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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 598, de 21/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 598
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 31
celebrada el martes, 21 de septiembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias en relación con la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
(Número de expediente 122/000239). Por acuerdo de la Comisión de Interior.
- Del señor presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado víctimas del terrorismo, Acfse (Zaragoza Lluch). (Número de expediente 219/000624.) ... (Página 2)
- De la señora presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT (Pedraza Pocero). (Número de expediente 219/000625.) ... (Página 2)
- Del señor vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite (Velasco Domínguez Vidaurreta). (Número de expediente 219/000626.) ... (Página 2)
- Del señor presidente de la Asociación Dignidad y Justicia (Portero de la Torre). (Número de expediente 219/000627.) ... (Página 2)
- De la señora presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, FVT (Pagazaurtundúa Ruiz). (Número de expediente 219/000628.) ... (Página 2)
- De la señora presidenta de la Asociación 11-M. Afectados por el terrorismo (Manjón Gutiérrez). (Número de expediente 219/000629.) ...
(Página 2)
- De la señora presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (Domínguez Herguedas). (Número de expediente 219/000630.) ...
(Página 15)
- Del señor presidente de la Fundación por la Formación, Estudios y Convivencia, profesor Manuel Broseta (Carbonell Serrano). (Número de expediente 219/000631.) ... (Página 15)
- Del señor copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad (Giménez Larraz). (Número de expediente 219/000632.) ... (Página 15)
- De la señora presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco (Blanco Garrido). (Número de expediente 219/000633.) ... (Página 15)
- Del señor director gerente de la Fundación Alberto Jiménez Becerril (De la Lama Lamamié de Clairac). (Número de expediente 219/000634.) ...
(Página 15)
- Del señor presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo y de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (Vidal Ortiz). (Número de expediente 219/000635.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 122/000239.) POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR:
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, ACFSE (ZARAGOZA LLUCH). (Número de expediente 219/000624.)
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, AVT (PEDRAZA POCERO). (Número de expediente 219/000625.)
- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO, COVITE (VELASCO DOMÍNGUEZ VIDAURRETA). (Número de expediente 219/000626.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA (PORTERO DE LA TORRE). (Número de expediente 219/000627.)
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, FVT (PAGAZAURTUNDÚA RUIZ). (Número de expediente 219/000628.)
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS POR EL TERRORISMO (MANJÓN GUTIÉRREZ). (Número de expediente 219/000629.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir la sesión cuyo orden del día consiste en doce comparecencias relacionadas con la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Estas
comparecencias, sin duda, nos van a ayudar a todos los diputados y a todos los miembros de la Comisión a perfilar y profundizar en la tramitación de esta iniciativa legislativa, en la que coincidimos prácticamente todos los grupos parlamentarios.
Ante todo quiero agradecer, y me siento muy honrada, la aceptación a comparecer y la visita a esta casa que hacen todos ustedes. Quiero agradecerles, en nombre de todos los
miembros de la Comisión, su participación en este procedimiento de tramitación de esta proposición de ley, que sin duda será importante. Sé que no es el único contacto, ha habido otros, pero en esta sede de la Comisión de Interior, como les
decía, les doy la bienvenida y el agradecimiento de todos los grupos por su comparecencia ante la Cámara.
Les voy a indicar, si me lo permiten, cómo vamos a tramitar estas comparecencias, según acuerdo de la Mesa de la Comisión y los portavoces: intervendrán, en primer lugar, los comparecientes, según les vaya dando la palabra por un tiempo
aproximado de diez minutos. Si las señoras y señores diputados desean hacer alguna observación o pregunta la formularán por el orden habitual de intervenciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. A continuación, si lo desean o lo ven
necesario, podrán responder brevemente a esas preguntas que les hayan podido hacer sus señorías.
Sin más y agradeciéndoles de nuevo a todos su presencia, tiene la palabra don Francisco Zaragoza Lluch, presidente de la Acfse. Como SS.SS.
conocen, esta asociación ha presentado un documento que hemos enviado a todos los miembros de la
Comisión, por lo que le agradezco también esa comunicación anterior a su intervención.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO VICTIMAS DEL TERRORISMO, ACFSE (Zaragoza Lluch): Llama poderosamente nuestra atención que en la redacción que se ha dado al borrador de proposición de ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo solo en su exposición de motivos se haga una única referencia a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a pesar de ser el colectivo que más ha sufrido el azote
del fenómeno del terrorismo en España, y que en ocasiones ha sido dirigido exclusivamente hacia nosotros.
Según los datos que maneja el Gobierno casi un 60 por ciento de las víctimas mortales ocasionadas por el terrorismo en España eran militares, guardias civiles, policías nacionales, municipales y autonómicos. No se facilitan datos sobre los
heridos de este colectivo y desconocemos los motivos, pero según nuestros datos estamos en condiciones de asegurar que el porcentaje de las víctimas heridas que han sobrevivido a los atentados terroristas, con muy diferentes secuelas, está cercano
al 80 por ciento.
También queremos hacer constar que la banda terrorista ETA no ha sido la única en actuar en España y contra ciudadanos españoles. En los últimos años solo se recuerdan los atentados del 11-M y los de la banda asesina ETA, los
demás han desaparecido de la memoria colectiva de los ciudadanos españoles.
Vemos en el texto propuesto apartados extensos dedicados a las personas que serán objeto de ayuda, vemos que los extranjeros que sufran atentados terroristas en nuestro país obtendrán derechos específicos, vemos que los amenazados dispondrán
de atenciones y derechos, pero comprobamos con pesar que se ha omitido -no queremos pensar que deliberadamente- a los profesionales de la seguridad del Estado en el texto del borrador.
Redactar una ley para las víctimas y que se considere que
nuestros especiales problemas no están relacionados con el fenómeno terrorista es humillante; que hasta ahora no se haya considerado como víctimas del terrorismo a los profesionales de la seguridad del Estado que han sido objetivo de los
terroristas es intolerable, y lo consideramos una afrenta. Concedan derechos a los amenazados y a los ciudadanos extranjeros, no nos oponemos, al contrario, pero no se los nieguen a quienes han sufrido atentados terroristas; dennos al menos el
mismo trato. Que a la hora de redactar este borrador de ley integral que pretende solucionar todos los antiguos agravios, los problemas antiguos y actuales de los miembros de este colectivo no se hayan tenido en cuenta todas estas circunstancias,
nos lleva a lamentarnos al comprobar el escaso interés que por parte de nuestros representantes políticos merecemos las personas que hemos estado y que se encuentran ahora en primera línea de la lucha antiterrorista. Diariamente cumplimos con
nuestra obligación. Como el resto de los ciudadanos españoles cuando salimos de casa vamos a trabajar, no a que nos maten, como parece que algunos piensan que fuera nuestra obligación. Somos conocedores de la falta de simpatía que despiertan
nuestros uniformes, somos conscientes del rencor y de la mala opinión que se tiene hacia los miembros de las fuerzas policiales de este país, pero nunca nos hemos pronunciado de ninguna manera, nos hemos limitado a cumplir las órdenes que se nos
daban, dependiendo de la normativa jurídica de cada momento. Hemos cumplido con nuestro deber y hemos detenido y puesto a disposición de la justicia a numerosos asesinos terroristas, que posteriormente han sido liberados en los juzgados por errores
judiciales, por falta de pruebas, por argucias legales, por amnistías encubiertas o vaya a saber usted por qué. Hemos trabajado día y noche con una increíble falta de medios adecuados, en condiciones precarias, sin las más elementales medidas de
seguridad, con instalaciones y materiales inapropiados, y otros se han aprovechado de nuestro trabajo. Hemos cumplido escrupulosamente las órdenes que se nos daban sin protestar, y en ocasiones estas mismas órdenes han provocado muertos y heridos
entre nuestros compañeros. No hemos buscado venganza, hemos confiado en el Estado de derecho y nunca hemos respondido a estas agresiones con la fuerza. Creemos merecer una mayor y mejor atención por parte de los padres de la patria, que deberían
velar para que los que cuidan de su seguridad y libertad y la del resto de los ciudadanos españoles vean cumplidas sus legítimas y justas demandas.
A lo largo del articulado observamos que se van eliminando del texto legislativo las referencias a los ciudadanos españoles que sufrieron atentados terroristas. Entendemos que de esta manera se desprecia y desvirtúa su sacrificio y dolor;
somos tratados fríamente, pasamos de ser víctimas del terrorismo a ser las personas que se
nombran en el artículo 4, y todo ello en el texto de una ley que en su título dice de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Da la impresión de que el redactor del texto ha escogido temerosa y cuidadosamente las
palabras necesarias para no ofender a organizaciones, organismos o personas concretas. Llevamos años denunciando ante los interlocutores que nos impuso el Ministerio del Interior situaciones injustas y agravios comparativos muy serios entre las
víctimas del terrorismo, y en especial entre las personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad. Siempre se nos ha respondido por parte de los representantes del Gobierno socialista que la nueva ley integral lo solucionaría todo; siempre se
nos han dado esperanzas y buenas palabras, pero siempre hemos salido de los despachos con las manos vacías. Sin embargo con esta nueva proposición de ley comprobamos objetivamente que, tras su publicación en los términos actuales, seguirán
existiendo los mismos o peores agravios, diferencias graves, y la misma falta de derechos que hemos denunciado en repetidas ocasiones, problemas a los que hemos presentado posibles soluciones y que, paradójicamente, no han sido tenidas en cuenta
para ser incluidas en el nuevo texto legislativo.
Tras una revisión del texto de la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que nos entregaron a finales del mes de julio les hacemos llegar, con todo el respeto y consideración debidos, las siguientes
puntualizaciones que creemos necesario incluir en el nuevo texto legislativo en beneficio de las víctimas del terrorismo. Su inclusión o no lógicamente dependerá de sus interpretaciones y de sus decisiones. Nos hemos hartado de oír decir durante
muchos años y en muchos foros a nuestros representantes políticos que la sociedad española tiene una deuda pendiente con las víctimas del terrorismo. Señoras y señores diputados, las víctimas del terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado necesitamos su apoyo, su ayuda y su comprensión para saldar definitivamente la deuda que la sociedad española tiene con las víctimas. Hoy se lo pedimos respetuosamente, no buscamos ni compasión ni limosnas; buscamos mantener en equilibrio
la balanza de la justicia. Es una cuestión de dignidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo.
A continuación tiene la palabra doña Ángeles Pedraza Pocero, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, AVT (Pedraza Pocero): Presidenta, estimadas señorías, representantes de asociaciones y fundaciones, gracias especialmente a los que están aquí hoy, y a los que no han podido
llegar lo siento, porque creo que hoy era un día muy importante para escuchar la voz de las víctimas.
Soy Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Como ustedes sabrán es la asociación de ámbito nacional que cuenta con mayor número de asociados y que cuenta con víctimas de todos los tipos de terrorismo que se
han producido en España. En primer lugar, agradezco la convocatoria de comparecencia en el día de hoy para exponer nuestras aportaciones a esta proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Con la Ley de
Solidaridad actualmente vigente se dio un paso muy importante en el reconocimiento y resarcimiento a las víctimas del terrorismo, pero con el paso de los años hemos comprobado la necesidad de mejorar dicha regulación, por lo que destacamos la
necesidad de mejorar la legislación vigente de cara a no dejar lagunas que generen indefensión en ninguna víctima del terrorismo. El próximo año se cumplirá el 30.º aniversario de la fundación de la asociación que represento; treinta años de una
lucha que comenzó con la valentía de tres mujeres que se enfrentaron a la soledad, al miedo y a la incomprensión. Hoy afortunadamente esta situación ha cambiado, y gracias a la perseverancia de personas que como ellas han seguido luchando día a día
hoy podemos encontrarnos aquí.
Respecto a la exposición de motivos nuestras aportaciones se centran en los principios rectores de nuestra actividad durante estos treinta años: verdad, memoria, dignidad y justicia. La defensa de la verdad nos lleva a pedir que se haga
todo lo posible por el esclarecimiento de los atentados que siguen sin resolverse, en unos casos por desconocimiento de sus autores, y en otros por la imposibilidad de que estos sean juzgados, así como aquellos que por ejemplo, conociendo la autoría
material, se desconoce la autoría intelectual. La memoria; no cabe traicionar la memoria de los que han caído por la causa de la libertad colectiva, por lo que no podemos permitir que nadie escriba la memoria por nosotros. Una historia que debe
ser contada con rigor y estar presente en la historia de esta democracia; una historia en la que deben estar presentes los que ya no están, y una historia que, para dignificar esa memoria, debe acabar siempre con vencedores y vencidos. Y hablando
de dignificar, la dignidad de las víctimas del terrorismo no solo implica el reconocimiento de las mismas, que ya damos por hecho, sino que implica además el no hacer concesiones de ningún tipo a los terroristas. Consideramos que en la exposición
de motivos debe recogerse expresamente la imposibilidad por parte de los gobiernos del pago de cualquier tipo de precio, tanto económico como político, a los terroristas. El fin nunca justifica los medios, y cuanto hablamos de negociar con
terroristas menos aún. La derrota de los terroristas nunca debe de estar condicionada tampoco al papel de mediadores. Pero estas reivindicaciones no tendrían sentido si al final de todo no se hiciera justicia; justicia con las víctimas del
terrorismo y con la sociedad española en su conjunto; justicia que pasa por el cierre de cualquier espacio de impunidad para los asesinos y sus cómplices. Una
justicia que no finaliza con una sentencia condenatoria, sino que incluye todo lo relacionado con el cumplimiento íntegro de las condenas, por lo que exigimos que en la presente ley se reconozca el papel de la víctima en todo lo relacionado
con concesiones penitenciarias a los terroristas, y que se haga un especial seguimiento a los patrimonios de los condenados, con el fin de hacer efectivas las responsabilidades civiles fijadas en las sentencias. Igualmente esta ley debe servir para
acabar con situaciones tan dramáticas para las víctimas como puede ser el enterarse por un medio de comunicación dónde y en qué situación se encuentra el asesino de su familiar o el culpable de su atentado, por lo que la oficina de atención a las
víctimas del terrorismo adscrita a la Audiencia Nacional que se recoge en la presente ley debe cubrir de manera eficiente estas necesidades de información que reclaman las víctimas. El resarcimiento por el daño causado a la víctima del terrorismo
no solo implica un resarcimiento económico para la víctima, lo más importante es que se haga justicia y que su dignidad no quede empañada por estrategias políticas contrarias a los principios aquí enunciados.
En lo que respecta al articulado la AVT propone una serie de modificaciones concretas de las que me gustaría destacar nuestra proposición de inclusión, a efectos de reconocimiento honorífico, de los familiares de los fallecidos hasta el
segundo grado de consanguinidad, y de las personas que habiendo sido objeto de atentados o de atentados frustrados hayan resultado indemnes. Respecto a la asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata solicitamos que se reconozca la necesidad de
que sea extensible a todo el tiempo que las víctimas precisen para su curación, sin límite temporal. En lo referido a las cuantías a abonar por el Estado en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia proponemos que se tomen como
referencia los máximos fijados que han sido aplicados en las recientes sentencias. Respecto al artículo 22, sobre ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero, solicitamos que se apliquen los criterios de nacionalidad y ciudadanía para
evitar agravios comparativos entre víctimas del terrorismo. Igualmente, en lo que respecta a los artículos 25 y 26, sobre daños en establecimientos mercantiles y sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales, solicitamos que se
unifiquen los criterios. En lo que respecta a la exención de tasas académicas del artículo 38 consideramos la necesidad de aclarar que la presente ley no es un retroceso en relación con lo que se venía aplicando, ya que no queda clara la exención
de tasas para los hijos de las personas que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista. Nos preocupa especialmente el artículo 42.2, que pensamos que se debe suprimir, ya que consideramos que dada la
naturaleza pública de los delitos de terrorismo el principio de publicidad de las vistas es fundamental. Hacemos una especial mención a que en este título no se hace referencia alguna a cuestiones relacionadas con pensiones. Como disposición
adicional a la ley proponemos que por parte del Gobierno se adopten las disposiciones necesarias para acabar con desigualdades en lo que respecta a las pensiones extraordinarias por terrorismo con cargo a la Seguridad Social, a las viudas con hijos
de fallecidos en atentados de terrorismo. Pedimos que reciban el mismo tratamiento que el establecido por régimen de clases pasivas del Estado. Respecto a la protección de las víctimas en los procesos judiciales consideramos necesaria la
existencia de ayudas para la asistencia jurídica especializada, al igual que existe en los casos de asistencia psicológica y psiquiátrica. Consideramos insuficiente el artículo 48, puesto que el derecho a la asistencia jurídica gratuita ya es un
derecho de todo ciudadano español. Por último, en lo que respecta al artículo 59, de defensa del honor y dignidad de las víctimas, quiero concretar en la persona del delegado del Gobierno la obligación de velar por el cumplimiento del presente
artículo, a los efectos de su reclamación de oficio ante los tribunales de justicia que sean competentes. Igualmente proponemos un sistema de sanción a las corporaciones locales que incumplan esta obligación, como puede ser la exclusión de
cualquier programa de subvención que financie el Estado.
