CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 577

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 37

celebrada el martes, 22 de junio de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), para que explique:


- El ajuste de las pensiones anunciado por el presidente del Gobierno, así como sus consecuencias sobre el Pacto de Toledo. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número
de expediente 213/000807.) ... (Página 2)

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- Las circunstancias de la congelación de las pensiones acordada por su Gobierno, así como su posición frente a otras alternativas que permitan reducir el déficit público en la misma cuantía. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 213/000751.) Urgente ... (Página 2)


- El anuncio del Gobierno de suspender en 2011 la revalorización de las pensiones. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000760.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión. Una cuestión de orden, señoras y señores diputados. Parece razonable acumular los tres puntos del orden del día en uno solo, habida cuenta de que ministro de Trabajo no hay más que uno y
puede hablar de las tres cosas en el orden que él quiera. Si no hay nadie que tenga algo que objetar, así lo acordamos.



Damos la bienvenida al señor ministro de Trabajo e Inmigración, que siempre es bienvenido a este Parlamento y especialmente a esta Comisión.
Señor ministro, tiene usted la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión con el fin de explicar la suspensión de la revalorización de las pensiones contributivas, una de las previsiones
contenidas, como SS.SS. conocen, en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y lo hago atendiendo a la petición de la Mesa de esta Comisión acordada por
unanimidad el día 18 del pasado mes, así como a las solicitudes presentadas por dos grupos parlamentarios, el Popular y el de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Estructuraré mi intervención en tres
partes. La primera hace referencia al contexto de crisis en el que se adopta esta medida, la segunda analiza con detalle el contenido de la misma y la tercera se dedica a reiterar el compromiso del Gobierno con el Pacto de Toledo como instrumento
válido y eficaz para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social.



Ante todo, no es posible entender la decisión de suspender en 2011 la revalorización de las pensiones contributivas sin hacer una referencia al contexto de crisis en el que se adopta. Como saben, el pasado 12 de mayo, el presidente del
Gobierno compareció ante el Pleno del Congreso para explicar a la Cámara y al conjunto de los ciudadanos las razones que llevaban al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas dirigidas a acelerar la reducción del déficit público. Es importante
recordar que en aquel momento la inestabilidad de los mercados financieros había puesto en cuestión la viabilidad de la unión monetaria de la zona euro como consecuencia de movimientos especulativos, que fueron particularmente intensos los días 6 y
7 de mayo. Para hacer frente a esa grave y excepcional situación, el Eurogrupo adoptó decisiones relevantes en su reunión del día 9 de mayo. La primera consistía en la aprobación de un ambicioso mecanismo de estabilización para movilizar hasta
750.000 millones de euros en defensa de la unión monetaria y de las economías de las eurozona. Como complemento, los Estados miembros se comprometieron a adoptar las acciones necesarias para reforzar la sostenibilidad fiscal de las cuentas
públicas.



En este marco, el Gobierno consideró imprescindible redoblar los esfuerzos para reducir el déficit y situarlo en un 3 por ciento en 2013, gracias a una reducción adicional del gasto de 15.000 millones de euros entre los años 2010 y 2011.
Todo ello con un doble objetivo; por un lado, contribuir a la estabilidad financiera de la zona euro y, por otro, reforzar la confianza en la economía española y de este modo favorecer la incipiente recuperación económica y la generación de empleo
en nuestro país. Esta reducción extraordinaria del gasto se plasmó en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, que antes mencionaba. Una norma que recoge un conjunto de medidas de austeridad que el Gobierno adopta como respuesta a la actual
situación de crisis económica y financiera, y lo hace consciente del sacrificio que supone, pero también convencido de su urgente necesidad para superar cuanto antes la crisis e impulsar la creación de puestos de trabajo. Todo ello en sintonía con
el resto de países europeos y de conformidad con las recomendaciones de los organismos internacionales.



Señorías, el real decreto-ley recoge varias previsiones que afectan directamente al ámbito de competencia del ministerio que dirijo. Dos de ellas se sitúan en la línea marcada, por las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2003, así como
por el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito por el Gobierno e interlocutores sociales en julio del año 2006 y por la Ley 40/2007, de idéntica denominación. Se trata de


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adelantar la aplicación gradual de dos previsiones: una nueva regulación más restrictiva de la jubilación parcial, que corrige los abusos que se producen en la práctica, y la exigencia de quince años de cotización efectiva para el acceso a
la pensión de jubilación como fórmula para reforzar el principio de contributividad. Junto a ello, la polémica se ha suscitado por la decisión de suspender excepcionalmente la revalorización de las pensiones contributivas en el año 2011. En el
último mes he tenido ocasión de dar respuesta a dos interpelaciones presentadas por el Grupo Popular y el de Convergència i Unió sobre este particular, pero quiero aprovechar esta intervención para desarrollar los argumentos que he expuesto con
ocasión de las mismas. La suspensión de la revalorización de las pensiones contributivas es una decisión con efectos limitados en un doble sentido: el colectivo afectado y el ámbito de aplicación temporal.
Por un lado, los afectados por la medida
son solo una parte del colectivo de pensionistas, ya que en 2011 se revalorizarán más de tres millones de pensiones, más del 35 por ciento del total. Se trata, en concreto, de las pensiones más bajas, las mínimas, las del SOVI no concurrentes y las
pensiones no contributivas. La medida tiene un componente de equidad y solidaridad al mantener el poder adquisitivo del colectivo de pensionistas que perciben cuantías más bajas. Por otro lado, la medida responde a una coyuntura muy concreta y
acota su efecto temporal al ejercicio 2011. Esto significa, y es importante insistir en ello, que no se deroga el mecanismo de revalorización de las pensiones contributivas previsto en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, solo
se suspende su aplicación de forma puntual en el año 2011. Por tanto, el poder adquisitivo de los pensionistas está plenamente garantizado en el año 2010. De manera que, si como parece probable, el IPC interanual del próximo mes de noviembre es
superior al uno por ciento de la revalorización de las pensiones establecida a principios de este año, la Seguridad Social compensará esa desviación a través de dos mecanismos: primero, los pensionistas percibirán en enero de 2011 una paga para
compensar la cuantía no recibida a lo largo del año 2010 y segundo, esa cantidad adicional se consolidará en la nómina mensual de cada pensionista a partir del 1 de enero del año 2011.



Señorías, el Gobierno ha sopesado mucho esta medida, consciente como es del esfuerzo que implica para el colectivo de pensionistas la no revalorización de las pensiones contributivas en el año 2011. Por eso, quiero subrayar los elementos
que han pesado en la adopción de esta difícil decisión. Ante todo, la propia configuración de la medida excluye a los colectivos con pensiones más bajas, se circunscribe al año 2011 y refleja la voluntad del Gobierno de minimizar su repercusión
sobre los pensionistas. En segundo lugar y en esta misma línea, el Gobierno también ha tenido muy en cuenta que las previsiones de inflación para el ejercicio 2011 son moderadas, por lo que prácticamente no habrá pérdida del poder adquisitivo al
ser esta irrelevante. En tercer lugar, hemos de tener en consideración que la revalorización de las pensiones en 2009 supuso no solo el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los pensionistas, sino un incremento neto. Permítanme recordarles,
señorías, que en el año 2009 la revalorización general de las pensiones fue del 2 por ciento, mientras que la inflación en ese ejercicio no pasó del 0,3 por ciento. Como consecuencia, la ganancia neta para los pensionistas en 2009 fue del 1,7 con
carácter general y muy superior en el caso de las pensiones mínimas. Por tanto, no puede negarse que la suspensión de las pensiones contributivas en 2011 afectará moderadamente a la capacidad adquisitiva de un importante colectivo de pensionistas.
Pero no es menos cierto que esa caída se ve compensada por el incremento experimentado por la revalorización del año 2009. Y en cuarto y último lugar, también hemos tenido muy presente, a la hora de adoptar la medida, la propia trayectoria del
Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español en materia de pensiones, y más concretamente en las pensiones mínimas. Para empezar, creo que es muy difícil cuestionar la identificación y el compromiso del Partido Socialista con el mecanismo
vigente de revalorización de las pensiones. Quisiera recordar que pese a que la redacción actual del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social data de 1997, su origen se remonta a la etapa de Gobierno del presidente González, no solo
porque la revalorización de las pensiones fuera una de las recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo de 1995, sino, sobre todo, porque esa recomendación se basaba en una práctica que ya venía aplicándose desde el año 1991, a pesar de las
dificultades económicas de aquellos años. Pero aún más relevante, a efectos de legitimación del Gobierno para pedir un sacrificio a los pensionistas, es la mejora de las pensiones y del bienestar de este colectivo desde el año 2004. Una mejora que
tiene diversas manifestaciones a las que quiero referirme brevemente.
Desde una perspectiva general, hay que destacar ante todo que el gasto en pensiones entre 2004 y 2010 ha crecido más de un 51 por ciento y que, además, ese gasto va a seguir
incrementándose en 2011 y en años sucesivos con la incorporación de nuevos pensionistas, todo ello a pesar de las dificultades económicas por las que atravesamos. Por otro lado, hay que destacar que la política de mejora de las pensiones que ha
impulsado el Gobierno desde 2004, a la que enseguida me referiré, ha tenido efectos muy positivos en términos de reducción de la pobreza en España en tres sentidos muy concretos y relevantes. En primer lugar, el colectivo que más se beneficia de la
reducción de pobreza en nuestro país en los últimos años es precisamente el de mayores de 65 años. Así, en los últimos seis años, el número de pensionistas que se sitúan por debajo de la denominada línea de pobreza relativa disminuye de forma
constante. En segundo lugar, la tasa de pobreza de este colectivo es, por primera vez, inferior a la del conjunto de la población española. Y, por último, la evolución concreta de la tasa de pobreza de los mayores de 65 años en los últimos dos
años pone de manifiesto


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que la durísima crisis económica que estamos atravesando ha afectado menos a los pensionistas que a otros segmentos de la sociedad, lo que sirve para poner en valor la política en materia de pensiones que ha impulsado el Gobierno desde el
año 2004. También puede valorarse la mejora de las pensiones desde una perspectiva más concreta centrada en la revalorización experimentada por las cuantías en los últimos seis años.
De nuevo aquí se aprecia una evolución positiva por dos razones.
La primera es la constatación de que nuestro sistema de revalorización de pensiones contempla la compensación de la pensión a través de una paga adicional cuando el IPC real es superior al IPC estimado inicialmente. En este sentido, quiero señalar
que, desde 2007, la revalorización de las pensiones en España ha superado con claridad a la de otros países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Austria. La segunda razón es que las pensiones mínimas han experimentado un fuerte incremento
desde el año 2004, año de la llegada del presidente Zapatero al Gobierno de España.
Sirva como ejemplo la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, que entre 1996 y 2004, con el Gobierno del Partido Popular, tuvo un incremento de poco más de cien
euros, mientras que en sólo seis años de Gobierno socialista experimentó un alza de 240. Las pensiones medias también se han visto mejoradas, pasando de 550 euros en 2004 a casi 780 euros en la actualidad. En definitiva, señorías, con el
convencimiento que aportan los datos de que ningún gobierno ha hecho tanto por los pensionistas como el actual, nos sentimos legitimados para pedirles un esfuerzo en relación con la suspensión de la revalorización de las pensiones en el año 2011, un
esfuerzo que no afecta a los pensionistas con rentas más bajas y que resulta proporcional a los esfuerzos que también han de afrontar otros colectivos de nuestra sociedad.



Señorías, para concluir, quisiera incidir resaltando tres cuestiones. En primer lugar, una afirmación. El Gobierno considera que el Pacto de Toledo sigue siendo un instrumento válido para el mantenimiento de nuestro sistema público de
Seguridad Social. Lo ha sido, lo es y debe seguir siéndolo, pues pocos acuerdos políticos y sociales han resultado tan positivos como este. En segundo lugar, reiterar el estado de buena salud financiera del conjunto del sistema de la Seguridad
Social, algo que todos los ciudadanos en general y los pensionistas en particular han de tener claro. Y, en tercer lugar, apelar al consenso necesario en el debate sobre la viabilidad futura, porque nuestro sistema de pensiones se enfrenta a un
gran reto demográfico: el envejecimiento de la población.
Estamos, pues, ante un debate a medio plazo como consecuencia de futuros cambios demográficos y no derivado de la coyuntura de la crisis económica. Creo que todos hemos de hacer un
esfuerzo para saber distinguir esta cuestión. Ese debate debe conducirnos a unas recomendaciones que identifiquen las necesidades del sistema para las próximas décadas y que guíen las actuaciones de este Gobierno y de los próximos en torno a
cuestiones como la permanencia en el mercado de trabajo y sus incentivos. Para ello, creo que es necesario no demorar en exceso la adopción de dichas recomendaciones.



Para acabar, señorías, quiero decir que, en cualquier caso, el consenso y los puntos de encuentro que siempre han presidido el Pacto de Toledo no deben verse relegados a un segundo plano por las discrepancias actuales sobre la revalorización
del sistema de pensiones. La voluntad de este Gobierno es seguir trabajando en esa línea de futuro, porque es lo que necesita nuestro país y lo que esperan los ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor ministro, mi grupo quiere darle la bienvenida de nuevo a esta Comisión. Siempre es positivo tenerle aquí. Le agradecemos su disposición, que hay que reconocer que ha sido siempre notable, se lo digo
sinceramente, incluso aunque en esta ocasión sea a demanda de los grupos parlamentarios y no tanto por iniciativa propia.
Pero lo importante es su presencia. Nadie sabe hoy si será su última comparecencia en este Parlamento. Estos días está usted
en todas las quinielas de una crisis de Gobierno y eso, supongo, en lo personal no es buena señal. En todo caso, mi grupo le desea lo mejor, se lo digo sinceramente.



Señorías, el Pacto de Toledo se configuró en su día como una malla de protección social para los pensionistas españoles, como una red articulada de compromisos, de consensos y de acuerdos para el desarrollo del sistema de protección social
en España. Había garantías explícitas de que sus recomendaciones debían ser cumplidas con un notable espacio, por cierto, para que los gobiernos sucesivos procedieran a su desarrollo. Se entendía que podía haber un alto grado de autonomía por
parte del Gobierno para fijar prioridades, para establecer la gradualidad en el grado de cumplimiento, de implantación y de desarrollo de las recomendaciones, pero no se dudaba, señor ministro, de la voluntad de cumplirlas, y mucho menos de que se
recurriera a argumentos un tanto peregrinos para justificar su violación. Solo desde una suerte de autismo político se puede pretender que decisiones como suspender la revalorización de las pensiones no han de tener una repercusión, una
consecuencia importante, sobre la confianza, sobre la lealtad y sobre la comunidad de compromisos y voluntades que supone el Pacto de Toledo. ¿En serio creen ustedes que pueden tomar estas decisiones como las han tomado y que todo siga igual? ¿En
serio piensan ustedes que el resto de grupos vamos a bailar la comparsita al son de sus improvisaciones y de sus cambios de criterio? ¿Creen de verdad que se puede someter a una delicada estructura jurídico-política como es el Pacto de Toledo a
esta especie de ducha escocesa permanente, a la que ustedes la están sometiendo, con vaivenes, desaires y desdenes que comprometen seriamente su viabilidad y la percepción que tiene el ciudadano? No nos puede extrañar que


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se perciba que el Pacto de Toledo está tocado, como dijo el secretario general de UGT el pasado día 17 en esta Comisión.



