CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 576

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 40

celebrada el martes, 22 de junio de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Pregunta del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre relación detallada de los regalos recibidos por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda en los últimos tres años
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/069036). (Número de expediente 181/002611.) ... (Página 2)


Comparecencia del señor gobernador del Banco de España (Fernández Ordóñez), para presentar los informes o memorias relativas a las materias en las que tiene atribuciones el Banco de España. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda.
(Número de expediente 212/001119.) ...
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Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa:


- Proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. (Número de expediente 121/000079.) ...
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Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:


- Proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. (Número de expediente 121/000079.) ...
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA RELACIÓN DETALLADA DE LOS REGALOS RECIBIDOS POR EL TITULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/069036.) (Número de expediente 181/002611.)


El señor PRESIDENTE: En función del orden del día que tenemos hoy en esta Comisión -la pregunta que formula el señor Hernando por el PP, la comparecencia del gobernador del Banco de España y la tramitación de una ley-, que coincide con
otras muchas comisiones, según me han hecho llegar distintos diputados -yo mismo tengo que ir a votar a otra Comisión-, aunque tal vez sea un poco arriesgado hacer este cálculo, estamos pensando en si podríamos terminar en torno a la una y media, si
les parece bien. Ello exigirá que en los distintos puntos del orden del día se agilicen las intervenciones y tratemos de ser concisos. Es el ruego de siempre, pero a ver si en esta ocasión intentamos de verdad llevarlo a la práctica.



Dicho esto, en primer lugar, tenemos la pregunta formulada por el señor Hernando al ministro de Economía y Hacienda y tiene la palabra para formularla.



El señor HERNANDO FRAILE: Señora Lázaro, agradezco su presencia, aunque hubiéramos deseado que quien hubiera comparecido para contestar esta pregunta, cuya contestación es largamente deseada, hubiera sido la titular del ministerio, pero la
ministra ha decidido que sea usted quien dé las explicaciones oportunas. Por tanto, respetando lo que marca el Reglamento de la Cámara, le formulo la siguiente pregunta: Como usted sabe, el artículo 426 de nuestro Código Penal señala que la
autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.
Es lo que se ha
definido recientemente como el cohecho impropio. Según la interpretación de dicho artículo 426 que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha realizado, inducida por la vicepresidenta primera y por el fiscal general del Estado y así ratificado por el
propio Tribunal Supremo, no tiene que existir relación de causalidad entre el regalo recibido y la actuación de la persona pública o autoridad que recibe el regalo.
Tampoco, según la propia doctrina establecida por el Tribunal Supremo, es relevante
el importe del regalo, el importe de lo recibido. Lo realmente relevante es ser autoridad y recibir un regalo, según esa interpretación del artículo 426. Por eso es por lo que solicitamos, hace tiempo, que nos remitiera la relación de los regalos
recibidos por el entonces vicepresidente del Gobierno -porque la pregunta tiene una temporalidad de tres años-, recientemente por la nueva vicepresidenta del Gobierno, así como quiénes eran las personas físicas y jurídicas que realizaron esos
regalos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.



La señora SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Lázaro Ruiz): Gracias, señoría, por la bienvenida. En contestación a su pregunta le diré que los


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obsequios recibidos por los titulares del Ministerio de Economía y Hacienda en los últimos años se han recibido en el contexto de los usos habituales y de cortesía, sin ser objeto de un valor relevante ni de mayor significación institucional
que, de acuerdo con el código de buen gobierno aprobado en 2005, haya determinado su incorporación al inventario del Patrimonio del Estado. Esta es mi contestación.



El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: Siguen ustedes sin contestarme, porque evidentemente han decidido que esta contestación había que hacerla todos igual, independientemente de cual fuera el ministerio, la responsabilidad, la actividad del mismo o
los regalos recibidos. Es evidente que aquí hay un ánimo de ocultación, que es lo que, por cierto (léase el fallo del Tribunal Supremo), determina este tribunal que es causa para imputar a determinadas personas en un hecho concreto. Ustedes han
venido ocultando reiteradamente, y usted lo ha vuelto a hacer esta mañana, en qué consisten estos regalos, quiénes son las personas físicas y las personas jurídicas. Nosotros hicimos esta pregunta hace ya ocho meses y ustedes tenían que haberla
contestado por escrito en su día. Si hoy está usted aquí, o si hubiera venido la vicepresidenta del Gobierno, es sencillamente por su deliberada vocación para ocultar este dato, que solo se puede ocultar por tres causas o motivos: en primer lugar,
porque el importe del regalo sea relevante, por quién hace el regalo o por la causa del regalo. Si no, no entiendo este ánimo de ocultación que existe en todos ustedes a lo largo de estas comparecencias que vienen realizando en la Cámara.



Quiero decir que a mí me parece que la interpretación que se ha hecho del artículo 426 y su propia redacción, confusa, llega a conclusiones absolutamente disparatadas. Según eso, cualquier autoridad pública que haya recibido un regalo,
independientemente de cuál sea su actividad, habrá incurrido en cohecho impropio. Esto crea una situación de inseguridad jurídica enormemente relevante. Eso es lo que estoy pretendiendo trasladarles a ustedes. El problema es que ustedes lo han
utilizado o han pretendido utilizar este artículo, muy especialmente algún miembro del Gobierno, para intentar aniquilar a determinados adversarios políticos. Ahora, los problemas los tienen ustedes encima, porque, a lo largo de todas las
comparecencias que han efectuado, han venido reconociendo que todos los miembros del Gobierno han recibido regalos. Segundo, no lo he entendido muy bien, pero me ha parecido que usted ha dicho que este ministerio sí los ha incorporado al patrimonio
del Estado. ¿Se han incorporado? (La señora subsecretaria de Economía y Hacienda, Lázaro Ruiz: No se han incorporado.) Que no se ha incorporado ninguno al Patrimonio del Estado. Luego, evidentemente, todos han sido recibidos y retirados por el
titular, cosa que, por otra parte, estoy seguro de que no es verdad, porque estoy seguro de que algunos regalos, por su significación, habrán quedado en el ministerio y habrán sido incorporados a Patrimonio, como suele ser habitual.



El problema es que ustedes han elaborado una estrategia que al final les pone a ustedes enfrente de sus contradicciones; enfrente de sus en algunas ocasiones disparates y enfrente de una situación que, a mi juicio, se plantea por primera
vez después de quince años desde la reforma de este Código Penal y que se ha pretendido utilizar contra alguna persona que para ustedes no era políticamente adecuada. Al final, cuando el Estado de derecho se retuerce hasta estos extremos, acaba
volviéndose como un bumerán contra algunas personas.



El señor PRESIDENTE: Señora Lázaro.



La señora SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Lázaro Ruiz): No comparto en absoluto la conclusión que acaba de hacer. No me voy a poner a discutir con usted en este momento las interpretaciones del Código Penal.
Creo que hay sitios más
razonables que la Comisión de Economía para hacer interpretaciones. Lo que sí le puedo afirmar es que no comparto esa conclusión que usted saca de que los regalos o los obsequios recibidos por los titulares de los ministerios de Economía y Hacienda
en los últimos años tienen otra consideración que la estrictamente deducida de lo que son los usos habituales en este tipo de actuaciones. En absoluto comparto -insisto- esa afirmación que hace, no entiendo cómo puede pensar que por no contestar
una pregunta se trata de ocultar información. Este Gobierno no ha ocultado nunca información, es absolutamente transparente.
Lo que yo le digo es que yo no tendría ninguna duda ni de los titulares actuales del ministerio -desde 2006- ni de los
anteriores. El hecho de que no se hayan incorporado -insisto-, de acuerdo con el código de buen gobierno, por su especial valor o por su carácter relevante al patrimonio del Estado no significa que estos ministros ni los anteriores hayan recibido
regalos fuera de los usos y costumbres.



El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, pasaremos a la comparecencia del señor gobernador del Banco de España. (Pausa.)


- COMPARECENCIA DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ), PARA PRESENTAR LOS INFORMES O MEMORIAS RELATIVAS A LAS MATERIAS EN LAS QUE TIENE ATRIBUCIONES EL BANCO DE ESPAÑA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
(Número de expediente 212/001119.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la reunión, si son tan amables.



El segundo punto del orden del día es la comparecencia del señor gobernador del Banco de España, para


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presentar informes y memorias relativas a las materias en las que tiene atribuciones el Banco de España. Para ello tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Señorías, la presentación del informe anual del Banco de España de 2009, que motiva esta comparecencia, tiene lugar en un momento excepcional, tanto para la economía española como
para la unión económica y monetaria. La crisis económica y financiera de los años 2008 y 2009, que la mayor parte de los países europeos había ido dejando atrás en los últimos meses, ha dado paso a una crisis de la zona del euro, desencadenada por
un episodio específico, como fue la crisis fiscal griega, pero que está teniendo implicaciones sistémicas muy severas. En particular, la economía española, junto con las de otros países, se ha visto seriamente afectada por estas tensiones y todavía
es pronto para saber si las medidas adoptadas en el ámbito europeo para afianzar la unión monetaria y las que están discutiéndose en estos momentos van a ser capaces de despejar totalmente las dudas que han aparecido en los últimos meses sobre la
solidez de ese marco institucional. La responsabilidad de las autoridades nacionales en esta tarea es también crucial.



En los últimos años, el diagnóstico que el Banco de España hacía de la economía española apuntaba la existencia de importantes desequilibrios que se habían ido generando y acumulando en la larga fase expansiva que vivimos desde mediados de
los años noventa hasta 2007. Esos problemas entorpecían el mantenimiento de un ritmo sostenido de crecimiento a medio y largo plazo y hacían que nuestra economía fuera particularmente sensible a los acontecimientos negativos que pudieran ocurrir,
por lo que su corrección, mediante una acción decidida de la política económica, sobre todo en el ámbito de las reformas estructurales, resultaba ineludible. Entre esos desequilibrios destacaban una concentración excesiva de recursos en el sector
inmobiliario y el elevado endeudamiento del sector privado, a los que se añadía la persistencia grave de deficiencias estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo.
En estas condiciones, la recesión de 2008 y 2009 afectó a España con
gran virulencia, lo que dio lugar a una respuesta muy intensa de la política fiscal que, junto con el resto de actuaciones de política económica de corte expansivo, permitió amortiguar los efectos negativos de la crisis sobre la actividad. Sin
embargo, el déficit público alcanzó cifras muy elevadas y no evitó que la destrucción de empleo fuera mucho más intensa que en otros países, a pesar de que el retroceso del producto hubiera sido de magnitud similar.



Los excesivos niveles que alcanzaron tanto el déficit público como la tasa de paro abrieron frentes adicionales de vulnerabilidad en nuestra economía, que se veía particularmente afectada por su elevada dependencia de la financiación
exterior, a pesar de la enorme corrección que ha registrado el desequilibrio externo en los dos últimos años. En este contexto, la crisis griega ha tenido un efecto de contagio indudable al desvelar las debilidades del entramado institucional
europeo y las potenciales implicaciones para los países que mostraban mayor grado de vulnerabilidad, entre los que, por las razones que he mencionado, se encontraba España. Dada la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos, es imprescindible
que la política económica responda con el suficiente grado de ambición y decisión, de modo que se acelere el grado del ajuste de los desequilibrios acumulados y se sienten las bases de una economía más estable y flexible. Y esto no solo iría en
beneficio de la economía española sino que es esencial para la propia estabilidad del proyecto común europeo. De esta respuesta de la política económica dependerá la fortaleza de la recuperación, que en el caso de España ha sido hasta ahora muy
incipiente y muy dependiente de estímulos transitorios que tenderán a agotarse a corto plazo. Incluso en ausencia del alto grado de incertidumbre que nos rodea en las últimas semanas, la recuperación sería solo gradual y tardaría algún tiempo en
alcanzar un ritmo suficiente de expansión para generar empleo, lo que subraya la necesidad de actuar con decisión para evitar una senda prolongada de bajo crecimiento.



El informe anual del Banco de España trata con gran detalle la situación en la que se encuentra la economía española y sus perspectivas, por lo que me permitirán que, dado lo limitado del tiempo de esta comparecencia, me centre solo en tres
cuestiones que me parece que son las esenciales para poder superar la actual situación e impulsar un retorno rápido a ritmos de crecimientos sostenidos: el proceso de consolidación fiscal, los pasos que se han de dar para contar con un mercado de
trabajo eficiente que promueva rápidamente la creación de empleo y, por último, la reestructuración del sistema financiero, en la que se ha avanzado sustancialmente en las últimas semanas.



Es evidente que un reto fundamental al que nos enfrentamos es la necesidad de corregir el fuerte deterioro que ha sufrido la situación presupuestaria y garantizar una rápida vuelta a la senda de estabilidad; de lo contrario la dinámica
expansiva de las finanzas públicas se convertiría en un obstáculo para la recuperación. El desafío es extraordinario, pues el déficit público se situó en el 11,2 del PIB en 2009, con un aumento de más de trece puntos porcentuales del PIB en solo
dos años y con un sustancial incremento de la ratio de deuda pública en relación al PIB que se situó en el 53,2 por ciento en 2009, por debajo no obstante del nivel promedio europeo. Ese acusado deterioro fiscal se explica en parte por el
funcionamiento de los estabilizadores automáticos, de las medidas discrecionales adoptadas, la fuerte inercia del gasto público y sobre todo por los descensos de la recaudación, ligados al fin del auge inmobiliario, que difícilmente podrán
revertirse en el futuro. Esto supone que una buena parte del tamaño del desequilibrio fiscal es de naturaleza estructural y que debe atajarse de forma urgente con medidas de consolidación muy ambiciosas que logren revertir la tendencia del gasto y
recomponer los ingresos.



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Probablemente en otras circunstancias habría sido factible realizar una disminución más gradual del déficit público pero esa estrategia es imposible de llevar a cabo en el contexto actual, en el que los inversores están exigiendo acelerar la
vuelta a una senda creíble de estabilidad presupuestaria. A este objetivo responde el ambicioso paquete de medidas que aprobó el Gobierno el 22 de mayo pasado, que complementa los esfuerzos iniciales de consolidación incluidos en los Presupuestos
Generales del Estado para 2010, y en la actualización del programa de estabilidad que se presentó en enero de este año. En dicha actualización las autoridades se comprometieron a reducir el déficit público hasta el 3 por ciento en 2013, en línea
con los requerimientos que hizo la Unión Europea en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El paquete de medidas aprobado en mayo representa adelantar una parte importante del esfuerzo de reducción de déficit a los años 2010 y 2011, de modo que
para este último año se ha fijado un objetivo de déficit del 6 por ciento del PIB.
Este objetivo de consolidación fiscal, que supone una reducción del déficit superior a cinco puntos porcentuales en solo dos años, resulta excepcional, pero es
imprescindible para reconducir con claridad las finanzas públicas hacia una senda de estabilidad y para lograr disipar los riesgos que se perciben en torno a nuestra situación fiscal.



Ese objetivo del 6 por ciento del déficit público en 2011 debe ser además inamovible y no ha de estar condicionado por otros factores, aunque estén fuera del control de las autoridades, como un crecimiento económico inferior al esperado. La
percepción que tengan los mercados financieros sobre las posibilidades de cumplimiento de ese objetivo medirá el grado de compromiso de las autoridades con la búsqueda de una salida a esta crisis, por lo que constituye ahora la referencia esencial
que debe guiar las decisiones y ejecución presupuestarias de los próximos meses. Por tanto, es obligado garantizar su estricto cumplimiento, tanto mediante el establecimiento de procedimientos especiales de seguimiento y supervisión de la senda
presupuestaria como mediante la adopción de medidas adicionales que deberán ponerse en marcha si se detectan desviaciones del objetivo. Naturalmente, para estar en condiciones de reaccionar con prontitud y de manera efectiva, es necesario diseñar
anticipadamente la batería de medidas que resulte más adecuada para los objetivos marcados y la que menos interfiera con el retorno a una senda de crecimiento sostenido.



Dada la elevada descentralización del gasto público en nuestro país, el concurso de las administraciones territoriales en estos esfuerzos de austeridad y su implicación en la consecución de los objetivos presupuestarios es vital. Y déjenme
decir que las medidas anunciadas hasta ahora por la mayoría de las comunidades autónomas y las corporaciones locales están muy lejos de responder a la reducción radical de gasto público improductivo que nuestra economía necesita. Como he dicho
antes, las medidas de ajuste fiscal recientemente aprobadas eran urgentes porque eran imprescindibles para atajar una situación de elevadísima inestabilidad que podría haber tenido consecuencias nefastas, pero hay otras actuaciones que, sin tener el
mismo grado de urgencia, son incluso más importantes, pues su objetivo es asegurar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo. Me refiero obviamente a las medidas de reforma de nuestro sistema de pensiones. El Gobierno ya realizó algunas
propuestas en la actualización del programa de estabilidad y sobre esa base la Comisión del Pacto de Toledo va a ponerse a trabajar en estas semanas.



