos parece que esa línea para
determinar cómo desarrollamos esta política de ejecución de los derechos, de la incorporación de nuevos derechos y del control de esos derechos es bastante interesante, por supuesto sin descuidar tampoco la intervención de los agentes sociales, de
las organizaciones sociales que participan en el desarrollo del plan.
Concluyo ya, señor presidente. Es una misión -como decía al inicio- apasionante, amplia, que tiene que ver con muchas políticas concretas, pero que no se tiene que difuminar. No estoy de acuerdo con el señor Gil Lázaro cuando dice que este
Plan de derechos humanos se difumina en la Constitución o en las políticas concretas que desarrolla el Gobierno, no estoy de acuerdo. Este plan es más ambicioso, pretende llegar también al desarrollo de los derechos en el ámbito internacional, por
tanto no estoy nada de acuerdo con intervenciones totum revolutum donde se mezclan todas las cuestiones, hasta el punto de que -si me lo permite su señoría, también desde la consideración y el afecto personal- el señor Gil Lázaro ha dicho que iba a
presentar a partir de ahora una batería de preguntas sobre el desarrollo del Plan de derechos humanos, yo diría, por su intervención, que más que una batería va a presentar un fuego graneado contra el Gobierno, incluso contra el Gobierno que todavía
ni tan siquiera ha tomado posesión, por lo que he oído. Por tanto, un poco más de paciencia y un poco más de ir a lo concreto, de ir a las necesidades que tenemos para la ejecución y la aplicación de este Plan de derechos humanos. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Es evidente que el turno del señor Aranda ha sido para contradecir mi intervención. Por eso dejo a la consideración del señor presidente la concesión de diez segundos, no más.
El señor PRESIDENTE: Los tiene.
El señor GIL LÁZARO: Señor Aranda, lo que me interesa es resaltar esencialmente que se equivoca usted cuando indica que yo digo que tengo poco interés por los derechos humanos, todo lo contrario; y se equivoca usted cuando dice que yo he
dicho que los derechos humanos se difuminan en la Constitución, todo lo contrario. Lo que he señalado con rotunda claridad es que el verdadero Plan de derechos humanos que vertebra la sociedad institucional política y social española es la
Constitución española, y que por tanto el verdadero Plan de derechos humanos es el cumplimiento de todos los extremos de la Constitución española y especialmente de los derechos económicos y sociales, que son los que vertebran la auténtica condición
de ciudadano. A partir de ahí, todo lo que no sea dar cumplimiento al verdadero plan que es la Constitución se puede entender como pura propaganda, y sobre todo si coincide con fechas oportunas, como coincidió la aprobación de este plan con una
cita internacional que tenía la señora ministra. Cuatro años han tardado en darse cuenta de que era importante este plan.
El señor PRESIDENTE: Señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Quiero reiterar lo que le decía al señor Gil Lázaro. Se confunde usted, señor Gil Lázaro, con su óptica sobre esta cuestión, se confunde usted porque el Grupo Popular ha participado en muchas acciones políticas en
esta Cámara para el desarrollo de los derechos fundamentales constitucionalizados. Pero vuelvo a reiterarle, señor Gil Lázaro, que este Plan de derechos humanos tiene la pretensión de ser un espacio político para el desarrollo de políticas de
derechos humanos también en el ámbito de la universalización, en el ámbito de la globalización de los derechos, en el ámbito internacional. Desde luego que la Constitución española tiene un amplio catálogo de derechos fundamentales que ha sido
desarrollado a lo largo de todos estos años, y que seguiremos desarrollando y ampliando. Sí, señoría, efectivamente así es, pero los derechos humanos tienen un proceso de universalización que también requiere que lo tengamos en cuenta y que lo
desarrollemos. Y eso es lo que pretende este plan: va más allá de cómo usted está viendo esta cuestión. Por eso le digo que su visión ha sido por lo menos escasa, limitada, y desde luego no comparto la consideración de que sea una posición
meramente propagandística; para nada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el seño secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Quiero agradecer en primer lugar a todos los representantes de los grupos parlamentarios las palabras de consideración que han tenido
directamente dirigidas a mi persona, y que quiero agradecer expresamente desde este primer momento de mi contestación.
También me gustaría hacer referencia a un tema que ha salido en las intervenciones de la mayoría de los grupos, que es un asunto referido a la metodología de trabajo de la comisión de seguimiento del plan. Quería explicar algunas cosas
porque probablemente al estar fuera de la comisión del seguimiento los grupos parlamentario tienen una idea equivocada de determinados
elementos con los que cuenta la comisión para realizar su trabajo. La comisión de seguimiento obviamente -no es necesario que lo diga- no es la responsable de la ejecución del Plan de derechos humanos -lógicamente eso lo saben todas sus
señorías-, sino que sencillamente se limita a solicitar información a los departamentos responsables de la ejecución de cada una de las medidas y realiza un trabajo de análisis, estudio, propuesta y valoración, con la intención de evaluar el
cumplimiento del Plan de derechos humanos. Y con ese fin instrumental se han elaborado fichas de seguimiento de cada una de las medidas, cuyo contenido es muy variado porque las propias medidas previstas en el plan son muy diversas.
De la mera
lectura del plan se desprende que en algunas se habla de la ratificación de un convenio internacional, y en cambio en otras se habla de la realización de actuaciones de sensibilización, de promoción e incluso de pedagogía y de cursos de formación
sobre otros aspectos relacionados con los derechos humanos. Esto motiva que la tipología de lo que se da en llamar fichas de seguimiento de las medidas también sea muy distinta. ¿En algún caso una ficha puede aparecer como medida de ratificación
del protocolo número 7 del Convenio de derechos humanos? No lo recuerdo ahora, pero imagino que dirá: cumplida o ratificada el día tal, tramitada en las Cortes tal día, depositado el instrumento de ratificación en tal otro día. Respecto a si son
o no útiles las fichas para realizar el seguimiento, sencillamente diré que las fichas son algo instrumental, son documentos que por otra parte no tienen ningún carácter secreto, y que están a disposición de los miembros de la comisión de
seguimiento y evaluación del plan. Lógicamente, si estoy diciendo que en esa comisión de seguimiento una mitad de los vocales son miembros de la sociedad civil, nombrados a propuesta de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, no me
sorprendería nada encontrarme fichas publicadas o incorporadas a páginas web de organizaciones no gubernamentales, porque no tienen carácter secreto. También hay que tener en cuenta que al ser medidas que se van cumpliendo de una manera dinámica,
el contenido de las fichas puede ir variando, y probablemente en relación con el cumplimiento de alguna medida llegue información a algún ministerio que al cabo de dos meses no parece relevante, y podría ser sustituida por otra. En todo caso, en mi
opinión la existencia de esas fichas no es lo más esencial para evaluar el cumplimiento del plan, sino que sencillamente tienen un carácter meramente instrumental y no secreto, y como todos los documentos que obran en poder de las administraciones
públicas sus señorías saben que están a su disposición por las vías previstas en el Reglamento de la Cámara. Desconozco si se hubiera podido producir alguna petición por parte de algún parlamentario en relación con estas fichas con carácter previo
a esta comparecencia, por lo que no quiero avanzar nada sobre el acceso a este tipo de documentación.
Después de esta explicación general sobre los sistemas de metodología de la comisión, me gustaría entrar en las cuestiones que me han planteado los representantes de los grupos parlamentarios. El señor Campuzano me plantea que la estructura
del plan dificulta el control parlamentario del mismo. Señoría, no sé si esto es así, lo que creo es que el control parlamentario de la acción de gobierno, incluido el Plan de derechos humanos, no debe limitarse a la comparecencia anual del
secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios; no quisiera yo arrogarme la responsabilidad del cumplimiento de las 172 medidas. En mi opinión ahí hay medidas que son responsabilidad de un montón de departamentos ministeriales,
todos muy importantes, y probablemente yo sea la persona menos indicada para el control parlamentario de alguna medida específica en concreto. Yo soy la persona que, en representación del Gobierno, va a dar cuenta ante ustedes del cumplimiento del
conjunto y de la valoración del conjunto del plan, pero en muchos casos ni siquiera tendré la información -aunque siempre estaré dispuesto a facilitársela, previa petición suya- de cualquier detalle sobre el cumplimiento de las medidas previstas en
este plan. Por este mismo motivo entenderán también que ni siquiera en esta comparecencia pueda explicarles de manera concreta el cumplimiento detallado de todas y cada una de las medidas previstas en un plan de derechos humanos de 172 medidas.
El señor Campuzano me citaba una proposición no de ley en la que se mandataba la elaboración del plan con objetivos, indicadores y partidas presupuestarias. (El señor Estaban Bravo: Propuesta de resolución.) En realidad, creo que era una
propuesta de resolución del debate sobre el estado de la Nación presentada por el Partido Nacionalista Vasco y que no mandataba la elaboración del plan porque no sé si fue aprobada en el debate sobre el estado de la Nación del año 2009 cuando el
plan había sido aprobado en diciembre de 2008. En todo caso, los objetivos del plan están muy claros en su desarrollo, los indicadores son los que se incorporan en este tipo de fichas -aquí están a su disposición como he dicho- y en cuanto a las
partidas presupuestarias también nos pasa como con el cumplimiento de las medidas, al ser medidas de una tipología muy variada puede haber partidas presupuestarias vinculadas a ellas o sencillamente no haber ninguna. Para la ratificación de un
convenio internacional las partidas presupuestarias son las ordinarias de funcionamiento de los órganos constitucionales del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las oficinas correspondientes del ministerio y no sé si es muy apropiado
vincular las partidas de funcionamiento ordinario de los órganos constitucionales y del Ministerio de Asuntos Exteriores al cumplimiento de medidas. En todo caso, como se presentan lógicamente los Presupuestos Generales del Estado anualmente, se
podría hacer una valoración de cuáles de esas partidas están vinculadas al cumplimiento de las medidas previstas en el plan. Si parece interesante, asumo la propuesta y buscaremos la manera de hacer una evaluación de qué partidas económicas de los
diferentes
años de vigencia del Plan de derechos humanos han estado vinculadas a medidas específicas, aunque imagino que siempre habrá diferentes interpretaciones sobre si algunas partidas están directamente o no vinculadas a este tipo de aplicación de
medidas.
En cuanto al mecanismo de control parlamentario que propone el señor Campuzano -que es el que ya está previsto en la Ley de cooperación y que se previó también en la Ley de comercio de armas, que es el de comparecencia más dictamen- es una
decisión que tienen que tomar las Cámaras en uso de la autonomía que prevé el artículo 72 de la Constitución, pero no me gustaría dejar de decir la dificultad que tiene dictaminar sobre un plan que abarca 172 medidas de la competencia de muy
diferentes comisiones de la Cámara. Lo dejo ahí como un elemento de reflexión para que sus señorías si toman esa decisión lo tengan en cuenta, porque tan difícil como hacer esta comparecencia será hacer un dictamen sobre el cumplimento de este tipo
de medidas, ya que habrá asuntos que hayan sido tratados en las comisiones de Igualdad, Trabajo, Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, etcétera. Es un elemento que pongo sobre la mesa, porque, es una decisión que corresponde a sus señorías y no
entraré a valorar más allá.
Me preguntaba el señor Campuzano por el desarrollo reglamentario de los centros de internamiento. Le reconozco que es un tema sobre el que tengo que solicitar información y se la haré llegar en cuanto la tenga a mi disposición, porque
desconozco ahora mismo cuál es el rango de las normas que regulan estos centros y se lo haré llegar en el momento en que lo tenga.
En cuanto a la posición del Gobierno sobre la situación de los menores no acompañados y la resolución del Comité de los Derechos del Niño, en nuestra opinión, la valoración que ha hecho el comité de los informes presentados por el Gobierno
español es bastante positiva. Incluso el comité ha felicitado el enfoque de autocrítica del Gobierno, es decir, un enfoque abierto a mostrarse con plena disposición para realizar todas aquellas acciones que redunden en una mejora del tratamiento de
los menores no acompañados en nuestro país. En ese sentido, con la presentación de los informes se inició un diálogo bastante constructivo con el comité, que espero que fructifique en unas buenas conclusiones por parte del Comité de los Derechos
del Niño, así como que el Gobierno continúe adoptando medidas dirigidas a proteger lo máximo posible a los menores no acompañados aplicando las disposiciones y las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño.
Me preguntaba también por los programas de reasentamiento. Sabe que es una novedad en la Ley de Asilo porque previamente los programas de reasentamiento no estaban recogidos en la legislación española. También preguntaba el señor Tardà
sobre ese asunto. Los programas de reasentamiento, al ser una novedad, se están iniciando; este será el segundo año en que se apliquen, por lo que es demasiado pronto todavía hacer una valoración de cómo se están desarrollando, pero se seguirán
realizando en el futuro porque es una previsión recogida en la Ley de Asilo.
Sobre el hecho de compartir silla con determinadas dictaduras en los organismos internacionales, le diré que es lo que tienen los organismos internacionales, que se comparten sillas. No voy a valorarlo ahora, pero cuando uno sale al
exterior, en los organismos internacionales no eliges con quién te sientas, estás en los foros donde te interesa estar. En los foros de derechos humanos interesa estar para promover los derechos humanos, estén otros o no estén. No vas a dejar de
estar en algunos foros donde es interesante participar por el hecho de que haya otros países que tengan una visión distinta o tengan un problema mayor con la efectividad de los derechos humanos en su país. En todo caso me parece que las
aportaciones del señor Campuzano son dignas de tomar en consideración, también la del mayor compromiso con los defensores de los derechos humanos. Creo que este Gobierno ha tenido ese compromiso, por lo menos ha iniciado los programas de defensores
de derechos humanos, que estoy seguro de que van a seguir potenciándose. Tomo nota de todas sus consideraciones para trasladarlas a los departamentos responsables.