Para concluir, un deseo: que esta ley sea el reflejo de la voluntad común de todos los ciudadanos españoles representados en los diferentes grupos políticos, para que esta ley sea realmente
el reconocimiento y la protección integral a todas las víctimas del terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora don Silverio Velasco Domínguez Vidaurreta, vicepresidente del colectivo Covite.
El señor VICEPRESIDENTE DEL COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO, COVITE (Velasco Domínguez Vidaurreta): En el escrito que voy a facilitar nos referimos al documento de 31 de octubre de 2008 porque pensamos que mucho de lo
allí plasmado se tiene que reiterar ahora. Aquel documento se entregó al señor Rubalcaba y también estuvo en manos de los partidos políticos PSE, PP y UPyD. Aquel documento al que me remito tiene actualidad; indicaré sus reivindicaciones
pendientes, para luego referirme al análisis concreto -aunque tendré que omitir algo-, tras conocer la publicación de esta proposición de ley.
En el citado documento de 2008 solicitábamos la ya conseguida inclusión en el Código Penal de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo -su tratamiento como delitos de lesa humanidad todavía no está reflejado-, la revisión de la
ley preconstitucional de amnistía, y la regulación expresa de alzamiento de bienes para penalizar con mayor contundencia las insolvencias en materia de responsabilidad civil derivada de acciones terroristas. Además de estas cuestiones se planteaban
medidas de mejora de apoyo indemnizatorio y social en casos de especial gravedad. Esos casos se describían con nombre y apellido, pero yo me voy a referir a posibles
tipos sin necesidad de nombrar a personas. Situaciones de pensiones compartidas. Es el caso de la viuda, esposa legal al tiempo del asesinato terrorista del esposo, dependiente económicamente del mismo. La nueva legislación debería
reconocerle los derechos económicos de viudedad, sin prorrateo, con la divorciada, respetando lo que por legislación general corresponda a esta. Incidíamos en el escaso número de casos que se encuentran en tal situación, y que no sería
especialmente oneroso para la Administración dignificar la cuantía a percibir para aquellas personas beneficiarias. Soy consciente de que esto supone una modificación en la legislación de la Seguridad Social, y no sé hasta qué punto esta ley puede
equipararse a esta otra norma. Parejas de hecho en situación de separación legal previa. Es el caso de la conviviente con compañero durante siete años o más ininterrumpidos inmediatamente anteriores ser asesinado el cónyuge. En esos años nacerían
varios hijos; hijos que han tenido derecho a sus indemnizaciones y también a sus pensiones, pero en cambio la madre, por el hecho de no haber estado casada y no haber resuelto su situación, no ha percibido nada. El otro punto que se tocaba era el
llamado síndrome del norte, que ha llevado a más de una persona, a más de un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a situaciones que todos pensamos. De esta manera muchas veces el miedo por los hijos, por la mujer hace sin duda
que una persona sin ningún antecedente de depresión mental pueda llegar a tomar la decisión de quitarse la vida. Esas viudas merecen la consideración de víctimas de ETA. Derecho a una pensión familiar. La actual legislación no cubre
suficientemente hechos que son de justicia, como el de que cada atentado terrorista con resultado de muerte lleve el derecho a una pensión extraordinaria por víctima del terrorismo, independientemente del estado civil del asesinado. Pensamos que ya
es hora de afrontar directamente esta realidad de padres de víctimas del terrorismo cuyos hijos todavía no hubiesen entablado una relación afectiva estable, y esos padres se encuentren en numerosos casos en situaciones precarias. Se instaba en
aquel documento de 2008, entregado al señor ministro del Interior, a que la Administración buscase una solución al problema. Se hacían también unas cuentas prolijas sobre lo que ha supuesto la conversión del criterio para las pensiones de ser tres
veces el salario mínimo interprofesional a ser tres veces el Iprem. Concretamente en el periodo 2004-2007 las víctimas beneficiarias de tales pensiones han perdido un total de 8.681,40 euros, todo ello debido a la omisión de las víctimas del
terrorismo en la redacción del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 3/2004.
Covite solo deseaba y desea en este particular que la Administración cumpla con lo que en su propia página web se dice: que el monto de esas pensiones sea el triple del
salario mínimo interprofesional vigente. Lo hemos anunciado reiteradamente y se sigue sin poner la información correcta al día incrementando las dudas y el desasosiego de las víctimas.
Entrando en el análisis de la nueva ley y dejando a un lado la introducción de lo que le ha precedido tenemos que decir, por un lado, que se vuelve a tramitar por el procedimiento legislativo de proposición de ley emanada de las Cortes, como
institución representativa de la soberanía nacional, como lo fue la vigente Ley 32/1999; y lo hace teniendo como bandera la defensa de la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad, así como con la intención de ser una ley integral que englobe
el corpus jurídico vigente anteriormente citado. En un primer análisis podemos decir que cumple básicamente con su carácter integral, pero algo menos con respecto a la defensa de los principios sobre los que se basa, especialmente el referido a la
justicia, al que meramente detalla como el compromiso de los poderes públicos con la no existencia de situaciones injustas, como el desamparo de las víctimas, pero sin mencionar ni en el articulado ni en la exposición de motivos cuestión alguna
sobre la política penitenciaria y la labor del Estado en su reparación a las víctimas en esta materia, como garante de la aplicación de la justicia.
Entrando en los aspectos concretos la proposición recoge las medidas del Real Decreto 288/2003, y menciona sin entrar en detalle las políticas de discriminación positiva en los ámbitos laboral y de vivienda. Dada la experiencia del
desarrollo de la ley vasca, pensamos que sería bueno concretar algo más en esta ley, sin esperar a los últimos desarrollos reglamentarios. Por otra parte deja dudas de regulación de la ayuda psicológica al margen de los sistemas públicos, y creemos
que es necesaria una concreción de este aspecto asistencial. Introduce ayudas por sepelio y en su caso traslado del cuerpo de la víctima; se recoge por primera vez en un texto legal la asistencia a los amenazados, aunque referida preferentemente
al apoyo público más que a ayudas materiales y/o asistenciales. Lamentablemente se sigue sin hacer referencia alguna a las víctimas del denominado síndrome del norte y a sus crueles consecuencias.
La referencia a la asistencia jurídica gratuita no
genera novedad que no estuviera prevista en la propia legislación específica de la misma. En cuanto a las pensiones la proposición las introduce en la norma, pero solo para derivarlas a continuación a la legislación de la Seguridad Social y de las
clases pasivas. Si este punto queda redactado tal y como aparece en la propuesta, será difícil conseguir las aspiraciones de reconocimiento de un mínimo económico digno a percibir por las víctimas a las que me he referido anteriormente, en los
supuestos de pluralidad de beneficiarios en pensiones extraordinarias de viudedad compartida. En eso insistimos. Igualmente seguirá la discriminación de las víctimas que no sean empleados públicos de las que sí lo son en los supuestos especiales
de pensiones para los progenitores dependientes de las familias. En esos casos para ellos sí.
La cuestión más novedosa se encuentra en las indemnizaciones por fallecimiento, gran invalidez e incapacidades, al establecerse un techo de 500.000 euros a percibir como suma tope de las indemnizaciones. Así por ejemplo en el caso de los
asesinatos se sustituyen las 130 mensualidades del Iprem, más la responsabilidad civil,
por eso tope, fijándose un mínimo de 250.000 euros, por lo que las víctimas de los años ochenta que recibieron una indemnización baja podrán recibir la indemnización resultante de la diferencia entre lo percibido y esa cantidad señalada. Si
la sentencia por responsabilidad civil supera los topes establecidos, la víctima o sus deudos podrán ejercer las acciones que estimen oportunas, aunque es muy de temer que no tendrán gran ayuda pública para evitar los alzamientos de bienes por parte
de los terroristas, como hemos visto en demasiadas ocasiones. Se plasman en un texto legal medidas que últimamente se estaban ya aplicando, como por ejemplo la limpieza de pintadas de exaltación terrorista, la prohibición de actos públicos
atentatorios contra la memoria y la dignidad de las víctimas de terrorismo, así como una batería de acciones referentes a evitar la utilización ilícita de las imágenes de las víctimas, y la posibilidad de la acción de cesación y rectificación ante
los abusos de los medios informativos.
Entre las medidas novedosas y que a juicio de Covite serían de muy interesante aplicación se encuentra la información a las víctimas de terrorismo y a sus familiares de la situación en que se encuentran los procesos penales abiertos contra
los autores de los crímenes de terrorismo, así como en su caso el facilitar que se pueda incorporar a los procesos la creación en la Audiencia Nacional de una ventanilla única para dar a las víctimas una información continuada y lo más pormenorizada
posible de la situación en que se encuentran las causas que se siguen por delito de terrorismo, e igualmente sería muy deseable una relación de la Administración de Justicia con las asociaciones de víctimas, en aras de facilitar las sentencias
firmes fijadas por los diversos tribunales competentes en materia de terrorismo. La personación como acusación particular en los juicios contra terroristas por parte de las direcciones de atención a las víctimas daría un plus de apoyo institucional
a las familias de las víctimas, y esto sigue sin aparecer en la proposición.
Dos advertencias finales. Sucede -es un caso que conocemos- que unos menores han quedado huérfanos por acto terrorista, y la sentencia dictada los ignora y fija indemnización exclusivamente para el cónyuge viudo de la víctima. Esta ley
debería reconocer el mínimo de los 250.000 euros a los entonces menores injustamente preteridos. Por último -y ya va en primera persona y también lo ha dicho la señora Pedraza- urge una nueva redacción del proyectado artículo 4º, párrafo quinto:
los hermanos, también los abuelos, somos víctimas del terrorismo, y venimos ejerciendo como tales, naturalmente, exclusivamente a los efectos honoríficos de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, sin pretensión económica alguna. Como
última palabra diré que esta es una proposición de ley positiva, pero mejorable. La última advertencia sobre ese párrafo quinto del artículo 4º está al final, pero no es lo menos importante, es lo más grave e inexplicable.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora don Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA (Portero de la Torre): Señora presidenta, estimadas señorías, queridos amigos y compañeros de las asociaciones y fundaciones de víctimas, deseo en primer lugar agradecer, tanto a la
Dirección General de Apoyo y Atención a las Víctimas del Terrorismo como a esta Comisión y a los parlamentarios, el esfuerzo que han hecho para que nuestra opinión, la de los colectivos de víctimas, sea tenida en cuenta en todo el proceso de
elaboración de esta ley.
La asociación Dignidad y Justicia, que presido, se creó en 2005 con el firme propósito de trabajar en la lucha judicial contra ETA y contra su entramado, por la dignidad de las víctimas del terrorismo, y por hacer justicia. En la exposición
de motivos se dice expresamente que los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos, y asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Los poderes públicos garantizarán en este sentido, y en el ámbito de sus
competencias, que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas.
Respecto a la dignidad de las víctimas el título VII, es decir el artículo 59, y haciendo referencia a lo que Ángeles Pedraza ha mencionado, la defensa del honor y la dignidad de las víctimas, recoge expresamente que el Estado asume la
defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de que en lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del
terrorismo o de los terroristas. Por tanto, en relación con esta referencia y desde esta asociación consideramos que esta prohibición no debería limitarse exclusivamente a lugares públicos, sino que se debería matizar y se debería hablar de
prohibición de exhibir públicamente, que es distinto.
¿Por qué? Porque hemos tenido casos particulares, concretamente en Navarra, en la entrada del pueblo Etxarri Aranatz, donde figuraban expuestas al público pintadas de cerca de 4 por 8 metros
cuadrados en lugares privados, como comunidades de propietarios; o por ejemplo la exaltación de figuras de terroristas en los balcones de edificios privados, o monolitos en lugares privados anexos a vías públicas y por tanto expuestos al público.
Creo que es una consideración a tener en cuenta. Asimismo entendemos que la Administración central, a través del abogado del Estado -insisto, del abogado del Estado-, debe colaborar con las comunidades autónomas y las entidades locales en la
elaboración de un bien llamado catálogo de la indignidad, en el sentido de recoger todo este callejero etarra e ir eliminándolo progresivamente.
Otro gran problema que hemos encontrado en los procesos judiciales en los que estamos incursos es que las administraciones locales -me refiero a los procedimientos
contencioso administrativos- no han retirado esta simbología etarra después de habérselo solicitado en diferentes ocasiones, justificando siempre que sobre esos supuestos etarras, cuyos nombres aparecen en muchas de estas calles, no había
recaído sentencia judicial. Es un problema que hemos tenido con el callejero etarra. A este respecto entiendo que nuestra propuesta debe ir orientada a que el abogado del Estado tenga la posibilidad -y la tiene- de solicitar informes periciales a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a quien él entienda oportuno para estima, en base a bibliografía o al historial del miembro de ETA, si es o no un miembro de la organización terrorista ETA sobre el cual no ha recaído una sentencia
judicial. Insisto en que estos son inconvenientes y problemas que hemos tenido a lo largo de procesos judiciales en lo contencioso administrativo.
Respecto al título V, de protección de víctimas en los procesos judiciales, y haciendo míos los planteamientos que hacía la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quizá más que trabajar debemos exigir que esta ley sea la
solución para todos los problemas y dificultades con los que nos encontramos las víctimas del terrorismo en este terreno, ya que muchos de ellos se deben a las deficiencias del sistema judicial, instalaciones obsoletas, etcétera. Hay que dotar de
más medios -y lo decía mucho mi padre en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-. Por tanto, en relación con esa oficina de información y de asistencia a las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional, no vale con que la
ley diga solo que se establecerá una oficina; habrá que concretar las funciones, el personal, dotarla de presupuesto, y presentarla a las víctimas de alguna manera, publicitándola para que las víctimas sepan adónde pueden acudir. También creo que
habría que recoger la posibilidad de la participación de la víctima en todo lo correspondiente al trámite penitenciario. Las víctimas no deben ser meros informantes -en este caso no llegan ni siquiera a eso-, sino que deben tomar parte activa en
todo lo que respecta a permisos, beneficios penitenciarios, concesiones de tercer grado, etcétera. Esto ocurre en otros países, en Francia por ejemplo, no nos estamos inventando nada. Por ello creemos necesario un catálogo exacto de la situación
dentro del proceso penal, a la que hacían referencia mis compañeros, de cada una de las víctimas del terrorismo.
Sin ánimo de extenderme más, finalizo con una reflexión general. Los lamentables acontecimientos de la última legislatura 2004-2008 -y recalco lamentables-, caracterizada por la incertidumbre y la confrontación de los demócratas en la lucha
antiterrorista, deben conducir a una profunda reflexión de nuestros representantes políticos, medios de comunicación y agentes sociales, a un acto de contrición que sirva para recuperar el espíritu de unidad y consenso que en su momento inspiró el
Pacto antiterrorista. El terrorismo es un problema de Estado que no debe ser objeto de confrontación entre partidos políticos ni entre colectivos de víctimas, y estas deben recuperar su importante papel en la derrota del terror, constituyéndose en
auténticos referentes morales y en protagonistas de la movilización de la sociedad civil para y por las libertades y contra el terrorismo, coadyuvando así a respaldar y legitimar la lucha que el Estado de derecho debe seguir librando contra el
terrorismo hasta lograr su completa desaparición. La solución está en la unión y en el consenso. Si no procedemos así, correremos el peligro de desandar todo lo que hemos avanzado y ganarán ellos, los que están frente a nosotros, es decir, los
terroristas; crearía división entre los demócratas y las propias víctimas, y eso sería una victoria de los terroristas que no debemos consentir. Por todo ello, y como paso previo para esta unidad y consenso, entendemos que las fuerzas políticas
que nos representáis aquí debéis comprometeos a que quede reflejado, insisto -quizá es una petición algo excesiva, pero creo que importante-, en el preámbulo de esta ley que nunca más existirá resolución alguna en el Congreso que autorice a un
gobierno de la nación a emprender un proceso de diálogo o negociación con ETA u otra organización terrorista. Lo puedo decir más alto, pero creo que no más claro.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra doña Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
La señora PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, FVT (Pagazaurtundúa Ruiz): Señorías, representantes de las distintas asociaciones y fundaciones, en primer lugar pido disculpas por la calidad de mi voz; espero poder
concluir la intervención.
