CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 580

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO

Sesión núm. 34

celebrada el miércoles, 23 de junio de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio:


- Del señor presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Berenguer Fuster). (Número de expediente 212/001116.) ... (Página 2)


- Del señor presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Rodríguez Illera). (Número de expediente 212/001117.) ... (Página 9)

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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO:


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (BERENGUER FUSTER). (Número de expediente 212/001116.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 34 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio que, como ustedes saben, tiene que ver con unas comparecencias en relación con el tema de las telecomunicaciones. Para ello, en
primer lugar, está con nosotros -le damos la bienvenida y también las gracias por haber atendido nuestra llamada, a pesar de la premura con la que la hemos hecho- don Luis Berenguer Fuster, que es presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia.



Bienvenido a esta Comisión y, sin más preámbulos, le damos la palabra para que nos haga una primera exposición sobre el objeto de su comparecencia.



El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (Berenguer Fuster): Evidentemente, para mí, como de costumbre, es un honor poder comparecer en el Congreso de los Diputados, en este caso ante la Comisión de Industria. Estaba
haciendo memoria y me parece que es una de las escasas comisiones de esta casa de la que no he sido miembro en algún momento de mi vida, aunque sí es cierto que alguna vez intervine de ponente en alguna ley, hace ya bastante tiempo.



Anualmente, por imperativo legal tengo que comparecer ante la Comisión de Economía y a veces incluso intento, con escaso éxito por cierto, comparecer ante otras comisiones con ocasión de procesos legislativos, pero al parecer determinadas
comisiones no tienen excesivo interés en las opiniones de la Comisión Nacional de la Competencia. Por ello, insisto en que para mí es un grandísimo honor que los representantes de los ciudadanos y ciudadanas tengan a bien conocer sobre temas
delicados, conflictivos, en los que evidentemente no existe una verdad absoluta, sino diferentes posiciones en el debate, una opinión que, por muy parcial que sea, es la del organismo encargado de vigilar que el funcionamiento de los mercados y la
competencia no quede distorsionado, fundamentalmente por una regulación inadecuada. La verdad es que en el mercado de las telecomunicaciones se ha producido una liberalización gradual en toda Europa y, fruto de la misma, un extraordinario
incremento de la competencia entre los operadores. Y ello ha tenido como consecuencia que, en la situación previa en la que se salía con escasa competencia y que hacía precisa la regulación ex ante, esta regulación ex ante se haya ido retirando
progresivamente con lo que estos mercados quedan en su mayor parte solamente sometidos a control ex post de las autoridades de la competencia en condiciones, por otra parte, similares a las de cualquier otro sector económico. Como todas SS.SS.
saben, en la recomendación de la Comisión Europea se hablaba en el mercado de las telecomunicaciones de la existencia de dieciocho mercados en los que sería precisa la regulación ex ante. Pues bien, de esos dieciocho mercados en estos momentos
solamente siete siguen sometidos a esta regulación ex ante de los órganos reguladores sectoriales y, de estos siete, solamente uno se refiere al mercado minorista.



Cuando se habla de inversiones en estos mercados siempre hay que tener en cuenta una serie de objetivos y esos objetivos con frecuencia no son fáciles de compatibilizar. Es verdad que hay un objetivo fundamental de fomentar la inversión en
redes y la innovación, pero ese objetivo necesariamente ha de compatibilizarse con la necesidad de preservar un nivel de competencia efectiva en el mercado. Es cierto que los reguladores sectoriales -y en eso nuestro regulador, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, no constituye obviamente una excepción- se preocupan de fomentar fundamentalmente esas inversiones, esa innovación, pero la función de la Comisión Nacional de la Competencia y de todas las autoridades de la
competencia debe ser vigilante para minimizar los riesgos, fundamentalmente que la existencia de un operador dominante en el mercado limite un régimen competitivo, porque -como tiene dicho con frecuencia el tribunal de justicia- cuando existe un
operador dominante, la competencia ya queda dañada por su mera existencia; además, ese operador dominante puede abusar de la posición de dominio para consolidar su posición de dominio o bien para extenderla en otros mercados. La ley de 3 de julio
del año 2007 ha dotado a la Comisión Nacional de la Competencia de tres instrumentos para realizar su función: en primer lugar, la persecución de las conductas anticompetitivas; en segundo lugar, el control de concentraciones y, por último, la
actividad que en principio podría ser más gratificante, que es la de realizar funciones de promoción de competencia, fundamentalmente extender la cultura de la competencia y realizar informes en el proceso de producción normativa o bien sobre el
estudio de sectores para que las restricciones a la competencia, fundamentalmente creadas por disposiciones legales o normativas, desaparezca.



Estamos hablando del sector de las comunicaciones, que es lo que les interesa a SS.SS., y lógicamente no voy -no estoy capacitado para ello- a profundizar en las tendencias del sector, tan solo me voy a centrar con escasas referencias en el
marco regulatorio existente. Debo, por lo tanto, centrarme en la visión que en la Comisión Nacional de la Competencia tenemos del futuro despliegue de las redes de nueva generación -insisto- desde la perspectiva de la competencia. El principal
problema del despliegue de las nuevas redes


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consiste en determinar los modelos de negocio que permitirán recuperar las enormes inversiones realizadas para acometer ese despliegue, unas inversiones que, por otra parte, tendrán, lógicamente, periodos de retorno muy prolongados. Los
reguladores sectoriales y las administraciones públicas afrontan el reto de buscar la fórmula para estimular un amplio despliegue territorial de estas, y por múltiples razones ese objetivo resulta perfectamente legítimo dadas sus grandes
implicaciones sociales y económicas, pero la pretensión y la función de la Comisión Nacional de la Competencia, como autoridad de la competencia, es que tal despliegue se realice sin que la competencia tanto la real como la potencial queden
afectadas.



El primer problema, desde la óptica de la competencia, que podemos plantear es cómo se produce el nuevo despliegue de las redes de alta velocidad en aquellas zonas en las que la inversión no sea rentable, en las que la explotación no sea
rentable. Vaya por delante que, evidentemente, tratándose de redes de última generación, redes de alta tecnología y de una gran velocidad no se puede considerar que en todas estas zonas el despliegue de las redes de alta velocidad pueda merecer la
calificación de servicio universal de las telecomunicaciones. ¿Cómo se compatibiliza esa extensión de las redes, ese despliegue de las redes, esa retribución de las inversiones para que puedan llegar las redes a las zonas a las que en principio no
es rentable? Hasta ahora se han venido planteando diversas soluciones al problema.



En primer lugar, la existencia de ayudas públicas al despliegue realizado por el sector privado; en segundo lugar, se habla de una compartición, la posibilidad de compartir las redes entre los diferentes operadores y, por último, existen,
todas SS.SS. lo saben, iniciativas de algunas administraciones para la puesta en marcha de operadores públicos de telecomunicaciones, sean fijas o sean inalámbricas. El primer caso, la existencia de ayudas públicas al despliegue, se trata de una
materia que corresponde a las autoridades comunitarias y en septiembre de 2009 la Comisión Europea ha aprobado unas directrices sobre esta clase de ayudas basadas en criterios territoriales en función del grado de competencia previsible en cada
zona. Estas ayudas están condicionadas de ciertos compromisos, en especial imponen obligaciones de que todos los operadores puedan tener acceso a las infraestructuras que hayan recibido ayudas a través de los correspondientes servicios mayoristas.
La segunda alternativa consiste en la compartición de redes, y evidentemente es una posible solución que presenta ventajas en cuanto a eficiencias y ahorro de costes, además de efectos positivos en cuanto al impacto ambiental.
Pero como autoridad
de competencia nos preocupa que los acuerdos necesarios para compartir las redes pueden implicar la exclusión de algunos competidores y no podemos olvidar tampoco que puede existir un fuerte alineamiento de la estructura de costes limitando la
competencia en precios y la posibilidad de diferenciar los servicios. La tercera alternativa me permitirá una breve reflexión sobre los operadores públicos. En las directrices sobre ayudas públicas adoptadas por la Comisión Europea se recogen
algunos principios que son aplicables a los operadores públicos y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha tomado en fechas recientes la iniciativa de adoptar una circular relativa a esos operadores públicos. En ambos casos se defiende
la necesidad de que esos operadores, aunque sean públicos actúen en el mercado en condiciones equivalentes a las de un inversor privado -ya conocen en materia de ayudas públicas el principio del inversor privado- estableciendo para ello las
necesarias limitaciones a la financiación de esta clase de operadores. La Comisión Nacional de la Competencia comparte esos criterios.



Tras esas reflexiones generales, permítame entrar en ello con más detalle y valorar aspectos concretos vinculados a la competencia en tres ámbitos.
En primer lugar, el despliegue de las nuevas redes fijas. En segundo lugar, las redes
móviles y, por último, los contenidos digitales. En cuanto a las redes fijas, podríamos preguntarnos sobre cuál es el modelo que consideramos más adecuado para el despliegue de las nuevas redes de acceso fijas. La Comisión Nacional de la
Competencia ya ha tenido ocasión de manifestar su visión en el informe que remitió a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con motivo del proceso de análisis e imposición de obligaciones regulatorias en los mercados mayoristas de acceso
directo e indirecto a infraestructuras de banda ancha. Me refiero a los mercados 4 y 5 de la recomendación de la Comisión Europea a la que con anterioridad he hecho mención. Para las nuevas redes fijas basadas en fibra óptica, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones ha apostado por un modelo de competencia en infraestructuras de red entre los diferentes operadores. Para facilitar ese despliegue se ha contemplado exclusivamente un servicio mayorista de acceso a conductos y
canalizaciones de Telefónica para abaratar en parte el coste de la obra civil que implica siempre desplegar una red del todo nueva. Se trata de un modelo que, sin duda, incentiva el despliegue del incumbente, pero desde nuestra óptica plantea
incertidumbres para los competidores y para la competencia. Por tanto, desde la perspectiva de la competencia, sobre ese modelo debemos hacernos algunas preguntas: ¿creemos que los agentes han alcanzado la cuota de mercado necesaria para acometer
las inversiones asociadas al despliegue de las redes de nueva generación? ¿Esos agentes están en disposición de acceder a los recursos financieros necesarios? Y por último, ¿cuál será el impacto que tendrá el despliegue de las nuevas redes en el
nivel de competencia existente con la actual configuración del mercado? En la CNC, cuando nos hemos planteado esas y otras preguntas, hemos llegado a la conclusión de que tal vez el modelo de competencia en infraestructuras no sea factible en el
corto plazo. En nuestro informe proponíamos una aproximación más gradual, defendiendo el modelo


de escalera de inversión, similar al ya aplicado con éxito


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razonable en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones tradicionales. Nuestra propuesta pasaba por servicios mayoristas de alquiler de bucles de fibra y por la existencia de servicios mayoristas de acceso indirecto, sin
limitaciones tecnológicas y, por supuesto, con la posibilidad de competir en servicios de televisión de pago. Estos servicios, unidos a una adecuada política de precios para incentivar la inversión de los competidores y para evitar también
conductas parasitarias, podrían, a nuestro criterio, constituir el adecuado punto de equilibrio. En resumen, en ese punto compartimos con la CMT el objetivo final de alcanzar la competencia en infraestructuras, pero planteamos otra vía para
alcanzar dicho objetivo, quizá más gradual y tratando de preservar la actual competencia en servicios.



El segundo apartado se refiere al despliegue de las redes móviles. En relación con las redes móviles, la problemática asociada al despliegue de las nuevas redes plantea algunas diferencias importantes respecto a las redes fijas. Nos
encontramos ante un mercado oligopolístico derivado de la disponibilidad de espectro radioeléctrico que, sin embargo, por diferentes razones, presenta una dinámica competitiva algo más fuerte que la del mercado de las comunicaciones fijas. Desde
nuestra perspectiva, nuestra atención sobre estos mercados es doble: por una parte, nos interesa contribuir a una mayor competencia en el mercado a través de la reordenación del espectro radioeléctrico y, por otra parte, observamos que los
operadores que no sean capaces de realizar ofertas competitivas empaquetando servicios móviles corren un evidente riesgo de perder posicionamiento en el mercado. Hoy la cuádruple oferta de fijo, Internet, televisión y móvil es una variable
competitiva importante. La estructura del mercado español de comunicaciones electrónicas presenta algunos desequilibrios en cuanto a la capacidad competitiva de los agentes en cada uno de los cuatro mercados señalados. La Comisión Nacional de la
Competencia considera relevante garantizar que todos los operadores dispongan de suficiente capacidad para competir, también en servicios móviles, ya sean operadores con red propia o bien sean operadores virtuales. En ese contexto, como indicaba,
es necesario que las iniciativas regulatorias para reordenar el uso de espectro coadyuven a conseguir un mayor grado de competencia real en el sector de las comunicaciones móviles. Por lo tanto, nuestra visión radicaría en algunos puntos: en
primer lugar, movilizar nuevos recursos de espectro radioeléctrico y dotar de una mayor flexibilidad a los existentes. En segundo término, atribuir los nuevos recursos en procesos de adjudicación, basados en principios de transparencia, publicidad,
igualdad, objetividad y concurrencia. Estos procesos deberían diseñarse para conceder prioridad a los nuevos entrantes y, en ningún caso, consideramos conveniente que se reproduzcan situaciones en las que los operadores incumbentes tengan
garantizado de principio el acceso a las nuevas bandas de frecuencia. En tercer lugar, podríamos indicar que, en caso de que los actuales operadores resultaran adjudicatarios de nuevos rangos de espectro, deberían establecerse requisitos para
garantizar que los operadores móviles virtuales dispusieran de condiciones que les permitieran competir de manera efectiva y real tanto en precios como en nuevos servicios. Por último, tras el proceso de asignación del espectro, sería igualmente
deseable reducir las actuales diferencias entre los diferentes operadores de red móvil en cuanto a disponibilidad de espectro y de acceso a las diferentes bandas de frecuencia. Sabemos que el Ministerio de Industria ha tomado ya iniciativas
concretas en la reordenación del espectro destinado a la telefonía móvil y creemos que los objetivos enumerados deben ser no solo compatibles, sino necesarios para garantizar otros objetivos como la extensión de los servicios o la innovación en el
sector.