En cuanto a la intervención del señor Gil Lázaro, al que también agradezco sus palabras dirigidas a mi persona, sabe que hemos hablado algunas veces sobre si debería ser la vicepresidenta, un ministro de Presidencia o un secretario de Estado
quien comparezca aquí anualmente para dar cuenta de la ejecución del plan. Es un asunto relativamente menor quién sea la persona que presida una comisión de seguimiento, porque también dependerá del rango que tenga esa comisión, como sabe su
señoría. Todo esto está en función del rango que tenga el órgano ministerial o interministerial que lleva el asunto para que tenga un rango de secretario de Estado, de subsecretario, de director general, de ministro o de vicepresidente.
Normalmente los vicepresidentes presiden las comisiones delegadas del Gobierno. Este tipo de órganos interministeriales de alto rango son los que presiden los vicepresidentes y no me parece que la Comisión de seguimiento del Plan de derechos
humanos sea un órgano del mismo nivel que una comisión delegada del Gobierno o una comisión de secretarios de Estado. En todo caso, su señoría está en su derecho de pensar que debería ser un miembro del Gobierno el que presida la Comisión y venga a
dar cuenta a esta Cámara de su cumplimiento. No voy a entrar en ello. Estoy seguro de que eso no desmerece la consideración hacia los secretarios de Estado del señor Gil Lázaro, en absoluto.
Lo que sí me gustaría aclarar -lo dijo ya la vicepresidenta primera en la comparecencia en la que tuvo ocasión de presentar el plan- es por qué no se había presentado el Plan de derechos humanos cuatro años antes. Yo creo que lo explicó
bastante bien la vicepresidenta cuando compareció el año pasado, pero el Plan de derechos humanos no es el fruto de que cuatro redactores se sienten en una mesa y se pongan a pergeñar y a ocurrírseles
medidas sobre diferentes temas para completar un plan de derechos humanos aquí. Hubo un trabajo previo de elaboración muy importante, que fue muy detallado por la vicepresidenta y que no voy a entrar otra vez a explicar, pero fue un trabajo
previo de elaboración en el que el Gobierno no estuvo parado. En cuanto a que su presentación coincidiera con el 60.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 2008, le diré que también con ocasión de la celebración de
los aniversarios de las grandes citas de la humanidad se preparan y se celebran actividades relacionadas con ello. Es decir, cuando en el año 1998, con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta Cámara
constituyó una subcomisión para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en España, en la que estuvieron todos los grupos parlamentarios, ¿era propagandístico? No; fue una subcomisión con ocasión de la celebración de un aniversario, pero
eso no significa que sea propagandístico. Y tampoco lo fue que en el año 2008 el Gobierno, trabajando desde bastante tiempo antes, elaborara un Plan de derechos humanos, lo presentara y lo trajera a esta Cámara. ¿Por qué lo trajo a esta Comisión
seis meses después de su presentación? Eso lo sabe usted tan bien como yo. Una cosa es cuando uno presenta una petición de comparecencia -en el caso de la mía de hoy fue presentada en diciembre de 2009- y otra, cuando la Comisión encuentra un
hueco y la actividad parlamentaria permite que una persona pueda comparecer para celebrar esa comparecencia que puede haber solicitado con bastante tiempo de antelación.
En cuanto a la carencia de fuerza jurídica del Plan de derechos humanos y a si es estrictamente un programa de acción de Gobierno, evidentemente es un programa de acción de Gobierno, es un plan de acción de Gobierno que la fuerza jurídica
que tiene como tal plan es la fuerza jurídica de todos los planes y programas. Si se refiere a si es exigible directamente ante los tribunales, efectivamente no lo es, pero todos los planes y programas del Gobierno tienen, como conoce usted
perfectamente, la fuerza de que el Gobierno se vincula a su desarrollo y las Cámaras, los ciudadanos y sus representantes en las Cortes Generales, pueden exigirle el cumplimiento de las medidas previstas y en caso de su incumplimiento la
responsabilidad por no haberlo hecho. Yo creo que con eso contesto a todo lo que le puedo dar respuesta, porque luego ha entrado en unas consideraciones -con todo el respeto y el aprecio que sabe que también le tengo- en que he llegado a pensar que
o se equivocaba de secretario de Estado, o se equivocaba de comparecencia, o se equivocaba de Comisión. Se lo digo con todo el aprecio, señor Gil Lázaro.
En cuanto a las preguntas que me hacía el señor Tardà, sobre qué valoración tenemos del nivel de participación de las organizaciones no gubernamentales, yo hubiera preferido que en la comisión de seguimiento hubiera habido otras
organizaciones que no voy a citar para no agraviar a las que están presentes en esa comisión. Hubiera querido que alguna especialmente relevante hubiera estado allí, pero la verdad es que no hubo una predisposición por parte de esa organización a
estar en ella y yo lo sentí, lo lamenté y se lo transmití a sus dirigentes porque creía que podían haber hecho un buen trabajo en la Comisión de seguimiento del plan. Pero también entendí las razones por las que negaron su presencia.
Y con esto
también respondo a una cuestión que me planteó el señor Gil Lázaro. Se abrió un plazo para la presentación de candidaturas para los cuatro miembros a propuesta de las organizaciones de defensa de derechos humanos y un vocal a propuesta de los
institutos universitarios de derechos humanos. En relación con el vocal a propuesta de los institutos de derechos humanos llegó una sola candidatura, con lo cual no fue necesario aplicar ningún criterio objetivo, sino que se designó directamente a
esta persona. Y en relación con los otros cuatro puestos de vocales, llegaron dos propuestas, una de ellas era una propuesta de cuatro vocales, es decir de candidatura completa, presentada por una federación de asociaciones de defensa de derechos
humanos; la otra propuesta que llegó fue una candidatura de una asociación que proponía a un solo miembro. Yo entendí que era más coherente, más razonable, aceptar la candidatura propuesta por un conjunto de asociaciones y que, además, proponían
la designación de cuatro vocales que suponía una candidatura completa para la integración en la comisión de seguimiento. Tengo que decir que tanto los propuestos en una candidatura como el propuesto en la otra eran personas expertas, independientes
y con todo el reconocimiento en la materia de derechos humanos, en la que habían trabajado en este asunto y se podía haber elegido a cualquiera de ellos. En todo caso, tampoco tendría ningún problema si hubiera un interés especial por parte de
otras organizaciones no gubernamentales en integrar más miembros, más personas expertas e independientes a propuesta de esas organizaciones.
En cuanto a lo que me plantea el señor Tardà sobre cómo va a trabajar la Comisión internacional para la abolición de la pena de muerte, en mi intervención inicial he manifestado los criterios generales en los que el Gobierno había pensado al
promover esta Comisión. Sin embargo, también le tengo que decir que ha sido muy reciente su constitución y tampoco quiero yo adelantarme sobre cómo se va a desarrollar este tipo de organismos cuando ha sido tan reciente su constitución y
probablemente no haya más información de la que le he podido adelantar.
Me achacaba el señor Tardà que no había habido referencias en mi intervención a la impunidad en la llamada guerra contra el terror, y es cierto. No ha habido referencias en mi intervención porque no hay ninguna medida en el plan
expresamente relacionada o prevista para este asunto.
De todas maneras usted mismo lo ha dicho: el Gobierno ha manifestado y ha demostrado en todo momento su más absoluta colaboración tanto con esta Cámara, como con la justicia, con la Audiencia
Nacional, y con el Parlamento Europeo, y el señor Moratinos ha comparecido en los tres foros: en el Parlamento Europeo, en el Congreso y en el Senado para mostrar su más absoluta disposición en su momento como ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación para colaborar con esta Cámara y con la justicia para facilitar cualquier información que pueda llevar a la persecución de todos los delitos que sean necesarios. Desde luego, por parte del Gobierno no ha habido ningún ocultamiento
ni ningún favorecimiento de la impunidad en ningún tipo de delitos. No creo que sea justa ninguna acusación ni ninguna insinuación sobre ese asunto.
En cuanto a la ley de igualdad de trato y la de libertad religiosa, me dice que el ministro de Justicia le dijo que no se iba a hacer la ley de libertad religiosa; creo que no fue exactamente así, creo que el ministro de Justicia -no sé si
mirándole a los ojos, pero yo se lo puedo decir ahora mirándole a los ojos- lo que le dijo es que no era la prioridad del Gobierno en este momento, que las legislaturas duran cuatro años y que en este momento la prioridad del Gobierno era la lucha
contra el desempleo y la recuperación de la economía española ante una situación de crisis, pero no le dijo en ningún momento, en mi opinión -creo recordar porque no estaba dentro pero estaba cerca-, que no se fueran a presentar la ley de libertad
religiosa o la ley de igualdad de trato, que está en el programa legislativo del Gobierno y está en el Plan de derechos humanos (El señor Gil Lázaro: Tiene razón el señor Tardà.)
En relación con la memoria histórica, lógicamente, como pasa con todas las actuaciones, leyes y programas, la apreciación que las diferentes fuerzas políticas tienen de la aplicación de las leyes siempre es distinta. Pero los datos
objetivos son que la Ley de Memoria Histórica está desarrollada creo que al 98 por ciento y que debe estar solo pendiente de desarrollo el mapa de fosas que, como dijo el ministro de Justicia, próximamente será puesto a disposición de todos.
También los reglamentos de las Leyes de Extranjería y de Asilo se van a elaborar. Las Leyes de Extranjería y Asilo son muy recientes, creo que las dos son del año pasado, y la elaboración de reglamentos sobre leyes que abordan temas tan importantes
siempre sigue un procedimiento, que incluye dictámenes de consejos consultivos, participación de las organizaciones ciudadanas, sindicales, empresariales, pero estén seguros de que los reglamentos de la Ley de Extranjería y de la Ley de Asilo se
desarrollarán sin ningún problema.
Al señor Esteban del Partido Nacionalista Vasco también le agradezco su intervención. Ha hecho una serie de propuestas que tomaremos en consideración y estudiaremos, lógicamente, y trasladaremos a los ministerios responsables con las
consideraciones que hacía sobre el papel de las embajadas y la posibilidad de que hubiera antenas de derechos humanos en cada una de las embajadas. No sé si la situación de consolidación fiscal y ajustes de presupuesto y de estructuras
administrativas permiten este tipo de actuaciones, pero en todo caso se dará traslado de esta propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.
En cuanto a infracción de empresas españolas en derechos humanos, también se estudiará este asunto. No sé si le he entendido bien, pero las empresas españolas y los ciudadanos españoles están sometidos a las leyes de los países, pero
también a la ley española en cuanto vuelven a nuestro país; no sé exactamente a qué se refería.
Respecto a la respuesta parlamentaria de la cancelación de la entrevista sobre derechos humanos con la representante de la minoría Uigur, le puedo decir que le trasladamos la respuesta que nos había facilitado el Ministerio de Asuntos
Exteriores y no dudo de la excusa o la razón que el Ministerio de Asuntos Exteriores le dio para no poder entrevistarse con esta defensora de los derechos humanos china, no tengo elementos de juicio para dudar de esa respuesta. En todo caso,
también trasladaremos al ministerio su protesta.
La elaboración de directrices sobre los defensores de derechos humanos a nivel de la Unión Europea es un asunto que también se trasladará al ministerio. Respecto a si se había elaborado ya el Plan estatal de lucha contra el racismo, he
dicho en mi intervención que se ha creado ya el Centro de Recursos Antidiscriminación, que es un paso previo para poder elaborar la estrategia nacional integral de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Me preguntaba también sobre la memoria histórica y sobre el protocolo de exhumaciones del Ministerio de Justicia. Yo creo que ya existe. Lo consultaré, pero mis informaciones es que el único desarrollo pendiente es el mapa de fosas. En
cuanto a si este mapa de fosas está completo, la verdad es que esa es la voluntad del Gobierno. (El señor Esteban Bravo: También de las comunidades autónomas.) También sabe su señoría que para poder desarrollar el mapa de fosas es necesario contar
con la colaboración de las comunidades autónomas porque son las que tienen determinadas competencias en esta materia y yo estoy seguro de que su señoría no quiere que el Gobierno invada competencias de otras administraciones.
El señor Esteban me preguntaba también sobre la evaluación de la Ley de Violencia de Género. El Gobierno obviamente evalúa continua y sistemáticamente toda la legislación que se aplica, pero en el caso concreto de la Ley de Violencia de
Género se ha producido una evaluación en esta misma Cámara en la Comisión de Igualdad. Se constituyó una subcomisión de evaluación de las medidas de violencia de género a iniciativa creo de la diputada Pigem y ha habido un dictamen de una
subcomisión en la que se ha elaborado una serie de recomendaciones al Gobierno aprobadas por unanimidad que el Gobierno asume, ha sido muy reciente, y que desarrollará y está comprometido a impulsar.
Respecto a si el mecanismo de la prevención de la tortura está funcionando, su asignación al Defensor del Pueblo se hizo mediante una enmienda creo que de los grupos parlamentarios -iba a decir de esta Cámara-
del Senado, pero, en todo caso, fue un acuerdo prácticamente unánime. En mi opinión, es una medida absolutamente correcta y además el Defensor del Pueblo es una institución que tiene la experiencia de años, de medios y de actuaciones para
poder desarrollar esta función de mecanismo de prevención de la tortura muy adecuadamente. El Gobierno tiene un problema si pregunta su señoría si está funcionando el Defensor del Pueblo a un miembro del Gobierno cuando es el Defensor del Pueblo
quien, por mandato constitucional, fiscaliza al Gobierno y a todas las administraciones públicas en el cumplimiento de los derechos fundamentales y de quien depende el Defensor del Pueblo es de sus señorías. Es muy pronto todavía para hacer una
evaluación de cómo está funcionando el Defensor del Pueblo como mecanismo de prevención de la tortura. Tiene todos los medios y todas las capacidades para hacerlo bien, pero también tengo que decir que, en todo caso, son ustedes quienes pueden
fiscalizar directamente la actuación del Defensor del Pueblo porque no creo que el Gobierno sea la institución más adecuada para poder hacer esa fiscalización.
En cuanto al informe del relator sobre tortura, le puedo decir que en España no se tolera la tortura. No voy a decir que no se torture porque siempre puede haber un caso aislado, pero en España no se tolera la tortura y no existe ni el
resquicio legal ni la voluntad política de tolerarla. No le voy a decir más. No voy a entrar en las consideraciones sobre los relatores de Naciones Unidas en determinados ámbitos. Le puedo asegurar categóricamente que en España ni legal ni
políticamente se tolera la tortura.
