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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 592, de 29/07/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 592
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 37 (extraordinaria)
celebrada el jueves, 29 de julio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.) (Número de expediente 121/000081.) ... (Página 2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.) (Número de expediente 121/000081.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DE LA SIGUIENTE INICIATIVA:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO).
(Número de expediente 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración.
En primer lugar, vamos a someter a ratificación la ponencia designada para informar de la iniciativa legislativa. Me imagino que queda ratificada la ponencia. (El señor Llamazares Trigo: ¿Cómo se entiende eso?)
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO).
(Número de expediente 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia que acabamos de ratificar.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Varios grupos parlamentarios hemos presentado un escrito, a la luz del artículo 113, me parece, del Reglamento de la Cámara, con respecto a la necesidad de prorrogar el trámite de ponencia, dada la trágala a la
que nos hemos visto sometidos.
El señor PRESIDENTE: Sobre la dos cuestiones que ha suscitado previamente, le recuerdo que el informe de la ponencia ya se votó, por tanto, ya está aprobado y la ponencia ratificada. Respecto a la cuestión que planteó en su escrito a la
Presidencia de la Comisión, ya le hemos comentado que la competencia para esa ampliación sería de la Mesa del Congreso y no de la Mesa de la Comisión. El único requisito legal que había, que era que el informe de la ponencia estuviera elaborado
según prevé el artículo 113 del Reglamento de la Cámara, está cubierto y, por tanto, continuaremos la sesión tal y como estaba prevista y convocada por la Mesa del Congreso.
Sin más cuestiones previas, entramos en el debate del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas, tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Echániz, antes de que inicie su intervención, quiero recordarles que, de acuerdo con los portavoces, los turnos de cada grupo parlamentario para la defensa de las enmiendas, así como para fijación de posiciones -aunque todos los grupos
han presentado enmiendas-, serán de veinte minutos. En caso de que fuera solicitado un turno de réplica, se darán cinco minutos como máximo. La previsión que tenemos -lo digo a efectos de que SS.SS. hagan su composición de lugar- es que la
votación no se producirá antes de la una y media.
Sin más informaciones previas, tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, Europa atraviesa en estos momentos una grave crisis económica y financiera, mientras España tiene dos crisis: la general y la exclusiva, la que es propia, la relativa a su mercado laboral. El pasado
Consejo Europeo del 17 de junio -hace poco más de un mes- supuso la adopción por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de las nuevas estrategias para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que se ha
venido a denominar la estrategia 2020. Señorías, mientras esa nueva estrategia está diseñando el objetivo de llegar a un índice de ocupación del 75 por ciento de la población europea entre 20 y 64 años, España ha retrocedido en 2009 un 3,6 por
ciento en ocupación. Mientras Europa diseñaba el objetivo de llegar a un índice de ocupación del 75 por ciento de la población entre 20 y 64 años, España lo hacía desde el 59,83 por ciento, cuando el resto de los países de la Unión lo hacían desde
el 69 por ciento; es decir, desde diez puntos más arriba de esa media que se considera que debe ser el paso inicial para conseguir el 75 por ciento.
En el año 2010 España tiene un problema que no tienen hoy otros países de la Unión Europea. A diferencia de esos países, el mercado laboral en España se ha desplomado con la crisis y encima nuestros costes laborales, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, en 2009 han crecido nada más y nada menos que un 3,5 por ciento. Mientras la flexibilidad interna del mercado de trabajo de esos países ha servido de colchón, de amortiguador, en nuestro país la rigidez de
nuestras instituciones laborales han traducido en toda su crudeza esa crisis en dramático paro, en la increíble cifra de 4.600.000 parados, en una tasa, según el paro registrado, superior al 20 por ciento, que se va a aumentar por la grave caída de
las obras de Fomento. Desde muchos grupos de la oposición, señorías, se lo llevamos advirtiendo al Gobierno que, inasequible al desaliento, ha continuado con su sordera social y su parálisis reformista, hasta que alguien, alguien que no vive entre
nosotros pero que comparte moneda, que nos compra deuda, que nos presta dinero y que no está dispuesta a la quiebra de ninguno de sus miembros, ha despertado al Gobierno de su letargo, de su sueño de Morfeo, de su
miopía social y han empezado las carreras. Así, hemos tenido la oportunidad de ser espectadores privilegiados de cómo el señor Zapatero y el ministro de Trabajo, que eran los del no es necesaria una reforma laboral y del nunca abordaremos
una reforma laboral sin el acuerdo del diálogo social, se han saltado ahora todos los semáforos en rojo en una carrera desenfrenada, como un pollo sin cabeza, por hacer exactamente lo contrario de lo que habían dicho en los seis años previos, además
de querer hacerlo en quince días. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuántas excusas vacuas! ¡Cuántas oportunidades dilapidadas en todo este tiempo! ¡Cuántos ofrecimientos de los grupos de la oposición derrochados! ¡Cuánto sufrimiento, señorías, causado
inútilmente a tantos millones de españoles! Y aquí estamos, como los malos estudiantes, dejando para los exámenes de julio lo que bien pudimos hacer con serenidad, con reposo, con entendimiento, durante tantos meses y tantos años. Señorías, seis
años de evasión y solo quince días de atracón, con cuarenta y ocho horas de sofocón, para ver 344 enmiendas sobre una de las leyes más delicadas de esta legislatura; todo un auténtico ejercicio de improvisación y de irresponsabilidad por parte del
Gobierno y de su presidente.
Después de tantos agentes sociales, expertos, grupos políticos defraudados, auténticamente defraudados por el texto del real decreto-ley, ¿qué tenemos como respuesta del Gobierno? Hemos tenido un paquete de transaccionales que pretenden
incorporar un trozo de Esquerra, un cazo de CiU, una pastilla del PNV, dos gramos de PP, una cucharadita de Izquierda Unida, un hervor del Bloque Nacionalista Galego y unas pizcas del resto de los grupos del Mixto; un auténtico guiso incomestible,
absolutamente incomestible, porque no es posible intentar aprobar una cosa y a la vez aprobar la contraria. El Gobierno socialista, señorías, ha inventado una nueva figura parlamentaria: la enmienda geométrica variable, donde cabe igual un
concepto en una línea que su contrario dos párrafos más abajo. Enhorabuena, señor Membrado, porque han conseguido ustedes que todos pensemos igual respecto de la falta de criterio, del intento de contentar -creo que con buena fe- a todos a la vez,
sin darse cuenta de que las transaccionales a seis bandas no tienen cabida en una ley tan delicada y que, además, solo ponen en evidencia esta carrera contra reloj para conseguir alguna compañía en su soledad, labrada en mármol a lo largo de estos
seis años.
Señorías, una cosa sí nos ha quedado clara a todos, y es la auténtica obsesión -el doctor Llamazares probablemente diría que es una condición obsesivo-compulsiva, más que obsesión- de este Gobierno con el despido.
No se han dado cuenta de
que en nuestro país no es el momento de hacer una reforma del despido sino de hacer una reforma para el empleo, una reforma para la contratación, para la empleabilidad, que sirva auténticamente de palanca para salir de esta crisis y no para abaratar
el despido a los empresarios, incluso utilizando el propio Fogasa. España necesita una reforma laboral que convierta a los nuevos parados -tuve la oportunidad de decirlo el otro día-, a los subsidiados, a los dados de baja en la Seguridad Social en
trabajadores, en cotizantes, en contribuyentes, en consumidores, en ahorradores. Si no lo hacemos así, señorías, esta reforma laboral no servirá absolutamente para nada. Los parados de este país ya han empezado a consumir su prestación, su
subsidio, y el otro día en el debate del estado de la Nación tuvimos la oportunidad de dar instrucciones para que se prorroguen el Prodi y los 420 euros, pero ya no para todos. Por tanto, desde el punto de vista social la situación va a ser muy
complicada también a lo largo del próximo ejercicio. El coste de las políticas pasivas es una auténtica carga para las cuentas de este país y, desde luego, está suponiendo una enorme complicación para la salida de la crisis. Por eso, en este
momento el objetivo principal de este Gobierno debería ser transformar parados en ocupados.
Por todos estos motivos, señorías, el Grupo Popular ha hecho un enorme esfuerzo, un gran esfuerzo por presentar su alternativa, para lograr todos estos objetivos. Hace menos de dos semanas, el ministro de Trabajo decía literalmente en esta
misma Cámara que estaba deseando conocer las propuestas del Partido Popular, y lo hacía en la Comisión Mixta de la Unión Europea cuando valorábamos la gestión del ministerio en el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea. También
puso de manifiesto lo mismo el presidente Zapatero durante el debate del estado de la Nación, ya que acusaba al partido de la oposición de no tener propuestas. Bien, señorías, pues aquí las tienen. Aquí tienen las propuestas del Partido Popular en
forma de 71 enmiendas, el mayor bloque de enmiendas presentado por ningún grupo político; una alternativa equilibrada que sin duda fortalece la flexibilidad y la estabilidad en la empresa, simplificando el régimen de modificación de las condiciones
de trabajo; que amplía el contrato de fomento del empleo para impulsar lo más importante, que es la contratación estable; que incorpora en el Estatuto de los Trabajadores por primera vez el derecho individual a la formación profesional, además de
crear una cuenta de formación que acompañará al trabajador durante su vida laboral; que aborda la negociación colectiva, ampliando las posibilidades de trabajadores y empresarios de ordenar y articular las relaciones laborales y que mejora la
regulación del contrato estable a tiempo parcial y del teletrabajo como mecanismos de empleo estable y, sobre todo y lo que es más importante, de conciliación familiar y laboral. Es un paquete de enmiendas que opta por mecanismos de voluntariedad
en la ampliación de la edad de jubilación mediante incentivos y que tiene el objetivo de contribuir a mejorar sustancialmente el texto del Gobierno, profundizando en el alcance de una reforma que ha sido acogida con un general escepticismo tanto por
los empresarios como por los trabajadores y también por los analistas, economistas y juristas, que han hecho un primer juicio muy negativo de la misma. El Gobierno planteó la reforma laboral como la reforma del despido, mientras que el Grupo
Parlamentario Popular ha querido poner de manifiesto desde el primer momento que esta tenía que ser la reforma del empleo; ese ha sido el principio inspirador desde el primer día de todas y cada una de las enmiendas.
En primer lugar, hemos querido abordar cuestiones, a nuestro juicio novedosas, que son cruciales para modernizar nuestro sistema de relaciones laborales y que el real decreto-ley ignoró: el fortalecimiento de la flexibilidad interna para la
empresa, esencial para la modificación de las condiciones laborales y por tanto para la adaptabilidad de la empresa española a la situación de crisis que vive nuestro país; el reconocimiento -como decía hace un minuto- por primera vez en nuestra
historia social de la formación profesional, de la capacitación de los empleados, trabajadores y parados como un verdadero derecho subjetivo de los mismos en el ámbito de su empleabilidad; la reforma de la negociación colectiva; la mejora de la
intermediación laboral y la regulación del teletrabajo. En este punto, señorías, nuestras propuestas, que constituyen enmiendas de adición al texto gubernamental, inciden esencialmente en fortalecer la flexibilidad interna en la empresa. Por eso
hemos enmendado los artículos 22 y 29 del Estatuto de los Trabajadores, haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa. Hemos simplificado el concepto de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, facilitando su aplicación y reformando también el procedimiento de suspensión del contrato y de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción,
distinguiendo, como se hace en las demás medidas de reorganización productiva, entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas, todo ello, señorías, para permitir que trabajadores y empresas puedan mantener los contratos de trabajo y
puedan adaptarse a las nuevas necesidades, de modo que el despido sea indiscutiblemente la última opción y de esta manera se puedan conjugar los principios de flexibilidad y estabilidad en nuestro mercado de trabajo.
En segundo lugar, hemos querido reconocer, enmendando dos artículos muy importantes del Estatuto de los Trabajadores, el 4.2 y el 23, el derecho de los trabajadores a la formación profesional. Señorías, en este país solamente el 17 por
ciento de los parados realiza algún tipo de formación, es decir, hay casi 4 millones de trabajadores parados en España que no realizan ningún tipo de formación, una formación que es esencial para la empleabilidad, para la recolocación y, en
definitiva, para evitar el paro de larga duración. Por eso hemos querido que además se previese el derecho a un número de horas anuales de formación que fuera mejorable a través de la negociación colectiva. En estos casos, el Servicio Público de
Empleo debería otorgar a cada trabajador, a través de una cuenta de formación, la constatación de que esa formación recibida a lo largo de su carrera profesional es una garantía de empleabilidad.
En tercer lugar, señorías, hemos abordado un capítulo complejo referente a la negociación colectiva. Hemos presentado enmiendas de modificación al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, para permitir que los agentes sociales de
carácter estatal y también autonómico puedan ordenar, puedan articular la negociación colectiva. Hemos propuesto un procedimiento general de descuelgue inteligente, mediante acuerdos entre empresarios y representantes de los trabajadores, previendo
para los supuestos de que no haya acuerdo y concurran causas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo que justifiquen el descuelgue que sea la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el órgano tripartito de carácter
autonómico quien autorice el descuelgue y determine las nuevas condiciones de trabajo aplicables en esa empresa.
Hemos propuesto también la enmienda de modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, destinada a prever la revisión del convenio colectivo, es decir, que sin denuncia alguna y por acuerdo exclusivo de las partes con
legitimación para la negociación se puedan revisar los convenios colectivos de forma natural, pero sobre todo con el objeto filosófico de que se haga siempre en un contexto de paz, en la medida en que los datos de conflictividad en el mercado
laboral español son muy preocupantes, señorías. En el año 2009 hubo 1.001 huelgas, lo que supone un aumento del 23,6 por ciento en un año de una crisis tan profunda; participaron 653.000 trabajadores, es decir, un 20 por ciento más que en el año
2008; ha habido un fuerte aumento de las causas ligadas a la regulación de empleo; el número de conflictos tramitados en el SIMA ha aumentado un 31 por ciento nada más y nada menos, repito, en un año especialmente delicado en términos de crisis y
de desempleo, y los juzgados y tribunales han resuelto cerca de 350.000 asuntos a lo largo de este año, lo cual significa casi un 20 por ciento más de conflictividad en los tribunales con motivo de estas circunstancias. Por tanto, la revisión de
esta propuesta en el ámbito de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores tiene todo el sentido del mundo.
Se enmienda también el artículo 13 del real decreto, relacionado con el trabajo a domicilio, el llamado teletrabajo, con el propósito de modernizar su regulación y de reconocerle y ofrecerle un marco jurídico de protección en línea con lo
que están haciendo ya otros países de la Unión Europea, porque es un instrumento absolutamente precioso para conciliar la vida personal, laboral y familiar de muchos trabajadores y trabajadoras, amén de un extraordinariamente importante nicho de
creación de nuevo empleo. También se actualiza el contrato estable a tiempo parcial para potenciar precisamente su utilización en todos los países de nuestro entorno.
Señorías, otro grupo importante de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se dedica a mejorar técnicamente el texto gubernamental, depurando la redacción de muchos de los preceptos del real decreto-ley, precisamente para intentar evitar
deficiencias técnicas corregibles
en este momento, pero que pueden crear en el futuro una importante fuente de conflictividad jurídica absolutamente gratuita y que puede frustrar absolutamente los objetivos que pretende en la exposición de motivos esta reforma. Solamente la
precipitación con la que el texto ha sido elaborado y de la que hablaba al principio de mi intervención puede explicar estos graves errores de bulto y, sobre todo, que aspectos esenciales, a nuestro juicio, de la reforma se hayan abordado desde la
provisionalidad, como es el caso del Fogasa, o se pospongan sine die, como es el caso del Fondo de capitalización sobre despidos. El Grupo Parlamentario Popular es muy consciente de la necesidad de que esta ley laboral constituya un marco estable
que dé seguridad jurídica a los interlocutores de nuestra sociedad en este ámbito, para que trabajadores, empresarios y quienes pretendan invertir en nuestro país y por tanto crear empleos tengan un marco de estabilidad que permita mejorar la
situación. Por tanto, un importante bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular va dirigido a garantizar que esta reforma constituya un marco de certidumbre, un marco de estabilidad, porque entendemos que es lo que España necesita en estos
momentos. En ese sentido, hemos regulado el contrato de fomento del empleo y hemos ampliado los supuestos de cara a incentivar a los empresarios la contratación estable, de forma que no se exija, como en el decreto ley, que el trabajador tenga que
pasar hasta tres meses en situación de desempleo antes de poder ser contratado. Nos parecía que esa era una condición que podía reducirse de una forma muy importante, precisamente para dar cabida a que más personas pudieran beneficiarse de un
contrato de fomento del empleo estable y, por tanto, solucionar uno de los problemas esenciales que tenemos en este momento.
Por lo que respecta al Fogasa y al futuro Fondo de capitalización de despidos, el Grupo Popular considera que la reforma legal en este punto es muy improvisada, por no decir precaria, no se acompaña de un mínimo análisis económico sobre su
viabilidad y, en todo caso, no constituye un horizonte de certidumbre que en este tema crucial es tan necesario. Por ello, creemos imprescindible agilizar la presentación en las Cortes de un proyecto de ley en la mitad del plazo que ha otorgado
inicialmente el Gobierno para su presentación y, a la vez, salvaguardar la consistencia económica del Fogasa y evitar que la reforma pueda exigir en breve un incremento de la cotización empresarial por tal concepto, lo cual sería un elemento
adicional distorsionador y perjudicial para la contratación en nuestro país. Nos parece que este elemento novedoso del real decreto de subvencionar el despido es una barbaridad, una barbaridad que va producir urticaria a la sociedad española. Es
increíble que el Grupo Socialista quiera subvencionar en estos momentos los despidos a los empresarios, tanto los procedentes como los improcedentes de 45 días.
Sencillamente, no nos lo podemos creer y, por tanto, hemos hecho todo lo que estaba en
nuestras manos para, a través de nuestras enmiendas, intentar poner razón donde en este momento no la hay.
A fin de justificar, señorías, la lucha contra la discriminación salarial que todavía existe entre hombres y mujeres, hemos reclamado del Gobierno la elaboración de un plan especial a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral. Asimismo, esta alternativa completa del Grupo Popular ha optado por mecanismos de voluntariedad en la ampliación de la edad de jubilación mediante incentivos. Frente al intento del Gobierno de utilizar el manu militari en la ampliación de
la edad de jubilación, nuestro grupo apuesta claramente por la voluntariedad. Lo hace desde hace mucho tiempo y va a seguir defendiéndolo desde el punto de vista político aquí y en el Pacto de Toledo, así como, desde luego, la eliminación
absolutamente subrepticia de la coincidencia del concepto de absentismo colectivo o umbral de absentismo global, porque entendemos que en la sociedad española del siglo XXI no está justificado, tiene enormes dificultades de acreditación y es una
excusa para el fraude.
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, ha consumido su tiempo de veinte minutos. Le ruego que vaya terminando.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sí, señor presidente.
En cualquier caso, si siempre está injustificado, mucho más en un momento de crisis. No en vano grupos como Convergència i Unió, el Grupo Vasco o Coalición Canaria han trabajado en la misma dirección.
