CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 635

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN LUIS RASCÓN ORTEGA, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 35

celebrada el jueves, 14 de octubre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias en relación con la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Por acuerdo de la Comisión de Interior. (Número de expediente 122/000239.)


- De la señora miembro de la comisión permanente de la Coordinadora Gesto por la Paz (Rodríguez Ranz). (Número de expediente 219/000657.) ...
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- De la señora directora de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco (Lasa Iturrioz). (Número de expediente 212/001348.) ... (Página 2)


- Del señor coordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Siovt (Manrique Ripoll). (Número de expediente 212/001349.) ...
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- Del señor secretario de la Fundación Maite Torrano (Echave de Pablos).
(Número de expediente 219/000661.) ... (Página 2)


- De la señora vocal de la junta directiva de la Asociación por la Tolerancia (Rodríguez Hidalgo). (Número de expediente 219/000662.) ...
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- Del señor director general de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior (Rodríguez Uribes). (Número de expediente 212/001350) ... (Página 2)


- Del señor secretario de la Fundación para la Libertad / Askatasun Bidea (De la Quintana Díez). (Número de expediente 219/000663.) ... (Página 19)


- Del señor presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza (Alcaraz Martos). (Número de expediente 219/000664.) ...
(Página 19)


- Del señor presidente de Convivencia Cívica Catalana (Caja López).
(Número de expediente 219/000665.) ... (Página 19)


- Del señor director del Observatorio internacional de víctimas del terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU (González Hermosilla). (Número de expediente 219/000666.)... (Página 19)


- Del señor presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol (Penas Montaña). (Número de expediente 219/000667.) ...
(Página 19)


- Del señor presidente del colectivo ARCO de Víctimas de Terrorismo del País Vasco (Marcos Aranda). (Número de expediente 219/000668.) ...
(Página 19)


- Del señor presidente de la Fundación de Victimología (García Mercader).
(Número de expediente 219/000669.) ... (Página 19)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR. (Número de expediente 122/000239.)


- DE LA SEÑORA MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ (RODRÍGUEZ RANZ). (Número de expediente 219/000657.)


- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL GOBIERNO VASCO (LASA ITURRIOZ). (Número de expediente 212/001348.)


- DEL SEÑOR COORDINADOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, SIOVT (MANRIQUE RIPOLL). (Número de expediente 212/001349.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN MAITE TORRANO (ECHAVE DE PABLOS).
(Número de expediente 219/000661.)


- DE LA SEÑORA VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA (RODRÍGUEZ HIDALGO). (Número de expediente 219/000662.)


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (RODRÍGUEZ URIBES). (Número de expediente 212/001350.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Se abre la sesión. El orden del día consiste en las últimas trece comparecencias relacionadas con la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del
terrorismo. Antes de nada quiero agradecer su presencia a los comparecientes que vienen en nombre de las distintas asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo porque seguro que van a ayudar a hacer el trabajo parlamentario como merece.
He de recordarles a todos que habrá una intervención inicial de cada uno de los comparecientes en torno a diez minutos, luego los grupos parlamentarios harán una intervención breve para preguntarles lo que estimen conveniente sobre el tema que nos
ocupa y finalmente tendrán ustedes la palabra para cerrar la intervención.



Comenzamos las intervenciones dándole la palabra en primer lugar a doña Inés Rodríguez Ranz, que es miembro de la comisión permanente de la Coordinadora Gesto por la Paz.



La señora MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ (Rodríguez Ranz): Agradecemos muy sinceramente la oportunidad que se nos brinda de presentar ante esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
algunas reflexiones y conclusiones que nuestra organización ha elaborado, fruto del trabajo y de la experiencia de casi veinticinco años luchando por la paz y por solventar, en la medida de nuestras posibilidades, las consecuencias del terrorismo.
En este sentido, las víctimas han ocupado desde hace muchos años un lugar muy relevante en nuestro trabajo. La Coordinadora Gesto por la Paz surgió como cauce de expresión de la ciudadanía ante la continua vulneración de los derechos humanos,
especialmente del derecho a la vida, que se estaba produciendo y se produce por la violencia específica generada en Euskal Herria. Desde los inicios, nuestras actuaciones y nuestros posicionamientos han sido siempre de carácter ético y humanitario.



Una de las preocupaciones más constantes y a la que hemos dedicado más esfuerzos ha sido la situación de las víctimas de la violencia. En este terreno los objetivos marcados han sido fundamentalmente tratar de hacer visibles para el resto
de la ciudadanía a las víctimas de la violencia y su problemática, esto es, tratar de crear un lazo de unión entre las víctimas y la sociedad que propiciara su reconocimiento, la solidaridad y la incorporación de su realidad a nuestra memoria. El
trabajo desarrollado ha sido muy diverso y toda esta labor de años con las víctimas ha constituido una peculiar visión del problema desde una organización social que no es una organización de víctimas y ha elaborado un mensaje propio que ha tenido
un importante reconocimiento entre las víctimas. Lo que vamos a exponer no es más que una contribución a la necesaria atención y reconocimiento de las víctimas, que tiene el valor de ser el producto de un trabajo realizado a lo largo de años en
contacto directo con numerosas víctimas de todo tipo y condición y fruto de la reflexión de muchos miembros de una organización fundamentalmente plural como es Gesto por la Paz.



Aun siendo conscientes de que esta proposición de ley debe atender a las víctimas de todo acto terrorista, dado que nuestro ámbito de trabajo se centra en la violencia específica que se genera en Euskal Herría, deseamos exponer cuál es
nuestra definición de víctimas de la violencia.
Al hablar de víctimas, Gesto por la Paz se refiere a aquellas personas que han sufrido las consecuencias directas de la violencia específica con pretendidas motivaciones políticas que se ha generado
en y desde Euskal Herría. En esta definición quedarían incluidas las víctimas del terrorismo de ETA, de los GAL y de grupos terroristas de similares características. Es decir, personas asesinadas o afectadas física o psíquicamente y sus familiares
y allegados, así como las víctimas de las amenazas, extorsiones o secuestros. También incluimos a las víctimas de la violencia callejera y a las víctimas de actuaciones probadamente desproporcionadas y que hayan supuesto una extralimitación en las
atribuciones legales de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo. Sabemos que esta ley sobre la que vamos a ofrecer nuestra opinión tiene como destinatarias a las víctimas del terrorismo en cuyo caso quedan excluidas las personas
afectadas por el último supuesto. Sin embargo, queremos manifestar nuestro deseo e interés para que se atienda de manera adecuada y en igual medida y proporción a aquellos ciudadanos víctimas del uso de manera ilegítima de la fuerza legal que
detenta el Estado. Consideramos que es un deber del Estado de derecho protegerlos de los abusos si se producen en su interior, garantizando la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos.



Algunas cuestiones previas. En agosto del año 1994 las organizaciones pacifistas Gesto por la Paz y Denon Artean-Paz y Reconciliación presentamos a la opinión pública un documento en el que defendíamos el derecho a la reinserción. En dicho
documento ocupaba una parte muy importante una reflexión sobre el papel de las víctimas del terrorismo y ya decíamos que tienen derecho a reclamar justicia y resarcimiento del daño causado. Entonces lanzábamos las siguientes sugerencias. Las
víctimas de la violencia y sus allegados tienen derecho a los medios necesarios para llevar una vida digna. Estos medios deben ser proporcionados por el Estado en forma de pensiones e indemnizaciones extraordinarias siguiendo el principio de que
entre todos debemos compensar en lo posible a los que sufren directamente el azote de un terrorismo que a través de ellos ha atentado contra toda la sociedad.
Además, creemos que debe apoyarse sin tibiezas el derecho no solo legal, sino también
moral de las víctimas a exigir el resarcimiento que por sentencia firme les corresponde en forma de responsabilidad civil.
Proponemos que el Estado apoye y ponga en práctica dichas disposiciones por razones de equidad y solidaridad social. Es
necesario instaurar y desarrollar por parte del Estado regímenes de indemnizaciones de las víctimas. Tuvieron que pasar algunos años para que estas sugerencias


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se hicieran realidad en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo del año 1999. Hoy se nos invita a expresar nuestra opinión sobre la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Desde el más profundo respeto hacia las víctimas y hacia las personas que han elaborado dicha proposición, ofrecemos nuestra aportación. En primer lugar, deseamos felicitar a las personas que han elaborado la proposición de ley por el interés y el
esfuerzo realizado para tratar de solventar las deficiencias de la ley anterior.
Queremos manifestar nuestro decidido apoyo a una cuestión que sabemos que realmente ha afectado al colectivo de víctimas, como es la diferencia de compensaciones ante
supuestos similares. No es cuestión de dinero, sino de reconocimiento de una pérdida humana y de tratar de evitar dolorosas diferencias.



Por otra parte, expresamos nuestro incondicional respaldo a las apuestas realizadas, la mayoría de las cuales son muy positivas, como adecuar las condiciones de trabajo de la persona a la que han convertido en víctima y facilitar la
formación laboral cuando como consecuencia del atentado tiene repercusiones en su actividad profesional; tratar de minimizar la lesividad durante el proceso penal; establecer mecanismos de información personalizada que permitan a las víctimas y a
sus familiares conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que puedan iniciar en defensa de sus derechos, e impulsar planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz
en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo. Entendemos que estos planes son especialmente importantes en Euskal Herría: cuidar el tratamiento de las imágenes de las víctimas en los medios de
comunicación; conceder ayudas extraordinarias para los casos en los que por determinadas circunstancias las compensaciones resultan suficientes o llegan con retraso, y especialmente, por lo relacionado que está con el trabajo que desarrolla Gesto
por la Paz, compartimos y apoyamos las medidas encaminadas al reconocimiento social de las víctimas y el impulso a la deslegitimación de la violencia en los espacios públicos. En este sentido deseamos apuntar que la deslegitimación del terrorismo
no se debería realizar exclusivamente porque se utilice para imponer ideas políticas, sino para cualquier tipo de ideas o creencias. Por lo tanto, nos parece muy positivo que se fomente la realización de actos de homenaje y reconocimiento público
de las víctimas y lo que su propia existencia significa para nuestra convivencia y los valores democráticos que defendemos. También consideramos de mucho interés todas las iniciativas que se señalan con el objeto de difundir el dolor vivido en
silencio, las experiencias acumuladas, el espíritu de supervivencia tanto de los heridos como de quienes han perdido a un ser querido, los valores que han transmitido, su fuerza vital y la anulación del odio en sus vidas; muchas cosas por conocer
y, sobre todo, por aprender para toda la sociedad.
Vemos con satisfacción que se ha incluido a los amenazados como parte del colectivo de víctimas. En Gesto por la Paz consideramos que la realidad de la violencia y la persecución constituye un
gravísimo ataque a las libertades y, por ello, requiere un tratamiento propio y específico.



Sin lugar a dudas, esta es una proposición de ley que mejora la ley anterior. Sin embargo, nos van a permitir que apuntemos algunas sugerencias que consideramos que pudieran mejorar y beneficiar tanto a las víctimas como al resto de la
sociedad. Aun siendo partidarios de equiparar las compensaciones económicas y del importante incremento de las cuantías compensatorias, no podemos olvidar que existen otros colectivos a los que el Estado debe atender y que existen muchas personas
afectadas por la crisis que se encuentran en situaciones realmente dramáticas. Por ello sugerimos la revisión de algunas medidas complementarias.



En relación con la prioridad en el acceso a la vivienda de protección pública, sugerimos que en lugar de cómo se dice textualmente -tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente
cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquella en la que vivían- se establezca que tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública en los casos en que las secuelas del acto terrorista
obliguen al cambio de aquella en la que vivían.



En lo referido a los derechos laborales, compartiendo todo lo recogido en los artículos 33, 34 y 35, en los que se ajustan las compensaciones a la situación física o psíquica de la víctima, no vemos razones que justifiquen la disposición
adicional cuarta, ya que es un beneficio que no está ligado a la situación real de la víctima.



Compartiendo totalmente el artículo 39, referido a la concesión de becas de estudio cuando como consecuencia del atentado la persona afectada necesitara de este tipo de ayudas, consideramos que se debería reformular el artículo 38, referido
a la exención de tasas académicas, puesto que si existieran problemas económicos ya están arbitradas unas partidas extraordinarias.



Creemos que además de hacer un seguimiento de los miembros de las asociaciones de víctimas con el fin de establecer cuál es la representatividad de cada una, es sumamente importante que se realice el esfuerzo necesario para apoyar y atender
adecuadamente a todas aquellas víctimas que no pertenecen a ninguno de estos colectivos.



En relación con el uso de imágenes, queremos manifestar que, siendo firmes defensores de hacer visibles a las víctimas desde el más absoluto respeto a su dignidad y a lo que supone para nuestra sociedad, confiamos en que no se produzca tal
sobreprotección de las imágenes que se vuelva a ocultar la realidad de las víctimas al resto de la sociedad.



Frente al discurso de condecoraciones y medallas, que en ocasiones ha sido conflictivo, en Gesto por la Paz, como movimiento social, somos partidarios del reconocimiento social a las víctimas del terrorismo, porque


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creemos que es y será el mejor bálsamo para quienes ya han perdido en esta absurda historia de dolor y sufrimiento y será la mejor medicina para una sincera deslegitimación de la violencia y la reconstrucción de una sociedad abatida por
cincuenta años de terrorismo. Proponemos unificar los días de homenaje y reconocimiento a las víctimas; resulta confuso que haya dos días: 27 de junio y 11 de marzo.



Para terminar, sugerimos una nueva redacción del párrafo que incluye esta idea: El uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente estas y convierte medios y fines en un todo incompatible con la libertad,
el pluralismo y la democracia. Decimos esto porque se presta a interpretar que determinadas ideas políticas o creencias religiosas pudieran quedar anuladas para nuestro sistema democrático.



Nuestro compromiso con el futuro. Aunque la sociedad no sea responsable del acto violento, sí tiene una responsabilidad solidaria. En Gesto por la Paz apostamos por una respuesta social pública a la violencia terrorista con el objetivo de
denunciarla y buscar el alivio de los efectos de la amenaza y la persecución, contrarrestándola con demostraciones de afecto, solidaridad y reivindicación de la libertad, impidiendo el aislamiento y, por tanto, la fractura social. En ello estamos
desde hace ya muchos años y este es nuestro compromiso con el futuro.



Por otra parte, queremos señalar que consideramos que el colectivo de las víctimas nunca debe ser utilizado al servicio de proyectos políticos concretos, respetando, por supuesto, las decisiones personales de aquellas víctimas que se
reconozcan en una opción política determinada.
Desde Gesto por la Paz realizamos una llamada muy especial para que se trabaje buscando el consenso, especialmente en aquellas cuestiones que son previas a la lucha partidista y que se mueven más en el
campo de la ética.



Para finalizar, queremos pedir a los representantes públicos la entereza y el valor suficientes para no obviar bajo ningún concepto que la voluntad de la ciudadanía solo se expresa en las urnas y que es una obligación de todos los gobiernos
defender el Estado de derecho, tanto contra las agresiones exteriores como contra cualquier mal uso interno.



Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado.



El señor VICEPRESIDENTE: Seguidamente tomará la palabra la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, doña María Isabel Lasa Iturrioz.



La señora DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL GOBIERNO VASCO (Lasa Iturrioz): Hace prácticamente siete años tuve el honor de comparecer en este mismo lugar como directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco; por cierto, en aquel entonces era el único cargo político en toda España con dedicación exclusiva a la materia que nos ocupa. En aquella ocasión tuve la oportunidad de trasladar a la subcomisión creada para el
estudio de la situación de las víctimas del terrorismo la acción pública que en esta materia desarrollaba el Gobierno vasco a través de mi dirección, así como los planes y proyectos previstos para el futuro inmediato. Es verdad que aquel momento
era más un tiempo de buenas intenciones y deseos que de realidades concretas, pero no es menos cierto que el transcurso de los años ha permitido constatar la realización y materialización no solo de aquellos planes, sino incluso de muchas otras
iniciativas que fueron surgiendo a medida que la sociedad vasca y la española avanzaban en su camino de reconocimiento social, moral y político a las víctimas del terrorismo.



Confrontar la realidad de hace siete años con la actual es un ejercicio satisfactorio y aleccionador, desde luego, para las instituciones vascas, pero sobre todo para el propio colectivo de victimas del terrorismo, y no solo para las que
tienen su residencia en Euskadi, sino para todas ellas, con independencia de cuál sea el lugar de España en el que residan. Basta para ello recordar el tercer acto institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, promovido
por el Gobierno vasco y celebrado el 29 de noviembre del año pasado en Vitoria-Gasteiz, que fue una continuación de los dos anteriores, desarrollados en Bilbao y San Sebastián en los años 2007 y 2008 respectivamente. Asimismo, conviene recordar que
en junio de 2008 se produjo otro hito trascendental en el proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo. El Parlamento vasco aprobó la Ley 4/2008, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, con el apoyo de
todos los grupos políticos presentes en la Cámara en el momento de la votación. Este camino de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pese a las singularidades presentes en Euskadi, no ha sido ajeno al recorrido por el conjunto de la
sociedad española, y en este sentido se puede calificar la iniciativa legislativa de la que trae causa esta comparecencia como una brillante culminación del citado proceso. Como bien afirma la propia exposición de motivos del texto legal, con la
presente ley la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o
que lo pudieran sufrir en el futuro en cualquiera de sus formas. Esta ley es, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida.



No aludiré a su contenido normativo porque ya ha sido comentado y valorado en las distintas comparecencias celebradas hasta la fecha por los propios interesados, pero sí destacaré tres aspectos de la iniciativa que merecen ser subrayados.
Por un lado, su condición de pionera y líder en el ámbito internacional en la respuesta integral a las necesidades de las víctimas del terrorismo


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y en la garantía de sus derechos -cuestión esta reconocida en todos los foros internacionales sobre la materia-, evitando la autocomplacencia que supondría creer que está todo hecho, sí debe ser motivo de satisfacción.
No son pocos los
países que se miran en nuestro espejo a la hora de abordar el trato a las víctimas, incluso en aquellos donde ha existido una situación de conflicto violento debidamente reconducido mediante procesos de paz. En segundo lugar, quiero destacar
también el amplio acuerdo político con el que se ha llevado a efecto la gestación y la tramitación de la proposición de ley. Sin duda, este consenso es reflejo inequívoco de una exigencia moral ineludible dada la naturaleza de la materia abordada.
Por ello, a las ya recibidas hasta la fecha, sumen ustedes mi más sincera felicitación por el sentido de la responsabilidad demostrado. Por último, quiero subrayar que este texto legal fija un nivel de prestaciones a favor de las víctimas muy
similar al existente en la comunidad autónoma vasca, de manera que se consigue una deseable homogeneidad en la respuesta de los poderes públicos, sean estos los que sean. Sin embargo, sería deseable una apuesta más decidida de esta ley a favor de
la limitación al máximo de las desigualdades y agravios comparativos entre las víctimas. Me refiero a la no suficientemente justificada decisión de algunas comunidades autónomas de establecer suplementos estrictamente indemnizatorios a la cantidad
percibida del Estado que acaban por dibujar un mapa de desigualdad en función del lugar de residencia de las víctimas, cuestión esta que pocas veces se pone de manifiesto públicamente. Parece razonable pensar que en la cuestión básica de las
indemnizaciones percibidas de las administraciones públicas rija el principio de igualdad entre las víctimas.



