CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 612

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 38

celebrada el lunes, 4 de octubre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (Número de expediente 121/000098) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- De la señora secretaria general de Empleo (Rojo Torrecilla). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001223), Popular en el Congreso (número de expediente 212/001314) y Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 212/001168.) ... (Página 2)


- De la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Terrón i Cusí). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001221) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001313.) ... href='#(Página18)'>(Página 18)

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- De señor subsecretario de Trabajo e Inmigración (González Gallardo). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001222) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001315.) ... href='#(Página25)'>(Página 25)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011. (Número de expediente 121/000098.)


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (ROJO TORRECILLA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de expediente 212/001223), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001314) Y ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número de expediente 212/001168.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la comparecencia de doña Maravillas Rojo Torrecilla, en su calidad de secretaria general de Empleo, para exponer las
líneas fundamentales del presupuesto referido a su departamento. Después de la intervención inicial de la secretaria general, los grupos podrán intervenir para plantear las preguntas o las dudas que les parezcan oportunas y, finalmente, se cerrará
con la intervención de la secretaria general de Empleo.



Sin más dilación, empezamos esta comparecencia. Doña Maravillas, tiene usted la palabra cuando lo desee.



La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Señor presidente, señoras y señores diputados, de nuevo comparezco ante ustedes en una coyuntura de crisis económica, en la que seguimos atravesando por graves dificultades, para
explicarles las líneas fundamentales del presupuesto de la Secretaría General de Empleo para el próximo año. Es un presupuesto que, aun incorporando intensos ajustes económicos derivados del plan de austeridad, se mantiene en cifras similares a las
del presente ejercicio.



La Secretaría General de Empleo gestionará en el próximo año un presupuesto de 39.500 millones de euros que en el contexto de la contención del gasto público con una disminución media, como bien conocen, del 7,9 supone un descenso del 2,2
respecto al año 2010. Es un presupuesto que permite el mantenimiento de las políticas de protección y de las políticas activas de empleo; es un presupuesto para mejorar las condiciones de acceso al empleo y de mantenimiento del empleo para
gestionar la protección social ante el desempleo, para actuar sobre las condiciones de trabajo y para apoyar la capacidad emprendedora, fomentar el trabajo autónomo, la economía social y promover la responsabilidad social en las empresas. Por ello,
como ustedes saben, la mayor parte del presupuesto de esta secretaría corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, que este año dispone de un presupuesto de 37.941 millones de euros. El resto, hasta los cerca de 40.000 que les he mencionado,
se gestiona desde el Fondo de garantía salarial, que va a disponer el próximo año de 1.428 millones de euros para hacer frente a las prestaciones derivadas de situaciones de insolvencia de las empresas, así como para abonar la parte de
indemnizaciones por despido que contempla la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, de Reforma Laboral.



También el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene una dotación para sus funciones de mejora de las condiciones de trabajo y de prevención de riesgos laborales de 29,4 millones de euros, un presupuesto que constituye una parte
de lo que el Ministerio de Trabajo destina a estos cometidos de prevención, ya que es preciso añadirle los recursos que destina la Inspección de Trabajo, la Fundación para la prevención de riesgos laborales o las mutuas de accidente de trabajo y
enfermedades profesionales. El presupuesto de la secretaría general se completa con otras dos dotaciones, una por un importe de 90 millones de euros destinada al ámbito de la Dirección General de Trabajo para ayudas previas a la jubilación y otra
por un importe de 6,5 millones para la promoción y difusión de la economía social, el trabajo autónomo y la responsabilidad social, no así de la gestión de los programas de fomento del empleo autónomo que, como ya les expliqué el año pasado, están
en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.



Paso a analizar con mayor detalle algunos aspectos de este presupuesto.
Voy a empezar por la importancia cuantitativa y cualitativa que tiene el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Al referirme a este


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presupuesto quiero recordar en esta Cámara que no agota el conjunto de recursos de que disponen los servicios públicos de empleo en España porque el modelo competencial de que nos hemos dotado en nuestro país es un modelo descentralizado que
supone la existencia de diecisiete servicios de empleo autonómicos que disponen también de presupuestos, recursos y dotaciones. Así pues, el Sistema Nacional de Empleo en España se basa, como he recordado en todas mis comparecencias, en dos pilares
institucionales que se complementan y se coordinan: el Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona el reconocimiento y el pago de las prestaciones por desempleo y coordina la red territorial de los diecisiete servicios públicos de empleo, y
los servicios de empleo autonómicos, que gestionan la atención a las personas en paro o en mejora de empleo y también la atención a las empresas para cubrir puestos de trabajo vacantes.



Voy a referirme, pues, exclusivamente al Servicio Público de Empleo Estatal, si bien cada día vamos avanzando para poder disponer de los recursos y de la identificación de los datos del conjunto de los servicios de empleo autonómicos. Este
presupuesto de 37.941 millones de euros es un presupuesto que se mantiene en cifras similares a las del ejercicio actual, y en un periodo de profundos ajustes presupuestarios en todos los ámbitos de la actuación gubernamental es importante destacar
que solo disminuye un 2,4 por ciento. Es un presupuesto que cuenta con el 42 por ciento de sus ingresos como aportación del Estado, 15.780 millones de euros y, por tanto, expresa el compromiso del Gobierno para complementar las cuotas de desempleo
y las cuotas de formación profesional, el 42 por ciento del presupuesto es aportación de los Presupuestos Generales de Estado. En tercer lugar, es un presupuesto finalista. Solo el uno por ciento de los recursos es para gastos de funcionamiento,
el 79,5 por ciento se destina a prestaciones por desempleo y el 19,5 por ciento a políticas activas de empleo. Es un presupuesto para facilitar a través de la gestión de las comunidades autónomas los itinerarios de empleo, elemento nuclear en los
servicios públicos de empleo, para mejorar y adecuar las competencias y capacidades profesionales, para incentivar la contratación estable y para gestionar la protección por desempleo.



Permítanme, señorías, que afirme también que este es un presupuesto que tiene un amplio y diverso volumen de destinatarios porque no se dirige solo a las personas desempleadas, sino que es un presupuesto también para trabajadoras y
trabajadores ocupados y para personas emprendedoras.



Por último, quiero decirles que es un presupuesto que incorpora por primera vez la aplicación de la ley que establece la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Si hacemos un breve análisis de los ingresos que
corresponden al servicio público de empleo estatal, ustedes conocen que son fundamentalmente tres vías: la cuota de desempleo y de formación, la aportación del Fondo social europeo y desde el año 2009 la aportación del Estado. En cuotas de
desempleo se prevé un ingreso de 19.251 millones de euros, un 0,23 por ciento menos que el año pasado, y en formación se prevé un ingreso de 1.980 millones de euros, un 8,5 por ciento menos que el año pasado. En conjunto se recaudará por cuotas de
desempleo y de formación 21.246 millones de euros, un 0,9 por ciento menos que el año anterior. Estas cuotas se han estimado -es una estimación evidentemente- teniendo en cuenta el cuadro macroeconómico que el Gobierno ya ha presentado con motivo
de su presentación general de los presupuestos y, además, la liquidación del ejercicio 2009 y la tendencia de ejecución de 2010. Es precisamente esta tendencia de la ejecución de ingresos de 2010 la que nos ha hecho variar la previsión de la cuota
de formación porque efectivamente en el ejercicio 2010 se está desviando negativamente en relación con lo previsto y por eso existe una disminución en la previsión de ingresos en las cuotas de formación muy superior que en las cuotas de desempleo.
Les he dicho que los ingresos provienen de la aportación del Estado, 15.780 millones de euros, lo que, por una parte, permite compensar las cuotas de desempleo aportando 10.889 millones para prestaciones por desempleo y, por otra, complementar las
cuotas de formación y aportar 4.802 millones para el conjunto de políticas activas. Así pues, la aportación del Estado no se refiere solo a la aportación para compensar las cuotas de desempleo. Quiero poner de relieve que la aportación del Estado
es fundamental para poder realizar el conjunto de políticas activas de empleo. Quiero resaltar, señorías, que este es un esfuerzo considerable, porque un 42 por ciento del presupuesto es muy significativo. El Fondo social europeo aporta 575
millones -estamos en la línea del periodo 2006-2013- y, por último, en aplicación de la Ley 32/2010, hemos incorporado una partida de 16 millones de euros que proceden de las posibles cuotas que abonarán los autónomos que quieran voluntariamente
participar de la protección por cese de actividad. Estos 16 millones se refieren solo a aquellos autónomos cuyas entidades gestoras de la contingencia de accidentes profesionales estén en relación con entidades gestoras de la Seguridad Social.



Con relación a los gastos, de las prestaciones por desempleo se ha hablado mucho estos días y no les voy a dar ninguna cifra diferente; lo que el presupuesto prevé son 30.140 millones, un 1,5 por ciento menos respecto al año pasado.
También quiero recordar que esta es una previsión que se realiza teniendo en cuenta los niveles de ejecución actuales del presupuesto y el cuadro macroeconómico del Gobierno. La distribución no es homogénea. A las prestaciones contributivas se
destinan 20.929 millones de euros, un 15 por ciento menos que el año pasado como consecuencia de que con motivo de la crisis los periodos de cotización se están reduciendo y, por lo tanto, se genera menor tiempo de prestaciones.
El subsidio por
desempleo supone 7.781 millones de euros, un incremento del 64 por ciento. Este incremento tiene dos razones que me gustaría describirles. En primer lugar, hay un mayor número de agotamientos de la con


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tributiva que inciden en ejercer el derecho al subsidio, pero también en este presupuesto del subsidio se incorpora la prórroga del Prodi, del programa temporal de protección por desempleo e inserción. En el presupuesto inicial del año
pasado no estaba incorporado el conjunto del Prodi durante todo el año. Por tanto, es un 64 por ciento, pero si descontáramos el efecto de que en el presupuesto inicial del año pasado no estaba incorporado el programa no tendría este valor tan
alto. El subsidio Reass dispone de 751 millones de euros y la renta activa de inserción de 679 millones.



Respecto a las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, ya les he dicho que hemos calculado unos ingresos por cuotas de 16 millones. Aquellas cuotas que se refieren a la gestión de las mutuas no están incorporadas
aquí y se estima globalmente en unos 100 millones lo que se aportará por cuotas para esta protección, pero, en concreto, en lo que afecta al Servicio Público de Empleo Estatal se calculan 16 millones. Ello nos permitirá dos cosas: por una parte,
la prestación económica del abono y, por otra, aplicar lo que la ley prevé del uno por ciento de lo ingresado -que será un millón de euros- para políticas activas para este colectivo y que gestionarán las comunidades autónomas. Así pues, está
prevista una dotación de 3 millones de euros, de los que 2 millones se dedicarán a prestación económica y 1 millón a políticas activas. Verán ustedes que se trata de una dotación pequeña, pero quiero recordar que el derecho a esta prestación no
empezará a generarse hasta los últimos meses del año 2011, puesto que se requiere una cotización de al menos doce meses desde la entrada en vigor de la norma.



Entrando en el capítulo de gasto de políticas activas, quiero recordarles que cerca del 20 por ciento del presupuesto se destina a políticas activas y que cuando hablamos de las mismas nos estamos refiriendo a tres grupos de programas: los
programas de empleo, los programas de formación y los programas de bonificación a la contratación estable. Evidentemente, en el conjunto del país las políticas activas disponen de muchos más recursos que los que están en el presupuesto del Servicio
Público de Empleo Estatal, porque quiero recordarles, señorías, que también se realizan y gestionan políticas activas con recursos del Fondo social europeo y con recursos directos de los presupuestos de las comunidades autónomas o de las
corporaciones locales, entre otros. Si me ciño al presupuesto del que me corresponde dar cuenta, que es el del Servicio Público de Empleo Estatal, les diré que dispone de 7.358 millones de euros para políticas activas, 2.230 para programas de
empleo, 2.678 para programas de formación y 2.450 para bonificaciones. Si bien el conjunto de las políticas activas disminuye un 5,6 por ciento, es preciso tener muy presente -y lo voy a describir- que los programas de empleo se reducen solo en un
0,9 por ciento, y que los programas de formación se reducen en un 0,6. por ciento. Es la reducción en bonificaciones la que causa este ajuste. Por cierto, esta situación no se homologa con Europa porque, señorías, la inversión -se puede
considerar una inversión que el Gobierno hace en políticas activas porque invertimos para las personas- está en el orden del 0,7 del PIB, que, por cierto, es la media europea.
Lo que nos diferenciaba hasta ahora era que el peso de las
bonificaciones en relación con el total era superior al que otros países europeos destinaban. En esta línea también quiero decirles que el modelo de descentralización del que nos hemos dotado supone que estas políticas activas van a ser gestionadas
en un 76 por ciento por las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte de los programas de empleo y de formación. Este año van a disponer de 3.191 millones de euros a distribuir en conferencia sectorial. En relación con los programas de
empleo gestionarán el 86 por ciento, y en el caso de los programas de formación para el empleo el 53 por ciento.



He dicho hace un momento que los programas de empleo solamente se reducen en el 0,9 por ciento. De hecho podría afirmar -y lo haría bien- que no disminuyen, porque se reducen debido a que las dos partidas que concretamente descienden son
las de los planes territoriales, porque han finalizado los planes de Castilla-La Mancha y de Extremadura, solo se mantiene el plan de Canarias, que como ustedes saben es por ley, y se han incorporado efectivamente 3 millones para Garoña. Asimismo
finalizan los planes territoriales y los planes sectoriales que como consecuencia de la situación de globalización se iniciaron en el año 2008, especialmente el del textil. Por tanto, puedo afirmar que los programas de empleo se mantienen. Y no
solo se mantienen, sino que algunos programas, como, por ejemplo, el de inserción de personas con discapacidad, crecen el 20 por ciento, y en algunas partidas que existe alguna disminución son los programas plurirregionales los que han disminuido.
Se mantienen los programas de promoción del empleo autónomo y de economía social y se mantiene la financiación de los 1.500 orientadores y orientadoras que contratan las comunidades autónomas.



Paso a la formación para el empleo, que mantiene prácticamente también el presupuesto, ya que solo disminuye un 0,6 por ciento. Esto es posible porque el Estado aporta recursos de su presupuesto ya que, como les dije al principio de mi
intervención, los ingresos por cuotas se reducen el 8 por ciento. Por tanto, prácticamente correspondería reducir un 8 por ciento esta partida, pero no ha sido así. El Gobierno ha decidido una aportación para complementar y situarnos en el mismo
nivel. Esta partida tiene diversos ámbitos de gestión y de ubicación en cuanto a destinatarios. La formación para desempleados tiene 919 millones de euros, de los que 824 gestionan las comunidades autónomas y 95 son programas plurirregionales. La
formación para ocupados tiene 1.380 millones de euros, de los que 353 gestionan las comunidades autónomas, 391 son planes sectoriales o intersectoriales que gestionan los agentes sociales, 128 son para la formación de funcionarios a través del INAP
y 508 se destinan a formación en la empresa por las


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bonificaciones que las empresas que hacen formación se descuentan. Quizá alguna de sus señorías me puede preguntar por qué en este momento destinamos más recursos a formación para ocupados que para desempleados.
Solo quiero recordarles que
en el actual y vigente Acuerdo nacional de formación para el empleo el 60 por ciento los recursos de las cuotas de formación se distribuyen para ocupados y el 40 para desocupados. Aun así, verán ustedes que no es 60-40 exactamente, porque el
Gobierno ha decidido de sus recursos complementar más la formación para desempleados.



Paso al tercer capítulo de las políticas activas que están en el presupuesto del servicio estatal. Las bonificaciones al empleo estable suponen 2.450 millones de euros. Evidentemente, se han tenido en cuenta no solo los actuales
compromisos y la liquidación del ejercicio 2010 sino muy especialmente las consecuencias de la aplicación de la Ley 35/2010, de Reforma del Mercado de Trabajo, que como consecuencia, entre otras cosas, de las propias recomendaciones que esta Cámara
planteó en el sentido de las bonificaciones, comporta un cambio importante.



Con esto doy por finalizada en esta primera parte la explicación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Quiero hacer todavía, aunque lo cité al principio, dos referencias a dos organismos que también tienen un presupuesto
significativo. El presupuesto del Fondo de garantía salarial aumenta el gasto en prestaciones un 56 por ciento como consecuencia de que hay, debido a la crisis, mayor número de empresas en situación de insolvencia y mayores necesidades de aportar
esta indemnización, pero también incorpora a estos 1.428 millones de su presupuesto, de estos 1.400 son para pagar prestaciones y de estos 1.400, cien son los que se destinan a la previsión del abono de la parte de indemnización por extinción de
contrato -ocho días, como saben ustedes- que contempla la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010 y que estará vigente hasta que entre en funcionamiento del fondo de capitalización a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley
35/2010. El presupuesto del Fogasa también es un presupuesto finalista.
Estoy en una secretaría general que no dispone de recursos de funcionamiento. Comparados con muchos otros organismos, debemos ser de los que menos dedican a gastos de
funcionamiento -entre un uno y un 2 por ciento-.De estos 1.428 millones, 500 se financian con recaudación de cuotas, 129 son ingresos derivados de los intereses de la deuda pública y 772 millones serán amortización de deuda. Señorías, la
financiación del Fogasa está adecuadamente garantizada; es un organismo solvente, porque después de haber afrontado las graves necesidades que ha suscitado la crisis en los años 2009, 2010 y 2011 y, por lo tanto, haber tenido que proceder a
amortización de deuda, a finales de 2011 el Fogasa dispondrá todavía de 2.293 millones de euros en deuda pública. Creo que hay pocos organismos tan saneados como el Fogasa.



El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -que fundamentalmente tiene una tarea de prevención y sobre todo trabaja con los agentes sociales y las comunidades autónomas, está desarrollando la estrategia española de seguridad
y salud en el trabajo; ha finalizado el segundo plan y está entrando en el tercer plan de acción. Como les dije al principio de mi intervención, complementa su actuación con lo que realizan las mutuas o la Inspección de Trabajo. Los 29 millones
son básicamente para funciones de investigación, estudio y asistencia técnica. Entre ellos, quiero citar que 685.000 euros serán para becas de investigación.



Señorías, a modo de resumen -gracias, señor presidente, ahora sí voy a acabar- permítanme decirles que en el contexto del Plan de austeridad y con las dificultades por las que el equilibrio presupuestario debe transcurrir, este presupuesto
mantiene el sistema de protección por desempleo y las políticas de empleo y de formación y ha sido una decisión del Gobierno aportar un 42 por ciento al presupuesto del servicio estatal para complementar las cuotas de desempleo y de formación. Es
un presupuesto finalista -como les he repetido- porque de 40.000 millones solo el uno por ciento se destina a la gestión. Pero más allá de las cifras, quisiera finalizar mi intervención reiterando que el compromiso con el empleo sigue constituyendo
el principal objetivo de la acción de Gobierno, y que este compromiso se complementa con la acción de los gobiernos autonómicos y locales y con el compromiso del conjunto de la sociedad. Sabemos que detrás de las cifras están las personas
concretas, que son las que sufren los efectos de esta crisis y que son las que precisan de medidas para incorporarse a un puesto de trabajo para adecuar y mejorar su perfil profesional para mantenerse en dicho empleo. Quiero reiterar mi compromiso
personal e institucional con todas y cada una de estas personas desde la convicción que he mantenido a lo largo de todo este tiempo en la secretaría general de que el empleo, además de la fuente de ingresos necesaria, es sobre todo un elemento clave
para la autoestima, las relaciones y el proyecto personal.



Quedo a su disposición y muchísimas gracias.



El señor PRESIDENTE: A continuación, para plantear las preguntas o cuestiones que consideren pertinentes, en primer lugar hará uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don José Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señora secretaria general de Empleo, señorías, el Gobierno, a través de su responsable en el Servicio Público de Empleo Estatal, da cuenta en la tarde de hoy del detalle de los Presupuestos Generales del Estado de
la sección 19, Ministerio de Trabajo e Inmigración, relacionados con su competencia, unos presupuestos que fueron aprobados por el Gobierno el pasado viernes 24 y que llegaron a esta Cámara hace apenas cuatro días.



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Tras el estudio del presupuesto a lo largo de este fin de semana y de escuchar a la secretaria general de Empleo en su comparecencia, a nadie le cabe la más mínima duda de la constatación de la lamentable evidencia del fracaso de este
Gobierno, del fracaso del Ministerio de Trabajo, del fracaso de la Secretaría General de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal de este Gobierno en lo que se refiere a la lucha contra el paro, contra el desempleo en nuestro país.