Señorías, este es un proyecto de ley que ha dejado fuera muchas cuestiones, demasiadas cuestiones esenciales desde nuestro punto de vista: la necesaria reforma de la negociación colectiva, toda vez que la parálisis de la acción social y el
cumplimiento del plazo de seis meses solicitado por los agentes sociales termina dentro de diez días, el 9 agosto; la clarificación de las causas del despido; las medidas de fomento del empleo; la implantación del llamado modelo austriaco, como
he puesto en evidencia antes; la formación profesional; la lucha contra la dualidad del mercado de trabajo, en el que no se aproxima absolutamente ninguno de los extremos; la reforma del contrato a tiempo parcial; la multiplicidad de fórmulas de
contratación, es decir, otra vez la dualidad; las medidas dirigidas a incentivar la búsqueda de empleo para evitar que el trabajador agote toda la prestación, etcétera. Señorías, esta reforma ya es más conocida dentro y fuera por lo que no reforma
que por los pequeños detalles que modifica respecto al texto inicial. Esta es una reforma sobre todo huérfana de respaldo político y de respaldo social. Tomar parte por una de las partes -permítanme la redundancia- tiene estos peajes: al final,
señorías, no se contenta a nadie. Estos seis años pasarán a la historia como el mayor período de fracaso del diálogo social, un diálogo social anoréxico durante la mayor crisis económica, social y de empleo
de nuestra reciente historia democrática. Si todo continúa como hasta ahora, señorías, el Gobierno volverá a estar solo en esta reforma. En este momento ya es la primera reforma laboral de la historia que no tiene el apoyo de ninguno de
los cuatro interlocutores sociales, pero puede convertirse en la mañana de hoy en la primera reforma laboral que, además de no tener el apoyo de ninguno de los interlocutores sociales, no tenga el apoyo explícito de ningún grupo político de la
Cámara. Nada por aquí, nada por allá. Todo un récord de talante, todo un récord de diálogo, todo un récord de saber escuchar, en definitiva, todo un récord de improvisación y de trabajo mal hecho desde el primer día de su publicación. Qué
diferencia -con esto termino, señor presidente-, señores del Partido Socialista, con aquella reforma laboral del Partido Popular del año 1997, de hace solamente trece años, que contó con el acuerdo de todos y cada uno de los cuatro agentes sociales,
de todos ellos, y que contó con el acuerdo de todos los grupos políticos de esta Cámara, incluido el Grupo Socialista, que entonces estaba capitaneado por el que había sido ministro de Trabajo -el ministro de Trabajo más joven de la democracia
española- y hoy comisario europeo, el señor Almunia, que también le dio su voto afirmativo. Aquella reforma consensuada, aquella reforma inteligente, aquella reforma prudente, aquella reforma sosegada, señorías, creo 5 millones de puestos de
trabajo netos en nuestro país.
Ojalá la que hoy se apruebe, a pesar de la falta de capacidad del Gobierno y del Grupo Socialista para conseguir acuerdos, de su precipitación y de su improvisación, sea útil para nuestro país y para nuestros parados.
(Aplausos.-El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, para una cuestión de orden. Solicito una interrupción de la Comisión para discutir con el conjunto de portavoces si el dictamen de la ponencia corresponde a los acuerdos de la propia
ponencia, porque tras la lectura que he hecho de entrada creo que el contenido del dictamen de la ponencia no es lo que se acordó en la reunión del lunes.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, la Presidencia entiende que no hay ningún desorden. Por tanto, no ha lugar una petición de ese tipo. En cualquier caso, si hubiera habido alguna discrepancia, los portavoces tendrían que haberla
planteado en el tiempo transcurrido desde que recibieron el informe de la ponencia hasta que se ha iniciado este trámite de Comisión. En segundo lugar, si usted tiene algo que alegar sobre algo que había recibido y sobre lo que no había manifestado
ninguna discrepancia, tendrá oportunidad de hacerlo al final de la Comisión, cuando se pase a votación el informe de la ponencia. Ahí podrá usted hacer constar las cuestiones que le parezcan oportunas.
Seguimos con el trámite previsto. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila. (Rumores.)
Por favor, despejen ustedes la Mesa. (Rumores.)
Doña Olaia, si no hace usted uso de la palabra pasaré al siguiente portavoz.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, estaba esperando.
El señor PRESIDENTE: No hay nada que esperar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Lamento no ser más rápida, pero pensaba que se iba a seguir con el orden de mayor a menor.
Señor presidente, señorías, esta Comisión ya conoce la postura del Bloque Nacionalista Galego en relación con este proyecto de ley; la manifestamos cuando debatimos el real decreto, la hemos manifestado cuando presentamos una enmienda a la
totalidad con texto alternativo y, evidentemente, también se conocen nuestras enmiendas.
Desde nuestro punto de vista, este es un proyecto de ley -y en esa razón hemos fundamentado la presentación del escrito al que el señor Llamazares ha hecho mención con anterioridad- cuya tramitación se está desarrollando con unas prisas -a
la vista está en esta Comisión- que nos pueden llevar no solo a cometer el error de no garantizar una ley adecuada para las relaciones laborales, sino a la irresponsabilidad de actuar con tanta premura que se pueda producir alguna metedura de pata
-dicho coloquialmente- incluso desde el punto de vista jurídico. Por eso, nosotros considerábamos que era conveniente el aplazamiento de esta tramitación en ponencia para hacerlo con más tranquilidad y rigor y, por tanto, con más responsabilidad.
Dicho esto, pasaré a defender las enmiendas que nuestro grupo ha presentado y que parten de lo que nosotros consideramos un error, por parte del Gobierno, en el análisis que se hace de las razones que propician el aprobado Real Decreto-ley
10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el mercado de trabajo. Desde nuestro punto de vista, este análisis parte de una concepción errónea, ya que es un análisis que responsabiliza al mercado de trabajo y a lo que, en argot neoliberal,
como ya dijimos en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad, se denominan rigideces del mercado de trabajo, del alto nivel y del fuerte crecimiento del desempleo. Sin embargo, la dinámica de creación y destrucción del empleo dependen de otros
factores ligados principalmente al dinamismo económico. Así, como también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la propia OCDE, que inicialmente defendía argumentos de que a mayor protección laboral mayor desempleo, posteriormente, en el año
2006, corrigieron esta tesis, de manera que finalizan ese trabajo diciendo que en el análisis que hace la OCDE de esa situación de desempleo pueden afirmar que el impacto de las rigideces laborales es estadísticamente
insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE.
Señorías, todas y todos somos conscientes de que cuando se dice que esta reforma laboral, que presenta el Gobierno y que evidentemente apoya el Grupo Socialista, tiene como objetivo declarado reducir la dualidad existente en la contratación
indefinida y en la contratación a tiempo parcial y a tiempo temporal -valga la redundancia-, en definitiva, lo que se pretende con esta reforma es romper esa dualidad y facilitar la creación de empleo estable. Este objetivo, señorías, fue el mismo
que se utilizó y en el que se justificó la reforma del año 1997. Con este objetivo fue como se inventó la nueva modalidad de contrato para el fomento de la contratación indefinida, que supone un notable abaratamiento del despido, cuando se pasa de
45 a 33 días con un máximo de veinticuatro mensualidades, y es una ingente cantidad de transferencias de dinero público a las empresas en forma de subvenciones a las bonificaciones. Por cierto, después de que desde el año 1997 se haya implantado
esta nueva forma contractual y después de que se hayan invertido en estos trece años una ingente cantidad de dinero -que no sabemos exactamente qué cantidad es-, la contratación indefinida ha sido un fracaso. Es decir, las políticas que emanan de
esta reforma de 1997, y concretamente de la implantación de este contrato indefinido que reduce los tiempos de indemnización por despido, desde todos los puntos de vista, están siendo un fracaso. Por tanto, no entendemos cómo, de nuevo, en el año
2010 se vuelve, por parte de este Gobierno, a incidir en políticas fracasadas, que además lo único que nos han demostrado es que incrementan la temporalidad y la precariedad laboral. Desde luego, el objetivo de la estabilidad no lo han cumplido y
el objetivo de crear empleo de calidad tampoco.
El problema, señorías, de la contratación estable, de acuerdo con el análisis que nosotros hemos hecho, no radica en la subvenciones ni en la carestía del despido, sino en una cultura empresarial que permite la contratación temporal, cuyo
origen está en la reforma de 1984, en plena época de crisis y de reconversión industrial, así como en la generalización del fenómeno de descentralización productiva a través de contratas, subcontratas, empresas de servicios, etcétera. Si la
legislación laboral no va a reflejar esta realidad -la realidad que acabo de decir que emana de la cultura empresarial para orientar su contratación-, desde luego, va a ser imposible determinar un comportamiento empresarial que estabilice el empleo
y que estabilice la contratación en el empleo. De ahí, señorías, que nosotros presentemos este número de enmiendas, porque son veintiuna, que no solamente tratan de mejorar el real decreto, que se transformó en el proyecto de ley que estamos
tramitando en estos momentos en esta Comisión, sino que también tratan de mejorar otros aspectos del Estatuto de los Trabajadores que este proyecto de ley que estamos debatiendo no contempla.
Planteamos la propuesta de enmienda al artículo uno, porque entendemos que son necesarios cambios sobre ese texto, por una parte, en la medida en que se reduce en un año la duración de los contratos temporales y, por otra parte, en el
establecimiento de nuevas limitaciones para la realización de los contratos de duración determinada. En concreto, en la propuesta que nosotros hacemos no se podrán celebrar contratos de este tipo en la subcontratas de obras y servicios ni en
contrataciones ligadas a subvenciones u otras partidas extrapresupuestarias que provengan de administraciones públicas o de otras entidades. Desde nuestro punto de vista, desde las administraciones públicas no se debería estar incentivando esta
contratación precaria que hemos dicho que está en la justificación de todas estas reformas laborales.
Nuestra enmienda número 59 pretende aplicar una nueva metodología para el cálculo de la indemnización por despido en los contratos temporales y además lo hacemos porque pensamos que el hecho de encarecer el despido en los contratos
temporales puede ser más positivo para esa contratación indefinida que abaratar el contrato indefinido. Desde luego, no podemos entender que el Gobierno opte por el abaratamiento del contrato indefinido y no por equilibrar ese coste del despido
encareciendo el contrato temporal. Por tanto, nosotros consideramos que una fórmula podría ser que estas indemnizaciones sean del 10 por ciento del salario bruto percibido.
Planteamos la enmienda número 61, que es una enmienda de supresión, porque modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo concerniente al despido objetivo por causas económicas. Se trata de una redacción aún más difusa y favorecedora del
uso de este tipo de causas de despido y queremos decir, señorías, que la transacción que se incorporó en la ponencia no la mejora, aunque entendemos que la pretensión haya sido esa, por lo menos en lo que nosotros entendemos que se debería de
mejorar este artículo, sino que, desde nuestro punto de vista, deja incluso más facilidad a las empresas para despedir con la fórmula que se conoce como despido objetivo. Que se pueda despedir, como se recoge en la transacción, porque una empresa
manifieste que deja de tener beneficios -en la forma en la que se establece en la transaccional que se incorporó en la ponencia-, nos parece que si lo que se pretendía con esta transaccional era mejorar lo que se recogía en el proyecto de ley, desde
luego, no se ha conseguido, como no se ha conseguido en todo el texto de esa transacción en relación con esta cuestión. Nosotros no podemos compartir cómo está recogido el despido objetivo, porque nos parece que puede ser y se puede utilizar para
despidos con una arbitrariedad mayor de la que en este momento está habiendo. Por cierto, arbitrariedad que ya existe y nosotros tenemos conocimiento de las sentencias del último año en las que prácticamente no existe ninguna que diga que el
despido haya sido improcedente.
Señorías, en nuestra enmienda número 62 proponemos una modificación con la que pretendemos derogar
la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, en la medida en que supone la desaparición del contrato de fomento de la contratación indefinida. Como acabo de decir
un poco antes en la exposición anterior a la defensa de las enmiendas, desde nuestro punto de vista, este contrato de fomento de la contratación indefinida no ha resuelto los problemas, sino que en todo caso ha incrementado la temporalidad. De la
misma manera, señorías, nuestra enmienda número 63 está relacionada con la inaplicación de los convenios, en la medida en que, como ustedes ya conocen nuestra posición, entendemos que esto no solamente es una devaluación de la negociación colectiva,
sino que es dejar a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de empresas pequeñas, en situaciones de desprotección, porque, tal y como se contempla -incluso con las matizaciones que se hacen en la ponencia que acabamos de aprobar-, se deja a
estos trabajadores de pequeñas empresas en una situación en la que sus derechos no van a poder estar debidamente defendidos si las empresas optan por inaplicar el convenio que les corresponde por sector o por un convenio superior al de la empresa.
Mediante la enmienda número 64 se pretende que a los desempleados procedentes de contratos formativos se les pueda exigir obligaciones formativas; y esto nos parece positivo. Las enmiendas números 66, 67 y 68 -y aquí queremos hacer un
especial hincapié- están relacionadas con la intermediación laboral. Desde nuestro punto de vista, esta debe preservar su carácter público, por lo que desde esa posición se debe mejorar y potenciar los servicios públicos de empleo. Por cierto,
justo lo contrario de lo que se propone en el artículo del proyecto de ley que estamos debatiendo, ya que contempla la adaptación de esta legislación para reforzar las agencias privadas de colocación y la apertura de la colaboración público-privada
en esta cuestión. Nosotros, repito, no podemos estar de acuerdo con esta cuestión.
La enmienda número 68, que es una enmienda de adición y que propone la creación de un nuevo artículo con la siguiente redacción, aunque no voy a leer toda la redacción, pero está relacionada con medidas para la mejora del empleo y de la
interlocución territorial, pretende mejorar alguno de los aspectos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo. En concreto, se establece un nuevo requisito para los beneficiarios de las bonificaciones
establecidas en el programa de fomento del empleo, así como también se establece que la interlocución no solamente tenga que ser con las centrales de ámbito estatal, sino también con todas aquellas que son representativas, aunque su ámbito de
actuación sea territorial, de alguna comunidad autónoma o de alguna nacionalidad histórica, utilizando términos constitucionales.
Señorías, también las enmiendas números 60, 70 y 76, desde nuestro punto de vista, son importantes, en la medida en que proponen la modificación del artículo 33.8 del Real Decreto-legislativo 1/1995 y que están relacionadas con el Fogasa.
En este proyecto de ley se recogen aspectos del Fogasa con los que estamos frontalmente en contra y además también creemos que estas otras modificaciones realizadas a través de reales decretos, como el que acabo de mencionar, tampoco están en la
línea que, desde nuestro punto de vista, nos parece correcta. A través de la enmienda que presentamos pretendemos la reformulación del abono de indemnizaciones por parte del Fogasa. De esta manera, se devolvería al Fogasa a los fines con los que
fue creado, liberando al fondo de sufragar el 40 por ciento o los ocho días de indemnización en determinados contratos. Las suspensiones y las reducciones de jornadas se incrementaron en el año 2009 debido, en buena parte, a la Ley 27/2009, de 30
de diciembre, de medias urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Señorías, desde nuestro punto de vista, es necesario seguir profundizando en dichas políticas, incorporando a la pyme a la cultura del mantenimiento del empleo ante situaciones de crisis. Para ello, nosotros entendemos que se deberían de
apoyar las subvenciones a la suspensión o a la reducción de jornada, en vez de estar manteniendo e incrementando las subvenciones al despido. Desde luego, sería mucho más prudente este tipo de subvención que la que se está haciendo al despido. No
sé si me queda algún tiempo. Estoy un poco apurada, porque no estoy controlando el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le quedan dos minutos exactamente.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: También proponemos las enmiendas números 72, 73 y 78, que están relacionadas con el Servicio Público de Empleo, porque entendemos que esta intermediación debe de ser llevada a cabo por las oficinas de empleo
público y no, como se recoge en el proyecto de ley, con la incorporación de la iniciativa privada a este tipo de actuación o actividad. Por eso, las tres enmiendas pretenden que este servicio se lleve a cabo desde los servicios públicos y esto no
solamente se refiere al hecho de que así se establezca, sino de que estos tengan que ser reforzados en todos los niveles, por lo que las enmiendas que presentamos van en esa dirección.
Señorías, las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego van en una dirección que, como ustedes han podido comprobar, es completamente diferente a la que presentan otro grupos parlamentarios, pero también -y es lo fundamental- es completamente
diferente a las propuestas que se nos hacen en este proyecto de ley que nos ha traído del Gobierno. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que no interrumpan a la señora que está interviniendo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pretendemos mejorar dos cuestiones: una, la interrelación laboral entre
empresas y trabajadores y, por otro lado, también garantizar, desde el punto de vista jurídico, unas determinadas condiciones laborales que en estos momentos, desde nuestro punto de vista, no están debidamente contempladas. Como me falta
poco tiempo, quería pasar a decir las enmiendas que mantenemos vivas el Grupo Mixto en general, aunque no sé si es el momento ahora o más adelante o si hay otro turno para esto.
El señor PRESIDENTE: Doña Olaia, cuando termine este turno de intervención y defensa de las enmiendas haremos un receso precisamente para organizar todo el tema de las enmiendas y ahí tendrá usted oportunidad de eso y de aclarar todas las
cuestiones que sean necesarias.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: De acuerdo, entonces lo diré posteriormente.
Finalizó, señor presidente. Desde luego, como ya ha dicho otro portavoz -y precisamente no es un portavoz que defienda la misma posición del Bloque Nacionalista Galego en cuestión de política laboral-, hoy vamos a aprobar, porque
seguramente va a ser así, una reforma laboral que no va a crear empleo, pero sí va a darle seguridad y confianza al mercado, es decir, estamos trabajando en cuestiones de relaciones laborales para el mercado. Evidentemente, el mercado tiene cara,
el mercado tiene nombres y no es una cosa abstracta. Lo lamentable es que el Grupo Socialista -y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta ahora defendió siempre políticas de progreso y políticas sociales en la línea que
correspondería a un partido de progreso- sea el que haga esta reforma que no está destinada a garantizar ningún tipo de derecho laboral, sino que está destinada a dar confianza al mercado o, lo que es lo mismo, al sector financiero, y al sector
financiero especulativo fundamentalmente.
Es decir, que aquellas políticas que se deberían desarrollar para hacer un futuro completamente distinto en el modelo económico que tenemos y para hacer asimismo un modelo social más justo y con mejor
distribución de la riqueza, el Grupo Socialista y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las olvidan y optan por vías exclusivamente neoliberales. Lo lamentamos y lamentamos además que hoy esta ley se vaya a probar con la precariedad que la
propia ley representa y con la precariedad de apoyos que el Grupo Socialista va a tener en la mañana de hoy. Esto es una demostración más de lo que dijimos al principio: la premura no va a permitir responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Doña Olaia, ha consumido ya usted su tiempo.
Les recuerdo a SS.SS. que cuando termine este turno de defensa de las enmiendas habrá un receso y ahí tendrán la oportunidad de hablar y decidir todo lo que a ustedes les parezca oportuno. Lo digo, sobre todo, para que muestren más respeto
a las personas que están hablando en este momento como portavoces de su grupo en defensa de las enmiendas. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds van a intervenir el señor Llamazares y el
señor Tardà. En primer lugar, señor Llamazares, tiene usted la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: A pesar de la luz de agosto, hoy es un día negro para el Parlamento, para los trabajadores y para la izquierda. Para el Parlamento, porque estamos siendo sometidos a un trágala degradante y confuso del cual esta
Comisión es un exponente bastante claro: ya no estamos en la geometría variable sino en una aritmética confusa y degradante para el Parlamento. Para los trabajadores, que sufren un asalto a sus derechos, quizás un asalto repetido pero quizá
también el asalto más duro de la democracia. Y para la izquierda, porque en su nombre o en nombre de sus principios se impone una contrarreforma -que no una reforma- en materia laboral. Además, señores del Partido Socialista, les recuerdo la
máxima clásica de que la derecha no paga favores.
Señorías, después del paréntesis en que los Estados socorrieron a los mercados, hoy los mercados, como el alacrán -está en su naturaleza-, se revuelven contra lo público y han decidido imponer una salida autoritaria e injusta a la crisis
sobre las espaldas de los de siempre, sobre las espaldas de la ciudadanía y de los trabajadores, pero además sobre las espaldas de la democracia. Si ayer fue el recorte del Estado social y la privatización del ahorro popular mediante la
privatización de las cajas de ahorro, hoy es el asalto a los derechos de los ciudadanos como trabajadores, de aquellos que se ganan la vida con su trabajo. Porque no es verdad -y ustedes, señorías, lo saben-, que lo que hoy aprobamos sea una
reforma laboral; la verdad es que esta que debatimos es la contrarreforma laboral más dura del periodo democrático; un día negro para los trabajadores porque, en primer lugar, facilita el despido objetivo -incluso de empresas, como Telefónica, que
hoy han disminuido sus beneficios- como mecanismo de competitividad y abarata el despido hasta el punto de que financia, en un ejercicio de malversación de fondos públicos, el despido improcedente; porque, en segundo lugar, hace más inseguro y
precario el empleo no de unos frente a otros, que es la crítica a la dualización de nuestro mercado laboral, sino que hace inseguro el empleo de todos, iguala a todos por abajo; porque, en tercer lugar, debilita a los trabajadores y a sus
sindicatos en la negociación colectiva -no lo es, pero tal parece una venganza contra los sindicatos en la convocatoria de la huelga general-, y conceptúa a la empresa, con esta actitud de desequilibrio entre trabajadores y empresarios, como un
castigo, no como un compromiso común; porque, en cuarto lugar, privatiza aún más la intermediación laboral en contra de los servicios públicos de empleo - degrada lo público-, y porque, en quinto lugar, renuncia a un cambio de modelo productivo
mirando a las viejas ventajas competitivas del pasado como una estatua de sal.