Desde nuestro punto de vista, el Pacto de Toledo está en una situación enormemente delicada, tiene sus constantes vitales muy deterioradas, su pronóstico sería reservado dentro de la extrema gravedad y no sabemos, señor ministro, si saldrá
de esta. Y sin duda el Gobierno ha tenido manga ancha para disponer el cumplimiento de las recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo, quizá demasiada manga ancha. No han culminado ustedes la separación de fuentes de financiación; hoy la
Seguridad Social sigue haciendo frente a gastos ingentes que no le corresponden. No han asumido en los presupuestos del Estado los complementos a mínimos y la Seguridad Social tiene que hacer frente este año a unas cantidades sin parangón. No han
acabado, según ponía de manifiesto don Cándido Méndez el otro día en esta misma Comisión, con la financiación a cargo de la Seguridad Social de las bonificaciones al empleo. No están ingresando en el Fondo de reserva las cantidades debidas. No han
clarificado el balance económico y patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social. No han culminado el proceso de integración de regímenes especiales. No han avanzado significativamente en la aproximación de bases de cotización a los salarios,
ni han conseguido que aquellos regímenes donde se cotiza mayoritariamente por bases mínimas modifiquen su situación. No han resuelto ustedes la maraña de bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales para favorecer el empleo. No han
limitado el recurso a las prejubilaciones, ni han mejorado realmente los datos de prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. No dispone el ciudadano de una información significativa sobre aquellas
prestaciones a las que puede aspirar en diferentes circunstancias. No han avanzado realmente en mejorar la proporcionalidad entre pensiones y esfuerzo de cotización. No han atendido de forma pertinente, como ellos mismos han denunciado en esta
Comisión, la cuestión de los jubilados anticipados con anterioridad al año 2001. (La señora Arnaiz García: ¿Cómo que no?) No han realizado la pendiente reforma integral de la viudedad y de la orfandad. No han actuado correctamente, señor
ministro, en cuanto a las mejoras de las pensiones mínimas, por cuanto su financiación se ha hecho con cargo exclusivamente a la Seguridad Social, y no han aportado recurso alguno por parte del Estado. (Un señor diputado: No, no.) No han
desarrollado medidas eficaces en materia de sistemas complementarios ni en la negociación colectiva ni en la extensión a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, por no hablar de la recomendación sobre la necesidad de políticas económicas
y presupuestarias, orientadas precisamente a la estabilidad, a unas finanzas públicas saneadas y a un crecimiento sólido y sostenible. Y por el camino se ha perdido mucho en estos años.



Pero lo que no podíamos pensar, pese a este importante listado de incumplimientos, es que se plantease una medida como la congelación recorte de las pensiones que no admite atenuante ninguno. Porque probablemente ninguna recomendación es
tan clara, tan concreta, tan incuestionable y no admite duda alguna sobre su interpretación como es el caso de la recomendación segunda del Pacto de Toledo del año 2003. La recomendación es taxativa en dos sentidos. Defiende el mantenimiento del
poder adquisitivo de los pensionistas, garantizado por ley, debiendo ser preservado mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar el equilibrio financiero del sistema. Asimismo, se dice textualmente: Debe seguir
garantizando que las ganancias de poder adquisitivo que puedan derivarse de una inflación real inferior a la prevista, se consoliden con carácter permanente en las pensiones, evitando la corrección a la baja cuando existan mejoras de poder
adquisitivo derivadas del comportamiento de los precios. ¿Qué parte de esto no entienden ustedes? ¿No entendían lo que suscribieron en su momento, en el año 1995 y en el año 2003, las implicaciones y los esfuerzos evidentes que eso iba a suponer
para el sistema de la Seguridad Social? Fíjense que la recomendación establece que han de adoptarse a tal fin, el mantenimiento del poder adquisitivo y su eventual mejora, todas las medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el
futuro. Es decir, a ese objetivo, al mantenimiento del poder adquisitivo, se condicionan y supeditan tantas medidas como sean necesarias para hacerlo posible. Todo lo demás ha de plantearse, precisamente, para lograr ese objetivo. Y ustedes de
buenas a primeras lo deshacen.



Es verdad que en estos últimos días hemos tenido ocasiones varias de discutir esta cuestión y es verdad que los grupos parlamentarios han calificado de inconstitucional, de ilegal, de ilegítimo, de injusto, de inoportuno, de inequitativo, de
impuesto, esta medida, esta decisión.
Saben que por tres veces ha sido rechazada en esta Cámara. El pasado 25 de mayo votaron los socialistas en contra de una moción del Grupo Popular para garantizar el cumplimiento del Pacto de Toledo, respetarlo
y consolidarlo, manteniendo la revalorización de las pensiones. Votaron en contra de esto, señor ministro; se quedaron solos y perdieron la votación. El 8 de junio votaron también en contra de un punto de la moción de Izquierda Unida que
pretendía que el Gobierno no tomara medidas de reforma de las pensiones de forma unilateral y al margen del Pacto de Toledo. Votaron en contra de esto, señor ministro; se quedaron solos y perdieron la votación. Y el 15 de junio votaron en contra
de un punto de la moción de Convergència i Unió que reclamaba al Gobierno que promoviera las medidas necesarias para garantizar en el año 2011 el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, tal y como contempla el artículo 50 de la
Constitución. Votaron también en contra de esto; se quedaron solos y perdieron la votación. Todos los grupos les hemos señalado, sin excusa alguna, que ustedes violentan e incumplen el Pacto de Toledo. Y ello ha despertado por primera vez en
esta Cámara desde que existe la contundente, la inequívoca y la reiterada opo


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sición de todos los grupos, a excepción del Grupo Socialista.



La verdad es que habría que preguntarse qué mérito económico o político hay en su decisión, qué de positivo puede tener cebarse en los más débiles, defraudar a nuestros mayores, deteriorar su calidad de vida y su bienestar, justo cuando
ellos y sus familias más lo necesitan. ¿Realmente compensan esos 1.500 millones que van a arañar con esta medida y que podrían obtenerse de muchas otras maneras, comprometer el futuro del Pacto de Toledo, que ha dado estabilidad, tranquilidad y
confianza a nuestros pensionistas? Nosotros pensamos que gobernar en estas condiciones, privados de razones -porque tampoco han dado hay aquí ninguna razón sustancial para tomar esta decisión-, privados de respaldos y coherencia con sus propios
compromisos firmados en acuerdos sociales, en leyes y en el propio Pacto de Toledo, no resulta más que un devenir confuso, estéril, lastimoso y terco.



Señor ministro, las políticas de hechos consumados, o los órdagos a la grande, son impropios de una materia como esta. ¿Qué persiguen? ¿Pueden tener autoridad para ofrecer, como hace usted hoy aquí, y construir un pacto cuando lo están
incumpliendo y además pretenden justificar ese incumplimiento con argumentos un tanto insustanciales? Usted ha utilizado básicamente uno, el argumento de que no estaba contemplada una desviación tan grande como la producida en el año 2009 y que el
sistema se resiente.
El secretario de Estado compareció en esta Comisión hace pocos días y nos dijo que los legisladores no estaban pensando en lo que ocurrió el pasado año 2009 cuando suscribieron esta recomendación en el año 1995; que no
esperaban una desviación de precios tan favorable cuando redactaron eso.
Serían ustedes, los socialistas, los que no estaban pensando en ello, porque los demás parece que sí lo hacíamos. Por eso, somos coherentes ahora solicitando que se mantenga
no solo la revalorización, sino la ganancia de poder adquisitivo, fruto de esas desviaciones de precio. Lo que habría que preguntarse es en qué pensaban los socialistas cuando esto se tomó en consideración. Insisto, cuando se reafirmó de nuevo en
el año 2003, no cuando se decidió en el año 1995. ¿Establecieron alguna cautela, prevención o reserva al respecto, alguna limitación en el caso de que se produjeran esas desviaciones? En absoluto. ¿Por qué? ¿Porque tal vez pensaban que no iban a
gobernar y que si se producía esa situación de desviación de precios un gobierno del PP tendría que apechugar con ello? En todo caso se dan cuenta ahora, seis meses después de concluido el año 2009. Eso es lo que hace más inaudito el argumento
todavía (Rumores.) Ustedes acabaron el año 2009, señor ministro, presumiendo de fortaleza del sistema y lo siguen haciendo, incluso hoy mismo lo ha vuelto a hacer (Un señor diputado: Pues sí, claro.) Pues menos mal que el sistema está fuerte.
Ustedes revalorizaron todas las pensiones sin sugerir siquiera que el sistema tuviese problema alguno para afrontar esa revalorización, porque procedieron a subidas de pensiones mínimas sobre el IPC de manera absolutamente discrecional, sin
explicación de las razones técnicas que avalaban tales decisiones o que respaldaran financieramente la sostenibilidad de las mismas. Por supuesto, no aportaron ni un euro adicional, que es lo que convendría hacer cuando se toman decisiones que
comprometen subidas importantes y significativas que se consolidan para el futuro. En el año con la peor caída de nuestro producto interior bruto no plantearon precaución alguna sobre la inconveniencia de subidas de pensiones sin aportar, como
digo, nuevos recursos. Por tanto, su apreciación de que esta es una congelación temporal carece de credibilidad alguna. Una vez que se ha sentado el precedente, ¿y si la situación económica no evoluciona positivamente? ¿Y si Europa nos sigue
reclamando reducciones adicionales del déficit? ¿Estarían ustedes en condiciones hoy de decir que no van a recurrir de nuevo si tuvieran la responsabilizad de gobernar en años sucesivos a congelaciones, a recortes de pensiones adicionales? Usted
no puede hacer eso porque con esta decisión ha perdido la credibilidad para hacerlo, señor ministro. En ese sentido, el argumento de que la situación económica hacía inevitable una decisión como esta sigue siendo igual de insostenible. Ha habido
momentos en la historia de este país donde situaciones económicas muy complicadas, donde situaciones financieras del sistema de la Seguridad Social enormemente complicadas y delicadas, no dieron lugar a decisiones de estas características, sino
precisamente a todo lo contrario, a salvaguardar la revalorización de las pensiones, a salvaguardar la confianza y la estabilidad de nuestros pensionistas y a mejorar su situación porque se entendía que facilitar su bienestar y su calidad de vida
era una apuesta por la estabilidad y la cohesión social, que merecería la pena hacer. Por eso, se garantizó por ley el poder adquisitivo de los pensionistas. No hacerlo ahora significa dos cosas: que la situación es probablemente mucho más grave
que en momentos anteriores -por tanto, los socialistas se superan a sí mismos como agentes favorecedores de las crisis-, o que han sido declaradamente cínicos porque a la hora de decidir prefieren cargar las tintas sobre los pensionistas en lugar de
protegerles.



No podemos, por tanto, respaldar una iniciativa de estas características y no pueden ustedes pensar que estas decisiones no tienen ningún efecto sobre la virtualidad del Pacto de Toledo y su renovación. El argumento de que estas medidas
responden a acuerdos tomados en la Unión Europea y que no nos queda más remedio que aplicar, probablemente sea el argumento más chusco de todos y evidencia una cierta consideración de que los miembros de esta Cámara aunque cobremos sueldos para
algunos muy escasos no somos analfabetos ni ignorantes (Rumores.) Sabemos perfectamente que Europa no nos ha dictado cómo alcanzar esos objetivos, ni mucho menos, y que la elección de los castigados, de las víctimas sociales, en esta ocasión ha sido
suya y solo suya (Un señor diputado: ¡Esto es inaudito!), y que otros países ni han aplicado medidas de congelación ni recorte


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de las pensiones, ni han planteado iniciativas que deterioran la estabilidad y la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Los argumentos utilizados, por tanto, no son creíbles ni sostenibles.



El Grupo Parlamentario Popular les ofreció la posibilidad de debatir alternativas a la decisión de suprimir 1.500 millones por la vía de congelar las pensiones y a mí me gustaría preguntarle, señor ministro, si usted no ha encontrado ninguna
alternativa a esta decisión. Usted es el ministro que, al menos en primera instancia, aunque esta es una competencia del Gobierno en su conjunto, debería haber defendido a los pensionistas y debería haber planteado alternativas importantes en la
defensa de su situación. Y si había que hacer recortes, podría haber ofrecido otras alternativas en su propio ministerio. Señor ministro, ¿qué decisiones de reducción de cargos de confianza, de aparato administrativo innecesario, de gastos
inconvenientes en su ministerio ha tomado desde que comenzó la crisis? ¿Qué medidas de austeridad en su ministerio, en su propio aparato administrativo, ha tomado desde que comenzó la crisis? Cuando dice usted que la crisis ha afectado a los
pensionistas menos que a otros sectores de la sociedad, me parece mucho decir. Hoy, al menos este portavoz, y supongo que el resto también, ha recibido una nota firmada por todas las organizaciones de mayores de este país; son varias páginas
representativas de lo que opinan y de lo que dicen los pensionistas de este país, que están en radical desacuerdo con que el recorte del gasto social sea la vía para establecer una incidencia significativa en la reducción del déficit público. Están
absolutamente en contra de una decisión de estas características en un país en el que las pensiones siguen siendo hoy en buena parte insuficientes y de las más moderadas del entorno de la Unión Europea, y dicen textualmente que esto viene a agravar
la situación económica de nuestros pensionistas. Usted podrá venir a esta Comisión y afirmar con cierta ligereza que la crisis ha afectado menos a los pensionistas que a otros sectores de la sociedad, pero no es ni mucho menos lo que opinan los
propios afectados. Y que diga usted que su trayectoria le legitima para recortarles las pensiones, francamente creo que es un concepto enormemente equivocado de lo que debería ser su evaluación de la situación. Hilando ya con otras
consideraciones, lo que nos preocupa es que todo esto al final pueda tener un grave corolario, y es que el Gobierno trate ahora con estas decisiones de crear un cierto caldo de cultivo para imponer otra reforma, en este caso la de las pensiones.
Los anuncios y afirmaciones que escuchamos estos días no nos están gustando nada, señor ministro; sería de una ceguera brutal que todo esto lo estén haciendo para preparar el camino de una reforma unilateral e impuesta en el sistema de pensiones, y
ha venido creciendo el runrún de una inminente reforma en esta dirección impuesta por organismos ajenos a esta Comisión. Pero no han sido solamente ámbitos ajenos al Gobierno; ha sido el propio presidente, la vicepresidenta económica, el
gobernador del Banco de España, y medios de comunicación muy diversos que se hacen eco de esas fuentes del Gobierno, ya sabemos que en estos casos el señor fuentes del Gobierno siempre está muy activo a estos efectos. Una reforma que se exige antes
del verano, en julio, con carácter urgente e inmediato, es decir, una reforma exprés de las pensiones. Y se acusa a esta Comisión de lentitud solicitando una respuesta urgente de la misma y de los grupos parlamentarios. No sabemos qué busca el
Gobierno, y desde luego nuestra función es evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, no hacerle una reforma de pensiones al Gobierno; y la evaluación del grado de cumplimiento desde nuestro punto de vista -ya se
lo he planteado al comienzo- es manifiestamente mejorable, más bien lo realizado por el Gobierno hasta ahora es de una notable insuficiencia. Es cierto que ustedes presentaron a la opinión pública ese documento el 29 de enero de 2010, y es cierto
que han reiterado hasta la saciedad que era un documento para debatir; pues bien, ya se ha debatido y la consecuencia es que la posición sobre el incremento de la edad legal de jubilación a los 67 años, que ustedes mismos han colocado en el centro
del debate, parece que como argumento único -hoy la vicepresidenta del Gobierno en una entrevista en un diario, el diario Expansión, vuelve a centrar la reforma de las pensiones de este país exclusivamente en el aumento de la edad legal de
jubilación-, no cuenta con el apoyo de esta Cámara, y a tenor de declaraciones y manifestaciones tampoco fuera de ella entre los diferentes agentes sociales. Qué reforma pretende impulsar por tanto, señor ministro, si los agentes sociales no van a
apoyar los elementos centrales que ustedes persiguen, y lo que apoyan ustedes no lo contemplan.



