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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 533, de 27/04/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 533
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 27 de abril de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conocimiento del Gobierno de las oficinas existentes en el exterior dependientes de las comunidades autónomas (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/055188). (Número de expediente 181/001779.) ... (Página 2)
- De la diputada doña María del Carmen Rodríguez Maniega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre motivos por los que la Delegación del Gobierno de Asturias no ha solicitado todavía la ejecución de la sentencia número 756/04
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 31 de junio, que anula diversos acuerdos relativos a los presupuestos para 1998 y 1999 del Ayuntamiento de Cudillero y el convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario y
laboral fijo del período 1999-2003. (Número de expediente 181/002492.) ... (Página 4)
- Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre relación detallada de los regalos recibidos por el titular del Ministerio de Política Territorial en los últimos tres años (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/069037). (Número de expediente 181/002612.) ... (Página 6)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación Territorial (Zarrías Arévalo), para informar sobre:
- La conflictividad existente entre el Estado y las comunidades autónomas y las medidas que piensa adoptar en orden a su resolución. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000070.) ...
- Las líneas generales del departamento en el ámbito de responsabilidades de la secretaría de Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000902.) ... (Página 8)
- Las acciones que está llevando a cabo el Gobierno en la ejecución de la estrategia integral para la Comunidad Autónoma de Canarias (Plan Canarias), aprobadas en el Consejo de Ministros, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 9 de
octubre de 2009 y su reflejo en los presupuestos generales del Estado para 2010. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000974.) ... (Página 8)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO, SOBRE CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LAS OFICINAS EXISTENTES EN EL EXTERIOR DEPENDIENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/055188). (Número de expediente 181/001779.)
El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión y conforme al orden del día propuesto comenzamos por la formulación de preguntas del Grupo Popular.
Continuaremos luego con las comparecencias en régimen concentrado.
Empezando, por tanto, con las
preguntas, tiene la palabra don Eugenio Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Quiero dar, en primer lugar, la bienvenida en nombre de mi grupo y en el mío propio al señor secretario de Estado. La pregunta que formulo nace de la conciencia de que estamos en una situación de emergencia
económica nacional, de que nuestro déficit es insostenible y de que, por lo tanto, es imprescindible acometer por todas las Administraciones públicas una reducción de gastos, la eliminación de cualquier órgano no estrictamente necesario, y una
eventual revisión de las estructuras administrativas. En este sentido, para después tomar las consecuencias que los grupos y el mío tomará con las iniciativas que corresponda, la pregunta que le formulo es, ¿conoce el Gobierno las oficinas
existentes en el exterior dependientes de las comunidades autónomas?, ¿puede suministrar una relación de las mismas especificando en qué Estado se encuentran ubicadas y de qué comunidad autónoma dependen.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Señor Nasarre, quiero agradecer en primer lugar sus palabras y decirle que comparto que nuestro país vive, desgraciadamente no solamente nuestro país, un momento de
dificultad económica. Lo peor de la crisis ya ha pasado, a partir de ahora la situación irá mejorando, y creo que eso debe ser motivo de satisfacción para todos los grupos parlamentarios, porque estoy seguro de que también lo es para todos los
españoles y todas las españolas. Comparto también con usted, el primero que lo hace es el Gobierno de la nación, la necesidad de llevar a cabo planes de austeridad, uniéndolo a otra palabra que me parece fundamental que es el acuerdo; austeridad y
acuerdo, de todos, de todas las administraciones, para conseguir salir de la crisis económica en las mejores condiciones posibles y lo antes posible.
Dicho esto, tengo que decirle que en el Gobierno tenemos conocimiento de las oficinas que todas y cada
una las comunidades autónomas tienen en el exterior del país; concretamente tanto el ministerio al que yo represento en esta comparecencia, el Ministerio de Política Territorial, como también el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. Ambos son conocedores del número de oficinas que las comunidades autónomas tienen, así como el lugar en que están ubicadas. Lo sabemos porque son las comunidades autónomas quienes comunican el dato a los distintos departamentos, hecho
este que se viene realizando desde el inicio de los años noventa, cuando se empezaron a abrir estas instalaciones en diferentes puntos no solamente de Europa sino fuera de Europa.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre tiene la palabra.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Estoy perplejo, señor secretario de Estado, porque no me ha contestado nada a la pregunta que le he formulado, es que no entiendo nada; es decir, en cuanto a si el Gobierno conoce la existencia de las oficinas
de las comunidades autónomas, ha dicho que los datos los han suministrado las comunidades autónomas, que los tiene en su departamento, que los tiene el Departamento de Exteriores. En estos momentos lo que tiene que decir aquí es el número, si no
quiere decir cuántas hay, y contestar a mi pregunta. Señor presidente, en fin, si no es que lo va a hacer ahora el señor secretario de Estado, si no lo dice, me parece una vergüenza sencillamente; me parece un desprecio, sobre todo, después de
haber dicho que tiene los datos. Espero, en consecuencia, que el señor secretario de Estado conteste a las dos preguntas que modestamente ha formulado al Gobierno este diputado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Más lejos de mí el no rendir cuentas, todo lo contrario, tengo ahora una intervención y mi intención era profundizar por si acaso usted tenía alguna matización en
su segunda intervención. Con mucho gusto contesto y profundizo en mi primera intervención que simplemente ha sido declarativa, con mucho gusto, y faltaría más el respeto a la representación popular que ustedes encarnan en este momento en las
Cortes. Hay base jurídica suficiente que demuestra la capacidad de las comunidades autónomas para crear oficinas en el exterior, y hay sentencias del Tribunal Constitucional, ya desde el año 1994, que claramente permiten la creación de estas
oficinas dentro del respeto a la competencia que tiene el Estado en el artículo -como usted conocerá mejor o igual que yo- 149.1 y 3 de nuestra Constitución. Ahí se establece la posibilidad de llevarlas a cabo, de ir instalando una serie de
oficinas o de departamentos que no tienen ninguna contradicción con lo que preceptúa nuestra Constitución y la normativa vigente respecto a la tarea de acción exterior que tiene encomendada al Estado. No solamente permite sino que esa sentencia
establece que pueden estar fuera de los límites territoriales. También dispone que las comunidades autónomas, como parte del ejercicio de sus competencias, pueden llevar en un momento dado fuera, a la proyección exterior, todo aquello que sea del
ejercicio de sus competencias. Va más, nada impide que, sobre todo después de los estatutos de nueva generación, las comunidades autónomas puedan tener un órgano encargado de la acción exterior, como ocurre sino me equivoco prácticamente en todas
las comunidades autónomas de este país.
En lo que se refiere al número de oficinas que existen señor Nasarre, estas comienzan a abrirse a principios de los noventa, y se abrieron no solamente en Bruselas sino en el conjunto de países en los que el derecho de autogobierno y
autoorganización de las comunidades autónomas, y normalmente ligadas al impulso económico en sus diferentes vertientes han ido extendiéndose por el conjunto del mundo. En este momento existen un total de 188 oficinas; le puedo dar el lugar de cada
una de ellas sin ningún inconveniente, aunque me parece un poco abusivo gastar el tiempo en decir los 188 lugares, que son en algunos casos unidades administrativas ligadas fundamentalmente a Bruselas y a las competencias que ahí se sustancian y
corresponden a las comunidades autónomas; en estos momentos todas tienen un lugar, una oficina que sirve de nexo de unión entre la Comisión, los diferentes departamentos de la Comisión, y las diferentes comunidades autónomas; también sirven de
soporte y de coordinación con las consejerías autonómicas que dentro de la Reper -como saben ustedes- y por acuerdo de la Conferencia de asuntos relacionados con la Unión Europea en estos momentos hay dos representantes, uno a propuesta de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, otro a propuesta de la Comunidad Autónoma de Valencia, que son los encargados de establecer el nexo de unión y la relación entre la representación permanente de nuestro país con las comunidades autónomas.
Al margen de esas oficinas que tienen en Bruselas y cuya tarea fundamental es la que acabo de decirle, existen otras oficinas que fundamentalmente se dedican, dentro de esas 188 a las que antes le comentaba, a la promoción económica, a la
promoción turística, a fomentar las relaciones económicas con diferentes territorios. Concretamente, las dos comunidades que disponen de más oficinas son la Comunidad Autónoma de Cataluña, con un total de 48, y la Comunidad Autónoma de Valencia,
con un total de 23.
Como Gobierno de España tenemos conocimiento de todas ellas, tienen una relación fluida con nuestras relaciones diplomáticas, ya sea vía embajada o vía consulado, y colaboramos con ellas en llevar a cabo las tareas que sus
diferentes gobiernos les tienen encomendadas. Repito, es cada Gobierno autonómico, de acuerdo con la sentencia que acabo de comentarle y con la doctrina que está vigente
en nuestro país, dentro de la capacidad de autogobierno, el que decide dónde se instala y dónde no se instala. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen oficinas de estas características, siendo, como decía con anterioridad, la
Comunidad Autónoma de Cataluña con 48 y la Comunidad Autónoma de Valencia con 23 las que tienen más oficinas abiertas en diferentes territorios del mundo.
Espero haberle contestado a su pregunta, y pedirle disculpas por si en mi primera intervención no he saciado su interés por conocer el número de oficinas que hay repartidas por el mundo. Muchas gracias y le reitero las disculpas.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Es para decir que pido la relación de las 188 oficinas y que con eso quedaría satisfecho. Si es tan amable el señor secretario de Estado de suministrármela por escrito, para evitar el leerlas, y por cortesía a
mis colegas, la reclamo y espero que se me satisfaga.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Por supuesto, esta misma tarde las tendrá usted en su despacho.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MANIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ASTURIAS NO HA SOLICITADO TODAVÍA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA NÚMERO 756/04
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, DE 31 DE JUNIO, QUE ANULA DIVERSOS ACUERDOS RELATIVOS A LOS PRESUPUESTOS PARA 1998 Y 1999 DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO Y EL CONVENIO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL FIJO DEL PERÍODO 1999-2003. (Número de expediente 181/002492.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta tiene la palabra la señora Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: En enero del 2000 la Delegación del Gobierno de Asturias dio instrucciones a la Abogacía del Estado para interponer un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de
Cudillero, del 13 de enero de ese año, en los puntos del orden del día relativos a los presupuestos de 1998 y 1999, y al convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal fijo y laboral para los años 1999 al 2993. El motivo es que se
aprobaron unas bases para el personal que no se podían asumir, ya que incurrían en un claro defecto competencial por exceso, y en la sentencia dice claramente que infringe al menos veinticuatro artículos y disposiciones de diversas leyes de nuestro
ordenamiento jurídico. La sentencia, que estoy segura que conoce, anula y deja sin efecto los citados acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico. Tiene fecha de 2004, en la que era delegado del Gobierno ya el señor Trevín, un conocido
dirigente socialista, y la sentencia está en firme. Si es pues una sentencia en firme y fue dictada en el 2004, me gustaría conocer los motivos de que a 27 de abril del 2010, al día de hoy, seis años más tarde aun siga sin ejecutar. El alcalde de
Cudillero en la prensa dijo que no se había ejecutado porque nadie le pidió la ejecución del fallo. Les voy a recordar dos artículos, que yo creo que usted conoce, de dos leyes, que es el artículo 34 y siguientes de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y también el 118 de la Constitución que dice que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales. Usted es parte de la Administración, el señor Trevín también, y yo creo que no tengo
que decirles más, tan sólo recordarles la obligación que tienen de instar a la ejecución forzosa de la sentencia.
¿Qué significa hasta ahora que no se haya ejecutado la sentencia? Que se está permitiendo que se aplique un convenio nulo por ley, ya le digo que infringe hasta veinticuatro artículos de nuestro ordenamiento jurídico, con consecuencias
pecuniarias importantes para el ayuntamiento y para trabajadores, y se aplica un convenio que está al margen de toda legalidad, con sentencia firme en los tribunales. No quiero pensar que tenga que ver en esto que el alcalde sea del mismo signo
político que el delegado del Gobierno. Estamos ante un caso de prevaricación, porque actúan a sabiendas de que lo que hacen es contrario a nuestra ley, y la Administración no puede en ningún caso vivir al margen de la ley. Por eso mi pregunta es
si van a dar instrucciones y cuándo para que se aplique la sentencia o van a consentir que esto siga así.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): La señora Rodríguez Maniega conoce que la Delegación del Gobierno en Asturias, o bien el departamento correspondiente de la comunidad autónoma, tienen entre otras
tareas la del control de legalidad de los diferentes actos que se producen en los ayuntamientos, en este caso de Asturias, y podemos hacerlo extensible al conjunto de comunidades autónomas y provincias de nuestro país. Esa tarea la viene haciendo
la Delegación del Gobierno
en Asturias, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, no le quepa la menor duda, pero cumpliendo sus propias funciones no está la que usted comenta, en lo que significa obligar el cumplimiento de una sentencia. No es que lo diga yo ni mucho
menos, usted ha nombrado, si no me equivoco, un artículo de la Constitución, concretamente el 117, que atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a juzgados y
tribunales, con lo cual deberán ser los juzgados y tribunales los que en un momento dado procedan a tomar esa medida.
Señoría, al César lo que es del César; no es cuestión de que el delegado del Gobierno sea un dirigente socialista; eso es si me permite una cierta obviedad; los delegados de un gobierno socialista son socialistas, como los delegados del
Gobierno cuando gobernaba el Partido Popular son del Partido Popular; eso es normal y no se puede entender como algo malo sino todo lo contrario, entra dentro de la normalidad. Y sobre todo, si tiene noticias de que hay algún tipo de actividad
delictiva, como usted ha nombrado la prevaricación, hay unos canales perfectamente establecidos para poder instar al juez correspondiente a que ponga, negro sobre blanco, aquellas cuestiones que pueden haberse cometido no conforme a derecho.
Reitero que es a los juzgados a los que corresponde velar por la ejecución de las sentencias, y no es una obligación de las delegaciones del Gobierno obligar a la ejecución de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Maniega, tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señor Zarrías, su reputación le precede.
Fíjese, llegó hasta Asturias su reputación; ya me habían advertido de que a usted cumplir y hacer cumplir la ley quizá le pareciera un tema menor; quizá para usted
este tipo de asuntos no sean nuevos; para mí sí lo es.
Tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, y en este caso la Delegación del Gobierno actuó a sabiendas de que existía una irregularidad en el Ayuntamiento de Cudillero
cuando en ese momento gobernaba el Partido Popular; ahora que gobierna el Partido Socialista parece ser que esto no es una competencia de la Delegación del Gobierno.
Tendríamos que sentarnos entre todos para hablar, para ver cada uno qué podría y
qué debería hacer según sus competencias para que este caso no siga así. Le recuerdo que son más de veinticuatro artículos de nuestro ordenamiento jurídico, y señor Zarrías, aunque intente tirar balones fuera tiene mucho que decir de este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): No sé lo que le habrá llegado a Asturias, pero el secretario de Estado que le habla desde hace muchos años se dedica a cumplir la ley, y en el marco de sus
competencias a hacer que se cumpla a todos los niveles. Llevo en la cosa pública muchos años, y le puedo decir que nunca en muchos, muchos años he tenido ningún problema con la ley. Todo lo contrario. Le puedo decir que he tomado decenas por no
decir centenares de decisiones. Así que la información que la ha podido llegar a Asturias parece ser que no se corresponde con la realidad, al margen de que también el secretario de Estado tiene derecho a que se le guarde el más mínimo respeto.
Pero dicho eso, no solamente es la Constitución la que reconoce el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los juzgados y tribunales. Desconozco su profesión, pero yo como abogado lo tengo muy claro. En lo que se refiere a su pregunta, la Ley
29/1988, que como usted bien sabe regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 103 contempla que la potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde también a juzgados y tribunales. Es más, el artículo 104 dice, se lo leo
textualmente: Luego que sea firme la sentencia se comunicará al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso a fin de que la lleve a puro y debido efecto, y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en
el fallo. Por tanto, se mire por donde se mire en ningún caso compete a la Delegación del Gobierno ejecutar la citada sentencia a la que hacía referencia.
Por último, para mayor abundamiento, no podemos obviar que el precedente administrativo de la Delegación del Gobierno va más allá de que en Madrid haya un gobierno de un color político o haya un gobierno de otro color, y por ello que el
delegado sea de un color o de otro. Le voy a hablar de que el precedente administrativo es que no hay constancia de que entre los años 1994 y 2005, donde la mayor parte de ellos gobernó un gobierno que no corresponde al color político del que hay
en estos momentos en Asturias, no se hizo por la Delegación del Gobierno en Asturias ninguna ejecución de las múltiples sentencias que hubo durante esa etapa. En estos momentos hay un total de 79 en esa etapa en la que no se instó a que se
ejecutaran. No es una actuación esta de carácter singular por ser un alcalde del mismo color político que el delegado del Gobierno o el Gobierno de este país; es porque esa práctica está acogida a nuestro derecho positivo, y como digo no solamente
en esta etapa sino en la etapa en la que había un gobierno de diferente color al actual; entonces no hubo ninguna pregunta al Gobierno de por qué no se instaba a la ejecución de sentencias a la Delegación del Gobierno. El argumento es lo
suficientemente potente como para dejar claro que no hay ningún tipo de partidismo ni de sectarismo a la hora de llevar a cabo esta actuación, sino que simplemente el delegado del Gobierno cumple escrupulosamente con lo que se establece en nuestra
Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RELACIÓN DETALLADA DE LOS REGALOS RECIBIDOS POR EL TITULAR DEL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/069037). (Número de expediente 181/002612.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la tercera pregunta tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias señor presidente, la pregunta es muy sencilla: ¿cuál es la relación detallada de los regalos recibidos por el titular, los titulares en este caso, de los ministerios de Administraciones Públicas antes y
ahora Administración Territorial del Estado, en los últimos tres años?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Señor Hernando, el código de buen gobierno aprobado por el Consejo de Ministros, de 18 de febrero del pasado año 2005, y que se publicó posteriormente en el Boletín
Oficial del Estado, define y expone los valores de referencia que han de regir la actuación de los miembros del gobierno. Los obsequios recibidos por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial se han realizado en el
contexto de los usos habituales sociales y de cortesía, sin ser objetos de un valor relevante ni de mayor significación de carácter institucional que haya determinado su incorporación, como establece el código al que antes hacía referencia, al
patrimonio del Estado y su correspondiente inventario en los términos que prevé la Ley 33/2003.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Era evidente que usted no iba a saciar mi interés en este trámite. Como sabe hace cinco meses hicimos esta misma pregunta, como sabe hoy está aquí usted, pues no ha querido venir el vicepresidente a contestarnos
cuáles son sus regalos. Hoy ustedes se ven obligados a tener que contestar estas preguntas en las distintas comisiones, basándonos en el artículo 189 del reglamento de la Cámara.
Sabe que ese artículo dice que tienen, para contestar las preguntas
de los diputados, 20 días después de su publicación, y que cuando no es así pueden o tienen derecho a solicitar una prórroga mediante mensaje motivado. Es evidente que no tenían ningún interés, como ha demostrado hoy también, en darnos la relación
detallada de los regalos recibidos por el vicepresidente hoy del Gobierno y la anterior ministra de Administraciones Públicas, que hoy también es vicepresidenta del Gobierno. Eso demuestra que este Gobierno que alardea de la transparencia, en
realidad no lo es. Señor secretario de Estado, me parece que esto es algo muy sencillo que no tiene ninguna mala intención en principio; (Risas. Rumores.) me parece que la mala intención viene del que está ocultando los datos. (Una señora
diputada: los trajes y los bolsos.) Aquí se puede ocultar o se puede tener miedo a revelar los regalos recibidos por una sencilla razón, bien porque el valor del regalo sea superior al que marca lo que usted ha llamado, usos sociales, bien porque
quien hace el regalo, la persona física o la empresa sea una empresa sobre la cual no se quiera confesar que se reciben esos regalos, o bien porque se hace y se recibe ese regalo a cambio de algo. Este es el problema, señor secretario de Estado.
Los ministros no han querido comparecer o no están queriendo comparecer para dar estas explicaciones.
Les están enviando a ustedes, y yo no le hago responsable de no saber qué regalos a recibido el ministro, pero sabe que existe un registro y
hubiera sido muy fácil dar los datos del registro. No lo han querido hacer. ¿Por qué no lo han querido hacer? Eso es lo que en estos momentos nos preguntamos y con gran asombro, permítame que se lo diga. No sé qué es lo que van buscando con
ocultar esta serie de datos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón señor Hernando. Por favor, guarden silencio y respeten el uso de la palabra que se está produciendo.
