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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 594, de 14/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 594
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 14 de septiembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Universidades (Rubiralta i Alcañiz), para informar sobre:
- Las políticas de inclusión del alumnado universitario con discapacidad que desarrolla el departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000866.) ... (Página 2)
- Las políticas que está desarrollando el Gobierno en materia de educación inclusiva en el ámbito universitario. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000966.) ... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre adaptación del certificado de minusvalía al formato de tamaño carnet. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001425.) ... (Página 17)
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar un plan de contratación pública de la Administración General del Estado socialmente responsable.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001431.) ... (Página 18)
- Para instar al Gobierno a modificar la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, en relación con la adaptación de ciertas pruebas de acceso a la Función pública para personas que, no teniendo reconocido el 33
por ciento de discapacidad, estén aquejadas de algún trastorno (como es el caso de la disfemia), que les impida concurrir en igualdad de condiciones a los procesos selectivos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/001460.) ... (Página 20)
- Sobre el secreto de voto a las personas con discapacidad visual en las elecciones municipales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
161/001680.) ... (Página 23)
- Sobre promoción del desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001839.) ...
Página
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (RUBIRALTA I ALCAÑIZ), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000866.)
- LAS POLÍTICAS QUE ESTÁ DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000966.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, que, como saben ustedes, tiene un orden del día que se compone, primero, de una
comparecencia y luego del debate y votación de varias proposiciones no de ley.
Para sustanciar el primer punto del orden del día, celebración de la comparecencia del secretario general de Universidades para informar sobre las políticas de inclusión del alumnado universitario con discapacidad que desarrolla el
departamento, a petición del Grupo Parlamentario Popular, y la misma comparecencia del secretario general de Universidades para informar sobre las políticas que está desarrollando el Gobierno en materia de educación inclusiva en el ámbito
universitario, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos aquí al señor secretario general de Universidades, a quien agradecemos su presencia y a quien le concedo ya la palabra. Bienvenido a la Comisión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Señorías, comparezco ante la Comisión de políticas integrales de la discapacidad de esta Cámara para dar cuenta a SS.SS., a petición de los grupos parlamentarios Socialista
y Popular, de la política del departamento en materia de inclusión en el ámbito de la enseñanza universitaria. Es un buen momento para la reflexión acerca de los objetivos alcanzados hasta el curso 2009-2010 y los que deberán ser abordados en los
próximos cursos.
Este curso 2009-2010 ha sido muy especial para la universidad española debido al compromiso adquirido en la firma del proceso de Bolonia de modernización de la universidad para la incorporación y adaptación al espacio europeo de Educación
Superior antes del curso 2010-2011. Este proceso de modernización implica también el desarrollo normativo pleno de la Lomlou de 2007; puede ser el caso de los cambios y las líneas de
trabajo que ha de hacer la universidad española en todo lo relacionado con las personas con discapacidad. Les agradezco esta oportunidad y quiero manifestarles mi voluntad de aportar a esta Comisión todos los datos e información que
faciliten el conocimiento y el análisis de las líneas de actuación que está llevando a cabo el Gobierno a través de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación.
Permítanme que, antes de continuar, haga mías las palabras de la que fue ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, cuando en su comparecencia en esta Comisión el 26 de junio de 2008 decía: Nosotros queremos una
sociedad inclusiva que promueva la igualdad real de derechos de todas las personas. Queremos que este modelo de sociedad forme parte del currículo educativo en todos los niveles de la formación de nuestros niños y jóvenes y que las administraciones
públicas provean los medios para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Los planteamientos tradicionales centrados únicamente en la asistencia y en la recuperación de las capacidades funcionales están siendo sustituidos por otros que
identifican y eliminan aquellas trabas que impiden la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Esta nueva concepción supone una visión diferente de lo que constituyen las
posibilidades de vida de las personas con discapacidad, una visión que enfatiza la autodeterminación, la integración, la igualdad de derechos y las capacidades. Por ello el enfoque de tales planteamientos se desplaza desde la persona hacia la
interrelación con su entorno físico, social y cultural. Así pues, las líneas de actuación de nuestro Gobierno en materia de discapacidad y universidad están marcadas por los principios de la Carta Magna de Universidades, aprobada en Bolonia en
1988, a partir de tres elementos fundamentales: la autonomía institucional y la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios democráticos y la rendición de cuentas a la sociedad.
Señorías, en España poseemos una legislación avanzada en materia de inclusión. El Gobierno se ha caracterizado por impulsar políticas a favor de la extensión de los derechos a aquellas personas en situaciones desfavorables. Prueba de ello
es el trabajo activo que se está llevando a cabo en el marco de la Convención de Naciones Unidas, habiendo sido España uno de los primeros países en su firma y ratificación. La coordinación actual se lleva a cabo a través del Ministerio de Sanidad
y Política Social, pero también se encuentra implicado el Ministerio de Educación, dado que en el artículo 24 del documento se pide expresamente a los Estados miembros que han de reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación
con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. El Consejo de Ministros de 23 de julio pasado recibió un informe de la ministra de Sanidad y Política Social sobre el anteproyecto de ley
que adapta la normativa española a la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Además, España ha sido el primer país en presentar un informe sobre la aplicación de la convención y será el primero en
comparecer ante la Comisión de Discapacidad de Naciones Unidas. Por otro lado, las universidades, en cumplimiento y desarrollo de la normativa estatal y autonómica, además de contemplar en sus estatutos la atención a los estudiantes con
discapacidad, han desarrollado normativas específicas para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Contemplan principios y objetivos generales de actuación para la integración de personas con discapacidad, el derecho a la
igualdad de oportunidades y no discriminación, programas de ayudas y becas, existencia de unidades de atención a los estudiantes con discapacidad, accesibilidad arquitectónica y comunicativa y en algunos casos actividades de ocio y deportivas
adaptadas a los estudiantes con discapacidad. Déjenme entrar en este segundo punto sobre la estrategia Universidad 2015 y la atención a la discapacidad.
Señoras y señores diputados, la estrategia Universidad 2015 es la estrategia de modernización de las universidades españolas alineada con la Agenda europea de modernización de las universidades, introducida por la Comisión Europea en el año
2006 y posteriormente ampliada en el año 2007. La estrategia Universidad 2015 está pensada para completar el desarrollo normativo de la Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de Universidades, así como para reforzar el carácter de bien
público de la educación superior e incrementar su dimensión social y hacer que el conocimiento que en ella se genera se dirija hacia el progreso, el bienestar y la competitividad de nuestros sectores productivos y el empleo. No cabe duda de que un
acceso igualitario a la educación en todos los niveles es un componente imprescindible del Estado de derecho y del bienestar. Por tanto, el principal objetivo es mejorar las garantías de acceso y permanencia para todos los colectivos
universitarios, poniendo especial énfasis en la igualdad de género y en las personas con discapacidad. La universidad, al igual que el conjunto de la sociedad del siglo XXI, está enormemente sensibilizada con los temas relacionados con la
discapacidad, por lo que está introduciendo nuevos planteamientos e incorporando políticas que contemplan la atención a las personas con discapacidad de forma prioritaria. La estrategia Universidad 2015 está estructurada en cuatro grandes ámbitos:
misiones, personas, fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y el entorno. Concretamente en esta estrategia y considerando el ámbito de las misiones, tenemos que, dentro de la tercera misión, en la línea de responsabilidad social
universitaria, se considera el tema de la discapacidad no como una desigualdad sino como una característica que contribuye al conjunto social. Sin embargo, se considera también importante el resto de acciones, fundamentalmente en el ámbito de las
personas, en el ámbito del fortalecimiento institucional y, como indicaré más adelante, en el cuarto de los ámbitos, el del entorno.
La promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido, supuso un gran avance en el tratamiento educativo para las personas con discapacidad al reconocer en la misma el derecho a la gratuidad de la enseñanza
y a que, en el caso de cursar estudios universitarios con una minusvalía que les dificulte la adaptación, podrán solicitar ayuda para compensar dicha dificultad y los centros tendrán que tratar de proporcionársela. Por otro lado, la Ley 4/2007, la
Lomlou, en su disposición adicional vigesimocuarta da un paso más al tratar expresamente la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades, señalando que las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de
la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales, en particular las asociadas a la discapacidad, dispongan de los medios, apoyos y recursos, que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás
componentes de la comunidad universitaria. Este colectivo tiene exenciones en las tasas y precios públicos, como figura en la citada disposición adicional vigesimocuarta; en la misma se dispone que las personas con discapacidad tengan derecho a
exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario siempre que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
Desde la Secretaría General de Universidades, en el curso 2009-2010, se contempló por primera vez la compensación de las desventajas de los jóvenes estudiantes universitarios con discapacidad que les permitan acceder con mayor facilitad al
sistema de becas y ayudas al estudio. Esta medida resulta aplicable únicamente a los alumnos que se encuentran afectados por una discapacidad de grado igual o superior al 65 por ciento, algo que responde a la necesidad de establecer un criterio
claro y objetivo que permita tener la certeza de que aquellos alumnos beneficiados cuentan con unas condiciones muy especiales que dificultan en gran medida sus tareas formativas y suponen un considerable avance en relación con la situación
existente con anterioridad. Son de destacar las siguientes medidas: en primer lugar, una reducción de la carga lectiva a matricular. Los estudiantes que estén afectados de discapacidad igual o superior al 65 por ciento podrán reducir la carga
lectiva necesaria para cumplir el requisito de matriculación hasta un máximo del 50 por ciento.
Por consiguiente, mientras a un alumno de grado se le exige para obtener una beca completa estar matriculado en un mínimo de 60 créditos, a un alumno
con discapacidad le bastará con matricularse de un mínimo de 30 créditos; es la denominada matrícula reducida. En segundo lugar, en el supuesto de que el alumno con discapacidad no haga uso de la opción anterior y por tanto no opte por la
matrícula reducida, las cuantías de las becas que le correspondan se incrementarán en un 50 por ciento. Así, también a título de ejemplo, a un alumno no discapacitado que se matricula de 60 créditos y obtiene una beca de residencia, material y beca
salario, le corresponde un total de 5.573 euros, en tanto que a un alumno con discapacidad y con la misma matrícula y componentes se le abonarán 8.395 euros. Además de lo anterior, en la convocatoria en curso se favoreció que los alumnos con
discapacidad pudiesen obtener beca con mayor facilidad mediante la aplicación de unas deducciones específicas en la renta de la unidad familiar que es tenida en cuenta a los efectos de la obtención de la ayuda. En suma, podemos afirmar que en el
curso 2009-2010 el Ministerio de Educación ha realizado un esfuerzo importante para favorecer la inclusión de los jóvenes universitarios con discapacidad mediante la política de becas y ayudas. Con ello se pretende un avance en la eliminación de
los obstáculos con que cuentan estos jóvenes para iniciar o proseguir sus estudios universitarios, en especial en lo que se refiere a los jóvenes que se encuentran en una situación particularmente desfavorecida, como es el caso de aquellos cuya
discapacidad es equivalente o superior al 65 por ciento y que por tanto cuentan con mayores dificultades para iniciar o proseguir sus estudios.
Este esfuerzo, por supuesto, se mantiene en las previsiones de la convocatoria para el curso 2010-2011.
He de indicar que, en cuanto a las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación en la convocatoria de educación especial del curso 2009-2010, se han realizado un total de 53.658 ayudas, con un importe global de 51.893.543 euros. En
cuanto al papel de la responsabilidad social que tiene la universidad como institución educacional, tiene la responsabilidad de preparar a profesionales cualificados así como de crear un marco de convivencia para el desarrollo del alumnado. Dentro
de este marco se encuentra la atención que se debe prestar a las distintas singularidades de sus estudiantes universitarios. Las universidades deben asumir su papel en el proceso general de desarrollo humano y social: informar y formar a
profesionales competentes y comprometidos para lograr una sociedad más justa, humana y solidaria. Este compromiso se empieza logrando que en las aulas se produzca una integración efectiva de los estudiantes con discapacidad. Se trata de conseguir
de las universidades una serie de actuaciones que garanticen la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, como pide la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Soy consciente de la atención que requiere este colectivo para su integración. Cubrir las necesidades de las personas con discapacidad en las universidades supone un esfuerzo a la comunidad educativa para desarrollar tanto los valores
personales como la propia formación académica. Desde la perspectiva educativa, la discapacidad va a depender tanto de las limitaciones funcionales de la persona como de los instrumentos y ayudas disponibles en este contexto. Por ello un incremento
o una reducción en la financiación universitaria influirán directamente en los servicios y apoyos que se puedan aportar
en el contexto académico. Uno de los ejes centrales de la estrategia Universidad 2015 es el compromiso con la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible de nuestro sistema universitario incluyendo a los alumnos con
discapacidad así como la contribución del mismo a la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Afecta a lo que se refiere a sus capacidades, a las personas y al entorno y a los sistemas de evaluación y verificación de la institución. Se
persigue así que se conviertan en señas de identidad de nuestras universidades, incorporándose de manera transversal a todas sus actividades, su gestión interna y su proyección exterior. Este objetivo se enmarca por tanto en las políticas lanzadas
al respecto en el marco de la estrategia de modernización de nuestra universidad, también de la universidad europea, en el marco 2020. Por otro lado, cuando hablamos de afianzar la calidad y la excelencia del sistema universitario, hemos de pensar
en todos los ámbitos, incluso en el caso de tener colectivos con unas necesidades propias. Se requiere para ello una conjugación del progreso económico con el bienestar y la cohesión social de presente y de futuro. Invertir más y mejor en la
modernización y en la calidad de las universidades significa invertir directamente sobre sus colectivos, concretamente en este caso las personas con discapacidad; una educación de calidad exige ser respetuoso con la diversidad en sus diferentes
manifestaciones y la consideración de la dignidad de las personas con discapacidad. Es necesario impulsar políticas nuevas ante la situación que afronta la universidad con el incremento del número de estudiantes con discapacidad que acceden a ella,
donde se afronte tanto la orientación al profesorado que atiende en el aula a estos estudiantes como a la comunidad universitaria en su conjunto, así como el fomento de la investigación para potenciar las políticas educativas inclusivas.
El tercer apartado que quisiera comentarles es el de los indicadores.
Señorías, necesitamos mejorar sustancialmente la información estadística sobre el número de personas discapacitadas que realizan estudios universitarios en España. En el
Libro Blanco sobre universidad y discapacidad ya se manifiesta la ausencia de datos estadísticos homogéneos sobre el nivel educativo de la población con discapacidad y sobre su grado de acceso a la universidad. El Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad, Cermi, solicitó el pasado mes de junio mediante escrito dirigido al Instituto Nacional de Estadística que se incluya la situación de la discapacidad en las investigaciones sobre la enseñanza universitaria en España. El
Cermi realizó esta petición tras haberse conocido recientemente los datos de la investigación La estadística de la enseñanza universitaria en España, correspondiente al curso 2008-2009, publicados por el INE, en la que se señala que no hemos
identificado elementos que nos permitan conocer el número de alumnos con discapacidad que cursaban estudios universitarios en ese periodo en España. Señala el Cermi que es una lástima que no se haya tenido en cuenta en la recopilación y ordenación
de información, ya que estos datos están a disposición de las universidades y las administraciones educativas autonómicas y central, dado que todas las comunidades autónomas han regulado la exención de precios públicos universitarios a favor de las
personas con discapacidad, así como el Estado para el ámbito de la UNED. Disponer de este tipo de información proporcionaría elementos de gran valor a la hora de planificar mejoras y más ajustadas políticas de inclusión de este alumnado, todavía
subrepresentado en los estudios superiores y cuya calidad de atención educativa es aún muy precaria.
Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia en el año 2008, del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 3.787.400 personas con discapacidad y de ellas 1,5 millones tienen entre 16 y 64 años;
solo 75.100 personas se encuentran entre 16 y 24 años, edad habitual de acceso al sistema universitario. Del total de personas con discapacidad, 1,5 millones son varones y 2,2 millones son mujeres; esta proporción se invierte si se analiza solo la
población con edad potencial para cursar estudios universitarios, la población entre 16 y 24 años, puesto que 46.500 son varones y 28.600 son mujeres. Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, del INE, en
uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad, lo cual muestra la importancia de nuestra atención a estos aspectos. Por otro lado, de los casi 3,8 millones de personas con discapacidad, 198.000 tienen estudios universitarios
o equivalentes finalizados, esto es, solo un 5,2 por ciento de la población discapacitada alcanza el nivel educativo superior. Si se analiza solo la población entre 16 y 64 años, el porcentaje alcanza el 7,9 por ciento y si se analiza la población
entre 16 y 24 años, el porcentaje desciende hasta el 0,85 por ciento. Estos datos ponen claramente de manifiesto la dificultad de la población discapacitada para alcanzar el nivel de formación superior y la lentitud temporal con la que consiguen
finalizar sus estudios. De las 198.600 personas con discapacidad con estudios universitarios o equivalentes finalizados, 121.700 se encuentran entre 25 y 64 años; en estos tramos de edad la población con discapacidad alcanza 1,4 millones de
personas, lo que indica que solo el 8,6 por ciento de la población entre 25 y 64 años con discapacidad ha finalizado estudios superiores. Quiero indicar que, en el ámbito de los alumnos matriculados por universidades con discapacidad en el curso
2008-2009 -que nos puede dar una idea aproximada-, las universidades de Granada, Málaga y Sevilla son las que tienen un mayor número de estudiantes con discapacidad matriculados, entre 280 y 350 alumnos cada una; en el ámbito de la Universidad de
Barcelona, alrededor de 400 personas, que supone, todos ellos, entre el 0,6 y el 0,8 por ciento, mientras que las universidades de Valencia, de Murcia y de Castilla-La Mancha obtienen porcentajes superiores al uno por ciento, con valores entre 600 y
300 estudiantes respectivamente. He de indicar de forma
especial el papel que juega la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que, de los 185.690 estudiantes en este curso que he indicado, tiene 4.597 alumnos con discapacidad, lo que representa el 2,47 por ciento.
El cuarto aspecto que voy a tratar son las políticas de inclusión en las universidades españolas. Señorías, quisiera resaltar el enorme impulso que las universidades españolas están dando a las políticas de inclusión.
Ya en el año 2003 los
defensores universitarios solicitaron el establecimiento de los servicios de apoyo para las personas con discapacidad en la universidad. Tanto la Conferencia de rectores de las universidades españolas, la CRUE, como el entonces Consejo de
Coordinación Universitaria se comprometieron a activar la constitución de dichos servicios en aras de conseguir la integración e inclusión de las personas con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. En los últimos años se ha
realizado un esfuerzo importante por parte de las universidades para establecer servicios de apoyo a los alumnos con discapacidad; actualmente, la mayoría de las universidades cuenta con estructuras orgánicas destinadas a este objetivo y por lo que
respecta a las páginas web de las universidades españolas, un importante porcentaje de ellas supera las pautas de accesibilidad introducidas por las herramientas zap y html. Sin embargo, todas las instituciones con responsabilidad en el ámbito
universitario son conscientes de que deberían realizar mayores esfuerzos para universalizar las medidas de apoyo a este tipo de estudiantes. Por otro lado, el 22 de febrero de 2010 se aprobó tanto en la Conferencia general de política universitaria
como en el Consejo de Universidades la constitución de un grupo de trabajo para coordinar la elaboración y seguimiento de las medidas 118 y 119 del Plan de derechos humanos que había sido acordado en el Consejo de Ministros de diciembre de 2008 y
presentado a Naciones Unidas. Este plan tiene dos ejes prioritarios, que son la base de las políticas del Gobierno respecto a los derechos humanos: la igualdad, no discriminación e integración de las personas y las garantías que protegen los
derechos humanos. En estos grupos se trabajará el aspecto derechos humanos de las personas con discapacidad y se analizarán los planes integrales eficaces y tangibles que se pueden realizar desde las universidades. Los planes de acción que se
pongan en marcha en las universidades han de contemplar el incremento de la calidad de vida y de la calidad del servicio, fijándose como estrategia la equiparación de oportunidades, la equidad interterritorial, la cooperación institucional, la
participación ciudadana y el apoyo a la calidad, todo ello con la finalidad de lograr el máximo de autonomía e independencia de los estudiantes con discapacidad y, en segundo lugar, impulsar una presencia y una participación más activa en la vida
universitaria de este colectivo, que les favorezca tanto para la finalización de sus estudios como para la inserción en el mercado laboral. Será necesario potenciar los servicios universitarios de atención a los estudiantes con discapacidad donde
se elaboren los censos de estos colectivos, realizar programas de orientación y acogida para facilitar el acceso y la detección de necesidades específicas y aportar los recursos para una óptima adaptación a nuestro entorno educativo. Las
universidades han empezado a desarrollar programas de sensibilización de la comunidad universitaria y unos programas de tutorización de carácter específico para este tipo de alumnado. En cuanto al entorno, se avanza en el objetivo de romper las
barreras arquitectónicas y de comunicación existentes. Dada la labor social de la universidad, se incide en la potenciación de las becas y ayudas al estudio y en la gratuidad de la matrícula, así como en la adaptación necesaria y en programas de
orientación e inserción profesional. Estas actuaciones se están aplicando en muchas universidades donde fundamentalmente existen guías de accesibilidad y servicios, protocolos de actuación que respondan a las necesidades específicas de cada tipo de
discapacidad y manuales de buenas prácticas; todo ello se realiza normalmente a través de acuerdos de colaboración con distintas instituciones y entidades, por ejemplo con la ONCE.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha organizado el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, Unidis, para facilitar el acceso a la universidad, la participación y el aprendizaje de los universitarios con
discapacidad. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en su periodo de estancia durante los estudios universitarios y facilitando su incorporación al mercado laboral, la UNED actúa de forma coordinada con el Centro de Orientación e
Información de Empleo y a través de acuerdos con otras entidades de igual forma que la mayoría de universidades españolas.
Por otro lado, señorías, en cuanto a la investigación universitaria sobre la integración, accesibilidad y tecnologías y su aplicación en los procesos del sistema universitario español, existen múltiples experiencias que están llevando a cabo
diversas universidades españolas y, si ustedes quieren, las comentaré después en el turno de intervenciones. Únicamente quiero citar ahora los excelentes trabajos realizados por la Universidad de Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha,
la Universidad de Valencia, la Universidad Carlos III y las politécnicas de Cataluña, Madrid y Cartagena. Quiero únicamente indicarles la importancia de la actividad del Observatorio universidad y discapacidad generado en el marco de la Universidad
Politécnica de Cataluña a través de acuerdos con la Fundación ONCE; el Hogar Digital Accesible, un entorno de investigación sobre espacios habitables de 90 metros cuadrados en la Universidad Politécnica de Madrid; el Plan nacional de accesibilidad
2004-2012 en el marco de la Universidad de Extremadura; las cátedras de tecnología accesible en el marco de la Universidad de Castilla-La Mancha; las investigaciones de acceso de forma transversal en el marco de la Universidad de Valencia; y el
Centro de Tecnologías para la Discapacidad y Dependencia en la Universidad Carlos
III, como base de una plataforma innovadora en el marco de las relaciones empresa-universidad.
Por otro lado, un buen número de universidades han incorporado en sus planes de estudios enseñanzas específicas que actuarán como punta de lanza para los futuros desarrollos innovadores en materia de discapacidad. Alrededor de quince
másteres han sido incorporados y aprobados recientemente en la nueva adaptación de nuestras titulaciones al espacio europeo de Educación Superior y en una parte importante de esta oferta participan universidades privadas. Asimismo, algunas
universidades están realizando convenios con la Fundación Vodafone para la implantación de másteres específicos con la finalidad de facilitar la accesibilidad en el ámbito de la comunicación utilizando las nuevas tecnologías.
Por otro lado, la Comisión Técnica Universidad y Discapacidad en Cataluña, Unidiscat, aglutina en Cataluña al conjunto de universidades catalanas con la Generalitat de Cataluña con la finalidad de realizar estudios y propuestas conjuntas de
actuación en el ámbito de la adecuación de la normativa, dotación de recursos presupuestarios y materiales y adaptación de las distintas universidades a los estudiantes con discapacidad.
Programas impulsados por la CRUE y por Runae. Señorías, me referiré a continuación a otras importantes acciones impulsadas por la Conferencia de rectores de universidades españolas, la CRUE, y por su Red universitaria nacional de asuntos
estudiantiles, Runae. El convenio firmado entre la Fundación ONCE y la CRUE para contribuir de manera conjunta a la accesibilidad universal, al diseño para todos y a la integración laboral de las personas con discapacidad tiene como objetivos
concienciar a los estudiantes universitarios sobre la situación de las personas con discapacidad y que estos aprendan el concepto de accesibilidad como elemento que tengan siempre presente a la hora de desempeñar su actividad profesional; dotar a
los futuros profesionales de una formación adecuada en discapacidad para que a la hora de diseñar y ejecutar proyectos tengan en cuenta las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad; crear indicadores de accesibilidad para poder
valorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones y desarrollar líneas de actuación en accesibilidad. La Runae cuenta en la actualidad con un área de trabajo específica de atención a la diversidad que ha creado la red de servicios de apoyo a
personas con discapacidad en la universidad con unos objetivos y un plan de actuación muy ambiciosos y con la organización y puesta en marcha de varios grupos de trabajo, cuyo objetivo inicial es fomentar la colaboración de los diferentes servicios
universitarios de atención a los estudiantes con discapacidad.
En sexto lugar, programas en los que colabora el Ministerio de Educación.
Señorías, señalaré a continuación algunas de las acciones impulsadas recientemente por el Ministerio de Educación. El ministerio trabaja en el día a día bajo la
perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Entre los programas de actuación que se han venido desarrollando por el ministerio he de indicar, en primer lugar, la elaboración y publicación del Libro Blanco sobre Universidad y
Discapacidad del año 2007; en segundo lugar, la convocatoria de becas y ayudas de carácter general que, tal y como he indicado, por primera vez ha incorporado becas con un incremento del 50 por ciento sobre las cuantías establecidas para
estudiantes con algún tipo de discapacidad igual o superior al 75 por ciento; en tercer lugar, la gratuidad en la matrícula para los colectivos de alumnos con discapacidad en aras a avanzar en el cumplimiento de la regulación, especialmente, la
atención en la UNED, ya que es una de la instituciones más centradas en este tipo de estudiantes con discapacidad. En este sentido, en la UNED la atención a estos estudiantes y el respeto del principio de igualdad de oportunidades son elementos
esenciales de la misma que, consciente de la voluntad de servicio público, ha desarrollado una política de gratuidad orientada hacia la inclusión y la accesibilidad universal. En los últimos años la UNED se ha consolidado como la universidad con
mayor número de estudiantes con discapacidad, acogiendo en la actualidad a casi la mitad de estos estudiantes universitarios. La UNED ha realizado una normativa especial para esta gratuidad y, si es necesario, en su momento les puedo explicar cuál
es esta fórmula.
En cuarto lugar, el Ministerio de Educación está trabajando en la elaboración de un estatuto del personal docente e investigador y de un estatuto del estudiante universitario. En ambos se contemplan de manera específica la regulación de la
atención a los colectivos con discapacidad. En el estatuto del personal docente e investigador se regulan aspectos relativos a los programas de actuación en el ámbito de los profesores con la finalidad de garantizar un entorno universitario
inclusivo. En el estatuto del estudiante universitario se regula toda una serie de aspectos relativos a los programas de actuación en el ámbito de los estudiantes con discapacidad con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y la
generación de un entorno universitario totalmente inclusivo. Además de las perspectivas mencionadas sobre la igualdad de oportunidades, no discriminación y derechos generales y específicos, se establece un amplio catálogo de derechos de los
estudiantes con discapacidad que podemos comentar y pueden ustedes también consultar.
En quinto lugar, quisiera comentarles el ámbito que en la estrategia universal 2015 se corresponde con el programa campus de excelencia internacional. Es un programa desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas y que tiene
como principal objetivo situar a las universidades españolas entre las mejores de Europa, mejorando la visibilidad y reconocimiento internacional de nuestros mejores campus universitarios mediante la agregación estratégica entre universidades,
organismos de investigación, centros tecnológicos, centros de formación profesional y el entorno productivo, todos ellos en ámbitos de influencia en los entornos universitarios. Se apuesta por la excelencia, por la internacionalización
y por el entorno. En el ámbito de la excelencia, he de indicar que se supera la excelencia docente, investigadora y de transferencia habitual en todos los programas europeos y se incorpora por primera vez la idea de excelencia en el ámbito
del entorno, donde la accesibilidad y la inclusión son elementos fundamentales. Con respecto a la accesibilidad de los campus universitarios, he de indicar que la Orden 1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas para la implantación de programas de campus de excelencia internacional y en la posterior Orden de 8 de abril de 2010, se regulan los aspectos que deben contemplar los proyectos para ser considerados campus de
excelencia internacional, incluyendo la eliminación de barreras arquitectónicas y de potenciación de la integración de las personas con discapacidad y la transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con
el entorno territorial.
En esta última convocatoria de campus de excelencia internacional se ha contemplado una línea de actuación, denominada subprograma específico, dirigida a garantizar la accesibilidad universal a personas con discapacidad en la construcción y
rehabilitación de alojamientos universitarios. En el contexto de este programa y con el objetivo de impulsar la accesibilidad universal en el sistema universitario español, se ha firmado un convenio marco de colaboración entre el ministerio y la
Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad. En el contexto de este acuerdo marco se ha suscrito recientemente un ámbito de actuación y una financiación especial de ONCE con el campus de excelencia
internacional, habiéndose financiado dieciséis proyectos de distintas universidades en el marco de la incorporación de políticas ligadas al alojamiento universitario con las medidas adecuadas.
El Consejo Nacional de la Discapacidad, en su reunión de 17 de septiembre de 2009, aprobó diversas medidas con el objeto de prevenir situaciones de discriminación por razones de discapacidad en los ámbitos establecidos en la ley;
fundamentalmente, la incorporación de videoconferencias, videointerpretación y en la compulsa de los documentos nacionales de identidad en los ámbitos de la Administración universitaria. De todas estas medidas que deben llevarse a cabo se informó
en la sesión del Consejo de Universidades y en la Conferencia general de política universitaria celebrada el pasado 26 de abril y, en relación a los dos primeros apartados, se valoran sus avances en la evaluación de los proyectos campus de
excelencia internacional.
Déjenme recordarles algunos de los aspectos, únicamente telegráficos, que están incorporados en el ámbito de la estrategia Universidad 2015 y que son nuestros trabajos futuros. En primer lugar, la definición de la dimensión social y,
fundamentalmente en el ámbito de la accesibilidad, la política de becas y ayudas para estudiantes con discapacidad. En segundo lugar, el ámbito de la investigación, incorporando aquellas aplicaciones tecnológicas ligadas a la actividad de
disminución de las barreras que en este momento existen en los entornos universitarios. En el marco del programa de campus de excelencia internacional, continuaremos la labor iniciada en los convenios bilaterales con la Fundación ONCE para mejorar
los aspectos de accesibilidad de los campos universitarios. En cuanto al ámbito de indicadores, se está trabajando en este momento en un sistema de información universitario realizado en coordinación con las comunidades autónomas, en donde, tal
como ya se indicaba por parte del Defensor del Pueblo, están incorporados los indicadores ligados a las bases para entender todo el proceso de integración de los estudiantes universitarios con discapacidad. En el ámbito de la internacionalización
tenemos retos pendientes, fundamentalmente en el ámbito del programa de movilidad Erasmus, en donde necesitamos realizar importantes acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales para llevar también la igualdad a los estudiantes con
discapacidad en el ámbito de movilidad internacional.