Esta comparecencia se produce precisamente en el día en que se han hecho públicas nuevas cifras por parte de su ministerio relacionadas con el mes de septiembre. Un mes que ha terminado hace cuatro días y donde el paro registrado ha vuelto
a subir con una enorme fuerza en 48.100 personas, más de 1.600 al día, en las que más de la mitad de la subida corresponde a parados menores de 25 años, es decir, a la parte más joven de nuestra sociedad; donde el 91 por ciento de los contratos
firmados son de carácter temporal y donde desaparecen una vez más los casi 500.000 relacionados con el ámbito de la formación o la disponibilidad específica -quizá a eso se refería el señor Rodríguez Zapatero cuando en su intervención en Oslo decía
que los parados en formación trabajaban para el país y por eso los hace desaparecer de las estadísticas-, pero no es menos cierto que en este momento Eurostat, que trabaja con cifras del Instituto Nacional de Estadística, refleja que España tiene
más de un 20,5 por ciento de tasa de paro y por tanto cerca de los 4.700.000 desempleados. Tiene usted razón cuando esta mañana declaraba que este no es un buen dato. Desde luego el de hoy no es un buen dato, como no lo era el de hace un año
cuando usted vino por aquí también, como no lo era el de hace dos años cuando usted vino también por aquí, como no lo era el de hace tres años cuando usted también vino por aquí. La pregunta quizás sería cuándo va a haber un buen dato, señora
secretaria general de Empleo. Cuándo, en virtud de las medidas que adopte su Gobierno, su ministerio, su Secretaría General de Empleo, va a venir usted a darnos una buena noticia, va a venir usted a dar una buena noticia a los ciudadanos españoles,
va a venir usted a dar una buena noticia a los parados de este país. Y esto ocurre además, señora secretaria general de Empleo, desgraciadamente, cuatro meses después de la puesta en marcha de un real decreto que se ha convertido en Ley de Reforma
Laboral. Ya dijimos en su momento que esta reforma laboral entendíamos que estaba volcada, casi obsesionada, por el despido y no por el empleo, no por la empleabilidad, no por la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo en nuestro país, y el
tiempo nos ha dado la razón. Hoy, cuatro meses después, hemos podido constatar cómo una vez más, a pesar de una reforma de esas características con todas las luces y las sombras que hemos tenido la oportunidad de debatir aquí profundamente a lo
largo de todos estos meses, tenemos la desgracia de que en España vuelve a aumentar de forma muy importante el desempleo. Y lo hace además para defender unos Presupuestos Generales del Estado que sin duda, en virtud de las cifras que relatan, van a
crear más paro -lo dice el propio libro de los presupuestos-, más impuestos, menos protección social, menos competitividad, y lo que es más grave, menos igualdad entre los españoles y en este caso gracias a medidas adoptadas dentro del seno del
Ministerio de Trabajo. El Gobierno en estos presupuestos, señora secretaria general de Empleo, se resigna a dejar España con más de un 20 por ciento de paro justo después de acabar la reforma laboral.



Los intereses de la deuda es la partida que más sube, más de 4.000 millones de euros, lo que la deja en 27.000 millones de euros. Esa partida de intereses de la deuda más la de prestaciones por desempleo -usted misma lo ha dicho- es de
30.000 millones de euros, casi la mitad del presupuesto del Estado. ¿Usted cree, señora secretaria general de Empleo, que un país puede ir bien cuando casi la mitad de su presupuesto tiene que dedicarse a pagar las deudas de un Gobierno y a pagar
el desempleo que no ha sido capaz de combatir durante sus años de Gobierno? Esto es lo que tenemos, señora secretaria general de Empleo. El Gobierno ha vuelto a revisar al alza por segunda vez en lo que va de año la tasa de paro. Si comenzó en
los presupuestos de 2010 diciendo que el paro en España sería un 18,4 por ciento, en mayo, a la vez que aprobaba el real decreto de paro, perdón, de reforma laboral -en qué estaría pensando yo- lo elevaba del 18,4 al 18,9 por ciento, para en este
momento elevarlo del 18,9 por ciento al 19,3 por ciento para el año 2010, y en el año 2011 ya prevén un aumento.



Lo que viene a decirnos el Gobierno con estos presupuestos, lo que viene usted a decirnos hoy aquí con las cifras que nos presenta es que admiten que su reforma laboral va a generar más paro. De otra forma no se entendería que pongan de
manifiesto en los Presupuestos Generales del Estado un aumento del número de parados en nuestro país, amén de que estos presupuestos no son creíbles. A lo largo de estos últimos días hemos tenido la oportunidad de debatir sobre el optimismo del
Gobierno en la previsión de crecimiento del producto interior bruto, por tanto, la delicadeza de que no se cumplan las previsiones de ingresos respecto a lo que puede ser incremento del déficit en nuestro país, sumado a la dificultad de que esa
situación nos aleje más de Europa, donde en estos momentos están creciendo por encima del 2 por ciento -en concreto Alemania no solo no ha destruido empleo durante toda la crisis sino que está creando empleo de una forma muy importante-,.y si a esto
le añadimos unos presupuestos que no son austeros, donde se tenían que haber minorado de forma muy importante las medidas anunciadas en los sucesivos planes de austeridad -tendré la oportunidad de preguntarle sobre esta medida en el Ministerio de
Trabajo-, que ascienden a 6.000 millones de euros para este año, no está claro que tengan en cuenta el mayor coste que va a suponer para el Estado en el año 2011 el nuevo modelo de financiación, que preveía 3.500 millones de euros más.



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No voy a hablar de la contabilidad nacional pero sí de que se está penalizando a quienes más están sufriendo en la sociedad. Le decía antes que la mitad del paro que se ha anunciado en la mañana de hoy, el 50 por ciento, corresponde a
jóvenes menores de 25 años. Pues bien, es a esos jóvenes menores de 25 años a los que ustedes eliminan las deducciones con adquisición de vivienda habitual para rentas superiores a 1.000 euros, con un ahorro estimado de 200 millones de euros y se
reduce de 35 a 30 años, se hace todavía más bajo el dintel de la edad del arrendatario para poderse aplicar la deducción de alquiler de vivienda. Todas estas medidas lo que están haciendo es, por una parte, perjudicar a los más débiles de la
sociedad y, por otra, que España esté en estos momentos a la cabeza de Europa en tributación; ya estamos en el 43 por ciento frente a la media de la Unión Europea que se sitúa en el 37 por ciento.



Lo más grave -usted lo ha dicho en su intervención- es que los presupuestos para 2011 van a reducir el gasto en prestaciones por desempleo -un 1,5 por ciento menos este año-, pese a que, como dicen los presupuestos, habrá más personas en
paro, lo cual quiere decir lisa y llanamente que aumentará el paro de larga duración y que el número de personas sin derecho a prestaciones está aumentando en nuestra sociedad; ya hay prácticamente 2 millones de personas que no tienen prestación y
a lo largo de este año esa cifra va a aumentar. Personas que cayeron en el desempleo al inicio de la crisis y que como consecuencia de la incapacidad del Gobierno de tomar medidas adecuadas han consumido toda su prestación por desempleo, están
consumiendo todos sus subsidios por desempleo, van a consumir los 420 euros de la nueva ley y caerán en una situación de incapacidad de generar recursos para sus familias a lo largo de este ejercicio; un auténtico drama social en nuestro país,
señora secretaria general de Empleo. A esto hay que sumar unos presupuestos de carácter partidista donde, para salir adelante, son ustedes capaces de trocear la caja de la Seguridad Social y por primera vez ceder bonificaciones al empleo. Durante
tanto tiempo hemos debatido en esta Cámara -este año 2010, como usted sabe muy bien, especialmente- su oportunidad, su cantidad, su eficacia en materia de creación de empleo para que ahora decidan de forma unilateral romperla de una forma que jamás
habríamos sospechado quienes hemos trabajado en este ámbito a lo largo de los últimos años.



En definitiva, un Gobierno que prevé una subida del IVA que no va a permitir pagar ni el 13 por ciento de los intereses de la deuda de Zapatero en 2011; ya le he dicho que pagaremos 27.000 millones de intereses de la deuda y que el Estado
va a recaudar únicamente por el aumento de IVA 3.500. Por tanto, como ya ocurrió en los presupuestos del año 2010, nuevamente las partidas que podían cambiar esta tendencia, modificar esta situación, las relacionadas con las políticas activas de
empleo, son las que experimentan un decremento, como aquellas a las que usted ha hecho referencia, las de fomento y sección laboral, es decir, fomento a la contratación y a la formación profesional. Estas políticas activas dotadas con 7.300
millones sufren un recorte del 5,5 por ciento frente a la previsión inicial de este año, elemento que ha sido criticado desde el inicio de esta legislatura y en el que tenemos que seguir insistiendo de forma muy especial. Es un presupuesto en el
que una vez más priman las políticas pasivas frente a las activas; frente a 8 euros invertidos en prestaciones y subsidios se van a invertir solamente 2 en formación, un 25 por ciento, lo cual sin duda nos lleva a una dotación en políticas activas
que nos sitúa en las del año 2007, cuando no había empezado la crisis. Pero, señora secretaria general de Empleo, ¿cómo se puede seguir invirtiendo en políticas activas de empleo, en políticas generadoras de empleo, en políticas de empleabilidad lo
mismo que antes de empezar la crisis? Ustedes se han dedicado exclusivamente en materia de empleo a nutrir la caja de las prestaciones para poder pagar los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos que caen en el desempleo, pero no se
han preocupado ni un solo día de cambiar las políticas de empleabilidad en este país que pudieran revertir la situación de paro que estamos viviendo, y lo malo, señora secretaria general de Empleo, es que en el año 2011 ustedes anuncian que van a
hacer lo mismo. ¿Me podría decir usted en su intervención ulterior, señora secretaria, si va a hacer algo distinto en 2011 de lo que ha hecho en 2010, en 2009, en 2008 y en 2007? ¿Me podría decir una sola novedad del presupuesto en el que ustedes
van a dedicar su energía, su esfuerzo y su trabajo para revertir el dolor y la situación que tienen en este momento 2 millones de ciudadanos españoles que no tienen posibilidad ni siquiera ya de tener prestaciones ni subsidios? ¿Me puede decir una
sola novedad del presupuesto? Porque yo no la he visto, ni tampoco mis compañeros.



La aportación estatal al Servicio Público de Empleo desciende de 16.000 a 15.700 millones, casi un 4 por ciento menos, y asimismo las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, que descienden por primera vez un 14 por ciento, hasta
los 2.450 millones -las del último año eran 2.850, las que hemos estado discutiendo durante tanto tiempo- y la aportación por desempleo del Estado complementaria de las cotizaciones está en torno al 45 por ciento, como ha puesto de manifiesto. Hay
bajadas en fomento de la inserción, en desarrollo de la economía social, en prestaciones a los desempleados -un 1,62-, en inspección y en control a la Seguridad Social, en investigación, en tecnologías, en administración de las relaciones de trabajo
y hasta en la asesoría al Gobierno en materia social. Me gustaría que en su intervención posterior también nos ilustrara, nos informara sobre cómo han afectado las medidas de reducción del gasto que ha adoptado el Gobierno a lo largo de 2010 a su
ministerio, a su ámbito competencial, para poder hacer una comparación homogénea con el ejercicio que estamos valorando en este momento. Si esto no lo puede hacer directamente en la tarde de hoy,


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tampoco nos importaría que nos hiciera llegar en las próximas horas la contestación por escrito, pero nos gustaría saber cómo han afectado todas las políticas de recorte y de gasto de este Gobierno en materia del Ministerio de Trabajo y
concretamente del Servicio Público de Empleo Estatal.



También nos gustaría conocer -más allá de lo que ha dicho que han caducado los planes especiales- por qué no se han renovado esos planes especiales de empleo de comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o la bahía de Cádiz. ¿Porque
eran inútiles? ¿Porque ya se ha creado empleo suficiente en esas comunidades autónomas como para que el Gobierno decida dejar de invertir en esos planes de trabajo, o es porque el problema está solventado? ¿Cuál es el objeto, más allá de que haya
concluido el plan, de que en este momento no se haya presupuestado absolutamente nada? ¿O es que el plan no ha servido para nada? Evidentemente se han presupuestado por primera vez las prestaciones económicas por cese de actividad en los
autónomos. Nos congratulamos con el resto de los grupos que aprobaron en esta Cámara esa ley, que permite por primera vez igualar las condiciones a los ciudadanos autónomos. Lamentamos lo que se ha hecho en la tramitación de la Ley de la Reforma
Laboral con los autónomos en materia de las ayudas de 420 euros con posterioridad al consumo de las prestaciones, de estas prestaciones por cese de actividad.



En cuanto a los créditos para la formación profesional para el empleo, que alcanza la cifra de 2.200 millones, es evidente que también supone una disminución del 4 por ciento, y la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué -repito- sufre una
rebaja tan importante este ámbito tan significativo de la formación profesional, que es la palanca para que en este momento las generaciones más jóvenes, también los ocupados, pero especialmente los desocupados que nunca han tenido un puesto de
trabajo, puedan incorporarse al ámbito laboral?


Los subsidios, como usted ha puesto de manifiesto, y también las rentas activas de inserción tienen un aumento muy importante, casi un 70 por ciento respecto al año anterior, y eso también pone de manifiesto el traspaso del desempleo de
prestación contributiva a la prestación asistencial. En este momento la asistencial es casi cinco veces superior al aumento de la prestación contributiva y el nivel asistencial representa ya casi la mitad del nivel contributivo.



Permítame que le haga una penúltima observación sobre el Fondo de garantía salarial. Es, en orden de importancia cuantitativa, el siguiente organismo autónomo en volumen de recursos, con 1.400 millones de euros y una tasa de crecimiento
positiva del 6,26 por ciento. Ya ha puesto de manifiesto que se dedican 1.400 millones al pago de prestaciones acordadas a los trabajadores según la legislación vigente relacionada con insolvencias, suspensiones de pagos, quiebras, concursos de
acreedores, etcétera, y que 100 millones de euros serán dedicados a cubrir la parte que la nueva Ley de Reforma Laboral asigna al Fogasa en la contribución a la financiación de las indemnizaciones por despido. Nos gustaría conocer, señora
secretaria general de Empleo, si se ha hecho una programación de lo que significará esta misma contribución en los próximos años, porque lo que no nos gustaría -lo dijimos en los debates de la tramitación de la ley- es que no hubiera una responsable
administración a futuro de las necesidades del Fogasa sin que haya una alternativa previa. Cuando se puso en marcha este instrumento vinimos a decir que se hiciera un estudio económico de viabilidad y de solvencia a futuro de esta utilización del
Fogasa para que no subvirtamos su función ni seamos incapaces de cumplir con las responsabilidades que la ley asigna en este momento a este fondo.



Por último, una breve relación de algunas preguntas que me gustaría que usted pudiera contestar en su turno y, si no, que nos las hiciera llegar por escrito lo antes posible para poder habilitar las enmiendas que tenemos que hacer en un
plazo de tiempo muy escaso en los próximos días.
La primera es si cree que el 19,3 por ciento previsto en los presupuestos se puede calificar de optimista y cuáles son los motivos para hacer creer que va a existir una recuperación en el empleo
cuando hoy prácticamente el cien por cien de los expertos mantiene que no bajaremos del 20 por ciento en 2010. En segundo lugar, si cree que existen otras medidas que pueden ser más eficaces para fomentar la contratación y si nos puede enumerar
alguna que vaya a poner en marcha a lo largo de este ejercicio, En tercer lugar, si nos podría informar de cómo están funcionando en este momento los acuerdos en materia de negociación colectiva entre los agentes sociales, porque es un elemento
enormemente importante para la consecución de los objetivos de empleo en este país y, puesto que se dieron seis meses de plazo que concluyeron en el mes de agosto y no hemos tenido más noticias que la convocatoria de la huelga del pasado día 29,
quizá usted, como responsable del Ministerio de Trabajo, tenga información de primera mano de qué está ocurriendo en la negociación colectiva entre los agentes sociales y si tenemos algún nivel de esperanza de que de ahí pueda salir algo operativo
para el desempleo en este momento en nuestro país. En cuarto lugar, si desde su punto de vista la huelga ha sido buena o mala para los objetivos de empleo de nuestro país. (La señora Arnaiz García:¿Y eso qué tiene que ver con los presupuestos?)
cuánto perdió España en la huelga general que les dedicaron a ustedes los sindicatos y si, ya que el ministro no lo ha podido hacer, nos puede dar algún tipo de datos de participación, si no lo puede hacer hoy verbalmente, al menos por escrito,
puesto que la opacidad es una mala compañera en materia democrática y parlamentaria. A nosotros nos gustaría, como representantes de este Parlamento, conocer pormenorizadamente qué es lo que ocurrió en nuestro país el día 29, y creo que todos
tenemos derecho a saberlo.



Nos gustaría saber, en relación con las medidas contenidas en el programa 241, de inserción y estabilidad


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laboral, qué medidas son novedosas respecto a las de 2010 para que podamos tener elementos adicionales de esperanza de resolución de este problema, y si aparentemente no están pero se han previsto en los presupuestos transferencias de
políticas activas de empleo y bonificaciones al País Vasco. Nosotros no las hemos encontrado, pero nos gustaría conocer con detalle este extremo. Repito, si no nos lo puede decir verbalmente hoy, que nos pueda hacer llegar un documento donde
podamos ver exactamente cuáles son los términos presupuestarios de este acuerdo. En relación con la partida 48.225, ¿nos puede explicar por qué desaparece, en concreto la que se refiere al saldo de liquidación efectiva de la cuota profesional
respecto a su estimación inicial en 2009, como por otra parte siempre han reflejado los Presupuestos Generales del Estado? ¿Por qué, si todos los expertos estiman que es necesario apostar por la formación profesional continua, tanto para
desempleados como para ocupados, ustedes siguen ignorando este aspecto en los presupuestos y no le dedican una reforma y una capacidad económica suficiente para abordar con solvencia este problema? ¿Por qué prevén un aumento del número de
perceptores de renta activa de inserción de una forma tan voluminosa? ¿Cree usted que lo presupuestado para prestaciones por desempleo va a ser suficiente para hacer frente al mismo, pues, como ya están poniendo de manifiesto algunos expertos, está
infrapresupuestado? Es decir, ¿si hay un aumento del desempleo se va a poder hacer frente con este crédito o vamos a incurrir en déficit y por tanto, a perjudicar a los límites de déficit de endeudamiento de nuestro país?


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, vaya concluyendo, por favor.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.



Solamente me queda el programa 223, que se corresponde con el Fondo de garantía salarial. Nos ha llamado la atención, en primer lugar, la relación de objetivos del organismo, las transferencias corrientes de 500 millones de euros que,
efectivamente, se han motivado por el aumento de suspensiones y quiebras. Quisiéramos una explicación más detallada del aumento de transferencias corrientes, del número de trabajadores afectados, de empresas, etcétera, para saber si esa aportación
de 500 millones va a hacer viable, repito, no solo las quiebras y suspensiones que se puedan producir en 2011 en nuestro país sino también enfrentar los ocho días establecidos en la Ley 35/2010.



En relación con los activos financieros hay una disminución de 413 millones de euros, lo que supone un decremento muy importante. Me gustaría que nos explicara por qué esta partida sufre esta importante disminución. Entendemos que quizás
puede ser por la compra de deuda española, lo que se ha venido en llamar la autocartera. Si ha habido recorte en los organismos aprobados por el Gobierno, en qué partidas y en qué cantidades. En cuanto al Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, hay una caída del 14 por ciento, cuando los objetivos son salud, higiene y prevención en el trabajo. Me gustaría saber de dónde va a salir esa caída del 14 por ciento, si es que va a haber menos salud, menos higiene, menos prevención o va
usted a dejar de impulsar la estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo.



Sabe muy bien que el Banco de España ha previsto un aumento del paro para el tercer trimestre del 9,4 por ciento. Nos gustaría saber su opinión y cómo lo va contrarrestar. También la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha dicho
que los ajustes elegidos por este Gobierno van a tener como consecuencia, desgraciadamente, un aumento del paro. Me gustaría conocer su opinión.



Por último, puesto que usted misma ha hecho referencia a la cantidad destinada a Garoña, nos gustaría saber a qué se van a dedicar esos 3 millones de euros a los que ha hecho referencia, para qué exactamente, cómo se van a ejecutar, si va a
haber un organismo intermedio que va a ser el responsable de la gestión de ese dinero y cómo se va a vehiculizar. Le voy a hacer llegar, porque no quiero marearla, algunas preguntas por escrito con las que mi grupo parlamentario trabaja todos los
años para preparar sus enmiendas en esta materia. No sé si usted continuará dentro de diez días cuando tengamos la oportunidad de conocer al nuevo ministro, como ha manifestado ya el presidente del Gobierno, en cualquier caso, si continúa, nos
seguiremos viendo por aquí; en caso contrario, le deseamos lo mejor en su nueva singladura. Desgraciadamente, llevamos dos meses sin rumbo en este país, con un ministro más dedicado a otras cosas que al paro y a los desempleados; no es que antes
se haya dedicado mucho más y las consecuencias fueran distintas, pero en estos dos meses mucho más. No le puedo decir nada distinto; no le negamos buena fe, pero sí constatamos -como he dicho al principio de mi intervención- un fracaso estrepitoso
en todo el equipo a la hora de solventar lo que ya se ha convertido en el principal problema de todos los españoles, con 4.700.000 parados, que es el desempleo.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la secretaria general de Empleo, señora Rojo y a continuación plantearle nuestra discrepancia total respecto al proyecto de presupuestos para el próximo año y
como consecuencia del proyecto de presupuestos del ministerio y de su secretaría.



Nosotros creemos que estos presupuestos no solamente están condicionados por la crisis, están condicionados por una política de ajuste duro que creemos que


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va a distribuir de manera injusta las cargas y los beneficios de la crisis; por una política de ajuste duro que va no solamente a fallar en la recuperación económica del país, sino que probablemente produzca un retraso muy importante en la
recuperación económica del país. Ahora parece que el Fondo Monetario Internacional, que anima estas medidas, luego tiene dudas sobre las consecuencias de las mismas. Nosotros también tenemos más que dudas sobre las consecuencias del ajuste, tanto
desde el punto de vista del crecimiento económico y la recuperación económica del país como en particular en relación con el empleo.