Señorías, no es cierto -no es cierto, compañeros del Partido Socialista, y vosotros lo sabéis- que esta norma sirva para salir de la crisis -recompone los beneficios sin contrapartidas-; no es cierto que esta norma cree empleo o evite la
destrucción del empleo existente, el empleo lo crean la recuperación económica y el estímulo público, y las medidas de ajuste van en el sentido de que aumentará el desempleo; y no es cierto que reduzca la precariedad y la dualidad de nuestro
mercado de trabajo, muy al contrario, la consolida. Estos argumentos que se han utilizado hasta hoy son pura propaganda. La verdad es que se consolida y se amplía lo peor de nuestro modelo laboral y lo peor de nuestra economía, dígalo Agamenón o
dígalo Zapatero. En primer lugar, amplía la explotación laboral como factor de competencia del pasado, mete más alucinógenos a nuestro empresariado, amplía la precariedad y los bajos salarios como norma de nuestro modelo laboral, amplía el
desequilibrio en la relación laboral entre patronal y sindicatos y, como consecuencia, la desigualdad de rentas, y amplía y consolida la escasa modernización y productividad de nuestro sistema económico. Señorías, además este trámite parlamentario
exprés, que podríamos denominar con agosticidad y alevosía, degrada la deliberación parlamentaria hasta convertirla en una caricatura. ¡Cómo no va a haber crisis política, señorías, con lo que estamos haciendo hoy aquí! Este tramite, el trámite
parlamentario, no ha mejorado el texto, ha endurecido con la derecha los aspectos más regresivos de la contrarreforma y apenas ha incorporado algunos aspectos positivos en igualdad de género, en materia de contratos formativos y otros, como los que
venían de enmiendas de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y de otros grupos. Parafraseando al señor Blanco, no se trata en este caso y en otros de una poda para que el árbol crezca más fuerte; esta reforma es
una tala, una tala del débil árbol de los derechos de los trabajadores que se convierte día a día en un bonsái. Tampoco es un ejercicio de responsabilidad del Gobierno; no es responsabilidad ser duros con los débiles, con los propios, y ser
débiles con los ajenos, con la patronal, con los mercados. No es responsabilidad, en mi opinión es renuncia. No es una reforma salomónica. No, señorías, qué más quisiéramos, es un menú a la carta para la patronal y una nueva cura de caballo para
los trabajadores. En mi opinión, no se puede utilizar más en vano el nombre de la izquierda. La salida a la crisis de la política y de la democracia no es la renuncia a las posiciones propias, ni mucho menos hacer de la necesidad virtud cantando
las alabanzas de esta reforma laboral conservadora en la que el Gobierno hace un trabajo ingrato para la derecha y, parafraseando a Pulp Fiction, luego llevará quien limpie los restos.
La salida digna, en nuestra opinión, es la disidencia con el dogma de la flexibilidad laboral, la salida más digna es la resistencia de la huelga general, porque en nuestra opinión sigue existiendo una salida social a la crisis, pues la
prioridad no es la prioridad laboral, la prioridad es la protección de los más débiles y el cambio de modelo productivo; porque es imprescindible la concertación y el acuerdo social para cualquier reforma laboral viable; porque, en definitiva,
otra reforma es posible.
Es posible en nuestra opinión reducir la temporalidad, recuperar la causalidad en los contratos, fortalecer la representación de los trabajadores y también mejorar los servicios públicos de empleo. Es posible, estamos
convencidos. Es posible, sí, pero no así.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, tiene usted la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, Esquerra Republicana, los republicanos estábamos dispuestos a negociar el contenido de la reforma siempre y cuando ello no comportara, no significara, pérdida de derechos para los trabajadores, porque
después de tantos esfuerzos por parte de los trabajadores para conseguir escenarios de progreso, arrancados con voluntad y movilización, lo responsable y progresivo radicaba en hacer compatibles las necesarias reformas que exigen los tiempos y el
progreso social. De hecho, encarábamos esta reforma con esta voluntad. Había cuestiones que era necesario afrontar: la excesiva rigidez del mercado laboral, una perversa dualidad, un diálogo social titubeante, cuando no irresponsable en algunas
personas, falta de liderazgo gubernamental, una precariedad desbordante y un largo listado de ítems que en nada contribuyen a superar el actual modelo productivo, que lastra nuestro progreso. Es un modelo productivo que, a tenor de la reforma
laboral que propone el Gobierno y que ha negociado preferentemente con los grupos parlamentarios de centroderecha, hoy no se va a contribuir a superar ni a modificar, porque aunque en el actual mercado laboral no radique, ni mucho menos, el origen
de la crisis, cierto es que este debería contribuir a superarla. Y mal negocio hacemos si se instaura un verdadero abaratamiento del mercado de trabajo por vía de la reducción de derechos de los trabajadores de forma que nos sitúe en un plano de
relaciones laborales de maquila. Hoy se avanza en ese sentido. España será a Europa lo que México es a Estados Unidos, es decir, una maquila de mano de obra intensiva y barata contra los derechos de los trabajadores. Yo creo que ustedes, los
socialistas, han hecho un trayecto vertiginoso hacia el abaratamiento del despido objetivo de veinte días, máxime ante el rechazo que ofrecen a nuestra enmienda en la que se demanda que solo se pueda despedir por razones de estricta garantía de
supervivencia de la empresa ante una situación de crisis profunda y aguda empresarial. Ustedes fijan como causa de despido la disminución relevante de beneficios y -repito- no se atiende al carácter finalista en situación de crisis empresarial real
que proponemos. Fíjense hasta dónde llega lo irracional, que un empresario hace una inversión o un gasto importante y les compra tres Ferraris -permítanme la caricatura-, tres coches de gama alta, a sus hijos y efectivamente tiene menos beneficios,
luego estos coches de gama alta los pagan los trabajadores mediante
el despido. Se puede llegar a la reducción al absurdo, pero entendemos que esta es la situación, francamente esperpéntica. ¿Ustedes creen que van a contribuir a establecer un nuevo modelo productivo si resulta más barato despedir que
formar? Los compañeros socialistas tampoco han querido saber nada de nosotros, de nuestras enmiendas, ante la desvergonzante y desvergonzada universalización del contrato de fomento. Porque, aunque pretendan disimularlo, se contempla que se puede
ofrecer a cualquier persona, lo que introduce de facto la indemnización de treinta y tres días por año a todos los contratos que se hagan a partir de su proyecto.
Repito que no han querido saber nada de las salvedades que nosotros proponíamos a
manera de enmienda. No han querido, pues, restringir ni su universo ni su duración. Ustedes proponen evaluarlo en 2012, nosotros pedimos el carácter coyuntural, y esto creo que es un engaño. Si la evaluación -fíjense, otra posible casuística- no
se hace o no hay conclusión de la misma en el año 2012 se prorroga y punto, y ya lo tenemos consolidado ad infinítum. De manera que una cosa es establecer una modalidad de contratación con atenuación de derechos que se sustenta en la existencia de
colectivos con especiales dificultades de inserción y en situaciones de coyuntura económica desfavorable, y muy otra esta universalización y sin limitación.
Señorías, con esta reforma laboral consolidaremos un modelo productivo basado en el precio bajo de la mano de obra. Las empresas serán más remisas a abordar el cambio tecnológico, y Marruecos, por citar un Estado, siempre producirá lo mismo
que se pueda hacer en el Estado español pero más barato. Luego solo quedará bajar todavía más los costes para no deslocalizar; un ciclo perverso que esta reforma consolida. De ello no tenemos ninguna duda.
Respecto a la flexibilidad interna, entenderán que no me extienda, puesto que de hecho creo que ya estoy agotando el tiempo, pero sí debo decirles que podemos aplaudir que se haya sido sensible a incorporar que se favorezca la pluralidad
sindical permitiendo participación de los sindicatos mayoritarios o del mayoritario en el sector, o bien la autorepresentación. Por el contrario, lamentamos que no se acepte -de ahí nuestras enmiendas- que no sea preceptivo que los acuerdos deban
ser refrendados por la asamblea, máxime porque nos parece muy grave -de ahí también nuestra enmienda número 37- que el descuelgue salarial -porque no hablamos solamente de horarios o de movilidad geográfica, sino que hablamos del salario, del
sagrado salario- lo dejen abierto. También lo dejan abierto a perspectivas económicas que pudieran verse dañadas por la aplicación del régimen salarial. Queda demasiado abierto. Nosotros reclamamos que se hable de crisis empresarial que afecte a
la viabilidad empresarial, porque -repito- estamos hablando del sagrado salario de los trabajadores. Mantenemos, pues, viva la enmienda número 37 y, por cierto, reclamamos que, atendiendo a que nos referimos al salario, se tenga que renovar año a
año y no, como ustedes pretenden, atendiendo a la vigencia del convenio y un máximo de tres años.
Señorías, nosotros hubiéramos deseado que esta reforma salarial hubiera significado un espaldarazo definitivo para la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Si el verdadero problema de nuestro mercado laboral no es la salida o el
precio del despido sino su entrada, en el caso de los jóvenes el problema es enorme. De ahí que pretendiéramos la creación del contrato de transición juvenil. En cambio, ustedes mantienen esencialmente el mismo modelo de contrato de formación en
cuanto se trata de una formación rígida, lo que no permite la formación teórica en el lugar de trabajo ni garantiza el objetivo final porque no hay tutelaje de los servicios de empleo ni se garantiza la profesionalización con el seguimiento del
proceso formativo a partir de las competencias alcanzadas. Así pues, en este tema mantenemos vivas las enmiendas y posteriormente relataré los números de las enmiendas a las que me refiero en este ámbito.
Perdón, señor presidente, ¿me puede avanzar cómo ando de tiempo?
El señor PRESIDENTE: Me he equivocado antes al poner el marcador, pero tiene usted cinco minutos todavía.
El señor TARDÀ I COMA: Esto es una bonificación. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Mi error le ha favorecido.
El señor TARDÀ I COMA: Bien, en todo caso tampoco voy a tardar.
En el debate de hace un par de semanas este mismo diputado que les habla sacaba a colación la victoria ideológica del diputado Campuzano sobre el ministro de Trabajo, señor Corbacho, en todo aquello que hacía referencia a la intermediación,
agencias de colocación, ETT... Parecía que finalmente el ministro Corbacho cedía ideológicamente a los criterios que, con toda coherencia, siempre he oído defender al diputado Campuzano.
Debo decirles que a estas alturas tampoco sé exactamente
dónde estamos situados puesto que, más allá de todos los errores procedimentales característicos de esta ponencia, todavía no estoy demasiado seguro de cuál es el terreno que pisamos, razón por la cual manifiesto que mantenemos vivas todas las
enmiendas que atañen a este ámbito, a la espera de lo que pueda ocurrir en esta mañana tan intensa. También quiero llamar la atención sobre la enmienda 26, respecto al documento de fijeza del trabajador, que creo que deberían aceptar, porque forzar
al trabajador, máxime en un contexto de crisis como el actual, a solicitar el documento a la empresa es colocarlo en una situación difícil y también, por supuesto, es de alguna manera menoscabar la logística, sobre todo a la pequeña y mediana
empresa. Creo que los servicios públicos de nuestro Estado deberían
asumir el reto de ser diligentes y no trasladar al trabajador esta responsabilidad, que puede poner en un brete al trabajador. No hay tiempo para alargarnos.
También lamentamos que no se acepte la opción del contrato de obra como contrato de lanzamiento de actividad para emprendedores, así como que se haya hecho oídos sordos a nuestra demanda de flexibilización territorial, incluso trasladamos al
diputado Membrado una transaccional que no ha tenido respuesta. En ella instábamos a que en el plazo de seis meses se llevaran a cabo las modificaciones legales oportunas para superar las limitaciones existentes a la negociación de convenios
colectivos en un ámbito territorial afectado por un convenio en vigor, cuando aquel ámbito territorial es inferior y, a su vez, superior al de la empresa, es decir, un compromiso para que la reforma de la negociación colectiva contenga también la
negociación colectiva territorial, que ustedes saben que es algo que Esquerra Republicana ha reclamado desde hace muchos años ya que defendemos un marco catalán de relaciones laborales.
Entendemos que un mercado laboral moderno debería garantizar lo dicho hasta ahora, lo reivindicado en nuestras enmiendas. Por otra parte, lamentamos que esta reforma laboral pretenda algo que creemos que no va a ocurrir. Esta reforma
laboral está condenada al fracaso. Lo decimos porque no se aguanta y creo que los trabajadores no van a soportarla, la ciudadanía no se va a resignar a vivir aquí dentro de pocos años como se vive hoy en día al otro lado del Estrecho. Esto va a
ocurrir dentro de pocos años con este modelo laboral. De ahí que sin duda deberá modificarse, no solamente porque es inviable y porque los trabajadores no van a aceptarla, sino porque además nace ya muy mal. La prueba está en que no hay consensos,
no hay mayorías suficientes, atendiendo al calado de un proyecto de ley de estas características. A nuestro entender, fragilizar el empleo fijo, inestabilizar aún más el empleo y universalizar el contrato de fomento es un mal negocio. Por eso no
nos sentimos llamados por los cantos de sirena de la mayoría si pretenden apelar a la responsabilidad. La responsabilidad no es nuestra. Desde el primer día -y pongo en mi boca palabras de Joan Ridao- dijimos que estábamos dispuestos a negociar, y
ustedes nos echaron del tablero, pretendieron abrazarse a la derecha y ahora les ha salido el tiro por la culata; pues con su pan se lo van a comer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le voy a decir, señor presidente, que estoy tentado de pedirle el mismo favor que le ha hecho al señor Tardà: no bajar todavía la bandera hasta dentro de un periodo de tiempo razonable.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, siempre procuro equivocarme solamente a favor de los débiles y en este caso a favor de los minoritarios. Si hay que bajar la bandera, se baja también, no hay problema.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que me cuesta mucho ubicarme en un debate que ya ha sido complejo, sobre el que casi se podría realizar una argumentación de naturaleza procesal y sobre el cual yo no sé en este momento ni dónde estoy
ni qué mantengo vivo ni lo que ha muerto de lo que hemos presentado nosotros. Es una situación particularmente confusa y perturbadora. A partir de aquí la navegación argumentativa de este portavoz que humildemente les habla se complica
notablemente. Ya estaba complicada, dada la naturaleza de las cosas y lo que este proyecto de ley regula -una cuestión importante-, como para vernos rodeados de esta serie de cuestiones de orden planteadas y que, honesta y amistosamente se lo
planteo, señor presidente, deberían haber sido dilucidadas antes de continuar con el debate de los portavoces. Pero luego tendremos ocasión seguramente de corregir algo que nos genera dudas de naturaleza reglamentaria, en primer lugar, sobre qué
ponencia estamos debatiendo; sobre el contenido material de dicha ponencia, si es el correcto -si es la ponencia que fue aprobada en la reunión de la ponencia-; y sobre todo si se han cumplido los plazos también de anticipación en cuanto a la
entrega del documento. Son cuestiones que no son irrelevantes y que podrían provocar vicios incluso de nulidad, en su caso, si se produjeran algunas de las sospechas que en este momento a mi grupo le embargan. Pero las dificultades argumentativas
las ha glosado el señor Llamazares perfectamente. Hemos pasado de la geometría variable, cuya defunción ya estaba certificada hace tiempo, a la gestión del caos, seguramente variable también. Estamos en una situación en la que es muy difícil
ubicarse, primero desde la perspectiva procedimental, desde una perspectiva de presunción iuris tantum de que se ha hecho correctamente, atendiendo a los requerimientos reglamentarios, el debate de esta norma.
Afrontar la regulación normativa de
algo que forma parte ínsita del orden público laboral, como es la configuración de las relaciones productivas del país a tenor de lo previsto en la propia Constitución y en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores por este procedimiento -un
real decreto-ley que luego se transformó o se debatió o se tramitó como un proyecto de ley por un trámite de urgencia que en este momento está sufriendo los avatares que todos conocemos-, hace que de alguna forma el decoro institucional se resienta;
se resienta notablemente, señor presidente, honestamente se lo digo. Esta es una materia de suficiente relevancia y trascendencia como para un debate sereno, un debate sosegado, que pretenda conseguir lo que metafísicamente es imposible: puntos de
equilibrio, puntos de equidistancia entre lo que pretenden los interlocutores sociales, que nos debían haber ayudado mediante la proposición de propuestas susceptibles de ser equilibradas. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado a la conclusión,
señor presidente, de que este equilibrio no existe, no está en la naturaleza de las cosas, no hay posiciones equidistantes entre lo que pretenden las organizaciones sindicales y lo que pretenden las organizaciones empresariales,
y que una interacción equilibrada y razonable del capital y del trabajo, de los empresarios y de los trabajadores, es un metafísico imposible.
Desde esa perspectiva, hemos llegado a la conclusión de que lo único a lo que se puede aspirar en
el escenario óptimo, lo que puede imaginar este grupo parlamentario es que de él vamos a intentar salir con las menos magulladuras posible. Creo que esta es la situación óptima a la que podemos aspirar: salir sin producir grandes quebrantos en los
principios o fundamentos ontológicos del derecho del trabajo, atendiendo a los requerimientos de flexibilidad que son pertinentes y reivindicados por las organizaciones empresariales de forma adecuada en muchas cosas, pero sin proceder a una
desregulación tan intensa como piden las organizaciones empresariales y sin pretender un mantenimiento de algunas cuestiones que ya adolecen de una cierta rigidez, cuyo mantenimiento preconizan las organizaciones sindicales. ¿Cómo se consigue esto?
Es muy difícil saberlo, señor presidente, creo que es metafísicamente imposible.
Si los interlocutores sociales han intentado durante dos años aproximaciones y han fracasado, ya estamos ante un real decreto-ley en primer lugar y un proyecto de ley
después hijo de un fracaso. Es un fracaso que difícilmente los grupos parlamentarios pueden remedar, y aunque los grupos parlamentarios busquen puntos de equilibrio hipotéticos que no están en la naturaleza de las cosas, que no existen, luego
serían de imposible aplicación porque se tienen que trasladar a la negociación colectiva, de la negociación colectiva a acuerdos interprofesionales primero, de estos a la negociación colectiva y de la negociación colectiva a la articulación de los
contratos laborales individuales de trabajo. Esto no se va a poder hacer dada la no solo inexistencia del más mínimo punto de acuerdo o concertación entre los interlocutores sociales, sino también de la franca hostilidad con que unos y otros se
están manifestando en relación con este proyecto de ley que estamos debatiendo.
A este proyecto de ley le faltan muchas cosas, señor presidente, y otras le sobran. Voy a empezar por glosar lo que le falta. Le falta una aproximación normativa de carácter global, ordenado y sistemático a la negociación colectiva
laboral. Nosotros tenemos una enmienda en la que solicitamos que el Gobierno se comprometa a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de ley que regule de nuevo y en su totalidad el anacrónico título III del Estatuto de los Trabajadores, que
es el que regula la negociación colectiva laboral. Nos parece que una reforma laboral sin alusiones más que colaterales o asistemáticas o desordenadas a la negociación colectiva laboral es un reforma laboral insuficiente por su propia naturaleza,
insuficiente por su ausencia, insuficiente por omisión. Desde esa perspectiva es una de las reivindicaciones que dirigimos al Grupo Socialista, que es el que está en la tesitura de poder aceptar esta reivindicación que nosotros hacemos. En cuanto
a la negociación colectiva laboral desde una perspectiva muy concreta, señor presidente, se trata fundamentalmente de los elementos de concurrencia que definen la concurrencia entre convenios colectivos de diferente ámbito territorial, personal o
sectorial que regulan las mismas materias, cosa que el ordenamiento jurídico español posibilita en estos momentos.