El tercer apartado se refiere a los contenidos digitales. Parece claro, señorías, que el despliegue de las nuevas redes exigirá un incremento de los actuales ingresos medios por usuario; objetivo que solamente podrá conseguirse a través de
una oferta de contenidos y servicios más atractiva para los clientes para que se incremente su percepción sobre el valor recibido y su disposición para pagar un precio superior por el acceso a dichos contenidos. Como les anunciaba al inicio de mi
intervención, este será el tercero de los puntos. En ese contexto, resulta evidente la relevancia que presenta para los operadores el acceso a contenidos exclusivos y de elevado atractivo para los clientes finales.
El debate sobre la denominada
neutralidad de la red constituye un elemento esencial dentro del problema general señalado. Cuando se evalúan los pros y los contras de la neutralidad de la red, no es fácil extraer una conclusión clara. Los usuarios finales generalmente defienden
el mantenimiento de la neutralidad de la red para con ello tener la posibilidad de utilizar sus conexiones de banda ancha con total libertad.
Por otro lado, muchos operadores pretenden incrementar los ingresos de los usuarios con una parte de los
ingresos de los proveedores de servicios y contenidos en Internet. En su opinión, esta quiebra del principio de neutralidad de red aceleraría el desarrollo de las nuevas redes de alta velocidad. Insisto en que hablo desde el punto de vista de la
competencia. Desde el punto de vista de la competencia y siendo extremadamente cauto, en principio, me mostraría partidario de mantener la neutralidad y, en todo caso, estaría a favor de un uso no discriminatorio de la red frente a cualquier nuevo
modelo de negocio. Un acceso justo y no discriminatorio de los proveedores de servicios y contenidos en Internet y el acceso a las redes de telecomunicaciones es siempre deseable para promover un entorno procompetitivo y dificultaría la aparición
de potenciales acuerdos anticompetitivos. Pero, al margen del debate de la neutralidad de la red, la ausencia de una regulación sectorial específica sobre los contenidos hace recaer en las autoridades de competencia las funciones de vigilancia de
esos mercados. Como SS.SS.
conocen, la Comisión Nacional de la Competencia ha estado especialmente activa en los últimos meses en el segmento de los contenidos y sus modelos de gestión. En diferentes expedientes se han


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analizado conductas relacionadas con la comercialización de contenidos audiovisuales, a fin de evitar la existencia de abusos. Quizá no resulte prudente extenderme más en los criterios que existen en este punto, ya que en algún proceso de
concentración que está en trámite deberemos manifestarnos y decidir nuevamente sobre la aplicación de estos principios.



Es verdad que la gestión de los derechos de propiedad industrial es posiblemente una de las actividades más afectadas por la irrupción de Internet y por las nuevas tecnologías. La economía digital e Internet están desafiando varios de los
principios básicos tradicionalmente inherentes a la explotación de los derechos de propiedad intelectual y sus provisiones legales. La cuestión es, por tanto, cómo explotar los derechos de propiedad intelectual en la era digital. Hoy el mercado no
ha dado aún con el modelo de negocio correcto que satisfaga a todas las partes implicadas. Pero, como he intentado hacer a lo largo de mi exposición -que termino con esta última reflexión-, abordaré de nuevo la cuestión solo y exclusivamente desde
la perspectiva de la competencia.
Los expedientes relacionados con la gestión de los derechos de propiedad intelectual constituyen un auténtico desafío para las autoridades de competencia, especialmente los casos de precios excesivos por las
dificultades del análisis económico para determinar el costo o valor real de los derechos. La solución óptima de la explotación de los derechos de propiedad intelectual en la era digital no pasa tanto por el enforcement, sino por la reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual. A este respecto, señorías, la Comisión Nacional de la Competencia ha publicado recientemente un informe sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual en el que se ponen de manifiesto determinadas
ineficiencias presentes en dichos mercados, derivadas en buena medida del marco legal vigente. Para remediar dichas ineficiencias, la Comisión Nacional de la Competencia ha hecho determinadas recomendaciones, algunas de las cuales sería deseable,
al menos eso opinamos nosotros, que encontrasen eco en el trámite parlamentario de la ley de economía sostenible.



Por último -y con esto acabo mi exposición-, junto con esta iniciativa nacional, el problema de la competencia de la gestión de los derechos de propiedad intelectual debería abordarse desde un enfoque internacional, revisando las
limitaciones geográficas y los acuerdos existentes en la explotación transnacional de derechos, como ya está haciendo la Comisión Europea. Confío, señorías, en que mi intervención haya podido aclarar algunos de los ámbitos abordados y haber
manifestado de forma suficientemente clara cuáles son las preocupaciones de la autoridad española de la competencia y cuáles son nuestras propuestas para compatibilizar el necesario despliegue de las redes de alta velocidad con el mantenimiento del
nivel de competencia efectiva que existe y debería seguir existiendo en los mercados de telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención y quedo gustosamente a resultas de las preguntas que SS.SS. tengan a bien dirigirme.



El señor PRESIDENTE: En primer lugar, tiene la palabra don Miguel Ángel Cortés por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor CORTÉS MARTÍN: Agradecemos la presencia del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y la claridad de su exposición.
Tenemos mucho interés en conocer su opinión, incluso cuando no hay un proceso legislativo abierto, lo
que se dice en la jerga de esta casa que tan bien conoce el señor presidente, cuando no está el debate trabado.
Por eso, los grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo para escuchar las opiniones de actores, de operadores -algo que hicimos
en la pasada sesión de la Comisión-, de reguladores, y lo haremos en el futuro, de expertos sobre un tema que nos parece de la mayor importancia. En este punto, es evidente que la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia es muy relevante
para la reflexión que hemos abierto en esta Comisión. No se trata, por tanto, como bien ha dicho el señor presidente, de una actuación ex post, sino de conocer su opinión desde la perspectiva de la competencia, como ha venido reiterando a lo largo
de su intervención. Es evidente, como bien ha dicho el señor presidente, que es una cuestión de equilibrio entre distintos objetivos en presencia.
Reitero el agradecimiento y el elogio del orden y de la claridad de su exposición.



Me gustaría, señor presidente, formularle algunas cuestiones que pueden complementar esta visión que nos ha dado, visto siempre desde la perspectiva de la competencia. En esta Comisión existe la costumbre, precisamente porque en este
proceso de reflexión nos interesa que podamos tener una información lo más rigurosa posible, en el sentido de si de alguna de las cuestiones planteadas el compareciente prefiere remitir la respuesta por escrito o más en extenso de lo que pueda
apuntar aquí, será también muy bien venida esa información posterior que nos pueda llegar.
La primera cuestión es que se ha referido en varios momentos el compareciente a la conveniencia de que haya una regulación europea.
Algunas cuestiones son
europeas; al final decía, en referencia a la explotación de los derechos de propiedad intelectual, que tiene que ser algo internacional porque evidentemente con los avances tecnológicos, con la red, es muy difícil ponerle fronteras. Precisamente
por esta perspectiva amplia o comparada, me gustaría saber si considera que hay algún modelo mejor para incentivar el despliegue de líneas de nueva generación de alta capacidad o de alta velocidad tanto fijas como móviles y si conoce cuál es el
modelo que está dando mejor resultado en países más avanzados desde la perspectiva de la competencia, es decir, que guardando este equilibrio donde facilitar los retornos de las inversiones que se hagan, no ponga en riesgo la competencia o, cuando
se ha hecho un esfuerzo grande, como ha empezado apuntando en su intervención el compareciente, que lleve a una remonopolización del sector.



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Nos gustaría conocer su opinión sobre si considera adecuada una fórmula mixta, por así decirlo, que sea la delimitación de distintas zonas geográficas para estimular la competencia en el despliegue de las nuevas redes en las zonas que sean
rentables y la compartición de estas en las zonas menos rentables. Esa es una cuestión que se ha expuesto sobre la que hay opiniones encontradas, incluso ha habido un pronunciamiento, no rotundo pero sí un avance, por parte de la Comisión Europea
poco favorable a esta posibilidad, que podía parecer también factible por otro tipo de actores.



El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia se ha referido en el tercer apartado de su intervención -muy ordenada y muy lógica- a los contenidos digitales en un proceso de convergencia de los distintos operadores. Cada vez es
más difícil distinguir lo que es Internet de lo que es televisión y de lo que es telefonía móvil. Hay un proceso de convergencia. En este sentido, ¿piensa si afecta a la competencia el pago de una tasa por parte de los operadores de
telecomunicaciones para financiar Televisión Española y cómo puede incidir esto como una distorsión de la competencia y de las posibilidades de avanzar en este aspecto?


Nos gustaría también conocer su opinión sobre la atribución de frecuencias y el posible impacto sobre la competencia. Ha planteado en su intervención de alguna manera la movilización de nuevos recursos, de espacios radioeléctricos, pero me
gustaría una mayor precisión. Hemos escuchado atentamente la preferencia de que sean los operadores no incumbentes los que puedan tener un acceso más favorable, sobre todo los incumbentes que no tengan un acceso garantizado a las nuevas bandas,
pero como parece que en estos momentos ese debate está teniendo y va a tener una creciente importancia, la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia nos resulta especialmente interesante y por eso se la pedimos.



Finalizo por donde ha terminado también el señor Berenguer. Se ha referido a que la explotación de derechos de la propiedad intelectual debe abordarse en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, pero que hay ahora una oportunidad en
el proyecto de ley de economía sostenible. Nos gustaría conocer su opinión -se lo preguntamos también a todos los operadores que comparecieron en la sesión anterior- sobre la disposición adicional segunda del proyecto de ley de economía sostenible,
todavía pendiente de tramitación en esta casa. Por tanto, en este punto sí que habría un debate trabado con algo que está en estos momentos sobre la mesa de trabajo de esta Cámara.



Le reitero nuestro agradecimiento, señor compareciente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación doña Sara García Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora GARCÍA RUIZ: Señor Berenguer, en nombre de mi grupo quiero agradecerle su presencia hoy aquí para darnos una visión fundamental sobre el mundo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y en particular en este
debate del futuro despliegue de las redes de alta velocidad. Además, mi grupo también quiere trasladarle su agradecimiento por la claridad en su exposición, que creo que nos será de mucha utilidad en el debate que estamos manteniendo. Hemos
preparado una batería de preguntas comunes a lo largo de estas comparecencias -por ejemplo, la semana pasada vinieron representantes de distintos operadores- para ver qué es lo que opinan desde distintas ópticas. Por lo tanto, su opinión y la de la
Comisión Nacional de la Competencia es fundamental en algunas de estas cuestiones. Por supuesto, al igual que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si considera realizar alguna de las respuestas por escrito, tiene igualmente nuestro
agradecimiento. Lo dejamos a su consideración.



Algunas de estas preguntas tienen que ver con los planes que tienen los operadores de inversiones en las redes de alta velocidad en el corto y medio plazo. No sé si tiene alguna visión sobre si esos planes de inversión están a día de hoy
listos, maduros. Por ejemplo, ha hablado de zonas rurales y parece que al haber una menor concentración sería posterior -no sé si puede profundizar en este punto-. Ha hablado también de obstáculos para invertir en este despliegue, particularmente
el de fibra hasta los hogares. Este despliegue en España es tenue y usted ha apuntado causas como que tal vez que no hay suficiente cuota de mercado o necesidad. No sé si piensa que, en aquellos casos en los que se puedan desarrollar, es posible a
continuación poner la capacidad a disposición de los operadores. Por ejemplo, ¿cuántos operadores considera que podrían estar en el futuro, a medio y largo plazo, compitiendo con redes de fibra óptica en los próximos años?


Otro tema que hemos expuesto es el de las infraestructuras de telecomunicaciones. El desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones de las que disponen las administraciones públicas tal vez podría aprovecharse más eficientemente
poniendo esta capacidad a disposición de los operadores privados -no sé si también quiere profundizar algo más en este aspecto-, por ejemplo, fomentando prácticas de alquiler o de cesión de estas instalaciones.



Cambiando de tema, parece que puede producirse un cambio en la oferta y la demanda de la llamada triple play -teléfono fijo más Internet más televisión-. Hasta ahora no ha habido mucha demanda con la alianza de los operadores mayoritarios
respecto a la industria de contenidos y aunque no lo sabemos, tal vez podría provocar un dominio mayoritario del mercado.
No sé si tiene alguna opinión sobre si es posible que en el futuro se produzca un dominio mayoritario del mercado en la
oferta-demanda de este teléfono fijo más Internet más televisión.



Atendiendo a temas de competencia, los operadores de redes de nueva generación en España ofrecen menores


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velocidades y precios más altos en comparación con otros países en el Unión Europea. ¿Tienen prevista o consideran que es necesario adoptar alguna medida concreta en este sentido con el fin de acercarnos más a la realidad europea de nuestro
entorno? Evidentemente generar competencia es fundamental para hacer que los precios al usuario final sean más bajos.
No sé si podría profundizar un poco más respecto a la promoción de esta competencia o en alguna cuestión añadida. También para
nosotros es importante conocer su opinión sobre la previsión temporal, de qué tiempo estaríamos hablando para establecer estas redes de nueva generación. Ya le digo que son preguntas que hemos realizado a los distintos operadores y queremos tener
la posibilidad de conocer las ópticas y las opiniones que puedan tener todos los comparecientes.