El señor HERNANDO FRAILE: No, me importa tampoco la compañía del.; estoy acostumbrado, no se preocupe. Hoy ha dado un dato que es relevante, ninguno de los regalos recibidos se ha incorporado al patrimonio del Estado. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Quiere decir que todos se los ha quedado el ministro. Bien, más razón para que nos señale y nos diga cuáles son esos regalos y el listado. Antes ha satisfecho a mi compañero el señor Nasarre, en el segundo
turno, ha saciado teóricamente o en parte su interés, y espero que en la réplica sea también considerado conmigo y sea capaz de saciar este interés mío, que es un interés que yo creo que es público, y que no tendría por qué ser motivo de ocultación
como está siendo por parte de este Gobierno, y en este caso concreto de este ministro. El código ético no es para contarlo, es para cumplirlo, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Voy a intentar saciarle, no sé si lo voy a conseguir, porque la saciedad o no es algo bastante subjetivo; pero voy a intentarlo para que se vaya tranquilo y no con
la duda. El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política
Territorial no ha recibido ningún regalo que vaya más allá de los usos habituales, sociales, y de cortesía, como la garrafa de cinco litros de aceite que yo le voy a regalar a usted la semana que viene de mi tierra.
(El señor Hernando
Fraile: Muchas gracias. Yo le corresponderé, señor secretario de Estado.) Ese es un uso habitual, social, que evidentemente no hay que declarar. Pero le contesto a su pregunta para dejar saciada su inquietud. No hay ningún regalo que vaya más
allá, porque si hubiera ido más allá, de acuerdo con lo que establece la ley en ese código de buen gobierno al que antes hacía referencia, se hubiera incorporado al patrimonio del Estado y se hubiera hecho el correspondiente inventariado.
Pero me
va a permitir que, no sé si saciarle, le diga una cosa que me parece importante. Una de las primeras medidas, iniciativas, que tomó el gobierno de Rodríguez Zapatero, del Presidente del Gobierno, en el año 2005 fue dar cumplimiento a uno de los
compromisos importantes que contrajo con la ciudadanía en la campaña electoral. Ese compromiso era la regulación del funcionamiento ético del Gobierno, y fruto de ese compromiso aprobó el código al que antes hacía referencia, que si no me equivoco
data del 18 de febrero del año 2005.
El Partido Popular al que usted representa en esta Comisión, acosados o acuciados -no lo sé- por el tema Gürtel, en diciembre del año pasado aprobaron un código ético en el que dicen lo siguiente, leo textualmente: Se prohíbe la aceptación
de cualquiera regalos, atenciones, o liberalidades, que no respondan por su importe o causa a los usos y costumbres sociales. Me queda por saber si 12.000 euros en trajes, si relojes millonarios, (Aplausos.) si encontrarse un Jaguar en la puerta de
tu casa entra dentro de los usos y costumbres sociales para el código ético que ustedes aprobaron en plena marejada del caso Gürtel. No sé si como dice Serrat entre ustedes y el vicepresidente del Gobierno hay algo personal, pero le puedo afirmar
que entre ustedes y nosotros, los socialistas, hay diferencias muy importantes, y no solamente en el campo de lo político que las hay, sino también en el ámbito de los valores y del comportamiento ético. (El señor Hernando Fraile: Yo no votaba con
los pies en el Senado, como tú. Esa es la diferencia.) Nos diferencia, me va a permitir usted en el ánimo de saciar su inquietud, ese relativismo moral que ustedes aplican, que una cosa es buena o mala dependiendo de dónde vengo o de quién venga.
Me decían cuando empecé a estudiar que la doble moral es la peor de las inmoralidades, y yo creo que es difícil entender que quienes se comportan como auténticos inquisidores para los demás recurran a ser víctimas de conspiraciones cuando se les
pide que expliquen sus asuntillos o sus amistades peligrosas. Tampoco es fácil entender que quienes se dedican a dar todo el día correazos a los demás y piden dimisiones a diestra y siniestra, miren para otro lado cuando están sentados en una
verdadera montaña de corrupción. Yo he escuchado a su padrino político y amigo mío, el señor Arenas, como decía que el señor Bárcenas había desarrollado un trabajo si no me equivoco, extraordinario, en el partido.
Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo a nada, yo no tengo miedo aquí a hablar de los regalos, porque no han existido. (El señor Hernando Fraile: Pues dígalo.) Lo que sí me pregunto es el miedo que tendrán en el cuerpo el señor Arenas y el
señor Rajoy cuando dicen que Bárcenas ha hecho un trabajo espléndido del que se sienten orgullosos. Claro está que ustedes, señor Hernando, nos conocemos hace tiempo con todos mis respetos, son especialistas en ver la mota en el ojo ajeno y no ver
una viga como esta habitación en su ojo, pero a eso estamos acostumbrados y no nos pilla a nadie de sorpresa. (Aplausos.-El señor Merino López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Por una cuestión de orden. En primer lugar, queremos hacer una protesta formal para que conste en acta del 'Diario de Sesiones'. (Rumores.) Yo le pediría al señor presidente que procure calmar los nervios de la
bancada socialista que está un poco alterada en esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Continúe. Por favor, concrete.
El señor MERINO LÓPEZ: Yo comprendo que la presencia del secretario de Estado, persona importante dentro del Partido Socialista, les motiva a jalearlo, pero les pediría tranquilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, le ruego que concrete.Y, por favor, silencio que está el señor Merino en el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Si me dejan lo haré. Señor presidente, queremos que conste una protesta formal en esta Comisión, porque las preguntas que hoy han tenido que plantear los señores diputados vienen como consecuencia de que el Gobierno
no ha contestado las preguntas por escrito. Si habláramos de algún otro ministerio que tiene mucho trabajo, podríamos incluso hasta entenderlo, pero que este ministerio con la falta de trabajo que tiene no se dedique ni a respetar la división de
poderes, de la cual luego hablaremos en su momento oportuno en la Comisión, me parece una falta de respeto absoluto. Aprovechando aquí la presencia del secretario de Estado se lo digo, es una falta de respeto al Poder Legislativo que en este caso
representan los diputados, ya que usted representa al Poder Ejecutivo.
Quiero añadir otra cosa más, ni el señor Zarrías ni ningún socialista nos va a dar a nosotros lecciones de moralidad, o sea señor Zarrías, ni su Gal, señor Zarrías...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: No, no, es que ha habido alusiones directas al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, señor Merino, ha hecho constar su protesta y yo ahora como presidente le digo: primero, ya ha tenido el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: No, no, si es que no he terminado.
El señor PRESIDENTE: Ya ha tenido el uso de la palabra, que no ha pedido por alusiones.
El señor MERINO LÓPEZ: Es que la estoy pidiendo ahora.
El señor PRESIDENTE: Que no ha pedido por alusiones, que no hay tales alusiones en el sentido técnico del término.
El señor MERINO LÓPEZ: La estoy pidiendo ahora. Perdón, ha habido alusiones al Partido Popular, señor presidente, y yo le ruego que respete a este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino empiece usted por respetar a la Presidencia. Lo primero es pedir la palabra para algo, usted la ha pedido para su protesta.
El señor MERINO LÓPEZ: Para protestar.
El señor PRESIDENTE: Esa protesta queda en el 'Diario de Sesiones'. Y yo le digo, segundo, no hay alusión en sentido técnico, no hay alusiones, y por lo tanto no tiene el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, no ha habido alusiones, ha habido insultos gravísimos al Partido Popular. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ha habido un cruce.
El señor MERINO LÓPEZ: Y yo le digo, señor presidente, yo le digo señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, no está en el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, ni el señor Zarrías ni ningún socialista, ni con los Gal ni con los Faisanes ni con los Filesa ni con los Marbella ni con Estepona nos va a dar lecciones de moralidad y de atender las circunstancias
de la democracia.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, señor no está en el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, le llamo al orden por primera vez.
El señor MERINO LÓPEZ: Usted es partidista, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No soy partidista.
El señor MERINO LÓPEZ: Lo ejerció como ministro y lo está ejerciendo como presidente de esta Comisión. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por segunda vez, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Desde el primer día, señor presidente, desde el primer día, señor presidente, usted está haciendo uso partidista de su Presidencia. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, le llamo al orden por segunda vez. No está en el uso de la palabra. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.) Pasamos al siguiente punto del orden del día. (El señor Hernando Fraile: Por alusiones.)
No tiene el uso de la palabra señor Hernando. (El señor Hernando Fraile: Es que usted le tenía que haber dejado al compareciente que conteste.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (ZARRÍAS ARÉVALO), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA CONFLICTIVIDAD EXISTENTE ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EN ORDEN A SU RESOLUCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000070.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO EN EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000902.)
- LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (PLAN CANARIAS), APROBADAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS, CELEBRADO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL 9 DE
OCTUBRE DE 2009 Y SU REFLEJO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000974.)
El señor PRESIDENTE: Para sustanciar las tres comparecencias que figuran en el orden del día, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Gracias señor presidente.
Desde el máximo respeto y con el máximo respeto también a la separación de poderes y al papel clave que en una democracia juega el Legislativo, asimismo en su tarea de control de la acción de gobierno -he formado parte del Legislativo
durante casi treinta años-, comparezco ante todos ustedes a petición propia para informarles de las líneas generales de las políticas que estamos desarrollando desde la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para dar cumplida
cuenta de las peticiones que me hace el Grupo Parlamentario Popular en relación con la conflictividad del Estado y las comunidades autónomas y sobre la situación del plan integral de la Comunidad Autónoma de Canarias. A la vista de las cuestiones a
exponer, intentaré hacerlo de la manera más ordenada y breve posible, dejando, si ustedes lo estiman oportuno, para el debate posterior las respuestas concretas a cuantas cuestiones sus señorías quieran plantearme.
Voy a iniciar mi intervención sobre las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial y lo haré partiendo del reconocimiento que para nuestro país ha supuesto el modelo territorial diseñado por nuestra
Constitución. Este modelo de nuestro Estado autonómico construido entre todos nos ha permitido alcanzar un nivel de progreso, de desarrollo, y de bienestar social similar a los de los países europeos que hace treinta años eran la referencia en la
definición de nuestras políticas. Es un modelo que, reconociendo nuestra diversidad, la integra en un proyecto común basado en los principios de cohesión, de cooperación, y de solidaridad entre los distintos territorios, de tal forma que garantiza
el acceso a los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos con independencia del lugar de España en que residan. Junto a estas señas de identidad, nuestro modelo territorial se ha basado en un acercamiento de la gestión y de los centros de
decisión política a los ciudadanos, garantizando un permanente equilibrio en la búsqueda de políticas concertadas que integran eficazmente la actual distribución de competencias. La propia evolución de nuestro sistema autonómico y las respuestas
que este está obligado a dar exigen mejorar los mecanismos de colaboración y cooperación entre las tres administraciones: Administración estatal, Administración autonómica y Administración local, porque solo de esta manera garantizaremos la
eficacia y la eficiencia de las sinergias necesarias en la prestación de los servicios públicos. Estos son, señorías, los instrumentos precisos para impulsar la gobernanza en nuestro país y por tanto es una tarea vital en la actuación política de
la Vicepresidencia tercera del Gobierno, del Ministerio de Política Territorial y de mi secretaría de Estado. La potenciación y el perfeccionamiento de los mecanismos de colaboración, coordinación, y participación a todos los niveles y con las
administraciones, y la consolidación de un marco estable y sólido de relaciones entre los tres niveles constituyen los pilares y los elementos motrices de las líneas generales de actuación de esta secretaría de Estado.
Paso, si me lo permiten, a concretar algunas de las medidas. Considerando la cooperación multilateral y bilateral como principio vertebrador de las relaciones entre Estado y las comunidades autónomas, es nuestro propósito que en lo que
queda de legislatura podamos continuar potenciando los principales instrumentos de cooperación para optimizar sus resultados en el desarrollo, seguimiento, y evaluación de los acuerdos y políticas públicas comunes. La constitución, señorías, de la
Conferencia de Presidentes durante la pasada legislatura como órgano de máximo nivel político de cooperación entre Estado y comunidades autónomas es uno de los elementos esenciales de cooperación multilateral en nuestro Estado autonómico. Como
recordarán, el pasado 14 de diciembre se celebró la IV Conferencia de Presidentes, alcanzándose acuerdos relativos a la Presidencia española de la Unión Europea sobre violencia de género; también se aprobó por unanimidad de todos los presidentes y
presidentas autonómicos el reglamento interno de la conferencia, que vio la luz fruto del trabajo de varios meses entre Gobierno y comunidades autónomas y que entendemos que consolida definitivamente la existencia de este órgano más allá de quiénes
estén en cada momento en el Gobierno, reglamento que sitúa la secretaría del órgano en el Ministerio de Política Territorial.
Desgraciadamente, en esa IV conferencia no fue posible lograr, pese al esfuerzo realizado, un pacto sobre economía y
empleo entre el Estado y las comunidades autónomas.
En segundo lugar me van a permitir que me refiera a las conferencias sectoriales, en tanto que instrumento institucionalizado estable y permanente de cooperación multilateral, que permiten el análisis pormenorizado de las cuestiones de
interés mutuo facilitando la adopción de acuerdos compartidos entre Gobierno y comunidades autónomas. Hasta la fecha se ha creado un total de 37 conferencias sectoriales. En esta legislatura se ha constituido la Conferencia Sectorial de
Inmigración, en julio de 2008; la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional al Desarrollo, en octubre de 2009, y en enero de este mismo año celebró por primera vez una reunión, por lo tanto constitutita, la Conferencia Sectorial de
Igualdad, que sustituye a la antigua denominada de la Mujer.
A mitad de legislatura se han celebrado un total de 150 reuniones, que no es poco, siendo el objetivo previsto continuar potenciándolas y sobre la base del consenso, alcanzar mayores
cotas de eficacia en el desarrollo de los programas de actuación de las administraciones.
Me voy a referir ahora, si me lo permiten, señorías, a los instrumentos de cooperación bilateral. Quiero resaltar en primer lugar la extraordinaria utilidad de los convenios de colaboración firmados entre el Gobierno de
España y las comunidades autónomas, cuya financiación condicionada posibilita el desarrollo de planes sectoriales y programas de intervención pública. Constituyen sin duda el instrumento de cooperación más potente, de uso más frecuente y
muy consolidado, al que se ha destinado, junto a subvenciones y contratos-programas durante la VII Legislatura, un total de 25.861 millones de euros, frente a los 17.191 de la precedente. Se han firmado un total de 1.550 convenios en el pasado año
2008 y 1.439 en el 2009. Estos convenios de 2008 y los de 2009 suponen una aportación estatal de un total de 13.068 millones de euros en ambos ejercicios, a los que hay que sumar los 6.319 aportados por las comunidades autónomas en el mismo
período, todo ello estando, como estamos, inmersos en una situación de crisis económica. Y en todo lo que llevamos del presente año 2010, cuando aun no hemos terminado el mes de abril, las aportaciones económicas desde la Administración del Estado
y las comunidades autónomas han sido 1.273 y 27 millones respectivamente.
Siguiendo con la cooperación bilateral, antes les hablaba de los convenios firmados entre Administración central o estatal y las comunidades autónomas, me van a permitir que entre también, en ese marco de la cooperación bilateral, en las
comisiones bilaterales de cooperación, estructuras acordes con el actual grado de desarrollo de nuestro modelo territorial. Las comisiones bilaterales son, señorías, el escenario de diálogo permanente entre Estado y comunidades autónomas, ya que
facilitan la disminución de los conflictos de competencias, agilizan los traspasos pendientes y enmarcan la cooperación en políticas públicas comunes. En las múltiples reuniones que se vienen llevando a cabo se ha llegado a importantes acuerdos,
permitiendo avanzar de manera sustancial en el desarrollo de lo establecido en los nuevos estatutos, todo ello sin perjuicio de que esta reactivación también se produzca con otras comunidades autónomas que no han reformado sus estatutos, como es el
caso del País Vasco, de Galicia, y de Canarias. Impulso a estos órganos, así como toda la estructura de cooperación que arrastran las diferentes subcomisiones y grupos de trabajo es una de la líneas que creemos más importantes de actuación para
avanzar en el proceso de traspasos y de prevención de posibles conflictos. En lo que se refiere a traspasos, en la pasada legislatura se aprobaron un total de 107 en favor de casi todas las comunidades autónomas, en materias tan relevantes como la
Administración de Justicia y los aprovechamientos hidráulicos. En lo que llevamos de legislatura hemos completado un total de 51 nuevos traspasos.
Paso seguidamente, señorías, dentro del orden del día y de acuerdo con la propuesta del presidente de la Comisión de unir en esta intervención inicial las tres comparecencias, una a petición propia y dos del Grupo Parlamentario Popular, a
explicar los aspectos más importantes de la estrategia integral para la Comunidad Autónoma de Canarias. Quiero decirles en primer lugar que es voluntad del Gobierno apoyar expresamente a determinados territorios que, por causas puntuales o
históricas, mantienen una situación de vulnerabilidad o desventaja, estando por lo tanto ahí el origen de los planes o estrategias integrales, centradas en el diseño multisectorial de ayudas que contribuyan a la reactivación o recuperación económica
y social de dichos territorios. Este es el espíritu que ha llevado a aprobar los distintos planes integrales, entendiendo los mismos, señorías, como un instrumento que favorece la vertebración del territorio compensando las desigualdades y
potenciando el desarrollo de las zonas que tienen, coyuntural o estructuralmente, más problemas. En este orden de cosas, debo decir a SS.SS que es voluntad del Presidente del Gobierno que la coordinación de esas estrategias o de esos planes resida
en el Ministerio de Política Territorial. Llegados a este punto, voy a informar de las acciones que se están llevando a cabo en la ejecución de la estrategia integral para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Señorías, el Plan Canarias fue aprobado por el Consejo de Ministros que se celebró en esa comunidad autónoma el pasado 9 de octubre de 2009. Es, creemos, la mayor expresión del compromiso del Gobierno de España con la Comunidad Autónoma de
Canarias y con sus ciudadanos, aportando 25.000 millones de euros en los próximos diez años. Por ello, el Gobierno destinará este año, el presente 2010, recursos económicos por más de 2.200 millones de euros, cifra esta que duplica el gasto
efectuado en el año 2004. Si la cifra es por sí misma llamativa, es tanto más destacable en un ejercicio como el presente, el año 2010 en el que hay restricciones presupuestarias evidentes. De los aproximadamente 2.229 millones de euros que se
incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, 574 se destinan a inversión directa en materia de infraestructuras, con un volumen importante destinado a los aeropuertos; 811 a transferencias de capital, entre los que destacan 227 para el Plan
de Carreteras y 88 para el Plan de obras hidráulicas y regeneración de costas, así como para el Plan de reindustrialización, medidas para la promoción y mejora del turismo y energías renovables. Hay otro total de 752 a subvenciones, destacando las
destinadas al transporte, con un incremento gradual de las correspondientes a mercancías hasta alcanzar el 70 por ciento en 2012 y aumentando el 10 por ciento el primer año y el 5 por ciento los dos posteriores.
Avanzando en el grado de ejecución de la estrategia integral, sin querer ser exhaustivo, les diré que hasta la fecha se ha renovado el convenio de carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno canario, con una dotación de 207
millones de euros para el año 2010. Siguen en vigor los convenios de costas y obras hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Gobierno canario, por un valor cercano a los 80 millones de euros. Se han aprobado
las ayudas correspondientes al Plan de reindustrialización, que para el año 2010 incluye 3 millones en subvenciones y 9 en préstamos, y también se ha suscrito el convenio de promoción internacional del turismo en Canarias, con
una aportación de 9 millones de euros por parte de la Administración General del Estado entre los años 2010 y 2012. Igualmente quiero informarles de que en estos días se está gestionando el acuerdo, para firmarlo en próximas fechas con el
Gobierno de Canarias, que permite impulsar las inversiones del Estado en materia de infraestructuras turísticas por un importe de 30 millones de euros. Además se están desarrollando trabajos para extender al puerto de la Cruz el programa de
recualificación de destinos turísticos maduros y se ha prorrogado o se prorrogará el Plan de Empleo Integral y el convenio de infraestructuras educativas para Canarias.
Deseo también informar a SS.SS. de que se va a constituir en breve el comité de rutas de AENA, a mediados del año se constituirá la comisión de seguimiento de las ayudas al transporte, se han ampliado las plazas del programa de turismo para
la tercera edad del IMSERSO destinadas a la Comunidad Autónoma de Canarias, y el 8 de febrero se constituyó la comisión bilateral de vivienda para realizar el seguimiento de las actuaciones conjuntas. Se ha constituido un grupo de trabajo para
analizar la tipología de los establecimientos extrahoteleros a los que aplicar los incentivos regionales y está constituyéndose la comisión técnica para la creación y puesta en marcha del instituto vulcanológico de Canarias. A principios de este
año se terminarán las obras del nuevo centro oceanográfico de Las Palmas y se está preparando un nuevo convenio con la Universidad de Las Palmas para continuar los trabajos de investigación sobre microalgas, dentro del polo de desarrollo marítimo.
