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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 573, de 16/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 573
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 16 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias (Gallizo Llamas), para explicar:
- Los motivos que han originado la destitución de los tres máximos responsables del centro penitenciario de mujeres de Alcalá-Meco, Madrid-I. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/001062.) ...
- Las circunstancias que han provocado la destitución del director de la prisión de mujeres Madrid I, en Alcalá-Meco. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001066.) ...
- Las actuaciones en relación con los hechos ocurridos en el centro penitenciario Madrid I. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001067.) ... (Página 2)
- La situación actual del colectivo de funcionarias de prisiones de la escala básica femenina en las prisiones españolas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000874.) ...
- El malestar de los sindicatos de Instituciones Penitenciarias con las políticas de su secretaria. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000929.) ... (Página 21)
Preguntas:
De la diputada doña María del Carmen Guerra Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Número de plazas de ayudantes de Instituciones Penitenciarias de la oferta pública que corresponde al nuevo centro penitenciario de Gran Canaria. (Número de expediente 181/002552.) .... (Página 31)
- Cifra de reclusos en el centro penitenciario del Salto del Negro, en Gran Canaria. (Número de expediente 181/002555.) ... (Página 31)
- Número de varones recluidos en el centro penitenciario del Salto del Negro, en Gran Canaria. (Número de expediente 181/002556.) ... (Página 31)
- Número de reclusos existentes en el módulo de jóvenes (de 18 a 23 años) del centro penitenciario del Salto del Negro, en Gran Canaria. (Número de expediente 181/002557.) ... (Página 31)
- Número de mujeres reclusas existentes en el centro penitenciario del Salto del Negro, en Gran Canaria. (Número de expediente 181/002558.) ...
(Página 31)
Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Cincuenta y una preguntas sobre actuaciones del Ministerio del Interior en relación con el Plan español de empleo para el estímulo de la economía y el empleo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/076368).
(Número de expediente 181/002910.) ... (Página 36)
- Veintinueve preguntas sobre actuaciones del Ministerio del Interior en relación con el Plan español de empleo para el estímulo de la economía y el empleo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/076509). (Número de
expediente 181/002911.) ... (Página 36)
Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (GALLIZO LLAMAS), PARA EXPLICAR:
- LOS MOTIVOS QUE HAN ORIGINADO LA DESTITUCIÓN DE LOS TRES MÁXIMOS RESPONSABLES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES DE ALCALÁ-MECO, MADRID I. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/001062.)
- LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN PROVOCADO LA DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA PRISIÓN DE MUJERES MADRID I, EN ALCALÁ-MECO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001066.)
- LAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO MADRID I. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001067.)
- LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COLECTIVO DE FUNCIONARIAS DE PRISIONES DE LA ESCALA BÁSICA FEMENINA EN LAS PRISIONES
ESPAÑOLAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000874.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Interior para ver el orden del día que todos ustedes conocen. Tenemos con nosotros a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, a la que le damos la
bienvenida a esta Comisión de nuevo, para sustanciar diversas comparecencias y también algunos bloques de preguntas. Como saben hemos acordado que las comparecencias que figuran como puntos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, que son de temas similares, serán
tratadas todas ellas conjuntamente y después pasaremos a ver otra comparecencia que no tiene que ver con estos puntos. Para iniciar el orden del día con estas cuatro comparecencias, que son del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Parlamentario
Popular, a petición propia del propio Gobierno, y otra del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Mercedes Gallizo.
La SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Hay cuatro comparecencias que se sugiere que hagamos juntas, voy a citar las tres primeras, que sí que son sobre el mismo tema, en un apartado y la cuarta, en otro
apartado, porque, al menos en mi opinión, no tiene relación una cosa con la otra, pero eso lo determinaremos en el curso de la intervención, pero lo que quisiera hacerlas separadamente. Como ha dicho la presidenta, comparezco en esta Comisión, a
petición propia y también a petición de los grupos, para informar, en primer lugar, de los acontecimientos ocurridos en el centro penitenciario Madrid I y de las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Mi
comparecencia en este caso va a tocar tres aspectos.
En primer lugar, les informaré sobre los hechos conocidos; en segundo lugar, sobre las medidas adoptadas y, en tercer lugar, haré algunas observaciones generales sobre este lamentable asunto.
Antes de entrar en lo concreto, me permitirán ustedes que haga una pequeña consideración. Ya sé que la normalidad y el trabajo bien hecho no son nunca noticia y que lo noticioso es lo excepcional, pero en no pocas ocasiones la lupa que se
pone sobre lo excepcional lo agranda y acaba transmitiendo una visión equívoca de la realidad. En este caso del que vamos a ocuparnos, esa lupa sobre hechos puntuales ha hecho que algunas personas se hagan una idea injustísima sobre los
funcionarios que trabajan en esta institución, cuya honorabilidad y buen hacer yo defenderé siempre. Muchos funcionarios se han sentido dolidos -creo que con razón-, porque se han dicho muchas cosas inexactas e inciertas, porque se han dado por
buenas informaciones y denuncias hechas desde el anonimato en las que, sin ningún pudor, se ha identificado a varias personas atribuyéndoles comportamientos inadecuados e incluso delitos.
Señorías, los instrumentos de la Administración para
detectar y sancionar las actitudes o conductas impropias funcionan bien y nos dan a todos la garantía de que se actúa, no por despecho, por venganza o por interés, sino de acuerdo con la legalidad. Por otro lado, la atenta mirada de los jueces de
vigilancia, del Defensor del Pueblo y de las más de 500 organizaciones no gubernamentales, que diariamente trabajan en las prisiones, son mecanismos añadidos de control a un sistema que también se controla, a sí mismo, a través de la inspección.
Como ya he dicho en otras ocasiones en relación con este asunto, soy inflexible con comportamientos impropios de una Administración, que no solo debe hacer correctamente su trabajo, sino que además debe de dar ejemplo a las personas a las que
debemos reeducar. No hemos tolerado ni vamos a tolerar que nadie abuse de su puesto o de su cargo. Me parece de lo más despreciable, pero, con la misma firmeza, les manifiesto mi defensa de un colectivo que no se merece que se le juzgue por el
comportamiento individual de nadie.
Para entrar en los hechos, me basaré en los informes de la Inspección Penitenciaria y distinguiré lo que son hechos probados y lo que son posibilidades que aún se están investigando. Los hechos, señorías, son los siguientes. Se trata, en
todo caso, de dos hechos diferenciados en el tiempo y que afectan también a diferentes personas. El primero de ellos se produjo el 31 de diciembre de 2009, que consistió, como hecho probado, en que un funcionario, en la mañana de este día, del 31
de diciembre de 2009, se ausentó de su puesto de trabajo en reiteradas ocasiones, desatendiendo sus funciones profesionales, saliendo del establecimiento sin autorización alguna para ello y adquiriendo bebidas alcohólicas que introdujo en el mismo
para consumirlas con distintas internas; que eludió los sistemas de control horario del establecimiento, además de permitir el acceso a distintas internas hasta el interior de la oficina del portón, conculcando las más elementales medidas de
seguridad y la nota de dirección al respecto, y que, el día 6 de enero de 2010, este mismo funcionario faltó al respeto e injurió a una funcionaria de servicio, en el módulo A 2, de forma pública y notoria ante las internas del módulo, socavando con
su actitud la imagen y prestigio de sus compañeros, del centro y de la institución. También se ha constatado, producto de esta investigación que todavía está abierta, que un grupo reducido de internas mantenía una relación de excesiva confianza con
un pequeño número de funcionarios, transgrediendo los límites que deben regir la relación entre los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y los administrados internos en el establecimiento.
El segundo hecho tuvo lugar en la noche del 4 al 5 de abril de 2010. Como hecho probado también, les relataré que, durante el servicio de noche del día 4 de abril de 2010, el funcionario de servicio en el módulo B 3 abrió las puertas de dos
celdas, las números 3 y 5, sin la presencia del jefe de servicios, como es preceptivo, y sin la concurrencia de causas suficientemente justificadas. Además, posteriormente abrió las celdas de las dos
internas encargadas del economato del módulo, despertándolas, tanto a ellas como a sus compañeras de celda, sobre la una del día 5 de abril, al objeto de adquirir productos de economato, lo que supone perturbar el descanso nocturno de las
internas, con el único objetivo de satisfacer una apetencia personal, ajena por completo al servicio, sabiendo que su prevalencia jerárquica impediría a las internas negarse a ello. Existe también una alta posibilidad de que se mantuvieran
relaciones impropias con las internas en la celda número 3, durante el horario nocturno, con la concurrencia de personas distintas a la interna que ocupa esa celda.
Estos son los hechos constatados hasta ahora, aunque, como les he dicho, sigue su curso la investigación completa sobre los mismos. De esta investigación, que se está desarrollando con rigor y minuciosamente, cuando concluya, se deducirán
las responsabilidades a que hubiera lugar y les garantizo que se tomarán todas las decisiones que la normativa permite respecto de quienes resulten responsables de conductas que no vamos a tolerar.
Para referirme ya a las medidas adoptadas por esta secretaría general, debo hacer una cronología del momento en que las informaciones llegan a los órganos de dirección de Instituciones Penitenciarias, en sus diferentes niveles, y qué medidas
y cómo se van adoptando para esclarecer los sucesos, en primer lugar, para corregirlos, en segundo lugar, y, por último, para evitar que vuelvan a suceder hechos similares en el futuro.
Desde finales del año 2009 se venían recibiendo algunos
comentarios sobre situaciones irregulares, que supuestamente se producían en el centro penitenciario Madrid I, aunque sin mediar ninguna denuncia concreta sobre ellas. Pasamos al incidente del 31 de diciembre de 2009. El 20 de enero de 2010, el
director del centro Madrid I remite a la inspección el escrito en el que se recoge la denuncia de una funcionaria y el informe del jefe de servicios sobre los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2009, sin ninguna valoración personal sobre los
mismos, pero sí haciendo constar que remite el escrito a la inspección porque así lo ha pedido la funcionaria. La referida documentación se entrega al inspector de zona, a fin de que realice unas averiguaciones preliminares sobre el comportamiento
de un funcionario, con el que la denunciante compartió servicio el día 31 de diciembre de 2009, que concluye con la propuesta de instrucción de la oportuna información reservada, por encontrar indicios de que los hechos pudieran tener suficiente
trascendencia por su gravedad; son los hechos a los que me referí en primer lugar.
A mediados de febrero, la jefatura de área de la inspección y el inspector, que posteriormente instruiría la información reservada, mantienen una entrevista con trabajadores del establecimiento, que pone de manifiesto diversas
irregularidades en el funcionamiento del centro: falta de control horario de algún funcionario; permisividad en algunos ámbitos de la administración del centro; poco rigor en el control de los servicios por parte de algunos mandos; permisividad
en las relaciones entre algunos funcionarios e internas, que entendían que traspasaba la relación puramente profesional, y uso de alcohol en el interior del centro por algunos funcionarios, que en ocasiones compartían con internas. Se ordena la
práctica de la información reservada, al objeto de investigar la denuncia formal presentada por la funcionaria, al tiempo que los hechos denunciados, de manera informal, por los referidos trabajadores, por tratarse de hechos conexos. Como resultas
de la información reservada, se acuerda, el día 22 de abril, la incoación de expediente disciplinario y la suspensión de funciones al funcionario implicado en los hechos del 31 de diciembre de 2009. Este expediente todavía está abierto, se tomaron
medidas cautelares, pero el expediente todavía no está concluido.
El incidente de la noche del 4 al 5 de abril de 2010. El día 7 de abril el director del centro penitenciario Madrid I comunica por teléfono la incidencia que tuvo lugar la noche del día 4 de abril. Se le llama la atención por el retraso en
la comunicación y se le requiere para que remita urgentemente la documentación que obre sobre el asunto; ese mismo día la envía por correo electrónico. El mismo día 7 se inician las investigaciones con visita de inspección al centro penitenciario,
en la que se realizan entrevistas con funcionarios e internas, concluyendo dicha investigación, en una primera fase, con un informe que se emite el día 12 de abril. Ese mismo día, se acuerda la incoación de expediente disciplinario al funcionario
implicado y la suspensión provisional de funciones del mismo. Igualmente, la secretaria general -yo misma- mantiene una entrevista con trabajadores del centro que quieren relatarle algunas cuestiones relacionadas con estos hechos. El día 14 de
abril la inspección penitenciaria contacta con la fiscalía de Madrid y se le transmite la investigación que se estaba llevando a cabo, por si algunos hechos fuesen constitutivos de delito. El día 15 de abril visita el centro el jefe de área de la
inspección penitenciaria, manteniendo reuniones con los mandos del centro, con los jefes de servicios y con los representantes de los trabajadores. El 19 de abril se comunica el cese a parte del equipo directivo del centro de Madrid I -director,
subdirector de seguridad y administrador-, por considerar que no han obrado con la suficiente prontitud ni prestado la atención debida a un problema de esta envergadura. El día 23 de abril se entregaron todas las actuaciones a la fiscalía, tal como
nos había solicitado. Hasta aquí, señorías, los hechos y las decisiones tomadas. Por cierto, quiero reseñar que todas las decisiones fueron tomadas antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de estos hechos, que aparecieron por
primera vez publicados en un medio de comunicación el día 23 de abril.
Me permitirán una breve valoración y una consideración general acerca de los mismos. Ante todo, quiero reiterar mi más absoluto rechazo a este tipo de conductas; un rechazo que comparte la inmensa mayoría de los trabajadores de esta
institución. Se trata de conductas
de funcionarios públicos que olvidan el código deontológico de su profesión y se comportan de manera inaceptable y vergonzosa, haciendo daño a la institución, a sus compañeros y, desde luego, al Estado al que sirven. Más allá de las
responsabilidades ante la Administración de la que dependen y de las posibles consecuencias penales, si hubiese lugar, quiero dejar constancia del repudio que nos merecen. También quiero señalarles, como ya he manifestado, que estamos ante unos
hechos individuales, realizados por un grupo muy reducido de personas, y que es un grave error y una tremenda injusticia que se generalice y se identifique con ellos al conjunto de los profesionales que constituyen el basamento de esta institución y
que realizan su trabajo con dedicación, eficacia y honestidad. Más de 25.000 trabajadoras y trabajadores públicos, en su inmensa mayoría de un comportamiento irreprochable, no pueden ser confundidos con los poquísimos que se desvían de sus
obligaciones y caen en hechos de esta bajeza. Así lo han visto también los sindicatos del sector, que han manifestado, en un comunicado conjunto, su rechazo a este tipo de hechos y la exigencia de depuración de responsabilidades a que haya lugar,
apoyando expresamente la investigación de la secretaría general y de la inspección.
Por otra parte, quiero decirles que hemos actuado con rapidez, contundencia y firmeza, porque ni hemos tolerado, ni jamás vamos a tolerar, hechos de este tenor en nuestra institución. Asimismo, debo transmitirles que el deseo de firmeza no
está reñido con el rigor en la investigación, con el derecho a la presunción de inocencia y con la delimitación de funciones entre la Administración del Estado, con su campo de actuación, en este caso en el terreno de la investigación previa y de la
incoación de expediente, y el Poder Judicial, con sus propias vías de actuación para depurar las posibles responsabilidades penales, si las hubiese. Por tanto, el expediente está en marcha, la investigación va a proseguir hasta sus últimas
consecuencias y se han tomado medidas cautelares con las personas afectadas y también decisiones respecto a parte de un equipo directivo que, en nuestra opinión, no valoró adecuadamente la gravedad de los hechos ni actuó con diligencia y con
contundencia ante los mismos. Esto, señorías, tiene que ver, no con el cuestionamiento de la competencia profesional de estas personas ni, por supuesto, con su honorabilidad, sino con nuestro nivel de exigencia. Por esa razón, y por el impacto que
han causado los hechos descritos en el día a día del centro y en sus profesionales, hemos entendido que era adecuado que un inspector se hiciese cargo temporalmente de la dirección del centro. La medida ha contribuido a serenar los ánimos y a
facilitar que la investigación se desarrolle con todo rigor, de manera que podamos corregir cuantos comportamientos viciados se detecten. Los cargos directivos son de libre designación y es razonable que se estime que en una circunstancia
determinada haya personas que son más adecuadas que otras para desarrollar una responsabilidad. Insisto, esto no desacredita a estos profesionales, ya que todos ellos han prestado y siguen prestando servicios a la institución, aunque en este
momento no desempeñen tareas directivas.
He querido comparecer en sede parlamentaria, además de responder a la comparecencia que ustedes han planteado -yo misma planteé la necesidad de hacerlo-, porque creo que es mi deber, no solo explicar los hechos y dar cuenta de las
actuaciones que hemos desarrollado, sino también dar garantía a la sociedad de nuestra exigencia respecto de los valores éticos que deben presidir nuestra tarea y, desde luego, para defender el buen nombre de la institución penitenciaria y de todos
los que forman parte de ella y para requerir de todos mesura y respeto para quienes desarrollan con dignidad un trabajo tan delicado y tan fundamental para la sociedad como es el trabajo penitenciario. Esto por lo que se refiere a las
comparecencias señaladas en los tres primeros puntos. La presidenta me indicará si hago la intervención del cuarto punto a continuación.
La señora PRESIDENTA: Habíamos pensado que tiene connotación con lo anterior, por lo que si quisiera hacerlo todo, nos ahorraríamos una cuestión.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Si ustedes prefieren lo hago a que continuación. De acuerdo.
La señora PRESIDENTA: A la portavoz del Grupo Popular, que es la que ha presentado la iniciativa, le da igual y puede ser un poco más económico en el tiempo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Paso a continuación a informar a SS.SS. sobre la situación actual del colectivo de funcionarios de prisiones de la escala básica femenina, tal y como me ha sido
solicitado.
Antes que nada, quiero señalar que me sorprendió en su día que lo ocurrido en Madrid I se relacionase, de alguna manera, con la aplicación de la Ley de Igualdad. Como si un comportamiento individual rechazable pudiese encontrar amparo o
acomodo en la existencia de tal o cual ley o como si tuviésemos que discutir, a estas alturas de civilización, si los hombres y las mujeres pueden estar juntos sin que aquellos dejen de estar sujetos a instintos básicos. Los hechos ocurridos en
Madrid I son, como he explicado, hechos aislados protagonizados por funcionarios concretos, sobre los que ya han sido acordadas medidas cautelares de separación del servicio, y en modo alguno pueden vincularse tales hechos con la aplicación de
ninguna ley. Por otro lado, les diré que la prevención que se manifestaba, tanto en iniciativas parlamentarias como en requerimientos de algunas funcionarias, era sobre la reacción que iban a tener los internos por la presencia de mujeres
funcionarias en módulos masculinos, nunca sobre la reacción de los propios funcionarios o funcionarias, como es obvio. Respecto a esta cuestión, a la de la incidencia que han
tenido en los internos y a la reacción de los mismos ante esta nueva situación que se produce a partir de la unificación de escalas, debo indicarles que no ha habido en estos tres años incidencias destacables con motivo de la nueva
situación, como después les detallaré.
Acerca de la incorporación de la mujer en condiciones de igualdad a los servicios de vigilancia en las instituciones penitenciarias, hay que decir, en primer lugar, que este hecho es una realidad desde hace años en los países en nuestro
contexto cultural y sociopolítico. No se está haciendo nada nuevo ni nada que no tenga el respaldo de la experiencia tanto de otros países como el nuestro propio país, como es el caso de Cataluña. No estamos realizando experimentos ni somos, desde
luego, vanguardia de nada en este caso, estamos aplicando experiencias sólidas y contrastadas desde hace muchos años. Este camino, el de la igualdad a todos los efectos, lo vienen transitando todos los servicios públicos en nuestro país desde hace
muchos años en ámbitos similarmente sensibles al penitenciario, como son las fuerzas de seguridad o, en otro sentido, los servicios sanitarios desde hace mucho más tiempo; les recuerdo que hasta hace poco las mujeres estaban sometidas a una mayor
selección en el acceso para un mismo trabajo. Pero no sólo por esta razón de justicia igualitaria se han incorporado funcionarios mujeres a las tareas de vigilancia de internos hombres, o como consecuencia de la desaparición de las escalas y de la
mayor incorporación de funcionarias de vigilancia a nuestras plantillas, sino que también se ha hecho como parte de una cultura penitenciaria de abordaje y resolución de conflictos en la que la fuerza física no es determinante, si es que pudiese
demostrarse que todas las mujeres son menos fuertes que todos los hombres; una cultura en la que las mujeres tienen mucho que aportar por su manejo tradicional de habilidades sociales que hoy cada vez son más compartidas por todos, por hombres y
mujeres. Mucho antes que nosotros, como les decía antes, anularon la diferenciación de escalas países como Francia, desde el año 2000; Inglaterra, desde al año 2001; Bélgica, desde el año 2000; Austria, desde hace más de diez años; Suecia,
Países Bajos, Dinamarca, etcétera.
En nuestro país, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, las mujeres trabajan en prisiones de hombres, y viceversa, sin diferenciación de escalas desde 1991-1992, sin que en todo este periodo se haya registrado
ningún incidente relevante. Para abundar en los ejemplos diré que en Francia de las 2.900 funcionarias de vigilancia, 2.100 trabajan en prisiones con hombres detenidos; en Suecia, en algunas prisiones de hombres más de la mitad del personal son
mujeres; en algunas prisiones de Bélgica la proporción de mujeres alcanza el 40 por ciento. Todo esto en países, señorías, donde la proporción de la población reclusa femenina es muy inferior a la española, ya que en nuestro caso se mueve en
cifras del 8 por ciento y en el caso de estos países en torno al 4 o al 5 por ciento.
Al margen de las coyunturas, me gustaría que pudiésemos hacer un planteamiento más de fondo de la cuestión, porque en diferentes foros internacionales se ha analizado este tema y se han destacado determinadas ventajas de esta cada vez mayor
incorporación de la mujer al mundo de la seguridad interior de las prisiones. Entre esas ventajas, las que, insisto, se han destacado en estos foros internacionales han sido: la disminución de la tensión y de los episodios de agresividad; mayor
competencia en habilidades de comportamiento para manejar/aplacar los conflictos menores del día a día; motivación y valores morales; normalización del ambiente carcelario, asemejándolo al de la vida en libertad; relación entre
funcionario-interno más humana; equiparación plena de la mujer a los derechos laborales del hombre. Como se ve, este cambio no sólo es promovido desde el terreno de la igualdad de oportunidades; la prisión en nuestro contexto europeo va
evolucionando hacia principios de mayor normalización social. En justa coherencia con ello, se considera que la prisión debe ser un reflejo de la sociedad libre donde hombres y mujeres estén equilibradamente representados. Como ha sucedido en
otros sectores de la vida social, la mujer se ha ido incorporando en nuestro medio a tareas y funciones desempeñadas anteriormente sólo por hombres, y también los hombres se han ido incorporando a ámbitos tradicionalmente sólo femeninos. Pero es
que los deberes del personal en una prisión moderna exceden de la simple vigilancia, tal y como reconocen las reglas penitenciarias europeas, y deben tener en cuenta las necesidades que entraña lograr la reinserción de las personas presas. Esta
reinserción no puede lograrse reproduciendo sistemas de vida alejados de los modelos de la sociedad civil; no hay que decir que las funcionarias son igualmente competentes que los funcionarios y están igualmente preparadas para hacer frente a todas
las situaciones. Obviamente, todo cambio requiere una adaptación y es en eso en lo que tenemos que trabajar, evitando que se produzca ningún efecto negativo ante la nueva realidad, como han hecho, por otra parte, todos los colectivos que han vivido
este proceso de igualdad, porque quiero recordarles que éste era el único ámbito de la función pública en el que la igualdad no era efectiva.