Déjenme indicar, para terminar, algo muy importante para el Ministerio de Educación y para esta Secretaría General de Universidades. Me refiero al borrador de orden ministerial por la que se crea y regula la composición y funciones del Foro
para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, que incorpora ambos ámbitos, el ámbito de educación no universitaria y el ámbito de educación universitaria, como un todo transversal fundamental para las políticas del ministerio. En la
elaboración de esta orden han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, de la Conferencia general de política universitaria y ya han emitido informe favorable el Consejo Escolar del Estado y el
Consejo de Universidades. Este foro se constituye como un espacio de encuentro y debate de propuestas, de impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas que ofrece el sistema educativo.
Asumirá el acuerdo suscrito en el marco del protocolo de colaboración del 10 de febrero de 2000 entre el Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi. En definitiva, en este marco del Foro de
educación inclusiva es desde donde se van a impulsar las políticas universitarias de atención al alumnado que presentan necesidades educativas derivadas de la discapacidad, constituyendo uno de los ejes fundamentales de la política educativa del
Ministerio de Educación. Porque el futuro personal, laboral y social de las personas con discapacidad está en cierta medida determinado por la educación y basado en los principios de normalización e inclusión que orienta al máximo aprovechamiento
de sus capacidades y potencialidades, y mediante las ayudas y medios necesarios de la Administración, de las universidades, se convierte en un instrumento favorecedor en su desarrollo y en su plena integración.
Quisiera indicar, para finalizar, que en el marco de la estrategia Universidad 2015 se encuentra claramente
incorporado el objetivo fundamental de trabajar, actuar y pensar en la plena integración de las personas con discapacidad. En ello hemos trabajando en estos dos años y es donde hemos realizado algunas aportaciones novedosas que han sido
incorporadas en algunos otros países, fundamentalmente en el ámbito de entender que la excelencia en el ámbito universitario pasa, además de la excelencia docente, la excelencia investigadora y la excelencia de transferencias, por la excelencia en
un entorno inclusivo, en un entorno integrador, en un entorno accesible, en el cual estamos trabajando en este momento.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar los turnos de intervención de los grupos parlamentario. En primer lugar, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra doña María del Carmen Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Bienvenido a esta Comisión y muchas gracias por su presencia.
Sabemos que se ha avanzado mucho en materia de integración en la universidad de las personas con discapacidad, pero sabemos también que queda mucho camino por recorrer. Si estamos aquí en el Congreso de los Diputados reunidos en una
comparecencia sobre universidad y discapacidad es para seguir dando pasos en la dirección correcta y lograr que la universidad española sea un espacio accesible, inclusivo, integrador y no discriminador. Nuestro grupo tiene la convicción de que los
beneficios del proceso de integración no solo inciden en el alumno con discapacidad sino también sobre el resto del alumnado, porque fomenta los valores de solidaridad, respeto y normalización en el profesorado, porque supone para ellos un reto
exigirse nuevos planteamientos metodológicos y un ejercicio de mayor autocrítica, si cabe, de su labor docente, pero, sobre todo, supone un beneficio sobre la institución, sobre la universidad española, porque no se puede entender sin estos avances
una universidad moderna. Para nuestra universidad la integración supone un factor de calidad añadida y, además, contribuye activamente en la consecución, como decía anteriormente, del objetivo de modernización fijado en la estrategia Universidad
2015 y en el programa CEI, que tiene, entre otros objetivos, la consecución de campus saludables, accesibles, inclusivos y sostenibles.
Sabía usted a lo que venía y se ha anticipado a alguna de mis preguntas, por lo que le felicito y se lo agradezco. Me alegro de que haya admitido que uno de los retos que tenemos por delante es la mejora de los indicadores, porque sobre
este aspecto le quería señalar que, por ejemplo, el Cermi ha expresado en más de una ocasión que la discapacidad está subrepresentada en la universidad. Esto implica menores oportunidades personales a la hora de acceder a determinados empleos de
calidad con mayores niveles retributivos y también una mayor dificultad al acceso al mercado laboral, sobre todo en una situación de crisis económica, con la cantidad de paro que tenemos ahora mismo en España. Por eso le pregunto qué iniciativas
tiene previsto poner en marcha para conocer con fiabilidad el número de estudiantes universitarios con discapacidad que hay en España y -antes nos hablaba de las deficiencias en los indicadores- si es cierto que la encuesta del INE sobre la
educación universitaria de 2009 no recoge la variable de discapacidad, como sería de desear. Sería un indicador muy útil para estudiar la evolución de estos alumnos y la eficacia de la política de integración, porque no podemos pensar que es solo
deseable el acceso a la universidad, sino también la permanencia, ni que el fracaso en los estudios se debe a asuntos de carácter intelectual o de actitud del alumno y nunca a otros factores externos que puedan ser evitables. Sería interesante que
pudiéramos arrancarle aquí el compromiso de que se corregirá esto en las futuras ediciones de dicha encuesta. Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría también conocer qué balance puede hacer del programa campus de excelencia en lo relativo a la
mejora para la accesibilidad de los campus españoles y que nos informara sobre el grado de cumplimiento de la eliminación de barreras arquitectónicas en las universidades.
El movimiento asociativo de la discapacidad se ha venido quejando de la inactividad de la Aneca, la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación, para garantizar la inclusión de la accesibilidad universal y del diseño para todos de
currículos universitarios que esta entidad pública debe supervisar y garantizar. ¿Podría informarnos de las medidas que va a tomar para que la Aneca asuma esta obligación impuesta por las leyes y normas educativas y también por las leyes de
discapacidad? El Gobierno tiene como compromiso electoral para esta legislatura la creación de un centro de referencia estatal sobre discapacidad y universidad. ¿Por qué no se ha creado aún este organismo, en qué fase está? ¿Nos puede informar si
hay alguna iniciativa en marcha? Sería muy interesante aprovechar su comparecencia hoy aquí para que nos informara al respecto. Le decía que sabía muy bien a lo que venía y le iba a preguntar sobre el estatuto del estudiante universitario. Nos ha
informado sobre lo que yo le quería preguntar, pero me gustaría saber si en su elaboración se pusieron en contacto con el Cermi o con alguna otra asociación implicada en la materia.
En referencia a su intervención, ¿estaría en condiciones de explicarnos por qué las becas y ayudas al estudio reforzadas para estudiantes con discapacidad no abarcan a todos los universitarios con discapacidad sino, como antes nos informaba,
se limitan solamente a los del 65 por ciento? Lo deseable sería que llegáramos a todos los universitarios con discapacidad a partir del 33 por ciento. ¿Para cuándo la matrícula gratuita para las personas con discapacidad en la universidad? Ha
reconocido también en su intervención el diferente compromiso de las distintas universidades con la integración efectiva. Sería aconsejable que desde el Ministerio de
Educación se trabajara hacia la equidad y la igualdad del sistema y la igualdad de oportunidades, sea cual fuera la universidad y la comunidad autónoma a la que pertenece, y que no haya diferencias en las políticas de inclusión desarrolladas
por las distintas universidades. Las comunidades autónomas han de ser un factor de avance en las políticas de discapacidad y el ministerio debe velar por que no se generen situaciones de desigualdad o inequidad por razón de donde se viva. Usted
hablaba de las ventajas de ser estudiante en las universidades de determinados puntos de España si se tiene discapacidad, y nos gustaría que eso fuera extensible a todas; que el ministerio nos cuente qué proyectos tiene para trabajar en el avance
de la equidad en el sistema. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del compromiso de adaptación de las pruebas académicas de valoración de conocimientos, en su caso, en cuanto a procedimientos, tiempo y forma de las necesidades especiales que puedan
presentarse? Conocemos que a veces las valijas no llegan a tiempo y que hay personas que, aunque reciben ayuda, no reciben las condiciones contempladas y que todo el mundo consensuó como las exigibles.
Por último -y ahora que se acerca el momento del estudio y posterior debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2011- me gustaría que se comprometiera a que la situación actual de crisis económica no afecte a los compromisos
adquiridos. Ahora que la universidad ve mermado el presupuesto que recibe no solo del Estado sino también de las distintas administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos que, en algunos casos, tienen escaso presupuesto para pagar las
nóminas, espero que esto no se traduzca en recortes en materia de integración de las personas discapacitadas, porque lamentablemente el Gobierno de Zapatero es el Gobierno de los recortes sociales. Últimamente hemos visto cómo estos recortes se
traducen en las medidas que toma el Gobierno, y nos tememos que por desoír las recomendaciones que les ha hecho el Congreso en varias ocasiones sobre dónde deben producirse los recortes se acaben disminuyendo las partidas destinadas a garantizar el
acceso y permanencia en la universidad, así como la igualdad de oportunidades de los universitarios con discapacidad. Me gustaría que nos tranquilizara al respecto y se comprometa y nos garantice que no va a haber reducción en la financiación a la
universidad o que, al menos, no tendrá como consecuencia el freno de las reformas de accesibilidad a las becas o de los distintos proyectos educativos inclusivos -a los que anteriormente se ha referido a usted- que habría que poner en marcha y los
programas que vienen desarrollándose hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Medina.
La señora MEDINA TEVA: Señor secretario general, muchas gracias y bienvenido a esta Comisión. Quiero agradecerle su comparecencia por la información tan exhaustiva y completa que nos ha dado.
Como usted decía, en los últimos años se ha avanzado en la normalización de la discapacidad en el ámbito universitario, tanto en los planes normativos y de apoyo efectivo a la inclusión como de la presencia de un grupo humano que ha estado
históricamente infrarrepresentado en la educación superior. Todos y todas estamos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades para realizar estudios universitarios es el primer paso para garantizar la no discriminación de las personas con
discapacidad en el acceso a un empleo cualificado y a la posibilidad de desarrollar una vida autónoma. De ahí precisamente la necesidad de abrir la universidad a toda la sociedad, lo que incluye acabar con las barreras físicas y sociales que
impiden o dificultan a estas personas continuar sus estudios. Por eso -y usted lo ha señalado muy bien- tenemos el compromiso ineludible de que el acceso a los estudios universitarios de las personas con discapacidad se haga en condiciones de plena
igualdad con respecto al conjunto de la población, y a este grupo parlamentario nos consta que ese es el compromiso de este Gobierno. Lo resumía muy bien en los principios marcados por la Carta Magna: la autonomía institucional, la libertad
académica, la igualdad de oportunidades, los principios democráticos y la rendición de cuentas a la sociedad.
Señorías, señor secretario general, hay una realidad fuera de toda duda -sé que muchas veces al Partido Popular le cuesta mucho reconocerlo, en algunas ocasiones no, pero la realidad es tozuda- y es que en España poseemos una legislación
avanzada en materia de inclusión. Nosotros creemos en la educación inclusiva -y estas son palabras del propio ministro de Educación- como factor clave para la cohesión social. Esta educación tiene como propósito prestar una atención educativa que
favorezca el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad y, por lo tanto, resulta fundamental dentro del panorama educativo. En nuestro país -usted también ha hecho referencia a ello- contamos
con un marco normativo que regula la situación educativa de las personas con discapacidad. Precisamente la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en concreto en su artículo 24 sobre
educación, pide que los Estados miembros reconozcan el derecho de las personas con discapacidad a la educación. España -como todos sabemos muy bien- está cumpliendo con ese mandato y ha sido el primer país en presentar un informe sobre la
aplicación de la convención y será también el primero en comparecer ante la Comisión de Discapacidad de Naciones Unidas. Por otro lado, usted también ha hecho referencia, señor secretario general, a la estrategia Universidad 2015. Una estrategia
pensada para completar el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Universidades. (La señora vicepresidenta segunda, Villagrasa Pérez, ocupa la Presidencia.) Una ley que señala expresamente que las universidades promoverán acciones para favorecer
que todos los miembros de la comunidad universitaria
que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad
universitaria. Efectivamente, usted hacía referencia a las exenciones en tasas y precios públicos siempre que tengan un grado de minusvalía superior o igual al 33 por ciento. En el curso 2009-2010 se ha dado esa mayor facilidad para acceder al
sistema de becas y ayudas al estudio. Es justo poner en valor el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Educación en este curso pasado, 2009-2010, para favorecer la inclusión de los jóvenes universitarios con discapacidad mediante esa
política de becas y el compromiso -usted mismo lo ha resaltado- de que ese esfuerzo se mantiene para este curso 2010-2011.
Señor secretario general, ha mencionado también en su intervención que uno de los ejes centrales de la estrategia 2015 es el compromiso con la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible de nuestro sistema universitario.
Quisiéramos que nos ampliara algo más a este respecto porque nos parece de una gran importancia. Por otra parte, es evidente -y lo reconocía la propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular- que aunque se ha recorrido mucho camino todavía queda
mucho por hacer. Por ejemplo, ha mencionado la necesidad de tener datos objetivos, indicadores para poder planificar mejor las políticas de inclusión de este alumnado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista también queremos reconocer el trabajo
que están realizando las universidades españolas y el impulso que están dando a las políticas de inclusión. La vida universitaria no termina en el aula y los laboratorios de los centros, por lo que es necesario desarrollar la acción del servicio de
forma que repercuta en la calidad de vida del estudiante como persona fuera del estricto espacio universitario. Se hace imprescindible seguir trabajando en una línea de cooperación social, al tiempo que se favorece la participación del alumnado con
discapacidad en la organización del servicio. Usted resaltaba, por ejemplo, la importancia de la UNED -de la Universidad Nacional de Educación a Distancia- que en los últimos años se había consolidado como la universidad con mayor número de
estudiantes con discapacidad. Hablaba también del estatuto del estudiante universitario, de los programas del campus de excelencia internacional, de la accesibilidad en los campus universitarios, del estatuto del personal docente e investigador,
todos ellos programas de actuación que se han venido desarrollando desde el ministerio o en colaboración y que tratan de mejorar el acceso y atención del alumnado con algún tipo de discapacidad.
Señorías, señor secretario general -y termino-, nuestro país tomó la decisión de apostar por la equidad y la inclusión en el sistema educativo, lo que supone un pacto de responsabilidad hacia toda la ciudadanía -lo decía también el
ministro-. Debemos asegurar los recursos para que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y promocionar dentro del sistema educativo. El verdadero reto es pasar de la integración a la inclusión. En ese reto, señor secretario
general, desde el Grupo Parlamentario Socialista le animamos a seguir trabajando y le reiteramos nuestro agradecimiento por su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villagrasa Pérez): A continuación tiene la palabra don Emilio Olabarría, portavoz del Grupo Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor secretario de Estado, estoy muy agradecido por su información que, a fuer de agotadora y exhaustiva, prácticamente nos ha dejado sin preguntas que realizar. Cualquier pregunta rayaría en la impostura porque
ha sido muy satisfactoria y muy amplia. Simplemente quiero hacerle algún comentario, tipo obiter dicta. En primer lugar, a todos los que nos dedicamos a la universidad profesionalmente -yo soy uno de ellos- le puedo asegurar que el sistema Bolonia
nos ha convertido en discapaces. No sé hasta qué punto esto necesita sedimentación, porque si los profesores no entendemos la nueva metodología a la hora de impartir las clases, difícilmente podemos transmitir nuestros conocimientos a los alumnos.