En estas situaciones es complicado establecer cuál puede ser el compromiso de esta Comisión. Sobre muchos puntos se podría construir un amplio acuerdo, sin duda, pero ustedes se han encargado de desautorizar el propio pacto incumpliéndolo,
se han preocupado de centrar el debate sobre aquellos elementos sobre los que ni hay ni podrá haber un consenso razonable; y desde luego para poder encarar con amplio acuerdo y consenso la senda de reformas necesarias y justas que necesita nuestra
sociedad tienen ustedes que cambiar drásticamente de formulación, drásticamente de posición, y drásticamente de planteamientos. Insisto, esta Comisión no le va a hacer al Gobierno la reforma de las pensiones; esta Comisión tiene como encomienda
establecer las orientaciones generales y evaluar el grado de cumplimiento de aquellas que están en estos momentos en vigor.
Francamente, si como usted bien dice desde su punto de vista la reforma laboral no es para crear empleo, a lo mejor la
reforma de las pensiones tampoco es para garantizarlas. Yo entiendo que tanto una reforma laboral bien concebida debe ser fundamentalmente para crear empleo como una reforma de las pensiones debe ser para garantizarlas. Convendría por tanto saber
qué objetivo se persigue, si se persigue reformar por reformar, si se persigue reformar para ahorrar, si se persigue reformar


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para rebajar el grado de cobertura o para ampliarlo. Creo que reformas a la carta de otros, a demanda de instancias ajenas a nuestro país, teledirigidas desde el exterior, aquello de: telerreformas, ¿dígame? ¿Qué quiere, una reforma de
pensiones? Se la brindo en pocos días, no es ni mucho menos lo relevante. Señor ministro, no han cogido ustedes el tren adecuado en esta materia, y no les queremos en el lado oscuro de esta cuestión, así que si usted quiere que sus intervenciones
en esta Cámara sirvan de algo productivo, extraiga las conclusiones pertinentes de que ni por la vía de incumplir las recomendaciones vigentes ni por la vía de plantear iniciativas que, fruto del debate ya producido, ha quedado francamente en
evidencia ante la sociedad española que no cuentan con el respaldo de esta Cámara, extrayendo conclusiones de eso, adopten las decisiones que consideren convenientes.



El señor PRESIDENTE:¿Izquierda Unida y Esquerra Republicana van a compartir el tiempo? (Asentimiento.) ¿Quién intervendrá en primer lugar? (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) El señor Llamazares tiene la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, desde luego no es un buen día para la Cámara, y particularmente no es un buen día para la izquierda este día en que usted justifica lo injustificable, el recorte y la congelación en materia social,
y en particular en dos salarios indirectos fundamentales de los trabajadores que no son propiedad del Gobierno: las pensiones y por otra parte el coste del despido. Señor ministro, hasta ahora ha sido usted el representante de las malas noticias,
el representante de una mala evolución del empleo en nuestro país. Pero ahora es usted el representante de las malas medidas, medidas que no solamente son fruto de la crisis económica, sino de la crisis ideológica del Gobierno. Porque es verdad
que tenemos una crisis económica, y tendremos que hacer esfuerzos compartidos para salir de ella; más esfuerzos los que más tienen y menos los más débiles, pero es que además tenemos una crisis ideológica, señor ministro, una crisis ideológica de
un gobierno que apostaba por una salida social a la crisis, y ahora pone en marcha una salida antisocial a la crisis; crisis ideológica por parte de un gobierno que quería propuestas concertadas y acordadas, concertadas con los agentes sociales,
acordadas en el marco del Congreso de los Diputados, y hoy toma decisiones que nos impone, que impone a los sindicatos y que impone a la izquierda. Señor ministro, están generando usted y su Gobierno una profunda desconfianza porque seguramente van
a ganar la confianza de los mercados, seguramente, para que después les digan que necesitan mejorar y tengan ustedes que volver en septiembre y en febrero; pero desde luego están ganándose la desconfianza de los ciudadanos y de los trabajadores, al
menos la desconfianza más clara de la izquierda de la Cámara, y creo también que la desconfianza de sus propios votantes, porque los mercados no les votan, señoría, los que les votan son los ciudadanos.



Las medidas que usted presenta hoy aquí son injustificables. Es injustificable que usted argumente como necesaria la suspensión en la revalorización de las pensiones, que no es más que un nuevo eufemismo que significa recorte de las
pensiones. Tampoco puede usted justificar la medida que debatiremos esta tarde: que la reforma laboral sea el abaratamiento del despido, es decir, que la reforma laboral implique menos derechos para los trabajadores. En todo caso, recorte del
salario indirecto cuando usted no revaloriza las pensiones como debería, y recorte del salario indirecto cuando usted propone una reforma desequilibrada: una reforma para los mercados y para la patronal y no para los trabajadores. Señor ministro,
para nosotros es un día triste.
Habría una metáfora de este día que hoy está ocurriendo en dos salas de la Cámara: el gobernador del Banco de España aquí al lado y usted aquí mismo. ¿Quién ha ganado, señor ministro? ¿Quién ha ganado en este
debate público sobre la salida de la crisis? No ha ganado el Gobierno ni ha ganado una mínima sensibilidad de izquierdas. Ha ganado la política conservadora de la cual se ha hecho lenguas el gobernador del Banco de España diciéndole a usted que
tenía que reformar el sistema de pensiones, que tenía que reformar el mercado laboral, y que esas eran las garantías para la salida de la crisis. Pues bien, ahora ya no necesita que lo argumente el gobernador del Banco de España y que usted lo
desmienta; basta con que usted lo diga y diga lo mismo que el gobernador del Banco de España.



La izquierda a veces -y no le arriendo la ganancia- debe tomar decisiones difíciles, pero debe tomar decisiones justas, señor ministro; y estas decisiones son claramente injustas. Recaen sobre los más débiles y ustedes no les piden ningún
esfuerzo a los más fuertes. La valentía con los débiles es cobardía, señor ministro. Es verdad que a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero no se puede hacer de la necesidad virtud. No se puede decir donde dije digo, digo diego; donde
dije que no es necesaria la reforma laboral y que no deben recortarse las pensiones, ahora digo que es necesaria la reforma laboral y que ahora deben recortarse las pensiones, y porque lo digo yo, porque he cambiado de opinión en función de las
circunstancias. Señor ministro, incluso para tomar medidas negativas, malas medidas, hay que saber argumentarlas y querer argumentarlas. De otra manera se está labrando la desconfianza.



Señor ministro, nosotros nos hemos opuesto a esta congelación de las pensiones al igual que nos hemos opuesto al recorte del salario de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no son privilegiados. El empleo estable no es un
privilegio, es un derecho de los trabajadores. Es un derecho de los que acuden a un servicio público, porque garantizan la calidad del servicio, y por todo eso vamos a rechazar sus medidas; vamos a rechazar también la contrarreforma laboral que
ustedes presentan en el día de hoy -infausto día- ante esta


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Cámara. Porque esa reforma laboral no solamente es desequilibrada e injusta, señor ministro, sino porque también es inútil, porque las reformas laborales impuestas no han salido adelante en este país. Han provocado conflicto social y no
han significado ninguna reforma real de nuestro mercado laboral, y mucho menos la reforma necesaria. Por eso, señor ministro, rechazamos estas medidas.



Creemos que existe otra salida de la crisis. Creemos que existe una salida con un reparto justo de las cargas y de los beneficios. Creemos que existe una salida basada en una reforma fiscal antes que en un recorte social. Por eso,
señorías, hemos rechazado y rechazaremos estas medidas, y además respaldaremos a los sindicatos. Le pido, por favor, señor ministro, que no quiera convertir a este Congreso en un esquirol de la huelga general. Le pido que no someta al Parlamento
al estrés -ya bastante estresado está el Gobierno- de un procedimiento parlamentario urgentísimo en relación con la reforma laboral, no es razones únicamente políticas, sino también por razones constitucionales. Saben ustedes que la reforma del
Partido Popular fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque consideraba que una reforma laboral no era urgente. Les digo lo mismo. Una reforma laboral en este caso no es urgente, no es la garantía de la
recuperación económica, y no es la garantía de la mejora de nuestro contexto ni económico ni social. Por tanto, señor ministro, además de estas medidas injustas, evítenos el trago de aceptar un trágala por parte de su Gobierno en el Congreso de los
Diputados.



El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Después de la brillante intervención del compañero Gaspar Llamazares déjenme que apunte alguna cuestión, a fin y efecto de complementar lo dicho y lo compartido con él. En la última comparecencia del ministro ya le
dijimos que nos parecía que desde la izquierda -y creo que no hablo con ánimo exclusivista, sino desde las izquierdas, donde también está situado el señor ministro- no había derecho a crear pánico ni a sembrar el terror, el miedo o la inquietud en
las clases populares, que padecen de forma más aguda la crisis económica, y que habían escuchado como un bálsamo aquellas palabras del presidente Zapatero que decían que la crisis no iban a pagarla los de siempre; las habían escuchado como una
garantía o como una esperanza. Había dos mensajes en principio que parecía que actuaban en sentido contrario: por un lado se les decía que no tenían por qué padecer puesto que no gobernaba la derecha, pero por otro lado la inquietud y el miedo iba
calando en la sociedad, puesto que más o menos todo el mundo iba entendiendo que estábamos en una encrucijada y que cabía la posibilidad de que, sin darnos cuenta, se acelerara un proceso de desguace del Estado del bienestar, y como si no tuviéramos
conciencia de lo mucho que ha costado construirlo, ese miedo al desguace iba cuajando. De hecho, la misma crisis parecía una gran oportunidad. Como quiera que la crisis es aguda, y casi, casi estructural habría que aprovechar la ocasión para hacer
todos aquellos cambios profundos que permitieran ir construyendo un nuevo modelo económico. Eso sí, como gobernaba la socialdemocracia se les decía que no padecieran, porque no habría ningún paso atrás respecto a los derechos conquistados. Es como
si nos mandaran al diván. Envían a las clases populares al diván a hacer una especie de psicoanálisis global, y esta es la sinrazón en la que estamos.



Además ustedes no han reforzado a nuestro parecer el mensaje positivo.
¡Han sido tan timoratos, han tenido tanto miedo y han claudicado tanto ante aquellas reformas -el mismo compañero Llamazares apelaba a ellas- relativas a otro modelo
fiscal y ante los bancos! Si me permiten la digresión, recuerdo cuando a los compañeros socialistas -e incluso al mismo presidente- en un apartado un día les preguntamos cuál era la garantía de que el dinero inyectado a la banca iría finalmente a
donde tenía que ir, es decir, al crédito para la pequeña y mediana empresa, que es realmente el problema que tenemos. Apelando a su izquierdismo reclamábamos la necesidad de una cierta intervención pública en los bancos, para controlar que no
ocurriera lo que ha ocurrido: que lo prioritario fuera limpiar los tóxicos, pero que el dinero no fluya donde tenía que fluir. Incluso algunos compañeros socialistas se reían de nuestras posiciones. El discurso que tiende a la inquietud, al
pánico, ha ido creciendo y no por casualidad. Tenemos una reforma laboral que es un atentado claro y evidente a los derechos, y que no aporta soluciones puesto que es un mensaje al capital, no a favor de la excelencia del trabajo, sino dejándoles
claro que no deben preocuparse porque, como el despido será barato, podrán continuar con la perversidad actual que ha generado esta dualidad en el mundo de las relaciones laborales de hoy en día.



Con respecto a las pensiones una vez más ustedes insisten en estas soluciones, que se ha demostrado que lo que hacen es allanar el camino para que los capitales más agresivos y más especulativos vean en el pastel de lo público un gran bocado
para digerir en los próximos años.
Este es el verdadero reto. Esta es la manera en la que deberíamos hablar con claridad a la clase trabajadora. Estamos amenazados, puesto que todo lo que hemos construido se lo quieren comer los capitales más
agresivos, y no van a parar en su empeño, puesto que es un gran negocio y será el gran negocio de los próximos años. Cuando el ministro apela a la pobreza lo hace de una forma un tanto ligera. Y lo digo con todo respeto porque sé perfectamente que
el ministro no piensa esto, y no quisiera que se malinterpretara porque sería una injusticia hacia el señor Corbacho. Pero recordemos las cifras. Recordemos cuál es la media de la pensión contributiva y la media de las pensiones del sistema. Hay
millones de personas en el umbral de la pobreza. Sé que las cifras a veces son de goma y permiten cualquier tipo de interpretación, pero la realidad es muy dura. En estos


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momentos sacar pecho de lo hecho, atendiendo a la hoja de ruta que nos están marcando para el futuro, tiene un tanto de impúdico. Esperábamos del ministro que hubiera una cierta corrección, es decir -y vuelvo al principio de la
intervención-, que enviara un mensaje rotundo que frenara la inquietud y que dejara de una vez por todas al margen este empeño -que además se ha demostrado que no tiene demasiada razón- de prolongar hasta los 67 años la edad de jubilación. Mantener
esta afirmación distorsiona absolutamente todo, máxime cuando don Cándido Méndez -tal y como decía el compañero del Partido Popular-, en una intervención hace unos días en esta misma Comisión, hablaba de hasta qué punto se ha manifestado interesante
y todavía poco trabajada la voluntad de, atendiendo a las expectativas de vida actuales, apelar a la jubilación voluntaria más allá de la edad marcada legalmente hasta el día de hoy, y atendiendo también a los 63 años y 10 meses que es la edad media
en la que se jubilan los trabajadores en el Estado español hasta ahora. Desearíamos que nos respondiera si forma parte de la hoja de ruta inmediata del Gobierno español alargar hasta los 67 años la edad de jubilación o bien si lo van a aparcar.
¿Es posible que usted nos diga algo a este respecto hoy?


En cuanto al cálculo de la pensión todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es estratégica y tácticamente -porque esto tiene que ver con los tempos- la formula, cuál es el calendario, y si tienen previsto afrontar esta cuestión. Finalmente
le pregunto si están dispuestos a cumplir lo aprobado hace tan solo unos días a raíz de una moción, fruto de una interpelación, del compañero Carles Campuzano que instaba al Gobierno a que corrigiese en el año 2011 los desfases producto de la
congelación.
Por último, aun cuando esto forma parte del debate de la tarde, para nosotros ha resultado muy decepcionante -y lo repito para que quede claro-, muy decepcionante que hayan menospreciado, repito, menospreciado la responsabilidad
mostrada por nuestro grupo parlamentario que, sin ánimo de petulancias, fue el primero que presentó documentos ante el ministro y ante el Grupo Socialista con el afán y la voluntad de dialogar, de forma constructiva, sobre todo aquello que atañe al
contenido del real decreto de reforma laboral, y que a día de hoy todavía no se haya dado respuesta a nuestras exigencias, a nuestras demandas.
Todo esto nos lleva a una conclusión final. Si resulta que no pretenden satisfacer mínimamente, ante el
inicio de la tramitación del real decreto, a una parte de la izquierda -no digo a toda la izquierda porque no tengo ánimo de exclusivismo-, pero han modificado el borrador del real decreto -el mismo Antonio Gutiérrez, compañero socialista de
ustedes, en las páginas del país lo deja bastante claro-, que tenía algunos mimbres para hacer algún cesto también con la izquierda, y al final hacen un real decreto con contenidos muy distintos para satisfacer a la derecha, pero la derecha todavía
dice que no está satisfecha ya que ha anunciado que no van a votar favorablemente, ello da a entender que todavía hay posibilidades, hay escenarios para que aún sea más regresiva la reforma laboral, razón por la cual entiendo que no nos hayan
respondido ni siquiera a los documentos que hemos presentado. Si esto es paz que venga no sé quién, Lucifer mejor, y que lo certifique. Francamente es un tanto triste, pero siempre hay esperanza, y si el ministro nos echa una mano y algo de
esperanza a aquellos que estamos horrorizados ante lo que se avecina, repito, el desguace del Estado del bienestar y la pérdida de los derechos conquistados por los trabajadores, pues mejor que mejor.



El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, vamos a repartirnos el tiempo la diputada Díez y yo.



Señor ministro, déjeme decirle que hemos atendido -como no podía ser de otra manera- muy atentamente a su intervención, igual que lo hicimos en su momento, concretamente el 12 de mayo, con la intervención del presidente del Gobierno en el
Pleno del Congreso. En aquel momento asistíamos -creo que la palabra que lo define es atónitos- a aquellas medidas que nos anunciaba, y nuestra preocupación y perplejidad ante esas medidas se debían a que se evidenciaba una supeditación del
Gobierno Zapatero, del Gobierno socialista a las políticas que la derecha estaba considerando necesario, no solamente en el Estado español, sino también en la Unión Europea, llevar a cabo para hacer frente a la crisis. Después de escuchar, como
digo, atentamente su intervención, me reafirmo en esa posición inicial porque no solamente desde entonces hasta ahora ya aparecieron nuevas cuestiones que demostraban que esas medidas eran el preludio de otras, como las que por la tarde discutiremos
de la reforma laboral, sino que su intervención, señor ministro -haciendo una exposición de todas aquellas cuestiones que el Gobierno actual desde el año 2004 ha incorporado a su acción de gobierno de manera positiva en relación con la Seguridad
Social y las pensiones-, pone de relieve que cuando ustedes tienen que tomar medidas -como ocurre con la primera, que va precisamente en la dirección contraria a esas otras que usted nos enumeró aquí- lo hacen bajo algún tipo de presión. No sé qué
tipo de presión se habrá ejercido con ustedes, pero desde luego de alguna manera les convencieron para que no siguieran profundizando en reforzar eso que se denomina Estado del bienestar.