Debo agradecerles en nombre del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de quienes hacen realidad su trabajo cada día, como técnicos y colaboradores de la misma, la amable invitación para participar en este trámite de elaboración
de la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. La Fundación Víctimas del Terrorismo es la única fundación del sector público estatal destinada específica e íntegramente a abordar el fenómeno de la
victimación terrorista. Este trabajo se desarrolla de forma estable y continuada desde junio de 2002 gracias al apoyo decidido de la Administración General del Estado, de distintos gobiernos autonómicos, de algunas entidades locales y de distintos
mecenas privados. El primer presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo fue el presidente Adolfo Suárez, actualmente presidente de honor de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
La Fundación Víctimas del Terrorismo desarrolla su actuación en los ámbitos de la memoria y la dignidad de las víctimas, así como en la pedagogía activa a favor de la deslegitimación del fanatismo terrorista, y en la promoción de la cultura
del respeto a los derechos humanos, de forma muy especial en el ámbito educativo. Víctimas educadoras trabajan en el programa Educar para la convivencia en las escuelas desde septiembre del año 2002.
Además apoyamos la investigación y la publicación de aquellos trabajos que mejoren el conocimiento de la macrovictimación terrorista, así como el de los mecanismos de adoctrinamiento y reclutamiento de los victimarios, buscando colaborar en
lo posible en la más eficaz deslegitimación de quienes practican la atroz violación de los derechos humanos de hombres, mujeres y niños. Los otros grandes campos de trabajo de esta fundación se refieren a la asistencia directa a las víctimas del
terrorismo, a indicación de las grandes asociaciones de víctimas o también de la Dirección de Atención de Víctimas, del Ministerio del Interior, complementando aquellas necesidades de asistencia psicológica o socioeconómica indicadas por sus
técnicos dentro de lo posible, y por supuesto la colaboración y apoyo a las asociaciones y fundaciones que persiguen estos mismos objetivos en todo el ámbito nacional.
Dada la peculiar naturaleza de esta fundación, más que sugerir enmiendas, permitan que modestamente nos pongamos a su disposición técnica para cualquier aspecto del articulado en el que nuestra experiencia práctica pueda servir de utilidad.
En sentido general, nos ponemos a disposición de la Administración para aquello que pudiera resultar de ayuda, una vez aprobada la norma de forma complementaria como hasta ahora venimos haciendo, dado que los estatutos fundacionales disponen tales
objetivos concordantes. Sus señorías abordan la elaboración de una norma que les llena de fuerza y de ilusión por abordar de forma integral un ámbito de especial respeto en nuestra sociedad y lo hacen bajo cierto entusiasmo que nos invade cuando
existe la perspectiva de un gran consenso comunitario. Todo ello es digno de la máxima consideración. Reciban el ánimo necesario para mantenerlo hasta el día de la aprobación de esta norma, porque, sin duda, están realizando una aportación
histórica a la cultura de la defensa de los derechos humanos y de una democracia avanzada y de calidad.
Desde la experiencia del trabajo cotidiano, leemos los apartados de la ley también conscientes de las limitaciones de actuación de un campo tan complicado que requiere un trabajo humano que no siempre es posible. A veces no podemos llegar.
Silverio ha hablado de temas concretos que no sabemos si esta ley va a poder solucionar. Atender las heridas morales y psicológicas de hace décadas es difícil y no siempre es posible detectarlas ni resarcirlas. No es posible confortar a los miles
de personas con duelos que no fueron atendidos por la sociedad ni las instituciones hace décadas y, sin embargo, ahí siguen con sus duelos a cuestas y están vivos. Solo una parte de esto llega a las instituciones, a las asociaciones o a la
Fundación Víctimas del Terrorismo. La ley solo paliará en parte lo que les estoy señalando.
También desde el realismo más prudente quisiera señalar que algunos de los nuevos pilares que introducirá la ley, especialmente los referidos al apoyo psicosocial, el artículo 31.4, el artículo 32.1 o la referencia a la atención del
colectivo específico de las víctimas de persecución, requerirán un desarrollo reglamentario y económico complicado en la actual situación que atravesamos, por lo que nos ponemos a disposición de la Administración competente en cada caso en aquello
que pudiera resultar útil en orden a la consecución más eficiente de algunos de los objetivos, sea de forma transitoria o permanente, como venimos realizando hasta ahora.
Señorías, la Fundación Víctimas del Terrorismo nació bajo el mismo ámbito significativo que anima el preámbulo y el articulado de la ley que ustedes elaboran, el ámbito significativo compartido de que la injusticia que la violencia ha
supuesto para los miles de ciudadanos victimizados por los fanáticos identitarios o religiosos jamás podrá ser totalmente resarcida. Y como señalaron certeramente los autores del libro Vidas rotas, podemos evitar la doble infamia si las
injustificables causas de su tragedia son correctamente definidas y repudiadas, si no negamos su derecho a identificar y condenar a los responsables de su drama, su derecho a que las tremendas consecuencias humanas y políticas de las acciones
criminales que han alterado radicalmente sus vidas sean reconocidas y combatidas, porque el terrorismo ha violado derechos humanos fundamentales de ciudadanos de una nación y porque el terrorismo ha amenazado y amenaza los principios esenciales de
la convivencia humana y democrática. Por todo eso, nuestra sociedad está obligada a satisfacer las demandas de un colectivo que simplemente reclama que la historia no le arrebate lo que unos criminales intentaron robarles mediante el asesinato de
sus seres queridos o los atentados brutales que ellos mismos sufrieron. Los autores de estas palabras se referían al terrorismo de ETA, pero es extensivo a todo el trabajo de SS.SS. en esta ley, al de los poderes públicos, al de las asociaciones y
fundaciones que aquí comparecemos, y humilde y específicamente al de la propia Fundación Víctimas del Terrorismo, todo esto sobre toda forma de fanatismo identitario o religioso asesino.
Frente a esa deshumanización que cada acto terrorista implica, SS.SS. y los comparecientes subrayamos la humanidad de las víctimas del terrorismo para derribar los eufemismos que impregnan el lenguaje justificador de la barbarie terrorista
y apoyar en lo posible las necesidades concretas de las víctimas que provocan. Es preciso recordar, sin embargo, que ni siquiera con la que seguro será una magnífica ley que aprobarán será posible asomarnos a la parte más profunda del iceberg de la
violencia de persecución de ETA, de los miles de ciudadanos que abandonaron en silencio sus hogares para escapar a veces de la extorsión económica, en ocasiones de la doble victimación o pura y simplemente del miedo y de la amenaza. Sobre todo
esto, señorías, si no justicia, al menos debemos tejer el testimonio de la verdad y nos falta mucha tarea.
Señorías, permítanme a título personal, aunque compartido con todas las víctimas que conozco, que les anime también a que en el ejercicio de su labor parlamentaria estimulen para que los poderes públicos redoblen esfuerzos respecto a los
cientos de asesinatos y atentados sin resolver, porque la justicia, es la más universal
de las aspiraciones de las víctimas y de sus seres queridos, la más íntima de las aspiraciones para afrontar y cerrar uno de los círculos del duelo: el del sentido y asunción de la responsabilidad por el daño causado y el de evitar pura y
simplemente la impunidad.
Señorías, finalizo ya reiterando el agradecimiento por parte del patronato que represento hoy y con el ofrecimiento de nuestra respetuosa colaboración para todo aquello que dispongan dentro y fuera de esta sala, dentro del ámbito de
elaboración o aplicación de esta ley y del espíritu que la anima. Me sumo a lo que ha dicho Silverio de forma personal respecto al artículo 4.5. Muchas veces solo los hermanos de víctimas del terrorismo estamos con fuerzas suficientes para poder
desarrollar parte de ese esfuerzo de resistencia moral y de promoción de la dignidad que les corresponde. No nos quiten este derecho expresamente en la ley.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora doña Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M.Afectados por el terrorismo.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS POR EL TERRORISMO (Manjón Gutiérrez): Señoras y señores Diputados, en primer lugar, gracias por habernos invitado a esta sesión de la Comisión de Interior donde tenemos la intención de
reflejar aquellos puntos del anteproyecto de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que desde nuestra Asociación 11-M Afectados por el terrorismo y nuestra experiencia creemos, en nuestra humildad, que pudieran ser
mejorados. Con nuestra intervención solo pretendemos que, si se hace una nueva ley de víctimas, esta ampare y resarza equitativamente a todas las víctimas de hoy y que no pueda ser nunca una ley de punto final por si se produjeran -ojalá nunca
ocurra- nuevas víctimas cualquier día.
En la exposición de motivos del anteproyecto que ustedes nos entregaron, compartiendo en líneas generales el espíritu de la misma, sí nos gustaría que se corrigiesen algunos conceptos. En primer lugar, querríamos que cada vez que en la ley
aparece la palabra fallecido se sustituya por la palabra asesinado, porque las víctimas del terrorismo no han fallecido ni de cáncer ni de ninguna otra enfermedad, han sido brutalmente arrancados y asesinados. En segundo lugar, hemos observado a lo
largo del texto que se utiliza la palabra verdad, que entendemos que es un término jurídicamente subjetivo y que solo se objetiviza en un Estado de derecho con una sentencia penal firme. Solo en las dictaduras existe la verdad absoluta, y nadie
mejor que nosotros entiende de la utilización interesada que se puede llegar a hacer de este concepto. Por lo tanto, en nuestra propuesta va la retirada de la palabra verdad. En el texto queda claro que el terrorismo no debe ser un arma política,
por lo que no nos parece correcto que en el tercer párrafo de la exposición de motivos se hable de la significación política de las víctimas. Por ello, señorías, les proponemos que se sustituya por la significación social de las víctimas. Las
víctimas somos ciudadanos y, por lo tanto, nuestra significación debe ser social en el entorno ciudadano del que fuimos arrebatados.
Con carácter previo a la entrada en el articulado de la ley, debemos aclarar que a lo largo de la redacción del texto proponemos que se sustituyan los términos imprecisos por otros que, no cambiando el sentido del mismo, creemos que lo
podrían hacer más eficaz. Por ejemplo, en el artículo 2.2.a), donde se dice que la ley pretende asegurar la solidaridad, entendemos que esta no la asegura nadie, ya que eso es algo personal. Por lo tanto, proponemos cambiarlo por asegurar la
reparación efectiva a las víctimas. En la letra e) del mismo artículo 2 se dice que la ley pretende consagrar los derechos, y nos parece que en un Estado laico esta no es una palabra muy correcta para una ley de víctimas. Así pues proponemos
cambiarlo por enumerar y garantizar los derechos de las víctimas. Asimismo, y aunque sea reiterativo, seguimos proponiendo sustituir la palabra fallecido por asesinado.
Nos felicitamos todos por que una nueva ley integral de víctimas esté en el Parlamento y, como decíamos en esta introducción, estamos de acuerdo con el espíritu de la misma, pero nos sentimos en la obligación de poner en conocimiento de
SS.SS. aquellas correcciones que entendemos que pueden mejorar la futura aplicación de la misma. Por tanto, entrando en el articulado y, en primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación temporal, si ustedes mantienen en el artículo 3 la actual
redacción, no se puede dotar en el artículo 7 a esta ley del carácter retroactivo del 1 de enero de 1960. Esto sería contradictorio, ya que lo que exige este artículo 3 es que la finalidad de la acción terrorista sea subvertir el orden
constitucional. Para solventar dicha contradicción, solicitamos a SS.SS. la posible redacción de una disposición adicional en esta ley donde se recojan todos y cada uno de los derechos reconocidos en la misma también para todas aquellas víctimas
que lo fueron con anterioridad al 6 de diciembre de 1978, fecha de promulgación de la Constitución Española, corrección que asimismo sugerimos a SS.SS debe ser introducida en el mencionado artículo 7, donde deberá aparecer en lugar del 1 de enero de
1960, fecha en que la legislación española estaba constituida por las leyes fundamentales del movimiento nacional, por la fecha del 6 de diciembre de 1978, fecha en la que podemos empezar a hablar de la implantación de los valores constitucionales.
Con esta disposición adicional y este cambio del artículo 7 lo que se pretende por nuestra parte es que cualquier víctima del terrorismo anterior a la entrada en vigor de la Constitución y de los valores democráticos tenga los mismos derechos y
reconocimientos que las víctimas posteriores a esta fecha.
En cuanto al ámbito temporal, nuestras sugerencias irían en la línea de que todo ciudadano español que sufra un atentado terrorista, con independencia de que se cometa fuera o dentro de España, será considerado víctima del terrorismo a todos
los efectos. Es decir, defendemos que la ley debe reconocer como víctima del
terrorismo a todos los asesinados o heridos en actos de terrorismo que se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española y de cualquier acto de terrorismo producido en el extranjero contra ciudadanos españoles. La redacción de
la ley sobre que tengan que ser grupos que operen habitualmente en España es algo que también entendemos que es jurídicamente indeterminado, ya que hay que tener en cuenta que el nuevo terrorismo internacional es transfronterizo y un mismo grupo
terrorista puede reivindicar el mismo atentado con varios nombres diferentes; en el 11 de marzo, en concreto, con tres nombres diferentes la misma célula.
Creemos que para cualquier Estado lo más importante a proteger debe ser la vida de sus
ciudadanos. Con la redacción actual nos podríamos encontrar con injustas e injustificables aplicaciones de la ley, y para ello me sirvo de un ejemplo. Si en un restaurante en Kabul, donde están cenando dos militares destinados en misión
humanitaria, dos periodistas que podrían estar analizando la situación de la mujer en ese país, tres miembros de una ONG y cuatro turistas, todos ellos españoles, se produjese un atentado terrorista, con su proyecto de ley y sin las correcciones que
aportamos de los once españoles afectados solo serían víctimas afectadas los dos militares, siendo todos ellos españoles y víctimas de la misma acción criminal. En el mismo sentido y en concordancia con lo anterior, hemos corregido el artículo 22,
incluido su título, ya que planteamos que no sean ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero, sino ayudas a las víctimas del terrorismo que sufran atentados terroristas fuera de España. Encontrarán ustedes que para nosotros la
prevalencia de la ciudadanía, de la vida y la integridad física y moral es el bien jurídico a proteger y prima sobre cualquier otra adjetivación, tales como civil, militar, religioso, turista, etcétera. Este concepto lo encontrarán ustedes en las
modificaciones aportadas por nuestra asociación a lo largo del articulado.
En cuanto a los amenazados, el artículo 5 es absolutamente indeterminado, lo que jurídicamente no se corresponde con una ley de estas características. Es tan indeterminado que a nosotros cada frase nos produce dudas. ¿Cómo se acredita
sufrir situaciones de amenazas? ¿Es con sentencia firme? ¿Es suficiente una denuncia en una comisaría? ¿Cuántas veces hay que retirarlas? Dice el texto: procedentes de organizaciones terroristas. ¿Y si son organizaciones extremistas sin que
hayan realizado aún alguna acción terrorista? ¿Cuál es la especial atención a la que se refiere el mencionado artículo? ¿Qué administraciones públicas darán esa especial atención? En nuestra humilde opinión, es de tal trascendencia e importancia
la situación vital y la calidad de vida física y psicológica de todas estas personas que su problemática no debería diluirse en una ley de víctimas. Consideramos que, en caso de que SS.SS. sigan manteniendo su inclusión en esta ley, se deberá
hacer por respeto a los verdaderos amenazados especificando y aclarando todas las respuestas a las preguntas anteriores. Como sugerencia de esta asociación, y en garantía de la protección de los ciudadanos, pediríamos una vez más la redacción de
una ley específica de protección a los amenazados, en la que además se incluyera junto a los anteriores la regulación y la protección de los testigos protegidos, así como una definición clara y contundente de los colaboradores policiales y su
protección, los famosos confidentes.
En el anteproyecto de ley que nos ocupa ustedes han ido incluyendo reiteradamente frases como las administraciones públicas competentes velarán, consagrarán en la medida de sus posibilidades, la administración general establecerá criterios y
protocolo, etcétera, que a la larga son frases hechas que, a nuestro modo de entender ,quedan todas en el limbo de la no especificación y, como reiteramos, son ustedes el Poder Legislativo y nos han llamado para escuchar nuestras propuestas, sacadas
quizás de nuestras dolorosas experiencias y vivencias. Por tanto, consideramos imprescindible hacerle la propuesta de la necesidad de la creación de una ventanilla única para que se produzca la unificación de trámites. Esta oficina única quedaría
ubicada en la oficina de atención a las víctimas con posibilidades efectivas de organizar todos los trámites tanto a nivel estatal como autonómico. Esta ventanilla única tendría que tener también la capacidad de unificar criterios para ayudas,
prestaciones, indemnizaciones, menciones honoríficas, etcétera, a todas las víctimas que residan en comunidades autónomas que no hayan legislado aún sobre estos temas, como puntos para viviendas protegidas, ofertas de empleo público, etcétera.
