CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 578

POLÍTICA TERRITORIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

Sesión núm. 13

celebrada el martes, 22 de junio de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial (Chaves González), para: ... (Página 2)


- Explicar la repercusión de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente del Gobierno sobre la reducción de las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 213/000737.) ... (Página 2)


- Informar sobre el coste que deberán asumir las comunidades autónomas por el Plan de reducción del déficit, anunciado por el presidente del Gobierno el día 12 de mayo de 2010. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000750.) ... (Página 2)

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- Que dé a conocer en qué medida se van a ver afectadas las transferencias a comunidades autónomas y entes locales como consecuencia de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000756.) ... (Página 2)


- Informar sobre los motivos y agenda del viaje que ha realizado al Golfo Pérsico, mandato y representación que ostentaba, personalidades con las que se ha entrevistado, personas que le han acompañado, resultados obtenidos y gastos que ha
generado esta visita. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000795.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a esta Comisión al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial.
Comenzaremos su comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que informe sobre la repercusión de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente del Gobierno sobre
reducción de transferencias a comunidades autónomas y entes locales, así como sobre los motivos y la agenda del viaje que ha realizado al golfo Pérsico. La sesión se desarrollará en un solo acto, concentradamente, y por razón del número de
peticiones comenzará el Grupo Parlamentario Popular, seguirá Convergència i Unió, luego Esquerra y luego por su orden.



Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señorías, como ha señalado el presidente de la Comisión, comparezco, a petición de los grupos parlamentarios Popular, Convergència i Unió y
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ante esta Comisión de Política Territorial para informar de las medidas de austeridad y de reducción del déficit recientemente adoptadas por el Gobierno de la nación y de su
incidencia en las comunidades autónomas y corporaciones locales. Para ello, permítanme que muy brevemente contextualice la comparecencia refiriéndome a los orígenes de los actuales problemas que tenemos, a cuáles han sido las secuencias de los
acontecimientos y la lógica de las respuestas que estamos dando ante las diferentes manifestaciones de esta crisis mundial tan dura y compleja que estamos viviendo.



Durante el pasado año la economía española experimentó la recesión más profunda, al igual que el resto de los países desarrollados. Solo la acción concertada de los países, con la puesta en marcha de medidas y planes extraordinarios de
apoyo al sector financiero y de impulso fiscal, evitó que se produjera un deterioro aún mayor, pero hemos asistido a un notable deterioro de las finanzas públicas que era preciso corregir. Por ello, con los primeros síntomas de recuperación el
Gobierno se fijó como objetivo prioritario reducir el déficit público y puso en marcha una estrategia de consolidación fiscal combinando una firme restricción del gasto con un incremento moderado de los ingresos para alcanzar el objetivo del déficit
del 3 por ciento del producto interior bruto en el año 2013 para el conjunto de las administraciones públicas; una senda de reducción del déficit, de reequilibrio y sostenibilidad de las cuentas públicas con la que el Gobierno ya expresó su
compromiso en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y en posteriores actuaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y con las otras administraciones territoriales. Así, los presupuestos de 2010 recogían la retirada
progresiva de estímulos fiscales, se elevaban determinados impuestos y se reducían gastos corrientes de forma significativa.
También, por el lado de los ingresos se ponía en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal. Posteriormente, por el
lado del gasto el compromiso del Gobierno se plasmó en la actualización del programa de estabilidad y crecimiento, que se aprobó el 20 de enero de 2010, en el que se contemplaba el objetivo de alcanzar el 3 por ciento de déficit en 2013 y el 9,8 por
ciento para 2010. Ese compromiso, que conllevaba obviamente una significativa contención del gasto público, se plasmó, como ustedes recuerdan, en el Plan de acción inmediata 2010 y en el plan de austeridad de la Administración General del Estado
2011-2013, aprobados por el Consejo de Ministros en esa misma fecha, es decir, el 29 de enero de 2010.



El Plan de acción inmediata supuso un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros que afectó a todos los ministerios del Gobierno; una reducción de la oferta pública de empleo fijando la tasa de reposición en el 10 por ciento de
las vacantes. En el Plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, en el marco de este plan de austeridad, se han ido dando pasos impor


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tantes como la supresión de treinta y dos altos cargos y veintinueve empresas públicas, a los que en breve se irán sumando otros, como la supresión de un número importante de subdirecciones generales de la Administración General del Estado.
Al mismo tiempo, el Gobierno propuso sendos acuerdos marco con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que se sumaran a ese esfuerzo de reducir el déficit público y asegurar la sostenibilidad fiscal. Se hizo acordándolo entre las
tres administraciones, con los instrumentos y los procedimientos establecidos por nuestro orden jurídico y constitucional. En un Estado descentralizado como el nuestro, el compromiso con la estabilidad presupuestaria debe ser el resultado del
acuerdo, de la corresponsabilidad, de la implicación y de la voluntad política, por supuesto. El compromiso con las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las cuentas públicas para el periodo
2010-2013 se plasmó en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 y en el de la Comisión Nacional de Administración Local de 7 de abril de este año. En concreto, este acuerdo para la sostenibilidad de las finanzas
públicas alcanzado entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales fijaba el objetivo de reducir el déficit al 3 por ciento del producto interior bruto en 2013 y contemplaba un esquema paralelo al establecido por la
Administración General del Estado, es decir, con el fin de alcanzar el objetivo del 9,8 por ciento del déficit en 2010, el 7,5 en 2011 y el 5,3 en 2012 para llegar al 3 por ciento en 2013. También se establecía entre todas las comunidades autónomas
con el Gobierno el compromiso de mantener la deuda del conjunto de administraciones públicas por debajo del promedio de los países de la eurozona. Para lograr el objetivo de reducción del déficit previsto, las comunidades autónomas con déficit
quedaban sujetas a planes económicos financieros de reequilibrio por parte de cada una de ellas.



En resumen, estamos ante una senda de consolidación fiscal iniciada a primeros de año en la que el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales vienen comprometiéndose e implicándose en la estabilidad de nuestras cuentas
públicas. Un ejemplo añadido de ello es el acuerdo de todas las comunidades autónomas y el Gobierno en el Consejo Intersectorial del Sistema Nacional de Salud, alcanzado por unanimidad el 18 de marzo de este año, para reducir el gasto sanitario en
1.500 millones de euros. Sin embargo, al mismo tiempo que las economías del mundo, incluida la nuestra, empezaban a salir de la recesión, en mayo pasado resurgían brotes de inestabilidad financiera, una fragilidad e inestabilidad de los mercados
agravadas por los desequilibrios acumulados en los Estados como respuesta a la crisis que llegaron a amenazar la estabilidad financiera de nuestra moneda común, de tal forma que el efecto contagio sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas se
extendió a todos los mercados y no solo a los países periféricos del euro. Ello llevó a la Unión Europea a aprobar un mecanismo de estabilización financiera con capacidad de hasta 750.000 millones de euros, al tiempo que se acordaba reforzar los
planes de consolidación ya iniciados, reduciendo nuestros déficits a un ritmo más rápido para respaldar la estabilidad financiera de la Unión y también la propia moneda única. Por ello, ahora, ante las nuevas turbulencias de los mercados
financieros, hemos acelerado el compromiso de consolidación fiscal al objeto de combatir las incertidumbres sobre nuestras economías y tratar de garantizar y restablecer la estabilidad que propicie la recuperación económica. Todos los países
europeos son de esa opinión y por eso todos los gobiernos de los países europeos están tomando medidas similares. No solo España, sino también países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, además de Grecia, han adoptado
medidas de un duro ajuste fiscal para reducir los déficits a un ritmo más rápido, lo que conlleva esfuerzos colectivos muy importantes de todos, empezando por las administraciones públicas.



En el caso de España, las medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros del 20 de mayo y las contempladas en el Real Decreto-ley 8/2010, aprobado ya por esta Cámara, fijaban los nuevos objetivos del déficit en el 9,3 por ciento del
PIB en 2010, el 6 por ciento en 2011, el 4,4 por ciento en 2012 y el 3 por ciento en 2013. Es decir, representaban un ajuste adicional respecto a lo previsto en enero del 0,5 por ciento del PIB en 2010, del 1,5 por ciento en 2011 y del 0,9 por
ciento en 2012.
Es un esfuerzo colectivo y nacional, puesto que implica pasar en solo dos años de un déficit del 11,2 por ciento del PIB a uno del 6 por ciento en 2011, lo que equivale a concentrar las dos terceras partes del ajuste previsto entre
2010 y 2011. Esto significa un ahorro adicional de 5.250 millones de euros en el año 2010 y otros 10.000 millones en 2011. Es un esfuerzo duro y necesario que se plasma en medidas para conseguir el gran objetivo, que creo que es el de todos, de
tratar de superar la crisis, posibilitar una nueva etapa de crecimiento económico y también de empleo.
Sus señorías conocen las medidas concretas. Por tanto, no me extenderé en su descripción, ya que han sido objeto de debate en esta Cámara, sino
que me centraré en el alcance y los posibles efectos en las administraciones territoriales. Para el año 2010 los 5.250 millones de euros de ahorro provendrán del ahorro -valga la redundancia- en el ámbito de la Administración General del Estado de
3.210 millones de euros, aquí se incluyen los 305 millones de la Seguridad Social, más los 2.040 millones de euros en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales, cuya suma da los 5.250 millones. Los 2.040 millones de euros de ahorro
de las comunidades autónomas y entidades locales vendrán dados fundamentalmente por el ahorro en las retribuciones, 1.765 millones de euros, y la reducción del gasto farmacéutico, 275 millones de euros. Como ustedes saben, para el año 2011 se prevé
un ahorro adicional de 10.000 millones de euros. De estos 10.000 millones de euros el ahorro


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de 4.025 millones será atribuible a las administraciones territoriales en: ahorro en retribuciones de personal, 1.700 millones; reducción del gasto farmacéutico 1.025; un menor gasto en dependencia, 100 millones; una reducción adicional
del gasto de 1.000 millones para las comunidades autónomas y 200 millones para las entidades locales.



En el real decreto-ley se refuerza la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito local se adoptan medidas para mejorar el control
de la gestión económica financiera de dichas entidades. Así, se establece la afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos, la reducción del endeudamiento o, en su caso, la
financiación de inversiones. Con esta medida se pretende como finalidad última el saneamiento de las haciendas locales, de manera que se impida la generación de déficit. Con idéntica finalidad se prevé que durante el año 2011 las entidades locales
no podrán concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes salvo en casos excepcionales. Este aplazamiento extraordinario y limitado en el
tiempo se encuentra plenamente justificado por la actual situación, es compatible con la autonomía municipal y se orienta a preservar a los ayuntamientos de endeudamientos comprometedores con su hacienda y evitar los efectos que puedan derivarse
hacia la Hacienda del Estado.
Finalmente, se introducen también varias medidas en materia de provisión de puestos de trabajo de los empleados públicos, con habilitación para mejorar el control de la gestión económica financiera y garantizar la
independencia en su función. El objetivo de ese cambio legislativo es que los puestos actualmente cubiertos por funcionarios interinos o de nombramiento accidental puedan ser cubiertos por funcionarios de carrera con habilitación de carácter
estatal.