Para terminar queremos preguntar si existen algunas líneas rojas que nos deberíamos marcar para ese doble objetivo de fomentar la competencia y desarrollar las redes de nueva generación con la máxima rapidez. ¿Es posible que nos encontremos
en la situación de elegir entre una mayor competencia, por tanto un ajuste de precios a favor del usuario final, o una mayor rapidez en el despliegue del establecimiento de las redes de nueva generación? ¿Podemos estar ante esa disyuntiva? No sé
si tiene alguna opinión al respecto de esta posible realidad.



Finalmente, quiero agradecerle sus palabras y su opinión sobre el debate abierto de la net neutrality, primero en Estados Unidos y ahora en Europa. Ha hablado de la importancia de preservarla. No sé si puede matizar qué supondría esta
quiebra de la neutralidad en la red a efectos de la competencia.



Muchas gracias, señor Berenguer. Somos conscientes de que hemos hecho una amplia batería de preguntas y dejamos a su criterio -vuelvo a repetir- que conteste a las que estime necesario y, por supuesto, le agradecemos igualmente que lo haga
por escrito si así lo considera.



El señor PRESIDENTE: Señor Berenguer, tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (Berenguer Fuster): Evidentemente, no le quepa la menor duda que haré uso de la facultad que me han concedido de contestar por escrito a las múltiples, variadas e interesantes
preguntas que me han dirigido, pero, precisamente por respeto a la casa y a SS.SS., intentaré adelantar alguna respuesta, con independencia de que ruego a la Presidencia que me haga llegar la transcripción del 'Diario de Sesiones' para poder
contestar de una forma más detallada con datos que no tengo ahora a mi disposición.



Me pregunta el señor Cortés por la dimensión internacional sobre el modelo del despliegue de redes y teniendo que contestar desde la óptica de la competencia no me atrevería a decir, porque no lo recuerdo, cuál de los distintos modelos
existentes -el modelo americano, el modelo japonés o el modelo incipiente europeo- ha permitido un mayor número de infracciones a la competencia. Parece ser, aunque no estoy seguro al respecto, que en cuanto a la velocidad del despliegue en la red
el sistema americano ha permitido una mayor extensión y una mayor rapidez. No me atrevo a decir si ha ocasionado o no mayores problemas de competencia.



La segunda cuestión se refiere a la zonificación. En este sentido ya he adelantado la comunicación de la Comisión Europea, de diciembre de 2009, sobre las distintas zonas coloreadas -me parece que eran blancas, grises y negras-, sobre
aquellas que son más o menos rentables y cuáles, con todas las reticencias existentes, son posibles y los criterios que la Comisión Europea piensa aplicar en el supuesto de que haya ayudas públicas. Parto del supuesto, y respondo en ese sentido
también a la pregunta que me ha efectuado la señora García, de que indudablemente, si no recuerdo mal, según el proyecto de ley de economía sostenible el servicio universal me parece que accede a un mega; por tanto estas redes de nueva generación,
de alta velocidad, están fuera del servicio universal, que es lo que he querido poner de relieve al principio de mi intervención. Las otras alternativas, ya sabe, comparticipación de ayudas públicas o bien la existencia de empresas públicas o de
servicios públicos de red, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y posiblemente, en línea con la Comisión Europea, siempre que se respeten los criterios de ayudas públicas, parece que eso sería aceptable para llegar a esas zonas donde en
principio no va a ser rentable la explotación de estas redes de tan alta tecnología.



En cuanto a contenidos, no me atrevería yo a decir que el pago de la tasa a los operadores sea una cuestión propiamente de competencia, aunque sí es cierto -todavía quizá sea pronto para ver los resultados, nosotros informamos al respecto
sobre el proyecto de ley de economía sostenible y luego me referiré a unas respuestas concretas- que todos nuestros informes, tanto los que se refieren a los mercados de la comunicación como los que se refieren a los proyectos normativos, están
colgados, porque la ley que aprobaron SS.SS. así lo establece, en nuestra página web, en cumplimiento de un principio de transparencia. Aunque todavía sea pronto para decirlo, parece ser que, según algunas informaciones, la desaparición de
Televisión Española del mercado de las telecomunicaciones -según, insisto, declaración de sectores afectados- ha producido un incremento en los precios de las otras cadenas, al ocurrir lógicamente -y en esto sí que hablo desde la óptica de la
competencia- que cuando se reduce el número de operadores dispuestos a prestar un servicio, a impartir televisión, los otros -siguiendo la evidencia empírica y las normas de la competencia- incrementan los precios. Posiblemente en el futuro, dentro
de estas labores de promoción de competencia, informaremos sobre los resultados de esta norma, no del proyecto de ley de economía sostenible, sino de la Ley Audiovisual.



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El cuarto punto sobre el que me preguntaba el señor Cortés se refiere a la atribución de frecuencias. Hay que proceder, como tengo entendido que está realizando el Ministerio de Industria, a una rápida atribución de frecuencias, desde
nuestra óptica, con los principios que he señalado anteriormente, es decir dar sobre todo prioridad a los nuevos entrantes, porque qué sentido tiene atribuir las nuevas frecuencias, las frecuencias que posiblemente permitan un servicio de mayor
valor añadido a quienes ya están en el mercado. Eso sería consolidar el oligopolio actualmente existente. A pesar de esa prioridad, no vamos a proponer que se prohíba a los nuevos entrantes -no llegamos a tanto- concursar o solicitar la atribución
de esas nuevas frecuencias, pero si no hay nuevos entrantes a los que se les adjudique o si sus ofertas no reúnen las condiciones para ganar el concurso, hay que garantizar la accesibilidad, fundamentalmente de los operadores de móviles virtuales, a
los operadores que tienen su propia red. ¿En qué términos? Posiblemente en unos términos más competitivos de los que permite la regulación actual.



Por último, insisto en que nuestro informe relativo al proyecto de ley de economía sostenible está incluido en nuestra red. Sobre lo previsto en la disposición adicional primera, lógicamente tengo que hablar como autoridad de Competencia y
las autoridades de Competencia siempre preferimos soluciones que vengan derivadas del propio funcionamiento del mercado a soluciones que sean consecuencia de la imposición de obligaciones legales, pero, en todo caso, esto es un desiderátum y hay que
tener en cuenta las características de los propios mercados y posiblemente -no hace falta que insista- la existencia de fallos del mercado, las insuficiencias al respecto, etcétera. Posiblemente esas obligaciones pueden tener eficacia pero solo
durante un periodo transitorio. Lo conocen SS.SS. mucho mejor que yo, esas obligaciones pueden servir para un periodo muy limitado, pero desde luego en ningún caso constituye el futuro.



La señora García me realiza una serie de preguntas a las que lamento no poder contestar. Ella sabe que la autoridad de Competencia -lo decía al principio- interviene persiguiendo las conductas anticompetitivas. Cuando hay conductas
anticompetitivas son frecuentes nuestras resoluciones en restricciones o en abusos de posición dominante por limitaciones al acceso de los terceros a las redes, o también las sanciones por abuso de posición dominante a entidades de gestión de la
propiedad intelectual por sus precios fundamentalmente discriminatorios. Ya he insistido en los problemas que hay para el análisis económico de determinar cuáles son o no precios excesivos. Además, muchas veces, si nosotros tenemos que decir que
no sean precios excesivos, al final tendríamos que imponer nosotros cuáles son los precios, y nada más lejos de nuestra intención. En todo caso, nuestra segunda actuación es controlar las operaciones de concentración empresarial que superan los
umbrales. Obviamente, ya pueden comprender que como he hecho mención con anterioridad, en estos momentos existen notificadas operaciones que van a afectar a estos mercados, tanto de redes o de televisión de pago como de contenidos, y me someto a la
resolución que adoptemos al respecto en los próximos meses. Por último, están las labores de promoción de la competencia, informando con carácter previo por proyectos normativos o también en otros aspectos que nos imponga la legislación como, por
ejemplo, los informes a las propuestas de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones sobre los dieciocho mercados inicialmente existentes en este ámbito, como lo hemos hecho, no siempre coincidiendo con los criterios de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, e informar sobre el conjunto de los mercados o con estudios sectoriales sobre mercados, pero, con toda claridad, salvo en casos excepcionales en los que se hayan detectado distorsiones a la competencia en la tramitación de
expedientes de persecución de conductas prohibidas, cuando se trata de sectores donde existe una comisión reguladora, creemos que no es lo más adecuado que nosotros realicemos estos informes sectoriales, con esa excepción, puesto que tanto la CNE
como la CMT conocen de los mercados que están regulando. Nosotros no somos reguladores sino -como le gusta decir, y yo lo asumo plenamente, al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores- supervisores del funcionamiento del mercado.
Evidentemente, los reguladores sectoriales conocen muchísimo mejor que nosotros esos mercados para hacer estudios de los mismos. Insisto, nosotros hablamos de los obstáculos que pueden existir en la competencia. En ese orden de cosas, obviamente
desconocemos los planes de las operadoras. El presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que ya se encuentra presente, comparecerá a continuación. Supongo que él le podrá dar la información que yo no tengo, y me temo que no se la
pueda dar ni siquiera por escrito.



Me pregunta cuántos operadores existirán en el futuro. Después del despliegue, me atrevería a decir que depende de la regulación. Si en ese equilibrio de proteger las inversiones y asegurar el rápido despliegue de la red se opta por
favorecer, directa o indirectamente, al incumbente, me temo que al final solamente habrá un operador en ese mercado. Si se opta por una solución de desaparición de barreras legales y de reducción de las barreras económicas, posiblemente habrá más
entrantes en el mercado y se incrementará la competencia.



En grandes líneas, no sé si acierto, pero en las grandes magnitudes el despliegue de las redes de alta velocidad en fijo dicen que cuesta alrededor de los 80.000 millones de euros. Obviamente esto solo lo podrá realizar uno. De tener en
cuenta la regulación que ha realizado la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones -permitir la competencia en infraestructuras mediante el acceso a los canales-, se reduce, pero, según me dicen, no creo que se reduzca a más de la mitad. Por lo
tanto, con operadores que están presentes en ese mercado con tan limitado número, tampoco es previsible que se pueda favo


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recer la presencia de muchos operadores. Si se atiende al modelo que nosotros estamos proponiendo, indudablemente, en la medida en que se necesite menos inversión para llegar al usuario final, habrá más operadores. Obviamente esto
significa que se tiene que retribuir adecuadamente al mayorista que preste los servicios, pero no es previsible que quien tiene una cuota de mercado del 7 por ciento realice una inversión de 40.000 millones cuando hay otro que tiene el 70 o el 80
por ciento, y no es previsible que pueda tener incentivos para ofrecer cambios en el servicio o el acceso a los nuevos clientes.



Me habla S.S. del triple play. Yo voy incluso más allá, al cuádruple. Hoy en día la oferta de fijo-móvil-Internet más televisión de pago es la que en nuestra opinión se va a terminar imponiendo. ¿Y cuál es la realidad actual? Pues que
solamente existe en España un operador que tenga presencia real o potencial en todos esos mercados, uno de ellos a resultas -y no voy a insistir más- del expediente de concentración. Pero tenemos un operador de cable que no tiene presencia en redes
de móvil y tenemos otros operadores de móvil que tienen una presencia mínima en fijo, lo cual supone un desequilibrio competitivo y por tanto será conveniente que haya una regulación adecuada para favorecer que todos los operadores puedan en la
medida de lo posible competir en igualdad de condiciones.



En cuanto a la televisión de pago e Internet, creo que es la gran posibilidad, porque la rapidez en Internet y el ofrecimiento de contenidos va a ser el elemento adicional que permita a los distintos operadores competir realmente, porque en
telefonía de voz y de precios la experiencia nos dice que la competencia en precios tal vez no incentiva en exceso -en exceso, ¿eh?, en algunos casos, promociones, etcétera- al cambio de operador. ¿Y dónde puede estar ese valor añadido?
Fundamentalmente en la rapidez de la red y en la oferta de contenidos.
Teniendo en cuenta esa realidad, creemos que hay que impedir que las limitaciones de los mercados off line se trasladen a los mercados on line. ¿La previsión temporal? Le digo
lo mismo que sobre los planes de los operadores, señoría, no lo sé. En este caso nosotros no somos reguladores. Son los reguladores -la Setsi o la CMT- quienes podrán contestarle e, insisto, me temo que no voy a poder contestarle ni siquiera por
escrito más allá de la información que sea pública.



También me pregunta acerca de cuáles son las líneas rojas. La autoridad de la Competencia siempre tenemos que poner el acento en el funcionamiento más competitivo y este induce a pensar que aquel que permita la entrada del mayor número de
entrantes, con la desaparición de cualquier barrera legal o la disminución del importe económico para que disminuyan las barreras de entrada de tipo económico, favorecerá un régimen más sano y competitivo, con independencia de que hay un tema que
nos preocupa y al que anteriormente he hecho mención. En estos momentos está garantizado el acceso para terceros operadores que no son propietarios de red al par de cobre, ya saben ustedes, por la legislación, por haberlo heredado del antiguo
monopolio, etcétera, pero si este par de cobre coexiste o es sustituido por la fibra óptica, ¿qué ocurre con esos operadores a los que en estos momentos la regulación les asegura el acceso en condiciones favorables al par de cobre si no pueden
acceder al sustitutivo? Y aunque permanezca el par de cobre, si es el mismo el propietario de la red de fibra óptica que el de cobre, no hace falta ser adivino para llegar a la conclusión de que terminará desinvirtiendo o descuidando el par de
cobre.
Por tanto, proponemos esos modelos de acceso a los terceros o un sistema parecido, fundamentalmente las escaleras de inversión, que tratan de buscar ese equilibrio entre la retribución de las inversiones, evitar el parasitismo y, por otro
lado, incrementar la competencia. Decía el penúltimo porque he visto que en otra hoja había apuntado la neutralidad de la red.