En su intervención usted también empezaba con una definición de las razones que obligaron al Gobierno a tomar estas medidas en ese momento, y que estaban relacionadas con los movimientos especulativos de esos días sobre la economía y las
cuentas del Estado español. Entendemos que cuando usted habla de especulación hablará en sentido amplio; por un lado, hay que hablar de la especulación informativa provocada por las empresas que se conocen como empresas de rating o de evaluación
de la economía, y por otro lado de la especulación de los mercados o de la economía especulativa, que era justamente aquella que se movía de una manera o de otra de acuerdo con la especulación informativa, en


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cuanto a la Bolsa. En esa situación ustedes toman estas medidas iniciales, concretamente la suspensión de la revalorización de las pensiones, y como decía anteriormente nosotros entendemos que al hacerlo el Gobierno acaba de aceptar o de
supeditar -como queramos definirlo- a las políticas de derechas, a las políticas de la economía especulativa para hacer frente a la crisis que esa economía especulativa creó. Por ello nuestra preocupación sobre esta medida de las pensiones no es
tanto si va a repercutir desde el punto de vista económico sustancialmente en los pensionistas, en la medida en que como usted dice el IPC va a ser escaso, y por tanto va a ser escasa la repercusión económica que va a tener esa suspensión de la
revalorización de las pensiones, sino que esos tres millones de pensionistas con pensiones mínimas no van a sufrir esa suspensión. Para nosotros el problema no está ahí; el problema es el concepto o la filosofía: hacia dónde dirige el Gobierno
las políticas para hacer frente a la crisis, que es justamente hacia donde va: a devaluar o debilitar las políticas sociales, las políticas que le dan nombre el famoso Estado del bienestar. Y nos preocupa, señor ministro, porque vemos lo que se
está planteando a nivel internacional, y desde nuestro punto de vista no tiene mucha explicación el acoso de la Unión Europea al Estado español en relación con las cuentas del Estado, habida cuenta de que hay otros Estados de la Unión Europea que
tienen mucha más deuda pública e incluso mucho más déficit público. ¿Por qué se hace así con el Estado español? Creo que efectivamente pueden tener mucha razón esas medidas que usted dijo antes, que fueran para mejorar la situación de los
pensionistas, la situación de los trabajadores, de la Seguridad Social, etcétera. Por lo tanto entendemos que si el Gobierno no va a seguir por la misma línea que usted llevó a cabo en los años anteriores, lo que va a hacer en el futuro va a ser
allanar el camino de las políticas de derechas, en definitiva allanar el camino para que esas políticas de derechas ganen la batalla al Estado del bienestar y a las políticas sociales que hacen posible que las personas vivan un poco mejor. Esa es
nuestra preocupación y evidentemente la preocupación no solamente está en este real decreto de suspensión de la revalorización de las pensiones, está en la reforma laboral que hoy vamos a debatir, cuya aprobación ustedes tienen garantizada. Desde
nuestro punto de vista cuando ustedes dicen que se van a crear dos millones y pico de contratos laborales en los próximos años es evidente que no solo se van a hacer contratos a los cuatro millones de parados que hay en este momento, sino que a los
cuatro millones de parados que hay en este momento se van a incrementar mucho más con los despidos que va a haber una vez que se abarate el despido de la manera que lo abarata este real decreto, y lo que va a haber es una contratación, que va a
incidir en lo que en su momento se definió como contratación precaria o más popularmente conocida como contratación basura. Y, señor ministro, esto lo va a hacer el Gobierno que antes hablaba de que nunca iba a hacer una política social regresiva o
que fuese en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Estado español ni de las políticas sociales.



La preocupación por nuestra parte, repito, es de tal grado que entendemos que incluso con la reforma seguimos en el preludio que decía yo al principio, y desde luego el hecho de que se vaya a tramitar como proyecto de ley el decreto de la
reforma laboral, pero por la vía de urgencia, como ustedes plantean, a nosotros no nos garantiza que esa ley vaya a ser mejor de lo que es el decreto, sino que ya tienen pactado lo que va a ser esa ley. Puede que incluso sea peor, habida cuenta de
cómo el decreto que sale aprobado por el Gobierno es peor que el anteproyecto que el Gobierno tenía. Tampoco nos tranquiliza que el presidente diga que la reforma de las pensiones será pactada y tras el debate del Pacto de Toledo porque, señor
ministro, visto lo visto y lo que se está comprobando con esos acuerdos que ustedes al final son capaces de alcanzar con otros grupos políticos, esa reforma de las pensiones va a incidir en aquellas cuestiones que nuestro grupo no podrá compartir,
como no comparte ni la reforma laboral que ustedes nos imponen -desde mi punto de vista y aunque sea con el acuerdo democrático de la Cámara- ni muchísimo menos las políticas del real decreto que suspendió la revalorización de las pensiones. Señor
ministro, sabemos que vamos a tener que seguir durante mucho tiempo debatiendo este tipo de políticas, pero sinceramente no sé si desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno se tiene el mismo nivel de conciencia que
tenemos nosotros en relación con que la derecha está ganando la batalla de la situación económica o está ganando la batalla contra el Estado del bienestar.
Cuando al inicio de la crisis la derecha y la izquierda gobernante hablaban de la necesidad
de refundar el capitalismo -nunca se concretó qué quería decir eso de refundar el capitalismo- no sabemos si realmente la concreción de esa refundación del capitalismo se está haciendo actualmente con las medidas que se están tomando, de manera que
al final el capitalismo puro y duro prevalezca sobre cualquier modelo social, económico como el que defendemos muchas organizaciones políticas; concretamente su grupo político se presentó a las elecciones defendiendo también ese Estado del
bienestar. A esa refundación del capitalismo, desde la perspectiva del capital puramente dicho, el Gobierno socialista, como digo, le está allanando el camino. Señor ministro, siento no poder tener una intervención diferente, pero es realmente la
que corresponde a nuestro estado de ánimo, a nuestra preocupación y creo que a la de muchísima gente de este Estado.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Estoy completamente de acuerdo con la primera manifestación que ha hecho el señor Llamazares: hoy no es un buen día, como el título de la canción. No es un buen día, creo yo, para


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ninguno de los que tenemos que adentrarnos en este debate, en debates que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con las medidas de progreso para las personas y para el país; no es un buen día por la mañana, en esta
Comisión del Pacto de Toledo, no tanto por el debate sino por su ausencia, porque el ministro se ha conformado con venir a justificarse y no a plantear el debate antes de que haya tomado las decisiones. Por tanto, eso me parece una muy mala
noticia. Esta Comisión no se ha constituido para que los ministros vengan a justificar o a dar excusas sino para plantear el debate previamente y para tomar las decisiones una vez que aquí se ha debatido. Por tanto, también hay una cuestión de
fondo que me hace decir que no es buen día y que comparto esa apreciación previa del señor Llamazares.



También comparto las apreciaciones sobre las medidas que forman parte estrictamente de la reunión de esta mañana, sobre las tres medidas que modifican la Ley de Seguridad Social, que tienen que ver con las pensiones. Estoy de acuerdo con
las manifestaciones y con la calificación que ha hecho el señor Llamazares de esas medidas, pero también con las que han hecho el señor Burgos, el señor Tardà y mi compañera del BNG, Olaia Fernández, sobre las medidas y sus consecuencias, más allá
de que cada uno de los portavoces de los distintos grupos políticos han llegado a las conclusiones por vericuetos diferentes, por reflexiones diferentes.
Todos han coincidido en la calificación de las medidas señalándolas como innecesarias,
injustas e injustificables.



Le quiero preguntar al ministro si no merecería siquiera una reflexión por su parte que portavoces de grupos políticos tan distintos, aunque no fuera en términos absolutos, pero sí en términos relativos desde la perspectiva ideológica,
tengamos una posición común respecto de unas medidas que su Gobierno ha adoptado y que el ministro hoy ha tratado de justificar en esta Comisión del Pacto de Toledo. Quiero saber si no le llama ni siquiera un poquito la atención que desde
perspectivas diferentes, incluso desde análisis distintos para llegar a las conclusiones, califiquemos todos de la misma manera las decisiones que ustedes han tomado, que llevaron al decreto del 27 de mayo y que modifican la Ley de Seguridad Social
en relación con las pensiones sin haber hecho un debate previo con los agentes sociales ni con los partidos políticos y sin haberlo planteado, debatido y acordado en esta Comisión del Pacto de Toledo.



Este empeñarse en tener la razón aunque todo el mundo piense lo contrario es un empecinamiento que nos ha situado precisamente en este momento actual. Si hace dos años o dieciocho meses el Gobierno de la nación hubiera ido tomando
decisiones en función de los debates y las propuestas que le sugeríamos desde el Congreso de los Diputados sobre la situación de crisis financiera, económica y social que sufría España; si hubiera ido tomándonos en cuenta; si hubiera ido
escuchando a quienes también desde distintas reflexiones y perspectivas le decíamos que había que tomar decisiones, probablemente hoy no estaríamos aquí. Si ustedes no se hubieran empeñado en creer que todos los que circulaban en dirección
contraria se habían equivocado y que ustedes eran los únicos que tenían razón en ir en esa dirección, contraria a la que marcaba la autopista, seguramente no hubiéramos llegado a una situación crítica como esta de crisis política en la que nos
encontramos y en la que ustedes van tomando decisiones de una manera deslavazada, a veces contradictoria y generando más incertidumbre en el medio y largo plazo, no le quepa la menor duda, aunque en el corto plazo parezca y, de hecho, reciba las
felicitaciones de aquellos que les han advertido -porque en ese caso no ha sido reflexión sino advertencia- que deben tomar decisiones sobre la reforma del mercad laboral, sobre el sistema financiero o, en este caso, sobre el tema de las pensiones.
Por tanto, una reflexión, una consideración o un consejo, si me permite, señor ministro, piense usted desprejuiciadamente si no tendremos alguna razón todos los que les decimos que las medidas que han tomado son innecesarias, están injustificadas y
son injustas.



Preguntaba el señor Llamazares, y después creo que algún otro portavoz ha seguido esa idea, por quién está ganando. Creo que lo que importa, porque quizá no nos podemos poner de acuerdo tan fácilmente en quién está ganando, es que todos
coincidimos en quién está perdiendo, en quién ha perdido. Creo que con estas medidas que ustedes están tomando de esta manera tan improvisada y tan irreflexiva quien pierde es la justicia social. Son medidas regresivas que perjudican a todos,
directa e inicialmente a aquellos a los que les afectan, insisto, directamente; finalmente perjudican a la justicia, son injustas, perjudican a la justicia social en su conjunto, de todo el país. Por tanto, nos perjudican a todos, perjudican a
España, perjudican el modelo social y perjudican nuestro futuro; perjudican también la expectativa de las futuras generaciones. Por tanto, ¿quién gana? Nos podemos poner a discutir si hay claramente un ganador, pero lo que hay claramente es un
perdedor; pierde la justicia, pierde el modelo social, pierde por tanto la caracterización de país que hemos venido construyendo en los últimos años, perdemos todos. Son medidas, decía, regresivas por innecesarias, injustificadas e injustas,
porque ninguna situación de alarma económica se estaba produciendo en la Seguridad Social para introducir ningún recorte de prestaciones. Por eso son innecesarias; había, y hay, superávit. La semana pasada lo estuvimos hablando precisamente con
el secretario de Estado, que está aquí detrás, y se estuvo presumiendo precisamente de ello. Por tanto, ese superávit hace innecesario bloquear un compromiso legal tan importante como la revalorización de las pensiones; un compromiso legal que es
además un compromiso político. Si hay superávit, ¿por qué congelar las pensiones? Es absolutamente innecesario hacerlo, por tanto innecesario. Son injustificadas, por seguir con la misma reflexión, porque se trata de eliminar medidas equilibradas
nada peligrosas recientemente pactadas, sin que haya cambiado ninguna circunstancia que modifique las razones


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que nos llevaron a tomar esos acuerdos. Además de innecesarias están injustificadas. Y son injustas por dos razones: una, que podríamos denominar de carácter externo, señor ministro, ya que es injusto que sea la Seguridad Social la que
tenga que pagar la factura de los errores financieros, económicos y políticos de su Gobierno, la factura a la que nos han llevado las actuaciones de su Gobierno; y, otra, que podemos delimitar como de carácter interno, ya que las medidas se toman
contra algunas de las personas más débiles del sistema. Quienes me han precedido en el uso de la palabra ya han pormenorizado precisamente esta injusticia.



Se toman medidas -por eso también le llama la atención a esta portavoz que usted nos diga que los pensionistas son los menos afectados por estas circunstancias de crisis-, que usted explica hoy aquí y que se han puesto ya en marcha, que
perjudican a las personas más débiles del sistema. Es decir, se entorpece el acceso a la jubilación a aquellos que iban a tener las pensiones de jubilación más bajas, porque esa es una de las derivadas, no solamente la congelación. (El señor
ministro de Trabajo e Inmigración, Corbacho Chaves, hace signos negativos.) Sí, señor ministro.
No solamente la congelación de las pensiones -de las que más se ha hablado hasta el momento- sino que la supresión del periodo transitorio que existía
desde enero de 2008 y que iba a durar hasta junio de 2013 para exigir 15 años de cotización efectiva -esa que también se ha congelado y que supone, en efecto, la suspensión del periodo transitorio para alcanzar los quince años de cotización-
perjudica exclusivamente a aquellos ciudadanos que, teniendo -usted lo sabe- 65 años de edad o estando cerca de tenerlos, no tienen esos 5.475 días de cotización pero sí los 5.085 que ahora, con la ley actual, se les exigía. Por tanto, en vez de
jubilarse en su momento tendrán que esperar a seguir cotizando hasta alcanzar esos 5.475 días. Se trata de unas 5.000 personas afectadas que tendrán que retrasar más de un año su jubilación; iban a ser 5.000 pensiones, las más bajas y por tanto
los más desfavorecidos ya que con la cotización que iban a realizar tenían derecho a una pensión del 50 por ciento. Con esa modificación que han hecho se perjudica en este caso a un colectivo de 5.000 personas, que son las que iban a cobrar las
pensiones más bajas, o sea que se perjudica -insisto- a los más desfavorecidos.



Termino, presidente. El Gobierno ha introducido una serie de medidas sobre la Seguridad Social que recortan las prestaciones, como decía, sin justificar razones de justicia interna del sistema; ha introducido una gran incertidumbre sobre
cómo va a ser el futuro, la forma y manera de considerar las pensiones y quizá -eso es lo más lamentable y lo más peligroso porque la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un país-, habida cuenta de cómo han ido tomando las decisiones,
estamos -como también han dicho algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra- sin saber cuál va a ser su siguiente paso: si nos van a traer también un decretazo sobre las pensiones, si nos van a hacer pasar por un trámite de
urgencia, si van a modificar a peor lo que ya nos han anunciado y lo que ya ha caracterizado el decreto aprobado el día 27 de mayo o qué es lo que van a hacer. En definitiva, señor ministro, una lamentable situación por el fondo y por la forma;
por el fondo por lo que le he explicado, por la forma porque, como dije al principio, esta Comisión no estaba pensada para que ustedes, los miembros del Gobierno, vinieran a justificarse a posteriori. Estaba pensada para que aquí se debatieran los
temas antes de que ustedes los aprobaran y para que cuando se aprobaran fuera por consenso. Eso es un pacto de Estado; ese es el espíritu del Pacto de Toledo, la garantía que tienen los pensionistas de que, aunque cambie el Gobierno, el color del
Gobierno y el partido que gobierna, no se va a tocar lo sustancial, eso es la política de pensiones. Ese pacto, el único que sobrevivió a la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es el que ustedes se acaban de cargar.