Los puntos de inversión o de concurrencia están previstos en la actualidad en dos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, los
artículos 83 y 84, y nosotros pedimos exactamente la inversión de los puntos de concurrencia tal como están configurados en la actualidad como elemento de competitividad pero también como elemento sustancial de nuestro discurso político, de nuestro
acervo político. Nosotros creemos en un marco autónomo de relaciones laborales pero también entendemos que la proximidad del convenio colectivo a los ámbitos territoriales más pequeños (a la empresa, a la provincia o al territorio histórico, a la
comunidad autónoma y ya de forma complementaria o subsidiaria al Estado) es un elemento que mejora la competitividad. El ajuste a realidades industriales, a realidades económicas, a realidades configuradas por interlocutores sociales en las que no
todos son de ámbito estatal de actuación, en las que hay organizaciones sindicales no estatales y organizaciones empresariales también no estatales, es un elemento de mejora y de garantía de la competitividad de nuestras empresas. Este punto de
inversión y otras cuestiones que con relación a la negociación colectiva se articulan en preceptos desordenados de forma asistemática, mediante invocaciones en la reforma de forma muy desordenada y asistemática, como le digo, a la negociación
colectiva laboral y a los convenios colectivos y su eficacia -eficacia, por cierto, perturbada notablemente por la reforma del artículo 41, que consigna este proyecto de ley en relación con modificaciones de condiciones de trabajo-; esta reforma de
la negociación colectiva se tiene que hacer en su globalidad, se tiene que hacer mediante la presentación por el Gobierno de un proyecto de ley que atienda a la totalidad de los preceptos reguladores de la negociación colectiva laboral, o sea la
totalidad del título III del Estatuto de los Trabajadores. Primera observación.
En segundo lugar, este proyecto de ley pretende afrontar una de las patologías más graves de nuestro mercado de trabajo, que es la relativa a la baja calidad de nuestro empleo, al porcentaje importante de contratos de carácter temporal y a
otras patologías colaterales a estas como el encadenamiento de trabajadores en un mismo puesto de trabajo y el abuso de la subcontratación, de las contratas, de las subcontratas, en definitiva de la subcontratación en cascada. Hemos visto muy pocas
referencias, manifiestamente insuficientes, para afrontar una mejora de la calidad y de lucha contra la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Solo afrontarlo desde la perspectiva de las previsiones del artículo 5 que prevé solo una figura
contractual de carácter temporal, que es el contrato de obra de servicios, es manifiestamente insuficiente si no luchamos también contra el encadenamiento de trabajadores que están cubriendo las mismas funciones en un mismo puesto de trabajo,
contra los abusos en materia de subcontratación y contra la causalidad.
Esto ya ha sido glosado y citado por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La causalidad en el ámbito de la entrada en el mercado de trabajo
significa lo siguiente, señor presidente. Aquellos trabajos que por su propia naturaleza presumiblemente sean de carácter indefinido deberían provocar la incorporación al mercado de trabajo de quienes vayan a desarrollarlos con contratos de tiempo
indefinido. Eso es causalidad, vincular la naturaleza del trabajo a la duración, y su duración al contrato que se va a formalizar; y aquellos trabajos que por su propia naturaleza vayan a ser de duración temporal admitirían contratos de duración
temporal.
No ha existido coraje, no ha existido valor por parte del Grupo Socialista para afrontar desde la perspectiva de una causalización estricta el mecanismo de entrada en el mercado de trabajo, pero tampoco ha existido coraje -me voy a dirigir a
usted muy particularmente, señor Membrado- en el ámbito de la causalización de la salida del mercado de trabajo. La salida del mercado de trabajo gravita sobre un tipo de despido muy especial, que es el despido objetivo por causas económicas, por
causas tecnológicas o por causas de producción. El elemento de descausalización de esta forma de salida tiene una doble dimensión: primero, la indefinición, la elasticidad, la inconcreción de los conceptos que jurídicamente se utilizan para
posibilitar o legitimar a un empresario a rescindir contratos de trabajo por esta vía, por este procedimiento; son despidos por causas económicas, por causas técnicas o por causas productivas. Los conceptos que utiliza el proyecto de ley, que
ahora reformamos y que estamos analizando, son: situación económica negativa, que es un concepto manifiestamente inconcreto, deletéreo, metajurídico, de difícil interpretación jurisprudencial. Creamos un problema a la jurisdicción a efectos de
tutelar los derechos de los trabajadores cuando legitimamos proceder a la extinción de contratos de trabajo mediante la utilización de conceptos tan vagos, tan etéreos como una situación económica negativa. Nadie sabe decir en qué consiste, en qué
se concreta una situación económica negativa. Necesitamos concreción, determinación de en qué causas o qué provoca la situación económica negativa, para legitimar la extinción de relaciones laborales, que es una cuestión no baladí, cuando el
pretendido objetivo de la reforma laboral es mejorar la situación del empleo.
La otra locución, particularmente perturbadora, que se utiliza para legitimar el despido o la extinción de relaciones laborales, es la acreditación de la mínima razonabilidad. El concepto de mínima razonabilidad es no solo metajurídico, es
vergonzoso, que está legitimado por cierta jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Mínima razonabilidad es un concepto metafísicamente imposible de interpretar; el hermeneuta más fino del mundo no sería capaz de identificar
cuándo concurre la mínima razonabilidad para justificar el despido de un trabajador. Esto sí que vulnera fundamentos axiológicos, ontológicos de un derecho del trabajo que tiene un carácter tuitivo, que poco a poco vamos limando, acortando y que se
está convirtiendo en un derecho que cada vez se parece más al derecho privado, al derecho civil, al mercantil y a otros. Estamos volviendo, mediante una regresión normativa, sobre la que ya he advertido en numerosas ocasiones a esta Cámara, a la
desaparición del derecho del trabajo, que ya está anunciada por muchos teóricos, por muchos catedráticos, por la doctrina científica, y a la recuperación de fórmulas mercantiles y civiles para incorporar a los trabajadores a las relaciones de
producción, como en la primera revolución industrial. Vamos a volver otra vez a los contratos de sociedad, de arrendamiento de servicios, de ejecución de obra, etcétera, después de haber transcurrido un largo periplo de existencia de un derecho del
trabajo tuitivo, protector con la parte contractual más débil, que es el trabajador, fundado en los conceptos de dependencia y de ajenidad. Desde esa perspectiva, señor presidente, pedimos que lo de la mínima razonabilidad sea sustituido por un
concepto más claro, justo y equilibrado; que la legitimación para poder despedir por razones objetivas de carácter económico, técnico o de producción requiera definiciones más concretas, más seguras jurídicamente para los propios trabajadores,
porque si no el efecto de descausalización de esta forma de despedir desplazaría el despido, ni siquiera el de treinta y tres días del contrato de fomento, que teóricamente, pretendidamente e inciertamente constituye el tronco de esta reforma
laboral. Es mentira, el contrato de fomento del empleo es un contrato ubicado en esta reforma laboral con carácter puramente ornamental, salvo para algunos colectivo especiales que se pueden ver favorecidos por él, pero ya disminuye el precio del
despido de los cuarenta y cinco a treinta y tres días; pero el precio del despido va a ser veinte días por año trabajado, que es precio del despido objetivo por causas económica, tecnológicas o de producción.
Esta perversión deberíamos evitarla.
Lo mismo ocurre con la modificación de las condiciones previstas en el convenio colectivo de las condiciones laborales, que por dimanar el convenio colectivo tiene eficacia normativa, eficacia erga omnes. Se incorpora luego, a través del
contrato de trabajo, como fuente de derecho a la estructura de las relaciones productivas del país. Tiene su origen en la habilitación que la propia Constitución otorga a los convenios colectivos, de ser fuente de derecho, de tener eficacia
normativa, de poseer eficacia erga omnes. En esta reforma se está produciendo algo que es particularmente grave, que es la posibilidad de que, por decisión unilateral del empresario, una de las dos partes que suscriben el contrato de trabajo -que
como todos los contratos es de naturaleza bilateral- pueda unilateralmente modificar condiciones de trabajo que tienen naturaleza normativa, que tienen eficacia erga omnes, con una pretendida tutela jurisdiccional, que efectivamente se reconoce en
el precepto, pero que resulta muy poco útil para los trabajadores cuyas condiciones de trabajo son objeto de modificación, aunque están disconformes
con esa modificación de sus condiciones de trabajo. La tutela judicial efectiva, señor presidente, nunca se va a producir antes de cuatro o seis años, y después de cuatro o seis años, cuando la jurisdicción se pronuncie, para ese
trabajador, cuya modificación de las condiciones de trabajo puede ser particularmente lesiva, onerosa, la reparación será imposible también. Desde esta perspectiva pido seriedad y mantener fundamentos axiológicos de nuestro ordenamiento laboral,
así como de los ordenamientos laborales de todos los países de nuestro contexto, que impidan que decisiones unilaterales del empresario puedan modificar algo que pertenece a la legalidad y que tiene naturaleza normativa puesto que dimana de la
negociación colectiva laboral.
Hay otra cuestión que resulta particularmente importante y vidriosa. Vamos de charco en charco. No me sorprende que los interlocutores sociales no se hayan puesto de acuerdo en dos años sobre estas materias, porque todas ellas son
vidriosas y en las que el círculo virtuoso o la posición equidistante no existe en ningún sitio. Nos han endosado la responsabilidad de buscarlo, a nosotros, y puesto que no existe estamos fracasando en una búsqueda en la que, como ya le decía
antes, lo único que podemos hacer es salir con las menos magulladuras posibles como institución e incluso en nuestra consideración parlamentaria individual.
En materia de representación sindical de los trabajadores, para acometer modificaciones de
condiciones de trabajo allá donde no la hay se ha optado por desorbitar esa noción que está prevista en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la de mayor representatividad sindical. A los sindicatos que ostentan esta noción jurídica, la de
mayor representatividad sindical, allá donde no tienen representación se les permite representar a unos trabajadores que no les han elegido ni han admitido su representación. Si no hay representación en esos ámbitos o en esas empresas será
sencillamente porque los trabajadores no quieren que haya una representación de naturaleza sindical. Esto solo se resuelve, señor presidente, con la aceptación de la enmienda que hemos presentado en relación con este problema: que los trabajadores
articulen su propio mecanismo de representación de forma endógena, al margen de la extensión del concepto de mayor representatividad sindical más allá de lo que la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical en sus artículos 5 y 6 posibilita, no dando
estas facultades ultra vires a los sindicatos más representativos pudiendo ubicarles -aunque no tengan presencia alguna- en las numerosísimas empresas en donde no están ubicados, porque seguramente los trabajadores de esas empresas no quieren que
estén ubicados. Luego, hay que sustituir esta representación externa de los sindicatos más representativos por una representación endógena y elegida por los propios representantes de los trabajadores.
Podríamos continuar con numerosas cuestiones que hacen referencia a esta fallida reforma. En materia de flexibilización ya hemos comentado cuáles son nuestras posiciones. Hay un problema que es particularmente relevante para nosotros. Si
queremos mejorar la calidad de nuestro contrato y sobre todo crear empleo estable de duración indeterminada en la medida en que sea posible, a pesar de las reticencias que todos tenemos sobre las bonificaciones de cuotas, no hay más remedio que
acudir a un sistema adecuado de bonificaciones de cuotas; si no de bonificaciones de cuotas, por lo menos de una perspectiva de resistencia, cuando se producen suspensiones a través de los correspondientes ERE o reducciones de la jornada laboral, y
de compensar esa pérdida o ese quebranto económico para los que ven reducida su jornada laboral o suspendido su trabajo mediante prestaciones que tendrán que ser abonadas no por el Fogasa ni por mutualidades, sino por los servicios públicos de
empleo mediante aportación proporcional de la prestación por desempleo a la reducción de la jornada cuando esta se produce. Señor presidente, esto es algo que vamos a enfatizar. Sabemos que ya hay un precedente. En aquellos ERE en los que se
producen situaciones discontinuas de actividad, el trabajador en esos periodos discontinuos de actividad no solo percibe la prestación por desempleo sino que no va agotando la que le pudiera corresponder después si posteriormente se convierte en
desempleado. Querríamos extrapolar esta previsión, que ya está en nuestro ordenamiento jurídico, a las reducciones de jornada que se producen a través de los ERE y de decisiones modificativas unilaterales del empresario modificativas de la jornada
a través de las previsiones del artículo 41. Queremos mejorar en definitiva la seguridad de los trabajadores.
La intermediación privada -con esto voy acabando, señor presidente- se ha desorbitado manifiestamente. No me parece perverso ni extravagante en el ordenamiento jurídico laboral la existencia de agencias privadas de colocación ni tampoco la
de las empresas de trabajo temporal. Ahora bien, me parece ir muy lejos conferir a las empresas de trabajo temporal la posibilidad de que puedan realizar contratos de puesta a disposición con las administraciones públicas. El acceso a la
Administración pública está muy tasado por nuestras leyes de Función pública, por los principios de mérito, capacidad y por otra serie de circunstancias. La laboralización es un elemento extraño y extravagante en el acceso a la Administración
pública.
Para acabar, señor presidente -dado que estamos abusando todos de su generosidad, y usted no parece tampoco perturbar esta circunstancia demasiado-, nos preocupa mucho, fenomenológicamente y al margen del caos creativo con el que estamos
desenvolviendo estos detalles, lo que hemos dicho muchas veces. En la primera revolución industrial, en donde se produjeron grandes abusos contra los trabajadores mediante la utilización de fórmulas civiles y mercantiles para la articulación de las
relaciones de producción, surgió un nuevo contrato, el contrato de trabajo. Este ya preveía unas condiciones más dignas en el ámbito de la contratación y de la fundamentación o configuración de las relaciones productivas. Del contrato de trabajo
surgió un sector
nuevo del ordenamiento jurídico y el derecho del trabajo, cuya función es fundamentalmente una, y por eso tiene carácter tuitivo el derecho del trabajo: protector de los trabajadores. En el ámbito contractual el derecho del trabajo admite
y reconoce -de ahí viene el carácter tuitivo, la tuición- que las partes contratantes, el trabajador y el empresario, en un contrato que no es ni conmutativo -es bilateral pero le falla, luego es inadecuada la conmutatividad, no existe la igualdad
entre las partes contratantes-, que el sinalagma de dicho contrato es imperfecto; el ordenamiento jurídico tiene que compensar esta desigualdad o la debilidad del trabajador, a la hora de concertar sus relaciones productivas contractualmente con el
empresario, porque si no los abusos serían similares a los que se produjeron en la primera revolución industrial cuando no existía un contrato de trabajo ni un derecho del trabajo, sino contratos civiles y mercantiles para articular las relaciones
de producción. Esta tuición, esta penetración del ordenamiento laboral para corregir la desigualdad contractual existente entre el trabajador y el empresario, en definitiva la subordinación del trabajador al empresario mediante las nociones de
agilidad y dependencia del mismo, es lo que, reforma tras reforma, estamos difuminando peligrosísimamente en los últimos tiempos. Como he comentado antes, ya ha sido anunciado por personas con capacidad prospectiva suficiente para ello la
desaparición del derecho del trabajo. Ya desaparece en mis palabras con estas últimas que voy a pronunciar, señor presidente.
Esta reforma es otra vuelta de tuerca en esta fenomenología, en este avance hacia la desestructuración y difuminación de los principios fundamentales filosóficos y ontológicos que justifica la existencia de un sector del ordenamiento
jurídico que es el derecho del trabajo. Si no evitamos reformas de esta naturaleza, que además son reformas no pactadas entre los interlocutores sociales, que son reformas que van a generar conflictividad, que son reformas manifiestamente
inaplicables porque su traslación a la convención colectiva laboral pasa a ser otro metafísico imposible; si seguimos por esta vía, ocurrirá lo que estamos sospechando, el derecho de trabajo y su carácter tuitivo terminará desapareciendo.
Pero
terminarán despareciendo también aspectos esenciales de nuestra civilización, tal como la hemos entendido desde la primera revolución industrial, señor presidente. Estamos regresando otra vez a los momentos anteriores a la primera revolución
industrial. Desde esa perspectiva a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, que tienen la capacidad para entender y para aceptar algunas de las enmiendas que pueden evitar este quebranto, que es un quebranto de naturaleza filosófica pero
también de orden social, de articulación civilizada de nuestras relaciones productivas, les hago una invocación para que atiendan a nuestras enmiendas y a las de otros grupos parlamentarios que se incardinan en la misma dirección; si no, el acto
será fallido, no solo por razones procedimentales, por el caos creativo y de esta gestión del caos variable en la que nos estamos desenvolviendo todos, sino porque estamos provocando quebrantos muy importantes al orden social en el que vivimos, el
orden social al que proveen la propia Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, que en este momento están peligrosísimamente relativizados en este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Desde el cariño y el respeto que le tengo, he de lamentar que no hayamos interrumpido la sesión para poder aclarar con exactitud si el contenido del dictamen de la ponencia refleja los acuerdos de la ponencia.
Mi grupo está convencido de que eso no es así.
Supongo que cuando interrumpamos antes de las votaciones, vamos a tener que articular alguna manera que permita que las posiciones que se expresaron en la ponencia se puedan reflejar realmente en las
votaciones que vamos a tener al final de la mañana. Dicho esto, esperaremos a ver cómo resolvemos este problema que no es menor.
Nosotros llevamos tiempo planteando la necesidad de que en esta legislatura se produjese una reforma del mercado de trabajo, no tanto desde la convicción de que esta era una pócima mágica que iba a resolver los gravísimos problemas de
desempleo que estamos padeciendo, los gravísimos problemas de dualidad del mercado de trabajo, que están castigando especialmente a jóvenes y trabajadores con poca formación, sino de que, en cualquier salida de la crisis que fuese capaz de generar
empleo y en cualquier conformación de un mercado de trabajo más justo que no castigase a los jóvenes y a los trabajadores con menor nivel de formación, era imprescindible una reforma del mercado de trabajo. Hemos denunciado que el Gobierno ha
tardado en reconocer esa realidad; prácticamente ha aceptado que esta reforma era necesaria en la primavera de este año. Hemos dicho que en el terreno de lo ideal las reformas de trabajo mejores son aquellas que son fruto del diálogo social.
Coincido con el señor Echániz en que el paradigma de ese tipo de reforma fue sin lugar a dudas la reforma de 1997, pero también afirmábamos que si no existía acuerdo entre los agentes sociales el Gobierno debía asumir sus responsabilidades.
Finalmente el Gobierno asumió sus responsabilidades y aprobó, vía real decreto, una reforma del mercado de trabajo.
En el trámite de la convalidación de ese real decreto en el Pleno afirmábamos que su contenido tenía aspectos positivos que iban en la dirección de lo que entendíamos que necesitaba nuestro mercado de trabajo, que existían cuestiones mal
resueltas y que notábamos a faltar determinados aspectos. Dijimos que, si en el trámite parlamentario en marcha esas cuestiones eran capaces de resolverse bien, Convergència i Unió podría apoyar esta reforma del mercado de trabajo. Llegamos a esta
intervención sin haber resuelto buena parte de las cuestiones que Convergència i Unió entendía que debían incorporarse
en esta reforma y dejando mal resueltas algunas de las cuestiones que inicialmente no compartíamos. Por lo tanto, a estas alturas de la mañana, y más allá de saber exactamente qué es lo que vamos a votar al final del día, Convergència i
Unió no va a poder votar el texto del dictamen de la Comisión cuando se someta a consideración. En función de los textos va a ser la lectura de las enmiendas concretas lo que va a determinar nuestro voto favorable, negativo o nuestra abstención.
En el trámite de la ponencia, en su literalidad, se aceptaron las enmiendas de Convergència i Unió 312, 321 y 325. De estas enmiendas quiero destacar al menos tres de ellas: la 325, que refuerza el derecho de los trabajadores a su
formación y a recibir acciones que mejoren su empleabilidad; la 321, que implica el control de la formación de demanda para trabajadores ocupados por parte de las comunidades autónomas, dando respuesta a una vieja reivindicación de Convergència i
Unió en este ámbito; y la 312, que refuerza la obligación de las nuevas agencias de colocación de no excluir a las personas con discapacidad en sus actividades. Son tres enmiendas que mejoran el texto. En las transaccionales que mi grupo dio por
aceptadas en el trámite en ponencia se resolvía la cuestión que afecta a los trabajadores transfronterizos con Andorra. Es un colectivo castigado por la crisis a los que se va a reconocer sus periodos cotizados por desempleo cuando trabajaban y
cotizaban en España, a pesar de que han perdido su empleo en Andorra donde no tienen ningún tipo de protección social, y se mejoraba la incorporación de las cooperativas en toda la política de bonificaciones.
Estas eran las transacciones que
Convergència i Unió dio por aceptadas en el trámite de la ponencia.