Los ministerios de Industria e Innovación están analizando proyectos para el reforzamiento de las energías renovables en las islas y a lo largo de este año está previsto constituir la comisión que analice el funcionamiento y posibles cambios dentro
de la Unión Europea del REF, del Régimen Económico y Fiscal, y la zona económica canaria. El tiempo que media desde su aprobación por el Consejo de Ministros hasta ahora, hace poco más de 6 meses, hace que creamos que el ritmo de puesta en marcha
puede ser calificado de adecuado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto de medio y largo plazo, que pensamos que dará un giro importante al actual modelo productivo en el que basa su economía la Comunidad Autónoma de Canarias.
A continuación, señorías, me van a permitir que comente lo referente a la conflictividad. Después de hablar de cooperación, es necesario que también hagamos una disección de lo que es la actuación preventiva y de cooperación con las
comunidades autónomas para limitar al máximo la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas sobre normas jurídicas aprobadas por cada institución. Deseo así dar respuesta a otra petición de comparecencia, informando sobre esta
conflictividad y las medidas que el Gobierno está adoptando para su resolución. Hablar de la evolución de la conflictividad es hablar de su acusado descenso respecto a la situación que se encontró el Gobierno en abril del año 2004, cuando el
Tribunal Constitucional tenía acumuladas 318 impugnaciones, entre recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias. Reducir esta conflictividad en la medida de lo posible fue una prioridad del presidente del Gobierno y se consiguió de
tal manera que los 217 asuntos de la VII Legislatura pasaran a 76 en la VIII, o lo que es lo mismo, conseguimos que el diálogo y la búsqueda de acuerdos sustituyeran a la confrontación imperante en períodos anteriores. Y en eso estamos, señorías.
En la actual legislatura solo se han producido hasta la fecha 49 impugnaciones, de las cuales 12 han sido planteadas por el Estado y 37 por las diversas comunidades autónomas. Nos seguiremos esforzando y me consta que también lo hacen todas las
comunidades autónomas, para prevenir nuevas controversias competenciales para solventar aquellas que están pendientes. Para ello, pretendiendo garantizar la normativa estatal y respetando en todo momento la distribución competencial, en lo que
llevamos de legislatura hemos informado un total de 447 normas.
Igualmente, y para contribuir a prevenir los posibles litigios con la normativa de las comunidades autónomas, hemos examinado un total de 399 proyectos de ley autonómicos, y la
Comisión de seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas, que, como saben, vela por la constitucionalidad de las leyes autonómicas que se aprueban, lleva examinadas ya en estos momentos 422 leyes, de las cuales solo 12 han
sido recurridas por el Estado y 18 se están negociando mediante el procedimiento o el trámite que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalizo, señorías, la exposición sobre la conflictividad reafirmando el
compromiso y la voluntad de continuar desarrollando el trabajo que se inició al principio de la VIII Legislatura de reducir las controversias, por mandato y deseo expreso del presidente del Gobierno. Intentaremos disminuir, como digo, al máximo la
necesidad de recurrir a la vía judicial y lo haremos mejorando la calidad técnica de la producción normativa estatal y profundizando en los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Otro tema que me van a permitir que comente y que vamos a seguir impulsando es el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración General del Estado, convencidos de que debemos fomentar su desarrollo como elemento integrador
de nuestro país. La Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial está trabajando en el informe anual de seguimiento que prevé la normativa vigente; se presentará al Consejo de las Lenguas Oficiales y nos permitirá
conocer el grado de aplicación por la Administración General del Estado de la normativa vigente en materia lingüística. En el ámbito de la Unión Europea, el Gobierno tiene previsto editar en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas y de
acuerdo con ellas los textos consolidados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Y en el ámbito del Consejo de Europa continuaremos trabajando en la elaboración del tercer informe
español de lenguas regionales y minoritarias, que deberá ser presentado a lo largo de este mes.
Señorías, quiero también brevemente comentarles un aspecto importante, lo que se refiere a la Unión Europea y la acción exterior en lo que es la participación de las diferentes comunidades autónomas. Como saben, estamos en el semestre de
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El objetivo principal de este ministerio está siendo reforzar los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, a fin de que estas puedan participar plenamente en los
procesos de toma de decisión comunitarios en aquellas materias que son competencias autonómicas. Además, ello se ajusta desde nuestro punto de vista plenamente a la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que de manera muy especial subraya el papel
que las entidades locales y regionales tienen o pueden desempeñar en la Europa del siglo XXI, tanto para consolidar la nueva realidad institucional de la Unión Europea como para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Para poner
en marcha este objeto nos propusimos revitalizar la conferencia sectorial que trata de los asuntos comunitarios, la antigua CARCE, que desde su último pleno que celebramos en Lisboa adaptó su nombre a la normativa y a la realidad europea,
Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea. Esta conferencia, que además se ha dotado de su primer plan anual, ha ampliado las formaciones de consejos en los que pueden participar las comunidades autónomas. Como saben, hasta ahora
eran cuatro consejos, con un total de doce materias, a los que se suma la competitividad en materia de consumo y cooperación al desarrollo. Y asimismo ha aprobado, por decisión unánime confirmada posteriormente por la IV Conferencia de Presidentes,
la participación autonómica en los consejos informales de la Unión Europea en aquellas formaciones de los que ya eran parte. En definitiva, creo, señorías, que en el ámbito comunitario hemos conseguido actuar de manera conjunta y coordinada las
comunidades autónomas y la Administración General del Estado, algo que a buen seguro solo puede ir en beneficio del conjunto de España, de todos sus ciudadanos, y que nos confirma una vez más todo lo que tenemos que ganar con una actuación de
colaboración y de lealtad institucional entre las distintas administraciones.
Hasta aquí, señorías, les he expuesto fundamentalmente la líneas de actuación en materia de política autonómica que estamos desarrollando desde la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. Y avanzaré en mi intervención hablando del
mundo local, que desempeña un papel clave en el desarrollo de la estructura territorial del Estado, por ser el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y prestatario más directo de los servicios básicos. Señorías, lo local ha estado y está en la
agenda del Gobierno y en las políticas del Ministerio de Política Territorial; sus objetivos y prioridades buscan profundizar en la modernización y en la eficacia de las entidades locales. Por ello, me permito pasar a informar a SS.SS. sobre los
proyectos más importantes que están cambiando la cara de nuestros municipios y que van a contribuir a la mejoría global de su funcionamiento.
Empezaré, si me lo permiten, por aquellas medidas puntuales, extraordinarias e inusuales, que han supuesto la mayor inyección económica destinada a los municipios en toda su historia democrática, 13.000 millones de euros en sólo dos años, 2
billones 600.000 millones de las antiguas pesetas. Como recordarán, hemos tenido oportunidad, tanto el vicepresidente como yo, de comentar en esta Cámara algunos aspectos de este tema, el PlanE, aprobado por el Gobierno para hacer frente dentro del
paquete de las 180 medidas que ha puesto en marcha desde el inicio de la crisis en nuestro país; el plan introdujo medidas directas de freno a la destrucción de empleo e impulsó la movilización de recursos por valor de 11.000 millones de euros, de
los cuales 8.000 se destinaron al Fondo Estatal para la Inversión Local, cuya gestión es competencia del Ministerio de Política Territorial a través de la secretaría de Estado que tengo el honor de encabezar en estos momentos. A estas alturas les
puedo decir que este fondo ha servido para incentivar la actividad económica, permitiendo que pequeñas y medianas empresas y multitud de autónomos, hasta un total de 14.700, puedan llevar a cabo una actividad que ha permitido mantener o incrementar
esta. Y no solamente actividad sino que ha permitido que empresas pequeñas de la localidad o de los alrededores puedan llevar a cabo la mayor parte de los proyectos que se han ejecutado con este fondo. No solamente ha generado actividad económica,
sino como consecuencia directa en estas 14.700 pequeñas empresas y autónomos, ha permitido que un total de 426.499 trabajadores y trabajadoras puedan trabajar, puedan emplearse, mejorar por lo tanto a partir de ahí las estructuras urbanas de
nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y ha sido un ejemplo de rapidez y agilidad, porque se han tramitado en un tiempo récord, de manera telemática y con todas las garantías jurídicas, un total de 30.767 planes. Al día de hoy tengo que decirles
que se ha transferido a los ayuntamientos un 86,85 de los 8.000 millones de euros y un 83,8 de los proyectos aprobados ya han sido liquidados. De esos proyectos, por darles toda la información, señorías, y sin querer ser exhaustivos, casi el 32 por
ciento se refieren a rehabilitación y mejora de espacios públicos; el 29 por ciento a equipamientos e infraestructuras básicas; el 17 a equipamientos, edificios de carácter cultural, educativo, o deportivo; el 8 por ciento en edificios y
equipamientos de carácter social, sanitario; el 4 en promoción de la movilidad y seguridad vial y algo más del 2 por ciento en proyectos de eficiencia energética o ahorro energético.
Quiero decirles también que, debido a las duras condiciones climatológicas del pasado invierno, hemos decidido recientemente ampliar el plazo de prórroga de los trabajos de 6 a 12 meses, y asimismo aceptar, de las en torno a 3.480
solicitudes de prórroga, prácticamente la totalidad.
Aprovecho para informarles de que, como
consecuencia de esas catástrofes naturales que han ocurrido en varias comunidades autónomas, se ha dotado al Ministerio de Política Territorial de un crédito de un total de 131,5 millones de euros para la concesión de ayudas, al objeto de
atender la reparación de las infraestructuras municipales o aquellas de titularidad de diputaciones o cabildos que se han visto afectadas por las inundaciones en mayor medida. La aprobación de dicha orden se publicó en el boletín oficial el sábado
pasado y ha supuesto la puesta en marcha del procedimiento telemático, que en esta ocasión pretendemos que reduzca su tramitación de los catorce meses que hasta ahora había durado a solamente cuatro meses.
Me he referido, señorías, al Fondo Estatal de Inversión Local. Me van a permitir que les comente algo referente al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que se está ejecutando en el presente año 2010.
Dotado, como saben,
con 5.000 millones de euros, representa desde nuestro punto de vista una nueva etapa centrada en la recuperación económica y en la renovación de nuestro modelo productivo, y se enmarca en la estrategia de economía sostenible involucrando a los
ayuntamientos en proyectos que tienen un enfoque de sostenibilidad económica, social, y ambiental. Se está gestionando también de manera telemática y en él están participando 8.105 de los 8.114 ayuntamientos que componen la geografía de nuestro
país. Se ha presentado un total de 30.581 proyectos, que alcanzan a cubrir un total de más de 4.987 millones de euros. Quiero decirles que el 82,96 de los proyectos a los que antes hacía referencia son proyectos de inversión, es decir 25.370, y el
17,4 son proyectos que corresponden a solicitudes de gastos de naturaleza social. Es decir, 25.370 proyectos de inversión, 5.221 proyectos de naturaleza social. De los 25.000 proyectos de inversión, el 47,37 por ciento están dedicados a
sostenibilidad económica, el 23,87 a sostenibilidad ambiental y el 28,75 a sostenibilidad social. No voy a extenderme en el desglose de los proyectos, que ofrece datos muy interesantes; sí les diré que resulta admirable la importancia que dan
nuestros ayuntamientos a la educación, al fomento de la actividad emprendedora, a la innovación y a la inversión medioambiental. Como saben, en este fondo al que acabo de hacer referencia, a la presentación de documentos se le hace el ingreso del
85 por ciento. Pues bien, a fecha de hoy ya se ha recibido documentación de un total de 11.890 proyectos, de los que se han pagado ese 85 por ciento a un total de 6.175. Finalmente, debemos tener en cuenta que con el nuevo fondo los ayuntamientos,
además de participar de lleno en el cambio de modelo productivo, van a contribuir a la creación de nuevos empleos dando continuidad a la senda iniciada por el Fondo Estatal de Inversión Local que ejecutamos prácticamente en su totalidad en el pasado
año 2009.
Permítanme ahora que, para concluir, pase a hablarles de una de las líneas de actuación de mayor calado en el ámbito local y que va a definir el marco jurídico y competencial que necesitan nuestras entidades locales.
No me refiero a otra
cosa que al anteproyecto de ley básica del Gobierno y la Administración Local. Este anteproyecto recoge una serie de novedades con respecto a la legislación actual, que, si no me equivoco, data del año 1985, encuadradas en tres ejes: el
reforzamiento de la autonomía local, la mejora de la calidad democrática y la mejora del sistema del Gobierno local. Para reforzar la autonomía local hemos contemplado dos líneas de actuación: la mejora del marco competencial de las entidades
locales y la clarificación del sistema normativo local.
Pretendemos delimitar adecuadamente el marco competencial mediante la regulación de una cláusula general de competencia, la definición del régimen jurídico de las competencias propias y
delegadas, la sistematización de un elenco de competencias propias municipales así como la identificación de ámbitos en los que los municipios han de participar y la definición de los principios que ha de regir el ejercicio de las competencias
municipales. Igualmente se recoge la necesidad de establecer una adecuada regulación de la intermunicipalidad, que debe actuar como garantía de la autonomía y de la capacidad de gestión de los ayuntamientos. En el anteproyecto al que me estoy
refiriendo se refuerza la regulación de la potestad normativa local a través de la sistematización de la potestades y las prerrogativas locales, haciendo a su vez una clasificación de los tipos de normas que pueden aprobar las entidades locales.
Estamos hablando de estatuto municipal, provincial, o insular, normas orgánicas, ordenanzas, decretos de organización, bandos de alcaldes, etcétera.
En cuanto al segundo eje al que hacía referencia al inicio de esta parte de mi intervención, relativo a la mejora de la calidad democrática, se avanza en el fomento del principio de transparencia y para ello se hace obligatoria la
publicación en la web de todos los actos y de todos los acuerdos municipales. Se elaborará también un nuevo estatuto del vecino, que detalle sus derechos, vinculándolos con el disfrute de los servicios públicos que presten las entidades locales y
que contenga un detallado catalogo de deberes relacionados con el medio ambiente y con la convivencia cívica. Creemos deben de generalizarse las cartas de deberes y derechos de los ciudadanos con efectos vinculantes para el municipio.
Y, por último, el tercer eje trataría de la mejora del sistema de Gobierno local, con el objetivo de ganar en eficacia y en transparencia tanto interna como externa, reforzando los instrumentos de control democrático del gobierno. Los
elementos sustantivos de este eje son: reforzar el papel de los alcaldes dotándole de mayores funciones normativas, potenciar el papel de la junta de gobierno como órgano colegiado ejecutivo, siendo el pleno el centro de la actividad política
municipal y el foro para el debate y el control político; también se pretende clarificar el conjunto de derechos y deberes de los representantes locales con una delimitación clara y precisa del alcance y ejercicio de estos derechos, extender los
códigos éticos y de buen gobierno de forma homogénea, fortalecer los procedimientos de control de la
minorías sobre la acción del equipo de gobierno con una regulación clara y exhaustiva en su control y en el de los órganos directivos, regulando el alcance del acceso a la información o la creación de comisiones de investigación a la vez de
dar solución a algunos problemas que se han planteado y se plantean en algunos municipios, como puede ser el caso del transfuguismo.
Señorías, creemos que se trata de un buen proyecto con el que buscamos lógicamente alcanzar el máximo consenso con todos los grupos parlamentarios, con los cuales ya hemos tenido oportunidad de comenzar a hablar, diálogo que se intensificará
en el próximo período. Es un importante proyecto legislativo y, como tal, debería ser objeto del máximo acuerdo y del máximo consenso. Buscaremos el máximo consenso con SS.SS. representantes de los diferentes grupos parlamentarios y por supuesto
con la Federación Española de Municipios y Provincias, desde la convicción de la bondad del proyecto y de las mejoras que pueden aportar.
Por lo que se refiere a la financiación de los ayuntamientos, me ceñiré a lo que ha dicho el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial en sede parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado. En la hoja de ruta del
Gobierno figura abordar el problema de la financiación local, puesto que el actual sistema creemos que es totalmente inadecuado. El Gobierno tiene previsto realizar aquellas reformas necesarias para que los ayuntamientos puedan enfrentarse con
garantías a los retos futuros. Esperamos, señorías, que todos los gobiernos municipales españoles que salgan elegidos de las próximas elecciones del día 22 de mayo del año 2011 dispongan de este nuevo marco de actuación.
Termino reiterando la voluntad del Gobierno de seguir aplicando del máximo apoyo y esfuerzo a reforzar la colaboración y la cooperación entre las diversas administraciones territoriales como única manera de contribuir al crecimiento
económico, a la creación de empleo y al bienestar de nuestros ciudadanos.
Estas son, señorías, las líneas generales de la actuación de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial que vienen a profundizar en la voluntad de este Gobierno por potenciar la política territorial y la coordinación con las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayudando a consolidar el proceso de descentralización política necesario en el Estado Español.
Agradezco su atención, señorías, y quedo a su entera disposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Comienza el turno de intervenciones. Habida cuenta de que hay tres cuestiones acumuladas, el tiempo de intervención será 15 minutos.
Comienza, como proponente de dos de esas comparecencias, el Grupo Popular y tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Compartiremos el tiempo del Grupo Popular entre tres compañeros que intervendrán en diversos temas.
Quiero comenzar diciendo que esperábamos hoy que se celebrara la comparecencia del secretario de Estado, pero no esperábamos que la persona que estuviera en el cargo fuera el señor Zarrías. Por retomar y contestar, como antes no pude, a la
intervención del señor Zarrías, quiero decirle a él y a todos los socialistas que ustedes no nos van a dar ninguna lección ni de moralidad ni de ética ni de nada, porque ustedes con el GAL, el Faisán, el Filesa, el Boletín Oficial del Estado, la
Guardia Civil de Roldán, el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Estepona, con ayuntamientos aquí en Madrid, con un alcalde socialista en un pueblo de Almería contando billetes, que vimos todos los españoles en televisión, con Seseña, y con
todo lo que podría seguir, porque podría estar aquí un mes relatándoles sus cordilleras de corrupción (Una señora diputada: ¡No sigas!.-Rumores.), evidentemente, señor Zarrías, hay que tener mucha osadía para reprocharnos determinadas cuestiones.
Usted lo mejor que puede hacer es ir a la calle Ferraz y dar cursos a sus compañeros de ética y de anticorrupción, y luego venir aquí a contarnos lo que usted desee y estime oportuno a los miembros del Partido Popular.
Señor Zarrías, usted decía antes que no ha vulnerado nunca la ley, y yo le voy a demostrar que usted ha vulnerado algo el Estado de derecho. Porque pilar básico del Estado de derecho es la división de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial, y es un elemento esencial de la democracia la independencia y el respeto de unos poderes a otros poderes.
Señor Zarrías, el pasado 13 de abril usted acudió a un acto donde se tachó y se llamó torturadores a los miembros del Tribunal Supremo; es decir, usted fue uno de los que estaban allí llamando torturadores a miembros del Tribunal Supremo
(Un señor diputado: ¡Venga hombre!), a miembros del Poder Judicial, a miembros de uno de los tres poderes del Estado de derecho. Su actuación, con su presencia en ese acto, supuso vulnerar la división de poderes del Estado (Un señor diputado: No
te lo crees ni tú.), un miembro del Poder Ejecutivo participa en un acto de insulto y de presión a miembros de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, y eso, señor Zarrías, es traspasar la delgada línea del Estado de derecho y de la
división de poderes, es vulnerar las normas fundamentales de la democracia. Usted que decía que siempre ha cumplido todas las normas y que no había vulnerado ninguna, hace unos días vulneró una de las normas básicas de una democracia. Su actitud y
comportamiento como miembro del Poder Ejecutivo solo podía tener una responsabilidad, que era su dimisión, u otra actuación, el cese por parte del presidente del Gobierno. Usted, evidentemente, no ha dimitido porque está aquí, el presidente del
Gobierno, evidentemente, no lo ha cesado porque usted está aquí, y eso conlleva que el presidente del Gobierno se convierta en su cómplice
y en el de su actuación al vulnerar y alterar las normas básicas de la democracia: la división de poderes. (Rumores.)