Pero no solamente tenemos dudas nosotros y el Fondo Monetario Internacional sino el propio presupuesto, que se plantea para el próximo año objetivos muy escasos, prácticamente una recuperación económica mínima, que no es creíble, que es una
ficción, a tenor de los datos económicos que en estos momentos obran en poder de los grupos parlamentarios, y también un estancamiento del desempleo que probablemente ni siquiera signifique un estancamiento sino un retroceso también o la
continuación del retroceso en materia de desempleo en nuestro país. Pero hay otro dato, además del ajuste duro, la cura de caballo o el bálsamo de fierabrás, como queramos llamarle a esta política presupuestaria. Como saben, don Quijote decía que
para los caballeros funcionaba, pero que a los humanos, a los mortales, les sentaba fatal, les provocaba efectos secundarios peores que la propia enfermedad. Tengo la impresión de que para los seres humanos, en este caso para los ciudadanos, este
bálsamo de fierabrás del ajuste presupuestario va a ser muy duro, porque no es una ley presupuestaria, es una ley de ajuste, una ley de estabilización y, como consecuencia, tiene efectos en nuestra opinión muy negativos.



El segundo dato, que además ha subrayado en su intervención -y es que parece que todos somos técnicos, que no hay políticos; da la impresión de que nadie tiene que incorporar elementos de la vida política sino únicamente analizar datos.
Pues no señora-, es que en estos momentos, además de los datos de empleo, que no son precisamente favorables, sobre todo para la credibilidad de la contrarreforma laboral, el segundo dato de su presupuesto es la ruptura social; ese es el segundo
dato del presupuesto. El primer dato del presupuesto es un ajuste -un ajuste además injusto-, pero el segundo dato del presupuesto es la ruptura en la concertación social y la ruptura del Gobierno con los trabajadores y con los sindicatos. Creo
que es un dato lo suficientemente importante como para apuntarlo por lo menos y apuntar que la huelga general algo tiene que ver también con la orientación del Gobierno y con la reorientación o la rectificación, en su caso, de la política del
Gobierno. Porque esta reforma laboral, que es una ruptura social, ha demostrado ser una reforma equivocada. Tan solo los primeros datos de este mes parece que apuntan en sentido equivocado: no supera la dualización, no mejora la contratación en
nuestro país, al contrario, nos vemos con las mismas lacras de nuestro modelo laboral que tanto hemos criticado en el pasado como la baja calidad, la precariedad, los problemas habituales de nuestro mercado laboral, que también podría decirse que
son los problemas de nuestro sector empresarial. En todo caso, es el segundo dato que quería plantearle en esta intervención.



En relación con el presupuesto para el próximo año de su secretaría, por una parte nosotros no creemos que haya esa diferencia tan radical entre políticas activas y políticas pasivas, estamos convencidos de que las políticas pasivas también
son muy importantes en la demanda y, por tanto, son muy importantes en la reactivación económica. Nos preocupan en esas políticas pasivas sectores de los desempleados de la sociedad española que van a quedarse prácticamente sin ningún tipo de
protección. El Gobierno parece estar satisfecho porque se mantienen las prestaciones por desempleo, incluso porque a pesar del recorte también se mantengan parcialmente los 426 euros, pero lo evidente es que a lo largo de este año se van a agotar
las prestaciones por desempleo de muchas personas, de muchos desempleados, y nos podemos encontrar a final de año con 1.800.000 personas sin ningún tipo de prestación, es decir, con una parte de las sociedad española que está en desempleo con un
bajo nivel de protección y, por tanto, con un incremento del dramatismo de la situación social de esas familias. Creo que esto debería haberlo tenido en cuenta el Gobierno, debería tenerlo en cuenta, y no únicamente regodearse en la satisfacción de
que se mantienen las prestaciones por desempleo. Lo cierto es que se mantiene la cobertura de la prestación por desempleo, una cobertura que se va agotando día a día y que al final del próximo año se reducirá y, por tanto, dejará al descubierto
como mínimo -porque el propio Gobierno calcula un volumen a lo largo de 2011 de 2.800.000 personas con algún tipo de prestación- en torno a 1.700.000 desempleados que carecerán de cualquier tipo de prestación. Creo que eso debería ser una
preocupación para el Gobierno y en ese sentido nosotros queremos plantear una primera reflexión sobre las políticas pasivas.



En relación con las políticas activas se ha dedicado a discutir una primera cuestión. Creo que discutir las cifras a veces trae consecuencias negativas, por ejemplo, en relación con la reducción del 5,5 por ciento de lo destinado a
políticas activas. La excusa es que una parte del ajuste se debe a la reducción de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, pero es que nosotros no planteamos la reorientación de las bonificaciones, al menos no era la voluntad de
esta Cámara, creo que el Gobierno siempre nos interpreta mal; en la prestación por desempleo, en los 426 euros, nos interpretó mal y consideró que había que suprimir a una parte de los protegidos, y aquí también nos interpreta mal. La
reorientación no quiere decir que lo que sobra de esa reorientación no se gaste en políticas activas de empleo, puede reorientarse también en políticas activas de empleo. Sin embargo, no lo hacen así, porque una parte de las medidas


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de políticas activas aparecen claramente reducidas. En primer lugar, la reducción de las bonificaciones podía haberse dedicado, por ejemplo, a que en España hubiera un orientador por cada cien desempleados, no digo por cada cincuenta, o
cada quince, como la media de la Unión Europea, pero en estos momentos tenemos un orientador por cada ciento ochenta y nueve desempleados. Pero no, no se ha utilizado para eso. Por ejemplo, las políticas dirigidas a orientación de trabajadores
desempleados disminuyen en los presupuestos un 13 por ciento, habiendo disminuido en 2010 un 20 por ciento, con lo cual estamos ante una disminución drástica de los presupuestos destinados a la orientación de los trabajadores desempleados. Si nos
fijamos en el Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado, que redujo ya su dotación en un 50 por ciento en 2010, ahora se congela para el ejercicio de 2011 con
poco más de 50 millones de euros. Por lo tanto, nosotros creemos que no hay explicación para esta fuerte reducción de las políticas activas por muchos alambiques que se hagan con respecto a los presupuestos de su departamento. En ese sentido,
nosotros, como he dicho en un principio, agradecemos su comparecencia pero no compartimos en absoluto la orientación de la política presupuestaria y tampoco la orientación de las políticas de empleo; orientación de las políticas de empleo que no
cuenta con el apoyo de los sindicatos, elemento en nuestra opinión esencial, aunque con la boca pequeña los empresarios se encuentren contentos con un mayor desequilibrio en las relaciones laborales, lo que tampoco cuenta con nuestro apoyo.



A este respecto quiero hacerle cuatro preguntas finales: ¿cuál es la valoración general del contexto macroeconómico para la creación de empleo? Si en este momento mantienen las previsiones del proyecto, tal como están las cosas, son
incluso una ficción. En segundo lugar, si considera que la reforma laboral va a afectar a los desequilibrios del mercado laboral y en qué sentido. En tercer lugar, si considera que estos presupuestos avanzan en la modernización de los servicios
públicos de empleo o, por el contrario, en la externalización de los servicios públicos de empleo. Y, por último, qué opinión le merece la cobertura de los desempleados que se reduce en 2011, como le he dicho antes, y que a nosotros nos preocupa en
particular, frente a la propaganda de la cobertura del desempleo, que a todas luces va a reducirse a lo largo del próximo año. Con lo cual tendremos una alta tasa de desempleo, continuaremos con ella, tendremos también, en nuestra opinión, un menor
nivel de protección al desempleo, y con ello aún mayor dramatismo en esa altísima tasa de desempleo y, en tercer lugar, ni la política macroeconómica ni las políticas de empleo van a favorecer la recuperación de la economía y mucho menos la
recuperación de la economía con empleo de calidad, sino que se mantendrá un empleo precario, que es una de las lacras de nuestro modelo económico.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: En principio quisiera agradecer la comparecencia de la secretaria general de Empleo esta tarde aquí y también la clarificación de algunos de los temas que posteriormente se han ido planteando por parte de algunos de
los intervinientes anteriores y que espero que usted, sin ninguna duda, nos los termine de rubricar al final.



También quería comenzar esta intervención trasladando -y pidiendo que conste en el 'Diario de Sesiones'- el pésame del Grupo Parlamentario Socialista a la portavoz de inmigración, la diputada Esperanza Esteve, quien no puede estar tarde aquí
precisamente porque ayer falleció su madre, un ser muy querido para ella. Nuestras condolencias y al mismo tiempo nuestro reconocimiento por el esfuerzo que ha hecho por estar presente. No ha podido ser.



Al margen de esto, me gustaría hacer una serie de consideraciones generales. Estos son unos presupuestos que, como la secretaria general ha dicho, están enmarcados en el momento en que vivimos. Estamos viviendo una situación crítica,
tenemos una crisis galopante que tiene lógicamente unas connotaciones internacionales y que nuestro país tiene dificultades para remontar, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y a pesar de los esfuerzos de los ciudadanos. Por tanto, los
presupuestos tienen que enmarcarse ahí, tienen que enmarcarse en lo que supone la austeridad en el gasto, y la austeridad en el gasto no está determinada por la proyección política o por las políticas que uno quiere hacer. Significa que se gasta
más de lo que se ingresa y que eso no lo podemos mantener.
Pero también son unos presupuestos que marcan un rigor de control de gasto público y las partidas presupuestarias, como ustedes habrán podido ver, señorías, están perfectamente aquilatadas,
aunque algunas no nos gusten. Son presupuestos que han tenido contención y que han tenido como virtud fundamental el ahorro. Y todo ello ¿por qué? ¿Porque nos gusta? No. Porque hay que rebajar nuestro déficit público, porque tenemos un
compromiso de llegar en 2013 con el 3 por ciento de déficit, lo que supone que en este año tengamos que hacer una rebaja del 2,1 por ciento.
Eso supone atarse el cinturón. Podemos hacer eso o podemos hacer soflamas incendiarias de la importancia
que tienen los presupuestos y el ajuste y cacarear el gasto como si aquí el dinero de cada uno saliese de la fábrica de la moneda todas las mañanas. Esa es la realidad y a mí y a mi grupo no nos gusta, sinceramente, nos gustan más los proyectos
expansivos y los Presupuestos Generales del Estado con capacidad de inversión en todos los ámbitos, pero esos presupuestos los hemos tenido en esta Cámara seis años seguidos y algunas de sus señorías los han criticado exactamente igual que esta vez.
Aquellos nos gustaban más e incluso creo que los defendíamos más vehementemente. Estos no los defenderemos tan vehemente


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mente, pero seguramente los defenderemos con más convencimiento porque esa es la realidad.



¿Qué realidad tenemos? Que el gasto del Estado se reduce un 7,9 por ciento, casi nada, pero el gasto medio de los ministerios se reduce en un 15,6 por ciento. ¿Y en qué proporción se reduce el Ministerio de Trabajo e Inmigración? En un
2,1 por ciento. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para conseguir el déficit que nos hemos planteado, pero se reduce en un 2,1 por ciento que conecta directamente con el 58 por ciento de toda la partida presupuestaria de gasto social. Este Gobierno
empezó en el año 2005 incrementando el gasto social más del 50 por ciento y está en el año 2011 incrementando el gasto social el 58 por ciento. A uno le parecerá mucho o le parecerá poco, pero eso sí que es una definición ideológica y responde a
criterios políticos. Ese criterio político se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque pensamos que, aun en una época de crisis como esta, el montante fundamental de nuestros presupuestos tiene que ser para cobertura de las personas más débiles. Ya
sé que eso no gusta al Partido Popular. Ya sé que al Partido Popular le gustaría que recortásemos gastos sociales y los llevásemos a infraestructuras productivas, porque ellos consideran que son un elemento determinante de la reactivación y podrían
generar una mejora del desempleo. Y entre tanto ¿qué? Pues, señorías, el que esté mal, que se aguante, que es lo que en el fondo está diciendo el señor Echániz. (El señor Echániz Salgado: Todo lo contrario. Lo has entendido al revés.) En mi
pueblo en vez de aguante utilizamos otra palabra más fuerte. El que está mal, eso. Lo único que digo es que esto es lo que hay. Si queremos hacer un discurso tremendista en estos momentos, lo hacemos; si queremos hacer un discurso consecuente,
lo hacemos. Pero lo que no podemos hacer es una cosa y la otra. Lo que no se puede hacer en estos momentos es pedir más inversiones y criticar el reducidísimo incremento de ingresos que se está planteando por la vía de la fiscalidad y, al mismo
tiempo, pedir que se hagan las infraestructuras que teníamos en marcha y que se incremente la cobertura por desempleo.
Por cierto, la cobertura por desempleo está en estos momentos más de treinta puntos por encima de cuando gobernaba el Partido
Popular en plena época de crecimiento. Si no les avergonzó en aquel momento, ¿cómo les va a avergonzar ahora decir que nosotros tenemos el 80 por ciento de cobertura por desempleo y ellos tenían el 50? (El señor Echániz Salgado: Vosotros con 5
millones de parados.) Igual me da un parado de los 5 millones que un parado de los 2 millones, señoría. Era un parado que tenía necesidad en aquel momento y es un parado que tiene necesidad en este. Aquí vamos a decir las cosas claras. ¿O en
aquel momento eran parados de pedigrí y en estos momentos son parados de poca monta? (El señor Echániz Salgado: Desde la huelga estás insufrible.) ¡Haga usted el favor de no ser demagogo en estos momentos, por Dios!


Este el problema que hay, este es el problema real. En este marco, desde nuestro punto de vista, la realidad es que hemos hecho un esfuerzo no solamente en ese 58 por ciento de gasto social, sino para intentar mantener toda aquella partida
presupuestaria que tiene elementos productivos en I+D+i. (El señor Echániz Salgado: Es que es por ley.)


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Membrado.



Señor Echániz, le ruego que no interrumpa al orador.



Continúe, señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Es un prototipo claro de lo que es la derecha ...
(Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.) No se preocupe usted, señor presidente. (El señor
Echániz Salgado: Señor presidente, tendría que llamarle la atención.)


De la misma manera, hay una dotación de becas de casi un 2,6 por ciento, se ha dotado con 100 millones de euros el proyecto Escuela 2.0, con 100 millones el Plan Educa o seguimos dotando el Fondo de reserva de la Seguridad Social con 3.457
millones de euros. ¿Por qué no se dice eso? Es una parte de economía productiva y también es una parte importante de cobertura social seguir manteniendo nuestro programa de becas y nuestro programa de inversión en formación. Efectivamente han
caído las inversiones en infraestructuras y en algunas comunidades autónomas con grandes riesgos para el desarrollo del futuro, pero lógicamente hay algunos que pensamos que un kilómetro de carretera o de autovía puede esperar pero 1.000 parados sin
tener desempleo no pueden esperar. Hay otros que piensan que cuando se termine la autovía cuando dará de comer a esos 1.000 parados, que ya no lo necesitarán.



Por tanto, señorías, este es un proyecto que tiene indudablemente una orientación política en el marco de ajuste que tiene la Unión Europea y que vive nuestro país. En estos momentos la protección por desempleo es un elemento fundamental,
pero es un elemento fundamental de este Gobierno que tiene las cotas más altas de la historia reciente de nuestro país en cobertura por desempleo. Pocas veces habíamos llegado a tener más del 82 por ciento de cobertura por desempleo. En estos
momentos estamos en el 80 por ciento, pero nunca se ha llegado al 80 por ciento fuera de un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. (El señor Echániz Salgado: ¡Porque nunca había habido tantos parados! ¡Si es por ley!) Esa es la realidad,
señorías. (El señor Echániz Salgado: No tiene nada que ver.)


Quiero aclararles a ustedes dos conceptos, aunque ya sé que predicar en el desierto es tiempo perdido. La cobertura por desempleo no es una cobertura que tenga en estos momentos una obligatoriedad de ley (El señor Echániz Salgado: Sí, es
por ley, la prestación es por ley, no es tuya.).
La cobertura por desempleo está determinada por la voluntad que el Gobierno tiene en estos


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momentos y, aparte de las aportaciones contributivas para el desempleo, tiene un 40 por ciento de aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la aportación de los Presupuestos Generales del Estado la hace la voluntad
política de quien gobierna, señor Echániz, y no sea ... (Palabra retirada del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.)


Siguiente cuestión. Nosotros hemos estado haciendo esa apuesta y sabemos que tenemos un coste de 31.000 millones de euros. Sabemos que esos 31.000 millones de euros no se cubren con las prestaciones de desempleo, pero las aportamos todos
los españoles. Por tanto, que no se ridiculice eso que a todos nos cuesta un pastón; este 40 por ciento sale de los bolsillos de todos los españoles para cubrir el desempleo del 80 por ciento de los parados. No estoy de acuerdo con que se plantee
en estos momentos que estamos dejando a 1.700.000 trabajadores en el desempleo sin cobertura; es falso, y no solamente porque tenemos las prestaciones contributivas, sino porque tenemos las prestaciones no contributivas del Prodi, que suponen
475.000 personas atendidas. Ahora, me gustaría que fueran atendidas a lo largo del próximo año, y es ahí donde los grupos parlamentarios tendrían que hacer un esfuerzo y no en criticar la inasistencia de algunos tipos de ayudas, porque
indudablemente hay un 20 por ciento de nuestros parados que no tienen cobertura de desempleo, pero no los podemos cubrir más que con el Prodi en tiempo limitado. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, por cierto, desde el día 1 de marzo del año
2010. Repito, desde el día 1 de marzo de 2010 estamos haciendo este tipo de atención. Por tanto, no nos vengan ustedes diciendo que la prestación y la cobertura por desempleo es en estos momentos baja en nuestro país, que no tenemos atención a los
parados y que casi los estamos dejando en la indigencia. ¡Cuánto nos gustaría poder cubrir a la totalidad de los mismos! Cuánto y, a lo mejor, cuán injusto sería.



Nosotros no hemos hecho recortes de prestaciones por desempleo. Nosotros no hemos llevado al Parlamento una ley en el año 2002, señor Echániz, en la cual se mostraba al desempleado como una figura a extinguir y se planteaba un recorte de
prestaciones y una serie de obligaciones, aunque aquella huelga general les hizo echar marcha atrás a los tres meses.
Nosotros no hemos llevado ningún tipo de recortes en ese sentido; nosotros hemos traído el Prodi. Eso es lo que hemos traído, el
Prodi, 475.000 parados más con una cobertura no suficiente, pero que indudablemente han tenido.



En este punto me gustaría plantear una pregunta. Hay un desplazamiento de las coberturas del desempleo de las contributivas a las no contributivas.
La señora secretaria general anteriormente ha dado una explicación, pero a mí me gustaría
saber cuál es la razón para incrementar la partida de subsidio en el 64,4 por ciento. Porque si aquí están las aportaciones del Prodi -que me imagino que estarán-, ¿en cuánto se cifran los recursos presupuestados de cara al Prodi? Asimismo me
gustaría saber si esos recursos están en función del real decreto que aprobamos hace quince días, que tenía una limitación hasta febrero, o si tiene una proyección más allá del 28 de febrero. Esa es una de las cuestiones que me gustaría saber.
Porque, señora secretaria general, ¿con el aumento de las prestaciones por subsidio puede rebajarse la prestación media de los parados? ¿En estos momentos en qué media de prestación por desempleo estamos? Creo que anteriormente estábamos en torno
a los casi 1.000 euros de media y en estos momentos estamos bajando esa prestación debido al consumo de desempleo que se está planteando. Por eso a mí me gustaría saber cuál es la prestación media de los parados ahora, si se ha reducido desde el 1
de enero hasta ahora o si se sigue manteniendo en una banda semejante. ¿Por qué? Porque ahí nos daría un elemento de referencia para ver cuántos son nuestros parados de larga duración, en qué situación se encuentran estos parados y cuánto tiempo
llevan sin encontrar el empleo.
Ese es un dato importante a la hora de definir políticas de empleo de cara al futuro.



Consideramos que en los presupuestos estamos haciendo unas aportaciones que son prestaciones que tienen una clara orientación. Estamos en estos momentos planteando algún tipo de ayudas derivadas fundamentalmente de la Ley 27/2009 y estamos
también metiendo algunos elementos que hacen referencia a la Ley 35/2002. Por ejemplo, dentro de las bonificaciones, el ministerio ha visto la Ley 27/2009 y cuáles son los capítulos en los que tiene que entrar; por ejemplo, en los centros
especiales de empleo, que tienen una aportación importante. Pero es que nosotros legislamos en el mes de diciembre que los centros especiales de empleo pasasen de un 50 por ciento a un 75 por ciento de prestación. Esto no era importante entonces y
esto ya no es importante en los presupuestos de ahora, parece ser. Pues esto beneficia, aproximadamente, a trescientos y pico mil discapacitados, que son personas que tienen dificultades. ¿Hemos cumplido en ese sentido? Sí, y es muy importante.