No quiero entrar aquí en los detalles de las posibles vías de reforma, pero parece claro que una combinación de modificaciones en algunos parámetros del sistema que eleven la edad legal de jubilación, el mínimo número de años necesario para
acceder a la prestación y el periodo de cálculo de la pensión, sería lo óptimo para garantizar la viabilidad del sistema. La reforma de las pensiones no va a suponer una mejora significativa en las cifras de déficit a muy corto plazo, pero ejercerá
una influencia poderosa en la recuperación en la confianza de esta economía y en la solvencia del sector público, y ello se traducirá en mejores condiciones de financiación y en unas perspectivas de crecimiento más sólidas. Por ello, no puedo sino
animar a que esa discusión en el marco del Pacto de Toledo tenga lugar con la mayor celeridad posible y con el mayor consenso político, pues creo que esta puede ser una pieza fundamental para disipar la incertidumbre que estamos sufriendo en las
últimas semanas. El programa de consolidación fiscal y las medidas adoptadas para reforzar el entramado institucional de la unión monetaria son fundamentales, pero no son suficientes para devolver a la economía española una senda de alto
crecimiento, en especial después del fuerte impacto negativo que ha tenido la recesión en la capacidad de crecimiento potencial de todos los países europeos. Por ello, la otra pieza esencial de respuesta a la actual situación de emergencia es la
adopción de una serie de reformas estructurales que impulsen la restauración de sendas de crecimiento del producto y del empleo sostenidas que, a su vez, contribuirían a progresar en el ámbito de la consolidación fiscal, pues mejorarían la
percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas y reducirían el grado de sacrificio implícito en la necesaria austeridad fiscal que debe mantenerse los próximos años.



Son diversos los campos en los que la economía española necesita una profunda revisión de sus estructuras para hacerlas más coherentes con nuestra adscripción a un área monetaria y con un mundo muy competitivo y globalizado. Dos de ellas
son el mercado laboral y el sistema financiero, en el que me extenderé con detalle al final de mi intervención. La corrección de las ineficiencias que lastran el funcionamiento del mercado de trabajo tiene una importancia primordial, puesto que en
su configuración actual nuestro mercado laboral ha mostrado palmariamente las dificultades que plantea para ganar competitividad y para generar empleo soste


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nible. En particular, estas deficiencias han hecho que el ajuste de la economía en la crisis reciente haya recaído en forma desproporcionada sobre el empleo, como consecuencia, entre otras razones, de la escasa sensibilidad de la
negociación colectiva a la situación específica de las empresas. El alcance de estas rigideces no es simplemente cíclico, sino que sus efectos son en buena medida permanentes al expulsar del mercado a empresas y trabajadores causando un daño
duradero sobre la capacidad productiva y el capital humano. El Gobierno aprobó la semana pasada un conjunto de medidas dirigidas a corregir estas ineficiencias, en concreto a reducir la dualidad en la contratación y a reforzar los instrumentos de
flexibilidad interna de las empresas. Para ello, se ha optado por modificar algunos de los elementos del sistema en vigor, aunque sin cambiar algunos aspectos sustanciales del mismo. En especial, el sistema de negociación colectiva ha quedado
fuera del ámbito de esta reforma, lo que limita el alcance y eficacia de la misma, pues la interacción de esta pieza institucional con el sistema de contratación laboral es un determinante fundamental de la capacidad de ajuste del mercado de
trabajo. A pesar de ello, la reforma propone avances en términos de flexibilidad interna y salarial que hay que valorar adecuadamente, pues amplía las posibilidades para que empresas que se enfrentan a circunstancias difíciles puedan acordar con
sus trabajadores unas condiciones salariales o de organización del trabajo que se ajusten mejor a la situación y faciliten la conservación de los puestos de trabajo.
Como he señalado en numerosas ocasiones, si esta posibilidad hubiera estado
disponible de manera efectiva durante la pasada crisis, el ajuste del mercado de trabajo no hubiera recaído de forma tan severa sobre el empleo. Paralelamente, con el objetivo de reducir la dualidad en la contratación, se han adoptado algunas
medidas para aumentar los incentivos a la contratación indefinida mediante la ampliación de las posibilidades de utilización de los contratos de fomento al empleo estable y la eliminación de algunas de las causas que venían incentivando un uso
injustificado de los despidos por causas distintas de las económicas. También se han ampliado los colectivos que pueden acceder a contratos permanentes de empleo y se han introducido limitaciones a la contratación temporal. La tramitación
parlamentaria debería aprovecharse para introducir una mayor claridad en la redacción de las medidas de fomento de la contratación indefinida que evite interpretaciones restrictivas y fomente un impulso efectivo de la misma. Pero lo que resulta más
cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad, sobre todo mientras no se mejore suficientemente la contratación estable. En las condiciones actuales, con más de 4,5 millones de españoles en paro, es crucial mantener abiertas
todas las oportunidades de creación de empleo y no perjudicarlas lo más mínimo en tanto no se haga patente la efectividad de los nuevos canales de contratación indefinida. En resumen, el programa de consolidación fiscal, las propuestas de reforma
de las pensiones y las medidas de reforma del mercado laboral son tres campos en los que se han hecho avances relevantes en las últimas semanas por parte de las autoridades pero en los que, como acabo de señalar, todavía hay que seguir trabajando.



Permítanme que pase ahora a referirme al ámbito de reforma que cae directamente bajo la responsabilidad del Banco de España, como es la reestructuración del sistema financiero y más concretamente del sector de las cajas de ahorros, donde
también se han registrado progresos apreciables en las últimas semanas. En los últimos meses, una parte muy significativa del conjunto de cajas de ahorros españolas ha alcanzado acuerdos de integración con otras cajas en lo que ha supuesto la mayor
reordenación del sector bancario español en mucho tiempo. Estos movimientos han tenido como punto de partida la creación del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, en junio de 2009, cuando la crisis financiera internacional llevaba
casi dos años afectando tanto a los mercados como a los sistemas financieros de todos los países de nuestro entorno y las entidades españolas mostraban una elevada capacidad de resistencia que en su mayor parte han mantenido hasta ahora. Este nuevo
fondo dio respuesta a la necesidad de contribuir al redimensionamiento del sector bancario español -especialmente de las cajas de ahorros- que, tras un prolongado periodo de crecimiento, había alcanzado un volumen que, con las nuevas condiciones de
la demanda de servicios bancarios, mostraba un claro exceso de capacidad instalada.
Desde el punto de vista individual, la prolongación de la crisis afectaba a la capacidad de las entidades para generar beneficios, incremento de los activos
improductivos, préstamos morosos y bienes inmuebles recibidos en pago de deudas, estrechamiento de márgenes por la reducción de ingresos asociada al aumento de activos improductivos y por el aumento de los costes de financiación, reducción del
volumen de negocios, etcétera.
Asimismo, el elevado crecimiento de los años anteriores, especialmente por el aumento de operaciones del sector inmobiliario, había contribuido a aumentar la dependencia de los mercados mayoristas de deuda, exponiendo
a las cajas al riesgo de liquidez asociado a la evolución de dichos mercados. A todo ello cabe añadir la propia limitación intrínseca que las cajas de ahorros tienen para generar recursos propios de la máxima calidad, una limitación importante
cuando tanto los mercados como la propia regulación financiera prudencial en proceso de revisión internacional muestran una clara tendencia de mayor exigencia en este terreno. La necesidad de redimensionamiento del sector y la convicción de que una
racionalización de las estructuras productivas de muchas entidades era necesaria para mantener niveles adecuados de eficiencia en un sector caracterizado por una competencia creciente, abonaron el terreno para la creación del Fondo de
reestructuración ordenada bancaria, el marco en el que muchas cajas han ido gestando sus acuerdos de integración tanto fusiones como sistemas institucionales de protección; ambas


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fórmulas son equivalentes en cuanto a sus efectos relevantes, porque en los SIP, que son acuerdos con cláusulas que garantizan su estabilidad, se traspasa a una entidad central la capacidad para definir estrategias y políticas relevantes y
las entidades participantes comparten en un grado muy elevado su patrimonio y su liquidez a la vez que ponen en común una proporción también alta de sus beneficios.



El FROB tiene un segundo mandato: el de participar en el saneamiento de entidades no viables, actuando en este caso de forma subsidiaria a los fondos de garantía de depósitos tradicionales. Esta doble faceta del FROB y la posibilidad, por
tanto, de que una entidad con debilidades que no participe en procesos de integración pueda llegar a entrar en una crisis que justifique una intervención del fondo sustituyendo a los administradores y vendiendo la entidad o cediendo su negocio a un
tercero, ha supuesto un incentivo implícito para que las entidades se hayan esforzado en buscar socios con los que pactar posibles acuerdos de fusión. El FROB cuenta con 9.000 millones de capital y 3.000 millones de recursos financieros procedentes
de una emisión de deuda y, si lo necesitara, podría llegar a obtener hasta un máximo de 90.000 millones de financiación de terceros. Desde su creación ha pasado prácticamente, no llega, un periodo de doce meses con una fecha límite, el 30 de junio
de 2010, marcada por la Comisión Europea en su comunicación de 28 de enero pasado para poder aplicar el marco general previsto en la misma. Este límite opera solo en cuanto a la capacidad del FROB para apoyar procesos de integración entre
entidades, no en cuanto a procesos de reestructuración individuales. A fecha de hoy, 38 de las 45 cajas españolas, o 39, si incluimos Caja Astur, entidad pendiente de una solución en el marco del FROB, participan en procesos de integración que
afectan al 92 por ciento de los activos de las cajas de ahorros. De los doce procesos de integración, siete se plantean con ayudas del FROB, cuyo importe total estimado en estos momentos asciende a unos 10.000 millones y otros cinco se abordan sin
ayudas públicas. En uno de estos procesos participa también Caja Castilla-La Mancha, entidad intervenida por el Banco de España que ha recibido ayudas del Fondo de garantía de depósitos por 3.775 millones. Los planes de integración de estos doce
procesos están ya autorizados por el Banco de España o en fase de autorización, excepto en el caso en que participan tres entidades en un proyecto que está todavía en fase de negociación, pero que no requerirá ayudas del FROB. En las operaciones
con planes de integración con ayudas del FROB se prevé una reducción de oficinas entre el 20 y el 25 por ciento y una reducción de personal en torno al 15 por ciento, lo que da una idea del alcance de las medidas propuestas para mejorar la
eficiencia de las entidades. Las medidas de racionalización de estructuras son un requisito indispensable para recibir las ayudas del FROB y se están incluyendo, naturalmente, en el resto de operaciones voluntarias que se plantean por responder a
la necesidad de conseguir más solidez, más eficiencia y más racionalidad económica.



Además de estas operaciones de integración de cajas de ahorros, cabe señalar que durante los tres años de crisis financiera internacional tan solo dos cajas de ahorros han experimentado un deterioro de su solvencia tan relevante como para
justificar la aplicación de medidas especiales cautelares. Primero, Caja Castilla-La Mancha, cuyos administradores fueron sustituidos por el Banco de España en marzo de 2009, antes de la creación del FROB, y que recibía ayudas del Fondo de garantía
de depósitos por 1.300 millones en participaciones preferentes y 2.475 millones en garantías sobre el valor de los activos, además de 350 millones de financiación puente. Esta entidad, tras los acuerdos alcanzados con Caja Astur, ha pasado a formar
parte de uno de los doce procesos de integración en marcha. Segundo, Caja Sur, que incurrió en un supuesto legal de reordenación forzosa por su falta de solvencia y viabilidad al no aprobar el proyecto de fusión con Unicaja, un proyecto sólido y
solvente mediante el cual ambas entidades habían acordado una solución privada para la entidad. El FROB le ha concedido ayudas temporales a través de la suscripción de 800 millones en cuotas participativas y 1.500 millones en apoyos de liquidez,
que hasta ahora no ha sido necesario utilizar. Se está gestionando una solución definitiva para esta caja a través de un proceso competitivo en el que se concretarán las ayudas definitivas. A fecha de hoy, el importe provisional de las ayudas que
recibirán las cajas españolas en este proceso es el siguiente: el FROB podía facilitar unos 10.000 millones para reforzar sus recursos propios en procesos de integración, que deberán devolver en un plazo de cinco años ampliables a siete y retribuir
en condiciones de mercado, el 7,75 por ciento como mínimo. La cifra no es definitiva, porque en cuatro procesos las autorizaciones, como he dicho, están todavía pendientes. Además, Caja Sur recibirá la ayuda final que surja del procedimiento
competitivo. Por su parte, el Fondo de garantía de depósitos de cajas de ahorros, que está financiado con aportaciones de las entidades, como he dicho, ha comprometido 3.775 millones con Caja Castilla-La Mancha. Todas estas cantidades, aun siendo
muy importantes, son muy reducidas cuando se comparan con las aportadas por los contribuyentes de otros países. Por ello, es quizá el momento de recordar el positivo efecto que ha tenido en España ahora la decisión que se tomó en 1999 de obligar a
las entidades a constituir una provisión genérica.
Desde enero de 2008 nuestras entidades han utilizado unos 18.200 millones de euros de esa provisión, aliviando así el impacto de la crisis en su cuenta de resultados. Este importe, como se ve, es
superior a la suma de los fondos empleados o a emplear por el FROB y el Fondo de garantía de depósitos de cajas en las operaciones antes reseñadas. Así pues, ya se han tomado las decisiones más relevantes referidas a la necesaria reordenación y
redimensionamiento del sector de cajas, pero queda una tarea pendiente en la relación con estas entidades, una reforma legal que provea al sector de la capa


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cidad de emitir instrumentos computables como recursos propios de la máxima calidad e introduzca fórmulas que confluyan en una mejora de la gobernanza y profesionalización de la gestión de su negocio bancario.



La confianza del Banco de España en la solidez y competitividad del sector bancario español se basa en el alto grado de información del que disponemos sobre la situación de cada entidad, obtenida en el ejercicio de nuestra función
supervisora, que se realiza con profundidad y proximidad. Contamos también con los resultados de pruebas de resistencia, de stress test, que se han venido realizando periódicamente sobre la capacidad de las entidades para afrontar eventuales
variaciones negativas en las condiciones económicas en que se realiza la actividad.
En estos momentos en que se ha instalado en los mercados y en algunos sectores de la opinión pública internacional un clima de desconfianza y reserva sobre la
situación de diversos sistemas financieros europeos, y en particular sobre nuestras cajas de ahorros, el Banco de España ha anunciado su decisión de publicar el resultado de las pruebas realizadas, con el fin de aportar la máxima transparencia sobre
la situación de las entidades. Al haberse acordado en el ámbito europeo llevar a cabo y publicar unas pruebas comunes, el Banco de España va a sumarse a esta iniciativa y, por lo tanto, publicaremos los resultados de las pruebas de stress de la
banca española lo más pronto posible que nos permita ese marco común.



La reestructuración y reforma del sistema financiero, junto con el ajuste presupuestario, la reforma de las pensiones públicas y la reforma del mercado de trabajo constituyen la batería de reformas más urgentes para recuperar la confianza en
la economía española, por lo que se deben acometer de manera inmediata. Pero la agenda de reformas que requiere nuestra economía para recuperar la senda de crecimiento, de bienestar económico y social y continuar su modernización no termina ahí,
quedan todavía tareas muy importantes cuya puesta en marcha requiere la participación de todos los actores de la vida política, económica y social española. Y no concluiré sin subrayar el firme compromiso del banco de contribuir con la parte que le
corresponde.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso a las intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, que será el primer grupo en intervenir, van a distribuirse la intervención entre dos portavoces: inicialmente, lo hará el señor Aguirre para
una cuestión muy breve y acto seguido le sustituirá en el uso de la palabra el señor Montoro. Señor Aguirre, cuando quiera.