Con todas las observaciones que he hecho, con todas las cautelas, ya le digo que nuestra opinión en principio es favorable al mantenimiento de la neutralidad de la red. En todo caso, lo que sí tenemos que garantizar -porque sino sería
cruzar una línea roja- es el acceso a la red de los proveedores de contenido, de los proveedores de servicios de Internet, en condiciones no discriminatorias, es decir, que el propietario de la red no trate de forma diferente a unos proveedores de
contenido y a otros, porque eso sí que constituiría la línea roja a la que S.S. ha hecho alusión.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención.



Suspendemos unos minutos para dar entrada al próximo compareciente.
(Pausa.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (RODRÍGUEZ ILLERA). (Número de expediente 212/001117.)


El señor PRESIDENTE: Tenemos con nosotros a don Reinaldo Rodríguez Illera, presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, al que una vez más damos la bienvenida a esta Comisión. Sin más le cedemos la palabra para que
realice una primera exposición. Tiene el tiempo que necesite para la intervención, alrededor de 15 ó 20 minutos es lo que estamos utilizando. Tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (Rodríguez Illera): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, ante todo quiero agradecerles la oportunidad de poder transmitir parte del trabajo de todos los días y exponer mi opinión sobre uno de los temas más significativos en cuanto al desarrollo de las comunicaciones electrónicas, de las
telecomunicaciones y casi de las tecnologías de la información y las comunicaciones de nuestros días, como son las condiciones para el desa


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rrollo y despliegue de las llamadas redes de alta velocidad, redes de acceso a nueva generación, redes de nueva generación y un sinfín de apelativos, que se están convirtiendo -y de hecho es uno de los tópicos políticos que incluso se
menciona en el borrador de la agenda digital que próximamente se aprobará por parte de la Unión Europea-, en una inquietud cada vez más intensa en la mayor parte de los Estados del mundo occidental en general y de la Unión Europea en particular; es
la preocupación de en qué entorno, con qué condiciones y qué posibilidades hay para el desarrollo de estas infraestructuras, ya que por las distintas tecnologías que participan en ellas y por las implicaciones que tienen sobre el futuro de nuestra
sociedad hay un consenso prácticamente generalizado sobre su carácter estratégico para el propio desarrollo de la sociedad de la información y de la competitividad de nuestros países.



Me van a permitir que haga un poco de backtrack en términos regulatorios porque, aunque en muchos casos la regulación asociada a las redes de acceso a nueva generación es todavía noticia, hace poco el presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia se refería a esa recomendación en cuyo texto lleva trabajando la Comisión Europea desde hace dos años y que probablemente verá la luz o bien antes o bien inmediatamente después del verano, sin embargo tengo que decir que la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones en particular y algunos reguladores europeos, principalmente el francés, quizá el portugués, indudablemente el español y también el alemán, hemos sido hasta cierto punto precursores en cuanto a la regulación de un
entorno de mercado que intentase contemplar la necesidad de hacer un caldo de cultivo suficientemente adecuado o al menos no contrario al desarrollo de este tipo de infraestructuras. Me estoy refiriendo básicamente a la regulación de los llamados
mercados cuatro y cinco en el argot regulatorio, básicamente estaríamos hablando de los mercados de infraestructuras de telecomunicaciones, y de los mercados de acceso a Internet en el entorno mayorista, es decir, mercados en que unos operadores
venden a otros capacidades de red para con ellos plantear servicios, que fue el resultado de un proceso de revisión de mercados que acometió la CMT durante el año 2008, que finalizó en enero de 2009 y que hemos estado desarrollando en cuanto a
normativa secundaria durante el año 2009 y 2010. De hecho, probablemente algunos de los aspectos de esa regulación se van a seguir desarrollando durante este mismo año 2010 y después del verano habrá algún documento importante al respecto.



¿Qué entorno regulatorio es el que se ha planteado y qué problemas intentaba resolver ese entorno regulatorio? Nos encontramos en una situación en que han pasado prácticamente del orden de doce años desde la liberalización del sector de las
telecomunicaciones, doce años en que, primero, ha habido una liberalización muy orientada al servicio telefónico para, en una segunda etapa, incidir en mercados mucho más agresivos como puede ser el mercado de acceso a Internet de banda ancha en el
segmento de tecnologías fijas. En el segmento de móviles ha habido una evolución con un entorno competitivo más estable, basado en un modelo competitivo distinto, que se ha prolongado a lo largo de la introducción sucesiva de nuevas tecnologías y,
como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio que han empezado apoyados principalmente en la voz, después han ido evolucionando a la distribución de contenidos utilizando mensajes cortos y mensajes multimedia,
y ahora están prestando también servicios de acceso a Internet en banda ancha sobre infraestructuras móviles. En ese entorno en el que nos encontramos en este momento tenemos, por un lado, la evolución de los servicios que pueden prestarse con las
infraestructuras clásicas que se han heredado de la época del monopolio, básicamente tecnologías caracterizadas por un diseño asociado a la voz en la parte núcleo de la red y en una tecnología de transmisión sobre cable par de cobre en la parte de
la red de acceso.
Ese tipo de aprovechamiento, que ha supuesto la extensión en el tiempo de la utilidad de la red clásica, dado que han aparecido tecnologías que han permitido explotar la antigua red telefónica para dar acceso a Internet de banda
ancha hasta unas velocidades significativas, está empezando a llegar a la última fase, dado que la propia infraestructura de cobre tiene unas limitaciones que a futuro van a significar tarde o temprano una barrera para el desarrollo de las nuevas
capacidades que previsiblemente serán demandadas por los ciudadanos y que, por tanto, deberán tener que ser satisfechas por los operadores explotadores de esas redes o prestadores de servicio.



Ante esa circunstancia ya hace tiempo que han aparecido unas tecnologías que tienen un potencial de sustitución y de garantizar una duración suficientemente larga en el tiempo -estoy hablando superiores a los veinte, veinticinco o treinta
años-, que son básicamente las infraestructuras a nivel fijo de soporte de fibra óptica. A nivel móvil también han aparecido otras tecnologías, pero esas tecnologías son más evolutivas porque en el fondo son tecnologías que, utilizando nuevas
frecuencias, permiten un mayor aprovechamiento y, por tanto, dan capacidades mayores, pero que se sustituyen mutuamente a lo largo de distintas generaciones. Con un plazo de tiempo, probablemente cada diez años, aparece una nueva generación que
sustituye a la anterior paulatinamente y se va solapando. Decía que, al contrario que en el modelo de competencia que tenemos en el mercado móvil, basado en una competencia en infraestructuras y soportada por tres o cuatro operadores, en el
segmento fijo la infraestructura principal heredada del monopolio, que es la red de Telefónica con una tecnología de cobre, ha alcanzado o está próxima (cuando digo próxima estoy hablando de un lapso de tiempo variable entre cinco y diez años) a sus
capacidades máximas para soportar los servicios de mayor demanda y con más impacto en la sociedad, como pueden ser los servicios de acceso a Internet en banda ancha, y eso trae consigo que estamos entrando ya en una necesidad de renovar esas infraes


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tructuras. Pero es la primera vez que se tiene que abordar una renovación de esas infraestructuras en un entorno de competencia, y eso plantea diferencias, dificultades y ventajas que no existían en la época del monopolio. En la época del
monopolio, por el hecho de que existiera una única empresa bien de control público, bien controlada a través de los instrumentos concesionales o bien directamente porque había participación pública en ella y se gestionaba desde dentro, se podían
implementar políticas más o menos voluntaristas, más o menos asociadas a la evolución de ingresos, se podían plantear políticas retributivas de los servicios, y en conjunto podía plantearse en un momento dado que desde el poder público se indujera
un desarrollo de nuevas tecnologías, de despliegues o de alcance de coberturas más o menos integrales hasta el cien por cien de la población. Es decir, no estaban gestionadas exclusivamente por el afán de que hubiese una retribución suficiente de
capital o por un afán de retribución claramente definido.



En este momento funcionamos en un entorno de mercado. ¿Cuáles son las diferencias? En un entorno de mercado obviamente la lucha competitiva incentiva a que las distintas tecnologías disponibles se puedan introducir más rápidamente en el
mercado, como consecuencia de la presión competitiva de los otros agentes. Por otro lado, a la hora de achatarrar, arrumbar, dejar de utilizar infraestructuras obsoletas, si no se tiene control del mercado, ante la presión competitiva, no te queda
más remedio como operador que hacer esa evolución tecnológica. Después hay otro factor, que lo ha sido siempre, y es que las inversiones tienen que tener una cierta credibilidad desde el punto de vista del inversor para suponer que voy a poder
recuperarlas con un margen adecuado a mi actividad. Ese es el otro factor que condiciona la inversión. Por tanto, uno es la presión competitiva y otro la capacidad de recibir una retribución a mis inversiones en un tiempo razonable. Y digo que en
este momento es la primera vez que se plantea una renovación importante de infraestructuras porque las infraestructuras de las redes fijas tienen como característica principal un extraordinario y mayor coste que las infraestructuras de telefonía
móvil y radioeléctricas, en particular, provocado por la necesidad de conectar por vía física, y no tanto, pero también, por el medio físico que se tiene que instalar, por la obra civil que hay que utilizar para llegar desde los centros de presencia
de los operadores hasta las residencias de los ciudadanos o las empresas, que son los clientes. Eso genera que haya un extraordinario diferencial en coste, radicado principalmente en la red de acceso. Para que tengan un orden de magnitud, la red
de acceso de cobre, en relación con el total de las infraestructuras de una red de telecomunicación como la de Telefónica, representa entre un 65 y un 70 por ciento de los valores en activos, es decir, un 70 por ciento del total de inversión
necesario para cubrir el país se radica en esa red de acceso, que principalmente empieza en una central y acaba en el domicilio del ciudadano. Estos condicionamientos no han variado por la sustitución del cobre por fibra óptica, sigue siendo la
mayor parte del grueso de las inversiones, lo que más coste trae y, por lo tanto, lo que genera mayor condicionante en cuanto al número de infraestructuras y en cuanto a la capacidad de recuperación de las inversiones. En un entorno competitivo,
por un lado, tenemos el incentivo del operador que se quiera diferenciar de los otros, que va a estar inducido a hacer esas inversiones. Por otro lado, en un entorno competitivo con mayor reparto de los mercados la capacidad de recibir ingresos es
menor que cuando se controla todo el mercado, por lo que la retribución de las inversiones está más asociada a la capacidad que yo tengo de generar ingresos y, en consecuencia, el propio mercado va a imponer una racionalidad en las inversiones,
hasta el punto de que si no se considera claramente que puede haber una retribución, esas inversiones no se harán, se detraerán o se retardarán en el tiempo. Por eso estamos en una circunstancia totalmente distinta a la que generaron aquellas
grandes inversiones en la época final de los años ochenta y principios de los noventa, donde se completó la cobertura telefónica, donde se llegó al cien por cien de cobertura integral y donde se garantizó toda la cobertura de extensión del servicio
universal.



En ese entorno es donde la comisión ha tenido que hacer una regulación en la que se plantease una dualidad de objetivos: por un lado, garantizar, proteger y, si es posible, impulsar una mayor competencia; y, por otro lado, garantizar esa
competencia no solamente sobre la base de una regulación de apertura de redes, sino también fomentar una competencia en las infraestructuras. Entendemos que una de las misiones que tenemos los reguladores y que está fijada por la ley, tanto la
europea como la nacional, es fomentar las inversiones y garantizar una competencia autosostenible para que cuando se retire la regulación esa competencia pueda mantenerse por sí sola y podamos en un momento dado desaparecer del mercado y dejarle la
función de supervisión de defensa de la competencia a mi colega que ha estado antes con SS.SS. La obligación final de los reguladores es desaparecer y en ese sentido la comisión ha hecho su trabajo y lo hizo en el año 2008. ¿Qué ha significado
eso? Que hemos tenido que hacer una regulación equilibrada de acuerdo con nuestro análisis de mercado que, por un lado, mantenga y -si es posible- promulgue la competencia de servicios y, por otro lado, promueva, mantenga e incremente la
competencia en infraestructuras. Sabemos que en este negocio de las telecomunicaciones el número de operadores que puede competir en un momento dado en infraestructuras con el enorme coste de las inversiones asociadas es mucho menor que el número
de operadores que puede competir en un entorno de servicios mayoristas asociados a las infraestructuras existentes. Pero estamos en una situación en la que hay que promover la capacidad de renovación de esas infraestructuras. Ante esa situación,
la regulación ha sido de


dos tipos. Por un lado, una regulación orientada a mantener la competencia, lo que ha significado que hemos


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seguido manteniendo un determinado tipo de regulación de acceso a las redes del operador dominante -Telefónica- en el servicio de acceso indirecto, mercado 5 en el argot de la normativa europea. Por otro lado, hemos planteado nuevos
instrumentos regulatorios que permitan a aquellos operadores que lo deseen profundizar en una competencia basada en infraestructuras. Como consecuencia de ello, se desarrolló en un momento dado una serie de instrumentos regulatorios que formaban
parte de los contemplados en el marco comunitario y en la legislación nacional, principalmente el acceso a las infraestructuras civiles del operador incumbente -es decir, a los conductos, cámaras de registro, postes y demás obra civil del operador
incumbente, Telefónica-, que es un recurso que da poder de mercado y que representa alrededor del 50 ó 60 por ciento de las inversiones que tendría que hacer un operador nuevo para desplegar una infraestructura comparable a la que puede desplegar
Telefónica. Por tanto, estamos intentando generar una herramienta regulatoria que reduzca los costes de despliegue de redes de alta velocidad.