Existen cuestiones que en las transacciones planteadas no nos satisfacen y que por tanto forman parte del pasivo de esa reforma. Nosotros hemos insistido durante todo el debate en que una reforma que no apostase por el despido como vía de
ajuste empresarial debería reforzar la flexibilidad interna de las empresas. La propuesta que formula el Gobierno tanto en el texto original del real decreto como en la transacción establece mecanismos de mediación en relación con esas disputas que
se puedan plantear entre empresarios y trabajadores respecto a la organización del trabajo en la empresa, pero no permite que ante el desacuerdo y bajo tutela judicial se imponga la capacidad del empresario de organizar su propia empresa. El
Gobierno puede hacer bien en defender que eso garantiza los derechos de los trabajadores, pero la no introducción de esa flexibilidad que plantea Convergència i Unió, bajo tutela judicial, condena a muchas empresas a mantener estructuras rígidas que
a menudo no pueden garantizar su supervivencia, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde a veces la configuración de las condiciones del trabajo marcada por los convenios de ámbito superior son inaplicables en supuestos de crisis.
Nosotros apostábamos por la flexibilidad interna frente a la alternativa del despido, propuesta sobre la que el Grupo Socialista no ha querido alcanzar un acuerdo, aunque le hemos ofrecido diversas redacciones. Lamentablemente nosotros no estamos
en condiciones de avalar lo que el Gobierno nos propone. En los diversos trámites hemos mejorado -no sé cuál es el texto que finalmente vamos a votar- todo lo vinculado con la representatividad de los trabajadores, especialmente en las pymes, en
todas aquellas materias de descuelgue de la configuración de aquello que determina el convenio colectivo. La propuesta inicial del Gobierno inquietó a todos los grupos -me consta que también al propio Gobierno y al Grupo Socialista-; vamos a ver
cuál es finalmente el texto que se avanza. En todo caso, ahí mi grupo ha constatado voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista de avanzar en la buena dirección.
Hemos estado muy convencidos de que uno de los problemas de nuestro mercado de trabajo es el absentismo injustificado, en términos profundos del propio sentido de la solidaridad entre los propios trabajadores y desde la convicción de que eso
tiene un coste en términos de la propia competitividad de las empresas o para nuestro sistema de protección social, y que supone un ataque profundo a nuestro sistema de protección social y a los mecanismos de solidaridad de nuestro Estado del
bienestar.
Asimismo, hemos defendido una configuración del artículo 52 d) mucho más adecuado a la realidad, superando los problemas que la actual configuración del artículo 52 d) ha dado después de que algunas sentencias del Tribunal Supremo han
hecho imposible su aplicación. Al mismo tiempo hemos planteado la necesidad, respondiendo eso sí a una demanda del tejido empresarial, especialmente de pequeñas y medianas empresas, de que las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día sean
asumidas por la Seguridad Social. Esa es la propuesta de Convergència i Unió para hacer frente al absentismo. Lamentablemente, entre las transacciones que hasta este momento mi grupo conoce no hay una propuesta del Grupo Socialista en relación con
esta cuestión.
Estamos también convencidos de que la contratación a tiempo parcial, como sucede en el resto de Europa, debería ser uno de los instrumentos que permitiese la generación de empleo para gente joven y para personas con cargas familiares desde
una configuración legal de esta fórmula contractual que fuese atractiva para la empresa en la medida en que introdujese flexibilidad y atractiva para el trabajador en la medida en que mejorase su protección social futura. Y hemos formulado una
propuesta de ampliación de las horas complementarias, de mayor flexibilidad en las llamadas del empresario al trabajador en relación con esas horas complementarias, de configuración también de una bonificación a ese contrato a tiempo parcial, en los
mismos términos cuando el contrato a tiempo parcial sea indefinido, en los supuestos de contratación indefinida, y de una mejora de los coeficientes de pensión futura que se van a derivar fruto de ese tiempo parcial. Es una apuesta por el tiempo
parcial. Y sobre esa cuestión tampoco, a estas alturas de
la mañana, tenemos propuestas del Grupo Socialista. Hemos defendido que los límites que se introducen en la contratación laboral por parte del Gobierno, hoy, en un momento en el que el único empleo que se está creando es empleo temporal,
son un error y hemos planteado diversas soluciones para atemperar ese planteamiento. Algunas se han recogido parcialmente, y compartimos la enmienda del Grupo Socialista, que salvaguarda el contrato de obra que se utiliza en el sector de la
construcción, nos parece una buena solución, pero existen otras propuestas de Convergència i Unió que hoy ayudarían a que, en un momento en que lo importante es que se genere empleo, no castiguemos el empleo temporal.
En relación con la extinción del contrato, que es de las cuestiones que más debate ha producido, al menos en los medios de comunicación, Convergència i Unió ha presentado una enmienda que va en la línea de permitir que, en el ámbito de la
negociación colectiva, puedan de alguna manera lijarse mejor las causas económicas, una mayor especificación de cómo se ha de entender que concurren causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Es nuestra enmienda 296. Hemos defendido
que continuase en el texto del proyecto de ley esa expresión de que se deduzca mínimamente la razonabilidad de esas situaciones. Nos parecía que es una expresión que orientaba de manera adecuada una utilización y una interpretación jurisprudencial
del despido objetivo y del despido colectivo. Vamos a ver finalmente cuál es el texto que el Gobierno pone encima de la mesa, no sé exactamente si es el texto que se planteó en la ponencia o es otro texto. Hemos apostado por la extensión del
contrato de fomento de la contratación indefinida y algunas de nuestras consideraciones se han aceptado; hemos dicho también que la configuración que hace el Gobierno es tremendamente espesa y que se hubiese podido optar por una visión mucho más
clara, mucho menos oscura, de cuándo se puede utilizar el contrato de fomento desde el año 1997. Por cierto, contrato introducido en el año 1997, aceptado por los agentes sociales y que viene a poner el dedo en la llaga en uno de los elementos más
complicados de nuestro mercado de trabajo, que es cómo el coste del despido afecta a la contratación indefinida. Cuando en el año 1997 los sindicatos aceptaron la existencia del contrato de fomento de la ocupación aceptaron que el coste del despido
constituye un problema, aunque sea en términos sociológicos, a la hora de contratar, para las empresas y especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Ahí la discusión no es si el coste de despido en España es inferior o es menor que en el
resto de Europa; las discusiones son diversas. Sabemos que en la pequeña y mediana empresa esa cuestión afecta negativamente a la contratación de manera indefinida. Por tanto, haber apostado por una extensión más clara de ese contrato de fomento
de la contratación indefinida ha sido una posición que Convergència i Unió ha defendido en estos últimos años siempre con mucha contundencia.
Hemos defendido muy claramente que en las políticas activas, que son ese instrumento en manos de las comunidades autónomas para ser capaces de acompañar a los desempleados a recolocarse en el mercado de trabajo, con la actual configuración
legal, con las órdenes ministeriales que desarrollan los programas de las políticas activas, o incluso con el borrador de real decreto que el Gobierno elaboró y que no se ha llegado a aprobar, no se dota a las comunidades autónomas de la libertad de
gestionar, en función de sus propias necesidades y con la flexibilidad necesaria, los recursos de las políticas activas. Y hemos presentado enmiendas que modifican la Ley de Empleo, precisamente para introducir esa flexibilidad. También hemos
hablado de que la necesidad de vincular políticas activas y políticas pasivas hoy tan solo podía pasar para que las políticas pasivas, las prestaciones por desempleo, fuesen gestionadas por las comunidades autónomas, que una sola autoridad laboral
fuese capaz de gestionar tanto la recolocación como la protección. Esas son las cuestiones que, desde el punto de vista de un partido que aspira a mejorar el autogobierno de Cataluña y a que el Gobierno de Cataluña tenga instrumentos para poder
desarrollar una política nacional de empleo, nos parecían fundamentales. He de decir que las transacciones que allí ha ofrecido el Grupo Socialista han sido claramente insuficientes y que no cambian nada de la actual situación en la que -insisto-
la principal responsabilidad de la inadecuación de las políticas activas no es de las comunidades autónomas, es de quien legisla a través de órdenes ministeriales sobre esas políticas activas. Y esa falta de vinculación entre políticas pasivas y
políticas activas continúa sin resolverse.
Hemos dicho también claramente que esta reforma debe ir seguida de otras dos reformas de nuestro mercado de trabajo, la reforma de la negociación colectiva y la reforma de la prestación por desempleo. Hemos defendido que si no existe
acuerdo entre los agentes sociales en el proceso iniciado de reformas de la negociación colectiva el Gobierno también debe asumir sus propias responsabilidades y enviar a la Cámara un proyecto de reforma del Título III del Estatuto de los
Trabajadores. Defendíamos también que, en un escenario de mejora de la situación económica de España, se fuese capaz de abordar una reforma de la prestación por desempleo que reforzase el funcionamiento de esas políticas, que convirtiese la
prestación por desempleo, no en un instrumento que facilita durante un tiempo, quizá demasiado prolongado, permanecer en el desempleo, sino que facilitase la rápida reincorporación de los desempleados al mercado de trabajo, desde la convicción de
que cuanto más tiempo permanece una persona en el desempleo más dificultades tiene para encontrar un empleo adecuado a sus propios perfiles profesionales y al nivel de remuneración que tenía cuando estaba activo en el mercado de trabajo. Esta nos
parecía una reforma imprescindible.
Asimismo hemos dicho que una reforma del mercado de trabajo que fuese justa con los trabajadores debe poner el acento en todo aquello que está vinculado a la
mejora de la formación de los propios trabajadores. Defendemos en nuestras enmiendas la creación de una deducción fiscal al impuesto sobre sociedades para las inversiones de las empresas en la formación de sus trabajadores, en la línea, por
cierto, del informe sobre formación que don Valeriano Gómez ha presentado hace unas cuantas semanas. Hemos planteado también la necesidad de aumentar el tanto por ciento de formación por demanda que las empresas pueden gestionar, especialmente para
las pequeñas y medianas empresas. Hemos apostado claramente por la formación, desde la convicción de que una política de empleo que sea más capaz de defender la capacidad de encontrar trabajo de los trabajadores que de defender el puesto de trabajo
concreto tan solo va a ser justa si invertimos más en la formación de los propios trabajadores.
En esta misma línea -y ahí sí que hemos de reconocer que sobre las transacciones que conocemos se han producido mejoras con enmiendas de Convergència i Unió, en concreto la enmienda 324- reforzamos los aspectos vinculados al plan social en
los expedientes de regulación. Ahí existe todo un terreno para gestionar la salida de los trabajadores del mercado de trabajo. Hemos defendido claramente en esta reforma que se incorporen medidas que estimulen a los emprendedores. Y estamos
reclamando una configuración de la figura de los business angels, aprobada en diversas proposiciones no de ley aprobadas en el Pleno y en la Comisión de Economía y que el Gobierno no está cumpliendo. Hemos trasladado esas propuestas para reforzar
la figura del business angel, que puede permitir la puesta en marcha de proyectos emprendedores, por fin, con medidas concretas. También hemos hablado de la necesidad de que el Gobierno articule medidas para que resuelva la indefensión de los
trabajadores afectados por el impago de sus salarios, que hoy no reciben ningún tipo de protección y hemos presentado enmiendas para suprimir cargas burocráticas a las pymes, que esta nueva reforma introduce. Hemos defendido la necesidad de que el
Gobierno apruebe, con las comunidades autónomas, un plan de recolocación para los parados de la construcción, donde hay más de un millón de desempleados. Hemos defendido mejoras sobre las bonificaciones que afectan a las personas con discapacidad.
Señorías, existe ese conjunto de cuestiones que complementarían esta reforma, que pondrían el acento en medidas que permitiesen a quienes pierden el empleo volver a incorporarse en el mercado de trabajo, que darían nuevos estímulos a la
capacidad emprendedora, que lamentablemente tampoco en las ofertas de transacción que nos ha ofrecido el Grupo Socialista se han podido resolver. Por tanto, mi grupo aborda esta fase de la Comisión desde una profunda insatisfacción respecto al
contenido de la reforma y desde la convicción de que esta va a ser una reforma fallida; va a ser una reforma fallida porque no va a generar la confianza que las empresas y los trabajadores necesitan para poder reactivar nuestra economía. Como
dijimos desde la tribuna del Pleno, más tarde o más pronto va a haber nuevas reformas del mercado de trabajo en España.
Yo auguro, señor presidente, que va a ser más pronto que tarde y que esta reforma no va a resolver los problemas de fondo que
tiene planteados nuestro mercado de trabajo y que por ello habrá que insistir en la necesidad de mejorarlo. Ojalá que en los trámites que aún quedan el Gobierno y el Grupo Socialista sean capaces de rectificar y de promover un texto legal que sea
útil en la medida en que dé eficacia y flexibilidad al funcionamiento de las empresas y que sea justo con los trabajadores, especialmente con los jóvenes y con los trabajadores con menor nivel de cualificación.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quiero comenzar la intervención agradeciendo el trabajo tan intenso que los distintos portavoces han desarrollado a lo largo de estos días, la disponibilidad para dialogar, la
disponibilidad para llegar a acuerdos aunque no se hayan conseguido en algunos puntos y también la disponibilidad para privarse de vacaciones y tener que estar aquí, como es nuestra obligación pero que indudablemente a nadie gusta. Para mí, este es
un elemento de satisfacción que quiero refrendar hoy y que quiero trasladar a los miembros de la Comisión. ¿Por qué? Porque a veces se traslada la imagen de una opinión del Parlamento rara, por no decir interesada, y yo creo que los parlamentarios
hoy estamos demostrando que estamos a la altura de las circunstancias haciendo un debate en unos días como estos y llevando prácticamente quince días dedicados intensamente a esto, lo que a algunos seguro que les ha planteado problemas familiares,
como a todos los trabajadores de este país cuando tienen que dedicarse intensamente a algo. Por eso me parece que es un elemento destacable y no menor.
La siguiente cuestión es que nosotros hemos presentado un documento que viene refrendado hace aproximadamente cinco semanas, en el cual hemos introducido variaciones que no lo cambian sustancialmente pero que sí incluye variaciones que
intentan buscar, a través de transaccionales, el mayor grado de consenso posible. ¿Por qué? Porque queremos que la reforma laboral tenga el mayor grado de apoyo parlamentario. Difícilmente vamos a trasladar al conjunto de la sociedad una ley si
tiene aquí un escaso apoyo, difícilmente vamos a hacer que los empresarios trabajen con esta ley si aquí hay escaso apoyo, difícilmente la sociedad va a entender una ley de estas características cuando hay grupos parlamentarios mayoritarios que la
ponen en cuestión sin explicar muy bien por qué. Eso es una obligación del conjunto de los políticos que estamos hoy aquí presentes pero también es una parte esencial de la política. La política consiste en asumir responsabilidades y trasladarlas
al conjunto de la sociedad. Hoy aquí he escuchado unas
intervenciones realmente contradictorias, como corresponde a los distintos pensamientos que componen esta Cámara. Tengo que reconocer que las posiciones de la izquierda son coherentes, ellos han presentado dos enmiendas a la totalidad y hoy
son coherentes, tanto la responsable del Grupo Mixto como los responsables de Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, Esquerra Republicana. Son coherentes. Han dicho: Votaremos no, porque no creemos en esta reforma y porque ya hemos
dicho cuál es nuestra reforma. Pero por parte del grupo parlamentario mayoritario he oído una serie de aseveraciones genéricas a las que nos tienen acostumbrados para, posteriormente, decir que esta reforma se ha quedado corta en algunos casos y
excesivamente larga en otros, tienen enmiendas en el terreno de la formación, no saben ni contestan en otras alternativas y, por supuesto, no ha explicitado cuál va a ser el sentido de su voto. El sentido del voto en un tema como este no se espera
a decirlo a la una menos cuarto, señor Echániz. (El señor Echániz Salgado: Ya lo verás.) El sentido de un voto, en un tema como este, hay que tenerlo claro desde el principio, plasmarlo en las enmiendas, negociarlo adecuadamente y determinar la
posición política, no en función del aire que pasa para ponerme de canto, sino en función de la responsabilidad que asumo cuando defiendo determinadas posiciones. Eso lo ha hecho la izquierda y no lo ha hecho la derecha. Esa es la primera cuestión
que tengo que dejar clara, porque lo siento interiormente. Hemos estado trabajando con transaccionales de todo género para que todo el mundo se vea cómodo y al mismo tiempo no cambie sustancialmente el texto y resulta que para el señor Echániz es
como si hubiésemos hecho, en vez de transaccionales, una especie de cocido madrileño mezclado con potaje gallego y vinculado con gazpacho andaluz. (El señor Echániz Salgado: Justo, exacto. Y marmitako.) Pues no, mire usted, no, no. Lo que
nosotros hemos hecho es un ejercicio de responsabilidad asumiendo enmiendas, transaccionándolas, 18 transaccionales que en estos momentos existen.
¿Por qué hemos elegido este trabajo? Se lo voy a explicar, señor Echániz.
No es por un problema de que tengamos vocación de cocineros en nuestro tiempo libre. No. Es porque el texto que hay es un texto complejo, difícilmente
interpretable, que hace alusión permanentemente al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de Procedimiento Laboral, que plantea modificaciones en la Lisos y en la Ley de la Seguridad Social, en muchos elementos. Y yo no quiero que los diputados ni
los ciudadanos lean este texto de ley como un vademécum de textos de leyes relacionados con el mundo social y el mundo laboral, porque no lo van a interpretar. Por eso hemos hecho una recopilación y hemos hecho un ejercicio pedagógico, para que lo
entendiésemos todos los que vamos a trabajar con él. Claro, algunos deben considerar la pedagogía de la época del catón, pero no, no es pedagogía del catón, es pedagogía de la comprensividad, que es un elemento esencial en estos eventos. Por eso
hemos hecho estas transaccionales que a usted tanta risa le dan y tanta mofa le producen.
Vamos con el texto. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley y hemos asumido la responsabilidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque este proyecto de ley venía siendo demandado por el conjunto de la sociedad y por ustedes
permanentemente. ¿Cómo lo hemos querido hacer? Por la vía del diálogo social. ¿Nos hubiera gustado? Por supuesto, pero no por un problema estético; nos hubiera gustado porque sabemos que los acuerdos en diálogo social tienen una traslación al
conjunto de la sociedad enorme y la permeabilidad de los acuerdos se traslada a las empresas y a los trabajadores, porque este es un acuerdo para las empresas y para los trabajadores. Esto es un acuerdo para que se ponga en marcha; ponerlo en
marcha en las empresas cuesta mucho y asumirlo por parte de los trabajadores va a costar más. Por eso era necesario el diálogo social, por eso pusimos tanto empeño, por eso dilatamos tanto el tiempo, por eso tuvimos que escuchar de ustedes de todo
cuando dijimos, y decimos, que lo prioritario para nosotros era el diálogo social. Pero les advertimos una cosa, señor Echániz, el diálogo social era fundamental antes, ahora y después; para nosotros es fundamental antes, ahora y después. ¿Por
qué? Porque consideramos que una parte fundamental de la sociedad es el movimiento sindical; y una parte fundamental de esta sociedad que se basa en el movimiento sindical y en el Estado del bienestar es patrimonio de la izquierda. Les pese a
ustedes lo que les pese. Y lo seguimos defendiendo, a pesar de que el 29 de septiembre tendremos discrepancias sustanciales; pero respeto absoluto -respeto absoluto, repito-, no caza de brujas al movimiento sindical, señor Echániz. Esa es la
siguiente cuestión.
Si en dos años no conseguimos un acuerdo, ¿qué hacemos? Nosotros hemos hecho un planteamiento de un proyecto de ley, que estuvo discutiéndose hasta las seis de la mañana, pero en el que no hubo acuerdo; y le tengo que decir que
desgraciadamente no fue por el Ministerio de Trabajo y, probablemente, en gran parte tampoco fue por las organizaciones sindicales. Hay algunos que han pensado que este Parlamento les daría más de lo que podrían sacar allí y han optado por que una
discusión parlamentaria siempre es mejor que que se queme un líder, que bastante tiene con arrastrar sus problemas. Ese es el problema. Nos hemos encontrado en esta situación y en esa situación hemos hecho este proyecto de ley que para nosotros es
equilibrado. Lo decimos con tranquilidad, lo manifestamos abiertamente, es equilibrado. ¿Por qué? Porque se centra fundamentalmente en un elemento que en estos momentos pesa en el mercado de trabajo y en nuestro país, cómo evitar el despido tan
abrumador que se produce en nuestro país, no solamente por la no renovación de los contratos temporales sino por una parte de los contratos fijos. ¿Cómo evitar que en un trimestre se hayan destruido 720.000 empleos? Primer trimestre de 2009.