EL señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Bienvenido, señor gobernador, y muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado, sobre todo en la parte que concierne al sector financiero. En este campo del sector financiero, me gustaría hacerle una
primera consideración. Tomo buena nota del importe de los 3.750 millones que han sido necesarios para rehabilitar la Caja de Castilla-La Mancha, además de los 350 millones para la financiación puente. Lo abultado de estas cifras apunta a que va a
ser cierto lo que ha aparecido en los medios de comunicación sobre la existencia de administración desleal durante un periodo en Caja Castilla-La Mancha. Por esa razón le quiero preguntar si es cierto que se ha producido el envío a la
vicepresidencia económica de un expediente en el que se incluye la existencia de hechos considerados faltas muy graves y, en caso de ser cierto que eso ha sucedido y que existen esas faltas muy graves, quiénes son los cargos que han incurrido en
esas faltas muy graves.



En otro orden de cosas, señor gobernador, creo que habrá seguido los medios de comunicación últimamente. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas hace público su desacuerdo con la falta de colaboración del Banco de España, de la CNMV
o de la Agencia Tributaria. Nuevamente, con motivo de la fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos, habrá podido notar que el Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner de manifiesto que el Banco de España no
colabora con el Alto Tribunal. Para su conocimiento, supongo que estará al tanto de que se trata de la fiscalización de la contabilidad del Partido Socialista Obrero Español relativa al ejercicio 2006. El Tribunal de Cuentas termina concluyendo
que no se han registrado debidamente los créditos bancarios; que se ha producido una renegociación de créditos bancarios que en sí misma puede concluir con la llamada condonación; que ese acuerdo de las entidades financieras está fuera del marco
legal vigente en el año 2006 -que era la Ley de financiación de partidos políticos de 1987- y que, por tanto, estamos ante una renegociación ilegal; y que, reclamada la información correspondiente del Banco de España sobre este expediente, el Banco
de España se ha negado a facilitarla, motivo por el cual el Alto Tribunal no puede conocer los términos de esa negociación ni la cuantía de la condonación. Por todas estas razones, señor gobernador, mi grupo le plantea las siguientes cuestiones.
¿Tiene pensado el Banco de España colaborar debidamente con la petición que en su día le ha formulado el Tribunal de Cuentas? Si es negativa su contestación amparándose en algún secreto debido, ¿entiende que este grupo podría activar lo previsto en
el artículo 6.3 de la Ley de autonomía del Banco de España? Tenga presente, señor gobernador, que en los medios de comunicación se ha especulado que podríamos estar hablando de una condonación de aproximadamente 33 millones de euros, cantidad que
este portavoz considera algo más que un regalito.



El señor PRESIDENTE: Señor Montoro.



El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor gobernador, por su presencia y sus explicaciones en un momento que usted mismo al comienzo de su comparecencia ha calificado como excepcional. Efectivamente, seguimos en una crisis económica, la más
profunda que ha vivido España. Es una crisis que ya hoy podemos calificar claramente de prestigio, por lo que significa la


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imagen y la presencia de España en el euro y también en el mundo y en la economía globalizada frente a los mercados financieros. Es una situación excepcional a la que nos ha conducido la realidad de conocer -al día de hoy ya nadie lo
discutirá- que el origen de la crisis de España es una crisis financiera; es decir, por nuestra dependencia creada respecto al resto del mundo y a los mercados derivada de la posición negativa de nuestro déficit y de la necesidad de financiación de
nuestro déficit de balanza de pagos por cuenta corriente; en definitiva, el saldo de toda la balanza corriente y de capital y la necesidad de financiación de nuestra economía frente al resto del mundo. Ya nadie podrá decir que quienes
anticipábamos que eso traería una gravísima crisis a España y que éramos uno de los países más vulnerables frente a la crisis internacional que estaba desencadenada ya en el verano del año 2007, no teníamos razón a la hora de realizar nuestros
pronósticos y, en definitiva, de anticiparnos a los acontecimientos. Ahora esa crisis en España se ha traducido en lo que algunos de los comparecientes regulares en la Comisión de Economía y también miembros del Gobierno y de nuestras autoridades
monetarias llamaron ajustes económicos, como son la destrucción de 2.300.000 puestos de trabajo en el sector privado de la economía española, mientras que en el sector público ha seguido aumentando la plantilla en 200.000 personas que se han ocupado
en estos años. Esa crisis de paro no podía sino derivar también en la crisis de confianza más grave que ha vivido España y que hoy se revela en todas las encuestas y estudios sociológicos, en los que se viene a resumir que prácticamente tres de
cada cuatro ciudadanos califican la situación económica como mala o muy mala. También es grave que en términos internacionales se haya vuelto a abrir el spread, en definitiva el diferencial de deuda española frente a deuda alemana, el diferencial
de tipos de interés que los españoles tenemos que pagar como consecuencia de la pérdida de nuestro crédito internacional.



He querido entender en sus palabras que la gravedad de esta crisis nos lleva también a unos pronósticos económicos incluso a la baja, si he deducido bien de su valoración de la situación económica que estamos viviendo. En ese sentido,
desgraciadamente no vemos delante de nosotros una recuperación económica, que tiene que venir también de la recuperación de la confianza, de la recuperación del prestigio de España en el euro y frente a nuestros acreedores, que son los mercados
internacionales. Señor gobernador, de la información sacada del informe anual del Banco de España -la información es, obviamente, la clásica, una información normal de lo que ha sido la evolución económica de nuestro país- es importante recordar
este gráfico que ustedes tienen en el mismo.
El gráfico es obvio, estamos reiterando las causas de nuestra crisis económica. En él podemos ver cómo en el año 2007 la necesidad de financiación de nuestro país rozaba el 10 por ciento del producto
interior bruto y, por tanto, la crisis financiera mundial sorprendía a la economía española en una posición de extrema vulnerabilidad. Decir ahora lo contrario sería realmente negar la evidencia que ha tenido la consecuencia más grave en términos
de pérdida de empleo, de destrucción de nuestro tejido productivo y de retroceso de nuestro prestigio europeo e internacional.



Quiero insistir al señor gobernador en que en el año 2003 esa necesidad de financiación de la economía española no llegaba al 2,5 por ciento del producto interior bruto y que a mitad del año 2007 rozó el 10 por ciento.
Es decir, algo hay
distinto, señor gobernador. ¿Cómo es posible explicar que en lo que nosotros llamamos en esta casa una legislatura algo esté ocurriendo en términos de la sensibilidad financiera de la economía española y, por tanto, de esa dependencia financiera
respecto del resto del mundo? También hago gracia a los comparecientes de leer la evolución del crédito bancario que ustedes tienen publicado, donde se ve que no es el crédito a las familias lo que está causando esa dependencia, sino que es el
crédito a las empresas, al sector empresarial, puesto que no hay aceleración alguna en el crédito a las familias. Y si tomamos el siguiente gráfico de su informe anual, podemos ver que realmente el ajuste del sector privado desde el año 2007, que
ustedes hacen acumulando familias y empresas, no se puede hacer más intenso. Por tanto, sí hay un ajuste de empresas y familias en España. Donde se produce el desajuste, señor gobernador, es en las administraciones públicas, y todavía usted en la
mañana de hoy -yo le invito a corregir ese lenguaje- lo llama estímulos fiscales. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado, señor gobernador, si ciertamente no hubiera tenido lugar este deterioro presupuestario y en España hubiéramos reducido nuestra
necesidad de financiación mucho más rápidamente? El sector privado está haciendo sus deberes, está cumpliendo con ese ajuste y, por tanto, es el sector público el que todavía nos está llevando a esa debilidad y a esa vulnerabilidad frente al resto
del mundo y, en definitiva, al crédito de los mercados. ¿Por qué tenemos que volver ahora a esa consolidación fiscal? En segundo lugar, celebro la valoración que ha hecho respecto a la necesidad de reformas estructurales en la economía española.
También celebro el diagnóstico que hace en su propio discurso -ahora hablo del discurso- donde, en términos de impacto laboral, adjudica la causa de la rápida destrucción de puestos de trabajo, como hemos visto, a cómo se negocian los salarios en
España, es decir, a la negociación colectiva, y no a otros elementos de nuestro mercado de trabajo. Supongo que por eso ha hecho esta valoración tan crítica de la reforma laboral que vamos a someter a la consideración del Pleno del Congreso de los
Diputados.



Paso un segundo, señor presidente, al tema bancario. Tendremos ocasión de abordarlo también en la subcomisión de Economía creada en términos de FROB, pero quería insistir en la preocupación del Grupo Parlamentario Popular sobre un ámbito
que no he deducido de sus palabras y que sería clarificador. La cuestión de nuestra financiación bancaria también depende, obviamente de


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la calidad de los activos bancarios, y nuestra preocupación, señor gobernador, es que lo que estamos viviendo en nuestro país es una reestructuración, ahora acelerada, que llega tarde. Como usted sabe, se la hemos reclamado desde mi grupo
político hace mucho tiempo, igual que al Gobierno de España. Quiero recordar a todos que en el mes de abril del año 2009 ya hablábamos de la necesidad de abordar un cambio en la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorros -ya estábamos en ello-
y que ha habido una demora muy grande. La calidad de los activos y, en concreto, de los activos inmobiliarios es un elemento absolutamente fundamental, señor gobernador, sin el que -sin despejar la duda, como hemos conocido en el día de ayer, que
también lanzan agencias calificadoras, sobre nuestro sector bancario- no recuperaremos los elementos de confianza.
Porque, en definitiva, la reestructuración del sector bancario tiene que ser la restauración de los canales de crédito bancario para
que ese crédito bancario vuelva a fluir a familias y a empresas en cuantía suficiente, con el fin de recuperar esta crisis, y no derivarlo, como está ocurriendo, a la compra de deuda pública, causando un serio perjuicio en términos de credibilidad a
la acción de nuestros intermediarios financieros, de nuestros intermediarios bancarios, y su cooperación leal y franca, no ya al prestigio internacional de nuestro país, sin el que no habrá recuperación económica, al prestigio del euro.
Debemos
dejar de ser considerados como un problema para volver a ser un país motor de la confianza internacional en el euro, en definitiva, para ser causa directa a través de la financiación a quienes nos tienen que sacar de esta crisis, los emprendedores,
la pequeña y mediana empresa, la empresa familiar, y también los autónomos y las familias.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quisiera agradecer al señor gobernador del Banco de España su comparecencia ante esta Comisión de Economía y Hacienda.



Las consideraciones que le va a hacer nuestro grupo parlamentario van a ir en la dirección de recabar la opinión del gobernador del Banco de España respecto a tres o cuatro cuestiones de rabiosa actualidad que afectan al sistema financiero
español. Desde esta perspectiva, nos gustaría saber cuál es la opinión del gobernador del Banco de España, aunque lo mejor, en su intervención ya ha manifestado su posición en cuanto a las posibilidades futuras de nuestro sistema financiero. La
primera consideración que le querríamos plantear es de rabiosa actualidad, ya que en estas últimas semanas la liquidez y solvencia del sistema financiero español han sido unas de las grandes protagonistas en los mercados internacionales y europeos,
y no desde una posición positiva, sino todo lo contrario. Hemos asistido a determinadas portadas de algunos medios económicos influyentes internacionales que no apreciaban la solvencia del sistema financiero español. Algunos de ellos -quizá los
más tendenciosos- iban en la dirección de que quizá el sistema financiero español iba a precisar de una intervención por parte del fondo de liquidez de la Unión Europea. Han sido semanas o días bastante relevantes desde una posición negativa.
Basándonos en estos efectos negativos y en una posición más positiva que se ha producido en estos últimos días, nos gustaría saber cuál es la posición del gobernador del Banco de España en cuanto a si las reformas que se han planteado hasta la fecha
y las medidas que se van a proponer a corto plazo van a ser suficientes para tranquilizar a los mercados nacionales e internacionales. Nos gustaría saber -porque nadie lo ha desmentido- si es cierto que en estos últimos días se ha planteado en
algún seminario de alguna universidad en España -concretamente en Santander- que el sistema financiero español tenía grandes dificultades de liquidez entre las diferentes entidades financieras españolas, que no existía prácticamente el mercado
interbancario y que solamente las entidades financieras españolas podían acudir directamente al Banco Central Europeo, pero que esto era totalmente insuficiente de cara a las necesidades de financiación de la economía española, la cual necesitaba de
aquí a final de año -entre el Estado y la economía privada- alrededor de 250.000 millones de euros para poder refinanciarse. Esta es una cantidad que en ningún momento ha sido desmentida ni por el Banco de España ni por el Ministerio de Economía.
Son unos datos preocupantes sobre la falta de liquidez del sistema financiero español y quisiéramos saber su opinión al respecto. También tenemos interés en saber cómo se afrontarán las diferentes financiaciones de la deuda pública en el mes de
julio, ya que creo que vence una cantidad importante de la misma, y cómo se van a afrontar algunos aspectos relevantes que afectan a un sector estratégico, como es el sector energético español, ya que hay una parte importante de titulizaciones que
se han de poner en marcha rápidamente -creo que son más de 10, 12, 13 ó 14.000 millones de euros-, y si va a haber posibilidad de financiar en los mercados internacionales, no solamente la deuda que vence en el mes de julio, sino algunos aspectos
relevantes y cantidades importantes que han de facilitar que el sector energético español pueda recuperar unos recursos que todos sabemos que desde hace bastantes meses no se han podido titulizar, no sabemos por qué, pero las titulaciones están
pendientes y los recursos son necesarios para no perjudicar la solvencia de estas compañías.



Sobre la base a estas tres consideraciones que afectan a la liquidez y a la solvencia del sistema financiero español, surgen muchas preguntas y dudas. Me gustaría saber la opinión del gobernador del Banco de España acerca de si tiene
sentido que la deuda pública española se financie al 3 o al 3,5 por ciento, cuando la banca se puede financiar al uno por ciento a través del Banco Central Europeo. No sé cómo podríamos cambiar los vectores para que la financiación de la deuda
pública


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española también pudiera gozar de unos tipos de interés más privilegiados.
En definitiva, queríamos saber su opinión respecto a un tema que preocupa enormemente no solamente al sistema financiero español, porque esta falta de liquidez
afecta muy negativamente a la economía productiva española.



Nos gustaría saber su opinión sobre otro tema, aunque ha dado algunas explicaciones al respecto. Me refiero a todos aquellos elementos que afectan directamente al FROB, a la reestructuración del sistema financiero español. En este momento
afecta básicamente a las cajas de ahorros, pero tampoco nos acaban de salir las cuentas. En una primera fase, que acabará el 30 de junio, se van a recabar del FROB alrededor de 12.500 millones de euros que van a afectar a todas estas entidades
financieras que se han reestructurado. Sin embargo, si se hacen las cuentas, uno se pregunta cómo va a ser posible que solamente con 12.000 millones de euros se pueda reestructurar el sistema financiero español, básicamente las cajas, cuando en una
primera instancia se pusieron a disposición del Gobierno alrededor de 99.000 millones de euros, de los cuales solamente se van a utilizar 12.000 millones de euros. Nos gustaría saber si se va a producir una segunda fase de esta reestructuración del
FROB, porque todos sabemos perfectamente, señor gobernador del Banco de España, que con que 12.000 millones de euros no vamos a resolver ni vamos a reestructurar el sistema financiero español, que afecta en gran medida a las cajas. En el caso de
que haya otra tanda de recursos en una segunda fase del FROB dirigidos a la reestructuración, cómo se va a financiar este diferencial que va de los 12.500 millones de euros que se necesitan ahora hasta los 50, 60 ó 70.000 millones de euros que todos
sabemos que precisa el sector financiero español para poder reestructurarse y ser competitivo.



Nos gustaría saber cuál es la opinión del gobernador del Banco de España respecto a la eficacia del SIP, las fusiones frías de las cajas. Uno podría llegar a la conclusión de que cuanto más grande es el SIP, este mecanismo que están
utilizando las cajas españolas para restructurarse, muchísimo más solvente es la entidad, cuando todos sabemos perfectamente que los tiros no van en esta dirección. Existen entidades financieras que son pequeñas y son muy solventes. Con esta gran
dimensión que están alcanzando muchos SIP, tal como se está planteando en estos momentos, no creemos que uno pueda llegar a la conclusión de que cuanto más grande sean los SIP, más solventes van a ser, porque en algunos casos no van en esta
dirección. Desde esta perspectiva también nos gustaría saber su opinión al respecto y que nos dibuje un poco el final de esta situación.
Pienso que hasta la fecha se han hecho bien las cosas, hemos aprobado en el Congreso de los Diputados
prácticamente por unanimidad los recursos del FROB y en una primera fase se han podido concentrar un grupo importante de entidades financieras, pero sabemos que estos recursos van a ser insuficientes para que este sector se pueda reestructurar y sea
competitivo, y nos gustaría saber cómo ve usted una segunda fase de este FROB y cómo lo podremos financiar dada la coyuntura actual económica y financiera.