Obviamente eso no significa que con esas herramientas regulatorias se consiga todo. Hay otro cuello de botella competitivo que detectamos que se refiere a las infraestructuras internas de los edificios. Desplegar dentro de un edificio una
red moderna es el segundo mayor coste después de la red de acceso y comparable al primero, y ahí hay un problema de utilidad del despliegue. No tiene mucho sentido duplicar unas infraestructuras dentro de los edificios. En España, al contrario que
en muchos otros países, tenemos una regulación de infraestructuras dentro de edificios que está siendo actualizada en estos momentos. Es un real decreto que va a permitir garantizar que cuando se constituyan las comunidades de vecinos reciban una
infraestructura suministrada por el constructor a la que se puedan conectar todos los operadores, con lo cual se reduce una barrera de entrada en términos de inversión para ese tipo de edificios. Pero obviamente la mayor parte de las construcciones
no las tienen, o bien porque no son de nueva generación -es decir, porque son infraestructuras de cobre- o bien porque sencillamente se construyeron los edificios antes de la primera regulación. Eso implica que esa actualización va a tener que
contemplar también esa circunstancia.
Mientras tanto, para aquellos edificios que no estén definidos en el Real Decreto de infraestructuras internas de edificios la comisión ha establecido la obligación de que el primer operador que cablee un
edificio comparta esa red cableada con los otros operadores mediante acuerdos y a un precio razonable. Esa es otra de las regulaciones que han sido contempladas dentro de la política regulatoria que ha abordado la comisión.



En resumen, a principios de 2009 la comisión aprobó su primer paquete de medidas regulatorias, estableciendo principalmente la apertura de las infraestructuras civiles del operador de telecomunicaciones principal que es Telefónica. Tres o
cuatro meses después aprobamos una regulación simétrica para todos los operadores que establece que el primer operador que entre a un edificio tiene que dar acceso y compartir su infraestructura dentro del edificio con cualquier operador que se lo
solicite. Con ese paquete se pretendía poner las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo de redes de acceso de fibra óptica cableada hasta el hogar, es decir, lo que se llama en el argot FTTH, fibra hasta el hogar, en inglés. Ese el
objetivo de esas dos regulaciones.
Posteriormente, esas regulaciones, que eran obligaciones principalmente dirigidas, una, a Telefónica y, otra, a los otros operadores, se han tenido que materializar en una oferta técnica concreta por parte de
Telefónica. Esa oferta, que ha sido la denominada oferta marco, la oferta de acceso a las canalizaciones, se ha completado recientemente, hace dos o tres meses, y ya está funcionando. De hecho, hay casi unos 1.200 ó 1.300 proyectos de utilización
de esos conductos que van a permitir ese tipo de despliegues. Sin embargo, y tengo que reconocer que no todo está funcionando bien, como consecuencia de la crisis ha habido una retracción de demanda y ha habido una paralización de los planes de
inversiones tanto de Telefónica como de algunos otros operadores. Como consecuencia de ello, esta regulación no está dando todo el partido porque las condiciones del entorno no son solamente las regulatorias, son también las económicas. Por lo
tanto, en este momento esta regulación no ha llegado, y probablemente no llegará a todo el potencial hasta que cambien las condiciones de contorno. Mientras tanto, lo que ha hecho la comisión es permitir que este acceso a los conductos de
Telefónica no se utilice solamente para redes cableadas de nueva generación sino que también puedan ser utilizadas para las otras redes de nueva generación que se están desplegando, básicamente las nueve redes de nueva generación móvil y también las
redes de nueva generación de cable. Obviamente, con una salvaguardia: el cable, al ser una tecnología que ocupa mucho más espacio en los conductos, tiene unos ciertos límites en la regulación para que no sature la capacidad en caso se escasez de
capacidad; es decir, el cable puede utilizar los conductos, pero hasta el límite de que en un momento dado no sature los conductos y no puedan ser utilizados por terceros. Por otra parte, que se puedan utilizar los conductos para tender fibra con
vistas a conectarlas a estaciones base de tercera o de cuarta generación va a permitir que por vía móvil se aumenten muy fuertemente las velocidades y las conexiones a Internet que necesitan los operadores móviles. Por lo tanto, estaríamos
cubriendo un recurso utilizable desde un punto de vista tecnológico de forma bastante neutral, que era uno de los objetivos de esta regulación.



Segundo problema, ya no de índole regulatorio, pero sí de índole económico, la viabilidad, la capacidad de cuántas infraestructuras nuevas pueden en un momento convivir de una forma razonable para poder recuperar las inversiones. Hace un
año y pico la comisión encargó un estudio para poder responder a esa pregunta. De


acuerdo con la situación socioeconómica de los distintos


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territorios y las previsiones de demanda que podíamos hacer, cuántas infraestructuras de un determinado tipo, básicamente cableadas, podrían convivir en un momento dado. Obviamente, un estudio de este tipo está sujeto a los condicionantes
de que hay que hacer previsiones a muy largo plazo, estamos hablando de quince años de previsiones de demanda, y que las condiciones tecnológicas pueden cambiar hasta el punto de que las premisas de partida del estudio cambien y, como consecuencia
de ello, las conclusiones no puedan ser válidas. En cualquier caso, se encargó el estudio, el estudio analizó distintos geotipos, entendiendo por tales distintos tipos de municipios caracterizados por su extensión, por su densidad de población, por
su nivel de riqueza, con vistas a poder categorizar el país en distintos geotipos y ver qué previsiones de demanda podían ser asociadas a ese tipo de genotipo, qué previsiones de costes podría generar el despliegue de redes en ellos. Por lo tanto,
con unas hipótesis de recuperación de la inversión a quince años, con unos ratios de interés básicamente similares a los que se están asignando regulatoriamente a Telefónica, podía haber una viabilidad. Ese estudio, que está colgado en la web y que
en su día me parece que se comunicó también a este Congreso para que estuviese disponible, nos dio que, en el caso peor -y tengo que decir en el caso peor porque en prensa a veces se ha considerado el caso peor como el caso medio-, habría un
problema de no garantizar que con criterios de mercado se pudiese alcanzar o superar el 50 por ciento de los hogares de este país. Repito, en el caso peor, en el caso normal probablemente podría ser alcanzable el 70 ó 75 por ciento. No creo que
hubiese un caso óptimo, porque eso representaría que hubiese una demanda muy alta de productos televisivos, que hubiese unos precios muy altos de servicios, etcétera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos estudios tienen las limitaciones
que tienen. También en ese estudio llegamos a la conclusión de que en determinados geotipos, principalmente en Madrid y Barcelona, probablemente podrían convivir, aparte de la red de Telefónica y de una red de cable, un par de redes de operadores
alternativos, siempre y cuando utilizasen la infraestructura civil a precios orientados a costes. Es una de las razones por las que la comisión, a la hora de revisar la oferta marco de Telefónica, cambio los precios de esa oferta marco y los redujo
a los puros costes obtenidos de la contabilidad de costes del operador. Con esos planteamientos se dan las condiciones para que pudiese haber un nivel de competencia en infraestructuras que pudiese llegar hasta unas tres redes en aquellas zonas de
alta densidad de población y alto poder adquisitivo, y donde pudiese haber un par de ellas en una serie de poblaciones normalmente superiores a 50.000 habitantes. Por debajo de los 50.000 habitantes hasta los 20.000 ó 10.000 solo una podría ser
viable - dependiendo de los casos puede ser una o dos-, y a partir de un cierto nivel de densidad de población ninguna red sería viable salvo que hubiese un apoyo público a la inversión. Por tanto, las conclusiones de aquel estudio indican que hay
posibilidades de competencia en infraestructuras en una parte del país; hay posibilidades de despliegue rentable de una red en monopolio en otra parte del país, y para completar el acceso con este tipo de tecnologías a todo el país probablemente
será necesario un cierto apoyo desde la iniciativa pública, algo que no es tan extraño para aquellos que hemos vivido la última etapa del despliegue de las redes de cobre, donde en los últimos procesos de extensiones rurales tuvieron que hacerse con
ayuda financiera del sector público al propio operador, aparte del mantenimiento de unas tarifas que probablemente eran más altas de las que se podían exigir, pero que sirvieron en un momento dado para garantizar las subvenciones internas que
permitiesen la cobertura integral.



Señorías, ese sería el dibujo que yo haría de la regulación de telecomunicaciones que ha hecho el regulador, en su papel de regulador, que recuerdo que es el de árbitro de un mercado y el de establecer unas condiciones regulatorias que
permitan una competencia sostenible allá donde se pueda -no se va a poder en todas partes-, y donde no se pueda garantizar una regulación que, ante la existencia de un potencial monopolio, mantenga unos derechos de acceso a nivel de servicio para
que donde los usuarios no tengan el suministro de distintas ofertas e infraestructuras, en competencia, puedan tener distintas ofertas de servicios utilizando servicios mayoristas garantizados por el regulador.
Obviamente no hemos intentado hacer
una regulación tecnológicamente neutral, porque la tecnología todavía es difícil de prever. Es decir, si en un momento dado en parte del país esas redes que competirán van a ser de carácter fijo, es decir, cableadas o radioeléctricas, lo dirá la
propia evolución del mercado. Es posible que alguna de las zonas en que nosotros hemos calculado que puede ser viable una red cableada, una segunda o una tercera red cableada, una tecnología radioeléctrica más eficaz pueda ser sustituida, y
entonces no tengamos a lo mejor dos o tres, sino que tengamos más, porque hay más oferta basada en redes móviles que en redes fijas. Pero eso forma parte de la competencia en infraestructuras y de un proceso de convergencia fijo-móvil, que es una
realidad que va a ser cada vez mayor. Las cifras sobre situación de mercados, de ofertas empaquetadas, que también ha comentado antes el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, las hacemos públicas año a año, y nos demuestran cada vez
más que el negocio va orientado a ser más convergente entre infraestructuras fijas y móviles y entre una gran diversidad de servicios, desde la voz hasta los contenidos, y eso es lo que en un momento puede provocar que las expectativas de
competencia en infraestructuras sean mayores incluso que las previstas, porque tenemos -repito- en el caso peor, es decir, con el tipo de red más cara y con el tipo de demanda menos creciente a futuro, unas conclusiones, pero las conclusiones
podrían ser mejores si la evolución futura fuera mejor, más proclive a un mayor


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número de ingresos o más proclive a una mayor demanda por parte de los ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, agradecemos la presencia del presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y es evidente que la opinión del regulador es básica en el debate que estamos planteando en esta
Comisión; debate que se plantea porque pensamos que en España se tiene que tomar una posición respecto a estas redes de alta capacidad, aunque en estos momentos estamos es un entorno de incertidumbre o no satisfactorio.



Con anterioridad a la comparecencia, tanto del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia como de la suya, tuvimos una sesión en la que intervinieron los cinco operadores principales. La verdad es que todos ellos se mostraron
dispuestos a invertir, y la impresión que tuvimos -al menos este portavoz- fue que el marco regulatorio era lo que les desanimaba a hacerlo. Sin embargo se ha referido el señor presidente a la paralización parcial o a la ralentización de las
inversiones que estaban previstas por la crisis. Me gustaría, si pudiese extenderse en este punto, que nos indicase su consideración sobre uno de los aspectos a los que se ha referido: la diferencia entre las grandes ciudades, las medias y las más
pequeñas. En las primeras la competencia es perfectamente posible; en otras no podría ser viable más de una red, que tendría que ser compartida por los operadores, y en las poblaciones de menor densidad serían necesarias las ayudas públicas. Es
la posición que ha mantenido la comisión. Hoy por hoy no es una posición asumida, y nos gustaría saber si es un problema de la posición europea, si estamos esperando a alcanzar esa posición o si hay una posición del Ejecutivo al respecto, porque sí
hubo -y quizá el compareciente ha podido ver los 'Diarios de Sesiones' de la sesión que tuvimos sobre este mismo tema hace dos semanas- una voluntad y una insatisfacción respecto del marco -evidentemente distinta, según quién era el operador que
comparecía, como es lógico-, aunque el hecho cierto es que no se está desplegando la red, que es muy importante para la competitividad de la economía española, para poder prestar un servicio que por otro lado se está demandando y deseando, y que
como bien nos ha dicho va a figurar en la agenda digital. Precisamente por eso se produce aquí este debate, porque queremos tener las ideas claras y actuar también desde la Comisión como un estímulo para que se tomen las decisiones adecuadas.
Además de la reflexión anterior que le he hecho, no sé si tiene alguna opinión comparada sobre si hay algún modelo de algún otro país, entorno o región en donde se haya resuelto de manera más satisfactoria para favorecer el despliegue de las redes
de alta capacidad, preservando evidentemente la competencia en este sector.



Sobre la delimitación de las distintas zonas geográficas ya nos ha hablado, pero la pregunta sería por qué esto no se hace, dónde está el problema. Se ha detenido más en la parte fija, pero en la móvil nos gustaría conocer su opinión, su
posición sobre la atribución de frecuencias y el posible impacto, tanto en la competencia como en la viabilidad de este despliegue que deseamos. Y puesto que se ha referido el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a las
consecuencias de los tiempos de crisis, me gustaría preguntarle si no considera que en tiempos de crisis tendría sentido que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fuera el órgano convergente de telecos y servicios audiovisuales, porque
dado que se está produciendo también esta convergencia entre todos estos ámbitos podría ser un elemento dinamizador, quizá por clarificador y por dotar de seguridad a todo este sector que, siendo convergente, parece que tendría sentido que el órgano
regulador fuera también convergente.



El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra por el Grupo Socialista doña Lourdes Muñoz.



La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Quiero agradecer al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones su participación en estas comparecencias en el Congreso, en las que los grupos hemos acordado tratar también en el Parlamento
una cuestión clave como es el despliegue de redes de alta capacidad o velocidad, ya que consideramos que son fundamentales para el desarrollo de las tecnologías, de la modernidad de nuestro país, para generar oportunidades, y sin duda también para
el cambio de modelo productivo necesario en nuestro país.