Estas medidas de estabilización evidentemente han tenido su traslación en la revisión del techo de gasto no financiero y también del objetivo de estabilidad presupuestaria examinado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de mayo, así como
en un nuevo acuerdo con las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas, que se aprobó por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de
Administración Nacional los días 15 y 16 de este mes, respectivamente. Este nuevo acuerdo permite a las comunidades autónomas incurrir en un déficit del 2,4 por ciento para el año 2010, frente al 2,5 previsto, y del 1,3 para el año 2011, frente al
1,7 por ciento previsto, sin tener en cuenta los anticipos a cuenta, lo que permitirá una reducción en el gasto de las comunidades autónomas de 11.000 millones de euros en un año. Con el acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administraciones Locales, las comunidades autónomas y las corporaciones locales ratifican la voluntad de todas las administraciones territoriales de adaptar sus respectivos objetivos presupuestarios
para los años 2010 y 2013 a la nueva senda de reducción del déficit derivada de la aplicación de las medidas de ajuste incluidas en el decreto-ley. Igualmente, en el acuerdo las administraciones territoriales se comprometen a poner en marcha las
iniciativas que consideren oportunas en el año 2011, tanto por la vía del gasto como por la vía del ingreso, para ejecutar una reducción adicional del gasto de 1.000 millones de euros en el caso las comunidades autónomas y de 200 millones en el de
las entidades locales. Asimismo, las entidades locales y las comunidades autónomas se comprometen a que los ahorros derivados de las medidas de contención del gasto que procedan tanto del ajuste previsto en el decreto-ley como de las actuaciones
singulares de las comunidades autónomas no se canalicen a la realización de mayores gastos en otros ámbitos, sino a la consecución de los nuevos objetivos de déficit previstos y fijados en el acuerdo marco. Por otra parte, los planes de
reequilibrio que se presenten por las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera deberán reflejar el impacto de las nuevas medidas adoptadas así como los nuevos objetivos máximos fijados para el conjunto de las comunidades
autónomas, a los que he hecho referencia.



Por último, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la aplicación de un nuevo criterio más gradual a la hora de autorizar operaciones de endeudamiento a las comunidades autónomas para el periodo 2010-2013, de tal forma que solo se
autorizarán operaciones de endeudamiento por un importe máximo del déficit fijado, es decir, el 2,4 por ciento del PIB, para cada comunidad autónoma, en el caso de este año.
Igualmente, no se autorizará ningún incremento de endeudamiento que no
cuente con el informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera de su plan de reequilibrio presentado por cada una de las comunidades autónomas. De ser así, el importe autorizado de endeudamiento no podrá superar el 0,75 por ciento del
PIB regional para 2010 y el porcentaje que se determine para el resto de los ejercicios, 2011 y siguientes. Se podrá tramitar también un segundo tramo de endeudamiento adicional al primero, siempre y cuando se hubieran cumplido los objetivos de
consolidación de su plan de reequilibrio, pero que no podrá superar el 50 por ciento del endeudamiento previsto para el ejercicio, es decir, el 1,2 por ciento del PIB. En definitiva, señorías, el Gobierno, y sin las administraciones territoriales,
está adoptando las medidas de ajuste oportunas, y lo estamos haciendo con sentido de la responsabilidad y en defensa del interés general del país y de los ciudadanos. No podemos olvidar que las medidas adoptadas del proceso fiscal puesto en marcha
persiguen la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas para que nuestra economía vuelva a crecer, cree empleo y garantice nuestro Estado de bienestar. Se trata de un gran esfuerzo dirigido a restaurar el crecimiento reordenando


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nuestras cuentas y que conlleva medidas que, siendo duras, evitan tocar lo sustancial de nuestro Estado de bienestar, aunque suponen también un esfuerzo importante para determinados colectivos y sectores de la población. Además de estas
medidas, que son necesarias y urgentes para la sostenibilidad de nuestras cuentas, el Gobierno sigue manteniendo las políticas que coadyuven a la recuperación de nuestra economía y al asentamiento de un nuevo modelo productivo sostenible. Siendo
conscientes de que las medidas de estabilización pudieran tener alguna incidencia en el corto plazo de las perspectivas de nuestro crecimiento, también estamos convencidos de que el crecimiento económico se verá impulsado de forma positiva por las
reformas estructurales que estamos desarrollando, como la reforma del sector servicios, la reforma laboral, la reforma de nuestro sistema de pensiones y la reforma del sistema financiero. La denominada Ley ómnibus, la ley que permite el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en España, constituye la más importante reforma estructural que hemos hecho del sector más importante de la economía española. Nuestro sistema financiero, que es de los que mejor ha soportado la
crisis financiera entre los países desarrollados, está inmerso también en un proceso necesario de reestructuración y ordenación, que finalizará en breve, para ganar en fortaleza y facilitar el crédito. Para la reforma de nuestro sistema de
pensiones el Gobierno presentó asimismo un documento de propuestas para debatirlo en el marco del Pacto de Toledo y tomar decisiones a fin de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y afianzar un sistema sólido.



Respecto a la reforma laboral, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso con los agentes sociales en el marco del diálogo social, el Gobierno ha asumido su responsabilidad aprobando una reforma sustancial, con vocación de permanencia,
que facilita la creación de empleo, combate la dualidad y la precariedad laboral y permite una mayor flexibilidad a la empresa para su adaptabilidad a situaciones de crisis o momentos difíciles. Se trata de cuatro reformas que sin duda constituyen
los elementos esenciales de la gran modernización de la economía española, que estamos abordando para hacerla más competitiva, y que han llevado a decir al director gerente del Fondo Monetario Internacional que las reformas del Gobierno español
ponen las bases para dos décadas de crecimiento.



En definitiva, señorías, señor presidente, quiero concluir esta parte de mi comparecencia poniendo en valor el compromiso de todas las administraciones públicas, la unidad y el consenso mostrados en un esfuerzo nacional compartido que estoy
convencido de que dará sus frutos para iniciar una etapa de recuperación, crecimiento y estabilidad.



A continuación, señorías, y atendiendo a la petición el Grupo Parlamentario Popular, procedo a informarles sobre el viaje oficial que en nombre del Gobierno he realizado por varios países del golfo Pérsico, del 28 de mayo al 2 de junio. El
objetivo primordial de este viaje fue reforzar las relaciones bilaterales políticas, diplomáticas, comerciales y económicas entre España y tres de los principales países de la zona, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, así como participar en el X Foro de
Doha sobre democracia, desarrollo y libre comercio. Como bien saben SS.SS., la zona del golfo constituye un área estratégica para los intereses españoles y europeos tanto en el aspecto político como en el económico y comercial. Esto es así dados
su situación geoestratégica, el nivel de crecimiento económico, los potentísimos planes de desarrollo e inversión previstos por los gobiernos de estos países y el estado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación de los
Países del Golfo, presididos por España y Kuwait respectivamente, para la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambas instituciones. En el ámbito político, España posee unas excelentes relaciones de interlocución con estos países del golfo, y
tanto para nuestro país como para la Unión Europea resulta fundamental impulsar y reforzar el diálogo político con los mismos en materia de política y seguridad con el objetivo de avanzar en cuestiones como el proceso de paz en Oriente Medio, la
estabilidad en la zona, la democracia, el desarrollo de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y otros asuntos que afectan a la zona.



En cuanto al ámbito de las relaciones económicas, este viaje ha estado marcado por el interés de España y de sus empresas tanto en atraer la inversión hacia nuestro país como en participar y colaborar con el proceso de modernización que
tiene lugar en la región. Es una modernización que, por poner un ejemplo, solo en Arabia Saudí implica más de 400.000 millones de dólares en inversiones hasta el año 2013 y más de 100.000 millones de dólares de inversión en Kuwait, en campos como
la infraestructura, la energía o la industria. En este campo, en Arabia Saudí y Kuwait encabecé una delegación de quince empresas españolas, coordinadas por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, manteniendo encuentros con los principales
responsables gubernamentales de ambos países en el ámbito político, económico y comercial, y para apoyar evidentemente proyectos de estas empresas. En este contexto quiero poner de relieve la especial importancia que adquiere el apoyo político e
institucional que ha prestado el Gobierno de España potenciando las relaciones bilaterales económicas y apoyando la penetración económica española en campos en los que la experiencia y la solvencia tecnológica de nuestras empresas están
suficientemente demostradas.



En los tres países visitados mantuve encuentros con sus respectivos jefes de Estado, el rey de Arabia, los emires de Qatar y Kuwait, a quienes entregué también una carta de Su Majestad el Rey de España, y también mantuve reuniones con
distintos ministros y autoridades en materia de obras públicas, energía o agua, y por tanto ministros responsables en materia económica y comercial, acompañado en muchos de estos encuentros con las empresas que optaban a la adjudicación de
importantes proyectos por parte de estos países. En estos encuentros


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pude repasar temas políticos y económicos que afectan a nuestras relaciones bilaterales. Durante esos días mantuve también reuniones con empresas y empresarios, intercambiando opiniones sobre los procesos modernizadores que están abordando
estos países y trasladando la amplia experiencia y los altos estándares técnicos que pueden aportar nuestras empresas a esos proyectos. En Qatar, durante los días 31 de mayo y 1 de junio participé en el X Foro de Doha, junto con más de sesenta
estadistas, académicos, líderes religiosos y expertos de todo el mundo, debatiendo diversas propuestas para el fortalecimiento de la democracia y el estudio de los retos que la crisis económica plantea al libre cambio y a la cooperación
internacional.



En definitiva, señorías, fue un viaje intenso; un viaje que creo y espero que resultará fructífero para nuestro país, tanto desde la perspectiva de reforzar la cooperación institucional con los países de la zona como de consolidar y ampliar
la presencia de las empresas españolas en esta región. Con esto, señoría, espero haber dado cumplida información tanto sobre los motivos y agenda de mi viaje por el golfo Pérsico como sobre las medidas y el compromiso adoptado por todas las
administraciones públicas en la estrategia de consolidación fiscal necesaria para la recuperación y el crecimiento. No obstante, para cualquier aclaración o pregunta que ustedes consideren oportunas a partir de ahora quedo a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Conforme al turno establecido, tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Bienvenido, señor vicepresidente.



No es que quiera ser el malo de la película, pero, señor vicepresidente, es triste comprobar que usted comparece en esta Cámara porque los grupos políticos parlamentarios hemos forzado su presencia, ya que usted no comparece por voluntad
propia en temas de tanta trascendencia y de tanto calado como es la reducción por parte de comunidades autónomas y de corporaciones locales. Es incomprensible que usted haga dejación de sus funciones no pidiendo su comparecencia a petición propia
para informar de estas cuestiones, y que los grupos parlamentarios hayamos tenido a lo largo de este mes y pico que enterarnos de todas estas informaciones por los miembros de las distintas comunidades autónomas y por la prensa y no por el ministro
responsable del ramo. Dicho esto, paso al contenido de las peticiones de comparecencia que los distintos grupos parlamentarios hemos formulado.