Ustedes en el ministerio no tienen trabajo, están aburridos y no son capaces de resolver el problema básico que tiene el mundo local, que es su financiación. La prueba evidente es que usted en su intervención ha dicho dos palabras y no ha
dicho absolutamente nada de cómo resolverlo.
Ello conlleva que estén desapareciendo muchas pymes y muchos autónomos por la falta de pago de las corporaciones locales y de las distintas administraciones.
Retomando mi intervención, señor presidente, señor Zarrías -qué curioso y a veces que justa es la vida-, hoy en todos los medios de comunicación vienen reflejadas las palabras pronunciadas ayer por la presidenta del Tribunal Constitucional.
Y dice textualmente: Padecemos una crisis institucional, hay una intolerable campaña de desprestigio por parte de algunos medios y de algunos partidos políticos. Señor Zarrías, usted es miembro de esa crisis institucional, provocador de esa crisis
institucional, y miembro activo de esa intolerable campaña de desprestigio, y no son palabras del Partido Popular sino palabras nada más y nada menos que de la presidenta del Tribunal Constitucional. (Un señor diputado: Las has interpretado
tú.-Risas.) Y sería conveniente que todas esas señorías que se ríen se leyeran las palabras de la señora presidenta del Tribunal Constitucional (Rumores y protestas.), porque a lo mejor se les cambiaba esa cara que tienen en estos momentos.
Señor Zarrías, yo creo -sinceramente lo pienso- que esta campaña y este montaje que ustedes tienen organizado ha provocado una crisis institucional, como dice la presidenta del Tribunal Constitucional, y tiene dos objetivos muy claros, que
es tapar dos de sus grandes vergüenzas: primero, los 4,5 millones de parados que ustedes han provocado y, segundo, algún faisán que anda suelto por ahí (Risas.) o que está guardado en algún cajón y que ya saldrá.
Por todo ello, señor Zarrías, nosotros le pedimos que usted dimita y, si no, reiteramos la petición al presidente del Gobierno para que sea cesado en su cargo por la actuación que llevó a cabo el 13 de abril.
Intervendrá ahora mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Señora séller, continúa en el uso de la palabra.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: señor secretario de Estado, le doy la bienvenida a esta Comisión. Debo decirle que he escuchado atentamente toda su intervención y le aseguro que mi interés iba en aumento conforme usted se iba explicando.
Conforme iba desgranando cada una de las responsabilidades que su área contempla, me parecía que usted domina un arte espectacularmente bien, un arte que ya quisiera pudiéramos dominar todos, pero parece ser que solamente es dominio de algunos
privilegiados.
Mientras desgranaba todas esas responsabilidades, pensaba que tenía usted realmente mérito, porque es todo un arte dominar la técnica de abultar y de maquillar con palabras lo que no se consigue con los hechos. Quizás, señor
Zarrías, de haber practicado usted más la objetividad y la aceptación de la realidad actual española, probablemente esa trayectoria veterana que usted tiene sin duda, hubiera podido proporcionarle al Gobierno más interés y un estímulo necesario para
arbitrar medidas para la sociedad. Pero, lamentablemente, he de decirle que no ha sido así, y créame que sinceramente lo lamento. Lo lamento porque, en lugar de ello, usted, que fue consejero plenipotenciario en Andalucía, ha preferido ahora hacer
de palmero, corear al señor Rodríguez Zapatero, y al comparecer en este acto, en esta institución que es el Parlamento, revestir de un aparente dinamismo su actividad al contarnos todo lo que ha hecho, quizás con muy buena intención, pero
sinceramente, señor Zarrías, yo le diría -más bien por puro sentido de la responsabilidad de quien le habla- que tanto para mí como para mi grupo nos va a resultar terriblemente difícil creernos todas y cada una de las cosas que usted ha venido a
contarnos.
Usted puede decir: Ese es su problema, que no es nuestro problema, porque nosotros tenemos una labor encomendada y es la de controlar al Gobierno.
Toda acción política debe venir acompañada de un máximo respeto a las instituciones
democráticas, y usted, con esa inusual impostura que ya ha dado la vuelta al mundo, ha preferido hacer caso omiso de ello, ha preferido continuar en esa impostura, anteponiendo sin duda sus intereses personales y sus intereses partidistas por encima
de toda razón e incluso viniendo a esta casa, que usted sabe que es una gran institución, además depositaria de la soberanía nacional, en cuyo caso entiendo que su credibilidad deja bastante que desear. Permítame, señor Zarrías, que le recuerde
algunos datos que tienen mucho que ver con su ministerio.
Por ejemplo, hablemos de modificaciones legislativas. En todo este tiempo no ha sido propuesta ni presentada ninguna modificación legislativa en aspectos sustanciales, como la modificación del régimen local o su financiación incluso, cuando
se ha tratado el sistema de financiación autonómica, ustedes han actuado como meros acompañantes, como una absoluta comparsa. Es más, las propuestas de su departamento en los consejos de ministros han sido muy pocas, tan pocas que pueden ser
calificadas como meramente testimoniales. Podría decir incluso que su ministro ha estado de oyente, pero es más, no voy a decir que su ministro ha estado de oyente, lo va a decir el Boletín Oficial del Estado, que es el que toma nota, el que da fe
para que todos los ciudadanos vean cuál es el nivel de trabajo que usted ha tenido en su departamento durante todo este tiempo.
Quisiera preguntarle en qué aspectos hemos encontrado avances en la política local y en la política autonómica, porque escuchándole a usted ya le digo que me parecía todo un arte vestir con palabras lo que no son hechos. Quiero descender a
cada una de las cuestiones
y sobre ellas espero que usted me responda. Respecto a la conflictividad, que usted dice que prácticamente ha desaparecido y que yo tengo que decirle que mi impresión y la del resto de los ciudadanos es diametralmente opuesta, no ha cesado
en ningún momento.
También he de decirle que el nuevo modelo de financiación ha sido un absoluto fracaso, un fiasco. Esa coordinación a la que usted se ha referido en algunas ocasiones y hoy concretamente aquí en sede parlamentaria, que además debería haberse
realizado con mucha contundencia a través de la Conferencia de Presidentes, también ha sido un clamoroso fiasco, y fíjese cómo se van acumulando todos estos fiascos unos tras otros.
En la Conferencia de Presidentes, que es un órgano cuyo ámbito de actuación está abierto y tiene por finalidad debatir y adoptar acuerdos en asuntos de especial relevancia en el ámbito autonómico, ni se han alcanzado acuerdos en cuanto al
nuevo modelo de financiación, ni tampoco han conseguido llevar ningún acuerdo en relación con las propuestas económicas. Usted habla de conferencias sectoriales, y yo le quiero preguntar si no le parece significativo que en el pasado ejercicio no
se hubiese reunido ni una sola vez, ni una, la Conferencia de Asuntos Locales. A mí me hubiese gustado que se hubiera reunido, pero no lo ha hecho; a lo mejor usted tiene una explicación para proporcionar al Grupo Parlamentario Popular.
Usted conoce, señor Zarrías, que la Administración General del Estado ha aportado 6.413 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de subvenciones y contratos-programa. Hemos de decir que los 28.252 millones de euros que se
han destinado en esta década para la formalización de convenios de colaboración con las comunidades autónomas han tenido una distribución dispar, y eso lo puede usted comprobar fácilmente. Ha habido tres comunidades que han tenido un trato de
privilegio, Cataluña, Canarias y el País Vasco, frente a dos, curiosamente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con 1.063 millones y 1.472 millones respectivamente. El resto de comunidades está muy por encima, no solo dobla sino que en
algunas ocasiones incluso triplica.
Respecto a la conflictividad, a la que usted ha hecho referencia y ha dicho que va mermando, yo veo que efectivamente sigue existiendo esa conflictividad, o incluso más, entre el Estado y las comunidades autónomas. A lo mejor usted no lo ve
con esa percepción porque quizás sea un experto en cuestiones de conflictividad, y quizás por eso desde el año 2008 no se ha promovido desde el Estado ningún conflicto de competencias o han disminuido los recursos de inconstitucionalidad, lo cual a
este grupo le suscita importantes dudas, porque parece ser que se está utilizando como un instrumento por el Gobierno frente a las comunidades autónomas más díscolas; y eso es muy preocupante para el Estado democrático, muy preocupante. Usted ha
dicho que hay doce recursos, pero yo tengo once; uno más uno menos luego lo clarificamos. De los once recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno ha presentado en esta Legislatura, siete se han formulado sobre leyes de comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular. El último recurso -me permito hacerle un recordatorio al respecto- fue presentado por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Seller, su compañero le agradecerá que vaya terminando, si no, su tiempo va a estar en peligro.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Le agradezco su sugerencia, directamente acudiré al trámite de preguntas.
Le comentaba que el último recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno, y precisamente ha sido a la Generalitat Valenciana cuando lo único que pretendía era llevar a cabo la revitalización del conjunto histórico de la
ciudad de Valencia. Respecto al conjunto creado por el Gobierno en torno al barrio de El Cabanyal en Valencia y su paralización actual, me gustaría que me dijera qué medidas piensan adoptar en torno a esa resolución. Es más, dada la trascendencia
del desarrollo de la ciudad de Valencia, ¿cuánto tiempo va a tardar en reunirse el señor Chaves con la Administración valenciana?
No voy a decirle mucho en cuanto al Fondo Estatal del Empleo y Sostenibilidad Local gestionado en el año 2009, dotado con 8.000 millones de euros, únicamente le voy a decir el análisis final de los mismos y unos datos van a ser muy
esclarecedores. Las personas ocupadas descendieron en 1.210.000, el número de personas paradas se incrementó en más de 1.118.600, las afiliadas a la Seguridad Social fueron 727.473 menos y los autónomos afiliados a la Seguridad Social fueron
156.852 menos y las empresas registradas descendieron en 17.401.
Respecto a otras cuestiones que yo entiendo que son relevantes -y término, señor presidente, abusando un poco de su amabilidad-, dado que son cuestiones de enjundia, voy a tratar un poquito. No quiero pasar por alto cómo piensan compensar
ustedes la reducción de transferencias corrientes en la participación en los ingresos del Estado y la reducción de ingresos para los ayuntamientos por la modificación del impuesto sobre actividades económicas que su gobierno no compensó
adecuadamente. Quiero también que me diga si sabe lo que supone para los municipios la reducción de los ingresos de telefonía fija.
El señor PRESIDENTE: Señora Seller, consumió su tiempo y un poco más, yo creo que su compañero lo va a pasar mal.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Si mi compañero me permite, termino en un minuto, si es usted tan amable.
El señor PRESIDENTE: Sí, acabe ya por favor porque pasó su tiempo.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Acto seguido he de decirle que en la solución que ustedes dan a los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas obviamente hay un abismo. Ahí fuera hay una manifestación de alcaldes, que vienen
aquí con su acta de concejal, y sería estupendo que usted escuchara sus reivindicaciones, que son exactamente las mismas que yo le he estado repitiendo en estas comisiones a lo largo de todo este tiempo. Quiero recordarle también los compromisos
incumplidos respecto de las haciendas locales, las reclamaciones que se han hecho, quiero saber cómo es posible dilatar más la financiación local, pretender asfixiar a las entidades locales con la reclamación de una deuda de más de 1.500 millones,
que viene a suponer el 10 por ciento de las entregas a cuenta. Por último -termino ya, señor presidente-, quiero que me diga usted si tiene algún cálculo hecho sobre lo que va a suponer a las haciendas locales la subida del IVA. Quiero también
conocer cuál es su criterio en relación con el Pacto antitransfuguismo, porque no creo que desconozca usted la situación que se ha producido recientemente en Benidorm donde tres diputados y un senador acompañaron al alcalde tránsfuga el sábado
pasado. ¿Quiere eso decir que se le está preparando el camino para entrar de nuevo en el partido? Denos usted su opinión al respecto.
Y, por supuesto, está el tema de El Cabanyal. Ya me he referido a que es el último recurso que ustedes han presentado ante el Tribunal Constitucional. Es una vergüenza que ustedes utilicen este tipo de técnicas para marginar a los
valencianos. No se olvide, señoría, de que existen también los chiringuitos en España como parte importante de nuestra cultura. Quiero saber si usted participa también de esas afirmaciones que ha hecho la concejala Del Río, que dice que con la Ley
de Costas ni la playa ni las tradiciones ni los chiringuitos están en peligro. En caso de desconocer a la autora, yo reproduzco sin su nombre esta misma pregunta, me gustaría que me dijera si efectivamente usted sabe que los chiringuitos conforman
uno de nuestros patrimonios más importantes.
El señor PRESIDENTE: Señora Seller, por favor, concluya.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Termino despidiéndome. Espero que este acto, señor secretario, le haya servido, además de cumplir con su obligación de responder a mis preguntas, también para recapacitar, y consiguientemente presentar su
dimisión cuando terminemos.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, aproveche el tiempo que le queda, que no es mucho.
El señor MATOS MASCAREÑO: Intentaré ser muy telegráfico. En primer lugar, señor Zarrías, me sumo a la bienvenida que le han dado el resto de mis compañeros, aunque también me sumo a la petición de dimisión que han hecho.
En segundo lugar, respecto a la situación de Canarias, ya dijo que era una comunidad autónoma muy vulnerable a los ciclos económicos por sus especiales circunstancias, por su lejanía, por la fragmentación del territorio, por los importantes
flujos migratorios, y que necesitaba un plan estratégico específico para Canarias dada la cifra altísima de paro.
Es verdad que en Canarias se crea empleo en los ciclos económicos de crecimiento y se destruye con muchísima rapidez en los ciclos de
recesión o de poco crecimiento como es el que hemos estado viviendo. Por tanto, yo encontré enormemente positiva la decisión de celebrar un Consejo de Ministros en Canarias, y además que se hiciera un plan específico para Canarias, una estrategia
integral como ustedes la han denominado. También se hizo en el año 1996. José María Aznar, después de trece años de Gobierno socialista, cuando las tasas de paro habían subido al 27 por ciento, celebró también un Consejo de Ministros en Canarias
en el que se aprobaron una serie de convenios para Canarias con un resultado magnifico, porque la tasa de paro que ustedes tenían en el año 1996 en el 27 por ciento bajó al 13 por ciento. Ahora el presidente Rodríguez Zapatero ha vuelto con un paro
del 27 por ciento, y después de seis años de gobierno de sí mismo el señor Zapatero toma la decisión de ir a Canarias a celebrar un Consejo de Ministros y aprobar este plan.
Señor Zarrías, no da la impresión de que esté prestando mucha atención, le rogaría que así lo hiciera porque voy a ser muy breve en las preguntas que le voy a hacer. (El señor secretario de Estado hace gestos negativos.) Pues me equivoco
pero daba esa impresión.
He venido aquí, señor Zarrías, con varios documentos: el proyecto de ley de presupuestos que entró en esta Cámara el 29 de septiembre, el listado de todas las enmiendas que se presentaron, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado que
se publicó a finales de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Le voy a hacer algunas afirmaciones que yo sé que no le van a gustar, y algunas preguntas, pero le aseguro que estaría encantado de que usted me sacara de mi error, no lo creo,
pero estaría de verdad encantado, por tanto, quiero que preste atención a lo que le voy a decir.
Creo que ustedes han mentido brutalmente a los ciudadanos de Canarias y al Gobierno de Canarias; y le voy a decir por qué. Ustedes anunciaron el Plan Canarias un presupuesto de 25.000 millones de euros en diez años, con una aportación en
principio para el 2010 cercana a los 2.500 millones de euros, y que estos 2.500 millones, estas aportaciones del famoso Plan Canarias, eran adicionales a los Presupuestos Generales del Estado. Veo que dice que no con la cabeza. Me gustaría que me
dijera exactamente, o les dijera a los canarios, que no era una
inversión adicional, que es lo que ahí estaba; y además de su intervención se deduce que no era adicional. Usted ha hablado del famoso Plan Canarias, y ha hecho referencia al capítulo 6, inversión directa del Estado, con 574 millones de
euros que ya estaban en los presupuestos que entraron en este Congreso antes del famoso Plan Canarias, y a los 207 millones también de los presupuestos generales que son consecuencia del Plan Canarias, pero no son consecuencia del Plan Canarias
porque estaban en los presupuestos que entraron aquí en esta Cámara el 29 de septiembre, aprobados por el Gobierno el 25 de septiembre, y en la tramitación no se aumentó ni un duro. Esa partida de 207 millones estaba en el programa 453.B. Cuando
usted habla de los convenios de costas, de los convenios de carreteras y de los convenios de obras hidráulicas, ya estaban en los programas 453.B, 456.D y 452.A; es decir, todo lo que usted ha dicho del famoso Plan Canarias, de inversión específica
para Canarias para sacarla del 27 por ciento del paro, son partidas que estaban en los Presupuestos Generales del Estado que entraron en septiembre en este Congreso.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, vaya concluyendo.
El señor MATOS MASCAREÑO: En la tramitación presupuestaria sólo hubo modificaciones a través de una serie de enmiendas firmadas entre ustedes y Coalición Canaria que supusieron 42 millones de euros. Señor Zarrías, si estos no eran
presupuestos adicionales ¿para qué fueron a Canarias, para qué celebraron un Consejo de Ministros en Canarias, para decir que iban a hacer lo que ya existía, los convenios de carreteras que vienen de muchos años antes, los convenios de costas que
vienen de muchos años antes y los convenios de obras hidráulicas que vienen de muchísimos años antes también? Para eso no hacía falta un Consejo de Ministros. Se me dice: No, hay partidas adicionales, Me gustaría que me dijera que realmente algo
de los 2.500 millones de euros o de los 25.000 es adicional a lo que ya estaba presupuestado desde muchos años antes. Por eso me traigo los presupuestos, señor Zarrías, para que me diga qué proyecto, por qué importe y con cargo a qué partida
presupuestaria, de los aprobados en el Plan Canarias es nuevo, para yo hacerme una idea de lo que contamos en Canarias, y cuándo los aprobaron, los que son nuevos, no los que estaban en los presupuestos de los años anteriores, para saber con qué
vamos a contar en Canarias para sacarnos de la crisis. Usted no puede venir aquí para decirme que las incorporaciones del plan de viviendas, que estaban un año antes, pertenecen a ese nuevo plan o a esa nueva estrategia, ni los convenios de
carretera, a menos que haya partidas adicionales, que yo quiero que me las diga usted hoy.
Señor Zarrías, yo creo que sería más sincero con los canarios que usted dijera: Es que no hay dinero. Ya sabemos que se lo han gastado todo en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010, lo saben todos, se publica todos los días en
la prensa y en los organismos internacionales, pero sería más sincero que le dijeran eso a los canarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, por favor, vaya concluyendo.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino señor presidente.
Yo sé que estas Cortes Generales no tienen la culpa, por haber aprobado estos presupuestos, la culpa la tiene la errática política que ha llevado el presidente del Gobierno, y si acaso tienen algo de culpa ustedes es por no haber tenido la
valentía suficiente para cambiar esta política económica que está llevando a este país a la ruina.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto van a compartir tiempo también el señor Salvador y el señor Perestelo. ¿Quién intervendrá primero? (Pausa.) Señor Salvador, está en el uso de la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Brevemente haré un apunte en relación con el primero de los temas que motiva la comparecencia del secretario de Estado, en cuanto a la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas y las medidas
que piensa adoptar en orden a su resolución.
Voy a decirle una obviedad, y es que yo creo que mi partido como todos los partidos aquí representados defendemos la sana convivencia entre administraciones, que yo creo que es lo correcto. Es verdad que nuestro sistema permite la
controversia interpretativa a nivel constitucional de las distintas competencias, puesto que en el marco de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas no están claramente definidas con unas líneas que nos permitan siquiera sustraer esa
conflictividad, dado que se producen siempre problemas de interpretación. Yo creo que eso entra dentro de lo normal. Estará usted conmigo en que eso es lo que ocurre en nuestro sistema, y para eso está el Tribunal Constitucional. Y, cuando una
administración siente que otra administración traspasa la raya de su propia competencia, acude al Tribunal Constitucional con normalidad, ya sea un estatuto de autonomía o sea una ley de contenido menor. Yo creo que no hay que tirarse de los pelos
porque eso se produzca. Es verdad que sería mejor que cada uno legislara dentro de sus competencias, pero pasa que a veces uno tiene una tensión expansiva dentro de su actividad y ocurre. Y cuando eso ocurre es normal que la administración que se
sienta vulnerada o sienta una intromisión en su competencia se defienda, yo creo que es algo normal y que es algo legítimo.