Antes he mencionado que la ley es la culminación de todo un proceso de reconocimiento y reparación. Podemos afirmar, sin duda, que en el momento presente las víctimas del terrorismo ocupan el espacio público al que son acreedoras como
titulares de una serie de derechos recogidos en la ley.
Memoria, dignidad, justicia y verdad son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente ley, buscando en última instancia la reparación integral de la
víctima. Así reza la exposición de motivos, que en otro momento afirma: Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Pero estas afirmaciones cobran un sentido especial en el contexto en
el que nos encontramos, caracterizado por la extrema debilidad de la banda terrorista ETA. Creo que no resulta exagerado señalar que estamos ante un final no muy lejano de ETA o, al menos, inmersos en el tramo final de su macabra y dramática
existencia. La intensa y exitosa acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ertzaintza incluida, la decidida colaboración internacional, con destacado papel para Francia, y la progresiva pérdida de apoyos y legitimación en el seno de
la propia sociedad vasca nos acercan de manera inexorable al final de la violencia terrorista de ETA. En este sentido, es preciso subrayar que, gracias a la visibilidad pública de las víctimas del terrorismo y al proceso de reconocimiento y
reparación llevado a cabo por el conjunto de la sociedad española, el final de ETA será el primero de una banda terrorista cuyas víctimas habrán de ser tenidas en cuenta.
Hasta ahora, en España con el final de ETA político-militar, o en otros
países que han sufrido la lacra del terrorismo, los finales se han producido sin contar para nada con las víctimas. Ahora bien, la cuestión trascendental es cómo han de ser tenidas en cuenta. El final de ETA es un asunto que concierne a las
víctimas, sin duda, pero por encima de todo supone una cuestión de responsabilidad pública que ha de procurar el interés general, y esta afirmación resulta de capital importancia por cuanto que las decisiones de política antiterrorista y las de
política penitenciaria corresponden a los poderes públicos en el ejercicio de esta responsabilidad, donde han de abordar la compleja tarea de conjugar los intereses particulares y privados en juego, dignos de máximo respeto y consideración, con el
indudablemente superior del interés general. En momentos delicados como el final de ETA no cabe sino remarcar la ineludible responsabilidad de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones de procurar el bien común. No caben dejaciones ni
desviaciones de responsabilidad, por mucho que el reconocimiento, el afecto, la comprensión y la solidaridad incuestionable con quienes han sufrido directamente la lacra del terrorismo nos planteen difíciles disyuntivas.
No hay paradoja ni
contradicción entre la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo y la adopción de las medidas que dentro del escrupuloso respeto de la ley y del Estado de derecho puedan adoptar los poderes públicos en cada momento en aras del bien
común. Son estos los únicos responsables del diseño y aplicación de la política antiterrorista. Es desde esta perspectiva desde la que no vemos razonable desnaturalizar el preámbulo de la ley con elementos no solo impropios de tal ubicación sino
injustificadamente limitativos de las facultades legítimas de quienes ostentan responsabilidades en materia antiterrorista. Es más, el terrorismo se enfrenta al Estado y las víctimas son justamente la consecuencia del ataque que sufre el sistema
democrático en su conjunto. Esa vinculación especial debiera ser más que suficiente para que las víctimas afirmen su confianza en las instituciones del Estado de derecho.



Pero traslademos ahora la reflexión sobre el papel de las víctimas en el momento del final de ETA a su formulación positiva. Desde mi punto de vista, las víctimas del terrorismo deben ser las fedatarias, los notarios de la deslegitimación
de la violencia en el proceso del final de ETA.
Este final jamás puede ser resultado de una negociación política que favorezca las ideas defendidas por los terroristas con la sangre de los demás. De esta manera, la memoria de las víctimas será la
garantía de que el final de la violencia se lleva a cabo desde su más radical deslegitimación, triunfando la idea de que jamás hubo justificación alguna para la muerte de sus familiares. El papel de las víctimas en el proceso de consecución


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de una paz entendida como el final de la violencia y del terror está, a mi juicio, vinculado con las condiciones de comodidad que deben concurrir para que los más afectados se sientan partícipes y no excluidos y, por ende, damnificados.
Esas condiciones a las que aludo se asientan sobre tres principios ya recogidos en la ley cuya tramitación se está llevando a cabo en esta Cámara: memoria, justicia y reconocimiento del daño causado. Así, las víctimas del terrorismo podrán
verificar las condiciones descritas. Si falta cualquiera de esos principios, el fantasma en la transacción o cesión política se hará muy presente a los ojos de las víctimas y no otorgarán su plácet a una paz que no sienten como suya.



No puedo finalizar esta intervención sin hacer una breve referencia a una problemática cuyo abordaje presenta alguna laguna importante. Cuando hablamos de víctimas del terrorismo tendemos a identificar, de manera automática, a este
colectivo con el de víctimas de ETA. Razones hay para ello, a tenor de la importancia cuantitativa y cualitativa, por su extensión en el tiempo y su perdurabilidad en el presente de su sangrienta actuación. Cierto es que tras el dramático atentado
del 11 de marzo de 2004, las víctimas del terrorismo islamista cobraron triste presencia. Sin embargo, hubo en este país otras violencias terroristas que si afortunadamente forman ya parte de la historia, sus consecuencias en forma de víctimas
siguen presentes aún entre nosotros. El Batallón Vasco Español, la Triple A y otros grupos de extrema derecha, así como el GAL, provocaron numerosas víctimas que también ostentan los mismos derechos que cualquier otra víctima del terrorismo,
derechos no solo de naturaleza reparadora sino de reconocimiento también por parte de la sociedad y de las instituciones. La memoria, la justicia y el reconocimiento del daño causado son también derechos de estas víctimas y mucha gente en el País
Vasco percibe que en este tema el Estado aún puede hacer algo más. Tal vez la aprobación de esta ley constituya un momento apropiado para saldar alguna deuda pendiente con ellas.



Muchas gracias por su atención.



El señor VICEPRESIDENTE: Seguidamente toma la palabra don Roberto Manrique Ripoll, coordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.



El señor COORDINADOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, SIOVT (Manrique Ripoll): Señorías, es un honor para mí disfrutar de una oportunidad como la
presente con el propósito de transmitirles diferentes propuestas que podrán servir para mejorar la atención a las víctimas del terrorismo en España. Quizá mi único mérito para estar hoy aquí sea haber dedicado los últimos veintidós años de mi vida
a la atención de un gran número de víctimas, tanto en Cataluña como en otros puntos del país. Estos veintidós años me han permitido estar presente en muchos momentos cruciales para las víctimas del terrorismo como lo fueron por ejemplo la
presentación y posterior aprobación de la vigente Ley de Solidaridad, conocida entre todos nosotros como Ley 32/1999; una ley que aun siendo la más completa de Europa, es susceptible de mejoras, recogiendo incluso aquellas propuestas en las que ya
tuve el honor de trabajar en 1999 y que por razones que nunca he llegado a comprender no fueron aceptadas entonces. Tiempo habrá en los próximos minutos para profundizar en ellas.



He estado veinte años en el mundo asociativo. Hoy tengo el honor de representar a la Generalitat de Catalunya y a su Departamento de Justicia. Es cierto además que numerosas víctimas del terrorismo, no solo residentes en Cataluña sino
también residentes en otros puntos de España, han hecho llegar sus propuestas al Servicio de Orientación e Información a Víctimas del Terrorismo, servicio que me honra coordinar. Desde el 24 de junio han sido muchas las horas, las gestiones y los
contactos realizados para difundir la información y así conocer la opinión del mayor número posible de víctimas, y aclaro, víctimas de diferentes bandas terroristas, no solo de ETA. Por ello, creo necesario decirles que la información que a
continuación les presentaré no es a mero título personal, sino compartida y consensuada por muchas otras víctimas.



Una vez revisada y estudiada la propuesta que sus señorías tan gentilmente nos hicieron llegar, debo felicitarles por lo que se comenta en uno de los párrafos de la exposición de motivos primera, al leer que esta ley es por tanto un signo de
reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida; o que la ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso
respuestas desiguales ante supuestos similares. Recordaremos estas frases más tarde.



Por el contrario, en la misma exposición de motivos primera observamos la utilización de vocablos, por ejemplo ciudadanía, que por su significación jurídica pueden acarrear explícitamente la limitación o exclusión de parte de hipotéticos
beneficiarios que esta ley pretende regular.
Podríamos identificarlos como aquellos que en la vigente Ley 32/1999, de Solidaridad, pueden encontrar cabida. El concepto de ciudadanía conlleva inexcusablemente una relación de pertenencia a un
determinado estatus nacional. Somos ciudadanos en cuanto se nos asocia a un determinado Estado o país, o lo que es lo mismo, según el actual redactado -página 3, párrafo uno-, solo se considerarán víctimas a los españoles, dentro o fuera del país,
y a los que hayan adquirido la nacionalidad por nacimiento o naturalización, que es -no lo olvidemos- una opción personal, dejando desprotegido a otro contingente de personas que o bien tienen la nacionalidad española en trámite o solo disponen de
permiso de residencia; o es mucho más, el


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actual redactado deja desamparados a todos aquellos extranjeros que por falta de una oferta formal de trabajo por parte de los empleadores vienen efectuando prestaciones opacas, sin ninguna oportunidad de regularizar su situación legal en
nuestro país y que no quedarían por supuesto incluidos en el vocablo ciudadanía.



¿Cómo se contempla y cuál es el espíritu final de esta ley? ¿Quiénes son los incluidos y cuántos son los excluidos? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad civil del Estado español en caso de que las víctimas sean meros turistas
accidentales u ocasionales, que sufren secuelas o daños materiales con ocasión o como consecuencia de un atentado terrorista en cualquier lugar de nuestra geografía? Como ejemplo, al que tuvimos que asistir urgentemente la psicóloga Sara Bosch y un
servidor en el aeropuerto de Reus el año 1996, con cinco españoles y más de cuarenta turistas británicos heridos. O aquellos que encontrándose en esa situación no aceptan la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza, pues no desean
renunciar a la suya de origen, mencionados en la página 6 y párrafo seis. Por ello, presentamos un texto alternativo al primer párrafo de la página 3: La ley se inspira igualmente en el principio de igualdad como valor universal estableciendo
criterios que garanticen un trato equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo contempla la regla general de protección en orden a la compensación al incluir el
reconocimiento subjetivo de la condición de víctima también a aquellos españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea, con independencia de que estos vayan dirigidos o no contra intereses españoles, sean realizados
por bandas que operan habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y seguridad en el exterior.



Si me lo permiten, y para mayor comodidad en el seguimiento de las propuestas, pasaré a presentarlas en orden de los artículos expuestos a partir del título I y las disposiciones generales. Para el artículo 3, bajo el epígrafe
destinatarios, desearíamos que fuera suprimido del texto el término 'formalmente' porque es demasiado riguroso y con dicha supresión se ampliaría el abanico de destinatarios de la ley. El artículo quedaría redactado así: Será aplicable igualmente
a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente, aun cuando sus responsables no estén integrados en bandas o grupos terroristas. De este modo, señorías, evitaríamos casos como los sufridos por ejemplo
por don José María Clúa, de 82 años, quien sufrió heridas muy graves en mayo del año 2005 por los efectos de la explosión de un artefacto colocado por un ex miembro de Terra Lliure que actuaba en solitario. El señor Clúa -mi amigo José María-
falleció en enero de 2009, sin curar de sus lesiones y sin haber sido todavía reconocido como víctima del terrorismo. Habían pasado caso cinco años.



Proponemos un nuevo redactado al artículo 4: A los efectos de esta ley son considerados víctimas de atentados terroristas las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos y los familiares de las personas fallecidas que
resulten incapacitadas con ocasión o como consecuencia de la actividad terrorista. Fundamentamos tal propuesta en la Ley 1576/1990, de 7 de diciembre, con relación a la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, y con relación al apartado 4 del artículo 64
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1988, y disposición adicional decimosexta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, que prevé la concesión de pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad
Social, en la cual en ningún momento se hace ninguna consideración a la expresión víctima directa o víctima indirecta.



Para el artículo 14.5 presentamos el siguiente redactado: Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas se regirán por las disposiciones específicas del sistema de la Seguridad Social o del régimen de clases pasivas del
Estado que corresponda, que mantendrán su vigencia a la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Ello se aviene al hecho de que la ley en estudio no puede en ningún momento derogar, a menos, la actual legislación.



Pasaríamos ahora al artículo 28. Se propone ampliar el término de presentación de las solicitudes para las indemnizaciones de uno a tres años. Un año parece un periodo demasiado corto si se tiene en cuenta que las víctimas del terrorismo
han de pasar primero por un proceso de recuperación, que en relación a las lesiones psíquicas y tal y como se establece en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-4r y su homónimo europeo CIE-10, muchas de ellas son de
inicio o aparición tardía, y en segundo lugar por la ardua tarea de recopilar toda la información y documentación necesaria para que prospere su pretensión. Asimismo es importante recordar a sus señorías que la legislación alemana plantea los tres
años e incluso el derecho civil propio en Cataluña así lo recoge. Por ello proponemos un nuevo redactado: Las solicitudes de los interesados deberán presentarse en un plazo máximo de tres años desde la fecha en que se produjeron los daños. A
estos efectos, se considerará también como fecha del hecho causante del daño físico o psíquico el de la fecha de la curación o del alta con secuelas o la declaración de invalidez permanente y/o lesiones permanentes no invalidantes conforme acredite
el Sistema Nacional de Salud.



Asimismo deseamos proponer un nuevo apartado, que sería el 7, al artículo 28. Con la finalidad de no retrasar las resoluciones de los trámites de evaluación de las lesiones psíquicas derivadas del atentado, equiparar las evaluaciones y
evitar la existencia de contradicciones médicas, se creará un protocolo unificado en el cual se dará máximo valor en el escalado de porcentaje del baremo a su historial médico, a la historia clínica del beneficiario y a la que acredite un centro
público de salud.
Consideramos imprescindible que para la elaboración de los criterios de protocolo de valoración se cree


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un equipo de estudio vinculante compuesto por especialistas en patologías postraumáticas.



En el artículo 37.1 presentamos la propuesta para suprimir el término 'especialmente', de modo que quedaría redactado de la siguiente manera: Las administraciones públicas procurarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta ley
tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquella en que vivían. Es lógico pensar que una víctima con deficiencias de movilidad pueda
necesitar una adecuación de su vivienda actual o que cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquella en que vivían deba tener el derecho a una vivienda adecuada a sus nuevas circunstancias.



En cuanto a las disposiciones adicionales tercera y cuarta, bajo los epígrafes Plan de empleo y medidas de empleo público respectivamente, solicitamos la supresión de ambas.



Señorías, hasta aquí hemos podido revisar las alegaciones presentadas hace escasas fechas, pero aparte de lo expuesto hasta el momento, deseo hacerles llegar una serie de propuestas relacionadas con la proposición de ley de reconocimiento y
protección integral -repito, integral- a las víctimas del terrorismo, que ha sido sometida a un detallado estudio por nuestra parte. Serán solo un par de minutos más.



En cuanto a lo presentado en el artículo 22 y pese a la innegable intención de sus señorías por reconocer a los españoles que sufran atentados terroristas en el extranjero como víctimas del terrorismo, debemos poner en su conocimiento
nuestro desacuerdo en cuanto a las medidas indemnizatorias que presenta el mencionado artículo. Decíamos al principio que la futura ley por la que estamos todos trabajando quiere fundamentar su propósito en la solidaridad y el principio de
igualdad.
Poca solidaridad y poca igualdad se demostraría si la vida de un ciudadano español fuera -y permítanme la expresión- valorada dependiendo del lugar donde fuera cometido el atentado. A pesar de esta manifestación de voluntad del
legislador, en el cuerpo de la ley se diferencia o incluso se discrimina a las víctimas españolas en el extranjero y se establece un sistema indemnizatorio denominado ayudas excepcionales por daños sufridos. Además, de acuerdo con el actual
redactado de la ayuda excepcional, la víctima española en el extranjero tendrá derecho a percibir exclusivamente una ayuda económica. Y ahora les pregunto ¿no tendrá derecho al resto de ayudas previstas, derechos laborales, en materia de adecuación
de la vivienda, ayudas educativas, asistencia sanitaria, psicológica, psiquiátrica? Por ello, debería contemplarse a todas las víctimas como iguales atendiendo a dos criterios, el acto terrorista como tal y el del lugar de comisión del hecho, y por
qué no decirlo también, señorías, por los principios de solidaridad e igualdad que emanan de la exposición de motivos de la futura ley.



Para terminar, formularé dos propuestas que ni tan siquiera aparecen en la presente proposición de ley, entendiendo que podrán ser motivo de estudio muy profundo por parte de sus señorías, aunque a quien les habla le consta que ya fueron
comentadas en los contactos previos a la Ley del año 1999 sin resultado positivo. En 1990 conocí a una viuda por acto terrorista que había perdido a sus dos fetos tras conocer la noticia del asesinato de su esposo en atentado. Poco después conocí
a un huérfano que había perdido a su madre, a su padrastro y a su futuro hermano, feto todavía, en el atentado de Hipercor. En 1993 un nuevo atentado causó heridas graves a una madre gestante, que a causa de las mismas también perdió al hijo que
esperaba. En mi nombre y en representación de todas ellas sometemos a estudio por parte de sus señorías que los fetos no nacidos como consecuencia o con ocasión de las heridas recibidas por la madre gestante, por el asesinato de la misma o por el
impacto emocional recibido por la madre supérstite a un atentado sean reconocidos a todos los efectos como víctimas del terrorismo.



La otra propuesta tiene relación con las reclamaciones recibidas por las familias raramente denominadas como afectadas por detención ilegal. Se ha entendido siempre que un secuestro implica un intercambio económico y se han dados diversos
casos, al menos dos en Cataluña, en los que la vida de esas familias dependía de un intercambio económico; es decir, debe entregarse a los terroristas cierta cantidad de dinero exigido bajo amenaza de muerte. La propuesta de ley que estamos
estudiando no menciona el término detención ilegal, aunque sí el secuestro en la tabla 3, página 35. Por ello, señorías, sorprende descubrir -repito, sorprende descubrir- que la propuesta para la futura ley es más restrictiva que la ley vigente
actual en cuanto al cobro de indemnizaciones por secuestro. Al menos en la actual Ley 32/1999, de Solidaridad, el secuestro se indemniza con 2 millones de pesetas -12.000 euros-. De aprobarse la propuesta de ley ahora en estudio, esa cantidad ni
siquiera se contempla, con lo que la futura ley podrá negar derechos ya obtenidos con anterioridad, lo cual no sería comprensible si es intención del legislador que la futura ley se presente para mejorar la ley vigente hoy.



Señorías, en veintidós años he recibido multitud de propuestas, de ideas y de sugerencias. Ya en la Ley del año 1999 se pudieron recoger algunas de ellas, pero otras no tuvieron la misma suerte. Reitero que esta ley debe mejorar en lo
posible la actual Ley de Solidaridad que data de diciembre de 1999. Ahora sería el momento de compensar esos largos diez años en los que muchas víctimas, demostrando una paciencia y una dignidad ilimitadas, no han visto recogidas sus expectativas.
Mi comparecencia hoy aquí me trae al recuerdo la misma ilusión y la misma esperanza con las que me presenté junto a mi gran amigo José María Fúster-Fabra un lejano lunes 10 de noviembre de 2003 ante la subcomisión. Al terminar podré entregarles, si
sus señorías lo desean, información sobre aquella comparecencia y sobre lo hoy apuntado, porque gran parte de lo que ahora les he transmitido ya lo solicitamos en 2003.



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Hablando de solicitar, les solicito de todo corazón, en nombre de los cientos de víctimas que he conocido en los últimos veinte años, que estudien con todo cariño e interés las alegaciones y las propuestas presentadas hoy ante esta Comisión.
Tengo la seguridad de que así será.
Señorías, recuerden: solidaridad e igualdad. Quedo a su disposición para todo aquello que deseen preguntar.



Muchas gracias por su atención.



El señor VICEPRESIDENTE: Es el turno ahora de don Gorka Echave de Pablos, secretario de la Fundación Maite Torrano.



El señor SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN MAITE TORRANO (Echave de Pablos): Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar, en nombre de la Fundación Maite Torrano, a la cual tengo el honor de representar, quiero mostrar
mi más profundo agradecimiento a esta Comisión por esta invitación para expresar una opinión sobre esta ley que tan de cerca nos toca. Mi intervención no va a ir encaminada a discutir aspectos jurídicos ni técnicos de la ley, va encaminada a la
esencia de la misma. Me explico. Yo represento a una fundación local, a una fundación pequeña, pero creo que fue la primera fundación que tuvo el nombre de una víctima, y quiero contar una historia, una historia cargada de reflexiones o para que
ustedes reflexionen. También quiero hacer un breve recorrido desde hace veinte años hasta aquí, hasta donde hemos llegado.



Como decía, queremos ir a la a esencia de la ley, a la memoria, memoria con mayúsculas, a esa memoria que ha de constituir los cimientos de nuestra historia, porque solo la memoria basada en la verdad fundamentará una justicia encaminada a
la dignidad de las víctimas. Una memoria humilde, que sale desde el corazón, que sale de las vivencias que os quiero trasladar, como decía anteriormente. No quiero trasladar a esta Comisión ni pena ni rabia contenida ni ningún otro sentimiento.
Es historia lo que quiero contar, es la historia de Maite y también la historia de otras muchas víctimas anónimas. Maite no era política, no era militar, no era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Simplemente fue una víctima.
Es una víctima que gracias a su invitación ahora puede ser escuchada a través de los que, como yo y con nuestro empeño, mantenemos viva su historia y su memoria, porque nada de lo que pasó se nos puede ni se nos debe olvidar, porque las víctimas no
merecen que las olvidemos, porque eso es de justicia.