La unificación de escalas ha sido una demanda largamente solicitada tanto por el Parlamento como por el Defensor del Pueblo. En nuestro país, desde la década de los noventa se viene reclamando desde diversas instancias el cese en la
discriminación de las mujeres en el acceso a los cuerpos penitenciarios en los que existían diferenciación de escalas, básicamente el cuerpo de ayudantes y el cuerpo especial, ya que en el cuerpo técnico nunca ha habido diferenciación, siempre han
accedido igualitariamente, por supuesto, a todos los puestos de trabajo, sin distinción, todos los técnicos de nuestra institución, tanto el personal sanitario como el personal de tratamiento, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. A la vista
de las quejas presentadas ante la institución del Defensor del Pueblo, esta institución formuló en 1997 una recomendación en la que se solicitaba que se modificaran las leyes 36/77 y 39/70,
haciendo desaparecer las escalas en el Cuerpo Especial y en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, con fundamento en que la Constitución propugna la igualdad como valor y prohíbe la desigualdad discriminatoria, y que el
mantenimiento de las dos escalas podría no ser congruente con estas normas constitucionales; mucho antes, señorías, como ven ustedes, de la promulgación de la Ley de Igualdad. El mantenimiento de las dos escalas era ciertamente un hecho
perjudicial para las mujeres que pretendían acceder a estos cuerpos, en la medida en que veían reducidas sus posibilidades de acceso a la función pública penitenciaria a causa de la menor cantidad de plazas ofertadas a la escala femenina respecto de
la masculina. La Administración Penitenciaria, tanto bajo el Gobierno del Partido Popular como bajo el Gobierno socialista, ha tratado de ir aplicando paulatinamente esta recomendación del Defensor del Pueblo, reconociendo las situaciones
discriminatorias de partida de las funcionarias de la escala femenina. En 1997 se abren las plazas de servicio interior-2 en centros de hombres para que sean desempeñadas por mujeres; en 1998 se produce una reforma legal que hace desaparecer las
dos escalas, masculina y femenina, del cuerpo especial. Desde ese momento en determinados servicios de interior ya trabajan igualitariamente hombres y mujeres y, desde luego, en el cuerpo especial, y desde 1999 se abren los puestos de trabajo de
jefes de servicio y jefes de centro, ambos, puestos de vigilancia que se desarrollan en el interior de los módulos de cumplimiento de los centros penitenciarios y en contacto directo con los internos, a ambas escalas del cuerpo de ayudantes. Es
decir, señorías, que ya en anteriores administraciones se venía cosechando una amplia experiencia con el denominado servicio de vigilancia V2, tal como se conoce en los centros, en el cual, funcionarias y funcionarios vienen prestando labores de
vigilancia en gran número de departamentos y unidades con internos de género distinto al suyo; ocurre en departamentos como servicios generales, panadería, alimentación, lavandería, en los talleres productivos, en las zonas socioculturales y
deportivas, en los departamentos de comunicaciones, identificación y un largo etcétera del día a día del interior de los centros penitenciarios -estamos hablando en todos los casos de servicio interior-, sin que se hayan producido problemas dignos
de mención. En el área de vigilancia 1 era únicamente donde faltaba dar idéntico paso.
La Ley que Igualdad, que hizo desaparecer las dos escalas, masculina y femenina, en el cuerpo de ayudantes ha venido a posibilitar que un mayor número de mujeres se hayan incorporado al servicio público penitenciario.
Teniendo en cuenta que
la población reclusa femenina, como les dije antes, es del 8 por ciento, la mayor incorporación de mujeres es evidente que llevará aparejada su mayor presencia en prisiones masculinas o en módulos masculinos. Hoy en día, el porcentaje de
funcionarias de vigilancia es de algo más del 20 por ciento, pero luego les detallaré el cambio de porcentajes que ha habido. Este proceso se ha venido realizando muy gradualmente, motivado siempre por la mayor presencia, por el mayor ingreso de
mujeres en el cuerpo de ayudantes, a través de las últimas incorporaciones de las tres últimas ofertas de empleo público que no han sido discriminatorias. Hay que decir que en un colectivo tan grande, de más de 25.000 personas, estas incidencias
producen un efecto pequeño año tras año y muy paulatino. Se ha constatado, como decía, un creciente número de personal funcionario femenino de nueva incorporación del cuerpo de ayudantes -del que les daré la cifra-, así como la mejor oferta de
movilidad entre los distintos establecimientos al poder optar las funcionarias en los concursos a plazas de cualquier centro penitenciario, cosa que no podían hacer anteriormente, puesto que solamente podían optar a las plazas que estaban destinadas
a mujeres dentro de los centros penitenciarios que, obviamente, eran muchas menos. Por tanto, se ha abierto el abanico de posibilidades para las funcionarias a la hora de optar por uno u otro destino. A título meramente demostrativo, se puede
señalar la ascendente cadencia de incorporación de mujeres en el cuerpo de ayudantes que en el año 2005 tenía un total de 3.438 funcionarias; en el año 2006 se incorporaron 158 funcionarias; en el año 2007, 253; en 2008, 525 y en 2009, 617 nuevas
mujeres. En términos porcentuales, hemos pasado en el ingreso, las personas que aprueban la oposición, para entendernos, de una representación de las mujeres del 20,41 por ciento en el año 2004 a un 39,80 por ciento en el año 2009, en el momento en
el que ya las pruebas son igualitarias. Es decir, en este tiempo se ha mejorado la representación femenina en el acceso al cuerpo de ayudantes equilibrándola. En referencia más concreta al área de vigilancia, se pasa de un porcentaje del 84,03 por
ciento de funcionarios respecto al 15,97 por ciento de funcionarias del año 2004 al porcentaje actual de un 79,95 por ciento de funcionarios frente a un 20,05 por ciento de funcionarias.
Como ven SS.SS., es un incremento muy gradual que se ha ido
produciendo año tras año. Así ha venido sucediendo este reequilibrio lento en los centros penitenciarios, en los módulos de hombres y de mujeres o en los centros que tienen únicamente hombres o únicamente mujeres.
Con carácter general podemos señalar que como consecuencia de la aplicación de la Ley de Igualdad se observa una paulatina incorporación de la mujer al sector público penitenciario, como viene sucediendo en otros ámbitos sociales, tanto en
aquellos puestos técnicos, a los que siempre ha tenido acceso, como a otros a los que no lo había tenido: mandos intermedios, servicio de vigilancia, V2 y servicio de vigilancia V1 desde hace tres años. Este proceso de acceso en condiciones de
igualdad a sectores de vigilancia no solo es progresivo y mesurado sino que la Administración penitenciaria ha venido estableciendo las cautelas necesarias para que se desarrollara de forma que la intimidad y la dignidad de los internos se viera
respetada y las tareas de vigilancia
pudieran ser realizadas sin merma de la seguridad en los establecimientos.
En este sentido, se aprobó el Real Decreto 1836/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen criterios para la aplicación de la integración de las extintas
escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Este real decreto contiene varias directrices para allanar posibles problemas que se puedan presentar en el trabajo cotidiano y con la finalidad de garantizar, en
todo caso, el derecho a la dignidad e intimidad de los internos o internas que pudieran verse comprometidos o afectados de alguna manera en determinadas actuaciones. A mayor abundamiento, en la relación de puestos de trabajo de cada centro se
incluye dentro del área de vigilancia, como reserva mínima, un número de puestos, 60 por ciento, para su desempeño por personal funcionario del mismo sexo que la población reclusa, no superando el otro género el porcentaje del 40 por ciento en el
total del área de vigilancia. También a la hora de cubrir los servicios diarios de forma concreta se prevé asignar como mínimo un puesto por turno y módulo para su desempeño obligatorio por personal funcionario del mismo sexo que el de las personas
internadas en ellos, siendo finalmente el jefe o la jefa de servicios -como les dije, hace muchos años que este puesto es indistinto- quien, ante circunstancias concretas que lo aconsejen, podrá encomendar la realización de las actividades
determinadas al personal funcionario disponible que reúna la condición de género más idónea.
Resumiendo, que en aquellas tareas más delicadas en las que el género sea importante para la buena prestación del servicio, como cacheos, controles visuales o la intimidad del interno, etcétera, está garantizada siempre su prestación por
personas del mismo sexo del interno. Este modelo de combinación de medidas organizativas en el ámbito de la vigilancia, asegurando siempre la presencia de personas del mismo sexo en las situaciones que lo requieran, y también la utilización de
medios tecnológicos, ha sido desarrollado en sistemas públicos con tareas equivalentes, y podemos mencionar entre ellos, desde luego, Policía Nacional y Guardia Civil de manera preferente, sin que se hayan producido incidentes destacables.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, hace tres años, se han comunicado únicamente ocho incidentes que puedan tener que ver con la presencia de mujeres en módulos de hombres; ocho incidentes, intentos de agresión, amenazas,
etcétera, de presos hacia trabajadoras penitenciarias. Sería discutible si ha sido por su condición de mujeres o no, pero el hecho constatable es que hemos tenido ocho incidentes, de los que únicamente dos hacen referencia a funcionarias de
vigilancia que desempeñan su destino en módulos de hombres; los demás, los otros seis, afectan a otros cuerpos de funcionarios, ATS, psicólogos, trabajadores sociales, en los que nunca ha habido diferenciación de escalas. Es decir, de ocho
incidentes, seis han sido en técnicos que nunca han sufrido la diferenciación de escalas.
Esta es, señorías, en resumen, la situación de la aplicación de la ley en estos tres años. Para mayor detalle, en las preguntas que ustedes quieran hacerme les daré cumplida información.
La señora PRESIDENTA: Efectivamente, como la señora Gallizo decía, hemos escuchado las comparecencias de los puntos 1, 2, y 3, que son las números 1062, 1066 y 1067, que realmente son prácticamente idénticas en su contenido, y también,
exclusivamente en razón de economía de tiempo en el debate, la secretaria general ha sustanciado la comparecencia número 874.
Voy a dar la palabra a los grupos, como es normal, comenzando, de menor a mayor, por los que han solicitado las comparecencias. Para ello, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría, por un tiempo de diez
minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Gallizo, gracias por su información.
Hay dos comparecencias sobre las que mi grupo no termina de percibir o de apreciar su conexidad; no tiene nada que ver lo primero con lo segundo, y desde luego no es mi grupo parlamentario el que ha intentado encontrar conexiones ni
vínculos de ninguna naturaleza con una petición de comparecencia y otra, agravada la cuestión por la circunstancia, señora presidenta, que se la planteo como cuestión de orden, de que esta Comisión, si no recuerdo mal, estaba convocada para las
cuatro de la tarde del día de hoy y comprobamos ayer -no sin sorpresa algunos, quizá con menos aficiones a algunas actividades lúdicas- que se ha convocado también para hoy pero a la una de la tarde. (El señor Tardà i Coma: Diez minutos.) Sí, son
diez minutos, pero estas son cuestiones preambulares y la señora presidenta me las descontará de los diez minutos. No vamos a profundizar en cuestiones que perturben todavía más lo delicado de los asuntos que van a ser objeto de control.
Señora Gallizo, recuerdo que en la anterior legislatura su presencia era mucho más frecuente y recurrente, en ocasiones, cuando había muchos problemas, y en esta no hemos podido gozar de su presencia con la frecuencia que a algunos nos
gustaría. Los problemas que afectan a Instituciones Penitenciarias, a la institución a la que usted representa, siguen siendo profundos, siguen siendo de entidad y no son escasos en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa. Estamos hablando -que
es lo que nos preocupa- de un problema concreto sobre el que sus reflexiones preambulares no dejan de generarnos una cierta preocupación. Usted dice que se mira con lupa, en virtud de un acontecimiento que usted considera esporádico o de entidad
menor -quizá he tomado mal mis notas-; ha dicho que se mira o que se sobredimensiona la naturaleza de un incidente que parece que perturba a la colectividad de funcionarios que configuran la institución que usted dirige brillantemente -si me
permite la expresión-.
Esta hipersensibilidad por parte de la secretaría general y de estos funcionarios no la podemos
comprobar. ¿No estará usted sugiriendo tácita o sutilmente que miremos para otro lado cuando se producen conductas aberrantes y que los parlamentarios no debamos intentar comprobar el funcionamiento regular de las instituciones públicas,
que es una de las funciones paradigmáticas de la actividad parlamentaria? (La señora secretaria general de Instituciones Penitenciaras, Gallizo Llamas, hace signos negativos.) Quiero creer que no es así. Por una interpretación semiótica de sus
gestos, muy elemental, muy fácil de hacer, veo que no va a ser así. Esta es una cuestión que convendría aclarar.
En relación con la petición de comparecencia 'con carácter urgente' -entrecomillando la expresión- que mi grupo solicitó, le voy a leer algunas reflexiones, para que usted no me acuse de ser tributario de noticias periodísticas, de una
revista profesional, de una revista jurídica, que está especializada en derecho penitenciario. Creo que la lectura mejoraría cualquier prestación o repentización argumentativa que yo pudiera hacer. El artículo, redactado por un catedrático de
derecho penal, precisamente experto en derecho penitenciario, tiene el siguiente tenor literal: Sexo y alcohol. Por el momento, el escándalo de la cárcel Madrid I, la mayor prisión de mujeres de España, se ha llevado por delante la cabeza del
director -comprendo que no es un lenguaje muy forense para un catedrático, pero es que hay catedráticos de todos los estilos; no todos tienen la misma cualificación profesional ni escriben de la misma manera- del centro, Luis Cuevas, del
subdirector de seguridad, del administrador del centro -esto no es un cuestión irrelevante, señora secretaria general, y usted quizá podrá hacer alguna pormenorización más de las que ha hecho, donde ha habido un cierto regocijo en la exposición
sobre la segunda parte de las comparecencias pedidas y una explicación muy estricta, muy apegada a la regularidad casi reglamentaria de esta Cámara en relación con estas tres primeras, pero, repito, alguna expresión más extensiva sí sería de
agradecer- y a dos funcionarios bajo sospecha. Los cargos, aún bajo investigación, son introducir bebidas en la cárcel y trato de favor a algunas reclusas con las que los vigilantes mantenían relaciones íntimas. Esto parece no estar demostrado
todavía, a tenor de las actuaciones de investigación o de instrucción que ustedes están realizando. Me parece entender que usted ha comentado que esto se inició con una actuación administrativa, de las que se denominan informaciones reservadas
originariamente, que luego que se han transformado en expedientes administrativos de naturaleza disciplinaria. Creo que le he entendido que ese fue el tracto de acontecimientos: una investigación reservada, en primer lugar, que se transformó en un
expediente disciplinario.
Este catedrático continúa haciendo comentarios del departamento al que usted representa. Insiste en que la investigación interna solo ha constatado hasta ahora -el hasta ahora no se hasta dónde lo podríamos ubicar cronológicamente, señora
Gallizo- comportamientos inaceptables -es un eufemismo digno de mejor causa cuando estamos hablando de unas patologías y de unas conductas tan graves como las que usted misma ha glosado y ha especificado- por parte de algunos funcionarios que se
arriesgan a sanciones disciplinarias, incluida la exclusión definitiva, pero nunca actividades delictivas -teóricamente, este entrecomillado lo ubica esta persona que escribe este artículo en expresiones realizadas personalmente por usted; no sé si
usted ha hecho declaraciones de esta naturaleza-, hasta el punto de que doña María Teresa Fernández de la Vega, a la sazón vicepresidenta primera del Gobierno, en una rueda de prensa de estas que suceden al Consejo de Ministros, apuntó que no
obstante lo dicho anteriormente -imagino que por usted- el Gobierno había puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los comportamientos irregulares registrados en Meco, donde están recluidas 614 mujeres, el 80 por ciento por delitos
relacionados con tráfico de drogas; la mitad de las presas del penal son extranjeras, muchas detenidas en Barajas como correos, sin apenas recursos ni apoyos familiares en España. Esto ya acredita una dimensión de particular vulnerabilidad de las
personas que -usted dice que pretendidamente todavía, vamos a ser respetuosos con las expresiones y con el derecho- han sufrido este tipo de agresiones. Esta particular vulnerabilidad le obligaría seguramente -yo no sé por qué usted no lo ha hecho
desde el principio- a aplicar el artículo 23 del reglamento general penitenciario, que obliga a poner inmediatamente en conocimiento del ministerio fiscal cualquier actuación de los funcionarios que constituya indicios de delito, de injustos
penales. (Rumores.-La señora Arnaiz García: Ya lo ha dicho.) Ya me lo responderá la señora secretaria general. (Risas.) Agradezco los apoyos argumentativos de personas del grupo parlamentario, pero lo ha hecho después; es decir, tengo consignado
aquí el tracto sucesivo de acontecimientos que usted ha hecho y, por lo menos, cuando la señora De la Vega lo comentó todavía no se había hecho. Siguiendo el rigor y el tracto de acontecimientos y las fechas que usted nos ha enunciado, todavía en
esta fecha no se había puesto en conocimiento del ministerio fiscal, porque habían precedido a esta puesta en conocimiento...(Rumores.) Señora presidenta, ¿me va a contestar el grupo parlamentario de forma individual o colectiva o me va a contestar
la señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias?
La señora PRESIDENTA: No se preocupe porque le contestará, sin ninguna duda, la compareciente.
Puede continuar con toda tranquilidad.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Se lo agradezco, no porque no me merezcan respeto las opiniones del grupo parlamentario sino porque igual está más puesta en el conocimiento de la materia la señora secretaria general.
La orden fulminante de destitución -continúa diciendo el artículo- de la dirección de Meco se produjo
el pasado miércoles -estamos hablando del 24 de abril del año 2010-. Fue la propia secretaria general de Instituciones Penitenciarias quien dio las instrucciones tras conocer un informe preliminar de los servicios de la Inspección
penitenciaria, que desde el 31 de diciembre de 2009 investigaba varias denuncias internas de funcionarios sobre lo que acontecía durante las noches en esta cárcel madrileña. Esta es la primera pregunta que le quiero hacer, no a su grupo
parlamentario sino a usted.
¿Tenía conocimiento de que desde el 31 de diciembre del año 2009 había -vamos a llamarlo así- rumores, noticias, apariencias, fumus de actuaciones irregulares en el ámbito de la prisión? En el tracto de fechas estrictas
que tengo perfectamente apuntadas aquí y que usted ha explicitado esta fecha no consta. Yo no sé si había un conocimiento por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, aunque seguramente lo sabrá su grupo, que está tan avezado
en todos estos acontecimientos, pero usted, por lo pronto, no lo ha dicho. Le voy a decir más. He tenido contactos con un subdirector médico de este centro penitenciario que me comenta -sé que la fecha le va a sorprender notablemente- que desde el
año 2003 en los servicios médicos, bajo la tutela de este subdirector médico, existían noticias de acontecimientos de la naturaleza de los denunciados que se producían con frecuencia.
En definitiva, se ha puesto en conocimiento del ministerio fiscal y en este momento se inició la actuación disciplinaria de la Administración -a la que usted ahora representa y a cuya responsabilidad hay que reclamar una actuación
diligente-, primero, de una información reservada, tal como está previsto en el reglamento general penitenciario y, después, de un expediente disciplinario que no está concluido todavía. No sé cuáles son las dificultades que impiden la conclusión
de un expediente disciplinario en el que los hechos que son objeto de investigación aparentemente tienen el fumus de ser de fácil identificación desde la perspectiva de contradicción con los requerimientos del derecho penitenciario. No sé por qué
se está demorando tanto. Las medidas cautelares han sido las adecuadas -la felicito por haber sido tan diligente en el ámbito de aplicación de medidas cautelares- y no sé por qué no se ha concluido o por qué no obra todavía en posesión de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una aproximación a la resolución que ponga fin a este expediente disciplinario. Le agradecería todavía más que nos informase sobre qué está ocurriendo con las diligencias que eventualmente esté
practicando el ministerio fiscal. Me imagino que el ministerio fiscal se habrá puesto en contacto con usted y usted tendrá conocimiento de estas diligencias, porque algunas de estas conductas, a tenor de la denuncia presentada por una funcionaria,
cuyo nombre no vamos a comentar, pero que usted conoce perfectamente, relativa a otro funcionario y al jefe del servicio donde ambos funcionarios trabajaban, resultan patéticas. No voy a reproducirla, porque escuchar la denuncia de una funcionaria
de prisiones en este centro penitenciario sobre lo que ella considera conductas asentadas, conductas muy recurrentes, conductas casi permanentes produce escalofríos. En el hecho denunciado noveno la funcionaria denunciante llega a implorar: ¿Por
qué tengo que trabajar en estas condiciones? Primera petición, en el fundamento noveno, después de explicar todo lo ocurrido anteriormente. ¿Por qué también tengo que asumir presiones internas de mis propios compañeros para mantener una especie de
política de silencio respecto a lo que aquí acontece? ¿Por qué no tengo la tutela de mi jefe de servicio mediante reflexiones tan calamitosas y aberrantes como la consistente en que tienes que estar tú necesariamente ahí porque sabes que los demás
se van a emborrachar esta noche? No voy a seguir con los hechos consignados en una denuncia de carácter oficial con sello de entrada que obra en mi poder y que obra en su poder también. Voy a aceptar a beneficio de inventario que las informaciones
de la subdirección médica de este centro penitenciario de 2003 puedan ser dudosas, prematuras y no utilizables en el requerimiento de información que le pido, pero desde diciembre de 2009 era un clamor, era conocido por todo el mundo y
particularmente por las tres personas cesadas por usted que estas cosas ocurrían, ocurrían sistemáticamente, ocurrían frecuentemente, ocurrían con presas particularmente vulnerables por sus características y eran cometidas siempre por los mismos
funcionarios.
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, vaya concluyendo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con esto.
Señora secretaria de Instituciones Penitenciarias, usted sabe que mi grupo parlamentario y yo personalmente intentamos fundamentar nuestras aseveraciones. Tengo mucha más información, tengo más indicios, tengo muchos más elementos
valorativos que no puedo comprobar y que, por no haber podido comprobar, no se los voy a comentar. Quiero ser particularmente prudente. Lo que le he dicho es manifiestamente cierto y usted lo sabe. Además ha provocado un segundo daño colateral
que no me resisto a comentarle, y con esto acabo mis palabras, señora presidenta.
El inspector que se ha convertido en director en funciones del centro Madrid I es uno de los mejores directores de centros penitenciarios que están en las
instituciones que usted representa. Era el anterior director del centro penitenciario de Nanclares. En Nanclares era importante que hubiera un buen director por las características del centro, que en este momento no voy a glosar porque usted las
conoce perfectamente. Usted ha privado a este centro penitenciario de uno de los mejores directores de prisiones que en este momento existen en la secretaría de Estado que usted gestiona. Este es un daño colateral sobre el que no me resisto a
opinar.