Yo no sé hasta qué punto, desde la perspectiva de la articulación del sistema Bolonia, ustedes van a realizar algún tipo de línea de actuación específica que haga referencia a los problemas de la discapacidad. Comprendo que es difícil, bastante
están haciendo para que el sistema Bolonia sea entendible para los alumnos que no padecen ningún tipo de minusvalía de esta naturaleza y para los profesores, que ya las padecemos todas, intentando comprender sus deletéreos requerimientos, pero al
margen de esta cuestión no sería malo que nos hiciera alguna indicación sobre este menester. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La portavoz del Grupo Popular ha dicho algo interesante, que ustedes mismos reconocen, que hay que mejorar los indicadores. Yo pertenezco al Consejo del Cermi de seguimiento de la resolución de Naciones Unidas con relación a la discapacidad
y también en el Cermi piensan que hay un trecho o un largo camino que recorrer y que además les gustaría ser interlocutores privilegiados, de hecho ya lo son con una secretaría de Estado, que usted representa, con consejos de rectores y otras
instituciones universitarias a efectos de evitar algunos de los déficits, que no son muchos afortunadamente. Tengo que felicitarles a ustedes y a quienes les han precedido en esta responsabilidad. El sistema universitario es mucho más versátil con
relación a los problemas de la discapacidad que los relativos a las enseñanzas primarias y secundarias, en donde todo está prácticamente por hacer. La rigidez de los sistemas de enseñanza primaria y secundaria es una de las asignaturas pendientes
de su ministerio -no de su ámbito de actuación pero sí de su ministerio- y nos gustaría también que comparecieran los secretarios de Estado y los
directores encargados de este ámbito, para que las adaptaciones curriculares y los procedimientos que en las enseñanzas primarias y secundarias se utilizan parar intentar la integración de los discapacitados, que es un requerimiento
constitucional y es un requerimiento de la resolución de Naciones Unidas que le he citado, tengan alguna posibilidad y no coloquen en una vía muerta en la práctica totalidad de los casos a los alumnos que están en ese ámbito de la enseñanza. Si
pudiera transmitirles esta inquietud a los responsables de su ministerio, se lo agradecería.
Yo llevo muchos años también dando clases en la universidad y hace muchos años que he tenido la oportunidad y el honor de impartir clases a alumnos ciegos, a alumnos con minusvalías o con problemas de discapacidad, una casuística muy amplia,
no sin que tengan que superar en muchas ocasiones lo que también comentaba la portavoz del Grupo Popular, que son los obstáculos arquitectónicos. Esta creo que es la gran carencia que todavía existe en las universidades, en las que por sus propias
dimensiones y características estructurales o arquitectónicas este tipo de obstáculos son de difícil superación y plantean dificultades manifiestamente gravosas u onerosas para las personas que tienen discapacidades vinculadas a la movilidad. Desde
esa perspectiva le invito a que enfatice e implemente los esfuerzos en este ámbito que, por cierto, es una de las reclamaciones del Cermi, como usted conocerá perfectamente, porque es donde la universidad ha avanzado menos.
Con relación a las discapacidades que hacen referencia a minusvalías sensoriales, intelectuales o cognitivas -y este es un terreno particularmente resbaladizo- nos encontramos con un dilema difícil de resolver sobre el cual buscar puntos o
elementos de consenso es particularmente complejo. La verdad es que las personas que poseen minusvalías de esta naturaleza poseen los mismos derechos constitucionales que las personas que poseen minusvalías o discapacidades que no afectan a su
capacidad de conocimiento, a su capacidad de comprensión ni a su capacidad intelectual. Tienen los mismos derechos de integrarse y en su caso podríamos preconizar que tienen su derecho a una formación universitaria en donde quizá las adaptaciones
curriculares ligeras o la conversión de los títulos universitarios ordinarios y títulos de grado medio o diplomaturas de otras características posibilitaran que estas personas adquirieran estudios. He visto con gran placer como personas con
síndrome de Down o con otros problemas de atención o de otra naturaleza han logrado obtener licenciaturas y algunos, doctorados en algunas carreras universitarias. Tengo la impresión de que el Cermi tampoco está -ni nosotros- particularmente
satisfecho con los esfuerzos de la universidad en buscar una solución, en primer lugar, al dilema conceptual que yo le he planteado originariamente y, en segundo lugar, a las concreciones o a la metodología para resolver este dilema. No podemos
condenar a personas, por la mera circunstancia de que posean una discapacidad de tipo intelectivo, cognitivo o comprensivo, a tener que realizar actividades que requieran algún tipo de titulación.
Tengo la opinión de que estaríamos incumpliendo la
Constitución, estaríamos incumpliendo la legislación en materia de discapacidad y estaríamos incumpliendo los requerimientos de la resolución de Naciones Unidas. Aquí hay mucho por hacer, entre otras cosas, resolver un dilema complejo, que es si
una persona, por razones de una discapacidad, no de una actitud, pero de un planteamiento ante la vida en materia de rendimiento o de productividad universitaria, tiene derecho o no tiene derecho y se le debe facilitar o no se le debe facilitar el
acceso a un título, cualquiera que sea su nivel y su grado.
Hay problemas que son particularmente graves o discapacidades que por su dimensión hacen que la universidad tenga las nuevas dificultades que tiene la mayoría de las instituciones, la mayoría de las empresas. Hay discapacidades que tienen
carácter particularmente oneroso para el discapacitado. Estamos hablando de problemas como el de los sordo-ciegos y el de otras personas que necesitan necesariamente el concurso de un tercero, que con carácter individual y personalizado les ayuda a
desenvolverse por la vida. No sé hasta qué punto -es un planteamiento quizá que raya en la utopía o en la quimera- podemos llegar a pensar que también estas personas meritan que se piense en su problemática y en algún tipo de solución. Estoy
hablando de estas y de otras discapacidades de las denominadas en la Ley de Dependencia, la ley que regula las discapacidades severas o grandes discapacidades en materia de Seguridad Social o de Ley de Dependencia. De alguna manera, son los dilemas
y las asignaturas pendientes que tiene en este momento planteados la universidad.
Dicho esto, quiero felicitarle por la exhaustividad de su exposición, por el compromiso que plantea esa exhaustividad con los discapacitados, por la buena interlocución en términos generales, sin perjuicio de las críticas que plantea el
Cermi -para eso ha nacido este órgano- con relación a la actitud de la universidad, en todos los ámbitos, en el gubernativo y en el de los consejos de rectores.
Para terminar, señor presidente, no puedo evitar decir -quizá forme parte del fenotipo del grupo parlamentario que yo represento- que se han manifestando algunas disfunciones en materia de respeto a los títulos competenciales autonómicos e
incluso, si me permite decirlo también, a la autonomía universitaria, que no deja de ser otro título competencial habilitante, y me gustaría que se intentaran evitar en la medida de lo posible.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por mucho empeño que ponga en agradecerle su comparecencia, señor secretario general, no podré superar el clima casi prenuncial con que mi compañero don Emilio Olabarría ha iniciado su intervención, sin perjuicio de
que al final ha sacado
el ramo y esas cosas. Me voy a limitar a agradecerle su comparecencia, todos los datos que nos ha dado y su disponibilidad. Naturalmente la ventaja de intervenir en cuarto lugar es que tanto su comparecencia y sus explicaciones como el
trabajo que han hecho mis compañeros en sus intervenciones anteriores evitan que tenga que plantearle algunas de las cuestiones que me habían sugerido sus palabras o el estudio de la situación actual.
Hago mías muchas de las reflexiones, por no decir todas las que se han producido aquí, no solamente las que tienen que ver con el carácter general de su tarea y con la obligación que tenemos al respecto, sino también algunas cuestiones que
le han sido planteadas y que espero que sean contestadas en su turno. Se me ocurren también algunas preguntas concretas que por economía de tiempo y porque tenemos una mañana larga voy a dejar para plantearlas por escrito y tener en su momento una
respuesta escrita.
Quería aprovechar su comparecencia, señor secretario general, para plantearle en vivo una pregunta escrita que realicé y que no ha sido todavía respondida por el Gobierno, por si pudiera dar alguna luz al respecto. Me refiero a la exención
de tasas y precios públicos para los alumnos con discapacidad matriculados en la UNED, en la Universidad a Distancia. Sabe usted de la situación de desigualdad en la que se encuentra este colectivo de estudiantes con discapacidad matriculados en la
UNED respecto de los estudiantes discapacitados del resto de universidades públicas españolas, a los que sí se les reconoce conforme a la legislación actual la gratuidad total de todas las matrículas, y también de la desigualdad que sufren estos
respecto de otros colectivos universitarios a los que la UNED sí aplica la gratuidad total. Es decir, están doblemente discriminados: en relación con el tratamiento que se les hace en otras universidades públicas y en relación con otros
estudiantes a los que la UNED sí aplica exenciones, y por tanto sufren en relación con ellos esa doble discriminación. Querría preguntarle si han reflexionado al respecto, si van a adoptar medidas, si tienen una fecha para adoptarlas y si lo están
teniendo cuenta no solamente por esta reflexión que les hago, que seguro que no es la primera vez que les llega, sino porque también el Defensor del Pueblo en el informe anual del año 2008 ya advirtió sobre esta anomalía, y lo que quisiera saber es
si tienen previsto algún plan en el corto plazo para resolver esta situación de injusticia y de anomalía que en modo alguno está justificada.
Muchas gracias, señor secretario general, y le reitero la bienvenida que todos mis compañeros le han dado al principio.
El señor PRESIDENTE: Han finalizado los turnos de los grupos. El señor Rubiralta tiene la palabra, al que le ruego -sé que son muchas las cuestiones que han sido planteadas- la máxima capacidad de concisión, pues el orden del día todavía
es largo. Gracias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Vamos a ver si soy capaz de contestar rápidamente. En primer lugar, doña Carmen Rodríguez ha hecho una descripción importantísima de puntos, que en el fondo me estaba
marcando casi el plan de acción para el curso 2010-2011, lo cual le agradezco, y quiero agradecer también las primeras palabras porque no es habitual que se haga un reconocimiento de dos grandes proyectos. En este momento tenemos el orgullo de
haber generado en España la estrategia Universidad 2015, que se avanzó a la estrategia Europa 2020, y por tanto es un punto positivo. En segundo lugar, también mencionaba los campos de excelencia internacional, y el tema de la discapacidad se
encuentra dentro de uno de los proyectos de definición de la excelencia universitaria, incorporando todos los elementos dentro de este ámbito.
En cuanto a los puntos que mencionaba, primero está el tema de indicadores. Los indicadores no flaquean únicamente en lo relativo a los estudiantes con discapacidad y a toda esta problemática, sino que, en general, uno de los puntos más
importantes en el que en este momento estamos trabajando es el de la obtención de indicadores para hacer políticas. Esto ha sido un acuerdo de la Conferencia general de política universitaria y del Consejo de Universidades, que, como ustedes saben,
es uno de los primeros objetivos del documento consensuado por todos en cuanto al modelo de financiación tanto de las universidades, y por tanto de las comunidades autónomas, como del sistema universitario español en su conjunto, en cuyo interior
existen políticas como las que estamos mencionando ahora, las políticas sociales y de dimensión social. La comisión que se ha constituido es de técnicos de cada una de las comunidades autónomas, que son los encargados de absorber la información que
de forma consensuada se indique de todas las universidades, y a través de estos representantes de las comunidades autónomas se incorpora al sistema central de información que a partir de ahora va a regir los elementos de incorporación. Como los
datos necesarios para el estudio de la discapacidad están recogidos a través de los acuerdos con Cermi, estoy convencido de que tendremos dentro de los próximos cursos datos ya perfectos. De todas maneras, las cifras y datos de la Secretaría
General de Universidades de 2009-2010 que van a publicarse el próximo mes incorporan ya ocho tablas que aunque no tienen el grado de desagregación que en el futuro tendrá el sistema de información, empiezan ya a poner el énfasis a la carta que nos
suministró el Cermi en cuanto a las mejoras.
El balance del CEI es muy bueno. No voy a hablar de todo el proyecto pero sí del nuevo concepto español, porque el entorno es hoy uno de los elementos mejor valorados por otros proyectos europeos, fundamentalmente de Francia y Alemania, que
actúan en paralelo con proyectos de excelencia y que han puesto menos interés en el tema del entorno como elemento fundamental de calidad y de excelencia y por tanto en la
accesibilidad, en la inclusión, pero también en los campos saludables, los campos seguros, los campos en donde la vida obtiene un valor añadido.
Fíjense de todas maneras en que es un cambio conceptual en España muy grande. España ha vivido
prácticamente en el interior de los edificios la actividad universitaria y cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a una accesibilidad más centrada en el interior del edificio, lo que antes valorábamos como las facultades. Hoy ya no tiene
sentido. Es verdad que el espacio europeo de Educación Superior extrae una nueva enseñanza: todos los entornos, todos los espacios, todos los ámbitos son apropiados para la nueva enseñanza y por tanto todos ellos han de tener el nivel de
accesibilidad adecuado.
En cuanto al grado de eliminación de barreras, los esfuerzos de las universidades en realidad son excelentes en España y tengo el orgullo de ir por el mundo y exponer el trabajo que se está realizando en las mismas. Únicamente les indico el
informe especial que el Parlamento andaluz realiza, Universidades y Discapacidad, publicado en diciembre de 2008 gracias al esfuerzo de los defensores, cuyo capítulo central explica todos los esfuerzos de las universidades, los problemas que aún
tienen que resolver en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, de accesibilidad en general, y también -en una de las preguntas lo había indicado- los esfuerzos en el ámbito curricular. Es un documento excelente. No tenemos tiempo,
pero ojalá en un futuro próximo, que para mí es 2015, tengamos un documento como este, no únicamente de una comunidad autónoma sino de todo el sistema universitario evidentemente con un trabajo ya realizado.
En cuanto a Aneca, tenía en este momento un reto primero, que era el de terminar en el mes de julio toda la transformación. Esta transformación ha sido realizada y en este momento tenemos ya el 96 ó 97 por ciento de toda la verificación
terminada, aunque quedan algunos elementos. El objetivo para los próximos meses es justamente lo que usted indicaba. En este momento se trata ya de afinar y hacer el seguimiento de cada uno de los propios planes de estudio, en cada uno de los
ámbitos en los que hemos incorporado este cambio, y ver realmente si esto ha sido un tema real profundo o no. El seguimiento es hoy el elemento fundamental. Se lo debo indicar y por tanto me comprometo a que en la próxima comparecencia le
informaré de los trabajos de este año en el ámbito de Aneca para todas sus apreciaciones. Igualmente, en cuanto al centro de referencia al que usted se refería, en este momento hemos realizado una priorización en otros ámbitos, como es el relativo
al foro, que era el elemento fundamental, pero en la primera reunión del foro vamos a exponer este tema para incorporarlo en la propia discusión general para que pueda contestarles adecuadamente.
En cuanto a los estatutos, usted preguntaba si en ellos ha participado Cermi. He de indicar que Cermi ha sido nuestro contacto, juntamente con la Fundación ONCE, en todos los ámbitos normativos en estos últimos meses e igualmente en el
diseño del programa campos de excelencia internacional, y no solamente, como le indicaba muy someramente, en el proceso de generación sino también en la evaluación. El proyecto de campos de excelencia ha sido valorado en toda su amplitud, por tanto
no pensemos que cada uno valora su ámbito sino en conjunto con representantes de la Fundación ONCE y de Cermi, que han participado en la comisión técnica para la valoración, que era uno de los elementos fundamentales.
En cuanto a las becas y ayudas, es verdad lo que usted indicaba, que se ha hecho un gran esfuerzo los dos últimos cursos en cuanto a la gratuidad en estudiantes discapacitados hasta el 65 por ciento y que el objetivo ha de ser el que marca,
el del 33 por ciento. Nosotros entendíamos que este año el esfuerzo mayor, además consensuado también con Cermi -aunque evidentemente ellos indican que el año próximo deben incorporarse mayores esfuerzos para ir acercándolo-, era adecuado en el
marco del esfuerzo que hemos procurado realizar. Indicaba cuánto suponía económicamente desde personas sin discapacidad frente a otras con discapacidad, con un aumento económico importante en cada una de las acciones y también en la incorporación
de las becas salario que entendíamos que era fundamental.
De todas maneras, estamos en este objetivo. En las próximas semanas, cuando expliquemos el presupuesto del año 2011 tendremos la satisfacción de anunciar un presupuesto que aumenta en un
porcentaje parecido o superior al del año pasado las becas y ayudas. Por tanto, estamos cumpliendo uno de los aspectos que a mí más me preocupaban.