El Grupo Socialista ha preparado como antecedente toda una batería de preguntas que intentamos poner en común a todos los comparecientes, para que cada uno desde su óptica o conocimientos responda o no, si quiere en persona o posteriormente
por escrito, como han hecho alguno de los operadores. La primera es si conoce la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones las inversiones de redes de alta capacidad que tienen previsto realizar los operadores a medio plazo, y si tienen
previsto realizar algunas en las zonas rurales o de baja densidad. Otra de nuestras preocupaciones se refiere a qué operadores o cuántos operadores disponen de redes troncales de fibra óptica interurbanas que les permitan desplegar redes de nueva
generación hasta los hogares. Los que las tienen cómo las han podido desplegar y los que no, por qué no ha sido posible ese despliegue; y cuáles cree usted que son los obstáculos para invertir en despliegue de fibra en los hogares. Otra cuestión
es el posible aprovechamiento de las infraestructuras públicas, y si cree que las infraestructuras de telecomunicaciones de las que disponen las administraciones públicas, como carreteras o ferrocarril, pueden aprovecharse de una manera más
eficiente, poniendo su capacidad excedente a disposición de otras entidades públicas o incluso, por


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qué no, de operadores en ciertas condiciones. En las últimas semanas se ha producido un cambio en el panorama del mercado. Hay voces que opinan que puede cambiar la situación entre oferta y demanda, sobre todo en el llamado triple play,
teléfono fijo, Internet y televisión, que hasta ahora existía pero no había mucha demanda. Pero parece o dicen que la alianza de algún gran operador con parte de la industria de contenidos podría cambiar la situación del mercado, y podría cambiar
la situación de competencia. Queríamos saber si cree que es posible que eso altere la situación de competencia en nuestro país. Respecto a la competencia más en concreto le preguntaria si cree en general que los operadores de redes de nueva
generación en España ofrecen mejores velocidades y precios más altos que los correspondientes operadores en otros países europeos, y si estima que puede haber alguna medida concreta en ese sentido para acercarnos o si no es posible en el entorno de
nuestro país. Cuál es su previsión o predicción sobre los tiempos de los que estamos hablando para establecer unas redes de nueva generación en un porcentaje importante del país, a lo mejor no totalmente de entrada, o para una cobertura total o
cuasi total. Cuáles son desde este punto de vista las líneas rojas que deberíamos marcar con el doble objetivo de fomentar la competencia y a la vez desarrollar las redes de nueva generación. Además hay otro debate abierto, especialmente en los
Estados Unidos, y ahora también en Europa, que se refiere a la necesidad de preservar o no la net neutrality, la neutralidad en la red. Queremos saber su opinión, la de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre la necesidad y la
importancia de preservar esa neutralidad en la red.



El señor PRESIDENTE: Puede contestar a las cuestiones planteadas. Ya sabe que puede contestar por escrito a alguna cuestión si es preciso. Tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (Rodríguez Illera): Voy a intentar contestarlas todas. Si me dejo alguna, me lo recuerdan. Voy a empezar por las que me ha planteado el señor Cortés, y después las
que me ha planteado la señora Muñoz.



La primera es relativa a profundizar sobre la parálisis de las inversiones motivada por la crisis. Telefónica anunció hace tres años ante la junta de accionistas sus intenciones de invertir 1.000 millones de euros en tres años en redes de
tecnología 'fibra hasta el hogar' en determinadas zonas del país. En el marco de los análisis de los mercados le pedimos a Telefónica que nos comunicase todos los sitios donde lo iba a hacer, y que además nos lo advirtiese con seis meses de
antelación para poner esa información a disposición de sus competidores, con vistas a que ellos tuviesen una capacidad generada porque, primero, esto podía impactar sobre los servicios mayoristas que utilizan esta fibra y, segundo, porque impacta
obviamente sobre el mercado. Posteriormente, hace un año y medio o dos años, en otra junta de accionistas Telefónica anunció que por motivo de la crisis -y realmente lo que hizo fue anunciar algo que ya había hecho- había tomado la decisión de
ralentizar las inversiones, hasta el punto de que mantenía las cantidades, pero extendía el plazo temporal en cinco años, lo cual significaba que donde antes había un planteamiento de inversiones del orden de 300 millones de euros al año, esto
quedaba más o menos paralizado y se extendía hacia delante.



Hasta el momento las cifras comunicadas por Telefónica, grosso modo -y estoy hablando un poco de memoria-, responden a unas 350.000 unidades de habitabilidad, es decir hogares y negocios cubiertos por la red 'fibra hasta el hogar' de
Telefónica, lo cual no es muy impresionante. Los objetivos que habían planteado inicialmente eran mucho mayores; eran -también estoy hablando de memoria- del orden del 15 o el 20 por ciento de los hogares a nivel nacional, pero ese es el grado de
despliegue que se ha hecho hasta ahora en términos de cobertura por hogares. En términos de penetración estaríamos hablando de unas 15.000 ó 20.000 líneas de acceso a Internet de banda ancha, soportadas por fibra óptica. Ahora pueden ser 25.000
porque estoy hablando de cifras a final del año pasado, y en este medio año me parece que han crecido en un 50 por ciento. En cualquier caso estaríamos hablando de una magnitud de entre 20.000 y 30.000 líneas en servicio, soportadas por fibra
óptica. Esto no significa que sean servicios de alta capacidad, que se estén suministrando 50 ó 100 megabits; se están suministrando velocidades y servicios de 2 megabits, de 6 y de 8, pero sobre fibra óptica. Por tanto la capacidad de red no
condiciona que se estén prestando en este momento los servicios. Hay ofertas de mayor velocidad, pero a unos precios todavía poco asequibles o que por lo menos no están teniendo una gran respuesta en el mercado.



Por el lado de los otros agentes, los operadores de cable han desarrollado una tecnología que les permite con menos inversiones dar ofertas de más capacidad, la Docsis 3, la tercera generación del acceso a datos vía cable, que permite
velocidades de entre 50 y 100 megabits por segundo, y la están comercializando; no la tienen implementada en todo el territorio, pero para ellos implementarla en más sencillo porque no tienen que tocar el cableado, solamente el equipamiento, y en
este momento podríamos estar hablando de unas 120.000 ó 130.000 líneas de acceso a Internet sobre tecnología Docsis 3, distribuida por los principales cableros, los tres del norte más uno. En cualquier caso esto sería en líneas en servicio
actualmente. El potencial del cableado es mayor, aunque no tiene completos los siete millones de hogares de cobertura. No tengo el dato de la cobertura actual, pero si les interesa puedo ampliárselo. En cualquier caso, estaríamos hablando de esa
magnitud. Sí ha habido una retracción de las inversiones, tanto en fijo como en móviles, como reflejan las cifras de nuestros informes


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que tienen a su disposición en la web sobre inversión por parte de los distintos agentes.



Me pregunta también sobre el posicionamiento en materia de ayudas públicas, como forma de coadyuvar a estos despliegues. En este caso hay una recomendación de la Comisión Europea -que me parece que el presidente de la CNC les comentaba
antes- que se aprobó hace unos meses.



Al ser competente de forma completa la Comisión Europea en materia de ayudas públicas, esa recomendación casi se convierte en norma, porque lo que están anunciando es lo que tienen intención de hacer, y ellos son los competentes para esto.
Prácticamente establecen o distribuyen los distintos territorios en zonas que llaman blancas, negras y grises. Las zonas negras son aquellas donde se ha anunciado el despliegue de redes de nueva generación o hay presentes redes normales
disponibles, en competencia. Para que nos entendamos, las zonas donde sería viable que el propio mercado las cubriese. Las zonas blancas serían aquellas donde ni hay anunciado ni se pretende que haya posibilidad de que el mercado pueda encontrar
una retribución suficiente a sus inversiones, y por tanto serían zonas problemáticas de cobertura, en principio. Y las zonas grises son aquellas donde pueda estar anunciado uno o ningún despliegue de redes, y por tanto habría que estudiar caso a
caso, para ver si en un momento dado una ayuda pública distorsionaría o no la competencia. Con ese planteamiento la recomendación es extensa e interesante, y lo que hace es fijar las condiciones que la Comisión Europea aplicaría para autorizar
ayudas públicas sobre esos campos. Más tarde contestaré a las preguntas sobre las distintas iniciativas que se están abordando, de acuerdo con nuestras noticias, en distintos Estados miembros de la Unión Europea asociados a estos despliegues.



Me preguntaba cuál es la posición de los operadores en relación con el marco regulatorio y la mayor o menor facilidad de este marco regulatorio para poder facilitar estos despliegues de redes de nueva generación. Las opiniones de los
operadores suelen diferenciarse en tres grupos. Uno, el incumbente, Telefónica, que tiene una posición muy definida. Otro, los operadores de infraestructuras cableadas y los operadores de cable. Y otro, todos los demás. Telefónica siempre ha
mantenido una posición muy en línea con pedir la desregulación lo más completa posible, y si era posible la desaparición de cualquier tipo de regulación relacionada con las nuevas tecnologías, como base para poder invertir con cierta alegría.
Esa
posición, que no solo es la de Telefónica, sino también la de ETNO, que es la asociación de reguladores antiguos monopolistas en Europa, operadores dominantes, es compartida por todos ellos. Tiene la pega de que fue denegada, tanto en la
negociación del framework, del marco regulatorio que se aprobó a finales de año, como en declaraciones de los distintos comisarios. Las llamadas vacaciones regulatorias han sido rechazadas por la Unión Europea. La Unión Europea no acepta el
concepto de vacaciones regulatorias, y desde ese punto de vista no acepta el modelo norteamericano: no regulamos las nuevas infraestructuras. Por lo tanto, cuando los operadores incumbentes, en particular Telefónica, plantean esa posición se están
refiriendo a un marco continental, porque los reguladores nacionales vamos a tener que funcionar siempre en las coordenadas establecidas por el propio marco. Y dentro del marco no es aceptable una desregulación ex ante sin análisis previo de las
condiciones de mercado. Esa es la opinión que han transmitido multitud de veces los operadores incumbentes.



Por parte de los operadores de redes cableadas con una extraordinaria necesidad inversora, como pueden ser los operadores de cable y hasta cierto punto compartida también por los operadores móviles, su posición es que encuentran interesante
y necesitan considerar necesario acceder a las infraestructuras civiles, porque eso les reduce sus costes. Mientras tanto aquellos que tienen actividad no solo en las infraestructuras físicas, sino también basada en servicios mayoristas, tampoco
quieren que se retire la regulación mayorista, para poder hacer la adaptación o para poder mantener sus cuotas, o incluso incrementarlas, en aquellas zonas donde ellos no vayan a desplegar redes. Por último, los operadores puros de servicio tienen
una posición dirigida a modelos parecidos al del Reino Unido, ahora también implantándose en Suecia, y con unas características peculiares en Italia, de suministro regulado de toda la red, el llamado openreach o la separación funcional, que les
permita una forma muy directa y transparente de poder construir sobre esa red. Y eso es aplicable también para las redes de nueva generación.



Obviamente la posición de la CNMT formó parte de esa motivación cuando se trataron todos estos temas, y fundamentalmente se planteó que una solución tipo openreach, es decir separación funcional, solamente se podría abordar si hubiese un
gravísimo problema de competencia, y no hubiese ninguna otra forma de abordarlo. Es así porque entendíamos que el planteamiento de una red regulada impide el desarrollo completo de las infraestructuras, dado que ningún entrante va a estar
incentivado para invertir, por un lado, y que tampoco va a poder competir, por otro, en servicios mayoristas contra una red regulada normalmente desarrollada por el propio operador. Un segundo aspecto que habría de contener es que si en un momento
dado se plantease una red regulada a esos niveles, habría probablemente que plantearse una situación en la que, si no existe la infraestructura, difícilmente se puede regular. Ese es otro problema que hay que tener en cuenta, que podemos regular
las infraestructuras que existen, pero si como consecuencia de la regulación se limita el despliegue o simplemente este no existe, podríamos regular algo que al final no existiría; por tanto eso es algo que también se tiene que contemplar, sobre
todo cuando estamos hablando de una regulación ex-ante sobre infraestructuras que todavía no se puede decir que existan; a veces están en proceso de planificación. Básicamente esos


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eran los tres grupos de opiniones que plantearon los operadores.



También me pregunta acerca de las iniciativas que se están tomando en otros países. En estos momentos hay una media docena larga de países de la Unión Europea que en mayor o menor medida están tomando medidas de apoyo público al fomento de
despliegue de estas infraestructuras. El tipo de países es muy variable, y si les interesa les puedo facilitar la información que poseemos, que el fondo son informaciones de revistas especializadas o de asociaciones especializadas. En todo caso
les diría que de Portugal a Grecia, pasando por Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, hay en mayor o menor medida iniciativas de ese estilo.
Normalmente el grueso de ellas va dirigido a objetivos de cobertura cuasi integral de redes de
nueva generación, apoyándose ahora en la agenda digital, y están planteándose apoyos de financiación en las llamadas zonas blancas, es decir, aquellas zonas donde se plantea que el mercado no va a poder llegar. En algún caso, como es el de Francia,
también se plantean algunas ayudas asociadas a zonas grises, que han tenido que pasar por el análisis y la autorización de la Comisión Europea. En cualquier caso todo este tipo de ayudas se están publicando; todavía no son excesivamente
importantes en términos económicos, quizá la más importante o una de las más importantes puede ser la anunciada por Francia y Reino Unido, pero como ayudas públicas comprometidas no tienen tanto peso. Es decir probablemente estamos hablando, en el
caso francés, de 2.000 millones de euros, pero todavía no está concretado en un plan; en el caso de Reino Unido estaríamos hablando de cantidades suficientes, pero yo creo que son inversiones que esperan que haga British Telecom en el marco de
openreach. Y en el caso de otros países, como los nórdicos, estamos hablando normalmente de ayudas públicas, bien de fondos estatales o fondos de administraciones locales, compensados y complementados con fondos del Feder, que tiene una partida de
más de millones de euros asignada para el despliegue de estas redes. En el fondo no estamos hablando todavía de grandes cantidades, pero es que quizá estamos en una fase que yo creo que se tendrá que consolidar más en el futuro. En cualquier caso
sí hay distintas iniciativas que están siendo tomadas en el marco de programas nacionales, y con un cierto apoyo público en aquellas zonas donde se prevé que no va a haber desarrollo por parte del propio mercado.