Creo que con esto he dado respuesta si no a la totalidad, sí a la mayoría de las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Me falta solamente contestar al Grupo Parlamentario Socialista, al diputado don Elviro Aranda, al que
además quisiera agradecerle muy calurosamente las palabras que me ha dirigido. Coincido con el diputado Aranda en que la existencia del Plan de derechos humanos es en sí misma una señal importante y coincido también con la explicación que ha dado
el diputado Gil Lázaro de que la existencia de la Constitución e incluso de leyes fundamentales y leyes orgánicas que regulan derechos fundamentales no empece que sea positivo que los gobiernos tengan la voluntad política de desarrollar toda la
materia de derechos humanos mediante un plan que no solo coordina e impulsa la acción del Gobierno en este ámbito, sino que además permite que la sociedad, las organizaciones no gubernamentales y los grupos parlamentarios en el Parlamento puedan
evaluar y realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas del Gobierno en este ámbito.
Es una apuesta que se puede considerar valiente, que es en todo caso importante y que es en sí misma una buena noticia para los derechos humanos.
Además, ese control parlamentario o la supervisión del cumplimiento de las medidas previstas en el plan que se va a realizar en esta Comisión mediante la comparecencia del secretario de Estado no tiene por qué limitarse exclusivamente a estas
sesiones, sino que si sus señorías lo consideran oportuno podría ampliarse a sesiones de otras comisiones en las que se pudiera dar cuenta del cumplimiento sectorial de las medidas incluidas en el plan. Desde aquí manifiesto la plena disponibilidad
del Gobierno a cualquier tipo de fórmula que decidan sus señorías para ampliar estas informaciones. Ello sin perjuicio de que me comprometo también a enviarles por escrito en el más breve plazo posible todas las informaciones que hayan sido
solicitadas y de las que no he podido dar cuenta con detalle.
Quiero agradecer especialmente al Grupo Parlamentario Socialista las palabras de agradecimiento que ha tenido para doña María Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta primera del Gobierno, pero estoy seguro de que van a poder
dirigírselas personalmente y no será necesario que, en la representación que yo pueda ostentar, tenga que transmitirle esas palabras.
El señor PRESIDENTE: Este trámite no establece la existencia de réplica más que en casos muy excepcionales y estableciendo el número de ellas.
Hay un grupo que lo ha solicitado y si hay otros que lo vayan a hacer tendrán dos minutos para
la réplica.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco el tono conciliador y positivo del secretario de Estado en relación con las reflexiones y a las propuestas de los grupos parlamentarios, especialmente en esta última parte de su intervención. Pero
quiero trasladarle que cuando daba respuesta a nuestras consideraciones me ha preocupado que, si el plan no tiene presupuesto ni responsable de ejecución, quizás estemos básicamente ante un listado de actuaciones en materia de derechos humanos.
Conceptualmente un plan es un enfoque global, integrado, coherente y evaluable de políticas públicas en un campo. La principal debilidad del plan -fue objeto ya de discusión en junio del año pasado- es que configura un listado de actuaciones,
incluso a veces existe un compromiso de firma o ratificación de instrumento internacional, y al mismo tiempo una serie de actuaciones que comprometen al Gobierno de una manera muy genérica. Para el futuro -con relación a este plan poco podemos
hacer-, si de verdad queremos que haya un plan de derechos humanos se necesita un enfoque global, integrado, coherente, evaluable, con responsables, con presupuesto y con transparencia. Me temo que no lo vamos a resolver en esta legislatura, pero
de cara al futuro el próximo Gobierno y la Cámara deberían tenerlo en consideración.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, porque ha quedado suficientemente claro, pero por si acaso quiero decir que cuando señalaba la posición que nosotros habíamos mantenido en cuanto a la titularidad de
la cabeza de la comisión de seguimiento no era en modo alguno como menosprecio a ningún secretario de Estado en genérico y mucho menos a usted. Era sencillamente porque entendíamos que respecto a un documento, un programa de trabajo, de
gobierno, o como se le quiera llamar, un plan que nace del Ejecutivo debe ser el propio Ejecutivo quien se responsabilice de su seguimiento y de su ejecución. En la medida en que la cabeza de esa comisión de seguimiento hubiere sido un ministro o
una ministra de la Presidencia, el trabajo y la presencia política en el seno de Consejo de Ministros garantizaría de una manera más dinámica el cumplimiento de las previsiones del plan. Es evidente que usted hoy no puede responder, como muy bien
ha dicho y tiene toda la razón, de todas las fases de ejecución del plan. Si en vez de ser secretario de Estado fuera ministro de la Presidencia sí que podría responder, porque la acción del Consejo de Ministros es solidaria y porque además de
alguna manera estaría representando aquí ante la Cámara al Gobierno.
En todo caso, con esto termino, señor presidente, creo que se quiera decir como se quiera decir pero ha quedado evidente una vez más -no lo digo en términos peyorativos, lo digo en sus términos exactos- que este plan no es el gran
descubrimiento para que la política del Estado español se pueda verificar a través de un compromiso esencial de respeto de los derechos humanos. Eso va de suyo; el compromiso de cualquier gobierno en la defensa interior y exterior de la cultura de
los derechos humanos va de suyo en el mandato, en el imperativo constitucional de querer construir una sociedad democrática avanzada en el interior y de contribuir a crear esa sociedad democrática avanzada global en el exterior.
Señor secretario de Estado, vuelvo a repetir, le deseo la mejor de las suertes personales. Tengan por seguro sus señorías -ya que hablaban del próximo Gobierno- que si el próximo Gobierno es el que dicen las encuestas, la garantía de
trabajar intensamente en pro de esa cultura de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras está plenamente asegurado.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Yo apelaré a Dios por una vez y sin que sirva de precedente para que nos coja confesados si se cumplen las previsiones del señor Gil Lázaro, al menos respecto a los derechos humanos. (El señor Gil Lázaro: Son las
del pueblo español no las mías.)
Gracias, señor De Francisco, por su predisposición. Atendiendo al hecho de que estamos en un escenario de tránsito por el cambio de Gobierno, le haremos llegar unas preguntas y, si puede responderlas de forma más o menos exhaustiva, mejor
que mejor. Solamente una aclaración, la lucha contra la impunidad en el marco de la llamada guerra contra el terror no está incluida en el plan, lo cual nos lleva -creo que ya lo hemos puesto encima de la mesa- a la necesidad de introducir el
debate de nuevos ámbitos para enriquecer el plan. No me negará que este universo de la impunidad sí que afecta -y de forma no tangencial- a cuestiones como las desapariciones o la vulneración permanente de derechos humanos. Por eso aun cuando no
esté incorporado, teníamos la necesidad de planteárselo.
En todo caso gracias por su predisposición. Esperemos que entre todos podamos avanzar, puesto que estamos ante un tema fundamental para nuestra democracia.
El señor PRESIDENTE: Señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: En esta breve intervención quería decir dos cosas. Primero, felicitarnos por esta comparecencia y por esta sesión porque ha servido para avanzar en cómo seguir desplegando y desarrollando el Plan de derechos
humanos. Tanto en las medidas concretas en las que se han fijado algunos grupos parlamentarios como en las cuestiones sobre cómo se produce la supervisión de toda la actividad del plan, hemos avanzado y, seguramente -además con la magnífica
disposición que el secretario de Estado ha señalado en su respuesta-, esto va a servir para seguir fortaleciendo la política de protección y desarrollo de los derechos fundamentales en nuestro país. Segunda cuestión, el señor Gil Lázaro dice que,
tal y como son las cosas en cuanto al Gobierno según señalan las encuestas, garantiza que se seguirán desarrollando los derechos fundamentales. Estoy seguro de eso, pero también le quiero decir que no son las encuestas, sino los votos de los
ciudadanos, ejerciendo un derecho de participación, quienes deciden quién gobierna en este país.
(El señor Gil Lázaro: Sin duda.)
El señor PRESIDENTE: Señor secretario, si quiere dar alguna respuesta tienen la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): En primer lugar, quiero decirle al señor Campuzano que este plan sí tiene un responsable, el responsable de la ejecución del plan es el
Gobierno y el responsable de dar cuenta de esta ejecución ante la Cámara soy yo. No hay lugar a dudas sobre la responsabilidad de dar cuenta ante esta Cámara de la ejecución del plan y de la ejecución del plan. Los responsables de la ejecución de
cada una de las medidas son los ministerios o los departamentos o los órganos responsables. De eso no hay ninguna duda. En cuanto al presupuesto, lo que he intentado explicarle es que -intentaremos hacerlo, de todas maneras- la diversa tipología
de las medidas previstas en el plan conlleva una dificultad para asignar un presupuesto a cada una de ellas.
Quizás sea más fácil, pensaremos en ello y lo someteré a la consideración de la Comisión de seguimiento del plan. Pensaremos
en trabajar en esa línea de hacer lo contrario, es decir, identificar dentro de los Presupuestos Generales del Estado aprobados cada año y en el proyecto de presupuestos que se ha presentado para su aprobación en este Cámara en este año
cuáles son los créditos presupuestarios que pueden considerarse vinculados a la ejecución de alguna de las medidas del plan. Pero la vinculación directa o indirecta siempre genera algún problema de interpretación.
Señor Tardà, haga, por supuesto, las preguntas que tenga que hacer.
Intentaremos contestarle a todas ellas. No es que no pueda dar respuesta a todo; es que creo que nadie, ni siquiera un ministro de la Presidencia, podría haber dado
respuesta detallada a determinadas preguntas cuando el ámbito de actuación o de la comparecencia es tan amplio. Puedo dar respuesta a cualquier asunto incluido en el plan, siempre que tenga la información necesaria. Eso es lo que me comprometo a
facilitarles a sus señorías en el menor plazo posible. Por cierto, las preguntas se les contestarán en cuanto sea posible. En cuanto a las del señor Gil Lázaro, ha comentado que las presentó el 17 de diciembre de 2008 y se queja de que la
respuesta que se le daba es que se le remitía al desarrollo del plan. Las presentó cinco días después de aprobado el plan y, lógicamente, la respuesta tenía que derivarse hacia la ejecución del plan. (El señor Gil Lázaro: Pero explique el
contenido de las preguntas.) En todo caso, señor Gil Lázaro, el mismo ofrecimiento, le daremos cumplida respuesta a cada una de las preguntas que se planteen en relación con las medidas incluidas en el Plan de derechos humanos. (El señor Gil Lázaro
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del señor secretario de Estado y el desarrollo de la información que nos ha facilitado. El presidente se une a los comentarios favorables que todos los grupos han hecho sobre el señor
secretario de Estado, a quien deseamos lo mejor, y extiende ese agradecimiento y afecto a la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, que hasta ahora ha venido acudiendo a esta Comisión a dar información.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RAZONES POR LAS QUE NO HA SIDO PUBLICADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2010. (Número de expediente 181/002545.)
El señor Presidente: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Esta pregunta ha sido retirada.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONTRATACIÓN POR EL GOBIERNO DE PERSONAL LABORAL E INTERINO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA SORTEAR LA TASA DE REPOSICIÓN DEL 10 POR
CIENTO. (Número de expediente 181/002705.)
El señor PRESIDENTE: Nos corresponde ahora la comparecencia de la señora secretaria de Estado para la Función Pública, doña Consuelo Rumí. Como les informé al comienzo de la Comisión, aplazamos los puntos 4º, 5º y 6º, que son los que hacen
referencia a la comparecencia a petición propia y a la comparecencia a petición del Grupo Popular, por las razones que antes les expliqué. Pasamos directamente a la contestación de las preguntas que hay presentadas, y lo haremos atendiendo al
siguiente orden. En primer lugar, procederemos a la sustanciación de la pregunta número 8.º del señor Barrachina. Seguidamente serán las preguntas 9.º, 98.º y 99.º en una sola pregunta y, después, la pregunta número 100.º. Todas estas son del
señor Barrachina. Terminadas estas preguntas, pasaremos a las de doña Celinda Sánchez García, que van desde la número 10.º a la número 97.º, esta última incluida. No serán resueltas una a una, porque como ven ustedes son 87 preguntas. Doña
Celinda hará en total tres intervenciones para presentar sus preguntas. Comenzamos con la número 8.º: Contratación por el Gobierno de personal laboral e interino en la Administración General del Estado para sortear la tasa de reposición del 10 por
ciento.
El señor Barrachina tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: Sea usted bienvenida, señora secretaria de Estado, y vaya por delante el deseo de este grupo de que se mantenga la estabilidad y que, por tanto, usted permanezca en ese puesto. Con esto no sé si le hago un favor o
no, pero sí a la Función pública. Es usted en esta legislatura la tercera persona que se responsabiliza de una materia fundamental para el funcionamiento de nuestro Estado y carecería de sentido que, mediada esta legislatura, es decir, con dos años
y medio, viniese una cuarta persona para llevar una tarea tan importante como esta, que requiere estabilidad y autoridad dentro de todos los ministerios y también frente a ayuntamientos y comunidades autónomas. Nos gustaría que hubiese estabilidad
en este puesto y deseamos también que la ex vicepresidenta primera del Gobierno de España tenga un futuro lleno de felicidad. Reconocemos su dedicación y su actividad. Si se me permite, también en este tránsito constante de la materia de Función
Pública entre ministerios, y presumiblemente también entre diferentes comisiones, se pierden gran parte de las comparecencias pendientes y, por tanto, mi impotencia parlamentaria como portavoz para hacer el seguimiento de muchas de ellas. Hay al
menos veintitrés
comparecencias que muy probablemente decaerán solo porque iban dirigidas a una persona que ya no forma parte del Gobierno y hay temas para nuestro grupo muy importantes que no se van a ver. De hecho las preferencias del Gobierno han llevado
a que incluso judicialmente Maite Alfageme o Carlos Dávila tengan que dar cuenta sobre un empadronamiento y no hayamos visto aquí la sustanciación de aquellas comparecencias que quedarán decaídas sobre el empadronamiento.