Finalmente también nos gustaría plantearle un aspecto que en cierta medida preocupa al sector financiero español y a la economía productiva en general, que hace referencia a los servicios de pago y que es producto de la trasposición de una
directiva que afecta a los recibos que se puedan cargar en las cuentas bancarias a través de las que las empresas y los particulares hacen habitualmente sus pagos. Parece ser que con esta directiva las devoluciones de los recibos autorizados tienen
un plazo de alrededor de ocho semanas, cuestión que preocupa enormemente de cara a la seguridad y a la garantía de un servicio de pago y de compensación efectivo. Hasta ahora había ocho días como máximo para poder devolver los recibos debidamente
autorizados y firmados y ahora con la trasposición de esta directiva se abre una gran incógnita que preocupa enormemente al sector financiero privado. Creemos que en este punto se tendría que intervenir directamente para poder limitar estos plazos
de compensación de pagos al efecto de dar garantías jurídicas al sistema financiero y privado español.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Azpiazu por el Grupo Vasco, PNV.



El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero agradecer sus explicaciones al gobernador. Comparto en gran parte el diagnóstico que ha realizado y entiendo que haya hecho hincapié en algunas cuestiones que como Banco de España le pueden
preocupar sobremanera o especialmente, como es la reacción de los mercados ante la situación económica. He de decir que en algunas cuestiones me ha parecido un poco extremo en ese sentido, porque hacer hincapié en relación con la reforma laboral en
la necesidad de la consolidación fiscal de una forma tan contundente quizá suene fuerte, aunque desde su posición mantenga la defensa de estas cuestiones.



Comparto la opinión de que la situación económica es realmente excepcional; un momento de estas características no lo hemos conocido en Europa. En España se ha visto acentuada por los problemas que ha comentado, es decir el agravamiento de
la crisis derivada del sistema inmobiliario, del nivel de endeudamiento, de las rigideces del mercado de trabajo y de otras cuestiones en las que no vamos a entrar porque los diagnósticos pueden ser compartidos en gran medida. No obstante, además
de la situación económica, en este momento a la economía española se suma una situación política relativamente complicada. El Gobierno en más de una ocasión ha sido puesto en cuestión; parece que ahora está afianzándose un poco, pero si a la
debilidad económica le sumamos cierta debilidad política, esa no es la mejor manera de afrontar las medidas necesarias para salir de esta situación. Insisto en que entiendo que usted esté preocupado por los mercados, pero me da la sensación de que
los mercados, que a veces tienen unos compor


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tamientos un tanto histéricos y difíciles de entender, en este momento están siendo asimismo un tanto caprichosos y esto hace que todo el mundo -también en Europa y en España- sienta cierta excitación y ansiedad por calmarlos. Cuando haces
lo que los mercados dicen parece que en principio se calman, pero luego vuelven a actuar de una forma un tanto perversa porque intuyen que lo que tú haces también puede tener repercusiones negativas en el crecimiento económico. En este sentido y en
relación con su insistencia respecto al control de gasto público, así como de realizar una vigilancia permanente para que la senda de déficit público se cumpla, nos gustaría que nos dijera si esto no va a llevarnos también a una situación de
recesión económica otra vez y en qué medida existe el riesgo, por satisfacer en demasía a los mercados y por ir demasiado lejos en la reducción del gasto público, de que se genere una minoración del crecimiento y un aumento del desempleo, con los
efectos negativos que eso produce también en la propia economía. Es evidente que sin política monetaria y, por lo que parece cada vez más, sin política fiscal -también lo dicta así Europa-, las reformas estructurales son cada vez más importantes o
prácticamente uno de los únicos instrumentos que le quedan al Gobierno para influir en este sentido.



En relación con el mercado laboral sé, por lo que ha dicho usted hoy y otras veces, que la reforma del mismo es un instrumento, según el Banco de España, clave para salir de esta situación económica en la que nos encontramos. Hoy ha
mencionado que en la reforma que se aprueba en el real decreto-ley no hay una referencia a la negociación colectiva y que entiende que esto es algo que se debía tener en cuenta y que no es positivo. ¿En qué sentido cree usted que habría que
incorporar la negociación colectiva en el real decreto-ley para que sirva para la salida de la recesión económica?


En relación con las pensiones -que habrá que abordarlas en el marco del Pacto de Toledo- nos ha dicho que no iba a decir gran cosa, pero ha mencionado varios aspectos importantes. Ha hablado del incremento de la edad de jubilación, ha
hablado del incremento del mínimo de años cotizados, supongo, para tener derecho a la pensión y también ha hablado de la revisión del cálculo de las pensiones. Usted dice que no ha dicho nada y yo creo que lo ha dicho casi todo. Si puede concretar
un poco más en qué está pensando cuando ha hablado de estas tres cuestiones, nos podría servir para aclararnos cuáles son sus ideas en este sentido.



En relación con el sistema financiero, nos ha hablado de la apelación al FROB y de toda la reestructuración que se está produciendo fundamentalmente en el sector de cajas de ahorros. Creo que tendría que haber sido un poco más autocrítico
en el sentido de que el FROB es un instrumento que se aprobó en torno a hace un año -creo que fue en junio del año pasado- y todavía no ha culminado el proceso. Es verdad que Europa ha permitido que las entidades financieras puedan acogerse al FROB
hasta finales de este mes y ustedes han agotado todo el tiempo posible, pero hubiera sido deseable que por parte del Banco de España se hubiera incitado un poco más a que estos procesos de fusión y reestructuración del sistema de cajas de ahorros se
produjeran, salvo que lo hayan hecho y no nos hayamos enterado, en cuyo caso me gustaría saber cuál ha sido el papel del Banco de España para reordenar todo el sistema de cajas de ahorros e impulsar el proceso. Aquí casi nunca hablamos de los
bancos.
Hace poco oímos al presidente del BBVA decir que los mercados están secos y ahora parece ser que todos los bancos tienen unos problemas enormes de financiación o de refinanciación por el endeudamiento que tienen en el exterior y que están
teniendo problemas para esa refinanciación. Me gustaría que hiciera una reflexión en este sentido y sobre las implicaciones que esta falta de crédito internacional para financiar las entidades financieras pueden tener no solo en los bancos y en su
solvencia sino también en la actividad económica.



Para finalizar me gustaría hacerle una pregunta. Se está hablando cada vez más -y parece ser que en Toronto se va a tratar esta cuestión- de los impuestos a los bancos. ¿Qué tipo de imposición o de tasa se puede poner a los bancos? ¿Cree
el señor gobernador que sería positiva o no para la economía y para el funcionamiento del sistema financiero una imposición al mundo de las entidades financieras y especialmente a la banca?


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Yo también quería agradecer su comparecencia al señor gobernador, pero además quería felicitarle por dos motivos, por su previsibilidad y porque al final se sale con la suya, y creo que en la vocación de cualquier
persona, que sus tesis se acaben imponiendo es motivo de felicitación. Lo de la previsibilidad se lo digo porque, una vez más, ha vuelto a hablar más de esas reformas que usted considera estructurales -no la del sector financiero, no, de la reforma
laboral, de la del sistema de pensiones, de la del ajuste del déficit- que del propio FROB y de las reformas que creo que son necesarias en el sector financiero. De hecho ha estado veinte minutos hablando de lo primero y diez minutos hablando de lo
segundo y sé que eso es previsible en usted, pero desde mi punto de vista no deja de ser un poco atípico en la figura del gobernador del Banco de España. Sobre todo le quería felicitar porque finalmente se sale con la suya. Usted siempre ha
planteado la necesidad de la reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral y el ajuste del déficit y había quien entendía que lo que teníamos que hacer en este país era cambiar el patrón de crecimiento. De hecho lo planteó con la ley de
economía sostenible, yo creo que de forma muy insuficiente e incluso desorientada, pero hubo quien entendió, en este caso el Gobierno, que esas no eran las reformas. Finalmente las reformas que se están aprobando están orientadas a hacer


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que los ajustes se sitúen en el sector de aquellos que no generaron la crisis pero que la han padecido. Por eso yo quería hoy felicitarle.



Después de la felicitación tenía ganas de rebatirle algunos argumentos. El primero de ellos es en torno a la reforma laboral. Usted dice que la pérdida de ocupación se debe a la rigidez de nuestro mercado laboral y la pregunta es muy
sencilla. Si esto es así, ¿por qué España e Irlanda son los países que destruyen más ocupación teniendo mercados laborales tan distantes? Mi respuesta es distinta a la suya. Cuando hay dos mercados laborales tan distantes que son campeones en la
destrucción de ocupación es porque los dos modelos son dependientes del ladrillo, sin valor añadido, en los que el valor del trabajo no se ha tenido lo suficientemente presente. Le pondré otro ejemplo. En España superamos la media de renta de la
Unión Europea. Los salarios medios en España se sitúan en el 70 por ciento. Por tanto, el problema no es más ajustes en el sector laboral, la lógica de que abaratar los despidos y la mayor flexibilidad generará ocupación, sino precisamente los
cambios en el patrón de crecimiento. Por eso yo creo que una reforma laboral que garantizase que reducimos temporalidad y que invertimos más en una mano de obra más cualificada y estable podría haber sido razonable, pero el problema está en que la
reforma laboral que nos plantean, que además es distinta a la que se puso encima de la mesa de negociación con los actores sociales -y ya no digo la reforma laboral que usted propone-, se basa exclusivamente en abaratar los costes del despido como
la panacea que tiene que solventar los problemas de nuestra economía. Le hago esta pregunta porque creo que el ejemplo de Irlanda y España acredita lo que le estoy explicando, habiendo temporalizado España a partir de la reforma de 1985 su mercado
de trabajo.



El segundo interrogante es la reforma del sistema de pensiones. Si usted -lo ha dicho- dice que el primer problema que tenemos es generar ocupación, mi pregunta es en qué contribuye que España amplíe la edad de jubilación a la generación de
ocupación. Sé que la pregunta es muy de Perogrullo, pero tengo ganas de escuchar la respuesta, entre otras cosas porque nuestro sistema de pensiones está acreditado y funciona, y además en España, y usted lo sabe bien, la edad media de acceso a la
jubilación está por encima de la media de la Unión Europea. Por tanto, tengo una duda más que razonable. ¿En qué contribuye esto a generar ocupación?


Mi tercer interrogante es en torno a la retirada de estímulos. Yo tengo la sensación de que hoy Europa se equivoca, no solo España, con una retirada prematura de los estímulos. Yo no le estoy diciendo que el déficit pueda ser infinito ni
que no se tenga que limitar. Yo estoy de acuerdo con que el déficit se tiene que limitar, pero esa limitación no puede acabar afectando al propio crecimiento. Lo que me preocupa es que hoy Europa está con Hoover mientras Estados Unidos aún está
con Keynes y, paradojas de la vida, quien acabó fracasando fue Hoover, no Keynes. La crisis actual es una de las crisis de mayor envergadura que hemos padecido nunca, ninguna de las generaciones que estamos aquí presentes hemos vivido nunca una
crisis de estas características. El problema está en que el exceso en la retirada de estímulos económicos, la contención del gasto o de la inversión pueden suponer volver a escenarios de recesión. Más me preocupa aún cuando usted no está con
Krugman y está, si me permite la expresión, con lo que Krugman ha calificado como los halcones del déficit, con el mismo Trichet o con las políticas que está haciendo -disparatadas desde mi punto de vista- el Gobierno alemán. Está claro que ese
exceso en la contención del déficit nos podría llevar a un escenario de recesión. Aquí quiero entrar en algunas preguntas ¿A qué se refiere con gasto público improductivo por parte de las comunidades autónomas? Quiero saberlo entre otras cosas
porque me gustaría saber si lo que algunos consideran el gasto social -yo creo que es inversión- es gasto público improductivo. Entiendo que, por ejemplo, la inversión en educación o en sanidad nos hace ser más competitivos. Ese sí que es un
factor para estar mejor situados en el mundo y no la precarización de nuestras relaciones laborales.



Por último, entro al debate financiero. Usted ha hablado de la buena regulación en el año 1999 por parte del Banco de España, pero yo le quería preguntar, ¿cree usted que regularon todo bien? Dicho de otra manera, si usted acepta que hoy
algo que pesa mucho en nuestro sector financiero es el fuerte endeudamiento privado y el fuerte endeudamiento del sector de la construcción, ¿ustedes regularon bien los excesos de sobreendeudamiento? Se lo digo porque la legislatura pasada
nosotros, de forma muy modesta, trajimos a esta Cámara una proposición de ley que lo que hacía era copiar la legislación francesa para evitar el sobreendeudamiento. El objetivo no era solo proteger a los consumidores o a los que se hipotecaban,
sino también proteger al sector financiero, en el caso de Francia para que precisamente el sector de la construcción y ese sobreendeudamiento no acabasen lastrando la economía francesa. Me acuerdo que en el debate que tuvimos -cuando lo intentamos
negociar no lo conseguimos, lo sabe usted bien- en el Pleno del Congreso se nos acusó de intervencionistas, pero la inexistencia de reglas en el sector financiero es lo que hoy nos lastra. De hecho, ese exceso de peso de la deuda privada y del
endeudamiento también del sector de la construcción con las entidades financieras es un problema. Por tanto, yo le quería preguntar si usted considera que el Banco de España actuó correctamente a la hora de evitar ese sobreendeudamiento y la
pregunta siguiente es qué van a hacer ahora, porque lo que está claro es que hoy debería aplicarse, para evitar próximas burbujas financieras, una ley que evite el sobreendeudamiento y el apalancamiento de nuestro sector financiero en otros
sectores.



Usted ha hablado también del carácter limitado de las ayudas del FROB, comparado con otros países de la Unión, pero si esto lo comparamos con la retirada de


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estímulos, ¿es esto limitado? Los 12.000 millones el FROB, que podrían alcanzar los 60 ó 70.000 millones, a mí no me parecen equilibrados si lo comparamos con los recortes que ascienden a los 15.000 millones de euros.
Dicho de otra manera,
lo que se le exige a la ciudadanía en recortes de gasto social no es proporcionado a lo que se le ofrece a las entidades financieras. Quería saber también cuáles son las condiciones en el acceso al crédito y en limitaciones salariales que van a
poner ustedes a aquellas entidades que reciban recursos provenientes del FROB? Porque, y en eso creo que ha coincidido usted conmigo en más de una comparecencia, la remuneración en función del riesgo que tienen algunos directivos de entidades
financieras no es un problema ético, que lo es, es un problema económico, porque ese riesgo que asumen lo acaban externalizando, haciendo que después sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga que asumir riesgos excesivos por parte de las
entidades financieras.



Por último, una preocupación, no una pregunta, y la preocupación es que lo que ustedes plantean nos pueda llevar a una cierta desnaturalización de la función que han jugado las cajas. La realidad de las cajas españolas no es absolutamente
atípica. En Alemania existe una realidad de cajas asentada en el territorio, que interactúa con el territorio y que genera precisamente oportunidades. Es cierto que nuestras cajas, porque quizás el Banco de España no reguló el sobreendeudamiento a
todas las entidades financieras, se apalancaron en exceso en el sector inmobiliario, pero también es verdad que la desnaturalización de las cajas hoy lo que puede suponer es simplemente la bancarización de las mismas y que, al final, esa función que
juegan en el territorio la dejen de jugar para tener un sistema absolutamente bancarizado, pero muy alejado de la economía del territorio y de una economía, además, que genera ocupación y da muchas oportunidades, por tanto, le quería preguntar
también sobre el tema.



Para acabar quiero decirle que tendré que ausentarme en algunos momentos por estar multiempleado esta mañana, como la mayoría de los grupos minoritarios. Espero estar en su respuesta, pero si no estuviese la leeré en el 'Diario de Sesiones'
porque me tengo que ausentar a otras comisiones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gastón.