Asimismo me preguntaba mi opinión sobre los procesos de atribución del espectro. Lo hemos dicho públicamente, yo también personalmente, y recojo el parecer de la CNMT, aunque una opinión oficial no la daremos hasta que informemos
preceptivamente sobre las distintas normas que plantee el Gobierno, pero sí podemos decir que el espectro es la gasolina y la infraestructura sobre la cual se construyen las redes móviles. El futuro va a ser de redes convergentes, y por tanto la
utilización de infraestructuras basadas en el espectro radioeléctrico requiere que cuanto antes, y de la forma más equilibrada posible, se pongan los recursos en manos de los que los pueden convertir en infraestructuras y en servicios, que son los
operadores.



Indudablemente comparto la opinión del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia: dentro de lo que hay que plantearse sobre mecanismos de distribución del espectro, estos deben ser transparentes, equilibrados y que generen una
situación de libre acceso, de igualdad de oportunidades, con independencia de que tampoco se puede plantear la realidad, y es que normalmente no vamos a tener un número indefinido de operadores. En el Reino Unido, donde había cuatro, hay un
proyecto de fusión y van a acabar en tres; en España hay ahora mismo tres redes y media de operadores móviles; hay operadores que aspiran a acceder al espectro radioeléctrico; yo entiendo que cualquier proceso de asignación de espectro tiene que
ser suficientemente abierto para que los operadores que quieran invertir puedan acceder a ese espectro en condiciones razonables. Obviamente eso no significa que yo piense que de todo este proceso vamos a tener veinticinco operadores de redes
móviles, porque probablemente serían demasiados para que fueran rentables las inversiones. Por tanto, nos tenemos que mover entre el máximo posible que permitan las condiciones de mercado y el hecho de que tengamos unos operadores con capacidad de
competir, porque no solamente necesitas invertir, sino después tener una cuota de mercado que signifique que el usuario tiene suficientes ofertas para elegir pero, a la vez, que esas ofertas son suficientemente sólidas. Hay que moverse entre la
realidad y el deseo y creo que al final lo normal es que tengamos un panorama competitivo en redes móviles no muy diferente al que tenemos ahora, con independencia de que en un determinado momento pudiese darse el caso de que operadores que no
tienen acceso al espectro pudiesen entrar. No nos olvidemos de que también está el proceso de consolidación que se produce en estos mercados, si hay demasiados operadores para consolidar las posiciones. En cualquier caso, no es labor del regulador
decir cuántos operadores tienen que competir, sino garantizar que las condiciones sean lo suficientemente abiertas para que todo aquel que quiera y pueda entrar en el mercado entre y tenga unas opciones razonables de rentabilizar sus inversiones.



La última pregunta que me hacía el señor Cortés era qué opinaba la CMT sobre un regulador convergente. Aquí la respuesta es muy fácil. Hicimos un informe de casi 350 páginas sobre el proyecto de ley audiovisual en su momento, que nos pidió
el Gobierno. Ese informe es público, creo que es accesible para todos y no voy a poder decir al respecto mucho más de lo que dice un informe en el que incluso el consejo de la comisión planteaba una redacción alternativa, por su convencimiento de
que el operador más eficiente para lidiar con los mercados, que ya son una realidad, era un operador convergente. Indudablemente, la misión del regulador ha sido informar lealmente al Gobierno y al Parlamento sobre la exposición, motivando y
estableciendo unas


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características técnicas, y después, obviamente, son las Cortes las que han tomado la decisión; la decisión ha sido distinta y el regulador no tiene más que acatar esa decisión de quien tiene la representación popular. No tengo mucho más
que decir al respecto que lo que ya se dijo en su momento.



En relación con las preguntas que me ha hecho la señora Muñoz, la primera de ellas era sobre las inversiones previstas por los operadores y cuáles son en zonas rurales. Ya he hablado de las inversiones previstas por los operadores,
Telefónica las anunció y las ha retrasado en el tiempo; Orange ha planteado una serie de proyectos piloto y no tengo noticias de ninguna inversión más comprometida o anunciada por operadores y desde luego ninguna en zonas blancas, ninguna en lo que
podríamos llamar geotipos pequeños, cosa que tampoco me extraña porque normalmente los procesos inversores se empiezan por las zonas más rentables. Por tanto, creo que lo que nosotros consideramos que pueden ser zonas blancas y que coinciden con la
opinión de la mayor parte de los gobiernos y reguladores europeos van a seguir siendo blancas y necesitarán soporte público, en mayor o menor medida, antes o después.



Otra pregunta es si los operadores disponen de redes troncales que les permitan en su momento abordar su conexión a las redes de acceso de nueva generación. Yo diría que el mercado de redes troncales es un mercado que la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones ha declarado competitivo precisamente por existir una oferta suficiente. Es difícil que encontremos zonas donde no haya entre tres y cinco infraestructuras utilizables para prestar esos servicios troncales. Lo que
pasa es que las cosas nunca son blancas o negras, hay zonas del territorio donde conceptualmente estamos hablando de redes troncales y donde probablemente puede no existir una red suficientemente moderna. En ese caso normalmente lo que intenta la
CMT es que sus medidas regulatorias permitan el acceso a la red troncal, que esa sí está prácticamente en todas partes del incumbente, con vistas a que se puedan desarrollar sobre ella servicios de conectividad entre la red troncal del operador y la
red pura de acceso. Dentro de la oferta bucle del abonado, que es uno de los instrumentos regulatorios implementados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, hay una obligación de suministro, de soporte, de capacidad, para conectar las
instalaciones de los operadores en las centrales de Telefónica con sus puntos de presencia, que llamamos en el argot capacidad portador y que en el fondo son circuitos alquilados de conectividad, cuyos precios estamos revisando en este momento, como
hacemos cada equis tiempo, de acuerdo con las nuevas contabilidades de coste de Telefónica, para ajustarlos con vistas a que la marca o la cobertura de las zonas donde hay operadores que utilizan el bucle de cobre de Telefónica se amplíe para
incrementar la competencia.



Esto es así porque hemos detectado también en estudios realizados por la propia Comisión que hay un extraordinario nivel de diferenciación territorial según el tipo de áreas, según la densidad de líneas, que está asociada a la densidad de
población, y en las zonas donde hay bucles desagregados y presencia de operadores que utilizan el alquiler del par de cobre de Telefónica podemos encontrarnos niveles de cuota de mercado de Telefónica del 35 por ciento e inferior, mientras que en
las zonas donde no hay operadores con bucle desagregado puede haber presencia de Telefónica con cuotas de mercado superiores al 65 ó 70 por ciento.
Básicamente achacamos a esta diferencia de esta limitación que tiene el usuario para poder elegir a
que en un momento determinado los costes de estas redes troncales de conectividad podrían ser demasiado altos; por tanto estamos ajustándolos con vistas a que en un momento dado, si los operadores consideran que sus modelos de negocio lo permiten,
no hubiese barreras que permitiesen llegar a una cobertura que, si ahora es del 60 por ciento de la población, pudiese llegar hasta el 75 por ciento.
Entendemos que este es un proceso que normalmente asociamos a las actualizaciones de las
contabilidades de coste de Telefónica; obviamente esta es una de las regulaciones que tenemos previsto desarrollar en los próximos meses y además es una actualización que pretendemos hacer todos los años, con vistas a adecuar los precios de los
servicios mayoristas a sus costes y con ello incrementar la competencia.



Me preguntaba también la señora Muñoz por los obstáculos que encontramos a los spider de fibra óptica en las redes de acceso. Es obvio que he hablado de los problemas económicos. Respecto a los problemas regulatorios, la regulación
sectorial, hemos intentado hacer una regulación que permita ese desarrollo allá donde las subvenciones económicas no lo impidan. Existen todavía algunos problemas que mejorarían bastante si también desde parte de otros poderes públicos se adoptasen
medidas que facilitasen ese despliegue. Principalmente estoy hablando de incrementar la transparencia, la fiabilidad y la sencillez en la utilización de los demaniales públicos por parte de otras administraciones, principalmente administraciones
locales, diputaciones, ayuntamientos, y también por parte del demanial público en manos de la Administración del Estado y de las administraciones autonómicas, léase infraestructuras continuas tales como las ferroviarias, tales como las redes de
autopistas y de carreteras. Creo que se ha avanzado bastante más en las segundas que en las primeras y es indudable que entre el legítimo derecho que tienen las administraciones locales de gestionar y preservar el dominio público local y la
necesidad que tienen de poder utilizar ese dominio público local los operadores, deberíamos ser capaces de encontrar el suficiente equilibrio para flexibilizar, abaratar y sobre todo disminuir en el tiempo la forma de que esos operadores puedan
obtener los permisos y licencias suficientes para desarrollar este tipo de infraestructuras. Y aquí estoy hablando tanto de infraestructuras que utilicen tecnologías radioeléctricas como infraestructuras que utilicen tecnologías cableadas.



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Creo que esa es una asignatura pendiente; ha habido una cierta mención en el nuevo marco europeo a facilitar este tipo de cosas y probablemente sería necesario habilitar medidas tendentes a incrementar la transparencia y la facilidad de
acceso y no sé si sería necesario tocar leyes, un desarrollo reglamentario o ambas cosas; probablemente habría que tocar leyes porque estaríamos hablando de un dominio público municipal donde la autonomía municipal está sancionada como uno de los
principios constitucionales y donde ellos tienen su capacidad muy autónoma de gestionar su propio dominio público.



Me preguntaba también si las infraestructuras de telecomunicación que están gestionadas por las administraciones públicas serían útiles para favorecer ese tipo de despliegue. Lo primero que yo diría es que en general no son muchas y que no
afectan a la parte más complicada del despliegue, que es la red de acceso, es decir, la última milla. En este momento las administraciones públicas no tienen un gran número de activos convertidos o aplicables directamente en infraestructuras de
NGA; sin embargo, como he dicho antes, sí que tiene un activo importantísimo, que es, primero, obra civil que no está regulada, como pueden ser canalizaciones municipales -en París, por ejemplo, se están haciendo muchos despliegues utilizando la
red de alcantarillado con tecnologías especiales o sencillas que se pueden utilizar- y también está la parte de gestión del dominio público -no voy a repetirme-, que indudablemente es un recurso al que puede ser más fácil o menos fácil acceder y que
puede ser colaborar y reducir los costes y aumentar la rapidez de los despliegues. Eso es muy importante y, por lo que leí en las comparecencias, es algo que también los otros operadores decían y que yo creo que sí es cierto, es una reclamación
legítima.



Me preguntan también sobre el impacto de la evolución de las ofertas triple play en cuanto a la importancia que pueden tener sobre el desarrollo de estas redes y qué importancia podría tener la fusión. La pregunta de la señora Muñoz ha sido
muy discreta al no querer decir los nombres del operador incumbente y probablemente del operador con mayor poder de mercado en tema de contenidos, pero yo creo que estamos hablando claramente de Sogecable y de Telefónica, sobre promover la evolución
de este tipo de ofertas. Con los datos en la mano de los últimos dos o tres años -y los tengo frescos porque recientemente hemos informado a la Comisión Nacional de la Competencia sobre esta fusión y son datos públicos y, por tanto, no tengo que
proteger ningún derecho o ninguna propiedad industrial-, yo diría que el mercado de triple play está bastante estancado a nivel nacional en el último año y medio o dos años.
Ha crecido mucho el doble play, pero el triple play está en un 17 ó 18 por
ciento. Ha crecido desde el 14 al 15, pero no ha crecido de forma extraordinaria. ¿A qué achacamos eso? En el fondo es que, en el triple play, el tercer play es la televisión de pago, que compite en Internet con otras formas no regladas y mucho
más baratas para los usuarios; probablemente baratas porque no pagan derechos de autor con los cuales tienen que competir. Ahí hay un problema de fondo, que es una de las razones por las cuales probablemente ciertos contenidos no son tan
atractivos como podrían serlo si estuviesen suficientemente protegidos.
El otro gran contenido que puede disparar esta demanda que se sigue es el fútbol, que está siendo en estos momentos bastante bien comercializado en las ofertas de triple play
por parte de los operadores. En cualquier caso, creo que son las dos cosas. Una cosa es los contenidos genéricos y otra cosa es los contenidos en tiempo real que tienen un doble problema.
Uno es el acceso a esos contenidos por parte de todos los
operadores que estén compitiendo en este mercado convergente, y cualquier regulador preocupado por el mercado de comunicaciones electrónicas recomendaría que se mantengan como mínimo las condiciones que existen como consecuencia de la fusión de las
plataformas digitales en orden de garantizar el acceso a esos contenidos por parte de los operadores. Creo que eso está contemplado incluso en el propio diseño de la fusión, pero, por otro lado, hay otro problema que es que hoy por hoy muchos
contenidos en Internet para el usuario son gratis. Obviamente tienen peor calidad, se ven en otro formato, no sabemos qué barrera representa, pero sí es cierto que puede ser un problema. Indudablemente, y como consecuencia de esta situación, yo
diría que, hasta que no detectemos cambios en eso, hay un aspecto que tiene que ser resuelto en parte por el mercado y en parte por la propia regulación. Y aquí no estoy hablando de regulación nacional, porque creo que el problema sobrepasa mucho
la capacidad de regulación nacional. También diría que no creo que solo sea una cuestión de regulación. De hecho, probablemente tan importante o más que la regulación es la adecuación del modelo de negocio clásico a un modelo de negocio basado en
un sistema casi perfecto de intermediación, como es Internet. En este momento el camino lo están marcando empresas como Apple y como Google más que el modelo anterior y no es solo una cuestión de regulación, es una cuestión de regulación y de
actualización de los modelos de negocio en ese entorno, porque probablemente es bastante complicado que alguna vez se pueda llegar a ese extremo, una sola regulación a nivel internacional, y probablemente hay que ir por la vía de ofrecer a los
usuarios lo que ellos mismos no se suministran ahora en términos de calidad, de facilidad y también, hay que decirlo, en términos de precio. Por tanto, el tema es complejo, hay que abordarlo desde muchos puntos de vista, probablemente hay que
abordarlo en un entorno como mínimo continental y quizá mundial y yo creo que se está trabajando a nivel de instituciones europeas en este campo. Creo que no es un problema que se pueda resolver solo con una medicina, es un problema complicado que
habrá que abordar desde todos sus puntos de vista.