Señor vicepresidente, el pasado 15 de julio de 2009 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobaba el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatutos de autonomía, y lo hacía sin
contar con los votos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno presentaba el nuevo modelo de financiación autonómica anunciando que el Estado inyectaría al sistema
de las comunidades autónomas 11.000 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años, y que con el nuevo sistema el 80 por ciento de los recursos estaban destinados a garantizar la prestación de los servicios públicos. Mientras, el Grupo
Popular, a través de nuestros portavoces, afirmaba que el nuevo modelo y sistema sería un desastre para España, que solo respondía a situaciones de fuerza que le planteaban al Gobierno otros partidos y algún gobierno autonómico, y se insistía por
parte del Partido Popular y del Grupo Popular en la opacidad de un modelo injusto socialmente que había servido para dividir y enfrentar a las autonomías y que discriminaba a los españoles según el lugar de residencia.
Advertíamos también que los
recursos adicionales que se destinan a la financiación de la sanidad, la educación o la dependencia deberían salir del crecimiento de la economía y de la mejora de los ingresos del Estado y de las propias comunidades autónomas, y nunca, en una
situación de crisis como la que estamos atravesando, de aumentar el déficit de las cuentas públicas y el volumen de la deuda. No ha pasado todavía un año desde que se aprobara el nuevo modelo de financiación autonómica para que la advertencia que
se hizo y se hacía desde el Partido Popular se haya convertido en una premonición, a juzgar por los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros del pasado mayo de 2010, donde se aprobó el Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto
público. En concreto, el Consejo de Ministros se refería a los siguientes aspectos que afectaban a las entidades territoriales. La actualización del programa de estabilidad y crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que
para dar mayor eficacia y alcance al plan de austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado se suscribieran sendos acuerdos marco con comunidades autónomas y corporaciones locales para implicar a las administraciones
territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013.



Comunidades autónomas y corporaciones locales suscribieron hace una semana, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, como usted bien ha dicho, dichos acuerdos
marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el programa de estabilidad y crecimiento. En línea con el ajuste del gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto-ley de
medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado paralelamente nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200
millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales, 1.000 millones se asignarían a las comunidades


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autónomas y 200 a los entes locales. Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las
entidades locales se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.



Todas las informaciones apuntan a que los 11.000 millones de euros que se iban a aportar al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, según se desprende del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio
de 2009, es la misma cantidad, exactamente la misma, que las comunidades autónomas tendrán que ahorrar hasta el año 2011. Y así se desprende del acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado recientemente,
que estableció que las comunidades autónomas redujeran su déficit desde el 2,4 por ciento del año 2010 al 1,3 del año 2011, lo que supondrá la reducción de los 11.000 millones exactamente de los que hemos hablado. El acuerdo permite a las
autonomías incurrir en un déficit del 1,3 por ciento en 2011, frente al 1,7 previsto en la última reunión, sin tener en cuenta los anticipos a cuenta que recibieron las comunidades autónomas en 2008, que podrán hacer tanto del lado del gasto como de
los ingresos, aunque parte de esa cantidad se tendrá que hacer a través del gasto por las medidas que ya ha aprobado el Gobierno, como la reducción de las retribuciones. Con la firma del acuerdo, los gobiernos autonómicos se comprometen a que los
ahorros de las medidas de contención del gasto no se canalicen a la realización de mayores gastos en otros ámbitos, sino a la consecución de los nuevos objetivos del déficit planteado. La reducción en una décima del objetivo de déficit de las
comunidades autónomas para 2010 ha obligado a revisar los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas, que ya los tenían aprobados desde la reunión de marzo pasado. Es el caso de Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha,
Cantabria y Galicia, que han presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera una actualización de sus planes de reequilibrio que han sido considerados adecuados.



Estas no son las últimas medidas que afectarán a la financiación de las comunidades autónomas. Según anunció la vicepresidenta Salgado, en menos de un mes se celebrará una nueva reunión para convertir los objetivos de déficit en unos
objetivos individuales y para analizar algunas propuestas concretas que están analizando las mesas de debate, como podría ser el copago sanitario. En este contexto, la nueva financiación autonómica dista mucho de ser una realidad. Efectivamente,
las comunidades autónomas tendrán una mayor participación en los grandes impuestos -IRPF, IVA y especiales-, pero es evidente que el desplome de los ingresos de estos impuestos es público y notorio. El sistema de financiación de las comunidades
autónomas se ha convertido en un viaje de ida y vuelta que ya denunció el Grupo Popular en su momento, sobre el que se han conocido detalles globales, pero no la excepción que tendrá sobre cada una de las comunidades autónomas. Usted, señor
ministro, debería explicar, si es que le ha pasado los papeles la ministra de Economía, cuáles son realmente las previsiones de mayores ingresos que en el nuevo sistema de financiación iban a aportar a cada una de las comunidades autónomas y la
afección individualizada que tendrán los efectos de la crisis para cada una de ellas. Usted, señor ministro, debe explicar con claridad los criterios que se van a utilizar para repartir las cargas de la crisis.
Con la opacidad de los acuerdos y
los criterios establecidos, podría darse la circunstancia de que alguna comunidad autónoma tuviera una mayor percepción de fondos derivada del nuevo sistema de financiación y con las medidas aprobadas se viera afectada con un menor recorte, o
viceversa, con lo cual podría suceder que el reparto de las cargas derivadas de la crisis tuviera una afección mayor sobre unas comunidades que sobre otras.
Usted, señor ministro, debe manifestar su opinión sobre el incremento dispuesto que se está
anunciando por parte de diferentes comunidades autónomas con gobiernos socialistas y su afección a la economía. Son siete comunidades autónomas con Gobierno socialista las que han anunciado o aprobado incrementar los impuestos a sus ciudadanos a
través del tramo autonómico: Cataluña, Asturias, Baleares, Andalucía, Extremadura, Cantabria y País Vasco. Por el contrario, el Partido Popular está anunciando que los ciudadanos de las comunidades autónomas gobernadas por él no verán
incrementados sus impuestos. Debería usted aclarar las previsiones del Gobierno sobre la deuda de las comunidades autónomas y ayuntamientos derivadas de la liquidación de las entregas a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009, y si piensan adoptar
alguna medida extraordinaria que facilite su devolución; de lo contrario, alguna de ellas se podría encontrar en un auténtico colapso financiero. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 15 de julio de 2009, en su punto 4.8 adoptó
un acuerdo por el que, en el caso de que la liquidación definitiva del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009 resultase negativa, su reintegro resulte aplazado, de forma que su reintegro deberá realizarse en 48 mensualidades a partir
de enero de 2011 para las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y de enero de 2012 para las liquidaciones negativas del ejercicio 2009. Fruto de la imprevisión y de la improvisación presupuestaria del Gobierno socialista y de la falsedad de
las cuentas de esos presupuestos son estas liquidaciones negativas tanto en las comunidades autónomas como en las corporaciones locales. El Gobierno va a poder maquillar con 25.000 millones el saldo del Estado, traspasando a las comunidades
autónomas en forma de déficit. Otro tanto sucede con las entidades locales, pues algunas de ellas pueden entrar en los próximos meses, o ya están, en un colapso financiero que les impida hacer frente a los gastos obligatorios, incluso al pago de
las nóminas.
Estos son algunos de los datos que le afectan.



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A la ausencia de un adecuado sistema de financiación que el Gobierno está retrasando, y usted mismo ya en esta Cámara ha dicho que no va a haber nuevo modelo de financiación, hay que sumarle los 3.000 millones de euros que verán recortados
por las transferencias en 2009 y los 4.500 millones en 2010. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las corporaciones locales deberán devolver al Estado 1.500 millones de euros en concepto de liquidaciones negativas del presupuesto
de 2008 por haber recibido entregas a cuenta superiores a las que supuestamente les corresponde en virtud de la recaudación efectiva. Las corporaciones locales cerraron el ejercicio 2008 con un déficit no financiero en su conjunto de 5.236 millones
de euros. La deuda de las corporaciones locales con entidades de crédito ascendía durante el tercer trimestre de 2009 a 34.594 millones de euros, frente a los 24.153 que tenían en el año 2004, es decir, un 43 por ciento más. A esta deuda
reconocida por las corporaciones locales y computada por el Banco de España hay que incluir los casi 35.000 millones de euros que, según la patronal, mantienen las corporaciones locales con sus proveedores. Entre 2004 y 2008 los gastos no
financieros de las corporaciones locales se han incrementado en un 44 por ciento, mientras que los ingresos no financieros se incrementaron en un 33 por ciento. Según los propios datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, el 30 por
ciento de los gastos corrientes de las corporaciones locales se destina a financiación de competencias impropias, esto es, en torno a 6.700 millones de euros al año. Por último, señor vicepresidente, señor ministro, debería aclarar las previsiones
del Gobierno sobre una nueva convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que se pudieran aclarar las medidas adoptadas y buscar posibles soluciones que sirvan para paliar los efectos de la crisis, su afección en las finanzas públicas y los
ajustes presupuestarios que se han de aplicar.



Entrando en la segunda petición que había realizado el Grupo Parlamentario Popular con respecto al viaje al golfo Pérsico, hemos de decir con brevedad algunos detalles. Los grupos de esta Cámara han pedido reiteradamente una remodelación y
una reducción del Gobierno, incluso de las propias vicepresidencias. El Partido Popular y el Grupo Popular hemos ido más allá al concretar que la vicepresidencia que debía suprimirse era precisamente la Vicepresidencia Tercera y el Ministerio de
Política Territorial, pasando sus competencias a una secretaría de Estado, como había sido hasta el año 2009 la norma de todo los gobiernos. No voy a entrar de nuevo en este debate; lo hemos tenido hace pocos días y de forma reiterada y con él
pudimos constatar el injustificado incremento de la estructura básica del Gobierno, que se ha visto progresivamente incrementada desde los 374 altos cargos y asesores con los que se inició 2004 a los 461 derivados de la reestructuración del Gobierno
llevada a cabo por el presidente en el año 2009, quedando afectado por esta reestructuración el extinto Ministerio de Administraciones Públicas y su vicepresidencia. Desde un principio el Grupo Popular se posicionó en contra de la remodelación
llevada a cabo en abril de 2009, pero usted -y el presidente del Gobierno también-, cada día que pasa, con los flagrantes incumplimientos de las resoluciones de la Cámara, su ausencia en el ejercicio de las responsabilidades encomendadas y las
actuaciones que protagoniza, justifica y afianza nuestra posición. Solo citaré unos ejemplos que deberían preocuparle.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, por favor, vaya acabando.