Se lo digo porque el Gobierno de Navarra ha anunciado que va a presentar un recurso a una ley aprobada hace poco en esta Cámara; pero nos ha extrañado, nos ha sorprendido y no coincidimos, no compartimos y
denunciamos, que la secretaria de organización del Partido Socialista, al hilo de este anuncio, haya dicho que el hecho de que el Gobierno de Navarra anuncie ese recurso vulnera en este caso la dignidad de la mujer.
Yo creo que el Gobierno
de Navarra está en su absoluto derecho de ejercer ese derecho, constitucionalizado, recogido en la Constitución, y en los límites, entiendo, en los parámetros de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y me parece que hace lo legítimo, aquello
para lo que está legitimado y, además, cumpliendo un deber, que es defender sus propias competencias. Como seguramente usted en la responsabilidad que tiene haría en el caso de que pensara que la ley de una comunidad autónoma provoca una
intromisión en sus competencias. Es más, tengo la sensación de que será correcto el anuncio y las razones puesto que su partido ha anunciado de alguna manera que la medida para defenderse frente a ese posible recurso es cambiar precisamente la
normativa autonómica para hacer que esta no incomode la norma estatal aprobada en esta casa. No sé cómo lo va a hacer, si es que renunciaremos a la competencia autoorganizativa en materia sanitaria, pero, en fin, supongo que lo desvelaremos
enseguida. En todo caso, yo creo que el Gobierno de Navarra cumple con su obligación, no es algo que nos satisfaga, nosotros no tenemos en nuestro ADN el confrontar, se lo puedo asegurar, no es nuestra voluntad. Es verdad que una ley que ha tenido
muy poca sensibilidad autonómica a la hora de incorporar una enmienda determinada de un grupo determinado y exclusiva nos afecta, no sé qué es lo que ahora se puede plantear desde su ministerio que pudiéramos hacer, pero lo que sí le puedo y le
quiero pedir es mayor sensibilidad autonómica.
Usted hablaba de colaboración, de cooperación, de prevención de posibles litigios, yo le pido que en lo sucesivo -no sé hasta qué punto en este tema, pero sí en lo sucesivo- podamos buscar entre todos mecanismos que nos permitan prevenir que
la conflictividad aumente y que exista, como le decía, una sana convivencia entre administraciones. Quiero que quede claro que no ha existido un interés determinado por nuestra parte, sino que yo creo que en función de nuestra responsabilidad y
nuestro compromiso tenemos que responder ante lo que entendemos que es una intromisión en nuestra competencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, señor secretario de Estado, permítanme en primer lugar, agradecer al señor Salvador la deferencia que ha tenido al ceder una parte de su turno para poder intervenir, como es obvio,
en relación con el Plan Canarias como representante de Coalición Canaria en esta Cámara.
Permítanme también que haga una reflexión al hilo de su intervención en el segundo punto, y que empiece por el final, por eso que usted planteaba como ley básica del Gobierno y la Administración local como algo necesario. Algo urgente
diríamos nosotros, porque creo que muchos de los temas que usted ha planteado hoy como conflictos de competencias y muchos de los temas presupuestarios de los que usted ha hablado hoy, incluido el PlanE, son consecuencia de la no existencia de un
instrumento acorde con la realidad actual en función de las competencias que establecen o que tiene cada administración local, en función de las competencias de los ayuntamientos.
Permítanme que también diga que me duele que al final de su argumentación para la ley básica del Gobierno y la Administración local hable del transfuguismo o de la corrupción, cuando realmente eso hay que atajarlo por caminos de la
participación democrática y del rigor. No se puede venir aquí a esta Cámara a hablar de una ley básica nueva para evitar el transfuguismo cuando meses atrás asistimos a una moción de censura por un tránsfuga en una isla de Canarias, en la Gomera, y
tres semanas después vemos al candidato apoyado por su partido participando en el congreso insular de su partido a nivel de isla. Así que no acabaremos nunca con el transfuguismo si no es con un compromiso serio de los partidos.
Valoramos todo lo que usted ha dicho sobre la Conferencia de Presidentes respecto al marco de colaboración, al marco de cooperación y también los convenios bilaterales; convenios que surgen como consecuencia de la confluencia de
competencias entre diferentes administraciones que requieren de un esfuerzo común a la hora de ejecutar esos servicios o esas necesidades de los ciudadanos. Nosotros creemos que esa nueva ley, que usted plantea necesaria, tiene que incorporar al
final del proceso, como es lógico, una financiación para esas competencias en función de las competencias de cada administración para evitar conflictos como los que se han planteado.
Valoramos el PlanE. Nosotros no éramos partidarios de los conceptos que están establecidos en el PlanE, pero indudablemente valoramos la aportación que ha significado el PlanE. Anoche un importante alcalde del Partido Socialista, el
alcalde de la ciudad de Las Palmas, que ha sido dos veces ministro, decía que el PlanE ha significado un impulso notable en la mejora de las infraestructuras, pero incluso llegaba a plantear la no conveniencia de renovar en los actuales términos el
PlanE para el próximo año, porque el PlanE ha supuesto obra nueva y lo que realmente en estos momentos produce un problema a las administraciones locales y a las empresas, sobre todo pequeñas empresas que hacen obra con las administraciones locales,
es la deuda que las administraciones locales, tienen fruto de querer llegar más allá incluso de sus propias competencias para atender las demandas que hacen los ciudadanos, y se han llegado a comprometer con cantidades presupuestarias que no estaban
en el ámbito de disponibilidad de sus haciendas locales.
Dice usted, señor secretario de Estado, que el Plan Canarias es una iniciativa del Gobierno en función de unos determinados parámetros en determinadas comunidades autónomas. Quiero pensar que es un lapsus no recordar la iniciativa de este
Parlamento -yo creo que su gobierno es un gobierno democrático, que nace de este Parlamento y, como tal, acepta los mandatos de este Parlamento-, y es una iniciativa que se presenta en esta Cámara por parte de nuestro grupo y que es aprobada por
unanimidad que trata de la necesidad de plantear un Plan Canarias. Nosotros creemos en el Plan Canarias, es más, yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo y en lugar de llamarlo Plan Canarias deberíamos llamarlo estrategia integral para Canarias,
porque me parece que en términos del lenguaje político el plan lleva incluida una ficha financiera y una temporalidad en las actuaciones que no ocurren en este documento de estrategias integrales para Canarias. Nosotros creemos en su potencial y
creemos en las posibilidades que puede llegar a plantear a futuro, y creemos que se pueden conseguir los objetivos que planteó el presidente del Gobierno.
Pero tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que ponernos a trabajar. Anoche también
lo reconocía el señor Saavedra, era el defensor, porque hasta ahora en Canarias casi los únicos defensores del Plan Canarias éramos los de Coalición Canaria más que los de su propio partido, ahora parece que la nueva línea en su partido está
empezando a valorar la importancia que tiene el Plan Canarias.
Pero no es menos cierto -y hacía referencia el portavoz del Grupo Popular- que el Plan Canarias, al final, ha sido un envoltorio en el que con ese nombre hemos incorporado una serie de convenios bilaterales Canarias-Estado que estaban unos
en vigencia, otros se acababa su plazo pero había voluntad política de renovarlos; y algunos se han renovado.
Usted ha hecho referencia al plan de carreteras, obras en costas, obras hidráulicas, plan de saneamiento, en definitiva, son planes que
ya existían, que venían funcionando como consecuencia de esas competencias compartidas entre la comunidad autónoma y el Estado. Algunas veces se debe también al reconocimiento por el propio Gobierno del Estado del déficit de financiación de algunas
competencias en el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nosotros creemos que hay que seguir trabajando, nosotros confiamos no solo en lo que usted ha aportado hoy, sino que creemos en la necesidad de esa reunión bilateral del próximo día 20 de mayo. Esperamos esa reunión, y esperamos plasmar ahí
los compromisos de la Comunidad Autónoma Canaria y también de las instituciones canarias, porque creemos que es un compromiso de todos.
Señorías, cualquier estrategia integral, cualquier plan, cualquier línea presupuestaria, o cualquier programa incorporado a los presupuestos no es suficiente, porque luego es necesario el impulso de esa partida presupuestaria, el impulso del
órgano gestor del gasto, el impulso del correspondiente ministerio o departamento de cada ministerio para firmar los correspondientes convenios con la comunidad autónoma para que se puedan ejecutar los planes. Hemos hablado, cuando se aprobaron los
presupuestos del Plan integral de empleo para Canarias, del Plan de inversiones vinculado a la infraestructura educativa, pero luego no se han plasmado en convenios. Más tarde llega el siguiente debate presupuestario, en el que a veces somos
necesarios porque podemos ayudar a aprobarlo, y, cuando exigimos el cumplimiento de esos acuerdos anteriores, es cuando se activan los mecanismos, se firman los convenios y se empiezan a ejecutar, muchas veces, casi siempre, con casi un año de
retraso de lo que debiera ser la puesta en marcha en el primer trimestre del año. De hecho, hoy podemos comentar, aunque no quiero relatarlos aquí, muchos compromisos presupuestarios que todavía a día de hoy, cuando se ha cumplido ya el primer
trimestre de este año, no se han puesto en marcha y por tanto se dificulta enormemente su ejecución. Saludamos su compromiso en relación con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Me parece importante tratar ese asunto en profundidad, el
cumplimiento de una ley orgánica como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en cuanto se refiere a la inversión media por habitante y, por supuesto, todo el compromiso con la Zona Especial de Canarias. En definitiva señor secretario de Estado,
no estamos satisfechos hoy del cumplimiento de esa estrategia integral para Canarias, pero somos conscientes de que se puede conseguir, creemos que se puede conseguir, y nuestra voluntad va a estar siempre en colaborar para conseguir esos objetivos.
Hablaba usted del transporte y de su subvención. Me constan las dificultades que tiene el Gobierno a la hora de asumir ese compromiso de incremento. Usted hoy ha manifestado aquí el compromiso una vez más de subida del 10 por ciento, el 5
y el 5 en los dos próximos años. Yo espero que tengamos la capacidad presupuestaria. Ahí está en debate la Ley de Puertos. Hay un expediente de lesividad de ejercicios anteriores que yo espero podamos corregir también en esa propia Ley de
Puertos.
El Instituto Vulcanológico se puede poner en marcha de inmediato, aunque es un compromiso que está retrasado en su plazo de ejecución; indudablemente lo valoramos. Espero que se pueda concretar ese compromiso de manera inmediata junto con
otros que usted ha planteado en su intervención.
Quiero agradecerle la comparecencia. Confío en que el día 20 en Canarias en esa reunión bilateral podamos avanzar en ese diálogo leal entre gobiernos, para dar un plazo y, sobre todo, acelerar la ejecución de esas medidas incorporadas en el
Plan integral para Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.
El señor PRESIDENTE: Por el Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Zarrías, quiero saludarle y darle la bienvenida a esta Comisión. Creo que es su debut en su condición de secretario de Estado de la vicepresidencia tercera. Debo comentarle en primer lugar que mi
intervención va a ser breve; y en segundo que va a seguir el perfil de las dos que me han precedido, las de los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Mi grupo lamenta mucho el enfoque de algunas intervenciones o
manifestaciones de carácter político en esta Comisión, que se están produciendo con demasiada recurrencia en mi opinión, ubicándose en una posición de supra-parte para embocar o reprochar al otro quién está en mejores condiciones de legitimidad para
dar lecciones de moralidad política. Es un decurso de los acontecimientos políticos que nos preocupa terriblemente. Es una deriva peligrosa que al final redunda en descrédito de la clase política en su conjunto, de los representantes políticos, de
todos sin ninguna excepción, con una reinterpretación mediática luego en múltiples tertulias y medios de comunicación que a nadie ayuda y a todos perjudica.
Desde luego no será mi grupo quien abone una forma de hacer ni de entender una política de
estas características. Además lo lamento porque esto no nos lleva a ningún sitio, a ninguno, ni siquiera a los mayores apologetas de esta forma de hacer política tan peculiar, por usar un generoso eufemismo.
Dicho esto, yo voy a atenerme a las cuestiones que usted ha explicado, señor secretario de Estado, y que son relevantes.Yo me he tenido que ausentar un rato, pero nosotros estamos muy preocupados -usted conoce nuestra preocupación- por el
calendario de transferencias y las previsiones en relación con las reuniones de las comisiones mixtas de transferencias, muy particularmente con el Gobierno vasco, señor Zarrías.
Por concretar más qué nos preocupa me referiré a la relativa a
transferencias pendientes desde hace mucho tiempo -me parece que están a punto ya de fructificar-, como la de las políticas activas de empleo, sobre las cuales carecemos de información, a pesar de que una de las contrapartidas del apoyo
presupuestario, uno de los compromisos del debate presupuestario, era mantener informado a mi grupo de los avatares y del decurrir de las negociaciones sobre esta importante competencia.
Nos gustaría conocer hasta qué punto está madura, en qué
condiciones está la negociación, en qué fase se encuentra y la proclividad tanto de la Administración central como del actual Gobierno vasco, a llegar a un acuerdo sobre una cuestión que no es técnicamente sencilla, como no se le escapa al
secretario de Estado. Otra es la relativa a la Seguridad Social. Hay una disposición transitoria quinta en el Estatuto de Autonomía de Guernica que preconiza lo siguiente: Se transferirá. Cuando se aprobó de forma un tanto voluntarista el
Estatuto de Autonomía del Gobierno vasco se consideró que se transferiría la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Euskadi, al Gobierno vasco. Esta es la mención, el tenor literal exacto de la disposición
transitoria quinta de su estatuto de autonomía. Luego han pasado muchas cosas. Se creó un concepto meta-jurídico como es el de caja única. Se constitucionalizó a través de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1992 el concepto de caja
única. Se incorporó y se positivizó al ordenamiento jurídico el concepto de caja única de las pensiones a través ya finalmente de la Ley 40/2007, la última de la anterior legislatura. Alguien entiende que esta configuración del concepto de caja
única es incompatible con la transferencia de lo que preconiza el Estatuto de Autonomía de Guernica y con los requerimientos del bloque de constitucionalidad. No es esta nuestra opinión, señor Zarrías, como usted sabe, ni es la opinión. Es la
última declaración pública que hizo el señor De la Hucha, viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco, que por cierto luego, accidentalmente o no, tuvo que dimitir dos días después; yo no sé si esta dimisión o cese -esta dimisión me parece
recordar- está vinculada a esta proclamación de que él cree en la transferencia de la Seguridad al Gobierno vasco o se debe a otros desconocidos motivos. El caso es que el viceconsejero de Hacienda, que es un hombre importante en el gabinete del
señor López, del lehendakari López, proclamó que él cree en la pertinencia de la transferencia a Euskadi y su compatibilidad con el concepto sacrosanto y casi canónico de caja única de la gestión de régimen económico de la Seguridad Social. Nos
preocupa si esa fe o esas creencias del señor De la Hucha son las que provocaron su abandono del Gobierno vasco dos días después. Esperemos que no, pero si usted tiene alguna información sobre este menester le agradeceríamos que nos la aportase.
Con relación al régimen local hay muchas cuestiones pendientes, está todo pendiente. Vivimos en una normativa de aluvión, configurada por la Ley de Bases de Régimen Local, reformas sucesivas; una normativa absolutamente caótica que se
caracteriza fundamentalmente por las dificultades de financiación de las competencias propias de las instituciones o entidades locales y de las impropias, que por adhesión se han ido acumulando a las mismas y mantienen a la mayoría de las entidades
locales de nuestro país o del Estado en una situación de asfixia financiera difícil de soportar.
Yo he leído la desagregación de la Ley de Gobierno Local que usted nos ha indicado y he visto que son desagregaciones o epígrafes muy genéricos:
determinación de ámbitos de aquellas competencias que podrían asumir en su caso -bueno, esto es decir poco propiamente-; el estatuto del vecino; mecanismos de financiación que no ha pormenorizado de dónde van a dimanar y hasta qué punto se van a
poder implementar incluso los mecanismos de autofinanciación por la vía de las tasas, de los aranceles o de la vía tributaria, de los tributos de naturaleza local de los ayuntamientos, porque si no posibilitamos que se autofinancien con su capacidad
de regeneración endógena de recursos habrá que recurrir a los recursos de la Administración General del Estado o de las administraciones autonómicas.
Esto nos lleva a otras digresiones
no menos preocupantes, como hasta qué punto la tercera pata de nuestro entramado institucional va a ser fortalecer las entidades locales debilitando simultáneamente las autonómicas normalmente, porque yo no les veo a ustedes en la tesitura
de debilitar la estructura de la Administración central del Estado, honestamente se lo digo. Desde esa perspectiva algunas pormenorizaciones o concreciones mayores serían gratas para mi grupo.
Hay un tema que yo le he comentado más de una vez -una de las personas que le acompañan se ha comprometido a estudiarlo- que afecta solo a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a Navarra, a Euskadi, en definitiva a Euskal Herria, y es la
siguiente. Hay una ley específica que es la Ley de Democratización de Entidades Locales que impide que las diputaciones forales, en el caso de que se tengan que disolver corporaciones locales por ilegalización sobrevenida de los partidos políticos
que las constituyeron, por tanto el abandono de las funciones de los concejales; repito, se desprovee en esta Ley de Democratización de Entidades Locales a las diputaciones forales vascas de la competencia de creación de entidades gestoras,
competencia sin embargo que se mantiene para las demás diputaciones provincias existentes en el Estado español. Eso está provocando un serio problema de falta de gobernación o de desgobernación de más de 20 municipios, fundamentalmente de la
Comunidad Foral Navarra y de Guipúzcoa. El mecanismo es que se ilegaliza de forma sobrevenida a un partido político, sus concejales tienen que cesar; se le ilegaliza obviamente por aplicación de la Ley de Partidos Políticos y por considerar ex
post, tras las elecciones, que ese partido constituía uno que sucedía fraudulentamente a otro anteriormente ilegalizado, y se impone, no a la diputación foral la creación de una comisión gestora sino a los demás partidos legales que concurrieron a
esos comicios, nombrar a otros concejales, a otros ediles que cubran las plazas que quedan vacantes por este peculiar procedimiento de ilegalización de la Ley de Partidos Políticos. ¿Qué ocurre? Normalmente pueden ocurrir varias cosas: primera,
que los partidos políticos legales se nieguen a nombrar otros concejales o, alternativamente, segunda, que quieran nombrarlos pero las personas a las que se designa no quieran ocupar esas plazas; o, tercera, obviamente que quieran ocupar estas
plazas pero que al final por mor de las circunstancias concurrentes en estos lugares normalmente las abandonen y se vuelva a la situación original de pérdida de más del 51 por ciento de los concejales que posibilite la pervivencia de la entidad
local en cuestión. Este es un problema respecto al cual yo no sé si ustedes han reflexionado en los términos que nosotros hemos sugerido ya, manifestando que debería procederse a la derogación de esta peculiar ley que es una hijuela de la Ley de
Partidos Políticos, que se llama Ley de Democratización de Entidad Locales, que por cierto es la única ley en el Estado Español de carácter local o que regula cuestiones locales que tiene un ámbito territorial reducido que no coincide con el ámbito
territorial de todo el Estado Español, lo cual ya en sí mismo es una anomalía. Me gustaría saber si han pensado sobre esta circunstancia y qué solución pueden proveer en este momento a los más de veinte ayuntamientos que no tienen gobierno local
por las circunstancias que le estoy comentando.-
Por último, la materia de transfuguismo, señor Zarrías. La Comisión antitransfuguismo es bien intencionada, voluntariosa, con asesores ilustres y eruditos, y donde los que acudimos con frecuencia manifestamos de forma más o menos brillante
nuestras opiniones sobre si es tránsfuga o no, sobre problemas muy delicados a veces, si en el caso de escisión de un partido los escindidos son tránsfugas cuando la escisión afecta a una colectividad importante de los que abandonan su original
organización y se pasan a otra, etcétera. En esta Comisión antitransfuguismo falta algún tipo de componente coercitivo o de manifestación que vaya más allá de la pura denuncia pública de una eventual situación de transfuguismo; con lo cual resulta
puro voluntarismo, es una utopía o es una quimera pensar que a través del funcionamiento de esta Comisión antitransfuguismo vamos a resolver una de las patologías más importantes que afectan a nuestra Administración local, que es la frecuente
existencia de tránsfugas en todos los partidos y en todas las direcciones. Aquí no es cuestión de imputar responsabilidad con carácter específico a nadie porque es una práctica que todos los partidos realizan en cuanto tienen ocasión para ello o
cuando las circunstancias son favorables. Desde esa perspectiva me gustaría saber también si en esta Ley de Bases de Gobierno Municipal se consigue algún tipo de coerción contra el tránsfuga, de carácter más eficiente que la pura denuncia pública,
el puro afeamiento de su conducta, para luchar contra esta patología.