La ley adolece de unificar el proceso de reconocimiento de incapacidades a los efectos de capacidad laboral para los heridos conforme a sus secuelas. No puede ser que la administración se desentienda de la evaluación sobre la posibilidad de
trabajar o no de las víctimas del terrorismo que quedan incapacitadas para el ejercicio de su anterior trabajo. Es imprescindible que la oficina de atención a las víctimas emita un informe dirigido a los tribunales médicos, donde se especifique que
dichas lesiones y secuelas son consecuencia de un atentado terrorista y que estos heridos no van allí por un accidente laboral o por una enfermedad, como ocurre ahora. Asimismo, se debería encargar de recabar y organizar informes de la Audiencia
Nacional, informes médicos forenses, informes de secuelas o informes de las mutuas, tal y como hemos redactado en el artículo 28, en el que entre otras cosas decimos: A los efectos de agilizar los procedimientos de incapacidad de las víctimas, se
requerirá un informe previo emitido por la oficina de atención a las víctimas que recogerá la situación de esas víctimas, sus secuelas psicológicas, sus secuelas físicas, su situación personal, a los efectos de que pueda ser una herramienta de
sensibilización para los tribunales de lo social y los tribunales médicos a la hora de que sean conscientes de que muchos de ellos han perdido su capacidad de fuerza de trabajo, como es el caso de la mayoría en el atentado del 11-M.
El carácter indiscriminado de los atentados terroristas puede afectar a ciudadanos de cualquier nacionalidad, por lo que se hace absolutamente necesaria la contratación de traductores o intérpretes en cualquier idioma, a fin de que las
víctimas puedan hacerse entender en su idioma ante dicha ventanilla única o ante cualquier otra administración, tal y como hemos incluido en el artículo 11, que dice: A tal efecto se garantizará que las personas a las que la presente ley es de
aplicación que se encuentren en una situación de discapacidad -y nosotros añadimos: o desconocimiento del idioma- puedan obtener de forma inteligible, incluyendo la asistencia de acompañamiento del traductor, información sobre sus derechos y sobre
los recursos existentes para cubrir sus necesidades. Ya se ha dicho anteriormente, pero lo queremos reiterar, que hemos detectado -quizá por error- que en el capítulo 5º, ayudas educativas, no figuran las víctimas que son heridas. Proponemos
incluirlo, aunque sea en otra disposición adicional, y que se recojan estos derechos también para los heridos y sus familiares que serían aquellos recogidos en el artículo 17.2. En este mismo capítulo les pedimos que se retire lo que entendemos que
es un error de redacción del artículo 38.1 sobre la exención de tasas académicas para los asesinados.
Hemos traído para cada grupo parlamentario, e incluso para cada partido del Grupo Mixto, una copia de nuestras propuestas, quedando a su
disposición para alguna aclaración, si quisieran, sobre las mismas. Según nuestro método de trabajo, en el anteproyecto de ley encontrarán ustedes en rojo aquellas partes que sugerimos su inclusión, y las partes que entendemos que no deben figurar
en la ley las encontrarán ustedes tachadas.
Si les ha servido de algo nuestra intervención y nuestro trabajo estaremos agradecidos. De todas formas, queremos volver a reiterar nuestro agradecimiento quedando a su disposición para cualquier aclaración sobre algunas de las propuestas
que hemos realizado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Manjón, y gracias a todos por sus intervenciones porque se han adaptado muy bien al tiempo breve que les hemos propuesto.
Es el turno ahora de los grupos parlamentarios a los que también les pido -porque en esta comparecencia se trata de oír a los representantes de las asociaciones de víctimas- que sean lo más concisos y breves posible en sus intervenciones,
porque de lo contrario no podremos cumplir con la sesión que tenemos prevista. Como hay otras seis personas que tienen que comparecer, les ruego a todos los portavoces que se atengan bien al tiempo que, aunque no voy a poner limitación, dejo al
criterio de sus señorías. Por el Grupo Mixto le corresponde la palabra a la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quiero reiterar mi agradecimiento a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y a la fundación que hoy han comparecido, no solo por su aportación, sino por su esfuerzo de concreción y de claridad a la hora
de exponernos lo que esperan de nosotros para que esta proposición de ley que estamos analizando sea, cuando terminemos nuestro trabajo y cuando se apruebe, lo que la presidenta de la AVT ha definido como el reflejo de la voluntad común de todos los
ciudadanos españoles, no solo desde el punto de vista formal -que siempre lo es cuando una ley se aprueba en el Congreso de los Diputados-, sino, sobre todo, desde el punto de vista real. Esperamos que el esfuerzo que ustedes han hecho y siguen
haciendo y el esfuerzo y la voluntad política de todos los diputados que les representan se plasme en una ley que, efectivamente, refleje la voluntad de todos los españoles.
Como decía la presidenta, hoy tienen ustedes la palabra, por lo que voy a utilizar solo un minuto más para que el breve tiempo que tenemos sea utilizado por ustedes. Cada uno de nosotros, y, por lo tanto, yo misma también, tenemos la
posibilidad de profundizar con ustedes en cada una de las cuestiones que nos han planteado, y yo así lo haré. Todas las cosas que han dicho serán atendidas y estudiadas por el partido político al que represento. Solo quiero constatar algo que me
ha parecido muy notable, muy significativo y muy positivo. No es que esperara lo contrario, pero quiero destacarlo. En todas sus intervenciones -como no podía ser menos, y es una llamada a todos nosotros- las palabras dignidad y justicia se han
reiterado de forma muy notable, tanto cuando han apelado a las modificaciones de artículos como cuando han apelado a lo que es el espíritu de la ley, que, en muchos casos, ustedes han planteado dentro de la exposición de motivos. Eso merece una
especial atención por nuestra parte y, desde luego, por la mía la tendrá. También quiero destacar algo que me parece muy importante para nuestra reflexión y que nunca está de más repetirlo, que es la apelación a terminar con la impunidad, a la
contrición -decía el señor Portero- y, sobre todo, a la unidad. Nunca está de más que nos hagan llegar esa apelación y yo la recibo.
Finalmente, como colofón -y recogiendo todo lo que ustedes aquí han manifestado-, todas las cuestiones que tienen que ver con la ampliación del concepto de víctimas del terrorismo, que han sido planteadas en distintos artículos y desde
diferentes peticiones concretas, nos llevan a la misma cuestión, a la ampliación del concepto de víctimas del terrorismo. Tenemos un trabajo ya realizado a tal efecto. Tenemos la posibilidad real de plasmarlo de mejor manera en esta proposición de
ley, que es una moción que se aprobó por unanimidad en junio de 2008. Por lo tanto, la voluntad del legislativo está planteada en esa moción -incluso se llama de esa manera- que se aprobó por unanimidad. Nosotros hemos mostrado ya una voluntad
política en ese momento y ustedes nos han reiterado la necesidad de que la concretemos en esta ley, y espero que sea bien atendida. Les agradezco mucho que nos hayan hecho nuevamente esas reflexiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como han hecho otros compañeros diputados, quiero agradecer la comparecencia de dignos representantes de las asociaciones de víctimas, así como expresar nuestra coincidencia con respecto a la necesidad de una ley
también de unidad de los grupos parlamentarios con las asociaciones de víctimas. También queremos trasladarles nuestra sensibilidad hacia las propuestas, así como con las críticas. Consideramos importantes todas y cada una de las aportaciones de
las asociaciones, y a continuación veremos cómo, de forma unitaria, podemos incorporarlas al texto legal.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias a todos los portavoces de las asociaciones y fundación. Mi grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia de todas las aquí presentes -junto con otros grupos-, y ya intuíamos que estas
aportaciones iban a ser ilustrativas para el trabajo que nos queda por desarrollar, que será proceder a dar la encarnadura definitiva a una ley que, además de su contenido jurídico-material o positivo, tiene un contenido simbólico que todos ustedes
han glosado, en mi opinión, de forma brillante y de forma bien elocuente. Se trata de una ley que, si somos capaces de hacerla bien con su colaboración, constituirá la mejor refutación contra los victimarios. Una buena ley de víctimas,
seguramente, es la mejor condena que podemos proporcionar a la sociedad contra los victimarios y de refutación, negación y crítica a los que han producido o han provocado víctimas. Nosotros hemos apreciado que hay una cierta coincidencia entre
todos los comparecientes en este momento en relación con esa reflexión, y lo que procede a partir de ahora es quizás un trámite de interlocución directa entre los grupos parlamentarios y ustedes, porque incluso han hecho interesantes propuestas que
hacen referencia a deficiencias o lagunas en el ordenamiento -ordenamiento todavía incipiente que vamos a iniciar a tramitar en el iter legislativo-, algunas de las cuales son particularmente llamativas. Me ha llamado mucho la atención el
sentimiento de preterición que el representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su asociación manifiesta en relación con lo que se consigna en materia de reparación e indemnización, dignificación de las víctimas del colectivo que
usted representa. Esta sería una carencia verdaderamente llamativa y nos gustaría continuar trabajando con ustedes para ver en qué modo se puede compensar lo intolerable; ustedes han estado en el primer frente de batalla y es evidente que,
desgraciadamente, han soportado el mayor número de víctimas que conocemos. Hay algunas propuestas muy interesantes. La vinculación sobre los hijos y al cónyuge en su caso y la omisión de otras personas vinculadas con lazos familiares y que además
se han mantenido, y aquí tenemos ejemplos muy paradigmáticos; la lucha por el recuerdo y por la dignidad de los que murieron o sufrieron atentados terroristas, hermanos, abuelos, etcétera; es una carencia que también se le ha escapado al
legislador. Esta es una expresión poco forense, pero se le ha escapado realmente y estas aportaciones son también particularmente relevantes.
Hay otras cuestiones quizás más opinables, más valorativas. Yo no sé si en el preámbulo de determinadas leyes, si de esta en concreto, se puede invocar o instar a que el Gobierno haga o no haga algo, sobre todo cuando sabemos que todos los
gobiernos han hecho aquello que ahora se mandata que no hagan en el futuro. Esta es una cuestión valorativa, opinable sobre la cual quizás en una conversación o una interlocución más directa y personal podríamos afinar un poco más lo que ustedes
dicen y si existe legitimidad dentro del ámbito institucional de opinar que a las víctimas corresponde para realizar invocaciones. A título personal y desde una perspectiva de opinión, colectiva o personal, se puede decir cualquier cosa; que esto
sea ubicable dentro del preámbulo de una ley o de su contenido normativo puede ser más discutible. Para terminar estas reflexiones que están resultando más largas de lo que seguramente la señora presidenta considera oportuno, me gustaría indicarles
que a veces hemos percibido una cierta valoración evocativa o añorante del pacto antiterrorista. Quizás, si el pacto antiterrorista se frustró en la anterior legislatura fue por una de sus debilidades consustanciales o fundamentales, porque era un
pacto entre dos partidos. Esta es una ley que está firmada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Esta es una fortaleza adicional, que espero que ustedes compartan, y que puede posibilitar que el pacto antiterrorista no
se pulverice en cuanto razones de coyuntura política hacen que pueda resultar inadecuado conceptual, moral, ética y políticamente, pero inevitable seguramente la utilización del dolor de las víctimas para obtener réditos electorales. Dicho esto, y
esperando que más o menos estas reflexiones de naturaleza filosófica sean compartidas por ustedes, mi grupo espera mucho de su colaboración para hacer una buena ley de víctimas del terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de CiU tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Me sumo a las palabras de los portavoces que me han precedido, en el sentido de que, si, en primer lugar, estas sesiones tienen como objetivo escuchar directamente la voz de las asociaciones y fundaciones de
víctimas del terrorismo, están teniendo una gran utilidad.
Por eso, les quiero agradecer a todos ustedes la capacidad de síntesis que han tenido para trasladarnos en los breves minutos de los que disponían unas cuestiones generales en las que
comparto lo dicho por mi compañero Emilio Olabarría sobre que realmente hay una clara sintonía y coincidencia en todos ustedes, lo cual es
de agradecer y de señalar al mismo tiempo, así como propuestas concretas que incluso algunos de ustedes nos han hecho llegar por escrito, y, más allá de la interlocución que espero podamos tener bilateralmente con cada una de las
asociaciones y fundaciones, sería de agradecer que los que no lo han hecho nos lo pudieran trasladar porque así tendríamos muy claro qué proponen no solo como líneas generales, sino también en relación con cada artículo concreto para poderlo
estudiar atentamente y para poder redactar enmiendas en consonancia con lo que ustedes nos manifiestan.
También quisiera poner aquí encima de la mesa el valor del consenso que representa esta proposición de ley, un consenso que, como se ha dicho aquí también por parte de algunos de ustedes y de alguno de mis compañeros, no se ha dado siempre,
ni en todas las legislaturas, ni en todos los momentos. Que seamos capaces de superar legítimas discrepancias que tenemos los partidos entre nosotros para dar un mensaje de consenso y de unanimidad y posicionarnos claramente todas las fuerzas
políticas al lado de las víctimas para conseguir una legislación que recoja las legítimas aspiraciones y lo que es de justicia dar a las víctimas es un asunto importante que tenemos que poner encima de la mesa.
Asimismo, quiero recoger lo que algunos de ustedes han dicho sobre que tenemos limitaciones. Claro que hay limitaciones, hay limitaciones de todo tipo -las cosas no se pueden expandir indefinidamente-, pero dentro de las limitaciones hemos
de procurar ser justos en la medida en que las principales reivindicaciones queden en lo sustancial recogidas. Por otra parte, también han dicho algunos de ustedes que determinadas disposiciones adolecen de imprecisión jurídica, etcétera -esto es
cierto; pasa en todas las leyes-, pero también hay que señalar que existen los desarrollos reglamentarios, que se puede prever, etcétera. A veces llegar a una gran minuciosidad en una ley no siempre es bueno; lo que te olvidas ya queda para
siempre más excluido. Todas sus propuestas -todas muy interesantes- serán seguro recogidas y estudiadas, al menos por Convergència i Unió, por mi grupo parlamentario. En mi opinión, podemos llegar a hacer una ley con propuestas de consenso y que
la ley que salga del Parlamento sea en la medida de lo posible mejor que el proyecto que ha entrado. Por último, quiero referirme al representante de la asociación de víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a para decirle que
realmente hemos de prestar atención a este déficit de atención que usted pone encima de la mesa y que la ley ha de servir para acabar con agravios comparativos, por supuesto también en el tema de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como no
podía ser de otra manera.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Intervengo también brevemente para dar las gracias en nombre de mi grupo a las asociaciones de víctimas y a la fundación por venir aquí esta mañana y compartir las reflexiones y hacernos estas aportaciones de cara
a la mejora del texto que está en tramitación. Mi grupo considera que este es un acto muy central en la tramitación de la ley y en el camino para que salga adelante y por fin se promulgue por la Cámara, porque esta no tiene que ser solamente una
ley que se hace para las víctimas, sino que la idea es que verdaderamente esta sea una ley de las víctimas del terrorismo. A lo largo de los años hemos venido recorriendo un camino muy largo y muy difícil y ahora podemos dar cuenta del estado de
madurez al que ha llegado la sociedad española en relación con el terrorismo y la lucha contra el terrorismo, así como en relación con la defensa de las libertades, el reconocimiento de la dignidad que se debe a las víctimas y la manera en que
consideramos y aplicamos en nuestro país la justicia. Son cuestiones relevantes que dan cuenta -como decía- del estado de madurez de nuestra democracia.
Ángeles Pedraza decía que su asociación comenzó porque tres mujeres empezaron a luchar -estaban muy solas entonces- y tuvieron una extraordinaria perseverancia. Nosotros lo hemos visto a lo largo del tiempo. Las víctimas son las que han
perseverado, las que han insistido para que hoy podamos llegar también a este punto y para que haya esta sensibilidad extendida en el conjunto de la sociedad española y que esa sensibilidad pueda cuajar dentro de las grupos y de las fuerzas
políticas. Todo eso se lo debemos a las víctimas, a las asociaciones; muchas veces a las mujeres que se habían quedado solas, a las viudas. Por tanto, yo quiero hacer otra vez un reconocimiento de esa labor e insistir en que nosotros queremos que
la ley sea realmente de las víctimas y, como ha dicho el resto de portavoces, que nuestra voluntad, y por tanto nuestro trabajo, es que la unidad y el consenso con que ha nacido esta ley se puedan mantener a lo largo del tiempo y que lo que empezó
bien termine mejor, no solamente con el consenso de los grupos, sino con un consenso social ampliado con las asociaciones de víctimas.
La señora PRESIDENTA: Por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: En primer lugar, quiero agradecerles de corazón que estén aquí, que hayan venido y que hayan aceptado esta invitación de los representantes temporales de los ciudadanos. Ustedes son los permanentes, los ciudadanos
son los permanentes, esta es su casa permanente. Nosotros estamos aquí con una limitación temporal. Hoy no es un día cualquiera en esta Comisión, porque aquí vienen comparecientes como en todas las comisiones del Congreso, pero no comparecientes
como ustedes, que tienen tanta historia y tanta experiencia y que nos pueden aportar tanto como ustedes. Alguien se preguntaba retóricamente si nos ha servido, y yo les digo que por supuesto nos ha servido lo que
ustedes nos han dicho a todos los efectos y que van a ser de utilidad los documentos y las aportaciones que nos han hecho y ninguno va a caer en saco roto.