La señora GASTÓN MENAL: Señor gobernador, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le damos la bienvenida de nuevo a esta Comisión.
Con la lectura del actual informe anual lo que hemos comprobado es que conforme va avanzando el tiempo
en esta crisis, en el discurso analítico de la misma vemos que se procede a un cambio en cuanto al perímetro. No hace mucho tiempo estábamos todos pendientes de ver toda la secuencia de datos a nivel interno, y con la velocidad con la que está
surgiendo el avance de este proceso de crisis, ahora más bien nos parece que ya casi estamos dejando esa ansiedad por conocer los datos a un lado y que el perímetro del discurso analítico ha avanzado de lo nacional, afortunadamente, a lo europeo.
Digo afortunadamente puesto que si partimos de una crisis de ámbito global entendemos que en las soluciones también deben buscarse las medidas en nuestro perímetro europeo de modo global. Entendemos que así también se refuerza el mensaje y hace que
sea más potente de cara a los mercados, pero sobre todo la respuesta grupal, a nivel europeo, entendemos que políticamente supone un gran avance, un gran paso en positivo hacia lo que veíamos lógico, y es que sean soluciones medidas europeas.
Comprendemos desde el Grupo Socialista que este diseño de actuaciones y reglas comunes en un contexto multinacional no debe ser fácil. Sin embargo, creemos que hay materias a las que es necesario hacer frente en esta situación económica en las que
no deberían existir reglas a la carta, país a país, sino respuestas comunes. Creemos que el sistema monetario en todo este proceso no ha fallado, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento dentro de la Unión Europea no ha fallado, pero sí sentíamos
hasta la fecha que las políticas económicas de la zona euro, con una única moneda y con una sola política monetaria, deberían haber sido más cohesionadas y más coordinados. Por tanto, a nuestro entender, esto supone una lección a tener en cuenta de
cara al futuro.



Respecto a estas políticas coordinadas, señor gobernador, hace un año en esta misma Comisión y en la presentación del anterior informe anual debatíamos y hablábamos ya de intenciones a nivel europeo de crear instituciones supervisoras de
ámbito, valga la redundancia, europeo.
Ahora mismo, un año después y teniendo todavía presente el origen de esta crisis, nos gustaría conocer por parte del señor gobernador qué avances reales se han dado en esta materia, más allá de lo que pudiera
ser la mera creación de instituciones. ¿Se han comenzado, señor gobernador, a implementar políticas o actuaciones en el ámbito europeo en este sentido? También, hablando de actuaciones coordinadas, los socialistas valoramos muy positivamente el
impulso que el conjunto de la Unión Europea dio la pasada semana a la implantación de la tasa bancaria, y se ha nombrado ya por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Nuestra valoración, la socialista, la conoce y nos gustaría
saber también cómo valora usted, señor gobernador, esta nueva imposición a la banca.



De la lectura del informe anual agradecemos sinceramente el detalle del porqué del actual déficit, del porqué de la cifra en la que estamos situados ahora mismo, porque, para quien trata de poner nombre y apellidos al aumento del déficit,
vemos que detalladamente se desglosa, y usted también lo ha nombrado en su intervención, en que la causa viene por los estabilizadores automáticos, viene motivado porque la propia contracción económica aceleró lógicamente el gasto en prestaciones
por desempleo, viene por una intensa disminución en la recaudación tributaria, lógica por el parón en la actividad


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y en el consumo, y viene también por las medidas excepcionales implantadas de apoyo a la actividad en línea con las orientaciones acordadas a nivel global, que no le gustará al señor Montoro que se llamen estímulos fiscales, pero lo que
ocurre es que se llaman estímulos fiscales aquí, en Europa y en todas partes. Por eso, señor Montoro, tenemos que aplicar también la consolidación fiscal. Si bien es cierto que en el momento actual el discurso parece recurrente -déficit, déficit,
déficit, parece que no haya otro punto de mira-, consideramos que la consolidación fiscal es necesaria. Estamos totalmente de acuerdo en que es vital para ello el papel de todas las administraciones públicas y también creemos que ha sido necesaria
una apremiante aceleración en este objetivo como respuesta ante conocidos episodios de amenaza al euro. Por lo tanto, apoyamos esta aceleración en el ajuste.



En el propio informe el Banco de España se apunta la necesidad -habla del ámbito europeo- de la implantación complementaria de políticas de oferta ambiciosas para evitar una recuperación lenta, particularmente lenta -así lo dice- en el
ámbito europeo. Suponemos que estas políticas de oferta se desglosarían en la acumulación de reformas estructurales que ya están siendo, por cierto, abordadas en nuestro país. Sin embargo, señor gobernador, creemos que a la vista de que en las
distintas economías de la Unión Europea los parámetros ahora mismo no son precisamente idénticos en unos países y en otros, ¿cree usted desde su perspectiva, desde el Banco de España, que la respuesta ahora mismo debe ser igual para todas las
economías? ¿Todos debemos centrarnos en el ajuste del déficit y ponerlo como objetivo prioritario? Nos gustaría conocer su respuesta porque nosotros creemos, por ejemplo, que en estos momentos Alemania, con unos parámetros distintos a los
nuestros, también está priorizando -lógicamente, así se ha acordado en el seno de la Unión Europea- el ajuste en el déficit, pero hay economías como las de los países del sur en las que esta contracción de la demanda interna alemana, que desde luego
conllevará el ajuste severo de su déficit podría perjudicar al aumento de las exportaciones, que vemos que serían en todo caso vitales también para nuestra recuperación y la del resto de países del sur.



Por último, en cuanto a políticas coordinadas a nivel europeo, también tendría un espacio en estas necesidades el capítulo de análisis de las agencias de calificación. Desde el Grupo Socialista creemos necesario realizar un análisis de la
credibilidad de los sistemas de valoración que estas agencias han venido utilizando. Creemos firmemente que tasaciones discrecionales conllevan la posibilidad cuando menos de especulación y que la corrección de la discrecionalidad requiere de una
clave, la transparencia, transparencia una vez más y, en este caso, tanto en su metodología de trabajo como en el conjunto de sus evaluaciones.
Quisiéramos conocer, señor gobernador, su valoración sobre el papel de estas agencias de calificación y
sus posibilidades de mejora. De forma complementaria a estas tareas coordinadas en el ámbito europeo, pasaré también a hablar de las nuestras propias, de nuestros deberes.



En el análisis de nuestra economía los indicadores publicados recientemente avalan mejoría. Siempre los tomamos con la cautela necesaria en cuanto a considerarlos ya como una tendencia; sin embargo, los datos avalan mejorías en el consumo
y también en la inversión en los primeros meses de 2010. Iniciaba mi intervención diciendo que ya no estamos tan pendientes de los datos, que quizá hemos perdido esa ansiedad por ellos, pero lo cierto es que los publicados recientemente avalan
mejoras. A modo de ejemplo, hay mejoras en matriculaciones de automóviles, con un crecimiento del 42,7 por ciento en el bimestre abril-mayo en términos interanuales; mejoras en ventas minoristas, un 0,2 por ciento de aumento en los primeros meses
del años respecto al mismo periodo 2009 de ventas interiores en grandes empresas de bienes y servicios y un 2,4 por ciento respecto a servicios de consumo; mejoras también mostradas por el aumento del número de hipotecas constituidas sobre
vivienda: aumento del 4,3 por ciento interanual en los tres primeros meses del año -además importante porque es el primer aumento en los tres últimos años-; mejoras que vienen marcadas por el incremento en las transacciones inmobiliarias, en
concreto un 11,4 por ciento en el periodo acumulado hasta abril de este año; mejoras en el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, exportaciones que crecen un 8 por ciento y que siguen un crecimiento muy superior al de las
importaciones, que en este caso es de un 2,6 en los primeros meses; mejoras en el índice de producción industrial; mejoras en la recaudación impositiva o las que acabamos de conocer respecto al déficit comercial, que nos han comunicado que bajó
hasta abril al 1,67 por ciento. Esto en cuanto a los datos.



En cuanto a las reformas -que cita usted en su intervención y en el propio informe-, estamos inmersos en el proceso de reformas, necesarias como remarca -insisto- el propio informe. Además no podemos estar más de acuerdo con el mensaje que
emana del contenido del informe respecto a un cambio de modelo productivo con el aumento de la productividad y de la competitividad como referentes de cabecera. Las reformas que se han ido aprobando en nuestro país desde la trasposición de la
Directiva de Servicios, pasando por el desarrollo de esta directiva con la aprobación de la conocida como Ley ómnibus y todas las que se han ido abordando, incluidas las que ahora mismo están en desarrollo y en tramitación, van precisamente en esa
dirección: contribuir a diseñar ese nuevo escenario, ese nuevo marco económico que derivará de la catarsis económica que supondrá la actual crisis. Y todas las reformas que se iniciaron y se están desarrollando, como la reforma y reestructuración
del sistema financiero, reforma en materia de educación, reforma en materia energética y la que esta misma tarde debatiremos en esta Cámara, la del mercado de trabajo, siempre han tenido una característica común y es que


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siempre han buscado por nuestra parte y por supuesto por la parte del Gobierno el concurso y el acuerdo con el principal partido de la oposición.



Un año después -y revisado el 'Diario de Sesiones' de la sesión en esta misma Comisión del año pasado- de la presentación por su parte también, señor gobernador, del informe anual, no deja de resultar sorprendente leer como el señor Montoro
decía en su intervención: Quiero insistir en la importancia de las reformas económicas. Y citaba reformas en sectores estratégicos, reforma en nuestro sistema de educación y reforma en el mercado de trabajo. A nuestro modo de ver, señor
gobernador, señoras y señores del PP, para ver tal necesidad hace un año ya, la verdad es que sentimos que bien poco han estado por la labor, mucho pedir pero a la hora de la verdad, nada. (La señora Colldeforns i Sol: Sí, señor.) De las que el
señor Montoro hace apenas un año citaba como fundamentales solo les queda para poder colaborar, cambiando radicalmente su actitud, la reforma laboral. Hoy lo podremos ver y ojalá, señor Montoro, nos llevemos en este caso una sorpresa y por una vez,
al fin, aporten y participen constructivamente.



Entrando más a fondo en la reforma del sector financiero, otra de las que ha citado usted, en primer lugar quisiera preguntarle, señor Fernández Ordóñez, si es usted partidario y en su caso por qué de abordar en primer lugar y cerrar la
reestructuración del sistema financiero, en concreto de las cajas, para posteriormente pasar a las reformas legislativas, en este caso de la Lorca. Quería preguntarle también al hilo de los datos que nos ha facilitado si cerrada la fecha el pasado
día 15 de recepción de las solicitudes de ayudas del FROB, las operaciones que nos ha citado -he tomado nota en concreto de siete con ayudas del FROB y cinco sin ayudas- son todas las que se han recibido o todas las que hasta la fecha el Banco de
España ha aprobado de cara a que es el día 30 en el que, como viene recogido en el Real Decreto que regula el FROB aprobado el 8 de julio de 2009, acaba el plazo para poder acceder a dichas ayudas.



Señor gobernador, al hilo de los discursos recurrentes desde que se aprobó el Real Decreto del FROB, me gustaría que nos aclarara públicamente en esta Comisión a instancias de quién o de quiénes debía arrancar el FROB y sus ayudas. Le
pregunto esto por las continuas críticas procedentes, lamentablemente -cómo no-, del PP no solo al Gobierno sino incluso al propio Banco de España por no haberlo puesto en marcha anteriormente y con mayor celeridad, y eso que entendemos que el
Partido Popular debe o debiera al menos conocer bien el texto del Real Decreto por el cual el FROB se aprobó ya que participaron en él. Es el único tema -hay que decirlo y también hay que agradecerles que participaran- en el cual han tenido
voluntad de llegar a un acuerdo en todo el tiempo que llevamos de crisis y aun así parece que no deben conocer a fondo el contenido del real decreto o bien les da igual, porque también ha sido objeto de crítica por su parte. Llegaron a decir -en
este caso en boca del señor Montoro; y aquí tengo prensa del día 24 de febrero de este mismo año- que el Banco de España dejara de marear la perdiz y procediera a realizar intervenciones. Será, en todo caso, que no saben o no tienen muy claro en
qué circunstancias tiene el Banco de España la posibilidad de intervención a través del FROB, recogido, insisto, en el real decreto.
Eso sí, pedían recurrentemente -así está publicado- intervenciones, pero cuando el pasado 21 de mayo el Banco de
España procedía a la intervención de una caja el PP puso el grito en el cielo. Nos parece una muestra más de su todo vale y de su incoherencia. Al hablar de entidades financieras y de su salud, señor Fernández Ordóñez, todos solemos generalizar y
referirnos a bancos y cajas. Me gustaría preguntarle en cuanto a cooperativas de crédito si su situación actual está en línea con el resto.



Paso a hablar de la deuda, que también ha sido citada en su intervención y en el informe. Nuestra deuda pública -usted mismo lo ha dicho- se sitúa en el 53,2 por ciento sobre el PIB y es una de las más bajas de Europa, pero nuestra deuda
privada se encuentra en el 178 por ciento sobre el PIB; hecho que entendemos está ligado al bum inmobiliario y a los bajos tipos de interés de años atrás. La vigilancia de los mercados, la importancia y la credibilidad por tanto sí recae sobre al
deuda soberana y sobre el sector público, pero a la vista está que es de suma importancia para el sector privado. Respecto a la deuda soberana y el sector público, es reconfortante saber que hoy mismo, a lo largo de la mañana el Tesoro ha colocado
4.021 millones de euros en letras a tres y seis meses, y que existía una demanda de 12.893 millones de euros para esos 4.021. Esto es satisfactorio, sin embargo a la hora de hablar de esa confianza y esa credibilidad necesaria para el sector
privado, es precisamente cuando vemos que esa iniciativa que arranca del Banco de España -además consideramos importantísimo que a través de nuestro presidente del Gobierno se haya conseguido que se vaya a establecer a nivel europeo-, la publicación
de los llamados tests de estrés bancarios suponen, a nuestro modo de ver, un gran paso para lograr la transparencia y demostrar la solvencia de nuestras entidades financieras. Constituirá, sin duda, el mejor mensaje para los mercados con la clave
de la transparencia como bandera. Supondrá un buen apoyo para que nuestras entidades puedan tener mayor facilidad a la hora de captar financiación y en la medida de lo posible liberarlas de la dependencia en cuanto a liquidez del Banco Central
Europeo. Pero, al hilo de esta dificultad, señor Fernández Ordóñez, y en cuanto a la liquidez y la dificultad que parecen tener nuestras entidades financieras, a la hora de captarlas, respecto de otras posibilidades al margen del Banco Central
Europeo, quisiera preguntarle si cree que estamos sufriendo en nuestra economía el llamado efecto expulsión o crowding out o solo al parecer -por su insistencia- lo que existe son las ganas de un cierto partido político de que se produzca. Porque
no terminamos de ver que la queja, hasta de las entidades financieras del sector privado en


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nuestro país, sobre que necesitan liquidez y que tienen excesiva dependencia del Banco Central Europeo por falta de credibilidad y confianza no concuerda con la teoría de la existencia de este crowding out. Por ello, debe haber confianza y
credibilidad también por el interés de nuestro sector privado. Cuando hablamos de confianza y credibilidad en las medidas adoptadas en el Grupo Parlamentario Socialista estamos plenamente seguros de que las actitudes y los comportamientos del
principal partido de la oposición podrían hacer mucho en este sentido, además de pedirlo recurrentemente.



Señor gobernador, ya estamos acostumbrados al no exclusivamente por respuesta a todo, sin alternativa alguna, pero hubo un reciente, no, de especial importancia. Quisiera pedirle que nos haga, desde su perspectiva, una especie de escenario
virtual al que nos tendríamos que haber enfrentado en nuestra economía si el pasado 27 de mayo hubiera triunfado en esta Cámara el no al Real Decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit. Sería interesante situarnos en ese
escenario virtual para asumir a ciencia cierta la conciencia de la importancia de la respuesta ante aquella situación que consideramos era de emergencia.