Señor presidente, tengo que ir a votar a otra comisión. Me están reclamando con insistencia a través del móvil. Intentaré subir para que el señor Zarrías me pueda contestar estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Callejón.
El señor CALLEJÓN BAENA: Señorías, el Partido Popular ha solicitado la dimisión el secretario de Estado por la asistencia a un acto organizado por Comisiones Obreras y UGT de apoyo al señor Garzón, quien está acusado de prevaricación por
tratar de investigar el paradero de las víctimas del franquismo. Ese acto estaba apoyado por las asociaciones de la memoria histórica. En ese acto se defendió el derecho que asiste a los familiares de más de 114.000 desaparecidos víctimas de las
represión a que se les haga justicia. Simplemente lo que desean es poder enterrar a sus muertos.
Entre 20.000 y 30.000 de esos 114.000 son andaluces, señor Merino. El PP dispara a todo lo que se mueve. ¿De qué más va a culpar el PP al Gobierno
con tal de que se hable de cualquier cosa menos de la corrupción que demuestra el caso Gürtel, en el que hay tantos implicados, en Madrid, en Valencia, en Castilla y León? ¿No hubiera sido mucho
más honesto exigir, en vez de la dimisión del señor Zarrías, en público a Bárcenas que abandonara su escaño en lugar de hacerlo de tapadillo con meses de retraso? Yo creo que hubiera sido más honesto.
Comenzaron ustedes con Sitel. Una señora Cospedal indignada da una rueda de prensa para denunciar un sistema de escuchas que se había aprobado cuando el señor Rajoy era ministro de Interior. Por cierto esa denuncia no se tradujo nunca en
el juzgado, para evitar lo mismo, que se hablara de determinadas personas, de determinados regalos, de determinados amiguitos del alma. Después, verbalmente claro, dispararon contra la fiscalía, contra el juez Garzón, responsable de sacar a la luz
el mayor escándalo de corrupción que afecta a diferentes administraciones; contra el juez Garzón que en los años noventa era el paladín de la libertad cuando el juez Garzón imputó a cargos del Partido Socialista. Asistieron a manifestaciones que
se convocaron para criticar sentencias del Tribunal Supremo con la presencia de los destacados dirigentes de su partido, con presencia de banderas preconstitucionales. Han cargado contra las fuerzas de seguridad con irresponsables declaraciones del
señor Cascos apoyadas por otros dirigentes del Partido Popular que calificaban a los policías que investigan a militantes del Partido Popular de policías de camarilla que falsifican papeles y prefabrican pruebas. Estas cuestiones en mi opinión, en
la del Grupo Parlamentario Socialista, son ataques a las instituciones del Estado, a la Policía, a las fuerzas de seguridad, a los fiscales, a los jueces. No es de recibo tampoco tratar de sembrar duda sobre la trayectoria, sobre el buen nombre y
el honor del presidente de las Cortes Generales con la única intención de tapar lo que ustedes quieran tapar. Prefieren distraer a los ciudadanos, quieren traer al debate político y mediático cualquier cosa con tal de que no se hable de lo que a
ellos no les interesa.
Señorías, yo les digo que con toda esa articulación, que puede ser hasta comprensible, en el debate político no todo es válido; no se puede usar determinada munición con algunas personas. A Gaspar Zarrías Arévalo mi grupo no solamente le
apoya firmemente por su actuación reciente política y por su gestión en su cargo de secretario de Estado y anteriormente en la Junta de Andalucía, sino que le hacemos un reconocimiento por su actuación vital y personal. Los españoles hicimos en la
transición, todos, el ejercicio de mirar mucho hacia delante, hacia el futuro, hacia un futuro en convivencia, en democracia, con libertades. Pero, señorías, convendrán conmigo que a unos les fue más fácil que a otros mirar hacia delante y no al
pasado; y cuando digo a unos y a otros no me estoy refiriendo a una diferenciación maniquea política, sino a que a otros como Gaspar Zarrías les tuvo que costar más mirar hacia delante, mirar hacia el futuro con la esperanza de trabajar por un país
libre, en convivencia y en paz, que mirar hacia atrás, porque él fue de los que perdonaron. Él perdonó la muerte por fusilamiento de su abuelo Gaspar Zarrías Moya. ¿Su delito? Haber sido elegido democráticamente alcalde de su pueblo, Cazalilla
(Jaén). Perdonó los años de cárcel de su abuelo materno, Carlos Arévalo. ¿Su delito? Militar en la Unión General de Trabajadores. Perdonó los 12 años de cárcel de su padre, Juan Zarrías Jarreño. Gaspar Zarrías pudo recuperar y enterrar
dignamente los restos de su abuelo, por eso entiende y siente lo que sienten los familiares de las víctimas que aún no han podido recuperar a sus muertos.
Es posible que ustedes señorías no conocieran la historia de la familia de Gaspar Zarrías; yo quiero creer que ustedes no la conocían. Repito, yo quiero creer que ustedes no la conocían. (La señora Seller Roca de Togores: Conozco la
mía.) Quiero terminar este punto de intervención con esas palabras, de que quiero creer, es más, estoy convencido de que ustedes no conocían esa historia.
Voy a centrarme ya en aquello para lo que estábamos más preparados para debatir en el día de hoy. La exposición que ha realizado el secretario de Estado nos confirma en la conveniencia de la importancia de este departamento ministerial. Ha
hablado usted del fondo, señor secretario, de los fondos, de su situación en este momento, de sus resultados, de sus frutos y, por mucho que se empeñen algunas señorías, de sus magníficos resultados. Es indudable que el Fondo estatal de inversión
local ha cumplido su objetivo, más de 30.000 proyectos en todos los ayuntamientos de España. En cuanto al nuevo fondo, el número de proyectos es muy elevado, participando igualmente la práctica totalidad de los municipios de España, y vendrá a dar
respuesta a inversiones necesarias para proyectos que modernizarán nuestros pueblos y ciudades. Convendrán ustedes conmigo que 13.000 millones de euros es la mayor transferencia de esa importancia realizada a los municipios en toda la historia de
nuestro país y que ha solucionado las inversiones municipales no solo de estos dos años sino de bastantes más. Los alcaldes y las corporaciones locales han colaborado de forma muy efectiva en el desarrollo de ambos planes. Se ha mantenido la
actividad de más de 14.000 empresas, y en algunos territorios como Andalucía han sido completados por parte del Gobierno autonómico con planes de actuación dirigidos al mismo fin. A nuestro entender donde más se enmarca la importancia de este
ministerio no es precisamente por los fondos ni por las ayudas que en otras partidas presupuestarias se realizan a los municipios. No, su mayor importancia viene por su capacidad de coordinación -eso quizás es algo que alguien no entienda-, su
capacidad de diálogo, su capacidad de establecer canales de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como con los municipios y entidades locales.
Un país avanza cuando más coordinado es el esfuerzo de todos y los avances van asociados a los esfuerzos precisamente de cooperación entre las distintas administraciones del Estado, a la labor política constante -que es lo que hace este
ministerio- de ir fraguando el diálogo institucional y la cooperación entre las diferentes administraciones para que el resultado de sus actuaciones
sea más efectivo. Así vemos que la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas continua intensificándose.
Se celebró la Conferencia de Presidentes, de la que ya el secretario de Estado ha hablado, por
eso no voy a insistir. Los convenios son cada vez instrumentos más potentes para la cooperación entre ambas administraciones. Así vemos como de los 932 convenios que ser firmaron en 2004 por un valor de 2.100 millones se ha pasado en 2009 a los
1.439 por valor de 6.300. Se están desarrollando los nuevos estatutos, traspaso aprobado en cumplimiento de su desarrollo a Aragón, Andalucía y Cataluña.
Con Cataluña se ha acordado el traspaso de ferrocarriles de cercanías, la función pública
inspectora de Trabajo y Seguridad Social entre otras; con Andalucía el traspaso de recursos de la cuenca del Guadalquivir; con Aragón los traspasos en materia de formación profesional ocupacional y otros; con el País Vasco se está trabajando en
la negociación de diversos traspasos, destacando los relativos a políticas de empleo. También existe el traspaso de la gestión de los parques nacionales a Baleares y Canarias entre otras. Las conferencias sectoriales se han destacado como un
magnífico instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Este Gobierno, todos los gobiernos del señor Zapatero tienen el compromiso de hacer de la prevención y la cooperación con las comunidades autónomas un instrumento
fundamental para limitar la conflictividad existente entre el Estado y las comunidades. En la Legislatura 2000-2004 se produjeron 217 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, en la Legislatura 2004-2008 se redujeron a 76, en lo que va de
legislatura actual hay 47 impugnaciones al Tribunal Constitucional.
Como se ve la conflictividad ha bajado muy notoriamente con respecto a periodos anteriores. También las comisiones bilaterales de cooperación son instrumentos para disminuir la
conflictividad y hacen su tarea en la disminución y en la retirada de los recursos de inconstitucionalidad. El Gobierno ha impulsado la revitalización de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, ampliando la
participación de las comunidades autónomas.
También el señor secretario de Estado nos ha informado del compromiso del Gobierno por crear un nuevo marco legislativo local más acorde con la situación actual, después de 25 años de aprobarse, en el año 1985, la Ley de Bases del Régimen
Local. La nueva ley buscará conseguir ayuntamientos más modernos, profundizar en la democracia con más transparencia y más participación, a través de tres ejes que el secretario de Estado también ha descrito y en los que yo no voy a entrar para no
repetir. Esto se va a hacer mediante la negociación y el diálogo con los municipios a través de la Federación española, y deseamos de una manera firme y con convicción hacerlo también con todas las fuerzas políticas parlamentarias, especialmente
con el Partido Popular. Esta ley pretenderá recoger todo lo que signifique una definición más concreta de las competencias locales.
Tendrá en cuenta todos los estatutos de autonomía, especialmente los de nueva generación. Esperamos como he dicho
contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante esta ley.
También se nos ha informado de la voluntad del Gobierno de buscar una solución a la situación financiera de los ayuntamientos de forma estable, con un nuevo sistema financiero local para que los nuevos municipios que entren en las elecciones
de 2011 se acojan a ese marco. El Gobierno también vienen trabajando con la FEMP para buscar soluciones a la situación de los ayuntamientos, que con el gobierno del PP quedó particularmente lesionada por decisiones como la supresión del impuesto
sobre actividades económicas, el periodo más restrictivo en la participación de los impuestos del Estado, así como una legislación financiera local obra pura del Partido Popular. Me ha llamado la atención que una representante del Partido Popular
haya dicho que el sistema financiero local es un fracaso. Vienen a admitir lo que ya les decían en el debate parlamentario todos los grupos: Este sistema que ustedes quieren aprobar va a ser un fracaso. Ella lo ha dicho con cinco años de retraso,
pero bueno es reconocerlo.
También el Gobierno está trabajando con Canarias. El esfuerzo del Gobierno con el Plan Canarias comenzó en el año 2004. El Gobierno desde entonces viene haciendo esfuerzos en especial para atender a los problemas específicos de Canarias
(infraestructuras, Plan integral de empleo, turismo). Ahora, debido a la especial duración de la crisis en Canarias, quiero destacar y reconocer el papel fundamental que en la génesis de este proyecto, de esta estrategia integral para Canarias, han
tenido mis compañeros del Grupo Socialista de Canarias. Gracias a ellos el Gobierno propuso en el debate sobre el Estado de la Nación su compromiso para articular la estrategia integral de Canarias, de acuerdo con el Gobierno de Canarias, para
invertir 10.000 millones en los próximos cuatro años y un total de 25.000 en los próximos diez. La estrategia se justifica por varios hechos, porque es la comunidad autónoma, como he dicho, que más ha sufrido el impacto del desempleo dada su
dependencia del turismo y de la construcción; por su carácter de región ultraperiférica y su régimen económico fiscal; por el coste de la insularidad; por la fragmentación del territorio en siete islas; por la carencia de recursos energéticos y
naturales; y por la baja cualificación de la mano de obra.
La estrategia que el Gobierno ha elaborado, en negociación permanente con el Gobierno de Canarias, se articula en torno a cinco ejes: reequilibrar la estructura económica con criterios sostenibles, con infraestructuras energéticas y
medioambientales, manteniendo al mismo tiempo la apuesta del turismo pero dando un fuerte impulso a otros sectores con ventajas competitivas; contribuir a la mejora del empleo y de la protección social; dotar a Canarias de nuevas infraestructuras
que favorezcan su desarrollo, infraestructuras de abastecimiento de aguas y gestión de residuos; mejorar la cohesión
social en Canarias, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia; y configurar a Canarias -creo que es muy importante- como una plataforma hacia África, y desde la Unión Europea hacia África y América, incluyendo la
participación del Gobierno de Canarias en la política comunitaria en los temas que afecten a las regiones ultraperisféricas.
Los Presupuestos Generales del Estado incluyen en este año 2.229 millones de euros para Canarias en inversión directa: transferencias, convenios, y subvenciones. El Gobierno también va a dar una respuesta a las reivindicaciones sobre el
régimen especial fiscal y la zona económica de Canarias, con el compromiso de adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la moción del Congreso sobre la zona especial canaria constituyendo un grupo de trabajo con el Gobierno de Canarias
para el estudio y posible cambio del régimen especial fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor Callejón, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CALLEJÓN BAENA: Y elaborando con el Gobierno, un plan de infraestructuras turísticas 2010-2012. A ese efecto, se va a celebrar una reunión en Canarias en el próximo mes de mayo.
Señorías, de esta comparecencia se deriva el firme compromiso del Gobierno con las entidades locales, con la coordinación y con la colaboración, y busca responder a los problemas coyunturales y estructurales de las corporaciones locales
desde un ministerio con fuerte contenido en gestión política, que se está manifestando, como he referido, como un instrumento eficaz en el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la búsqueda de soluciones a la
situación difícil por la que pasa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, señor secretario de Estado, le desea el mayor éxito en su gestión, porque su éxito será la gestión de todos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Quiero, en primer lugar, agradecer de corazón el tono de sus intervenciones, señorías. Hemos tocado temas muy importantes que yo, si me permiten, voy a intentar
examinar con la mayor profundidad, pero a la vez con la mayor brevedad posible. Financiación, conflictividad, traspasos, relaciones de cooperación y colaboración entre administraciones, nueva ley de régimen local, la problemática del transfuguismo
y alguna cuestión concreta que ha planteado el señor Olabarría.
Empezando por el tema de la conflictividad, cuando este Gobierno llegó al poder, tras las elecciones de 2004, teníamos acumuladas impugnaciones por un número de 318, entre conflictos de competencias y recursos de inconstitucionalidad. Las
instrucciones que recibieron los diferentes responsables de este ministerio por parte del presidente del Gobierno era reducir esa conflictividad y, evidentemente, se ha conseguido. Estamos hablando de que se bajaron a 217 asuntos en la pasada
legislatura, que pasaron a 76, y lo mismo ha ocurrido en estos momentos. En la actual legislatura, desde el mes de marzo del año 2008, hay 49 impugnaciones, de las que 12 han sido planteadas por el Estado y 37 por las diferentes comunidades
autónomas. Es lógico y normal, y aquí, si me permiten, entro a compartir las palabras del señor Salvador. Es lógico que entre administraciones haya conflictividad; es lógico y normal en el desarrollo de un Estado complejo como el nuestro, un
Estado del que creo que podemos sentirnos orgullosos. Un Estado que comparte competencias y prestación de servicios, un Estado que tiene capacidad legislativa en sus parlamentos autonómicos, es lógico que haya momentos en que el juez tiene que
dirimir, y hay mecanismos para dirimir. Y no solamente mecanismos para dirimir en materia jurisdiccional, sino que también hemos creado mecanismos para el diálogo y la cooperación política. Todo el análisis de las normas previas o proacción en el
Parlamento mediante las cartas de cooperación, todo lo que prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Constitucional, que para el recurso y permite seis meses para llegar a un encuentro, está permitiendo que en estos momentos la conflictividad
haya bajado de forma muy significativa.
Yo creo que no debe ser motivo de preocupación que funcionen bien nuestras instituciones y que los reglamentos y las disposiciones se apliquen cuando es necesario aplicarlas. Y en el caso concreto del Gobierno de Navarra, tengo que
manifestar no solamente el respeto a cualquier decisión que tome, sino también decirle que ha sido un proceso modélico el que hemos seguido entre ambos gobiernos para lograr el amejoramiento del Fuero de Navarra, que como ley paccionada con su
singularidad, como todos ustedes conocen, si no me equivoco, vendrá a esta Cámara dentro de pocas fechas. Es el diálogo y el entendimiento, y por qué no la discrepancia, que al final se resuelve por quien tiene que resolverse, el normal desarrollo
de un Estado como el nuestro, que es complejo, que es singular, y que tiene unas características que nosotros nos hemos dado, y yo no creo que sea motivo para rasgarse, ni mucho menos, las vestiduras.
Contestado esto a la intervención de la señora Seller, voy a entrar también en algunas cuestiones que me parecen importantes.
Respecto al modelo de financiación que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tengo que decirles que es un modelo que no solamente compartieron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista; también las
comunidades autónomas que gobernada el Partido Popular o que cogobernaba el Partido Popular con otros partidos. ¿Por qué? Porque creemos que es un buen sistema de financiación. En
primer lugar, porque suma una parte importante, un 10 por ciento a los recursos actuales que en la participación de los ingresos del Estado le corresponde a las comunidades autónomas, quitando, señor Olabarría, señor Salvador, la
singularidad que todos conocemos en el Régimen Foral vasco y navarro. Como decía, supuso un 10 por ciento, en torno a 11.000 millones de euros, y sobre todo dio un paso importante en aquellas cuestiones que permiten la capacidad de autogobierno
-más autogobierno, más corresponsabilidad fiscal- y tuvo el apoyo, repito, de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista; la Comunidad Autónoma de Canarias, que gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular; de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, gobernada por el Partido Regional Cántabro y Partido Socialista; o la Cuidad Autónoma de Ceuta, que gobierna de forma monocolor el Partido Popular.
Era un buen sistema de financiación, y así se nos hizo llegar por otras comunidades autónomas. Recibieron la consigna de Génova esa mañana, y lo era blanco se convirtió en negro. Lo entendemos. Así es esto, no hay que rasgarse las
vestiduras, no pasa nada. El Consejo de Política Fiscal lo aplicó, y en estos momentos, que yo sepa, ninguna comunidad autónoma ha renunciado -y le digo que presidí todas las comisiones mixtas- a adherirse a ese nuevo sistema de financiación. Si
hubiera sido malo, como en algunos otros momentos no muy lejanos fue malo el sistema de financiación, la comunidad autónoma tiene soberanía y capacidad para no adherirse al mismo, y, por lo tanto, seguir manteniendo el que se aplicaba con
anterioridad. Repito, un buen sistema de financiación que aporta más dinero a las comunidades autónomas, que son las que verdaderamente prestan el servicio.
Voy a entrar en el tema de la financiación local, que, evidentemente, es importante; un tema importante al hilo de la financiación autonómica. La financiación autonómica tiene, en cuanto al destino de los fondos que llegan a su
presupuesto, un 90 por ciento aproximadamente en lo que es participación en los ingresos del estado (PIE) y un 10 por ciento en impuestos propios cedidos o en cuestiones que competen solamente a la comunidad autónoma. Por el contrario, la
financiación local tiene una composición distinta. Una composición distinta porque el 30 por ciento, aproximadamente, corresponde a la participación en los ingresos del Estado, y por el contrario, el 70 por ciento a los ingresos llamados propios,
fruto -como decía en su intervención el señor Olabarría- de tasas, de impuestos, etcétera. ¿Por dónde queremos entrar a esa mejora? Elevando sustancialmente, como ya ocurrió en la financiación de las comunidades autónomas, lo que es la
participación en los ingresos del Estado, y darle el abanico impositivo a cada corporación local para que, en el uso de su autonomía, eleve en ese marco y en ese abanico todas aquellas cuestiones que considere que tienen carácter recaudatorio e
impositivo. Habrá que hablarlo, discutirlo con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque entendemos que es la fórmula que permite dotar a las corporaciones locales de más dinero indeterminado para poder esa corporación aplicarlo a
aquellas políticas que, dentro de su autonomía, tienen potestad para hacerlo.