Respecto a la segunda, señora presidenta, y con esto termino, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho salvo con una cuestión. Hay mujeres que en su día accedieron
al cuerpo de prisiones y a las escalas que lo configuran cuando las condiciones de la convocatoria establecían que se iba trabajar con presas exclusivamente. Lo que ni la Ley de Igualdad ni nadie pueden novar ex post son las condiciones de
acceso a determinados puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
No me queda tiempo, señora presidenta. Las reflexiones hechas por usted sobre quién tiene mayor fuerza física, si los hombres o las mujeres, me parece que no merecen ser valoradas. Penetraríamos en un debate fisionómico que es más propio
de la Comisión de Sanidad que de la Comisión en la que estamos en este momento. (Rumores.) Al margen de estas circunstancias, la única refutación o la única reserva mental que genera a mi grupo parlamentario lo que le comento es que usted sabe en
qué condiciones algunas mujeres accedieron a algunas escalas. Esos derechos ni la Ley de Igualdad ni ninguna otra ley puede refutarlos o condicionarlos.
Señora presidenta, con esto acabo mis palabras. Le agradezco su atención.
Sobre todo agradezco la especial atención que me ha prestado el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que no solo me ha prestado atención sino que incluso me ha
aclarado alguna de las dudas que tenía.
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, todos hemos prestado atención a S.S. como al resto de los portavoces cuando están en el uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Compartimos con la señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias el hecho de que en este momento se está poniendo en riesgo la honorabilidad y el buen hacer en muchos casos de los funcionarios de
prisiones a causa de uno, dos, tres o cuatro funcionarios que en un momento determinado no están cumpliendo con el buen hacer que deberían.
Antes de empezar con la comparecencia en sí -mi preámbulo va a ser muy, muy pequeño-, quiero decir que la intención del Grupo Popular al unificar estas comparecencias no ha sido comparar una con la otra, sencillamente ha sido por economía de
tiempo, porque así se decidió en la Mesa. No hay otra razón que lo justifique. Sin embargo, en la situación en la que se han dado a conocer estos hechos que ha especificado la señora secretaria, nos parece que no culminar las investigaciones con
celeridad sí que pondría en riesgo la credibilidad del sistema penitenciario, y le diré por qué. Usted explicaba hace un segundo que el día 31 de diciembre de 2009 había un funcionario que compró alcohol, abrió la celda y entró con él donde estaban
una serie de mujeres reclusas. Entre los datos que ha dado he anotado que del 4 al 5 de abril hubo otro problema, cuando se abrió la celda de las funcionarias para ir al economato a comprar la bebida. Sin embargo usted ha dicho que la destitución
de los funcionarios en el segundo caso, en el del 4 de abril, se debió a una falta de celeridad, porque parece que no se había actuado de una manera suficientemente rápida. Me ha parecido curioso que en los hechos del 4 de abril se tardaran 24
horas en empezar a tomar las medidas cautelares y sin embargo en el caso del 31 de diciembre hicieran falta 24 días para empezar a tomarlas. Me gustaría, si es posible, que me aclarara esto en su siguiente intervención. Que se esté trabajando en
el esclarecimiento de todos esos hechos es bueno y, por tanto, mientras se esté trabajando en ello no vamos a tomar ninguna decisión al respecto, pero queríamos saber cuánto tiempo va a durar esa investigación y en qué punto exacto está, porque
entendemos que está en riesgo la credibilidad de ese sistema y fundamentalmente porque usted ha dicho en su explicación que hay una serie de personas que están siendo juzgadas por la sociedad. Estamos hablando, que nosotros sepamos, de tres
personas destituidas, de dos funcionarios que tienen una suspensión cautelar y de dos internas que han sido trasladadas. Han transcurrido ya 45 días desde ese último hecho y esto se pone en tela de juicio. Usted ha dicho exactamente: No se
desacredita a los profesionales por el hecho de haber sido destituidos.
Nosotros creemos que sí. Creemos que mientras todo esto no se aclare se está desacreditando a esos profesionales. En el caso de que sean inocentes, la sociedad debería
saberlo, pero en el caso de que sean culpables tendrían que estar pagando su culpa. Por tanto, cuánto antes se pueda resolver ese asunto mucho mejor para todo el mundo, para Instituciones Penitenciarias y para esas personas en concreto,
fundamentalmente porque comparto con usted que no se puede hablar en general de una serie de personas que están trabajando con honorabilidad y buen hacer.
Me gustaría hacerle también una serie de preguntas sobre este tema. En primer lugar, hablaba usted de la destitución del administrador. Me gustaría saber si es que había algún tipo de problemas en las cuentas del centro o si alguna interna
había denunciado que se inflaban las comisiones que había que pagar para enviar dinero al extranjero a los familiares de las reclusas, que parece que podría haber ocurrido. También nos gustaría saber qué tipo de denuncias está recibiendo la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por parte de los funcionarios y si es cierto que hay reiterados funcionarios que están acusándose entre ellos. Nos gustaría saber si eso está ocurriendo y por qué razón.
Asimismo, tenemos interés
en que nos explique por qué razón fueron trasladadas las reclusas afectadas el día 4 de abril por los hechos que se han explicado anteriormente y si es cierto que una de ellas fue agredida por un grupo de reclusas y si después intentó suicidarse.
Queremos que nos responda si es cierto que la investigación que se está llevando a cabo por parte de la inspección ha permitido conocer que varias internas han denunciado abuso de poder e intercambio de favores sexuales también con funcionarias
mujeres. Queremos saber si se ha iniciado una investigación parecida a la que estábamos hablando en algún otro centro penitenciario, lo cual aclararía bastante toda esta situación. No vamos a incidir más en este
tema, porque si está siendo investigado, como sabemos, esperaremos a esas conclusiones que usted seguramente nos explicará, pero tenemos constancia de que no se trata de hechos puntuales, sino que ha habido otros hechos que no están en este
momento en mi poder, aunque a lo mejor no han llegado a este extremo. Como decía antes el señor Olabarría, en la reunión con las funcionarias se nos ha explicado que ha habido indicios de irregularidades en 2003, en 2005 y en 2007. No sé si esto
es así o no.
Si es así, usted me responderá.
Pasando a la siguiente parte, a la unificación de escalas, me gustaría decirle, señora secretaria general, que aquí hay un problema sin resolver. No se trata en ningún caso de que la mujer esté en inferioridad, ni de que no tenga capacidad
para trabajar exactamente igual que un hombre. No se trata de eso. A través de lo que las trabajadoras nos dicen, hemos llegado a la siguiente conclusión. Hay un grupo relativamente pequeño de personas -depende de cómo se mire, son 2.000 las
trabajadoras afectadas- que accedieron a sus puestos antes de la puesta en funcionamiento de la Ley de Igualdad. La cuestión no es lo que sucede después. Usted ha basado prácticamente toda su intervención en explicarnos la posibilidad que tienen
las mujeres para acceder en una unificación de escalas, pero el problema no es ese. El problema que tenemos es que hay una serie de trabajadoras que ya tenían su puesto, que ya se habían presentado a unas oposiciones que además eran más
dificultosas y más restrictivas, puesto que había menos puestos de trabajo en la escala femenina que ahora. Ahora existen todas las ventajas que usted quiera plantearnos, pero esa no es la cuestión. Se trata de que hay una serie de funcionarias
que ya tenían una serie de derechos adquiridos, derechos adquiridos que no se han resuelto. Cuando se puso en vigor la Ley de Igualdad usted se comprometió a una serie de cuestiones.
De ellas, la más fundamental era hacer un estudio de impacto de
género para el colectivo de mujeres que ya existía, que -como le he dicho antes- eran unas 2.000 funcionarias, que además estaban custodiando a 8.000 internas, que es un dato digno de destacar puesto que hay una serie de mujeres que también estaban
afectadas por esa cuestión. Sin embargo, nunca hemos visto ese estudio de impacto de género ni sabemos si se ha empezado a hacer o no.
A raíz de todo esto y del trabajo que esas funcionarias empezaron a hacer para que se les reconocieran esos derechos, vino a esta Cámara una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad hace más de un año, en la que ustedes se
comprometieron, por mandato del Gobierno, a realizar en el plazo de tres meses un balance de esos tres años de vigencia de la Ley de Igualdad, de cómo fue ese proceso de unificación de escalas, de las distorsiones que hubiera podido causar y de la
situación en la que podían quedar todas aquellas personas que previamente a la entrada en vigor de esa ley ya tenían su puesto. Nos gustaría saber si tienen previsto traernos ese estudio al que se habían comprometido. Cuando entra en vigor el real
decreto, ese estudio debe de hacerse por imperativo legal. Sin embargo no se ha hecho.
Usted ha hecho referencia en su intervención a Cataluña. En Cataluña, señora Gallizo, había una serie de funcionarias que estaban afectadas por esta cuestión, pero tuvieron la posibilidad de elegir, que es al fin y al cabo lo único que
están pidiendo esas 2.000 mujeres afectadas por esta cuestión. En la Generalitat de Catalunya, las mujeres pudieron elegir, pudieron decidir si mantenían su puesto de trabajo con mujeres o querían trabajar con hombres. Esa es la realidad. He
hecho referencia también a lo que ha ocurrido en Europa, donde también se ha hecho esta unificación de escalas, pero en Europa la mayoría de las mujeres trabaja en tareas administrativas más que en otras cosas, aunque hay otra serie de cuerpos en
las que son policías penitenciarias, por lo que la cuestión es un poco diferente a la española. Independientemente de eso, nosotros no entramos en esa cuestión, no entramos en si se va a hacer de manera que todas las mujeres puedan acceder a través
de la unificación de escalas. Nos estamos refiriendo, como le estoy diciendo desde el principio, a aquellas que accedieron previamente a esa unificación de escalas.
Usted hablaba también -y el señor Olabarría lo ha dicho- sobre la fortaleza, él incluso se ha referido a la fisionomía del hombre y de la mujer. Nosotros no estamos poniendo en cuestión en absoluto la fisionomía, la preparación ni nada de
eso, pero si todo esto que usted está diciendo es así, tendrían que hacer una modificación en la relación de puestos de trabajo. Por tanto, nos gustaría saber cuándo tienen intención de hacer esa modificación en la RPT, porque por el momento se
está haciendo una unificación de escalas, pero no hay modificación en la relación de puestos de trabajo.
Ustedes crearon en el año 2005 el Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas, crean también el Observatorio de la mujer en la Policía y en la Guardia Civil e incluso un observatorio dentro de las instituciones penitenciarias. Nos
gustaría saber si también se va a crear un observatorio para la mujer funcionaria de prisiones, puesto que parece que aquí no se ha creado y era necesario para ver cuál era la repercusión de esta cuestión.
Por otro lado, cuando se toman en cuenta las mujeres que solicitan presentarse a los puestos de trabajo en esa unificación de escala -de hecho se abre para que cualquier persona pueda presentarse como funcionario de prisiones-, ¿por qué no
se toman en cuenta las cuestiones especiales que el Defensor del Pueblo les dice para arreglar la situación de esas 2.000 mujeres que estaban antes? Los dos últimos concursos de traslado convocados tras la entrada en vigor de la Ley de Igualdad han
concluido para las funcionarias con un balance bastante negativo. La verdad es que en los puestos de interior, en especial de nivel superior, han sido los funcionarios quienes han absorbido la totalidad de los puestos ofertados. ¿Dónde está por
tanto la ventaja de la unificación de escalas en la promoción interna de las funcionarias? En 2009, concretamente, salen 1.374 plazas, de
las cuales 1.055 corresponden a hombres y 267 corresponden a mujeres; plazas de interior mujer -insisto, sigue existiendo interior mujer, no se ha modificado la RPT- aparecen 52, de las cuales 35 están cubiertas por hombres y 17 por
mujeres. Lo que está ocurriendo en este caso es que las mujeres tienen una discriminación superior. Incluso hay centros en los que en los tres últimos años a interior V1 no ha entrado ni una sola mujer, los puestos han sido ocupados por hombres.
Lo más grave de eso es que incluso hay puestos de hombres que están vacantes porque no hay nadie que los ocupe. Quería preguntarle dónde está la ventaja de esa unificación de escalas, porque según acabamos de ver, estos son los números y no parece
que haya ningún tipo de ventaja. La integración de ambas escalas ha conducido a un único cuerpo de ayudantes que, en el caso al que me refería, determina la configuración de un solo escalafón de conjunto. Por tanto, cómo se justifica el hecho de
que todas las funcionarias de escala femenina hayan descendido el doble de puntuación respecto a los funcionarios de escala masculina, cuando aparentemente son las principales destinatarias de esa norma. Sin embargo, al unificar las escalas todas
empiezan a bajar puestos. Al margen de las limitaciones impuestas por el legislador relativas a la protección y salvaguarda de los derechos relativos a la dignidad e intimidad de las personas, nos gustaría saber qué cautelas en medidas de
seguridad, dada la realidad existente hoy en los centros penitenciarios de masificación, escasez de personal y elevación de la conflictividad, se establecen respecto a las funcionarias en el desempeño de sus funciones en los departamentos de
hombres.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CRUZ: Termino enseguida.
Concluyo diciéndole lo siguiente. Aquí se ha hablado de la Ley de Igualdad para favorecer a la mujer y nos estamos dando cuenta de que, al margen de que hubiera un número de personas que tuvieran unos derechos adquiridos, no está
favoreciéndola en absoluto, todo lo contrario, está poniendo dificultades fundamentalmente a aquellas personas que ya tenían derechos adquiridos. Tampoco se justifica que esa igualdad manifiesta no se lleve a cabo en todos los centros por igual.
¿Cómo justificaría usted, por ejemplo, que en tres centros penitenciarios, como Córdoba, Teixeiro y León, haya funcionarias con puesto de interior mujeres a las que se les obligue a desempeñar puestos de interior hombres? ¿Qué medidas se van a
adoptar con respecto a eso, puesto que en la RPT siguen estando esos puestos?
Voy a terminar con una última cuestión. Hemos estado hablando todo el tiempo de la Ley de Igualdad y de los derechos de las mujeres a poder trabajar codo con codo con los hombres, pero quiero aprovechar que está usted aquí para preguntarle
una cosa. En 2009, según la información que tenemos -le aseguro que compartimos la misma preocupación tanto por las reclusas como por las funcionarias-, hay una denuncia de Comisiones Obreras por acoso laboral a una persona que trabaja en su
secretaría.
Comisiones Obreras ha dicho manifiestamente que se está negando de forma reiterada la información a los delegados de prevención, y le recuerdo que Comisiones Obreras es una organización que se caracteriza por su seriedad y rigurosidad,
por lo que no lo vamos a poner en duda en ningún caso. Hay una denuncia por acoso laboral. Le diré también que hay un informe del inspector de Trabajo y que hay una serie de incumplimientos, por lo cual hay una falta de atención a las propuestas
del delegado de prevención.
Hay una falta de investigación ante la existencia de indicios de daño para la salud de un empleado y falta también evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo del afectado. Le diré también que hay una petición
de información por parte de los delegados, información que no se les está facilitando y, para cerrar, hay un informe de que en la secretaría general hay seis bajas psicológicas y las seis pertenecen a seis mujeres.
Concluyo con lo siguiente. Hay un documento...
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, su tiempo ha terminado. Le ruego que vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CRUZ: Estoy terminando, un momentito, señora presidenta, acabo ya.
Hay un documento en el que se dice concretamente: Sobre las doce y media, a día de hoy, 26 de marzo, se recibió una llamada telefónica de una funcionaria, jefa de servicio de asistencia técnica y convenios, quien, en estado de gran
excitación y entre sollozos, me comentó que había tenido una fuerte discusión con el jefe de área de contratación, que se sentía desautorizada y humillada por el mismo. Usted debe conocer esto.
La igualdad de la mujer es fundamental en todos los
aspectos, en el de funcionaria y en el de reclusa. Le pido sobre todo que se investiguen no solamente todos los hechos que hemos visto antes sino también este.
La señora PRESIDENTA: Correspondería ahora el turno a la señora Díez, pero no está. Por tanto, corresponde el turno al señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora Gallizo, gracias por su comparecencia.
Sabe usted el reconocimiento que le tenemos como persona y por la labor que desempeña, pero en este tema siempre nos hemos sentido un tanto incómodos. Espero que ponga en valor la sinceridad con la que le hablo.
Ya nos sentimos incómodos
el día en el que suscitó el debate en el plenario a raíz de una proposición no de ley. Nosotros, que fuimos fervientes defensores y contribuimos como el que más a hacer posible el gran avance que significó la Ley de Igualdad, sabemos que costó.
Sabemos lo que les costó al Gobierno, al Grupo Socialista y a todos los grupos parlamentarios comprometidos en este
avance tener una legislación como la que hacía falta en una sociedad moderna como la nuestra. Cuando se suscitó el debate en la proposición no de ley, incluso antes, tuvimos algún rifirrafe. Como éramos receptivos a la comprensión de unas
personas funcionarias que consideraban que sus derechos podían quedar un tanto vulnerados, tuvimos que parar el golpe de aquellos que quisieron hacer creer que tras nuestra intención había un intento de sabotaje al desarrollo de las potencialidades
de la ley.
Gracias al sentido común de los parlamentarios, se aprobó por unanimidad una iniciativa parlamentaria. De hecho, se aprobó la enmienda de sustitución de la compañera Mercè Pigem, muy parecida a la de Esquerra.
Se optó por la enmienda
de la diputada de Convergència i Unió, que estaba muy bien redactada y que además suscitó la unanimidad y alejó todos los fantasmas. Todos los que estábamos comprometidos con las potencialidades de la ley, fuimos capaces de asumir a la vez el reto
de comprobar si había disfunciones, porque, en la medida en que es una gran ley, una ley de gran calado, es lógico que haya problemas de implantación, de desarrollo, etcétera, porque no partimos de un momento cero. Por eso nos preocupa mucho que
haya pasado tanto tiempo y estemos en un escenario en el que parece como si aquel debate no hubiera existido. Por cierto, nuestro grupo parlamentario también era solicitante de la comparecencia, aunque por razones procedimentales atribuibles a
nosotros, que no pudimos asistir a la reunión de Mesa y portavoces, no figuramos como tal. Da igual. Lo importante es que esta tarde, a demanda de Esquerra Republicana, viene la ministra Bibiana Aído a hablar de lo mismo. Por tanto, lo que usted
pueda decirnos servirá para enriquecer el debate de la tarde. Ahora no estaríamos donde estamos, instalados en la confusión -instalados en la confusión-, si el Gobierno hubiera sido diligente en todo aquello que se contenía en la parte dispositiva
-repito- de la proposición no de ley aprobada, por unanimidad, en el Pleno, en la que se hablaba de tres meses para presentar un balance de la aplicación de la Ley de Igualdad, en el ámbito de la unificación de escalas, y de instar al Gobierno a un
proceso de diálogo -a su manera, porque ya le he empezado reconociendo su talante-, con lo cual todo parecía que pudiera encajar. Nos parece que es una pena. Es una pena que no podamos ir digiriendo o metabolizando los lógicos problemas que se
derivan de la implementación de una ley de tanto calado.
No voy a repetir algunas de las preguntas, porque coinciden con algunas de las que ha presentado y que acaba de verbalizar la compañera del Grupo Popular. Si usted pudiera responderlas tendríamos más elementos, incluso aun cuando es la hora
que es, porque a las cuatro y media podremos hablar con la ministra, que además es una ministra comprometida con la igualdad.
Lástima que tengamos poco tiempo, pero las cosas son como son. Aun reconociendo que la compañera del Grupo Popular le ha
hecho muchas preguntas, si pudiera contestar algunas de ellas, para nosotros sería muy importante para continuar el debate de la tarde. Las cosas no van a quedar así, es evidente, primero, porque nos interesa que todo el mundo trabaje satisfecho y
contento (Risas.) -y no se rían por utilizar el adjetivo contento-, porque, efectivamente, todo el mundo tiene que sentirse realizado en su trabajo, máxime cuando se trabaja con personas privadas de libertad, con personas que están internadas en un
centro penitenciario, pero cuya estancia en un centro penitenciario tiene una función, que es la rehabilitación. Ciertamente, no podemos hacer cálculos miméticos ni mecanicistas comparativos con otras sociedades, porque otras sociedades no vivieron
cuarenta años de dictadura, por ejemplo, y otras sociedades tienen un desarrollo cultural, hoy por hoy todavía, superior al nuestro. Incluso tenemos algún valor distinto a otras sociedades, por ejemplo, aquí se concibe al funcionario asistente a
los internos como personas que tienden a trabajar con mucho predicamento de los valores de la convivencia. Es más, nuestro modelo está bastante alejado del asistente/policía/penitenciario, quizás incluso por razones climatológicas, ya que se pasan
muchas horas en los patios y menos horas en las celdas. No soy un técnico en la materia, pero entiendo que tenemos unos lastres históricos evidentes. Es lógico, porque hay una fractura cultural en las edades, es evidente que hoy una persona
interna de 35 años es muy pero que muy distinta a una persona de 45 o de 50 años, y esto es evidente porque venimos de donde venimos. Si venimos de donde venimos y hacemos de la dialéctica nuestro mascarón de proa para analizar las situaciones y
las coyunturas, cómo no podemos ser flexibles en la implementación de estas leyes que conforman las paredes maestras de lo que queremos que sea nuestra sociedad en los próximos años. En ese sentido, la Administración tendría que ser muy flexible y
muy dialogante.
Es más, se tendría que aceptar que en la transitoriedad de la ley no tuviéramos mermas, porque no podemos permitirnos el lujo de que el capital humano y profesional de los funcionarios, en este caso de las funcionarias, quede
mermado.
De hecho, ustedes saben que la sociedad en la que vivimos está generando problemas y, por desgracia, las cárceles cada día son más grandes y cada día están más habitadas, con lo cual sabemos que tenemos aquí un verdadero reto para nuestro
futuro inmediato. Por tanto, reconociendo la incomodidad del debate, haciendo una apuesta categórica y rotunda a favor de la ley y de todas sus potencialidades, reconociendo las complejidades que genera la implementación de la ley y reconociendo
que creo que han sido un tanto indolentes -dicho con toda la estima que le tenemos-, ¿no es posible que ustedes se replanteen, que paren un tanto la maquinaria, y sean capaces de dar solución, en la medida en la que se debe ser justo con esas
personas, a este colectivo? Un colectivo, que no sé cuántos son -creo que la compañera del Grupo Popular ha hablado de 2.000 personas-, que accedió mediante una oposición a una función destinada solamente para trabajar con mujeres. Por cierto,
compitiendo, porque estábamos donde estábamos entonces,
con mucha desigualdad -y no a su favor- con respecto a los hombres, y que ahora ven un tanto vulnerados sus derechos. Como la diputada del Grupo Popular ha sido muy concreta, me ahorro tener que hacerle algunas preguntas también muy
concretas, porque más o menos se pueden mezclar.
Más bien le pediría, si es posible, que hiciera una revisión, aunque no sea categórica, aunque no sea absoluta, al menos parcial, de cuál es su hoja de ruta para dar solución -repito- a este
colectivo de personas, porque es evidente que solamente podremos avanzar si todo el mundo se suma al carro para de poder desarrollar todas las potencialidades de su profesión.
Muchas gracias, señora Gallizo.