Yendo ya a la cuestión, señora secretaria de Estado, se compadece mal el esfuerzo que hace sobre el papel el Gobierno de España para contener el gasto con el aumento que los datos oficiales apuntan que existe. Lo comentábamos en
presupuestos, hay 212.000 empleados públicos más según los datos de la EPA, y probablemente cuando conozcamos esta semana o la próxima el tercer trimestre estaremos en cifras muy parecidas. A juicio de nuestro grupo se escapan al control del
Gobierno buena parte de los organismos autónomos del conjunto de las administraciones pero singularmente también de los ministerios. Por ponerle un ejemplo, porque si no parece que divaguemos sobre supuestas acusaciones vacías de contenido, el
esfuerzo que han tenido que hacer los funcionarios al habérseles reducido un 5 por ciento su sueldo se compadece muy mal con el aumento del número de eventuales y del personal laboral. Le pondré un ejemplo. He tenido conocimiento reciente del
nacimiento de la enésima fundación pública, en este caso dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde con solo ocho personas el presidente de esa fundación pública denominada Caiber, presentada hace dos semanas por la ministra de
Ciencia y Tecnología, cobra un 60 por ciento más que el presidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, tiene una retribución -aquí tengo la tabla salarial de 2009 de esta fundación de actividad sorprendente porque llevan
fundidos 20 millones de euros y la presentación se hizo hace solo dos semanas- de 125.000 euros anuales que es un 60 por ciento más de lo que cobra el presidente del Gobierno de España, eso por dirigir una plantilla de siete personas. Esta entidad
-le estoy leyendo la tabla retributiva de 2009- nació en 2008, el momento de la más profunda de las crisis.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, ¿estamos en la pregunta 8.ª?
El señor BARRACHINA ROS: Estamos en la pregunta 8.ª sobre el personal laboral, sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿La tasa de reposición del 10 por ciento? Me estoy perdiendo.
El señor BARRACHINA ROS: Sí, sobre la contratación del personal laboral e interino que se hace para sortear la limitación del 10 por ciento. Estoy hablando de ocho contrataciones laborales. Lo que digo es que están haciendo un esfuerzo
los empleados públicos, los funcionarios, y sin embargo al Gobierno se le escapan actividades clandestinas sin página web como esta. Digo actividades clandestinas porque este es un señor que cobra un 60 por ciento más que el presidente del Gobierno
de España, por una actividad de la cual no se ha dado conocimiento y este diputado ha hecho múltiples preguntas que han quedado sin respuesta. Esto es lo que yo digo en esa pregunta, que a través de las contrataciones laborales se sortea una tasa
de reposición del 10 por ciento. Digo que se sortea porque llamativamente estas ocho personas, contratadas por muy particulares procedimientos de contratación pública, figuran en un convenio para cuatro años pero sus contratos son indefinidos.
Esto es lo que mi partido denuncia, que se puedan hacer contratos indefinidos de auténticos fichajes de lujo, a lo Ronaldinho, que cobran un 60 por ciento más que el presidente del Gobierno de España de manera indefinida y que escapan al control.
Por eso queremos que exista estabilidad y autoridad por parte de la secretaría de Estado, para hacer un control potente y efectivo sobre ese submundo administrativo que se escapa a su control, que se escapa a nuestro control y que sin embargo viven
íntegramente del erario público, obtienen plazas sin oposición y además son contratos indefinidos aunque la vigencia de esta fundación Caiber llamativamente sea solo por cuatro años. Me gustaría conocer la opinión de la secretaria de Estado
respecto a si el control sobre el personal laboral y el personal interino que se contrata por la Administración General del Estado es el adecuado. Le he puesto el ejemplo de esta fundación en concreto, pero podría ponerle otros muchos más, sobre
fundaciones de esas que a pesar de las buenas intenciones de la secretaria de Estado y hasta ahora de la vicepresidenta del Gobierno de España los resultados finales se dan de bruces escandalosamente con la realidad oficial, con la realidad teórica
que tantas veces hemos escuchado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Señor Barrachina, en primer lugar quiero darle las gracias por sus primeras palabras, parecían al menos en un tono amable, sobre el trabajo y la dedicación de la
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia hasta hoy. Aprovecho también para decir que han sido muchos años de dedicación y creo que con excelente resultado. En lo que corresponde a mi responsabilidad procuraré por todos
medios que deje usted de tener impotencia -impotencia parlamentaria-, porque no es bueno y hay que tener todas las energías para que entre todos saquemos en el Parlamento los mejores resultados que redunden en beneficio de la ciudadanía.
En cuanto a la pregunta en concreto tengo que empezar diciéndole que no estoy de acuerdo en que el Gobierno sortee de ninguna de las maneras la tasa de reposición establecida del 10 por ciento en los Presupuestos Generales
del Estado. Además, ello está claro en el apartado uno de la ley de presupuestos, donde queda claro que el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será igual al 10 por ciento de la tasa de reposición de
efectivos y se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Dentro de este límite, la oferta pública de empleo incluirá los
puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, excepto en aquellos casos sobre los que exista reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se decida su amortización. Además
le leo el punto dos: Durante el año 2011 no se procederá a la contratación de personal temporal ni el nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables. En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10 de la Ley 7/2007 y 9.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal de los servicios de salud y contrataciones de personal
interino por vacante computarán -esto es muy importante, señor Barrachina- a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o
la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente oferta pública de empleo salvo que se decida su amortización.
Como no comparto en general los datos que usted ha comentado sobre esta pregunta, quiero decirle que el personal laboral de la Administración General del Estado -que tiene fundamental tres categorías: fijo, fijo discontinúo y temporal- ha
disminuido en 10.000 personas entre los años 2004 y 2010. La temporalidad entre 2009 y 2010 ha descendido en un 17 por ciento, y actualmente la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado está en el 7 por ciento. Quiero recordar
aquí que el compromiso con las organizaciones sindicales -el acuerdo Administración-sindicatos de septiembre del año pasado- era el de tener una tasa no superior al 8 por ciento, por tanto, en la Administración General del Estado estamos ahora mismo
en un nivel por debajo del compromiso que teníamos contraído con los sindicatos.
Ha mezclado usted algunas cosas, por lo que me gustaría dejar muy claro para que no haya confusión debido a su intervención o a algunas informaciones de los últimos días, que esos cuatro tipos de empleo, funcionarios de carrera y dentro del
personal laboral las distintas fórmulas existentes, todos, tanto el funcionario de carrera y el personal laboral fijo -ambos empleos fijos- como el funcionario interino y el personal laboral temporal -estos últimos con carácter temporal-, están
sometidos en su acceso a procesos selectivos con criterios objetivos, transparentes y en todos los casos mediante convocatorias públicas. Era necesario dejar esto claro para que no hubiera ninguna confusión al respecto.
En cuanto al tema concreto de la fundación, no tengo aquí el listado de las fundaciones, pero le puedo decir que en el acuerdo y en los planes realizados en los últimos meses de austeridad y de reconversión tanto del sector público
empresarial como de las fundaciones, estamos trabajando con criterios de racionalidad, de austeridad y de efectividad para hacer las fusiones necesarias y lograr la mejor optimización de los recursos públicos. En cuanto a lo que cobra o deja de
cobrar, no sé cuánto cobra el presidente de esa fundación aunque no tengo por qué dudar de su palabra. Ha insistido mucho en que cobra más que el presidente del Gobierno, y le diré que más que el presidente del Gobierno también cobran la presidenta
de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. Señoría, más que el presidente del Gobierno cobra casi todo el mundo. (Risas.) ¿Para qué vamos a entrar en esto? Si alguien da ejemplo de austeridad es precisamente el
Gobierno de España, y el primero de todos ellos el presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- JUSTIFICACIÓN POR EL GOBIERNO DE LA DESVIACIÓN EN SUS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DE MÁS DE 70 MILLONES DE EUROS EN COSTES DE PERSONAL EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. (Número de expediente 181/002707.)
- JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO EN LOS GASTOS DE PERSONAL DEL 6,8 POR CIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010. (Número de expediente 181/002828.)
- JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO EN MÁS DE UN 23 POR CIENTO DE LOS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009. (Número de expediente 181/002830.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 9, 98 y 99, que hacen referencia a la justificación por el Gobierno de la desviación en sus previsiones presupuestarias de más de 70 millones de euros en costes de personal en los
primeros meses del año; a la justificación del aumento en los gastos de personal del 6,8 en el primer trimestre de 2010, y a la justificación del incremento en más de un 23 por ciento de los incentivos al rendimiento en el primer trimestre de 2010
respecto al primer trimestre de 2009. Tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Señor presidente, por no hacerle consumir más turnos prefiero no replicar a la
secretaria de Estado y aprovecho este turno. Evidentemente usted no tiene por qué dudar de mí porque este es un cuño del Ministerio de Ciencia e Innovación. Mostrando un documento. Dice que el presidente de la Comunidad Autónoma
Valenciana o la presidenta de la Comunidad de Madrid cobran más que el presidente del Gobierno y puede que sea así. Lo que le digo es que en esta época de austeridad -en 2008- hay un sujeto que dirige a otros siete sujetos -personas, no lo digo con
ánimo despectivo- que cobra 125.000 euros y tiene un 10 por ciento de premio de rendimiento variable. En dos años se han fundido, se han gastado 20 millones de euros sin hacer un solo análisis clínico, que era el objetivo. Esta es su
responsabilidad. La Comunidad Autónoma de Madrid no es su responsabilidad, como tampoco lo es la valenciana, pero esta es su responsabilidad y efectivamente aquí, como en tantos otros organismos autónomos, se entra por procesos de selección. Pues
bien, llamativamente el proceso de selección, por ejemplo, de la subdirectora o del gerente -que también cobran más que el presidente del Gobierno de España- se hace de tal manera que solo una persona de entre los 46 millones de españoles cumplía la
condición para ser subdirectora, y llamativamente la subdirectora, elegida por el director general, no solamente comparte ideología y localidad sino además origen y empresa en la que trabajaban anteriormente juntos. Por tanto, no dudo de que en el
acceso a las plazas de empleo público haya procesos selectivos, pero hay algunos, señora secretaria de Estado... Después le entregaré esta tabla salarial de 2009 de personal de la Administración -financiado al cien por cien, íntegramente por el
Gobierno de España- para que tenga conocimiento de lo que ocurre en el Gobierno de España, y luego, cuando tengamos tiempo, en el recreo, nos metemos con el alcalde de Madrid, con la presidenta de Madrid o con el presidente de la Comunidad
Valenciana, pero esto es lo suyo.
El señor PRESIDENTE: Recreo en esta Comisión no hay. (Risas.)
El señor BARRACHINA ROS: Se lo agradezco.
Pero esto es lo suyo, este escudito es el de España y usted es la que vela por la Función pública española. Por tanto, sobre esto le pregunto y he traído esta fundación pública Caiber, una fundación fantasma, como le podía haber traído
otras muchas, y me gustaría -y por eso he pedido su continuidad- que usted pusiera el arresto y la energía suficiente para meter en vereda a este submundo administrativo que al final hace que los buenos funcionarios vean como ustedes les descuentan
un 5 por ciento en la nómina inmerecidamente.
En cuanto a las tres preguntas que acumulo digo que los funcionarios públicos españoles, aquellos que mantienen vivo hoy al Gobierno de España, están pagando las consecuencias del descontrol del gasto. Parte de las preguntas eran sobre el
descontrol, que aquí tenía lugar en enero y febrero, y le preguntaba cómo era posible que en aquellas fechas hubiese una desviación tan grande del gasto. Hoy le puedo decir que según la última información que obtengo de los documentos que provienen
de su Gobierno, en el último mes liquidado, el de agosto, dice que los incentivos al rendimiento -es decir los premios que se da la Administración a sí misma- han crecido 36 millones de euros por encima del año pasado, es decir un 8 por ciento, y
nos parece que si es la época de apretarse el cinturón se lo tienen que apretar todos, y como esta concesión de los incentivos al rendimiento es discrecional, esa discrecionalidad gubernativa tiene también que tomar nota del ajuste que hace todo el
mundo. Por tanto, si a los españoles se les habla de incentivos al rendimiento en este año, uno se pregunta el rendimiento de este Gobierno en qué. Entenderá que no hable de tasa de paro, ni de aumento de impuestos, ni de otras cosas, pero si uno
se autopremia con tanta generosidad y, mientras todo cae, los incentivos al rendimiento que se concede uno a sí mismo crecen un 8 por ciento y aumentan en 36 millones de euros -según dice el Ministerio de Economía y Hacienda-, a uno le llama la
atención. Así, una de nuestras preguntas, señora secretaria de Estado, es qué motivo encuentra usted para premiar al conjunto de la Administración en este año 2010 tan generosamente respecto al año 2009.
Después, hablábamos también de que si no hubiese tenido lugar este constante descontrol del gasto público en etapas pasadas, al final como le indicaba no hubiesen pagado justos por pecadores -es decir los fáciles-, mientras han nacido
organismos, fundaciones y entidades públicas que tienden a infinito y que escapan al control de este portavoz y probablemente también al de la Secretaría de Estado de la Función Pública. Al final se ha ido a lo fácil, que es a aquellos que tienen
una nómina perfectamente tasada y que no se pueden escapar. Ya que esta actividad ha pasado por diferentes manos y ahora va a ir por el tercer ministerio en solo media legislatura y -Dios quiera que no- por la cuarta persona responsable de la
Secretaría de Estado de Función Pública, tiene un cometido gigante. Creo que ustedes ni siquiera son conscientes de la importancia que tiene su tarea. Ustedes son responsables no solo de vigilar que estas cosas que ocurren con su logotipo no
sucedan, sino que su competencia excede el ámbito nacional y actúa también sobre ayuntamientos y sobre comunidades autónomas. Ustedes difícilmente van a tener la autoridad suficiente -con esta sensación de perpetua interinidad que vive la Función
pública española, que va de un ministerio a otro y de un responsable a otro en el plazo récord de dos años y seis meses- para mostrar cuál es el camino recto, cuál es la senda adecuada para ajustar el cinturón de todos y no solamente de aquellos que
no se pueden defender. Por eso me gustaría que la señora secretaria de Estado dijese si está satisfecha del resultado que ha tenido y que está teniendo la ejecución del capítulo 1 del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Señor Barrachina, en primer lugar, si usted y yo seguimos trabajando juntos, tendremos que ponernos de acuerdo en algunas terminologías, porque si no no nos vamos a
entender, y desde luego no sería esa mi voluntad. Por eso quiero dejar algunas cosas claras sobre terminologías que usted ha utilizado que no son ajustadas desde mi punto de vista, y me basaré en hechos probados para aclararlo. Usted lo mezcla
todo. Hemos acumulado las preguntas y también en la anterior mezcló la masa salarial, el sueldo de los funcionarios y ahora lo ha vuelto a hacer. Voy a intentar poner un poco de orden en sus inquietudes y en algunas confusiones a las que puede dar
lugar su intervención.