¿Qué otro elemento es necesario también clarificar? Lo decía antes el señor Echániz, y por una vez, sin que sirva de precedente, coincido con él: los planes territoriales y los planes sectoriales. La caída de los planes territoriales y de
los planes sectoriales supongo que responde a que tenían una limitación de tiempo, pero nos gustaría saber cuáles son los planes territoriales que han caído y cuáles son los planes sectoriales que no tienen actuación. ¿Por qué? Pues porque ahí
tenemos actuaciones en algunas comunidades autónomas que van a estar perjudicadas, pero en momentos de ajuste los elementos generalistas tienen que primar frente a los elementos particulares, querámoslo o no.
Hay que tener en cuenta que las
políticas activas están en estos momentos transferidas en gran parte a las comunidades autónomas, casi el 72,5 por ciento del total. Es cierto que estas políticas activas son continuistas y no es menos cierto que las políticas activas son uno de
los mandatos que tiene la Ley 35/2010 para entrar a debatirlas y modificarlas.



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A mí no me importa. Si estas políticas activas son continuistas desde hace años pero tenemos un mandato de que en un plazo de seis meses tenemos que entrar a hacer un proyecto reformista, se supone que la Cámara tendrá capacidad para llegar
a un acuerdo en este sentido y poner en marcha los mecanismos necesarios. Veremos a ver si hay partidas presupuestarias, pero me parece mejor debatir en la Cámara un modelo diferente que debatir en los presupuestos, por imposición del Gobierno y
sin debate previo anterior, un modelo distinto. En ese sentido, me parece mejor la opción que se ha tomado, porque yo también creo que en el tema de las políticas activas ha pesado el mandato de la Ley 35/2010, así como las transferencias de las
políticas activas al País Vasco, que en ese sentido, siguiendo con alguna de las intervenciones anteriores, sí me gustaría conocer cómo están. ¿Tiene eso reflejo presupuestario? ¿Ha habido una caída de partida presupuestaria y, por tanto, eso se
puede medir en que las políticas activas, sobre todo en bonificaciones, que han caído 400 millones, podían ser equiparables ahí?


En estos momentos, con respecto a los temas formativos, desde el momento en que no está el señor Olabarría y no nos pone encima de la mesa el problema del Hobetuz, parece que no tenemos nada que debatir. Sin embargo, en los temas formativos
hay una partida fundamental, y es que nosotros seguimos manteniendo unas partidas para la formación continua y otras para la ocupacional que, como decía anteriormente la secretaria general de Empleo, están determinadas por el plan nacional. Pero es
que en un momento determinado tomamos precisamente aquí en esta Cámara y en esta sala la posición de que las políticas formativas no deberían de estar siempre equilibradas 50-50 ocupacional y continua, sino que fuese la partida correspondiente a la
continua la que primase frente a la partida de ocupacional. Bien es cierto que en aquel momento el desempleo estaba en el 8 por ciento. Pues habrá que modificarlo, pero no criticar que en este caso no haya partidas suficientes desde el punto de
vista ocupacional, cuando se cumple stricto sensu el sentido de la ley. Ese es uno de los problemas que hay.



Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este momento y sobre la que me gustaría conocer la posición del ministerio es la formación de demanda. El apartado de las bonificaciones recoge la misma partida presupuestaria en el
año 2010 que en el año 2011. Supongo que eso responderá a la planificación de que las bonificaciones en las empresas van a tener el mismo ranquin, lo cual choca un poco con la caída de empleo y con el cierre y los expedientes de regulación de
empleo en algunas empresas. El tema de las bonificaciones está ahí: las mismas partidas en un ámbito que en otro. Me gustaría que en algún momento se hiciese una evaluación del significado de las bonificaciones en las empresas, sobre todo en los
tramos de empresas que tienen en estos momentos oferta de formación de demanda, qué tramos de empresas son y en qué sectores se están demandando actualmente. Hay un incremento en formación y empleo. ¿Ese incremento del 36 por ciento puede suponer
que los nuevos planes formativos para jóvenes estén contemplados ahí? Me refiero a los nuevos planes formativos para jóvenes de la Ley 35/2010, que suponen lógicamente un incremento.



Hay una nueva consideración en el tema del Fogasa. Decía antes la secretaria general que el Fogasa tiene un superávit, lo cual determina que tiene una buena situación económica. Además, creo que en momentos en los que hay más empresas
insolventes y que hay que abrir la indemnización de ocho días por la aplicación de los artículos 51 y 52 de la Ley 35/2010, a alguno le podría parecer que el del Fogasa es un tema vidrioso que puede entrar en una situación complicada. Por eso me
gustaría que me dijese cómo afecta esta situación. ¿Tenemos las cuentas del Fogasa saneadas? ¿Cuánto creemos que se nos va a llevar la aplicación de la 35/2010 en este próximo año 2011, teniendo en cuenta que termina en 2011?


Para terminar, en cuanto a algunas de las afirmaciones que se han hecho, los datos de desempleo del mes de septiembre son datos negativos, que por mucho que los comparemos con el mes de septiembre del año pasado, a nosotros como Gobierno -lo
ha dicho esta mañana la secretaria general de Empleo en rueda de prensa- no nos satisfacen, aunque sea en el 50 por ciento, pero vincular esto al proyecto de Ley de reforma del mercado de trabajo no tiene sentido. No tiene sentido porque la Ley de
reforma del mercado de trabajo se publicó hace quince días en el BOE y el que piense que un empresario cuando lo ve lo aplica como un decreto-ley que va a llegar al Congreso no sabe ni entiende lo que es una empresa, donde o tienes garantías de lo
que haces o en este momento no se tira nadie a la piscina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con la situación económica, con la evolución del mercado y con la contratación y la confianza que se tiene en estos momentos en
nuestros mercados y en la economía, y el que no lo quiera entender así, pues muy bien, como propaganda sirve, pero como sentido común no, Gaspar, no.



La siguiente cuestión que se ha planteado es que no son creíbles estos presupuestos. Pues mire usted, señor Echániz, si no son creíbles, menos creíble es su discurso y sin embargo...



El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, vaya terminando.



El señor MEMBRADO GINER: Termino ya.



-y sin embargo todos aquí lo estamos, lógicamente, escuchando con enorme atención.



Para terminar, los Presupuestos Generales del Estado determinan la política de un país en los momentos en los que vive ese país. Si en estos momentos este país considera que está en una situación económica complicada o crítica, no entiendo
algunas de las intervenciones que se


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han planteado, a no ser que las tenga que enmarcar en el debate que llevamos aguantando dos años de: frente a lo malo, es mejor lo peor.



El señor PRESIDENTE: Para concluir esta comparecencia y responder a las cuestiones suscitadas por los portavoces de los grupos tiene la palabra la secretaria general.



La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Permítanme en primer lugar que agradezca sus intervenciones y el tono general, aunque no esperaba ninguna felicitación, y menos del Partido Popular. (El señor Echániz Salgado: Ya
me gustaría.) Señor Echániz, puede estar seguro de que venía convencida de que usted me iba a hablar de fracaso y de otras cuestiones. En todo caso, quiero agradecer las intervenciones de los tres grupos. Voy a intentar a responder a algunas de
las cuestiones, no a todas, porque la tarde-noche se nos haría insuficiente, y quedo a su disposición para aquellas cuestiones que hoy no se puedan responder, pero que ustedes crean que se puede hacer por escrito. Me remito de todas maneras a mi
intervención inicial, porque creo que bastante de las cosas que ustedes han sugerido las he respondido en la misma. Les voy a invitar a que la lean con detenimiento, si pudiera ser, para que queden contestadas algunas de sus preguntas.



Permítanme, señorías, que en esta respuesta empiece con una afirmación y una convicción. He finalizado mi intervención diciendo que creo que el empleo es más que la generación de ingresos y que por lo tanto las personas que pierden el
empleo pierden más que los ingresos. Soy absolutamente consciente de que hoy este es el objetivo principal de nuestro Gobierno, pero también de todos los gobiernos en una situación de crisis económica tan profunda como la que vivimos, una crisis
que es la más profunda que ha vivido nuestra época contemporánea y que tiene un origen financiero, pero que tiene una repercusión profunda en la actividad económica y una consecuencia muy nefasta y muy desastrosa, que es precisamente la destrucción
del empleo y el incremento del desempleo.
He dicho que me interesan todas y cada una de las personas, porque soy consciente de la diversidad y de que las personas necesitan medidas y respuestas distintas según quiénes son, en dónde están, cuál es
la situación de donde proceden y por tanto necesitan construir itinerarios diferentes, una expresión que no es que esté de moda, sino que es el eje fundamental de las políticas activas de empleo en Europa y que constituye el eje troncal de la
actividad de los servicios públicos de empleo.



Quiero decirles que cuando esta mañana he dado las cifras del paro y he comentado efectivamente con tristeza que este no es un buen dato, porque no lo es, soy consciente de que el empleo necesita de crecimiento económico. Esta crisis está
produciendo una dificultad inmensa con relación a la posibilidad del crecimiento económico y no solo en España.
Vamos a necesitar un periodo de tiempo y de crecimiento económico sostenido para que las medidas que se tomen puedan repercutir en
generación de empleo y tengan una repercusión en el ámbito del empleo pero desde el punto de vista de la actividad económica. ¿Por qué desde la secretaría general hago esta reflexión? Primero por no eludir ninguna responsabilidad sin duda ninguna.
Preferiría asumirlas todas y en todo caso las comparto. Lo que sí creo desde la secretaría general es que las políticas activas de empleo no generan empleo. Lo digo hoy y lo he dicho en muchas ocasiones. Las políticas activas de empleo son
aquellas medidas destinadas a las personas para favorecer la transición al empleo o su transición en el empleo en mejores condiciones. Evidentemente eso depende en gran medida del empleo disponible, porque no son las políticas activas las que crean
empleo, pero sí son las facilitadoras y dinamizadoras del acceso al empleo disponible o de la mejora del mantenimiento en el empleo disponible, así que esta primera cuestión me parece fundamental, porque el Gobierno ya ha planteado el cuadro
macroeconómico. No lo plantea con una ilusión tremenda, pero sí lo hace desde el rigor y el compromiso y desde una manera de afrontar una situación en donde hay que controlar el déficit y a la vez hay una decisión muy clara por las políticas de
protección social y por el mantenimiento de las políticas activas. Hace falta que haya periodos más largos de crecimiento para que se dé una repercusión intensa en el empleo y no serán las políticas de empleo las que crearán empleo, pero sí las que
facilitarán ese acceso.



En relación con las distintas intervenciones quiero comentar algunas cuestiones. Señor Echániz, sobre la estadística hablamos siempre; siempre que ha habido una comparecencia del ministro y en las escasas que yo he podido tener ustedes han
hablado de la estadística. Quiero recordarle, en primer lugar, que la estadística que indica el desempleo es la EPA, para lo bueno y para lo malo; ahora es peor la EPA que el desempleo registrado, pero ya le digo que la EPA es el indicador del
desempleo, del empleo y de la actividad, que es la EPA la que nos homologa con Europa y es una encuesta demoscópica, mientras que el paro registrado es no solamente un registro voluntario sino además un instrumento para la actividad de los servicios
de empleo. No coinciden ni en la metodología ni en el tiempo. Por cierto, los datos tanto del desempleo registrado como de los demandantes de empleo no solamente no los ocultamos, sino que son públicos y están todos en Internet; si se ocultaran
no estarían en Internet. Están los demandantes de empleo y están los parados registrados. Es una medición que está vigente desde el año 1985 y como el ministro ha recordado en infinidad de ocasiones, ningún Gobierno -tampoco ustedes- la ha
cambiado y sigue manteniéndose la misma. Le recordaré una vez más que quien inscribe a una persona en desempleo es cada servicio de empleo autónómico.



Una cuestión suscitada por los tres grupos ha sido la reforma laboral.
Efectivamente desde junio lleva en vigor


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el real decreto que la inició, pero ha finalizado, como usted sabe muy bien, su trámite parlamentario recientemente, hasta el punto de que hasta el 17 de septiembre no se ha publicado la ley en el BOE. Por tanto no creo que en un periodo de
tramitación parlamentaria se generen muchas seguridades; más bien se generan inseguridades. En consecuencia, debemos -no solamente en esta reforma sino en otras- dar el tiempo prudencial para que se genere la confianza suficiente que permita la
aplicación amplia de esta reforma. Estoy convencida de que es una reforma necesaria y equilibrada, pero también estoy convencida de que necesita un tiempo de recorrido para poder valorar su efecto y su aplicación.



En todo caso, señor Llamazares, me parece que no se pueden hacer afirmaciones como que los datos del últimos mes indican que es un fracaso, entre otras cosas porque por ejemplo -lo he comentado esta mañana-, desde los meses de agosto y
septiembre, hay más contratos de fomento del empleo este año que el pasado, o por ejemplo, mientras los contratos de fomento del empleo eran del orden del 16 por ciento, estamos superando ya el 25 por ciento. Sin embargo, no haré yo una afirmación
de que eso ya signifique que la reforma es un éxito, no. Ya le digo de entrada que creo que hoy es absolutamente prematuro, ni con este ni con el contrario, valorar la aplicación de la reforma.



La cuestión que me interesaría contestar especialmente porque he oído cosas contradictorias es la relativa a las políticas activas. Las políticas activas en materia de programas de empleo se reducen un 0,9 -quiero volver a insistir en ello-
y solo se reducen porque desaparecen los planes territoriales. Los planes territoriales y los sectoriales responden a un momento concreto donde alguien decidió oportunamente, en el contexto en que se dieron, que era oportuno hacer un plan
territorial o un plan sectorial. En todo caso, la política de este ministerio y de esta secretaría general ha sido potenciar la conferencia sectorial y por tanto no hacer planes bilaterales mientras haya una conferencia sectorial en la que se
distribuye el conjunto de recursos al conjunto de comunidades autónomas. Por cierto, esto es lo que de manera amplia y unánime prácticamente todas las comunidades autónomas han valorado. ¿Han finalizado? Sí, han finalizado y punto. ¿Por qué?
Porque le he dicho que lo que se incrementan son los recursos que el conjunto de comunidades autónomas van a tener para sus políticas. La formación para el empleo disminuye el 0,6, mientras que los ingresos en cuotas de formación disminuyen el 8
por ciento. Por lo tanto me parece que el compromiso es alto y se aporta en ocupados y desocupados efectivamente, pero más en desocupados que en ocupados. Aun descendiendo la cuota el 8 por ciento, la formación de ocupados solamente disminuye en
un 4 por ciento, así que no se puede decir que las políticas activas disminuyen; las políticas activas de empleo se mantienen.



Lo que me parece más significativo es que no sé cómo pueden decir que los itinerarios de empleo se reducen, porque se mantienen; las políticas relacionadas con el fomento del empleo autónomo se mantienen y, como ha dicho el representante
del Grupo Socialista, las medidas destinadas a los centros especiales de empleo incrementan un 20 por ciento. Es más, los itinerarios de empleo solo son distintos en función de cada comunidad autónoma, porque les he dicho y lo sostengo que este es
un modelo descentralizado, y descentralizado quiere decir que cada comunidad autónoma decide cuántos orientadores tiene, cuántas oficinas, si tienen 100 metros o 200 metros, si están limpias o sucias, y sobre todo -que es lo que hoy creo que
interesa- cuántos recursos complementa a los que recibe del servicio estatal para hacer la función que se le ha transferido, que es gestionar las políticas activas. Por eso, señor Llamazares, nosotros no contratamos orientadores. El Servicio
Público de Empleo Estatal tiene una partida especial para apoyar la contratación de 1.500 orientadores, que por cierto hemos sostenido en el tiempo, pero quien contrata las plantillas de los servicios autonómicos son los servicios de empleo
autonómicos. La plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal -y lo dicho en público- se acerca a las 10.000 personas y los servicios autonómicos tienen cerca de 12.000 personas, si bien en esta plantilla incluyo al País Vasco porque hasta el
momento no estaba transferido.



Los sistemas de gestión son también descentralizados y eso hace que el concepto de itinerario pueda ser desde media hora de atención a una persona que requiere una información hasta un año de seguimiento, porque la tutoría, la relación o los
tallares en que participa el proceso de formación así lo requieran. Por lo tanto ni es idéntico ni tiene por qué serlo. La descentralización tiene un gran valor, que es la proximidad y la adecuación en cada territorio y a cada uno de los
colectivos y de las personas. Nosotros seguimos profundizando en esa descentralización. Es más, los recursos que reciben las comunidades autónomas pueden flexiblemente pasarlos de unas partidas a otras en función también de sus propios
presupuestos. Por eso observaremos que hay comunidades autónomas que dedican más recursos a empresas de inserción y otras que dedican más recursos a hacer convenios con corporaciones locales, o algunas que hacen muchas escuelas taller y otras que
no las hacen, porque eso hoy la legislación lo contempla y porque efectivamente hemos avanzado, y ese es el cambio, en que la gestión descentralizada sea efectiva, pero a la vez necesitamos coordinación, y por eso esta mañana he anunciado que por
primera vez disponemos de un sistema que integra el conjunto de las actividades en políticas activas que realizan los servicios públicos de empleo autonómicos y eso nos permite además vincular más efectivamente las políticas pasivas y activas. La
protección por desempleo, que no es un seguro por cierto, es una necesidad para aquellas personas -que son la inmensa mayoría- que buscan activamente empleo, que quieren mejorar su situación profesional y que necesitan de esa cobertura para poder
hacer esa transición en el empleo. En todo este periodo hemos mejorado en muchas


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cosas, desde luego con el doble de expedientes mensuales. Cuando yo llegué había 450.000 expedientes de prestaciones al mes y hoy hay más de 900.000. Hoy hemos reducido de casi veinte días de reconocimiento a dos días, con lo cual todos
los que solicitan una prestación cobran al mes siguiente. Creo que eso también tiene importancia porque eso es productividad, pero hay que mejorar en sistemas de orientación. Hay uno a disposición de las comunidades. Hay que mejorar en
posicionamiento en Internet, que es donde las personas buscan empleo e información y servicios. Hoy todas las prestaciones se pueden solicitar en Internet, toda la información está disponible. Es decir, hay un conjunto de medidas que no afectan
solo a lo que llamaríamos el conjunto de programas de empleo o de formación, sino a la forma como se descentraliza y cómo se realiza.



Quiero hacer otra valoración, porque también me han hecho ustedes una pregunta. La transferencia al País Vasco se va a realizar sin ningún lugar a dudas, lo ha dicho el presidente y así va a ser, a partir de un acuerdo político entre dos
grupos parlamentarios, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco. A partir de este acuerdo político va a haber un acuerdo de transferencia de gestión que vamos a hacer entre gobiernos. Por tanto el ministerio hará el acuerdo de transferencia con el
País Vasco, con el Gobierno vasco y con la Consejería de Trabajo. Será a partir de esa transferencia cuando tendrá un reflejo presupuestario. En todo caso, quiero dejar rotundamente clara una afirmación: no se rompe la caja de la Seguridad
Social, de ninguna de las maneras, porque las bonificaciones a la contratación son una aportación del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal que se compensa a la Seguridad Social, que lo único que hace es que recibe menos y por tanto
hace de instrumento para que eso mismo que recibe de menos se le compense luego. Así pues, las bonificaciones a la contratación no tienen nada que ver con las cuotas a la Seguridad Social ni afectan para nada a la caja de la Seguridad Social. Lo
que se recibe de menos se compensa y nunca se ha recibido por parte de la Seguridad Social ni un euro menos de lo que no ha ingresado porque las empresas se han bonificado por contratación. Por cierto, son partidas abiertas, porque la ley así lo
establece, tanto esta como la de prestaciones por desempleo.



Me quiero felicitar en esta Cámara porque se complementen las transferencias a todas las comunidades autónomas, ya que era una aspiración de un modelo descentralizado por el que hemos optado como país. Faltaba incorporar al País Vasco y hay
que felicitarse de que finalmente este año se complemente esta transferencia.



Para ir acabando quiero hacer una breve reflexión sobre las políticas pasivas. Las políticas pasivas -lo he mencionado-, que tienen más de 30.000 millones de presupuesto, suponen -creo que el representante del Grupo Socialista lo ha
explicado muy bien- una decidida apuesta del Gobierno por mantener altos niveles de cobertura. En estas prestaciones, la media -me preguntaba el señor Membrado- de la contributiva en este mes -porque el subsidio son 426 euros- está en 830 euros,
pero es la media de lo que percibe, por tanto sin las cotizaciones, por eso los 1.000 euros son correctos. Es algo más que el mes pasado, se mantiene esta media de la contributiva, pero es cierto que los tiempos de permanencia en la contributiva
son más reducidos cada vez y por eso hay más personas en el subsidio y va descendiendo el número de personas y sobre todo el tiempo -más que el número- de permanencia en la contributiva.



¿Por qué incrementan los subsidios? Lo he dicho en mi explicación inicial.
En primer lugar, porque estimamos, siguiendo la misma tendencia de este año, que habrá más personas que como están menos tiempo en la contributiva, pasen al
subsidio, pero además porque se ha incorporado el Prodi. El Prodi genera derechos hasta el mes de febrero, pero tendrá pagos hasta el mes de octubre, porque recuerden sus señorías que puede haber personas que ese derecho que generan en febrero lo
ejerzan dos meses más tarde y luego cobren durante seis meses. Por tanto, el Prodi que ustedes han aprobado va a tener una vigencia hasta octubre. Lo que el año pasado no se incorporó en el presupuesto inicial fue un Prodi de todo el año. Por eso
les he comentado que la diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto inicial de este año en prestaciones por subsidio es más alta que si se hubiera incorporado todo el Prodi el año pasado.