Nos pusimos de examen únicamente tres palabras. Alguien decía que era un examen muy fácil, solamente tres palabras muy fáciles. Las tres palabras son dimensión social, excelencia e internacionalización. Si consiguiéramos esto, podríamos
dar un paso de gigantes. En el ámbito de la dimensión social el incremento es importante y lo explicaremos convenientemente el día de la defensa presupuestaria y verán como no hay ninguna duda de que en la dimensión social el año que viene va a
continuar la planificación del crecimiento.
No tengo tiempo de explicarles el contenido, pero quisiera que tuviéramos todos presente algo muy claro. Hay un excelente documento de planificación y de hoja de ruta del sistema universitario español y de las universidades y por tanto de
las comunidades autónomas, aprobado por consenso el 26 de abril, que debería ser utilizado casi como libro de mesilla de noche, porque hay un consenso general sobre este documento.
Dentro de sus seis partes fundamentales, una es la que representa
el cambio del modelo de becas y ayudas, y en algunas comisiones de educación he tenido la oportunidad de expresar la importancia de este giro que hemos dado y que está perfectamente incorporado. Seguramente, cuando lo veamos con ojos actuales, la
apreciación financiera, en un momento en el que hay una situación presupuestaria, como usted indicaba, en todas las comunidades
autónomas y en la propia Administración central, de una cierta contención presupuestaria, debe hacerse sin eliminar las ventajas que hemos conseguido en algunos campos como es el de estudiantes con discapacidad.
Para que esto se cumpla,
para que la iniciativa voluntarista de hacer recortes presupuestarios para llegar al objetivo final de déficit público en el camino no corte ramas verdes importantes de este árbol que estamos construyendo, se ha creado una comisión en la que están
representadas todas las comunidades autónomas, de todos los colores -se hace también en Europa-, que es aquella comisión que sigue el proceso de austeridad del sistema universitario español para evitar que por un exceso de voluntarismo hagamos
alguna mala praxis, alguna mala práctica de la que después tengamos que arrepentirnos en el futuro. Esta comisión se reunió hace muy pocos días, hizo un análisis importante a nivel europeo, hay varios informes de la EUA, de la Asociación Europea de
Universidades, que también indica sobre todo que no hay que caer en la tentación de hacer recortes horizontales en el ámbito de la universidad, porque con esta acción horizontal romperíamos algunos de los avances que hemos conseguido y que
evidentemente no son necesarios para llegar al equilibrio presupuestario. Por tanto, la priorización es hoy fundamental y he de indicarle, no tenga ninguna duda, que el ámbito de las políticas de dimensión social y fundamentalmente de estudiantes
con discapacidad no solamente no va a ser recortada, sino que va a ser potenciada, ya que el año que viene hay un incremento de 9 millones para el campus de excelencia internacional, y una parte importante de esta cantidad irá para continuar la
política iniciada a través del convenio con la Fundación ONCE y con Cermi.
Acabo agradeciéndole sus palabras. Cuando he iniciado mi contestación no estaba y quiero indicarle mi satisfacción. Espero que reciba en los próximos días el documento ejecutivo estrategia Universidad 2015, que estamos entregando en las
reuniones europeas y que está publicado en julio de 2010. Fíjese que hay 40 páginas de resumen ejecutivo. En la página 27, en atención, orientación e inserción laboral en el ámbito de estudiantes, hay un apartado específico de todo lo que he
indicado en el texto. He de incorporar también de manera muy satisfactoria -para mí es un orgullo- que en el apartado 5.4, en la página 41, hay todo un apartado que habla sobre entornos inclusivos, sostenibles y saludables. Es evidente que no es
normal que en un documento de 40 páginas que hable sobre la excelencia de la universidad del futuro, se dedique media página al ámbito estratégico de los temas que hoy nos preocupan. Por tanto, es un orgullo haber llegado entre todos a
concienciarnos de que este es un elemento fundamental -ya lo he indicado antes- un elemento de excelencia.
Difícilmente estaremos convencidos de que tenemos una universidad excelente si únicamente imitamos a universidades extranjeras en el ámbito
docente e investigador. Otro día podemos hablar de ello, pero hoy de lo que hablamos es de la calidad en cuanto al entorno.
La señora Medina hacía algunas matizaciones en las que no tenemos tiempo de introducirnos en mayor profundidad, pero quisiera únicamente hablar de dos temas. Primero, tuve la oportunidad de estar en la presidencia de los premios que se
realizaban con Cermi para los proyectos de investigación de universidades a fin de incorporar las nuevas tecnologías a soluciones a los problemas de la falta de inclusión. Lo que se vio claramente fue que cuando una universidad politécnica ejecuta
una tecnología adecuada para facilitar que un aula normal o un espacio normal universitario deje de ser normal y sea un espacio con toda la facilidad de inclusión, lo que hemos de procurar es que nuestros campus de excelencia puedan tener también
estas aulas incorporadas en el entorno de nuestras universidades.
Esto es lo que se está logrando en este momento a través de la cooperación de algunas politécnicas y de la Fundación Vodafone para utilizar esta tecnología en la vida diaria y por
tanto no hacerlo únicamente como un tema empresarial de cara al sector productivo -que también es fundamental-, sino, ya que se hace este esfuerzo de incorporación de innovación en este entorno, ponerlo también al servicio de la universidad pública
y por consiguiente de su propia mejora.
El segundo aspecto es la responsabilidad social universitaria. No tenemos tiempo, pero tengo que indicarles que un aspecto fundamental de la universidad española es que durante estos últimos dos o tres años hemos tenido tiempo -seguramente
presionados por la propia situación que usted indicaba muy bien de cómo hemos entendido las capacidades de absorción del concepto Bolonia o no- para lograr algo positivo y es que hemos aprendido a repensar las misiones de la universidad española en
el siglo XXI. Entre esas misiones nadie duda que la docente e investigadora conforma hoy la universidad europea, que es la universidad humboldtiana.
Piensen que dentro de tres semanas se celebra el 200 aniversario de la creación de la Universidad
de Berlín. Pasará desapercibido, pero es la cuna del concepto de universidad moderna europea, la universidad humboldtiana, aquella universidad que para nosotros no tiene posibilidad de dividir la docencia y la investigación y que destila en el
doctorado.
Pero nosotros hemos avanzado un poco más después de 1810. ¿En qué hemos avanzado? Hemos entendido que la universidad y el conocimiento universitario debían salir de sus paredes, y por tanto de esta torre de ivory cerrada en que muchas
veces ha estado, y pasara a crear valor en el entorno productivo. Esto ha sido históricamente la transferencia de tecnología, que ustedes saben que después hemos transformado en transferencia de conocimiento porque no todo el conocimiento es
tecnológico, pero nos quedábamos en una tercera dimensión muy pequeña y hemos llevado a cabo en España, como un elemento fundamental en la Presidencia española que no he tenido tiempo de explicarles, la incorporación de la tercera misión
universitaria, del
aspecto de responsabilidad social universitaria. Por tanto, de las tres misiones, docente e investigadora, la tercera tiene dos elementos: de transferencia de conocimiento y tecnología. Acuérdense de que transferencia quiere decir un
entorno de valor económico entre el generador de conocimiento y el mercado. El segundo es que para que no haya problemas de transferencia, en la responsabilidad social universitaria ya no hay transacción económica. Es únicamente la propia
responsabilidad de la universidad en los ámbitos de cooperación, en los ámbitos de dimensión social, en los ámbitos de inclusión de accesibilidad, por lo tanto, un modelo social de universidad. Creo que este es uno de los aspectos importantes por
los que usted me preguntaba y espero que algún día, en alguna comisión del Congreso podamos venir a explicar cuál es realmente este gran avance que se ha hecho en el ámbito de la responsabilidad social universitaria, que tiene concepciones parecidas
a la responsabilidad social empresarial, corporativa, etcétera, pero que tiene unos elementos diferenciales, que algún día podré explicarles, que tienen un valor añadido y por tanto estamos en este momento estudiándolos.
Con el señor Olabarría había tenido ocasión, antes de empezar, de hablar un poco sobre los temas que me indicaba. Es verdad que en el ámbito universitario han sido unos entornos sobre los que los propios responsables de la universidades -yo
como rector en su momento lo he vivido- hemos tenido una gran preocupación, porque es evidente que es difícil entender que estamos dando conocimiento, haciendo innovación y generando nuevos entornos de avance, y que sea nuestra propia universidad la
que no acepte, no integre, no incluya todas las medidas adecuadas para que estas personas se encuentren perfectamente incorporadas al ámbito universitario. Esto lo ha facilitado seguramente y ha sido una gran preocupación. Es verdad que los
obstáculos arquitectónicos han actuado como una barrera. Saben ustedes que la universidad española tiene edificios excesivamente viejos, es una universidad histórica; por tanto, hay muchos edificios que requieren una gran inversión de
rehabilitación.
Pero está claro que se ha hecho un esfuerzo importante en los casi trescientos campus que tenemos en este momento repartidos por España para crear esta cohesión, gracias también a las políticas de todas las comunidades autónomas que
han trabajado en este tema. Si ha funcionado bien, se ha debido al papel de la CRUE y de Runae en el ámbito de la incorporación de los dos conceptos fundamentales: accesibilidad e inclusión. El ámbito de estudiantes en estos momentos es uno de
los más mimados por parte del ministerio a través de la nueva dirección general.
Esto ha sido bien aceptado por parte de todos los colectivos universitarios, que, a pesar de la discusión en el ámbito de Bolonia sí, Bolonia no, han entendido que una
mayor atención, una mayor participación y un mayor respeto a los estatutos básicos de los estudiantes universitarios era necesario en España, a pesar de que siempre ha sido un poco tabú entrar en esta vía. Estoy convencido de que dentro de poco el
Consejo de Estudiantes Universitarios va a ser el lugar donde se traten algunos de los temas de los que hoy estamos hablando, haga de examinador y haga participar en estos consejos -no como estamos haciendo aquí-, a representantes del Cermi, de la
Fundación ONCE y de otras instituciones.
En cuanto a la señora Díez, antes de iniciar la sesión hemos tenido oportunidad de hablar de estos temas y ya habíamos resuelto muchas de nuestras dudas. La pregunta que hace es clave y va a ser contestada en su momento. Pero quiero
indicarle que es mi preocupación en este momento hacer entender el papel que está desempeñando la UNED para España. En un momento como el actual la UNED está jugando un papel fundamental que no se está viendo reflejado en los presupuestos, ya que
las políticas iniciadas en este momento han sido políticas transversales, horizontales.
La UNED tiene un papel fundamental en un momento en donde hay una mayor demanda de formación, y esta demanda se realiza en algunos casos por las vías no
presenciales, habiendo conseguido un incremento de matriculación importante este año. Pero este incremento se observa también en algunos colectivos como el de estudiantes con discapacidad. En su momento, el Defensor del Pueblo se puso en contacto
con nosotros para tratar de la compensación de las tasas y precios públicos y de la falta de una matización clara en el ámbito de la exención. Es verdad que la casuística de la UNED en cuanto a las segundas y terceras matrículas está siempre puesta
a disposición de una comisión que evalúa que únicamente en aquellos casos en donde la repetición no sea debida a la causa de la discapacidad, tiene los incrementos de precio que se indican. En cualquier caso, se mantiene el ámbito de la gratuidad
siempre que las segundas y terceras matrículas sean consecuencia de la existencia de la discapacidad. Vamos a contestarlo por escrito, porque es un tema muy importante. La UNED ha de jugar un papel fundamental en este entorno en el que hay un
cambio de ciclo que socialmente requiere de instituciones potentes como la UNED y deben tener la financiación adecuada para cumplir las funciones que les hemos otorgado. No recuerdo exactamente las palabras de su intervención, señora Díez, pero las
palabras que se han dicho hoy en esta Comisión son fundamentales porque van dirigidas al colectivo de personas con discapacidad. Han de tener en cuenta que los representantes de todos los ciudadanos están indicando hoy que, a pesar de la situación
económica, a pesar de que hemos de realizar importantes medidas de ahorro y de austeridad, donde no podemos aplicar austeridad es en aquello que nos ha costado tanto conseguir. A partir de hoy, tenemos que seguir avanzando en las líneas que usted
me indicaba como plan de acción para los años 2010-2011.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rubiralta. Ha sido un placer escucharle. Terminamos este punto, salvo que algún grupo quiera hacer alguna matización. (Pausa.) Gracias por su comparecencia. Esta es su casa.
Suspendemos durante dos minutos para despedir al señor secretario general de Universidades y continuamos la sesión. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE ADAPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA AL FORMATO DE TAMAÑO CARNET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001425.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar con la comisión. Como saben, acumularemos las votaciones al final del debate que, debido a la hora, no serán antes de las dos. Intentaremos, con la colaboración de todos ustedes, que más o
menos a esa hora podamos haber finalizado. Si vemos que va más rápido, haríamos un nuevo llamamiento para el horario de votación, pero en principio lo situamos a las dos de la tarde.
En primer lugar, tenemos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la adaptación del certificado de minusvalía al formato del tamaño carnet. Va a ser la señora Quintanilla quien hará la defensa de la
misma. Tiene la palabra.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, traigo a debate en nombre del Grupo Popular esta proposición no de ley con el objetivo de seguir avanzando en todo aquello que signifique una mejora en el día a día de los millones de españoles y
españolas que sufren algún tipo de discapacidad y, en este caso, un tipo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En España saben ustedes que el documento que acredita oficialmente el grado de discapacidad es el certificado de minusvalía temporal o definitiva, que solo puede ser expedido por la Administración Pública y que da derecho a quien lo posee a
disfrutar de una serie de ventajas y beneficios a la hora de que las personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento pueda acceder a una vivienda, a la compra de un vehículo, a un puesto de trabajo, a cursar estudios o, simplemente,
a conseguir una beca. El problema con el que se encuentran en muchas ocasiones las personas poseedoras de este certificado es que se trata de un documento con formato anticuado, totalmente obsoleto para el siglo en el que vivimos -el siglo XXI-,
que consiste en uno o varios folios de papel normal, DIN A4, que se estropea fácilmente, es incómodo y que a la hora de llevarlo encima las personas que sufren discapacidad se convierte en un engorro, porque, además, se va deteriorando con el
tiempo.
Consciente de la fragilidad y la incomodidad de este formato, el Grupo Parlamentario Popular presentó esta iniciativa el año pasado, cuando hasta entonces tan solo la Comunidad Autónoma de Madrid y alguna otra que en estos momentos no
recuerdo habían puesto ya en marcha las llamadas tarjetas de discapacidad, con un formato mucho más útil que los llamados certificados de minusvalía. Casi un año después de presentar esta iniciativa y dado lo que se ha alargado en el tiempo que
pudiéramos debatir en esta Comisión, ya que ha transcurrido casi año y medio, son varias las comunidades autónomas que han puesto en marcha la tarjeta electrónica para las personas discapacitadas. Me van a permitir que las nombre porque creo que es
justo que lo haga: Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha han puesto en marcha la tarjeta de la discapacidad. Pero todavía hay regiones en las que la única forma de acreditar el grado de
discapacidad es el certificado en papel. Por lo tanto, mi grupo entiende que es necesario que esta nueva tarjeta de discapacidad puesta en marcha por estas comunidades autónomas que acabo de citar se extienda a todo el territorio español, tal y
como ya ocurre con la nueva tarjeta de estacionamiento estándar europea para personas con discapacidad, conocida como tarjeta azul, que ya existe desde hace tiempo en todas las comunidades autónomas y que es válida en el resto de los países de
nuestro entorno comunitario. Por ello, con esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por nuestro compromiso con las personas con discapacidad, instamos al Gobierno a consensuar en el seno de la conferencia sectorial y con todas
las comunidades autónomas para que ponga en marcha la tarjeta de discapacidad, para que el nuevo certificado de minusvalía sea una tarjeta parecida al documento nacional electrónico, en el que figure el grado de minusvalía y si la persona tiene
movilidad reducida, al igual que ya lo han hecho otras comunidades autónomas, con el fin de facilitar su uso a los beneficiarios, para acceder con mayor facilidad y agilidad a los beneficios a los que tiene derecho por su grado de discapacidad.