Quiero insistir en que todo lo que tiene que ver con las retribuciones se controla desde el Estado, porque tienen carácter básico, en lo que tienen tal carácter, y usted lo sabe muy bien, es decir, todo lo que se refiere al sueldo y los
trienios. Ocurre exactamente lo mismo con la tasa de reposición, que es una norma con rango de ley y por tanto se controla con las normas de rango de ley que elaboran las comunidades autónomas. Si una comunidad autónoma traspasa el 10 por ciento
establecido en la Ley de Presupuestos de este año, se recurrirá ante el Constitucional; de momento no la han traspasado en sus normas con rango de ley, que es lo que controla la secretaría de Estado. Respecto de los salarios, es exactamente igual.
Hay un control, en este caso sobre la reducción, que afecta a todos los empleados públicos. Por tanto, las fundaciones y cualquier otro organismo tienen una cantidad para las retribuciones atribuidas en función de unos criterios, la masa salarial,
que se verá afectada o no cuando haya una reducción, y que se distribuye también en función de los criterios del propio ministerio o del organismo al que se pertenezca.
Me pregunta usted que si estoy satisfecha de la evolución. Le tengo que decir que un político que se precie nunca está satisfecho, siempre quiere mejorar. Por tanto, a lo largo de mi vida política siempre he pretendido ir a más y tener más
satisfacción. Le voy a dar unos datos que ponen de manifiesto que las medidas que tomó el Gobierno están teniendo ya algún resultado, aunque hay que verlo a final de año, y usted lo sabe bien. Lo mismo ocurre con la desviación de la masa salarial,
hay que verla a final de año. Usted lo sabe perfectamente y por eso no quiero que haya malas interpretaciones. Todo lo que tenga que ver con desviaciones, como usted las llama, circunscritas a los dos o tres primeros meses del año, no tiene el
mínimo rigor, como los datos que yo le voy a dar -buenos- sobre la evolución en los gastos de personal en activo no tienen la validez de la rigurosidad con que se han de dar. Hay que esperar a final de año y eso lo sabe usted perfectamente. Por
eso, en primer lugar no puedo considerar que el Gobierno tenga que justificar ahora una desviación, ya sea la de 70 millones o la del 6,8. Yo le he dado estos datos para contrastar, pero, insisto, a final de año es cuando lo debemos hacer.
Usted
suele utilizar con frecuencia los datos que están a disposición a través de la Intervención General del Estado y yo suelo utilizar los del Registro de Personal. Es que hay diferencias, claro que hay diferencias, porque no se nutren de las mismas
fuentes, y, claro, si empezamos a comparar datos que proceden y se nutren de fuentes diferentes, además de que no estamos siendo rigurosos, señor Barrachina, estamos confundiendo y dando una mala información.
¿Qué pasa con la Intervención General del Estado? Pues que cuando da datos incluye las clases pasivas, mientras que en el Registro de Personal se refieren a aquellas personas que están en activo, además de otros matices. Por tanto no
podemos comparar. En cualquier caso yo le decía que aparte de hablar de final de año, porque es cuando hay que hacer el balance, los datos que usted me da y que tienen que ver con la Intervención General del Estado son anotaciones en caja, que se
hacen mes a mes y que no solamente tienen que ver con las clases pasivas sino también con la Seguridad Social, por ejemplo.
Respecto al personal en activo le voy a dar un dato que considero que es bueno, circunscrito al mes de agosto. Yo ya suponía que usted iba a poner en cuestión la efectividad de las medidas que estamos poniendo en marcha, pero cualquier
cálculo mensual sobre la desviación de la masa salarial -que por cierto ya ha sufrido una ralentización de casi 2 puntos en su crecimiento en 2009-, insisto, es irrelevante porque hay que establecerlo con criterios y en términos anuales. No
obstante, yo le voy a dar los datos del personal en activo de la Administración General del Estado en el mes de agosto, y en agosto ha descendido en más de 8 puntos, en concreto 8,5 puntos. Este es un dato que no es concluyente, también se lo digo,
porque igual que usted me pregunta sobre algo que no es riguroso porque no se puede hacer sobre ese mes, este dato no es concluyente, pero también le tengo que decir -creo que estoy en mi derecho- que este dato del mes de agosto, con ese descenso de
más de 8 puntos, dice con claridad que el comportamiento del gasto como resultado de las medidas que entraron en vigor en el mes de junio está dando resultado y en consecuencia no me cabe duda de que el presente año se va a comportar de acuerdo con
la estimación de ahorro prevista por el Gobierno.
También me gustaría dejar muy claro algo que aquí se puede confundir, y digo aquí en la Cámara, pero que también puede trascender fuera de ella.
Cuando usted hablaba de incentivos al rendimiento ha dejado caer o ha insinuado -al menos así
lo he entendido yo- que son incentivos o productividad a los empleados públicos. Yo quiero dejar aquí muy claro que el incentivo es una cosa y la productividad a los empleados públicos es otra bien diferente, esto que quede claro. Sobre la
pregunta en concreto, ese 23 por ciento de los incentivos al rendimiento
consiste en los gastos sobre conceptos y compromisos del ejercicio anterior. En todo caso, consultada esta pregunta con el Ministerio de Economía y Hacienda, que como sabe es el que maneja estos datos, me dice que el gasto corriente de
personal en este periodo ha descendido en un 0,25. Insisto en que estamos hablando de nuevo de datos de caja, donde no solamente se paga lo que se ha de pagar, sino que, por ejemplo, respecto a la pregunta sobre el primer trimestre, tendríamos que
hablar de que se están pagando incluso del ejercicio anterior, pero sobre todo no confundamos incentivos al rendimiento con la productividad de los empleados públicos, que también con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno ha disminuido en un
5 por ciento. Esto pone de manifiesto algunas diferencias que tenemos en cuanto a la terminología y, sobre todo, señor Barrachina, que cuando tengamos que hablar de datos de la evolución del personal en activo y de la evolución de la masa salarial,
hagámoslo a final de año, que es cuando debemos hacerlo, y entonces veremos, como creo que sucederá según la previsión del Gobierno, que habrán dado resultado las medidas adoptadas tanto en el plan de austeridad como en los diferentes planes que se
han adoptado por el Gobierno de España.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL AHORRO DE 16 MILLONES DE EUROS DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO NOS ACERCA AL OBJETIVO DE
REDUCIR EL GASTO EN 50.000 MILLONES HASTA 2013.
(Número de expediente 181/002831.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, ¿enlaza con la última pregunta que tiene? (Asentimiento.) Muy bien. Tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: Señora secretaria de Estado, este portavoz no confunde, no incluye en incentivos al rendimiento la productividad porque los datos del Ministerio de Economía y Hacienda presentan incentivos al rendimiento como
incentivos al rendimiento sin más, y cuando yo le he dicho que crecen un 8 por ciento es porque esto es lo que nos dice el Ministerio de Economía y Hacienda. La señora secretaria de Estado tiene el hábito de reprocharme a mí las discrepancias entre
ministerios. No. Si ustedes se pusiesen de acuerdo y hablasen con una única voz, no confundirían a los grupos parlamentarios. Lo que digo por tanto es que el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Intervención General del Estado
-también siguiendo el criterio de caja, supongo- dice que han crecido un 8 por ciento hasta el 31 de agosto. Es que no lo digo yo; lo dice la vicepresidencia segunda. Yo confío en que a partir de ahora la vicepresidencia primera y la
vicepresidencia segunda o en este caso la tercera, en la que estará finalmente encajada su secretaría de Estado, se pongan de acuerdo, porque si ya no hay acuerdo entre las tres vicepresidencias, entenderá que yo me tenga que ceñir a datos
oficiales, los únicos que ustedes cuelgan formalmente cada mes. No me reproche a mí lo que hacen los funcionarios de su Ministerio de Economía y Hacienda, en concreto de la Secretaria de Estado de Hacienda y de Presupuestos. Nunca he incluido las
clases pasivas dentro del gasto de personal, porque entiendo que son para retribuir las pensiones; por tanto no me gusta tampoco que se pongan en mi boca afirmaciones que evidentemente no he hecho y la secretaria de Estado sí. Entiendo su desazón
y su pesar por algunos datos, pero no tiene usted por qué cargar contra este diputado, que jamás ha utilizado incorrectamente ni se ha desviado un ápice de los datos que formalmente ustedes presentan.
En referencia a la última de mis preguntas, habla sobre la valoración que hace el Gobierno del plan de racionalización. Se habló de un ahorro de 16 millones de euros en el supuesto recorte; ese recorte tenía tres ejes, uno de los cuales
era para reducir el número de direcciones generales.
Por la contabilidad oficiosa que nosotros llevamos, de las 36 direcciones generales -teniendo en cuenta que la mayoría de los directores generales eran funcionarios y siguen estando en la
Administración y que otros han sido convenientemente recolocados y no es un reproche-, solamente hay 3, que conozcamos, cuyos titulares no fueron reubicados. Por tanto, de aquellos 36 anunciados y tras esas medidas tomadas, solamente hay 3 que
pudieran haber supuesto un ahorro, y es probable que ni siquiera esos 3 hayan supuesto un ahorro y estén reubicados en lugares que se le escapan a este grupo parlamentario. Teniendo en cuenta que la mayor parte de esos 36 directores generales han
sido reubicados en otros puestos de la Administración, me gustaría saber si usted tiene el dato -yo no lo tengo- de cuál es el ahorro, me parece que muy lejano en cuanto a aportar algo a esos 16 millones de euros de potencial ahorro.
Después anunció aquí la vicepresidenta primera en la última Comisión el 29 de junio que iba a haber una segunda fase con la supresión de 100 subdirecciones generales. A este grupo le consta que en lugar de las 100 han sido 32 y que el
ahorro que suponen es prácticamente ninguno, dado que todos sus titulares son funcionarios y además en su inmensa mayoría tenían consolidado su complemento. No digo yo que sea una mala cosa y a efectos públicos de imagen se da una sensación de
ajuste, pero de eso a contemplarlo como un ahorro real creo que media un abismo, señora secretaria de Estado. Me gustaría saber si tienen contabilizado cuál es el resultado efectivo de ese plan de racionalización en sus dos fases, en la primera de
reducción, de mengua y de bajada de direcciones generales, y en la segunda de la presunta supresión de 100 de las 1.095 subdirecciones generales, que al final no fueron 100 de las 1.095 sino 32, y todos cuyos titulares siguen formando parte de la
Administración General del Estado. Me gustaría simplemente
conocer si la señora secretaria de Estado tiene el dato que nuestro grupo no posee de ahorro total en ese Plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): La verdad es que como esta es una comparecencia un poco sui géneris, lo estamos mezclando todo, señor Barrachina. Usted lo mezcla y yo tengo que mezclarlo también.
En primer lugar, no son discrepancias entre ministerios, sino que usted utiliza incentivos al rendimiento con la interpretación que usted quiere dar a los incentivos al rendimiento. Respecto a los incentivos al rendimiento hay varios
conceptos y eso es lo que yo le he querido aclarar, que dichos incentivos no son solamente la productividad de los empleados públicos sino más cosas, y más cuando se producen en el primer trimestre del año. Creo que debemos dejar esto claro para no
enzarzarnos en esta discusión. No hay ninguna discrepancia. Además, tengo que decir aquí que dentro de mis responsabilidades en estos seis años de Gobierno, es la primera vez que tengo que trabajar muy directamente con el Ministerio de Economía y
Hacienda y trabajamos muy bien, con mucha coordinación y que hay un perfecto entendimiento.
Usted luego se ciñe a la pregunta y la verdad es que no entiendo nada, porque yo sé que no me corresponde preguntarle, pero usted me tendrá que sacar de alguna duda. ¿Están ustedes de acuerdo con la racionalización? Porque no lo sé.
¿Están de acuerdo con las medidas de austeridad que el Gobierno está poniendo en marcha? Tampoco lo sé. ¿Está usted de acuerdo con la reducción de los salarios de los empleados públicos? Tampoco lo sé, porque unas veces creo que sí y otras veces
creo que no. Unas veces entiendo que la hacemos demasiado corta y otras veces que nos pasamos. No lo entiendo, realmente estoy confusa. Me gustaría que me contestara: ¿está usted de acuerdo con el plan de racionalización? ¿Está usted de acuerdo
con que se rebajen los salarios? ¿Estad usted de acuerdo con el esfuerzo que hay que hacer para, entre todos, poner austeridad y racionalización? A partir de ahí también le digo que no entiendo nada cuando me habla, como consecuencia de la
racionalización, de la supresión de direcciones y de subdirecciones generales, un proceso que no ha acabado, señor Barrachina, es decir que se hace paulatinamente. Si sigue usted los consejos de ministros, verá como Consejo de Ministros tras
Consejo de Ministros se están racionalizando las estructuras de los distintos departamentos ministeriales.
Al mismo tiempo me dice: no sé para qué hacen la racionalización, porque muchas de esas personas son empleados públicos y, por tanto, tienen un puesto en la Administración en el nivel que les corresponda. Pero, claro, eso no coincide con
otras intervenciones suyas en las que ha atacado continuamente al personal eventual que este Gobierno tenía. En primer lugar -por refrescar- el personal eventual que el Gobierno tiene es el que está en la ley, que además hicieron ustedes, que no se
ha tocado absolutamente nada y no hay ningún aumento, pero es que además representa el 0,4 por ciento de la Administración y de ese 0,4 por ciento, y usted lo sabe bien, el 73 por ciento son funcionarios. Evidentemente, cuando uno hace una
reestructuración ministerial sabe que la cantidad de dinero que se ahorra es limitada, porque esa persona irá a desempeñar la función para la cual está habilitada.