La señora PRESIDENTA: Ahora es el turno de la señora Pigem, por el Grupo Parlamentario de Convergència y Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora Gallizo, bienvenida a esta Comisión. Es un placer saludarla de nuevo y escuchar las explicaciones que nos ha dado sobre los puntos del orden del día. No obstante, hablar en penúltimo lugar supone que se
han dicho aquí ya muchísimas cosas, compartidas -algunas en su totalidad, otras parcialmente-, pero que en todo caso van a ser materia de respuesta por su parte, por lo que no me voy a remitir otra vez a ellas. Me voy a permitir hacer algunas
breves consideraciones y plantear algunas preguntas concretas. Con respecto a lo que ha sido la materia de los tres primeros puntos del orden del día, es decir, sobre los hechos ocurridos en el centro penitenciario de Madrid I, en primer lugar,
quiero sumarme a su consideración previa. Desde nuestro punto de vista, todas las generalizaciones son tremendamente injustas y, si lo son -y permítanme la redundancia- en general, tanto más cuando la generalización se focaliza sobre conductas, que
usted ha venido llamando impropias, pero que en realidad son algo más, son unos hechos terribles y son unos hechos que, de ser ciertos, seguramente serán delictivos y cuya apreciación puede generalizarse a todo un colectivo que, en términos
generales, desempeña correctamente sus funciones y su labor. Desde este punto de vista, es preceptivo, al menos por mi parte, sumarme al reconocimiento de la honorabilidad y buen hacer que, en general, se da en todos los funcionarios del sistema de
prisiones. Esto es de justicia hacerlo, y así lo hago para que conste en el 'Diario de Sesiones'. Pero para que esto sea así, también es indudable que el reverso de la medalla ha de ser que el sistema funcione. Cuando me refiero al sistema, que
estoy segura que funciona bien, me refiero al sistema de alarmas, a que se disparen las alarmas, suficientes y necesarias, para que se detecte con rapidez y con prontitud cuándo algo funciona mal, porque no podemos olvidar que nos estamos refiriendo
a los derechos -que excepto el de la libertad, los tienen todos- de un colectivo especialmente vulnerable y en el que la relación entre los funcionarios y funcionarias y el colectivo interno viene, ya de entrada, marcada por esta especial relación
de que hay una situación que no es igual entre las dos partes, por lo que hay que ser especialmente sensible.
Con respecto a esto, usted ha narrado todas las actuaciones y, al menos en mi opinión, las actuaciones que se han tomado por parte de la secretaría han sido medidas contundentes, en vía administrativa. Mi primera pregunta, ya que usted ha
manifestado que se dio traslado a la fiscalía, como no podía ser de otra manera, porque los hechos que se nos han relatado someramente, o no tan someramente, por el compañero Olabarría realmente son terribles -y también los ha relatado usted-, es
que me gustaría saber si se han abierto diligencias penales al respecto. Hace tiempo ya que se han trasladado los hechos a la fiscalía y me gustaría saber si usted tiene noticia de si este traslado de hechos se ha convertido en diligencias penales.
También quisiera saber algo que me ha alarmado, quizá no lo he entendido bien o no he tomado buena nota o nota suficiente de ello, y es que todos estos hechos se conocieron porque una funcionaria insistió en que esto llegara a la inspección. Si
esto es así, que ya le digo que no sé si lo he tomado bien, me gustaría saber si ustedes han revisado convenientemente todo el cauce procedimental, a través del cual se puede tener noticia de si hay algún comportamiento irregular, si han detectado
que había que hacer correcciones y si estas correcciones se han hecho, porque, para que la generalización no sea injusta, tampoco hay que tener ninguna sospecha sobre que pueda haber esto que aquí ha venido en llamarse políticas de silencio sobre
conductas que realmente son francamente intolerables. Por último, quiero plantear una pregunta al respecto, ya que también me ha sorprendido que la investigación esté abierta y, sobre todo, que todavía esté abierto el primero de los casos referido
a diciembre del año 2009, porque han transcurrido seis meses y me gustaría saber si hay alguna previsión de cuándo puede concluirse esto, y si se está retrasando demasiado quisiera saber por qué causas. Es evidente que ha de dotarse de seguridad y
de la presunción de inocencia que tenemos toda la ciudadanía, pero seis meses me parece un plazo quizá suficiente para conocer unos hechos concretos.
Esto por lo que se refiere a los tres primeros puntos.
Por lo que se refiere al tema de las funcionarias de prisiones, como primera manifestación, quiero señalar que, desde Convergencia y Unió, valoramos positivamente la unificación de escalas y de puestos de trabajo, no solo porque lo mandata
la Ley de Igualdad -y la aprobamos habiéndola leído y sabiendo lo que era-, sino especialmente porque mi formación política, que como ustedes conocen tuvo durante veintitrés años responsabilidades de Gobierno en Cataluña, cuando se hizo la
transferencia en materia de prisiones, lo primero que hizo fue unificar las escalas, porque nos pareció que lo solicitaban las propias funcionarias y porque, en Cataluña, hubo un aumento sustancial del porcentaje de mujeres funcionarias. Cuando el
porcentaje de funcionarios de prisiones en España estaba en menos del 15
por ciento, en Cataluña estábamos ya en el 36 por ciento. Nos parecía que esto era bueno, porque de alguna manera era no impedir a las mujeres un puesto de trabajo. También es cierto que el proceso en Cataluña se valoró positivamente por
todo el mundo, porque se tuvo especial cuidado en el proceso de transición. Es evidente que, cuando se pasa de una situación a otra, no todo el mundo reacciona de la misma manera y allí se tuvieron en cuenta las situaciones de las personas que, en
su día, habían hecho una oposición para trabajar en unas condiciones determinadas, ya que si algunas de ellas hubieran sabido que tenían que trabajar en otras condiciones a lo mejor no hubieran hecho la oposición, y que no todo el mundo tenía ni la
edad ni la misma condición que el resto, porque afortunadamente las personas somos diversas. Lo que se hizo en Cataluña fue un proceso de diálogo intenso, entre la Administración y el colectivo, para intentar dar, a cada uno, una situación en la
que se sintiera comprendido en sus reivindicaciones, para que se solventaran los obstáculos o los problemas que manifestaban y para encontrar para cada persona, centro a centro y situación a situación, la mejor solución posible en este proceso de
transición. Esto fue relevante en la valoración positiva que tuvo este sistema.
Por eso, cuando en el Pleno del Congreso tuvimos ocasión de debatir la iniciativa, a la que han hecho referencia los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, Convergencia i Unió se empleó a fondo, primero, para defender el
sistema, porque creemos que ese sistema es justo, pero también se empleó a fondo para poder negociar un sistema que pudiera tener en cuenta este delicado proceso de transición. Se aprobó una iniciativa, votada por unanimidad, que consistió en dos
puntos: primero, en el mandato al Gobierno para que se elaborara, en el plazo de tres meses -y se mandara a la Cámara-, un balance de la aplicación de los tres años de vigencia de la Ley de Igualdad en el proceso de unificación de escalas, teniendo
en cuenta además las distorsiones que se hubieran podido producir y haciendo propuestas de medidas correctoras, que es un informe que no hemos recibido, y sobre el que pregunto a SS.SS. si realmente se ha realizado -obedeciendo al mandato y a la
negociación que tuvimos para la redacción de esta enmienda de sustitución- y si lo va a enviar a la Cámara, y, un segundo punto, en el que se instaba al Gobierno a que hubiera un proceso de diálogo, entre la secretaría que usted representa y los
sindicatos representantes de los afectados y de las afectadas, para buscar fórmulas personalizadas, centro a centro, para evitar la problemática que se pudiera producir en este -como digo- delicado proceso de transición. Me gustaría saber, y se lo
pregunto también, cuántas reuniones ha habido, en qué han consistido y cuántas problemáticas se han resuelto, y que me explicara también cuál ha sido el cumplimiento, por parte del Gobierno, de este mandato que, por unanimidad, aprobó la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Ahora es el turno, por el Grupo Parlamentario Socialista, de la señora Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: En primer lugar, quiero agradecerle la presencia a la secretaria general en esta Comisión para, sobre todo, y en primer lugar, reconocerle su buen hacer en relación con los hechos ocurridos en el centro
penitenciario Madrid I. Quiero poner en valor la rapidez y la diligencia con la que actuó tan pronto supo de los mismos. Una actitud que demuestra la responsabilidad y el profundo respeto que procesa a la institución y a todo el personal a su
servicio. El Grupo Parlamentario Socialista también condena rotundamente estos hechos que, por su indignidad, no podemos tolerar, desde luego, y los repudiamos totalmente.
También compartimos, asimismo, la firmeza y la rotundidad en la respuesta
dada a los mismos. Como les decía, un modo de actuar, por parte de la secretaría general, que está a años luz de la posición del Grupo Popular, que nada menos ha dicho que estos hechos son consecuencia de la supresión de las escalas masculina y
femenina; así lo dijo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Señorías, los hechos investigados no tienen su origen en una norma, sino en la inadecuada forma de proceder de un funcionario, totalmente rechazable y condenable. En
todas las organizaciones compuestas por personas siempre podemos encontrar sinvergüenzas, pero siempre deben tener respuestas contundentes. Si el Grupo Popular busca escándalos, pueden airear los propios que tienen -para dar y tomar- en comunidades
como la Valenciana, Madrid y Castilla y León, y no hagan la vista gorda sobre los mismos. Por tanto, no es de recibo poner a todos los funcionarios bajo sospecha en su relación con el otro sexo, porque, además de cometer una injusticia evidente,
tendríamos que ir a un modelo sexista, en el que médicos, policías o profesores únicamente podrían desarrollar su trabajo con personas de su mismo sexo, lo que no es propio de sociedades democráticas.
La unificación de escalas se formalizó con la Ley de Igualdad, pero con anterioridad ya se había materializado a pequeña escala, y lo ha puesto en evidencia la secretaria general. En el cuerpo técnico la mayoría del personal son mujeres y
también, con Gobiernos del Partido Popular, se permitió que a los mandos intermedios, que trabajan en el interior de los centros penitenciarios, pudieran acceder tanto hombres como mujeres. Veo aquí un poco de incoherencia en el Grupo Popular.
Parece que estos mandos intermedios sí que pueden ser ocupados por mujeres, pero los puestos de vigilancia no. La misma incoherencia veo cuando están pidiendo, en el día de hoy, un observatorio para ver la aplicación de la ley y, en la Cámara,
hemos escuchado repetidas veces como el Grupo Popular ha pedido que se suprimiera todo tipo de observatorios. Con la Ley de Igualdad se consagró la unión de las escalas masculina y femenina para conseguir la igualdad en el acceso a los puestos de
vigilancia y, como principal objetivo, tuvo plasmar
en los centros penitenciarios la misma realidad que existe en el exterior.
La separación de escalas suponía una distorsión, como bien se ha dicho -y lo ha repetido también ahora mismo la portavoz de Convergència y Unió-, en el conjunto de
las administraciones públicas, y ahí está el ejemplo de Cataluña, que sigue funcionando con una normalidad absoluta desde hace veinte años. Estos tres años de vigencia de la ley se han caracterizado por la normalidad y siempre se ha garantizado la
presencia suficiente del personal correspondiente para aquellas situaciones que tuvieran que ver con la intimidad y con la dignidad de los presos, de los reclusos; igual que se hace, por cierto, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con
las Fuerzas Armadas. El resultado de la aplicación ha hecho posible aumentar en 4 puntos la presencia de las mujeres en el área de vigilancia, como también se ha puesto de manifiesto. Para poner en evidencia este hecho, voy a dar un dato muy
gráfico y es que las plazas a las que podían optar las mujeres pasaron de 150 en el año 2005, en la oferta de empleo público del año 2005, a 950 en el año 2007. Por tanto, la mejora es indiscutible.
En cuanto al colectivo femenino anterior a la unificación, discrepo con la portavoz del Grupo Popular, porque pienso que este colectivo sigue realizando y cumpliendo las mismas funciones que realizaba antes, pero ahora también hay módulos
masculinos y ahora también tienen más posibilidades de promocionarse dentro del propio cuerpo penitenciario.
¿Qué pretende entonces el Grupo Popular? Vuelve a demostrar su forma de actuar, porque, amparándose en noticias morbosas y en sucesos
puntuales, arremeten con cierta exageración para intentar hacer daño al conjunto de la institución y al conjunto de los funcionarios y también arremeten contra la Ley de Igualdad. Nuevamente ponen en evidencia su nula aceptación de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres. Siempre que se trata de alcanzar derechos para las mujeres, parece que se oponen. El Tribunal Constitucional no les dio la razón en el recurso contra la Ley de Igualdad y tampoco se la darán -yo creo- en la Ley de
interrupción voluntaria del embarazo. (El señor Cosidó Gutiérrez: Ya veremos.) Demuestran así el cinismo, porque permiten, cuando gobiernan, que las mujeres ocupen ciertos puestos intermedios y ahora parece que no consiente que ocupen puestos de
vigilancia. También mienten cuando dicen que quieren facilitar el acceso de mujeres al cuerpo, cuando realmente el número de reclusas, como aquí se ha puesto en evidencia, tan sólo es de un 8 por ciento. El Grupo Popular pretende ensombrecer la
buena gestión de Instituciones Penitenciarias, donde se ha hecho un esfuerzo enorme en incrementar las inversiones en infraestructuras y también en personal, que ha crecido en 5.400 efectivos, además del incremento tan importante que ha habido en
programas de tratamiento, que ha sido espectacular, porque prácticamente no existían desde el año 2004. En definitiva, ha habido un aumento notable en infraestructuras, en personal y en tratamientos para hacer frente a un importante incremento de
la población reclusa en la etapa del Partido Popular, que, con menor intensidad, no ha cesado en estos últimos seis años, fruto de estas reformas legales que nos hemos dado, que han tipificado nuevos ilícitos y que también han aumentado la duración
de las penas.
Señorías, tenemos un sistema penitenciario que es modelo para muchos países del mundo, donde la reinserción, la reeducación y el tratamiento humano es su seña de identidad. En el año 2004 el Gobierno inició un proceso de modernización del
sistema, y será bienvenido todo lo que aporte, proponga y mejore esas cualidades, pero desechamos con rotundidad todo lo que perjudique a la institución. Termino agradeciéndole de nuevo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su actuación y
conmino al Grupo Popular para que evolucione con los tiempos. No puede ser que añore y sienta nostalgia por una sociedad en la que los niños y las niñas se separen en las aulas, en la que a las mujeres se les discrimine el acceso a determinados
puestos y en la que se impida la promoción profesional de las mujeres. Vivimos en un mundo de hombres y de mujeres, donde tanto todos valen como todas valen. No podemos dar ni un paso atrás en los derechos adquiridos. En definitiva, se trata de
avanzar guiándonos por los principios constitucionales de la igualdad y de la no discriminación.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado este turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la señora secretaria general para su turno de réplica.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Como se nos hace muy tarde, y supongo que SS.SS. quieren que acabemos de ver los otros temas que quedan en la comparecencia, trataré de ser lo más esquemática
en las contestaciones, pero en ningún caso quiere decir que vaya a dejar de contestar a todo de lo que se me ha dicho, aunque algunas cosas sinceramente son tan específicas, tan concretas y tan ad persónam, de un funcionario que tiene un problema,
pero las contestaremos si S.S. tiene interés en mantener esas preguntas tan específicas y concretas sobre un funcionario (La señora Navarro Cruz: Conteste si puede.). Con todo gusto se las contestaremos por escrito recabando la información, pero
considero que la tarea de una Comisión parlamentaria, más allá de lo que a uno le cuentan que alguien ha dicho o que ha pasado, es analizar temas de carácter general y hacerlo con el mayor rigor del que seamos capaces.
Voy a comentar algunas cosas con carácter general. De la intervención de todas SS.SS. me parecen muy positivas dos cosas. Una, que todos compartimos la defensa de los empleados públicos que trabajan en la institución penitenciaria. Me
parece que es importante que eso se diga y es importante que ellos lo sepan,
porque sinceramente, a veces, cuando decía -el señor Olavarría no me interpretó bien- que no hay que mirar con lupa todas las cosas malas que se hacen -y soy la primera que lo hago y que tengo el máximo interés, y esta comparecencia la pedí
yo de forma inmediata-, me refería a que, a veces, poner la lupa en una cosa muy pequeñita produce un efecto de agrandarla que hace que se pueda confundir con que el conjunto de la realidad sea esa cosa pequeñita agrandada por una lupa. Por lo que
hace referencia a la realidad general, les agradezco mucho este reconocimiento a la profesionalidad de nuestra gente y a su honorabilidad sobre todo.
En segundo lugar, también ha habido un acuerdo general en sus intervenciones en que las medidas que se han adoptado eran las adecuadas, aunque no me lo hayan dicho así, lo he interpretado de las palabras de todos ustedes. Por tanto, también
agradezco el respaldo a la intervención que tuvimos, porque es verdad que siempre que se adoptan medidas cautelares, uno sabe que está juzgando antes de que se desarrolle un proceso y que toma unas medidas de prevención antes de escuchar a las
partes y de ver qué es lo que hay de razonable, lo que implica un cierto riesgo moral, o por lo menos para mí lo representa, y les aseguro que solo hago esto cuando lo tengo claro o cuando creo que el mal que se produciría si no se tomaran esas
medidas sería mayor que el riesgo de equivocarme, y por eso lo hago. Tampoco es cierto, en todos los casos, que cuando se toman medidas respecto a alguien, sobre todo si son medidas de pérdida de confianza en un puesto de libre designación, eso
indique ningún descrédito de la persona. Los puestos de libre designación están definidos de esa manera y uno entiende que, en un momento determinado, hay alguien que hace adecuadamente el trabajo que se le ha encomendado o que no lo hace o que hay
otra persona que es más útil para hacer esa tarea en ese momento determinado. Esto forma parte de las reglas del juego y aquí no hay ningún juicio que vaya más allá de lo que tiene que ir. Creo que les he explicado, con delicadeza y con los
matices que tenía que poner, las cuestiones que nos parecieron que no eran correctas de la actitud y de la diligencia de algunos directivos de ese centro penitenciario, y por eso tomamos esa decisión.
También algunos de SS.SS. han preguntado por qué si los hechos suceden tal día no se empieza a hacer algo, creo que lo he explicado en un relato muy pormenorizado de los hechos. Las medidas se empiezan a tomar desde el momento en que
tenemos conocimiento, en la secretaría general, de los hechos que se han producido y se toman en todos los casos, obviamente, haciendo que funcione la inspección para que sea la inspección la que nos aporte su punto de vista. También les diré,
señorías, porque en alguna intervención, sobre todo en la intervención de la portavoz del Grupo Popular se han deslizado algunas cosas que no me han gustado, y se lo voy a decir con claridad, que en esta institución -y en mi caso por el puesto que
ocupo quizá es donde más se percibe- se reciben muchas denuncias, muchas interpretaciones de muchas cosas, muchas de ellas anónimas y, por principio, una denuncia anónima, y más en un sistema tan garantista como el nuestro, me ofrece una gran
desconfianza. Aquí -soy valedora de ello- nadie, ningún funcionario, por supuesto, pero tampoco ningún interno, puede temer ninguna represalia por contar una cosa que le pasa. Lo sabe todo el mundo, porque a mí me escribe muchísima gente con su
nombre y apellidos diciéndome cosas. Ahora, cuando alguien envía un papel sin firmar, sin identificar quién es la persona que lo dice, como mínimo hay que poner eso en cuarentena y no hacerse eco de determinadas cosas, sobre todo cuando afectan a
personas. Vuelvo a insistir en que me quejé antes de que a veces en algunos medios de comunicación, o en todos, se han hecho imputaciones a determinadas personas, con su nombre y apellidos, de cosas que no solo no están probadas sino que no están
respaldadas con el nombre y apellido de quien hace la denuncia, que es lo mínimo que se puede hacer. En este caso también la señora Navarro me hablaba de supuestas irregularidades vinculadas con alguien. No hay ninguna denuncia sobre supuestas
irregularidades de esas que usted ha mencionado, y que no quiero repetir para no insistir en el mismo defecto, relacionadas con alguien. Y si a usted o a alguna de SS.SS. ha ido a contarles algo algún funcionario, lo tienen que remitir a la
Inspección penitenciaria, que es donde deben ir, o al juzgado de guardia si se trata de un hecho delictivo, pero desde luego, a la Inspección penitenciaria, que es donde tienen que contar todo lo que sepan de cosas que no funcionan bien. Es una
exigencia que yo, desde luego, hago a toda persona que me viene a contar una historia, sobre todo una historia que puede tener gravedad e importancia, porque creo que es como funcionan las cosas, no para estar intercambiándonos unos con otros eso de
que a mí me han dicho, es que uno vino, es que parece que hay una rencilla entre funcionarios, etcétera. En la vida casi siempre hay mezcladas cosas muy diferentes, unas mejores, otras peores, unas más defendibles y otras menos. La tarea de los
responsables públicos y de los responsables políticos es tratar de establecer unas reglas del juego que hagan que todo el mundo funcione de acuerdo con ellas y no entrar en ser correos de alguien que me ha dicho, de que alguien me dijo que desde el
año 2003... No hay ninguna denuncia del año 2003 ni de 2004 ni de 2005; si alguien lo dice debería hacerlo llegar a los órganos competentes, porque si no lo único que hacemos es entrar en un juego en el que además hay intereses de todo tipo por
todas las partes, porque hay viejas rencillas, personas que no se llevan bien, otras que creen que no están en el puesto que deberían estar, internos que creen que no les han dado un permiso porque les tienen manía, etcétera. Este es un mundo en el
que se dan muchísimos supuestos y uno tiene que tener el equilibrio de saber distinguir lo que está fundamentado de lo que no y, sobre todo, de exigir que todo lo que signifique una denuncia sobre una
persona tiene que estar respaldado por el nombre y apellidos de quien hace esa denuncia, que es quien se responsabiliza de lo que se esté diciendo.
Es la mínima garantía que se puede tener.
Les he relatado las cosas que están probadas ya en la investigación inicial que se hizo y les he dicho que la investigación sigue abierta.
Aquí tenemos un procedimiento, que algunas de SS.SS. conocen, en el que primero se abre una
información reservada y después un expediente y hay que esperar a que concluya el expediente para determinar cuáles son hechos probados y cuáles no y, por tanto, adoptar la resolución. Estamos en ese punto. ¿Cuánto va a durar la investigación? Lo
que sea necesario para que lleguemos hasta el fondo de todos los temas que tengamos que ver. Mi indicación a la Inspección -si es que puedo dar alguna indicación, porque la Inspección, por otra parte, es un órgano independiente, como SS.SS. saben-
es, desde luego, que hay que ir al fondo de todos los temas que se plantean, y no quiero que resolvamos esto de un plumazo para decir: Ya está, nos quedamos en el punto más escabroso. Si hay cosas que no se han hecho bien quiero que se determinen,
y si hay cosas de funcionamiento general, particular o concreto quiero que se corrijan. Ya les he dado explicaciones y todas las fechas; creo que hemos actuado con la mayor celeridad -mayor celeridad es difícil que se pueda tener- desde el momento
en que tuvimos conocimiento de los temas. Este tema -creo que se ha bailado una fecha en mi explicación inicial, porque he dado varias- se trasladó a la fiscalía el 14 de abril, lo digo porque el señor Olabarría dice: No, cuando la vicepresidenta
interviene... La vicepresidenta intervino, en todo caso, después del 23 o del 24 de abril, que fue cuando se hizo público. No me acuerdo exactamente, creo que fue el día 23, que era viernes, quizá después del Consejo de Ministros, que fue el día
que salió en los medios de comunicación, pero a la fiscalía se le había trasladado el día 14. No tengo conocimiento de cuál es la decisión final que ha adoptado la fiscalía sobre el tema; se le ha trasladado toda la información y la que nos han
recabado se le ha ido trasladando, como no podía ser de otra manera. Determinaremos si hay algún ilícito penal o no, pero eso deberá hacerlo la fiscalía.