El señor PRESIDENTE: Por el Partido Nacionalista Vasco, don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, buenos días por decir algo como acotaba aquel conocido aldeano. No sé si va a ser un buen día para esta Cámara, probablemente no, pero seguramente no es un buen día para usted tampoco, señor
ministro; y no lo digo por estos augures, por estas voces que se oyen ya. Algún portavoz incluso se ha permitido la licencia de despedirse ya de usted. No me atrevería yo a hacer reflexiones y no se preocupe porque tampoco es algo que le afecte a
usted en exclusiva. El otro día llegaron a despedir en la Comisión de Interior al señor Rubalcaba también, bien es verdad que en este caso era por ascensión, teóricamente, a responsabilidades de mayor enjundia. En todo caso, no sé lo que está
ocurriendo ni me importa. No sé si va a haber crisis, si va a seguir usted liderando este tipo de reformas, que, señor ministro, y al margen de augurios, señor presidente, se están produciendo incluso físicamente en un contexto que se podría
considerar casi una alegoría.
Quizá no es casualidad que el gobernador del Banco de España esté compareciendo en la sala contigua, señor ministro, persona con la que usted se ha encargado histórica y tradicionalmente de mantener diferencias
ideológicas sustanciales, muchas veces por reflexiones que hace el gobernador del Banco de España, sin embargo ahora están físicamente muy juntos. Uno tiene la impresión de que esa proximidad física puede tener incluso hasta connotaciones
ideológicas. Espero que usted pueda tranquilizarme negando este aserto que estoy diciendo. La pregunta que todos nos hacemos, y que se han hecho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y que mi buen amigo Carles Campuzano
le va a hacer también, es: ¿por qué los pensionistas? ¿Por qué se ha elegido a los pensionistas para acometer una reducción del gasto y del déficit público impuesta por el Ecofin? Y además impuesta de la noche a la mañana, en un fin de semana
mediante estos


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sistemas de repentización de decisiones, como si estas fueran irrelevantes, que practica el Ecofin. Además del Ecofin lo practica un personaje taumatúrgico que nadie ha llegado a conocer muy bien -yo no sé si a usted se lo han presentado-,
cuya denominación es el mercado. Yo no sé qué es el mercado; yo no sé si usted lo conoce o se lo han presentado; qué forma tiene; cuáles son sus aspiraciones; a qué dedica el tiempo libre, como comentábamos el otro día; cómo se le puede
satisfacer y hasta dónde llega el nivel de satisfacción que este personaje tan peculiar, tan deletéreo, el mercado, exige. Porque las reformas estructurales que estamos analizando son medidas que se incardinan en una especie de satisfacción de
alguien -de este personaje taumatúrgico-, cuya voracidad parece punto menos que infinita, señor ministro. Lo que pasa es que la voracidad hay que saciarla no como quiere quien es voraz y de forma inequitativa sino desde una perspectiva razonable,
porque no son los mercados -y yo comparto algunas de las reflexiones que se han hecho por otros portavoces- precisamente los garantes del Estado del bienestar y de los paradigmas de la Constitución de Weimar, que es donde se definieron los
principios del Estado del bienestar, fundamentalmente los dos que ustedes conoce perfectamente: una protección universal para cualquier situación de necesidad y unas políticas orientadas hacia el pleno empleo.
Ni esta medida que estamos glosando e
interpretando esta mañana se incardina en los requerimientos del Estado del bienestar, ni de la Constitución española, ni del real decreto legislativo que configura la Ley General de la Seguridad Social, ni lo que vamos a aprobar esta tarde se
incardina en una política orientada hacia el pleno empleo en mi modestísima opinión. Por lo tanto, el día no es particularmente alegre seguramente para nadie. Tampoco para usted, señor ministro, tengo la absoluta convicción.



Nos encontramos con el siguiente problema. Usted en los Presupuestos Generales del Estado, de los capítulos 1 al 7, tiene más de 700 partidas donde podría haber acometido recortes para atender a los requerimientos de deducción del déficit
público que, evidentemente, en el Estado español es abultado, más del 11 por ciento, muy lejano de los requerimientos de la zona euro del 3 por ciento, requerimientos que por cierto nadie cumple en sus propios términos. El 11 por ciento es algo que
requiere rectificaciones, pero ¿por qué a los pensionistas si las pensiones no son de usted? El Gobierno solo gestiona las pensiones, no las puede patrimonializar. Las pensiones son de los propios cotizantes, son de los pensionistas y son
indisponibles desde la perspectiva de la actuación de políticas macroeconómicas de esta naturaleza, no porque lo diga yo o porque sea una opinión que yo mantengo de carácter más o menos estrambótico, de carácter refutable, sino porque lo dice el
Tribunal Constitucional; lo dice en dos sentencias donde perfila además la inconstitucionalidad de medidas de amputación de las pensiones, y la congelación de las pensiones equivale a amputación de las pensiones.
Ahora no me diga que esto no es
verdad ni recurra a argucias argumentales de carácter contable como la que ha utilizado -por cierto, la única que están utilizando para justificar la medida-: que antes ya han ganado lo suficiente los pensionistas, porque el diferencial antes con
el IPC era de tal magnitud que sencillamente ahora se produciría una compensación o una congelación casi compensatoria de ganancias de años anteriores. No, los principios constitucionales no están para ser compensados por ganancias en años
anteriores, sino que son para cumplir hoy, para cumplir mañana para cumplir profuturo y para cumplir siempre.



En cuanto a las pensiones, le digo que no son suyas porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho de quién son en una sentencia conocida del año 1987 -conocida porque yo se la cito en todas las ocasiones en que tengo oportunidad de comentar
estos temas con usted-; las pensiones son, como sabe usted, una específica manifestación del derecho de propiedad privada, puesto que dimanan de las cotizaciones de seguro de toda la carrera de trabajadores y de empresarios. Son una manifestación
específica, y el derecho a una cuantía determinada de pensión es una específica manifestación del derecho de propiedad privada. El derecho de propiedad privada solo puede ser objeto de limitación mediante un expediente de expropiación, mediante la
invocación de una causa de interés público y a través de la correspondiente indemnización. Usted no ha hecho esto con el real decreto-ley, usted no ha invocado las razones de interés público que justificaban la congelación de las pensiones, no ha
iniciado un procedimiento de expropiación a todos los pensionistas cuyas pensiones son objeto de congelación y, desde luego, no les ha indemnizado, a pesar de que todavía está en el aire, en un contexto un tanto deletéreo, esa posible paga
compensatoria que no sabemos si van a subirla como compromiso político o no, si después hay desviaciones con relación al IPC o a la inflación.



Además, hacen las cosas mal, señor ministro. Fíjese, cuando ustedes adoptaron y se aprobó y convalidó por esta Cámara, con la abstención de Convergència i Unió -lo digo únicamente a título ilustrativo, no es una reflexión o calificación de
carácter político-, el real decreto-ley en el que se congelaban las pensiones para el año 2011, se atentaba contra los derechos de los dependientes, se reducían las retribuciones de los funcionarios, se congelaban otros capítulos inversores,
etcétera, ¿qué ocurría de facto? Se produjo un efecto paradójico difícil de explicar y que me gustaría que usted me explicara: la confianza de la economía española ante los mercados disminuyó. Automáticamente, al día siguiente de la convalidación
de este real decreto la prima de colocación de la deuda pública española se multiplicó por dos. Por tanto, esto es una paradoja que resulta hasta insultante para la inteligencia. Se hace lo que piden los mercados -a los que nadie conoce ni se sabe
lo qué pretenden-, se hace lo que pide el Ecofin, se reduce el gasto público y después pierde credibilidad la economía española, se castiga a las posibilidades de colocación de la deuda pública española. Estos efectos


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paradójicos, más que el incremento de la prima, lo que suponen es un incremento del primo, que es el Estado español, que en este momento es el que verdaderamente lo hace, tomando medidas de esta naturaleza y que provocan estos efectos de
naturaleza paradójica. Esto es inconstitucional, primero, porque está afectando a algo de lo que usted no puede disponer porque pertenece a la propiedad privada -siendo el derecho a una cuantía determinada de pensión un derecho o una manifestación
específica del derecho de propiedad privada-, y se priva o se vulnera la jurisprudencia ya prolija del Tribunal Constitucional que consagra, interpretando los artículos 41 y 50, el principio de irregresividad. Irregresividad quiere decir que, en
relación con cualquier contingencia, cualquier medida que se adopte tiene que mejorar la cuantía de la misma, no reducirla, pero congelar las pensiones supone reducir la protección de la contingencia de jubilación.



Además ha hecho una reflexión que es, con todos los respetos se lo tengo que decir, señor ministro, jurídicamente aberrante. Usted mismo ha reconocido que está vulnerando la ley, y en concreto, un precepto de la Ley General de la Seguridad
Social, que es el artículo 48. Dicho artículo, cuyo rótulo es revalorización de las pensiones, establece que las pensiones se pueden modificar mejorando su cuantía, evidentemente.
Por eso, la alocución o rótulo del precepto es revalorización, no
modificación, de las pensiones. Ha dicho que se suspende. ¿Me va a decir usted qué instrumento o qué título de legitimidad tiene para suspender un precepto de obligado cumplimiento, un precepto de carácter indisponible que forma parte del orden
público laboral de derecho necesario absoluto, como es el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social? ¿Con qué instrumento de legitimidad se puede suspender un precepto de estas características? En tercer lugar, la medida es
inequitativa, es injusta.
Usted está atentando contra los derechos de algunos de los colectivos más vulnerables y con menos capacidad de reacción, con menos capacidad de movilización y de interlocución, las personas de la tercera edad. Está
vulnerando el derecho de aquellos que no le van a provocar una contestación particularmente intensa, cosa que no va a ocurrir con el real decreto-ley que se va a aprobar esta tarde. Quiero pensar que no es está la razón que le ha hecho desviar el
recorte hacia los derechos de los pensionistas, que son derechos indisponibles para la Administración del Estado con relación a la cuantía de sus pensiones; que no es falta de capacidad de respuesta o de contestación la que les haya ubicado en las
medidas de recorte del gasto público de manera manifiestamente injusta.



Por otra parte, hay tres iniciativas parlamentarias, tres mociones, aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados que le obligan a usted a remover esta medida o esta parte de las medidas relativas al real decreto-ley que estamos
debatiendo. Siempre es enigmático, señor presidente, saber si estas tres mociones son de obligado cumplimiento para el Gobierno o no. Seguramente no lo serán, aunque el Reglamento parece dar una interpretación desde una perspectiva hermenéutica,
eso sí un tanto lata, de que deberían ser obligatorias las mociones aprobadas por el Pleno de la Cámara para el Gobierno. Debe ser que no porque el 92 por ciento de las que se han aprobado están incumplidas. Por tanto, la praxis categoriza cuál es
el valor coercitivo de estas medidas, pero hay tres, señor ministro, que usted no debería desatender. La señora Díez ha dicho algo interesante, que es que no hay ningún grupo en esta Cámara, salvo el suyo seguramente y no sé si con particular
entusiasmo, que avale esta medida en concreto, la de la congelación de las pensiones. ¿Nos equivocamos todos? Es posible, porque como no conocemos a los mercados con la intimidad y la proximidad cuasi obscena con que a veces parece que ustedes los
conocen, no sabemos si nos equivocamos todos. Quizá nos equivoquemos todos, pero jurídicamente y desde una perspectiva de equidad y justicia social los que se equivocan son ustedes, no albergue la menor duda; esto se lo decimos desde perspectivas
ideológicas muy diferentes, y en privado seguramente se lo dirán muchas personas, muchos militantes de su propio partido político. Tengo dudas acerca de su real convicción sobre la pertinencia de estas medidas. No se lo voy a preguntar porque la
confidencialidad que a usted le obliga en relación con las disposiciones adoptadas por el Consejo de Ministros le exonera de cualquier contestación respecto a esta materia.



Señor ministro, la lógica del Pacto de Toledo exige que estas medidas atinentes a las pensiones sean por lo menos consensuadas en el seno del Pacto de Toledo. Aparte de los consensos que usted debería haber recabado en el Pacto de Toledo,
so pena de deslegitimarlo, como si ya no estuviera suficientemente tocado o deslegitimado anteriormente, porque aquí todo lo que llega se difumina, y lo comentábamos en la comparecencia del señor Méndez el otro día, hay tres proposiciones no de ley
aprobadas por el Pleno de la Cámara y presentadas por el grupo parlamentario donde hemos cometido lo que ya ex post sabemos que es un error -una enmienda relativa a cuestiones concernientes a la protección de los prejubilados, del servicio doméstico
y otras proposiciones ya aprobadas-, al aceptar una enmienda al Grupo Socialista cuyo tenor literal siempre es el mismo: en el contexto de los estudios que se realizarán en el Pacto de Toledo. ¿Qué ha ocurrido con estas iniciativas? Que han
llegado al Pacto de Toledo y aquí, por razones deletéreas o paranormales que no podemos comprender, han desaparecido, se han difuminado en el aire en alguna tercera dimensión y nadie sabe donde están; nadie sabe si están en algún pasillo paseando,
extraviadas en algún registro ignoto. Por tanto, el Pacto de Toledo, desde la perspectiva de la credibilidad que mi grupo le puede proporcionar, estaba muy tocado. Si ya se prescinde del Pacto de Toledo para atender a sus específicas
recomendaciones, una de las cuales, pero no la menos relevante, es configurar y proporcionar o proveer de consensos a la protección de cualquier contingencia y particularmente la de jubilación, lo que usted está haciendo es


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prescindir del Pacto de Toledo de facto, deslegitimándolo, provocándole un daño de muy difícil reparación, no sé si con la intención de acometer otras reformas estructurales sin la molesta compañía de los que estamos ubicados en esta
Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo porque ustedes ya consideran que a estos personajes llamados mercados también les estorban los acuerdos de 1995 y del año 2003.



Desde esa perspectiva, y ya por último, señor presidente, se acaba hasta con la lógica de separación de fuentes en materia de pensiones. Si las pensiones contributivas, que son las que ustedes están congelando, se autofinancian, cuando el
superávit -lo acabamos de conocer, porque don Octavio Granado ha tenido la amabilidad de hacernos el favor de publicarlo hoy mismo en los medios de comunicación, el superávit de la Seguridad Social- es de 9.700 millones de euros; con esto, que nos
provee de un sistema de Seguridad Social en su ámbito contributivo económicamente muy saneado, está usted vulnerando la lógica de la separación de fuentes, porque para las pensiones contributivas que usted congela tiene recursos más que suficientes
para evitarlo y atender a los requerimientos de revalorización automática que es la que corresponde al incremento de precios al consumo, al incremento de la inflación. ¿Me puede explicar, con un superávit de estas magnitudes, qué necesidad había de
atentar contra derechos que a usted no le corresponden porque son patrimonio de otros, de los pensionistas, que usted solo gestiona, cuando el superávit de la Seguridad Social, aunque haya decrecido el 12 por ciento, sigue siendo de casi 10.000
millones de euros? ¿Qué necesidad, teniendo 500 partidas entre los capítulos I a VII para efectuar recortes? Tampoco me parecen bien las otras que han utilizado, ni la de los dependientes ni la de los funcionarios, pero bueno, que ya el efecto sea
la duplicación de la prima de colocación de la deuda española en los mercados, me lo tiene que explicar usted de verdad. Y yo no me voy a despedir de usted, ojalá la próxima vez sea usted el que venga en nombre del Ministerio de Trabajo; se lo
dije al señor Rubalcaba, porque parece que todo el mundo se está despidiendo; no sé qué ocurre en estas postrimerías de la legislatura, pero explíqueme estos efectos paradójicos que seguramente no los entienden ni los mercados.