Cuando se ponen en marcha las medidas para reducir el déficit público en la Administración General del Estado y de ahorro entre 2010 y 2011 se dan diferentes pasos que no tienen efectos inmediatos. Respecto a algunas tiene que pasar algún
tiempo, como usted también sabe, señor Barrachina, por ejemplo, con la oferta de empleo público. La oferta de empleo público, tanto la del año 2010 como la del año 2011, tiene una estimación de ahorro de unos 300 millones, pero tendrá su
repercusión cuando se terminen de incorporar -como ya le dije en la intervención con motivo de los Presupuestos Generales del Estado- los efectivos que proceden de otras ofertas de empleo. La reducción del salario de los empleados públicos supondrá
un ahorro de 4.500 millones de euros; el 8 por ciento de reducción de vacantes en la Administración General del Estado, 250 millones, cada año, en los dos previstos; y la racionalización de las estructuras, alrededor de 18 millones de euros. Todo
esto en conjunto supone más de 5.600 millones de euros. Insisto en que unas medidas tienen efecto inmediato, como la de los salarios, pero inmediato desde que se aplican, no antes. En alguna de sus preguntas o en su intervención dice que no
entiende qué efectos ha tenido la reducción de salarios en el mes de junio. Es que en el mes de junio no podía tener ninguna repercusión, porque todavía no se había aplicado. Habrá que esperar a que terminen todas las mensualidades del año. En el
caso de la oferta de empleo público, ya le he recordado que habrá que esperar a que se ponga en marcha; esta tiene un efecto a corto o medio plazo. En cuanto a las vacantes también tienen efecto inmediato. En cuanto a la racionalización de las
estructuras -creo que ya se lo comenté en la otra intervención, pero estoy encantada de volver a repetirlo- no solamente tiene importancia la austeridad, también la racionalización. Es decir, hay que poner racionalidad e intentar hacerlo muy bien,
hacerlo mejor, adaptándola a las necesidades e imponiendo ese criterio de racionalización que es tan esencial.
Como su pregunta era la opinión del Gobierno sobre si el ahorro ya materializado va en la línea de obtener el ahorro previsto por el Gobierno, le diré que sí, que nos acerca mucho más que si no lo hiciésemos. Por tanto, tacita a tacita,
estamos consiguiendo reducir el déficit y estamos aplicando medidas de racionalización que nos
benefician a todos y que, como han sido demandadas, están siendo aplicadas con rigurosidad y eficacia por el resto de las administraciones que comparten estos criterios, aunque no sean los suyos.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, adelante.
El señor BARRACHINA ROS: Intervendré brevísimamente, señor presidente.
Señora secretaria de Estado, como me pregunta, mi obligación es contestarle. Ustedes presentan un plan de racionalización y mi obligación es preguntarle si usted está satisfecha con su ejecución. Plantearon un ahorro que dudo que esté
teniendo lugar. Usted dice que sí y yo la creo, pero como es su plan, tengo que preguntarle a usted por su ejecución.
Probablemente dentro de algún tiempo será usted la que pregunte y alguien de mi grupo quien le responda, pero en este caso es al
revés, es usted la que tiene que responder, y lo que le digo es que confiar esa reducción a una supuesta mengua de directores generales, todos ellos -salvo tres- reubicados, y de subdirectores en su mayoría reubicados, no creo que dé el resultado
que ustedes anunciaron. Mi obligación es preguntarle y me sorprende que a usted le sepa mal que le pregunte por su plan de racionalización. Nosotros estamos muy de acuerdo con los planes de racionalización si están bien hechos. Se lo dice un
diputado que tuvo la fortuna de ser director general del Gobierno Aznar en una época en la cual el Gobierno de España, con muchas más competencias, tenía menos secretarías de Estado, menos secretarías generales, menos direcciones generales y menos
subdirecciones generales que en la actualidad computando los datos de la última rebaja de ayer mismo.
Me pregunta si estamos de acuerdo con la bajada de sueldo de los funcionarios y yo le respondo: no, no estamos de acuerdo. Nosotros propusimos o sugerimos -lo hizo don Mariano Rajoy, como usted me lo pregunta, yo le respondo- una
congelación. Entonces quien ostentaba el cargo -como ya no está no la citaré- se burló de nosotros diciendo que un gobierno socialista nunca congelaría el sueldo. Bien, no lo congelaron hace un año y finalmente lo que hicieron fue bajarlo un 5 por
ciento.
Estamos en contra. ¿Y de qué estamos a favor? De lo que le he dicho, de que esta subadministración que aparece a modo de fundaciones con salarios astronómicos no exista, que esas personas no sean contratadas. Estamos a favor de eso y en
contra de que haya una rebaja indiscriminada por primera vez en democracia de un 5 por ciento, porque es injusto e inmerecido por los empleados públicos españoles. Como usted quería saber si estábamos a favor o en contra de la bajada de sueldos, le
digo que estamos en contra. Nosotros haríamos lo que ya hicimos en su día, una congelación hasta que tuviese lugar la recomposición, el ajuste fiscal necesario. Nunca hicimos, y tampoco lo haremos dentro de año y medio, una bajada en la
retribuciones en los salarios de los empleados públicos.
Señora secretaria de Estado, confío en verla a usted próximamente para que hablemos de la parte pendiente de la Función pública y de todo el desarrollo normativo pendiente desde hace ya dos años del Estatuto del empleado público.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, coincido con usted en ese deseo con respecto a la señora secretaria de Estado, pero no la veremos en esta Comisión. (Risas.)
Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): En esta Comisión he estado poco, dos veces, pero he estado muy a gusto.
(Risas.) De hecho aquí solo he estado una vez; estuve en la misma sala pero con la Comisión de
Presupuestos.
Señor Barrachina, yo le he preguntado y no tenía obligación de responderme, simplemente tenía curiosidad, dentro del tono amable con el que estamos haciendo esta comparecencia, y le agradezco que me haya respondido, porque así me saca de
algunas dudas. Efectivamente, el señor Rajoy quería congelar porque es lo único que hizo en su etapa de gobierno, congelar, y usted lo sabe. En momentos en los que había situaciones para poder subir y poner a nivel del poder adquisitivo los
salarios de los empleados públicos no lo hizo. Nunca hubo un incremento de salario de los empleados públicos en la época en que ustedes gobernaron, época en la que se podía hacer y donde además era justo hacerlo porque había aumentado mucho el IPC,
y no se hizo. Sin embargo, durante los años del Gobierno socialista hemos aumentado el poder adquisitivo de los funcionarios. Ahora ha habido una rebaja, así ha sido, pero todavía están por encima de las condiciones que tuvieron en los años que
ustedes gobernaron. Ahí están los datos, yo tampoco me los invento, ahí están los datos. Yo soy empleada pública y lo sabía antes y ahora, lo he vivido. Se hizo una reclamación entonces al señor Rajoy para que aumentara el salario y prefirió
hacerlo en otras partidas, pero no en las retribuciones. Yo lo que sí le reconozco es que esto ha sido una medida dura, por supuesto, y difícil, pero que era necesaria ante la situación que vivíamos y en la que teníamos que responder entre todos
para salir lo antes posible. Como efectivamente esperamos que haya una buena evolución de nuestras cuentas públicas, si hacemos bien lo deberes ahora evidentemente recuperaremos antes el poder adquisitivo de los empleados públicos, ese que han
perdido.
Quiero aprovechar también esta ocasión -por si ya no tengo otra, al menos en esta Comisión- para decir que yo trabajo con muchos empleados públicos, tengo muchos amigos que son empleados públicos, funcionarios laborales, y han asumido esta
situación. No les ha gustado, pero la han asumido, y además tengo que decir
que la han asumido de manera ejemplar. Por tanto, mi agradecimiento, como siempre, al trabajo de los empleados públicos y a la responsabilidad con la que han asumido esta medida. Vamos a seguir trabajando. La situación es esa bajada
salarial y la congelación para el año 2011 y esperemos que después tengamos otra perspectiva.
En cuanto a los altos cargos, cuando dejaron de ser Gobierno y llegó el Partido Socialista tenían 316 altos cargos. Actualmente tenemos 301 altos cargos, por tanto, tenemos menos y muchos procesos de racionalización.
Aquí están los datos y
cuando quiera se los doy. Entre otras cosas, además de hacer decretos de estructura y decretos de nacionalización, tengo que llevar el cómputo de todas estas cosas. Con los procesos que hemos llevado a cabo le digo que en su última etapa de
Gobierno había 316 y la situación actual son 301.
No me queda nada más, señor presidente, pero, como me han dado una información que me parece interesante, con respecto a la fundación a la que ha hecho mención el señor Barrachina quiero decir, para conocimiento de la Cámara, que la
Fundación Caiber -si lo he entendido bien, señor Barrachina- es un consorcio entre las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares.
El señor PRESIDENTE: Le agradecemos mucho, señora secretaria de Estado, su comparecencia en esta primera parte.
DE LA DIPUTADA DOÑA CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE NÚMERO DE LIBERADOS SINDICALES A TIEMPO TOTAL Y PARCIAL DE:
- ACUAMED. (Número de expediente 181/002712.)
- AQUAVIR. (Número de expediente 181/002713.)
- ACESA. (Número de expediente 181/002714.)
- AENA. (Número de expediente 181/002715.)
- ADISA. (Número de expediente 181/002716.)
- ADIF. (Número de expediente 181/002717.)
- COMFERSA. (Número de expediente 181/002720.)
- CLASA. (Número de expediente 181/002721.)
- AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR, S.A. (Número de expediente 181/002722.)
- LA SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A. (Número de expediente 181/002723.)
- LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE LAS INVERSIONES EXTERIORES, S.A. (Número de expediente 181/002724.)
- LA SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN, S.A.
(Número de expediente 181/002725.)
- CERSA. (Número de expediente 181/002726.)
- COFIDES. (Número de expediente 181/002727.)
- WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (Número de expediente 181/002728.)
- VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. (Número de expediente 181/002729.)
- TIFSA. (Número de expediente 181/002730.)
- SEGITTUR. (Número de expediente 181/002732.)
- SEACEX. (Número de expediente 181/002733.)
- SEPI (CONSOLIDADO). (Número de expediente 181/002734.)
- SEPI. (Número de expediente 181/002735.)
- SEITTSA. (Número de expediente 181/002736.)
- SEGIPSA. (Número de expediente 181/002737.)
- LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES, S.A. (Número de expediente 181/002738.)
- SASEMAR. (Número de expediente 181/002739.)
- SIEPSA. (Número de expediente 181/002740.)
- SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERÍAS DEL ESTADO, S.A. (Número de expediente 181/002741.)
- EPE SUELO (CONSOLIDADO). (Número de expediente 181/002742.)
- EPE SUELO. (Número de expediente 181/002743.)
- SEIASA DEL SUR Y ESTE, S.A. (Número de expediente 181/002744.)
- SEIASA DEL NORTE, S.A. (Número de expediente 181/002745.)
- SEIASA DEL NORDESTE, S.A. (Número de expediente 181/002746.)
- SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A. (Número de expediente 181/002747.)
- RENFE-OPERADORA. (Número de expediente 181/002748.)
- REMASA. (Número de expediente 181/002749.)
- REDALSA, S.A. (Número de expediente 181/002750.)
- PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO). (Número de expediente 181/002751.)
- PUERTO SECO DE MADRID, S.A. (Número de expediente 181/002752.)
- PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. (Número de expediente 181/002753.)
- PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. (Número de expediente 181/002754.)
- LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO. (Número de expediente 181/002755.)
- LA ALMORAIMA, S.A. (Número de expediente 181/002756.)
- IDAE. (Número de expediente 181/002757.)
- INTECO. (Número de expediente 181/002758.)
- INSA. (Número de expediente 181/002759.)
- INECO. (Número de expediente 181/002760.)
- ISDEFE. (Número de expediente 181/002761.)
- HIDROGUADIANA, S.A. (Número de expediente 181/002762.)
- GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. (Número de expediente 181/002763.)
- FEVE. (Número de expediente 181/002764.)
- RED.ES. (Número de expediente 181/002765.)
- EMFESA. (Número de expediente 181/002766.)
- HUNOSA. (Número de expediente 181/002767.)
- CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (CONSOLIDADO). (Número de expediente 181/002768.)
- CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (Número de expediente 181/002769.)
- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. (Número de expediente 181/002770.)
- MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 181/002771.)
- MINISTERIO DE DEFENSA. (Número de expediente 181/002772.)
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente 181/002773.)
- MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 181/002774.)
- MINISTERIO DE FOMENTO. (Número de expediente 181/002775.)
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 181/002776.)
- MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. (Número de expediente 181/002777.)
- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. (Número de expediente 181/002778.)
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. (Número de expediente 181/002779.)
- MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. (Número de expediente 181/002780.)
- MINISTERIO DE CULTURA. (Número de expediente 181/002781.)
- MINISTERIO DE VIVIENDA. (Número de expediente 181/002782.)
- MINISTERIO DE IGUALDAD. (Número de expediente 181/002783.)
- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. (Número de expediente 181/002784.)
- MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. (Número de expediente 181/002785.)
- APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (Número de expediente 181/002786.)
- CANASA. (Número de expediente 181/002787.)
- CILSA. (Número de expediente 181/002788.)
- CDTI. (Número de expediente 181/002789.)
- AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. (Número de expediente 181/002790.)
- AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. (Número de expediente 181/002791.)
- AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A. (Número de expediente 181/002792.)
- AGUAS DEL DUERO, S.A. (Número de expediente 181/002793.)
- AGUAS DEL JÚCAR, S.A. (Número de expediente 181/002794.)
- CONSORCIO ALETAS. (Número de expediente 181/002795.)
- CONSORCIO ZONA FRANCA CÁDIZ. (Número de expediente 181/002796.)
- CONSORCIO ZONA FRANCA VIGO. (Número de expediente 181/002797.)