En términos generales, ese es el estado de la cuestión, creo que tenemos que esperar al final de la investigación y a que se depuren todas las responsabilidades. A veces, las cosas negativas que a uno le pasan, en lo personal y en la vida,
en la política, en la gestión, creo que tenemos que enfocarlas tratando de convertirlas en algo positivo, en algo de lo que aprender. Creo que este episodio tan lamentable y tan terrible desde muchos puntos de vista ha servido también para que todo
el mundo sepa cuál es la actitud de la secretaría general acerca de estas cuestiones y para que se sepa la contundencia con la que estamos dispuestos a abordar cualquiera de estas cuestiones y la necesidad de ser diligentes en el tratamiento de
cualquier irregularidad de la que se tenga noticia. Creo que eso siempre nos ayuda a todos, de la misma manera que espero que nos ayude también a defender la buena imagen del conjunto de nuestros trabajadores que, insisto, son los más interesados
en que esto se lleve a cabo.
Haré un último comentario sobre esta cuestión. Me ha parecido muy procedente lo que ha dicho el señor Olabarría acerca de la vulnerabilidad de las personas que están en prisión. Comparto absolutamente esa sensibilidad, creo que cuando uno
está privado de libertad, haya hecho lo que haya hecho, está en una situación muy vulnerable porque pierde sus referentes personales, aquello que le da seguridad en la vida; su vida ha cambiado, tiene que estar a disposición de la disciplina y de
las órdenes que recibe en cada momento y, además, algunas personas, como usted muy bien ha dicho, muchas de las mujeres que están en ese centro están muy lejos de su familia, no tienen apoyos familiares próximos, aunque tengo que decirle también que
tienen mucho apoyo de voluntarios que trabajan en ese centro tratando de aportar el calor que no pueden dar las propias familias de las internas, y también tienen el apoyo de nuestros funcionarios, que yo les aseguro -y en ese centro de manera
particular- que tienen un nivel altísimo de humanidad y de comprensión hacia las personas; quería decir eso. Pero es verdad lo que usted dice, tenemos que ser particularmente sensibles en la defensa de los derechos de aquellas personas que están
en una situación de mayor vulnerabilidad.
En cuanto a la segunda cuestión, la unificación de escalas, voy a ver, señorías, como centro las cuatro cosas que les quiero comentar. Lo primero que quiero decir es que uno no puede defender una cosa y la contraria al mismo tiempo, quizá
en momentos sucesivos de la vida se puede hacer, pero simultáneamente es un poco difícil. No podemos decir que hay que avanzar en la igualdad y que no exista una discriminación en el acceso a un cuerpo, como es el de ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, pero luego no querer que esas personas trabajen en los puestos que se determinan con arreglo a la oposición que han aprobado, porque, como les dije antes, tenemos un 8 por ciento de mujeres reclusas y un 20 por ciento de
funcionarias, y si mantuviésemos el criterio de que no pueden trabajar en áreas en las que haya hombres tendríamos que plantearnos hacer una reducción de la plantilla femenina que tenemos en la institución, porque sería absurdo que estuviesen
entrando funcionarias que no pudiesen ocupar puestos de trabajo en ese cuerpo concretamente, que es el de ayudantes. No podemos defender una cosa y la contraria, creo que eso está claro para todos. Y como nadie se manifiesta en contra de que se
haya suprimido la diferenciación de escalas a la hora de acceder, tendremos que ser consecuentes con que si uno se incorpora a un puesto de trabajo tiene que trabajar en las condiciones que requiera ese puesto.
Plantean qué pasa con la cuestión de las personas que se presentaron años atrás a una oposición, si eso ha generado derechos y qué tipo de derechos. Creo que ese es un terreno muy complicado de transitar, porque a lo
largo de los años en todos los puestos de trabajo se producen cambios, algunas veces uno piensa que son más positivos y otras más negativos. Les voy a poner un ejemplo. Durante un tiempo, determinados puestos solo han podido ser de libre
acceso para personas de un grupo determinado; en otro momento, se abren a personas de otros grupos que si reúnen los requisitos pueden acceder a estos puestos, sean de concurso o de promoción interna.
Sería absurdo que los que antes tenían la
exclusiva de poder presentarse a estos puestos dijeran: es que ahora están compitiendo con nosotros otros que antes no lo hacían, por tanto, han cambiado las condiciones, porque entré a este puesto pensando que solo iba a concursar yo y ahora
resulta que concursan veinte más. Esto sucede todos los días porque la Administración es algo dinámico, cambia y todo el mundo sabe que hay que adaptarse a esos cambios, que a veces a uno le convienen más y otras veces le convienen menos. En el
caso de una organización tan compleja como esta, en la que hay tantos centros penitenciarios de tantas características, se producen cambios constantemente; hay centros que tienen un módulo de mujeres y lo dejan de tener en un momento determinado
porque la Administración valora que no debe haber un pequeño módulo de diez mujeres donde no se puede hacer clasificación en un centro, hay que trasladar a esas mujeres a otro centro donde puedan estar en mejores condiciones y, por tanto, se cierra
ese módulo. Las personas que trabajaban ahí tienen que tener otras opciones de trabajo que no sean trasladarse inevitablemente a otra ciudad. Esta es una realidad dinámica y, por tanto, la Administración tiene que poder hacer frente a las
diferentes necesidades que hay, por supuesto respetando los derechos y los intereses de todo el mundo.
Por otra parte, parece un contrasentido que se vea alguna dificultad al hecho de que las mujeres trabajen en módulos de hombres y que, sin embargo, no se vea esa misma dificultad en el hecho de que trabajen las de nueva incorporación. Si
hay alguna dificultad estarán más preparadas las que llevan muchos años trabajando en la institución penitenciaria que las que se incorporen nuevas. No se puede decir: Las que se incorporen nuevas que vayan y las que tienen veinte años de
experiencia de trabajo que no vayan. Por nuestra parte no sería muy razonable ni muy equitativo ni muy sensato, aparte de que introduciría una discriminación difícil de entender para todas las personas. Comparto que todo cambio tiene que hacerse
con tranquilidad, con el mayor consenso posible y escuchando a todas las partes, por eso he tratado de explicar en otras ocasiones -y ahora lo hago también- que es así como se ha abordado este cambio en los centros penitenciarios, que es el lugar
natural al que van destinadas las personas y donde cada uno ocupa su puesto de trabajo, y esto ha tratado de hacerse con normalidad. Les he dicho que ha habido muy pocos incidentes, digamos, de tipo regimental, pero las incidencias de personas que
se hayan visto gravemente perjudicadas y que eso haya dado lugar a un mal ambiente dentro del centro también han sido escasísimas, por no decir que no ha habido prácticamente ninguna. Se ha hecho un proceso con normalidad, como no puede ser de otra
manera, con diálogo con los sindicatos. Sobre esta materia no hay unidad en los sindicatos; hay algunos que desde hace mucho tiempo han sido partidarios de que se unificasen las escalas, otros eran más tibios pero lo han aceptado adecuadamente y
hay otros que siempre han estado en contra y que lo siguen estando. Por tanto, ahí hay disparidad de criterios. Después, dentro del colectivo de funcionarias, que es muy amplio, puede haber -de hecho las hay- algunas que se organizan y tratan de
tener también su espacio de interlocución, que a veces es difícil encontrar estos espacios, porque la interlocución tiene que ser con los representantes legales de los trabajadores, pero hay que escuchar a todo el mundo, y creo que a estas
compañeras hay que escucharlas, de hecho se las ha recibido más de una vez y se las ha escuchado.
Es muy complicado resolver los problemas al cien por cien, porque todo cambio lleva aparejado ventajas e inconvenientes y uno no se puede quedar solo con las ventajas y no aceptar ninguno de los inconvenientes. A veces, formar parte de un
colectivo más amplio hace que a la hora de elegir las vacaciones tengas que entrar en la rueda en la que hasta ahora entraban los demás y tú no, porque las podías elegir cuando querías; ese es un inconveniente, pero es de tono menor. También es
una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo que puedas optar a mil puestos vacantes que hay en un momento determinado junto con otras tres mil personas; antes optabas a diez puestos pero con muchas menos personas, por tanto, tenías más
posibilidades, pero ahora tienes más puestos y una cosa compensa a la otra. Señorías, les digo con toda sinceridad que, como sucede en todo colectivo humano, cuando se produce un cambio hay un proceso hasta que las cosas que ubican en su sitio,
pero este cambio no está produciendo ninguna alteración de ningún tipo, salvo aquellas que vienen derivadas, como les dije antes, de que todo en la vida tiene ventajas e inconvenientes y uno no puede querer solo las ventajas y que no haya
inconvenientes, porque la vida es así de difícil para todos. Creo que eso es así.
Varias de SS.SS. han hecho referencia a la resolución que aprobó el Parlamento, por la que debíamos dar cuenta de cómo se estaba desarrollando ese proceso. Sinceramente quiero confesarles que me he quedado un poco sorprendida por que -no
hoy sino que en días precedentes alguno de ustedes me lo dijo- se interpretase que no habíamos contestado en tiempo y forma a este requerimiento, porque sí lo habíamos hecho. Hoy, finalmente, he averiguado que la cuestión es que hubo un cambio o un
error en la manera de contestar y en lugar de responder a una resolución del Pleno se hizo como si fuese la pregunta de un diputado, y a la diputada o al diputado se le ha remitido como respuesta a una pregunta.
Se lo enviaremos a SS.SS., a los
grupos parlamentarios, para que tengan la respuesta que en su momento
elaboramos sobre las incidencias que se estaban produciendo en la aplicación de la ley que, como les digo, son mínimas, por no decir inexistentes. Les diré más, hay que escuchar a todo el mundo y todo el mundo tiene su opinión, pero de la
misma manera que hay funcionarias que se resisten a trabajar en módulos de hombres, hay otras que desde hace mucho tiempo prefieren trabajar en módulos de hombres, por razones que no les voy a explicar, pero todas ellas perfectamente razonables,
porque las características de unos módulos y de otros y la tipología de unos internos y de otros hace que haya funcionarios que prefieran desarrollar su actividad profesional en uno o en otro sitio. No es patrimonio de nadie decir: Yo quiero
trabajar aquí y debo trabajar aquí.
Señorías, este es un tema que podemos alargar todo lo que queramos, hasta el infinito, pero, como les dije al comienzo de un intervención, al final hay que optar, porque todos los pasos adelante que damos tienen ventajas e inconvenientes y
tienes que asumir el bloque, intentar que los inconvenientes sean los menos posibles, y que, como decía el señor Tardà, no afecten al gusto con el que uno va a trabajar, porque a mí también me parece que es importante que uno se sienta satisfecho
con el trabajo que hace o que, por lo menos, no se sienta muy incómodo; a lo mejor el punto medio en el que estamos casi todos es entre la gran satisfacción y la incomodidad, pero tenemos que intentar no encontrarnos muy incómodos con las cosas que
vamos haciendo y muchas veces pienso que consiste en tener un poquito de consideración y de mano izquierda a la hora de resolver los problemas concretos de las personas. Me parece que esa es la fórmula adecuada.
Me he quedado muy sorprendida por muchas de las cosas que ha dicho en su intervención la portavoz del Partido Popular, a algunas de ellas no puedo contestarle, pero sobre las que tenga interés pregúnteme, porque le contestaré, incluso a las
cosas tan personales que ha traído aquí. Decía: En servicios centrales hay seis mujeres que están de baja psicológica.
¿Cómo interpreta usted esto? ¿Le parecen muchas o pocas? ¿Le parece que es relevante el hecho de que sean mujeres? ¿Que por
ser mujeres cogen más la baja o cogen más bajas psicológicas o que están acosadas por el hecho de ser mujeres? ¿Infiere usted alguna conclusión del hecho de que haya seis mujeres? Es un dato que yo desconocía, no sé si es cierto o no; alguien se
lo ha contado a usted y de algún sitio lo habrá sacado. Lo desconozco y no puedo hacer una valoración de si me parecen pocas, muchas o regulares, cuántas son las de hombres y si son equivalentes o no, cuál ha sido el histórico de las bajas por
depresión que ha habido en esta institución desde los años noventa, etcétera. No sé a qué viene esto, señoría; me parece que es absurdo entrar en este tipo de disquisiciones, pero yo respeto el papel que cada uno tenemos que jugar, como no puede
ser de otra manera. De todas formas, le ruego que nos remita por escrito aquellas cosas sobre las que quiera que le contestemos y, si le parece, incluso para garantizarle que la respuesta es más rápida y no tiene que pasar por todos los trámites y
por todas las mesas, me lo manda por fax o por carta y yo le contesto personalmente para que pueda tenerlo con la mayor celeridad posible. (La señora Navarro Cruz pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Supongo que damos por cerrada esta comparecencia.
La señora NAVARRO CRUZ: Falta un tema.
La señora PRESIDENTA: Sí falta, pero el punto en el que estamos, para no hacer esto interminable, por los signos que me hacen los grupos, podemos darlo por concluido, porque vamos a seguir hablando del tema.
La señora NAVARRO CRUZ: Voy a utilizar tres minutos.
La señora PRESIDENTA: No puedo decirle que no, pero le rogaría que fuera breve, porque eso da pie a que todos los grupos quieran intervenir, y le diré que a continuación vamos a ver otra comparecencia solicitada por su grupo. Le rogaría,
si no le importa demasiado, que pudiéramos acumular también las respuestas, porque si no vamos a hacer interminable esta sesión.
- EL MALESTAR DE LOS SINDICATOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS CON LAS POLÍTICAS DE SU SECRETARIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000929.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día, con el número 929, que es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Dentro de un momento daré la palabra a la secretaria general para que realice su exposición. Le doy las gracias, señora Navarro, pero creo que merece la pena que podamos culminar este orden del día en un tiempo razonable.
La señora NAVARRO CRUZ: Solamente una cosa, señora presidenta. Por supuesto que me importa, pero voy a ceder ese turno de palabra.
Simplemente quiero decir a la señora Gallizo que no es necesario que le mande ningún fax, con que tome nota de todo lo que he dicho y me mande la respuesta por escrito, es suficiente. Por supuesto se me han quedado en el tintero muchas
cosas que me hubiera gustado decir.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Respecto a las relaciones con los sindicatos, que era la otra cuestión sobre la que SS.SS. querían que compareciese,
tengo que decir que estas relaciones han venido marcadas por la firma de un pacto, como todos ustedes saben, con los sindicatos el 29 de marzo de 2005; pacto que se encuentra cumplido casi en toda su extensión, en la parte cuantificada
económicamente al cien por cien y en lo que se refiere a oferta de empleo público, por encima del cien por cien. Hay algunos aspectos del pacto que no han sido desarrollados por falta de acuerdo, y son los que hacen referencia a horarios, noches y
segunda actividad.
Supongo que esta es la causa del malestar sindical al que se hace referencia en la solicitud de comparecencia y yo no voy a eludirlo sino que entraré con detalle en estas tres cuestiones.
Quisiera hacer una síntesis muy esquemática del balance del cumplimiento de lo pactado por parte de esta secretaría general, información que puedo ampliarles posteriormente si lo desean sus señorías. Entre los compromisos que esta
Administración asumió se encontraban el incremento de la oferta de empleo público, lo que, como le dije, hemos cumplido con creces, incluso en años de restricciones en la oferta pública de empleo en el conjunto de las administraciones; en total
hemos creado en estos ejercicios 5.403 plazas, incluyendo funcionarios y laborales. En lo relativo a la formación, se han introducido modificaciones en la formación inicial, tanto del cuerpo de ayudantes como del cuerpo especial, respecto al tiempo
de su formación y las materias impartidas, con especial incidencia en la incorporación de algunas materias nuevas, como la resolución pacífica de conflictos y el código deontológico. La formación continua va a potenciar su desarrollo mediante
plataformas de formación on line, de manera que en los próximos cursos de especialización la gestión administrativa y penitenciaria puedan impartirse en las aulas informáticas que hemos habilitado en todos los centros penitenciarios para formación
de funcionarios. Por otra parte, se ha elaborado un plan estratégico de formación y se ha materializado en un convenio con la UNED para desarrollar procesos de formación continua y de especialización. Se está consolidando la formación para el
personal directivo y predirectivo, una de las grandes carencias de esta institución que se ha puesto en marcha en los últimos años.
En relación con la prevención de riesgos, se han creado y dotado diez servicios de prevención propios y se han implantado los planes de emergencia en todos los centros penitenciarios con la formación del personal correspondiente a los
equipos de primera intervención, realizándose la evaluación de riesgos para el diseño del correspondiente plan de intervención. Con respecto a la adecuación en las relaciones de puestos de trabajo, en cuatro años el incremento neto de efectivos ha
sido de 4.326 personas, cifra que no es la misma que la que les dije antes de la oferta de empleo, pero es que hay que descontar la tasa de reposición, es decir, los funcionarios se han jubilado a lo largo de estos años, ese es el crecimiento,
diríamos, neto que se ha producido.
Por primera vez se ha dotado de personal propio a los centros de inserción de nueva creación y esperamos que cuando esto sea posible se extienda a los centros de inserción anteriores sobre los que, por cierto, no
se había hecho previsión de creación de plazas, cosa que queremos corregir. Se han elaborado las instrucciones de horarios en servicios centrales y periféricos, adaptando el plan de conciliación familiar y laboral consensuado con las organizaciones
sindicales, quedando pendiente únicamente la revisión y, en su caso, modificación de los actuales horarios vigentes, especialmente en lo referido a una organización diferente y a la nocturnidad. Volveré sobre este tema.
Sobre las infraestructuras, les diré que se ha continuado con la ejecución del plan de amortización y creación de centros -me refiero a todas estas cosas, porque todos formaban parte del pacto con los sindicatos-. Ya conocen las
infraestructuras que se han inaugurado: se han abierto cuatro nuevos centros penitenciarios, dos ampliaciones, dos centros más; 24 nuevos centros de inserción, con la creación de cerca de 2.500 celdas dobles, que se suman a las 5.000 de los
centros penitenciarios, y dos unidades de madres con más de 50 habitaciones. En este año en el que estamos terminaremos los nuevos centros de Menorca y de Murcia, el centro de inserción de Valladolid y dentro de algunos meses, ya en 2011, el centro
de Gran Canaria y la unidad de madres de Madrid. Las obras van a muy buen ritmo.
En materia retributiva, como les dije, hemos cumplido al cien por cien lo comprometido. Nos propusimos mejorar las retribuciones del personal, en justa correspondencia a la dedicación y el buen trabajo de nuestros funcionarios, y quiero
decirles, señorías, que me siento particularmente satisfecha de que hayamos hecho este esfuerzo en los años en los que el presupuesto lo ha permitido. Si lo desean, tendré muchísimo gusto en detallarles qué incrementos se han producido en estos
años y en demostrar que el esfuerzo realizado ha producido una mejora significativa de las retribuciones, aunque ahora estemos viviendo un momento difícil en esta materia. También en los programas de acción social hemos alcanzado el uno por ciento
de la masa salarial destinada a los planes de acción social, como se preveía en el acuerdo.
Vayamos con los asuntos pendientes. Son básicamente los referidos al horario y a la nocturnidad, así como los relativos a la segunda actividad y a la jubilación anticipada. En el pacto suscrito se abría la posibilidad de replantear los
horarios y los turnos de trabajo. Aquellas de SS.SS. que conozcan el funcionamiento de esa institución sabrán que en el servicio interior hay acumulaciones de horario, cosa que se acordó con anteriores gobiernos, que permiten que los funcionarios
concentren sus jornadas laborales en unos días, disponiendo de un número importante de días libres, de días sin trabajo todos los meses. La Administración entiende que este horario, que distorsiona enormemente la realización de tareas regulares de
seguimiento sobre internos e instalaciones, debería ser replanteado, pero ahí no hay acuerdo
con las organizaciones sindicales, que creen que es más ventajoso para ellos el actual horario y no desean cambiarlo. Por este motivo no ha habido avances en esta cuestión en este tiempo, porque no ha habido una disposición a entrar en
ella. También está pendiente el estudio integral de la incidencia del trabajo nocturno y su posible repercusión tanto en la adecuación de nuevos horarios como en su impacto económico. Quiero decirles, señorías, que no hay que interpretar que la
nocturnidad, que ya se retribuye, deba incrementar su retribución sin un replanteamiento de este servicio. No hemos estado cerrados a esto, pero hasta ahora no ha sido posible acordarlo. Es obvio que la Administración tiene que velar por el mejor
cumplimiento del servicio. Como expliqué antes refiriéndome a otra materia, en nuestra organización de funcionarios de interior, en el servicio de vigilancia, hay dos grupos que calificamos como V1, vigilancia 1, y V2, vigilancia 2. La diferencia
entre ambos es que los segundos realizan noches, pero el resto de las funciones son prácticamente las mismas, con una indicación de preferencia en la asignación de determinados puestos de trabajo. Ambos puestos tienen una diferencia retributiva que
viene marcada por el hecho de que unos realizan noches y otros no. Es decir, la realización de noches está contemplada en la retribución, otra cosa es que uno entienda que se debería mejorar o cambiar, pero esa es la dialéctica habitual de la
organización. En todo caso, en nuestra opinión, no se trata de volver a retribuir las noches sino de valorar la repercusión de esta tarea y la posibilidad de replantearla estudiando su impacto retributivo. Creemos que esta es una tarea que
deberíamos abordar, pero de momento no hay acuerdo en esta materia.