Si hacemos un breve ejercicio de memoria, en el año 1987 alguien consideró que para celebrar el 50º aniversario del bombardeo de Guernica, hacer un apagón de luz en nuestro pueblo era una buena idea. La oscuridad es el amparo de los
cobardes y los bárbaros, y en ella se escondieron los terroristas que lanzaron ocho cócteles Molotov en el interior de un bar.
Ese bar era la Casa del Pueblo del PSOE de Portugalete. En ella se encontraban veinte personas. Resultaron dieciséis
heridas y dos personas muertas, Maite y Félix. Aquel acto fue considerado como el primer acto de kale borroka. Fue considerado así porque no sabían cómo considerarlo. Era la primera vez que ETA y su entorno cometían un acto terrorista en el que
se atacaba la sede de un partido político causando muertes.
Paradójicamente aquel acto fue considerado como un homicidio. Yo no soy abogado, no soy letrado, seguro que entre ustedes hay alguno y saben lo que estoy diciendo. Hay mucha diferencia
entre un homicidio y un asesinato. Aquello pasó hace veintitrés años. Hoy en día los actos de la kale borroka -quemar cajeros, contenedores, autobuses- cuestan años de cárcel, están considerados como actos de violencia terrorista. En aquel
entonces matar a dos personas, no.



En los años en los que se produjo aquel brutal atentado que arrancó la vida de Maite y Félix sus muertes eran otras más, eran las siguientes de una larga lista. Desgraciadamente, para algunos sectores no significaban más que un dígito para
añadir a su macabra estadística, otra pieza más cobrada por el terrorismo. Sus compañeros, sus amigos, entre los cuales me incluyo, no podíamos ni queríamos ni debíamos permitir que sus ausencias se difuminaran como consecuencia del paso del
tiempo. La creación de la fundación salió de la necesidad de mantener su memoria, de proseguir su compromiso, de conseguir que su muerte llevara la esencia de sus ideas y su trabajo, en definitiva la libertad.



A los hombres y mujeres que nos planteamos la creación de esta fundación -repito, es una fundación pequeña, una fundación local- en recuerdo y homenaje a nuestros compañeros asesinados nos unían y nos siguen uniendo muchas cosas, pero en el
momento de la constitución de la fundación había una que sobresalía sobre el resto de las demás, sencillamente la necesidad de un compromiso nuestro, que adquiríamos nosotros. Ese compromiso vital nos movía sinceramente un poco a ciegas, porque,
repito, no había ninguna otra fundación que se dedicara a esto en toda España, no había más, no sabíamos cómo hacerlo. Como decía, nos llevó a ciegas hacia la creación de un foro de debate donde sentirnos arropados, donde ubicar a estas dos
víctimas y a toda aquellas que quisieran unirse a nosotros.
Sentíamos la necesidad de ser los encargados de conseguir que su voz se siguiese oyendo, de que su trabajo se siguiese viendo y de que la sociedad no se olvidase de ellos. Esta fundación
es un ejercicio de memoria, de una búsqueda de la verdad que ha de dignificar y que quería dignificar a Maite y a Félix, y repito que a otros muchos más que quisieran unirse, para que de una vez por todas la justicia permita escribir los verdaderos
renglones de la historia, de nuestra historia, la historia de todos los españoles, no la nuestra, la de todos. Este compromiso, permítanme la arrogancia -aquí hay alguna fundación-, creo que es el compromiso vital que une a todas las fundaciones,
el que sus víctimas, sus familiares, sus seres queridos, no mueran en el olvido. El compromiso que nosotros firmamos decía lo siguiente: 'Sí, nos habéis arrebatado a una esposa, a un esposo, a una madre, a un padre, a un


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hijo, a un amigo o a una amiga, pero en nuestra memoria seguirán vivos y así lo haremos, trabajaremos para ello'. Pero quiero dejar clara una cosa -y eso también nos une a todas las víctimas de este país-: no queremos recordarlos como si
fueran una losa, no como un recuerdo cargado de rencor -no somos rencorosos-; más bien queremos mantener su memoria viva como algo preciso que necesita ser recordado, de la misma manera en que es recordado el bombardeo de Guernica.



En el año 1989 este tipo de iniciativas sorprendía a todos, a propios y ajenos, aunque desgraciadamente nadie es ajeno al terrorismo. Sorprendía a los malos -entiendanme cuando utilizo el término de malos-, porque no estaban acostumbrados a
que el pueblo elevara su voz en contra ellos, en contra las barbaridades que cometían -aquí está Emilio que sabe de lo que hablo-. Estaban acostumbrados a la efervescencia del dolor que causaban sus muertos, a los minutos de atención informativa
que causaban y que daban paso a un poso de sufrimiento hacia nosotros que solo los más cercanos padecíamos. Al resto de las personas, al resto de los ciudadanos, por ignorancia o por miedo -más bien por miedo-, también les sorprendía, porque Maite
no era una persona conocida, no era un político, no era una artista; simplemente era una ciudadana, un ama de casa que vivía para su marido y sus hijos. Todo esto provocaba una generalizada indiferencia de una sociedad atemorizada por la violencia
terrorista y con la tendencia a callar sus ideas por miedo. Durante todos estos años las víctimas hemos sido, desgraciadamente, testigos de muchas y muy malas vivencias. Además del dolor que supone la pérdida de un ser querido o de vivir
situaciones de amenaza durísimas en carne propia que desgraciadamente nos han marcado para el resto de nuestras vidas, hemos sido también espectadores, testigos mudos desde un lugar secundario del escenario, pese a ser actores principales de la
escena, viendo cómo la sociedad civil y la sociedad política nos hacían pasar del más profundo olvido a la manipulación más perversa. Afortunadamente, actuaciones como esta, debates como este y leyes como esta, propuestas como esta están provocando
cambios sustanciales. Hemos sido víctimas de la politización del dolor, de la utilización partidista de nuestros sentimientos. Hemos visto cómo pasábamos del ostracismo al euforismo descontrolado, algo que provoca un agudo dolor en todos los que
padecemos el terrorismo.



Señoras y señores diputados, todos los que hemos participado en esta Comisión les hemos hecho una consideración. Tienen la oportunidad de conseguir algo que creo que nos merecemos las víctimas: devolvernos nuestra dignidad. Esta ley se
basa en los fundamentos -lo ha dicho Maisabel- de verdad, justicia, memoria y dignidad. Únicamente queremos eso para las víctimas. Pero piensen que no solo están trabajando para las víctimas, para sus familias, para sus allegados; no, lo hacen
para todos aquellos que sufren cualquier tipo de persecución y violencia, para todos aquellos que son amenazados y que viven pendientes de que alguien los proteja, para todos aquellos que, hastiados de esta persecución, se vieron en la obligación de
dejar sus casas, sus vidas, e iniciar otras vidas en otros lugares. Pero también lo hacen por ustedes, lo hacen por todos los españoles, no solamente por nosotros. Es hora de que entre todos empecemos nuestra verdadera historia, esa que con la
verdad nos cubrirá con el necesario manto de la dignidad, no solo a las víctimas sino a toda la sociedad.



He de alabar la unión de todos los que estáis aquí, pocas veces ha sucedido esto. La ausencia de fisuras será la que acabe por ahogar el terrorismo y hará que consigamos la tan ansiada libertad. Ese será nuestro mejor homenaje a las
víctimas, ese será el mejor homenaje que ustedes pueden hacer a las víctimas.



No era nuestra intención en esta intervención enmendar cuestiones técnicas a la ley, como ha quedado patente, cosa que con gran acierto han hecho otras asociaciones y fundaciones que me han precedido y otras que seguramente intervendrán
después de mí y también lo harán mejor que yo.
Nuestra única pretensión era relatar esta historia que no habíamos tenido oportunidad de contar en veinticinco años y qué mejor lugar para hacerlo que en esta casa, en la casa de todos los españoles.
Repito, somos una fundación pequeñita. Hemos conseguido venir aquí con un poquitín de picardía, pero queríamos estar aquí en la casa donde todos los españoles estamos representados y por la que tanto se ha luchado, el Parlamento.
Por eso,
agradezco la unión, la unidad y la cohesión en la elaboración de esta ley que nos afecta a todos. También agradezco que se nos haya escuchado, porque eso da fe de la buena intención de esta ley y de la buena intención que tienen ustedes. No duden
de que esta es la mejor manera de hacer las leyes: con todos y para todos.



No quisiera acabar mi intervención sin pronunciar una cita que elaboró un niño que participó en un concurso de redacción que organizamos, cuyo único tema es la paz y la tolerancia. Esta cita es del año 1993, el niño tenía 13 años y hoy
tendrá 30, y su ejercicio acabó con la siguiente frase que espero que se cumpla: Aquí ya no hay violentos. Los pacíficos conseguimos que se fueran con el viento.



El señor VICEPRESIDENTE: Acto seguido tiene la palabra doña Marita Rodríguez Hidalgo, vocal de la junta directiva de la Asociación para la Tolerancia.



La señora VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA TOLERANCIA (Rodríguez Hidalgo): Señorías, muchísimas gracias por haber pensado en esta asociación que en principio no es una asociación de víctimas. Hemos apoyado la causa de
las víctimas en la medida de nuestras posibilidades cuando las víctimas tenían que salir por la puerta de atrás de una iglesia o la noticia se colaba por el sumidero de un breve en un periódico, cuando no había apoyo institucional. Con este nombre
no podíamos mantenernos con la mirada hacia otro lado. Pensábamos que el hacer


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demostración pública de nuestro rechazo al terrorismo era poner nuestro granito de arena. Y la verdad es que nos ha sorprendido que nos hayan invitado y agradecemos muchísimo que hayan pensado en nosotros. Entre nuestros socios tenemos
algunas víctimas, esto es verdad, pero no somos afortunadamente una asociación de víctimas.



Queremos agradecerles sobre todo el esfuerzo para elaborar este proyecto que, a nuestro juicio, coloca a las víctimas donde tendrían que haber estado desde el principio. El camino ha sido difícil para todos y, aparte de las cuestiones
técnicas que pueden ser mejorables, a nosotros nos ha parecido una buenísima propuesta. No somos técnicos y estábamos convencidos de que otras asociaciones de víctimas pondrían los puntos sobre las íes intentando mejorar algunos aspectos del texto,
pero sí hemos hecho algunas reflexiones que no sé cómo se pueden recoger en esta ley. Sé de su buena disposición y todos sabemos que es muy difícil cuando uno está elaborando una ley asegurarse de que no tiene ningún hueco por donde se pueda colar
algún abogado brillante y consiga ir en contra del espíritu de la ley. El espíritu de la ley nos parece estupendo, pero pensando mal -porque tenemos experiencias- podemos ver cosas que a lo mejor dejarían algún hueco para que algún abogado pudiera
de forma no muy ética colar algo que la ley no pretende, a pesar de su claridad. Por ejemplo, estoy pensando en el caso que ha aparecido estos días en la prensa de la calle dedicada a un terrorista en una población de Barcelona, en Santa Coloma de
Cervelló. La ley la hemos leído y en ella figura la prohibición expresa de que se homenajee a un terrorista o a un grupo terrorista, entre otras cosas con una placa de una calle, entonces parece que esto tendría que ser suficiente para que no
ocurran estos hechos, que realmente producen repulsa, pero una se pregunta: ¿qué pasa con las que ya están ahí, por ejemplo, con esta placa a Jaume Martínez Vendrell, que fue el inspirador del caso Bultó, y fue condenado por terrorismo y escapó?
Con esa condena se le dedica una calle y se le califica debajo del nombre como patriota catalán por su lucha contra el franquismo y se olvidan sus acciones terroristas. Uno puede plantearse: ¿esta propuesta de ley que ustedes han elaborado es
suficiente para que esta placa desaparezca inmediatamente? Porque está ahí, y además ha habido sentencias que avalan el derecho a que esa calle tenga ese nombre.
Es una reflexión solo, no sé cómo se puede solicitar esto; sé de su buena
disposición y por eso hago esta reflexión.



Por otro lado, creemos que el Estado dispone de instrumentos democráticos para acabar con el terrorismo precisamente deslegitimándolo ética, social, institucional y políticamente. La supuesta imbatibilidad del terrorismo que lleva asolando
este país durante medio siglo, el de ETA, ha quedado en entredicho simplemente por las movilizaciones ciudadanas y por la aplicación de la Ley de Partidos. Entendemos que sería ir contra la dignidad de las víctimas que al final, con la ansiada y
justificada prisa por ponerle punto final a esta locura, el Estado acabara ofreciendo alguna contrapartida a los terroristas, y cuando digo Estado no me refiero a ningún partido en concreto, sino a lo que puede ocurrir. Por ello pensamos que quizá
debería figurar expresamente en esta ley la prohibición expresa de cualquier negociación con los terroristas del tipo que sea. Aunque figure en otras leyes, en esta también vemos la conveniencia de que se recoja la no prescripción de los actos
terroristas. Asimismo, proponemos que figure -no sé cómo se puede recoger esto, repito que carecemos de asesoramiento técnico-, que, una vez que concluya el periodo de privación de libertad del terrorista, tenga una orden de alejamiento de sus
víctimas. Siempre nos vienen a la memoria casos concretos como el de Pilar Elías; esto produce también un rechazo importante a la razón, que la víctima tenga que verse con el verdugo que encima pone un negocio justo en el mismo edificio. Pensamos
que esto no debería ocurrir.



Por otro lado, creemos que el Estado no debe proporcionarle al terrorista actos médicos que no conciernan directamente a su salud. No sé de ningún caso, pero se me ocurren intervenciones de cirugía estética, porque todo puede ocurrir, que
de pronto diga que está acomplejado o acomplejada, que tiene un problema de autoestima y pueda pedir una cirugía estética, un cambio de sexo o tratamientos de fertilidad o de fecundación in vitro u otras, que deben quedar excluidas, a nuestro
parecer, para que no quede ninguna laguna por la que se puedan colar actos médicos que en principio están contemplados y que nos parecen además un lujo en todo caso.
Asimismo, cuando el terrorista decida estudiar, que lo haga a través de la
universidad a distancia y sus exámenes sean seriamente vigilados y corregidos por un par de profesores externos. Ninguna administración ha de contratar con fondos públicos a grupos musicales que tengan en su repertorio canciones con letras de
enaltecimiento del terrorismo. Como un terrorista no nace, sino que se hace, y se han estado haciendo en las escuelas, creemos procedente diseñar actividades escolares de sensibilización contra el fenómeno terrorista, de acuerdo con las
asociaciones o fundaciones de víctimas del terrorismo protagonizadas por las propias víctimas, a ser posible, de la misma manera que hay campañas generalizadas sobre sexualidad y sobre los peligros de una conducción no responsable con la presencia
de algún hemipléjico causado por accidente.
Esto lo vivimos en directo, cómo vienen a dar testimonio y a sensibilizar sobre estos temas. Una última reflexión es la prohibición de actos recaudatorios para asociaciones proterroristas como, por
ejemplo, Kilometroak en San Sebastián.



No sé si es posible recoger todas estas cuestiones que nos preocupan ni de qué modo, pero pensábamos que, ya que no tenemos aportaciones técnicas de nivel y de altura, como estas reflexiones nos parecen de sentido común, ustedes podrían
recogerlas de alguna forma técnicamente posible.



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Muchísimas gracias por este esfuerzo, por estar tan abiertos a las aportaciones de otros colectivos y espero que sirva para mucho, para que las víctimas se sientan reconfortadas y apoyadas.



El señor VICEPRESIDENTE: Por último, cierra este turno de intervenciones don Manuel Rodríguez Uribes, director general de la Dirección General de Apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Rodríguez Uribes): Con la venia, señor presidente.



Señorías, permítanme, en primer lugar, que les agradezca muy sinceramente la posibilidad que me ofrecen con esta comparecencia. Creo que el sentido fundamental de mi intervención radica, debe hacerlo, en la oportunidad de darles nuestro
punto de vista, del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Apoyo a víctimas del terrorismo, acerca de la filosofía o de las razones que inspiran el borrador de proposición de ley que están debatiendo, proposición de ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que están debatiendo también con los colectivos de víctimas en esta Comisión de Interior, así como sobre el fundamento y el alcance de algunos de los contenidos principales
propuestos y que recoge la norma.



En este sentido, quisiera referirme sucintamente a los siguientes aspectos de dicha proposición de ley que son sin duda novedosos y que mejoran sensiblemente nuestro sistema de reconocimiento y de apoyo a las víctimas del terrorismo. Así,
quisiera referirme, en primer lugar, a su carácter integral, que lo es en sus dos sentidos posibles. Primero, porque integra o unifica en un solo texto el conjunto de ayudas, apoyos, honores o prestaciones a las víctimas del terrorismo en España.
Segundo, porque incorpora como novedad, junto a las ayudas y reconocimientos, el llamado apoyo integral, es decir, todo un dispositivo normativo de protección social o de prestaciones para la atención de necesidades básicas de las víctimas y de sus
familias en todos los ámbitos: en el psicosocial y en el de la salud, con formación especializada de los profesionales que las atienden; en el laboral, facilitando con planes de empleo específico su adecuada reincorporación; en el educativo, con
becas, tutores y exención de tasas académicas; en el proceso penal, con la gratuidad de la asistencia jurídica, protegiendo su dignidad y su intimidad y reforzando la información y el acompañamiento a los juicios o en el de la vivienda, facilitando
su acceso junto a otros colectivos vulnerables como las víctimas de la violencia de género.



Dos. Dicha proposición de ley se fundamenta en los valores de memoria, verdad, dignidad, justicia y reparación, como reconoce en su exposición de motivos. Esto supone que, además de la solidaridad del Estado y del apoyo integral, incorpora
contenidos normativos que refuerzan el significado moral y político de la víctima. En este sentido, la ley es un instrumento de pedagogía contra el terrorismo y por la libertad, la democracia y la dignificación de las víctimas.



Tres. Sitúa su ámbito temporal de aplicación en enero de 1960, frente a la Ley de Solidaridad de 1999 que lo situaba en 1968.



Cuatro. Diseña un nuevo sistema indemnizatorio o compensatorio más racional y más justo. El nuevo sistema mejora e iguala retroactivamente las cuantías legales mínimas, a la vez que señala de cara al futuro un límite común e igual máximo a
la solidaridad del Estado. Este límite máximo e igual para todas las víctimas se establece sin perjuicio de las facultades de las que disponen los jueces o tribunales para señalar responsabilidades civiles y sin afectar a las acciones que en todo
caso siempre conservan las víctimas frente a los victimarios para hacer efectivos sus derechos. A modo de ejemplo, se fija una cuantía mínima para los casos de fallecimiento por terrorismo de 250.000 euros -con las leyes vigentes son alrededor de
220.000- y una máxima de 500.000 euros, o para los casos de gran invalidez derivada de atentado terrorista se establece un mínimo de 500.000 euros y un máximo de 750.000, y así para todas las demás situaciones: incapacidades permanentes, absolutas,
totales o parciales, secuestros, incluidos por primera vez los secuestros exprés o las detenciones ilegales siempre que sean de naturaleza terrorista.



Cinco. Permítanme una reflexión en torno a uno de los pilares fundamentales de la reparación no regulado expresamente en esta proposición de ley -a mi juicio con acierto-, sino remitido a su regulación en sus normas propias, como sucede
también, por ejemplo, con los derechos sectoriales de ciertos colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me refiero a las pensiones extraordinarias por terrorismo, a las que tienen derecho todas las víctimas del terrorismo sin
excepción, tanto los heridos como los familiares de los fallecidos por acto terrorista -viudos, viudas, parejas de hecho, hijos y, en ocasiones, también los padres-, y que aparecen reconocidas y reguladas por las normas propias de pensiones en el
ámbito de la Seguridad Social o de Clases Pasivas desde finales de los años ochenta del siglo pasado. En este sentido, diré a modo de recordatorio que el sistema de reparación que esta proposición de ley consagra al remitirse en este ámbito de las
pensiones a esas normas asume plenamente todos los beneficios a los que las víctimas y sus familias tienen derecho en relación con estas pensiones extraordinarias por terrorismo sin parangón en el mundo. Estas pensiones, en efecto, tienen carácter
vitalicio, son compatibles con el trabajo -pienso sobre todo en familiares de fallecidos, pero también en heridos en la medida en que se lo permitan sus lesiones-, la mínima es el triple del salario mínimo interprofesional, están exentas de
tributación y se actualizan progresivamente de acuerdo con el Iprem.



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Seis. La proposición de ley que están debatiendo amplía y define con precisión los destinatarios de la norma, incorporando la figura del amenazado como diferente de la víctima, pero reconociendo su significado ético y político.



Siete. La proposición de ley no distingue entre víctimas en función del grupo terrorista, siendo una norma general que reconoce a todas por igual, sean de ETA, del terrorismo islamista, de grupos del pasado como los Grapo u otros de
naturaleza parapolicial durante la transición y en los primeros años de la democracia. Esto justifica que no se mencione a ningún grupo terrorista en particular en la proposición de ley.