Respecto a lo que el señor Aguirre ha comentado esta mañana y las preguntas que le ha hecho, -sabemos que está en otra Comisión de la cual es portavoz, pero me gustaría que se lo trasladaran-, en primer lugar, nos sorprende porque tiene
bastante poco que ver lo que ha sacado a relucir en esta Comisión en cuanto al orden del día y la presentación del informe anual del Banco de España, pero sabemos que está muy interesando en este tema. Quisiera decirles a los señores del PP que el
informe del Tribunal de Cuentas en ningún momento habla de condonación de deuda. Lo que sí dice textualmente el Tribunal de Cuentas es que se han facilitado todos los documentos suscritos por las entidades de crédito. Y en público el señor
Aguirre, en la Comisión por la que es portavoz ha manifestado que no le gustaba excesivamente el cambio que hubo, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos. No es que le tenga que gustar o no al señor Aguirre, pero es la ley que está
aprobada por todos, es la ley a la que tenemos que atenernos, y es la que deja claro que, pese a que no le gusta al señor Aguirre, no existe renegociación ilegal alguna. Para finalizar y también respecto al señor Aguirre, quien ha hablado de la
especulación de los medios de comunicación, aquí sí lamento que no se encuentre presente, pero espero que se lo trasladen porque verán: en estos dos años de crisis, bastante lejos de la inacción, se han ido tomando medidas y se ha ido trabajando
acerca de las reformas necesarias de manera recurrente, y una vez más tengo que decir que al principal partido de la oposición, al PP, solo lo hemos encontrado con voluntad de acuerdo en una de ellas, precisamente para la aprobación del Real Decreto
del FROB. Eso sí -ellos lo recordarán-, para cerrar este acuerdo participaron en su redacción, aunque luego lo critiquen o parezca que lo han olvidado, y pusieron una serie de condiciones. Pusieron la condición -nosotros es cierto que lo valoramos
positivamente- de la creación de una subcomisión específica en el seno de esta Comisión de Economía para abordar parlamentariamente en esta Cámara el seguimiento de cuantas operaciones se fueran cerrando con ayuda del fondo y se fueran llevando a
cabo. La subcomisión fue creada por este acuerdo -nosotros cumplimos los acuerdos-, a instancias, insisto, de la petición del Partido Popular, y la valoramos positivamente; no obstante si se quieren evitar estas especulaciones sobre los medios de
comunicación lo más fácil es no filtrar las transcripciones que nos llegan de esta subcomisión; en primer lugar, porque se puede dar el caso de que se mezclen informaciones, frases de la transcripción, con impresiones particulares. Se lo digo al
señor Aguirre en concreto porque nos ha sido comunicado oficialmente que esta transcripción solo la recibimos tres personas: dos subcomisionados del Grupo Socialista -que ya les digo que la guardamos pero que muy bien-, y el único subcomisionado
del Grupo Parlamentario Popular que estuvo presente en la comparecencia. Por eso me dirijo al señor Aguirre. En todo caso, me gustaría pedirle que de cara a las siguientes subcomisiones se la facilitara a todo el que estuviera interesado para
evitar posibles especulaciones y, sobre todo, en aras de la igualdad de oportunidades de todos los medios de comunicación, que seguramente estarán interesados en tener tal información, y evitar cualquier especie de monopolio hacia un medio de
comunicación en concreto.



No tengo más que decir, señor gobernador. Por último quiero dejar patente que en el Grupo Parlamentario Socialista ante todos los retos que nos quedan por delante continuamos y continuaremos con empeño para afrontarlos con compromiso y con
responsabilidad.



El señor PRESIDENTE: Como les anuncié al principio de la reunión, hoy hay un gran número de comisiones y hay problemas de ajuste para coordinarnos con la presencia en otras comisiones. Así que, les pido disculpas pero tenemos que suspender
la sesión aunque sea un par de minutos, y disculpamos también al compareciente. (Pausa.)


Más o menos resuelto el problema de coordinación, reanudamos la sesión.



Tiene la palabra el señor compareciente.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Quiero dar las gracias a todos los intervinientes porque ha habido una serie de intervenciones riquísimas. Me propongo reagruparlas, sin perjuicio de que si no contestara todo lo
que parece relevante me lo indiquen. Ha habido varias intervenciones sobre el planteamiento general de la situación, de la crisis, etcétera, y luego hay un grupo de ellas en relación con el sector financiero a las que me dedicaré al final. He
hablado cinco veces más del sector financiero que de reforma laboral -se puede ver en el texto-. En fin, en todo caso podemos utilizar el resto y hablar de


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déficit público y pensiones -que es un área importante- y laboral.



Respecto al planteamiento de la situación general, de cómo la veríamos, hay que distinguir tres momentos. La economía española entra en unos desequilibrios desde el año 1995 hasta el año 2007; esto lo acepta todo el mundo. En el año 1995
hay superávit de la balanza corriente y, a partir de ahí, ya empezamos con el crecimiento de crédito y con una intensidad importante al final del proceso. Alguno ha dicho que la economía española está sobrediagnosticada, es decir, que se ha
explicado claramente el problema y que se puede ver desde distintas facetas, pero el Banco de España lo ha realizado continuamente, empezando a hablar ya en el 2003 de burbuja inmobiliaria, tema importante el del sector inmobiliario, y el tema del
endeudamiento. En cuanto al endeudamiento, recordarán ustedes que el primer año que tuve oportunidad de venir aquí había un estudio, hecho además por el que ahora es secretario de Estado de Economía, que hablaba de cómo aquello era prácticamente
insostenible si no había crecimientos espectaculares del producto durante mucho tiempo. Ese endeudamiento se produjo tanto en familias como en empresas, y es uno de los problemas fundamentales. Eso, antes incluso de la crisis financiera, empieza a
corregirse mínimamente. Siempre he visto que la tasa mayor de crecimiento de crédito llega a junio de 2006, o sea casi un año antes, y empieza suavemente a producirse una corrección; en el precio de la vivienda llega también el crecimiento al
tope. Pero la crisis financiera y la crisis de confianza aceleran ese proceso de una forma importante, proceso que se ha llevado y se está llevando a cabo en muchos campos.



El déficit corriente ha pasado en dos años a la mitad, por debajo de la mitad, algo más de 4; la expectativa de este año es 2,8. En precios es espectacular, el diferencial ahora con Europa pasa a ser negativo. En productividad, de mala
forma, debido a nuestro sistema de trabajo, de una forma pésima que es expulsando a trabajadores, pero las empresas han reaccionado como nunca con rapidez, aunque de la peor de las formas que les ha dejado de alguna manera la situación actual.
Pero, ¿qué ha pasado últimamente? El sistema financiero arranca con una solidez muy importante, a diferencia de otros países equivalentes, como los otros tres países importantes que tienen una burbuja similar a España que son Estados Unidos,
Inglaterra e Irlanda. En Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra sus sistemas financieros se hunden y el español aguanta; esto es algo evidente. ¿Qué ha pasado a partir de la crisis griega, de la crisis del euro? Se nos ha añadido una crisis
adicional, que es de la que estamos empezando a ver la posibilidad de salida, pero que es una crisis muy importante para España, porque, como ha señalado el señor Montoro y cualquiera puede ver, España se ha basado en los mercados para financiar
todo este endeudamiento. En mi opinión, las empresas, las familias y la banca pueden devolver perfectamente esto, salvo que haya problemas al final más serios. No entiendo lo de los mercados como algo terrible, porque en este país, si los mercados
no funcionan, estamos perdidos. Por tanto, ojalá que los mercados funcionen normalmente y que financien, porque al final este país tiene la obligación de reducir sus desequilibrios, pero puede reducirlos razonablemente si se le financia y, si no se
le financia, entraríamos en problemas. Esto es lo que nos ha sucedido. Es una crisis del euro, es verdad, porque cuando los bancos americanos cortan líneas a los bancos europeos no es solo a los españoles, es a todos los europeos, sobre todo a los
de la zona del euro.
En consecuencia, hay una desconfianza en el euro que creo que está basada no solo, como se ha mencionado, en aspectos globales y de Europa, sino también en los países. Es decir, hay que ver que esta crisis que afecta al euro
tiene dos responsabilidades. Es una crisis en el fondo de tener una moneda única sin tener un Estado y sin tener una unión política.



Eso lleva a dos cuestiones: una, que es necesario reforzar los temas de gobernanza, es necesario montar mecanismos, etcétera, y todo eso es verdad, pero también que los países tienen que hacer su tarea. No solo nos lo va a resolver el euro
sino cada uno de los países que ha tenido divergencias profundas. España es un país que ha divergido en déficit público, en una tasa de paro que a la vista de cualquier espectador es monstruosa, porque nadie entiende que se pueda tener un 20 por
ciento de tasa de paro y seguir tranquilamente. Todo esto es lo que lleva a que por un lado -en esto es en lo que creo que hay que ser un poco esperanzador-, Europa, el Ecofin, los ministros hayan dado saltos importantes en implementar gobernanza,
en crear el Fondo de estabilidad financiera, en resolver la crisis griega, que se tardó meses porque no había mecanismos y, por otro lado, los países están empezando a hacer su tarea, y España sin duda. España ha cambiado radicalmente, ha tomado el
rumbo de resolver los problemas que habíamos identificado durante los dos últimos años -déficit público, problema de pensiones, laboral y reestructuración, sistema financiero- y se ha puesto a hacer la tarea. Esto es lo que nos puede hacer
optimistas respecto a la recuperación de la confianza en el euro y en España, porque la clave ahora es la confianza. En una palabra, tenemos que dar confianza, España tiene que dar confianza al resto del mundo; por una razón muy elemental, porque
tenemos que seguir. Como somos solventes, tenemos unos bancos -de los que luego hablaremos- que son solventes y nuestras empresas en condiciones normales pueden devolver sus créditos, tenemos que tener confianza para que los inversores nos sigan
financiando hasta que hagamos ese ajuste. Si no cuidamos la confianza, las mejores empresas y los mejores bancos van a sufrir; por ello, la confianza es trascendental. En esa confianza están las reformas y las actuaciones que se han emprendido en
la dirección correcta.



Déficit público y pensiones. Sin duda, en un país que ha llegado a tener el 11,2 de déficit, es capital la decisión del Gobierno de colocarlo en el 6 por ciento en el año


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que viene; es trascendental, porque pasaríamos inmediatamente a entrar en otra liga, donde hay otros países que no voy a mencionar. Hasta ahora estábamos fuera; el año pasado estábamos completamente en la estratosfera. Además es un país
que tiene una base fiscal muy baja -como les dije el año pasado y salió en los titulares- y que estaba pidiendo el 50 por ciento de lo que ingresa. Eso no puede ser y esto ya salió en los titulares. Es evidente que no puede ser, porque no le voy a
dejar a usted prestado si veo que está pidiendo cantidades exageradas. Esto es lo normal. Hablamos de los mercados, pero no, esto lo haría una persona normal al que piden prestado, y piensa: si usted me pide mucho en función de sus ingresos, ¿qué
voy a hacer? Pues cada día cobrarle más. Este es el tema en el mejor de los casos, y esto es lo que nos ha pasado. Es correcto el rumbo de ir a ese 6 por ciento, que ya nos coloca en otra liga, contando con esa deuda que es un poco inferior a la
del resto, y ahí no podemos discutir lo más mínimo. Algunos señores diputados han hablado de si existe riesgo de pasarnos. No hay riesgo de pasarnos. En este momento los efectos contractivos del gasto público son, en mi opinión, absolutamente
irrelevantes en comparación a la confianza que da restablecer y saber que uno va a reducir su déficit público. Esta es la razón, y eso lo puede ver uno perfectamente.



La parte más importante de gasto, la que puede tener más efecto en el crecimiento, ¿cuál es? El consumo privado, que es el 70 por ciento.
Cuando hemos tenido el déficit público, cuando no se hablaba de reforma laboral ni de pensiones, la
tasa de ahorro ha subido al 19 por ciento.
¿Por qué? Porque las familias mientras no se les aclare que el déficit público se va a arreglar, que sus pensiones son sostenibles y que eso va a funcionar, inmediatamente retraen el gasto y es mucho más
importante el nivel de gasto que puede aumentar por dar confianza a la gente, que el que podemos perder por tener unas inversiones menos en trenes de alta velocidad. Lo tengo clarísimo y esta es la filosofía. Y mucho más, señora Herrera, en el
caso de un país pequeño, donde la filtración del gasto público hacia fuera es inmediata. Si yo pongo 100 millones de euros de gasto público, se me va fuera todo, pero a la hora de pagar esos 100 millones que he puesto, los tengo que pagar yo
íntegros, el cien por cien. Si me permite decirlo, con todo el respeto a Murcia, somos Murcia.
Si mañana Murcia decide resolver el problema del paro metiéndose en un déficit tremendo, se filtrará el gasto al País Vasco, a Cataluña, etcétera, pero
los murcianos tendrán que pagar el cien por cien de todo lo que han hecho. Cuando Krugman está hablando, a lo mejor uno le puede dar un cierto crédito -yo no-, porque está hablando de un país inmenso, donde la filtración hacia fuera es mínima, pero
en nuestro país no, en nuestro país el déficit público es muy importante y, por tanto, la reducción que se ha emprendido es la línea correcta y hay que defenderla y conseguirlo al máximo. Y lo pueden ver, porque ¿qué han hecho los inversores?
Pasar el spread a 200 puntos básicos. ¿Cuánto es eso? ¿Qué queremos, gastarnos el dinero en intereses o en sanidad, en qué nos lo queremos gastar? Porque es mejor gastárselo en sanidad y en educación que en pagar intereses, porque no tengan
confianza en nosotros. Me parece elemental. ¿O es que queremos inflar el gasto de intereses? Por eso está bien enfocado y he apoyado totalmente la idea de ir al déficit del 6 por ciento el año que viene y caminar al 3 por ciento en el año 2013.



En las pensiones, la importancia es igual o más, porque en este tema ni siquiera hay efectos contractivos en el corto plazo, ni siquiera estamos generando efectos contractivos por alargar la edad de jubilación y, sin embargo, el efecto de
confianza en los españoles, de saber que no se les van a bajar sus pensiones, porque se ha reformado adecuadamente, es sustancial, trascendental. Todos los estudiosos -lo saben ustedes-, cuando se proyecta el año 2030 -porque es verdad que tardan
en aparecer los problemas-, dicen que hay que duplicar las cotizaciones o hay que bajar a la mitad las pensiones. Y esa expectativa -que conoce todo el mundo, porque lo sabe todo el mundo- tiene que resolverse de tal forma que como no vamos a
duplicar las cotizaciones, porque sería destruir absolutamente el paro, tenemos que hacer que las pensiones no bajen, y para que las pensiones no bajen hay que tomar decisiones y cuanto antes mejor, porque afecta a la confianza, y la confianza,
repito, es el elemento clave en este momento.



El otro asunto es la reforma laboral. ¿Por qué la reforma laboral es muy importante? Se ve desde fuera. Si lo vemos desde el punto de vista de los inversores, un país que tiene un 20 por ciento de paro es imposible que crezca de una forma
razonable. Si es incapaz de dar trabajo a 4,5 millones de trabajadores, ¿cómo va a crecer? Esto es fundamental. El objetivo esencial es reducir esos 4.600.000 parados. ¿Qué resulta ahora? Que lo que hemos visto por tercera vez en nuestra
historia, a lo largo de la democracia, es que sea cuál sea la causa, la crisis financiera o una crisis inmobiliaria, cada vez que tenemos una caída del producto España pasa al 20 por ciento de paro. Se dice que se crearon ocho millones de puestos
de trabajo antes. Mire usted, en la mayor expansión que hemos tenido nunca hemos estado en el 8 ó 9 por ciento de paro, que es la tasa a la que todavía no han llegado muchos países que están en crisis. Esto también funciona mal. En esos momentos
debíamos haber tenido un 3 o un 4 por ciento de paro, no un 8 o un 9 y estar encantados. Como tenemos un sistema laboral que es distinto en diecisiete cosas, porque es absolutamente distinto al que tienen nuestros socios, los que tienen estas tasas
de paro bajas, tenemos que cambiarlo. Desde luego yo, señor Herrera, estoy muy feliz de que se haya presentado la reforma laboral.
Porque es verdad que no incluye la negociación colectiva y los temas de ultraactividad, pero la reforma tiene un
punto importantísimo que deberíamos celebrar y explicar, y es: cuando los empresarios, con el acuerdo de los trabajadores, estén dispuestos a cambiar sus condiciones, no solo salariales sino de todo


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tipo, lo van a poder hacer. Este es un paso importantísimo y debemos anunciárselo a todo el mundo, porque debemos decirles a los trabajadores y a los empresarios que ya pueden mejorar su productividad y, por tanto, incluso las reducciones
de salarios o los incrementos pueden ser menos duros, porque en la medida en que tú aumentas tu productividad tienes más posibilidades. Por ejemplo, nos preguntábamos por qué los salarios son bajos. Por lo mismo. Si es que el problema del mercado
laboral español es que da tasas de paro altas y salarios bajos, cuando en otros países vemos tasas de paro bajas y salarios altos. ¿Por qué? Porque afecta a la productividad, porque impide a los empresarios organizarse. Eso se rompe con esta
reforma. Aunque no se toque la negociación colectiva, el resultado, la posibilidad de escaparse del corsé de la negociación colectiva está ahí y es muy importante. En eso hay un avance en el que evidentemente, como he dicho, hay que aprovechar la
tramitación parlamentaria para clarificar cantidad de cosas.