La segunda cuestión gira en torno a la jubilación anticipada y a la segunda actividad. En el pacto se hacía una propuesta para avanzar en esta dirección. Cuando se elaboró el anteproyecto de ley de ordenación de cuerpos penitenciarios, se
sometió, como es preceptivo, a la consideración de los ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda lo que hacía referencia a la reforma de esta cuestión. Ambos ministerios eran contrarios a que se avanzase en la línea que
proponían los sindicatos. Aún no se ha presentado la citada ley como iniciativa legislativa al no existir acuerdo sobre este y otros puntos con las organizaciones sindicales, porque preferimos que la ley goce de un acuerdo por su parte. ¿Dónde
está la discrepancia básica? En que los sindicatos han venido reclamando que se apruebe el paso a la segunda actividad a los 55 años, con 30 años de servicio, 20 de los cuales sean en interior, incluyendo la demanda de que esto se haga sin destino
de trabajo. En la práctica, señorías, como saben ustedes, no tener un destino concreto de trabajo vendría a ser equivalente a una jubilación anticipada sin estar formalmente jubilados. Esto, señorías, no creo que encuentre muchos apoyos en estos
momentos. Desde luego, por parte de la Administración no hay inconveniente en destinar a puestos de trabajo de otras características, es decir, no a interior, a las personas que cumplan determinados requisitos de edad y de antigüedad y que quieran
hacerlo, como se ha venido haciendo hasta ahora, pero no es posible que estas personas sigan percibiendo retribuciones y complementos como personal en activo sin tener ningún puesto de trabajo operativo. Esa es la discrepancia. No tengo el menor
inconveniente en explicarles con claridad dónde están los puntos de desencuentro con las organizaciones sindicales. Por parte de las organizaciones sindicales hay una demanda de que se resuelva favorablemente lo que plantean y por parte de la
Administración hay una consideración de que esto no es posible hacerlo, sobre todo no es posible en la situación que tenemos. El diálogo con los sindicatos, señorías, permanece abierto, aunque la mesa de representación de los mismos ha sufrido
diversos avatares por criterios generales de representatividad ajenos a nuestra competencia. La secretaría general, como les he dicho, ha cumplido lo fundamental de lo pactado, que en términos de empleo y de incremento de las retribuciones ha sido
importante. Creemos en el diálogo y en la colaboración, es más, resulta difícil pensar que cualquier servicio público pueda prestarse adecuadamente y más en momentos de crisis si no hay un esfuerzo de todos y un compromiso tanto de los empleados
públicos como de los responsables políticos, que somos nosotros y también son ustedes, para buscar las fórmulas que nos permitan realizar el mejor servicio posible, responder adecuadamente a las demandas de quienes lo llevan a cabo y hacerlo de una
manera sostenible para las cuentas del Estado. La situación en la que se encuentra nuestra economía hace necesario que todos redoblemos nuestros esfuerzos de entendimiento, aun con las limitaciones que la propia situación nos impone. Estamos
dispuestos a seguir abiertos al diálogo y al acuerdo en aquellas cuestiones aún no resueltas y sobre todo en las que pueden mejorar tanto la prestación de este servicio público como la formación, la cualificación y el reconocimiento de los
profesionales que en él trabajan, si bien, insisto, todos hemos de tener en cuenta las nuevas circunstancias económicas en las que nos encontramos. En cualquier caso y para terminar, quiero decirles una vez más que la institución penitenciaria
española, que ha vivido en estos últimos quince años un gran crecimiento en el número de internos y profundos cambios tanto legislativos como de tipología de las personas internadas, ha hecho frente a esta nueva realidad no sólo con solvencia sino
con un gran empuje modernizador, con una mejora notable de los sistemas de control del crimen organizado y del terrorismo y con una apuesta reinsertadora redoblada que la ha puesto a la cabeza de los países de nuestro entorno en todas estas
materias. Esto, que ha sido posible por el trabajo, la dedicación y el compromiso de todos nuestros funcionarios, de los técnicos, de los directivos y del personal de vigilancia, merece todo el reconocimiento de la sociedad. Cuando es posible,
como ha sucedido en los años precedentes, tratamos de mejorar las retribuciones, porque sabemos que los trabajadores
lo merecen y que es una manera de reconocer el esfuerzo realizado, y siempre pedimos reconocimiento y respeto hacia la tarea de los penitenciarios. A menudo, como decíamos en la intervención anterior, se hace noticia de las cosas negativas
que puntualmente suceden en tal o cual sitio, pero esa no es la imagen real de las prisiones españolas en las que miles de funcionarios públicos dedican lo mejor de sí mismos para devolver a la sociedad personas mejores que las que se les encomendó
custodiar. Me gustaría, señorías, que esa fuera la percepción general de esta institución.
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la intervención de los grupos parlamentarios. En este caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Doy la bienvenida de nuevo a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. La verdad es que hemos hecho un orden del día un poco apretado, con muchos temas, pero tiene usted el triste récord de ser el
alto cargo del Ministerio del Interior que menos veces ha comparecido en esta Comisión. Por tanto, aprovechamos que la tenemos hoy aquí con nosotros para que pueda sustanciar el mayor número de cuestiones pendientes, que como sabe son bastantes.
Me han preocupado dos cosas de su intervención inicial. En primer lugar, no sé hasta qué punto es usted consciente del malestar que existe entre el personal que trabaja en Instituciones Penitenciarias y de forma particular del malestar que
existe en las organizaciones sindicales.
Muchas veces el trabajo de despacho tiene la capacidad de aislarnos de la realidad y me da la impresión de que usted vive en una realidad un poco distante del malestar que existe realmente.
En segundo lugar, me ha preocupado esa dilución de responsabilidades que usted hace de los incumplimientos de los pactos firmados en las organizaciones sindicales. Lo que se ha cumplido es mérito suyo y lo que no se ha cumplido es porque
los sindicatos no se han puesto de acuerdo para que se cumpla. Esa no es tampoco la realidad de la situación actual.
Usted sabe que los funcionarios de prisiones se están manifestando, se están concentrando prácticamente en todas las provincias;
el pasado día 10 lo hicieron en la mía, en Palencia. Hace pocas fechas tuvimos una reunión con el conjunto de Instituciones Penitenciarias en la sede nacional de mi partido, en la calle Génova. Si hubiera tenido que pedir su comparecencia tras esa
reunión, probablemente más que malestar hubiera utilizado la palabra indignación, porque lo que nos trasmitieron -y no creo que sea desmentido por ellos- en aquella reunión fue verdadera indignación, indignación con usted, indignación con el
Gobierno, indignación con la política penitenciaria que está realizando este Gobierno. Era una indignación motivada por tres causas fundamentales. En primer lugar, por la situación de desbordamiento que se está viviendo en las prisiones españolas.
El servicio público de Instituciones Penitenciarias es tan peculiar que muchas veces los españoles no son conscientes de cuál es la realidad que se está viviendo dentro de las prisiones, pero los funcionarios de prisiones son muy conscientes de cuál
es esa situación. Es una situación absolutamente insostenible, primero, por la saturación que nos encontramos en los centros penitenciarios -el 170 por ciento de su capacidad, con centros penitenciarios que superan el 200 por ciento-, con una
población reclusa que crece de forma constante -el 30 por ciento desde 2004 y el 3,5 por ciento solo en el último año, con casi 80.000 reclusos en estos momentos en las cárceles españolas-, con un porcentaje altísimo de extranjeros -un 35 por
ciento-, con las complicaciones que ello supone en el tratamiento de esta población reclusa, con una población penitenciaria en la que uno de cada cuatro reclusos requiere algún tipo de asistencia específica en función de problemas o patologías
específicas, con -y este es un dato que pone de manifiesto el fracaso de la política de reinserción actual del Gobierno- una tasa de reincidencia del 50 por ciento y con un aumento importante de las agresiones. Por cierto, esta es una estadística
que se trata con bastante opacidad, pero los sindicatos denuncian constantemente el aumento de agresiones tanto entre reclusos como de reclusos a funcionarios, con algunos casos especialmente dramáticos de los que hemos tenido noticia en los últimos
días. Por tanto, hay una primera preocupación y una primera indignación en los sindicatos que no tiene tanto que ver con la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores como con el mal funcionamiento de Instituciones Penitenciarias.
Frente a esto, existe preocupación porque la situación amenaza con deteriorarse en mayor medida, cuando nos encontramos una oferta pública como la aprobada para este año, de 250 funcionarios, que usted sabe, señora secretaria general, que
objetivamente va a suponer una merma muy importante de los efectivos reales que están trabajando en nuestras prisiones. Como ha señalado usted en su intervención, hay dos prisiones en estos momentos a punto de inaugurarse, la de Mahón, en Menorca
-que por cierto estuve visitando y podían haber elegido mejor sitio y no hacerla contigua a la casa cuartel de la Guardia Civil, donde viven todas las familias de los guardias civiles-, y la prisión de Murcia. Mi pregunta es cómo va usted a poder
inaugurar estos centros cuando no solamente no va a tener un aumento de los recursos humanos, sino que va tener una disminución muy importante este año. En segundo lugar, hay una reducción también dramática de las inversiones, un 10 por ciento en
su secretaría general para este año 2010, casi 100 millones en la empresa que realiza la construcción de las prisiones, Siepsa, todo ello sin contar los recortes adicionales que sabe que por no disponibilidad está ejecutando en este momento el
Gobierno, que amenaza además, sobre la base de las exigencias de la Unión Europea, con nuevos recortes. Usted se declaraba muy orgullosa de haber inaugurado cuatro centros penitenciarios de los 18 que
estaban en el Plan 2005-2010 -terminaba este año-, pero parece difícil que este crecimiento constante de la población reclusa y esta disminución de recursos humanos y de inversión no vayan a provocar una situación de mayor colapso en el
sistema. Por cierto, existía también el compromiso de ampliar los centros penitenciarios de Ávila y de Burgos y, como diputado de Castilla y León, me gustaría que me dijera si esas ampliaciones van a ser posibles.
La segunda razón para este enorme malestar, esta movilización y esta indignación que existen en los funcionarios de prisiones son sus incumplimientos. Usted se refería al acuerdo firmado en marzo del año 2005, acuerdo firmado por el
entonces ministro -siendo usted ya directora general de Instituciones Penitenciarias, porque usted sí ha promocionado-, que actualmente ejerce como portavoz en el Grupo Socialista. Los sindicatos tienen una visión radicalmente distinta del grado de
cumplimiento de ese acuerdo y he de decirle con sinceridad que esa visión está más próxima a la realidad que la que usted nos ha dado en esta comparecencia. En nuestra opinión ha habido un incumplimiento sustancial en la mayor parte de los puntos
pactados y recogidos en ese acuerdo. No hay nuevo catálogo de puestos de trabajo como se habían comprometido, no hay regulación de la segunda actividad, ni en la fórmula que quieren los sindicatos -que coincido con usted en que no es posible en
este momento- ni en ninguna otra fórmula posible, y usted sabe que hay posibilidades de hacer una regulación sensata de la segunda actividad. No se ha avanzado en el complemento de nocturnidad, como usted misma ha reconocido; no se ha avanzado en
la funcionarización de personal laboral, como por ejemplo los maestros de taller -personal laboral que tenía las condiciones necesarias para haberse convertido en personal funcionarial-, que estaba recogida en el acuerdo; no existe la comisión
entre sindicatos y Administración prevista para la formación; no se ha hecho el plan cuatrienal al que se habían comprometido para la prevención de riesgos laborales, y en lo único que han cumplido, que son los días festivos, hay un cumplimiento
del 50 por ciento del compromiso que se había asumido. No solo ha tenido usted cinco años para cumplir ese acuerdo, sino que han sido cinco años en los que, como usted misma reconocía, ha habido una disponibilidad presupuestaria que por desgracia y
por la nefasta gestión de la política económica de este Gobierno no es el escenario en el que estamos hoy. Yo le tengo que exigir responsabilidad respecto a esos incumplimientos, porque es mi obligación como oposición, y le tengo que decir que más
grave aún que no cumplir lo firmado, que es grave, es mantener esos compromisos, como usted ha hecho sistemáticamente a lo largo de todas sus comparecencias en esta Comisión, sabiendo que no se van a cumplir. Por tanto, señora secretaria general,
le insto a que diga la verdad, que nos la diga a nosotros, pero que se la diga también a los sindicatos; que nos diga cuáles de esos puntos no se van a cumplir; si se van a cumplir, cuál es el calendario de cumplimiento, y si no los va cumplir,
que nos dé una explicación de por qué no se van a cumplir, porque cuando no se cumple algo lo menos que se puede hacer es dar una explicación que no sea echar la culpa a la otra parte.
La tercera causa, junto con la insostenibilidad del sistema, junto con estos incumplimientos, es el desgobierno o, si lo prefiere, la incompetencia en la gestión que está demostrando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que
usted encabeza. Los funcionarios de prisiones llevan año y medio esperando que haya un concurso de traslados.
A estas fechas suele haberse publicado ya la convocatoria para las pruebas de acceso al cuerpo de Instituciones Penitenciarias. No se ha
hecho y hay muchas dudas de que se pueda hacer hasta el mes de diciembre.
Se han dejado sin ejecutar 6 millones de euros de lo proyectado en el denominado PlanE o Plan de Estímulo a la Economía. La inspección ha tenido una actuación en algunos
casos -me refiero a la comparecencia anterior, en la que habido casi unanimidad con la única excepción del grupo que apoya al Gobierno- cuando menos tardía. Nos preocupa que este conflicto que actualmente existe con los sindicatos de instituciones
penitenciarias pueda agravarse y radicalizarse los próximos meses. Nos preocupa que ese conflicto pueda suponer un deterioro de la situación -en estos momentos ya es muy difícil- que se vive en las prisiones españolas por las razones que le he
comentado. Ustedes no solamente incumplen lo pactado, sino que además tienen que bajar el sueldo a los funcionarios de prisiones, lo que lógicamente ha aumentado de manera muy importante el descontento. Usted ha roto el diálogo con los sindicatos
de prisiones y eso hace que la única opción que les quede a los funcionarios sea salir a la calle para expresar su malestar. Le insto a que retome usted ese diálogo, a que lo retome de verdad, a que busque nuevos acuerdos que sea posible cumplir y
a que en la medida de lo posible ponga fin a una situación de deterioro que mi grupo considera grave y que los funcionarios de prisiones, mucho más allá de lo que usted y yo podamos decir en esta Comisión, saben perfectamente que se está produciendo
en las cárceles españolas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Como la solicitud de comparecencia del Grupo Popular hacía referencia en general a las políticas de la secretaría general es obligado y necesario pormenorizar -no me voy a extender mucho- distintos aspectos que
inciden directamente en la prestación de servicios del personal en esta institución. Voy a dar una visión muy diferente a la que ha dado el Grupo Popular, según la cual parece que todo es terrible y todo es malo.
La prioridad del Gobierno en las políticas de seguridad, en especial en esta institución, no se puede poner en duda, ya que se ha reflejado en estos seis años en los
diferentes presupuestos generales. Así, a pesar de la situación económica que vivimos actualmente, en el presupuesto de 2010 ha habido un incremento del 5,39 por ciento y, en el capítulo de personal, de un 7,21 por ciento, para garantizar
precisamente la cobertura de una oferta de empleo público que ha sido la mayor de la historia de Instituciones Penitenciarias, con 1.350 funcionarios en la oferta de empleo público del año pasado. Desde el año 2004 el crecimiento de la plantilla ha
sido muy significativo, nada menos que un 23 por ciento, y la evolución en inversiones reales ha sido espectacular, con un aumento del 52 por ciento respecto al presupuesto de 2004. Le diría al portavoz del Grupo Popular que de recortes ninguno,
por lo menos en esta época; sí en la anterior, donde se congelaron partidas de manutención y productos farmacéuticos cuando el incremento de la población reclusa fue exponencial.
A todos estos aspectos cuantitativos que he relatado hay que añadir también aspectos cualitativos que no son menores. En primer lugar, la unificación de escalas, que ha hecho posible, como dije en mi anterior intervención, que muchas más
mujeres hayan accedido a la Administración penitenciaria y hayan mejorado sus posibilidades de promoción dentro de ella. En segundo lugar, hay que destacar el acuerdo histórico firmado por la mayoría de los representantes sindicales en el año 2005,
que mejoraba las condiciones de trabajo de los empleados penitenciarios e incluía mejoras retributivas, acción social, salud laboral y un largo etcétera que ha mencionado la secretaria general y que se ha cumplido. En último lugar, el plan
estratégico que la secretaria general presentó en noviembre del año 2009 a las organizaciones sindicales como una herramienta útil y un punto de partida para mejorar la institución penitenciaria, que recogía elementos cruciales, como la reordenación
de los cuerpos penitenciarios, la elaboración de un código ético del personal, la revisión de la estructura de puestos y la regulación de la segunda actividad. Voy hacer mención a esta última, porque en ese documento se destacan las posibilidades
que pueden ofrecer los centros de inserción social y las unidades de gestión de medidas alternativas para acoger a los funcionarios de más edad aprovechando la experiencia acumulada. Creo firmemente que en vez de mandar a su casa a un funcionario,
es mejor seguir ocupándole en un puesto adaptado a sus circunstancias. El documento, como él mismo establece, es una propuesta para debatir abiertamente con los sindicatos representativos en las mesas correspondientes, pero sin olvidar por supuesto
el marco económico actual. España, al igual que el resto de los países europeos, ha puesto en marcha una serie de medidas de ajuste para recortar el déficit de forma rápida. Todos los grupos y todas las administraciones deben compartir esta tarea
común. Por ello pido al Grupo Popular coherencia y responsabilidad. Lo que no se puede hacer es pedir por la mañana que se reduzca el déficit y a la vez hacer un montón de propuestas que lo incrementan. La oferta de empleo público de este año,
por ejemplo, en esta institución ha acaparado toda la oferta; en otras administraciones no, porque hay que realizar estas medidas.
Acabo, señora presidenta, reconociendo el avance importante en políticas de personal en Instituciones Penitenciarias, con un incremento importante en retribuciones, en plantillas, en derechos sociales, en instalaciones y en medios. El
proceso modernizador, iniciado en el año 2004, es imparable, y afirmo que si somos un modelo a seguir para diferentes países, gran parte del éxito, como ha dicho la secretaria general, es mérito de sus trabajadores, que, con la responsabilidad que
les caracteriza, estoy segura de que van a seguir contribuyendo a que el sistema penitenciario español sea considerado uno de los mejores del mundo, como lo han puesto de manifiesto también en numerosas ocasiones tanto el Consejo como el Parlamento
Europeo. Ahí está también la mano tendida al diálogo con todas las organizaciones sindicales que ha ofrecido la secretaria general.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Gallizo, para turno de réplica.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENINTENCIARIAS (Gallizo Llamas): Señor Cosidó, la verdad es que todo lo que usted nos ha contado hoy aquí es un poco asombroso.
En cuanto a lo que demandan los sindicatos, no sé qué es lo que usted comparte y lo que no de las demandas que se hacen. Me gustaría que lo dijese, porque, si no, entramos en un juego que no ayuda a nadie para nada. Yo he hecho un esfuerzo
de claridad y de sinceridad explicándole cuáles son los desacuerdos en el pacto que suscribimos, que contempla un montón de cuestiones que se han ido desarrollando de la mejor manera posible y con acuerdo en la mayor parte de las ocasiones. Hay
algunas en las que hemos encontrado escollos y otras no son producto de escollos, sino de que llevan un tiempo para desarrollarse adecuadamente. Me gustaría saber si a usted le parece razonable la posición que tiene la Administración ante los
escollos que le he manifestado que nos encontramos. Si no le parece razonable, debería usted decirlo, más que nada para que todos sepamos a qué atenernos. Cuando se hace un pacto hay dos partes. Nosotros estamos obligados a defender los intereses
de la Administración. No es que yo me apunte lo que hemos hecho, pero hay una desigualdad entre aquello que se puede materializar en una acción positiva por parte de la Administración y aquello que implica un cambio en las condiciones de trabajo
por parte de los funcionarios, y en esas materias, como he explicado a S.S., ha habido pocos avances. No es que me quiera poner ningún mérito de que lo que nosotros hayamos puesto sea más que los demás. Un pacto es cosa de dos partes, pero los
elementos en los que todavía no ha sido posible llegar a un acuerdo requieren un replanteamiento de algunas materias y algunos que no se han cumplido o sobre los que no se ha llegado a un acuerdo -y los sindicatos no se
lo han explicado a usted, pero usted podría haber visto el pacto, que es público, porque no tienen interés en contarlo-, como que revisemos los actuales horarios en vigor. Esto es algo que no se ha desarrollado del pacto y por qué no se
cuenta, porque no se tiene interés. Sin embargo, para la Administración es interesante y es importante, porque puede redundar en una mejora del servicio, y queremos hacerlo con acuerdo, pero hasta ahora no ha sido posible.
He hecho un esfuerzo de honestidad y de sinceridad en explicar dónde están los desacuerdos, cómo se sitúan y por qué en este momento es difícil que podamos avanzar en algunas materias, porque algunas de las cosas que se plantean significan
una pérdida de efectivos dentro de la institución o unos incrementos que son difíciles de asumir. Usted ha presentado un panorama muy catastrófico de la situación del sistema penitenciario español que, perdóneme que le diga, no se corresponde para
nada con la realidad. Ni hay un desbordamiento de las prisiones españolas ni hay una situación insostenible -como ha dicho usted- por la saturación, ya que estamos en unas condiciones muy razonables. Como le dije antes, hemos abierto centros
nuevos, porque usted solo ha hecho referencia a cuatro centros, pero hay dos centros más que, aunque sean dos reformas, han significado una nueva apertura y estaban dentro del cómputo del plan. Hay 24 centros de inserción con los que, como les dije
antes, se han puesto en funcionamiento 5.000 plazas, solamente en centros de inserción, que era una gran carencia que tenía nuestro sistema, y esto nos ha ayudado a mejorar mucho el nivel de ocupación. Por otra parte, no es verdad que en el último
año haya habido ese gran incremento de la población reclusa, depende de con qué año lo interprete usted, si es el año pasado o el último año, porque no son el mismo concepto. Es decir, en este año 2010, ya estamos en la mitad del año y,
prácticamente, estamos teniendo una situación de estabilidad con respecto a la que había a finales del año 2009 en cuanto a población reclusa. Afortunadamente, por primera vez, se ha parado esa tendencia al alza, porque, como he explicado en otras
comparecencias -quizás es que, como usted dice, he venido poco al Congreso y he ido más al Senado y allí me lo han oído decir mucho más-, el gran incremento de la población reclusa en España se produce en los años en los que ustedes gobernaban. (El
señor Cosidó Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, están los datos -y los datos no mienten- del incremento que se produce en unos años y del que se produce en otros. Las previsiones para abordar ese incremento que se hacen en unos
años no son las mismas que se hacen en otros. Me parece un poco absurdo volver la vista tan atrás, porque ha pasado ya mucho tiempo y no debemos de hacerlo, pero sí que hay que saber de dónde partimos, porque es bueno para todos. Aunque ahora
estemos hablando de incremento y en aquellos años no se hablase de ello, porque no se hablaba de nada -y la realidad es la realidad-, los incrementos fueron mucho mayores y las ofertas de empleo que hemos tenido estos años no son ni comparables con
las ofertas de empleo que hubo en los años precedentes. Las cifras cantan, señoría, ha habido un incremento en el capítulo 1, en personal, tanto en número de funcionarios como en retribuciones. Usted me dice -y es verdad- que ahora todos los
funcionarios públicos hemos tenido un recorte en nuestras retribuciones y eso hace que la gente no esté feliz, eso es obvio. Como alguien decía antes, uno tiene que estar feliz en su trabajo, pero, cuando a uno le recortan el sueldo, a veces es
complicado pedir que, además de hacer bien el trabajo, uno sea feliz. Si quiere le digo a usted los incrementos retributivos que ha habido desde el año 2004, es decir, desde el tiempo en el que tengo la responsabilidad de dirigir esta institución
hasta el día de hoy, incluso aplicando el recorte del 5 por ciento. Se sorprendería usted de saber que la media del incremento de las retribuciones de los funcionarios de interior, incluso aplicando el recorte del 5 por ciento en este tiempo, ha
sido del 27 por ciento, pero, si descontamos ese 5 por ciento, estaría por encima de un 33 por ciento. Este es un incremento retributivo importante, tanto como para despreciar que no se haya tenido en cuenta el trabajo o la carga de trabajo que
tienen los funcionarios, porque considero que es muy injusto, señoría, sobre todo porque es dinero de todos los españoles. Hemos decidido llegar a un acuerdo con los trabajadores para que se reconociese ese esfuerzo que se ha realizado a lo largo
de estos años, que ha sido importante. No es bueno ni para la sociedad española ni para los trabajadores ni tan siquiera para los sindicatos que se minimice el esfuerzo que ha hecho la Administración, porque la Administración, la dirija quien la
dirija en cada coyuntura, somos todos y todos tenemos la misma obligación de defender el dinero público.