En relación con el Fogasa, creo que he mencionado que la indemnización prevista en la Ley 35 es de 100 millones. Efectivamente, hay una previsión para el tiempo que tiene que continuar, pero quiero recordar que la Ley 35 prevé un año para
que se regule el fondo de capitalización.
Por lo tanto espero que el cumplimiento de la ley haga que el tiempo en el que el Fogasa haga de tránsito para esta medida sea el que la ley establece.



Seguro que quedan más cosas, porque han planteado muchísimas cuestiones.
Les voy a contestar. (El señor Echániz Salgado: Garoña.) Le he dicho que con relación a los planes territoriales solamente se mantiene el Plan de Canarias, porque
está en la ley, y se ha incorporado Garoña porque hubo un acuerdo unánime de todos los que intervenían en esta situación. En cuanto a para qué servirá y el cómo, si me permite, cuando firmemos el convenio se lo diré.



Señorías, les agradezco su atención, soy muy consciente de que este tema no solo es el principal problema sino el principal objetivo con que el Gobierno tiene que afrontar estos presupuestos. Si bien quiero reiterar lo que he dicho al
principio de que este presupuesto de la secretaría general de Empleo no está pensado ni previsto para crear empleo sino para facilitar lo más pronto posible el acceso al empleo disponible y el mantenimiento del empleo, creo que es un presupuesto
riguroso que mantiene los niveles de protección social y de políticas activas y que nos permite profundizar en el sistema descentralizado de servicios públicos de empleo. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)


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El señor PRESIDENTE: Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor presidente, para una cuestión de orden.



El señor PRESIDENTE: ¿Cómo que una cuestión de orden?


El señor ECHÁNIZ SALGADO: No es para abrir el debate, sino para recordarle a la secretaria general de Empleo que, si tiene la amabilidad, nos haga llegar en las próximas horas las respuestas a las preguntas que han quedado en el 'Diario de
Sesiones'. También deseo pedir al presidente de la Comisión que a su vez solicite al portavoz del Grupo Socialista -entiendo que está desaforado estos días porque ha habido muchas cosas en la agenda que seguramente le han sacado de las casillas-
que retire, si es posible, con amabilidad, los calificativos gruesos que ha dedicado a mi grupo y al portavoz que les habla.



El señor PRESIDENTE: Me da la impresión de que se refiere a lo de ...
(Palabra retirada del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.) Supongo, señor Membrado, que usted no tendrá inconveniente
en retirarlo, ¿verdad? (Risas.)


El señor MEMBRADO GINER: A mí lo de ... (Palabra retirada del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara) ...me parece que es un adjetivo justo, pero no sé a qué se refiere.



El señor PRESIDENTE: Pues a ese calificativo.



El señor MEMBRADO GINER: No tengo ningún inconveniente, si eso le satisface al señor Echániz. (El señor Echániz Salgado: Y lo de. - Palabra retirada del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la
Cámara.)


El señor PRESIDENTE: Lo retiramos del 'Diario de Sesiones' y continuamos.
(Rumores.) No sigan ustedes. Como tengo la impresión de que un vez concluida la comparecencia se van a marchar, pueden seguir discutiendo fuera (Risas.) y así
nosotros podremos recibir a la secretaria de Estado de Inmigración, que lleva esperando una hora y media.



Hacemos un pequeño receso para despedir a la señora Rojo y recibir a la secretaria de Estado. (Pausa.- La señora vicepresidenta, Elías Cordón, ocupa la Presidencia.)


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (TERRÓN I CUSÍ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de expediente 212/001221) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001313.).



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Seguimos con las comparecencias.
Recibimos a la secretaria de Estado de Inmigración, doña Ana Terrón, quien tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Creo que no voy a ser la primera compareciente en contextualizar este presupuesto en una situación de crisis, así que casi les voy a ahorrar la explicación del
porqué estamos presentando hoy estos presupuestos y voy a ir directamente a comentar la propuesta que hace esta secretaría de Estado que, evidentemente y por las razones que ustedes ya saben, continúa, aunque de forma distinta, los ajustes del gasto
público que se iniciaron en el año 2009. En ese momento, en el año 2009, se aprobó un acuerdo de no disponibilidad en el crédito que supuso para la secretaría de Estado una reducción en su dotación inicial de 2.580.000 euros. En esta línea, y ante
la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se aprobaron para 2010 unos presupuestos que registraban, respecto a la dotación inicial de 2009, una reducción del 27,99 por ciento,
prácticamente del 28 por ciento, es decir de 129.700.000 euros menos que el primer presupuesto aprobado para ese año. Eso quiere decir que se disminuyó el presupuesto inicial de esta secretaría de Estado para el año 2010 en otros 40.470.000 euros,
que se sumaron al recorte anterior.



¿Qué hemos hecho este año -y lo digo porque es importante para entender en qué ejercicio estamos cara al 2011-? Pues evidentemente establecer una serie de prioridades para el ejercicio en el marco de lo que es nuestra política, que sigue
teniendo como líneas fijas: la gestión ordenada de los flujos de inmigración, la cooperación con los países de origen en materia migratoria, la lucha contra la inmigración irregular y las acciones que garanticen la integración, la cohesión social y
la convivencia; y en materia de emigración el reconocimiento de los españoles en el exterior como ciudadanos de pleno derecho, como queda establecido en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, y la modernización de la acción pública
dirigida a estas personas. Esas siguen siendo las prioridades del Gobierno y vamos a abordarlas realizando mayores esfuerzos y poniendo más inteligencia aún en el gasto para intentar seguir haciendo esas mismas políticas, ajustándonos a la
reducción presupuestaria que, como no puede ser de otra manera, afecta también al paquete de medidas que hoy les tengo que presentar. Así, la dotación presupuestaria solicitada para el ejercicio 2011 es de 268.270.410 euros, y vamos a ver qué
significa esto por áreas de actuación. En las políticas de inmigración, de gestión de flujos, eso significa 7.539.000 euros, en los cuales, como saben ustedes, se incluye un gasto muy rígido que es el de estructura y de personal, el cual, a pesar
de haberse hecho un esfuerzo porque el gasto global ha disminuido casi en un 5 por ciento, es difícil de tocar. Pasamos a la dotación de las


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políticas de integración, en las que hay varias cosas que luego veremos, que es de 141.502.000 euros, y las políticas de emigración suman 119.227.000 euros.



Déjenme hacer dos consideraciones previas antes de ofrecer más detalles en relación con esas áreas funcionales y con el gasto que vamos a atribuir a cada una de ellas. En primer lugar, y como ya vimos el año pasado, vamos a tener en cuenta
en este contexto la reforma de la financiación autonómica aprobada antes del verano, que nos permite redistribuir partidas y trabajar mejor, puesto que las comunidades autónomas competentes en materia de integración tienen ahora fondos vinculados a
la población real residente que incluye también toda la población extranjera. En segundo lugar, hemos tenido en cuenta que en España ya no hablamos de población inmigrante reciente, lo que significa que los instrumentos y acciones de apoyo para la
primera acogida tienen que ir disminuyendo progresivamente. La presencia de la población inmigrante en todos los espacios de la sociedad supone que aquellos empiezan a ser receptores normalizados de los servicios sociales de nuestro país, y en el
paquete de lo que a veces impropiamente hemos llamado, como todo, política de integración hay cuestiones como las relacionadas con las políticas que más propiamente deberíamos llamar de primera acogida que evidentemente pueden y deben, por razones
de la realidad y del cambio de ciclo migratorio en nuestro país, sufrir un recorte sin que se resienta la actuación de una forma importante, no así evidentemente otras políticas que están en este paquete.



Hablando de las previsiones presupuestarias por área funcional, como les decía, en el ámbito de la inmigración -tuve ocasión de comentárselo en mi comparecencia anterior y se lo decía también al hilo del otro paquete de políticas- nos
encontramos ante una importante desaceleración de los flujos migratorios, que se ha concretado tanto en el descenso de las contrataciones en origen como en un descenso muy notable de los intentos de acceder de forma irregular a nuestro territorio.
Empezamos a tener un colectivo de inmigración maduro, ya no reciente, como les decía, y nuestros patrones empiezan a ser los de los países que tradicionalmente han acogido migración en Europa, como pueden ser el Reino Unido, Alemania o Francia, y
tenemos por lo tanto que gestionar las cosas de otra manera.
El nuestro en todo caso es un modelo basado en una relación intensa entre inmigración y mercado de trabajo; a pesar de esto, ese hecho nos obliga a seguir mejorando los mecanismos de
gestión de los flujos vinculados a esa situación del empleo.



En el área de inmigración las prioridades van a ser una gestión ordenada de los flujos migratorios, de acuerdo con estas necesidades del mercado de trabajo, poniendo énfasis en dos temas: la mejora de los mecanismos de gestión del empleo de
los inmigrantes residentes ya en nuestro país y la gestión más eficaz del régimen de extranjería para mantener un objetivo que lo es también para aquellas personas que residen con nosotros, el de una Administración mas cercana al administrado y más
transparente. En segundo lugar, aún muy importante, y creo que lo va a seguir siendo en el futuro, está la cooperación internacional con los países de origen mediante la firma de acuerdos de formación, selección y contratación de trabajadores en
origen, evidentemente ligado a la situación de nuestro mercado de trabajo y del catálogo, pero creo que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de relación con los países de origen. También es muy importante para nosotros la firma de acuerdos de
readmisión de personas en situación irregular y de convenios de asistencia técnica y financiera para la continuación de algo que ha tenido un impacto que valoramos muy relevante, que es el control de la inmigración irregular en origen. En este
marco tenemos que señalar la necesidad de proceder a la revisión y mejora constante de los convenios ya existentes de regulación y ordenación de los flujos migratorios y estudiar la posibilidad de suscribir acuerdos procedimentales para la gestión
de proyectos piloto con países que también han solicitado celebrar un acuerdo con nosotros.
Me parece importante la existencia de esos países que quieren seguir el camino de otros y un ejemplo de que la gestión de esa inmigración en origen es
positiva no solo para nosotros, sino también para ellos. Por último, quiero señalar en este ámbito que seguiremos impulsando la política iniciada en la VIII Legislatura de suscribir acuerdos marco de cooperación, es decir ir más allá de esos
acuerdos sectoriales y facilitar el procedimiento con ellos de identificación y readmisión de personas en situación irregular. Lo hicimos con Gambia, con Guinea, con Cabo Verde, con Guinea Bissau y con Mali dentro del Plan África, y como les decía
tenemos la intención de extender estas políticas y estas iniciativas a otros países.



También en el paquete de la lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos, además del control y la vigilancia de costas que no corresponde a esta secretaría de Estado, pero que evidentemente seguimos con interés y
cooperamos en lo que podemos, vamos a trabajar en la actuación en origen y potenciación de los instrumentos de colaboración con los países de procedencia y tránsito de los flujos migratorios. El concepto de trabajar con los países de tránsito
empieza a ser muy relevante porque algunos de aquellos países que para nosotros eran de origen de la inmigración se están convirtiendo hoy en día en esa otra categoría, la de países de tránsito de flujos migratorios. Por tanto hay un nuevo ámbito
de trabajo con ellos. El otro capítulo es el de la lucha contra el trabajo irregular, imponiendo en su caso las sanciones legalmente previstas. Es un capítulo en el que hemos trabajado siempre y en el que hay ahora un nuevo marco que nos viene de
la Directiva europea de sanción contra los empleadores de inmigrantes en situación irregular y contra la explotación de los inmigrantes.



El otro paquete fundamental para nosotros es el de integración. Persigue en estos presupuestos generales mantener las medidas puestas en marcha durante años anteriores en diferentes áreas de actuación, priorizando


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en el sentido que ya les he explicado no tanto las políticas de primera acogida como las de trabajo para la convivencia y la buena integración de los residentes en nuestro país. Evidentemente esos primeros importes van a reducirse y vamos a
apostar por ese modelo de promoción, de integración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos; sobre todo con las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en este ámbito. En ese contexto se prevé la incorporación
de créditos adicionales para nuevas medidas como las destinadas a hacer frente al impacto de la situación del mercado de trabajo en el colectivo inmigrante y a poner en marcha actuaciones cofinanciadas con los nuevos fondos comunitarios del programa
general Solidaridad y gestión de los flujos migratorios y, especialmente, con el Fondo europeo de integración. Saben ustedes -comparecí en esta Comisión- que hemos ayudado de una manera importante durante la Presidencia española a establecer en el
ámbito europeo las líneas de trabajo de la gestión de la integración y, una vez establecidas, vamos a intentar participar de estos programas de la forma mejor que podamos y aprovechando al límite de lo posible la gestión de este programa general y
del Fondo europeo de integración.



En este contexto las principales actuaciones son, por un lado, reforzar la actuación conjunta de la Administración General del Estado con las otras administraciones públicas -como les decía- a través del Fondo de apoyo a la integración de
los inmigrantes y el refuerzo educativo y seguir trabajando con la red que se ha podido tejer durante estos años, y que nos va a permitir ahora ser mucho más eficaces. Por otro lado, nos parece fundamental consolidar el papel en este terreno del
tercer sector, tanto para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración como para mejorar las estructuras de este y su capacidad organizativa y de gestión en beneficio de la eficacia en las intervenciones. Estas actuaciones prevén también
financiación con fondos europeos. En tercer lugar, evidentemente debemos mantener el sistema de protección a solicitantes de asilo y refugiados. En este ámbito, como saben ustedes, es importante señalar la necesidad de sustentar estándares mínimos
de calidad de acogida, que es un objetivo que hace años persigue la Unión Europea y que en nuestro país aún requiere un esfuerzo. Ese también es un paquete de medidas -entre comillas- impropiamente incluido dentro del paquete general de integración
pero que tiene una relevante personalidad propia.
En cuarto lugar, debemos seguir garantizando -y así lo vamos a hacer- la atención humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad, ya sean procedentes de ese flujo de peticionarios de asilo
del que les hablaba o del flujo de la inmigración. Es importante seguir cubriendo ese papel que ha hecho hasta hoy y que va a seguir haciendo la secretaría de Estado. En quinto lugar, creo que debemos seguir prestando atención a las necesidades de
los menores extranjeros no acompañados, ámbito en el que la secretaría de Estado tiene un amplio marco de cooperación con las comunidades autónomas y en el que responde de su responsabilidades, aunque sean las comunidades autónomas las titulares de
su guardia y custodia y responsables de los menores. Promovemos también, y vamos a seguir haciéndolo, la igualdad de trato y la no discriminación a través de las actuaciones del Observatorio español del racismo y la xenofobia.
Vamos a trabajar de
una forma más amplia en el retorno voluntario actuando no solo en lo que veníamos haciendo hasta ahora, sino trabajando también de una forma especial en la formación y la información previa a las personas que salen, así como el acompañamiento para
su reintegración socioeconómica en el país de origen. Nos parece que ese es un trabajo importante que debemos hacer. Evidentemente vamos a seguir colaborando con organizaciones internacionales -eso se refleja también en nuestro presupuesto-, como
el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Organización Internacional de Migraciones, sobre todo en los programas de asesoramiento jurídico y en los de retorno voluntario de personas en situación de precariedad, programas que desarrollamos con esta
última organización. Como les decía, el presupuesto planteado para acometer estas acciones -y ahí están incluidos los capítulos 1, 2, 4 y 7- en 2011 asciende a 141.502.000 euros. De ese presupuesto quiero subrayar que las políticas netas dirigidas
directamente a integración de los inmigrantes se elevan a 120.392.000 euros, crédito que se va a incrementar -no para a hacer las cosas que ya hacíamos, porque ese no es el objetivo, sino para a hacer las que se prevén en ellos- con la parte de los
fondos europeos que cofinancien los objetivos que tenemos en común con el resto de la Unión Europea.



Por último -últimas, pero no menos importantes-, las políticas de emigración, que como les decía en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 responden a las prioridades establecidas y que ustedes conocen, se han visto también afectadas
por las limitaciones de este año, pero vamos a seguir trabajando en la consolidación y extensión de las prestaciones por razón de necesidad -ese es un paquete que nosotros vamos a seguir manteniendo como está; estamos hablando de prestaciones
económicas por ancianidad, por incapacidad absoluta para el trabajo, de asistencia sanitaria para las personas en el exterior- y en el mantenimiento de programas de subvenciones dirigidos a los grupos especialmente vulnerables de personas que
residen en el exterior. A pesar de los recortes vamos a intentar incrementar los canales de comunicación con ellos apostando de una forma muy notable por los medios telemáticos, porque nos parece que esa es una colectividad con la que debemos hacer
este ejercicio, y vamos a priorizar también y a seguir trabajando en colaboración con las comunidades autónomas en la Oficina Española del Retorno, creada en abril de 2007, que sirve, como ustedes conocen mejor que yo, para facilitar a aquellas que
lo deseen la reintegración en su país de origen. Todas esas actuaciones van a tener -lo repito- una dotación de 116.185.000 euros, de los cuales 100.500.000 se dirigen a la cobertura de presta


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ciones sociales. Sin tener en cuenta los gastos estructurales, capítulos 1 y 2, esas actuaciones alcanzan un presupuesto de 114.936.000 euros, prácticamente 115 millones de euros.



Para terminar, quisiera decirles -no me he extendido en ello porque no va a ser la primera vez que lo oigan ustedes- que hemos planteado una propuesta presupuestaria basada en la contención y en la maximización de los recursos. Aun con la
preocupación con la que siempre deben gestionarse los momentos complicados, tenemos un margen de cierta tranquilidad, el que nos proporciona el trabajo hecho desde 2004. Desde esta fecha hasta hoy se ha estado trabajando, tejiendo una red clave con
agentes sociales y con administraciones autonómicas y locales para paliar los impactos de un proceso migratorio que tuvo unas dimensiones extraordinarias. Hoy, en un escenario ya de normalización y de crecimiento de los flujos, podemos sacar todo
el rendimiento de ese trabajo y focalizarnos en las políticas de integración, que son, como saben ustedes y como ocurre en toda Europa, aquellas que se demandan en este momento de nuestro ciclo migratorio. Debemos mejorar aún los instrumentos de
gestión de flujos, y lo vamos a hacer apostando claramente por la modernización y simplificación de procedimientos ligados al trabajo y residencia, pero apostando, por otro lado, por la convivencia. Debemos garantizar la cohesión, la paz social.
De hecho en este periodo y también en este año en curso los hechos demuestran que han sido la tónica. En todo caso, los momentos de alteración del clima social en relación con estas cuestiones han venido más de declaraciones de quienes debían ser
responsables en el espacio público que de hechos. La convivencia en este país es una apuesta de los ciudadanos y las ciudadanas, y así lo confirman los hechos. Seguiremos apoyándoles a ellos y a las administraciones autonómicas en esta vía, por
ello queremos mantener y continuar el marco de diálogo con los agentes sociales y económicos.



Acabo diciendo -he intentado ir deprisa para paliar una demora en los trabajos de esta tarde- que hemos convivido durante una época que ha sido de crecimiento, que hemos tenido un mercado de trabajo que ha generado las demandas que han
venido del ámbito privado, no del público. Si hemos trabajado juntos en esta época tenemos que seguir trabajando juntos en la época que viene, porque de la crisis vamos a tener que salir todos o no saldremos. Tenemos que trabajar juntos porque es
la única vía para salir reforzados y más preparados. Continuar mejorando la gestión de los flujos migratorios, continuar promoviendo la cultura de la regularidad, continuar trabajando para la cohesión social siguen siendo nuestras prioridades. Es
una cohesión que hacemos extensiva, en la medida en que esto es posible, y vamos a seguir trabajando para ello por los españoles residentes en el exterior.



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Vamos a dar turno a los portavoces, en este caso al del Grupo Popular. Don Rafael Hernando tiene la palabra.



El señor HERNANDO FRAILE: En primer lugar, quiero manifestar el pésame de nuestro grupo parlamentario a doña Esperanza Esteve por el fallecimiento de su madre, lo que la ha impedido estar compareciendo hoy en este turno con nosotros.