He insistido en que no pongamos perjuicio a nada que sea contratar. Aquí lo que tenemos que hacer es favorecer la contratación indefinida. Eso es capital. Hay que favorecerla, mejorarla, tiene que ser atractiva para los empresarios, pero
no hay que perjudicar la contratación temporal, que hoy es el 92 por ciento de los contratos, la entrada natural. ¡Ojo!, hoy no deberíamos hacer nada que perjudique a ninguna contratación, porque tenemos 4.600.000, por favor. Eso es capital.
Dejemos esta idea de que tenemos de que hay que acabar con la dualidad. En España tenemos un problema de educación secundaria muy serio -el 30 por ciento no acaba la educación secundaria-, ¿pero por eso tengo que fastidiar la primaria? No, oiga,
espérese un momento; no fastidie usted nada antes de que podamos, porque es la vía de entrada de los trabajadores. Cuidado con esto. En el momento en que veamos que ya tenemos contratación indefinida, que los empresarios la utilizan normalmente,
a lo mejor se puede uno poner a pensar, dentro de tres años o de no sé cuántos. En este momento -insisto- la reforma tiene una parte extraordinariamente positiva, pero esta parte se debería aplazar de alguna forma, y lo he dicho suficientemente.



Paso al sector financiero. Tomaré todo el tiempo que sea. Lo tengo un poco desordenado porque han sido muchas las intervenciones. El pasado. Aunque el pasado no me interesa, la reestructuración de las cajas está hecha y, debemos mirar el
futuro. Yo miro a la ley que este Parlamento va a aprobar, porque el principal partido de la oposición y el Gobierno han dicho que la van a presentar no solo como la ley del FROB sino como la ley de activos financieros. Una de las cosas que es
magnífica es que los dos grandes partidos se hayan puesto de acuerdo en los temas financieros, con el apoyo de otros partidos en muchas de esas leyes. Es fundamental para no tener cambios de rumbo importantes. ¿Pero ha sido lenta? Quizá sí. El
plazo que había de 30 de junio se podría haber adelantado, pero hay que darse cuenta de una cosa. Este Parlamento elige un procedimiento voluntario y, por ello, lento. Este Parlamento se podría haber planteado, como en otros países, nacionalizar,
vender y privatizar las cajas de ahorro, por ejemplo. Se ha hecho en otros países, pero ha elegido mantener las cajas, ha elegido que los procesos sean voluntarios. El que no los cumpliera y no fuera viable -ahí están los dos casos- juega en el
subliminal de los que han hecho otra serie de cosas. Pero es evidente que era voluntario, y la voluntariedad tiene ventajas, independientemente de que es la ley que teníamos que aplicar y que no me quedaba otra; yo no podía nacionalizar las cajas
rápidamente, porque ¿qué hacíamos? Teníamos la única y correcta oportunidad de intervenir entidades no viables; en entidades viables no hubiera tenido sentido ni hubiéramos tenido ninguna apoyatura jurídica. La voluntariedad tiene un importancia
enorme, porque las fusiones hechas voluntariamente, eligiendo, tienen muchas más posibilidades de supervivencia y de seriedad que las impuestas, y yo creo en eso, una vez que lo hemos decidido. Tiene una ventaja, aunque se haya tardado.



Preguntaba otro diputado, cómo está la calidad de los activos bancarios.
En el último informe de estabilidad financiera, centrándonos en el inmobiliario, en los más de 400.000 millones, mostramos cómo con dificultad había 160.000 millones y
que de esos estaban provisionados un 35 por ciento. Si sumábamos los beneficios de las entidades, tendría que haber pérdidas del orden del 70 por ciento, que es una barbaridad, para tener problemas las entidades. Esto lo hicimos globalmente, es
verdad, pero luego está la distribución. Hay unas cajas que están mejor y otras peor, y esto es lo que ha venido a resolver de alguna forma el FROB hasta el momento, señor Sánchez i Llibre. Es decir, si la economía sigue razonablemente, todo esto
se ha acabado, y, si la economía dentro de un año y medio se hunde, será necesario lo que sea, pero la fase del FROB se ha acabado, queda solo la pata del artículo 7 para intervenir entidades.
Los procesos de integración del artículo 9 se han
acabado el 30 de junio.
¿Qué es lo que se ha hecho ahí? Ver las entidades que estaban bien y que suman en esa media, y entidades que no estaban tan bien y se les ha dicho: Usted tiene que recapitalizarse; a usted no le dejo si no pide
participaciones preferentes, que luego será convertidas. Ese es el proceso de recapitalización. La cifra todavía no la sabemos -luego comentaré, como me pedía la diputada, cómo están los procesos-, porque todavía nos quedan cuatro cantidades por
fijar -de Bancaja, Caja Madrid, etcétera,- de los que piden ayudas, porque los anunciados ayer no va a pedir ayudas -por ejemplo, Caja Inmaculada y la de Burgos-. Esto es lo que hemos hecho, es decir, hacer unos stress test para ver en escenarios
estresados, complicados, y conseguir que todas nuestras entidades tengan un capital suficiente, incluso en procesos. ¿Qué es lo que hicimos? Una vez que ya teníamos decidida toda la capitalización necesaria, yo dije en el informe: Ahora vamos a
anunciar los stress test. Anunciar los stress test antes es absurdo, porque ¿voy a decir que esta entidad está mal pero no he resuelto


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el problema? No, tengo que resolverlo. Por eso es lógico que a partir del 30 de junio se hiciera.



Ahora nos hemos metido, creo que correctamente, en un proceso europeo, porque el anuncio del Banco de España al final sirvió para decir: Debemos hacerlo todos. Es verdad que hay una desconfianza sobre el conjunto de las entidades europeas,
más sobre las españolas, como es lógico por lo que he dicho, porque tienen más problema de financiación -han tenido una burbuja inmobiliaria-, pero es un buen ejercicio que todos los bancos europeos hagamos ese stress test, y lo publicaremos en el
marco de ese ejercicio. Este es el problema de los activos, pero nosotros tenemos un problema, como es bien sabido y ha sido planteado, desde el lado de la financiación, un problema que se deriva ¿de qué? ¿En parte de la duda sobre la calidad de
los activos? Sin duda, pero en parte también sobre la confianza en España, es decir, en parte sobre todo aquello que no se había hecho: reforma laboral, reducción del déficit público, pensiones, etcétera. En la última semana, desde el jueves -no
he visto las pantallas antes de salir- ha mejorado notablemente: de los 200 puntos básicos las bajamos a unos 180; la colocación de la deuda pública española; la evolución de las últimas semanas de la Bolsa, que también es un indicativo, menos
fiable porque es mucho más volátil. Por eso hay que ir en ese camino. En el momento en que España ha dicho que se toma en serio el déficit público, que va a reformar las pensiones, que va a hacer una reforma laboral, la gente ha empezado
inmediatamente a confiar.



Este país quiere resolver sus problemas, porque eso que nos están pidiendo los mercados es lo que nos viene bien para reducir los intereses, para tener una mayor productividad, para tener un mayor crecimiento; por tanto, no hay diferencia
entre lo que nos piden los inversores y lo que es bueno para este país. Eso está afectando a las entidades financieras, en la medida en que España vaya recuperando confianza. Cuando digo España digo el Gobierno, este Parlamento, las comunidades
autónomas, los partidos de la oposición, los sindicatos y los empresarios, el Banco de España y todo el mundo, que todo el mundo vea que todos somos absolutamente responsables y queremos resolver nuestros problemas.



Han hablado algunos comparecientes de la liquidez y del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está haciendo lo que tiene que hacer todo banco Central. Si hay unos bancos que son solventes y que tienen colateral adecuado pero los
mercados no funcionan adecuadamente, déme el colateral que yo le presto. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo estos días y estas semanas es hacer lo que debe hacer. ¿Pero eso deberíamos tenerlo permanente, tenerlo un año? No tiene sentido.
Lo que tenemos que buscar es que los mercados funcionen, porque si los mercados funcionan nuestros bancos no van al Banco Central Europeo, como ha pasado a lo largo de todos los años de la unión monetaria, en los que España tenía un 5 por ciento por
debajo de su clave. Si podía colocar y podía utilizar perfectamente los mercados, no lo necesitamos. El Banco Central Europeo actúa como debe actuar, que es suministrando no financiación, sino liquidez suficiente.



Voy a pasar a dar detalles sobre el FROB porque hay una serie de preguntas sobre esta cuestión. Hay una pregunta concreta del señor Sánchez i Llibre sobre la SEPA, le diré que la trasposición de la directiva corresponde más bien al
ministerio. Ahí hemos tenido como país continuos problemas, porque España tenía su modelo pero al meterse en Europa hay que llegar a una serie de acuerdos, y hay cosas que nos perjudican y cosas que nos benefician. En cualquier caso, en este
momento no sé cómo está ese punto en concreto en la trasposición. En cuanto al FROB, en este momento tenemos aprobadas por el Banco de España, la fusión de Catalunya, Tarragona, Manresa, que representa un 6 por ciento de los activos del sector, con
ayudas del FROB por valor de 1.250 millones; la de Sabadell, Terrassa, Manlleu supone un 2 por ciento de los activos y se ha llevado 380 millones del FROB; la fusión de Caja España, Caja Duero supone un 3,7 por ciento de los activos totales -estoy
hablando de las cajas de ahorro- con ayudas que ascienden a unos 525 millones. Por otro lado, tenemos aprobadas algunas por la Comisión Ejecutiva del Banco de España que no han pedido ayudas, como la de Navarra, General de Canarias y Municipal de
Burgos, SIP que supone un 3,6 por ciento de lo que queda de los activos totales, y la fusión de Unicaja, Jaén que asciende al 2,8 por ciento; estas dos sin ayudas. Y en fase de autorización tenemos cuatro con ayudas del FROB y tres sin ayudas del
FROB. Las cuatro con ayudas del FROB son: CAM, Caja Astur, Cantabria, Extremadura, etcétera, que es un SIP, que supone el 9,9 por ciento de los activos cuyas ayudas oscilarán en el orden de 1.400 millones; Caixa Nova, Banco Gallego, Galicia, que
representa un 6 por ciento con ayudas que representarán 1.100 millones del FROB, y digo representarán porque todavía no está autorizado; la de Madrid, Bancaja, Banco Valencia, Layetana, Insular de Canarias, Ávila y Segovia es una fusión que supone
el 26,3 por ciento de los activos del sector, con ayudas que superarán los 4.000 millones por la entidad de la operación, y la de Murcia, Penedés, Sa Nostra, Granada, supone un 5,6 por ciento de los activos con ayudas que no llegan a 1.000 millones
de euros.
Por otra parte, en fase de autorización tenemos tres sin ayudas, que son la de Caixa Girona, fusión que eleva al 20,3 por ciento de los activos, la de Caja Sol con Guadalajara, fusión que supone el 2,4 por ciento y la anunciada ayer de
Inmaculada, Burgos, Badajoz, SIP que supone el 1,6 por ciento, estas también sin ayudas. Por tanto, así es como está y cómo ha quedado cerrado.



Otra de las dudas permanentes son los SIP. Nosotros creemos que los SIP, con las condiciones que el Parlamento puso y que nosotros hemos aplicado, no se pueden deshacer en diez años y fusionan absolutamente todo lo central; son tales las
condiciones y la dinámica de lo que se pone en común que es difícil pensar que eso pueda ser reversible; en cualquier caso, lo veremos dentro de diez años. ¿Qué ventaja tiene el SIP? Que ha facilitado los acuerdos y que ha logrado algo que un
buen comer


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ciante haría, y que es mantener las marcas regionales, lo cual no es ninguna tontería. Por tanto, uno mantiene las marcas regionales y, sin embargo, hacia dentro actúa absolutamente con una centralización extraordinaria. Yo creo que es una
idea profundamente ingeniosa, nacida en España a partir de distintos consultores y que ustedes mismos han llevado a la realidad.



Acabo con otras cuestiones, como el endeudamiento. Señorías, siempre mirando hacia atrás se puede pensar que se podía haber hecho más, pero cuando uno compara, por ejemplo, con esos tres países que he mencionado -Irlanda, etcétera-, vemos
que el sistema financiero español ha aguantado porque se tomó la idea de las provisiones genéricas. Por tanto, a lo mejor debió hacer algo más, pero evidentemente hizo más que muchos otros, y ahora en la revisión que se está haciendo de toda la
legislación internacional no solo se está copiando -entre comillas- la provisión dinámica sino que se está yendo mucho más allá en buffers de capital, etcétera. Con esto es con lo que quería acabar, que son algunas referencias que se han hecho a la
normativa internacional, etcétera. Se ha hablado de remuneraciones, de agencias de calificación, y me preguntaban qué pienso que está haciendo España, el Gobierno y nosotros, que estamos ayudando en la parte que nos corresponde, puesto que yo estoy
en el Financial Stability Board. Pues bien, estamos trabajando en la línea de construir una normativa internacional común y que todos apliquemos. No tiene sentido montar normativa de remuneraciones a los banqueros para que cada uno haga una cosa.
Vamos a ponernos de acuerdo para impedir que asuman excesivos riesgos y aplicarlo luego a España, y eso es lo que estamos haciendo absolutamente en todo. Lo mismo ocurre con las agencias de calificación; no tiene sentido que España, ni Europa,
tome una decisión, sino que realmente tomemos una decisión global sobre la exigencia de que no haya conflictos de interés, la remuneración, etcétera, que es lo que se está discutiendo. En ese sentido las ESRB y el ESA siguen su camino; su
discusión se encuentra en este momento en el triálogo entre Parlamento, Comisión y Consejo.



Respecto a los impuestos a los bancos, les voy a dar mi opinión. Se piensa en los impuestos porque, como los bancos extranjeros -los españoles no- han hecho un daño inmenso al traernos toda esta crisis, ahora tienen que pagar algo, y con
eso estoy absolutamente de acuerdo; es decir, que a partir de ahora los bancos aporten su parte a la solución de los problemas. En lo que no estoy de acuerdo es en que eso tenga que ser a través de un impuesto en lugar de gastarse ese dinero en
evitar que se produzcan accidentes. Hemos visto lo que ha ocurrido con los grandes bancos -hemos visto cómo caían los americanos- y mi idea es que esto es como un accidente nuclear; a todo el mundo le han llegado caídas del producto bestiales,
porque las cantidades han sido tremendas, etcétera.
Entonces, ¿qué hacemos ante eso?, ¿ponemos un impuesto a las centrales nucleares para luego pagar a las víctimas del accidente o nos gastamos ese dinero en poner los medios para que no se
produzca el accidente? Yo lo tengo clarísimo: todo el dinero del mundo para que no haya accidente, porque luego ya sacaremos de donde sea para pagar a las víctimas. Lo importante es que las exigencias de capital, de liquidez, de buffers, de
evitar la prociclicidad, cuestan mucho dinero. Habrán visto ustedes que la Asociación de Bancos Internacionales está levantando las manos diciendo que esto es terrible. Esa es mi opinión, pero podría ser que los demás líderes en Toronto se
pusieran de acuerdo en otro sentido, a pesar de que saben que hay algunos que no están de acuerdo, como los canadienses, etcétera. En mi opinión, es mejor gastar el dinero en evitar los accidentes que en pagar a las víctimas, y esta es la razón
fundamental por la que tengo un cierto escepticismo respecto al impuesto, porque al final no me resuelve el problema fundamental que tenemos que evitar.



Presidente, si me permite paso a contestar a las preguntas del señor Aguirre, aunque no pertenezcan al marco de esta Comisión, ya que no tengo ningún problema en hacerlo. Respecto al expediente de Caja Castilla-La Mancha, tengo que decir
que en efecto se ha enviado al ministerio, pero es el ministerio el que tiene que decidir y, por tanto, no voy a dar ninguna otra indicación más de lo que debe decidir la vicepresidenta.



En cuanto al Tribunal de Cuentas, pienso que tenemos una excelente relación -si no es así, que venga el presidente del tribunal y lo desmienta- y le hemos ido dando prácticamente todo lo que ha pedido, excepto lo relacionado con la CIR,
donde la normativa y nuestra interpretación del derecho dicen que no se puede dar un dato si el titular no da la autorización.



Por tanto, si esto es un Estado de derecho, nosotros tenemos que cumplir eso. Nuestra sugerencia siempre ha sido que el Tribunal de Cuentas haga lo que se hizo en 1994, cuando el Tribunal de Cuentas dijo -no recuerdo si a los partidos o
cuál era el precedente- que se autorizara a que el Banco de España diera la información. El Banco de España la dio inmediatamente. La duda sería si el Tribunal de Cuentas lo pidiera y los titulares dijeran que no, pero es que no pueden porque
cualquier titular que ha recibido una subvención tiene la obligación de proporcionar la información al Tribunal de Cuentas. Por tanto, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Son estas cosas de relaciones entre instituciones, donde cada uno piensa
que tiene que aplicar el derecho. En esta situación estamos.