- LA ZONA ESPECIAL CANARIA. (Número de expediente 181/002798.)
- LA CMT. (Número de expediente 181/002799.)
- LA CNE. (Número de expediente 181/002800.)
- LA CNMV. (Número de expediente 181/002801.)
- LA COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL. (Número de expediente 181/002802.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la segunda parte, que son las preguntas presentadas por doña Celinda Sánchez García, que van desde el número 10 del orden del día hasta la número 97. Son 88 preguntas y todas tienen el epígrafe común:
número de liberados sindicales a tiempo total y parcial de Acuamed, Aquavir, Acesa, AENA, Adisa..., así hasta un total de 88, incluyendo empresas y ministerios. Hemos quedado en que sean tres turnos.
Tiene la palabra la señora Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señora Rumí, le doy también la bienvenida a esta Comisión. Yo, como mujer, me congratulo con todas las de mi especie (Rumores.) cuando están en cargos de responsabilidad. Además, se lo digo con sinceridad, usted
ha sido diputada y no considero que esté usted ahí como cuota, porque yo no creo en las cuotas, sino por méritos propios.
Por eso, espero que a partir de ahora su trabajo mejore y nos facilite el trabajo a los diputados. También lamento -y se lo
digo sinceramente- que su presencia hoy aquí sea merced a la desidia y a la falta de compromiso del Gobierno con la tarea parlamentaria y, en este caso, con la de esta diputada. Le voy a explicar por qué.
Sus señorías quizá desconozcan que no he presentado esta batería de preguntas a esta Comisión solo para que me las contesten en esta Comisión. Vienen aquí porque, para que se hagan ustedes idea cronológicamente hablando, en septiembre del
año 2009 hice una batería de preguntas por escrito -concretamente 106- al Gobierno. Ahí iban las preguntas por 89 empresas y por los 17 ministerios. Esperaba la contestación, como es lógico y normal y está establecido y estipulado por el
Reglamento de esta Cámara en su artículo 190. Podíamos esperar que pasaran veinte días, o cuarenta, bien, pero es que transcurría el tiempo y no se contestaba a ninguna de las preguntas. ¿Qué hice? Pedir amparo al señor presidente del Parlamento.
Después de pedir ese amparo me contestaron a una serie de preguntas, no inmediatamente, porque el amparo lo pedí a finales del año pasado, sino en junio de este año, es decir, nueve meses después de hacer las preguntas. No sé si esto es por
omisión, si es por una burla a la tarea parlamentaria o porque no tienen ni idea de esos datos -y quiero pensar que no es así- porque, sinceramente, en los muchos años que llevo en este Parlamento jamás se había dado una situación semejante. Es
decir, les pregunto por el número de liberados sindicales a tiempo total y parcial distribuido entre las diferentes centrales sindicales y me responden que el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores dispone... Ya lo sabíamos. Y que el
artículo 41 de la Ley del Estatuto básico del empleado público dice... Y, por último -esto ya es para nota-, me dice que hay que tener en cuenta el artículo 10.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esto se me contesta; es inaudito.
Voy a
hacer referencia a algo curioso y es que ese artículo 10.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dice que, bien por acuerdo o bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el número de delegados establecido en la escala a la que hace
referencia este apartado que, atendiendo a la plantilla de la empresa, en su caso, o a los centros de trabajo, corresponde a cada uno de estos. Todos sabemos que los elegidos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical no son electos sino elegidos por
los propios sindicatos. Los elegidos por el Estatuto de los Trabajadores son electos, como lo somos los parlamentarios que estamos aquí. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas; me voy directamente y hago los cálculos. No se trata de
eso. Ya conocemos eso los que estamos aquí. De lo que se trata es de que ustedes me den el número exacto de esos trabajadores liberados a tiempo total y parcial.
Solo -tengo que decirlo- me contestó un ministerio -menos mal, porque hubiera sido
para
nota-, que fue el Ministerio de la Presidencia -más adelante le diré lo que nos dio-. Si un ministerio me puede contestar y me da esos datos y hay una cierta contestación también de varias empresas a las que yo he hecho esta pregunta, no
entiendo que se niegue unos números de estos trabajadores en las diferentes centrales sindicales. Vaya por delante que mi grupo y la que está hablando creen que la representación sindical juega un papel importante y esencial en un sistema
democrático como el nuestro, pero ello no es óbice para que los datos, que tienen que ser públicos, los conozcan la opinión pública y el Parlamento, exactamente igual que el número de concejales, alcaldes, altos cargos o parlamentarios. No entiendo
por qué se hurtan a la tarea de control de este Parlamento. Por ello, y porque he quedado así con el presidente de esta Comisión, voy a desglosar -usted entenderá por qué, señora secretaria de Estado- ciertas empresas. Al resto me puede usted
contestar después. Las empresas que he querido entresacar para que usted me dé los datos en esta primera batería son Sepes, AENA, Correos, ADIF, Renfe y Hunosa. Es necesario que los sepamos exactamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Las puede repetir, por favor, para que las vaya buscando la señora secretaria de Estado?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Sí. Sepes, AENA, Correos, ADIF, Renfe y Hunosa.
El señor PRESIDENTE: La señora secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Disculpe, señoría, pero yo tenía el orden tal cual usted había formulado la pregunta. También era otra manera de hacerlo, por orden. Lo que sí le puedo decir es que
esto ha llevado un tiempo de trabajo pero yo le traigo la respuesta a todas sus preguntas, a todas. (La señora Sánchez García: Eso espero.) A todas las preguntas sobre liberados le traigo las respuestas. Bien es cierto que el cálculo -y esto
también quiero que lo sepa, señoría- no es centralizado sino que lo tienen los ministerios. No sé si me estoy explicando bien. No es responsabilidad de esta secretaría de Estado, pero yo he querido hacerlo así porque no íbamos a derivar la
respuesta y no nos ha importado. Es más, ya nos hemos hecho con un estadillo y ya tenemos un control sobre estas situaciones que no responde a los liberados institucionales que, como usted bien ha dicho, responden a una ley o los cómputos de
crédito horarios que se producen a través del estatuto o a través de los distintos procedimientos que existen, ya sean comités de empresa o juntas de personal. Pero sí quiero decirle que el cálculo no es centralizado sino que es ministerio a
ministerio. También le quiero decir -y yo creo, por lo que ha intervenido, que su señoría lo sabe- que el cómputo figura en la Administración por horas y por tanto hemos tenido que hacer una operación de sistematización del número de créditos
horarios para convertirlos en liberados totales. Los apuntes que nos han dado ha hecho posible tener esta relación. Puede ser que en alguno -también se lo digo, señoría- pudiera haber una pequeña modificación, uno más o uno menos, porque a veces
se producen estas modificaciones a través de las peticiones de las propias organizaciones sindicales, pero en cualquier caso muy reducidas.
La primera cifra que le doy, señoría, es la de liberados totales y la segunda, la de liberados parciales. AENA, 75, 740; ADIF, 119, 824; Renfe, 120, 662; Hunosa, 41, 150 y Correos, 216, cero. Totales y parciales.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, ¿lo encadena con el siguiente turno?
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Si quiere que siga, se lo digo todo.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Si me lo permite...
El señor PRESIDENTE: Sí, pero lo encadena después.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, y dejo los ministerios para el último momento.
Aquí hay un tema que se me escapa. De verdad, lo que usted acaba de decir es lo que yo me imaginaba, que no había datos. Como no hay datos, no se me puede contestar.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): ¿Cómo que no hay datos?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Verá por qué. Me voy a ceñir exclusivamente a Renfe y a Adif. Los datos que usted acaba de dar concuerdan un poco con los nuestros, porque cada uno tenemos nuestras fuentes de información.
Pero supongo que usted
es conocedora de que a partir de 2005 la empresa Renfe y el resto de los sindicatos acordaron un convenio que consta de quince cláusulas y una de ellas, la cláusula séptima de derechos sindicales, no se hace pública. Pues bien, hay tres tipos de
derechos sindicales: a) con carácter general, b) derecho a los sindicatos del comité general y c) derechos a los sindicatos más representativos. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo sabe mejor que yo, que incluso con este convenio tienen bastante más
delegados de los que realmente tenían previsto con las otras dos leyes. He dicho y he vuelto a repetir que una cosa es lo que marcan las leyes a las que nos estamos refiriendo y otra la ampliación de liberados que paulatinamente se han ido haciendo
Renfe, ADIF y Correos, merced a los convenios que han sido firmados, que unas veces han sido públicos y otras
no, pero que obviamente también se cargan al erario público; es decir, que tendrían que ser conocedores los diferentes ministerios de estos acuerdos porque se están plasmando en más liberados sindicales. Perdóneme, señora secretaria de
Estado, sé que habrá tenido mucho trabajo para buscar todo esto, pero es lógico y normal, porque si ustedes mismos no pueden controlar esto, ya me contará lo que puede suponer para cualquier miembro de este Parlamento que a través de cualquier
sindicato quiera obtener datos. Es imposible, es más fácil escalar cualquier cumbre que hacerse con estos datos. Usted me ha dado una cifra, que es la de Correos y entiendo que son 256 totales, no hay ningún parcial.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Son 216.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Correos? ¿En toda España? (Asentimiento.) Bien, voy a ponerle solo un ejemplo y ese ejemplo está en todos los medios de comunicación e incluso este sindicato ha ganado una batalla a Correos y le han tenido que
indemnizar con 4 millones y pico para repartir entre los ciento y pico trabajadores que fueron despedidos sin mucha razón.
Solamente voy a poner este ejemplo, la provincia de Barcelona, que tiene 7.500 trabajadores. Pues ahí hay 54 delegados, más
13 por cada centro de los 3 que existen. 39. 54 y 39 son ya noventa y tantos, solo en Barcelona. ¿Cómo es posible que el dato que me da sea para toda España? (La señora secretaria de Estado para la Función Pública, Rumí Ibáñez, pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí, claro, son delegados a tiempo parcial y pueden ser a tiempo total. Si digo esto, en lo que me reafirmo, es porque en el último convenio de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. hay una disposición
transitoria donde se declaran expresamente vigentes los acuerdos sobre el marco de relaciones laborales de fecha 22 de marzo de 2000. En ese acuerdo se daba a las centrales sindicales otros 110 liberados. Esto quizás usted lo desconozca, cosa que
me parece un poco extraño. En cualquier caso, estamos viendo que sus datos no concuerdan con lo que realmente está por escrito y está pasado por alguna que otra persona que tiene conocimiento de estos temas. Si a eso le unimos que en Correos son
64.000 trabajadores o son 57.000 -no lo sé- y que en Renfe son 31.000, haciendo el cómputo y esa cuenta -señora secretaria de Estado, usted acaba de decir que no lo ha podido tener porque es complejo, porque tiene que ponerse de acuerdo con todos
los ministerios- aquí se han dado datos que no se ajustan a la realidad. Por eso he querido hacer la pregunta de estas empresas, porque son las que más trabajadores tienen y porque quizá ahí sí que tenemos un poco lo que es y a lo que yo me he
referido.
Supongo -no quiero pensar mal- que es que no tienen cotejados los datos.
Porque si pienso que los tienen y quieren ocultarlos, sería ya para nota.
Quiero pensar bien y quiero pensar que es una descoordinación entre los diferentes
ministerios a la hora de dar datos porque a lo mejor los propios consejos, las propias empresas, no son conscientes de que esos sean los últimos datos que ellos mismos han pactado con las centrales sindicales. Por ello, como usted desconoce estos
temas, me gustaría que, si es posible, me remitiera los datos que faltan, que no son estos, cuando los tuviese, porque aquí faltan datos. Eso en cuanto a las grandes empresas, y fíjese, no quiero meter el dedo en la llaga, pero Renfe y ADIF, una
vez que fueron desglosados en dos empresas diferentes, multiplicaron los liberados a tiempo total y parcial; o sea que se hizo un pan como unas tortas. En cualquier caso, vuelvo a repetir que mi tarea y mi trabajo... (El señor De la Rocha Rubí
pronuncia palabras que no se perciben.) No, yo solamente hago una tarea y es la de parlamentaria en la oposición. Cuando uno está en la oposición tiene dos formas de conocer los datos que uno necesita para hacer su trabajo de control al Gobierno;
puede ser a través de iniciativas o a través de preguntas. Para eso nos pagan y para eso nos han elegido, y cada uno hace su trabajo de la manera que mejor o peor puede o sabe, pero el control del Parlamento al Gobierno tiene que ser así y esto es
lo único que pido y lo único que exijo. Es más, señora secretaria de Estado, usted sabe de esto bastante más que yo porque está usted ahí; yo solamente soy concejala y he sido alcaldesa de un pueblo pequeño, por lo que no puedo conocer de la
Función pública lo que pueda conocer usted. En cualquier caso, si no hay ningún problema y si todos estos datos se ajustan a norma, que se digan, no pasa nada.
Luego discutiremos si son muchos o pocos, pero de momento vamos a dar las cifras y
luego vendrá la otra pelea: son muchos, son pocos, se ajustan a norma o están por encima de la norma. Por tanto, le pido encarecidamente que me envíe los datos de estas empresas, una vez segregadas, porque me gustaría tenerlos.