En términos de qué impacto puede tener esa fusión. Si se mantienen las garantías que existen ahora de acceso a aquellos contenidos que más o menos están concen


trados en manos de Sogecable, no habría problema para


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que en un momento dado los distintos operadores que prestan servicios triple play o no triple play en materia de televisión de pago pudiesen seguir compitiendo. En ese aspecto me gustaría hacer hincapié en una cuestión. Aunque estamos
hablando de que los paquetes convergentes pueden ser un 18 ó 19 por ciento del total de líneas de banda ancha, si hablamos solamente del segmento cable, estamos hablando de que tiene una importancia muy grande, porque en el sector del cable ya no
estamos hablando de un 20 por ciento, sino de un 70 o un 80 por ciento de la oferta. En las líneas de banda ancha del cable, una gran mayoría, la mitad, son triple play, y cuando hablamos de redes de nueva generación, no hay que olvidarse de que
uno de los dos bastiones en que se apoya la posible competencia en materia de infraestructuras son los operadores de cable. Por tanto, lo que puede que a efectos de mercado tenga menos impacto, lo tiene y mucho cuando estamos hablando de su impacto
sobre los operadores de cable, y los operadores de cable ahora mismo son la gran alternativa a la infraestructura potencial de Telefónica. Por tanto, cuantitativamente puede que el triple play tenga un peso del 18 por ciento; cualitativamente
tiene un peso muy importante por lo que afecta a los operadores de cable, y eso no me queda más remedio que decirlo claramente.



Con relación a la oferta de banda ancha que hay en España y en Europa y a cómo está evolucionando, ya saben que nosotros periódicamente, cada seis meses, publicamos un informe sobre precios a nivel europeo, que es bastante constante en sus
resultados y que nos da una indicación de que, cuando hacemos la comparativa a nivel global de mercado, estamos ligeramente por encima de la media europea en precios para aquellas bandas que serían las que concentran la mayor parte de la oferta
española. Sin embargo, cuando estamos haciendo la comparativa a nivel de operadores incumbentes, estamos en los presupuestos más altos del mercado. Es decir, nuestro incumbente tiene unos precios más altos que los incumbentes de otros países; a
nivel de mercado, los mejores precios del mercado español están ligeramente por encima de las medias europeas en el benchmarking. ¿Cuál puede ser la razón de eso? Hay distintas políticas comerciales y en España se está compitiendo principalmente
más que en reducciones de precios, en promociones. Eso significa que el impacto que tienen en cuanto a la reducción del precio, tal y como lo calculamos, es un impacto relativo. A título de ejemplo, si consideramos el impacto que pudiese tener en
un precio medio, a la duración media que estamos utilizando de un operador, que viene a ser de dos años y medio o tres años, el impacto que pueden tener las promociones en el caso, por ejemplo, de Telefónica, sería de 5 euros sobre el precio medio.
Eso significa que, al valorar esa promoción en términos medios de cuánto supone de flujos de caja a valor actual sobre lo que se va a recaudar sobre ese cliente y dividirlo por el número de meses, para tener el equivalente a la cuota media,
estaríamos hablando de que, sobre el precio nominal de Telefónica, el impacto podía ser 5, 6 ó 7 euros más bajo; es menor en el caso de otros operadores. No podemos comparar esas promociones con las mismas a nivel europeo sencillamente porque
nuestras fuentes de datos, que son consultoras que recopilan esos datos, no tienen esa información; estamos intentando conseguirla, pero en tanto en cuanto no la tengamos para poder homogeneizar una comparación, tenemos que hacerla sobre
metodologías parejas. En cualquier caso, ese impacto no modificaría la posición actual en relación a los incumbentes; sí nos acercaría mucho más a la media europea en términos globales de mercado, estaríamos más cerca de la media europea,
probablemente casi en media europea, y en términos de mercado seguiríamos estando a nivel más alto en términos de incumbente.



Esa situación está evolucionando y principalmente lo está haciendo porque en el último año y medio o dos años la situación previa, que era que Telefónica conseguía mantener precios más altos en el mercado y mantener cuota, se ha acabado, en
el sentido de que Telefónica está manteniendo precios en el mercado y compitiendo con promociones, pero está perdiendo cuota. Eso es una elección de los propios operadores; si tú eliges estar en un mercado manteniendo ingresos, lo pierdes en cuota
frente a tus competidores; si quieres mantener cuota, tienes que bajar los precios y pierdes ingresos. Esa es una dinámica completamente racional del mercado.
Creo que en los últimos dos años la evolución está siendo ya racional. Se están
manteniendo unos precios más altos a costa de perder cuota de mercado. De hecho, desde unas cuotas de mercado de más del 57 por ciento que teníamos hace dos años, ahora estamos más de dos puntos por debajo.
Es importante porque ha cambiado la
tendencia que había en el pasado.
Obviamente, la posición en el mercado y las ofertas son cuestión de los operadores. Nosotros no regulamos los mercados minoristas y, por lo tanto, lo único que intentamos es que la competencia sea la máxima
posible y que las decisiones comerciales las tomen los operadores y no las tome el regulador.



Respecto a las previsiones del tiempo de los despliegues, el único despliegue que se ha comunicado es el que les he comentado antes. No tenemos más información y, por lo tanto, no puedo decirles cuáles serán los despliegues. Si cambiase la
situación de demanda y en un momento dado apareciesen servicios que realmente estableciesen la necesidad de hacer despliegues, probablemente tendríamos reacciones, pero no hay que olvidar que en este momento el acceso en banda ancha típico del país
es del orden de los 6 megas, está entre los 6 y los 8 megas. 6 megas sería el de la mayor parte de los usuarios de Telefónica y 8 ó 10 megas sería la media de los operadores alternativos y del cable. Respecto al factor diferencial en términos de
velocidad de bajada, que puede marcar la diferencia de una red de acceso de nueva generación, la comisión ha utilizado como referencia los 30 megas. Es decir, queda margen suficiente para crecer en cuanto a suministro de velo


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cidades medias de mercado utilizando todavía la red de cobre. Por lo tanto, la red de cobre tiene todavía bastante vida por delante, salvo que un operador quiera hacer una política muy agresiva de captura de abonados, haciendo, por ejemplo,
una oferta de mucha mejor calidad de velocidad y manteniendo un nivel de precios que el usuario esté dispuesto a pagar. En ese caso podríamos tener una reducción. Pero como eso depende de las opciones que van a hacer los operadores, en este
momento todavía no hemos detectado ese salto. Las ofertas de velocidades altas que hay en el mercado todavía tienen un precio suficientemente disuasorio como para que el mercado no esté respondiendo a ellas. Sin embargo, es posible que a medida
que la demanda se vuelva a ampliar -y ya está habiendo síntomas de que está volviendo a crecer, por lo menos en los últimos datos mensuales que hemos publicado de enero, febrero, marzo y abril-, podría darse el caso de que el mercado reaccionase en
esa línea. En cualquier caso, no puedo hacer predicciones porque me falta ver cómo están evolucionando las condiciones de reactivación de la economía y de nuestro propio mercado.



¿Cuáles son las líneas rojas en cuanto al binomio regulatorio inversión-competencia? Obviamente las que les he comentado antes que definimos en la regulación. Nuestro interés y nuestro mandato legal es promover la competencia en beneficio
del usuario. La línea roja está en la capacidad del usuario para elegir. Lo que no vamos a permitir nunca, porque forma parte de nuestro mandato, es que haya usuarios y ciudadanos que no puedan elegir entre distintas ofertas. Si el mercado no es
capaz de dar una pluralidad de infraestructuras, regularemos para que tenga pluralidad de ofertas de servicio. Allá donde el mercado sea capaz de dar una suficiente oferta de infraestructuras, que permitan al ciudadano elegir, iremos retirando la
regulación. Esas son nuestras líneas rojas y para eso nos pagan; nos pagan para defender la capacidad del usuario de elegir en un entorno de mercado.



Por último, un tema muy actual es la neutralidad de red, que yo creo que tiene dos variantes. El primero es hasta qué punto la red tiene que ser igual para todos aunque todos sean diferentes y, en ese marco, cómo garantizamos los derechos
de los usuarios a utilizar la red con la máxima libertad posible. El otro se refiere a, si en un momento dado se buscan situaciones que permitan racionalizar la red, es decir, que no sea igual para los desiguales, dónde están las líneas rojas para
garantizar que no fomentemos a través de libertades regulatorias que pueda haber una concentración.



¿Cuál es uno de los problemas que está planteando prácticamente la totalidad de los operadores? Crece el tráfico y, como consecuencia, tienen que abordar inversiones, pero la velocidad a la que evoluciona el crecimiento del tráfico es una y
la velocidad a la evolucionan sus ingresos es otra. De hecho, hay algunas actividades clásicas en las que están disminuyendo los ingresos, principalmente la telefonía clásica, fija, y en el futuro la telefonía móvil. Por tanto, se encuentran ante
la alternativa de que Internet puede quitar ingresos en telefonía, porque es una tecnología más eficiente y porque al haber más competencia se reducen los ingresos por vía de reducción de precios, pero el tráfico obliga a hacer inversiones que hay
que recuperar. Ante esto, los operadores se están planteando dos opciones: una posibilidad es modificar la estructura de precios que pagan los usuarios; otra es pedir que colaboren algunos agentes que hasta ahora no están participando de los
costes que se inducen. Esa es la discusión que hay ahora entre el establecimiento de cobrar por el uso de la red a los suministradores de contenidos y, por otro lado, modificar las estructuras tarifarias para reducir o modular las tarifas planas.
Desde ese punto de vista, es obvio que sí es cierto, lo es, que un porcentaje del 30 por ciento de los usuarios generan un 70 por ciento del tráfico y el restante 70 por ciento consume poco tráfico, lo que significa que para racionalizar la
distribución de los costes de la red entre los usuarios sería necesario, por introducir medidas de eficiencia, modificar las estructuras tarifarias de forma que se asociase que aquel que consume más parte de la red pague más por ella y que el que
consuma menos pague menos por ella. Por lo tanto, eso introduce racionalidad en el procedimiento.



Teniendo en cuenta que el mercado de acceso en banda ancha es un mercado en competencia, es obvio que los que modulan las capacidades de cambiar los precios, los operadores, son los propios usuarios. A mí me parece que, si el mercado es
competitivo -y lo es-, si un operador considera que tiene que subir los precios o poner tarifas ya no tan planas, lo debía asumir, con el riesgo de que se le vayan los usuarios a otros operadores que decidan aguantar más. Ese mecanismo de oferta y
demanda y de decisión por parte del usuario es legítimo y en ese campo creo que los operadores están legitimados para hacer lo que consideren oportuno, porque están disciplinados por la competencia existente en el mercado de acceso. Por otro lado,
tenemos algunos problemas distintos: la posibilidad de que haya acuerdos entre proveedores de contenido y proveedores de red de acceso tendentes a que esos operadores de contenidos, cuyos contenidos son unos de los generadores del incremento de
tráfico, por lo tanto, generadores del incremento de coste de las redes, pudiesen llegar a acuerdos, creo que hay capacidad y que podría darse el caso de que llegasen a acuerdos en ese aspecto. Lo que habría que vigilar, obviamente, es que esos
acuerdos no fuesen restrictivos hacia terceros y fuesen a evolucionar en una línea en la que tuviésemos acuerdos que reforzasen mutuamente posiciones dominantes en el mercado de contenidos y en el mercado de acceso y tuviésemos una evolución al
monopolio y con ella una disminución de la capacidad del usuario para elegir. Obviamente, esa es una de las tareas que hoy por hoy todavía no está suficientemente definido si tienen que ser reguladas ex ante, léase por los reguladores, o ex post,
por las autoridades de competencia. Es obvio que la definición de esa capa


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cidad de intervención va a tener que hacerse como mínimo a nivel continental.



En el nuevo marco, a las autoridades nacionales de regulación se les asigna de forma muy genérica unas obligaciones de proteger y velar por que los usuarios no sufran determinadas medidas o políticas tarifarias por parte de los operadores
que en un momento dado pudiesen suponerles un daño o una limitación a sus intereses. El otro aspecto no está cubierto por el mercado europeo y probablemente es algo que tendrá que ser desarrollado, si en un momento dado entramos en esta dinámica.
En cualquier caso, como bien decía S.S., es un debate que se ha reactivado bastante en la Unión Europea. En este momento la Comisión Europea ha abierto una consulta pública al respecto en el entorno del grupo de reguladores europeos que se ha
constituido. Tenemos un grupo de trabajo abierto para analizar las distintas problemáticas relacionadas con las relaciones en un tema y en otro para que, cuando nos pida un informe la Comisión Europea, el Parlamento o el Consejo, podamos dar la
información necesaria para que en su momento los que tengan la decisión política lo hagan con el máximo de información posible.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su participación y su comparecencia en esta Comisión.



Sin más, se levanta la sesión.



Eran las siete y diez minutos de la tarde.