En segundo lugar, quisiera agradecer la presencia de la secretaria de Estado, doña Ana Terrón, en esta su primera comparecencia presupuestaria y el esfuerzo intelectual que ha hecho por defender unos presupuestos que usted misma sabe que no
son defendibles. Son unos presupuestos anoréxicos, muy poco sociales, en los que se produce una reducción espectacular de las dotaciones para la política de integración. He escuchado durante mucho tiempo a responsables de ese ministerio, incluido
el propio ministro, manifestar que precisamente ahora era el momento en el que menos había que reducir los presupuestos de integración. Veo que han optado ustedes por el trabajo fácil, como es recortar especialmente el Fondo de integración, que son
las transferencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un entorno presupuestario en el que éstos también tienen dificultades. Esto, lejos de mejorar la situación, sin duda alguna, va a empeorar la de estas personas que vienen
sufriendo enormes dificultades por los errores de la política económica de este Gobierno. Son unos presupuestos que no favorecen la integración, que no van a favorecer el empleo y tampoco van a favorecer la protección social de los ciudadanos
extranjeros en nuestro país ni de los españoles en el exterior. En el año 2009 ustedes establecieron un presupuesto de 458 millones de euros; ahora proponen un presupuesto de 268 millones de euros, es decir, 190 millones de euros menos, un 42 por
ciento menos de gasto e inversión en su secretaría de Estado. Aquí de lo que se trata no es solo hablar de que se va a poner o intentar aflorar una mayor inteligencia en el gasto, sino de cómo ha sucedido esto y de si la secretaria de Estado
considera que ese presupuesto es adecuado o no. Me imagino que tendrá usted que defender que sí, pero me da la sensación de que en su fuero interno sabe que no, porque la situación de los inmigrantes, lejos de mejorar, ha empeorado. Tenemos
1.100.000 inmigrantes en situación de desempleo. En este colectivo, en los últimos tres años, se ha producido un crecimiento del desempleo espectacular; ya hay casi 700.000 que están trabajando, pero a los que las condiciones laborales de su
trabajo les impiden cotizar a la Seguridad Social porque no trabajan las horas suficientes o porque están directamente en la economía sumergida. En una situación como la que tenemos, del 30,24 por ciento de este colectivo en desempleo, me parece
que la reducción de los presupuestos de su área de poco va a servir para mejorar ni la tarea y labor de las comunidades autónomas y ayuntamientos ni la de su propio ministerio. Hay 47.000 tarjetas menos de resi


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dencia en lo que llevamos de año, lo cual no tiene que ver con el hecho de que se hayan ido, como algunos apuestan, sino fundamentalmente porque se ha llegado -como usted bien sabe- a una situación de ilegalidad sobrevenida, ya que miles de
personas han perdido esa tarjeta de residencia debido a que no pueden aportar el tiempo suficiente de cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, ni se favorece la integración ni -por lo que usted ha dicho hasta ahora- se favorece el retorno.
Para favorecer el retorno, las políticas no aumentan; disminuyen drásticamente. El programa de retorno voluntario ha sido -y usted lo sabe- un fracaso. Con la puesta en marcha de la última reforma de la ley -de cuyo reglamento espero tener pronto
noticias- se van a deducir nuevas obligaciones para las comunidades autónomas, ayuntamientos y también para el Estado. Yo, lejos de adivinar y atisbar cómo se van a cubrir presupuestariamente, me temo que va a ser justamente lo contrario y nos
vamos a encontrar con una legislación prácticamente inaplicable por su escasa dotación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Si quiere hacemos un repaso de cada uno de los programas. He hecho unos análisis de lo que se reducen los porcentajes. Ya le he hablado de la cifra global, comparada con el año 2009, un 42 por ciento, y no voy a hacer valoraciones. Estoy
seguro de que si esto lo hubiera hecho un gobierno del PP algún portavoz de su grupo parlamentario sí lo valoraría, pero yo me las voy a ahorrar. Sí diría que no ha sido precisamente un presupuesto pensando en las personas extranjeras y en los
inmigrantes; más bien lo contrario. La política de inmigración de este Gobierno ha convertido este fenómeno en el cuarto problema, según los últimos datos del CIS para los españoles y en el tercero, según las contestaciones espontáneas de los
ciudadanos. Es decir, su política, con mucho más dinero, ha fracasado y lo ha hecho porque algo que no era un problema se ha convertido en un problema en los últimos años. Aquí yo no veo -de verdad se lo digo y lo he intentado- soluciones. Todas
las partidas, como le decía antes, sufren reducciones. El Fondo de atención a la acogida e integración de inmigrantes ha pasado de los 200 millones de euros -que como el Guadiana suben, bajan, recortan a mitad, no sabemos muy bien ya de qué
cantidad estamos hablando del año pasado porque ya no sabe uno si han hecho recorte, si no han hecho recorte, si reponen los recortes o en qué situación está esto- a solo 61 millones de euros para el año que viene. De 200 a 61 millones de euros
cuando se van a aumentar las obligaciones que la ley impone a las comunidades autónomas en asuntos tan importantes como el famoso informe de evaluación de la integración que van a tener que emitir cada vez que, según la propia ley dice, tenga que
renovar un nuevo permiso cada uno de los inmigrantes. No sé si esto no va ser así, ya me contará usted cómo lo van a hacer, o si es que se van a saltar la ley y ya no va a hacer falta este informe del esfuerzo de integración. Sería importante que
nos lo aclarara.



Para las acciones a favor de los inmigrantes también hemos visto reducciones importantes del 12,71 por ciento y del 25 por ciento a las subvenciones de la Cruz Roja para la atención a asentamientos de inmigrantes llegados a las costas
españolas, por cierto han llegado 300 en los últimos días. Me da la sensación de que quizás sería bueno que nos replanteáramos si no es necesario incrementar nuestros contactos con el Gobierno argelino que como sabrá se ha convertido en estos
últimos tiempos en la plataforma de llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas que además eluden la amplitud del SIVE. Aunque sé que el control de las fronteras no es de su competencia, antes ha hablado usted de inteligencia y hubiera sido
muy importante que usted, aparte de hablar de los presupuestos, nos hubiera podido ofrecer una alternativa en cambios que tienen que ver con la estructura administrativa del Gobierno en materia de inmigración. Esto podría costar poco dinero, pero
podría mejorar la eficacia y la eficiencia de la política de inmigración en un momento de recortes presupuestarios como este. No tiene sentido, señora secretaria de Estado, que las competencias de inmigración sigan dispersas por seis ministerios
distintos sin que exista una coordinación por parte de la vicepresidenta, que en su día se anunció, pero que evidentemente hemos comprobado que en ningún caso se ejerce.



Respecto del programa 231.B, acciones a favor de la ciudadanía en el exterior, poco hay que decir. También las ayudas para los inmigrantes retornados se reducen en un 43 por ciento. No sé por qué ha habido que reducir las dotaciones a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en un 28 por ciento. Sé que son solo 100.000 euros; es poco, pero me resulta un tanto chocante. Alguien ha debido coger las tijeras y recortar por donde ha podido. Muy poca sensibilidad social se
transmite en estos presupuestos para uno de los problemas más importantes que tiene en estos momentos el país según todas las encuestas y que en gran parte ha sido generado por unos errores tremendos en la política de inmigración que sé que no
tienen que ver con su gestión, que tienen que ver con gestiones anteriores -muy especialmente la del ministro señor Caldera-, pero que el señor Corbacho con todas sus buenas intenciones ha sido incapaz de solventar, a pesar de esas declaraciones a
las que él nos tiene habituados en otras ocasiones y que poco tienen que ver con la realidad.
Así, por acabar, es un presupuesto decepcionante, anoréxico, muy poco social y muy poco adecuado a la situación que atraviesa nuestro país y a los
problemas que se derivan de unas políticas absolutamente erróneas, que son las que ustedes llevan practicando desde hace siete años en esta materia.



El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista don Rafael Herrera.



El señor HERRERA GIL: Quiero agradecer a la secretaria de Estado su comparecencia presentando los


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primeros presupuestos, que van a permitir cumplir las prioridades de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que ha enunciado la secretaria de Estado: la gestión ordenada de los flujos migratorios a partir de las necesidades del
mercado laboral; la cooperación y el diálogo internacional con los países de origen; la lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos así como contra el empleo irregular; las políticas de integración que favorezcan la
convivencia y la cohesión social, y garantizar los derechos a las prestaciones de los ciudadanos españoles que residen en el exterior.



Empezando por el ámbito de la inmigración, el Gobierno ha construido un entramado de prestaciones y servicios que dotan de dignidad a la figura el emigrante, hoy ciudadano en el exterior, y la diferencia no es meramente semántica. El
reconocimiento de los españoles en el exterior como ciudadanos de pleno derecho queda así establecido en el Estatuto de ciudadanía española en el exterior, aprobado por ley 40/2006, de 14 de diciembre, y junto a la modernización de la acción pública
dirigida a ellos sigue y seguirá siendo una prioridad del Gobierno. La dotación económica permite mantener todas las políticas que se encargan a la Dirección General de Emigración. Las necesarias minoraciones presupuestarias que han sufrido todos
los capítulos no han afectado a las prestaciones sociales como las pensiones para los retornados y los llamados Niños de la guerra. Dentro de este departamento las prestaciones por razón de necesidad suponen alrededor del 70 por ciento del
presupuesto y no se ponen en riesgo dichas prestaciones por la disminución vegetativa de este colectivo.



En el ámbito de la inmigración, las dificultades económicas obligarán a un mayor esfuerzo de innovación y colaboración -y por supuesto de inteligencia, como ha enunciado la secretaria de Estado- entre los actores implicados. Por un lado, y
como no podía ser de otro modo, dada la reducción de los flujos se han recortado las partidas relacionadas con las primeras entradas para favorecer los instrumentos de mejora de la gestión en otros procedimientos y la simplificación de trámites
burocráticos. La dotación económica para este departamento permite seguir con las políticas asignadas. En relación con las políticas de integración -las más sensibles-, a pesar de las minoraciones presupuestarias se mantienen todas las líneas
estratégicas para la integración de los emigrantes. En este sentido, se mantiene el Fondo de apoyo, con una menor cuantía, a la acogida e integración de los inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos, gracias a cuya dotación económica
durante el periodo 2005-2009 se ha fortalecido la política migratoria española y permitirá continuar la colaboración con las comunidades autónomas y la participación de las entidades locales en el mismo, lo que facilitará que estas puedan
desarrollar actuaciones dentro de sus planes de integración de inmigrantes. Igualmente se mantienen las subvenciones a las ONG que han facilitado la creación de una red de atención a los inmigrantes, que colabora tanto en temas de acogida como de
integración y que permite desarrollar los objetivos establecidos en el Plan estratégico de ciudadanía e integración, el PECI. También sobreviven las subvenciones a entidades locales que permiten que los ayuntamientos puedan desarrollar proyectos
innovadores dirigidos a los colectivos de inmigrantes, factibles de ser considerados buenas prácticas y, por tanto, transferibles a otras entidades locales. Lo mismo ocurre con las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, a saber, Fondo
social europeo, Fondo europeo para la integración, Fondo europeo para los refugiados, que permiten crear una estructura financiera con el apoyo de la Unión Europea, en la que la cofinanciación de programas y actuaciones ha potenciado y fortalecido
los procesos de integración existentes.



En el año 2010, por primera vez desde 2005, los créditos destinados a la política de integración, y en concreto los del Fondo de apoyo, se han visto minorados como consecuencia de la actual coyuntura económica y de la modificación de la Ley
orgánica de financiación de las comunidades autónomas. El Gobierno central pone 11.100 millones de euros más a disposición de las comunidades autónomas, donde se tiene en cuenta además el dato poblacional de la inmigración, y algo tendrán que poner
las comunidades autónomas.



En síntesis, el proyecto de presupuestos que presenta la secretaría de Estado no es la panacea, pero permite mantener las políticas sensibles -muy sensibles- y dirigidas a los colectivos implicados y ciertamente vulnerables. Un ilustre
parlamentario de la oposición siempre amenazaba con una estocada y nos dábamos por contentos con salir con un pinchazo.
Yo no quiero salir ni con un arañazo. En el año 2004 hubo un presupuesto total de 118 millones de euros y seis años más tarde
hay un presupuesto doblado: 235,4 millones de euros en políticas, porque no hablo del capítulo 1 o del capítulo 2. Por lo tanto, no tenemos que salir con un arañazo. Estas políticas están impresas a fuego en nuestras señas de identidad y por eso
hacemos cualquier esfuerzo para ponerlas en valor.



El señor PRESIDENTE: Para responder a los intervinientes y cerrar esta comparecencia tiene la palabra la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Señor Hernando, este es un presupuesto con menos dinero que los anteriores. Eso es una evidencia y es así. Si quiere me extiendo en explicarle el porqué, pero
creo que no hace falta. Es así porque estamos en un ejercicio de austeridad que hemos empezado hace ya algún tiempo. De todas formas, antes de entrar en las cuestiones que usted me planteaba de tipo más general y relacionadas con el presupuesto,
déjeme que me centre en algunas cosas más estructurales que comentaba usted; una, en relación con cómo se ejercen las políticas de inmigración en este Gobierno. Señor Hernando, usted tal vez no note


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la coordinación de la vicepresidenta primera, pero le aseguro que tanto yo, que voy cada quince días a la comisión delegada que preside ella, como todos los implicados en el tema, la notamos de una forma bastante importante y satisfactoria
además. Es evidente que va a haber funciones que siempre serán del Ministerio de Exteriores y es evidente que hay funciones del Ministerio del Interior, porque las tiene en todas las políticas. El Ministerio del Interior se ocupa de la inmigración
ilegal y del comercio ilegal, a pesar de que haya un ministerio de comercio.
Cuando algo sucede fuera de la ley, se ocupa de ello el Ministerio del Interior, que es al que le corresponde. Desde luego lo fundamental es esa coordinación, que le
aseguro que en comisión delegada se da, comisión de la que soy secretaria y que preside la vicepresidenta primera del Gobierno.



En cuanto acabemos de hablar con todas aquellas personas con las que creo que debo hablar antes, va a tener usted conocimiento del reglamento que se va a presentar en breve en esta Comisión, espero.



Es obvio -lo decía el portavoz del Grupo Socialista- que en las épocas de crecimiento ha habido un aumento sostenido de la dotación presupuestaria de esta secretaría de Estado, marcando unas prioridades importantes. Se tomó una decisión
dura -usted comparaba esos datos- en el año 2009, efectivamente, momento en que hubo una reducción de las previsiones presupuestarias en el inicio del ejercicio anual. Entre 2010 y 2011 nos hemos mantenido en la tónica general de los presupuestos,
con las dotaciones para las líneas que para nosotros son prioritarias, que no han sufrido más que la disminución técnica prevista a la espera de ver cuáles son las cifras finales, porque estamos en el inicio del ejercicio presupuestario. ¿Qué hemos
hecho? Hemos trabajado durante todo este año - ahora me centro especialmente en las políticas de integración y aquí está la directora general- de una forma muy notable, que yo agradezco especialmente, para ver cómo con este dinero, más el que
tienen las comunidades autónomas -y le aseguro que lo hemos notado en las negociaciones y en los convenios que hemos firmado con ellos fruto de la reforma de la financiación autonómica-, trabajábamos sobre el terreno manteniendo aquellas líneas
básicas de la política de cohesión en este país. Yo creo que lo hemos logrado de una forma razonable.



Afirma usted de una manera contundente que ha fracasado el retorno. No. El retorno no ha fracasado. Es una política -lo dije ya aquí- que ha llegado para quedarse. Ni hay avalanchas de inmigrantes ni hay huidas de Egipto.
Eso es una
obviedad. Cuando trabajamos con cualquiera de esas dos ideas estamos trabajando en un imaginario. Ahora, si vemos las tendencias y las personas que se están acogiendo a los programas, hemos tenido que hacer un aumento del crédito -que conocerán
ustedes- este año con relación al retorno, y no solo esto, sino que los datos que tenemos de entidades privadas, como son las compañías de viaje, nos están diciendo que son muchas más las personas que salen que aquellas que tenemos contabilizadas en
los programas de retorno. Yo estuve en Ecuador, pude hablar con alguna de ellas, pude hablar con gente que simplemente había vuelto sin acogerse a más que a su libre albedrío y sus capacidades para hacerlo. Esa es una política que ha llegado para
quedarse, que se enmarca en la movilidad de las personas en el siglo xxi y que vamos a seguir promocionando contando con otros instrumentos que tiene el Estado y ejerciendo esa coordinación con ellos en los países de origen para que podamos llegar a
una política de retorno que sea realmente a favor del país de origen y finalmente de las personas, que son el centro -se lo aseguro- de nuestras políticas.
Muchas de esas 47.000 personas que han perdido la tarjeta de residente están en la
casuística de la que le hablaba. Vamos a abordar la cuestión que usted ha puesto sobre la mesa -y yo se lo agradezco- reiteradas veces de la irregularidad sobrevenida, pero no debemos menospreciar la utilidad de los programas de retorno y la
evidencia de los flujos que se producen.
Hay personas que salen de nuestro país.



Con relación a los informes de integración que están haciendo las comunidades autónomas, es también un ámbito en el que ya trabajan para el arraigo, y vamos a ver con ellas cómo lo hacemos, pero no van a desbordar en ningún caso los
servicios que ya tienen previstas las propias comunidades autónomas para ello.



Hay una cuestión relevante. Usted hablaba de la disminución de la subvención a Cruz Roja. Yo creo que lo que ha sucedido en los dos últimos fines de semana no nos puede hacer perder el norte con relación a las llegadas irregulares a
nuestro país. No sobrepasan la capacidad del SIVE.
Ahora estoy hablando de cosas que no son de mi competencia, pero hace dos semanas estuve en Almería, lo cual por cierto fue un placer, viendo la operación de Frontex, viendo las patrulleras de los
distintos países que participan en ella, junto con el secretario de Estado de Seguridad, señor Camacho. Que lleguen no significa que desborden el SIVE; se detecta a la gran mayoría. Además, estaría bien empezar a hablar no solo de llegadas sino
de retornos, porque una inmensa mayoría de estas personas por medio de los acuerdos que hemos ido haciendo no se quedan en nuestro país en este momento, son personas que detecta el SIVE y se procede a su repatriación. En cualquier caso, el número
de llegadas a nuestra costa mediterránea ha bajado en más de un 50 por ciento. Además, sabe usted que no era el número más relevante en relación con las llegadas. Donde lo eran, como en Canarias, etcétera, han bajado espectacularmente. En este
momento no hay necesidad de tener previstas actuaciones como las que se tuvieron hace unos años. Por suerte, porque esto quiere decir que otras políticas más costosas van teniendo su resultado.



En relación con las políticas dirigidas a nuestros emigrantes, vamos a mantener la atención a las personas. En cuento a la UNED, resulta que nuestra emigración tiene una edad y, por suerte, los hijos de las personas que salieron de nuestro
país estudian en la universidad de los países que les acogieron y de donde en muy buena parte


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son nacionales. Por tanto, nuestras preocupaciones están empezando a orientarse a otras cuestiones más interesadas por cómo mantener con ellos una relación que les permita un acceso a la lengua española, que les permita otro tipo de cosas.
Ya no necesitan una universidad a distancia en lengua española como la UNED, porque son perfectamente capaces de acudir a las universidades presenciales en la lengua del país que les acogió. Cosa que, por cierto, esperamos en unos pocos años pueda
suceder con las personas de origen inmigrante en nuestro país.



En cuanto a los problemas y a la percepción de los problemas, insisto, los datos y los hechos nos dicen unas cosas; la realidad virtual y mediática es otra. Yo nunca me habría imaginado que la distancia entre mi trabajo y las preguntas que
me haría la prensa, lo que hablaría con la prensa, pudiese llegar a ser tan sideral como es en estos momentos. Tengo que decir también que hay personas que se permiten decir, por ejemplo, que van a intentar que los inmigrantes no tengan más
derechos que los nacionales, etcétera. Este es el mundo en el que vivimos. Creo que de lo que hay que dar cuenta aquí es el del trabajo, de los hechos y de la realidad; el análisis de la realidad virtual lo dejo para expertos. A mí cada día me
preocupa más el impacto que tiene en la ciudadanía, evidentemente, pero su análisis me supera.



Tengo que decirle al portavoz del Grupo Socialista que le agradezco que haya hablado también aquí del Plan estratégico para la ciudadanía y la integración. Hemos seguido trabajando en las líneas que se fijaron, estamos evaluando ese periodo
anterior de tres años. Desde luego, nos parece que va a ser un buen instrumento con lo que tenemos -señor Hernando, me gustaría, como a todos, que la situación económica fuese otra, por tanto, que la situación de los presupuestos públicos también
fuera otra-, seguir trabajando y establecer unas líneas de acuerdo, insisto, con el trabajo que hicimos durante la Presidencia española de la Unión Europea para ver cómo trabajamos ese periodo 2011-2013, que me parece fundamental. Insisto, va a ser
tal vez el primer periodo de migración madura en este cambio de ciclo que ya estamos viviendo. Por lo tanto, un momento realmente importante para ver cómo es nuestro futuro.



El señor PRESIDENTE: A continuación, hacemos un receso para despedir a la secretaria de Estado y recibir al subsecretario, que lleva esperando una buena parte de la tarde. (La señora vicepresidenta, Elías Cordón, ocupa la Presidencia.)


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GALLARDO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de expediente 212/001222) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001315).



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Nos quedamos casi en familia, pero escucharemos lo que nos diga el subsecretario de Trabajo, don Leandro González Gallardo. Tiene la palabra.



El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): En primer lugar, quiero agradecer la petición de comparecencia a los grupos que la han efectuado porque me dan la oportunidad de participar en la presentación de los
presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de ponerme a disposición de sus señorías para aportar cuanta información precisen.



Me han precedido en la intervención la secretaria general de Empleo y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, que han expuesto el marco presupuestario y de gasto, así como las políticas públicas vinculadas a estos programas.
Desde mi perspectiva entiendo que, de acuerdo con las funciones de la subsecretaría, debo ofrecer brevemente una visión horizontal, global, transversal e integrada de los gastos y en particular una perspectiva del presupuesto y del gasto que afecta
a la gestión integrada de recursos humanos, tecnológicos y materiales. En ese sentido, desde un punto de vista del gasto integrado, creo que debo referenciar la globalidad del gasto social gestionado por este departamento, el presupuesto
consolidado que gestiona el Ministerio de Trabajo y las fuentes de financiación, así como hacer referencia a los programas más significativos desde el punto de vista del gasto consumido, y por último aportar una visión de la presupuestación de los
gastos instrumentales o de funcionamiento referida a los recursos humanos, tecnológicos y materiales y hacer especial mención a las políticas prioritarias en materia de recursos humanos.