El señor MERINO LÓPEZ: Sí, señor presidente, pero son dos comparecencias y le ruego un poco de generosidad.



Señor vicepresidente, permaneció ausente en la gestación de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobada en el mes de julio del año 2009 y ha asistido como invitado de piedra a las últimas actuaciones que se
han llevado a cabo en materia económica con respecto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Está mirando para otro lado e ignorando las resoluciones aprobadas por la práctica unanimidad de los miembros de esta Cámara cuando, a propuesta del Grupo
Popular en el mes de abril, se aprobó una resolución que mandataba al Gobierno para que remitiera a la Cámara, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el nuevo proyecto de ley de financiación local conjuntamente con el proyecto de ley
básica del Gobierno y Administración local, y usted ha dicho hace poco en esta Cámara que no va a haber nuevo proyecto de financiación local. No solamente no va a cumplir esta resolución de la Cámara, sino que, lo que es peor, usted ya ha anunciado
que no lo va a hacer, en concreto el pasado 6 de junio, cuando se ha dicho que no es lo mejor ni para los ayuntamientos ni para el Gobierno ni por supuesto para los españoles, abordar un nuevo modelo de financiación local porque eso sería aumentar
el déficit. Y lo dice como si ya hubiera encontrado la solución para la situación caótica que están viviendo muchos ayuntamientos. ¿Piensa usted -y se lo pregunto en esta Comisión- traer la nueva ley de financiación local y cumplir los mandatos de
la Cámara? Señor vicepresidente, ¿por qué le digo esto? Se lo digo en relación con su viaje al golfo Pérsico. Con esta amalgama de datos que le he planteado ahora mismo, con esta situación que tienen los ayuntamientos, con unas decisiones que se
han adoptado en el ámbito del Consejo de Ministros y con reuniones y acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted no ha tenido a bien comparecer en esta Cámara; sí ha tenido a bien irse a hacer las américas al golfo Pérsico. (El
señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Chaves González: A África.-La señora Hermosín Bono: ¡Qué malo!) Uno se pregunta: ¿Qué hace el vicepresidente y ministro de Política Territorial hablando de temas de
infraestructuras, de temas de agua, de temas de industria,


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de temas de energía y de electricidad? Porque creemos que para eso hay ministros del ramo competentes que dominan la situación, lógicamente por ser su área, mucho mejor que usted, y hubiera sido mucho más lógico que en representación del
Gobierno y acompañando a esas empresas -nos parece muy bien que se intenten abrir nuevos mercados y se ayude a las empresas en la situación que estamos viviendo- el ministro de Industria, el ministro de Fomento o la propia vicepresidenta Salgado,
responsable del área económica, hubieran llevado a cabo ese viaje. Pero no. Lo ha realizado usted, que parece ser que está sobrado de tiempo por la falta de trabajo que tiene en su materia y en su ámbito de actuación, como es el de la política
territorial de las corporaciones locales y el de las comunidades autónomas. Hubiera sido mucho más interesante para el conjunto de los ayuntamientos y de las corporaciones locales, que usted hubiera dedicado esos días que ha estado de viaje en el
golfo Pérsico a trabajar con los ayuntamientos para abordar la nueva financiación local y buscar soluciones a esas cifras que le he relatado que son absolutamente escalofriantes. Señor vicepresidente, nosotros queremos saber cuál es el coste que ha
supuesto este viaje, su presencia y la de su equipo, al conjunto de los españoles y el gasto que nos han ocasionado. Por eso, queremos saber qué personas le han acompañado, que cargos de su ministerio le han acompañado, qué motivaba la presencia de
esos altos cargos, asesores o personal de confianza en ese viaje al golfo Pérsico para hablar de industria, economía o cuestiones relacionadas con infraestructuras. También nos gustaría saber por qué han ido esas personas de su ministerio y no
altos cargos o asesores de ministerios relacionados con las materias que se iban a abordar en esas reuniones, de fomento, de industria, de economía, e incluso del medio marino, ya que también ha habido algunas conversaciones sobre el agua. En
definitiva, señor vicepresidente, queremos saber cuánto nos ha costado a los españoles esta excursión que se han organizado ustedes, en vez de estar compareciendo, a petición propia, en esta Cámara, y en vez de estar resolviendo los enormes
problemas que tienen los ayuntamientos, que sus deudas han llevado a muchas pymes a desaparecer, que sus deudas han llevado a muchos trabajadores de esas pymes a perder sus puestos de trabajo en estos últimos años y que nos explique y nos justifique
el porqué. Si no tuviera los datos el señor vicepresidente, nosotros formalmente solicitamos que se hagan llegar por escrito al presidente de la Comisión para que nos dé traslado de toda esa información que solicitamos.



No sé, señor vicepresidente, si despedirme de usted, decirle hasta pronto o desearle buena suerte en lo personal. Yo estoy convencido de que va a haber remodelación del Gobierno, es una opinión muy personal, y espero y deseo que el
presidente de Gobierno cumpla los mandatos de esta Cámara, no por usted en lo personal, sino por cumplir los mandatos de esta Cámara, porque esta es una vicepresidencia que debe desaparecer, porque, en una situación de crisis como la que está
viviendo este país, es una vicepresidencia que es un absoluto derroche para el conjunto de la sociedad.



El señor PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor Jane por Convergència i Unió.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiero dar la bienvenida a esta Comisión de Política Territorial al ministro de Política Territorial y vicepresidente
tercero del Gobierno. Vaya por delante que del objeto que hoy nos ocupa, estas dos peticiones de comparecencia, mi grupo se ha centrado solo en una de las mismas. Me perdonará el señor Merino, pero no vamos a entrar ni un segundo a discutir el
desplazamiento de Estado que pueda hacer un vicepresidente tercero del Gobierno que, mientras no se remodele el Gobierno es vicepresidente tercero, cargo político de la máxima importancia. Por tanto, nosotros no discutimos en ningún caso el viaje
institucional que pueda haber hecho el vicepresidente tercero que, además de la responsabilidad de política territorial, tiene esa imagen institucional como vicepresidente del Gobierno. Por tanto, ahí no vamos a entrar, en absoluto. Pero sí que
vamos a entrar, señor vicepresidente, en los temas que nos ocupan y nos preocupan de su área concreta de responsabilidad en el Gobierno.



La política territorial tiene un doble frente: comunidades autónomas y entes locales. De repente, la fiesta terminó; de repente se apagan las luces y hay una desorientación general, ¿qué ha pasado? Y esa fiesta que termina lo hace con la
aprobación repentina, sin previo aviso, incluso negada desde el propio Gobierno antes de que se produjera, del Decreto-ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Cierto es que el presidente del Gobierno, antes de
la aprobación de ese decreto-ley, había anunciado ya algunas medidas concretas; pero la plasmación, el negro sobre blanco, de esas medidas concretas de reducción del déficit público llevó aparejada, al final, una sorpresa inesperada: había medidas
concretas que afectaban a los ayuntamientos y a su capacidad de endeudamiento. Fue una sorpresa que incluso tuvo que rectificarse en cuanto a los plazos de la misma. La verdad es que ese apagón de luces, la fiesta termina, va con esa adición no
explicada antes y causó, señor vicepresidente, un grave malestar a nuestros responsable locales de todos los partidos, de todos los colores políticos, porque todos ellos vieron en esa medida una agresión directa a su capacidad de gobernar. Estamos
de acuerdo en que las cosas han cambiado y que todos debemos realizar un esfuerzo para reducir el déficit, pero nos tememos que en esta ocasión nos hemos precipitado en la medida concreta a aplicar. Se dice que a partir del 1 de enero, tras la
rectificación, corrección de error -y no vamos a entrar ahora en esas menudencias de cómo fue esa corrección-, tras el nuevo texto convalidado, nuestras


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corporaciones locales no podrán realizar esas operaciones de endeudamiento, y nos tememos que esto las va a afectar gravemente en sus inversiones, porque de alguna manera se ha querido ligar endeudamiento local con déficit público, y eso
sabe el señor vicepresidente que no necesariamente es así. Hay corporaciones locales que recurren a la deuda y que, en cambio, están cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por tanto, en nada les obstaculiza esa operación de
endeudamiento en lo que es el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se podía haber hecho, por ejemplo, que no se pudieran endeudar aquellos municipios que no cumplieran con la estabilidad presupuestaria. Esto hubiera podido
ser una vía distinta a la generalizada que les provoca una sensación de ahogo. Por tanto, va a haber inversiones que no van a poder cumplir y va a haber un estrangulamiento de planes de inversión, no de déficit corriente, no de gastos corrientes
del ayuntamiento o de la corporación local, sino de inversión de futuro que generaba riqueza y que era necesaria para ese ayuntamiento. Por tanto, el panorama para nada es fácil para nuestras corporaciones locales. Y a ese súbito apagón de luces
de la fiesta, se le une rápidamente lo que es el anuncio de que no vamos a cumplir con lo que esta Cámara ha aprobado. Ya estamos finalizando el mes de junio y deberíamos tener la entrada triunfal en este Congreso de los Diputados del proyecto de
ley de haciendas locales, tal y como aprobó el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones a instancias del Grupo Popular, a instancias del Grupo de Convergència i Unió, y al final lo aprobó el Pleno incluso con los votos del Partido Socialista,
o sea que tuvimos la práctica unanimidad en que esa fecha, 30 de junio, era la fijada para presentar el proyecto de ley de haciendas locales, sabiendo también, señor vicepresidente, que la presentación no significa la aprobación o entrada en vigor
del mismo. Somos conscientes del marco en el que estamos y de que su aprobación hubiera iniciado la discusión en esta Cámara, en esta Comisión para ir perfilando sus contenidos, y esto nos tememos que no va a ser así. ¿Cuál es el calendario?
¿Vamos a tener nueva financiación local en esta legislatura? ¿La vamos a tener para la próxima a través de un proyecto de ley que se presente por lo menos en esta y que pueda entrar en vigor a partir del mes de mayo del año 2011 tras las nuevas
elecciones municipales? ¿Para cuándo? ¿Qué previsión? ¿Nunca? ¿Pronto? ¿Ya veremos? Necesitamos una explicación, una concreción. Debe darnos esa concreción en esta Cámara porque es esta Cámara la que ha aprobado esos reiterados mandatos y nos
gustaría poder dar una mayor seguridad.