Señorías, señoras y señores diputados, señor presidente, cerca de 4 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en España y la mayor parte de ellas está en posesión del certificado de minusvalía que les acredita un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
Aproximadamente la mitad de estas personas ya pueden solicitar la nueva tarjeta de discapacidad en las comunidades autónomas donde se ha puesto en marcha, pero la otra mitad no puede hacerlo. Por eso
mi grupo parlamentario cree que se está produciendo una discriminación, que varía en función de la comunidad autónoma donde reside la persona afectada por una discapacidad. De ahí, señorías, la necesidad de que salga adelante esta proposición no de
ley, de ahí que pidamos el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, para que, indiscutiblemente, con esta iniciativa pongamos en marcha otra medida que haga más fácil y más digna la vida de las personas que sufren algún tipo de
discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Al menos el Grupo Socialista ha solicitado la palabra para fijar posición. Si otros grupos también lo hacen, empezaremos de menor a mayor. (Pausa.)
Señora Tarruella, tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Intervengo brevemente para manifestar nuestro acuerdo con esta proposición no de ley. Además, felicito a la proponente, porque es cierto que ir con el certificado es una molestia y se deteriora y el carnet
electrónico creemos que sería un gran acierto. Anuncio nuestro voto favorable a esta proposición no de ley y deseamos que salga adelante.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Almagro.
El señor ALMAGRO CASTRO: Señorías, la conveniencia de establecer el certificado de minusvalía en un formato similar al DNI electrónico, tal y como se solicita en la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, no es algo nuevo.
Este asunto ha sido tratado en reuniones de la Comisión estatal de seguimiento y valoración del grado de discapacidad por recomendación del Consejo Nacional de la Discapacidad, que se remonta a diciembre del año 2007. Tal y como ha dicho la
proponente, varias comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de reconocimiento y declaración del grado de discapacidad, ya cuentan con este formato de certificado que es, sin duda alguna, más cómodo, duradero y, sobre
todo, más operativo, algo que facilita sobremanera todas aquellas acciones y gestiones que requieren el uso de este documento, contribuyendo -y eso es lo realmente importante- a mejorar la calidad de vida del día a día de las personas con
discapacidad. Como quiera que esta propuesta resulta a todas luces ventajosa para el colectivo que nos ocupa y nos preocupa a todos los que formamos parte de esta Comisión y como quiera también que el Gobierno de España en su hoja de ruta ha dado
más que muestras evidentes de su sensibilidad y compromiso para con las personas con discapacidad, sus problemas y necesidades, desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyaremos esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en la seguridad de que con el trabajo conjunto del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, entre los muchos y buenos acuerdos y conquistas estará el de adoptar ese diseño uniforme de la tarjeta acreditativa de la situación de
persona con discapacidad y extender su operatividad a todas las comunidades autónomas de nuestro Estado. Por tanto, nos sumamos, apoyamos esta iniciativa y la saludamos positivamente.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR UN PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOCIALMENTE RESPONSABLE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente
161/001431.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar un plan de contratación pública de la Administración General
del Estado socialmente responsable. Tiene la palabra la señora Tarruella para su defensa.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Sí, señor presidente, estábamos en plenas negociaciones de las enmiendas.
Nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley debido a la sensibilidad y a petición de todos los colectivos del mundo de la discapacidad -el Cermi a la cabeza de todos ellos-, para que desde el Gobierno se impulse dentro
del marco de la Administración General del Estado un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad a fin de incluir cláusulas sociales en todas las licitaciones. No puede ser que cuando salen a concurso
diferentes contratas se las lleven empresas o entidades que no estén cumpliendo con los requisitos que marca la ley; es decir, que deberían cumplir con la reserva del número o tanto por ciento que les marca la ley para personas con discapacidad o
bien con las medidas alternativas que asimismo marca la ley, y que además en estos contratos estas medidas sociales no se tengan en cuenta a la hora de las adjudicaciones. Sabemos que en estos momentos de problemas económicos prima, es importante y
se ha de tener en cuenta el precio y dentro de ellos el más barato de los que se presentan a concurso, pero a nosotros antes que el precio nos interesa que dichas empresas cumplan con el compromiso de contratar o tener el cupo previsto para personas
con alguna discapacidad. Si estas empresas cumplen, no hay ningún problema en contratar a las que han presentado menor precio, pero creo que se les debe empezar a exigir que todas cumplan, que nos lo tomemos en serio y que vayamos ya por este
camino. En este sentido hemos presentado esta proposición no de ley que simplemente quiere instar al Gobierno a que en el marco de la Administración General del Estado adopte este plan de contratación.
Si me lo permite, señor presidente, ¿puedo manifestarme a continuación sobre las enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Sí, lo puede hacer ahora, aunque supongo que están ustedes buscando una enmienda transaccional.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Sí, aceptaría la enmienda del Grupo Popular, pues me parece que complementa y mejora mucho nuestra propuesta; y también veríamos una parte de la enmienda del Grupo Socialista e intentaríamos hacer una
transaccional. Lo anunciaremos después.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre instar al Gobierno a adoptar un plan por parte de la Administración pública del Estado socialmente
responsable, tenemos una primera enmienda del Grupo Mixto. Señora Díez, para su defensa tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Comparto la filosofía y la pretensión de la proponente. Únicamente había presentado una enmienda de concreción de algunas cuestiones que plantea en su primer párrafo sin concretarlas.
Concretamente, lo que se pide
en la primera parte es que se les exija a aquellas empresas que son públicas y que son beneficiarias de contratos públicos que acrediten previamente el cumplimiento de la obligación de la reserva de empleo para trabajadores o el establecimiento de
la obligación de reserva en un porcentaje mínimo que vincule a todas las administraciones públicas, naturalmente dentro del respeto competencial de cada una de ellas. Dicho eso, como comparto el criterio de la proponente, si le parece que es una
mejora y ella la acepta, estaremos encantados de llegar a una transaccional y, si no, también contará con mi voto favorable su PNL, tal y como la ha planteado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Durán para la defensa de su enmienda.
La señora DURÁN RAMOS: Señor presidente, debatimos esta mañana una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mi grupo está de acuerdo con su filosofía y agradecemos la aceptación de la enmienda de adición
que ha presentado mi grupo.
Todos somos conscientes de la situación económica y laboral en la que está sumida España. No voy a hacer mención de las causas porque están en la mente de todos y más aún después de escuchar las declaraciones de ayer mismo del presidente
del Gobierno en relación con los parados; parados que representan el 20 por ciento de la población activa. Esta es la realidad que tenemos y sobre la que mi grupo, el Grupo Popular, trabajará, para que este número de personas desempleadas no forme
parte de la lista de exclusión social, incluidos los discapacitados, que tenemos en nuestro país. El Gobierno tiene que cumplir lo aprobado en la Cámara, motivo por el que nuevamente, se trae esta proposición. Si difícil lo tienen muchas personas,
los discapacitados aún más, teniendo sus derechos reconocidos, aprobados y ratificados por España en tratados como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 27. Por eso queremos llamar la atención del Grupo
Socialista y del Gobierno. Revisando los documentos aprobados por el Gobierno, nos encontramos con la famosa actualización del programa de estabilidad, donde se nos dicen los recortes presupuestarios y la congelación de la oferta de empleo público,
aportando el dato de jubilaciones en el 7 por ciento de la plantilla de las administraciones públicas entre este y los próximos tres años, con lo cual lógicamente esto recae también en una grave situación de las personas con discapacidad. Con estos
datos es necesario establecer la preferencia en la adjudicación de contratos a las empresas que en igualdad de condiciones acrediten mayor cumplimiento de la reserva de empleo para personas con discapacidad, garantizar el cumplimiento de la cuota de
reserva o las medidas alternativas en la contratación pública, según la directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios a
través de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, que nos consta que en algunas administraciones se están cumpliendo; menos en algún importante número de ministerios. Por eso creo en la necesidad de cumplir -también nos lo dice el Cermi- con su
Programa de acción política para la discapacidad 2008-2012. Es la recomendación que nos hace a todos los que estamos representados en esta Cámara. Finalizo agradeciendo nuevamente la aceptación de nuestra enmienda de adición.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra para la defensa de su enmienda don José Vicente Muñoz.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista respecto a esta proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió.
El Gobierno desde el punto de vista de la acción, el control y el trabajo para generar empleo no
solamente para las personas con discapacidad sino también para todos y cada uno de los sectores sociales, tiene claro tres temas: primero, que ha hecho la Ley de Contratos del Sector Público a la que se ha aludido aquí anteriormente, la estrategia
global de acción para el empleo para personas con discapacidad 2008-2012, que el empleo para personas con discapacidad puede ser en la empresa ordinaria del tercer sector o en el sector público, y que, entre otras medidas y acciones ha generado una
importante, la apuesta por aumentar la dotación de los recursos económicos para la consolidación de los puestos de trabajo localizados en los centros especiales de empleo de toda España, así como también uno de los derechos importantes que consigue
el colectivo de personas con discapacidad con este Gobierno, que es la jubilación anticipada a los 58 años de aquellos trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
En la actualidad sociopolítica, socioeconómica hay que señalar datos que son positivos. En el primer trimestre de 2010 el Observatorio estatal de la discapacidad ofrece unos datos que conviene retener por lo que tienen de importancia. Se
han realizado alrededor de 14.000 contratos de trabajo a personas con discapacidad, un 19 por ciento más que en el mismo periodo de 2009, en el que se realizaron alrededor de 11.700. Esa es la preocupación social y política en este momento del
Grupo Socialista y del Gobierno: la creación de empleo en todos los sectores, y también, como decía al principio, entre la población discapacitada. La mayoría de los contratos a
los que alude el Observatorio de la discapacidad han sido eventuales, prácticamente un 45 por ciento, y por obras y servicios alrededor del 34,5 por ciento. En el dato que daré a continuación es donde tenemos que situar la realidad política
y económica del empleo actual en España asimismo para las personas con discapacidad. Casi el 10 por ciento han sido contrataciones indefinidas, por consiguiente, habrá que incentivar la contratación indefinida en todas sus modalidades pero más si
cabe entre la población discapacitada. Hay elementos importantes para tener, como decía, una visión positiva porque con las negatividades no vamos a ningún sitio y a las personas con discapacidad hay que darles positivismo y a los ciudadanos en
general también. Ante estos datos yo no diría que está todo solucionado porque no sería cierto, pero hay que manifestar que un elemento importante a la hora de programar y conseguir empleo para las personas con discapacidad se hace asimismo con un
sector que hasta hace pocos años era incipiente pero que hoy ya forma parte del entramado asociativo y del empresariado social en España, como es el tercer sector social, que incluye como una herramienta importante de trabajo la socialización de las
personas con discapacidad y además la inclusión social de este colectivo.
Como decía la portavoz de Convergència i Unió, vamos a intentar transaccionar una propuesta como la que estamos planteando teniendo en cuenta, señoras y señores diputados, que el plan, si llegara a elaborarse, tiene que prever excepciones a
la regla general que deberían ser decididas por cada órgano de contratación basándose en las características del contrato, porque no podemos tampoco abrir aquí un abanico de soluciones para todos los problemas cuando la ley nos obliga a unas
determinadas circunstancias. Por ende, lógicamente ha de cumplirse la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público porque en ella aparecen los incentivos importantes a la hora de plasmar las ofertas de empleo público en nuestro país.
Para acabar, me gustaría decir que siendo como son actuaciones que van a permitir que el Estado en su organización, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, pueda actuar en estas circunstancias, no estaría de más que podamos
instar a que se impulse desde el Gobierno, con el resto de las administraciones públicas, una mayor atención en el cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en materia de centros especiales de empleo que son -acabo- uno de los importantes
yacimientos de empleo para las personas con discapacidad en nuestro país.
- PARA INSTAR AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN DE CIERTAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA PERSONAS QUE NO TENIENDO RECONOCIDO EL 33 POR
CIENTO DE DISCAPACIDAD, ESTÉN AQUEJADAS DE ALGÚN TRASTORNO (COMO ES EL CASO DE LA DISFEMIA) QUE LES IMPIDA CONCURRIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS PROCESOS SELECTIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/001460.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley; autor el Grupo Mixto; por la que se insta al Gobierno a modificar la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, en relación con la adaptación de
ciertas pruebas de acceso a la Función pública para personas que no teniendo reconocido el 33 por ciento de discapacidad, estén aquejadas de algún trastorno (como es el caso de la disfemia) que les impida concurrir en igualdad de condiciones a los
procesos selectivos. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, al leer el título de la proposición no de ley que voy a defender ha planteado exactamente los objetivos de la misma, por ello, voy a dar una brevísima explicación sobre por qué se suscita en esta
Comisión este debate y por qué creemos que es necesaria una decisión de carácter político y un mensaje dirigido al Gobierno para resolver esta situación.
En primer lugar, he de recordar que la disfemia o tartamudez, como todos nombramos esta discapacidad, es una perturbación de la fluidez de la expresión verbal en la que influyen factores fisiológicos, psicológicos y situacionales que en la
actualidad no son tenidos en cuenta a la hora de valorar este trastorno como una discapacidad; insisto: fisiológicos, psicológicos y situacionales, no solamente médicos. Es cierto que el Real Decreto 71/1999, de finales de año, de diciembre si no
recuerdo mal, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en uno de sus anexos establece los baremos para el reconocimiento de discapacidad por tartamudez, estableciendo diferentes grados, pero para
ello se consideran únicamente criterios médicos. Quiero insistir en esta cuestión, lo he estado hablando con la diputada representante del Grupo Socialista, y quiero insistir en esta consideración porque me parece lo sustancial de lo que estamos
hablando, es decir, que se nos han escapado, a la hora de valorar y tratar justamente a algunas personas que sufren esta discapacidad, algunas personas que al no tener reconocido el nivel 1 ó 2 porque solo se establecen criterios médicos, sufren
esta situación pero no se les evalúa correctamente y, por ende, son discriminadas a la hora de acceder a la Función pública. En la práctica -insisto en ello- para que a una persona se le reconozca una discapacidad basándose únicamente en su
tartamudez se necesitaría como mínimo el reconocimiento del grado 3B o limitación muy grave: discapacidad para la comunicación verbal del 48 al 59 por ciento y los grados 1 y 2,
como sabe S.S., quedarían excluidos de lo que legalmente se denomina discapacidad. Hay aquí, en fin, un hueco de personas que están en una especie de limbo y que no son beneficiarias de un derecho que se les ha reconocido a personas que
tienen como ellas dificultades para acceder en condiciones de igualdad a la Administración pública.
Por otro lado, insistiendo en lo mismo, el artículo 59 de la Ley del estatuto básico del empleado público establece la obligación de adaptaciones y ajustes razonables en los procesos selectivos, pero únicamente en caso de acreditarse una
discapacidad superior, insisto, al 33 por ciento. Por consiguiente, las personas que padecen disfemia de grado 1 y 2 no quedarían protegidas, de hecho no quedan protegidas, por el artículo 59 y en las pruebas de acceso a la Función pública que
contengan exámenes orales -esta es la cuestión- se encuentran en una situación de desigualdad en relación con el resto de aspirantes. Esta es la cuestión que suscito a reflexión de SS.SS. y sobre la que versa esta proposición no de ley, el
reconocimiento de que hay una serie de personas que no concurren en igualdad de condiciones a las que el legislador en su momento no tomó en consideración por estas apreciaciones que les he hecho al inicio de esta intervención, porque en la
tartamudez influyen factores no solamente médicos -difíciles por tanto de evaluar-, sino fisiológicos, psicológicos y situacionales que les provocan una situación de clara desventaja y de clara desigualdad. Por eso les proponemos esta proposición
no de ley y una enmienda precisamente a ese artículo 59 que citaba, que recoja también estas circunstancias especiales de estas personas. La propuesta que someto a su consideración cambiaría el título del artículo 59 -que ahora se llama personas
con discapacidad, y se le añadiría, y circunstancias especiales-, mantendría el texto de sus dos párrafos actuales y añadiría un nuevo texto que es el que ustedes conocen y que tienen en la proposición no de ley.