¿Cómo evitar que en estos momentos las empresas acudan antes al despido
que a resolver problemas internos que les pudiesen permitir la vía de continuidad? Por una razón, porque la flexibilidad interna de las empresas y la adecuación de las condiciones pactadas en convenio tenía lagunas, dificultaba el enganche.
Hemos hecho un ejercicio y un trabajo sistemático en este tema y es el centro de la reforma, la flexibilidad interna, para evitar los excesivos despidos y para que a los empresarios no les resulte más barato despedir que tener que poner en
marcha el mecanismo para hacer una modificación de jornada, de horario, de condiciones económicas o de descuelgue de las cláusulas económicas en convenio durante un tiempo determinado. Hemos puesto un sistema, basado fundamentalmente en la
negociación, exigiendo que los trabajadores y los empresarios tengan voluntad manifiesta de llegar a acuerdo. ¿Por qué vía? Por la vía de elegir entre los trabajadores representación allí donde no la hay, garantizar que existe y garantizar también
que, si al final no hay acuerdo, el único amparo que queda es el amparo del juez, porque no se pueden imponer unilateralmente estas cláusulas de descuelgue de flexibilidad interna. Eso es un elemento que nos diferencia del señor Campuzano, al que
no he oído que lo haya dicho. El señor Campuzano, en la 302, punto 5 y punto 6, está planteando que, si no hay acuerdo, el empresario tenga la posición unilateral de hacer el acuerdo impuesto o el despido, con causas objetivas. Y eso es lo que
nosotros en ningún caso hemos consentido. Por eso no hemos avanzado en más elementos de negociación con CiU; vamos a dejarlo ya claro, por eso, porque para nosotros el empresario no tiene que ser el último, el causante, el que unilateralmente
imponga una modificación de las condiciones laborales en una empresa. Tiene que hacerse por acuerdo y, si no, que lo determine el juez. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Esa es nuestra posición y precisamente es una posición que parece ser que el
Partido Popular también mantiene, de lo cual me alegro.
¿Qué más cuestiones hemos planteado? Hemos hecho un ejercicio de ver dónde tenemos el problema de los contratos fijos. Tenemos en estos momentos un contrato fijo ordinario de 45 días, que, con un aumento del despido de casi 12 días por
encima de los 33, ha supuesto el 88 por ciento de los contratos fijos que se han realizado en el año 2009. Es decir, tenemos que hay un contrato fijo ordinario con un despido improcedente de 45 días durante 42 mensualidades que se está utilizando
enormemente y un contrato fijo que tiene 12 días menos de indemnización que se está utilizando de una manera casi residual. Esto no es posible. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, que cuando el empresario va a plantear este tipo de despidos
individuales o colectivos se topa con unas cláusulas objetivas de despido por temas económicos, que son los que precisamente se están utilizando en este momento, que han sido muy aleatoriamente interpretadas por el juez y el empresario no quiere ir
a la judicatura, porque si va a la judicatura sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Por lo tanto, prefiere el despido improcedente por un sistema que ustedes arbitraron en el año 2002, que es la Ley 45/2002, que ha dado lugar al famoso despido
exprés.
Eso es lo que ha ocurrido. ¿Cómo limitamos esto? Lo limitamos, por un lado, con el tema de las causas, hacemos una redefinición de causas, que habrá estado más acertado o menos acertado, pero que es un tema a debatir, todavía queda mucha
Comisión, ese es un tema; y, por otro lado, ampliando el contingente del contrato fijo de 33 días de indemnización por despido, quitando limitaciones a la entrada y dándoles garantías de que ese tipo de contrato va a ser el contrato que en el
futuro va a tener una mayor dimensión, sin prescindir del contrato fijo ordinario de 45 días. Eso es lo que hemos hecho. ¿De qué manera? Flexibilizando la entrada. Pero ¿para qué? Para que permanezcan. ¿De qué manera? Introduciendo también
que, en la vía del despido, el Fogasa aporte ocho días. ¿Por qué el Fogasa aporta ocho días? Precisamente para poner un anzuelo a este contrato de 33 días para ver si pescamos más contratos fijos por esta vía. Es un incentivo a que el empresario
utilice el contrato de 33 días. ¿Por qué el contrato de 33 días? Porque es mejor que un contrato temporal. ¿Por qué el contrato de 33 días? Porque es un contrato que está más ajustado, que tiene que tener proyección de futuro, que da más
elementos de flexibilidad y más garantías jurídicas a los trabajadores, que no les deja en estos momentos sin ningún tipo de indefensión. Eso es lo que hemos hecho, en la transaccional 3 hemos incluido ese paquete de medidas.
Más cuestiones. Hemos incluido elementos que a nosotros nos permitiesen hacer frente a un problema, la temporalidad. Con el tema de la temporalidad a todo el mundo se nos llena la boca, pero planteamos una especie de penalización a la
temporalidad en el contrato de obra o servicio y ¡anda tú la que se lía! ¿Pero estamos por que se reduzca la temporalidad o no estamos por que se reduzca la temporalidad? Si yo pongo en estos momentos una indemnización de cuatro días más, que es el
50 por ciento más de lo que figura en estos momentos, estaré incentivando que se reduzca la temporalidad, ¿sí o no? Si yo estoy diciendo en estos momentos que eso tiene que tener una duración de tres años, con una prórroga por negociación colectiva
de un año más, estoy limitando eso, porque a continuación, a los cuatro años es fijo. Es fijo. Ah, pero cuando es fijo surgen los problemas. ¿Quién le tiene que decir a ese trabajador que es fijo? ¿El Servicio Público de Empleo o el empresario?
Ahora resulta que lo tiene que decidir el Servicio Público de Empleo. ¿Qué pasa, que quitamos responsabilidades al empresario también por esa vía? Hombre no, por favor; el empresario es empresario para lo bueno y para lo malo, para llevárselas y
para ponerlas, para despedir y para contratar, para decir que uno es temporal pero también para decir que uno es fijo; eso es lo que estamos diciendo. Hemos presentado casi 5 enmiendas en ese sentido, que el problema es que sea el Servicio Público
de Empleo. ¿Qué pasa, que si lo dice el Servicio Público de Empleo tarda más y no lo tengo que decir yo? Igual
hasta le puedo despedir porque no se entera. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos marcando esos pasos, sin ahogar a las empresas que tienen contrato de obra o servicio como fórmula fundamental de funcionamiento, que les respetamos si
tienen acuerdo en convenio pactado con las organizaciones sindicales. No vamos a acuerdo de empresa, que es lo que plantea el señor Campuzano, porque en este país, señorías, hay menos de 4.000 acuerdos o convenios de empresa y hay más de un millón
y medio de empresas. Las empresas que no tienen acuerdo son las microempresas, que son el 75 por ciento de las que tienen menos de seis trabajadores. Si el acuerdo de esa empresas tiene mucho que ver con la temporalidad, sabemos muy bien cómo va a
ser ese acuerdo. Por eso le hemos dicho al señor Campuzano que no estábamos de acuerdo. Esto en cuanto a la temporalidad. Por tanto, el paquete de temporalidad lo tenemos vinculado fundamentalmente a que tenga un límite de tiempo, tenga un
incremento de indemnización, tenga la garantía de que se es fijo cuando se termina y tiene la posibilidad también de que la concurrencia en el encadenamiento se limita en estos momentos al posible uso fraudulento y se utiliza de tal manera que se le
da garantía al trabajador temporal de que el encadenamiento de contratos no será desde el nacimiento hasta que casi se muere, como ocurre en estos momentos, sino que tiene una limitación temporal. También permitimos que el cómputo se haga con el
grupo de empresas, ya que muchas veces el encadenamiento se prestaba a que una empresa fuese al despacho de al lado y pasaba a ser de la otra empresa. No, no, si es un grupo, es un grupo que desde el punto de vista jurídico laboral está
perfectamente integrado. Entonces sí hemos hecho algo en la temporalidad, a pesar de que no nos lo reconozcan, señorías, pero por lo menos digan que algo hemos hecho, porque, si no, uno sale con una frustración terrible.
Vamos a más cuestiones, porque no solamente hemos trabajado en la temporalidad. Siento que no esté el señor Campuzano en este momento, pero he de decir que también hemos trabajado en el terreno de la intermediación. Señorías, en el terreno
de la intermediación tenemos dos cuestiones; una, la Ley 27/2009, que nos obligaba a tener en estos momentos en marcha la autorización de las empresas de trabajo temporal en la construcción y en la Administración pública por la transcripción de la
directiva europea, que termina el 31 de diciembre de 2001. ¿Sí o no? Pues eso es lo que hemos hecho. ¿De qué manera? Hemos metido las agencias de colocación. ¿Por qué? Porque tenía muy pocas limitaciones en estos momentos. ¿Existían? Claro
que sí, porque es aquí nadie dice que las agencias de colocación existen desde 1994, pero tenían una limitación, que eran los recursos. Las agencias de colocación no podían recurrir a la recaudación por esa vía, excepto el empresario, y hemos
levantado ese tope. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales; porque la directiva europea nos lo hubiese aplicado y también porque queremos, antes de que entre en vigor, tenerlo resuelto con mayor grado de límites. ¿Dónde tenemos los límites? En
la autorización. ¿Cuál es el segundo límite? Que a los dos años habrá que hacer una revisión conjunta de los objetivos que se han planteado. ¿Cuál es el tercer límite? Que tienen que hacer convenios y acuerdos con los servicios públicos de
empleo de cada una de las comunidades donde vayan a actuar y tendremos el grado de control.
¿Qué cuestiones estamos despejando? Señor Llamazares, una de las cuestiones que usted me ha dicho muchas veces: aquellas que hacen referencia al derecho a
la intimidad del trabajador que utiliza las agencias de colocación, la que garantiza los elementos de igualdad, tanto si es discapacitado, mujer, joven o mayor, y también que las empresas de colocación no puedan ser en estos momentos los
intermediarios para hacer un informe desfavorable de un trabajador que en un momento determinado no ha querido un puesto de trabajo que le ha dado la agencia de colocación y que mal instruido puede suponer que en estos momentos pueda perder la
prestación por desempleo. Por tanto, lo hemos aclarado; hemos hecho un lavado, un aclarado y en este momento estamos a punto de dejarlo planchado.
Ahora vamos con las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal tienen que desarrollarse también en dos cuestiones: en la construcción y en la Administración pública. ¿Qué hacemos? En la construcción y en la
Administración pública el primer problema es que tenemos que distinguir cuáles son las actividades que pueden entrar o no.
¿Quién lo tiene que distinguir? Tenemos un magnífico convenio de la construcción y tenemos unos magníficos interlocutores
sociales. ¿Qué piden ellos? Primero, que se respete el convenio en los contratos temporales -el fijo de obra- con un despido de veinte días por año y, segundo, que se mantenga la seguridad de que la implantación de las ETT en el ámbito de la
construcción será pactada. Por eso tenemos una enmienda que traslada al 30 de marzo el límite máximo para que las empresas de trabajo temporal, previo acuerdo con las organizaciones sociales y empresariales, se desarrollen en la construcción. ¿Qué
pasa en la Administración pública? Que hay un problema, ya que la Administración pública es muy variada, muy diversa y muy peculiar; y no entramos ya en los elementos políticos que la determinan, sino en los estructurales.
¿Qué planteamos?
Exactamente lo mismo; que por la vía de la mesa de la Función pública se resuelva este problema. De la misma manera que también decimos que en el encadenamiento de contratos el tema de la Administración pública quede resuelto; no vayan a concebir
que somos un grupo de empresas y, por la vía del encadenamiento de contratos, sin pasar por los derechos fundamentales que tiene cualquier persona para entrar en la Administración pública, tengamos que contratar a gente que de otra forma no
tendríamos que contratar. Eso está resuelto. Todas esas cuestiones están resueltas.
De la misma manera, hemos trabajado para modificar los contratos de formación y de prácticas, que están también incluidos en el texto y que tienen como objetivo fundamental fomentar la integración de los jóvenes por
la vía de la formación y de la tutela de la formación en las empresas y, fundamentalmente, por la vía de la bonificación. Señorías, ¿es que hacemos las cosas y se nos olvidan? ¿Es que no tomamos una decisión en un momento determinado sobre
las bonificaciones? ¿Es que no tuvimos aquí gran cantidad de representantes que vinieron con los informes jurídicos y técnicos sobre las bonificaciones? ¿No dijimos que las bonificaciones a la carta eran una melé? ¿No dijimos que las
bonificaciones a la carta suponían meter dinero -2.800 millones de euros- sobre el que no teníamos garantías de control? ¿No dijimos eso? Pues seamos coherentes. ¿Qué dijimos? Que tendríamos que ir a segmentar. ¿Dónde? Jóvenes. Metemos pasta
en los jóvenes para que los contraten porque, si no, tendremos la generación perdida, no porque nosotros hayamos generado la generación perdida, como dice el señor Echániz, que nos quiere cargar también con ese muerto, sino porque es una dinámica de
lo que estamos creando en la sociedad. Ese bloque, ¿qué personas son? Mayores de 45 años y parados de larga duración que necesitan recolocación. Ahí es donde metemos las partidas, junto a las mujeres víctimas de violencia de género. Dijimos que
eso es lo que teníamos que hacer. Lo hemos trasladado aquí y entonces resulta que el Grupo Parlamentario Popular nos mete bonificaciones hasta por las moscas que vuelan en el invierno y Convergència i Unió lo mismo.
Pero, ¿no hemos acordado una
cosa? Eso es lo que estamos trasladando.
Termino. También lo hemos mantenido en igualdad, en políticas activas y pasivas, en negociación colectiva y en prestación por desempleo. Hemos presentado transaccionales, que ha sido el funcionamiento habitual en este ámbito. Anuncio que
antes de la votación voy a presentar más transaccionales relacionadas con algunos temas que han salido aquí, que están recogidos en los textos y que me gustaría comentar. Han planteado que no decimos nada de negociación colectiva. Sí, podemos
decir algo de negociación colectiva. Dicen que no decimos nada de políticas activas y pasivas. Sí, ya lo hemos dicho. Dicen que no decimos nada del absentismo.
Sí, pero no con la orientación que algunos están planteando de modificación
sustancial del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores. No podemos entrar en estos momentos en el absentismo como un caballo en una cacharrería, porque es un elemento que no se ha podido resolver en la vía bilateral de negociación y tenemos
problemas ahí. Pero sí podemos hacer avances que permitan visualizar que es un tema que hay que tocar. Y no por los controladores aéreos, señorías, sino porque el absentismo forma parte del corazón de las relaciones laborales negativamente.
Termino, señor presidente, porque es verdad que me estoy extendiendo mucho. Nosotros vamos a seguir hasta el momento de la votación haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir el mayor grado de apoyo. Lo digo con absoluta tranquilidad
porque, si no, esto tiene dificultades de permeabilidad al conjunto de la sociedad. Esta reforma es equilibrada, esta reforma sale mejorada con los textos que he visto de los distintos grupos parlamentarios y ellos lo habrán podido ver también en
nuestras transaccionales. Debemos sentirnos corresponsables del momento político en el que estamos, de la situación económica que vivimos, de los problemas que tiene la mayoría de la sociedad y del papel que debe de jugar el Parlamento, que es
buscar elementos de equilibrio para la salida y no perpetuarse en la abstención como una especie de voto encubierto para que no se me vea la patita. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tal como teníamos previsto, haremos un receso, y ahora con más razón puesto que el señor Membrado ha anunciado la presentación de unas enmiendas transaccionales, que le rogaría que facilitara a la mesa así como a los
distintos grupos. Esto es perfectamente reglamentario. Se hace al amparo del artículo 114.3. Lo digo por si algún parlamentario tiene alguna duda. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)
Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Mi pregunta está relacionada con si va a abrir un turno de réplica en este momento, como habíamos quedado en el debate de mesa y portavoces, o si va a ser con posterioridad al conocimiento de las enmiendas
transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, sería mejor hacerlo con posterioridad para que ustedes puedan examinar las transaccionales que se han presentado ahora.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: A mi grupo le da exactamente igual.
El señor PRESIDENTE: Luego tendrán oportunidad de hacerlo con los últimos datos puestos encima de la mesa. Ese turno que habíamos hablado en la ponencia se hará. (El señor Membrado Giner pide la palabra.)
Señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Quisiera pedir que, como mínimo, nos dé una hora de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Se habrá dado cuenta, señor Membrado, que he dicho que íbamos a hacer un receso, pero no he fijado el tiempo porque me he imaginado que necesitarán ustedes mucho para hablar de sus cosas. Hacemos el receso. (El señor
Echániz Salgado pide la palabra.)
Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sería conveniente, señor presidente, dirimir, en relación con las enmiendas transaccionales, la cuestión relacionada con la ponencia, que ha sido objeto de la intervención de todos los portavoces de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Espero que en este receso lo hablen también y cuando iniciemos la sesión veremos qué decisión se toma en relación con esa cuestión planteada al inicio por el señor Campuzano.
Se suspende la sesión a la una y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias a todos por su paciencia y su colaboración, así como a los servicios de la Cámara, a la prensa y a las señoras y los señores diputados. Retomamos la Comisión, después del receso que hemos
tenido, quedando absolutamente claro que el texto de la ponencia recogía fielmente lo que había sido aprobado. Les informo de que en el transcurso de este receso, en donde ha habido diálogo y conversaciones entre los distintos portavoces, han
llegado a la Mesa -y creo que ustedes las tienen también en su poder- veinte enmiendas transaccionales nuevas, por lo que les anticipo que después de este primer turno de palabra que vamos a conceder a todos los grupos que lo soliciten haremos un
nuevo receso para ordenar las votaciones, porque además ha habido varios grupos políticos que han pedido votaciones separadas de numerosos artículos.
Sin más preámbulos, para este turno de fijación de posiciones tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, si en mi primera intervención de esta mañana intenté poner de manifiesto la preocupación, incluso la protesta, de mi grupo parlamentario respecto al modus operandi, a la metodología seguida por el Grupo
Socialista y por el Gobierno en todo este proceso acelerado, caótico, improvisado, histérico diría yo, de carreras por los pasillos con las enmiendas, hoy todas SS.SS y todos los medios de comunicación que han seguido la jornada han podido comprobar
de primera mano, en tiempo real, en sus propias carnes, la forma de trabajar del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, en la que nos ha hecho permanecer a lo largo de las últimas semanas, la máxima expresión de irresponsabilidad en un texto
de la delicada naturaleza de este que hoy estamos debatiendo. Pensábamos que ya habíamos visto prácticamente de todo a lo largo de estos días, pero lo de hoy ha sido ya la auténtica superación de la manera de hacer las cosas de este grupo político,
del Grupo Parlamentario Socialista, que dice que quiere convertirse ahora en el paradigma del reformismo de la Unión Europea, pero que ha rozado el ridículo parlamentario por motivos absolutamente testados por parte de todos. Si los españoles
supieran cómo van a sacar esta reforma, recurriendo in extremis al voto ponderado, sentiría probablemente vergüenza ajena. Nosotros también. (El señor De la Rocha Rubí: Tan válido como cualquiera.) Señorías, es la prueba del nueve de que si
ustedes no pueden llegar a un pacto, a un acuerdo, a una transaccional en este momento en un tema tan delicado, no están en condiciones de gobernar seriamente y con estabilidad este país. Y eso es lo que le está pasando a España a lo largo de los
últimos meses. Después de solicitar un receso para presentarnos nuevas enmiendas transaccionales, nos han puesto encima de la mesa muchas de ellas, algunas las mismas que nos relataron ya ayer a las diez de la noche y que ya suscitaron nuestra
opinión adversa porque no servían absolutamente para nada.
Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, se han superado en este caso y han intentado -como hemos visto todos- incorporar a la ponencia, como si ya fuesen parte de la ley, sus diecisiete transaccionales de ayer mientras
negociaban con todos los grupos esas diecisiete transaccionales. Señor Membrado, o se negocia o se incorpora a la ley, pero las dos cosas a la vez es imposible. (El señor Membrado Giner: O no se hace el ridículo.) Ni siquiera con este escenario,
si me lo permiten, con este panorama, son ustedes capaces de hacer un ejercicio de modestia, de humildad, de reflexión por su conducta y por sus errores por todo lo que han hecho mal en cuanto al fondo y en cuanto a la forma.
Muy poco serio,
señores del Grupo Socialista.