A ese panorama también se unen dos datos negativos más para nuestras corporaciones locales. Los fondos locales nuestro grupo nunca los ha compartido pero reconocíamos que, a falta de una financiación local, podían ayudar en el día a día de
algunas corporaciones locales, y más cuando un 20 por ciento del último fondo se podía destinar a gasto corriente social. Sabe el secretario de Estado, Gaspar Zarrías, que nuestro grupo pedía que ese porcentaje al gasto corriente hubiera sido más
alto, pero al final se quedó en ese 20 por ciento. Pero lo cierto es que no hay perspectiva de nuevos fondos en los próximos años, que no eran la solución, y tampoco hay financiación local. A ello se une también que el Fondo especial de
financiación entre municipios no superiores a 20.000 habitantes, ese fondo especial, se ha visto recortado en 10 millones en este mismo ejercicio. De lo presupuestado para el año 2010, que eran 150 euros por habitante, nos hemos quedado en 140
euros por habitante, tras la disminución de ese fondo en 10 millones. Panorama global: muy negativo. Le pedimos concreciones, concreciones que también deberían ir ligadas, señor vicepresidente, al anunciado anteproyecto de ley del Gobierno y la
Administración local. El 4 de marzo pasado, cuando vino a esta Comisión, algún portavoz anunció que había recibido el proyecto de ley, yo solo había recibido amablemente de su ministerio una presentación de los principios rectores. Existía un
documento del anteproyecto de ley básica del Gobierno y la Administración local, pero no se nos daba el texto concreto, se nos daba como si fuera un power point, unos macroprincipios, pero faltaba la letra pequeña. Y usted me dijo ese día 4: no es
verdad, señor Jané, que se lo hayamos dado a unos grupos y al suyo no; no se lo hemos dado a nadie. Yo me creo absolutamente sus palabras, no se ha dado el texto, pero ese mismo día nos dijo: en las próximas semanas se va a recibir ese texto.
Era voluntad de su Gobierno tramitar ese texto antes de la financiación local y era voluntad de nuestro grupo que se tramitaran en paralelo, pero a lo mejor no se va a tramitar tampoco este, porque no hemos tenido ninguna concreción más. En esta
comparecencia de hoy nos hubiera gustado conocer exactamente cuál era la concreción final de ese proyecto de ley del Gobierno y la Administración local, proyecto de ley que por lo demás sería necesario que, si es un nuevo marco de actuación,
estuviera vigente, o por lo menos aprobado, antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo del año 2011. Por tanto, este es el panorama.



En cuanto a comunidades autónomas, nosotros siempre hemos entendido que el sistema de financiación no era el adecuado y nos hemos mostrado críticos ante ese sistema de financiación. Los datos que ha aportado el secretario de Estado de
Presupuestos a esta Cámara no son positivos en cuanto a lo que deberán devolver las comunidades autónomas. Esa devolución de las comunidades autónomas, que es de la liquidación del año 2008 y de la liquidación del año 2009, no es para nada
positiva. Nos gustaría que nos la concretara, por lo menos, en mi caso le pido para la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la nación catalana, que tiene un sistema de financiación en su Estatuto. Nos gustaría desde Convergència i Unió que se
concretara específicamente qué va a suponer esa devolución de la liquidación del año 2008 y del año 2009. En definitiva, al final, tras un nuevo sistema de financiación, vamos a tener como resultado menos financiación, porque tras esa devolución


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cómo queda, al final del ejercicio cuánto tiene de más. Nos tememos que va a tener de menos y nos tememos que esa cesión se ha utilizado para subir impuestos, que no ayuda para nada ni a los ciudadanos, que se ven sometidos a ese aumento de
los impuestos, ni a la dinámica de crear empleo y de generar más ocupación en nuestra economía. Por tanto, el panorama para nada es halagüeño.



Termino ya, señor presidente. Señor vicepresidente, usted es ministro de Política Territorial. Estamos en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, recientemente denominada así tras la incorporación, que nos custodia, de los
siete ponentes de la Constitución. Una Constitución, señor vicepresidente, que usted también tiene la obligación desde su ministerio de velar para que se aplique de la forma con la que muchos, que contribuimos también a su redacción, nos habíamos
sentido implicados cuando se gestó en el año 1978. Veo aquí al ponente Miquel Roca Junyent, que justo está detrás del presidente de esta Comisión. Nos gustaría pensar que la aplicación de esa Constitución, que nació de un amplio consenso, pueda
seguir discurriendo por el consenso. Según que aplicaciones se den de la misma, algunos pensaremos que es la Constitución, pero que deja de ser una Constitución afectivamente querida para muchos que quizá en el año 1978 sí que le dieron su
aprobación.
Desde su ministerio también debería velarse para que fuéramos capaces de que ese consenso constitucional de 1978 pudiera estar vigente. No depende directamente de usted, ni de su ministerio, depende también de otras instancias que en
ocasiones están muy pero que muy deslegitimadas desde nuestro punto de vista.



El señor PRESIDENTE: Por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET I COMA: Quiero agradecer también al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial su comparecencia en esta Comisión.
Intervenir en tercer lugar, evidentemente, suele ocasionar lo que es habitual, que en algunos
casos no te queda más remedio que repetirte porque algunas de las inquietudes son comunes a los diferentes portavoces.



Le voy a hablar de cuatro temas. Primero, quiero dejar constancia, como concejal de un ayuntamiento, del mal sabor de boca que dejó algo que se ha comentado ya antes, el Real Decreto 8/2010, de medidas de reducción del déficit público. Se
rectificó, no entremos en cómo y de qué manera y con qué explicaciones, porque yo creo que nadie se las creyó, todos sabíamos qué había pasado. A nosotros no nos pilló el toro y habíamos hecho los deberes, pero, pese a eso, insisto en la mala
imagen que se dejó de los ayuntamientos con esa aprobación casi con nocturnidad de la prohibición de endeudarse más. Tal como se ha dicho antes, creo que se metió en el mismo saco a todos los ayuntamientos y, pese a la rectificación, los programas
de inversión, en muchos casos plurianuales, van a salir bastante perjudicados de la medida. Insisto, no sé si no había otra solución, admito que desde su ministerio deben manejar datos mucho más correctos que los que podamos manejar desde un
ayuntamiento o desde un grupo parlamentario, pero en cualquier caso nos parece que es una medida muy arriesgada y que va a perjudicar bastante el devenir de muchos ayuntamientos.



El segundo comentario también está ligado al mundo local y ya se ha hecho referencia a él. Todos le hemos interrogado en más de una ocasión sobre el tema de la financiación local y la ley de gobiernos locales, y vemos que se van esfumando
las posibilidades de que ambos instrumentos empiecen su andadura, al menos empiecen su andadura. De todas formas espero la respuesta que nos va a dar ahora, porque igual nos sorprende con alguna noticia agradable. En cualquier caso, quería
preguntarle, además de sobre estos temas de gran calado, como son la financiación y la nueva ley de gobiernos locales, sobre la participación en los ingresos del Estado, la PIE, que también preocupa mucho a los ayuntamientos porque se está
reduciendo, si esa mecánica va a seguir por el mismo camino.



El tercer comentario que le quiero hacer viene derivado de la dificultad que supongo que tienen los gobiernos -no solamente este, tengo cierta experiencia en esta Cámara y veo que no es exclusivo de su Gobierno- cuando se aprueban
determinadas disposiciones, sobre todo si son proposiciones no de ley: que cuesta mucho que el Gobierno las cumpla.
Insisto, digo que cuesta pero algunas las cumple evidentemente. Por tanto al hilo de esa constatación, y ya que usted se ha
referido a la supresión de altos cargos que su Gobierno ha puesto en marcha en ese marco de austeridad, quería recordarle que por ejemplo Esquerra Republicana consiguió que se aprobasen hace ya un año medidas que pedían mucho más alcance a esa
operación de reducción de altos cargos y en general de la Administración General del Estado. Se aprobó que se enviaría un informe de la estructura de la Administración General del Estado para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia, también se
aprobó que se regularía el uso de los medios públicos por parte del Gobierno, que se reduciría la estructura de los ministerios con competencias, sobre todo aquellas que ya están traspasadas a las comunidades autónomas, en algunos casos
íntegramente, como Cultura, Vivienda e Igualdad, cuyas funciones podrían ser asumidas por los ministerios de Educación, Fomento y Sanidad y Políticas Sociales respectivamente. En cualquier caso ese informe que debería llegar no ha llegado, y
después de un año -como mínimo-, ya que no se cumple la proposición no de ley al menos el informe con el cual podríamos tener muchos más datos creo que sí debería haber llegado.



Finalmente una reflexión respecto a las comunidades autónomas y el esfuerzo que evidentemente, y coincido con usted, todas las administraciones deben hacer en estos momentos, pero no sé si todas las comunidades


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autónomas van a hacer el mismo esfuerzo. Voy a prescindir de un dato que conoce todo el mundo, las diferencias, las brechas enormes entre el porcentaje de empleados públicos de las diferentes comunidades autónomas que hace que las
situaciones no sean nada parecidas y por tanto la implicación de las medidas tampoco lo es. Respecto de los empleados públicos, después de una temporada de congelación, ahora de reducción de sus sueldos, la pregunta es cómo vería usted la
posibilidad de que en un futuro cercano al menos a ese esfuerzo que van a empezar a realizar recuperen su poder adquisitivo porque creemos que es un sector social que normalmente es el que acaba recibiendo los golpes en época de crisis. Por tanto
quisiera conocer su opinión y si puede encontrar alguna solución a este tema en un plazo relativamente corto. Acabo tal como empecé, quizá pesa más en este momento mi condición de concejal aunque procuro no separar los dos temas, espero con
ansiedad la respuesta que dé, si es que hay un futuro inmediato, sobre la Ley de Financiación Local y sobre la Ley de Gobiernos Locales.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Callejón.



El señor CALLEJÓN BAENA: Señor vicepresidente, señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista siempre vamos a considerar como absolutamente legítima cualquier iniciativa parlamentaria que prevea el Reglamento sea del tipo que sea, como
pueden ser las solicitudes de comparecencia de altos cargos o ministros del Gobierno. No puede ser de otra manera, por lo menos nosotros lo vamos a considerar siempre así. Dicho esto digo también que no todas las iniciativas parlamentarias, al
margen de su consideración de legítimas, nos merecen los mismos calificativos. Así las tres primeras solicitudes de comparecencia de hoy, la realizada por el Grupo Parlamentario Popular, la que ha realizado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, nos parecen, además de legítimas, que como digo lo son todas, correctas, lógicas y entendibles desde la perspectiva de una
leal relación en los roles que juegan el Gobierno y los grupos, en este caso de la oposición. He solicitado una información absolutamente razonable y creo que el hecho político es la respuesta a la intervención del vicepresidente, que a mi juicio
ha dado la información que se precisaba, es decir que las comunidades asumen por unanimidad el ajuste necesario para llegar al objetivo de reducir el déficit hasta el 3 por ciento en el año 2013. Ese es el hecho político básico, lo verdaderamente
importante de la comparecencia: la unanimidad en la asunción de ese compromiso por parte de todas las comunidades autónomas. Y lo demás evidentemente es absolutamente legítimo, las críticas o las posiciones diferentes ante ese hecho.