Si me permite concluir brevemente, insisto en que estamos en un momento dificilísimo, complicadísimo, que está mejorando esta semana. La selección de los temas -reforma laboral, pensiones, déficit y reestructuración de la próxima ley de
cajas- va en la línea correcta de lo que le viene bien al país y de lo que los inversores están pidiendo.
Esto -es muy importante- va a dar confianza y, de la misma forma que la pérdida de confianza tiene efectos negativos y es un círculo vicioso,
si conseguimos todos como país dar confianza,


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veríamos cómo inmediatamente la situación empezaría a mejorar notablemente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor gobernador. Gracias a todos los grupos por renunciar a una segunda ronda de intervenciones, puesto que vamos muy mal de tiempo. Pasaremos inmediatamente al tercer punto del orden del día. Mientras,
despedimos al compareciente. (Pausa.)


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS
POSTALES, Y 29/1998, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. (Número de expediente 121/000079.)


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS
POSTALES, Y 29/1998, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. (Número de expediente 121/000079.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos a debatir el proyecto de ley. Las enmiendas presentadas, en este orden, eran en primer lugar las del Grupo Mixto, señora Díez, que no está. Por tanto, decaen estas enmiendas. El segundo grupo de enmiendas,
por el orden en que han sido presentadas y, por tanto, el que marca el orden de intervenciones, son las del Grupo Catalán.



Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Quedan vivas para este debate cinco enmiendas -36, 37, 39, 40 y 41- que van en la dirección, en primer lugar, de adecuar el ámbito del recurso de nulidad y del recurso especial; en segundo lugar, incluir la
competencia del órgano competente autonómico para la resolución del recurso especial contra los actos descentralizados del Consejo General del Poder Judicial. La enmienda número 39 va en la dirección de prever que en los procesos de adjudicación de
contratos públicos el precio deberá incluir el IVA, especialmente en procedimientos en los que usualmente concurran licitadores exentos del mismo, así como adecuar el inicio del cómputo desde el día de la remisión de la notificación de la
adjudicación y no desde el día de la recepción.
Finalmente, la enmienda 41 va en la dirección de incluir que la presentación del escrito de interposición del recurso también pueda realizarse ante el órgano de contratación, como prevé el proyecto de
ley en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas son las cinco enmiendas que quedan vivas para este debate.



El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir al representante del Grupo Popular, señor Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Hemos transado algunas enmiendas en la ponencia, tal y como consta en el dictamen, y mantenemos vivas para el trámite de la Comisión las enmiendas números 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17 y 18. (Pausa.)


El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado, señor Ayala?


El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, sí.



El señor PRESIDENTE: Creía que estaba ordenando los papeles.



El señor AYALA SÁNCHEZ: He dicho y 18.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, disculpe. Ha sido una torpeza mía.
Por educación, le estaba dando este tiempo creyendo que estaba ordenando algo para su intervención. No sabe lo que le agradezco haberme equivocado y haber sido tan
torpe por mi parte.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Perdón, señor presidente, no sabía si tenía que realizar toda la intervención o solo señalar qué enmiendas manteníamos.



El señor PRESIDENTE: Era toda la intervención.



El señor AYALA SÁNCHEZ. Discúlpeme, señor presidente, porque creía que estábamos en un trámite solo de mantenimiento y no de hacer la exposición del Grupo Parlamentario Popular sobre el contenido de la ley que debatimos esta mañana.



El señor PRESIDENTE: Ahora lamento haberle sacado de su error. (Risas.)


El señor AYALA SÁNCHEZ: Para nuestro grupo parlamentario la trasposición de la Directiva 2007/66 de


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la Comisión Europea tiene su trascendencia en cuanto al cumplimiento por parte del Reino de España de lo que era la posible falta de independencia de los órganos que tengan que revisar el contrato especial de nulidad de las adjudicaciones,
tanto en los contratos del sector público como en los contratos que celebren las entidades contratantes, los denominados contratos subvencionados de agua, energía, transportes y servicios postales. Nos parecía importante. El Grupo Popular ha
mantenido una serie de enmiendas que no hemos alcanzado a transaccionar en la ponencia, y quería hacer una brevísima referencia a las mismas, ya que así me lo sugiere la Presidencia. Algunas de nuestras enmiendas tienen solo una motivación de
mejora técnica y otras en el ámbito del régimen de invalidez en los contratos en cuyos grupos de enmiendas sí que hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista. Pretendíamos la incorporación de unas enmiendas que dieran un nuevo impulso a las
nuevas tecnologías a la administración electrónica, que la ley de 2007 ya fue bastante sensible a ellas, pero no del todo y, sobre todo, no adaptándose a las circunstancias actuales, que son las que motivan nuestras enmiendas números 12 y 14. La
cuestión en la que más disentimos del Gobierno y del Grupo Socialista, y por eso hemos mantenido dichas enmiendas, es la que se refieren al órgano de resolución de recursos.



Esta mañana se nos ha planteado una enmienda transaccional, que ya adelanto que el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente, que se sustenta en la número 23 del Grupo Socialista, en relación con la distinción entre lo que sean
los órganos propios de las Cortes Generales para la resolución de estos recursos de nulidad y los que tengan que funcionar en los ámbitos del resto de poderes del Estado. Ahí es donde hemos creído que hubiera sido necesario no crear el tribunal
especial para los recursos de contratación sino utilizar alguno de los órganos que ya existen y que pudieran garantizar la suficiente independencia, que es la condición exclusiva que está imponiendo la directiva europea. Por tanto, creemos que no
es lo más oportuno -por esa razón hemos mantenido las enmiendas- que se cree ese órgano especial, y que se utilizara, bien el TEAC, como se introdujo en el anteproyecto a instancias del Gobierno o, por qué no, como el Consejo de Estado había
señalado, que el mejor procedimiento podía ser una sección especial de los tribunales contencioso-administrativos. Entendemos que debe darse la suficiente agilidad, pero no que esa agilidad sea a cambio de la creación de un nuevo órgano para un
volumen de actuaciones que podemos presumir de recursos de contratos normalizados o de los contratos subvencionados, que difícilmente alcanzarán una cuantía lo suficientemente gruesa como para justificar la creación de ese órgano. Por tanto, señor
presidente, creemos que otro procedimiento hubiera sido más adecuado, y es la única razón por la que mantenemos esa enmienda. No obstante, tengo que señalar que nuestro voto será positivo para el conjunto del proyecto de ley y anunciamos la total
identidad con algunas de las cuestiones que han sido recogidas en la ponencia, en concreto con la transaccional a la número 23 del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Batet.



La señora BATET LAMAÑA: El gran esfuerzo regulatorio de actualización y también de adaptación a la normativa europea en materia de contratos del sector público se hizo en la anterior legislatura, aprobando las dos leyes que hoy se
modifican, la Ley 30/2007 y la Ley 31/2007, de 30 de octubre. La primera, de contratos del sector público y la segunda, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Aun así,
parecía que ambas leyes no acababan de adaptarse a una nueva directiva de 2007, que, a su vez, modificaba dos directivas anteriores de 1989 y 1992. Para evitar las posibles sanciones que la Unión Europea pueda aplicar a España por valorar el
incumplimiento en esta buena trasposición de las directivas citadas, debemos hacer la adaptación a esta nueva Directiva 2007/66 lo antes posible. Por ello, el proyecto de ley ha entrado a la Cámara en trámite de urgencia, que es en el que estamos
viéndolo hoy en la Comisión de Economía. El proyecto se ciñe exclusivamente al contenido exigido por las normas europeas, a las que ahora haré referencia. El Grupo Parlamentario Socialista ha seguido un criterio que en algunos casos no tendría por
qué haber sido tan estricto, pero nos ha parecido oportuno no apoyar ninguna enmienda que escapara del ámbito que pretende modificar este proyecto de ley. La idea era no introducir ninguna otra cuestión que no fuera estrictamente la propuesta por
el proyecto de ley.



Quiero poner en valor la buena predisposición de todos los grupos parlamentarios para consensuar y apoyar este proyecto, especialmente la del Grupo Parlamentario Popular. Agradecemos que hayan sido conscientes de la necesidad y de la
urgencia que apremia la aprobación de este proyecto de ley y que se hayan adaptado al ritmo que alguna vez ha podido ser un poco frenético en las tramitaciones legislativas.



Las principales novedades que introduce este nuevo proyecto de ley son tres. En primer lugar, se establece un nuevo régimen de adjudicación refundiendo en un solo acto la adjudicación profesional y la adjudicación definitiva, algo que
formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico y que ahora desaparece, en segundo lugar, la previsión por virtud de la cual la perfección del contrato se anuda a su formalización; y finalmente, como consecuencia de estas dos novedades ya
introducidas, se establece la regulación de un nuevo recurso a un órgano independiente, tal y como exige la directiva europea, para poder presentar un recurso entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato; algo inédito, como he dicho,
en nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto de ley opta, efectivamente, como decía el señor Ayala, por


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la creación de un nuevo tribunal, el que se conocerá como tribunal administrativo central de recursos contractuales.



Después de haber estudiado con detenimiento las distintas opciones que el Gobierno tenía a la hora de presentar este proyecto de ley, se llega a la conclusión de que esta es la mejor opción. Había una opción a), que era trasladar esta
competencia de resolución de este nuevo recurso a un órgano jurisdiccional. Parecía que cumplía perfectamente con la independencia. Seguramente lo haría con mayores garantías porque estamos hablando de otro poder del Estado, del Poder Judicial,
pero tenía el problema práctico de que son recursos que deben resolverse con premura de tiempo, de forma muy inmediata, y esto no lo podía garantizar nuestra jurisdicción contencioso-administrativa. Había una opción b), que era atribuir la función
de este nuevo tribunal a algún otro órgano ya existente en la Administración. Podía ser la junta consultiva, como propone alguna enmienda del Grupo Popular, o podía ser algún otro tribunal existente como el TEA, el Tribunal
Económico-Administrativo.
Esto presentaba algunos problemas de independencia o podía suponer algún problema de valoración de la independencia del tribunal que resolviera el recurso, pero el Gobierno y el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno
pensó que podía recibir las críticas de Bruselas, de la Comisión Europea y por tanto que la Unión Europea considerara que España no acababa de respetar la directiva que nos mandata un órgano independiente en cualquier caso. En segundo lugar,
exigía, en todo caso, cambiar la naturaleza jurídica de alguno de estos órganos; por ejemplo, si se lo atribuyéramos a la junta consultiva habría que cambiar su regulación porque en estos momentos es un órgano dependiente jerárquicamente de la
Administración General del Estado. También había problemas de especialización, teniendo que crear en cualquier caso secciones específicas dentro del marco o de la junta consultiva o del TEA que conocieran el recurso especial en materia de
contratación que prevé esta nueva regulación. Por todo ello parecía que la opción c), que finalmente es la que incorpora el proyecto de ley y que a mí me gustaría defender hoy en este trámite en la Comisión de Economía, consistente en crear un
órgano independiente ex novo configurado ya para que cumpla escrupulosamente con las exigencias europeas, parece lo más adecuado. Es un órgano que se prevé que tenga un presidente y tres vocales. En este sentido, el Grupo Socialista presentó una
enmienda para reducirlo de tres a dos vocales. Esta enmienda tiene una doble virtud, desde nuestro punto de vista, porque, en primer lugar, reducimos su composición y por tanto en términos presupuestarios y económicos es favorable, máxime teniendo
en cuenta la coyuntura en que nos encontramos, y en segundo lugar, provoca automáticamente que la composición de este tribunal sea de número impar, cosa que nos parece adecuado al hablar de un órgano que tiene que resolver recursos. Además, es un
órgano nombrado por el Consejo de Ministros, no por orden ministerial, como pasa con los vocales de otros órganos administrativos, lo cual da una mayor garantía de independencia y de consenso en el Gobierno.



El artículo 311 exige una serie de características que desde nuestro punto de vista también redondean este carácter independiente. Hay una exigencia de que sea un funcionario con más de quince años de ejercicio; es un órgano inamovible,
previendo las causas tasadas para removerlo; y se establece un mandato de seis años no prorrogables. Creemos, por tanto, que esta opción cumple con el mandato europeo, cosa que es muy importante si no queremos ser sancionados como país, y
económicamente consideramos que no supone más gasto que cualquiera de las otras dos opciones que hemos comentado.



Respecto al contenido, queremos destacar que en este proyecto de ley hay un escrupuloso respeto de la distribución competencial existente y marcada por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, es decir, el bloque de constitucionalidad.
Las comunidades autónomas pueden crear un tribunal específico, con la condición de que en todo caso este sea también independiente, que es el mandato que viene dado por Europa. Nos parece más adecuado no establecer condicionantes respecto a este
órgano autonómico, como proponían por ejemplo las enmiendas 2 y 3 de UPyD, o la 8 del Grupo Popular, ya que incluso puede que por el volumen de contrataciones, y en consecuencia la previsión de recursos, sea tan reducido el número de recursos
interpuestos que las comunidades autónomas decidan no constituir un órgano análogo ni colegiado ni en forma de tribunal, sino que sea por ejemplo un órgano unipersonal. Nos parecía que en este caso no condicionar en exceso a las comunidades
autónomas les permitía tener una mayor adaptabilidad al volumen de recursos que potencialmente se les pueda presentar contra los contratos celebrados. En esta misma línea me parecen destacables las enmiendas transadas con la enmienda 9 del Grupo
Popular y la 38 de Convergència i Unió. También valoramos positivamente la enmienda 10 del Grupo Popular que hemos negociado y en la que se prevé la posibilidad de aplicar una multa si se aprecia mala fe o temeridad por parte del recurrente. Con
ello se desincentiva la interposición de recursos sin un mínimo de justificación y por tanto nos parece especialmente relevante en la medida en que la interposición del recurso supone la suspensión automática del contrato.



Finamente, tal y como ya ha anunciado el señor Ayala, quiero presentar una enmienda transaccional a la única enmienda viva del Grupo Socialista, la número 23, que no introdujimos en ponencia y que va referida al artículo 311. Esta enmienda
transaccional pretende resolver con la mayor precisión posible la separación de poderes y por tanto reafirmar la autonomía reconocida en la Constitución que tienen las Cortes Generales como Poder Legislativo en esta materia cuando habla de la
autonomía presupuestaria, organizativa y de funcionamiento. En este sentido, querríamos suprimir el último inciso del apartado 1 del artículo 311 para llevar precisamente la regulación a la disposición adicional tercera


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ya existente en la Ley de Contratos, en la Ley 30/2007, donde se hace referencia a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y al Senado. Hemos pasado copia a todos los grupos parlamentarios, todos ustedes la conocen y por tanto
espero que puedan apoyarla sin problemas.



En definitiva, para terminar, me parece importante destacar que con la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso damos un paso importante en la homologación con los otros Estados miembros en materia de contratación y damos un paso
positivo en cuanto a la integración de España en la Unión Europea y por tanto con todos los Estados miembros, cosa que para este grupo parlamentario siempre es motivo de satisfacción.
(El señor Ayala Sánchez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, una cuestión formal. La aceptación por nuestra parte de la enmienda transaccional número 23 establece una contradicción con un párrafo de nuestra enmienda 7 que hemos mantenido. Queríamos retirar
del apartado 1 de nuestra enmienda número 7 al artículo 311 el último punto y seguido, que comienza en este órgano y termina en Defensor del Pueblo, por ser contradictoria con lo que acabamos de aceptar.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su aclaración, que nos facilitará las votaciones, que aunque estaban anunciadas para la una y media, a ver si es posible que las adelantemos llamando a los diputados de los respectivos grupos
parlamentarios. (Pausa.)


Parece que estamos ya en condiciones de votar.



En primer lugar, hemos de someter a ratificación la ponencia. ¿La entendemos ratificada? (Asentimiento.) Así constará.



Votaremos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.
Las votamos todas en bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos en primer lugar las enmiendas número 5 y 14.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votaremos a continuación la enmienda número 7, en los términos que nos ha aclarado el ponente del Grupo Popular, así como las números 17 y 18.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas números 8, 12 y 13 del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la enmienda transaccional a la número 23 del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Por último, votamos el texto del informe.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta minutos de la tarde.