Pero déjenme también que haga un par de reflexiones muy breves. La primera es que las leyes tienen limitaciones, no lo pueden hacer todo. De ahí que me haya parecido muy acertada la reflexión de la presidenta de la Fundación de Víctimas.
Sabemos que una ley alcanza lo que puede alcanzar.
Decía mi compañero Txiki Benegas que las leyes no recogen el cariño y el afecto que permanentemente y en todas las circunstancias debemos mantener hacia las víctimas de la violencia. Consideren en
esta ley también ese afecto, ese cariño y ese abrazo, pero habrá cosas que no podremos reparar, que esta ley no podrá solucionar. Quedan muy lejos los tiempos de los que hablaba la presidenta de la AVT en que a las víctimas se las trataba de otra
forma. Permítanme que les haga una brevísima evocación de una figura que en esta misma Comisión y hace unos años escuché a mi compañero Ramón Jáuregui respecto a ese pasado en el que las víctimas eran tratadas de otra forma, aquella víctimas ante
las que, cuando los cortejos desfilaban por los municipios, las persianas se bajaban y las puertas se cerraban, aquellas víctimas que eran arrojadas a los lagos y las ondas, esas ondas que creaban las víctimas en su entorno, cada vez se iban
difuminando más en el lago, su recuerdo o su reconocimiento cada vez iba siendo menor. Aquello ha quedado muy lejano, ahora todo eso lo hemos sacado del fondo del lago y nuestro reconocimiento, el reconocimiento de todos los partidos políticos
hacia las víctimas, hacia el papel que deben jugar en la sociedad política -la política es parte indisoluble de la sociedad-, es fundamental, honesto y sincero. Esta es una prueba de esa sinceridad. La unidad con la que hemos trabajado esta
proposición, que por supuesto es perfeccionable y ustedes nos lo han demostrado, es también la unidad que no estamos dispuestos a romper. Se lo puedo asegurar. Ustedes lo han puesto de manifiesto, porque todos somos conscientes de que no siempre
ha existido esa unidad, pero todos somos conscientes también de que esos no eran buenos momentos, que estos son mejores momentos en la unidad y, por tanto, también en la lucha hasta la derrota del terrorismo. En eso estamos todos, absolutamente
todos.
Llévense este mensaje de sus representantes temporales, de los representantes de los ciudadanos, de los que en este momento ostentan la soberanía de los ciudadanos. Este es nuestro objetivo, el primero, resarcirles a ustedes, a sus
familiares, a los abuelos, a los hermanos, a los hijos y a los padres, reconocerles el papel que han desarrollado a lo largo de estos años, hacer una ley jurídicamente casi perfecta, si es que eso es posible en un parlamento, y sobre todo derrotar
al terrorismo. Les puedo asegurar que esos son nuestros objetivos. De nuevo les agradezco el trabajo que han hecho. Sus comparecencias quedan en el 'Diario de Sesiones', pero les aseguro que también quedan en nuestra cabeza y en nuestros
corazones. Muchas gracias a todos.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que los documentos que nos han entregado por escrito los tienen ya los portavoces y además tenemos recogido en el acta todo lo que aquí se ha comentado. Como no ha habido preguntas expresas o cuestiones
planteadas, porque esto tendrá que seguir en otro ámbito, si alguno de ustedes quiere hacer alguna aclaración o intervención tienen la palabra. Si no, terminaríamos en este momento con esta parte de las comparecencias. (Pausa.)
Muchas gracias de nuevo. Creo que ha sido para todos importantísimo oírles. Seguiremos en contacto. Suspendemos la sesión un momento.
(Pausa.)
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M (DOMÍNGUEZ HERGUEDAS). (Número de expediente 219/000630.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FUNDACION POR LA FORMACIÓN, ESTUDIOS Y CONVIVENCIA PROFESOR MANUEL BROSETA (CARBONELL SERRANO). (Número de expediente 219/000631.)
- DEL SEÑOR COPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD (GIMÉNEZ LARRAZ).
(Número de expediente 219/000632.)
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO (BLANCO GARRIDO). (Número de expediente 219/000633.)
- DEL SEÑOR DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL (DE LA LAMA LAMAMIÉ DE CLAIRAC). (Número de expediente 219/000634.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTONÓMICAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (VIDAL ORTIZ). (Número de expediente 219/000635.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar el orden del día de esta sesión con la comparecencia de las personas que están con nosotros en la mesa.
Quería también agradecerles a todos ustedes, igual que al resto de las personas que nos han
acompañado hasta ahora, haber querido venir a comparecer a esta Comisión. Pueden hablar durante diez, quince minutos o el tiempo que estimen oportuno, y completamos así todas las intervenciones que teníamos previstas esta mañana. Les agradezco
mucho su presencia aquí que, como ven, está siendo importante para todos los miembros de la Comisión.
Tiene la palabra la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M (Domínguez Herguedas): Queremos, en primer lugar, manifestar nuestro reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo de los grupos políticos por su capacidad para limar
discrepancias y adoptar posturas comunes y unánimes en un tema con tanta trascendencia como es la protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo en España. Desde el punto de vista de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, las
valoraciones, objetivos y espíritu de la ley son excelentes, si bien nos preocupa la efectiva ejecución de la norma y el cumplimiento de estos objetivos de asegurar memoria, dignidad, justicia y verdad, sobre todo, lo concerniente a esto último.
El pasado 6 de abril se hizo llegar al Ministerio del Interior, por tercera vez, la petición de documentación referente a la querella interpuesta por nuestra asociación contra un mando policial y su perito, por omisión del deber de perseguir
delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio. Queremos recordar que lo que se pide al Ministerio del Interior es un documento, ya anexo a otros sumarios judiciales, que está publicado en Internet y cualquiera de ustedes puede
tener acceso al mismo, al que se niega aduciendo el carácter secreto de esta documentación, que no es otra que el protocolo de actuación de los Tedax. Posteriormente, el 2 de junio, hemos entregado a todos los portavoces de los grupos
parlamentarios esta misiva, esta carta en la que pedimos ayuda para que no estemos solos en nuestra lucha en el esclarecimiento de la verdad y, al día de hoy, solamente el Grupo Parlamentario de Convergència de Unió nos ha hecho un acuse de recibo.
Todavía estamos esperando que nos contesten y que nos apoyen en nuestra lucha. Si alguno de ustedes no la tiene en su poder en prensa la pueden ustedes obtener. En definitiva, quiero decir con esto que no hemos obtenido respuesta alguna a esta
solicitud, con lo que los mencionados respeto a la justicia y contribución al conocimiento de la verdad, a los que se hace alusión en la exposición de motivos de esta ley que hoy nos reúne, no han tenido un reflejo práctico en este caso. Más allá
de la exposición de motivos no hemos encontrado en el articulado ningún precepto que dé cumplimiento al objetivo de contribuir al conocimiento de la verdad. Es más, se atribuye al Ministerio del Interior la obligación de mantener los adecuados
cauces de información, apoyo y participación, aspecto, ante la negativa del ministerio encabezado por don Alfredo Pérez Rubalcaba de ofrecer esta información al Juzgado número 43, que no se ha cumplido en absoluto. Por lo que la Asociación de Ayuda
al 11-M sigue esperando, con el consiguiente desgaste económico, emocional y moral.
Lamentamos que esta ley solamente sirva como coartada moral e instrumento político y que resulte vacía de contenido y protección real para las víctimas del terrible
atentado del 11 de marzo de 2004 en su búsqueda de la verdad y la depuración de todas y cada una de las responsabilidades.
Estoy a su entera disposición. Si alguno no tiene la carta, se la podemos facilitar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra don Vicente Carbonell Serrano, presidente de la Fundación por la Formación, Estudios y Convivencia, profesor Manuel Broseta.
El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN POR LA FORMACIÓN, ESTUDIOS Y CONVIVENCIA, PROFESOR MANUEL BROSETA (Carbonell Serrano): Quisiera comenzar mi intervención dejando constancia del agradecimiento de la fundación que represento a la Comisión
de Interior por habernos ofrecido la posibilidad de comparecer en este acto. También mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a los señores diputados por haber conseguido preparar un texto con vocación de globalidad y que es asumido por
todas las fuerzas políticas. Para los ciudadanos, para eso que se ha dado en llamar la sociedad civil, es un éxito de la convivencia democrática y un exponente del sentido de responsabilidad de nuestros políticos que en materias tan sensibles como
las que constituyen el objeto de la proposición de ley haya sido posible redactar una norma tan trascendente y tan solidaria con el acuerdo de todo el arco parlamentario.
La fundación que represento, la Fundación Broseta, se constituyó en 1992, muy poco después del asesinato del profesor. Su patronato está integrado por entidades públicas, asociaciones empresariales, colegios profesionales y diversas
entidades. Su finalidad es mantener vivo el recuerdo del profesor y promover los valores que orientaron su trayectoria política: libertad, justicia, igualdad, pluralismo, diálogo y convivencia democrática. Nuestra fundación se integra en el
patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que con tanto acierto y sensibilidad preside Maite Pagazaurtundúa y colabora en la medida de sus posibilidades, y en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en las actividades y proyectos de dicha
fundación. La vocación universitaria en nuestra fundación no nos aleja de las diversas asociaciones de víctimas ni de otras fundaciones que realizan meritoriamente una labor más directa y asistencial respecto de las víctimas. Por el contrario,
mantenemos un continuado contacto con todas ellas y en nuestro ámbito de actuación tratamos de ser un altavoz de sus preocupaciones, proyectos y reivindicaciones. La proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del
terrorismo evidencia que se ha realizado un trabajo continuado, que se ha recogido una larga y triste experiencia en la materia, que se ha escuchado a todas las entidades y asociaciones y que, con todas estas aportaciones, se ha articulado un texto
del que cabe felicitarse sin perjuicio de las mejoras técnicas de que sea susceptible.
Del amplio contenido de la ley, y dadas las características de la fundación a la que represento, me gustaría destacar algunos aspectos que me parecen
especialmente relevantes.
La exposición de motivos acierta plenamente, a mi juicio, cuando destaca cómo el recuerdo a las víctimas no es solo un acto de justicia que mira hacia el pasado
sino que es también un instrumento civilizador, de educación en valores y una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Acierta también a nuestro juicio cuando considera las actividades
terroristas como auténticas violaciones de los derechos humanos, denunciando cómo el terrorismo supone la cosificación de las personas a las que se pretende privar de su humanidad. Son consideraciones que entroncan con la declaración contenida en
el artículo 10 de nuestra Constitución. Nos parece especialmente relevante la previsión del artículo 11.3 de garantizar a todas las víctimas la información necesaria para poder hacer efectivos los derechos que la ley les reconoce. También nos
parece un acierto la previsión del artículo 29 al establecer un único órgano administrativo, es decir, un único interlocutor de la Administración con las víctimas. Todo el capítulo relativo al tratamiento informativo de la materia terrorista
también merece nuestro elogio. El título VIII, dedicado a la tutela institucional y apoyo a las víctimas, nos parece muy destacable en la medida en que prohíbe que puedan existir en lugares públicos monumentos que traten de conmemorar o enaltecer a
los terroristas y establece el compromiso efectivo de las administraciones públicas para hacer efectiva tal prohibición. Por último, es justo el reconocimiento que se hace a las asociaciones de víctimas que tanto han luchado en diversos momentos
por el reconocimiento que en este texto se consagra. Las leyes, como es obvio, no transforman la realidad. El terrorismo es un fenómeno casi universal que arraiga en culturas que desconocen la dignidad de la persona y que consideran al adversario
político como un enemigo al que destruir. José Antonio Marina ha escrito, con acierto, que para educar a un niño o a un joven hace falta toda la tribu. En la lucha contra el terrorismo estamos implicados todos los ciudadanos, cada uno en el ámbito
de su responsabilidad -las familias, los educadores, los docentes, los medios de comunicación- y no solo a través de los mensajes que transmitimos sino también, y sobre todo, a través del ejemplo que con nuestros modos de comportamiento ofrecemos a
nuestros ciudadanos. El Congreso de los Diputados está realizando una tarea buena preparando este texto; constituye un hito en la protección de las víctimas. Para que dicha protección sea completa, para que el fenómeno terrorista pueda ser
erradicado, seguirá haciendo falta el compromiso de todos, no solo de los políticos, no solo de los legisladores, sino el de la sociedad en su conjunto. Las asociaciones -y también mi fundación- seguiremos trabajando en esta dirección. Nuestra
felicitación a los diputados por su trabajo y mi agradecimiento por haberme escuchado ahora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carbonell.
Tiene la palabra ahora don Manuel Giménez Larraz, copresidente de la Fundación Giménez Abad.
El señor COPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD (Giménez Larraz): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, representantes de las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, he sido invitado a intervenir en esta Comisión en calidad de copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad de estudios parlamentarios y
del Estado autonómico, constituida en honor del senador y presidente del PP de Aragón que fue asesinado por la banda terrorista ETA en Zaragoza el 6 de mayo de 2001. Pero dada la naturaleza de los asuntos abordados por la Fundación Manuel Giménez
Abad y su objeto fundacional, me van a permitir que comparezca y me exprese fundamentalmente como hijo de una víctima del terrorismo, sin que me pueda arrogar en absoluto ningún tipo de representatividad; represento con mis opiniones tan solo a una
familia. Más allá de las cuestiones concretas que se recogen en el articulado de la proposición de ley que hoy es objeto de análisis y que he recibido en su práctica totalidad con agradecimiento y satisfacción, especialmente la retroactividad de la
aplicación de esta ley a todas las acciones terroristas realizadas desde 1960, porque creo que habría resultado éticamente inaceptable lo que significaba de hecho diferenciar el tratamiento legal a las víctimas de los actos terroristas por la
coyuntura política en la que estos se hubieran producido. Una vida es una vida y cercenarla cobardemente es repugnante con independencia del régimen político existente, y así debe ser reconocido.
Más allá de estos aspectos concretos me van a permitir que me refiera a las cuestiones generales que alimentan el espíritu de esta norma. La proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se
construye acertadamente sobre cuatro principios fundamentales que son los que cimientan la parte dispositiva de esta norma: la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad. La proposición aborda estos principios de forma admirable habiendo sabido
captar, en mi opinión, la sensibilidad de quienes han sufrido las consecuencias de un atentado terrorista. No obstante, debemos ser conscientes de que la mera plasmación de estos principios en un texto normativo no provoca que se transmitan
automáticamente a la sociedad. En esta tarea es indispensable la voluntad de algunos de los agentes que se sitúan entre los poderes públicos y los ciudadanos. Es indispensable la participación de los partidos políticos y de los medios de
comunicación, y no creo que sea un compromiso inasumible para aquellos partidos y medios que defienden los principios democráticos. Porque las listas negras de los terroristas se componen de la gente que representa lo que más detestan los asesinos,
aquellas personas que encarnan los valores democráticos de nuestra sociedad: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el pluralismo político. Todos los valores que sustentan nuestra democracia llevan en nuestro país los nombres de
los más de mil asesinados en toda España. La consolidación de nuestra democracia
no hubiera sido posible sin el fútil sacrificio de las víctimas, sin la dedicación y esfuerzo desmedido de policías, de militares, de guardias civiles, de periodistas, empresarios, políticos, y por eso merecen que la defensa de su memoria y
su dignidad forme parte del núcleo esencial de las convicciones de quienes defienden la democracia. De especial relevancia es por tanto el papel que han de desempeñar partidos políticos y medios de comunicación en la preservación de la memoria
pública de las víctimas y en la defensa de su dignidad y en la de sus familiares, porque no siempre ha sido así. Cuando hablo de memoria pública quiero enfatizar sobre todo lo del carácter público porque, además del golpe íntimo y privado que
supone, el asesinato de un familiar no hace sino comprometer públicamente a quienes lo han sufrido. El dolor es privado, se sufre día a día. Yo lucho a diario por no olvidar la cara de mi padre o sus gestos o su sonrisa y lucharé con denuedo por
que mis hijos, cuando los tenga, sepan por qué no pudieron conocer a su abuelo; lucho por que mi familia esté bien. Pero además de ese dolor privado, diario, de ese dolor que es oculto, existe un compromiso evidente por que su memoria pública no
se pierda y sea respetada.
En recuerdo de mi padre se constituyó la Fundación Manuel Giménez Abad. En ella participan como patronos todos los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón así como las principales cajas de ahorros de Aragón y el
ayuntamiento de Jaca. Pero déjenme incidir especialmente en la presencia de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, porque desgraciadamente eso no hubiese sido posible en otras comunidades autónomas. Ser familiar de un víctima del
terrorismo es terrible, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar, pero aún lo es más en aquellas regiones en las que tienen voz quienes justifican los asesinatos y quienes, pese a no justificarlos e incluso condenarlos, en ocasiones
parecieron no considerarlos actos de la suficiente entidad como para posponer la consecución de sus objetivos coincidentes. Al dolor de perder a alguien se une la incomprensión y la rabia que produce la incomprensión de quienes no entienden que una
sola vida está muy por encima de cualquier idea. Los asesinatos de ETA son por esencia públicos, de ahí la importancia y la necesidad que sentimos los familiares de las víctimas de preservar su memoria en ese mismo ámbito, en el ámbito público.