El Gobierno -para situar y contextualizar el momento que vivimos- ha tenido desde el primer momento una estrategia clara concentrando sus acciones para combatir la crisis y sus efectos en la economía real, renovando nuestro modelo de
crecimiento económico, garantizando la estructura de nuestro modelo de protección social. Por eso ya en el otoño del año 2008, cuando estalla de una manera virulenta la crisis financiera internacional, se tomaron medidas para garantizar nuestro
sistema financiero y poder sobre todo garantizar los ahorros de los ciudadanos ante la situación de extrema gravedad, con riesgo de colapso, que vivió el sistema financiero internacional. El Gobierno tomó las medidas para garantizar los ahorros de
los ciudadanos y la estabilidad de nuestro sistema financiero. La primera consecuencia de la crisis fue su traslado a la economía real, cesando el crédito a las empresas y a las familias, disminuyendo por tanto la inversión y el consumo y
aumentando de una manera intensa la consecuencia más negativa de la crisis que fue el desempleo.



El Gobierno, concertadamente con los países del G-20 y con los de la Unión Europea, vio necesaria una importante inyección de recursos públicos para sostener la actividad privada y para sostener el conjunto de la actividad económica. Fue lo
que en nuestro país se aprobó como Plan de estímulo a la economía, y en los diferentes países, en unos tiempos en los que el mundo sufría la peor situación económico-financiera desde hace más de 80 años, concretamente desde la crisis del
veintinueve. El Gobierno ha realizado políticas presupuestarias anticíclicas con ahorro en épocas de expansión, como fue la anterior legislatura, para poder realizar ese margen e incluso ir a niveles altos de déficit para hacer frente a las graves
consecuencias de la crisis económica que son la parálisis de la actividad, fundamentalmente de las pymes por falta de crédito, disminución de la inversión, la caída del consumo y sobre todo la consecuencia más indeseable, como he dicho, que fue el
desempleo.



En este proceso, que también ha realizado la mayoría de los países de la Unión Europea y del mundo desarrollado, los niveles de déficit público que se dan en los principales países son similares e incluso superiores a los de España. Yo creo
que una vez que se ha aguantado el golpe más fuerte de la crisis con sus efectos más negativos y una vez que empiezan a darse signos -no valoraciones sino signos- positivos, es necesario tomar el camino que nos permita reafirmar la sostenibilidad de
nuestras cuentas públicas. Ya en el presupuesto de 2010 se contemplaron medidas en esa dirección; en este año 2010 se reajustó el presupuesto en cinco mil millones, repartidos entre los diversos ministerios, junto con un plan de reorganización
administrativa con el objetivo de reducir el déficit. Los gobiernos de la Unión Europea consideraron en esta primavera que había que acelerar y asegurar la disminución del déficit público para llegar a 2013 con el 3 por ciento, pero acentuando la
reducción en 2010 y en 2011.
Y el Gobierno de España, al que algunos, por cierto, llamaban improvi


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sador, fue el primero que tomó la decisión de impulsar nuevas medidas de ajuste, decisión que implica esfuerzo, que implica sacrificio, que permite garantizar el núcleo duro de las políticas sociales como son educación, salud, pensiones,
desempleo y que permite también garantizar la solvencia y el crecimiento económico para salir de esta situación.



Este ajuste que en forma de decreto-ley fue ratificado por este Congreso y en el que sabemos -lo sabíamos y hoy lo ha explicitado el vicepresidente del Gobierno- que la parte que corresponde a las comunidades autónomas ha sido asumida por
unanimidad por los propios gobiernos autonómicos. Cómo distribuyen ese ajuste cada una de las comunidades autónomas es algo que corresponde a su nivel de decisión. Lo importante es su decisión. El momento actual, desde la prudencia y siendo
conscientes de la situación todavía difícil, compleja y con muy alto número de personas en desempleo, empieza a tener, como he dicho anteriormente, signos positivos. El producto interior bruto del primer trimestre crece tras seis trimestres en
decrecimiento; desde marzo la producción industrial crece por primera vez en veintidós meses; la recaudación tributaria ha crecido por primera vez también en dos años; las exportaciones han crecido, la venta, la exportación de automóviles, crece
notablemente. Son, como decía, datos, cifras, no valoraciones, no especulaciones, que indican que la situación está empezando a cambiar positivamente. Por tanto, ahora es el momento de la colaboración, ahora es el momento de la concertación, y
ahora es el momento de la decisión que han tomado las comunidades autónomas de contribuir de una manera unánime en ese objetivo del Gobierno y de la sociedad española.



Hay también, como le decía al principio, otra solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Popular. Como les decía anteriormente, todas nos parecen legítimas y todas las solicitudes se ajustan al Reglamento del Congreso, pero no
consideramos que esta, señores del Grupo Popular, sea una solicitud de comparecencia pertinente ni propia del papel que a un partido responsable en la oposición le corresponde. Es una solicitud que viene marcada no para conocer la posible
influencia de ese viaje en las relaciones de España con esos tres países, no es tanto para conocer los resultados, y la prueba es que se han dado los resultados de ese viaje, se ha explicado de una manera pormenorizada en qué ha consistido el viaje
y a ustedes no les ha satisfecho. Ustedes realmente no iban buscando conocer el sentido de Estado de ese viaje. Ustedes después han hablado de la financiación local, del gobierno local, de la desaparición de la vicepresidencia y, al final,
terminan diciendo que el vicepresidente del Gobierno tenía que estar aquí porque tiene asuntos de su ministerio muy importantes que atender. Es una contradicción que al mismo tiempo que plantean la necesidad de la desaparición de esta
vicepresidencia, planteen que un vicepresidente del Gobierno no puede ir a un viaje de Estado a tres países de esa importancia en el mundo. El viaje no es lo que importa, lo que importa es atacar no al vicepresidente tercero, sino a Manuel Chaves
González. Todo tiene su origen fuera de aquí, tiene su origen en Andalucía y su origen es lejano en el tiempo; tiene su origen en el año 1990. Señor Merino, no le responsabilizo a usted, la responsabilidad de esto viene de dónde se instiga esta
estrategia y esta estrategia se instiga en Andalucía y se instiga por una persona que usted sabe perfectamente quién es. Les diré un dato. El mismo día que el vicepresidente empieza el viaje, ese mismo día el secretario general del Partido Popular
en Andalucía dice que es un viaje sin ningún resultado.
Es decir, sabían el resultado el mismo día que iniciaba el viaje: sin ningún resultado. (La señora Hermosín Bono: ¡Eso es igual!) Eso es igual, sí, señora diputada. Es igual, es el
vicepresidente tercero que se llama Manuel Chaves. Es el vicepresidente tercero al que los diputados andaluces retratan, ni siquiera disimulan, encargando las interpelaciones, las preguntas, las inquisiciones a otros diputados de su grupo, siempre
son diputados andaluces los que están detrás de la actividad de Manuel Chaves González. Señor Merino, de verdad que no le responsabilizo a usted. Usted sabe dónde está el origen y lo sabemos todos los diputados de esta Cámara. Por eso quiero
agradecer la referencia que ha hecho a esta solicitud de comparecencia el representante de Convergència i Unió. Es un viaje de Estado y como tal hay que tratarlo. El vicepresidente lo ha explicado de una manera clara y pormenorizada, con más
detalle incluso de lo necesario, y está bien que los dé, pero evidentemente para ustedes era igual. Era igual diese el resultado que diese el viaje, diese las explicaciones que diese el vicepresidente porque la descalificación estaba asegurada.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente tercero.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señorías, agradezco todas las intervenciones y el tono en las que se han manifestado. Por supuesto, el hecho importante, si es que tiene
importancia, es que estamos aquí reunidos y que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial está aquí presente. Es absolutamente secundario que sea a iniciativa de los grupos parlamentarios o a iniciativa propia, no tiene ninguna
importancia. Creo que son tres o cuatro las veces que he comparecido en esta Comisión y también he comparecido en diversas ocasiones en las comisiones del Senado, algunas por iniciativa propia y otras por iniciativa de los grupos parlamentarios.
Me parece que es lo normal en el trabajo y en la actividad de los parlamentos democráticos y es lo realmente importante. El hecho es que estoy aquí para rendir cuentas y dependerá de la opinión de cada uno de ustedes que sea con mayor o con menor
fortuna. Por supuesto que no ha sido el viaje al golfo Pérsico el que me ha impedido estar aquí. He estado cuatro días de viaje y de


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ellos, dos concretamente, han sido un sábado y un domingo. Aproveché un fin de semana y no ha sido el impedimento para poder estar compareciendo ante la Comisión de Política Territorial.



Como dije al principio, hay que situar las medidas que se han adoptado de ajuste que implican y que afectan a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales en el contexto en el que estamos
viviendo, una situación de crisis económica que obliga lógicamente a reducir los gastos para alcanzar un objetivo que ya se ha manifestado aquí, que es el del 3 por ciento, un objetivo que se acuerda no solamente en un contexto nacional, siempre he
dicho que no hay salidas nacionales a esta crisis, sino que se acuerda a través de políticas de consolidación en el contexto de la Unión Europea, en una organización territorial que tiene una moneda única, una moneda común que es el euro.
En
consecuencia, también quiero decir que no es que el Gobierno improvise, creo que se ha dicho aquí por algún portavoz, sino que yo creo, y siempre lo he dicho, que quien improvisa es la crisis, está continuamente improvisando y los gobiernos
lógicamente tienen la responsabilidad y la obligación de dar respuesta.



¿Alguien puede pensar que las medidas que se adoptaron en algún momento hace un año se hubieran adoptado ahora con una situación absolutamente distinta? Es difícil. Alguien ha mencionado aquí la financiación autonómica. En aquel momento
se consideró necesario abordar la financiación autonómica no porque la pidiera tal o cual comunidad autónoma, la pidieron todas, señor Merino, todas, incluso algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular consideraron
insuficiente el dinero que les correspondía con el nuevo sistema de financiación autonómica, evidentemente. ¿La financiación autonómica engrosó el déficit? Es lógico. En aquel momento se consideró necesario también porque había una presión fuerte
de las comunidades autónomas que querían lógicamente garantizar la cobertura financiera y económica para la prestación de los servicios públicos que las comunidades autónomas prestan, entre ellos, educación, salud y política social.



¿Hoy se hubiera adoptado la financiación autonómica? Es difícil saberlo.
Si me pregunta mi opinión creo que no. Hoy, junio del año 2010, hubiera sido difícil abordar en esta situación económica la financiación autonómica por esa sencilla
razón. Es verdad que había un compromiso y no voy a negarlo. Incluso ha habido resoluciones del Congreso y del Senado para que se presentara la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Gobiernos Locales, pero ¿alguien puede pensar, de verdad, que este
es el mejor momento para abordar la financiación de las corporaciones locales? Creo que no. Nadie puede considerar seriamente que este sea el momento sencillamente porque nadie entendería que al abordar la financiación local engrosáramos el
déficit. Ni se entendería dentro de España ni se entendería fuera de nuestro país ante la Unión Europea. Lógicamente siempre cabe la posibilidad de que haya alguna iniciativa por parte de los grupos parlamentarios si alguien considera que estamos
en condiciones de abordar la financiación local con el efecto consiguiente de incrementar el déficit. Lo puede hacer. Hay iniciativas en el Parlamento y pedimos que se presenten propuestas, como hemos pedido que se presenten propuestas para otros
temas que hay que abordar en el conjunto de la crisis económica. Eso es importante. Todas las comunidades autónomas en su momento estuvieron de acuerdo con la financiación autonómica, se abstuvieron o votaron en contra, pero todas recogieron el
dinero que les correspondía. He dicho lo que creo necesario en relación con la financiación local.