Desde esa perspectiva, señor ministro, yo no le voy a hablar sobre el real decreto que se va a convalidar o no esta tarde, porque no corresponde ahora, tendremos -y me tocará a mí- tiempo de discutir sobre esa otra norma esta tarde, pero no
le veo a usted particularmente feliz porque el día no es feliz para esta Cámara, el día no es feliz para la sociedad, y el día no es feliz -y esto es lo más desgraciado- para los colectivos más vulnerables de esta sociedad.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia del señor ministro. El debate de esta mañana es evidente que indica claramente dos cuestiones: la mayoría de los grupos de la Cámara, la mayoría de los diputados de la Cámara
rechaza sin paliativos la congelación de pensiones para 2011; la mayoría de la Cámara le ha reclamado, y hoy le vuelve a reclamar que corrija esa decisión, la mayoría de la Cámara le exige que dé cumplimiento a los requerimientos del Pleno para que
se respete el Pacto de Toledo, y para que se tomen las medidas necesarias para garantizar en 2011 el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, y el debate pone de manifiesto que el mecanismo de reformas del sistema de pensiones que es
el Pacto de Toledo está en crisis. Por tanto, señor ministro, le corresponde al Gobierno y al Grupo Socialista dar salida a esta situación; al Gobierno le correspondería fundamentalmente cumplir con aquello que la Cámara le está pidiendo, que es
buscar una fórmula que permita rectificar para 2011 esa congelación de pensiones, y quizá los tiempos políticos que el Gobierno tiene para cumplir con esa rectificación son cada vez menores, pero es evidente que lo que no es razonable es que el
Gobierno mantenga una medida de estas características, con la oposición de la mayoría de la Cámara. Quizá eso tengamos que discutirlo para el presupuesto de 2011, si es que llega a haber presupuesto para 2011, señor ministro. En todo caso la
posición queda marcada.



A mi grupo, más allá lógicamente de la consecuencia que para muchísimos pensionistas tiene esa congelación, acompañada por el aumento del IVA a partir de este mes de julio, por el aumento de servicios básicos que se van a incrementar, y que
por tanto van a hacer más pobres a muchos pensionistas que hoy cobran pensiones muy poco por encima de las pensiones mínimas -por tanto pensionistas que no cobran pensiones de más de mil euros-, más allá de eso, que es lo que nos preocupa y nos
ocupa, lógicamente la situación de crisis del Pacto de Toledo nos preocupa más si cabe. Por eso tuvimos interés el pasado jueves en presentar una moción que fue aprobada -en esa parte que ahora voy a citar- por todos los grupos parlamentarios,
incluido el Grupo Socialista, en la que reiterábamos que el sistema de pensiones constituye uno de los pilares del Estado del bienestar que debe ser financiado en el presente y en el futuro en un contexto de estabilidad presupuestaria, capaz de
garantizar tanto las pensiones de quienes hoy las perciben como aquellas que corresponden a futuras generaciones, y afirmábamos: para que ello sea posible el Congreso de los Diputados reafirma la validez, los principios y los mecanismos
establecidos en el denominado Pacto de Toledo, para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Asimismo el Congreso de los Diputados
reitera la necesidad de impulsar dichas reformas con el máximo consenso político y social.
Pusimos a votación este texto porque nos parecía que, junto con esa necesidad de rectificar esa decisión que todos hemos calificado de injusta, de
inequitativa, de contraria al


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Pacto de Toledo, a los principios expresados en el artículo 50 de la Constitución, además nos parecía imprescindible salvaguardar el mecanismo de reforma del Pacto de Toledo. Y sería bueno también que esta comparecencia del ministro
reafirmase que en esta legislatura cualquier propuesta de reforma del sistema de pensiones va a producirse en esa lógica del Pacto de Toledo, que sin respetar las fórmulas, los mecanismos, las vías, la tradición, incluso -si me permiten, estamos
hablando desde el año 95- el Gobierno apuesta por el Pacto de Toledo.
Segunda cuestión: que el Grupo Socialista y el Gobierno sean capaces de reconducir los trabajos de esta Comisión para alcanzar una reforma que sabemos que es imprescindible en
el medio y largo plazo de nuestro sistema de pensiones.



Voy a terminar, señor presidente, básicamente porque las cuestiones de fondo las hemos debatido tanto en el Pleno como en esta Comisión de manera intensa. El Gobierno en todos estos debates parlamentarios ha sido incapaz de convencer a la
Cámara de la oportunidad de su medida, nos parece que ha sido incapaz de convencer a la opinión pública sobre el carácter justo y equitativo de la misma, continuamos sin saber por qué de las opciones que tenía de recorte del gasto público ha tenido
que optar por esta congelación de las pensiones. Todo eso el debate parlamentario no lo ha aclarado, el debate parlamentario ha aclarado que hay una mayoría que está en contra de esa medida, y la Cámara lo que le reclama es que el Gobierno respete
y cumpla el Pacto de Toledo. Lo que nos gustaría saber hoy de usted es si efectivamente el Gobierno va a cumplir con el Pacto de Toledo en estas próximas semanas, en estos próximos días, en estos próximos meses.



El señor PRESIDENTE: Doña Isabel López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor ministro y agradecerle su comparecencia; yo llevo aquí catorce años sin ninguna duda es el ministro de Trabajo que más ha pasado por esta Comisión; no hay
posibilidad de comparaciones porque no las tiene; por lo tanto eso es de agradecer; ha venido cuando se lo ha pedido la Comisión, cuando se lo ha pedido un grupo y a petición propia. Por lo tanto, vaya desde nuestro grupo el agradecimiento más
sincero.



Cuando he salido a la calle se estaba diciendo que hoy es un día negro.
¡Caray! Será desde que yo he entrado aquí, porque cuando he llegado había sol. Pues bien, he salido y menos mal que el sol está en su sitio, y el cielo también; o
sea, que es un día corriente, parece que empezamos con el verano, y que ese aumento de grados de temperatura nos ha puesto a bullir un poco a todos. Hay algunas intervenciones en las que se han utilizado palabras gruesas, descalificaciones, y
deseos fuera de lugar.
Desde la derecha, más la extrema derecha, que representa el PP -muy respetable, pero es así-, y desde la izquierda minoritaria -muy respetable, pero es así-, nos han dicho de todo. Pero aquí está el Grupo Parlamentario
Socialista, en el centro izquierda, que representa en estos momentos a la mayoría del país, porque la gente no es extrema ni en un sitio ni en otro. Y no pueden querer unos y otros que hagamos lo que ellos querrían hacer, porque para eso no
habríamos ganado nosotros las elecciones. Si las hemos ganado es para llevar adelante nuestro programa y nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros no somos el PP, no somos Izquierda Unida, somos el Grupo Socialista, que da soporte a este
Gobierno, un gobierno cuyo único objetivo es sacar a España de la crisis, sacarla en las mejores circunstanciales sociales y económicas, a todos juntos, plantar las bases para el crecimiento económico y la mejora de la protección social en nuestro
país.



Parto de la idea de que no hay ni una sola ley, ni una -y repito y subrayo que ni una-, que genere derechos, que dé protección, que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos que no lleve el sello socialista, ni una sola en más de
treinta años de democracia de este país. Eso es lo que le da derecho a este Gobierno y a este ministro a tomar las medidas más convenientes para proteger aquello para lo que hemos desarrollado las medidas y la ley. Por tanto ese es nuestro
derecho. Comparto con el señor Olabarría que ni este Gobierno ni este ministro son propietarios de las pensiones -sin ninguna duda-; las pensiones corresponden a cada uno de los ciudadanos que han contribuido a ellas, pero este Gobierno y este
ministro sí son los gestores del sistema público de pensiones, de garantizar su futuro, de garantizar que los ciudadanos que hoy cobran pensión la sigan cobrando, que los que la vamos a cobrar dentro de diez años la cobremos y que los que la tengan
que cobrar dentro de veinte años la cobren.



Dicen que es una medida injusta e ilegal la congelación de las pensiones para el año 2011. Puede ser injusta, pero ilegal no, porque la ha aprobado esta Cámara; por mayoría ha aprobado un decreto que congela las pensiones para el año que
viene. Se ha convertido en legal, porque la mayoría de la Cámara vale para tomar las medidas. Ustedes y yo conocemos lo que a veces no sabemos explicarles a los ciudadanos; sabemos la diferencia entre una moción, un decreto y una ley. Y hasta
ahora ley, de obligado cumplimiento, es aquel decreto que hemos aprobado, que lleva la congelación de las pensiones para el año 2011. Por tanto legal es; otra cosa es si comparten o no la medida.



Pacto de Toledo. Todos nos acordamos del Pacto de Toledo. El señor Olabarría dice que tenemos medidas o propuestas perdidas por el pasillo, y le puedo asegurar que en este pacto no hay nada perdido, todo está en su lugar, en el lugar que
corresponde. Esta es una comisión de estudio y de recomendaciones al Gobierno, y en esa posición estamos. Hemos hecho comparecer a gente, han venido de todos los niveles a decirnos lo que piensan del futuro de las pensiones, y en este momento
estamos trabajando en la redacción de las siguientes recomenda


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ciones del Pacto de Toledo. Por tanto, mi primera pregunta para algunos grupos, y especialmente para el PP, es, ¿quieren ustedes romper el Pacto de Toledo? ¿Quieren ustedes dejar de asistir a las reuniones de la Comisión para las nuevas
recomendaciones del Pacto de Toledo? Porque el Grupo Socialista y el Gobierno socialista reafirman su voluntad de que su método de trabajo es el Pacto de Toledo. Por lo tanto, no busquen excusas, no tiren balones fuera, y digan con claridad si
quieren seguir trabajando en encontrar las recomendaciones para los próximos años con el formato del Pacto de Toledo. Nosotros sí, pero no sé ustedes. Sería bueno que se dejaran de tanto preguntar y de tanta incredulidad. Nosotros lo reafirmamos
y se lo decimos, si no se lo quieren creer, es otra posición, pero nosotros vamos a asistir a las próximas reuniones previstas. Tengan en cuenta que como método de trabajo todos hemos cogido las recomendaciones del año 2003, y los que defendemos
las posiciones del Gobierno somos los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que cada vez que llegamos a una recomendación cogemos el documento del Gobierno y lo intentamos plasmar en aquella recomendación que corresponde. Por lo tanto, si
dicen que no a los 67 años, pongan encima de la mesa alternativas. No hay ninguna, pónganlas. Y en ese sentido, al igual que debatimos unas cosas, debatiremos otras.



Hay una cosa clarísima. Yo estoy en el Pacto de Toledo prácticamente desde que llegué a esta Cámara, y una de las ventajas que tengo es que conozco el desarrollo que en él se ha producido durante los últimos años. Yo recuerdo por qué en el
año 2003 tardamos en ponernos de acuerdo sobre la nuevas recomendaciones. Porque no se habían cumplido las anteriores, y muchas de las que hoy hay aquí son las mismas que las que había en el año 1995. ¿Y saben por qué hicimos de forma tan clara el
tema de la revalorización de las pensiones? Porque sin ninguna ley en el año 1997 el PP detraía la diferencia de inflación, y entonces no hablábamos del 1,7, sino de cien pesetas por pensión, y decíamos que eso se iba a detraer. El problema de la
política es no tener memoria y tener amnesia. Hasta ahora, para mi suerte, tengo bastante buena memoria, y puedo decir que por ello tuvimos que tomar esas medidas. Y cuando se pregunta por qué le tenemos que hacer esto a los pensionistas, le diré
que en este país no hay nadie que cuestione que dentro de veinte años vayamos a ser en torno a 15 millones de pensionistas. No hay nadie que lo cuestione, porque los que se van a jubilar están todos aquí, y no tienen 20 años, sino 40, 50 y 55, y
sabemos los que van a ser. Lo que no sabemos -porque nadie tiene una bola- es qué crecimiento económico y qué cotizantes vamos a tener. Por lo tanto tenemos que trabajar con esas herramientas, y es lo que está haciendo el Gobierno. Y cuando
hablamos de la congelación de las pensiones del año 2011 no estamos hablando tanto de recuperar, de impedir o de ahorrar -como ustedes quieran llamarlo- los 1.500 millones del año 2011, como de una trayectoria en los próximos veinte años, y que esa
medida de congelación del año 2011 significa un ahorro al sistema de la Seguridad Social de 40.000 millones de euros. Díganme ustedes, señorías, de dónde quieren que hagamos este recorte, y luego hablamos. Esa es la realidad; es lo que hay.
Entiendo que haya portavoces que lo expliquen de una manera; pero hay uno, don Tomás Burgos, que esto lo conoce exactamente igual que yo, y cuando da algunas de estas informaciones solo lo hace desde la mala fe o desde la propaganda más estrecha.
Nosotros gobernamos pensando en los ciudadanos, con el único objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Siempre he dicho que el Estado del bienestar se puede romper por muchas cosas: una, porque se rebaje el dinero que se aporta para la
protección social; y dos, porque se quiera ampliar tanto y hacerlo tan generalizado para todos que pierda su objetivo. Pues bien, desde el Grupo Socialista ni un extremo ni otro. Queremos conservar, mejorar y mantener la protección social que
tenemos en este momento, y en ese sentido van las medidas que este Gobierno está tomando y que va llevando a cabo.



Señor Burgos, usted hablaba de las prejubilaciones. Si no fuera porque la situación no es para reírse, lo haría. Recuerdo que en 2002, cuando hicimos la ley sobre jubilación gradual y flexible -de la que si no recuerdo mal usted y yo
fuimos ponentes- dejamos a todos los jubilados anticipados anteriores a 2002 sin revisión de su pensión. Y ha sido este Gobierno el que en la legislatura pasada hizo un reconocimiento y una revisión a los pensionistas anteriores a 2002 para
compensarles las pérdidas que generaban los nuevos coeficientes reductores. Señor Burgos, mi pregunta es, ¿propone usted al Pacto de Toledo que, como recomendación, se eliminen los coeficientes reductores? ¿Es eso lo que nos está planteando cuando
habla de que no tenemos en cuenta a los prejubilados con anterioridad a 2002? ¿Respalda usted que a los 65 años eliminemos los coeficientes reductores? ¡Díganoslo! ¡Haga la propuesta a la Mesa! Yo no comparto esa medida. Si usted lo hace, dígalo.



En cuanto a que no hemos hecho los sistemas complementarios, hemos dado cumplimiento a esa recomendación en la prometida y acordada en 2006 con los agentes sociales. ¿Qué reforma hemos hecho? Hemos hecho la reforma necesaria para que los
reembolsos se hagan primando a las rentas vitalicias, y no que se recoja el dinero al llegar a los 65 años, se haga el descuento correspondiente, y aquí paz y después gloria. Nosotros creemos en el sistema complementario como tal, y por eso hemos
hecho la indicación que hemos hecho. Si usted no lo cree, le recuerdo las medidas que tomó su Gobierno en esa dirección. Por eso no se le puede reprochar a este Gobierno que los sistemas complementarios de empleo en la negociación colectiva no se
hayan desarrollado, porque hasta ahora ni en las competencias del señor ministro ni en las competencias de este Gobierno está la negociación colectiva. La negociación colectiva corresponde a los agentes sociales, y son ellos los que realmente han
de desarrollar esa medida a través de la negociación colectiva.



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Usted habla de violentar el cumplimiento en el Pacto de Toledo. No hemos hecho separación de fuentes. Podemos decir lo siguiente a ver si de una vez nos ponemos de acuerdo: hasta ahora en la última ley de revisión de la Seguridad Social
no se habló de cambiar el objetivo de 2013 para que los complementos pasaran a Presupuestos Generales del Estado, y sigue vigente esa recomendación. Cuando ustedes dejaron el Gobierno, la aportación que ustedes hacían -ya existía recomendación- a
los complementos a mínimos creo que estaba en torno al 18 por ciento de los mismos; hoy está por encima del 50 por ciento. Hablábamos entonces de 100 ó 150 millones, y hoy casi estamos hablando de los 3.000 millones. Creo que vamos en la
dirección adecuada que además nos marcaban el acuerdo y la ley que ustedes mismos hicieron. Sí, coincido con usted en una cosa: hemos subido por encima del IPC las pensiones mínimas, que además era un compromiso electoral con nuestros votantes y
nuestros ciudadanos, y lo hemos hecho porque hemos dado cumplimiento a aquello que el presidente del Gobierno y mi partido llevábamos en el programa electoral. Y no les gusta, ya sé que no les gusta, pero es una medida que adopta este Gobierno.
S.S. ha llegado a preguntar en nombre de quién hacemos esto; lo hacemos en nombre de la responsabilidad de gobierno que nos han dado los ciudadanos, y no sé qué pasará en 2013 pero tengo la convicción -se lo digo ahora y aquí- de que en abril de
2013 seguirá habiendo un Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero, mal que les pese, porque los ciudadanos de este país son mucho más responsables que algunos de ustedes, ya que parece que dependiendo del día -dependiendo de si hay mucho
sol o poco sol- se defiende una cosa o se defiende la otra.