Señor Membrado, el diálogo social no es -como usted ha dicho antes- dar derecho de veto a una de las partes para que puedan bloquear las negociaciones. Eso no es el diálogo social. Nosotros creemos en el diálogo social, nosotros
practicamos el diálogo social, no como ahora que ha ido de fracaso en fracaso hasta el fracaso final de estos días.
(Rumores.) Pero para el diálogo social hace falta liderazgo, algo que ustedes últimamente desconocen, hace falta acercar posturas
que son divergentes por naturaleza, por definición, por filosofía. Eso no han sido capaces ustedes de hacerlo. Si, además, una de las partes sabe de antemano que tiene de su parte al primo de Zumosol -permítanme que lo diga con esta coloquial
expresión-, eso no es diálogo social. Así no se llega a nada; así no se acierta y encima les convocan una huelga general para el próximo mes. Así no se hacen las cosas, y ese es el mejor ejemplo de que en este real decreto-ley están absolutamente
solos, en la soledad más absoluta; no les acompaña ningún agente social, ningún sindicato, ninguna patronal, ningún grupo político. Eso es fruto de algo y tienen que reflexionar sobre cómo han hecho las cosas, sobre qué y cómo lo han planteado
para que les sirva de lección al menos en su gestión política de los próximos meses.
Señorías, 4.600.000 españoles, la sociedad española en su conjunto no se merecía esto; se merecía un Gobierno menos sordo, menos miope, menos autista. Como todos ustedes saben, el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo en la convalidación
del real decreto-ley, y lo hicimos con el ánimo de darles la oportunidad de mejorarlo entre todos, de negociar que fuesen permeables a nuestras posiciones, a nuestras enmiendas, y no ha sido así -esa es la realidad-, no ha sido así. Después de un
enorme esfuerzo para confeccionar un paquete de medidas en temas esenciales de negociación
colectiva, de flexibilidad, de absentismo, de formación profesional, temas esenciales para la reforma de nuestra empleabilidad y de nuestra capacidad de generar empleo en nuestro país, ustedes sencillamente han rechazado cualquier
posibilidad de acuerdo. Ustedes no han querido pactar con el Partido Popular, no han querido aceptar ninguna de nuestras enmiendas, y ustedes saben perfectamente que cuando en este Parlamento y en este país han querido pactar con el Partido
Popular, ahí nos han encontrado: en las reformas financieras, en el FROB, en las cajas y en tantas otras cosas donde han intentado hacer un planteamiento serio de acuerdo, no de chapuzas a seis bandas. Esa es la realidad, y solo en este caso
-cuando les han fallado otros- nos han buscado para llegar a enmiendas de puzzle con seis grupos a la vez. Por eso, señorías, no podemos apoyar este texto, porque no cambia de ninguna manera el proyecto inicial, que ya era francamente inútil en
términos de creación de empleo.
No lo digo yo, lo han dicho miembros de su partido, lo ha dicho su propio ministro y lo han dicho muchos expertos e incluso ex ministros del Partido Socialista pertenecientes a otros gobiernos, porque sigue enfocado
-diría que obsesionado- con la reforma del despido y no con la reforma del empleo.
Señores del Grupo parlamentario Socialista, si quieren de verdad revertir la situación, si quieren cambiar el panorama de paro de la España socialista de 2010, que sobrepasa el 20 por ciento; si quieren que esta reforma sirva en serio -como
sirvió la del año 1997, que creó 5 millones de puestos de trabajo-, les invito a que en la votación ulterior voten ustedes nuestras enmiendas, nuestra alternativa completa, las 71 enmiendas de una reforma equilibrada e inteligente que puede revertir
la situación. De esa manera no solo no andarán otra vez solos sino que podrán aprobar esta reforma, no por la suma de votos que permiten la aprobación de forma ponderada sino con todas las bendiciones. Además, con estas 71 enmiendas podrían tener
la palanca necesaria para disponer de unas instituciones laborales apropiadas que permitan crear empleo rápidamente y de una forma expansiva en nuestro país cuando remita la crisis. Señorías, con esta reforma, con la que ustedes traen hoy y van a
aprobar, con estas transaccionales, sencillamente no, tristemente no. Lo lamentamos mucho por los trabajadores españoles, pero de esta manera no.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para fijar también la posición, en representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pensábamos que con nuestra anterior intervención daríamos por finalizado nuestra posición en esta Comisión con relación a este proyecto de ley, pero después de lo acontecido es importante que digamos algunas
cosas. Primero, que el tiempo que hemos tenido de receso viene a darnos la razón a grupos que, como el nuestro, pedimos hace dos días una paralización del proceso para continuarlo con calma, con reflexión y, por tanto, con una demostración de
responsabilidad mayor que la que estamos manifestando en la tarde de hoy.
Como digo, esto viene a demostrar que estamos ante una votación que vamos a iniciar con una serie de transacciones que seguramente conocen aquellos grupos que las han
transaccionado e incluso que seguramente llevan trabajando en la cuestión desde hace días, pero desde luego alguno de los otros grupos -como es el caso del Bloque Nacionalista Galego- las acaban de conocer. Difícilmente podemos hacer un análisis de
las mismas y, por tanto, queremos que quede claro que nuestra abstención va a estar motivada precisamente por eso, porque puede haber voluntad de los grupos que transaccionan de mejorar el proyecto, pero no podemos evaluar con suficiente sentido de
la responsabilidad que eso sea así. Seguramente votaremos que no a alguna de las transacciones, pero no nos queda otro remedio.
En relación con aquellas transacciones que se hacen incorporando alguna enmienda del Bloque Nacionalista Galego y concretamente alguna otra de Nafarroa Bai -así lo manifiesta la compañera Uxue Barkos-, tenemos que decir que es cierto que
nuestros grupos formularon enmienda a esos artículos, pero la enmienda que nosotros presentamos no tiene nada que ver con el tratamiento que se le da en la transacción. Mantenemos las enmiendas vivas porque en absoluto nos sentimos representadas en
la transacción que se nos ofrece. Por lo tanto, desde el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai mantenemos todas las enmiendas, de igual manera que las mantiene UPN. Hemos pasado al letrado una relación de enmiendas que retira Coalición
Canaria, así como la enmienda número 12 que retira UPyD, pero el resto se mantienen vivas y concretamente del Bloque Nacionalista Galego absolutamente todas.
Vuelvo a decir que no nos parece que esta sea la forma de resolver una ley del calado que tiene la que hoy se va a aprobar, no nos lo parece en absoluto. Esperamos, por un lado, que las próximas reformas que se tengan que hacer sean
asumidas con mayor responsabilidad tanto por parte del Gobierno como del grupo político que lo apoya. Incluso esperamos que de alguna manera se pueda hacer una revisión de la ley que hoy debatimos porque nos parece lamentable que lo que se vaya hoy
a aprobar no solo no sea favorable para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera para las relaciones laborales entre empresa y trabajadores, sino que incluso pueda ser perjudicial. De ahí que esperamos que esto se pueda revisar
en un futuro inmediato, porque, vuelvo a repetir, lamentamos que esto vaya a ser aprobado de la manera en que se evidencia que se está haciendo, y digo que se evidencia porque a todas luces es una manifestación de irresponsabilidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario más solicita la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares tiene la palabra en primer lugar.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como preveíamos -no voy a repetir los argumentos de mi grupo contra esta involución, reacción laboral-, el texto sigue siendo, con las sucesivas transaccionales, un texto que facilita de manera abusiva y abarata
el despido, que mantiene la precariedad laboral, la principal lacra de nuestro modelo de empleo, que por una parte debilita en nuestra opinión la negociación colectiva a nivel general y en particular a los sindicatos y, por otra, que privatiza los
servicios de empleo, poniendo actividades de intermediación en manos de sectores privados cuando pueden desarrollarlas con mayores y mejores garantías los servicios públicos.
En relación con las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, haré algunas indicaciones sobre nuestra orientación de voto. Sí quisiera hacer una referencia a la polémica de las transacciones. Decía en mi intervención que estábamos
ante un trágala parlamentario producto de la geometría de la confusión, que ya no de la geometría variable. Hemos pasado del trágala al atragantamiento porque en estos momentos solo podemos opinar muy por encima de las transacciones más
recientemente aportadas por parte de los grupos parlamentarios; pero si tuviera que decir algo sobre las mismas, salvo alguna en particular, sería que no nos gustan. En general, endurecen las posiciones más regresivas del primer texto, incluso de
los textos transaccionados en la primera ronda, y en este caso la segunda ronda es peor. Como he dicho antes, en algún caso particular hay que reconocer que mejoran el texto, pero en general en nuestra opinión no es así. Lo que es peor, se
introducen elementos nuevos a través de las transacciones que para nosotros, y me imagino que para los sindicatos, van a significar un casus belli. Si no hubiera suficiente ofensa a los sindicatos con esta medida, al margen de la concertación
social, cuando se plantea también un mandato de intervención del Gobierno en la negociación colectiva, más allá del documento presentado por parte del Gobierno y pactado en esta Comisión, nos parece que las cosas no van bien. O, por ejemplo -y eso
por lo que me toca, señorías-, antes comentaba algo del estatuto de los profesionales sanitarios, esta perla que atribuye las mismas competencias a la inspección de servicios sanitarios y a la inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social
con relación a la baja médica. La verdad es que no sé si ustedes lo han valorado bien pero en nuestra opinión crea más dificultades de las que va a solucionar. Desde luego, la principal perla es que ahora resulta que los trabajadores ya son
totalmente el problema y que hay que rebajar el absentismo laboral. ¿No se han dado cuenta de que, producto de la crisis, ha bajado ya de manera sustancial el absentismo laboral en nuestro país? ¿Quieren ustedes convertir a los trabajadores en las
víctimas de esta reforma laboral? ¿Una persecución también a los trabajadores acusándoles de absentistas? ¿No estamos suficientemente enfadados porque nos acusen de absentistas a los parlamentarios que tenemos que lanzar ese mensaje en estas
enmiendas? Realmente, como digo, nosotros no compartimos una buena parte de ellas. Sí tengo que valorar que haya habido alguna modificación en la primera y segunda transaccional en un sentido más favorable pero que nosotros en términos generales
no compartimos.
Paso a las enmiendas de los grupos parlamentarios. En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, UPyD, solamente votaremos las números 4 y 18 que coinciden con nuestras posiciones sobre el contrato de fomento, contrarias, y
con respecto a la supresión del mecanismo por el cual el Fogasa financia parte del coste del despido a los empresarios.
Del BNG votaremos favorablemente todas sus enmiendas, mientras que no apoyaremos las enmiendas de Coalición Canaria. En
relación con UPN solamente votaremos favorablemente las números 149, 151 y 152, que ligan el despido con la viabilidad de la empresa y no con resultados menos favorables. También votaremos favorablemente las enmiendas de Nafarroa Bai. De las
enmiendas del Grupo Vasco votaremos a favor la número 201, que excluye las administraciones públicas del ámbito de las ETT. En relación con las del Grupo Parlamentario Popular votaremos la 252 y la 276 porque coinciden con las presentadas por
nosotros con respecto al Fogasa para que no financie indemnizaciones por despido improcedente y, por otra parte, también en relación con el Pacto de Toledo y la edad de jubilación a los 65 años. Del Grupo Parlamentario Catalán votaremos
favorablemente la enmienda número 300, que mejora la protección social del contrato a tiempo parcial; la 324, en el plan social de los ERE; la 341, que coincide a efectos prácticos con el cuarto apartado de nuestra enmienda 141; la 344, que es
parte de nuestra enmienda 146, y no votaremos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Ese será el sentido de nuestro voto.
Sentimos sobre todo -y termino- que este trámite parlamentario no haya servido ni para prestigiar la actividad parlamentaria ni para mejorar un mal texto, el texto de una contrarreforma laboral que ha concitado en torno a sí el rechazo de
los sindicatos y por supuesto el rechazo de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y en representación del mismo grupo parlamentario, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Brevemente, puesto que el compañero Gaspar Llamazares es el portavoz de nuestro grupo parlamentario en la Comisión y a él le atañe explicar el sentido del voto. Sin embargo, desearía hacer algún comentario respecto a
algunas cuestiones, pocas, en las cuales quizá no coincidimos. Debo decirles que teniendo en cuenta que solo desde hace pocos minutos tenemos las últimas transaccionales, la última hornada de transaccionales, en algunos casos quizá deberíamos
lamentar que no dispongamos de mayor tiempo para hacer una lectura más profunda.
Déjenme que les diga al resto de grupos parlamentarios y aun cuando no quedará fijada nuestra posición en el
voto, que en cuanto al Bloque Nacionalista Galego nuestra orientación es positiva, sobre todo respecto a las enmiendas números 71, 72, 73 y 78 y respecto a las enmiendas números 194, 195, 196, 197 y 202, del Grupo Parlamentario Vasco.
Pensamos votar a favor respecto a la enmienda número 276, del Grupo Popular, especialmente porque nos plantea el blindaje de la edad de jubilación en los 65 años. Es una enmienda que vale la pena.
Respecto a Convergència i Unió, apoyamos todas las
enmiendas que están relacionadas con bonificaciones para jóvenes, bonificaciones para la contratación del primer trabajador para autónomos y el traspaso de la gestión de prestaciones de paro a las comunidades autónomas, así como la financiación de
políticas activas de empleo.
Mantenemos todas las enmiendas vivas por cuanto que, a pesar de que en las últimas transaccionales hay contempladas un buen número de enmiendas de Esquerra Republicana, consideramos que han sido utilizadas a veces en sentido contrario a
otras también recogidas en estas transaccionales o bien de manera demasiado tangencial como para que nos sintamos suficientemente representados, cosa que obligaría, en buena lógica, a retirarlas. Quisiera destacar también nuestro apoyo a la
enmienda transaccional que presenta Convergència i Unió, a fin y efecto de que también en la negociación donde estén representados los sindicatos puedan participar las organizaciones empresariales representativas a nivel autonómico. Como ustedes
saben, cuando nosotros hablamos de un marco catalán de relaciones laborales entendemos la representación no solamente de los sindicatos sino también de las agrupaciones patronales de carácter autonómico. Votaremos a favor de esta transaccional en
el caso de que procedimentalmente coincidiéramos con el compañero Gaspar Llamazares; si no, al menos queda dicho y veremos el juego que dará todo ello en el trámite del Senado.
Las enmiendas transaccionales 1 y 2 representan una mejora respecto a lo que había hace unas horas; demuestran el esfuerzo realizado por parte de los grupos parlamentarios que la han transaccionado, pero no por ello esto supone que nos
sintamos satisfechos por nuestra parte puesto que no alcanza ni mucho menos las garantías que creemos que deben tener los trabajadores en los casos en que sean susceptibles del despido por razones objetivas. Queda dicho que mantenemos todas las
enmiendas vivas, a efectos del proceso que seguirá en el Senado.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con veintidós años de experiencia parlamentaria me encuentro en una situación compleja. Es la primera vez que no sé qué decir en este trámite cuya naturaleza jurídica no termino de apreciar o identificar.
Un poeta vasco, Gabriel Aresti, comentaba que entre el rigor hay dos fronteras: el rigor mortis por la derecha y el patetismo por la izquierda. No sé en esta tramitación y en esta reforma en cuál de los tres ámbitos glosados por Gabriel
Aresti nos encontramos. Sí lo sé, tengo mi opinión personal, pero no la voy a comentar públicamente.
Señor presidente, por glosar lo que quiero decir, tengo dos alternativas metodológicas: lo protocolario o lo telúrico. Lo telúrico no es pertinente y lo protocolario requiere sencillamente citar los agradecimientos que es pertinente
manifestar en este momento. Mi primer agradecimiento es para el letrado de esta Comisión; el esfuerzo del letrado de esta Comisión es un esfuerzo que ha corregido muchas de las deficiencias de los portavoces de los grupos. Quiero, honestamente,
que conste en el 'Diario de Sesiones' mi enfático agradecimiento al ímprobo trabajo del letrado de esta Comisión que, aunque afectado seguramente por la astenia veraniega que nos afecta a todos, ha podido sobreponerse a la misma y ordenar lo que no
hemos sido capaces de ordenar los demás. (El señor Echániz Salgado: Nos sumamos.)
En relación con las demás cuestiones, señor presidente, qué quiere que le diga. Quiero pensar que el Grupo Socialista no renuncia a dar una especie de proyección pro futuro de continuidad a esta reforma. Esta reforma es manifiestamente
insuficiente. No sé si es ni buena, igual tampoco es mala, regular es posible. No se sabe. (El señor Membrado Giner: ¡Joder, Emilio!) No, joder no, es así, tal cual. Solo hay que tener una capacidad prospectiva analítica pro futuro muy difícil
para saber si es mejor mantener la legislación vigente en la actualidad o acometer una reforma de estas características. Aquí faltan temas importantes; falta la negociación colectiva; no se ha llegado a niveles de causalización ni de la entrada
ni de la salida del mercado de trabajo razonables ni seguros ni equilibrados entre las posiciones antagónicas -y ambas legítimas- de los empresarios y trabajadores; la modificación de condiciones de trabajo tiene un nivel de discrecionalidad que
vulnera el contenido normativo que la Constitución española atribuye a la negociación colectiva laboral en su artículo 37, por cierto, norma indisponible que forma parte del tronco de lo que se denomina orden público laboral. En otros ámbitos ha
habido descausalización de otras condiciones en relación con la tramitación de los ERE y a la reducción, la reformatio in peius, que aquí se incorporan.
Ha habido una aproximación en relación con la flexibilidad que quizá necesite requerimientos
que sí rayan lo telúrico, provocados, denunciados o invocados por este personaje taumatúrgico que se llama mercado, cuya faz nadie conoce -como hemos dicho en más de una ocasión-, que no sabemos dónde está su sede social ni a qué dedica el tiempo
libre ni cuál es el límite de su voracidad. Seguramente aquí hay personas con más capacidad que yo -aquí no, en otros ministerios- de glosar la dimensión de lo que estoy comentando. En esa perspectiva, estamos en una situación que raya en la
agonía,
en el sentido más etimológico de la palabra. Por eso solo puedo comentar que agradezco -y solo agradezco- las aproximaciones del Grupo Socialista en dos temas que coinciden exactamente con dos de los fundamentos que forman parte de la
ontología del derecho del trabajo: Un intento de aproximación a la causalización o no descausalización del despido objetivo por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, mediante la superación de concreciones o denominaciones inelásticas,
deletéreas y de imposible interpretación, incluso en sede jurisdiccional, como la situación negativa o mínima razonabilidad, y el intento de equilibrio en relación con las modificaciones de condiciones de trabajo que otros grupos y compañeros míos
-algunos muy próximos- no comparten. La modificación de condiciones de trabajo se ha convertido en algo sacramental pero es que lo sacramental no puede vulnerar las esencias de un sector del ordenamiento jurídico vinculado a la civilización, a la
articulación de las relaciones laborales sin detrimento de los intereses y derechos legítimos de dos interlocutores, uno de los cuales está en situación de desigualdad en relación con el otro. Desde esa perspectiva, si cedemos en esta materia, al
final retrocedemos a los albores de la primera revolución industrial. Cuando se abre el resquicio de esta posibilidad, la apertura al final es como cuando los diques se resquebrajan: es inevitable. Desde esa perspectiva ha habido una ligera
aproximación.