Cuando se establecen objetivos de déficit es imposible fijar objetivos de déficit distintos para cada una de las comunidades autónomas. Las primeras que estuvieron en contra fueron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular. Es imposible. Por tanto, el objetivo de déficit tenía que ser común para todas las comunidades autónomas.
Ninguna comunidad autónoma iba a aceptar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que una comunidad autónoma tuviera un
objetivo de déficit inferior a otra. Argumentos se podían poner encima de la mesa para justificar cada posición, pero todas las comunidades autónomas aceptaron que el objetivo de déficit fuera común para su conjunto y que el ajuste fuera el mismo
para todas ellas.



Señor Merino, a lo largo de mi intervención he tratado de especificar cómo se distribuye el ajuste de los 5.000 millones correspondientes al año 2010 más los correspondientes al 2011 en relación con las comunidades autónomas o el conjunto de
las administraciones territoriales. Para los 10.000 millones: reducción de los sueldos de los funcionarios, 1.700; dependencia, 100 millones; ahorro adicional, 1.200; y gasto farmacéutico, 1.225 millones. En este sentido, lo que sí le puedo
decir, señor Merino, es que las comunidades autónomas lógicamente tendrán la responsabilidad y la obligación de especificar en sus presupuestos para el año 2011 cómo se va a concretar el 0,75 por ciento del 1,75 que el Gobierno tendrá que concretar
ante la Unión Europea. El techo del gasto para la Administración General del Estado es el uno por ciento -ya está contemplado- y las comunidades autónomas tendrán que especificar el 0,75 por ciento en sus presupuestos para el año 2011 y decidir si
quieren hacer el ajuste por la vía del gasto o bien por la vía de los ingresos.
Algunas lo están haciendo por la vía de los ingresos en razón de su autonomía financiera y otras adoptarán la medida que consideren oportuna.



En relación con las corporaciones locales ha habido una cierta coincidencia en las intervenciones de los portavoces. El Gobierno de España ha asumido su responsabilidad con las corporaciones locales. Hemos tenido muchos debates en esta
Comisión y también en el Pleno de la Cámara sobre el Fondo estatal de inversión local y sobre el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local. En todos estos años no ha habido una transferencia para inversiones tan importante y de tanta


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cuantía -13.000 millones en dos años- como la efectuada por parte del Gobierno para las corporaciones locales. Eso ha representado un gran alivio para la situación financiera de las corporaciones locales y, como he dicho en muchas
ocasiones, no hay un ayuntamiento, un alcalde o un concejal que no haya agradecido o hecho una manifestación positiva en relación con estos fondos. Es verdad que en el último fondo, el Fondo estatal para la sostenibilidad local y el empleo, se
estableció un techo de hasta un 20 por ciento para que pudiera ser destinado a gasto corriente, sobre todo en materia educativa y en materia social, y es cierto también que los grupos políticos y las corporaciones locales pidieron que ese techo
fuera elevado al 30, al 50 o hasta el 60 por ciento. Sin perjuicio de que pueda respetar cualquiera de estas posiciones, la realidad ha sido que las corporaciones locales no han agotado prácticamente el techo del 20 por ciento; no lo han utilizado
y han preferido que la gran parte de los proyectos presentados sean financiados para inversión. La media de lo que han utilizado las corporaciones locales para gasto local no llega al 17 por ciento del total. Quiero dar este dato para que ustedes
lo tengan en cuenta.



Ha sido el señor Merino el que me ha preguntado qué ocurrirá -creo que también el señor Jané- con la liquidación correspondiente a la devolución de la Administración General del Estado a las corporaciones locales, de los años 2008 y 2009.
Tengo que recordar que se ha establecido un año de carencia y que la liquidación tendrá lugar a partir del 1 de enero del año 2011, en cuatro años. No les puedo dar los datos correspondientes porque la liquidación del año 2008, que es la que se
empezará a cobrar a partir del 1 de enero de 2011, todavía no está cerrada y no hay datos de cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que les puedo decir.
Hemos estado hablando con Hacienda y esa liquidación no está cerrada. Es verdad que
la liquidación afecta a todas las administraciones territoriales, a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas y locales, porque la disminución de los ingresos ha afectado a todas las comunidades autónomas y, en
consecuencia, si las comunidades autónomas, las corporaciones locales, como consecuencia de esa reducción de ingresos han recibido más dinero de lo que les corresponde, tendrán que ser liquidadas por esos anticipos a cuenta. La disminución de
ingresos afecta a todas las comunidades autónomas y en una situación como la actual todas tienen que verse afectadas en esa dirección. Es absolutamente lógico. También es necesario decir lo siguiente. Todas las medidas de ajuste que se han
adoptado y que atañen a las comunidades autónomas se han tratado, se han debatido y se han acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cabe recordar que sobre todo el último ajuste ha sido por unanimidad y para las anteriores medidas no
ha habido oposición por parte de las comunidades autónomas. Por tanto, quiero recalcar que el Gobierno de la nación en este contexto se ha movido en la senda del diálogo, de la negociación, del acuerdo y del consenso, también con las corporaciones
locales en el Consejo Nacional de Política Local y lo mismo en las reuniones que personalmente he mantenido con dirigentes de la FEMP. Cuando les comuniqué que no iba a haber financiación local, no es que les gustara la decisión, no es que les
gustara la medida, pero creo que la comprendieron por el contexto que estamos viviendo. De la misma manera, ellos me trasladaron el problema que les había planteado el decreto-ley en relación con las operaciones de endeudamiento correspondientes al
año 2010, que les estrangulaba algunas operaciones de inversión, sobre todo aquellas que necesitaban o exigían cofinanciación con gobiernos autonómicos, con el Gobierno de la nación o con los fondos estructurales de la Unión Europea. Lo que hizo el
Gobierno es corregir una situación que iba a producir determinados efectos negativos ante los ayuntamientos y los ayuntamientos nos hicieron llegar cuáles eran sus posiciones al respecto. En definitiva considero, el Gobierno considera, que no es el
momento oportuno para abordar la Ley de Haciendas Locales. Si se presentara la Ley de Haciendas Locales los ayuntamientos plantearían la necesidad de que se pudiera aprobar y abordar cuanto antes. No es el mejor momento y los ayuntamientos
entienden que no es el mejor momento, incluso desde su perspectiva local. Habrá que buscar el momento oportuno, una vez ajustadas las cuentas públicas y una vez superada la crisis económica para abordarla. Ese es el propósito del Gobierno,
abordarla en la mejor situación.



Hay otra ley con la cual nos comprometimos, la Ley de gobiernos locales.
El borrador del proyecto de ley -como sabrán porque lo hemos dicho en otras ocasiones- está terminado. No lo hemos presentado porque había una petición y un
planteamiento por los grupos parlamentarios de que la Ley de gobiernos locales debería estar acompañada por la Ley de Haciendas Locales. Si esa situación cambia o si esa posición de los grupos parlamentarios cambia, el Gobierno no tiene ningún
inconveniente, sobre la base del consenso, en presentar el proyecto de ley de gobiernos locales. Dejo este tema aquí, ustedes podrán manifestar su posición o su opinión al respecto. Si esa simultaneidad ya no se exige, el Gobierno está en
condiciones, sobre la base del consenso, de presentar el proyecto de ley sobre las haciendas locales.



Señor Merino, ya hemos discutido en más de una ocasión sobre la Vicepresidencia tercera. Usted sabe ya cuál es mi posición al respecto; yo sé cuál es su posición también sobre este tema. Ha habido votaciones distintas e incluso hubo una
votación en la que se rechazó la supresión de la Vicepresidencia tercera. No la ha mencionado usted, pero hubo una votación en esa dirección, quizás porque había algo más que la supresión de la Vicepresidencia tercera y hubo grupos que fueron
responsables a ese respecto a la hora de la votación. Como ya le he dicho, no voy a entrar en ese debate. Hay una ley del Gobierno; hay una Constitución. Mientras esa


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ley del Gobierno no se cambie y mientras esa Constitución no se modifique la facultad para ordenar el Gobierno, para hacer crisis de Gobierno, para cesar, para poner, para entrar, para sacar, es una facultad que le corresponde al presidente
del Gobierno. Ahí está la ley y ahí está la Constitución, que está por encima de las opiniones de los grupos políticos.



En cuanto al viaje, quiero recordar aquí que no he hecho ningún viaje ni como presidente de la Junta de Andalucía ni ahora como vicepresidente que no haya sido criticado por el Partido Popular; ninguno. Todos han sido inútiles, ninguno ha
servido para nada; en todos me he ido de vacaciones, etcétera. (Risas.) Eso refleja un poco cuáles son las actitudes que adopta el Partido Popular cuando alguien del Gobierno, o en casos anteriores como presidente de la Junta de Andalucía, iba
representando en aquel momento a Andalucía para hacer gestiones que beneficiaban y favorecían los intereses de Andalucía y, en este momento, a los intereses de España. No he ido como ministro de Política Territorial; he ido como vicepresidente del
Gobierno. Voy como vicepresidente del Gobierno porque la ley dice que al vicepresidente le corresponderá el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno me encomendó una gestión en los países
del Golfo Pérsico de carácter político, económico y comercial, como vicepresidente del Gobierno -son importantes en el Estado las relaciones-, al mismo tiempo que aporté o que llevé una carta de Su Majestad el Rey a los tres jefes de Estado sobre
temas que afectaban a las relaciones entre ambos países.
En consecuencia, si lee el real decreto sobre las vicepresidencias del Gobierno, a la vicepresidencia tercera le podrá encomendar el presidente del Gobierno -de hecho se lo ha encomendado- el
ejercicio de mis funciones o de unas determinadas competencias o unos determinados objetivos. La delegación que me ha acompañado en esta gira por tres países ha sido de siete personas, entre las que se incluyen el subdirector general de Oriente
Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el director de Gabinete, el director de Comunicación, el director de Cooperación, que tiene encomendadas las competencias internacionales del ministerio, y tres asesores de mi gabinete. En
conjunto, siete personas. En relación con los gastos generales de la gira puedo informarle de que los trayectos han sido realizados en un avión de las Fuerzas Armadas, la factura aún no ha sido enviada al ministerio y el resto de costes del viaje
ha sido de 685,89 euros. (El señor Sánchez Pérez-Castejón: ¡Qué despilfarro!-El señor Merino López pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, ha oído bien.