Dice que la gente no dispone de la información necesaria, y yo le pregunto si no estará pensando usted en aquello que cuando gobernaba el PP los expertos llamaban el apagón informático en la Seguridad Social. Yo recuerdo venir aquellos años
al Pacto de Toledo -se pueden consultar los diarios de sesiones- y que representantes de algún departamento dijeran que debido al apagón informático que estábamos viviendo no se podían hacer las proyecciones más allá de cinco años. Pues bien, hoy
esas proyecciones, esa documentación están en la página web a disposición de cualquier ciudadano; es más, dando cumplimiento al Pacto de Toledo, cada ciudadano recibe una carta a primero de año que le dice cómo y cuáles son sus cotizaciones. ¿Que
se podría hacer más? Estamos de acuerdo; pero dígamos qué; no hay ningún problema. En todo lo que sea transparencia, en todo lo que sea mejorar la información a los ciudadanos no hay ningún problema. Asimismo pregunta si no se podría recortar
de la gente del equipo, y en ese sentido tengo que decirle que este Gobierno y este ministro ya hicieron recortes, comparado con el último Gobierno del Partido Popular. Recuerdo que el último ministro de Trabajo contrató, con categoría 27 de la
Administración, a una persona para que le asesora sobre qué corbata y qué traje se ponía cada día. Señoría, este ministro no lo necesita; cada día se pone lo que le apetece. ¿Quiere que hablemos de gastos superfluos? ¿Hablamos de la reforma que
se hizo en alguna vivienda de la Seguridad Social con un secretario de Estado llamado Gerardo Camps? ¿Hablamos de la reforma que se hizo en el Ministerio de Trabajo poniendo aire acondicionado en algunos lavabos, en los que no lo había, para que el
señor Zaplana lo pudiera hacer con comodidad? ¿Quiere usted que le diga más recortes que ha hecho este ministro? ¿Quiere más recortes que los que hizo ya el anterior? Por lo tanto, hablemos con seriedad, hablemos del Pacto de Toledo, de las
medidas que queremos.
Desde el respeto más profundo a cada una de sus posiciones, a cada uno, en los mismos términos pido que se respeten las nuestras. Dígannos que estamos equivocados, no se preocupen, especialmente los señores del PP.
Si
estamos equivocados, los ciudadanos nos lo dirán, pero serán los ciudadanos los que nos digan si tenemos razón, si las medidas son adecuadas o no. Yo no puedo aguantar algunas recomendaciones sobre la reforma, porque hablamos del despido libre,
pero ¿el despido del pase usted por caja no se implantó en el año 2002? A partir del año 2002, salvo a los que tienen protección por despido improcedente o por el que ellos quieran, que son los delegados de personal -que pueden elegir si se quedan
o se van-, al resto de trabajadores de este país si el empresario llega un día y no le gusta la corbata que lleva uno le puede decir: Don Antonio, pase usted por caja, recoja los cuarenta y cinco días o lo que le toque y a la calle, porque no lo
quiero ver más. Esa reforma no la hizo el Grupo Socialista, la hizo el PP, y además eliminó los salarios de tramitación con esa medida.



Hablando de pensiones, ustedes critican la congelación de un año cuando hay superávit, un aumento del 1,7 por ciento. ¿Hablamos de 1997? ¿Hablamos del recorte de 1997? ¿Hablamos de lo que le supuso a un jubilado perder su puesto de
trabajo a los cincuenta y pico y no volver a encontrar otro trabajo hasta los 61, que es cuando se puede jubilar? Antes de 1997, uno se jubilaba y se le cogían sus bases de cuando estaba en activo, y a partir de 1997 se le cogen desde que cumple la
edad.
¿Hablamos de lo que supuso ese cambio? ¿Sabe cuál puede ser la media de pérdida de pensión por esa medida? Entre el 16 y el 18 por ciento.
¿Hablamos de lo que significa un recorte como tener el 60 por ciento de pensión garantizada a los
quince años y pasar al 50? Seamos un poco más serios. Nosotros estuvimos de acuerdo con esas medidas, pero ¿por qué? Porque nosotros siempre pensamos en los ciudadanos, en su bienestar y en el futuro del sistema, estemos en la oposición o en el
Gobierno. Esa es la diferencia que hay en esta Cámara, la oposición que hay hoy y la oposición que tenía su Gobierno.



Hagan una reflexión. Nosotros lo haremos muy mal, no lo discuto, pero yo creo que somos los menos malos para este país, y los ciudadanos son conscientes de ello. No pensaba contestar al señor Llamazares ni al señor Tardà, de Esquerra
Republicana, pero les diré una cosa: estoy encantada de que los ciudadanos nos den el res


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paldo que nos dan y a ustedes el suyo. Parece que no estamos tan desencaminados. Proporcionalmente no hay color. Por lo tanto, podemos estar equivocados, pero los ciudadanos se equivocan con nosotros y, señorías, no hay acierto más grande
de un gobierno que el de estar con sus ciudadanos garantizando su futuro.



Termino como empecé. Señor ministro, cada uno puede desearle lo que quiera; yo le deseo que usted y este Gobierno sigan gobernando como lo están haciendo hasta ahora porque significa que estamos empezando a poner las bases para el
crecimiento de mañana, para que los ciudadanos de este país sigan conservando su Estado de bienestar y su protección social


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor Burgos, hace dos o tres meses se me interpeló en la Cámara sobre el empleo juvenil. Su compañero empezó preocupándose por mi futuro y yo le dije que no se preocupara por
el mío, más bien que se preocupara por el suyo. Hoy se ha hablado aquí de elementos paranormales; yo no tengo la potestad de visualizar el futuro, ni tampoco identifico premoniciones, pero le repito hoy lo mismo que le dije a su compañero, que no
se preocupara por mi futuro, que se preocupara por el suyo y que espero que a usted en los próximos meses no le pase nada que a lo mejor pueda incidirle después en su futuro. Creo que no hace falta dar ninguna referencia, basta con que usted vaya
al 'Diario de Sesiones' para comprobar a qué me estoy refiriendo. Señor Burgos, le agradezco que reconozca que efectivamente este ministro ha venido todas las veces que se le ha solicitado; no podría ser de otra manera porque es una obligación que
tiene el ministro, comparecer en el Congreso de los Diputados y dar cuanta información se le demande, pero usted ha hecho un cierto reconocimiento de una predisposición a hacerlo voluntariamente.
Cómo me va a preocupar venir a una Comisión, venir
al Congreso de los Diputados a dar explicaciones si toda mi vida política precisamente se ha basado en tener claro que tengo que dar explicaciones directamente a los ciudadanos. En estos momentos, para mí es todo lo contrario, es un honor venir.



Señor Burgos, no se puede ignorar, y creo que usted no debería hacerlo, la situación del año 2010, en un contexto internacional como el que hay, para entender que algunas de las medidas que el Gobierno ha adoptado tienen sin duda mucho que
ver con ese contexto internacional, con esa situación de carácter extraordinario y de ninguna manera con una política que tenga como objetivo modificar el compromiso con el Estado del bienestar. Todos los países cada día están tomando medidas que
van justamente en la misma dirección que las que nosotros mismos hemos tenido que adoptar. Todo eso es una respuesta necesaria para salir de esas crisis global, internacional, pero que de una manera especial y particular se está cebando con Europa.



Nosotros, señor Burgos, apostamos por el Pacto de Toledo y queremos seguir apostando por el Pacto de Toledo, creemos que es un buen instrumento, que es un buen espacio de encuentro y la mejor garantía para poder debatir el presente y el
futuro de las pensiones, pero señor Burgos, usted debe reconocer algunas cuestiones. Dice que no hemos avanzado en la edad de jubilación. Quiero recordarle que estamos en 63,10 años y quiero recordarle también que es evidente que hemos avanzado en
ese terreno. La situación de dificultad no se la voy a ocultar, creo que cualquier ciudadano puede entender que estamos en una situación de una enorme dificultad. Fruto de esa situación, el Gobierno se ve abocado a tomar determinadas medidas y
pedir un sacrificio a los ciudadanos que se ven afectados por ellas. Pero los compromisos con determinadas políticas se demuestran no solo cuando uno tiene que tomar una medida, no cuando uno hace brindis al sol porque no tiene responsabilidades de
gobierno, sino cuando se analizan las trayectorias durante una serie de años para ver cuál fue el comportamiento que unos y otros adoptaron respecto del tema que nos ocupa. Desde el año 1997 a 2004, en ocho años de gobierno del Partido Popular,
ustedes hicieron que las pensiones le ganaran al IPC el 3,1 por ciento. Ese fue el gran avance en una época de cierta bonanza económica. Pero el compromiso con el Estado del bienestar, el compromiso con los más débiles les llevó a hacer la gran
política de que las pensiones de personas de más de 65 años con cónyuge a su cargo le ganaran el 3,1 por ciento al poder adquisitivo. Gran compromiso; gran política.
¿Qué pasó desde el año 2001 a 2010? Que se le ganó al IPC el 34,9 por ciento.
Esa es la realidad. Con ustedes IPC puro y duro y un poquito de propina, 3,1 por ciento. Con el Partido Socialista, durante estos años, compromiso por las pensiones, compromiso por la subida, un 34,9 por ciento. Pero si vamos a ver qué ha pasado
con las pensiones sin cónyuge a cargo, cogiendo los mismos años de referencia, durante el período que ustedes gobernaron las pensiones ganaron el 3 por ciento de poder adquisitivo. Sin embargo, durante el período 2005-2010, las pensiones ganaron el
28,1 por ciento. Dice S.S., y probablemente con razón, que las pensiones están por debajo de la media europea y que todavía tienen que tener recorrido para la mejora. Es curioso que quien toma el gobierno en 1996, con una pensión media de 377
euros, solo es capaz de llevarla a 484 euros en el año 2004 y quien toma la responsabilidad de gobierno en el año 2004, lleva esa pensión de 484 euros a 725. Probablemente me dirá que tenemos que seguir avanzando. Y le digo que sí, pero para
seguir avanzando tengo serias dudas de que en el futuro se avance con ustedes.
Que los pensionistas no tengan ninguna duda de que, pasada la coyuntura, pasado el bache, con nosotros las pensiones seguirán avanzando en la dirección en que lo han
hecho en los últimos años. Usted, como siempre, identifica un concepto, ejerce la crítica y es incapaz de poner encima de la mesa una mínima alternativa. Dice usted: 1.500 millones de euros que deberían haberlos sacado de otras partidas. Habla
de las partidas presupuestarias, de los capítulos del presu


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puesto, pero no es capaz de identificar una sola partida con un mínimo de rigor y un mínimo de consistencia para demostrar que puede haber otra alternativa. Señor Burgos, no confundamos los términos. El Gobierno no adopta estas medidas
porque en la salud económica de las pensiones haya algún problema. La salud económica de las pensiones por suerte es buena.
El año pasado acabamos con superávit y hoy mismo ustedes han hecho referencia a datos estimativos de la Seguridad Social
que van precisamente en la dirección positiva. Pero no es eso lo que estamos ahora evaluando. Estamos evaluando que España ha tenido que adoptar un conjunto de medidas de contención del gasto para poder corregir el déficit en un tiempo
determinado, lo que ha llevado necesariamente a una reducción del gasto en un conjunto de partidas, entre ellas la que estamos hoy aquí debatiendo.



Puestos a plantear credibilidad, en los últimos días hemos conocido no solamente informes sino declaraciones de dirigentes de instituciones europeas e incluso de más allá de Europa que certifican, que determinan que el Gobierno de España
está adoptando un conjunto de medidas que van en la buena dirección y reconocen el esfuerzo del Gobierno y a la vez le felicitan porque va en la dirección de sacar a España de esa situación.
Tengo serias dudas de que esa sea la opinión que en estos
momentos hay en Europa respecto del Partido Popular, porque van ustedes justamente en dirección radicalmente contraria a las decisiones que otros gobiernos están tomando. Le reitero que si hoy adoptamos estas medidas es como resultado de una
coyuntura, pero no tenga usted la menor duda de nuestro compromiso cuando España salga de la situación de dificultad económica en la que está inmersa, igual que otros países de la Unión Europea. En el momento en que hayamos corregido el déficit y
la situación económica empiece una senda de crecimiento diferente de la que hemos tenido y tenemos hoy, no le quepa a usted la menor duda de que este Gobierno sabrá adoptar las medidas que sea menester para justamente compensar aquellas que tuvo que
adoptar en un momento de coyuntura, fruto de unas determinadas circunstancias. No tenga usted la menor duda. Estoy convencido de que los ciudadanos no tienen la menor duda. Sí tengo serias dudas de que, si ustedes llegan al Gobierno, no les
parezcan bien las medidas de coyuntura y no adopten en ningún caso medidas que puedan corregir aquello que por necesidad de coyuntura se tuvo que hacer. A las pruebas me remito.



Señor Burgos, el Gobierno ya tomó una decisión el 29 de enero, y dio un documento a esta Comisión para la reflexión, para el debate y para las conclusiones. El Gobierno entiende que este es el espacio donde hay que seguir trabajando en la
reflexión y en las conclusiones. El Gobierno, por tanto, es evidente que valorará positivamente las conclusiones que salgan de aquí, de este espacio, y además desea que sean ampliamente compartidas y lo más ampliamente posible consensuadas; que
vayan en la dirección de dar respuesta a las necesarias reformas en materia de pensiones, para orientar y garantizar que el sistema de pensiones tendrá la misma salud que tiene hoy cuando hayan pasado veinte años. Tendremos tiempo, señor Burgos, de
ver cuáles son sus propuestas en el trámite de la reforma laboral. Tendremos tiempo y vamos a verlas. Se van a tener que mirar al espejo y retratarse. Ya no podrán seguir con generalidades porque una propuesta de reforma laboral, igual que muchas
propuestas, tiene un articulado y cuando uno no está de acuerdo no será suficiente la generalidad. Tendrá que decidir con qué artículo no está de acuerdo y cuál es la alternativa que propone. Vamos a verlo. Creo que será interesante conocer sus
propuestas. Vamos a ver hasta dónde van a llegar ustedes y vamos a debatirlo. En todo caso, ya le anticipo que en todo lo que vaya en beneficio del conjunto del país -supongo que ya incluso en beneficio de los trabajadores, puesto que han ampliado
ustedes el espectro político de representación- seguramente nos podemos poner de acuerdo. A ver si entre lo dicho y lo hecho después hay correspondencia.



Señor Llamazares, nosotros no tenemos una crisis ideológica. No sé si usted tiene problemas ideológicos o no; nosotros desde luego no. En todo caso, lo que le puedo decir es que nosotros lo que no estamos es anclados en el pasado. El
Partido Socialista Obrero Español ha sido un partido que a lo largo de toda su trayectoria ha ido adaptando sus estrategias y sus decisiones a aquello que en cada momento entendía que había que hacer para que la sociedad siguiera avanzando sin
perder las señas de identidad que siempre nos han caracterizado. Pero ustedes han estado siempre debatiendo en la teoría y nunca los ciudadanos les han dado la oportunidad de tener que llevarlo a la práctica. En consecuencia, siga usted
teorizando, pero con la teoría no siempre se resuelven los problemas. Nosotros hemos tenido que tomar muchas decisiones a lo largo de la historia, y algunas, créame, complejas y difíciles pero con el paso del tiempo se ha comprobado cómo la
sociedad ha avanzado gracias precisamente a las decisiones valientes que hemos adoptado. Usted no puede alegar ignorancia y no puede venir aquí a hacer demagogia como ha hecho. Porque puedo entender que alguien de fuera tenga algún desconocimiento
sobre una determinada materia, pero cuando alguien como usted -que tiene un profundo conocimiento sobre esta materia concreta- dice lo que ha dicho, lo hace demagógicamente o lo hace consciente de que no está diciendo la verdad. La reforma laboral,
señor Llamazares, en ningún momento abarata el despido en este país, y no lo abarata, y no haga usted demagogia, porque esta reforma entró en vigor ayer. Hasta la semana pasada cuando a un trabajador de este país por algunas circunstancias de las
que hay en la legislación se le rescindía el contrato, el derecho a indemnización estaba fijado en cuarenta y cinco, treinta y tres y veinte días. En la reforma laboral que hoy está en vigor, al trabajador de futuro, si pierde su trabajo, si se le
rescinde su contratación laboral, la indemnización seguirá siendo cuarenta y cinco, treinta y tres y veinte días, y eso es así, señor Llamazares, y


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decir lo contrario es sencilla y llanamente faltar a la verdad. Y este Gobierno no subvenciona el despido, señor Llamazares; eso no es verdad y usted lo sabe. Este Gobierno ha decidido no tocar un derecho que tienen los trabajadores en
cuanto a su indemnización pero sí en cambio aligerar el coste individualmente de una empresa a través de un fondo que pagan las empresas de este país, a través del 0,2 por ciento que va directamente al Fogasa. En consecuencia, podría aceptarle a
usted que me dijera que todas las empresas de este país contribuyen a la acción individualizada de una empresa cuando se ve obligada a rescindir una parte de sus contratos. Por tanto, no diga usted cosas que no son verdad y que no se corresponden
con la realidad. Yo le puedo admitir a usted, respetar y aceptar que diga que no está de acuerdo, pero, primero, yo no he venido a comparecer hoy para hablar de la reforma laboral; he venido para hablar del tema de las pensiones en la Comisión del
Pacto de Toledo.
Usted en todo caso ha aprovechado algo que formalmente no debería haber hecho, que es introducir un debate que no tiene nada que ver con este tema. Pero ya que lo ha hecho, no le rehúyo el debate ni aquí ni en ningún lugar. Puedo
respetar sus opiniones y evidentemente respeto sus decisiones, pero lo que no acepto de ninguna de las maneras es que usted ponga en mi boca algo que no se corresponde con la realidad.