Ocho. Resuelve de forma completa, retroactiva y definitiva todas las situaciones de terrorismo transnacional e internacional que afecten a españoles, con independencia de la naturaleza de la banda terrorista o de que sus actos se dirijan o
no contra intereses españoles. A la vez asegura legalmente el reconocimiento como víctimas del terrorismo de los miembros de operaciones de paz y de seguridad españolas en el exterior que pierdan la vida o resulten heridos como consecuencia de un
acto calificado como terrorista.



Nueve. Al mismo tiempo, asegura un tratamiento igual a todas las víctimas cuando el atentado terrorista sucede en España o se dirige contra sus intereses, sin distinguir entre españoles y extranjeros ni entre personas casadas o parejas de
hecho.



Diez. Recoge un conjunto de medidas y de actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista, sobre todo si es masivo o indiscriminado, para responder con mayor eficacia y mejor coordinación entre las distintas administraciones a la atención
a las víctimas y a sus familias.



Once. Contiene también recomendaciones para que los medios de comunicación eviten en su caso un uso inadecuado de las imágenes de las víctimas o de los atentados y para que respeten la intimidad de las familias, haciéndola compatible con el
derecho fundamental a la información.



Doce. El cónyuge, los hijos y los padres de las víctimas ven reforzado también su reconocimiento y estatus, en particular en el ámbito de los honores o en el de la asistencia psicosocial, con independencia de los derechos que les
correspondan en orden a la reparación de acuerdo con la proposición de ley.



Trece. Se recoge, por primera vez, el agravamiento de secuelas como susceptible de valoración y de compensación en los casos en que se produzcan con el paso del tiempo.



Catorce. Se consagran en el ámbito de la memoria dos fechas de recuerdo a las víctimas del terrorismo, el 27 de junio, como día nacional, y el 11 de marzo, como día europeo, sin perjuicio de otros aniversarios o actos de homenaje que se
celebren.



Quince. Junto al reconocimiento a las víctimas en el ámbito de la memoria y del recuerdo, se establece un sistema de condecoraciones y de honores públicos mediante la gran cruz, a título póstumo para los fallecidos, o la encomienda para lo
heridos, concediéndoles a su vez el tratamiento de excelentísimo y de ilustrísimo respectivamente y con la posibilidad de concederlas de oficio. Al mismo tiempo se establece el compromiso de favorecer actos, símbolos, calles, monumentos, etcétera,
en su recuerdo y homenaje, y de impedir lo mismo en relación con el terrorismo o con los terroristas en lo que suponga su exaltación o enaltecimiento individual o colectivo.



Dieciséis, y último. Se reconoce para su mejor visibilidad y para la defensa de sus intereses el valor del movimiento asociativo y de representación de las víctimas, derecho básico y al tiempo herramienta fundamental en la deslegitimación
social del terrorismo. No olvidemos que el terrorismo busca deshumanizar a la víctima, despojarla de su condición humana, única e irrepetible, situándola como un daño colateral inevitable para la obtención de sus fines. Las asociaciones de
víctimas cumplen así una función no solo de representación y de vertebración de las víctimas y sus familias, sino también de visibilidad, de memoria y de recuerdo de todos los que han perdido la vida, han sido privados de su libertad o han sido
heridos en su integridad física o psicológica por la sinrazón y el fanatismo terrorista.



En suma, a mi juicio, señorías, el borrador que están debatiendo, que con seguridad mejorará tras escuchar a los distintos colectivos de víctimas y tras la deliberación serena de sus señorías, creo que recoge lo sustancial de las demandas
legítimas de las víctimas, y lo hace con sensibilidad y responsabilidad. En los términos que está redactado, y mucho más con las aportaciones que en su caso decidan hacer, la proposición de ley, cuando se apruebe, mejorará de una forma definitiva
el sistema vigente en la actualidad de solidaridad con las víctimas del terror y será, sin duda, uno de los mejores del mundo. Lo hará mejorando la situación de las víctimas hacia atrás en el tiempo, haciendo justicia con las víctimas del pasado,
pero también hacia el futuro resolviendo todas las lagunas o incoherencias que hemos detectado en estos años. Sin duda, con esta ley tendremos uno de los mejores sistemas del mundo en el reconocimiento, el apoyo y la atención a las víctimas del
terror en cualquiera de sus formas, y todos podremos estar orgullosos de ello.



Muchas gracias por su atención, y quedo a disposición de sus señorías para las cuestiones que quieran plantearme.



El señor VICEPRESIDENTE: Ahora es el turno de los grupos parlamentarios.
Como es habitual, intervendrán en orden de menor a mayor, aunque si bien en esta ocasión, dada la generosidad que le caracteriza al señor Olabarría, le cedemos el
turno a la señora Becerril, que parece que tiene prisa.



Tiene usted la palabra, señora Becerril.



La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor Olabarría, por haberme permitido tomar la palabra en primer término, porque a partir de un determinado


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momento no tendré más remedio que ausentarme debido a obligaciones contraídas hace mucho tiempo, si bien leeré los comentarios, alegaciones y disertaciones de las personas que van a intervenir después en relación con esta proposición de ley.
Agradezco muy especialmente a las personas que han comparecido y han tenido la amabilidad de manifestarnos sus posiciones en relación con esta proposición de ley; lo que nos han dicho, las reflexiones a las que nos han llevado y van a llevar -estoy
segura- a esta Comisión en próximas fechas, así como las consideraciones que han hecho, todas ellas de interés. Les agradezco a todos ustedes, representantes de entidades públicas, asociaciones, fundaciones, representantes de entidades de
comunidades autónomas no solo su comparecencia, sino lo que han hecho a lo largo de estos años, el trabajo, el esfuerzo, la entrega, el valor y la dedicación, así como todo lo que han puesto ustedes pensando en las víctimas y en ayudarlas a
sobrellevar las circunstancias en las que estaban y en las que están.



Les haré algunas consideraciones breves sobre todo ello. Seguramente a lo largo de este proceso legislativo los grupos parlamentarios volverán a pedir sus opiniones y mantendrán conversaciones, por eso les quiero hacer llegar algunas
consideraciones y también a los grupos parlamentarios, incluso quiero hacer llegar algunos comentarios a mis compañeros, que amablemente me han cedido la palabra. Los haré de forma breve y resumida.



Me alegra mucho que tengamos esta proposición de ley y agradezco los esfuerzos de las personas que han trabajado en ella. Me alegra mucho que esta proposición amplíe y complete el texto anterior en vigor, pero huyo de decir que este sea un
buen proyecto porque en esta materia creo que no hay nada bueno. No se puede aplicar el adjetivo 'bueno'. Es conveniente, es necesario, había que hacerlo, pero no se puede aplicar el adjetivo 'bueno' porque nada es bueno en esta materia. Además,
como hay buenos juristas en esta Comisión, quisiera que recapacitemos todos sobre un par de asuntos de la proposición. En primer lugar, sobre los titulares de derechos y de prestaciones; es decir, sobre los artículos 4 y 17, que están conectados.
La ley tiene que ser muy cuidadosa en el fondo, en lo que trata, como toda ley, pero también en cómo lo trata, en la forma. El proyecto es cuidadoso en el preámbulo, pero menos cuidadoso en el texto legislativo; es un poco duro, un poco seco, un
poco agreste. Dice el capítulo II: Resarcimiento por fallecimiento. Señorías, no hay resarcimiento posible. Será el uso en materia legislativa, pero en estos asuntos no hay resarcimiento. Habrá actuaciones económicas, pero resarcimiento, no.
La palabra resarcir significa compensar, reparar, y aquí no puede haber compensación en estos asuntos; no la hay. En segundo lugar, se refiere este capítulo II a los titulares de derechos -artículos 4 y 17-, los cónyuges. Como ha señalado alguno
de ustedes, está bien tratado y, además, el epígrafe a) se explaya sobre determinadas circunstancias de los cónyuges, pero echo de menos un apartado para los hijos, con el mismo tamaño de las letras y el mismo énfasis que los cónyuges, y para los
hijos menores, que no es que se hayan quedado desprotegidos como todas las víctimas, es que se han quedado con lo que en psicología y en psiquiatría se llama la ausencia de padre, de madre o de padres; hijos menores de 3, de 5 y de 6 años sin padre
y sin madre.
Así no se explicita en un texto, pero los hijos tienen que estar, a mi juicio, en un epígrafe donde se hable de los titulares de los derechos; cuando dice los cónyuges, a continuación debe haber un epígra-fe b) que diga: los hijos, y
que tenga unas palabras, en virtud de las cuales se entienda que los hijos menores tendrán una atención especial por el hecho de ser menores -ni mejores ni peores, sino menores de edad- y por las circunstancias de ausencia y de desprotección total y
absoluta en la que se quedan y en la que se quedaron.



En materia de ayudas educativas, el texto me parece poco generoso. Las exenciones de tasas, en todos los niveles: universitarios, de posgrado y no universitarios. Convendría decirlo. También han hablado ustedes de la información a las
víctimas y me ha parecido entender que a la mayoría les parece interesante este artículo correspondiente dentro del título V.
Sugiero -si a ustedes les parece y a los ponentes especialmente- que la información a las víctimas no solo sea información
de los procedimientos, naturalmente de los que forman parte, sino también que las víctimas puedan conocer en qué circunstancias o en qué momento están los condenados por actos terroristas, porque las circunstancias de estas personas condenadas
cambian, evolucionan con el tiempo, y las víctimas se pueden preguntar dónde están, en qué circunstancias procesales se encuentran quienes fueron los autores de los atentados, personas por las que van a padecer por el resto de sus días. Estoy
segura de que ustedes entenderán -no sé si estarán de acuerdo o no- algunas de las cosas que he dicho y por qué digo algunas de ellas. Cuando trato estos asuntos de las víctimas, procuro no olvidarme de aquellas víctimas que he visto muy cerca,
igual que ustedes han visto a muchas.



Les agradezco a todos su atención y les repito que nos dará que pensar al Grupo Parlamentario Popular las reflexiones que ustedes han hecho y yo espero que seamos capaces de incorporar sus sugerencias y consideraciones. Les reitero nuestra
gratitud, no solo la mía personal, sino la de este grupo por lo que han dicho y sobre todo por lo que han hecho a lo largo de tantos años.



El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias a todos los representantes de las asociaciones y fundaciones aquí presentes, petición de comparecencia que mi grupo ha realizado en relación a todas. Es una especie de petición de comparecencia de carácter
universal, porque nos interesaban los testimonios y la complementariedad de los mismos de todas las asociaciones y fundaciones de víctimas. (Pronuncia palabras en euskera.)


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Señor presidente, quiero indicar que las aportaciones que ustedes han hecho y las refutaciones al contenido de la ley de la señora Becerril, refutaciones que mi grupo comparte en algunas ocasiones y que son razonables, nos obligan a afrontar
el íter legislativo de esta proposición de ley aprobada por unanimidad desde una perspectiva proactiva al consenso y a la mejora sobre todo. Aquí han sido ya acreditadas disfunciones, lagunas, quizás insuficiencias, e incluso errores de enfoque
conceptual respecto a lo que nosotros pretendemos con relación a esta ley. No sé si ha habido una interlocución ex ante, antes de la elaboración de la proposición de ley, con las organizaciones que ustedes representan. Si la ha habido, ha sido
insuficiente y por tanto les pido disculpas por ello. Espero la interlocución ex post para cuando iniciemos el debate, la aprobación de la proposición de ley, el íter legislativo, la aprobación en sede parlamentaria de la misma, podamos seguir
contando con sus aportaciones, con sus reflexiones, con sus sentimientos, desde una perspectiva de interlocución bilateral. Yo se lo pido y espero desde una perspectiva recíproca contar con su colaboración, porque esta es una ley para todos los que
estamos aquí de enorme trascendencia. Por muchas razones, la primera porque es fácil empatizar con lo que ustedes han dicho. Aquí muchos de los que estamos ostentamos esta deshonrosa condición de amenazados; ustedes y muchos de los que estamos
aquí, al otro lado de la barrera. Yo mismo, que pertenezco a una organización nacionalista vasca, he tenido contactos muy dolorosos y muy próximos al dolor que provocan los asesinatos de ETA. Yo he perdido amigos asesinados por ETA: el sargento
mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, o un ertzaina importante, Montxo Doral. Yo he ostentado también responsabilidades en el seno del órgano de gobierno de la judicatura, de la Administración de Justicia, he sido vocal del Consejo General del
Poder Judicial y he sufrido amenazas directas e indirectas de esta misma organización. Otras personas que nos acompañan, que están con nosotros, habrán sufrido circunstancias tan lamentables como las que estoy glosando en este momento. Por tanto,
es fácil empatizar. Pero una cosa es empatizar y otra cosa es acertar. Una de las representantes de las víctimas citaba a Montesquieu, su famosa obra El espíritu de las leyes, que todavía los abogados -juristas son otros, de más dimensión y más
entidad ontológica que nosotros- siguen utilizando como elemento inspirador de sus reflexiones jurídicas e incluso de sus reflexiones metajurídicas. Claro, esta no es una ley que nosotros estemos intentando articular para que abogados pícaros -como
usted ha dicho- consigan prestaciones inadecuadas, aberrantes, descontextualizadas de los objetivos y de la fundamentación ontológica de esta ley, que es una ley que en mi opinión -no sé si ustedes la compartirán- debía servir para dos cosas
fundamentales que nosotros hemos dicho en anteriores intervenciones también. Yo creo que si entre todos -cuando digo entre todos quiero decir entre todos los grupos parlamentarios y todos los grupos parlamentarios con ustedes- logramos configurar
una buena ley de víctimas, estaremos realizando el mayor acto de refutación de los victimarios, la mayor crítica y seguramente la más dolorosa para los victimarios. Este es un reto importante. No hay mejor refutación del victimario, de las
organizaciones terroristas, que articular, que elaborar, desde la perspectiva del consenso, que cuanto más universal sea más refutador resultará para los victimarios y organizaciones terroristas, una buena ley, muy consensuada, con relación a la
reparación de las víctimas del terrorismo.



En segundo lugar, habría otra pretensión que hemos consensuado tácitamente entre todos. Debemos conseguir evitar de una vez -me va a permitir el presidente que deambule en el terreno de la utopía, por no decir la expresión si me permite más
vulgar o menos forense, de una santa vez- que alguien intente patrimonializar el dolor de las víctimas para obtener réditos electorales. Esto sería importantísimo conseguirlo porque yo creo que se ha hecho; se ha hecho sistemáticamente y se ha
hecho de forma paradójicamente también en muchas ocasiones. Recuerdo que contra la anterior institucionalidad vasca, a la que la señora Lasa también perteneció, se lanzó, en el sentido más etimológico de la expresión, por algunas organizaciones
políticas a las víctimas, utilizándolas como una especie de ariete deslegitimizador de dicha institucionalidad. Digo paradójicamente porque aquellos gobiernos o partidos políticos que sustentaban a los gobiernos que practicaban esta aberración
consistente en la patrimonialización del dolor de las víctimas tenían que soportar la interposición como media cada año de 700 contencioso-administrativos de víctimas contra la Administración Central del Estado; no me consta que nunca el Gobierno
vasco haya tenido que sufrir la interposición de un solo recurso contencioso-administrativo por parte de ninguna organización ni ninguna víctima en concreto. Son esas paradojas que deberíamos evitar, la patrimonialización del dolor y la utilización
de las víctimas para obtener réditos electorales bastardos -esa es la expresión-; sería una función o una finalidad importante, un objetivo teleológicamente relevante, que mi grupo parlamentario estima muy importante.



Desde esa perspectiva, hoy es su día; nosotros hemos consensuado el uso parlamentario de intentar hablar poco y que sea su voz la que se escuche en este momento. A partir de ahí, si ustedes no tienen inconveniente, intentar buscar
mecanismos de interlocución bilateral y directa con ustedes para mejorar lo que, en contra de los que hemos contribuido a la redacción de esta proposición de ley aprobada por unanimidad por esta Cámara, pensábamos que era una ley razonablemente bien
concebida pero que vemos que todavía tiene carencias, tiene lagunas, tiene disfunciones que estamos dispuestos a intentar corregir en la medida de nuestras posibilidades y de que los consensos, que al fin y al cabo deben ser el elemento referencial
de una ley de estas características, lo posibiliten.
Yo creo que es más importante una ley


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consensuada, aunque tenga algunas carencias o que no regule exhaustivamente todos los requerimientos y aspiraciones de las víctimas, que, por cierto, no son siempre homogéneas, porque tampoco las víctimas forman una organización o un
conjunto de organizaciones homogéneas -hay sensibilidades diferentes y objetivos diferentes-, pero que la mayoría de las víctimas se vean representadas y se vean razonablemente satisfechas por una ley que al fin y al cabo va a cumplir implícitamente
esas dos funciones que comentábamos, la refutación de los terroristas y victimarios y evitación del uso partidista o la patrimonialización del dolor para conseguir réditos electorales.



¿Hay deficiencias técnico-jurídicas? Las hay seguramente y a buen seguro con su colaboración las podremos corregir e incluso algunas ya han sido indicadas por ustedes con cierta exhaustividad. Tampoco vamos a negar que algunas son
discutibles; no sé hasta qué punto, es un tema recurrentemente polémico en esta Comisión, la imposición a los poderes públicos del Estado de determinadas obligaciones, por ejemplo, la de la prohibición stricto sensu de poder negociar -por cierto,
la locución negociar es un concepto manifiestamente metajurídico y con muchas dimensiones, desde una perspectiva semántica- con las organizaciones terroristas, lo que es tanto como imponer a los gobiernos pro futuro lo que todos los gobiernos
anteriores han hecho con las organizaciones terroristas. Es una cuestión polémica; yo no estoy ni haciendo apología de la negociación ni negando las virtualidades eventualmente de la negociación para la consecución de la paz. Sé que es un tema
discutible, que, siendo discutible, me gustaría poder discutir con todos ustedes; tampoco sé hasta qué punto la legitimidad de las organizaciones que vertebran a las asociaciones de víctimas llega hasta el punto de poder imponer al legislador,
representante de la soberanía popular, invocaciones o prohibiciones de naturaleza normativa de esta naturaleza.
Estamos en un terreno vidrioso, resbaladizo, cuyos umbrales son terriblemente difusos, pero seguramente también es una materia sobre la
que podríamos llegar a un punto de encuentro. Por lo demás, y sin perjuicio de las cuestiones concretas que ustedes han glosado perfectamente, les agradezco mucho sus aportaciones así como que hayan considerado que el esfuerzo del consenso merece
la pena, que hayan puesto en valor el consenso como un valor importante en relación con los problemas de las víctimas y poco más que decir por mi parte. Ya digo que hoy es el día en que las víctimas y sus asociaciones tienen que hablar y nosotros
tenemos que escuchar; ya llegará el momento en que nosotros hablemos entre nosotros mismos e intentemos ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones que, a pesar de la unanimidad que concitó la presentación de la proposición de ley, todavía no son
universalmente pacíficas y sobre todo contar con su opinión.



Hay una última matización también muy pertinente en relación con la regulación de cuestiones de esta dimensión, poseer información veraz, información razonable. La organización Kilometroak es una organización o una actividad que dimana de
la sociedad civil. Yo he corrido todos los años y seguramente la señora Lasa, que es euskaltzale, también, pero yo he corrido además el Kilometroak, al que usted se refería, con todos los miembros de la Academia de la Lengua Vasca, de
Euskaltzaindia. Yo le puedo asegurar que ni distorsionando el concepto de terrorismo ad náuseam se podría considerar a estos beneméritos personajes, miembros de Euskaltzaindia, terroristas. Sencillamente es un sistema para recabar financiación
para las ikastolas, porque son ikastolas, que no son ni concertadas ni públicas y que necesitan buscar elementos de financiación de naturaleza popular. Yo creo que también manejar con corrección material determinadas informaciones resulta muy
importante.



Desde luego, les manifiesto mi empatía con sus aportaciones, mi acuerdo con algunas de las reflexiones técnico-jurídicas o deficiencias que ustedes han manifestado -no es tan perfecto ni está tan depurado ni acabado el texto como algunos
podríamos presumir, señor presidente- y mi predisposición, si ustedes no tienen inconveniente, a mantener a partir de ahora una relación bilateral con todos ustedes para que este texto satisfaga a las víctimas. La señora Becerril decía una cosa que
es incuestionable, el fallecimiento y otras lesiones u otras agresiones de las organizaciones terroristas son de muy difícil reparación. El fallecimiento es un metafísico imposible de reparar. Obviamente el ordenamiento jurídico, al utilizar estas
locuciones, se refiere a la reparación de los causahabientes o a otros familiares. Hay deficiencias, hay disfunciones. No se habla de los hijos con el énfasis con el que se debía hablar y no se habla de los hermanos, que muchas veces, por razones
anímicas fácilmente comprensibles, son los únicos que pueden mantener la memoria del que falleció ante la imposibilidad de que otras personas próximas -o cónyuges- del mismo entorno familiar donde una persona ha sufrido un asesinato o un atentado
puedan afrontar la desmesurada función de mantener viva la memoria, de mantener viva la dignidad y de intentar reclamar justicia, que son los principios ontológicos inspiradores de esta ley. Desde esa perspectiva, esa disfunción ha sido glosada y
comentada por todas las organizaciones que han comparecido y esto nos implica como legisladores o como colegisladores.