En cuanto a la visión global, las cifras integradas, creo que el primer dato a dar es el gasto social. En un entorno de fuerte contención del gasto en este ejercicio, el gasto social representa, dentro del presupuesto consolidado de los
Presupuestos Generales del Estado, el 58 por ciento. El gasto total es de 183.230 millones; de este gasto, el Ministerio de Trabajo e Inmigración más la Seguridad Social gestionan el 89,56 por ciento del gasto social, 124.274 millones los gestiona
la Administración de la Seguridad Social y 39.819 millones el Ministerio de Trabajo. Quiere decirse que en el ejercicio de 2011 el gasto social será el 58 por ciento del gasto total consolidado en los Presupuestos Generales del Estado cuando el año
pasado era el 51 por ciento, y el gasto total en las cifras globales totales se ha incrementado el 1,3 sobre el gasto total del año pasado. Esta es la primera visión integrada en materia de gasto y presupuesto, el esfuerzo en materia de gasto
social y la parte que gestiona el Ministerio de Trabajo e Inmigración incluida la Administración de la Seguridad Social. En relación con la segunda cifra horizontal integrada, hay que hacer referencia al presupuesto consolidado del departamento, es
decir, la suma del presupuesto neto del Ministerio de


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Trabajo más la suma de los presupuestos de gasto de los organismos, más la aportación del Estado a la Seguridad Social; esta cifra alcanza los 46.187 millones, que supone un decremento del 2,1 por ciento sobre el año pasado. El presupuesto
del Servicio Público de Empleo consume una parte importante de este presupuesto, 37.941 millones, y la aportación a la Seguridad Social en torno a 6.200 millones. La tercera visión global en materia de gasto hace referencia a la financiación de
este presupuesto consolidado que gestiona el INEM, el Ministerio de Trabajo, sus organismos más la aportación de la Seguridad Social. Esto coincide con el presupuesto que tiene asignado el Ministerio de Trabajo, que son 22.856 millones. Esto
supone que del total del presupuesto consolidado se financia con cargo al presupuesto del Estado el 48,9 por ciento. Hay un 3 por ciento aproximadamente que se financia con ingresos patrimoniales y con el Fondo social europeo y cerca de otro 48 por
ciento que se financia con cargos de cuotas de la Seguridad Social, de cuotas de formación profesional y de fondos de la Seguridad Social. De todo este gasto, las transferencias internas suponen 15.808 millones y la aportación a la Seguridad Social
6.159 millones, es decir, el presupuesto neto del propio ministerio son 618 millones.



Desde el punto de vista de las cifras más significativas en los presupuestos consolidados del Ministerio de Trabajo, estas corresponden a las prestaciones por desempleo, políticas activas de empleo, aportaciones a la Seguridad Social, gastos
del Fogasa y políticas migratorias, políticas de inmigración y emigración. En cuanto a las prestaciones de desempleo, la secretaria general de Empleo ya ha explicado que consumen 30.140 millones, lo que supone una disminución del 1,5 sobre el gasto
del año 2009. El 69,4 por ciento del gasto corresponde a prestaciones no contributivas; el 25,8 por ciento a subsidios por desempleo; el 2,5 por ciento a subsidio Reass y el 2,3 por ciento a renta activa de inserción.



La segunda partida de gasto más significativa es el gasto en políticas activas. El presupuesto neto en 2011 son 7.358 millones de euros, lo que supone una reducción del 5,6 por ciento sobre el presupuesto del año anterior. Las aportaciones
a la Seguridad Social ascienden a una cantidad de 6.159 millones de euros y supone una reducción del 0,7 por ciento sobre el gasto del año anterior. Fundamentalmente lo que se financian son las prestaciones no contributivas y los complementos de
pensiones mínimas. Como saben sus señorías, se ha incrementado en 100 millones la dotación para complementos de pensiones mínimas y se congela la partida para prestaciones y pensiones no contributivas.



En cuanto al Fogasa, incrementa su presupuesto de gastos en 500 millones, de los cuales 400 millones son para dar cobertura a las prestaciones propias del Fogasa y 100 millones para asumir el 8 por ciento de indemnizaciones por despidos
indefinidos a partir del mes de julio del año 2011. En cuanto a las políticas migratorias, en conjunto son 236 millones, lo que supone un 20,9 por ciento de reducción sobre el presupuesto del año 2010. De ellos, los programas de emigración
consumen 113 millones, con una disminución del 13 por ciento, y los programas de inmigración 121,4 millones, con una disminución del 26,7 por ciento.
Estas cifras suponen el 98 por ciento del conjunto del gasto del presupuesto global del
ministerio, es decir, es un presupuesto de prestaciones, es un presupuesto de subvenciones, es un presupuesto de ayudas. Los gastos de funcionamiento dentro del presupuesto consolidado en el ministerio ascienden al 1,8 por ciento, el resto, el 98,2
por ciento, son gastos de ayudas de subvenciones y de prestaciones.



En materia de recursos humanos, tecnológicos y materiales, es decir, los gastos de funcionamiento que comprenden el capítulo I, II y VI de los presupuestos del ministerio y de sus organismos autónomos, disminuyen una media del 7,8 por
ciento, de los cuales los gastos de personal disminuyen un 6,5 por ciento, los gastos corrientes en bienes y servicios el 4,1 por ciento y las inversiones reales el 26,2 por ciento; la media es el 7,8 ciento. A esta disminución se suman tanto el
plan de austeridad, que supone una reducción sobre el presupuesto ajustado del año 2010, como el ajuste del plan de acción inmediata hecho en enero por acuerdo del Consejo de Ministros. Es decir, este es un ministerio tradicionalmente austero en su
funcionamiento y ha funcionado siempre con una importante eficiencia en la gestión del gasto de funcionamiento. Esto nos obliga, y eso es bueno, a mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de los presupuestos, es decir, a hacer al menos lo
mismo con menos recursos.



En política de recursos humanos quiero hacer referencia a que mantenemos como prioritarias dos políticas de recursos humanos que teníamos en el año 2010 y que mantenemos para el año 2011. Una de ellas es la que se refiere a las políticas de
recursos humanos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se mantiene el esfuerzo por seguir aumentando los efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pesar de las limitaciones presupuestarias. En el año 2010, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social ha estado exenta de la limitación de la tasa de reposición y una política muy importante que se ha puesto en marcha, a través de la escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido modernizar las políticas
de selección, de formación y de estudios en la inspección; además, se ha hecho de manera participativa, porque en el consejo de la escuela participa un grupo de trabajo que deriva de la conferencia sectorial. Es un proyecto participado, novedoso y
que ya ha dado frutos en el año 2010.



En materia de recursos humanos del Servicio Público de Empleo, hemos mantenido el esfuerzo para tener un número de efectivos suficiente para cubrir las necesidades de gestión. Hemos mantenido el esfuerzo a pesar de las limitaciones
presupuestarias que ha habido en el año 2010, y también el INEM, el Servicio Público de Empleo, ha estado excluido del límite de la tasa de reposición. Quiero hacer referencia a un programa importante


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que se promovió desde el Ministerio de Trabajo por acuerdo previo con los sindicatos del Servicio Público de Empleo -un programa de promoción que luego se ha extendido a la Administración General del Estado- de manera que se han hecho
promociones internas del grupo A2 al A1, del C1 al A2 y del C2 al C1. La promoción en la Administración General del Estado, ya que el programa y el proyecto nació en el Ministerio de Trabajo por acuerdo previo con los sindicatos del INEM ha tenido
un impacto muy favorable en el Servicio Público de Empleo Estatal. En el año 2010 han pasado 13 funcionarios a la escala técnica de gestión de órganos autónomos, 75 a la escala de gestión, 12 han llegado al cuerpo general y 300 al cuerpo general
administrativo. Esto ha supuesto no solo una transformación interna de la plantilla -que es importante- sino que ha logrado orientar las expectativas de la gente, sabiendo que hay carrera y que la gente que permanece en el INEM tiene al final una
meta profesional importante. También ha habido muchísima gente que además de trabajar se ha dedicado a estudiar, lo cual ha sido una capitalización de los recursos humanos dentro del INEM. Estas dos políticas de personal las hemos mantenido a
pesar de las limitaciones durante 2010 y las queremos seguir manteniendo durante 2011.



Tras esta intervención de carácter general, me pongo a su disposición para responder a cuantas preguntas me deseen formular, y si no pudiera por falta de información haré llegar una respuesta por escrito en el plazo más breve posible.



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Ahora pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, la señora Álvarez-Arenas tiene la palabra.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Un año más, señor subsecretario, nos encontramos aquí unos cuantos miembros de esta Comisión para escuchar atentamente su comparecencia, por la cual le doy las gracias aunque sea en una hora tardía. Le
pido disculpas en nombre de toda la Comisión porque ha tenido usted que esperar mucho tiempo para poder comparecer.



Ha hecho usted una comparecencia de carácter bastante general y es verdad que mi compañero, el señor Echániz, ya se ha dirigido a la secretaria general de Empleo en relación con el ministerio de manera global y fundamentalmente con algunas
áreas a las que usted se ha referido. En este ámbito más global quiero simplemente referirme a algo de lo que usted ha hecho gala de manera muy moderada. Es su obligación; usted está ahí y tiene que hacerlo. Usted ha dicho que en el año 2011 el
58 por ciento del gasto ha sido para gasto social, mientras que en el año 2010 fue del 51, pero tengo que recordarle que ha habido un incremento de parados y, por lo tanto, de prestación, lamentablemente, y sobre todo de subsidios por desempleo. No
es una situación de la cual uno tenga que estar muy orgulloso en lo que al gasto social se refiere, ya que es un gasto social para lamentarlo. Evidentemente que hay que pagarlo, hasta ahí podíamos llegar; es un derecho que han generado las
personas que han trabajado y que se ven en esa lamentable situación, pero insisto en que no es un gasto social como tal sino devenido de una lamentable situación económica que estamos sosteniendo en el tiempo en España y de la que todos estamos
deseando poder salir, pero sin duda está generando esto y evidentemente el Gobierno tiene que atenderlo. De ahí ese incremento -insisto- en política social, lamentablemente.



Pasando ya a cuestiones más puntuales, ya que usted se ha referido a la Seguridad Social -aunque ya sé que la Seguridad Social no es su responsabilidad-, voy a referirme a los autónomos dentro de lo que es el ministerio, de los que todos
hablamos mucho. Hoy hemos conocido -aunque ya lo habíamos conocido hacía muy poco tiempo, porque estos presupuestos entraron el jueves en la Cámara y hemos tenido poco tiempo para verlos- que vía ley de presupuestos, en la parte legislativa, se
recoge el incremento que se va a producir en las bases de cotización de los autónomos cuando tengan más de 40 trabajadores, que tendrán que homologarse al máximo de cualquiera de sus trabajadores, es decir, con que uno solo esté en el régimen
general en el tope máximo, la base de cotización de ese autónomo lo será también. Señor subsecretario, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque algo tendrá que decir usted, ya que la Seguridad Social forma parte también del
ministerio, aunque comparece en otra Comisión. Usted ha hablado mucho de la política social, la preocupación social de su ministerio, y tengo que decirle que justamente esta es una cuestión bastante conflictiva desde el punto de vista social para
los autónomos; es conflictivo que en unos momentos de crisis, unos momentos en los que tendrán que ver si quieren tener una recompensa en cuanto a la prestación de cese de actividad o si van a tener que elevar voluntariamente su cotización para
poder tener esa prestación se esté hablando de ese aumento tan descomunal. Me gustaría conocer cuál es la sensibilidad de su ministerio para ver cómo se va a aplicar; si lo tienen ustedes hablado, si va a ser de una forma gradual.
Lo que sí
estamos viendo es que se va a incumplir que sea dentro del Pacto de Toledo, porque como en tantas otras cosas el Gobierno no atiende al Pacto de Toledo, se lo salta y lo trae vía ley de presupuestos, ni tampoco al diálogo social, que viene también
vía ley de presupuestos pero, según conocemos por las propias asociaciones, ni ha habido consenso ni ha sido debatido dentro del ámbito de las asociaciones representativas del sector de autónomos. Esta es una cuestión que nos preocupa; creemos que
hay que hacerlo con mucho cuidado y este no es el mejor momento.
Aunque sí se haya hablado en el seno del Pacto de Toledo de equiparar las bases de cotización y los regímenes, nos parece que en este momento cuando menos es imprudente y en absoluto
debe hacerse de una manera brusca e inminente. Dicho esto, he de añadir que yo lo entiendo desde el


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punto de vista de las necesidades de recaudación, pero esas necesidades siempre vienen por aquello que es más negativo para la generación de empleo, y lo que hay que buscar es que haya más empleo para que la recaudación venga por la
generación de actividad económica y no porque lo paguen entre unos pocos de una manera tan negativa desde el punto de vista de la actividad del autónomo, es decir, de la actividad empresarial, porque un autónomo que tiene 40 trabajadores es una
empresa, una empresa bastante mediana. Es así como se va a hacer, ya que porque uno sea administrador único o tenga más del 50 por ciento de las acciones ya se considera que tiene que estar cotizando en el régimen de autónomos.
Y lo que se dice
ahora vía presupuestos es que ese autónomo no podrá cotizar, como hasta ahora, voluntariamente en la base reguladora que él quiera para luego percibir equis prestación por jubilación, sino que obligatoriamente tendrá que ponerse la base de
cotización más alta de cualquiera de sus trabajadores. Es decir, si tiene un trabajador que es un directivo de su empresa, porque con 40 trabajadores lo puede tener, y está en una cotización alta, él tendrá que subir también su cotización.
Esto
puede suponer un cambio que suponga pasar de pagar 500 euros aproximadamente o más de 400 si no está cotizando al IT o tiene la máxima prestación por autónomo de jubilación pero no paga la IT, a pagar 800, lo cual verdaderamente para un autónomo
puede suponer un problema bastante grave, además así lo dicen las propias asociaciones.



Me gustaría pasar a cuestiones concretas a las que usted también se ha referido en cuanto a la inspección de trabajo. Usted nos ha dicho que se mantiene; la que ha habido en 2010 no ha afectado a la tasa de reposición, es cierto, pero me
preocupa que para el año 2011 nos encontramos que se mantiene prácticamente el mismo cuadro de actividad que había en la memoria del año 2010 y, sin embargo, el presupuesto de la inspección baja un 12 por ciento. Aquí hay una pequeña incoherencia
que me gustaría que nos aclarara. Es decir, ¿cómo se va a poder hacer lo mismo con un 12 por ciento menos de presupuesto? Me imagino que no hay prevista una nueva oferta pública de empleo en este año, tampoco para la inspección, pero por lo menos
hay que mantener la que hay, y un 12 por ciento es mucho presupuesto en el ámbito de la Inspección. También quisiera que me diera su opinión acerca de cómo va a afectar la transferencia al País Vasco en el tema de la inspección; si eso ya se
contempla en este presupuesto o no, si lo tendremos que deducir porque se va a transferir o lo tienen previsto ya y en qué partida. También quisiéramos saber cómo va a incidir en la actividad de la inspección, en lo que se llama un cuerpo nacional
como es la inspección, la creación de cuerpos de subinspectores y de inspectores en las propias comunidades autónomas, cómo lo van a gestionar y cómo lo tienen planteado. También me gustaría saber-si no me lo puede decir ahora, me lo puede mandar
por escrito- cuántas plazas existen de inspectores y de subinspectores en la actualidad, tanto los destinados a la política de la Administración central como aquellos que están en los planes territoriales de las diferentes comunidades autónomas que
lo tienen ya transferido. Me gustaría también que nos diera una información detallada, si puede, de la reducción del gasto que a lo largo del ejercicio 2010 ha realizado el Gobierno -me parece que ha habido dos reducciones de gastos- y cómo ha
afectado al ministerio, en qué partidas, y cómo se ha aplicado esa reducción de gasto que ha llevado a cabo el Gobierno en el ejercicio de 2010. Respecto a los contratos de obras y servicios, que están dentro de su área -me estoy circunscribiendo
bastante a lo que es su área y no al tema general del ministerio-, me gustaría saber en materia de procedimientos de adjudicación cuáles han sido por el sistema de subasta, por el de concurso o adjudicación directa. Me gustaría que nos indicara el
número de contratos que se han adjudicado de forma directa en 2010, cuáles han sido por concurso y cuáles han sido las modificaciones habidas de estos contratos durante el año 2010, lo que se llaman los reformados, y en cuáles de los casos, si han
sido en los de adjudicación directa o por concurso.



Respecto al personal de la subsecretaría, observamos que existe una disminución de 465 trabajadores. ¿Esta baja en el número de trabajadores se debe a la jubilación de trabajadores o a la solicitud de cambio de ministerios? ¿Nos puede
usted concretar por qué hay esa baja de 456 trabajadores? Además, nos llama la atención que, pese a esta bajada del número de empleados en el departamento, sin embargo, en los empleados eventuales hay un incremento en los oficiales de segunda.



Me gustaría que me dijera a qué se deben esos empleados eventuales que se incrementan en lo que son los oficiales de segunda, si es que hay alguna razón concreta para ello. Me gustaría también que nos enviara, si no puede decírnoslo ahora,
cuál es la evaluación de los planes de la inspección, tanto de los de la Seguridad Social como la laboral y en los planes territoriales de las diferentes comunidades autónomas; si han sido evaluados en su eficacia y cómo ha incidido concretamente
en la recaudación el control de economía sumergida. Cabe recordar que se está hablando de una cifra en torno al 25 por ciento, más o menos, según los expertos económicos, en este momento de economía sumergida. ¿Cómo han afectado esos planes de la
inspección a una mayor recaudación para el control de la economía sumergida? ¿Cómo ha incidido también en el tema de absentismo laboral? Hemos hablado aquí mucho durante la reforma laboral del tema del absentismo y creo que la inspección tiene
mucho que decir en muchos campos en donde todos sabemos que se está dando mucho fraude.
¿Cómo han afectado las campañas de control de la igualdad salarial? ¿Cuál ha sido la evaluación que se hace de todas esas campañas o de cualquier otra que se
haya llevado a cabo? Si no tenemos una evaluación, es difícil que luego podamos saber si estamos acertando o no en los planes concretos que se desarrollan por parte de la Inspección.



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La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Tiene la palabra por el Grupo Socialista don Manuel de la Rocha.



El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quiero que mis primeras palabras sean también de agradecimiento al señor subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración por volver casi diría a compartir coloquialmente con la señora Álvarez-Arenas, conmigo
y con algunos pocos miembros de esta Comisión, que perduramos siempre a altas horas de la tarde o de la mañana.



Dicho esto y agradeciéndole la información global que nos ha dado, quería hacer alguna pequeña reflexión y luego plantearle alguna cuestión para que, en lo que pueda, nos la aclare. Ha expuesto acertadamente que la perspectiva de la
subsecretaría es integradora, global, que permite una visión de integración de las distintas áreas y de los distintos organismos de un ministerio cuyas partidas más importantes de gasto se llevan a cabo por organismos autónomos. Ha señalado cómo
este ministerio -también lo hizo antes la señora secretaria general de Empleo-, dentro de una política global de estos presupuestos que disminuye el gasto público en el 7,9 por ciento, el presupuesto consolidado de este ministerio solo se reduce el
1,3 por ciento, muy por debajo de la media general, lo cual expresa cómo las políticas de empleo y de protección social, que son competencia del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y prestaciones por desempleo siguen siendo el núcleo central en
unos presupuestos en un periodo de crisis tan duro como el que vivimos, y en unos presupuestos con un grado de austeridad, de rigor y de ajuste tan fuerte como lo que estos presupuestos expresan. Las políticas centrales en materia de empleo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración incluyen el fomento de políticas activas y cobertura de las políticas pasivas, que, se diga lo que se diga, son sin duda una protección social muy importante. Además -y quiero intergerir aquí palabras que se
decían en el debate con la señora secretaria general de Empleo- actualmente no tienen un alto grado de cobertura del 80 por ciento sencillamente porque lo diga la ley, porque el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha promovido y
aprobado, por primera vez en la democracia, la ampliación de las prestaciones de desempleo con el Prodi, con un programa de prestaciones extraordinarias de desempleo de 426 euros, que -como ha dicho mi compañero, Jesús Membrado- la Cámara verá si
terminan en el mes de febrero o se amplían y, en su caso, en qué términos. No solamente se ha ampliado el Prodi, sino que con este Gobierno se han hecho políticas sociales más amplias de desempleo, como es la prestación por cese de actividad de los
autónomos -que empezará a funcionar en este ejercicio presupuestario- aprobada muy recientemente y que es el resultado de una determinada manera de entender la política de protección social que otros gobiernos no solo no hicieron sino que redujeron,
restringieron y limitaron.