Uno esta cuestión a las siguientes preguntas de las empresas públicas según el enunciado formulado porque algunas merecen la pena, como la de Loterías, Paradores, SEPI consolidado o FEVE, y que son datos que yo desconozco. Fíjese, incluso
le digo de antemano que sé que alguna de las demás no tendrá ningún liberado. En cualquier caso, señora Rumí, le hago la siguiente reflexión: si me contestaron a cuatro de esta tanda de preguntas en el mes de octubre del año pasado y me dicen que
la plantilla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene exactamente 46 trabajadores a tiempo parcial y 2 a tiempo total, no entiendo qué misterio hay para que haya transcurrido un año para que me den la contestación. Habrá muchísimas empresas
-ya voy yo por delante- sin ningún liberado sindical. Por eso me gustaría que usted despejara las dudas que tengo porque no sé si es por desconocimiento o por querer ocultar unos datos que no van a ningún sitio, sino que están marcados y
contemplados por la ley. Por tanto, no entiendo por qué tanto ocultismo y secretismo con unas preguntas que no van en contra de nadie, sino que quieren aclarar el número total y en un momento determinado los acuerdos
que no figuran solo dentro de las leyes sino dentro de los diferentes convenios con las diferentes empresas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rumí.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Señoría, estoy aquí y estoy respondiéndole a las preguntas. Sobre todo quiero dejar muy claro que por lo que se refiere a las empresas públicas lo que ha hecho esta
Secretaría de Estado y la secretaria de Estado es ponerse en contacto con los ministerios de los que dependen las empresas públicas para pedirles que nos faciliten los datos. Por tanto, los datos que le he facilitado son los que me han remitido, en
el caso de Correos y en el caso de todas las que tengo aquí. Desde luego si quiere alguna indagación más me ofrezco para buscarla, porque no hay ningún tipo de ocultismo con respecto a los datos, porque como usted bien ha dicho y yo conozco bien es
un derecho constitucional para realizar la acción sindical; lo conozco bien porque también he sido una persona que he ejercido la acción sindical, por tanto no hay ningún problema. ¿Qué se amplían los acuerdos? Como los ha ampliado el
Ayuntamiento de Madrid con no sé cuántos más liberados. Lo que ocurre es que no siempre se comunican, pero siempre por supuesto dentro de la legalidad, tanto Renfe como el señor Gallardón o quien sea. Pero también tengo que decir que si cualquiera
de los datos que usted pide tuvieran que ver -como ha pasado antes- con una comunidad autónoma, con un ayuntamiento o con un acuerdo complejo, a lo mejor la empresa no está obligada a transmitirlo desde el ministerio correspondiente. Quiero decir,
señoría, que aquí hay siempre situaciones complejas. Pero por mi parte como le he dicho creo que he hecho mi trabajo, he pedido la remisión. De todas formas en el tema de los ministerios sí hay un fichero en la secretaría de Estado de los
acuerdos, que por cierto se mantienen inalterados, no han sufrido en su cupo ningún tipo de modificación más allá de que se cumplan todos, y hay un cupo de liberaciones fijadas desde su origen por los acuerdos establecidos en el estatuto básico y en
las leyes de libertad sindical que usted conoce bien.
Por otra parte, también es verdad que usted utiliza al mismo tiempo dos figuras que no son iguales. Una cosa es el liberado total o parcial, y otra cosa es el delegado sindical. Son figuras diferentes que no podemos mezclar porque entonces
las cuentas tampoco nos salen. No nos van a salir nunca porque van a salir muchos más delegados, que pueden incluso ser delegados sin tener ningún disfrute de ninguna hora, ningún crédito horario -que puede ser, lo he vivido- pero no ha renunciado
a su condición de delegado ni de representante, pero no está disfrutando de créditos horarios. Seguramente el número de delegados es mucho mayor que el de liberados totales o parciales, pero no vamos a entrar en esto porque entonces no
contestaríamos a las preguntas.
Voy a seguir el mismo método: primera cifra es liberado total y segunda liberado parcial. Acuamed 0/0, Aquavir 0/0, Acesa 0/0, Adisa 0/1. No le doy los datos de las que ya he contestado como es Aena. Comfersa 0/0, Clasa 0/0, SGECR Axis
0/0, Sociedad Estatal Museo Nacional del Prado 2/0, Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores 0/0, Sociedad Estatal para Desarrollo del Diseño e Innovación 0/0, Cersa 0/0, Cofides 0/0, World Trade Center Barcelona, Sociedad Anónima 0/0,
Valencia Plataforma Intermodal y Logística 0/0, Tifsa 0/10, Segittur 0/0, Seacex 0/0, Sepi 74/151, Seittsa 0/0, Segipsa 0/0, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 0/0, Sasemar 4/0, Siepsa 0/0, Sistemas Técnicos de Loterías del Estado 0/0,
Epe Suelo 0/0, Seiasa del Sur y Este 0/0, Seiasa del Norte 0/0, Seiasa del Nordeste 0/0, Seiasa de la Meseta Sur 0/0, RENFE-Operadora ya se lo he dicho 120/662. Remasa, actualmente Remolmar, 4/0; Redalsa, 0/0; Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, 48/0; Puerto Seco de Madrid, 0/0; Portel Servicios Telemáticos, 0/0; Paradores de Turismo, 50/4; Loterías y Apuestas del Estado, 0/0; La Almoraima, 0/0; IDAE, 0/0; Inteco, 0/0; INSA, 0/34; Ineco, 0/16; Isdefe, 0/21;
Hidroguadiana, 0/0; Gerencia del Sector de la Construcción Naval, 0/0; FEVE, 12/0; RED.ES, 0/0, Emfesa, 0/0; Hunosa, ya se lo he dicho; Correos, también; Aparcamientos Subterráneos de Vigo, 0/0; Canasa, 0/0; Cilsa, 0/0; CDTI, 0/13; Aguas
de la Cuenca del Norte, 0/0; Aguas de la Cuenca del Segura, 0/0; y continuaría porque todas las demás son 0/0: Cuenca del Tajo, Aguas del Duero, Aguas del Júcar, Consorcio Aletas, Consorcio Zona Franca Cádiz, Consorcio Zona Franca Vigo, Zona
Especial Canaria; CMT, CNE, CNMV y Comisión Nacional del Sector Postal.
¿Sigo con los ministerios?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Ya le advertí que por el tipo de empresas y en función del número de trabajadores los liberados serían 0/0, pero lo que me interesaba era destacar las grandes.
El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿ministerios?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Sí. Ahora empezamos con los ministerios. Pero me gustaría decirle que la obsesión que tienen ustedes con la Comunidad de Madrid es tremenda, siempre sale la Comunidad de Madrid. Y puesto que se habla de
comunidad, tengo que recordarle que en esta legislatura solo se ha convocado una conferencia sectorial, que fue el 16 de noviembre de 2009, donde se convocó a todas las comunidades para hablar de estos temas. Yo le agradecería -y sé que lo va a
hacer usted ahora- que dé un impulso y solucione lo de las comunidades; además de hablar de ellas, vamos a apoyarlas en este tema.
Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho; en cuanto a los delegados es incorrecto llamarles liberados. La palabra es delegados, unos cogen horas y otros no, pero el acervo popular les ha dejado como liberados y punto;
estamos hablando de liberados sindicales y hasta ahí estamos de acuerdo.
Ahora vamos a empezar con el tema de los diferentes ministerios y lo que es la Administración General del Estado. Como esta pregunta se hizo en el año 2009 he cogido los documentos de personal de los presupuestos generales y veo que en el
ejercicio en el que estamos, en relación con el año pasado -en que me tenían que haber contestado ustedes-, se ha incrementado el número de funcionarios. Por ejemplo, han pasado de 496.471 a 505.252, lo que implica unos 8.781 funcionarios más,
según documentos oficiales. Quizá son erróneos, pero estos son documentos oficiales, ojo, en relación con los del año 2009. Le facilito este dato no vaya a ser que haya menos liberados, si hay menos funcionarios o laborales eventuales. Pero veo
que en los laborales eventuales han subido seiscientos y en los funcionarios más de ocho mil. He preguntado -y me gustaría que me contestara- por los diferentes ministerios, de los que hay que exceptuar al Ministerio de Presidencia, porque vuelvo a
repetir que es el único ministerio que me contestó, y además me lo dio segregado por los diferentes sindicatos. Es decir, me informa de que el número de empleados públicos destinados en el Ministerio de Presidencia tiene concedido un permiso
sindical tras la reestructuración de los departamentos ministeriales llevada a cabo por el Real Decreto 542/2009, y que dichos permisos han sido concedidos a tiempo completo. Me lo da por sindicatos, que me parece que es lo correcto, y me dice que
son veinticuatro; y me contesta eso al mes y pico de haber hecho la pregunta.
Eso es lo correcto y es lo que tendrían que haber hecho todos los ministerios, señoría. Mi pregunta es: ¿sólo el Ministerio de Presidencia conoce los que tiene, y
desglosados por centrales sindicales? ¿El resto no? Yo sinceramente tengo que pensar mal, y por eso digo que Presidencia fue el único que contestó en tiempo y forma.
Señoría, también pregunto por los diferentes ministerios y el número que esos ministerios tienen también en las diferentes delegaciones de cada provincia; obviamente me estoy refiriendo a Defensa, Interior, Economía y Hacienda, Justicia, en
fin a todas esas delegaciones que tienen en las diferentes provincias. Usted sabe -eso sí que lo sabe- que aquí en la Administración están los liberados institucionales; supongo que esa cifra también me la dará porque sabe que los liberados
institucionales son los que están en las mesas departamentales y subdepartamentales, y son elegidos libremente. Ese es un número, ya no entro en lo de Civea, que son los que están en esas mesas y son los laborales, sino en el resto, y ya sé que en
la AGE no se pueden acumular horas y que los delegados electos incluyen a los que incluyen, porque hay muchos sindicatos que aquí están fuera, pero me gustaría si es posible que usted me dijera en esa respuesta cuántos son esos liberados
institucionales, porque esa es la pregunta del millón. Además, por si no lo saben, esos liberados institucionales son graciables pero también son consolidables, es decir que se unen al número de liberados que ya están a perpetuidad. No, perdón, no
a perpetuidad, sino hasta que el sindicato -que es muy difícil- y la propia empresa los cambien. Pero hay aquí una gran pregunta que me gustaría que usted me respondiera: ¿cuántos son los liberados institucionales en su departamento? Este dato no
se conoce por provincias, solo se sabe a nivel nacional, y eso se lo digo yo porque lo sé, e igual que se sabe que los de Civea pueden tener un número, en el resto es imposible entrar a valorar cuántos son. Simplemente desearía que usted me dijera
exactamente el número, y si no lo supiera o por si no le han dado en estos ministerios o en su propio departamento cuántos son los liberados institucionales, le ruego que me lo envíe por escrito en cuanto conozca esos datos.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Señoría, podríamos tener aquí largas horas de debate sobre la representación sindical, sus derechos y cómo se organiza y se desarrolla, pero en fin... Ha dado usted unas
cifras que yo no comparto, y no las comparto además porque yo las tengo procedentes del registro que está a disposición de todos usted, el boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, es decir el registro de
personal al servicio de las administraciones públicas que está a su disposición en la página web, donde se dice claramente que el número de efectivos en la Administración General del Estado es de 591.559 personas.
O sea que no coincide. (La señora
Sánchez García: Sí, sí.) Ah, pues si coincide es que me ha dado usted una cifra que no coincidía, y si ha seguido usted la intervención que he tenido antes con el señor Barrachina, habrá oído que le he dicho que precisamente el personal temporal ha
disminuido en diez mil personas. Pero, bueno, tienen ustedes una fijación con el tema sindical, con los liberados sindicales (La señora Sánchez García: No, no.), si hay más, si hay menos, si hay más personal o si hay menos, si hay que reducir
liberados... Los liberados se rigen por los acuerdos o por las leyes establecidas, y ya le he dicho antes que mantienen el mismo cupo de liberaciones fijado desde su origen, es decir que no se ha tocado excepto para las incorporaciones de otros
sindicatos, en función de los resultados electorales. ¡Y claro que cambian! No digo las personas, pues cada organización sindical decidirá quiénes son, pero sí cambia el número en función de la representatividad que se adquiere en función de unos
resultados electorales en unas elecciones sindicales. La única duda que tengo, señor presidente, es si su señoría quiere que responda a las preguntas tal y como están o que solo le dé el número de los liberados institucionales.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Tal y como está por ministerios, con las diferentes delegaciones provinciales.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Pues yo le respondo a las preguntas tal y como vienen aquí. El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene liberados; el Ministerio de Justicia, 10; el Ministerio de
Defensa, 123; el Ministerio de Economía y Hacienda, 50; el Ministerio del Interior, 129; el Ministerio de Fomento, 46; Educación, 12; Trabajo e Inmigración, 132; el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 14; el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 28; el Ministerio de Política Territorial no tiene; el Ministerio de Cultura, 13; el Ministerio de Vivienda -como me lo pedía se lo doy-, 1; el Ministerio de Igualdad, 3; el Ministerio de Sanidad y Política
Social, 71 y el Ministerio de Ciencia e Innovación, 8.
Para terminar mi intervención diré que, tal y como en su momento se dio a conocer, el total de los empleados públicos a los que hemos hecho referencia, aproximadamente 600.000, tienen un tanto por ciento de liberados del 0,14 y las empresas
públicas alrededor del uno por ciento de sus trabajadores, en términos globales.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa que añadir, señora Sánchez?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Sí. Como lo ha dicho tan rápidamente, me gustaría que me diera la cifra global de todos los ministerios, si pudiera ser. Pero vuelvo a repetir, señora secretaria de Estado -o yo me expreso mal o usted no lo ha
entendido-, que según los Presupuestos Generales del Estado, en el documento de personal del ejercicio presupuestario para 2009, el número de funcionarios en los subgrupos A-1, A-2, C-1, C-2 y agrupaciones profesionales y certificados de escolaridad
para el año 2009 asciende a 496.471, y que en el documento de este año son 505.252. El cómputo global -estamos hablando de lo mismo- es de 591.336, y le digo que se ha producido una modificación al alza de 8.781 en las primeras cifras de 2009
respecto a estas; no es que yo diga que la cifra que usted ha dado no es la que está en el documento oficial, estamos en lo mismo, solo que se ha incrementado de un año para otro en ese número.
Luego, si es usted tan amable de darme el cómputo de todos los ministerios, mi pregunta vuelve a ser la misma: ¿están también en esos números los liberados institucionales? Solamente dígame si están también en esas cifras los liberados
institucionales o esa cifra usted no la maneja, y no puede dármela en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): La cifra total es de 815, el 0,14 por ciento del total de empleados públicos, uno más o uno menos, también se lo he aclarado antes porque a veces se dan de baja un mes,
otros de alta, en función de las variaciones propuestas por las propias organizaciones sindicales. Por tanto el 0,14 por ciento son 815, de los cuales 456 son institucionales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado; le agradecemos su comparecencia y le deseamos un futuro lleno de prosperidad. Muchas gracias a todas las señoras y señores diputados.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.