Por último, para acabar estas reflexiones, señor presidente, solo pido que con esta reforma no contribuyamos a la desaparición del derecho del trabajo. No hay un país civilizado donde el derecho del trabajo no pueda cumplir dos funciones
que parecen antagónicas entre sí, pero son las que justificaron desde su origen su existencia: por una parte, como un instrumento de garantía de la propiedad privada, como elemento de corrección de las ínfulas revolucionarias de la época en la que
el derecho del trabajo nació protegiendo los derechos de los trabajadores, para que la revolución que en aquellos momentos estaba produciéndose de manera incipiente no acabara con la forma de entender las estructuras económicas tal y como estaban
originariamente concebidas por el sistema capitalista industrial; y, por otra parte, una tuición para los trabajadores que en el ámbito de las relaciones contractuales que les vinculaban con los empresarios iban a estar siempre en una situación de
desigualdad mediante los componentes de agilidad y de dependencia. Si acabamos con esto -y es una opción que puede ser razonable-, acabamos con el derecho del trabajo y acabamos con una forma civilizada, organizada y justa de concebir nuestras
relaciones de producción. Pero todo esto que estoy diciendo, que suena tan solemne y que lo es, no se puede aprobar de esta manera, con un real decreto-ley, con una indigestión producida en dos días, donde no sabemos lo que hemos hecho ninguno,
donde no sabemos lo que está vivo y lo que está muerto; qué tenemos que hacer con las transacciones que quedan por depurar y analizar. Si esto se considera un trámite a un íter legislativo, a un procedimiento de actuación legislativa seria, y a
esto responden los mercados -como alguna vicepresidenta seguramente podrá pensar en su fuero interno, quizá más preocupada con algunas cuestiones muy particulares, como qué va a ocurrir con la protección asistencial del desempleo de los autónomos,
que con el contenido de la reforma-, si esto es así, desde luego, explíquese a los mercados cuál es el procedimiento que hemos seguido para aprobar esta reforma. Veremos a ver cómo responden los mercados; seguramente de forma poco favorable a los
requerimientos de la competitividad y de la economía del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Creo que nadie se va a levantar satisfecho hoy de esta Comisión, nadie va a tener la sensación de que el trámite parlamentario en las formas y en algunas cuestiones de fondo haya sido extremadamente útil. En
todo caso, la reforma laboral que hoy va a salir de esta Comisión hacia el Senado no es la reforma laboral de Convergència i Unió. Cuestiones fundamentales para nosotros quedan aparcadas y algunas cuestiones relevantes del texto del proyecto de ley
tienen deficiencias notables. Y esa aspiración que teníamos de que esta reforma lanzase un mensaje de confianza a quienes pueden crear empleo, a quienes deban tener empleo, difícilmente se va a producir. No sé si en el correspondiente trámite del
Senado habrá espacio político para introducir algún tipo de mejora, pero mucho me temo que este va a ser en buena parte un acto fallido. Creo además que el hecho de haber llegado al trámite parlamentario en ponencia sin ningún acuerdo político de
fondo con ningún grupo ha hecho imposible que el conjunto de transacciones acordadas en el trámite de esta mañana, en las últimas horas, tengan la claridad suficiente para lanzar ese mensaje de confianza. Es posible, incluso, que algunas de las
transacciones que procederemos a votar dentro de unos minutos puedan ser contradictorias entre ellas.
Convergència i Unió ofreció al principio de todo este proceso al Gobierno y al Grupo Socialista un acuerdo global sobre la materia. Convergència i Unió estaba dispuesto a asumir los riesgos políticos de una reforma laboral que llegaba a la
Cámara sin acuerdos y que iba a recibir, estaba recibiendo y recibirá críticas duras por parte de las organizaciones sindicales y que iba a recibir y va a recibir críticas duras por buena parte del tejido empresarial. Estábamos dispuestos a
acompañar al Gobierno aceptando ese tipo de críticas si los contenidos de la reforma respondieran a lo que en opinión de Convergència i Unió son necesidades claves de nuestro sistema de relaciones laborales, y terminaremos esta sesión con la
sensación de que eso no lo hemos resuelto. La alternativa, que era votar que no al dictamen de esta Comisión, era generar más incertidumbre para la economía española, más incertidumbre para quienes en las próximas semanas van a tener que tomar
decisiones en
este campo. Desde la convicción de que algunas de las cuestiones que nos preocupaban han quedado relativamente bien resueltas o bien encaminadas, hoy vamos a facilitar que este procedimiento siga su recorrido hacia el Senado, pero no,
insisto, desde la convicción de que esta es la reforma que le hace falta a nuestra economía.
Es evidente que en las transacciones que hemos estado discutiendo con el Grupo Socialista en los últimos minutos casi se resuelven algunas de las cuestiones que Convergència i Unió había planteado, a mi entender hay avances interesantes en
materia de lucha contra el absentismo injustificado y con la reducción del índice de absentismo total de la plantilla al 2,5 por ciento dotamos con un buen instrumento que es justo con aquellos trabajadores que son solidarios con sus compañeros y
permite a la empresa actuar contra aquellas personas que abusan de nuestra legislación. Introducimos un mandato para que cuando el empleo empiece a recuperarse se aborde la reforma de la prestación por desempleo; hoy la reforma de la prestación
por desempleo no está orientada a reincorporar a los trabajadores desempleados al mercado de trabajo. Se mandata a una reforma del sistema de negociación colectiva, creo que hay una coincidencia unánime en que necesitamos un mejor sistema
articulado de negociación colectiva. Damos margen de confianza a los interlocutores sociales pero situamos esto en la agenda como una clara prioridad y, al mismo tiempo, reforzamos la capacidad de interlocución de las organizaciones empresariales
de ámbito autonómico, fundamentalmente de pymes, no tan solo de Cataluña sino de otras realidades del Estado español con una presencia significativa de esas pymes. Finalmente comprometemos al Gobierno en un plan de recolocación de los parados
procedentes del sector de la construcción, que deberá elaborarse de común acuerdo con las comunidades autónomas. Son cuestiones que en todo caso van todas en esa buena dirección pero es evidente que en cuestiones tan significativas para
Convergència i Unió como la potenciación del contrato a tiempo parcial, como la apuesta clara por la flexibilidad interna, no se producen los avances imprescindibles, a nuestro entender.
En todo caso queremos disculparnos con el señor letrado si se ha producido algún incidente en relación con lo sucedido en la ponencia. Mi grupo se reafirma en la interpretación de aquello que sucedió en esa reunión y agradecemos la
paciencia que en general todos los portavoces han tenido en estas últimas horas que han provocado este retraso tan importante de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, a las horas que estamos lo más importante sería pasar a la votación, pero como parece ser que en esta justificación de votos se están incluyendo valoraciones que van más allá, por parte
de mi grupo quisiéramos manifestar y aclarar algunas cuestiones. La primera de ellas es que el terreno del procedimiento es el terreno elegido. Este procedimiento está determinado por la Mesa de la Cámara, que dice que esto se tiene que hacer en
trámite de urgencia. Los trámites de urgencia en este periodo tienen esas dificultades, así que no nos llamemos a engaño ni traslademos esto a que es un problema de la complicidad del universo en contra del Partido Popular para que salga una
especie de bloque inasumible por el conjunto de la sociedad. Fantasmadas, ninguna, señor Echániz. (El señor Echániz Salgado: Presidente, amparo.) Esto es exclusivamente fruto de la tramitación que se eligió y se aprobó. (El señor Echániz
Salgado: Tenga cuidado.) Por supuesto que es con el voto del Partido Popular. (La señora Quintanilla Barba: Sea prudente.)
Siguiente cuestión. Carreras, ninguna, yo no puedo correr y mis compañeros no están para correr mucho. Por tanto, carreras, ninguna, simplemente tramitación normal. Hemos venido aquí con nuestras transaccionales, que ustedes conocen desde
hace más de dos días, que hemos discutido con ustedes, igual que con todos los grupos, y no hemos llegado a acuerdos por intereses estrictamente partidarios que no tienen nada que ver con la reforma laboral. Mientras esta mañana estábamos
discutiendo, la secretaria general de su grupo estaba haciendo declaraciones diciéndonos que ya no la iban a votar, declaraciones que nos han llamado la atención, porque todavía no sabíamos qué querían hacer y estaban pidiéndonos transaccionales y
en el otro lado ya se habían posicionado. Por tanto, lo que se ha hecho aquí por parte del Grupo Parlamentario Popular es una pantomima. Han venido a discutir, a debatir, a decir que esto no es lo adecuado, con un voto decidido para buscar
elementos de bloqueo a las reformas estructurales que se están haciendo por el Gobierno. ¿Por qué? Simplemente, por dos razones: una, porque saben positivamente que esta no es su reforma, su reforma es más dura, a pesar de sus enmiendas, porque,
en caso contrario, sus enmiendas están prácticamente en el espíritu y en una parte del contenido en las transacciones realizadas. (El señor Echániz Salgado: Ninguna.) Bueno, bueno, eso es que usted no se ha leído las transaccionales (El señor
Echániz Salgado: Sí, todas.), como pudimos demostrar ayer por la noche, por cierto. Los temas de flexibilidad que ustedes están planteando están perfectamente integrados en el 40, 41 y 83. (El señor Echániz Salgado: No, no, falso.)
Exclusivamente hay un problema, que en el caso de no llegar a acuerdo, ustedes lo que plantean es que sea la comisión nacional de seguimiento del convenio la que determine y nosotros decimos que es una opción obsoleta, porque esa comisión se reúne
poco y mal y la flexibilidad necesita rapidez. Punto.
Ese es el único elemento que tenemos de diferencia en un problema que para ustedes es fundamental: flexibilizar para mantener empleo y no despedir. Para nosotros, también, pero las
diferencias se agrandan en cuanto que lógicamente hay un grupo que plantea una serie de cuestiones
que tienen como único elemento buscar la excusa para no apoyarlas. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo a lo largo del día de hoy, lo demás es enmascarar la realidad. La prueba más clara es que, mientras estamos discutiendo aquí,
su portavoz estaba haciendo declaraciones diciendo que no. Entonces, ¿para qué? Por tanto, vamos a dejar las cosas claras.
Siguiente cuestión. ¿Vale o no vale esta reforma? Depende de para lo que quiera usted. Si el Partido Popular quiere la reforma para flexibilizar internamente sin límite, como plantean en alguna cuestión, por ejemplo, que la flexibilidad
de la interpretación de los convenios no tiene límite y quieren meter ahí también el tema de la movilidad geográfica, pues lógicamente no, no sirve. Si otros lo que están planteando en estos momentos es que sirva para introducir un sistema de
formación que no sea discutido en este Parlamento, si ni se tienen las ideas claras y es la trasposición del sistema francés del cheque de formación sin límite, pues nosotros, no. Si lo que se plantea en estos momento es que en las causas se haga
un totum revolutum y al final con el tema de las causas objetivas de despido lo que se está dando es un cheque en blanco para el despido, nosotros, no. Eso es lo que estamos diciendo. Pero no digan ustedes que esto ha sido un problema de
procedimiento. Vale ya. Esto no corresponde a la realidad.
La reforma va a valer, tiene que ser operativa y tiene que funcionar. Se tiene que ajustar en las empresas y en las relaciones laborales y tiene que crear un marco distinto y una cultura diferente. En estas enmiendas y en este proyecto de
ley se apuesta por la cultura del diálogo en las empresas en lugar de por la cultura del despido. Eso es cierto. La cultura del despido se introdujo con la reforma de 1984, cuando se descausalizaron los contratos temporales y se profundizó en la
reforma de 1994. Se hizo la reforma de 1998 con ustedes en el Gobierno, introdujeron modificaciones en 2001 y la concluyeron en negativo en el año 2002. Todos tenemos algo que ver en los procesos de reformas laborales en este país y todas ellas,
aun con problemas, han tenido sentido. Han sido medidas que en algunos casos han corregido a las anteriores, pero todas han tenido sentido. Y esta lo tendrá, porque generará y debe generar una cultura distinta al interpretar cuál es el papel de la
empresa y de los trabajadores a la hora de resolver problemas. ¿Por qué? Porque la empresa de hoy no es la empresa del siglo XIX ni la de XX. Necesita competir y la competencia radica muchas veces en algo tan fundamental y tan práctico como
modificar un turno, cambiar un horario o introducir un cambio en las vacaciones y no tener que hacer contratos temporales para resolver ese problema. Eso no es un elemento negativo; es un elemento positivo. Por tanto, creemos que va a ser
operativa y que va a tener un papel importante en el futuro del mercado de trabajo de nuestro país. No tenemos ninguna duda de que la contestación será la que los sindicatos quieran darle y la sociedad quiera refrendar e indudablemente la apuesta
es compleja que tiene dificultades para ser entendida, pero nuestro Gobierno y nuestro partido no pueden permanecer al margen a verlas pasar.
Termino. Con respecto al voto, el Partido Popular en estos momentos está de nuevo en el escenario de siempre. Llama permanente a la reforma, invoca y presiona por todos los lados para que se realice, cuando tiene que manifestarse no se
sabe muy bien lo que dice y cuando tiene que votar sabemos todos lo que va a decir: no. Eso es lo que ustedes van a decir esta tarde: no. A esta reforma o a cualquier otra. (El señor Echániz Salgado: A una buena, no.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Como les había anunciado ya con anterioridad, haremos un receso ahora para ordenar las votaciones.
Ruego a aquellos grupos políticos que no lo hayan hecho todavía que hagan llegar a la Mesa las enmiendas retiradas y la petición de votación por separado. Se suspende la sesión durante quince minutos. (Pausa.)
Empezamos la votación, una vez que todos los grupos parlamentarios nos han hecho llegar sus peticiones de votaciones separadas y las enmiendas que quedan retiradas. Para mayor claridad el cuadernillo de votación obra en poder de todos los
portavoces. En primer lugar, vamos a someter a votación los textos transaccionales presentados hoy y que todas SS.SS.
conocen. Quiero informarles de que de esas veinte enmiendas transaccionales presentadas esta tarde se han retirado las que
figuran con los números 5, 7 y 12. Sometemos a votación los restantes textos transaccionales. (Rumores.)
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, solicito votación separada de todos los textos transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: ¿Se retiran la 5 y la 7?
El señor PRESIDENTE: Y la 12.
El señor MEMBRADO GINER: ¿Cuál es la razón de la retirada de las enmiendas 5, 7 y 12?
El señor PRESIDENTE: Son enmiendas suyas y creo que la razón es que unas estaban reiteradas y la 7 no colgaba de ninguna enmienda. Por eso hemos entendido que el Grupo Parlamentario Socialista las quería retirar. Lo hemos leído bien, ¿no?
(Risas.)
El señor MEMBRADO GINER: Tiene razón.
El señor PRESIDENTE: Repito otra vez. Vamos a votar los textos transaccionales presentados hoy, a excepción de las enmiendas 5, 7 y 12 que están retiradas, pero el señor Campuzano me añade ahora que quiere que las
votemos una a una. Sometemos las transaccionales a votación una a una. En primer lugar, transaccional número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 5 -como ya les he anunciado- está retirada. Votación de la transaccional número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La transaccional número 7 está también retirada. Pasamos a la número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 12 está retirada. Votamos la transaccional número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación pasamos a votar las enmiendas vivas de los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Mixto, respecto de algunas de las cuales se ha pedido también votación separada. Por tanto votaremos
en primer lugar la enmienda 178 de la señora Barkos, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar votaremos las enmiendas 175, 177 y 179.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas vivas de la señora Barkos, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Salvador Armendáriz, también del Grupo Parlamentario Mixto. Igualmente hay petición de votación separada. Votamos en primer lugar las enmiendas 159, 161 y 163.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 150, 156, 160, 162 y 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 19; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 149, 151 y 152.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas vivas del señor Salvador Armendáriz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Díez González. Está retirada la enmienda 12 de la señora Díaz. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Yo he pedido votación conjunta de las enmiendas 4 y 18, pero no con la enmienda 20, porque entonces no las voto.
El señor PRESIDENTE: Nosotros teníamos aquí las tres juntas, enmiendas 4, 18 y 20. ¿Usted pide que separemos la enmienda 20?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No; enmiendas 4 y 18.
El señor PRESIDENTE: Pero, ¿alguien ha pedido votación separada de la número 20?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Nosotros, pero junto con las enmiendas 4 y 18.
El señor Llamazares quiere separar la 20 de las enmiendas 4 y 18.
El señor PRESIDENTE: Entonces votamos la enmienda 20 también por separado, y luego el resto. Votamos en primer lugar las enmiendas 19, 21 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 4 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votaremos a continuación el resto de las enmiendas vivas de la señora Díez González.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas del señor Perestelo Rodríguez. Les informó de que la 81, la 83 y la 90 están retiradas. Por lo tanto votamos en primer lugar las enmiendas números 82, 87, 88 y 91.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 79, 84, 86, 89 y 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas vivas del señor Perestelo Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, las enmiendas números 60, 70, 74 y 76.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Los votos a favor han sido del Grupo Popular, del Grupo Mixto y de Izquierda Unida. Por tanto quedan rechazadas, tras el voto ponderado, por 165 votos a favor y 169 en contra.
Votamos las enmiendas 71, 72, 73 y 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas vivas de la señora Fernández Davila.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, vamos a votar las números 34, 38 y ...
Sí, señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: En el tercer grupo de votaciones del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nosotros pedimos votación separada de las enmiendas de este grupo: la 26, la 24 y la
40. Por tanto pedimos que ese tercer grupo se vote por separado.
El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿la 26, la 24 y la 40? Estaba ya apuntado así, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Pero aquí no.
El señor PRESIDENTE: ¿Las tres juntas o una a una?
El señor ECHANIZ SALGADO: En lo que hemos entregado a la mesa estaban por separado.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene usted el cuadernillo delante? He visto que estaban en el mismo bloque las tres, y lo que quiere es que las votemos una a una, ¿no es así? (Asentimiento.) Perfecto, no hay ningún problema.
En primer lugar votamos las enmiendas 34, 38 y 142.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, igual que en el caso anterior, tras el voto ponderado, por 165 votos a favor y 169.
Votamos las enmiendas 35, 41, 96 y 122.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 52, y las 95 a 148, de las que queden vivas. No lo están -y se lo repito, aunque lo tienen en el cuadernillo- la 99, la 128, la 129 y la 141.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votamos las enmiendas 186, 190, 203 y 204.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 181, 183, 184, 198 y 199.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 201.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fernández Davila, ¿la intención de su voto en esta enmienda 201 ha sido abstención?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir la votación de la enmienda número 201 para mayor claridad. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
¿Señor Olabarría?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una cuestión de ordenación de las votaciones, señor presidente. Si bien la enmienda 205 del grupo parlamentario que represento está transada con otra que se ha votado anteriormente, nos gustaría pedir la
votación separada de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Su petición será atendida.
Votamos de nuevo la enmienda 201.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar la enmienda 205, como acaba de solicitar el señor Olabarría.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno, en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Están retiradas, señor Campuzano, las enmiendas números 297, 298, 299, 301, 313, 316, 317, 320, 324, 326, 332, 333, 334 y 342. Por lo tanto, empezamos a votar
separadamente las enmiendas números 292, 293, 294, 295, 304, 311 y 329.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 303, 305, 306, 307, 308, 314, 322, 323, 327, 328, 336, 339, 340 y 343.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)
Sí, señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Pedimos la votación separada de la enmienda 300, de las enmiendas 341 y 344.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda número 300.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas 341 y 344.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos separadamente la enmienda 276.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 252.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, tras el voto ponderado, por 169 en contra y 165 a favor.
Votamos las enmiendas 207 a 211.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 218, 231, 233, 238, 245, y 246.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, dada la situación de ligera confusión en la que nos encontramos, no sé si se ha pedido votación separada de las enmiendas 290 y 291. Si no, mi grupo la pediría.
El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere usted a las del Grupo Socialista?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 290 y 291 vamos a votarlas por separado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perfecto. Muy bien hecho, presidente.
El señor PRESIDENTE: Como ve usted, no existía ninguna confusión aquí en la Mesa.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar las enmiendas 290 y 291.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, uno; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votación el texto propuesto por la ponencia que, con las modificaciones resultantes del debate que hemos mantenido en el día de hoy, constituirán el dictamen de esta Comisión, que ya saben ustedes que está actuando con competencia
legislativa plena. En dicho texto se incluirán las correcciones sugeridas por el letrado que ustedes ya conocen, y que hemos debatido en el receso que hemos tenido este mediodía.
Aquí hay también petición de votación separada de todas las modificaciones que en su día se presentaron en la ponencia. Por tanto tendremos 17 votaciones diferentes. (El señor Tardà i Coma se acerca a la Mesa y conversa con el presidente.)
Continuamos con la votación después de una aclaración con el señor Tardà, absolutamente pertinente. Les recuerdo a SS.SS. que durante las votaciones no se puede ni entrar ni salir de la Comisión.
Votamos, como he dicho anteriormente, una a una las transaccionales de modificación que se presentaron en ponencia.
Votamos la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, recurriendo al voto ponderado una vez más, por 169 votos a favor y 165 en contra.
La número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Modificación número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votación la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votaremos el resto del texto, que con las modificaciones derivadas de las anteriores votaciones que hemos realizado conformará el dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Por tanto, sometemos a votación el resto del
texto, con las modificaciones que se añadirán en función de los resultados anteriores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del texto por 169 votos a favor y 165 en contra por el voto ponderado.
Concluidas las votaciones, se da por finalizada la sesión, quedando aprobado el texto que acabamos de votar. Se levanta la sesión.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.