En línea con lo que estoy comentando, señoras y señores diputados, me van a permitir que haga un pequeño recorrido. ¿Por qué estamos como estamos? Esto no cae del cielo. Hoy han estado aquí, como acaban de comentar, alcaldes del Partido
Popular manifestándose, reuniéndose. No han roto el Estado de derecho ni han quebrantado la separación de poderes; todo lo contrario, han ejercido el derecho constitucional a reunirse, a manifestar sus planteamientos y a hacerlos llegar aquí a la
voluntad y a la soberanía popular. Me parece absolutamente correcto. Pero yo les voy a intentar explicar a ustedes, para que se lo hagan llegar a los alcaldes y concejales del Partido Popular, qué ha pasado en estos últimos tiempos.
Mire usted,
estos polvos nos traen esos lodos, o los lodos los polvos; el orden de los factores no altera el producto. Hace ocho años se produce una decisión dramática para los ayuntamientos. Lo está apuntando el señor Merino, que era alcalde entonces y lo
sufrió. Hace ocho años se promulga la Ley del Suelo, la Ley 688, que usted creo que conoce, en la que todo el monte es orégano, es decir, todo es urbanizable. A partir de ahí, rebajaron la cesión obligatoria los ayuntamientos en cinco puntos,
ocasionando no solamente una disminución en los ingresos municipales, sino, sobre todo, se abrió esa ansia constructora y especuladora cuyas consecuencias todos sabemos; y no voy a entrar en ello porque desgraciadamente lo estamos sufriendo. Pero
es que ahí no terminaron las hazañas del Gobierno del señor Aznar respecto a los ayuntamientos; siguieron. La Ley 51, de diciembre de 2002, reformó la ley que regulaba las haciendas locales y produjo la supresión unilateral del IAE, salvo -si no
me equivoco, señor Merino- para las grandes empresas. El resto, la inmensa mayoría, que suponía un ingreso muy importante a los ayuntamientos, desapareció, porque en aquel momento tocaba bajar los impuestos. ¿Eso qué supuso? Un descalabro
financiero brutal a las corporaciones locales de nuestro país. Repito, dos decisiones tomadas en el año 1988 y en el año 2002. No era el señor Rodríguez Zapatero el presidente del Gobierno; si la memoria no me falla, era el señor Aznar.
Pues
bien, cuando llegó el señor Zapatero a La Moncloa, después de las elecciones del año 2004, se adoptaron medidas que hacen de este Gobierno el Gobierno más municipalista de la historia de la democracia de nuestro país. Se lo voy a intentar explicar
para que se lo trasladen a sus compañeros, que hoy, ejerciendo un derecho, han estado en el Parlamento.
Por cierto, todas esas medidas a las que yo he hecho referencia y que supusieron una tropelía a las haciendas municipales, tuvieron el aplauso
sonoro de la que entonces era -y creo que usted la conoce- presidenta de la FEM, la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá.
¿Qué hizo el Gobierno de Zapatero, ante el que hoy se han manifestado legítimamente algunos alcaldes y
concejales del Partido Popular? En primer lugar, puso en marcha una medida económica para compensar la pérdida que habían tenido los ayuntamientos como consecuencia de la supresión del IAE; un acuerdo que firmaron el Ministerio de Economía
y Hacienda y la Federación Española de Municipio y Provincias en julio del año 2005. ¿En qué consistió esa compensación? Pues nada más y nada menos que en un total de 703 millones de euros; 253 para compensación directa y 120 para lo que se
denominó compensación adicional. Pero la situación de los ayuntamientos, evidentemente, heredada era mala. ¿Qué hizo el Gobierno en el año 2006, al año siguiente? Aprobó lo que se denomina anticipos a cuenta de la participación de los ingresos en
la PIE, en los ingresos del Estado. Una medida que sirvió, como saben todos los alcaldes de este país, para dar un respiro económico a los gobiernos locales. Con respecto a la PIE, que supone el 30 por ciento de los ingresos de un presupuesto de
los ayuntamientos, no me voy a ir por los cerros de Úbeda -que, por cierto, no eran ni cerros; hay una loma-. Este es el cuadro de lo que reciben los ayuntamientos de PIE durante la etapa de Gobierno del Partido Popular, y lo que han recibido de
PIE durante la etapa del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, el presidente más alcalde de la historia de la democracia de nuestro país. (Rumores.) Año 1997, Gobierno de Aznar, participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, un
total de 7.053 millones. Año 2000, en la siguiente legislatura: 8.837. Año 2004, Gobierno de Rodríguez Zapatero: 11.659. Año 2008, segunda legislatura del señor Rodríguez Zapatero: 15.058 millones de euros. Y le voy a decir que en estos
momentos ya hay integrados un total de 1.500 millones de euros con la reducción en los ingresos y, por lo tanto, en todo lo que significa el dinero que se traslada al resto de comunidades autónomas y a los ayuntamientos, porque, desgraciadamente, en
los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Estado, los ingresos han bajado significativamente como consecuencia de la crisis económica.
Pero no solamente le hablo de la compensación del IAE, no solamente le hablo de los anticipos, no
solamente le hablo del incremento importante en la participación en los ingresos del Estado, que ha pasado de 6.000 en el año 1996 a 15.154 -si no me equivoco- en 2007, sino que pensando en los ayuntamientos pequeños, en aquellos que tienen menos
posibilidades de obtener ingresos, de garantizar la percepción homogénea al conjunto de ciudadanos en todos los ayuntamientos sean como sean, el Gobierno de España aprobó en julio de 2005 lo que se denomina Fondo de solidaridad para los municipios
de menos de 20.000 habitantes, a efectos 1 de enero de 2007, que significó un crédito de 50 millones de euros, que ha permitido que, como mínimo, cualquier ciudadano, por muy pequeño que sea el municipio y por muy pocos habitantes que tenga, obtenga
un mínimo de 140 euros/habitante.
Creo que cuando les explique usted esto a los que han estado esta mañana por aquí, seguro que se pensarán otra vez venir a manifestarse. Porque si a todo esto le sumamos los 13.000 millones de euros -2 billones 600.000 millones de pesetas-
que todos los ayuntamientos han ejecutado o están ejecutando como consecuencia de los fondos de inversión local, me parece que si alguien se ha portado bien con los ayuntamientos ha sido el señor Rodríguez Zapatero, ha sido el Gobierno que preside
el señor Rodríguez Zapatero.
Usted ha hecho alguna pregunta que quiero responderle. Tema de Benidorm, en el que el señor Olabarría y yo compartimos largas sesiones y con el que comparto lo que ha dicho de la A a la Z. Le voy a dar mi opinión ya que la decisión final la
tendrán ustedes cuando aprueben el proyecto de ley. El tema de Benidorm está en la comisión de expertos, y cuando dictaminen, será acatado. La memoria es frágil. Ustedes a un tránsfugo que fue alcalde de Benidorm, le hicieron presidente del Grupo
Parlamentario Popular y ministro de Trabajo. Me refiero al señor Zaplana.
Si ustedes creen que un grupo de diputados y senadores que van a visitar una obra del Plan E a Benidorm están haciendo algo que no es cumplir con su obligación, yo me
preocuparía. Yo estuve el domingo pasado en Guía, en la feria del queso y visitando las obras del Plan E en ese municipio del norte de Gran Canaria. He estado en Telde, como he estado en Tenerife o Las Palmas, en Murcia o en Avilés. Estoy
cumpliendo con mi obligación.
Por lo tanto, de transfuguismo, aquello de la primera piedra; más vale que no tiremos piedras, porque desgraciadamente es un mal que tenemos que erradicar. Pero, señor Olabarría, sabe usted igual que yo que con la
normativa vigente, con las sentencias de 1979 y 1980, donde le dan al concejal todo lo del mundo para resguardar su acta, podemos simple y llanamente acotar para hacer menos cómodo que alguien cometa la fechoría de convertirse en un tránsfuga.
Quitando derechos económicos, quitando beneficios para que, de alguna forma, el tránsfuga o la persona que comente esa actuación, no tenga ningún aliciente. Pero quitarle el acta.
O se establece un tipo penal claro o, si no, yo creo que es
desgraciadamente imposible.
Yo fui el autor de la defensa como abogado a la sentencia del año 1979 en el ayuntamiento de Andújar, por la cual el partido, desde el momento en que una persona es elegida, deja de tener capacidad respecto al acta, que es del electo. Yo
era el abogado del Partido Socialista, que quería expulsar de concejal a una persona que había expulsado del Partido Socialista: alcalde de Andújar, Antonio Gallego Gil para más señas.
Recuerdo como si lo estuviera viendo la vista en la que el
Contencioso Administrativo de la entonces Audiencia Territorial de Granada se pronunció, y posteriormente el Constitucional, por lo que el electo es el dueño del acta y los partidos no podemos hacer nada, nada más que poner barreras para impedir que
esa conducta se pueda producir.
También me ha preguntado respecto al IVA en los ayuntamientos. Como sabe, en todas las disposiciones, tanto en el decreto-ley de creación de fondo, como en lo
que hemos estado hablando con los alcaldes a través de la FEM, como en el orden posterior que desarrolla el decreto-ley, establecemos, tanto para los fondos de inversión como para los fondos de las inundaciones o de las catástrofes que se
han producido en este último período de tiempo, la capacidad para que los ayuntamientos puedan utilizar las bajas para compensar la subida del IVA del 16 al 18 en algunas cuestiones. No voy a hablar ahora de la carga impositiva de esta país, de
cuál era la carga impositiva en 2004 y cuál es la carga en 2010; no voy a hablar de cómo está el IVA en España y cómo está en otros sitios. Creo que no es objeto de debate, pero no tengo ningún problema en poder hablarlo con usted con todo gusto.
Ley de Régimen Local. Comparto con ustedes que es un proyecto de ley importante y que queremos que sea una ley de Estado. Una ley de Estado desde el momento en que queremos que tenga el mayor consenso. Tenemos que dar un instrumento
claro, un instrumento que venga -comparto lo que dice el señor Olabarría- a refundir unas disposiciones que comienzan en 1985 con la Ley de Régimen Local, a las que se han ido sumando otras para hacer un conglomerado que es el momento de
racionalizar, si me permite la expresión. Y ahí yo tiendo la mano para que el texto, una vez que esté aquí, sea objeto del mayor de los acuerdos.
Hemos hablado en muchas ocasiones con el Partido Popular, con el Partido Nacionalista Vasco, con Convergencia y Unió, con todos los partidos, y habrá que hablar con más porque creemos que sería bueno, muy bueno, para el funcionamiento de las
corporaciones locales en nuestro país, que el día 22 de mayo de 2011, esos alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas que salgan de las elecciones, tengan un marco jurídico acorde con lo que es un ayuntamiento del siglo XXI, un ayuntamiento del
año 2010. Eso es lo que vamos a intentar, y yo estoy convencido de que en todos ustedes está el ánimo para conseguirlo lo antes posible y que podamos verlo. Podríamos entrar en disquisiciones de lo que hoy por hoy es el anteproyecto de ley, pero
como seguro tendremos ocasión, en sede parlamentaria y fuera de sede parlamentaria, de hablar sobre ello, no me extiendo más.
Respecto a la conflictividad con la Comunidad Valenciana, que no es mayor que con otras comunidades autónomas, sí le puedo decir que en este caso concreto, la ley de 31 de marzo, en la que se establece la Ley de protección del conjunto
histórico de la ciudad de Valencia, el Estado, de acuerdo con lo que dictamina el Consejo de Estado, no solamente el Gobierno, entiende que existe una serie de vulneración de principios de una serie de cuestiones competenciales que se estiman
exclusivas del Estado, de ahí que se haya planteado ante el Constitucional esta cuestión. Es normal, no hay que entenderlo nada más que dentro de las lógicas relaciones de bilateralidad. Tenemos otra cuestión con la Comunidad Valenciana, como es
la práctica de una metodología de caza, que no es el Gobierno de España sino la Unión Europea quien establece unos mecanismos para que la caza sea selectiva, y la práctica que utiliza por el procedimiento de parany, la Unión Europea dice que no es
correcta. De ahí que, por la trasposición normativa, tengamos que ejercer, como lo tendría que haber ejercido cualquier otro Gobierno, que esa práctica de caza no es selectiva, que va en contra de las directivas comunitarias.
Eso no es
persecución, señoría; es simplemente que tenemos una normativa europea en materia ambiental que hay que cumplir. Si somos capaces de llegar a un punto de encuentro -para eso es la reunión que ha anunciado el presidente del Gobierno, que
pretendemos hacerla en los próximos días-, evitaremos ese tipo de conflictos. Pero, repito, no es nada más que lo normal, en la línea de lo que comentaba con el señor Salvador, de las lógicas relaciones entre administraciones, que unas pueden tener
más vistosidad que otras, pero en el fondo son exactamente igual.
Voy a entrar, señorías, en el tema que también ha sido objeto de comparecencia y de intervención del señor Matos en representación del Grupo Popular y el representante de Coalición Canaria, el señor Perestelo. Empiezo por donde terminaba.
Es cierto que es un momento económico complicado, es verdad. Hemos hablado de financiación local y de financiación autonómica y hemos dicho que han bajado considerablemente los ingresos, de todos. Por lo tanto, la estrategia integral para Canarias
a diez años tiene, si cabe, aún mayor importancia. Cuando en un momento donde los ingresos bajan, donde las arcas públicas de cualquier administración no están sobradas, se hace un esfuerzo de esta índole, me parece que está claro el compromiso
firme del presidente del Gobierno con la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una estrategia que comparto con el portavoz de Coalición Canaria que tiene diez años y que no es un plan ad hoc, sino que es una estrategia que trata de cambiar el modelo
productivo canario. Un modelo productivo donde el sector primario y el secundario tienen un peso inferior al de la media del conjunto del país, con un importante peso del sector servicios y el sector servicio del servicio.
Lo que se pretende de
alguna forma es ir reequilibrando en una estrategia de medio plazo, como pueden ser diez años, ese modelo productivo para que el turismo y de ahí los planes concretos de mejora de la planta hotelera, de objetivos maduros, de oferta turística
complementaria, ese convenio que la semana que viene, si no me equivoco, se firmará entre el presidente Rivero y el ministro de Industria don Miguel Sebastián, por la cantidad de 30 millones de euros siga siendo un elemento clave y fundamental en el
desarrollo de Canarias, pero que a la vez tenga una compensación en aquellas potencialidades que están perfectamente delimitadas en el plan. Su potenciación van a permitir que sectores como el primario o el secundario ocupen un peso mayor en esa
distribución del PIB en la economía de Canarias. Son 25.000 millones en diez años.
Llevamos seis meses; se aprobó en diciembre. Yo sé que les toca a usted y decir que no está de acuerdo,
pero yo les puedo asegurar que tengo un contacto fluido, muy fluido, con la Presidencia del Gobierno de Canarias, con los interlocutores del Gobierno de Canarias, prácticamente hablamos todas las semanas, vamos viendo pros y contras, vamos
viendo dónde están los problemas, y el día 20, señor Perestelo, no solamente se va a hablar del Plan Canarias, también vamos a abrir la posibilidad de nuevos traspasos a la comunidad autónoma que en estos momentos se están negociando y que tendrían
el okay político en esa comisión bilateral para posteriormente ir a una comisión mixta. Por supuesto que esta estrategia integral es consecuencia de la moción a la que usted hacía referencia, que tuvo el respaldo unánime de los grupos
parlamentarios de la Cámara. Efectivamente, ese mandato parlamentario al Gobierno se traslada a este documento; un documento que no voy a explicar porque todos ustedes conocen, pero que trata de singularizar a Canarias, dotándole de mejores
instrumentos para ese reequilibrio.
Podría repasarlo uno a uno, no tengo ningún inconveniente, señor Matos, en ir hablando de las compensaciones que pueda suponer la supresión del IGTE de Canarias, la capacidad financiera de esta comunidad en lo que significa las
modificaciones en el REF dentro del marco comunitario, de las infraestructuras turísticas. Podemos ir detenidamente, pero seis meses desde su aprobación, con unos presupuestos que, repito, superan los 2.200 millones de euros para el año 2010, me
parece que es un buen inicio. ¿Que estamos en un mal momento? Es cierto. ¿Que la situación económica no es la mejor? Es cierto. Por ello, creo que esta estrategia integral tiene si cabe aún más importancia, y denota con mayor intensidad el
compromiso del Gobierno de España para con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entrando en alguna cuestión que me ha planteado también el señor Olabarría, -he intentado contestarle ya al tema de transfuguismo, al tema de la financiación- he de decirle que comparto lo que ha dicho. Creo que ha quedado resuelto el tema
que sufren ciudadanos de veinte ayuntamientos que se han quedado sin gobierno. Serán las diputaciones forales, evidentemente, las que asuman esa tarea.
Me plantea un tema que le puedo decir que ha sido objeto de debate profundo en el seno del Gobierno porque posiblemente sea una decisión estratégica: el concepto caja única de la Seguridad Social. Lo comparto, y sobre eso se ha escrito
mucho y se seguirá escribiendo mucho. Ha nombrado usted diversas sentencias, efectivamente. ¿Dónde se para la caja única? ¿Hasta dónde llega la caja única? Eso, no se nos escapa, también va a determinar traspasos. La aplicación del 624 a la
Comunidad Autónoma vasca. En eso estamos trabajando. Yo he tenido oportunidad de tener una reunión con usted y con el señor Erkoreka y me comprometo a seguir informándole. Estamos ante un tema que no es sencillo, si lo fuera, señor Olabarría,
usted y yo no estaríamos hablando aquí ahora ni estaríamos hablando -antes y ahora- como lo estamos haciendo con el Gobierno vasco para buscar una fórmula que permita el traspaso, que de alguna forma también permita la unifoz anidad, que no
armonización, que suena mal, del conjunto de comunidades, y dejemos resuelto para siempre el concepto de caja única, que es un tema evidentemente delicado en la estructura de la Seguridad Social de nuestro país.
Por último, señorías -y puedo haberme dejado algo en el tintero-, hoy tocaba pedir la dimisión del secretario de Estado de Cooperación Territorial. Se ha ido mi paisano el señor Merino, pero ya les adelanto que no voy a dimitir. Y no voy a
dimitir simple y llanamente porque no he hecho nada malo, solo he ejercido el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental. Yo tuve de profesor de Filosofía del Derecho, entonces
Derecho Natural, a don Gregorio Peces-Barba y a don Joaquín Ruiz Giménez y me enseñaron aquello de la separación de poderes. Terminé la carrera en 1977 -la empecé en 1972-, pero en aquella época en que no había separación de poderes luché por que
el Legislativo fuera lo que es, el Ejecutivo lo que tiene que ser y por que el Judicial jugara el papel que la Constitución le asigna. Y no soy consciente, se lo digo de verdad y tengo la conciencia clarísima, de que el día 13 de abril hiciera algo
malo. Fui allí corno un ciudadano libre, militante del Partido Socialista, y Ie puedo decir a usted que no comparto algunas de las cosas que se dijeron allí. Estoy seguro de que estos señores en esta manifestación (Muestra una foto.), el señor
Acebes, la señora Pastor, la señora Aguirre y el señor Mayor Oreja, no se están riendo de los insultos que un grupo de energúmenos disparatados profirieron aI presidente del Gobierno de todos los españoles. Le llamaron además asesino. Estoy
convencido de que ellos no se estaban riendo de eso, por supuesto que no, pero estaban ejerciendo un derecho. Dimos mucho los españoles, pusimos mucho para que este derecho se pueda ejercer. Yo nunca le voy a reprochar el Partido Popular que salga
de la mano del señor Alcaraz, que salga de la mano de los obispos, de la curia y de la Conferencia Episcopal, están en su derecho. ¿Por qué ejercer un derecho puede poner en cuestión el Estado de derecho?
Las sentencias, señorías -también me lo explicó el señor Rodríguez Devesa en la Ley de Enjuiciamiento-, cuando se pronuncian -porque es la forma de pronunciarse que tienen los jueces, en autos, en providencias, en sentencias-, se acatan y se
cumplen, pero se pueden no compartir. Y dentro del derecho a la libertad de expresión está el decir: no estoy de acuerdo con eso. Lo que no es óbice para que se acate y se cumpla. Por lo tanto, señorías, yo creo que no hay que sobreactuar, que
yo sé que hoy tocaba porque en el guión de esta mañana de Génova había que pedir la dimisión del secretario de Estado, pero el secretario de Estado tiene la conciencia muy tranquila. No ha ejercido nada más que un derecho por el que los españoles
hemos dado mucho. No se violenta ni hay ningún tipo de crisis ni la democracia está en peligro. Yo he llegado a oír eso. ¿Por ejercer un
derecho alguien cree que la democracia está en peligro? (Vuelve a mostrar la foto.), cuando estaban diciendo lo que dijeron, utilizando el terrorismo como arma política.? No, están en su derecho, no pasa nada.