Termino diciendo que se me han planteado un par de enmiendas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. Lamentablemente no puedo aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque es una declaración positiva de carácter general pero no
resuelve los problemas que les he planteado, y que son problemas reales que reconocemos que existen; no los resuelve y, por ello, se le quita interés y sentido a esta proposición no de ley.
Respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular, mantiene el objetivo de la proposición no de ley e incluye una cita expresa a las personas con capacidad intelectual límite, y dice etcétera también.
Aunque es verdad que en el texto de la proposición no de ley no excluíamos a otras
personas que estuvieran en esta situación de discriminación, me parece bien que se mencione a las personas con capacidad intelectual límite y además la última parte en la que se dice que se dará preferencia -no presencia, sino preferencia- a quienes
tengan un mayor porcentaje de discapacidad. Pasaré a la Mesa y al resto de portavoces de los grupos una enmienda transaccional que recoge estos aspectos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y así es como pediré que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de su enmienda tiene la palabra don Alberto Garre.
El señor GARRE LÓPEZ: Señorías, para formular la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular se hace necesario analizar y profundizar en la iniciativa original de la señora Díez. Figura en el expediente de la proposición no de ley
que se tramita en este debate, la modificación por adición que hacemos también, y la transaccional a la que hemos llegado el Grupo Mixto y mi grupo parlamentario la acaba de hacer llegar de viva voz doña Rosa Díez y, a continuación, lo haremos
literalmente ella o yo mismo. Afecta esta iniciativa a artículos de la Constitución: al artículo 14 en cuanto a la igualdad de la ley, al artículo 9.2 en cuanto a que los poderes públicos promoverán las condiciones para la igualdad real de las
personas, y al artículo 49 cuando al referirse a las personas discapacitadas ordena a los poderes públicos prestar atención y amparo a estas personas para el disfrute de sus derechos. Afecta también a la Ley 7/2007, del estatuto básico del empleado
público, y a la Ley 51/2003 sobre no discriminación de personas discapacitadas que establece el baremo sobre grados de discapacidad.
Dicho lo que antecede, estaremos todos de acuerdo en que todas las iniciativas parlamentarias que se tramitan en el Congreso de los Diputados -tanto de control y de impulso como legislativas- son importantes. Asimismo estarán todos conmigo
en que siendo las iniciativas importantes, lo son además los distintos discursos y el debate que acompaña a la sustanciación de las iniciativas. Pero, siendo importantes los discursos y los debates, siempre he apreciado que es más importante lo que
precede y lo que sigue a los discursos y a los debates. Lo que precedió a esta iniciativa fue la comparecencia del presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, don Adolfo Sánchez García, que figura en el 'Diario de Sesiones' 544, de 13 de
mayo de 2010. Denunció cómo, tras ser recibido por el presidente del Gobierno y demostrar documentalmente con el Boletín Oficial del Estado en la mano hasta 158 casos de exclusión, la discriminación cinco años después -decía el presidente de la
fundación- sigue existiendo. Nos rogaba -cito literalmente- que cambiáramos el baremo del 33 por ciento que preceptúa el artículo 59 de la Ley 7/2007 al remitirse al apartado 2, del artículo 1, de la Ley 5/2003, porcentaje que ha dejado indefensos
y desiguales a discapacitados con certificado inferior al 33 por ciento. Es una injusticia que es un despropósito cuando las vacantes que se licitan quedan desiertas al no concurrir personas con el repetido porcentaje exigido.
En consecuencia, procede que apoyemos esta iniciativa socialmente apropiada y políticamente oportuna, ya
que lo que la iniciativa persigue fue asumido como compromiso político por los portavoces intervinientes en aquella sesión de la Comisión de Discapacidad del 13 de mayo de 2010. En este punto quiero reflexionar en voz alta con ustedes antes
de proceder a la votación de la transacción a la que hemos llegado doña Rosa Díez y yo mismo, en representación del Grupo Mixto y del Grupo Popular. La primera reflexión que les hago es que los discursos son nuestros; los hacemos nosotros y forman
parte de nuestro patrimonio personal. Pero una vez pronunciados dejan de ser nuestros, forman parte del patrimonio público y, por tanto, son propiedad de toda la sociedad. Por otra parte, los parlamentarios en principio no debemos temer
absolutamente nada. No decidimos, no tenemos poder ejecutivo. Solo tenemos la palabra y la decisión parlamentaria para instar o controlar al Gobierno. Solo podemos temer a una cosa: a que el 'Diario de Sesiones' se desplome sobre la cabeza del
diputado; que no es poco. Es solo eso, pero es mucho, porque es el compromiso político y público adquirido en sesión plenaria con los notarios que dan fe de ello, que son los taquígrafos de esta casa. No voy a leer el 'Diario de Sesiones' de
aquella fecha; simplemente me voy a remitir a él; por ende, apoyamos la iniciativa que en principio presentó doña Rosa Díez.
Sin embargo, no es menos cierto que, siendo importante lo que precede al debate y que es lo que acabo de explicar, no es menos importante lo que puede seguir al debate. Apreciamos cómo la iniciativa de doña Rosa Díez quizá adolecía de estar
singularmente enmarcada en la tartamudez, cuando puede haber otro tipo de discapacidades que afecten también. Incluimos algunas de ellas en nuestra enmienda y además, para que no haya discriminación no solo en los distintos sectores sino dentro del
mismo sector entre distintos discapacitados, añadimos que todas y cada una de las licitaciones que se hagan para cubrir en propiedad plazas para discapacitados se hagan con preferencia a los que obtengan porcentajes de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento. Con ello estamos igualando a los discapacitados en los distintos sectores, pero también dentro del propio sector a los más desfavorecidos. Por eso, vamos a apoyar esa transacción, porque creemos que es oportuna la iniciativa que
han impulsado la señora Díez y el Grupo Mixto, y porque con la aportación hecha desde la enmienda formulada por el Grupo Popular se mejora el texto definitivo que se somete a votación.
El señor PRESIDENTE: Ahora, en nombre del Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda tiene la palabra doña Guadalupe Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Mediante esta iniciativa se insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 59 de la Ley del estatuto básico del empleado público. Lo primero que nos ha sorprendido es que esta iniciativa se tramite
como una proposición no de ley, cuando lo razonable si se trata de una modificación de un artículo es que se hubiera tramitado como una proposición de ley. Aún así, lógicamente vamos a participar en el debate y me gustaría hacer algunas
reflexiones. La Ley 7/2007, del estatuto básico del empleado público, establece los principios generales aplicables al conjunto de funcionarios de todas las administraciones públicas, y en su artículo 59 -al que nos hemos referido varias veces en
las intervenciones- regula que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando que evidentemente tienen que superar los procesos
selectivos, acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas que implica el puesto de trabajo al que optan. Tengo que recordar que ya hay una iniciativa puesta en marcha que amplía ese 5 por ciento al 7 por ciento; de
hecho, en la convocatoria de empleo público así se ha incrementado. A su vez, cada Administración pública debe adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y de medios en el proceso selectivo y, una
vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Se considera que para las personas que no tengan una discapacidad igual o superior al 33
por ciento no existe una obligación legal de establecer los ajustes razonables de tiempos y de medios en el proceso selectivo, pero con la redacción que se propone en la proposición no de ley quedaría a criterio del tribunal determinar el grado de
disfemia u otro trastorno similar, con esa ampliación que ha propuesto el Grupo Popular, que siendo inferior al 33 por ciento les impida participar en ciertas fases del proceso selectivo, lo que supondría una indeterminación normativa que puede
ocasionar situaciones claramente discriminatorias para aquellas personas que no tienen un 33 por ciento, es decir, para el resto de personas que acceden a los procesos selectivos.
En el ámbito del Consejo Nacional de la Discapacidad ya se adoptan medidas que tienden a favorecer la cada vez mayor integración del colectivo de personas con discapacidad en todos los ámbitos, así como un seguimiento y cumplimiento de las
mismas. Ese seguimiento se debe ejercer especialmente en todas las administraciones, también en la Administración autonómica y en la local. En la autonómica ya se tienen en cuenta todas estas consideraciones por parte de algunas comunidades
autónomas en detrimento de otras que parece que se lo toman con más relax. Pero no podemos olvidar que la Constitución, en su artículo 23, consagra el derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad. No existe una
cobertura legal para adaptar de forma individual todas las pruebas selectivas y, sobre todo, cuando son pruebas selectivas que se tienen que adaptar a cada una de las discapacidades concretas que están en todo el catálogo. En este sentido, el
artículo 1 del Real Decreto 2271/2004 señala expresamente que las personas con cualquier tipo de discapacidad
tendrán derecho a acceder al empleo público en las condiciones reguladas en este real decreto, no distinguiendo, por tanto, diferencias en función de una discapacidad concreta. Ahora bien, la sustitución de una prueba por otra para un
determinado colectivo, como es el caso que nos ocupa, daría lugar a una desnaturalización del proceso selectivo en sí, puesto que los aspirantes ya no estarían concurriendo a los procesos selectivos en condiciones de igualdad al haber determinadas
personas que realizarían pruebas distintas a las del resto.
Quisiera hacer una llamada a todas SS.SS. para que hagamos un ejercicio de sensatez, porque se podría hacer un listado todo lo largo que quisiéramos con todas las patologías que producen una misma discapacidad o, mejor dicho, que producen
una capacidad diferente por leve que sea, puesto que les estamos abriendo la posibilidad a que cada persona pida la adaptación de las pruebas en función de su patología, aunque sea por debajo del 33 por ciento. Mi pregunta es por qué incluir la
disfemia o, en este caso, ampliado a la inteligencia límite y no incluir otras enfermedades. Se crearía un agravio comparativo muy importante y provocaríamos una justa demanda de todos los colectivos afectados por diferentes patologías.
Señorías,
hay algo que he dicho en varias intervenciones que he tenido la oportunidad de pronunciar: un diagnóstico no implica discapacidad. En función de los grados de afectación de las diferentes patologías se producen o no determinadas disfunciones que
provocan diferentes grados de discapacidad, pero entendemos que esto está reglado. Existe un baremo y a él nos debemos para valorar la discapacidad. No es el momento de incluir la disfemia exclusivamente o añadir alguna patología más que se nos
ocurra en este momento. El análisis tiene que ser mucho más profundo.
Está abierto ya un proceso de revisión del baremo vigente, porque todos somos conscientes de que el baremo es mejorable y que ahora mismo está creando ciertas disfunciones, pero
la solución pasa necesariamente por revisar el baremo, no solo para la disfemia sino para otras muchas patologías que no están bien recogidas precisamente por esa complejidad a veces del buen diagnóstico y de la buena aplicación del baremo.
Hemos propuesto una enmienda de sustitución en la que en un primer punto instábamos al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y dentro del plan elaborado para la ejecución de la estrategia global de acción para el empleo de
las personas con discapacidad, a que adopte las medidas necesarias para conseguir la real integración de las personas con discapacidad y se consoliden los porcentajes de reserva de empleo en la próxima oferta de empleo no solo a nivel estatal sino
también a otros niveles de la Administración. Además habíamos propuesto elaborar un texto transaccional incluyendo un segundo punto para instar a analizar si las personas con disfemia están correctamente baremadas con el actual baremo vigente y, en
función de los resultados de ese análisis, revisar el grado de minusvalía dentro del proceso abierto de revisión del baremo de calificación de minusvalía. Nos parece más positivo hacer ese análisis en conjunto y no solo centrarnos en que puedan
acceder las personas con disfemia y, posteriormente, ampliado a más. Hemos argumentado suficientemente a la señora Díez que tal y como lo proponen esto abriría la puerta a que cualquier persona con un mínimo grado de minusvalía, independientemente
de su porcentaje, siempre por debajo del 33 por ciento, pediría pruebas adaptadas, lo cual sería inviable para la Administración.
- SOBRE EL SECRETO DE VOTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/001680.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el secreto de voto a las personas con discapacidad visual en las
elecciones municipales. Tiene la palabra para su defensa el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar, debo decir que esta proposición no de ley, aun cuando será defendida por este diputado, pertenece a los compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que excusan su asistencia.
Huelga decir que compartimos esta demanda, que ha sido expresada repetidamente por distintos grupos parlamentarios a lo largo de estos años. En el año 2007, como recordarán, se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral para obligar al
Ejecutivo a regular un procedimiento que garantizara el secreto de voto a las personas invidentes.
Posteriormente, el Gobierno desarrolló un real decreto, en el mes de diciembre del año 2007, que estableció un procedimiento de voto secreto para los
comicios y en las últimas convocatorias electorales ya se ha procedido a llevar a cabo este ejercicio del sufragio secreto y personal, como corresponde a lo legislado: en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en las últimas elecciones
generales y también en algunas convocatorias de elecciones autonómicas, en concreto en Galicia y en el Parlamento vasco. Eso significa que se ha avanzado, y además que quedan pendientes las elecciones municipales, las convocatorias a renovación de
los ayuntamientos, y como estamos ya a las puertas de la convocatoria para el próximo año de las elecciones municipales, esta proposición no de ley tiene todo su sentido. Estamos a tiempo, a nuestro entender, aun cuando aplicar aquello que ya se ha
aplicado para otro tipo de convocatoria electoral referido a las municipales es más complejo, puesto que en los municipios hay más candidaturas que en las elecciones generales o elecciones autonómicas. Aun aceptando que todo ello es
más complejo, tenemos y el Gobierno tiene experiencia a raíz de lo aplicado ya hasta el momento. Sabemos que alrededor de 1.800 ciudadanos solicitaron previamente, tal como se corresponde con la reglamentación posterior, el ejercicio del
voto a través del sistema braille. Esto nos da un universo de personas muy importante, en la medida en que aun cuando fueran menos significa un gran avance para facilitar el sufragio secreto a las personas, pero también nos da la medida justa de lo
que tenemos ante nosotros. Es decir, no estamos hablando de decenas de miles de personas; estamos hablando de un universo de 1.800 o quizá 2.000 personas, las que ejercieron la demanda de poder utilizar ese sistema para votar. Además esta
demanda, tal y como está reglamentado, se tiene que llevar a cabo con un cierto tiempo de antelación, para que la Administración pueda responder adecuadamente. Decimos esto para poder calibrar la dificultad, que no la escondemos, pero que no es
inalcanzable.
Sabemos además que el Gobierno juntamente con el sector, básicamente con la Organización Nacional de Ciegos, está trabajando en ello, y que hay un compromiso de llegar a tiempo. Por eso entendíamos que era el momento de hacerlo, y sobre
todo en esta Comisión que siempre se ha distinguido por buscar acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para suministrar munición parlamentaria al Gobierno y también ánimo, coraje y presión. Si lo hiciéramos más tarde quizá sonaría a
oportunismo o quizá llegaríamos tarde, en cambio haciéndolo ahora en los inicios de este periodo de sesiones, a meses vista de la convocatoria de las elecciones municipales, es lo más apropiado. ¿Qué es lo que solicitamos? Instamos al Gobierno a
dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, que modifica la ley de 1985, y proceder al desarrollo reglamentario que permita a las personas con discapacidad visual ejercer su derecho a voto en los comicios municipales a
celebrar en el año 2011.
Hay presentada una enmienda por el Partido Socialista donde nos recuerda que el Gobierno está trabajando en ello; de hecho es lo que conocíamos todos que estaba haciendo, pero le hemos pedido un poquito más de concreción, puesto que es la
finalidad de esta proposición no de ley: la de mantener una cierta presión parlamentaria al Gobierno. Le hemos pedido que incluya en la enmienda la palabra 'próximas' anteriormente a la palabra 'elecciones': Abordar las medidas necesarias para su
futura adaptación y aplicación en las próximas -pedimos- elecciones municipales.