Señor Tardà, usted ha hecho algunas apreciaciones, no creo que con mala fe, pero que considero necesario aclarar. El Gobierno no ha inyectado dinero a la banca aunque pueda dar esa sensación. El Gobierno, al igual que muchos otros
gobiernos, ante una crisis financiera como la que se apoderó de las economías desarrolladas desde el año 2008, tuvo que recurrir a hacer de avalador y de garante, por si era necesario, del sistema financiero. Pero es evidente que ser avalador no
significa dar dinero a fondo perdido, sino en todo caso dar garantía para que dicho sistema no entrara en riesgo de quiebra. También el Gobierno adoptó alguna medida que, usted convendrá conmigo, quizá no fuese suficiente para la demanda que había,
como fue transformar la función del ICO. Usted sabe que el ICO estaba previsto históricamente con una función inversora, y este Gobierno, consciente, como usted ha citado aquí con toda razón, de la sequía y la falta de crédito, que es lo que hace a
muchas pequeñas y medianas empresas durante la crisis tener un problema con su circulante, cambió la función del ICO precisamente para llevar una parte de recursos al circulante de esas pequeñas y medianas empresas. Usted puede decir, y hasta le
puedo dar la razón, que con todo y con eso no fue suficiente y persistió el proceso de falta de crédito, pero reconózcame que viene de aquí. En cuanto a la reforma laboral le reconozco alguna cosa. Es verdad que ustedes han hecho un esfuerzo
importante -que yo reconozco- por concretar, y eso es meritorio porque no han ido a generalidades; han hecho un documento, han concretado y nos lo han remitido. Hemos tenido reuniones donde hemos debatido y hay algunas cosas de ese documento que
nos parecen bien de la misma manera que hay otras que difícilmente podemos aceptar. En este debate que hemos de desarrollar, y ahí quiero contar con esa predisposición positiva de Esquerra Republicana de Cataluña, no tenga la menor duda de que en
aquellas propuestas que usted plantea y que nos parecen en términos generales positivas vamos a encontrar un espacio de acuerdo y de consenso junto con otros grupos políticos que permita enriquecer la norma que a partir de hoy se empieza a tramitar.
Usted, al igual que otros grupos políticos, ha venido pidiendo la necesaria reforma de una, valga la redundancia, reforma laboral, y en coherencia con eso espero que el voto vaya en la dirección de no impedirla. No significa prejuzgar posición al
final del recorrido; cada uno se tiene que posicionar al final del recorrido en función de lo que haya resultado de la misma, pero convendrá usted conmigo que sería una incongruencia solicitar una reforma laboral necesaria y que cuando esta llega
al Congreso el acto de votación, de ganar, impide la discusión de la reforma. Estoy convencido de que la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara tomarán esta tarde la decisión de facilitar esa reforma, al igual que el suyo. Señor Tardà, le
doy un dato estadístico, no invento nada, sobre la evolución de la tasa de riesgo de pobreza relativa al conjunto de la población de mayores de 65 años. Los mayores de 65 años en el año 2005 estaban en una tasa del 16,9 y el resto de la población
en aquellos momentos estaba en 15,4. Lo que ha sucedido en el año 2009 es que el riesgo de la población general ha pasado al 15,5 y la población de los mayores de 65 años ha descendido al 13,7. Sin duda, hemos avanzado en esa dirección.



Finalmente, he de decirle que es razonable que pensemos en los temas del Pacto de Toledo, pero otra cosa es cómo esta Comisión del Pacto de Toledo decide sus recomendaciones. Creo que está fuera de cualquier duda que estamos delante de unos
cambios progresivos demográficos y que en el año 2030 la población de más de 65 años se habrá incrementado en más de cuatro millones, parece que todo apunta a que será de esa manera. En consecuencia, la política que debemos llevar al futuro es
intentar que el máximo número de personas se mantenga el máximo de tiempo posible en el mercado laboral de una manera activa. Ese debe ser un objetivo que podríamos y deberíamos compartir todos; a partir de ahí la discusión es cómo llegamos a ese
objetivo. Evidentemente, usted ha señalado algunas cosas; que está en el 63,10 la edad media, la edad legal son 65 años.
¿Hay camino de recorrido? La respuesta es que sí. En este país históricamente creo que se ha abusado de las jubilaciones
anticipadas; quizá la palabra adecuada sería que se han usado en muchas ocasiones como necesarias, imprescindibles, para resolver un problema de crisis, y en otras ocasiones por políticas respetables pero que no tenían nada que ver con la crisis.
¿Debemos orientar esas políticas? Pienso que sí. Yo no les voy a decir ahora cuáles son los caminos que hay que elegir, pero lo que les dice el Gobierno es que habrá cambios demográficos a largo plazo, dentro de veinte años, reformas paulatinas y
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gresivas y es evidente que los caminos de esas reformas pueden ser varios y diversos y no uno solo. A partir de aquí yo confío en que el debate que ustedes harán será un buen debate y las conclusiones, también.



Señora Fernández, las medidas que ha adoptado el Gobierno no son preludio de nada. Quiero decirle a usted con toda seguridad y con toda garantía que de ninguna manera retrocede nuestro compromiso con el Estado de bienestar. De ninguna de
las maneras. Somos un partido y somos un gobierno fuertemente comprometido con el Estado del bienestar. Puedo coincidir con usted en que en este mundo globalizado determinadas corrientes pueden hacer que Europa tenga que convertir en una
prioridad, incluso en la política, la defensa del Estado del bienestar, no se lo voy a negar, porque es evidente que esa es una seña de identidad de Europa y es una seña de identidad que hemos construido en España en los últimos años de la cual el
Gobierno socialista se siente orgulloso. No le quiero negar que estamos en un momento de una situación compleja, difícil, y que tenemos que adoptar medidas, muchas de ellas duras, para salir de esta situación, pero también con el fuerte compromiso
de que, una vez que salgamos de ella, no solamente queremos fortalecerlo sino que queremos que el Estado del bienestar mejore y recupere situaciones históricas.



Señora Díez, yo no vengo aquí a dar excusas, yo hago la intervención que estimo que debo hacer como responsable del Gobierno, de la misma manera que usted hace la que considera que tiene que hacer y desde la máxima consideración yo la
respeto totalmente, más allá de compartir o no alguno de los planteamientos que hace. Sobre este particular, simplemente quiero decir, para que quede en el 'Diario de Sesiones', que en esto de tener la razón, quien la explica cree que la tiene toda
y normalmente quien la escucha cree que tiene una parte. La señora Díez ha explicado su razón y cree que es toda la razón y yo, que la he escuchado, creo que puede tener una parte de razón, pero eso no quiere decir que la tenga toda; en todo caso,
son apreciaciones.



Señor Olabarría, no le digo nada seguro, pero no se preocupe usted por mi futuro. Usted tranquilo, no se preocupe, mi futuro está dado; si la salud me acompaña, ser feliz. Y no confunda usted la felicidad con la parafernalia de un cargo
en un momento determinado. Los cargos son provisionales y hay que tener sentido de provisionalidad en las cosas. En todo caso, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué va a hacer, señor ministro? Pues ser ex ministro cuando toque, Punto. Y habré tenido
el gran orgullo de ser ministro. Aquí tenemos un señor ex ministro y el otro día, que tuve la oportunidad de estar en Burgos, le vi feliz, contento; en el pasillo del ministerio le veo incluso con una cara sonriente y creo que es por la
satisfacción de haberlo sido. Respecto a esa obsesión de: cuándo va a ser, no va a ser, se va, no se va, lo digo que será cuando el presidente quiera y, además, no se preocupe, no se preocupe por mi futuro, créame, de verdad. Como le quiero
mucho, no le digo a usted que se preocupe por el suyo; yo le deseo todo el mejor futuro del mundo, al señor Burgos también. Lo que pasa es que he hecho un acotamiento y, de verdad, yo no quería que aquel día pasara lo que pasó, de ninguna de las
maneras.



Usted, como siempre -y yo le felicito por ello- nos ha dado una magnífica clase doctoral jurídica, pero mucho me temo que no va a sentar doctrina.
No sé si hará unificación de doctrina, no lo sé, pero, créame, pienso que nos ha atribuido
usted ligereza en las decisiones jurídicas y nos las ha cuestionado y sinceramente creo que no es así. Es evidente que nosotros tenemos también nuestras razones y nuestros informes para entender que las decisiones que hemos adoptado están amparadas
por la ley y están cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad. No tengo por qué desconfiar de nuestras propias estimaciones, de nuestros propios informes, para dar categoría exclusivamente al suyo para que nosotros pudiéramos adoptar algunas
decisiones jurídicamente discutibles. Las cosas son como son. ¿Subió en el año 2009 la inflación el 0,3, sí o no? (El señor Olabarría Muñoz: Sí, sí.) Usted ha reivindicado aquí un principio que es que las pensiones tienen que actualizarse de
acuerdo con el IPC real calculado en noviembre y no con el IPC previsto en enero. ¿De acuerdo? (El señor Olabarría Muñoz: Sí.) Muy bien. El IPC previsto en enero de 2009 era el 2 por ciento, el IPC real, certificado en noviembre del año 2009,
fue el 0,3. ¿Me acepta usted que las pensiones ganaron 1,7 respecto del IPC sí o no? (El señor Olabarría Muñoz: Sí, ese año sí.) Claro, ese año. ¿Consolida esa ganancia en el futuro, sí o no? ¿Cómo que no? Si sube el 2 por ciento la pensión y
respecto de la inflación prevista, que era el 2, queda la inflación en el 0,3 y consolida para años sucesivos el 1,7 de ganancia, convendrá usted conmigo que, cuando usted haga una serie histórica de seis años, las pensiones durante ese periodo no
perdieron poder adquisitivo sino que lo ganaron. A no ser, cuidado, que la inflación del año 2011 sea superior al 1,7. Dicho adecuada y correctamente, ya que habla usted en técnica no solamente jurídica sino de precisión, si la inflación del año
2011 fuese superior al 1,7, usted podría entonces decirme que el 1,7 que ganaron las pensiones en el año 2010 lo perdieron en el año 2011. Con eso no estoy diciendo para nada que la persona que va a vivir en el año 2011 lo vivirá como una no
revalorización y por tanto tiene una pensión que no se le mueve, porque también comprendo que estamos hablando de porcentajes que, cuando los trasladamos a la vida real, representan lo que representan.
Desde el punto de vista macroeconómico, desde
un punto de vista del presupuesto, un 1,7 representa lo que representa y son más de 1.000 millones de euros, 1.500 millones de euros. Muy bien, representan 1.500 millones. Pero cuando usted traslada 1,7 a una pensión media de 700 y pico euros
representa el dinero que representa. Y no quiero hacer juego.
Este ministro sabe lo que representa una medida macroeconómica y sabe lo que representa la realidad en la vida


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cotidiana y en la vida social, pero ya que estamos hablando de esto, sin duda tenemos que decirlo.



Finalmente, usted ha dicho: 500 partidas en las que el presupuesto se podría haber corregido. Yo le pido que la próxima vez haga usted el ejercicio de decirme cuáles son las 500 partidas, dígamelo exactamente.
Los presupuestos tienen una
gran ventaja y es que al final tienen que sumar cien, esa es una gran ventaja, suman cien. Usted no puede decir: baje usted el capítulo I. Sí, bajo el capítulo I siempre que sea de libre disposición poder prescindir de alguien que esté en el
capítulo I, porque, si no es de libre disposición quien está ahora en el capítulo I, yo le voy a decir a usted que está muy bien pero el capítulo I va a seguir costando lo mismo. Por tanto, como creo que usted tiene en su cabeza lo que es un
presupuesto, yo le pido que la próxima vez no me hable de 500 partidas, hábleme usted de qué partidas, dígame cuánto tocaría esas partidas para sumar 1.500, a ver si usted es capaz de encontrar algo que nosotros no hemos sabido encontrar. Hemos
dado vueltas a todas las partidas y, créame, en el Ministerio de Trabajo -ha habido también alguna pregunta sobre ese particular- pueden ustedes disponer del ministro pero, desde el punto de vista presupuestario, créanme que poca cosa, porque
venimos de ajuste a ajuste, a ajuste, de un ministerio que ya estaba ajustado. Esta es la realidad, un ministerio que ya estaba ajustado, encima lo ajustamos, lo ajustamos, lo ajustamos... Sinceramente queda poca cosa.



En cuanto al señor Campuzano, en su intervención ha hecho una apelación sobre todo al tema del Pacto de Toledo como un instrumento necesario, imprescindible, bueno, positivo, para debatir el presente, el futuro de las pensiones, pero sobre
todo lo ha hecho interpelando al Gobierno, si realmente el Gobierno está dispuesto a comprometerse con él. La respuesta es que sin duda, el Gobierno queremos y estamos comprometidos con el Pacto de Toledo y queremos seguir discutiendo los temas en
el Pacto de Toledo, en su Comisión y de una manera muy especial todo lo que a partir de ahora se tenga que derivar hacia ello. Sé que el compromiso de Convergència i Unió, igual que el del resto de partidos, pero de una manera muy especial, con el
Pacto de Toledo siempre ha sido un compromiso no simplemente de declaración sino un compromiso cierto. Tenemos, más allá de las coyunturas y las dificultades, que volver evidentemente a ese Pacto de Toledo y el Gobierno hace propósitos por que
volvamos a buscar los elementos de consenso. Y ya les anticipo que lo que decida la Comisión del Pacto de Toledo para orientar las reformas que es necesario hacer en el sistema de pensiones sin duda serán las buenas decisiones que nosotros
llevaremos a término como partido.



Finalmente, agradezco a doña Isabel López i Chamosa sus intervenciones y los reconocimientos que ha hecho del propio ministro. Sin duda, usted ha planteado una cosa a la que ya he contestado anteriormente. Desde el año 1982, año en que
este partido tomó responsabilidades de Gobierno, de todos los colores, hemos tomado muchas decisiones, algunas de ellas duras, y, viendo la cuestión con una perspectiva histórica, vemos cómo los grandes avances de este país vinieron siempre de la
mano del Partido Socialista. Por tanto, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, pero lo más importante es que tenemos plena confianza en el futuro.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Celestino Corbacho, ministro de Trabajo. En mi nombre, y supongo que en nombre de toda la Comisión, esperamos verle por aquí muchas veces y muy a menudo.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.



Corrección de error: En el 'Diario de Sesiones' número 569, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el martes 15 de junio de 2010, en la página 19, primera columna, línea 16, donde dice: 'lo hemos discutido dentro de esta
Comisión', debe decir: 'no lo hemos discutido dentro de esta Comisión'.