Tomo buena nota de esto y de todo lo que han dicho y sepan que tienen en mí a un colaborador abierto a sus aportaciones. En la medida de mis posibilidades intentaremos cerrar un texto que sirva para lo que he comentado al principio de mis
palabras -esta expresión tan pedante que utilizamos los juristas legisladores-, en el frontispicio de mi intervención. Ojalá logremos una ley que sirva para la refutación más absoluta de los victimarios y de las organizaciones terroristas. Yo creo
que si esto lo llegamos a conseguir, habremos dado un paso de gigante para, entre otras cosas, acabar con el terrorismo en todas sus dimensiones. Y desde esa perspectiva gracias


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a todos por sus aportaciones. Saben que cuentan con un colaborador necesario en este caso para todo lo que sirva para mejorar esta proposición de ley.



El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernando.



El señor HERNANDO VERA: Aquí los únicos que tenemos que estar agradecidos somos nosotros, por su testimonio, por sus aportaciones, por sus reflexiones y por su valentía. Decía la señora Becerril que esta ley no es buena y yo he creído
interpretar perfectamente lo que quería decir, porque esta es una ley falible, como casi todas, pero, además, ojalá no hubiésemos tenido que elaborar ni esta ley ni leyes anteriores. Creo que a eso es a lo que se refería.



Se está organizando un coloquio sobre víctimas del terrorismo en Siracusa por varias universidades y por Naciones Unidas y una de las referencias fundamentales en materia de protección a las víctimas es la legislación española, la ley
española y nuestro sistema de protección a las víctimas.
Seguramente, si echamos la vista atrás, hallemos muchísimos errores de los que se han cometido a lo largo de estos años, pero más recientemente también vemos muchos aciertos: la ley
anterior, esta ley y las actuaciones que han hecho gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, no solamente en el Estado, sino también en las comunidades autónomas. La presencia aquí de algunos de ustedes, que han estado en gobiernos de
otros colores políticos en una comunidad autónoma, es un testimonio creo que muy relevante de que en el caso de la señora Lasa su elección en su momento fue claramente oportuna, y el hecho de que continúe en esa misma responsabilidad con un gobierno
de otro color también demuestra ese espíritu y esa intención de unidad que creo que tienen los partidos políticos en general y reflejada en esta Comisión.



La ley tiene su intrahistoria, este proyecto tiene su intrahistoria, y ustedes lo conocen, porque algunos de ustedes han formado parte relevante de esa intrahistoria. La ley es de todos los grupos parlamentarios, es una proposición que
presentan todos los grupos parlamentarios, pero previamente había un trabajo, un trabajo que se hizo desde la dirección general con ustedes y con otras asociaciones y fundaciones. Este trámite es un punto y seguido en esa búsqueda permanente del
consenso que nos hemos fijado todos los grupos parlamentarios y es sincero y completo, más allá de algunas patadas por debajo de la mesa que ustedes puedan percibir, pero les aseguro que el espíritu de consenso que nos anima a todos es completo y
sincero. Ha habido algunas coincidencias respecto a algunos aspectos técnicos mejorables. Yo ya les he dicho que la ley es falible y que seguramente es mejorable. Algunos de los elementos que ustedes han señalado están recogidos en otras leyes o
en otras disposiciones, como el propio Código Penal, con reformas recientes del Código Penal, y algunos de los aspectos que se han señalado están recogidos en otros capítulos de la ley: las referencias a los hijos, a los familiares, a los
ascendientes. No duden de que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar todos aquellos aspectos técnico-jurídicos que sean mejorables en la ley. Les aseguro que va a ser así, que vamos a hacer todos esos esfuerzos, pero déjenme que
me centre en dos cosas de las que han dicho.



Una es el aspecto de la memoria. Varios de ustedes se han referido a la memoria. Hay algunas de las historias, como la que nos ha relatado el señor Echave, que desarbolan un poco lo que uno iba a decir. En una novela reciente, muy
deliciosa, que es Bilbao, Nueva York, Bilbao, dice Kirmen Uribe que los peces, al igual que los árboles, desarrollan unas anillas por cada año que pasa, en invierno desarrollan una anilla por el frío y la escasez de alimentos. Las personas también,
desarrollamos unas anillas en nuestra memoria, unas cicatrices. Tenemos muchas cicatrices con relación al terrorismo, todos las tenemos. Seguramente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando olvidándonos un poco de esas cicatrices, pero sin
perder esa memoria colectiva de la que ustedes han hablado, porque la memoria es muy importante. Lo dijo mucho mejor de lo que yo lo estoy expresando el lehendakari Patxi López en un acto celebrado el 29 de noviembre en Vitoria-Gasteiz al que se ha
referido la señora Lasa respecto a la memoria. Dijo: ayer pedíais el reconocimiento y hoy pedís la memoria, pero la memoria sois vosotros -la memoria son ustedes, les digo yo-. Siempre que os veamos caminar con la frente alta recordaremos el
horror pasado y dentro de poco, cuando ya hayamos ganado definitivamente la batalla al terrorismo de ETA, también será necesario recordarlo, será necesaria la memoria.



Esta reflexión me parece fundamental porque, pase lo que pase, aunque sea muy poco el tiempo o sea algo más el tiempo, lo que no vamos a hacer es perder la memoria a la que se han referido ustedes. Ese es un compromiso que creo que ya hemos
adquirido todos los partidos, todos los españoles, toda la sociedad, no solamente en relación con ETA, como decía el lehendakari en esta intervención en Gasteiz, sino en relación con todo tipo de terrorismo. Si algo nos queda claro, después de toda
la historia que hemos vivido juntos, de todo el sufrimiento que hemos pasado juntos y que ustedes han vivido especialmente, es que lo más importante, lo que más nos tiene que preocupar a todos es el final del terrorismo, de todos los terrorismos
-unos mucho más cercanos que otros-, que ese final sea un final en el que las víctimas -y voy a decir una cosa entre comillas- se sientan cómodas en relación con el final de las organizaciones terroristas, sientan que no se ha pisoteado ninguno de
sus derechos, ninguno de sus sentimientos, que no se ha pisoteado su memoria. El final que perseguimos es un final para que haya una sociedad -y vuelvo a citar al lehendakari Patxi López- que permita la convivencia de los distintos, donde el
respeto y la tolerancia del otro sea su bandera, donde nadie nunca más tenga que bajar la voz para


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decir lo que piensa porque tiene miedo, una sociedad en la que nadie nunca más sea considerado un héroe por matar al que piensa diferente. Si con esta ley, con sus aportaciones y con su trabajo, damos un paso más para conseguir una sociedad
así y para terminar con el terrorismo de ETA y con todos los terrorismos, creo que estaremos haciendo un trabajo muy importante, más allá de la falibilidad del texto que finalmente aprobemos. En todo caso se intentará -y se lo digo muy
sinceramente-, por parte de todos los grupos parlamentarios, recoger el mayor número de las aportaciones y sugerencias que ustedes han hecho.



Muchas gracias de nuevo, sinceramente y de corazón.



El señor VICEPRESIDENTE: Este presidente no ha detectado ninguna pregunta dirigida a los comparecientes, pero aun así, si alguno de ustedes gusta hacer un último uso de la palabra, puede hacerlo.



Señor Rodríguez, cuando quiera.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Rodríguez Uribes): Diez segundos solamente para referirme -aunque probablemente voy a decir una obviedad en este foro- a la
terminología que nos pide el cuerpo desde el punto de vista humano en un texto legal, sobre todo cuando estamos hablando de derechos, porque esta ley no es solo compasión ni empatía, son derechos que, y derechos se van a poder ejercer con fuerza.
Quizá por eso en el borrador inicial hay una terminología de carácter jurídico estricto, pero por eso, porque hay una voluntad de que el reconocimiento a las víctimas lo sea con todas sus consecuencias. Es verdad que la terminología jurídica tiene
sus límites. Es simplemente una consideración que no hago a la defensiva sino para subrayar una obviedad, que creo que tiene sentido, porque esta ley, como la Ley de 1999, da un salto en lo que supone el reconocimiento a las víctimas como sujetos
de derechos y creo que eso también nos encorseta de alguna forma en la redacción del texto, sin perjuicio de que probablemente se puede mejorar todo un léxico que a lo mejor es menos jurídico pero que también es posible.



El señor VICEPRESIDENTE: Quiero agradecer a los comparecientes, con toda la sinceridad posible en nombre de la Comisión su comparecencia, con el corazón y con la razón, con ambas cosas. Agradecemos su comparecencia y sus aportaciones.



Vamos a suspender la sesión cinco minutos para despedirles personalmente y atender a los siete nuevos comparecientes que vendrán a continuación.
(Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD / ASKATASUN BIDEA (DE LA QUINTANA DÍEZ). (Número de expediente 219/000663.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO VERDE ESPERANZA (ALCARAZ MARTOS). (Número de expediente 219/000664.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA (CAJA LÓPEZ).
(Número de expediente 219/000665.)


- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (GONZÁLEZ HERMOSILLA). (Número de expediente 219/000666.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO SANTIAGO APÓSTOL (PENAS MONTAÑA). (Número de expediente 219/000667.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL COLECTIVO ARCO DE VÍCTIMAS DE TERRORISMO DEL PAÍS VASCO (MARCOS ARANDA). (Número de expediente 219/000668.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE VICTIMOLOGÍA (GARCÍA MERCADER).
(Número de expediente 219/000669.)


El señor VICEPRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión. Continuamos con el orden preestablecido de comparecencias relacionadas con la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo.
Quiero recordarles que los comparecientes tendrán diez minutos cada uno en el uso de la palabra, y que con posterioridad intervendrán por el tiempo reglado de otros diez minutos cada uno de los grupos parlamentarios
presentes.



En primer lugar toma la palabra el secretario de la Fundación para la Libertad, don Vicente de la Quintana Díez.



El señor SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD / ASKATASUN BIDEA (De la Quintana Díez): Señor presidente, señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer ante esta Comisión como representante de la Fundación para la
Libertad. Pretendo en mi intervención saludar esta iniciativa parlamentaria materializada como proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y poner en valor los contenidos que nos parecen ingredientes
imprescindibles de una política de reconocimiento descrita como integral.
Desde nuestro colectivo hemos venido desarrollando una actividad pública, tanto en foros nacionales como internacionales, que persigue tenazmente la defensa de unos valores


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ciudadanos que, presididos por el de la libertad, son indisociables de los de verdad, memoria, dignidad y justicia, tradicionalmente invocados por las víctimas del terrorismo. Por eso en primer lugar nos felicitamos y les felicitamos al
comprobar cómo en la proposición que nos convoca tales valores se dan cita para conformar un cuerpo legal que pretende materializarlos traducidos en derechos y prestaciones debidas. Nuestra felicitación es doblemente merecida, tanto por el notable
consenso que la proposición concita como por las novedades que incorpora. El ordenamiento jurídico necesitaba una regulación actualizada en esta materia al contarse por decenios la duración del azote terrorista infligido por ETA, y habida cuenta de
la trágica irrupción del terrorismo internacional en la realidad española, hoy por hoy una amenaza insoslayable.



Señorías, quisiera desgranar algunas consideraciones acerca de los aspectos que nos parecen más relevantes en la proposición de ley. Leemos -y leemos con agrado- en su exposición de motivos: El Estado salvaguarda así el recuerdo de las
víctimas del terrorismo, con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. Y más adelante: igualmente los poderes
públicos contribuirán al conocimiento de la verdad atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas entre víctimas y
victimarios. Y se añade: el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente estas, y convierte medios y fines en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia. Tales manifestaciones
impregnan el espíritu del texto revelando la intención del legislador -no puede ser de otra manera-, y encuentran expresión positiva en el artículo 2, párrafo primero, bajo la rúbrica: valores y finalidad de la ley.



Todo lo anterior merece un detenido examen, muy particularmente en lo que se refiere a la actividad criminal de ETA y en relación con las víctimas que engendra. Señorías, creemos que en el momento presente está larvándose una batalla a la
que la democracia española no puede rehusar, la batalla por la narrativa, la disputa sobre el relato que dé cuenta del significado auténtico de cincuenta años de terrorismo etarra. Si los valores que invoca en su exposición de motivos la
proposición de ley no quedan relegados en un limbo retórico, deberán ser ponderados no solo como el componente más sólido en la cimentación de una ley como esta, sino como el arma más eficaz de la panoplia democrática en el combate por el relato,
precisamente porque lo que en primer término se dirime en tal combate son la verdad, la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas.



A nuestro juicio, la verdad de las víctimas no se reduce tan solo a las opiniones o tomas de postura de las asociaciones que las representan, ni siquiera los posicionamientos que adoptaron en vida las personas asesinadas. Sabemos que eran,
que son plurales, distintos. La verdad de las víctimas hay que buscarla en la intención política de quienes las asesinaron. Todas las víctimas asesinadas por ETA tienen un valor político en la medida en que la intención de sus verdugos al acabar
con sus vidas fue suprimirlas, al revelarse como obstáculos a su proyecto político, de ahí que nos parezca errónea la afirmación de que la mejor manera de deslegitimar a ETA consista en extirpar la motivación política de sus actos.



Existe una dimensión que pudiéramos llamar privada del terror, la que atañe a las consecuencias del sufrimiento que causa y a las exigencias que se derivan de ello: petición de perdón, disposición al reconocimiento del daño, satisfacción de
las reparaciones debidas, etcétera, pero sería un fatal error olvidar su dimensión pública y política, de la que se derivan también consecuencias públicas y políticas.



En la batalla por el relato a la que me refiero conocemos muy bien las falacias prodigadas por la narrativa de los terroristas y sus corifeos.
La verdad, dignidad, memoria y justicia de las víctimas emplazan a los poderes públicos a una
defensa resuelta de un discurso y de una actitud política que den cuenta de la verdad. Así, cuando la impostura narrativa de ETA-Batasuna quiera alegar que en último extremo la historia de terror de ETA ha sido necesaria, como presupuesto para que
algún día una Batasuna emancipada pudiera intentar vías exclusivamente políticas, la verdad, dignidad, memoria y justicia de las víctimas deberán dictar al poder político el sentido de esta respuesta: no, es falso, indigno, amnésico e injusto. Y
lo que resulta condenable, o mejor, la condena exigible es la de la totalidad de la historia de terror de ETA. En caso contrario se estaría justificando cada asesinato que la jalona.



De igual forma, cuando la impostura narrativa de ETA-Batasuna quiera alegar, por asfixia, que fuese necesario acordar unos presupuestos mínimos para abordar un diálogo resolutivo con el Estado, que esto fuera así porque España padeciera un
déficit democrático estructural que trajera causa en la transición, la verdad, dignidad, memoria y justicia de las víctimas deberán dictar al poder público su respuesta: no. España se halla constituida como un Estado social y democrático de
derecho que incorpora un grado altísimo de descentralización del poder político. No existe déficit alguno que consienta explorar cauces extrainstitucionales para la resolución de ningún conflicto que se alegue. En caso contrario estaríamos
justificando los asesinatos perpetrados en nombre de una pretendida liberación de un orden impuesto.



Por último, cuando la impostura narrativa de ETA-Batasuna quiera alegar que el futuro político de Euskadi debe escribirse a partir de la voladura del actual marco de convivencia, la verdad, dignidad, memoria y justicia de las víctimas
deberán dictar a los poderes públicos la réplica pertinente. Es insultante la pretensión de considerar accidental la violencia ejercida para imponer una


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determinada pretensión política sin que esta padezca -ustedes mismos lo han reconocido en la exposición de motivos de la proposición de ley-, sobre todo cuando dicha pretensión niega el pluralismo de la sociedad vasca tomándola como un todo
homogéneo en identidad y sentimiento de pertenencia. Tal pretensión se coloca fuera de la democracia y así lo ha sancionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia ejemplar.



Señorías, concluyo. Desde la Fundación para la Libertad entendemos que los valores incorporados a esta proposición de ley son sustanciales y no deben ser contemplados como desahogos retóricos. Vinculan a los poderes del Estado más allá de
su aplicación a materias como indemnizaciones o reconocimientos formales. La dimensión política de las víctimas del terrorismo compromete al Estado en la gestión de la derrota de ETA. Lo hace excluyendo por principio cualquier clase de negociación
de contenido político que afecte a los marcos de convivencia que los vascos y el resto de españoles nos hemos dado. La consecución de la derrota de ETA lleva implícita la defensa de una narrativa que condene toda su historia y su pretensión
política, indeleblemente mancillada por la sangre de todas sus víctimas. Solo el inexorable cumplimiento de la justicia en lo público deja expedito el camino del duelo en lo privado. Ojalá en la batalla por el relato no tengamos que repetir
demasiadas veces aquellas palabras con las que Hannah Arendt ponía de cara, frente a sus propias contradicciones, a los eternos ambiguos: describir los campos de concentración sin ira no es ser objetivo, es indultarlos.



El señor VICEPRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra don Francisco José Alcaraz Martos, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO VERDE ESPERANZA (Alcaraz Martos): Quisiera empezar mi intervención diciendo que represento al colectivo de víctimas del terrorismo Verde Esperanza, fundado hace diez años, de
ámbito nacional, y que tiene entre sus asociados a más de cuatrocientas víctimas del terrorismo.



Mi intervención hoy aquí no sé si es casual o accidental, porque tan solo el Grupo Parlamentario Popular ha pedido nuestra comparecencia. Extraña a nuestros asociados que hayamos sido discriminados, y nos preguntamos por qué el resto de
grupos parlamentarios no querían nuestra presencia ni saber nuestros puntos de vista acerca de esta ley. También tengo que decir que hablo de una ley que hemos conocido por los medios de comunicación. Desde ningún grupo político se nos ha pasado
una copia y ni siquiera la persona responsable del Ministerio de Interior, don José Manuel Rodríguez Uribe, ha tenido la deferencia de mandarnos un borrador, como es obligación para con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo -incluso para
la que tiene un presidente que quizá no le agrade, por su postura frente a la negociación-, para que hubiésemos podido tener esa proposición de ley y escudriñar las modificaciones que posteriormente hemos conocido.



La proposición de ley de víctimas del terrorismo habla sobre las medidas económicas y asistenciales, tanto de los heridos como de los familiares del fallecido. No voy a entrar a valorar lo que pensamos desde nuestra asociación de esta
proposición de ley, porque consideramos que es un fraude en materia económica para todas las víctimas del terrorismo, pero confío en que los miembros de cualquier organización, sus representantes y las víctimas que no estén asociadas exijan a los
poderes públicos que se haga justicia, y que no se produzcan agravios comparativos como los que se van a hacer con esta ley, que lejos de mejorar y buscar una unidad a la hora de valorar a las víctimas del terrorismo, lo que hace es distanciarlas
aún más, si cabe.



Voy a expresar solamente lo que pensamos desde nuestra asociación sobre el preámbulo de la proposición de ley en el que se habla de la memoria, la dignidad y la justicia. Somos bastante pesimistas, y desconfiamos de la voluntad de toda la
Cámara para que los tres puntos que vamos a exponer sean recogidos en la ley, porque ya se han pronunciado en contra en algunas declaraciones cuando otras organizaciones han expuesto aquí algunos de los puntos que coinciden con los que exponemos.
El primer punto que debe recogerse en la ley para que sea creíble la memoria, la dignidad, la justicia y el reconocimiento a las víctimas es que no se debe negociar con ninguna organización terrorista. Tiene que haber un compromiso para que ningún
gobierno negocie con terroristas. Tampoco los terroristas pueden obtener beneficios por matar o por dejar de hacerlo.
El segundo punto es que no sería de recibo ni coherente apoyar una ley para dignificar a las víctimas del terrorismo cuando
tenemos vigente -a pesar de que se quiera negar- una resolución parlamentaria de mayo de 2005 donde se da permiso para negociar con ETA. El tercer y último punto es que creo que también sería tener una actitud cínica llevar a cabo esta ley
justificando el apoyo a las víctimas del terrorismo cuando la presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo del atentado del 11 de marzo, con 193 asesinatos y miles de heridos, ha tenido que pedir amparo a sus señorías para que por fin, de
una vez por todas, contribuyan a los procesos judiciales que hay abiertos para clarificar hasta el último punto todas las dudas e interrogantes que tiene dicho atentado.