Decía usted que había un desbordamiento en las prisiones españolas, ya se lo he explicado, pero si quiere le pasaré un dossier de la evolución de la ocupación en los centros penitenciarios, que no se corresponde en absoluto con el 170 por
ciento. Aquí quienes hacen las cuentas casi siempre suelen hacerlas como les conviene. En las cuentas que hacen quienes quieren engordar la capacidad que en cada momento tienen los centros se incluye a las personas que están en régimen abierto,
con medio telemático, en centros de inserción; no, esa no es la capacidad de los centros. Usted mismo ha dicho una cifra que hace referencia a toda la población reclusa española, incluyendo a la Administración catalana que, como usted sabe, no es
ámbito de nuestra competencia. Por tanto, hablemos de los que están cumpliendo condena en las prisiones españolas. (El señor Cosidó Gutiérrez: En España.) Perdón, en las prisiones que dependen de la Administración General del Estado. Ha
entendido usted qué es lo que quería decir. Las personas que están cumpliendo condena en las prisiones administradas desde la Administración General del Estado en este momento son 65.945. Esta es la última cifra que tengo, que algo de realidad
tendrá. De esas personas, tenemos más
de 8.000 que están en régimen abierto, es decir, que no están ocupando plaza en los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios, después de las inauguraciones que hemos hecho, tenemos en este momento del orden de 42.000 ó 43.000
celdas. Como usted sabe, en los centros nuevos las celdas están preparadas para tener a dos personas. Vamos a poner las cosas con un sentido de la realidad que nos ayude a todos a saber dónde tenemos las dificultades y qué es lo que tenemos que
hacer para corregirlas, porque, si no, no vamos a entendernos.
Me dice que hay un alto porcentaje de extranjeros, qué me quiere usted decir que tenemos que poner en libertad a los extranjeros o que no deben de estar en prisión. A veces ustedes dicen que hay mucha gente en las prisiones, no sé, ustedes
son los que hacen las leyes y los que determinan qué conducta tiene que estar perseguida y cuál no y cuáles se van incrementando. Si usted tiene interés, un día le puedo explicar el crecimiento de población reclusa que ha habido en estos dos
últimos años y en cuánto se queda si descontamos los nuevos delitos que ustedes incorporaron al Código Penal en relación con el tráfico y en relación con la violencia de género. Esto es parte de la realidad y nosotros hacemos el esfuerzo de
administrar esa realidad que ustedes deciden. Porque ustedes deciden que hay que reformar el Código Penal y que hay que elaborar determinadas leyes, y no voy a interpretar su decisión, porque no es mi papel y, desde luego, sería algo totalmente
extemporáneo, pero no me reproche si hay más o menos personas en prisión, porque hay las que los tribunales deciden, de acuerdo con las leyes, que deben estar privadas de libertad. No hagamos una discusión de esto, porque, si no, no nos vamos a
entender de ninguna de las maneras. Lo mismo le digo sobre el porcentaje de extranjeros, salvo que queramos discutir sobre si la presencia de personas extranjeras en prisión tiene algo que ver con que sea más difícil su acceso a la libertad
condicional o a la libertad provisional por el hecho de ser extranjero y no tener domicilio, lo cual es un problema diferente y más de fondo que no creo que debamos de tratar aquí.
En cuanto a la tasa de reincidencia, ahora estamos haciendo un estudio, porque el último estudio que hay es de su época y esa será la tasa que había. No sé cuál es en este momento, a lo mejor es más o menos, no lo sé. La tasa de
reincidencia, señoría, tiene mucho que ver con las capacidades que tiene la sociedad para integrar a la persona, una vez que acaba de cumplir su condena, como todo el mundo sabe. Porque la vuelta o no al mundo del delito no siempre tiene que ver
con el trabajo que se ha hecho en el sistema penitenciario para que esa persona tenga estudios, hábitos laborales o deje la droga, sino con el día de después y con si tiene o no oportunidades para incorporarse en el exterior. Creo que es
injustísimo que a los profesionales penitenciarios se les achaquen fracasos, que son fracasos de la sociedad y del sistema, porque no son fracasos provocados por los penitenciarios en su tarea. Cuando se habla de reincidencia se suele utilizar para
decir que el sistema penitenciario no sirve como un sistema rehabilitador y es injustísimo, señoría. No me voy a extender en esta materia, pero sí le quiero decir que es injustísimo.
Lo que más me ha dolido de todo lo que usted ha dicho es que vivo en un despacho y en una realidad distante. Creo que soy la primera responsable de esta institución que en los dos primeros años de su mandato ya había visto todos los centros
penitenciarios que hay en nuestro país. Esto no fue solamente en los dos primeros años, sino que he seguido practicando esto, porque me parece indispensable para conocer la realidad tal y como es. Si tiene usted interés, interésese por cuántos
centros penitenciarios o por cuántas visitas a centros penitenciarios hizo mi predecesor y, si no las multiplico por diez, le invito a usted a cenar donde quiera.
(Risas.) No me diga usted esto, porque me duele. Me duele, porque además creo que es
mi obligación y porque además se debe conocer la realidad sobre la que se trabaja. También dice que hay un aumento de las agresiones y una opacidad, pero esto no es posible en nuestro sistema, señor Cosidó. Toda la agresión que se produce en un
centro da lugar a un parte y ese parte se traslada a la inspección, no puede haber opacidad.
Es imposible que alguien oculte un hecho, porque, si quien produce la agresión es un interno, esto da lugar a una medida disciplinaria, por lo que es obvio
que entra inevitablemente en el sistema y está perfectamente recogido. No hay ninguna opacidad ni puede haberla, ni intencionada ni no intencionada. Están recogidos todos los incidentes, no sé a qué casos dramáticos de los últimos días se refiere
su señoría. Afortunadamente, el nivel de incidentes graves en nuestro sistema es ínfimo -y también estaré gustosísima de pasárselos-, pero son los porcentajes sobre los partes de incidencia que hacen todos los días los funcionarios, por lo que no
puedo ser opaca ni me puedo inventar ni una cosa ni otra.
El nivel de los incidentes graves o muy graves es un nivel muy bajo en las prisiones españolas y, por otra parte, es el mismo nivel que venimos teniendo desde hace muchos años, no solo en estos últimos años de esta Administración, sino en
los años anteriores. Afortunadamente, superada la época más convulsa en las prisiones españolas, nuestro nivel de incidencia se ha mantenido casi invariable. Si uno echa un vistazo a la proporción de incidentes que se producen en los centros,
desde el año 2000 hasta hoy, los porcentajes son apenas imperceptibles. La inmensa mayoría de los incidentes son incidentes leves, producto de una convivencia difícil, como es la que se produce en los centros penitenciarios. Si muchas veces la
convivencia es difícil en las casas particulares de cada uno, imagínese usted en un sitio donde uno no está por su gusto, sino porque le lleva la Guardia Civil y además tiene que convivir con unas personas que no conoce, que a lo mejor no le gustan,
y además tiene que estar sometido a una disciplina que no tiene nada que ver con su forma de ser. Tampoco nos engañemos y nos hagamos una idea diferente de lo que es un sistema penitenciario. Por su puesto que hay incidentes,
pero hay muchos menos incidentes que en otros sitios. El otro día veía el porcentaje de incidentes que hizo público el Servicio Vasco de Salud y lo comparaba con los incidentes que puede haber en cualquiera de nuestros centros
penitenciarios o incluso en el conjunto y estaba muy por encima del nuestro, teniendo en cuenta que el Servicio Vasco de Salud solamente recogía los producidos en un único hospital, creo. Vamos a poner las cosas en su sitio, porque eso es así y eso
dice mucho del buen trabajo de los funcionarios y también de que la tipología de los internos ha cambiado y, afortunadamente, la mayor parte de los internos tienen una actitud correcta.
Usted cree que la visión de los sindicatos está más próxima a la realidad, no sé. Si quiere usted, un día, tranquilamente, sin grabadoras de por medio, tenemos una conversación sobre esto y vemos a ver si tenemos un punto de vista tan
distante o no sobre algunas materias. Le he explicado, vuelvo a repetirle, con absoluta transparencia, cuáles son los elementos en los que hemos llegado a un acuerdo. Es responsabilidad de las dos partes, claro, pero la Administración del Estado
no está en condiciones de avanzar en aquellas materias que o bien nos eliminan personal de los puestos de trabajo activos o bien significan unos incrementos retributivos que no estamos en condiciones de adoptar, sobre todo después de la explicación
que le he dado sobre el incremento retributivo que ha habido en estos años, que me parece importante y que debe de ser considerado, aunque no sé si esto lo han contado como una valoración positiva de lo que hay. No he dicho que haya algún aspecto
que no se vaya a cumplir, pero hay aspectos que están sin desarrollar porque requieren de un esfuerzo de entendimiento por ambas partes. Quiero que se cumpla todo y que lleguemos a un acuerdo en todo, pero también le diré -y no sé si esto se lo han
explicado en esa reunión que tuvo usted con los sindicatos- que en nuestro caso, en estos dos últimos años, ha sido muy difícil reunirnos con todos los sindicatos, porque había un problema sobre los acuerdos de representatividad, ya que unos podían
estar en la mesa y otros no, lo que ha hecho que todo sea un poquito más complicado.
Los respeto porque son acuerdos que se toman desde las administraciones públicas -y los he respetado cuando eran de una manera y cuando son de otra-, pero esto
también ha implicado alguna dificultad.
Ha hecho usted una mención a que la inspección ha tenido una actuación tardía, pero la inspección no ha tenido ninguna actuación tardía. Se lo he explicado, aunque si a usted le parece otra cosa, pero no es bueno poner en entredicho los
instrumentos que tenemos para que trabajen sobre materias tan delicadas como esta. Cuando una investigación se toma un tiempo es porque se lo tiene que tomar, por lo menos lo pienso de esa manera. Si tengo datos en contrario de que eso es
intencionado, desde luego tendría que hacer otra cosa, pero de momento no los tengo. Sé que no le he contestado a todo, pero es que son demasiadas cosas.
A la portavoz del Grupo Socialista quiero decirle -y también es algo que digo desde la sinceridad- que agradezco muchísimo el apoyo y la comprensión que tiene el grupo que apoya al Gobierno y también el interés por entender cómo es esta
tarea, esta institución, y por respetar el trabajo que todos hacen dentro de ella y, como decía antes, señorías, por el esfuerzo que hemos hecho, sobre el cual podemos dedicar un día, si ustedes tienen interés, a que les enseñe todos los gráficos
sobre lo que hemos incrementado en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El recorte que se hace ahora es sobre un incremento que habíamos tenido en estos años, en algunos casos, señor Cosidó, del 200 por ciento. Si perdemos el 14 por ciento del 200 por
ciento que habíamos incrementado, fíjese usted a qué distancia estamos todavía de cómo nos encontramos en cada uno de los apartados del capítulo presupuestario. Esto lo agradecemos de forma particular, porque, como dije antes, han sido el Gobierno,
el Estado y la sociedad española quienes han hecho posible que el sistema penitenciario en este tiempo dispusiese de recursos suficientes como para abordar todos estos problemas y situaciones, que algunas de ellas han sido nuevas -producto, como les
dije, del cambio en algunas leyes o de la promulgación de nueva legislación- y otras vienen siendo arrastradas desde hace mucho tiempo sin que se hubiesen tomado medidas sobre ellas.
Me ha resultado curiosa la expresión -ya para terminar- que utilizó el señor Cosidó, la he apuntado por ahí, pero no sé dónde he guardado los papeles, en la que decía algo así como que una cuarta parte de los internos requieren una atención
personalizada. (El señor Cosidó Gutiérrez: En los tratamientos.) No, no es una cuarta parte, todos los internos requieren una atención personalizada, porque todos y cada uno de ellos tienen un problema diferente y un problema especial que los hace
diferentes del de al lado, aunque tengan una tipología delictiva distinta, pero cada uno tiene, aparte de sus patologías físicas, patologías psiquiátricas, hábitos de vida, familia o no familia, trabajo o no trabajo, problemas personales, estado de
ánimo, es decir, un montón de cosas, lo que requiere que tengamos una atención especializada con ellos. No siempre podemos estar a la altura de lo que debemos hacer, porque no tendríamos que tener un funcionario por cada 2,5 internos como tenemos
ahora, sino que tendríamos que tenerlo al revés, 2,5 funcionarios para cada interno y además que estuvieran todo el día pendientes de él.
Esto no es posible que lo hagamos. Afortunadamente, nuestro sistema cuenta con el apoyo de muchas otras
personas. A veces se habla de nuestras plantillas de personal, pero, además de nuestras plantillas de personal, en los centros penitenciarios trabajan diariamente maestros de las comunidades autónomas, que son parte de la plantilla del centro,
aunque no dependan directamente de nosotros; trabajan otros profesionales, fruto de convenios que tenemos con diferentes organizaciones y administraciones, a veces administraciones autonómicas, otras veces administraciones locales o provinciales y
trabajan más de 500
organizaciones no gubernamentales, con más de 5.000 voluntarios que entran todos los días en las prisiones y que hacen un trabajo impagable, señor Cosidó, aunque seguramente no entran en el capítulo 1 ni en el capítulo 2 ni cuentan como
personas que atienden directamente a los internos, pero le aseguro que están ahí todos los días y, a veces, en las situaciones más difíciles, y para los que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Siento si me he excedido en exceso y sé
que, aun habiéndome extendido, habré dejado cosas sin contestar, pero tomaré cuenta de lo que decía la señora Navarro y lo que haré será, cuando ya esté la intervención en la web del Congreso, repasar lo que han dicho SS.SS. y todo aquello que
podamos aportar por escrito lo haremos con muchísimo gusto.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere S.S. un segundo turno? (Pausa.)
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Aun siendo la hora que es, creo que vamos a abrir un poco el debate.
La señora PRESIDENTA: Le doy la palabra brevemente y así ahorramos tiempo en discusiones.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Primero, el acuerdo lo firmó el entonces ministro de Interior, el señor Alonso, siendo usted secretaria general, por lo que es bueno, como principio, cumplir aquello que se firma, pero ni tan siquiera en estas
circunstancias me he atrevido a decirle que cumpla todos los puntos de ese acuerdo. Le he pedido que explique si no va a cumplir alguno de ellos y que no engañe, es decir, que no diga que lo va a cumplir si en realidad no lo va a cumplir, porque lo
menos que merecen los funcionarios es que usted les diga la verdad. Parte del malestar y de la indignación que sienten, no solamente es porque no se cumpla, sino porque se sienten -se lo digo con sinceridad- engañados. Esa es la peor política que
se puede tener respecto a los funcionarios.
Como es lógico, usted, en función de su responsabilidad, conoce mejor el sistema penitenciario que yo. En mi propia provincia hay una cárcel, en Dueñas, el centro penitenciario de La Moraleja, que es un centro tipo para poco más de 1.000
plazas. Usted me corregirá, pero creo que son 1.008 las plazas que tenían programadas los centros tipo y también me confirma usted que hay en torno a 1.800 reclusos. (La señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Gallizo Llamas,
hace gestos negativos.) Pues me dice exactamente los que son y, una vez que me diga el número, me dice si le parece que eso es saturación, desbordamiento, overbooking o leve sobreocupación, lo define usted como quiera, pero realmente tenemos un
problema de capacidad en nuestros centros penitenciarios.
Usted, primero, echaba la culpa a los funcionarios, a los sindicatos en concreto, de lo que no se había cumplido y ahora parece que quiere echar la culpa al Congreso, porque hacemos códigos penales que son muy estrictos. Le digo más, me
decía que creció mucho la población reclusa en los tiempos del Gobierno del Partido Popular, pero la anterior reforma del Código Penal, que endureció mucho las penas, fue una reforma que se hizo con un Gobierno del Partido Socialista. Ahora
acabamos de aprobar una nueva reforma del Código Penal que también, en algunos supuestos, supone un endurecimiento de las penas, lo que previsiblemente va a llevar consigo un aumento de la población penitenciaria. Su obligación como Administración
es cumplir la ley, es decir, a ver si ahora resulta que la culpa la tiene la ley. No, usted -la Administración- tiene que tener la previsión para que la ley se pueda cumplir efectivamente. Por tanto, no nos difiera esa responsabilidad.
La tasa de reincidencia -y me interesa mucho aclararlo por si me he expresado mal o por si se me puede malinterpretar- en absoluto puede ser culpa de los funcionarnos que realizan -y en eso coincido plenamente con usted- un trabajo
encomiable, pero sí tiene mucho que ver con la saturación. Cuando estamos en los índices de sobreocupación que tienen los centros penitenciarios actuales, es muy difícil que incluso los mejores funcionarios -que los tenemos- hagan una buena labor
de reinserción. Esto es muy complicado. Sí se puede establecer una relación entre el fracaso en las políticas de reinserción y la sobresaturación del régimen penitenciario.
Respecto a la opacidad, señora Gallizo, hay opacidad estadística con este Parlamento en lo que se refiere al número de agresiones. No sé si ustedes contestarán o tramitarán por su conducto las respuestas a las preguntas que hacemos, pero
quiero decirle que, en ese punto concreto, nosotros no tenemos la información, a pesar de haberla pedido, y espero que, a raíz de esta comparecencia, usted tenga a bien remitírnosla. En lo que podamos ayudar a un mejor entendimiento entre
sindicatos y Administración, no dude que ahí estaremos. No tenemos ningún interés en que haya conflicto.
Tenemos interés en tener un buen sistema penitenciario y unos funcionarios de Instituciones Penitenciarias que se sientan reconocidos,
satisfechos con su trabajo y que realicen la función que tienen encomendada, tan importante para esta sociedad, con los mejores medios y de la mejor manera posible.
La señora PRESIDENTA: Para cerrar ya este debate tiene la palabra de nuevo la señora Gallizo, a la que le rogaría que fuera por un turno breve.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Sí, va a ser telegráfico.
Tiene usted razón en las reformas a las que ha hecho referencia, que son dos reformas importantes que se produjeron con gobiernos socialistas, pero se ha saltado usted la del año 2003, que creo que gobernaba el Partido Popular, y que es la
que ha tenido unos efectos, desde
luego de la etapa que conozco, más importantes en los últimos tiempos.
Está ahí, esto es la vida misma. Dice que la sobreocupación tiene que ver con que fracasen las políticas que se hacen, pero nosotros lo intentamos, a pesar de que
tengamos más personas de las que nos gustaría tener, aunque no tantas como usted dice. Me ha dado una cifra de reclusos del centro penitenciario de su provincia, tengo aquí un papel oficial de la estadística de la población reclusa, semana a
semana, y en el centro de La Moraleja hay 1.588 personas, que son bastantes menos de las que me ha dicho. ¿Cuántas me ha dicho usted 1800 reclusos? Son bastantes menos. (El señor Cosidó Gutiérrez: Son 2.000 con los residentes.) Son 1.588
personas, contadas. Insistimos en el tema de la sobreocupación, en esta cuestión vamos a tener que ponernos de acuerdo los partidos y los representantes públicos. Durante un tiempo va a ser muy difícil que tengamos un equilibrio diferente al que
tenemos en este momento en los centros penitenciarios. Va a ser muy difícil, como supongo que es difícil -y a veces doy la misma explicación- que en un hospital haya una cama en cada una de las habitaciones y hay veces que hay dos camas o en una
residencia de personas mayores, que en muchos casos tienen que compartir una habitación dos personas, y son personas que no están condenadas por nada, que son libres, que han trabajado toda su vida y han sido buenas personas siempre, pero hay un
momento determinado en el que pasan estas cosas. Vamos a intentar que eso no signifique un deterioro en la calidad con la que se vive dentro los centros penitenciarios ni en el trabajo asistencial que se presta. Hay una cosa que sí es cierta que
es el tratamiento individualizado que toda persona tiene que tener, pero cuantas más personas hay es más dificultoso, porque el número de funcionarios no puede crecer hasta el infinito. Le he dicho que, además de los funcionarios, tenemos
afortunadamente otros recursos de los que disponemos y, por lo menos, soy consciente de que durante un tiempo, creo que bastante -no sé cuánto, pero creo que bastante-, no vamos a tener muchos más funcionarios y vamos a tener que trabajar con los
que tenemos, y creo que ustedes piensan lo mismo. Si pensamos lo mismo, ¿por qué damos tantas vueltas a esta cuestión? Tendremos que ver cómo podemos trabajar de la mejor manera posible con los efectivos que tenemos; pero no podemos decir que
tenemos pocos efectivos, que hay poca oferta de empleo público y luego decir que hay que reducir el gasto público y que no hay que hacer ofertas de empleo, porque o decimos una cosa o decimos la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Por tanto,
para qué vamos a estar jugando con esto y haciendo que los trabajadores estén en esta dinámica que es muy difícil que podamos afrontar de otra manera durante un cierto tiempo.
Tendremos que saber que tenemos que trabajar así, hacerlo de la mejor
forma posible y tratar de buscar espacios de entendimiento. Le he dicho, señor Cosidó, que si el pacto que suscribimos en su día ahora está cumplido al 95, al 93 o al 91 por ciento que se cumpla al cien por cien, pero eso requiere el entendimiento
por todas las partes de que determinadas cosas, como le he explicado, que afectan al número de efectivos disponibles o al incremento de retribuciones económicas, más allá de las que hemos hecho, que han sido muy importantes, en este momento no cabe
plantearlas. Tendremos que buscar escenarios en los que sea posible seguir avanzando en materias que tienen que ver con la organización, con la prestación de servicios, de la misma manera que yo no me empeño tampoco en que ahora se abra el tema de
los horarios, porque sé que es difícil de asumir por parte de los trabajadores y, además, no tengo posibilidad de dar una compensación económica. Yo me tendré que conformar con que de momento no puedo mover mucho los horarios y por la otra parte se
tendrá que entender que hay que prestar el mejor servicio en las condiciones en las que podemos hacerlo. Buena voluntad.
PREGUNTAS:
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- NÚMERO DE PLAZAS DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE LA OFERTA PÚBLICA QUE CORRESPONDE AL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GRAN CANARIA. (Número de expediente 181/002552.)
- CIFRA DE RECLUSOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO DEL NEGRO, EN GRAN CANARIA. (Número de expediente 181/002555.)
- NÚMERO DE VARONES RECLUIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO DEL NEGRO, EN GRAN CANARIA. (Número de expediente 181/002556.)
- NÚMERO DE RECLUSOS EXISTENTES EN EL MÓDULO DE JÓVENES (DE 18 A 23 AÑOS) DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO DEL NEGRO, EN GRAN CANARIA. (Número de expediente 181/002557.)
- NÚMERO DE MUJERES RECLUSAS EXISTENTES EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO DEL NEGRO, EN GRAN CANARIA. (Número de expediente 181/002558.)
La señora PRESIDENTA: Finalizamos este debate y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el referido a las preguntas. En primer lugar, hay cinco preguntas de la señora Guerra, las números 2552, 2555, 2556, 2557 y 2558, todas
ellas referidas a cuestiones de centros penitenciarios en determinadas zonas de Canarias.
Habíamos acordado en la reunión de Mesa y Portavoces que estas cinco preguntas se harían de manera conjunta, concediendo un tiempo para hacer la pregunta y para la respuesta de la secretaria general, también de manera conjunta. Cuando
llegue el momento, veremos cómo podemos sustanciar el resto de las preguntas para no estar aquí hasta pasado mañana.