Tampoco debemos omitir el carácter político de esos crímenes.
Las víctimas de ETA son víctimas de atentados políticos, por eso no he logrado entender nunca lo que se encierra tras la despectiva frase: La politización de las víctimas, que se
pronuncia constantemente desde muy diversos ámbitos y que, en mi opinión, menoscaba gravemente su dignidad.
¿Acaso podrían los familiares de las víctimas no estar politizados? Todo lo que rodea a un asesinato de ETA es político. El asesinato de mi padre se produjo fundamentalmente porque representaba unos principios, unas ideas y unos valores
bajo las siglas de un partido político, también el de Tomás Caballero, el de Ernest Lluch, el de Manuel Broseta, el de Enrique Casas, el de Isaías Carrasco y el de cientos y cientos de asesinados por ETA. Sin embargo, pretenden que olvidemos esa
circunstancia y quedemos al margen de cualquier debate político; pretenden que nos abstraigamos de las ideas por las que murieron nuestros familiares, pretenden que no estemos politizados. Eso no es algo que se nos pueda pedir sencillamente porque
no es posible. Los familiares de las víctimas del terrorismo tenemos generalmente un acentuado compromiso político que se traduce en la defensa de los valores democráticos por los que fueron asesinados. No podemos no estar politizados porque
creeríamos estar traicionando su memoria. Recuerdo bien el asesinato de Isaías Carrasco. Cuando has sufrido las consecuencias de un atentado, lo recuerdas todo sobre los que se producen después, y aquí muchos lo sabréis bien. Su asesinato se
produjo durante la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008, y su hija leyó un apasionado comunicado. Se puede estar más o menos de acuerdo con lo que ella dijo, como con lo que dice cualquier víctima, pero lo que creo que se nos debía
exigir entonces a todos los españoles era comprensión y respeto hacia una adolescente que acababa de perder a su padre en un pueblo del País Vasco y que expresaba su dolor de la forma que buenamente podía. Pues bien, no creo que fuese exactamente
comprensión y respeto lo que recibió de algunos partidos y de algunos medios de comunicación. Del mismo modo, en abril de 2007 se celebró una manifestación en Madrid en respuesta a la puesta en libertad de De Juana Chaos como consecuencia directa
de la huelga de hambre que él mismo había decidido emprender. Decenas de miles de ciudadanos se concentraron en Madrid contra lo que creyeron un acto de cesión y de debilidad que el Estado no se podía permitir. Medios y partidos de ideología
opuesta al ejemplo anterior las descalificaron duramente y acusaron a algunas asociaciones de víctimas de estar politizadas. Lógico, ¿cómo no iban a estar politizadas las familias de las víctimas de De Juana Chaos ante tales circunstancias? Bajo
la frase las víctimas están politizadas se asfixia la expresión pública del dolor de esas familias y ya he dicho que esa expresión pública es necesaria.
Bajo esa frase se crean víctimas de un lado y víctimas de otro, asociaciones de un lado y
asociaciones de otro, se menoscaba su dignidad y se provocan fisuras infames en la unidad de aquellos que creen en la democracia y en sus principios. Pero hay algo que los une definitivamente: el dolor provocado por los terroristas, el inmenso
sacrificio de su familiar asesinado y la exigencia de dignidad y memoria pública. Pocos han ofrecido tanto por la preservación de nuestra democracia, pocos han prestado un servicio tan gravoso para la pervivencia de nuestro Estado de derecho y solo
por eso merecen el respeto y la comprensión de todos.
Por ello, si bien la proposición de ley pretende arbitrar mecanismos con los que se salvaguarden la memoria y la dignidad de las víctimas, es fundamental el compromiso de los partidos políticos y de los medios de comunicación
ante semejante tarea. Los textos normativos no son nada sin el espíritu que los llena, sin que se basen en convicciones reales. Se lo debemos a quienes arriesgan a diario sus vidas, pero se lo debemos fundamentalmente a los cientos de
víctimas asesinadas cobardemente por defender esos valores que están en el núcleo esencial de nuestra democracia, a aquellos que se levantaron un día sin saber que habían sido sentenciados a muerte, a los que desatendieron el peligro al que se
exponían cegados por su vocación de servicio público. Les robaron la vida y les impidieron disfrutar de más amaneceres en la montaña y atardeceres en el mar, de las bodas de sus hijos, del nacimiento de sus nietos y de envejecer junto a sus
parejas. Se lo debemos a todos ellos. Valoro muy positivamente esta propuesta de ley. Desearía que se aprobara con el voto favorable de todos los grupos políticos representados en esta Cámara, así demostraremos a quienes un 6 de mayo pretendieron
extirpar el compromiso de mi padre así como del resto de víctimas del terrorismo con nuestra democracia que el mensaje ha calado ya profundamente no solo en sus familias, sino en toda la sociedad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Giménez.
Tiene la palabra doña Mar Blanco Garrido, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.
La señora PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO (Blanco Garrido): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del patronato de la Fundación Miguel Ángel Blanco quiero agradecerles su invitación a participar en estas comparecencias que están teniendo lugar en la Comisión de Interior para aportar en este tiempo que nos concede
nuestra opinión y sugerencias a la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. A este respecto, y dado que la Fundación Miguel Ángel Blanco, que me honro en presidir, no es una organización asistencial,
sino cultural en el sentido más amplio y profundo de la palabra, queremos aportar unas reflexiones generales y unas propuestas concretas que creemos necesarias para mejorar este proyecto. El objetivo principal de la Fundación Miguel Ángel Blanco es
mantener viva la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo, pero también recordar lo mejor de la experiencia de aquellos días de julio del año 1997, que marcaron nuestra percepción sobre el terrorismo y sobre sus víctimas y que
millones de españoles todavía recuerdan; es defender las mejores estrategias en la lucha contra el terrorismo derivadas del Pacto por las libertades y contra el terrorismo y la dignificación de las víctimas como principios fundamentales en el
objetivo de la derrota de ETA y de todo terrorismo. El camino ha sido largo y difícil, o muy difícil, hasta llegar aquí. Las víctimas del terrorismo españolas somos un referente político y ético en España y también fuera de España, y hemos
motivado con nuestro trabajo al legislador para adaptar el corpus legal a las reclamaciones que las víctimas hemos ido contrastando con la realidad de la situación personal, social y política de nuestro colectivo.
El compromiso político de una nueva ley de víctimas, que vendría a sustituir íntegramente a la profusa legislación anterior, se formuló en la segunda parte de la anterior legislatura. Este propósito, que se ha fraguado lentamente y con
opacidad, llega a su recta final. Reconocemos los avances innegables que plantea y nos proponemos realizar algunas aportaciones que nos parece pueden mejorar este texto legal. Son las siguientes. La primera aportación que queremos hacer desde la
fundación es que, a nuestro entender, no puede existir una buena ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que no recoja entre sus objetivos el compromiso de los firmantes por derrotar al terrorismo, a todo
terrorismo. Los principios de memoria, verdad y justicia que el proyecto recoge con acierto son incompatibles con las estrategias de entendimiento, cesión, diálogo y negociación, incluyendo en este supuesto el pago de rescates por parte del Estado
a los terroristas. Tras cincuenta años de sufrimiento terrorista y numerosas desviaciones, hemos aprendido que la política antiterrorista más eficaz para acabar con el terrorismo es la que se basa en la aplicación de la ley -toda la ley y siempre
la ley-, la unidad de acción nacional e internacional y la dignificación de las víctimas del terrorismo. Por tanto, solicitamos que se incluya en la exposición de motivos la necesidad de la unidad política en torno a los principios y estrategias
derivados del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Les puedo confirmar que esta cuestión causaría mucho bienestar a las víctimas del terrorismo. Otra aportación que queremos realizar es que es un paso adelante incluir en el proyecto la
importancia del significado político de las víctimas y su valor como referentes sociales, siempre y cuanto esto sea entendido como la imposibilidad de aceptar no solo los medios, sino también los fines por los que el terrorismo dice que mata, y que
en el caso de ETA sigue teniendo plena vigencia. El terrorismo es un fenómeno criminal totalitario y las víctimas encarnamos lo mejor del sistema de libertades con el que nos hemos dotado en procesos legislativos sucesivos basados en la vigencia de
la Constitución y en la voluntad popular. El terrorismo pretende acabar con nuestro sistema democrático y, por lo tanto, sus medios; pero también sus fines son incompatibles con el Estado de derecho. Cada una de las víctimas del terrorismo
representa esta imposibilidad, cada una de las víctimas del terrorismo somos, representamos, la pluralidad, la normalidad democrática, la libertad ideológica y los mejores valores democráticos contra los que el terrorismo desarrolla su campaña
criminal. La exposición de la ley incluye este concepto, pero insuficientemente a nuestro entender, porque la importancia del significado político de las víctimas exige definir este concepto que tributa el más alto honor que las víctimas podemos
ostentar, que no es otro que el de
haber respondido siempre al terror con civismo, compromiso social y defensa de la ley y representar los principios y valores de una España constitucionalista. Otra aportación es que creemos que es incompleta, confusa y puede estar sujeta a
malas interpretaciones la afirmación que recoge la exposición de motivos y que textualmente dice: La ley asume igualmente una idea relativamente novedosa que impregna todo su articulado, y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas
de violaciones de derechos humanos. Esta afirmación hace que en la fundación nos preguntemos qué éramos las víctimas del terrorismo anteriormente a esta proposición de ley. Dado el trabajo que la Fundación Miguel Ángel Blanco viene desarrollando
en el ámbito internacional, y específicamente ante las instancias de derechos humanos, interpretamos que lo que se ha querido decir con esta afirmación es que la concepción del terrorismo avanza hacia su definición como crimen internacional y que
imparablemente las organizaciones terroristas son constatadas como vulneradoras de derechos humanos. Pensamos que esta idea importante, que además tiene que ver con los avances victomológicos internacionales en la atención y dignificación de las
víctimas del delito, también del terrorismo, debe ser explicada mejor en coherencia con los propios avances de nuestra legislación. Además, creemos que habría que añadir a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, porque el
terrorismo no es una violación cualquiera de los derechos humanos. Nos parece también un avance significativo del proyecto de ley el reconocimiento de los amenazados, los miles de ciudadanos y sus familias que ven mermada su libertad y su seguridad
por defender la pluralidad democrática y su libertad de conciencia y opción política. Muchas de las víctimas del terrorismo que han resultado asesinadas o heridas tras un atentado han sido antes amenazadas, perseguidas, excluidas, estigmatizadas,
especialmente en el País Vasco y Navarra. La articulación de las medidas de protección que se indican nos parecen insuficientes y pedimos una mayor concreción, tal como recoge la Ley vasca de víctimas del terrorismo que es la que, a nuestro
entender, más ha desarrollado los derechos de los amenazados respecto a daños materiales, daños en la vivienda, alojamiento provisional y también atención psicológica. Otra aportación que debemos hacer, aunque el proyecto indica la conveniencia de
integrar los testimonios de las víctimas en el sistema educativo español, es proponer dar un paso más y conseguir que el Ministerio de Educación realice la adecuación curricular necesaria para que los testimonios éticos de las víctimas del
terrorismo formen parte, por ejemplo, de la asignatura de educación para la ciudadanía y de las materias relacionadas con temas de ética e historia española.
Es urgente y necesario desarrollar los derechos de las víctimas del terrorismo en el ámbito de las investigaciones policiales y judiciales y queremos añadir también penitenciarias, porque toda víctima del terrorismo debe tener derecho a
conocer la situación de la investigación que le convirtió en víctima y a que esta información esté actualizada, sea completa y ofrecida por expertos en victimología que hagan inteligible la información. Los derechos judiciales de las víctimas
tienen un gran déficit y la ley plantea su solución. Esperamos que en el Poder Ejecutivo y en el Judicial se tome ese tema en serio de una vez por todas. Proponemos que se incluya el derecho a la información penitenciaria de las víctimas del
terrorismo. Las víctimas no pueden seguir enterándose por la prensa de la situación carcelaria de los asesinos de sus familiares y, peor todavía, de que los crímenes cometidos han prescrito sin que el Estado haya hecho nada para impedirlo.
Solicitamos también la creación de una comisión interdepartamental en la que tengan cabida las asociaciones y fundaciones de víctimas, que dé cuenta de la política penitenciaria y supervise la obligatoriedad de los requerimientos objetivos para la
aplicación de las medidas de reinserción. El objetivo prioritario de las víctimas -que no se olvide- es que se haga realidad su derecho efectivo a la justicia, lo que incluye conocer los hechos y las circunstancias de su victimización, que es la
verdad, los responsables de los mismos y su persecución penal, evitando la prescripción de los crímenes cometidos, justicia.
Para finalizar mi intervención, me gustaría añadir como crítica constructiva que en todo el proceso de gestación del proyecto hemos detectado improvisación, falta de información y premura, sobre todo en esta recta final. Creemos que la
importancia del tema requiere sosiego, claridad, reflexión y consenso y apelamos a que se evite la sensación de que esta ley es un premio a las víctimas que tape cualquier concesión a los terroristas, porque las víctimas esperamos que la futura ley
no sea el final de algo sino el principio de un todo que beneficie a las víctimas del terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora don Jesús de la Lama, director gerente de la Fundación Alberto Jiménez Becerril.
El señor DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL (De la Lama Lamamié de Clairac): Señorías, mis primeras palabras no pueden ser otras que las de felicitación y agradecimiento. De felicitación por la demostración
inequívoca de unidad de todos los demócratas expresada en el carácter unitario de esta iniciativa parlamentaria suscrita por la totalidad de los grupos políticos representados en la Cámara. Unidad de los demócratas que se ha hecho evidente también
entre las víctimas, porque el amplio colectivo de las víctimas, que no es uniforme y que está profundamente ideologizado -no en vano los asesinos, más allá de la barbarie indiscriminada, han elegido a sus víctimas en muchas ocasiones entre las
personas más concienciadas y comprometidas de la sociedad-, representa, al igual que esta Cámara, la riqueza de la diversidad social, política e ideológica. Las víctimas, señorías, ahora más que nunca, desde su pluralidad, se muestran unidas,
independientemente
de matices, siempre legítimos, y con bases muy claras de actuación común: aislamiento social y político del terrorismo, lucha sin cuartel a las bandas terroristas y a sus entornos con todos los medios al alcance del Estado de derecho, y
especialmente rechazo a cualquier tipo de negociación con los terroristas. Con esta proposición, por tanto, se nos está ofreciendo desde la máxima representación de la ciudadanía de nuestro país un incuestionable respaldo a nuestra actuación.
Mis palabras, señorías, deben y quieren ser también palabras de agradecimiento por hacernos partícipes, con estas comparecencias, del que será el resultado final de esta esperada e importante ley. Participación que, como SS.SS. pueden ver,
da como resultado el amplio abanico de propuestas y sugerencias, de mejoras del proyecto ahora elaborado que se les están exponiendo cuya práctica totalidad asumimos desde la Fundación Alberto Jiménez Becerril. También agradecimiento al trabajo
diario de las personas convencidas de que solo desde el consenso y la unidad será posible el aislamiento del terrorismo y su derrota, personas que han trabajado incansablemente para ponernos de acuerdo sobre estas bases comunes representadas por el
equipo de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y, cómo no, señorías, ustedes mismos. Los años pasan, pero los deseos de justicia y de libertad siguen intactos, igual que
el dolor. No hay más paz que la que nace de la justicia y no hay otra libertad que la que nace de la verdad. Con estas palabras expresaba Teresa Jiménez Becerril el profundo convencimiento de que nuestra mejor arma contra el terror sigue siendo el
ejercicio diario y sin condiciones de la libertad.
No cabe duda de que tanto la banda asesina ETA como cualquier otra execrable expresión de fundamentalismo e intolerancia, venga de donde venga, pueden seguir amenazando nuestra convivencia pacífica
y libre, y así lo debemos saber, pero es de esperar y desear que ya nunca nos roben la verdad de la razón ni el valor de la unidad en su defensa. Deseamos por ello, señorías, mostrar nuestra absoluta complicidad e identificación con lo contenido en
el texto de esta proposición de ley, más allá de algunas consideraciones particulares como las que hasta ahora mismo se han expresado y de las que yo también les transmitiré, cinco o seis en concreto, que bien podrían contemplarse en la redacción
definitiva del articulado o bien en su posterior desarrollo reglamentario si así lo consideran sus señorías.