Estos son los tres puntos en los que sustentamos nuestra demanda desde la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, como le he dicho con muy pocas esperanzas de que sean recogidas en esta ley, porque de entrada ya le digo que no
han tenido ninguna voluntad en conocer nuestra opinión en todo momento. Además desconfiamos de que una ley vaya a recoger estos puntos, porque se va a apelar a la unanimidad entre todos los grupos parlamentarios. Nos extraña que se busque esa
unanimidad en grupos parlamentarios que sin rubor


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alguno se han reunido con organizaciones terroristas, como Josu Ternera, grupos parlamentarios que hace pocos días se paseaban con Batasuna-ETA por las calles del País Vasco, o grupos parlamentarios que se comprometieron en el Pacto
antiterrorista a que los grupos proetarras o que suponían una humillación a las víctimas del terrorismo no tocarían ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Popular o por el Partido Socialista, y la historia nos ha demostrado que al final no ha
sido así; son compromisos que se han adquirido y que no se han cumplido. Por lo tanto entendemos que en lo asistencial y en lo económico esta Ley, como he dicho, es un fraude. Estos tres puntos de memoria, dignidad y justicia que he expuesto son
los que nosotros proponemos. Y quiero terminar haciendo alusión a una frase de George Bernanos, que decía que el honor de un pueblo pertenece a los muertos, que los vivos solo lo usufructúan.
Esto es lo que me parece esta ley, el usufructo de
quienes vivimos en nombre de los muertos, siempre y cuando no sigamos reivindicando la memoria, la dignidad y la justicia, pero que vaya más allá de unas meras intenciones en una ley que puedan servir únicamente como maquillaje o para buscar alguna
rentabilidad política.



El señor VICEPRESIDENTE: Seguidamente tiene la palabra don Francisco Caja López, presidente de Convivencia Cívica Catalana.



El señor PRESIDENTE DE CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA (Caja López): En nombre de Convivencia Cívica Catalana les agradezco sinceramente su invitación.
Su convocatoria de comparecencia ha sido cursada a una asociación que lleva en su nombre el
epíteto de catalana, y que me concede la oportunidad, como ciudadano de Cataluña, de cumplir con el deber político más alto: honrar en sede parlamentaria a las víctimas del terrorismo, y de este modo mostrar la repugnancia moral de muchos catalanes
ante la empatía, la connivencia y la complicidad de nuestros -por esta razón- indignos representantes políticos autonómicos con el terrorismo y sus fines. En la memoria de la indignidad figuran tristemente episodios tan infamantes como la reunión
del presidente en funciones de la Generalitat en Perpiñán con los terroristas para negociar la amnistía de ETA para los catalanes, a causa de su condición de no españoles; la repugnante tergiversación de la manifestación ciudadana, denuncia y
condena del asesinato de Ernest Lluch, presentada por la mayoría de nuestros representantes políticos como una manifestación de la voluntad de los catalanes de negociar con ETA, etcétera, es larga la lista de infamias que desde Cataluña se ha
perpetrado contra las víctimas del terrorismo.
Muchos catalanes -estoy seguro que la inmensa mayoría- desean más que nada que las víctimas del terrorismo recobren íntegramente su dignidad, en la íntima convicción de que la dignidad de las víctimas
es su propia dignidad como ciudadanos, porque en nuestra modesta opinión una grave incomprensión pesa sobre la naturaleza política, el significado político, en el más alto sentido del término, de las víctimas del terrorismo, ya que -y esta es la
principal razón que defenderá mi intervención-, las víctimas del terrorismo no son víctimas ordinarias, ni el delito de terrorismo es un delito común ordinario. Me serviré de las palabras del malogrado Antonio Beristain para definir la singular
condición de las víctimas del terrorismo: son las macrovíctimas de un macrodelito, el delito de terrorismo. No basta decir, como recoge la presente ley en su exposición de motivos, que las víctimas del terrorismo son víctimas de violación de
derechos humanos: son eso y mucho más. Son víctimas políticas, víctimas de la democracia y del Estado en un sentido preciso.
Su condición de víctimas no tiene otra razón que la de un medio para un fin preciso, justificar la legitimidad de una
violencia que han convertido en sagrada. No valen las fórmulas abstractas, no es un mero medio ni un mero fin que supone la cosificación de las personas como en la exposición de motivos de la ley se recoge, y creo sinceramente que esto es algo que
no recoge suficientemente, como les decía, la exposición de motivos de la presente ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.



Habría fracasado totalmente con mi intervención si pensaran que estas consideraciones son meramente teóricas, sin relevancia alguna en la práctica. Quisiera convencerles de todo lo contrario. Se dirime aquí la sustancia misma de nuestro
orden político, su fundamento moral, el punto de anclaje, de articulación entre lo político y lo moral. Sería injusto no reconocer el innegable progreso que esta ley significa respecto de la anterior Ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo de 1999, pero si las cuestiones de principios no quedan adecuadamente resueltas, recogidas en la presente ley cualquier medida práctica resultará insuficiente. Después de todo, cualquier detalle, cualquier medida concreta adquiere su
sentido en relación con la totalidad. Una simple observación bastará para poner esto de relieve.



En el espíritu que preside la presente ley no se refleja una cosa. La mera existencia de una ley específica significa que ese delito, el delito de terrorismo, no es un delito ordinario ni sus víctimas son víctimas ordinarias. No son
exclusivamente víctimas tampoco de una vulneración de un derecho humano. Lo específico de su condición de víctimas, de las víctimas del terrorismo, se revela al considerar la naturaleza de la reparación específica que exigen. Lo único que puede
reparar la dignidad de las víctimas del terrorismo es el compromiso firme, irrevocable, de no negociar con los victimarios, de perseguirlos con los instrumentos del Estado de derecho de manera pública y transparente. Son víctimas públicas, víctimas
políticas en el verdadero sentido de lo político. Se nos roba la vida, la dignidad de nuestros conciudadanos, pero piénsese una cosa: esa víctima podríamos haber sido cualquiera de nosotros. De justicia son las indemnizaciones, las ayudas, las
prestaciones, los


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honores, las compensaciones a las que tienen derecho las víctimas, pero lo que aquí se dirime es algo más: es preciso escuchar las demandas de las víctimas. Se ha tratado de silenciar, se ha tratado de acallar su insobornable voz
deslegitimando sus demandas, hasta llegar a extremos de afirmar que no pueden dirigir la política antiterrorista, justamente por su falta de ecuanimidad en razón de su condición de víctimas.



Pero vayamos a lo concreto. Quiero recordarles un fragmento de la intervención de Ana Iríbar, víctima del terrorismo, ante esta misma Comisión. Decía la señora Iríbar: desde el mayor de mis respetos, quiero manifestarles algo que ya dije
al director general de la Oficina de Víctimas del Terrorismo. Devolvería hoy hasta el último céntimo de las indemnizaciones y renunciaría a ellas si con ello tuviera la seguridad, si con ello se comprometieran ustedes con esta ley a no negociar con
los terroristas, a impedir su participación en las instituciones, a perseguir y aislar a los terroristas y a sus cómplices, a defender el cumplimiento íntegro de las penas e impedir casos tan terribles como el de De Juana Chaos o el de Pilar Elías,
en Azcoitia. En mi caso, esta es la mejor manera de dignificar la vida y muerte de Gregorio Ordóñez.



Déjenme dirigirles algunas consideraciones de orden moral. La presente ley, con un criterio bien intencionado, habla de reparación integral de la víctima, pero esa reparación de los daños que el macrodelito de terrorismo causa a las
víctimas es imposible. Si no se comprende, si no se explicita esto, cualquier medida de reparación del daño causado a las víctimas del terrorismo correrá el riesgo de ser interpretada como un intento de acallar su voz, de taparles la boca a las
víctimas. La existencia del terrorismo es incompatible con lo que constituye el fundamento mismo del Estado, el monopolio de la violencia. Se arrogan el derecho de matar por su nación, y entiéndase este término en un sentido más abarcador. Matar
por la nación no es un mero medio para un fin cualquiera. Aquí no valen las fórmulas abstractas. Aquí, en el delito de terrorismo, en un macrodelito, como es el delito de terrorismo, se ha producido una inversión de la relación entre los medios y
los fines. Esta es la paradoja del terrorismo. Solo la enormidad, la monstruosidad de los medios, el crimen, determina la grandeza de la causa, del fin -si quieren ustedes-; es lo que los ciudadanos expresan intuitivamente al gritar a los
criminales, a los victimarios: Sin pistolas no sois nada. La negociación con los verdugos supone el reconocimiento de los victimarios como sujeto político. La negociación privaría a las víctimas de todo el sentido de su muerte; leas condenaría a
algo peor que la muerte. La existencia de una sola víctima es moralmente determinante de la exclusión de todo cálculo político en materia de terrorismo. La renuncia de las víctimas a una justicia retaliativa sitúa al Estado en una posición de
absoluta responsabilidad, porque esa renuncia constituye el fundamento, la sustancia misma del Estado, su verdadera fuente de legitimidad. Esto tiene consecuencias decisivas para la presente ley.



El terrorismo, para utilizar los términos de Kant al que la ley se refiere al hablar de cosificación, es el mal diabólico. Con cada atentado, con cada asesinato, los terroristas no solo matan a una persona inocente; con cada asesinato
pretenden mostrar su superioridad moral, imponer una regla moral monstruosa, que el asesinato por la nación, por su nación, incluso de víctimas indefensas, porque la culpa para ellos no es personal sino colectiva; es no solo moralmente aceptable
sino un deber moral; no un delito monstruoso, sino una demostración de su grandeza moral. En eso consiste la perversidad del terrorismo, su malignidad. En eso consiste su cualidad de macrodelito. Más allá del estrecho concepto de reparación o
compensación, lo que exigen las víctimas del macrodelito de terrorismo es que se las honre, que se reconozca su integridad moral, su dignidad, su individualidad que, paradójicamente, solo podrá aparecer con la asunción colectiva de la
responsabilidad del delito. La existencia de las víctimas del terrorismo exige que se las honre públicamente porque es un delito público. Es el delito público por excelencia, un delito político. Supone el fracaso del Estado, fracaso moral ante
todo. Quien crea que se pueden separar netamente ética y política con cómodas distinciones formales, por muy bien intencionadas que fueran -sea del tipo ética de las convicciones versus ética de la responsabilidad o del mal menor o de cualquier
otra- yerra absolutamente. Solo se puede honrar a las víctimas mediante la identificación pública con ellas, para mostrar públicamente que su dignidad es la nuestra; para hacerle saber al victimario que lo peor para nosotros no es la muerte; que
nuestra dignidad está más allá de la muerte. Tachen ustedes mis palabras de integrismo moral. Son muy libres de hacerlo. Pero al hacerlo no podrán disminuir ni un ápice el testimonio de verdad de las víctimas del terrorismo. No es solo su
dignidad lo que se dirime en la respuesta a la imperiosa demanda que les dirigen como representantes del Estado; es su propia dignidad, la de ustedes y la de todos los ciudadanos. El Estado debe reparar su fracaso reconociendo su culpa en el
delito de terrorismo. Cada asesinato del terror es un fracaso del Estado y una culpa que debe asumir, también, la sociedad civil. La grandeza moral de las víctimas al renunciar a la justicia retaliativa, a la venganza, que ha caracterizado a las
víctimas del terrorismo en España, exige del Estado el cumplimiento de un deber adicional, una exigencia moral adicional para el Estado, si no quiere resultar definitivamente deslegitimado. Ese es el fin que persigue el terrorismo.
Solo en este
sentido puede hablarse de reparación de las víctimas porque la reparación de las víctimas es la reparación de la médula, del lazo que une al individuo con el Estado, que cada delito de terrorismo quiebra.



Por último, déjenme contestar a una posible objeción. Negociando se evitan nuevas víctimas. Esa falsa coartada moral, que no es sino consecuencia de una culpable cobardía moral no puede aceptarse, no podemos aceptarlo.



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Negociando se vuelve a victimar a las víctimas ya existentes con un agravio moral más terrible aún, su segunda muerte, tal como se describe en clave teológica en Apocalipsis, esa muerte de la que nos ha de librar en su dimensión profana la
existencia de un verdadero orden democrático.
El dejar de comprender las dimensiones de esta verdad lleva inevitablemente a la patética tibieza que aflige hoy a nuestras instituciones políticas.



El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra seguidamente don Cayetano González Hermosilla, director del Observatorio internacional de víctimas del terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.



El señor DIRECTOR DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (González Hermosilla): Señorías quiero agradecerles en primer lugar, como han hecho mis antecesores en el uso de la
palabra, la oportunidad que me han brindado de comparecer en el día de hoy ante esta Comisión de Interior con motivo de la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Lo hago en
calidad de director del Observatorio internacional de víctimas del terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, un organismo que se puso en marcha hace seis años con un doble objetivo. En primer lugar, trabajar en pro de las víctimas del
terrorismo de todo el mundo, sin hacer ningún tipo de distinción sobre su origen geográfico o ideológico; trabajar para se oiga la voz de las víctimas, para que se respete su memoria, su dignidad y para que se haga justicia con los asesinos de sus
seres queridos. En segundo lugar, el observatorio nació para que los jóvenes universitarios conozcan de primera mano la cruda y dura realidad que supone el terrorismo en unas sociedades libres y democráticas, cuya consecuencia más dramática es
obviamente las víctimas que genera. Por eso nos parecía y nos sigue pareciendo muy importante que esos jóvenes conocieran de primera mano, a través del testimonio lleno de dignidad y de fortaleza moral de las propias víctimas, la triste realidad
del terrorismo. A conseguir esos dos objetivos se dirigen todas las actividades que organizamos desde el observatorio. Quizá las más conocidas, por su carácter internacional y por su indudable repercusión mediática, han sido y siguen siendo los
congresos internacionales de víctimas del terrorismo, que ya van por su 6.ª edición, habiéndose celebrado cuatro en España, dos en Colombia y estando previsto que la edición del próximo año, que será la 7.ª, tenga lugar en París. Además de estos
congresos internacionales, el observatorio ha llevado a cabo cada año un seminario sobre Información, víctimas y terrorismo, dirigido muy especialmente a los jóvenes universitarios; ha organizado cuatro jornadas denominadas Universitarios con las
víctimas del terrorismo, que vienen a ser como un día de puertas abiertas, de convivencia franca y estrecha entre las víctimas y los jóvenes universitarios; ha instalado en el campus que el CEU tiene en Montepríncipe, a las afueras de Madrid, un
monumento denominado La Puerta del Recuerdo, en memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo; ha instaurado unos premios anuales de carácter internacional, que llevan el nombre del citado monumento, para premiar a personas o instituciones que
se hayan distinguido por su trabajo y compromiso con la noble causa de las víctimas del terrorismo.



Para que se hagan una idea exacta del volumen de estas actividades que someramente les he descrito, en ellas han participado a lo largo de estos años unos 2.000 universitarios y más de 2.700 víctimas del terrorismo de dieciocho países del
mundo, con una presencia mayoritaria como es lógico de víctimas españolas. He hecho esta breve descripción de lo que es el observatorio para que entiendan que mi modesta y pequeña aportación en la tarde de hoy lógicamente tiene que estar guiada por
lo que he vivido, visto y oído en estos años, tanto a esos jóvenes universitarios como a las víctimas del terrorismo que han tomado parte en nuestras actividades.
Es decir, pretendo trasladarles lo que piensan los jóvenes sobre el terrorismo y sus
víctimas y cuáles son las demandas de estas.



Empezando por los primeros, por los jóvenes, permítanme que antes de entrar en materia les diga que cuando leí el texto de esta proposición de ley me reconfortó especialmente toparme con el artículo 57, donde -como ustedes recordarán muy
bien- se habla de los planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz que deben ser impulsados por la Administración educativa, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo. Y
digo que me reconfortó la lectura de este artículo porque es precisamente eso lo que con mucha modestia pero también con enorme determinación venimos haciendo en el CEU desde hace unos años con todas las actividades que anteriormente les he
enunciado. Es de vital importancia que nuestros jóvenes, y me refiero ahora muy especialmente a los de nuestro país, sepan que la España que les ha tocado vivir y que en un futuro no muy lejano heredarán sus hijos ha sido posible gracias al
sacrificio de muchas personas que lo han dado todo, hasta la propia vida, por defender nuestra libertad, nuestro sistema de convivencia, nuestra Constitución, nuestra democracia. Saber esto por parte de nuestros jóvenes no es solo una obligación de
carácter estrictamente académica o pedagógica, es mucho más; es un imperativo de índole ético y moral, un deber de justicia, un compromiso con la verdadera historia de nuestro país, una historia que si se quiere escribir bien en lo que a este
último medio siglo se refiere debe considerar y contemplar a las víctimas del terrorismo como los auténticos héroes de nuestro tiempo, porque las sociedades que no honran a sus muertos, a sus víctimas, a sus mártires no serán ni podrán ser nunca
sociedades sanas ni justas.



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Pues bien, les puedo asegurar que de mi experiencia con los universitarios que han asistido a nuestras actividades, ellos -creo que al igual que la inmensa mayoría de ciudadanos- tienen las ideas muy claras y se pueden sintetizar en los
siguientes tres enunciados. Primero, agradecimiento sincero y profundo a las víctimas del terrorismo por el enorme sacrificio que han tenido que soportar; segundo, compromiso personal de los jóvenes para trabajar por su memoria, por su dignidad y
por que se haga justicia; tercero, rechazo a cualquier tipo de negociación con los terroristas y, consecuentemente, exigencia total y absoluta a los gobiernos para que mediante la aplicación de los instrumentos que tiene un Estado de derecho se
derrote a quienes utilizan la violencia como método para intentar conseguir objetivos políticos. Estos tres principios los tienen recogidos, dentro de la documentación que desde el observatorio les hemos hecho llegar, en el manifiesto de los
universitarios a las víctimas del terrorismo que es leído por parte de ellos en las jornadas que cada año celebramos.



Y qué decirles que ustedes no sepan de lo que quieren y piensan las víctimas del terrorismo. Las han podido escuchar en esta Comisión hace unos días y hoy mismo, y a lo largo de estos años las víctimas, sus asociaciones, han podido plantear
sus justas reivindicaciones a través de diversos cauces, entre ellos la calle, ya que les recuerdo que en la legislatura pasada hasta un total de ocho veces una importante representación de las víctimas del terrorismo, y con ellas miles de
ciudadanos, salieron a la calle para reivindicar memoria, dignidad y justicia y para decir alto y claro al Gobierno: Negociación, en mi nombre no. Mi experiencia del contacto con ellas, dentro y fuera de las actividades llevadas a cabo por el
observatorio, es que la mejor reparación que pueden recibir, el mejor homenaje que se les puede tributar, la manera de ayudarles a llevar la dura carga que tienen como consecuencia del asesinato de sus seres queridos no es la de tipo económico o
asistencial, que es evidente que la necesitan y de justicia proporcionársela; no. La mejor forma de reparar a las víctimas del terrorismo por todo lo que han tenido que sufrir es derrotar a sus verdugos. Nada les llenará más y mejor el hueco que
han dejado sus seres queridos que ver cómo todo el peso de la ley cae sobre los asesinos y comprobar cómo cumplen íntegramente sus penas en la cárcel. Creo que en comparecencias anteriores ante esta Comisión han sido varias las asociaciones o
fundaciones de víctimas que les han reclamado que quede constancia por escrito en esta proposición de ley del compromiso explícito de la sede de la soberanía popular de descartar para siempre cualquier tipo de negociación con los terroristas que
implique pagar un precio político para que estos dejen de matar. Las víctimas, al igual que la inmensa mayoría de los españoles, piensan que no hemos llegado hasta aquí para que al final la banda terrorista que más daño y dolor ha causado a la
sociedad española -ETA- se salga con la suya, y se saldría con la suya si consiguiera la más mínima concesión de tipo político por dejar de matar.Para eso, piensan las víctimas y pensamos muchos, mejor que se hubiera cedido y que se hubiese
negociado hace años, y nos hubiésemos ahorrado muchos muertos. No sé si esta petición de las víctimas de que haya una mención expresa en la proposición de ley a la no negociación es muy ortodoxa desde la óptica de la tramitación parlamentaria; no
sé si hay precedentes al respecto; no sé cómo se puede articular dicha petición desde el punto de vista del uso parlamentario.
Lo que sí sé es que la misma tiene un alto valor simbólico para las víctimas y para muchos ciudadanos que no queremos
que ningún gobierno democrático caiga en la tentación de negociar políticamente con los terroristas, sean de ETA o de cualquier otro grupo; lo que sí sé es que es una petición llena de sentido común y que nace de una exigencia democrática y del
respeto que todos debemos tener no solo a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo sino a nuestro propio Estado de derecho.