Ya sé que no depende de incorporar esta palabra que se haga o no se haga, pero sí es una manera de decirnos aquí, entre todos nosotros, que el objetivo, lo que
desearíamos el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Comisión es que fueran las próximas elecciones municipales, esto nos da pie para que en las próximas semanas, más que en los próximos meses, le recordemos al Gobierno que hay un compromiso
de conseguirlo en las próximas elecciones municipales. Ni más ni menos; hay que intentarlo, con este pronunciamiento creo que enviamos un mensaje al Gobierno de voluntad por el que esta Comisión se sentiría muy satisfecha, y por supuesto los
ciudadanos a quienes atañe directamente esta necesidad producto de su discapacidad, y nos podríamos sentir así más que satisfechos porque habríamos cumplido con nuestra obligación.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cano.
La señora CANO DÍAZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para marcar la posición de nuestro grupo ante la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento.
Quiero iniciar mi
intervención resaltando el gran avance conseguido en la regulación, a través del Real Decreto 1612/2007, del procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual, que garantiza el secreto de su voto, y deseamos mostrar
nuestro máximo apoyo a este colectivo. Fruto de esta regulación en las elecciones a las Cortes Generales, celebradas el 9 de marzo de 2008, se recibieron 1.623 solicitudes, y se fabricaron y enviaron a las mesas electorales, a través de
delegaciones y subdelegaciones del gobierno, 1.458 kits de votación accesible cuyo coste ascendió a 386.061 euros. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 se recibieron 1.321 solicitudes, y se fabricaron y enviaron a las mesas electorales
1.458 kits de votación accesible, cuyo coste ascendió a 196.522 euros. Cómo no, hay que destacar el gran esfuerzo material y económico realizado por parte del gobierno, un gobierno concienciado con esta necesidad. Asimismo, quiero resaltar que
desde los ministerios de Sanidad y Política Social y del Interior se está trabajando sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participación de las
personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, con vistas a que esté vigente posiblemente el próximo año y sea por tanto aplicable en la celebración de las próximas elecciones municipales. Este proyecto en el que se
está trabajando será aplicable en todo tipo de proceso electoral y contempla la asistencia de intérpretes de lenguas de signos a personas sordas o con discapacidad auditiva que hayan sido designadas miembros de una mesa electoral. Así, supondrá un
nuevo paso en el proceso de implantación plena de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, proceso que dada su
complejidad requiere el tiempo suficiente para poder realizarlo.
Representa un objetivo prioritario para el Gobierno el proceso de plena implantación de las condiciones básicas de accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad visual para su plena integración en las actividades de
la vida cotidiana. Por todo lo que he
expuesto el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que ha sido aceptada por el grupo proponente, quiero agradecer al señor Tardà su predisposición para poder llegar a un acuerdo, que al fin y al cabo
beneficia a un amplio colectivo de nuestra sociedad.
El señor PRESIDENTE: Ahora pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Desde nuestro grupo queremos manifestar que daremos soporte a esta proposición no de ley. De hecho nosotros tenemos una proposición de ley, presentada en la Comisión Constitucional por mi compañero Jordi Xuclà,
que va en esta misma línea. Es cierto que en el decreto de 2007 ya se preveía que la regulación de este procedimiento de voto accesible en las elecciones locales sería objeto de una norma específica, por tratarse de un proceso de tan singulares
características.
Sabemos que el coste económico que implica es importante, pero creemos que debemos de dar ya este paso, porque dos años después de esta aprobación se han celebrado ya diversos procesos electorales y todavía no se ha determinado
cómo se debe hacer. Por eso nosotros estamos satisfechos de que se haya presentado esta proposición no de ley para que, a ser posible, en las próximas elecciones municipales del año 2011 pudiera verse de alguna forma el cumplimiento de este
decreto. En nuestra proposición no de ley ya poníamos, por ejemplo, empezar con los municipios de menos de 250 habitantes, para ir así ampliando progresivamente. Si se puede correr más, desde luego nosotros estaremos satisfechos, y por lo tanto
apoyamos cualquier medida que en este aspecto hiciera posible o facilitara el voto, el derecho al secreto del voto de todas estas personas con dificultades visuales. Nosotros nos damos completamente por satisfechos, y por ello nuestro voto será
positivo para lo que quede de las negociaciones o para lo que salga de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Señorías, no es la primera vez que se aborda este tema. En la VIII Legislatura ya se debatieron, tanto en la Comisión Constitucional como en el Pleno, iniciativas que supusieron un paso adelante en el derecho al voto
de las personas con discapacidad visual en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Con la modificación de la Ley Electoral para que pudieran votar en braille las personas invidentes se permitió la autonomía de las personas con
discapacidad visual y garantizar el secreto de sufragio. El sistema fue puesto en marcha por el Ministerio del Interior en colaboración con la ONCE y el Cermi con unos resultados satisfactorios, y esto nos indica que, a pesar de la complejidad a la
que se ha referido el señor Tardà, pueden realizarse adaptaciones para los procesos electorales municipales.
Nuestra normativa es clara al respecto y creo que, puesto que el grupo proponente no lo ha citado, es conveniente realizar un breve repaso.
La Constitución española establece el secreto en el voto, y en su artículo 49 obliga a los poderes públicos a eliminar las barreras que impidan a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos constitucionales. El artículo 86 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece también que el voto es secreto, y por tanto el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho. La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
en sus artículos 6 y 7, se refiere explícitamente a que se deben adoptar medidas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada, de manera directa o indirecta, menos favorablemente que otra que no lo sea
en una situación análoga o comparable. Asimismo plantea exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables. Por último, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad
en su artículo 29, sobre participación en la vida política y pública, establece que los Estados parte garantizarán la protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos sin
intimidación. Con todo ello queda claro que el Estado es el que debe asumir el desarrollo de mecanismos eficaces y accesibles para garantizar el voto secreto de los invidentes en todas las ocasiones en que son convocados a las urnas.
Nuestro grupo ha manifestado en reiteradas ocasiones que el ejercicio del voto debe estar garantizado y realizarse en condiciones de igualdad, independientemente del tipo de discapacidad al que nos estemos refiriendo. Por eso no entendemos
cómo el Gobierno aprobó un real decreto en 2007 y aún no se ha regulado la aplicación en las elecciones locales, atendiendo a la disposición adicional única de dicho decreto. Por eso entendemos que esta proposición no de ley debería ser a día de
hoy innecesaria, y suponemos que el Gobierno debe estar ya trabajando en este tema o por lo menos no puede argumentar que no haya tenido tiempo suficiente. De todos modos desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos la disposición de apoyar todo lo
que se vaya avanzando en este sentido, estudiando las medidas necesarias para que también en las próximas elecciones municipales pueda garantizarse el derecho al voto secreto de las personas con discapacidad visual, porque en lo que creo que estamos
todos de acuerdo es en que debe trabajarse por encontrar la mejor solución a la cuestión planteada referida a los invidentes, así como también la eliminación también de todos los obstáculos e impedimentos que afectan a otras personas discapacitadas.
En este sentido podría estudiarse compatibilizar el braille con otras tecnologías que permitan abrir nuevas vías para garantizar el ejercicio de este derecho. En todo ello, en
todo lo que se decida, resulta fundamental el diálogo con los colectivos.
Nosotros esperamos que el Gobierno atienda esta petición, que de todas formas es un compromiso ya adquirido, y que se lleve a cabo con la celeridad necesaria. El
Grupo Popular va a apoyar esta iniciativa que a fin de cuentas recuerda el compromiso de atender las necesidades de este colectivo para garantizar el derecho constitucional de las personas invidentes, y los compromisos adquiridos por España al
suscribir y ratificar la Convención de la ONU.
- SOBRE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS ÁMBITOS EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001839.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición que nos convoca hoy.
El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y trata sobre promoción del desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de
servicios. Para su defensa tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MORALES: En este momento de dificultad económica una cuestión de importancia fundamental para las empresas y para el conjunto de la economía española es impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. La aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación es un campo de investigación e innovación relevante, donde además el diseño universal se convierte en una herramienta de integración, de igualdad de oportunidades. Por tanto es una oportunidad
de aunar esfuerzos para mejorar, tanto la calidad de vida de las personas con discapacidad como las capacidades de I+D+i de las empresas.
La discapacidad constituye una de las grandes prioridades de este Gobierno. No hay que olvidar que el 9 por ciento de la población española, más de 3,5 millones de ciudadanos, son personas con discapacidad. Si tenemos en cuenta también a
sus familias, estamos hablando de que hay 10 millones de ciudadanos para los que la discapacidad es una realidad presente cotidianamente en sus hogares.
Las políticas en materia de desarrollo de las tecnologías de la accesibilidad se tienen que desarrollar desde una perspectiva transversal, con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social, conjuntamente con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del Imserso, se está desarrollando un programa de accesibilidad en colaboración con otras instituciones públicas y la iniciativa social sin ánimo de lucro, en
desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Los principales ámbitos de actuación consisten en fomentar la accesibilidad en los ámbitos físicos, espacios públicos y
transporte, así como la infoaccesibilidad, con la utilización de las tecnologías adecuadas. Para los próximos años, sin olvidarnos de los sectores que ya he reseñado, el programa de accesibilidad se reorientará en las siguientes direcciones:
actuaciones de diagnóstico y planificación para lograr la accesibilidad; actuaciones correctoras para alcanzar la accesibilidad; actuaciones preventivas o de implantación de sistemas de gestión de la accesibilidad; actuaciones para potenciar el
transporte accesible, fundamentalmente interurbano; actuaciones de sensibilización, formación e innovación. Por su parte el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en particular la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, tiene como objetivo promover el desarrollo de las tecnologías de la información y la sociedad de la información, incluyendo la accesibilidad para la integración social y la igualdad de oportunidades, siendo el Plan Avanza
el instrumento para su realización.
Durante el año 2009, y dentro del marco del Plan Avanza, se han desarrollado actuaciones en temas relacionados con la accesibilidad y la inclusión social, cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad
como requisito para todos los proyectos presentados en las convocatorias públicas de ayuda para la realización de proyectos y acciones de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011. Desde 2008 se incluyó el requisito de incorporar los niveles de accesibilidad que cumplan los criterios y condiciones básicas establecidos en el Real Decreto 1494/2007 de
accesibilidad, por lo que ponemos en valor el trabajo y las conquistas que el actual Gobierno está llevando a cabo en materia de políticas sociales y de la discapacidad en particular. En el desarrollo de estas políticas están implicadas las
principales empresas del país, del movimiento asociativo y de los centros de investigación en accesibilidad.
En conclusión, estamos firmemente convencidos de que esta iniciativa parlamentaria dirigida a favorecer la accesibilidad es una herramienta
eficaz para la integración social y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Por la presente proposición no de ley el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios mediante la colaboración entre las
iniciativas privada y pública, para hacer de la accesibilidad una herramienta para la integración social y la igualdad de oportunidades.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA VIÑES: La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no hace más que reflejar lo que han sido las líneas de actuación de mi partido y de mi grupo parlamentario desde hace ya bastante
tiempo, ya que fue este grupo parlamentario el que en el año 2003 aprobó la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en la cual ya se contempla que se cumpla la obligación de la disposición adicional
séptima respecto a la accesibilidad a las nuevas tecnologías. Por eso nuestra enmienda viene a complementar la proposición no de ley presentada, y espero además que sea apoyada, puesto que sería muy difícil de explicar a los colectivos de personas
con discapacidad que esta Comisión no inste al Gobierno a cumplir una ley, a cumplir una disposición que está contenida en una ley. Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista esta mañana en la primera comparecencia ha dicho que la legislación
de España es una legislación avanzada en materia de inclusión, y precisamente por ese motivo, porque la ley ya recoge lo que tiene que ser la forma de actuación en el acceso a estas nuevas tecnologías de las personas con discapacidad, es por lo que
presentamos esta enmienda que complementa perfectamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere fijar posición? (El señor Pérez Morales pide la palabra.) Señor Pérez.
El señor PÉREZ MORALES: Es solo para decir que aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para fijar definitivamente los contenidos de cada iniciativa que vamos a votar, suspendemos la Comisión unos minutos.
(Pausa.)
Comenzamos las votaciones, señorías, y dado que hay bastantes textos transaccionales que debo leer, les ruego atención.
Votamos en primer lugar el punto número 3, proposición no de ley sobre adaptación del certificado de minusvalía al formato de tamaño carné, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y lo hacemos en sus propios términos,
dado que no hay enmiendas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley número 4 por la que se insta al Gobierno a adoptar un plan de contratación pública de la Administración General del Estado socialmente responsable, propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), que resulta en estos términos de acuerdo con la transaccional que ha sido acordada por todos los grupos parlamentarios, y que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de la Administración General del
Estado adopte un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad, que incluya cláusulas sociales en todas las licitaciones. Se establecerá como requisito para la adjudicación de contratos públicos y para la
concesión de subvenciones que las empresas licitantes, colaboradoras o beneficiarias, acrediten previamente el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, el de las medidas alternativas de carácter
excepcional o que se encuentran dentro de los supuestos que amparan la exención legal de dicho cumplimiento. Asimismo se impulsará, en el seno de las administraciones públicas, lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en materia de
contratación con centros especiales de empleo. Las cláusulas de carácter social deben ser acordes con los principios básicos que rigen la contratación pública expresada en los artículos 1 y 123 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Este texto es el que someto a votación
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, que insta al Gobierno a modificar la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto básico del empleado público, en relación con la adaptación de ciertas pruebas de acceso a
la Función pública para personas que, no teniendo reconocido el 33 por ciento de discapacidad, estén aquejadas de algún trastorno -como es el caso de la disfemia- que les impida concurrir en igualdad de condiciones a los procesos selectivos. La
proposición no de ley ha incorporado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido aceptada por el grupo proponente, el Grupo Mixto, y que deja la proposición no de ley del siguiente modo. (La señora Díez González pide la
palabra.) Señora Díez, hay una enmienda que incorpora un punto que modifica la proposición no de ley. Iba a explicar ahora en qué términos quedaría redactada la proposición no de ley.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Perdone presidente, como el texto que he presentado podía ser confuso, el texto modifica el último párrafo. Lo anterior se mantiene.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que iba a decir. Si no les importa, aunque la proposición no de ley es larga, la voy a leer. Diría: El Congreso insta ... y después lo que he leído; de la siguiente forma: Artículo 59.
Personas con
discapacidad y circunstancias especiales, punto 1, tal y como está en la proposición no de ley. Punto 2, primer párrafo, tal y como está en la proposición no de ley, y el segundo párrafo del punto segundo quedaría en los siguientes términos: Estas
adaptaciones
en el proceso selectivo podrán aplicarse asimismo a casos de aspirantes que, sin alcanzar una discapacidad mínima de un 33 por ciento, sufran algún trastorno como la disfemia del grado uno y dos, capacidad intelectual límite, etcétera, que
les impida participar en ciertas fases del proceso selectivo, tales como las pruebas orales en igualdad de condiciones. En estos casos se dará preferencia a quienes tengan un mayor porcentaje de discapacidad. ¿Quedan claros los términos de la
proposición no de ley? ¿Se puede votar conjuntamente, dado que ha incorporado una enmienda? (Pausa.) Someto a votación este texto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los términos que he indicado.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, número 6, sobre el secreto de voto a las personas con discapacidad visual en las elecciones municipales, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, que hace una pequeña incorporación, quedando el texto del siguiente modo: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en cumplimiento del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, a evaluar el procedimiento vigente establecido, a fin de, en su caso, abordar las medidas necesarias para su futura adaptación y aplicación en las próximas
elecciones municipales.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al punto 7 del orden del día, proposición no de ley sobre promoción del desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios, del Grupo Parlamentario Socialista, que queda en los
siguientes términos; el punto único original de la proposición no de ley queda como está, como punto primero, y se le añade por enmienda aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista y presentada por el Grupo Parlamentario Popular un segundo punto
que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento de lo dispuesto a la disposición final séptima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, que establece la obligatoriedad de la accesibilidad en las nuevas tecnologías en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de
ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajuste razonable.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad, con la enmienda incorporada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.