Comenzando con el título IV, capítulo IV, para evitar también reiteraciones con muchas de las propuestas ya planteadas, podría ser procedente incluir respecto a las actuaciones en materia de vivienda contempladas en el artículo 37, las
ayudas públicas para afrontar las adaptaciones necesarias en las viviendas de aquellas víctimas que así lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas. En este mismo título IV, en el capítu- lo V, en relación con las ayudas
educativas a las que se hace mención en los artículos 38 a 40, hemos de tener en cuenta que se trata de uno de los aspectos fundamentales en la consecución de la normalización social de las víctimas y por ello creemos necesario tratarlas con la
máxima generosidad haciendo extensiva a todas las actuaciones educativas contempladas en el texto, no solo a los niveles reglados en el sistema educativo, primario, secundario y superior, sino también a aquellos estudios de posgrado necesarios para
la real incorporación de los afectados a un mercado de trabajo cada vez más competitivo y exigente. En el título V, capítulo I, respecto a los principios rectores y derechos de las víctimas del terrorismo ante los tribunales de justicia españoles,
contemplados en los artículos 48 a 50, sería deseable desde nuestro punto de vista concretar facilidades para la actuación de las víctimas de forma individual o a través de las asociaciones y fundaciones ante la justicia cuando se constituyan en
acusación particular o popular en los sumarios abiertos contra terroristas, por ejemplo eximiéndolas de la constitución de avales para su personación en los citados sumarios. En cuanto al título VI, el apartado contemplado en el artículo 57 sobre
el fomento de la educación para la libertad, la democracia y la paz, tiene para nosotros capital importancia, puesto que pensamos que debería resultar rentable invertir una cierta cantidad de esfuerzo social institucional en la formación contra la
violencia, en información, concienciación y reforzamiento ético de los ciudadanos en general, pero en especial de nuestros jóvenes. La violencia en cualquiera de sus múltiples manifestaciones es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. A
sus formas tradicionales de expresión se añaden constantemente otras nuevas que se introducen en nuestro contexto social a través del consumo masivo del espectáculo de la violencia, de informativos, telefilmes o videojuegos. Este es un signo de
nuestro tiempo y uno de los fenómenos que mayor desorientación están produciendo en nuestros días. De lo que no cabe duda es de la extraordinaria importancia del factor educativo, una población informada, concienciada y con los correctos
fundamentos éticos tiene mejores posibilidades de enfrentarse eficazmente a la violencia.
Igualmente es preciso preguntarse en torno al fenómeno del terrorismo, tanto en sus nuevas como en sus tradicionales formas, cómo podemos combatirlo, cómo podemos poner de manifiesto el daño que hace en una sociedad moderna, estructurada,
como decía, especialmente entre nuestros jóvenes y, por ende, qué valores hemos de poner en positivo, qué referencias hemos de tomar, haciendo especial hincapié en el terrorismo de ETA y en el incipiente terrorismo fundamentalista de carácter
transfronterizo. Dicho esfuerzo nos corresponde a todos, al sistema educativo, a las instituciones políticas, a la sociedad y a las víctimas.
La educación constituye la herramienta básica, pero no es menos cierto que existe una considerable
desorientación en cuanto a la metodología a emplear y que los principales responsables de este esfuerzo se encuentran ya a menudo perplejos o profundamente desengañados. Por ello mismo cabe pensar que para ellos cualquier ayuda en este cometido
sería bienvenida. Se trata, desde nuestro punto de vista, de crear entre los jóvenes una conciencia clara contra los comportamientos violentos, así como una actitud comprometida en la lucha contra ellos mediante la difusión de nociones
claras acerca de todos los elementos que tienen como eje de desarrollo la violencia y al mismo tiempo proporcionarles pautas de conducta para contribuir a su erradicación en los entornos inmediatos.
En definitiva, se trata de fomentar en ellos una
conciencia e incluso una militancia activa contra la violencia de cualquier tipo -y por qué no-, dotando de estos contenidos a la asignatura educación en la ciudadanía.
En cuanto al título VII, capítulo II, lo contemplado en los artículos 62 y 63 referidos a asociaciones y fundaciones podría incluirse su declaración de utilidad pública, así como que las mismas sean beneficiarias de la aplicación de las
máximas facilidades en las normas relativas a patrocinio, mecenazgo y desgravaciones para las aportaciones tanto societarias como individuales, por ejemplo, las contempladas en la declaración de la renta de las personas físicas.
Para finalizar ya, señorías, una cita de Ernst Bloch: Cuando se acerca la salvación crece el peligro. Sin lugar a dudas, señorías, este es el momento que vivimos, el de la esperanza de la salvación, pero igualmente, sin lugar a dudas, esta
y no otra es la respuesta democrática de memoria, dignidad, justicia y verdad que nos permitirá desde la unidad derrotar al terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para finalizar este turno don Joaquín Vidal, presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo y también de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTONÓMICAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Vidal Ortiz): Señoras y señores diputados, es un honor dirigirme a SS.SS. como presidente de
la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo. Evidentemente ocupo también el lugar ahora de presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas. Esta federación, a nuestro entender, ha sido muy positiva porque desde todas las comunidades
hemos conseguido una unión entre todas las víctimas, unas convivencias muy positivas y una ayuda muy importante también dentro de cada comunidad.
Dado que nuestra España se divide en comunidades, esta aportación nuestra de la federación ha sido muy
importante. Como presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, y ello porque tras un camino largo, tortuoso y a veces incluso sangriento , veo cómo el Estado de Derecho, nuestra España democrática, da un reconocimiento merecido y
legítimo a las víctimas de organizaciones terroristas que tan gravemente han intentado acabar con la voz, la libertad y la democracia que todos juntos y unidos conseguimos allá por el año 1978.
El preámbulo de la proposición de ley es lo suficientemente explícito cuando califica la misma como homenaje y señala como base la memoria, dignidad, justicia y verdad en búsqueda de la innegable reparación, no entendida esta como una gracia
estatal más o menos oportunista sino como un derecho. La proposición de ley es un hito histórico fundamentalmente por dos motivos. El primero, por su carácter integral, lo que redundará en un mayor esclarecimiento de la dispersa legislación habida
hasta el momento. Toda esta prolija y abundante legislación dictada al efecto ha conseguido no solamente consolidar las grandes diferencias morales y económicas entre víctimas, sino acrecentarlas aún más, creando víctimas de primera, segunda,
tercera y cuarta clase, y todo ello según la fecha en que sufrieron los atentados, de si ha existido juicio, de la existencia de sentencia o no e incluso, habiéndose dictado sentencia penal, esta en numerosas ocasiones para un mismo supuesto, en un
mismo atentado con varias víctimas y distintos juicios, uno por cada víctima, nos encontramos con indemnizaciones distintas para secuelas iguales. El segundo, porque intenta paliar la desigualdad a la que precisamente esa dispersión legislativa y
jurisprudencial entre otras variantes nos había llevado. Hasta tal punto se ha llevado a la diferenciación de las víctimas que incluso ha causado, sin duda sin intención, una segunda victimización que ha ahondado gravemente el padecimiento.
Esta ley nace con una vocación al menos reparadora de agravios comparativos. No obstante, no todo es tan positivo, adoleciendo este proyecto de ley integral de, por un lado, cierta falta de miras en pro de las víctimas y, por otro, de no
muy generoso. Echamos de menos un documento de identificación de todas las víctimas y a sus causahabientes, se les proveerá de un documento identificativo emitido por el Ministerio del Interior donde se certifique su condición de víctima del
terrorismo, documento intransferible que será válido ante cualquiera de las administraciones públicas para ejercer los derechos que desde ahora la ley les otorgue. Esto simplemente lo puedo decir por experiencia propia.
Uno ha tenido que ir de
despacho en despacho explicando todo lo que sucedió, toda la trayectoria del atentado para al final decir soy víctima del terrorismo. A este documento de identificación deben acceder no solo las víctimas ya declaradas, sino incluso aquellas que,
tras haber padecido amenazas y coacciones de grupos armados terroristas, se hayan visto abocadas a una situación de invalidez temporal o incapacidad. Es imprescindible la asimilación entre acción terrorista y las amenazas y coacciones dirigidas a
funcionarios y civiles que tengan la misma finalidad terrorista y provengan de elementos adeptos a las mismas, y ello, a ser posible, de un modo más claro y contundente que la declaración contenida en el artículo 5 de la presente proposición de ley.
Es cierto que en materia de indemnizaciones la proposición de ley es un hito histórico encaminado a una
mayor igualdad de las víctimas. Ante la desigualdad creada por la legislación anterior según la fecha en que se produjeron los atentados terroristas, sería conveniente que de una vez por todas la ley, que se basa en los principios de
justicia y solidaridad y en la técnica jurídica de carácter excepcional, consiga la inexistencia de diferencias en las pensiones. La cuestión terrorista es de carácter extraordinario y la solución debe serlo igualmente, debe estar basada en los
principios de justicia, igualdad y solidaridad. Existen pensiones ínfimas, y especialmente en el caso de viudas debido a un mismo atentado pueden concurrir viudas con distintos derechos, algo que desde las víctimas entendemos que es injusto e
insolidario. Es necesario por tanto acudir al principio de igualdad, proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Las indemnizaciones obtenidas por las víctimas, y nos referimos a las habidas y a las que puedan existir en un futuro,
deberán ser aumentadas hasta el importe de las máximas concedidas, facultándose a la administración competente a librar la partida presupuestaria correspondiente. En este sentido, se nos antoja necesario hacer especial énfasis en la improcedencia
de la aminoración prevista en la disposición adicional primera de la proposición de ley en cuanto a la suma del importe de ayudas y del pago de las cuantías de responsabilidad civil fijada en sentencia. Efectivamente, parece indicar la ley que las
ayudas recogidas en distintos decretos habidos deberán sumarse a las percibidas, de conformidad con la histórica Ley 32/99, de solidaridad para con las víctimas del terrorismo, y una vez calculado un total, servir este para la recta a la cuantía
señalada en el anexo I, ante lo que de una forma rotunda mostramos nuestra total disconformidad.
Se está de acuerdo con que la Administración tenga un tope en cuanto a la responsabilidad civil, declarada en sentencia o no, pero ese tope lo debe ser en tanto en cuanto se relacione única y exclusivamente con las cuantías reconocidas en la
Ley 32/99, dejando al margen las cuantías abonadas, como ayudas y recogidas en diferentes decretos leyes habidos hasta el momento. Por otro lado, es de vital importancia la derogación de los requisitos temporales para el acceso a las
indemnizaciones. Los plazos fijados en la legislación ordinaria y extraordinaria han conseguido un efecto negativo en la víctimas que, como tales, se encuentran en situación, unas veces física y otras psíquica, de verdadera independencia, lo que
trae consigo el ensimismamiento y soledad de las mismas. Ello ha provocado en numerosos casos el desconocimiento de incluso la propia legislación benefactora de las mismas, y esas víctimas han salido a la luz y han tenido conocimiento de sus
derechos a través del movimiento asociativo, chocando frontalmente con los institutos jurídicos de prescripción y caducidad, que han traído como nefasta consecuencia la conocida segunda victimización. Es imprescindible la derogación de los periodos
estipulados legalmente para el acceso a las indemnizaciones con reconocido acceso a las mismas en cualquier momento demostrando la cualidad de víctimas y ello con carácter retroactivo. En esta línea de reparación entendemos que la referencia que se
realiza en la ley al Iprem en el artículo 19 debe ser reconsiderada manteniendo el salario mínimo interprofesional como módulo a efectos de indemnizaciones y pensiones a favor de las víctimas del terrorismo y no el Iprem.
Otro acontecimiento digno de mención es la amplitud de miras del artículo 28.6 in fine. Era sin duda necesario establecer el mecanismo legal por el cual una persona que haya sufrido un atentado terrorista, incluyéndose las víctimas de
amenaza, extorsiones y coacciones, con determinada consecuencia corporal en un momento determinado en caso de agravamiento existiendo relación causa-efecto entre acción terrorista -primera, consecuencia corporal, y segunda, situación corporal-
acceda a cuantos derechos prevea la ley benefactora para esa nueva situación, y esto con carácter retroactivo. Para ello, era lege ferenda la eliminación y derogación de la estipulación de la Ley 32/1999, por la cual el pago se realizará por una
sola vez. Es necesario un régimen equiparable o semejante al de tutoría de la Administración en cuanto a los hijos y esposas de las víctimas. En este sentido es imprescindible la reserva de plazas en administraciones públicas para el acceso de las
víctimas y sus familiares hasta el segundo grado, bien en régimen de funcionariado, bien en régimen laboral. La reserva de plaza en el acceso al empleo público de las víctimas y familiares hasta el segundo grado supondría no un coste excesivo
económico, pero sí un reconocimiento real y efectivo a la situación victimaria. El hecho de ser familiar directo de una víctima de la acción terrorista ya de por sí trae consigo determinadas consecuencias, que si bien no llegan a las situaciones de
la víctima directa del atentado o acción terrorista, sí limita de una manera más que comprobada la posibilidad de desarrollo social de los familiares.
Por último, la experiencia nos dice que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos llevados a efectos en el seno del movimiento asociativo han ayudado a un mejor desenvolvimiento de las víctimas en la vida normal, siendo necesario
extender dichos derechos a los familiares de las mismas.
Del mismo modo, las situaciones de paraplejia y tetraplejia necesitan de un tratamiento psicológico y económico especial; es necesario la acomodación de viviendas o el acceso a ellas de modo
que reúnan las características mínimas de habitabilidad para estas víctimas y para los familiares que con ellas conviven. Entendemos que el verdadero tutor de viudas y afectados por atentados terroristas debe ser el Estado, ya que es el que tiene
que estimular el acceso a la Función pública con una reserva especial de un 2 por ciento en todas las convocatorias que se publiquen por las administraciones públicas. No es un atentado al principio de igualdad, recogido expresamente en nuestra
Carta Magna, artículo 14, sino una muestra de la excepcionalidad de la situación, y baste para su reconocimiento que la ley es igual para los iguales y desigual para los desiguales.
En otro orden de cosas, ante la gran desigualdad entre las distinciones que se han concedido a las víctimas del
terrorismo, proponemos la unificación del siguiente modo. A aquellos funcionarios de cuerpos policiales y de prisiones fallecidos, jubilados o retirados por incapacidad física permanente como consecuencia de actos terroristas se les ha de
conceder -en caso de que no se les haya otorgado ya- las siguientes medallas y cruces: fallecidos, Medalla de oro al Mérito Policial y de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil; gran invalidez, Medalla de oro al Mérito Policial y de la
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil; invalidez absoluta, Medalla de oro al Mérito Policial y de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil; invalidez total, Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y Cruz al Mérito por Cuerpo
de la Guardia Civil con distintivo rojo. Las personas anexas a las referidas condecoraciones serán en los porcentajes actualmente establecidos, pero dichos porcentajes deberán aplicarse sobre las cuantías que en las pensiones se perciban por el
sistema de clases pasivas. A los funcionarios civiles de otros cuerpos y a los funcionarios militares se les condecorará con las medallas correspondientes a tales cuerpos con igualdad de beneficio, al igual que a las víctimas civiles no
pertenecientes a cuerpos de funcionarios, cuyas medallas y condecoraciones contarían con igualdad de beneficio.
No han sido pocos los casos de acoso, amenazas, extorsión y coacciones de carácter terrorista, la cuales -tal y como está expresado en el Código Penal- deben entenderse acción terrorista a los efectos indemnizatorios y de ayuda. A nadie se
le escapa que históricamente ha existido una gran desatención a las víctimas del terrorismo, del mismo modo que han que ser conscientes de que en los años anteriores se ha aumentado considerablemente la acción pública a favor de los dañados por este
triste fenómeno, sin perjuicio de entender aún suficientes las medidas adoptadas. La aportación del movimiento asociativo ha sido imprescindible en las ayudas a las víctimas; se han prestado ayudas psiquiátricas y psicológicas a las mismas, sin
olvidar el apoyo jurídico prestado a través de los letrados especializados en la materia. Por ello, las ayudas prestadas al movimiento asociativo, salvo en contadas ocasiones, han sido cicateras e ínfimas. Es imprescindible dotar a los programas
de las asociaciones de los medios económicos necesarios para la importante labor que desarrollan. Donde no llegaba la Administración sí llegaba y llega la sociedad civil a través del movimiento asociativo. De ahí la necesidad de un apoyo más
importante, más generoso desde el punto de vista económico, así como de medios físicos a las asociaciones que acrediten el desarrollo de programas dirigidos a las víctimas del terror y de concienciación a la ciudadanía. No se debe pasar por alto en
el desarrollo reglamentario de la futura ley de la ancianidad de las víctimas. En este sentido, es de justicia el reconocimiento de la gratuidad de las residencias de mayores para todos aquellos que superan los 65 años, así como la gratuidad de
medicamentos independientemente de su pertenencia a la Seguridad Social o a la mutualidad de funcionarios.