Tiene la palabra la señora Guerra para formular este bloque de preguntas.
La señora GUERRA GUERRA: Efectivamente, estas son cinco preguntas que tienen que ver con Gran Canaria, en este caso con una prisión como la del Salto del Negro, en Gran Canaria. Espero que no sea motivo de tiempo, ni siquiera de unas
circunstancias especiales, como las que se van a dar esta tarde con un partido tan importante como el que se va a jugar...
La señora PRESIDENTA: Quiero dejar bien clara una cuestión que no he citado antes porque no me parecía importante. Esta Comisión se ha adelantado por conveniencia de quien les habla, de acuerdo con la secretaria general y con los
portavoces de la Comisión, por coincidir con otras comisiones. A las cinco de la tarde tenemos la comparecencia de la ministra de Igualdad ante la Comisión de la que somos miembros muchas de las personas que estamos aquí. No hay ninguna otra
accidentalidad que nos interese fuera del trabajo de las comisiones. En Secretaría General he hecho la solicitud de adelantar la hora de esta Comisión para poder estar yo misma en varias comisiones esta tarde, pero eso no es óbice para que estemos
hasta que haga falta. Lo que sí acordamos en la reunión de la Mesa fue que sus preguntas se iban a hacer en un bloque y por un tiempo de diez minutos.
La señora GUERRA GUERRA: Señora presidenta, para nada he hecho un reproche a la Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Es para que no haya confusiones.
La señora GUERRA GUERRA: A mí no me lleva a confusión, simplemente dije que era un motivo especial para mí, en un momento como este y en una hora como esta, cuando se está celebrando un partido de estas características, estar realizando la
defensa de los intereses de los internos de la prisión de Gran Canaria. Simplemente era esto, no he pedido a la Presidencia ningún tipo de explicación.
Quiero decir dos cosas. En primer lugar, señora secretaria, creo que si fuera periodista tendría un titular para su comparecencia, que sería la frase que ha pronunciado: No hay que hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Creo que
es exactamente lo que usted ha hecho hoy en esta Comisión, porque, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular en esta Comisión, cuando nos hemos sentado con los sindicatos -yo he estado en esa reunión con ellos-, parece que lo que hay en las
prisiones es todo lo contrario de lo que usted comenta sobre cómo van las cosas en su secretaría. Por otra parte, usted ha dicho: Me reprochan si hay o menos personas en prisión. Para nada, es usted la responsable de Instituciones Penitenciarias
y nosotros estamos en nuestro deber, en este caso como diputados, de exigirle y pedirle que las instituciones penitenciarias vayan como tienen que ir y, sobre todo, que se haga un trabajo internamente.
Las cinco preguntas que he presentado son sobre la prisión del Salto del Negro, en Gran Canaria. Esta prisión se creó en el año 1982 y ahora mismo tiene entre 1.300 y 1.400 internos -no sabría darle la cifra exacta, porque, como usted sabe,
se hacen viajes a la península para trasladar a estos internos a otras prisiones-, cuando en su momento se hizo para 600 ó 700 internos -está claro que lo llamen como lo llamen, sobreocupación, saturación, desbordamiento, masificación, etcétera, es
así como está la prisión del Salto del Negro, en Gran Canaria-, y en estos momentos hay 390 funcionarios; imagine lo que es la ratio de funcionarios por el número de internos que están allí.
Una de las preguntas se refiere al módulo de mujeres, que fue creado para 40 ó 50 mujeres y le puedo decir que en este momento hay más de cien; es más, hasta la capilla de ese módulo está con literas, y personalmente lo he podido ver cuando
lo visité. Otra de las preguntas es sobre los jóvenes de 18 a 23 años. Algunos de ellos son reincidentes y por falta de espacio tienen que estar con jóvenes que entran por primera vez en la prisión, con lo que eso conlleva. Pero hay algo mucho
más grave todavía, porque hay internos en régimen abierto que se mezclan con presos en aislamiento y en primer grado, lo que es una grave vulneración de sus derechos -el artículo 16 de ley orgánica general deja muy claro que esto es una vulneración
de sus derechos-; es más, desde el mes de abril -cuando se celebró la comparecencia del secretario de Estado y pude preguntarle por alguna de las cosas que estaban ocurriendo en Salto del Negro- ha habido un cambio, se ha ido el director antiguo y
ha venido uno nuevo que tomó posesión hace muy poco; también, debido a la situación de la prisión, se pedían 60 funcionarios en prácticas, y han ido 25. Quiero decirle que en el año 2009 había 50 funcionarios, 37 se han marchado, quedaban 13 y con
los 25 hace que sean 38 en este momento. Y algo mucho peor todavía: los traslados de estos internos hacen que en muchísimas ocasiones pierdan totalmente el contacto con sus familiares y que se vean perjudicados; está claro que tienen que pagar
una deuda con la sociedad, pero eso no significa que se les traslade a otras prisiones, aunque por falta de espacio no quede más remedio que hacerlo. Por último, está lo de la nueva prisión de Gran Canaria, que es otra pregunta que le he hecho y
que me gustaría que me contestara.
Dada la situación que ahora mismo se vive en la prisión, solicito que me conteste a cada una de las preguntas que le acabo de hacer en este momento.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Gallizo. Si le parece, puede dar una respuesta conjunta.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): La haré conjunta o separadamente, da igual.
Le agradezco su intervención y su preocupación, señora Guerra, que comparto. Así como le decía antes a su compañero que hay centros que aunque en este momento estén por encima de su capacidad están en una situación muy aceptable, muy
asumible para el sistema, no sucede lo mismo en el caso de Gran Canaria, en el que tengo que aceptar que tenemos unos niveles muy altos de sobreocupación. Además, se da la circunstancia de que todos los meses tenemos que mandar gente a la
península, que es dolorosísimo de hacer, como supongo que S.S. sabe, y eso tiene que ver con el hecho de que haya allí mucha más gente de la razonable. Al propio equipo del centro penitenciario le cuesta mucho determinar que hay personas que
tienen que ir a la península, porque saben que es un desarraigo muy importante de sus familias e intentan hacer los mayores esfuerzos posibles para ir estirando el nivel de ocupación del centro; por eso, quizá, es uno de los que tiene mayor
sobreocupación. Además, no es una infraestructura moderna y no reúne las mejores condiciones para tener esta carga de población reclusa. Soy perfectamente consciente de todo esto.
Me decía usted que yo soy la responsable del número de presos que hay en España. No, soy la responsable de gestionar adecuadamente el número de personas que están cumpliendo penas de privación de libertad, no soy la responsable de que haya
este número o este otro, porque usted sabe mejor que yo de quién es la competencia de hacer las leyes y de aplicarlas. Lo que nosotros tenemos que hacer es administrar y además hacerlo sin cuestionar si son muchos o pocos; son los que hay y los
que se decide, por tanto, no cabe discutir sobre esa materia. Pero es verdad que la situación de Gran Canaria y del conjunto de las islas es singular por el hecho insular, por la lejanía de la península, por muchas razones, y por todas ellas,
señoría, esta secretaria general, desde el primer día que llegó a este puesto puso como una de sus primeras prioridades Canarias.
No sé si usted ha seguido los avatares que hemos tenido en su comunidad para conseguir suelo en el que poder hacer un
centro penitenciario, porque con la primera opción hubo oposición a que se hiciera en un sitio y luego hubo más opciones. También es muy fácil que en un mismo partido político se produzca esta esquizofrenia de decir en un sitio una cosa y en otro
otra, es decir, que en un sitio dice que hay que hacer más prisiones y en otro dice que no le gusta ningún sitio. Al final, no las vamos a hacer en un barco. Ha costado encontrar el sitio y solventar todas las dificultades del mundo, pero el
compromiso que asumí con Canarias fue que la isla de Gran Canaria tendría un centro penitenciario, aunque tuviésemos que dejarnos el alma en el intento. Le diré, señoría, que varios gobiernos han fracasado en esto, no es a mí a la primera que se le
ha ocurrido que hay que hacer un centro nuevo en Gran Canaria, se les ocurrió a todos los gobiernos precedentes, pero todos tiraron la toalla por las dificultades que había para encontrar un terreno, para que no hubiera oposición y por las presiones
para que no se hiciera. Le cuento toda esta historia porque es importante saber que hemos hecho una apuesta, que hemos cumplido un compromiso y que va a haber un nuevo centro en Gran Canaria que nos va a permitir, desde luego, mejorar la situación
de ocupación que tenemos y, sobre todo, que muchas personas que en este momento están en la península, lejos de su familia, puedan cumplir su condena en las islas. En su comunidad hemos hecho otras obras de renovación de determinados centros;
abrimos un centro de inserción en Tenerife que ha sido muy importante para descongestionar el centro de cumplimiento actual. Creo que el compromiso con Canarias es evidente.
Ya le he explicado lo de la sobreocupación. No sé si usted me propone que mandemos más internos a la península para que no haya tantos. Le aseguro que es una decisión que propone la junta de tratamiento, atendiendo a las circunstancias de
cada una de las personas; hacemos traslados todos los meses, pero intentamos hacer los menos posibles y tratamos de que el centro no esté excesivamente sobreocupado. Si tiene alguna otra propuesta que hacer, le agradeceré que me la haga llegar.
Entre las cosas que me ha dicho, me ha preocupado una afirmación que voy a contrastar, porque no es regular y no encuentro razonable que se mezclen internos de régimen abierto con internos en aislamiento y en primer grado, creo que no debe
ser así. Me voy a enterar y le aseguro que si es así se va a corregir, porque de ninguna manera apruebo que se pueda hacer eso. Me ha hablado de cosas que no estaban en las preguntas anteriores que me ha hecho por escrito. Sobre el reparto de los
que están en prácticas le puedo decir que se hace en función de las necesidades de los diferentes centros y nunca satisface las peticiones que hacen, porque si hay mil para repartir, los centros piden tres mil y hay que establecer cómo se hace ese
reparto.
Me pregunta por las ofertas de plazas para el nuevo centro que se va a hacer en Gran Canaria. Este centro no tiene todavía una relación de puestos de trabajo que, como ustedes saben, es el primer paso para que pueda tener luego plazas
establecidas. La relación de puestos de trabajo la tiene que establecer la Cecir, y una vez que cree esa relación y cuando se inaugure el centro -cosa que espero que se producirá en los primeros meses del año 2011- la previsión de dotación de las
plazas pasa por el procedimiento habitual en esta institución; todas las plazas disponibles, las vacantes salen a concurso y se cubren en función de las solicitudes que haya. De hecho, afortunadamente hemos tenido unas ofertas de empleo
importantes en estos últimos años, la más importante la de este año, la de los más de 1.300 nuevos funcionarios que se han incorporado recientemente a la
institución; por tanto, tenemos un punto de partida importante para que cuando se creen esas nuevas relaciones de puestos de trabajo puedan ser cubiertas. Me gustaría que hubiese más funcionarios de Canarias en la institución, porque eso
también garantiza la estabilidad de las plantillas. A veces, no sé si S.S. lo sabe -supongo que pasa en más ámbitos de la Administración-, no es fácil completar las plantillas de funcionarios porque en una oposición que se hace de forma
centralizada no todos están dispuestos a irse a vivir muy lejos de sus domicilios. Esa es una dificultad, que no se pidan y acaben llegando más prácticos de lo que sería razonable. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible.
Según los datos que tengo, la población reclusa en el centro penitenciario de Las Palmas es de 1.500 internos, de los cuales 388 son preventivos y 1.112 penados; de ellos, 1.367 están en régimen ordinario y 133 en régimen abierto.
Diferenciando por sexos, el total de internos varones es de 1.398, de los cuales 347 son preventivos y 1.051 penados; las mujeres son 102, de las que 41 son preventivas y 61 están penadas. En cuanto al número de jóvenes, por lo que también
preguntaba S.S., el total de internos de 18 a 23 años es de 184; como el sistema informático que tenemos nos facilita la fecha de nacimiento, se ha obtenido la edad respecto a la fecha del año 2009, aunque un porcentaje importante de la población
aún no ha cumplido años en 2010. Es un pequeño matiz sobre esta cuestión. Estas son las cifras.
Quiero reiterar el compromiso de la institución y del Gobierno con Canarias, que espero que dentro de poco tiempo, en el plazo de un año, haya cambiado de manera sustancial su situación con la apertura de este centro, con la finalización de
la ampliación, de todo lo que ha significado en Arrecife, la apertura que ya hemos hecho en Tenerife del centro de inserción y con el último centro, que sería el de Fuerteventura, que va un poco más despacio, porque ha habido algunas dificultades
añadidas con el tema de los terrenos.
La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra a la señora Guerra para consumir un breve turno de réplica, porque ya hemos consumido los diez minutos.
La señora GUERRA GUERRA: Señora secretaria, no puedo decirle ni siquiera que me llame la atención, porque ha hablado usted de 1.500 internos y el día 14 de abril de 2010 se celebró una comparecencia del secretario de Estado de Seguridad,
señor Camacho, y le voy a leer textualmente lo que dijo: No es cierto que la prisión del Salto del Negro tenga una capacidad de 600 ó 700 internos -fue una respuesta que me dio y que está en el 'Diario de Sesiones'-, todo lo contrario, es para
1.206 plazas, además de 62 auxiliares, complementarias, y 58 de régimen abierto; actualmente está ocupado por 1.368 internos, 1.215 en régimen cerrado. Si observa, las plazas son 1.206, por tanto, tiene una sobreocupación de nueve plazas.
Sería
para reírse si no fuera por lo que estamos hablando. Creo -y así se lo dije al señor Camacho- que deberían prepararse por lo menos la documentación con la que comparecen, porque no se entiende que se diga que esta prisión está para este número de
internos y que, además, había este número de internos y que hoy venga usted y diga que hay 1.500, cuando la prisión fue creada exactamente para 600 ó 700. Me ha gustado su intervención porque ha dejado claro que usted conoce la situación que se
vive en Canarias, cuando según el secretario de Estado de Seguridad la sobreocupación que había era de nueve personas. Eso es lo que realmente está ocurriendo allí, hay una sobreocupación y, por tanto, hay que sacar internos. Además usted me ha
dicho: ¿Es que quiere que nos llevemos a los internos? Yo no quiero que se lleven a los internos, ustedes son los que se los están llevando fuera por la sobreocupación. Lo que les solicitaba es que tuvieran más personas en prácticas dentro de la
prisión para que estos internos no tuvieran que salir de allí por falta de funcionarios; puede haber otras dificultades, pero que no sea por la falta de funcionarios.
Por otra parte, dice usted que desconoce que esto esté pasando en la prisión de Gran Canaria y que va a preguntar. Creo que usted tendrá un equipo en la secretaría -aquí está parte de ese equipo- que le debe decir lo que se publica en los
medios que dicen los sindicatos de prisiones, además, un sindicato como Acaip. El día 4 de abril de 2009 salió en prensa lo siguiente: De hecho, según el sindicato, en un mismo módulo se mezclan internos de régimen abierto con presos que están en
aislamiento y en régimen de primer grado, esto es, aquellos que deben permanecer encerrados en celdas individuales por su peligrosidad e inadaptación.
Esto salió en un periódico y usted no se ha enterado y tiene que preguntar. Es más, le voy a
decir otra cosa...
La señora PRESIDENTA: Lamento decirle que este turno es para una breve pregunta, pero no para hacer otra intervención. Es que en eso habíamos quedado y usted está haciendo uso de otro turno.
La señora GUERRA GUERRA: Termino, señora presidenta.
En cuanto a lo que ha dicho sobre la esquizofrenia de mi partido, lo de decir una cosa allí y otra aquí, tengo que decirle que donde se ha instalado la nueva prisión los que no han estado de acuerdo han sido los ciudadanos que viven en esa
zona. Mi partido se ha mantenido en que era necesaria una prisión porque pensamos que se debe dignificar la vida de los internos que puedan estar en esa nueva prisión, y no hemos puesto ningún tipo de dificultades, porque sabemos que es necesario.
Por tanto, la palabra esquizofrenia creo que está fuera de lugar.
Permítame decirle otra cosa. Creo que ha venido a hacer historia de lo que se ha hecho en Canarias. Yo le pido una cosa más: haga futuro. Pero con una oferta pública como la que ha salido, le pregunto cómo va a abrir la nueva prisión en
Gran Canaria.
La señora PRESIDENTA: Para terminar este bloque, tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): No me voy a extender mucho, porque no creo que ayuden mucho las explicaciones que yo le dé para que usted salga con una idea diferente de la que ha traído. Si
usted me da el dato de una nota de prensa de hace un año y cuatro meses, le tengo que decir que una nota de prensa no es una verdad revelada, es algo que alguien dice. Si le preocupa leer esta noticia el 4 de abril de 2009, el día 5 de abril me
manda usted una nota o me pone un correo electrónico preguntando qué pasa con esto y yo lo arreglo de inmediato y veo qué es lo que está pasando, porque ya le he dicho que no me parece bien. Ahora bien, si usted espera un año y tres meses para
decirme que salió una nota hace tanto tiempo, no sé qué sentido tiene, sinceramente; desconozco qué sentido y qué utilidad tiene, según su criterio, porque es quien me ha sacado este caso y quien lo ha planteado aquí. Usted lo sabrá, yo desde
luego lo desconozco. Si hubiera tenido una preocupación por la situación me lo habría dicho al día siguiente y yo habría intentado corregirla, y si no lo hubiera hecho usted habría venido aquí, me habría dicho cuatro cosas y me las habría tenido
que comer; pero esta manera de trabajar no la entiendo mucho.
Dice usted que el secretario de Estado dio unos datos y que yo doy otros.
Con los datos siempre tenemos diferentes ámbitos en los que me gustaría que nos entendiésemos. Primero, en el caso de Canarias depende del día que se den los datos;
si es inmediatamente después de que se produzca un vuelo en el que se trasladan personas a la península, cambian mucho los datos de los que se dan cuando todavía no se ha producido o está a punto de producirse, porque cambia el nivel de ocupación.
Hay niveles de ocupación diferentes y puede haber una oscilación, de la misma manera que yo le he dado el dato y he especificado los que están en régimen abierto y en régimen cerrado. Esa circunstancia depende de los vuelos que se hayan hecho, de
si ha habido una operación policial en la que se ha detenido a 50 personas, en fin, de muchísimas cosas. Si usted tiene interés en que yo le haga un histórico de los meses que usted quiera, lo hago. Puede decirme: Dígame la evolución semanal en
los últimos diez meses de la ocupación de este centro. Se lo digo, no tenemos ningún interés en dar un dato diferente de otro. Le he dicho cuál es el nivel de ocupación, seguramente el secretario de Estado -no he leído su comparecencia, pero me
imagino que si la preparamos nosotros no va a decir una cosa contraria de la que le hemos dicho- manejó el dato que existe en nuestro sistema de toda la vida de nivel máximo de ocupación.
Todos los centros tienen un nivel máximo de ocupación y ese
es el que utiliza el sistema informático para saber si tiene que sacar gente o no, y en función de ese número quizá le dijo: Estamos por encima de eso.
Tendría que ver en qué contexto se dijo, pero no interprete usted que queremos dar datos
diferentes o que no nos enteramos, porque afortunadamente estamos en el siglo XXI y está todo informatizado, por lo que basta con dar a una tecla para que te salga el resultado de lo que quieres saber. Los datos no están sujetos a interpretación ni
a errores de este tipo.
No sé por qué saca usted lo de la oferta pública. Ya le he dicho que estos años hemos tenido ofertas importantes y que hay un número suficiente de funcionarios que en este momento están en prácticas para que nos permita abordar la puesta en
marcha de nuevas infraestructuras, porque, como usted sabe -y si no se lo digo yo- de hoy a mañana no se abre todo el centro sino que se va haciendo paulatinamente y, por tanto, la incorporación de los funcionarios también se hace de esa forma. En
todo caso, no sé si lo que su grupo quiere proponer al Gobierno, en lugar de congelar las ofertas de empleo o tener unas ofertas de empleo reducidas, como las que tenemos este año, porque ha sido uno de los pocos sectores de la Administración que
tiene ofertas de empleo, es que el sector público en España crezca y que tiene que haber más empleados públicos; si es así le aconsejo que presenten en el Congreso una proposición no de ley en la que digan en qué número tiene que incrementar la
Administración pública sus empleados. Si no lo hacen así, no vengan cada vez que haya una comparecencia a decir si hay pocos, si va a haber muchos o cuántos tiene que haber, cuando por otro lado están haciendo un discurso de recorte del gasto
público. Usted se molesta si yo digo que hay posiciones esquizofrénicas. No lo decía refiriéndome a su grupo, lo decía en términos generales, porque con la ubicación de los centros penitenciarios siempre se produce esa posición en todos los grupos
y en todos los partidos. Lamentablemente, en toda la historia ha sido así, con algunas excepciones, a lo mejor la de su grupo en el municipio donde se va a instalar este centro, no lo sé. Tradicionalmente, la gente del municipio en el que se va
construir un centro penitenciario dice que no le gusta, mientras que otros reclaman que se haga. Lo decía en términos generales, no trataba de calificar a su grupo, ni mucho menos a su grupo en Canarias o en la localidad donde se va a hacer el
centro, ya que desconozco la posición que ha mantenido, pero a veces es verdad que decimos una cosa en un sitio y otra en otro y tenemos que tener cuidado, porque perdemos credibilidad. No podemos decirle al ciudadano que hay que recortar el gasto
público y que tenemos que adelgazar la Administración y no incorporar nuevos funcionarios y al mismo tiempo, en cada una de las áreas a las que nos referimos, decir que hay que incorporar más funcionarios, porque el ciudadano piensa que no estamos
haciendo correctamente nuestro trabajo ni somos serios a la hora de plantear las cosas.
En todo caso, les doy las gracias por las iniciativas e intervenciones de todos ustedes.
DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- CINCUENTA Y UNA PREGUNTAS SOBRE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PLAN ESPAÑOL DE EMPLEO PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/076368.) (Número
de expediente 181/002910.)
- VEINTINUEVE PREGUNTAS SOBRE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PLAN ESPAÑOL DE EMPLEO PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/076509.) (Número de
expediente 181/002911.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en dos bloques de preguntas, el punto 11 y el 12 del orden del día, que proceden de preguntas al Gobierno con respuesta por escrito reconvertidas en orales en Comisión. El primer bloque está compuesto por
cincuenta y nueve preguntas sobre actuaciones del Ministerio del Interior en relación con el Plan español de empleo para el estímulo de la economía y el empleo. Hemos llegado a un acuerdo de hacerlo en bloque. Lo dejamos al sentido común del señor
Cosidó y de la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Yo las tengo por escrito.
La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo primero que quiero decir es que desde que yo transformé estas preguntas con respuesta escrita a orales he recibido la información. Concretamente, en lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, me ha
parecido una información suficiente, lo cual no quiere decir que piense que ha habido una buena ejecución, ni mucho menos. Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil tengo algunas dudas más. En todo caso, pediré la
comparecencia del director general de la Policía y de la Guardia Civil. Por tanto, sin que tengan relación con ninguna otra circunstancia, voy a dar por retiradas las preguntas orales formuladas en el orden del día de hoy.
La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco por la economía de tiempo, pero también porque son bloques de preguntas que ya han sido respondidas por escrito. Por tanto, la información está ahí, independientemente de la satisfacción o no del
diputado.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.