En el último punto del manifiesto que las propias víctimas aprobaron en el primer congreso internacional y que se ha mantenido intacto a lo largo de todas las ediciones posteriores, se puede leer algo que en mi opinión pone claramente de
manifiesto la enorme dignidad y fortaleza moral que tienen quienes han sufrido la barbarie terrorista. Las víctimas del terrorismo -dice ese punto del manifiesto- no queremos ni venganza ni revancha; las víctimas del terrorismo solo queremos que
las generaciones futuras no tengan que padecer lo que desgraciadamente hemos padecido de manera directa o indirecta tantas personas que un día nos convertimos en víctimas por la crueldad de unos criminales, y estamos convencidas de que todos juntos,
gobernantes y ciudadanos anónimos, podremos con nuestro esfuerzo y trabajo conjunto evitar que el dolor se perpetúe y darle vida a la esperanza de un mundo mejor.



Permítanme que para concluir les diga que, como hace mucho tiempo llegué a la conclusión -seguramente compartida por todos ustedes- de que las víctimas del terrorismo son la parte mejor, la más noble de nuestra sociedad, yo me sumo
personalmente y en nombre de la institución a la que representó a esta petición de las víctimas, y les ruego que atiendan su demanda y que se incluya en esta proposición de ley una referencia expresa a excluir para siempre la negociación con los
terroristas como forma de acabar con ellos. Se lo merecen las víctimas y también se lo merece la sociedad española, a la que ustedes representan, que ha sabido sufrir de forma tan ejemplar, con tanta entereza y estando unida, los embates del
terrorismo a lo largo de estos años.



El señor VICEPRESIDENTE: El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol, don Ángel Penas Montaña, toma la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO SANTIAGO APÓSTOL (Penas Montaña): Señorías, compañeros representantes de colectivos de víctimas del terrorismo,


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fundaciones y asociaciones, quiero darle las gracias al diputado Josu Iñaki Erkoreka, representante de Vizcaya por el PNV. Señorías, es un placer para nosotros esta oportunidad para exponer nuestras alegaciones a esta proposición de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Los fines de nuestra asociación, entre otros, son prestar la ayuda necesaria tanto de tipo moral como material a todo aquel que lo necesite y haya sido víctima, o a cualquiera de
sus dependientes, de la acción terrorista en cualquiera de sus formas; reunir en su seno a las personas que han sido víctimas del terrorismo en cualquiera de sus formas o manifestaciones, así como a sus familiares directos y personas dependientes;
dar a conocer la situación tanto moral como material de las víctimas y sus familiares; conocerse entre el colectivo, estudiando las necesidades personales e intentar solucionarlas. Especialmente, el apoyo moral debe estar garantizado.



Si esta proposición es sumamente importante, no lo es menos que tras estas tinieblas que nos llevan cubriendo durante cincuenta años empiece el fuego de una cerilla a brillar en el horizonte. Ojalá no se produzcan más sufrimientos,
derramamiento de sangre, pérdida de vidas humanas, amenazas, chantajes y todas las connotaciones derivadas de la infamia terrorista. Una parte de la sociedad ha perdido lo mejor del ser humano: la vida. Han muerto seres queridos dejando
huérfanos, viudas, padres sin hijos, mutilaciones, secuelas incurables psicológicas y morales; ha llevado a personas al suicidio ante la magnitud de no poder soportar el sufrimiento. Sin embargo, esto ha tenido beneficios para otras partes
-económicos, políticos, etcétera-; unos sacuden el árbol y otros cogen las nueces. Tampoco se respetaron las leyes en vigor en cada momento, ni aquellas que por su contenido no eran eficaces se cambiaban. No se exigen las responsabilidades
correspondientes a quien las incumple: prisiones preventivas de presuntos inculpados que no son juzgados en el tiempo reglamentario, quedando en libertad y siendo posteriormente indemnizados; incumplimiento de las condenas; informes médicos
forenses falsos, sin reconocer a los pacientes; comparecencias de las víctimas en los juicios con los propios terroristas y sus secuaces. Despierta más preocupación en algún gobernante el estado de un terrorista juzgado y condenado en huelga de
hambre que sus propias víctimas y familiares. En varios momentos no se llama a las cosas por su nombre por no molestar a los terroristas y su mundo, aunque el cambio de significado provoque sufrimiento a las víctimas.



Quiero hacer un llamamiento. Empieza a ser preocupante la kale borroka que se comienza a sufrir en Galicia. Deberían tomarse las medidas oportunas para evitar males mayores: el control de estas bandas desde los responsables de la lucha
antiterrorista, el Poder Judicial debe aplicar el peso de las leyes con toda contundencia, así como la enseñanza en los correspondientes centros educativos y el apoyo político que puedan percibir.



Mi más sincero agradecimiento por esta proposición de ley, así como a todas las fuerzas políticas que lo apoyan. Esperamos que entre en vigor y no se muera en el limbo de los justos.



Nuestras proposiciones son las siguientes. Debería añadirse un artículo o apartado al ya existente, o incluso un nuevo capítulo dentro del título IV de la proposición de ley que nos ocupa con el siguiente tenor literal: Las
administraciones públicas competentes establecerán respecto de las personas a las que se refiere el artículo 4 -se refiere a la Ley contra el terrorismo- de esta ley que tengan la consideración de preferentes en la concesión de plazas en geriátricos
públicos o concertados, reservando un número de plazas disponibles para hacer efectiva dicha consideración.
Asimismo, un nuevo artículo en el capítulo primero, título VI, revalorización de las condecoraciones: De la Cruz del Mérito de la Guardia
Civil y Mérito Policial con distintivo rojo de las concedidas a la entrada en vigor de esta proposición de ley y posterior revisión anual según el índice de precios al consumo.



Para terminar, me uno a la petición de mi compañero de la izquierda que hace referencia a que ningún partido en el Gobierno debe negociar con ninguna banda u organización terrorista.



El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra don Rafael Marcos Aranda, que es el presidente del colectivo ARCO de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.



El señor PRESIDENTE DEL COLECTIVO ARCO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO (Marcos Aranda): Señorías, estoy aquí en mi carácter de representante de un pequeño colectivo de víctimas del terrorismo que continúa viviendo en el País
Vasco, y es pequeño porque no son muchas las víctimas del terrorismo que quieren continuar viviendo en el País Vasco.
Las personas que me han mandado hoy aquí para que represente su visión de la nueva proposición de ley de reconocimiento y
protección integral de las víctimas del terrorismo me han mandado fundamentalmente para una cosa, y es para mirarles a ustedes a los ojos y pedirles dos cosas. La primera, generosidad. Necesitamos su generosidad. En esta época de vacas flacas que
estamos viviendo, una ley de este tipo no puede verse restringida por condicionantes presupuestarios. Lo siguiente que tengo que pedirles es congruencia. Ya hemos vivido otros procesos legislativos de ámbito autonómico que han quedado
absolutamente en nada, porque los preámbulos de las leyes son muy bonitos, son ampulosos, pero luego viene el articulado, que es mucho más restrictivo, y luego viene el reglamento, que a uno le sume en una especie de camino tortuoso que hace que
muchas de las víctimas del terrorismo desistan de pedir sus derechos. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con la ley que se aprobó en el Parlamento vasco. La misma ley determinaba que en seis meses tenía que existir el
reglamento y no sé si ustedes lo han visto, pero desde luego


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yo no lo he visto todavía. Hemos solicitado en muchas ocasiones partes importantes que tienen que ver con aspectos asistenciales de la ley y la respuesta que hemos tenido ha sido la de que es extemporáneo porque no se ha aprobado el
reglamento, y hace dos años que se aprobó esa ley. Por eso tengo que pedirles congruencia, para que el reglamento establezca precisamente lo que puede ser esta ley, con el concurso de todos.



He tenido oportunidad de leer anteriores comparecencias en el 'Diario de Sesiones' y me gustaría centrarme en algunos aspectos concretos que desde nuestro colectivo pensamos que no han sido suficientemente tocados. Uno de ellos y quizás el
más importante -nosotros les hemos hecho llegar la Declaración de Balmaseda, una declaración sobre la dignificación y los derechos de las víctimas del terrorismo- es que nosotros, en principio, no estamos de acuerdo con el nombre de esta ley. La
ley tiene que ser de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y para su dignificación. No se puede proteger a quien ya ha sido agredido y las víctimas podemos esperar la solidaridad del pueblo español, de nuestras comunidades, pero lo que
tenemos que esperar del Estado, de las instituciones del Estado, del Legislativo, de a quienes ustedes representan, de la soberanía nacional, es que se reconozcan nuestros derechos. Por eso es importante que estos derechos queden claramente
consolidados. Y nosotros proponemos que dentro del artículo 25 de la Constitución se establezca un punto 4 que recoja explícitamente la obligación del Estado hacia las víctimas de velar por la administración de la justicia, su resarcimiento, la
defensa de su dignidad, su memoria y la atención en el orden social, moral y psicológico que permita su total reinserción en la sociedad. He tenido oportunidad de leer la proposición de ley y hay algunos aspectos que desde nuestro punto de vista
vienen insuficientemente recogidos. Uno de ellos, que nos parece sumamente importante, es el derecho a conocer en cualquier momento la situación penitenciaria de nuestros agresores, también el derecho al alejamiento de quienes no quieren convivir,
incluso respecto a aquellas personas que amenacen. También la actual proposición de ley creemos que no recoge suficientemente los daños morales, que deberían estar contemplados y reconocidos, tanto en las víctimas primarias como en las secundarias.



Vemos que esta ley como la anterior en la valoración de las lesiones permanentes no invalidantes se remite al baremo que establece la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para determinar las
cuantías de las indemnizaciones por este tipo de lesiones. Ese sistema está previsto para evaluar los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Sin embargo, los daños psicofísicos, es decir el daño psicológico que
pueda ocasionar un acto de terrorismo o los hechos que están comprendidos en los ámbitos de aplicación de la Ley 32/1999 son de naturaleza diferente a los que causa un accidente de circulación. Por ese motivo, desde nuestro colectivo proponemos y
sería deseable que se estableciese un baremo específico para evaluar las lesiones permanentes no invalidantes de las víctimas del terrorismo.



Asimismo en esta ley vemos que se concede menor importancia a las lesiones psicológicas que a las físicas y que las indemnizaciones para las lesiones psicológicas quedan menos garantizadas que en el caso de las físicas. Así como la anterior
ley apuntaba que debían de ser resarcibles los daños físicos y/o psicofísicos sufridos por las víctimas, lo que después ha quedado reflejado en apartados posteriores y en el propio reglamento de ejecución de la ley es que únicamente se indemnizan
secuelas psicológicas, es decir lesiones irreversibles, y no se tienen en cuenta los daños psicológicos temporales y reversibles que puedan acaecer y que tienen importancia suficiente para ser tenidos en cuenta y que deberían de ser indemnizables.



Es importante que la nueva ley tenga en cuenta a los familiares de la víctima directa no solamente en el caso de su defunción. Se debe tener también en cuenta a los familiares de las víctimas no fallecidas, ya que en muchos casos pasan a
ser víctimas también y deben de estar incluidas en el derecho a la salud psicológica. Con respecto a la temporalidad de las lesiones psicológicas hay que tener presente que muchas veces los síntomas pueden aparecer después de muchos años. Sobre
que si las lesiones no son irreversibles no son indemnizables, puede haber personas amenazadas con una lesión reversible que por estresantes extremos se cronifica, pero no están incluidas en esta proposición de ley. Del mismo modo creemos que no se
debe cuantificar o limitar una cuantía máxima para cada víctima en cuanto a la atención psicológica y estas ayudas se deben de extender también a los familiares de las víctimas que las necesiten.



Para terminar, y les puedo decir que no es nada agradable para mí tener que decir esto aquí, dentro de la propia estructura del Estado, dentro del Ministerio del Interior, hay cooperantes necesarios para vulnerar la dignidad de las víctimas,
porque a muchas víctimas nos ha dejado absolutamente desamparados, nos ha dejado sin protección por motivos exclusivamente económicos, y tenemos que sufrir todos los días malas miradas, malas palabras, vejaciones, insultos, amenazas e incluso
agresiones. Por eso, señores diputados, yo les pido que venga aquí el señor secretario de Estado de Seguridad a explicar por qué se ha retirado la protección a estas personas, porque es absolutamente inconcebible que mientras se nos da el permiso
para portar un arma, una licencia B, que es absolutamente restrictiva y que solo se puede dar a aquellas personas que efectivamente la necesitan, a la vez se nos esté retirando el servicio de protección. Eso es absolutamente injusto y nos coloca a
nosotros como a las tórtolas en el tiro al pichón.



Muchísimas gracias, no tengo nada más que decirles.



El señor VICEPRESIDENTE: Finalmente tiene la palabra don Emilio José García Mercader, presidente de la Fundación de Victimología.



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El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE VICTIMOLOGÍA (García Mercader): Señor presidente de la Comisión de Interior, señoras y señores diputados, muchísimas gracias por esta invitación que hemos recibido para que podamos participar en esta
Comisión parlamentaria para el debate de la ley integral de víctimas del terrorismo. En primer lugar, me gustaría manifestar desde un punto de vista positivo mi satisfacción ante el actual debate parlamentario que sobre la proposición de ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se realiza en esta Comisión de Interior. Mi satisfacción a priori se debe, entre otros, a los siguientes motivos: porque esperamos que esta ley represente un signo inequívoco de
reconocimiento, respeto y solidaridad hacia las víctimas del terrorismo inspirado en los principios tan repetidos de memoria, dignidad, verdad, justicia, reparación; porque esperamos que se va a reconocer a las víctimas del terrorismo desde el
inicio del mismo, es decir desde el año 1960, consiguiendo que la memoria histórica de las víctimas del terrorismo se convierta en una realidad de justicia victimal; porque se va a reconocer -esperamos- la figura del amenazado; porque va a ser una
ley conseguida a través del consenso entre todo el arco parlamentario; porque esperamos que vaya a poder fijar una atención integral a las víctimas del terrorismo; porque esperamos también que vaya a apoyar la memoria de las víctimas del
terrorismo en España.
Victimológicamente hablando, también entendemos que se reconocen los principios sobre los que se sustenta la atención a las víctimas auspiciada por la Unión Europea, Naciones Unidas o el Consejo de Europa, y por último, como
mención importante y muy especial, se va a reconocer o esperamos que se reconozca que las víctimas del terrorismo han padecido graves atentados contra los derechos humanos.



Por el contrario se echa de menos una definición más clara de víctimas del terrorismo, que pudiera ser la siguiente, sustituyendo la que viene redactada en el artículo 3, en destinatarios. La presente ley -podría decirse así- atenderá como
víctimas del terrorismo a todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales en acciones llevadas a
cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que las víctimas del terrorismo son las
únicas víctimas de violencia política que hay en España. Hay que tener en cuenta que con una definición más clara y realista se podría realizar un salto cuantitativo y cualitativo debido a que con esta ley pionera a nivel nacional e internacional
se pueden asentar las bases para que otras naciones hermanas puedan llevar a cabo la redacción de una ley similar, de ahí su importancia, también teniendo en cuenta que hasta el momento ni Naciones Unidas ni la Unión Europea han conseguido sacar una
definición clara de víctimas del terrorismo, por lo que al tener esta oportunidad de oro, podría ser muy importante que se significara y quedaran perfectamente definidas.



Por otra parte, en el título III, de los derechos y prestaciones derivadas de actos de terrorismo, capítulo I, disposiciones generales, artículo 14, debería modificarse y donde pone 'las personas comprendidas en el artículo 4' debería poner:
Las personas víctimas del terrorismo comprendidas en el artículo 4. ¿Por qué? Porque esta ley debería nacer como fruto de la sensibilización de los poderes públicos hacia quienes más se han significado en la lucha contra el terrorismo y contra la
violencia política. Por todo ello, la redacción de este artículo debería estar enmarcada en otro tipo de sutileza que no cosificara a las víctimas del terrorismo. Es decir, si estamos hablando dentro de esta ley de valores y definiciones,
entendemos que en cuanto a los valores humanos, que son de importancia sublime, también deberían ser sutiles a la hora de la redacción de la presente ley. Dicen que la justicia es ciega. Sin embargo, nosotros creemos, por lo menos desde la
Fundación de Victimología, que hay que humanizar a la justicia y este sería un buen momento.



Se debería incluir en la exposición de motivos de la nueva ley el reconocimiento explícito a la labor de asistencia realizada por los familiares de los heridos en atentados terroristas, teniendo en cuenta que la mujer víctima del terrorismo
es la auténtica víctima oculta del terrorismo, así como los menores como víctimas vulnerables. Somos conscientes del dolor que provoca la pérdida de un ser querido, y más en situaciones trágicas como es un atentado terrorista, como también somos y
se debe ser conscientes de que los familiares de los heridos sufren el dolor de no poder hacer nada más por sus seres queridos.



Sería conveniente la modificación del anexo I, tabla I de la proposición de ley y la supresión dentro de la sección 1.ª, capítulo II del título III, del artículo 20, en todo lo relativo al abono por el Estado de la responsabilidad civil
fijada en sentencia para los casos de fallecimiento, incapacidades permanentes, así como la modificación del anexo I, tabla II de la proposición de ley. ¿Con qué fin? Para acabar con los agravios comparativos y corporativos cronificados a través
de los años y que se han convertido en una injusticia a la hora de la reparación e indemnización de las víctimas del terrorismo, dejando una herida que al cabo de los años parece imposible de cerrar.



Por escasez de tiempo, evidentemente no podemos mencionar todas las consideraciones que el patronato de la Fundación de Victimología tenía preparadas para presentar aquí y por todo ello adjuntamos varias consideraciones en la documentación
que dejo en este preciso momento junto con la redacción del presente escrito, que también se adjunta, dando por terminada mi comparecencia ante sus señorías.



Señoras y señores diputados, las víctimas del terrorismo necesitan su ayuda y comprensión para saldar esa


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deuda que les debemos toda la sociedad española y lograr que, a través de la justicia, revirtamos y consigamos que la dignidad de todas las víctimas del terrorismo se convierta en la realidad más concluyente.



Muchas gracias por escucharme.



El señor VICEPRESIDENTE: Ha acabado el turno de comparecientes. Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios que, como solemos hacer, se hará por orden de menor a mayor. El señor Olabarría se ha comprometido a venir. No está
todavía, pero acabo de mandarle un mensaje para avisarle. Por tanto, será el turno del Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Cosidó.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Ustedes son los representantes de los últimos colectivos de víctimas que van a comparecer con motivo del trámite de este proyecto de ley que estamos debatiendo en la Comisión. Por tanto, no les voy a reiterar
palabra por palabra los agradecimientos, el reconocimiento y el homenaje que hemos expresado prácticamente todos los portavoces de mi grupo parlamentario y yo mismo en las comparecencias que se han producido con anterioridad, pero sí les ruego que
los hagan suyos, porque son agradecimientos, reconocimientos y homenajes que queremos hacer al conjunto de las víctimas y al conjunto de los colectivos que las representan.



La presencia esta tarde aquí y el testimonio que nos han dado casi cuarenta colectivos de víctimas del terrorismo que han comparecido en esta Comisión han trascendido con mucho el objeto de una mera comparecencia. Por supuesto que han hecho
aportaciones muy valiosas y muy útiles para la tramitación de la ley, pero yo creo que han hecho algo más que eso. En sus reflexiones han trascendido el propio articulado de la ley y, en primer lugar, nos han hecho un acto de reafirmación de
nuestras convicciones democráticas, porque creo que nadie como el colectivo de víctimas del terrorismo conoce y sabe lo que es el valor de la libertad, porque precisamente nada se valora más que aquello de lo que se carece.



En segundo lugar, esta tarde sus testimonios y los del resto de colectivos han sido un ejercicio más de valentía, de liderazgo y de determinación de las víctimas del terrorismo en la derrota de ETA. Sin ustedes, sin su papel y sin su
liderazgo no estaríamos donde estamos y sería imposible que pudiéramos lograr ese objetivo colectivo que es la derrota del terrorismo.



En tercer lugar y quizá para mí sea lo más importante, han hecho ustedes una demostración de grandeza moral. En todas sus intervenciones han hecho constantes referencias a principios morales básicos, y su testimonio hace recuperar la
confianza en la grandeza del ser humano, porque quienes más sufren, quienes han perdido seres queridos y quienes han sufrido en su propia carne la garra del terrorismo han hecho un ejercicio de generosidad, de dignidad y de entereza. No he
escuchado ninguna palabra que implique odio, venganza o revancha en sus intervenciones. Por eso creo que sus intervenciones han trascendido el objeto para el que se les había llamado -en sí mismo muy importante- y han ido incluso más allá.