En resumen, esta proposición de ley debe honrar a las víctimas y servir de reconocimiento por todo el pueblo español de las personas que dieron su vida por ello y a sus familiares, porque no cabe duda de que el sufrimiento, el dolor, la
tolerancia y el silencio de las víctimas del terrorismo y sus familiares han constituido la columna vertebral de la paz de esta nación. No es la voluntad ni el interés de quien se dirige a SS.SS. imponer su criterio a los representantes
democráticos de la voluntad popular española, pero sí excitar la conciencia de todos presentando esta humilde propuesta para que sirva de agitación solidaria y reparadora dirigida a un colectivo que ha sido, es y será, sin duda, un bastión
ineludible en el logro de la convivencia pacífica conseguida y a la que todos los españoles tienen derecho, como así fue manifestado con el apoyo a nuestra Carta Magna en 1978.
La señora PRESIDENTA: Quiero agradecer a todos, de nuevo, sus intervenciones.
Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quiero empezar muy brevemente este turno dando las gracias a todos los comparecientes por sus reflexiones y por sus aportaciones, además de sus propuestas concretas, que alguna ha habido, en este turno en el que
acabamos de participar. Más allá del grado de acuerdo que pueda existir o no con cada una de las apreciaciones que aquí se han vertido o de la concreción o adaptación de cada una de sus expresiones con el objeto concreto de la reunión, como es el
análisis de lo que tendrá que ser esta ley, les quiero agradecer su sinceridad, la expresión de su pensamiento y de su reivindicación en este turno. No son muchas las ocasiones que les damos para que comparezcan en el Congreso de los Diputados, por
lo que sería injusto por nuestra parte exigirles concreción y que se ciñan a la ley, esas cosas que a veces se hacen desde lugares como este. Insisto, les agradezco mucho todas sus reflexiones, todas sus denuncias -que también las ha habido-, todas
sus llamadas de atención -que yo he sentido en algunas de sus intervenciones-, esa especie de tirada de la solapa por la que al menos yo me he sentido apelada. Insisto, les agradezco su sinceridad y sus aportaciones.
No quiero robarles ningún tiempo porque cabe la posibilidad de que vuelvan a intervenir si se les plantean preguntas; y como el tiempo hoy es suyo, solo quiero decir que he sentido que en todas sus intervenciones sobrevolaba una llamada muy
concreta a lo que esperan de nosotros, que es el respeto. Saben que el cariño lo tienen, pero no vienen aquí a que les queramos sino a que respetemos su expresión, lo que son y a lo que aspiran conseguir en el trámite de esta ley. Me atrevo a
decir que todos los diputados que estamos aquí sabemos que de eso se trata precisamente y que aun cuando estemos más o menos de acuerdo su exigencia de respeto es lo mínimo. En ese sentido, quiero decirles que aprecio
que nos hayan vuelto a recordar que esperan de nosotros respeto cuando coincidamos y cuando no coincidamos también; respeto que, sin duda ninguna, es mutuo. Sí quiero agradecer de forma particular una reflexión que ha hecho el presidente
de la Fundación Manuel Giménez Abad porque siempre es oportuno lo que él nos ha recordado, por lo menos yo me siento muy identificada con ese recordatorio que nos ha hecho con respecto a la calidad y cualidad política de las víctimas del terrorismo.
Hemos escuchado demasiadas veces esa llamada a la despolitización que a mí también me parece profundamente injusta y más cuando procede de personas que se dedican a la política, por lo que está bien que nos haya recordado algo que todos sabemos y es
que los terroristas asesinan para conseguir objetivos políticos que no pueden conseguir más que a través del crimen, que no pueden conseguir por métodos democráticos. Un objetivo político que tienen los terroristas, el único que les mueve, es
acabar con la democracia; es un objetivo político, perverso, pero objetivo político, por lo que bienvenido sea este recordatorio que, seguramente, no hace falta pero que en todo caso forma parte de una reflexión que agradezco que hoy se haya vuelto
a producir. Gracias por su comparecencia, por sus aportaciones y espero que la ley que salga sea una ley que les guste aún más que algunas apreciaciones que se han hecho positivas con respecto al texto que hoy estamos analizando.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero agradecer a todos los presentes sus interesantes aportaciones. Nosotros también, como he dicho antes, somos copartícipes de la petición de comparecencia de todos y, repito, intuíamos que todas sus
reflexiones iban a ser particularmente ilustrativas sin excepción. Reproduzco la idea de que si conseguimos entre todos, ustedes y nosotros conjuntamente, hacer una buena ley de víctimas, seguramente, estaremos consiguiendo la mejor reputación de
los victimarios y del hecho violento, de la actuación violenta, por lo que nos debemos autoinvitar a este compromiso. A partir de ahora, nosotros lo articularemos -si no tienen ustedes inconveniente- a través de interlocuciones directas y personas
con todos ustedes, porque ha habido planteamientos de naturaleza ontológica sobre el preámbulo, sobre la filosofía, y otros de derecho positivo muy concreto. Todas estas cuestiones, en tanto en cuanto son carencias, o igual son principios
filosóficos inadecuados o insuficientes, nos gustaría comentarlos más detenidamente.
La señora Blanco ha dicho que ha apreciado -y lo siento si ha sido así- cierta improvisación y opacidad en la preparación o en los trabajos previos a la elaboración de la proposición de ley. Yo, en nombre de mis compañeros, le pido
disculpas si esa es su percepción y espero que este trámite de comparecencias pueda compensar de alguna forma, por lo menos la falta de interlocución, si ha existido, y esta improvisación y opacidad a la que usted se refería. Me han parecido
particularmente ilustrativas las reflexiones que usted ha hecho sobre una cuestión que siempre es delicada. Yo también he sufrido la violencia terrorista por el asesinato de dos amigos personales, el sargento mayor de la Ertzaintza Joseba
Goicoechea, y Moncho Doral, también miembro de la Ertzaintza. Y yo también he sido amenazado. He pertenecido al mundo judicial, a un órgano de gobierno del Poder Judicial y he sufrido amenazas directas de organizaciones terroristas o de una
organización terrorista en concreto.
Sin embargo, soy nacionalista vasco, pertenezco y milito en una organización nacionalista vasca y comparto su idea -si eso es lo que querían decir- de que no puede uno abdicar de sus convicciones políticas por
las amenazas de los terroristas, porque si no les estamos dando la victoria en la mano a los terroristas. Yo no he abdicado ni pienso abdicar de mis convicciones políticas por el hecho de haber sufrido amenazas o por el hecho de haber sufrido de
forma muy próxima anímicamente el azote de la violencia terrorista. Si cuando ustedes glosaban la necesidad de la no abdicación de las convicciones se referían a esto, comparto absolutamente su reflexión.
Por otro lado, también quiero decir lo que es una obviedad. No hay ideologías ilegítimas, salvo aquellas que se construyen sobre el ejercicio de la acción violenta. Por lo demás, las ideologías, en tanto en cuanto configuran un conjunto de
ideas que sean legítimas, que normalmente suelen estar constitucionalizadas dentro de los ordenamientos jurídicos de los países civilizados -incluso las no constitucionalizadas-, son respetables por su propia naturaleza, salvo aquellas que, como
digo, utilizan el mecanismo de la violencia para la consecución de sus objetivos, que es otra cosa muy diferente. Desde esa perspectiva la señora Díez hablaba de la politización. Yo creo que cuando esta proposición de ley intenta despolitizar
quiere decir otra cosa muy diferente. Intenta evitar el uso partidista del dolor de las víctimas para la obtención de réditos políticos. No sé si ustedes comparten esta idea, pero a mí me parece troncal desde ese punto de vista. Dicho esto,
señora presidenta, evidentemente hoy es el día en el que ustedes tienen que hablar, y a partir de ahora, si no tienen inconvenientes, habrá más días en que hablaremos todos para intentar hacer lo que seguramente todos queremos hacer, que es una
buena ley de víctimas por fin.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem por Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero sumarme en primer lugar a las palabras de los portavoces que me han precedido, en el sentido de darles la bienvenida a esta Comisión y agradecerles enormemente todas las aportaciones que cada uno, desde sus
ópticas, desde las fundaciones y desde las asociaciones, nos han querido transmitir
con respecto a esta proposición de ley. Realmente, ustedes, desde sus distintas entidades, son los que identifican principios, necesidades y carencias de un texto legislativo y no tenía ningún sentido seguir su tramitación sin escuchar lo
que ustedes quisieran añadir, corregir o modificar de esta propuesta que habíamos hecho.
Como ya se ha dicho, algunos de ustedes han hecho algunas reflexiones generales; otros, propuestas concretas. Me gustaría señalar lo que algunos de ustedes han dicho sobre una valoración globalmente positiva, por lo menos en orden a los
principios que informan esta proposición de ley. El hecho de que también hayan ponderado el consenso es un valor añadido que, como he dicho en las anteriores comparecencias, no siempre se ha dado, y no siempre se ha dado por lo que acaba de decir
mi compañero Emilio Olabarría, respetando naturalmente las ideologías diversas, políticas y no políticas, que puedan tener todas y cada una de las víctimas -aquí de hecho las fuerzas políticas tenemos ideologías diferentes-, pero a lo que creo que
nos ha llevado el consenso es a hacer una dejación del intento de utilización partidista de lo que en definitiva no es nada más que el dolor de las personas que han vivido directamente la garra del terrorismo. Este ha sido un hito importante y en
este hito hemos de mantenernos no solo en esta ley sino en nuestra actuación política por lo que al terrorismo se refiere.
También quiero poner en valor lo que aquí se ha dicho de que quizás esta iniciativa va a permitir superar agravios comparativos ocurridos hasta ahora, así como valorar de manera positiva la retroacción a 1960. Como no podía ser de otra
manera, también he recogido críticas y sugerencias concretas que se han hecho. Tengo anotadas muchas de ellas. Algunas coinciden con las que han realizado los anteriores comparecientes: protección a las familias más allá de la situación legal de
constitución de las mismas, información de la situación penitenciaria, ayudas en educación, extensión a las familias del tratamiento psicológico y psiquiátrico y otras muchas que tenemos aquí recogidas. Significándoles como he dicho anteriormente
que nuestra posibilidad de actuación no es ilimitada ni en este ni en ningún otro caso, es importante que tomemos buena nota y que a través de una interlocución bilateral pongamos negro sobre blanco lo que pueden constituir enmiendas concretas. Por
eso y tal y como he hecho antes, me gustaría sugerirles a los que no nos han hecho llegar por escrito las propuestas -algunos de ustedes sí lo han hecho- que nos hicieran llegar ya propuestas de redacción concretas para tenerlas como valioso
material de trabajo en orden a la formulación de las enmiendas. Asimismo, en nombre de Convergència i Unió, quedo a su disposición para mantener directamente con cada uno de ustedes las reuniones que consideren oportunas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Yo también comparto que las reflexiones que se han vertido esta mañana aquí son ciertamente estimulantes -lo son para mi grupo- y que las aportaciones que se ofrecen al texto van a ser naturalmente tomadas en
consideración, analizadas y espero que, en la medida en que puedan mejorar la ley, recogidas, así como las discrepancias, tratadas con todo el respeto, como pedía la señora Díez.
Considero especialmente estimulante la intervención de don Manuel
Giménez Abad cuando decía que del atentado terrorista o de la acción terrorista nace el dolor privado y el compromiso público. Es verdad. Esta es la dimensión pública de las víctimas del terrorismo que se reconoce también por el hecho de que estén
presentes aquí esta mañana en el Congreso. Es un compromiso público. No se trata -entre comillas- de una especie de colectivo afectado al que se toma en consideración, sino que tiene un compromiso público y una dimensión pública y naturalmente un
significado político que está clarísimo y que la ley, por cierto, recoge y reconoce también en su exposición de motivos, algo que también reconoce de manera muy clara mi grupo y siempre lo ha pensado así. Además, no es un compromiso público neutro,
sino que se dirige en algún sentido. En este caso el sentido también ha quedado expresado claramente esta mañana de una manera muy práctica: el rechazo de cualquier negociación y la invocación a la defensa de la unidad de los demócratas, que es el
mensaje que también se nos ha transmitido por parte de las asociaciones de víctimas.
No me puedo resistir a hacer una reflexión al hilo de un comentario que hacía el señor Olabarría, mi buen amigo, compañero y compatriota alavés.
Dice que las ideologías no son buenas ni malas. En expresión constitucional, aquellas que
atentan contra la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes o no los sitúan por encima de otras consideraciones son malas ideologías y deben ser combatidas. Detrás del crimen terrorista hay una ideología o una falsa ideología -si
se quiere llamar así-, y se asesina en nombre de un dios o se asesina en nombre de una patria o se asesina en nombre de un partido. Nuestro punto de encuentro es que consideremos que los derechos de la persona están por encima de cualquier otra
consideración y que lo están siempre, y en eso creo que nos podremos encontrar.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quiero que mis primeras palabras sean también de agradecimiento muy sincero a los representantes de asociaciones y fundaciones aquí presentes, primero por su presencia y segundo por su testimonio, que me ha
impresionado, su testimonio como hijos, como hermanos, como parientes de víctimas directas, porque a veces hablamos desde la abstracción, pero cuando se escucha en lo inmediato a quien ha sufrido y mantiene ese duelo -como decía alguno de ustedes-
de forma permanente, ese testimonio es aún más de
agradecer. Les expreso mi agradecimiento además por el esfuerzo de estudiarse con detalle la proposición de ley, por sus aportaciones y sus sugerencias, unas más de detalle, de insuficiencias o deficiencias técnicas, otras más de conceptos
que vamos a estudiar y sobre los que vamos a reflexionar. No obstante, quiero recordar aquí algo que ustedes han puesto en valor.
Esta proposición responde a la voluntad común del Parlamento, que expresa la soberanía popular, del reconocimiento a las víctimas del terrorismo y lo hace por consenso, por unanimidad de todos. Esta ley, señorías, no es ninguna coartada,
menos aún una coartada moral, ni para mi grupo ni estoy convencido que para ninguno de los grupos que la hemos firmado y que la estamos promoviendo y defendiendo, sino que responde a un compromiso político -posiblemente ustedes piensen, y con razón,
que tardío, que podría haber sido antes, que han pasado años, décadas quizá-, un compromiso político de solidaridad, un compromiso político. Quiero hacer mías las palabras de mis compañeros señor Olabarría y señora Pigem de que aquí estamos en un
compromiso político, no de partido, un compromiso político de Constitución, de una politización constitucional, democrática, de defensa de aquello que nos es común frente al terror, frente a la violencia, frente a lo único que la Constitución
excluye, que es buscar cambiarla a través de la violencia y del no respeto. Es verdad que hay que reconocer que no siempre hemos actuado unitariamente y que la ruptura de la unidad beneficia a los terroristas y perjudica a la víctimas, a ustedes y
a sus parientes, y a los que fueron asesinados.
Quiero también poner en valor que ustedes conjuntamente, algunos explícitamente, han resaltado las ideas fuerza que sustentan esta ley, la primera, la de la memoria. Durante muchos siglos la humanidad ha vivido su historia sobre los
vencedores y los sobrevivientes, con el olvido de las víctimas. Durante décadas en este país -ustedes lo han expresado muy bien, igual que lo han hecho en las intervenciones anteriores a ustedes-, las víctimas en muchos casos tenían que ser
ocultadas, porque se cerraban las persianas cuando pasaban los cadáveres. Ha sido una conquista de la modernidad ilustrada que no hay justicia sin memoria. Sin memoria, ni hay justicia ni hay dignidad. Podrá haber compensaciones, podrá haber
reparaciones parciales, pero sin memoria no se resalta la significación política y social de las víctimas para deslegitimar a los victimarios y a los terroristas. Memoria, justicia, dignidad, verdad. Pero, señorías, la verdad en un estado
democrático y constitucional es la verdad judicial, acaba en la verdad judicial, que no excluye los sentimientos personales ni excluye el trabajo de los historiadores, pero implica o significa ayudar en las investigaciones y aceptar la verdad
judicial. De ahí estos valores fuerza que ustedes han reconocido y compartido. Respecto a las insuficiencias que ustedes han puesto de manifiesto, que hemos escuchado y de las que vamos a tomar nota, vamos a intentar buscar respuesta a todas ellas
o a la mayoría de ellas en lo que se pueda, y lo seguiremos haciendo por consenso, porque -termino ya- tiene que mantenerse aquí lo que ustedes nos exigen a los políticos: el compromiso de unidad de los demócratas contra el terror y a favor de las
víctimas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Muchas gracias por su presencia.
La señora PRESIDENTA: Les digo lo mismo que a los anteriores comparecientes. Si quieren hacer alguna alusión o algún comentario, están en el uso de la palabra. Si no, dándoles de nuevo las gracias por su comparecencia en esta Comisión,
levantaríamos la sesión, puesto que hemos finalizado el orden del día. (Pausa.)
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.