Señor Jané, en parte he respondido a las preguntas cuando he hablado de financiación autonómica, cuando me he referido a la Ley de Haciendas Locales, cuando me ha planteado las operaciones de endeudamiento del año 2010. He respondido a su
preocupación en relación con el gasto corriente del 20 por ciento y también le he manifestado mi posición sobre la Ley de gobiernos locales y que, si esa exigencia desaparece por parte de los grupos, no hay inconveniente. También le agradezco las
palabras que ha pronunciado el señor Canet en nombre de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna. A su preocupación sobre la Ley de Financiación Local la he respondido, también sobre la Ley de Gobierno, las medidas de reducción
del déficit. Siempre hemos buscado el consenso necesario, hemos hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias y seguiremos abriendo y manteniendo el diálogo al respecto.



Vuelvo a reiterarles mi agradecimiento por sus intervenciones y por supuesto, como no, quiero agradecer las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por su apoyo a la gestión y por su apoyo a las medidas que
hemos puesto en marcha.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.



Un turno breve de intervención por si alguno de los portavoces quiere usarlo de no más de cinco minutos.



Señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Señor vicepresidente, es un contrasentido lo que ha manifestado aquí respecto a la financiación local. Hoy ya nos ha confirmado formalmente -el otro día ya lo dejó entrever en el Pleno al contestar una pregunta- que
no va a haber nuevo modelo de financiación local por la situación de crisis que hay. Y yo le pregunto, ¿por qué el Gobierno socialista, que se hartó de decir que la legislatura pasada fue de un enorme crecimiento económico, no trajo entonces el
nuevo modelo? Porque si usted dice que esta ley hay que traerla en época de bonanza, ¿por qué no se trajo, cuando todo el mundo decía que era muy necesaria? (El señor Callejón Baena: ¡Si estaba recién aprobada la otra!) ¿Qué le tiene usted que
decir al Grupo Parlamentario Socialista que hace poco votó a favor en esta Cámara de que trajera el nuevo modelo de financiación local antes del 30 de junio? Porque el Grupo Socialista votó a favor, todos y cada uno de los diputados del Grupo
Socialista, incluidos los ministros que estaban ese día en el hemiciclo para votar.
¿Cómo es que ministros del Gobierno votan a favor de que se traiga la financiación local y usted aquí anuncia hoy formalmente que no va a haber financiación local?
Además es que ustedes los socialistas parten de un principio básico erróneo: que todo lo que sea modificar es gastar. Usted dice que no se puede traer un nuevo modelo de financiación local porque eso es incrementar el déficit. ¿Y por qué va
suponer incrementar el déficit el nuevo modelo de financiación local?, ¿por qué no puede ser un nuevo modelo de reorganización?, ¿por qué? Es la pregunta que me gustaría que contestara. Ustedes parten del principio de gastar pero no de
reorganizar, no de reequilibrar la situación ni de ajustar aquellas situaciones que a lo largo de estos treinta años se hayan producido mal.



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Yo no comparto sus principios. Por eso el Grupo Popular le plantea que se traiga la ley de financiación local, porque para nosotros una nueva ley de financiación local no conlleva automáticamente un aumento de déficit, en absoluto, sino
resolver la situación de los ayuntamientos y reorganizarla, que es muy distinto. Hay un acuerdo de todos y cada uno de los grupos de esta Cámara votado, por unanimidad, y el Gobierno debería traer esa ley, señor vicepresidente, porque queremos que
entre en vigor en el año 2011, pero estaríamos dispuestos a hablar de ello. Lo que no tiene sentido es decir: No traigo la ley. Tráigala para que la debatamos y avancemos. Ha caído en su propio contrasentido cuando dice que cuando llegue una
nueva época de bonanza económica, que ya se encargará el Gobierno del Partido Popular de traerla otra vez a España, entonces se aplicará esa nueva ley, pero ya estará hecha. ¿O es que vamos a esperar a que haya una nueva época de bonanza económica
y entonces nos ponemos a hablar de la nueva financiación local? Yo le pido que reflexione seriamente y que haga un esfuerzo por traer la nueva Ley de Financiación Local y permita que avancemos y que vayamos sentando las bases de las corporaciones
locales.



En cuanto a la devolución de las liquidaciones de los años 2008 y 2009 -no le voy a echar a usted la culpa porque no era miembro del Gobierno-, el Grupo Popular ya dijo aquí, aunque usted no estaba, que esto se produce como consecuencia de
que eran unos presupuestos falsos -el Grupo Popular lo dijo en la Comisión de Presupuestos- porque, como ustedes estaban en esa época en que no había crisis -en los años 2008 y 2009 para ustedes no existía la crisis-, ustedes inflaban los ingresos.
Cuando han llegado la hora de la verdad y las liquidaciones, se ha visto que faltaban a la verdad y que el Grupo Popular decía la verdad: que había crisis y que eran unos presupuestos falsos, distorsionados y que no se ajustaban a la realidad del
país. Eso ha provocado que las liquidaciones, tanto de comunidades autónomas como de corporaciones locales, sean negativas y ahora tengan la papeleta las corporaciones locales y las comunidades autónomas, insufladas por ustedes a gastar, de tener
que devolver lo que han gastado de más, pero no por culpa de ellos, sino porque ustedes habían hecho los cálculos de manera ficticia porque así les interesaba.



Para terminar y con mucha brevedad. No negamos que se tengan que hacer viajes de Estado que sirvan para mejorar la situación de nuestras empresas. Lo que hemos criticado es que haya sido usted por las materias que se estaban tratando.
Dice que va como vicepresidente, pues tengo que hacerle una crítica con relación a las personas que ha llevado. Yo habría llevado asesores y altos cargos del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía, que son
los que saben de las materias que se iban a tratar en esas reuniones, y no tres asesores del Ministerio de Política Territorial, el director de Comunicación del Ministerio de Política Territorial y el director de Gabinete, que me parece bien porque
le va acompañando a usted, pero yo me habría llevado altos cargos y asesores de los distintos ministerios responsables de las materias que se iban a tratar en esas reuniones. Por muy buenos asesores que tenga, que nos cuestan dinero, no creo que
ellos sepan nada de nada de infraestructuras o de energía.



Como usted ha concretado el gasto, con independencia del avión, en 685,89 euros, la pregunta que quiero hacerle, para dejar ya el misterio, es quién ha pagado todos los gastos de hoteles y transporte. Lo podía haber dicho antes, pero dígalo
ahora.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Callejón por el Grupo Socialista.



El señor CALLEJÓN BAENA: Tres consideraciones. Señor Merino, el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor y ahora apoya la decisión del Gobierno de que no haya una ley de financiación local porque en estos dos meses han pasado cosas que
han variado la situación. Se les pide al Gobierno, a los funcionarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y en general a los ciudadanos un esfuerzo en la reducción del déficit. Comprendemos esa variación cualitativa. No tiene por
qué venir nadie a preguntar por qué hemos variado nuestra posición. Está muy claro. Segunda consideración. Pregunta el representante del Partido Popular por qué no ha venido la Ley de Financiación Local en el periodo 2004-2008. No sé si es que
el representante del Partido Popular, a veces, no se da cuenta de las cosas que dice, pero la Ley de Financiación Local actual se aprobó en marzo de 2004. Fue una de las últimas cosas que hizo el Gobierno del Partido Popular, y tengo que recordar
lo que decían entonces aquellos dirigentes del Partido Popular porque todos los portavoces de los grupos decían que esa ley iba a ser un fiasco y, sin embargo, el señor Montoro que era ministro de Hacienda, el señor Arenas que era ministro de
Administraciones Públicas, la señora Barberá que era presidenta de la FEMP, decían que iba a ser la panacea, que era un sistema definitivo que no iba a consolidar las haciendas locales para siempre, que no iba a estar al albur de oscilaciones
cíclicas de la economía. Preguntan que por qué el Gobierno no lo trajo en 2004. Pero si acababan ustedes de hacer una ley que, según ustedes, era magnífica. Me parece que es una contradicción.



En tercer lugar, en cuanto al viaje, lo que sea, señor vicepresidente, está mal; de qué se habla, que me opongo.



El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente tiene la palabra.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Voy a se muy breve, señor presidente.



Señor Merino, si algún día llega a ser vicepresidente del Gobierno se lleva al viaje de Estado a quien usted


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quiera. Yo me llevo al equipo que quiero, el equipo en el que confío y el que creo que me va a dar más respaldo. Por supuesto, tenga la seguridad, su opinión será distinta, de que tengo la suficiente solvencia política y en temas
económicos y sobre las relaciones con los países del golfo Pérsico como para afrontar ese tipo de temas. El tema ha quedado suficientemente aclarado, además de que lógicamente siempre he tenido el apoyo logístico de las distintas embajadas de estos
países, que están bastante bien dotadas de recursos humanos y de medios materiales. Por supuesto, como era un viaje de Estado, viaje como vicepresidente político que en aquel momento se consideró necesario, no que fuera un ministro sino que fuera
un vicepresidente para respaldar la importancia de las relaciones que tenemos con esos países, todos los gastos han sido pagados por los Estados correspondientes que he visitado. Lo cual suele ser también normal en este tipo de viajes.



Me dice que es un contrasentido. Lo que es un contrasentido es discutir o aprobar una ley que no sabemos cuándo va a entrar en vigor. Porque si usted puede coincidir conmigo en que estamos viviendo una situación de dificultades económicas
y puede estar conmigo en que no es el momento para arbitrar un sistema de financiación local que aumente el déficit, no es el momento para abordar la ley y decir, vamos a ver cuándo acordamos la entrada en vigor de la misma, dentro de dos años,
dentro de tres, o de cuatro años. Hay que ser bastante serio. Si dice que no está de acuerdo en que la Ley de Haciendas Locales tenga que establecer nueva financiación, el aumento de los recursos económicos de los ayuntamientos, dígalo y, sobre
todo, que los ayuntamientos del Partido Popular que estén en la FEMP lo digan. Entonces, señor Merino, podremos ponernos de acuerdo. Ahora bien, si me dice que la Ley de Haciendas Locales no va a representar ningún incremento de gasto y, por
tanto, ningún aumento de déficit, dígalo y, sobre todo, señor Merino, dígalo en la Cámara; presenten una iniciativa, una proposición no de ley y, sobre todo, que en la próxima resolución y en la propuesta que hagan los alcaldes que forman parte de
la comisión ejecutiva de la FEMP lo digan también. A partir de ahí, podríamos empezar a hablar. Es bueno que ustedes presenten esa propuesta. De la misma manera que siempre estamos esperando que haya propuestas sobre qué es lo que va a hacer el
Partido Popular para luchar contra el paro, para crear empleo o en relación con la reforma laboral, es bueno que en este tema presenten sus propuestas para que las conozcan los españoles y podamos tener alguna propuesta, algo de rigor y algo de
seriedad en los temas que, en este caso, afectan a los ayuntamientos.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente, por su comparecencia.



Señorías, se levanta la sesión.



Eran las dos y cinco minutos de la tarde.