Quería plantearle con carácter general algunas cuestiones concretas sobre facetas que pertenecen al área de gestión de la subsecretaría. La primera tiene que ver con los gastos de personal. Los gastos de personal globales de todo el
ministerio disminuyen en un 9,9 por ciento. Si no me equivoco, pasan de 257 millones en el presupuesto inicial de 2010 a 232 millones en el presupuesto inicial de 2011. La pregunta que le formulo, ya que ahora está en condiciones de explicárnoslo,
es ¿esta disminución se reduce a la disminución de retribuciones del 5 por ciento que, con carácter general, fue aprobada por el Gobierno por decreto-ley en el mes de mayo y que fue convalidado por el Parlamento o incluye también un efecto sobre la
disminución de la tasa de reposición?


Hay una segunda cuestión que quizá no depende directamente de usted, pero que en esa función transversal e integradora que usted ha señalado sí tiene que ver con el Fondo de garantía salarial. Antes he hablado del tema pero me gustaría que
quedara más claro. En el año 2010 el presupuesto del Fondo de garantía salarial fue de 900 millones, de los cuales 500 millones provenían de cuotas de los empresarios y los otros 400 millones de intereses y de amortizaciones de la deuda cuya
titularidad es del Fogasa por excedentes de años anteriores. Para el año 2011 está prevista una ampliación de 900 millones a 1.400 millones de gastos del Fondo de garantía salarial, un incremento casi del 56 por ciento. Se nos ha explicado
anteriormente que en parte es debido fundamentalmente al incremento de empresas en situación concursal o en situación de insolvencia y en parte secundaria al inicio de la aplicación de la Ley 35/2010, de reforma del mercado de trabajo, en lo que
supone pago a las empresas de ocho días por año en los despidos que se lleven a cabo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Quiero formularle dos preguntas, en lo que pueda ahora usted contestar y si no le pediría también
que nos conteste por escrito. De los 1.400 millones de gasto del Fogasa, 500 millones derivarán de cuotas empresariales, pero los otros 900 millones exactamente de dónde provendrán; creo que de amortización de la deuda específica de Fogasa.
Qué
deuda le va a seguir quedando al Fondo de garantía salarial cuando se cubra todo ese gasto. Recuerdo que esa deuda titularidad del Fondo de garantía salarial deriva de excedentes del Fogasa de los años anteriores de expansión. La segunda pregunta
en relación con el fondo es qué cantidad estiman que va a ser destinada al pago de los ocho días por año, es decir, a la aplicación de la Ley de reforma del mercado de trabajo.



Las últimas cuestiones tienen que ver con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que dependen más directamente de la subsecretaría y que es una de las áreas que este Gobierno en los seis años largos de gestión ha estado potenciando, de
tal manera que el incremento de la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo ha sido exponencial. El programa presupuestario del Gobierno preveía que se pudiera llegar al final de la legislatura a 3.000 plazas, probablemente las
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derivadas de la crisis económica y los recortes en la tasa de reposición van a dificultarlo. Pero sí me gustaría preguntarle algunas cuestiones, algunas ya formuladas por mi colega la señora Álvarez-Arenas. ¿Cuál es la previsión de
ampliación de plazas que puede haber para el año 2011 junto con los datos que ya pueda tener consolidados del año 2010, de incremento de plazas de inspectores y subinspectores para el año 2010?


En segundo lugar, y en relación también con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quiero aquí recordar la enorme eficacia que está teniendo en materia de siniestralidad laboral. En el año 2007 se suscribió la estrategia española de
seguridad y salud 2008-2012. Fue un acuerdo del Gobierno previa negociación con los sindicatos y asociaciones patronales y los resultados son enormemente importantes. Desde el año 2007 a 2009 el número de accidentes mortales, es decir, el número
de trabajadores y trabajadoras fallecidos a consecuencia de accidente de trabajo ha pasado de 1.338 a 826; una disminución de prácticamente el 39 por ciento por la acción continuada no solo de los sindicatos y empresarios que están actuando y
colaborando en aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sino fundamentalmente por las acciones de control de la Inspección de Trabajo. El número de accidentes laborales en su conjunto se ha rebajado también un 15 por ciento. Le quería
preguntar qué objetivos de acciones en esta materia tiene previstos la Inspección de Trabajo.



Dos últimas cuestiones también relacionadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La primera es si nos puede usted explicar aunque sea brevemente cuáles son los objetivos que para el año 2011 espera desarrollar la Escuela de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se creó por Real Decreto 1223/2009 y que lleva por tanto un escaso año de rodaje real, en la que usted ha señalado que en sus órganos de gobierno están presentes las comunidades autónomas y cuyos
objetivos se fijan por conferencia sectorial.



Por último, me gustaría que nos indicara si afecta al presupuesto el traspaso de la inspección de trabajo a Cataluña que se ha llevado a cabo, en primer lugar, a través del cumplimiento de lo previsto en el artículo 170 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y, en segundo lugar, a través de un acuerdo firmado el pasado 30 de abril entre el Ministerio de Trabajo y la consejera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario este es un
acuerdo modélico que en un futuro a medio y largo plazo deberá servir para el posible traspaso de estas funciones propias de la inspección de trabajo a las comunidades autónomas puesto que se ha creado un consorcio como órgano de gestión de las
tareas de la inspección de trabajo y Seguridad Social como instrumento de colaboración y cooperación permanente entre el Ministerio de Trabajo, que sigue teniendo la competencia en materia de control de Seguridad Social, y la Generalitat de
Catalunya, que la tiene en materia de ejecución de las políticas laborales por previsión del Estatuto de Autonomía, manteniendo una concepción única e integral del sistema de inspección de trabajo y una unidad de actuación de la inspección de
trabajo que permite que se mantenga en todo el territorio español. Quería preguntarle cómo se traduce, cómo afecta a los presupuestos el traspaso de la inspección de trabajo y Seguridad Social a Cataluña. Termino agradeciéndole que a estas horas
aguante aquí con nosotros y solicitándole que las cuestiones que no pueda contestar ahora nos las haga llegar por escrito.



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Tiene la palabra el señor subsecretario.



El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Señora Álvarez-Arenas, intentaré contestar sus preguntas con arreglo a mis conocimientos y hasta donde yo sé. La primera pregunta era la relativa a la evaluación sobre el
gasto social. Señoría, el gasto social ha aumentado a raíz de una situación económica que se ha producido como consecuencia del aumento del desempleo; el aumento del desempleo ha hecho aumentar el gasto social. Es decir, ha aumentado el gasto
social porque ha habido desempleo; ha habido 15.000 millones de transferencia del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal justamente para cubrir el déficit de cobertura de las prestaciones que se financian a través de las cuotas. Comparando
los años 2010 y 2011, efectivamente el gasto social en desempleo disminuye en una cantidad pequeña, el 2,1, pero aumenta el gasto social en el total de la estructura de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, del 51 pasa al 58 por ciento y
aumenta en el 1,3 gracias al incremento del 3,5 del presupuesto de gastos de la Seguridad Social. En cuanto a la base de cotización de los autónomos, caben tantas valoraciones como perspectivas si se quiere enfocar el problema. Parece que el
sistema no es equilibrado en este momento; parece que el hecho de que determinadas edades tengan que aumentar la base de cotización coloquialmente también evita aquello de vamos a fabricarnos a partir de una fecha determinada una pensión a partir
de determinada edad; es un hecho sociológico. Respecto a la velocidad del cambio, desde el punto de vista de la racionalidad parece algo necesario para equilibrar la equidad entre cotización y prestación, además esta equidad se está aplicando a
autónomos que son empresarios, a empresas importantes. Tiene poco sentido que cotizando menos el empresario al final pueda tener una prestación igual o superior a trabajadores suyos que han cotizado bastante más a lo largo de la vida laboral, pero
son contradicciones del sistema que habría que arreglar.



En cuanto a la velocidad del cambio, todo es opinable. El cambio puede hacerse en tres o cuatro años. Se ha apostado por más velocidad, pero parecía que era por hacer un ajuste más rápido en términos de equidad, de equilibrio, de
racionalidad del sistema. Todo lo que digo no está en el área de mis conocimientos ni de mi competencia, casi es de cultura administrativa general.



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En cuanto a la Inspección de Trabajo en 2011, dice que baja un 12 por ciento. La Inspección de Trabajo para 2011 ha tenido la misma reducción en términos de plan de austeridad que el conjunto de la Administración.
Ha bajado el 5 por ciento
en capítulo 1, que ha sido reducción de salarios; el 5 por ciento en capítulo 2, el 12 por ciento en capítulo 4 y el 8 por ciento en capítulo 6. Estos han sido los porcentajes de reducción general para toda la Administración General del Estado.
¿Por qué se llega al 12 por ciento? Porque hay que sumar aquí el coste de las transferencias a Cataluña. Respecto a los costes de las transferencias a la Generalitat de Catalunya, el capítulo 1 fue de 9.576.000 euros, referido al coste que ha
supuesto el traspaso de los inspectores a Cataluña. En cuanto a las transferencias al País Vasco, se ha planteado -conocido por el PNV- por parte del ministerio lo que hemos ofrecido, es decir, la propuesta, y así parece que ha sido aceptada tanto
por el PNV como por el Gobierno del País Vasco, aquello que vamos a denominar el modelo catalán. Si hace dos años en el Ministerio de Trabajo hablar de traspaso de la inspección de trabajo era un problema fuerte -no digo un tsunami-, en estos
momentos se vive pacíficamente; es decir, no ha creado ningún revuelo. El esfuerzo que se ha hecho en crear un modelo de traspaso a Cataluña, con defectos -es la primera vez- y con ajustes de funcionamiento que había que hacer, ha pacificado la
inspección porque se han mantenido, creemos, los principios fundamentales del sistema de inspección, los principios fundamentales en la unidad de cuerpo; seguramente tenemos que desarrollar mejor la colaboración a través del consorcio en el día a
día, pero es un problema de práctica y de ir aprendiendo a medida que se va desarrollando este nuevo instrumento organizativo, pero se ha desarrollado, y dentro de la inspección y del ministerio se ve pacíficamente, no ha creado ningún revuelo.



Me hace referencia a creaciones de escalas. Nosotros estamos trabajando en la modificación de la ley ordenadora y en el texto, es decir, hemos trabajado mucho en la modificación. Lo hemos hablado con los agentes sociales, con las
comunidades autónomas, en el ámbito de la inspección, es decir, hay una postura bastante unánime por todas las comunidades autónomas de cómo hay que abordar la ley ordenadora; hay una unanimidad, están de acuerdo los agentes sociales en cómo la
abordamos, y dentro del sistema de inspección -los inspectores y subinspectores- también hay un amplio consenso en cómo estamos enfocando la modificación de la ley ordenadora. En ese sentido, la previsión de la ley ordenadora es que las funciones
de la inspección se reservan a cuerpos nacionales. Otra cuestión es la creación de la escala del cuerpo en la Generalitat, de qué manera tiene que encajar en la ley, pero sí tenemos acordado con la Generalitat de Catalunya que esa escala tiene que
tener encaje en la modificación de la ley ordenadora.



En cuanto a la reducción del gasto en 2010, los recortes que ha hecho el ministerio han sido de 67.822.000 euros, de los cuales en capítulo 2 ha sido 1.075.000 euros; en capítulo 4 son 20 millones menos, 56.464.000; en capítulo 7,
8.954.000, y en capítulo 6, 1.328.000. En total son 67.822.770 euros el plan de acción inmediata que se aprobó por el Gobierno en el año 2010. La no disponibilidad se aprobó antes del verano.
Esto ha supuesto un esfuerzo grande para ajustar la
gestión a la reducción de los gastos de funcionamiento.



En cuanto a cuáles son los procedimientos de contratación, tenemos la junta de contratación y los procedimientos son los ordinarios: el concurso, cuando es procedente la subasta, pero no se recurre a la contratación directa. Le remitiré la
información, pero la contratación es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y se ajusta estrictamente a los procedimientos de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Yo no formo parte de la junta de contratación, pero me consta que
es así.



En cuanto a reducción de trabajadores y oficiales de segunda, no conozco el problema concreto. En el ámbito del propio Ministerio de Trabajo el número de puestos que hay previstos para el año 2011 son 5.893 y están ocupados 5.218. No ha
habido ningún problema de reducción más allá de lo que se haya producido como consecuencia de jubilaciones -aquí está incluida la inspección de trabajo-, o bien aquellos que se han transferido, que han sido en torno a doscientos y pico efectivos,
con lo cual cuadran los números, más la movilidad externa que haya podido haber como consecuencia de concursos. En cuanto a los planes de inspección, quizá sea más práctico mandarle una evaluación de los planes de inspección, aunque disponemos aquí
de una información, pero no del todo completa para cumplir las necesidades de información.



Con respecto a las preguntas formuladas por el señor De la Rocha, en cuanto a la reducción del 1,3 por ciento del presupuesto consolidado no financiero, que es a lo que nos estamos refiriendo, ha habido que reducir algunas partidas. Las
grandes partidas son las de prestaciones, de subvenciones de ayudas. Los gastos de funcionamiento solamente son el 1,8 del total, por lo cual afecta poco a la reducción del presupuesto consolidado no financiero. Pero el consolidado no financiero
tiene mucho peso. El 1,1, las aportaciones a la Seguridad Social, se reducen solamente el 0,7. Desde el punto de vista del presupuesto no financiero hay que tener en cuenta que, si bien el presupuesto de Fogasa sube el 6,5 por ciento, sin embargo
hay que disminuir los activos financieros que estaban en el presupuesto de año pasado, con lo cual se incrementa 500 millones en el presupuesto de gastos, un 60 por ciento de incremento en el presupuesto de gastos de Fogasa, lo que hace que se
reduzcan las cifras del presupuesto no financiero. De ahí el 1,3 por ciento por el peso de la aportación a la Seguridad Social, que disminuye el 0,7, y porque al tratarse de un presupuesto que no contabiliza los activos financieros se contabiliza
como aumento todo el que hay en el capítulo 4 por aumento de prestaciones, que son 500 millones.



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En cuanto a los gastos de personal, disminuyen un 6,5 en el departamento, un 9,9 en el ministerio, un 4 en el Servicio Público de Empleo Estatal, un 5 en Fogasa, un 5 en seguridad e higiene y un 5 en el CES. El 9,9 del departamento es
fundamentalmente porque suman los dos efectos: la bajada del 5 por ciento de retribuciones más el impacto del traspaso de la inspección de trabajo a Cataluña. El Servicio Público de Empleo Estatal reduce un punto menos y tiene que ver con la
financiación de los programas de gasto, con el aumento de efectivos que se prevén para el año 2011, y por la transformación de costes que hay en el Servicio Público de Empleo Estatal, porque una buena parte de la plantilla de interinos actual se va
a transformar en funcionarios de carrera porque llegan funcionarios del cuerpo auxiliar que suplen a los actuales interinos del Servicio Público de Empleo Estatal. Quizá la partida es llamativa porque el Ministerio de Trabajo reduce el 9,9, porque
suba el 5 en bajadas de salarios y se le suma a eso el traspaso de la inspección a la Generalitat de Catalunya.



En cuanto a cómo se financia el presupuesto del Fogasa, el Fogasa se financia, además de con las cuotas que proceden de la Seguridad Social, con una financiación como consecuencia de enajenación de activos del Fogasa por valor de 71,2
millones. Esto es deuda pública que tiene el Fogasa, que disminuye, y con eso financia el presupuesto de gastos.
Además, como intereses de títulos en el presupuesto de ingresos tiene 128,8 millones y de remanente de tesorería del ejercicio
anterior le quedan 100,8 millones. Todo eso suma una cantidad de 1.428 millones del presupuesto de ingresos y coincide con el presupuesto de gastos. La parte gorda de la financiación es que es stock de la bolsa que tenía el Fogasa se vende en
parte por valor de 631 millones de deuda para financiar el presupuesto de gastos del Fogasa del año 2011. Esa es la financiación.
¿Cuánto queda de deuda? No tengo aquí la cifra, pero creo que quedan del orden del 2.700 millones, que es la bolsa
que queda en el Fogasa para financiar presupuestos futuros.



Con relación a la previsión de plazas en la Inspección de Trabajo tengo que decir que ha habido un incremento importante de plazas en estos años.
En 2004 había 1.604 efectivos en la Inspección de Trabajo y a finales del año 2010 va a
haber1.957 efectivos. Creo que ha habido un esfuerzo importante en el aumento de efectivos, sabiendo la dificultad de gestión que tienen las ofertas de empleo y sabiendo que hay que compensar las bajas por salidas del sistema y las bajas por
jubilaciones. Para dar un dato de referencia, la OIT recomienda que en los países industrializados haya un inspector por cada 10.000 trabajadores. En estos momentos hay en el sistema 8.942 inspectores. Comparando el número de inspectores con la
población afiliada, 17.500.000, que es más que el número de trabajadores, daría una media por inspector de 8.942 trabajadores o población afiliada por inspector. Es decir, estamos en ratios mejores que la media que recomienda la OIT.



En referencia a la estrategia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de prevención de riesgos laborales, efectivamente en el año 2010 se están cumpliendo perfectamente los objetivos que estaban propuestos tanto en órdenes
de servicio finalizadas, visitas, actuaciones, infracciones y requerimientos. De enero a agosto de 2010 hay un incremento importante sobre la misma actividad realizada en el año 2009. Por ejemplo, se han hecho 3.500 órdenes de servicio más en el
año 2010 que en el mismo periodo de 2009; 2.300 visitas más; infracciones, 1.484; paralizaciones, 190. Ha habido más actividad en el año 2010 que en el año 2009.



Por último, respecto a los objetivos de la escuela para 2011, esta lleva tres programas: los programas de formación unidos a la selección, los programas de formación continua y estudios. Además, el plan de actividades se formula por el
órgano de dirección, que está participado por representantes de las comunidades autónomas. El año que viene tiene que atender todas las necesidades de formación derivadas de la oferta de empleo público, se incrementa la actuación en el área de
estudios y además se mantendrá o se aumentará el número de horas lectivas que se dan en materia de formación. Hay que decir que las comunidades autónomas participan en sus propios programas de formación y que tanto lo que tiene que ver con la
selección como lo que tiene que ver con la formación de los funcionarios transferidos a la Generalitat de Catalunya se hace a través de la escuela.



En cuanto a la propuesta de la Inspección de Trabajo, el coste del traspaso ha sido de 11.918.000 euros, de los cuales 10.210.000 corresponden a costes de personal. Estuvimos trabajando con la Generalitat posiblemente dos años en la
fabricación del modelo, que es una parte muy difícil. Creo que se ha conseguido un modelo de funcionamiento que mantiene los principios de la inspección, es decir, se mantiene la unidad de acto y la unidad de función; se mantiene la unidad en la
inspección, de tal manera que cualquier inspector, transferido o no, puede trabajar en las competencias de cualquiera de las dos administraciones públicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que aunque la inspección se puede dividir
administrativamente, el empresario y el trabajador no tienen por qué estar recibiendo un día a un inspector de la Generalitat y otro día a un inspector del Ministerio de Trabajo; es decir, que la acción se hace integrada, las inspecciones se hacen
conjuntas. Hay planes propios de la Generalitat, planes propios del Estado y planes comunes, pero la ejecución de los planes se hace a través de inspectores de las dos administraciones. Entonces, el modelo de inspección conjunta se hace para que
no haya desigualdad de trato con el empresario y con el trabajador, para que el cliente no note que por dentro, administrativamente, se ha dividido la inspección.



En cuanto al tema profesional, creo que ha habido un objetivo importante que se ha cumplido: se mantiene la unidad de ingreso y la convocatoria única, es decir la convocatoria de las plazas de inspector de la Generalitat


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se une a las del Estado y se hacen a través de un proceso selectivo único y común. Se mantiene además la movilidad entre administraciones y cualquier funcionario inspector que esté en la Generalitat puede pasar al Estado y viceversa.



Respecto al consorcio, es un modelo de colaboración, de tal manera que hay ventanilla única, imagen única hacia el ciudadano -la inspección tiene una imagen y una ventanilla únicas- y luego hay gestión integrada en los planes y en las
actuaciones de inspección, de tal forma que los inspectores de una y otra Administración pueden trabajar en las mismas materias: la de la Generalitat prevalentemente en sus competencias y la del Estado prevalentemente en sus competencias. Creo que
el modelo profesional cumple sobradamente los objetivos de la unidad del sistema, de los propios inspectores, que haya una sola convocatoria, que haya movilidad, que haya una misma formación y que haya una unidad de ingreso y una sola escuela para
todos -eso es importante-. Se mantienen los principios básicos de la Inspección de Trabajo y hay un organismo de colaboración que es un consorcio en cuya dirección participan paritariamente las dos administraciones y las decisiones se toman por
consenso. Desde que se puso en marcha el 1 de mayo ha habido que ir superando problemas de prácticas de gestión que hacen que dos administraciones, cuando se separan, tengan que buscar fórmulas nuevas de convivencia, pero creo que a estas alturas
hemos desarrollado bastante el sistema de convivencia entre dos administraciones y que hemos logrado un buen modelo para la inspección. Si en un futuro Estado autonómico se producen más traspasos, al menos será un traspaso donde se mantendrá la
unidad para conseguir la igualdad de trato frente a las empresas. Creo que es un modelo, en un Estado autonómico tan complejo como el nuestro, en el que una vez que se produzcan los traspasos, primará la colaboración entre las administraciones y no
la división en el ejercicio de las competencias. Esta ha sido la apuesta de un modelo nuevo para una nueva generación de traspasos. Ojalá los traspasos se hicieran con este modelo de convivencia y de colaboración entre las dos administraciones.



La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Gracias, señor subsecretario.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.