No quiero hacer una referencia pormenorizada a muchas de las propuestas concretas que han hecho ustedes. Tienen el compromiso de que las vamos a ver con generosidad, con la máxima atención y con la mayor voluntad de tratar de incorporarlas
al texto de la ley. Les agradecería que aquellos que no lo hayan hecho todavía -porque muchos de ustedes lo han hecho ya- nos hicieran llegar en la medida de lo posible esas propuestas concretas sobre el articulado de la ley en textos escritos. En
el Grupo Parlamentario Popular quedamos a su entera disposición para mantener un diálogo y un encuentro bilateral para tratar cada una de sus aportaciones.



De sus intervenciones me gustaría destacar algunas reflexiones o principios que ustedes han remarcado mejor de lo que yo voy a ser capaz y con los que quiero mostrar mi completa y absoluta conformidad y el total apoyo del Grupo Parlamentario
Popular. En primer lugar, quiero decirles que para el Grupo Parlamentario Popular toda negociación política con los terroristas es antes que nada una traición a las víctimas del terrorismo, porque de alguna forma viene a quitarles la razón y hace
inútil su sacrificio. Antes que nada es eso, pero es también una claudicación democrática porque significa que los terroristas a través de su acción criminal consiguen doblar la voluntad democrática expresada en las urnas.
Además, ese principio de
no negociación con los terroristas para satisfacción de todos, forma parte de un consenso muy básico y fuerte que en estos momentos existe entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos de la Cámara en una
política que tiene como único fin la derrota del terrorismo y que niega de forma absoluta cualquier posibilidad de negociación política con los terroristas. Por tanto, quiero expresarles que la voluntad de mi grupo sería tratar de incorporar este
principio, pero en todo caso sepan que tienen el compromiso solemne del Partido Popular de que nunca jamás se negociará políticamente con los terroristas.



En segundo lugar, quiero compartir también otra idea que ha estado muy presente en varias de sus intervenciones. No es admisible dar paz por impunidad. Como decía antes, si algo caracteriza al colectivo de víctimas del terrorismo, es su
renuncia a la venganza y su confianza en la justicia y en el Estado de derecho. Por tanto, sería una afrenta, antes que nada para las propias víctimas, cualquier decisión que implicara una impunidad para los criminales, para quienes han asesinado o
han cometido atentados terroristas. Además, no solamente sería una afrenta a las víctimas del terrorismo, sino que de alguna forma esa impunidad sería un incentivo para que en el futuro pudieran cometerse nuevos atentados terroristas, porque habría
crímenes que quedarían sin castigo, y ese es un principio sacrosanto de justicia que tampoco podemos traicionar en ningún caso.



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En tercer lugar, quiero decirles que el ámbito y el objetivo de esta ley es necesariamente limitado. Es una ley que pretende el reconocimiento, la protección y la solidaridad con las víctimas del terrorismo. Pero yo creo que no es posible
-lo han dicho también algunos de ustedes- una ley que compense el daño, el dolor o la pérdida de la propia vida que han sufrido las víctimas del terrorismo. Lamentablemente eso no es posible. Asimismo se ha dicho, y yo también lo creo, que la
principal deuda que la democracia española o que toda la sociedad española tenemos contraída con las víctimas del terrorismo es nuestro compromiso de derrotar a esos asesinos, de derrotar a quienes causaron ese inmenso daño a todas las víctimas del
terrorismo. Por tanto, no se trata de hacer una ley -y no pretendo en absoluto abrir la más mínima polémica con ningún grupo parlamentario- con la que ustedes se sientan cómodos o no solo se sientan cómodos, sino que se trata de hacer una ley y
lograr una derrota que a ustedes les haga sentirse victoriosos, sentir que al final la victoria es suya.



En cuarto lugar, yo creo que cuando hablamos de derrota del terrorismo es importante definir exactamente de qué estamos hablando, porque si no a veces utilizamos las palabras con significados que cada uno puede interpretar como quiera.
Quiero compartir con ustedes -y nuevamente en varias de sus intervenciones lo han dicho probablemente con palabras más precisas que las que yo pueda utilizar- qué entendemos por derrota. La derrota del terrorismo es algo más que el fin de la
actividad terrorista, que el fin de la violencia terrorista. La derrota implica también la derrota de los fines y de los objetivos políticos que se perseguían con esos asesinatos, y en particular el representante de la Fundación para la Libertad
creo que lo ha expresado magníficamente. No podemos en ningún caso dejar que en la paz los terroristas logren lo que no han conseguido a través del ejercicio del terror, y en ese sentido tienen un compromiso contundente y claro por parte de mi
grupo parlamentario y estoy seguro de que también por parte del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara.



Por último, quisiera destacar, porque ha estado muy presente en varias de las intervenciones, como en la del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo o en la de Convivencia Cívica Catalana, es decir, en muchas de las
intervenciones que hemos escuchado, que quizá la batalla más esencial de todas sea la batalla por la memoria, una batalla que trasciende con mucho el fin e incluso la propia derrota de los terroristas. Es lo que alguno de ustedes definía como la
batalla por el relato, lograr que en ningún caso el terrorismo pueda justificarse en términos históricos, que en ningún caso los terroristas puedan alegar que a través de su acción criminal lograron avanzar un solo milímetro en ninguno de sus
objetivos políticos. También en este campo creo que la ley contiene avances, pero sin duda alguna de sus aportaciones nos pueden ayudar a mejorarla.



Muchos de ustedes, muchos colectivos de víctimas, no todos, pero yo diría que la inmensa mayoría, han destacado el valor del consenso en esta ley.
Yo creo que el consenso es muy importante cuando hablamos de víctimas del terrorismo. Así se
hizo en la anterior Ley del año 1999 y la aspiración y voluntad de mi grupo es que al firmar esta proposición de ley se haga lo mismo en esta ocasión. El consenso nunca es un fin, siempre es un medio, pero cuando hablamos especialmente de víctimas
de terrorismo es un medio.
Por tanto, todo discurso que hable de patrimonialización de las víctimas del terrorismo, todo discurso que hable -podríamos hacerlo todos desde una perspectiva o de otra- de reproches del pasado sobre equidistancia
respecto a las víctimas del terrorismo es innecesario al objeto de esta ley. Pero espero sinceramente que con esta ley y con los testimonios que ustedes han dado en su propia tramitación no solo puedan ustedes sentirse más apoyados y tengan un
mayor reconocimiento de la sociedad, sino que logremos afianzar a la sociedad española en la determinación de vencer al terrorismo y que ese sea el mejor y último homenaje que podamos ofrecerles, así es que todo nuestro agradecimiento, todo nuestro
apoyo y toda nuestra disposición para atender sus demandas.



El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.



El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quisiera dar las gracias en nombre de mi grupo a los siete comparecientes que representan a asociaciones, fundaciones o entidades, que en unos casos representan a víctimas y en otros participan en la reflexión
sobre o contra el terrorismo, por hacer frente de una manera conjunta, unánime y solidaria al terror y a sus secuelas y por sus testimonios. En algunos casos el testimonio es de quienes han sido víctimas o parientes muy cercanos de la víctima y, en
otros, el testimonio es de sentimiento, de emotividad, incluso de indignación. Ha habido algunas intervenciones que han mostrado indignación y es de agradecer la transparencia, y la claridad con la que se han expresado, incluso de quien ha dicho -y
lo digo con absoluto respeto- que desconfía de la voluntad de toda la Cámara. Incluso en ese caso mi grupo parlamentario agradece la presencia, agradece la reflexión, agradece la intervención y también las aportaciones que han hecho, que no son el
resultado de una intervención corta, puntual, sino el fruto de un trabajo de mucho tiempo que han venido haciendo a lo largo de años, a lo largo de sufrimientos, a lo largo de actuaciones compartidas de sus entidades con otras entidades. Por tanto,
lo primero que quiero manifestar en nombre de mi grupo es el agradecimiento sincero por su presencia, la de todos ustedes, por sus testimonios y por sus reflexiones.



En segundo lugar, querría expresar en nombre de mi grupo el significado de esta proposición de ley, compartiendo muchas de las cosas que se han dicho también por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, poniéndolo en positivo y también
confrontándolo con lo negativo.



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Esta ley no es un fraude, esta ley responde a un compromiso político de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. No solo es difícil sino que probablemente es muy excepcional que en el Parlamento español, que representa la soberanía
popular, a una sociedad enormemente plural, haya proposiciones o iniciativas parlamentarias legislativas que se presenten por unanimidad. Representa el compromiso político unánime de superar periodos en donde quizá no siempre ha brillado la unidad
de todos los grupos parlamentarios. Cuando no ha brillado la unidad en esta materia se crea un clima que favorece a los terroristas y que perjudica a las víctimas. Esta ley no es un maquillaje. Esta ley es clara, transparente.
Podrá ser
insuficiente y sin duda lo es. Nunca se compensa, ni parcialmente, el sufrimiento, el dolor de quien es víctima o de quien es pariente -que es también víctima- de alguien que ha fallecido o está herido. Nunca se compensa suficientemente. En este
sentido, esta ley intenta ser generosa. Si se puede ser más generoso, lo seremos y lo haremos consensuadamente. Tampoco es una ley tibia; no responde a una tibieza del Parlamento, sino a la fortaleza de las instituciones democráticas, que están
luchando con todos los medios que la Constitución les da contra el terror, contra el terrorismo, a través de medios policiales, medios judiciales, de los compromisos internacionales y de las buenas relaciones que hay que agradecer con otros países
cercanos o no tan cercanos. Es una ley que responde a la voluntad consensuada de reconocer a las víctimas, de proteger a las víctimas. Se ha dicho -y posiblemente sea una reflexión certera- que las víctimas ya no pueden ser protegidas, que tenían
que haberlo sido antes. Probablemente, los dos tengan razón. Tendrían que haber sido protegidas antes, pero el Estado quiere -a través de esta proposición cuando se convierta en ley- dar un plus de protección a quien no fue capaz de proteger con
antelación, a quien quedó en una situación de minusvalía física, moral, emotiva, psicológica o afectiva. Estos son elementos clave para entender el sentido de esta ley.



Esos elementos se recogen en las ideas fuerza que algunos de ustedes han glosado -y que los anteriores comparecientes y en los días pasados también se recogieron-, que están en el preámbulo, en la exposición de motivos de la ley, y que
quiero reiterar: memoria, dignidad, justicia y verdad. Quiero unirme a esa reflexión -que me ha parecido enormemente interesante y lúcida- que ha hecho don Vicente de la Quintana de la Fundación para la Libertad, y que en días anteriores hicieron
también otras entidades sobre el significado de la memoria. La memoria no es simplemente recordar; no es que la víctima individual que ha fallecido sea recordada en un determinado momento. La memoria tiene un significado político y, por lo tanto,
tiene el significado colectivo. La memoria tiene que ser una memoria colectiva de las víctimas para reconocer un significado político y social, la razón por la que son víctimas, la razón por la que hay victimarios, para deslegitimar colectivamente
a los victimarios. Por eso es tan interesante lo que se ha dicho hoy y lo que se dijo también el día anterior en el sentido de que, de alguna manera, es lo que la ley debería buscar y potenciar. Y en lo que la ley no pueda hacer -porque una ley no
puede hacer algunas cosas- la sociedad y los poderes públicos potenciemos el desarrollo, la creación y la profundización en la memoria colectiva, en la narración colectiva, para que no queden justificados los victimarios, los terroristas, sino que
haya una justificación histórica de las víctimas que han sufrido y de las que siguen y seguirán sufriendo.



Esto significa superar equidistancias. Lo dice la exposición de motivos, y lo ha dicho también algún portavoz y yo quiero reiterarlo. Del resultado de este proceso, del final al menos del terrorismo de ETA -todos somos conscientes de que
esta ley no se refiere solo al terrorismo de ETA; ha habido otros terrorismos y yo, como diputado por Madrid, debo recordar el atentado del 11-M que supuso cerca de doscientos muertos en Madrid por un movimiento terrorista distinto a ETA-, el
posible final más o menos cercano de ETA nos debe llevar a la convicción de que la memoria colectiva tiene que ser un objetivo a potenciar, a desarrollar, a alcanzar, frente a los intentos por parte de otras fundaciones o pseudofundaciones -que ya
estamos viendo- que están alrededor de ese mundo de crear otra memoria que les justifique.



También quiero decirles que no solo sus aportaciones generales ni sus reflexiones, sino también sus aportaciones concretas son no ya de agradecer sino de enorme interés. Las ha habido también a lo largo de otras comparecencias, son
aportaciones relativas a aspectos sobre los que ya los ponentes les estamos dando vueltas. Si hay agravios comparativos, si la ley no resuelve con suficiente equidad el que haya tratamientos iguales para situaciones iguales, quizá sea porque hay
muchas facetas que se nos pueden escapar en algunas de las consecuencias que la ley prevé.
Pero pongamos en valor lo que está en el título y pretende estar en el contenido: el sentido integral de esta ley. No es solo una ley de compensaciones
económicas, que también lo es y que pretende ser generosa aunque nunca se es suficientemente generoso en esta materia, como he dicho antes; es una ley que intenta abarcar más cosas, más facetas, facetas asistenciales, facetas educativas en lo que
afecta a las víctimas y facetas educativas, como se ha señalado por el representante del Observatorio internacional de víctimas del terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, de promoción de los valores que pueden hacer que frene y que
termine este terrorismo y cualquier otro tipo de terrorismo, cualquier otra tentación de resolver o de avanzar en ideas minoritarias, que como ideas pueden ser respetables, a través de fórmulas violentas que causan dolor, que vulneran la libertad,
la Constitución y a las que tendremos siempre que hacer frente.



Termino con un compromiso en nombre de mi grupo; un compromiso que tiene dos caras o aspectos: seguir manteniendo la unidad de todas las fuerzas parlamentarias en la lucha contra el terrorismo y acabar y derrotar


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al terrorismo. No quiero hacer aquí más reflexiones sobre lo que significa acabar y derrotar al terrorismo. La democracia lo lleva intentando a lo largo de treinta años y se ha avanzado mucho en esa materia. Quiero acabar con unas
palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en unas recientes declaraciones: A ETA ya solo le vale abandonar las armas para siempre. Ya no valen comunicados, solo valen decisiones y solo una decisión vale y se dice en pocas
palabras: abandono de las armas para siempre.



En ese espíritu de unidad, de consenso, de derrota del terrorismo, en ese espíritu también de reconocimiento de protección de las víctimas y de conseguir avanzar en la memoria colectiva, en el relato, en la narración colectiva que justifica
y legitima a las víctimas y deslegitima a los victimarios, aquí estamos y esperamos que en ese consenso podamos sacar y promulgar pronto esta ley.



El señor VICEPRESIDENTE: Por último, señor Olabarría, tiene un turno breve de palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, por alterar el orden por razones ajenas a mi voluntad.



Quiero dar las gracias a todos los representantes. Señor Alcaraz, no tiene bien la información porque mi grupo también ha solicitado su comparecencia, por lo menos somos dos. Al margen de esto, nosotros hemos dicho desde el primer día que
queríamos escuchar todas las sensibilidades, todas las aportaciones y todas las reflexiones de naturaleza especulativa que ustedes han articulado con brillantez en la tarde hoy, por lo menos las que he podido oír y todas las aportaciones con
relación al contenido normativo de la ley, algunas de las cuales les agradecería que nos las presenten, por favor, en tanto en cuanto algunas no obran en nuestro poder, porque serán en todo caso enriquecedoras.



El valor del consenso se ha convertido en una especie de paradigma para todos los que estamos aquí y queremos hacer un consenso no ficticio. No queremos generar una especie de fraude político basado en un pretendido consenso que busque
deletéreos objetivos políticos; queremos consensuar de verdad porque entendemos -y esa es una opinión compartida por todos los grupos parlamentarios- que una buena ley sobre las víctimas en este momento sería la mejor refutación y la mejor crítica
que podemos hacer contra las organizaciones criminales y terroristas. Desde esa perspectiva, estoy muy agradecido a todos los comparecientes.



Resultan menos novedosos los del señor De la Quintana porque compartimos una tertulia radiofónica todas las semanas y conocemos ad náuseam nuestras opiniones en relación con esta materia y con tantas otras sobre las cuales discutimos desde
la amistad y civilizadamente. Por otra parte, quiero agradecer las citas que se han hecho al doctor Beristain. Yo he colaborado con la cátedra del doctor Beristain desde que la fundó y pasó a presidir y sigo colaborando con sus sucesores y puedo
decir que es uno de los pioneros de las doctrinas victimológicas o de la victimología en el Estado español, absolutamente pionero. Es un hombre que con lucidez ha sabido acoger otras doctrinas que vienen fundamentalmente de Alemania de profesores
tan importantes como Günther Jakobs o Roxin y las ha incorporado no solo a nuestro ordenamiento jurídico en tanto en cuanto con toda seguridad ha colaborado con casi todos los grupos de esta Cámara en el momento de la aprobación del Código Penal del
año 1995, sino en reformas posteriores que hacen referencia más específicamente a los delitos de terrorismo o a la atención criminal y punitiva a la fenomenología terrorista. Por tanto, agradezco mucho estas reflexiones.



En cuanto a los discursos especulativos, algunos son coincidentes con la ontología, con los fundamentos filosóficos de la ley, y otros no tanto, pero todos son respetables. Por tanto, les agradezco mucho sus reflexiones, todas interesantes,
incluso las más críticas o incluso las que llegan a considerar la ley como una especie de fraude, que es una paradoja un poco difícil de entender porque una ley no puede ser fraudulenta consigo misma. Al margen de estas circunstancias, no vamos a
entrar en decursos que forman parte de un debate de naturaleza más académica que política, que no es para lo que estamos aquí. En cualquier caso, y después de estos agradecimientos de naturaleza protocolaria en tanto en cuanto las reflexiones que
han hecho tanto filosóficas como las relativas al contenido material y a sus insuficiencias -que estamos percibiendo que quizás no sean tan pocas como presumimos los que contribuimos a la elaboración de este texto-, espero que podamos contribuir
mediante una relación de naturaleza bilateral, si no tienen inconveniente, a corregir algunas de estas disfunciones. Tengan la convicción de que pueden contar con mi grupo parlamentario, y en su nombre conmigo mismo, en el que encontrarán a un
colaborador para conseguir estos dos principios que pretenden inspirar esta proposición de ley que hemos logrado consensuar y que, además, ha sido valorada de forma quizás más apologética -vamos a utilizar esta expresión- por otras asociaciones o
fundaciones durante las jornadas de comparecencias ya largas que hemos tenido. Primero, que esta ley se convierta en la verdadera refutación, la crítica más acerba que podamos conseguir entre todos contra las organizaciones terroristas, contra los
victimarios, y evitar en la medida de lo posible -yo no sé si estoy entrando ya en terrenos quiméricos o en la pura utopía- el intento que ha existido, y en no pocas ocasiones, de la patrimonialización del dolor de las víctimas para obtener réditos
electorales.



Yo, señor presidente, me daría por satisfecho por conseguir estos dos objetivos; lo que pasa es que estos dos objetivos no los podemos conseguir solo mediante consensos articulados intramuros en el Congreso de los Diputados. Necesitamos
consensuarlos con ustedes, y yo, por lo tanto, les pido en tanto en cuanto ustedes no


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tengan inconveniente que continuemos una relación de naturaleza bilateral en la medida de las posibilidades de mejora y de los consensos que aquí se pueden articular en una ley que es imperfecta o que es falible, como así he dicho, pero que
es hija del consenso. Este consenso en el ámbito de lo que estamos debatiendo, en el ámbito de la reparación de las víctimas, es un valor absolutamente novedoso y es un gran valor político que no deberíamos dilapidar con cuestiones de naturaleza
contingente o de entidad menor. Si hay cuestiones de entidad mayor, intentaremos metabolizarlas o asumirlas, pero si podemos llegar a consensos mediante una relación de carácter bilateral yo les agradecería mucho su colaboración, porque esta no es
una ley -o no queremos que lo sea- solo del Congreso de los Diputados o de la institución parlamentaria. Queremos que esta ley manifieste y represente la voz de las víctimas y, por tanto, les pido, por favor, que sigamos colaborando a partir de
ahora en la medida de nuestras posibilidades.



El señor VICEPRESIDENTE: No sé si alguno de los siete comparecientes quiere hacer un último uso de la palabra. (Denegaciones.) En este caso, volvemos a reiterarles nuestro agradecimiento por las aportaciones interesantísimas que han hecho
como preparación del proceso legislativo.
Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.