Este es un país libre, y en
un país libre la libertad implica algo muy sencillo: que termina donde empieza la libertad del que está a tu lado. Y mientras tú te muevas en el ámbito de los derechos individuales y de la libertad de las personas sin menoscabo de la libertad de
nadie, se pueden y se deben ejercer.
Por lo tanto, señor Merino, a quien le ha encargado que lo diga le dice que el señor Zarrías es secretario de Estado, que va a seguir siéndolo hasta que el presidente del Gobierno y su ministro lo quieran, que a mis 54 años -cumplo 55 el día
30- no soy palmero de nadie; de nadie. No lo he sido en mi vida. Ingresé en política en el año 1972, cuando tenía 17 años, en PREU. Fue el último PREU, luego vino COU. Bueno, pues en PREU ingresé yo en política, en el Partido Socialista, y
llevo desde 1972 hasta 2010, y no me van a cambiar ustedes ni me van a asustar ni me van a dar miedo. Usted sabe que no. Yo puedo equivocarme, pero ni meter la mano ni hacer tonterías, eso no. Puedo equivocarme y me he equivocado muchas veces
porque me ha tocado tomar muchas decisiones. Así que yo simplemente le diría que el respeto es bueno en democracia, que respetar a los demás creo que es algo importante e interesante. No importa., señor Merino, nos conocemos desde hace tiempo y
sabe usted que yo me crezco en el castigo.
(Risas y aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Si los señores portavoces desean hacer uso de la palabra en un último turno, les ruego que intenten respetar el tiempo, vista la hora. Disponen de cinco minutos cada uno. Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Los miembros del Grupo Popular nos repartiremos el tiempo, que utilizaremos con brevedad.
Señor Zarrías, me pasa igual que a usted, tampoco me da miedo. O sea, usted y yo o salimos por la puerta grande o salimos con los pies por delante, como se dice en el ámbito taurino. No tenemos término medio.
Pero me gustaría que usted le
contestara a la presidenta del Tribunal Constitucional, no al Grupo Popular. Conteste usted la frase pronunciada ayer por la presidenta del Tribunal Constitucional. Es que la presidenta del Tribunal Constitucional dijo textualmente: 'Padecemos
una crisis institucional. Hay una intolerable campaña de desprestigio por parte de algunos partidos políticos y de algunos medios de comunicación'.
Contéstele usted a ella, no a nosotros.
Le insisto, usted es parte activa de esa campaña, siento decírselo. Lo que lamento es que usted, que dice que reconoce sus errores, no reconozca que fue un error su presencia allí. Porque por mucho que usted se empeñe, señor Zarrías, usted
es un miembro del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y a expresar todo lo que quieran decir, pero es que usted es un miembro del Poder Ejecutivo y la división de poderes existe en la democracia, y hay que respetar la
división de poderes, y hay que respetar al otro poder. Y su libertad acaba cuando empieza a convertirse en un insulto a miembros de otro poder. Es que ir a un acto donde se llama torturadores a miembros del Tribunal Supremo, por parte de un
miembro del Poder Ejecutivo es una invasión de poderes y es vulnerar la democracia, que es lo que usted hizo con su presencia en ese acto. Por eso nosotros le hemos pedido la dimisión, y no hace falta que a nosotros nos diga lo que tenemos que
decir. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular, sin que nadie nos lo diga, sabemos lo que tenemos que decir y sabemos lo que tenemos que pedir. Por eso pedimos su dimisión en esta sede parlamentaria. No confunda usted a los ciudadanos con
un miembro del Poder Ejecutivo, señor Zarrías. Si usted hubiese sido un ciudadano de a pie no estaríamos pidiendo su dimisión. Pero la pedimos porque es que es usted un responsable, el segundo, en el Ministerio de Política Territorial, nada más y
nada menos, el segundo, y eso es una cosa muy seria y algo que impone mucho respeto. Usted sabe que yo le respeto enormemente en el ámbito personal y en el ámbito político porque nos conocemos hace muchos años, pero creo sinceramente que usted ha
cometido un error con su presencia allí. Y me duele y lamento profundamente que no sea capaz de admitirlo. Creo que, como le ha dicho mi compañero Pablo Matos, si usted hubiera dicho: 'No hay dinero para Canarias', si usted hubiera dicho hoy
aquí: 'Me equivoqué con mi presencia puesto que soy un miembro del Poder Ejecutivo', hubiera quedado mucho mejor y hubiera sido mucho más acertado. Pero usted sigue ratificándose en su postura y manteniéndose en el error, por lo tanto, nosotros
nos vemos obligados a seguir pidiendo su dimisión o a seguir pidiendo que el presidente del Gobierno le cese.
Le cedo la palabra a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino. Señora Seller, procure ajustarse al tiempo.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Efectivamente, hoy tocaba lo que tocaba.
(Risas.) Mire, su intervención en esta Comisión me ha recordado muchísimo una intervención que tuvo el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado allá por el año
2005. Fíjese que en aquella intervención se decía que la Ley de Régimen Local estaría en vigor en enero de 2007. Ya hace bastante tiempo.
Estoy convencida, cuando hablamos de financiación, de que esa hoja de ruta que usted dice que tiene el ministro la tiene. Pero yo creo que debe ser una hoja de ruta sin ruta, porque desde entonces hasta ahora la ruta no se ha visto por
ninguna parte. ¿Dice usted que todo esto estará resuelto en las próximas elecciones? ¿Sí? ¿De
verdad? ¿Se lo cree usted? Permítame que lo dude. A ver si nos ponemos de acuerdo. He anunciado lo que el mismo grupo parlamentario del PSOE comentó en el año 2005 y supongo que no tendremos que esperar cinco años más para que se vuelvan
a dar las mismas declaraciones que entonces realizó su grupo.
El señor Sevilla, ministro por aquel entonces, anunció también su compromiso con el municipalismo. Yo quisiera decirle que quizá, conforme cambian los ministros, también cambian los objetivos, porque todos los que pasan por aquí están
completamente identificados y completamente comprometidos con el municipalismo. Pero nada más lejos de la realidad.
Yo no sé si es que a lo mejor puede que quien esté dispuesto a aceptar algún tipo de regalito de consolación repita la misma
experiencia o algún tipo de declaración de intenciones similar.
No ha contestado a mi pregunta sobre la reclamación de la deuda de 1.500 millones de euros a los ayuntamientos. ¿Se va a reclamar? Dice usted que ustedes han aportado más que nadie. Yo tengo que decirle con todo respeto que usted falta a
la verdad, porque las mentiras, las cuestiones inciertas que se han vertido en los últimos años han provocado que hoy los ayuntamientos de España tengan que devolver dinero. Quisiera que usted hiciera esa estimación que yo le he pedido para que nos
cuente -si no puede ser ahora, lo esperamos por escrito- cuánto puede costar el IVA a los ayuntamientos, porque de eso no hemos hablado. También quiero saber si están dispuestos a devolver a los ayuntamientos el IVA que han pagado o van a tener que
pagar por las obras realizadas con los fondos del PlanE.
Voy terminando. Me ha hablado de El Cavanyal. Únicamente quiero decirle que el de El Cavanyal es un asunto que ustedes han iniciado y cuya responsabilidad es únicamente suya, puesto que lo que han conseguido ha sido perjudicar a los
valencianos. No me ha hablado usted de los chiringuitos, debe ser que Ie importa bastante poco que más de 5.000 personas en la Comunidad Valenciana se vayan a la calle y tengan que engrosar las listas del paro.
En términos generales quiero decirle que es una falta de respeto que usted me pida que les explique yo a los alcaldes que han venido al Parlamento lo que usted me ha dicho aquí. Han venido a entrevistarse con ustedes y ustedes no les
ofrecen solución de ningún tipo. Le ruego que no sea irrespetuoso y que no manche más su expediente. Ellos vienen aquí a reunirse con ustedes, como digo. Explíqueselo usted, porque en realidad ustedes son los que han legislado en contra de los
municipios.
El señor PRESIDENTE: Señora Seller, por favor, concluya que el señor Matos ya está nervioso.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Ya he terminado mi intervención, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, tiene la palabra.
El señor MATOS MASCAREÑO: A ráfagas, señor Zarrías. ¿Que usted tiene contacto fluido con el Gobierno canario y con el presidente? Me alegro muchísimo, es lo mejor que puede pasar entre dos instituciones. Por lo tanto, me alegro
muchísimo. ¿Que esto es un plan para diez años para cambiar eI modelo productivo? Pues no sé si se puede cambiar por decreto, pero si es para incrementar el sector primario y el industrial, sobre todo el agroalimentario, estamos también
completamente de acuerdo. Pero lo que se nos vendió a nosotros el 9 de octubre no fue eso. Cuando el presidente Zapatero salió del Consejo de Ministros celebrado en Las Palmas de Gran Canaria a los ciudadanos canarios les habló de 25.000 millones
de euros, no habló del modelo productivo, y 25.000 millones de euros en diez años, a 2.500 millones al año.
Usted me dice: 'No, le puedo dar detenidamente todas las partidas'. Me gustaría, pero podría resumirlo globalmente diciéndome: 'Señor Matos, no es cierto que los 25.000 millones, o los 2.500 anuales, sean adicionales.
Eso es falso, y si
lo ha dicho alguien o se ha entendido así, rectifico'.
Con eso me vale. O si me dice: 'Mire, hay unas partidas presupuestarias adicionales. Lo único adicional en los presupuestos son los 46.940.000 euros'. Porque usted me vuelve a sacar el Plan
Integral de Empleo, que ya estuvo en los presupuestos de 2009, en la disposición adicional vigésimo tercera, y también está en los presupuestos de 2010, en la disposición adicional.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, le ruego que vaya concretando.
El señor MATOS MASCAREÑO: Estoy terminando, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, eso espero.
El señor MATOS MASCAREÑO: Por lo tanto, lo único que le pido es que me diga es la cantidad adicional. No me tiene que explicar partida por partida, que se la voy a pedir por escrito, sino qué cantidad adicional hay en ese plan. Si no,
corrija y diga: 'No eran adicionales, todo estaba incluido ya'. Pues para eso, repito, no era necesario que habilitaran toda la parafernalia de la reunión del Consejo de Ministros en Las Palmas de Gran Canaria, solo para decir que van a seguir
haciendo lo que ya estaban haciendo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Con la venia del señor presidente, treinta segundos nada más para aclarar que en relación con la respuesta del señor secretario
de Estado a mi pregunta, en la que se ha comprometido a facilitar la relación de las 188 oficinas en el extranjero, desearía que dicha relación fuera pública, es decir, que se incorpore de la manera que estimen los servicios jurídicos de la
Cámara al Acta de esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Voy a ser esquemático: una rectificación obligada y una reflexión. Primero, la rectificación. He dicho que era la secretaria de organización del Partido Socialista la que había acusado aI Gobierno de Navarra
de vulnerar la dignidad de las mujeres al acudir a la vía del anuncio de la interposición de un recurso, cuando realmente quien hizo esas declaraciones fue la secretaria de Políticas de Igualdad, doña Soledad Cabezón. Va de suyo.
Segundo, la reflexión, Yo creo que usted está obviamente en su derecho de ejercer ese derecho, y está obviamente también en su derecho de hacer uso como estime conveniente de su libertad. En todo caso entiendo que el ejercicio de un derecho
tiene que estar sometido a unos límites, y en el caso del uso que usted haga de la libertad tiene que estar también sometido a un principio de responsabilidad, sin los cuales perdería sentido la pedagogía que tanto ustedes en el Gobierno como
nosotros en la oposición en el Parlamento debemos de hacer para que derechos y libertades sean ejercidos como debe de ser. También es verdad que usted ha dicho que no compartía una serie de cuestiones, que entiendo como velado reconocimiento de que
efectivamente hubo cosas con las que usted no estaba de acuerdo, sobre todo en el tema que se ha mencionado aquí.
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Intervengo un minuto para agradecer al secretario de Estado la información que ha vertido sobre la estrategia integral para Canarias. Compartimos el criterio, como no puede ser de otra manera, en función de
esa lealtad institucional que el mismo secretario de Estado reconocía al Gobierno de Canarias. Y por lo menos a quien les habla le ha gustado mucho su iniciativa de plantear el desarrollo del sector primario y secundario, un reequilibrio de la
actividad económica en Canarias. Hay dos cuestiones importantes y sensibles en estos momentos, independientemente del tema de obras que se va a estudiar el día 20 de mayo. Una es el tema Posei. Hay una partida fruto del acuerdo presupuestario con
el Gobierno y con el Partido Socialista en los presupuestos de 2010 para la Comunidad Autónoma de Canarias que en estos momentos no está garantizada, hay que activar la ayuda al transporte y, sobre todo, hay que incorporar al sector más sensible en
Canarias, el sector platanero. La semana pasada Coalición Canaria presentaba en esta Cámara una iniciativa que no contó con el apoyo del Partido Socialista. Si creemos de verdad en la filosofía de la estrategia integral para Canarias es importante
que se incorpore y que en la reunión del día 20 se pueda dar por lo menos una hoja de ruta o plazos de esa posible incorporación.
El señor PRESIDENTE: Señor Callejón.
El señor CALLEJÓN BAENA: Solamente intervengo para hacer algo que no hice al principio, que es agradecer la presencia del señor secretario de Estado en esta Comisión, pero fundamentalmente para reiterar el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista al secretario de Estado y el reconocimiento hacia su figura.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Zarrías Arévalo): Comparto la preocupación del señor Perestelo, parlamentario de Coalición Canaria, por los dos temas que ha planteado y que están siendo objeto de estudio por parte
del Gobierno, fundamentalmente en todo lo que signifique apoyo al transporte y sobre el tema arancelario europeo con respecto al producto del plátano y la compensación que permita al sector paliar las consecuencias de la entrada del plátano
proveniente de terceros países, una vez bajados los aranceles dentro de la Unión Europea. Ese sería, junto con el resto de temas que antes comentábamos, el objeto de la reunión de comisión bilateral, que es el horno político máximo de relaciones
entre la comunidad autónoma y el Gobierno de la nación, donde pueden analizarse con tranquilidad los temas ligados a la estrategia y, posteriormente, todo lo referente a los traspasos pendientes, cuya cuantía no recuerdo pero que son traspasos
importantes.
Señor Salvador, me hace una reflexión jurídica que comparto. Creo que en ningún momento mi actuación ha violentado el principio de responsabilidad que rige el sentido común del derecho. Creo, por tanto, que en ningún momento mi actuación
ha traspasado la línea del respeto a los derechos de las personas. Y cuando yo le digo que no comparto, estará usted conmigo en que estamos acostumbrados a ir a muchos actos en los que muchas personas toman la palabra y evidentemente el estar allí
presentes no significa ni mucho menos que compartamos de la A a la Z todo lo que se diga. En ese acto al que usted hace referencia del mes de abril hablaron, si no me equivoco, seis personas. Con algunos compartí una parte de Io que dijeron, con
otros no, pero eso es algo normal en un país como el nuestro, sin tener que rasgarse las vestiduras.
Respecto a los que plantea el señor Matos, y respondo también a una cuestión que ha planteado veladamente el señor Merino, he dicho que no hay mucho dinero, es cierto, pero sí hay dinero para Canarias. ¿Por qué? Porque ahí está el acuerdo
del Gobierno y en estos presupuestos la cuantía, como digo, es de 2.229 millones de euros, que es el compromiso del Gobierno de España
para cumplir paulatinamente durante los próximos diez años esa estrategia acordada con el Gobierno de Canarias de reequilibrio del sistema productivo y, por lo tanto, de apoyo a aquellos sectores que hoy tienen un menor peso en el PIB de la
Comunidad Autónoma canaria. Y no voy a entrar de nuevo en ello porque están reflejadas partidas negro sobre blanco en el proyecto de presupuestos y en la estrategia a que acabamos de hacer referencia.
Señora Seller, no entienda como falta de respeto el que yo le haya hecho una petición. Yo le tengo mucho respeto, igual que el que seguro me tiene usted a mí. Y cuando yo le he pedido que les cuente a sus alcaldes que esto que yo le he
dicho no es consolación ni son limosnas ni son migajas, yo creo que usted haría un buen servicio a sus alcaldes porque les ayudaría a saber lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Repito, en 1998, la famosa Ley del Suelo, donde bajan
evidentemente las cesiones a los ayuntamientos de forma significativa, en 2002, la supresión unilateral del IAE, donde ya el problema es gravísimo para los ayuntamientos; y es desde 2004 a 2010 cuando se ponen en marcha 703 millones más los
anticipos, más 4.000 millones más de incremento en la PIE, más 50 millones para los ayuntamientos pequeños de menos de 20.000 habitantes, más 13.000 millones de los fondos de inversión local, que usted sabe que hasta el 20 ciento del segundo fondo
podría ir al denominado como gasto corriente. Si 700, 4.000, 13.000 y 50 son consolación, no sé lo que será dinero. Y ese 'dígaselo usted' no lo entienda como una falta de respeto, al contrario, es una consideración del Gobierno hacia unos
alcaldes que posiblemente no tengan toda la información y vengan aquí a manifestarse dejando sus ayuntamientos solos, con lo que eso pueda significar, y sin saber que el que la lió fue el Gobierno de Aznar, que le pegó un rejonazo -ya que estamos
hablando de cuestiones taurinas- a los ayuntamientos que les ha conducido a la situación en que están actualmente, Y si no están peor es por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que, repito, es con mucho el presidente alcalde, como lo fue Carlos III.
Según usted, el mejor alcalde, el rey. Bueno, pues el mejor alcalde de los municipios españoles es Rodríguez Zapatero.
Yo sé que a ustedes eso no les gusta, pero es que es la verdad, y le he dado los datos con pelos y señales. Sí, en este caso no
es Carlos III.
Carlos III fue el alcalde de Madrid, recuerdo que decían cuando estudiábamos aquello de El mejor alcalde, el rey, porque hizo muchas cosas por Madrid, aparte de que en mi pueblo y en el del señor Merino también hizo muchas cosas
Carlos III, como la repoblación. No obstante, era una broma, porque si después de cinco horas no le echamos un poquito de alegría a la vida, no sé qué va a ser de nosotros.
Termino como empecé, como comentaba con anterioridad. No voy a dimitir porque es que no he hecho nada, señor Merino. Yo estoy seguro, y no lo entienda usted como una excusa, sino como una razón, de que estos señores (Muestra la foto por
tercera vez), cuando estaban en esta manifestación, no se estaban riendo de que al presidente del Gobierno lo llamaran asesino y que recordaran a su abuelo, Yo estoy seguro de que no. Me dice usted: 'Usted ataca al Estado de derecho porque es
miembro de un poder que ataca a otro poder'. Vamos a ver, yo soy miembro del Ejecutivo y dice usted que ataco al Judicial. Estos, que son miembros del Legislativo, ¿no atacan al Poder Judicial cuando se manifiestan en contra de una sentencia firme
del Tribunal Supremo ¡Hombre, señor Merino, ahí le he pillado! Ahí le he pillado. (Risas.)
Es que aquí hay tres poderes. Aparte de Montesquieu, lo dice nuestra Constitución: el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, el Legislativo y el Judicial. Bueno, pues yo, Poder Ejecutivo, voy a un acto en el que una persona dice una cosa
que no comparto y, según usted, estoy agrediendo al Poder Judicial. Estos señores van a una manifestación contra una resolución firme del Tribunal Supremo, señores ministro de Justicia y fiscal de carrera de nuestro país, se dicen verdaderas
barbaridades, ¿y estos no violentan el Estado de derecho? ¿O esta carcajada del señor Acebes era por un chiste que le había contado la señora Pastor? (Vuelve a mostrar la foto.-Rumores.-La señora Seller Roca de Togores: ¿Pero esa foto de dónde
es?) ¡Seamos serios! Y digo que las cosas hay que desdramatizarlas.
Por último, voy a responder a una pregunta con otra pregunta, y disculpen que me haya alargado un poco más de la cuenta, pero yo no tengo ningún problema en venir siempre que ustedes quieran, encantado.
Yo le preguntaría a la presidenta del Constitucional -no sé si voy a tener oportunidad de hacerlo- a quién se refería. (Risas.) Bueno, yo puedo decirle a usted que algún día le preguntaremos a la presidenta del Constitucional a quién se
refería cuando hablaba del ataque a la policía, a los jueces y a los fiscales. El día que se lo preguntemos y nos responda, nos aclarará la duda, esa duda que hoy tenemos sobre esa frase.
Reitero mi agradecimiento por sus intervenciones, por el fondo y la forma, y me pongo a su entera disposición para todo aquello que consideren oportuno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Permítame dos cosas, que le agradezca su presencia aquí y que le desee que el día 30 pase un buen día y muchos días más.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.