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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 514, de 14/04/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 514
VIVIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PERE MACIAS I ARAU
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles, 14 de abril de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la ministra de Vivienda (Corredor Sierra), para informar sobre:
- El balance de gestión de la renta básica de emancipación. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000139.) ... (Página 2)
- Sobre las nuevas modificaciones presentadas en la renta básica de emancipación. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000613.) ... (Página 2)
- Sobre las medidas tomadas para la conversión de vivienda nueva sin vender en protegida. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000656.) ... (Página 2)
- Sobre el fracaso del funcionamiento de la línea ICO moratoria hipotecaria. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000657.) ... (Página 2)
- De la situación de la rehabilitación de viviendas en España. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000682.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a la sesión número 23 de la Comisión de Vivienda que tiene como objetivo la celebración de la comparecencia de la señora ministra de Vivienda, a quien damos la bienvenida.
El orden del día consta de cinco peticiones.
En primer lugar, una a petición propia de la ministra para informar sobre el balance de gestión de la renta básica de emancipación. En segundo lugar, una petición del Grupo Parlamentario Socialista con el mismo objetivo. En tercer lugar,
una petición del Grupo Parlamentario Popular para que informe sobre las medidas tomadas para la conversión de vivienda nueva sin vender en protegida. En cuarto lugar, también del Grupo Parlamentario Popular, una petición para que informe sobre el
fracaso del funcionamiento de la línea ICO-Moratoria hipotecaria y, finalmente, una del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para que informe de la situación de la rehabilitación de viviendas en España. Esta última petición, de
acuerdo con el ministerio, ha sido retirada y, por tanto, no va a sustanciarse hoy. Si les parece bien a las señoras y señores diputados, se van a celebrar conjuntamente en una sola intervención de la señora ministra referente a los tres temas
objeto de las cuatro comparecencias. A continuación se dará un turno, si les parece bien a los señores diputados, por un tiempo de quince minutos para las tres cuestiones; habrá una réplica de la señora ministra y, finalmente, habrá un turno de
réplica por parte de los señores portavoces que así lo deseen.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, presidente. El motivo de haber retirado la comparecencia sobre rehabilitación es que se iba a alargar mucho la sesión. Es muy densa la materia de las cuatro comparecencias que se
sustancian hoy y, por supuesto, estoy a disposición de esta Comisión para que se celebre próximamente la que queda pendiente por razones exclusivamente de racionalidad en el horario. No queremos pasar aquí la madrugada.
Comparezco nuevamente en esta Comisión de Vivienda del Congreso para informar a petición propia sobre el balance de gestión de la renta básica de emancipación y a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar, como comentaba el
presidente, sobre las nuevas modificaciones en cuanto a la gestión de esta ayuda a los jóvenes. Así mismo, voy a responder a las cuestiones planteadas por el Grupo Popular sobre las medidas tomadas para facilitar la conversión de vivienda nueva sin
vender en protegida y sobre la línea ICO conocida como moratoria hipotecaria.
Señorías, han pasado ya dos años completos desde que en enero de 2008 pusimos en marcha la renta básica de emancipación y, por lo tanto, creemos que es el momento oportuno para realizar una primera evaluación ante esta Cámara de los efectos
de esta medida con la que perseguimos facilitar la emancipación de los jóvenes, favorecer su movilidad laboral y dinamizar el mercado del alquiler; objetivos que consideramos que se están cumpliendo. Antes de entrar en los detalles, en las cifras
de este balance, quisiera destacar que es una ayuda que se encuadra directamente en uno de los ejes estratégicos de la acción política del Ministerio de Vivienda, como es el fomento del alquiler que, junto con la apuesta por la rehabilitación y el
impulso a la vivienda protegida, conforman las prioridades de la política de vivienda. Todo ello para lograr un sector inmobiliario equilibrado y sostenible y seguir facilitando el acceso a una vivienda asequible a los ciudadanos.
Nuestro propósito es que las familias y los jóvenes puedan elegir con entera libertad la forma en la que quieren acceder a su hogar, en compra o en alquiler. Pero para que sea una opción verdaderamente libre tiene que haber un mercado de
alquiler más profesionalizado y con una oferta más amplia y que mejore la calidad de las viviendas y ofrezca precios más competitivos. Desde 2004 hemos ido sentando las bases para conseguir avanzar en este camino impulsando un mayor equilibrio
entre la compra y el alquiler a través de medidas de estímulo y de apoyo al arrendamiento tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el de la demanda, y los datos empiezan a avalar estas políticas. Próximamente vamos a conocer los datos
referidos a 2009 pero, según la última
estadística publicada en esta materia por el ministerio, el número de familias que optaron por vivir en alquiler aumentó un 18 por ciento en 2008, pasando a representar el 13 por ciento del total de los hogares españoles. Nuestro objetivo
para 2020, y así lo hemos marcado en la estrategia para la economía sostenible, es elevar este porcentaje hasta el 20 por ciento de los hogares españoles. La encuesta que les digo se refiere a la estadística del ministerio sobre el parque de
viviendas, que se suele publicar en el mes de junio, coincidiendo con la estadística de vivienda libre y protegida.
Son varias las medidas que hemos adoptado para ampliar el mercado de alquiler y garantizar la libertad de elección de los ciudadanos. Voy a recordar brevemente las principales. Hemos mejorado el tratamiento fiscal del alquiler, que a
partir del año que viene va a tener la misma desgravación que la compra; hemos puesto en marcha la nueva Ley de fomento y agilización procesal del alquiler, en vigor desde el mes de diciembre, incrementando la seguridad jurídica de los propietarios
en caso de impago de las rentas y preservando los derechos de los inquilinos de buena fe. Junto con la renta básica de emancipación, hemos reforzado las ayudas a los inquilinos en el Plan estatal de vivienda y rehabilitación, que como saben dedica
el 40 por ciento de sus actuaciones protegidas al alquiler, y hemos creado y desarrollado la Sociedad Pública de Alquiler que no solo es la única empresa de sus características, pública o privada, que realiza una gestión integral del arrendamiento
sino que ahora está contribuyendo además a la absorción del stock de vivienda sin vender: más de 220 promotores ya han ofrecido 30.000 viviendas para que las evalúe y las gestione en alquiler o en alquiler con opción de compra. No voy a extenderme
más en este punto pero sí aportaré un dato que creo que demuestra nuestro compromiso para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que optan por el alquiler. En los dos últimos años el ministerio ha ayudado a cerca de 280.000 familias a
pagar su renta: por un lado, unos 80.000 hogares han recibido las ayudas del Plan Estatal de Vivienda entre 2008 y 2009, y por otro, unos 200.000 jóvenes han recibido la renta básica de emancipación.
Me voy a centrar ahora en la valoración de esta medida, la renta básica de emancipación, empezando por los fundamentos que le dieron origen, el balance y el procedimiento de gestión de la misma.
Como saben, la renta básica de emancipación se instrumentó a través del Real Decreto de 2 de noviembre de 2007, que estableció como ayudas 210 euros mensuales para el pago de alquiler de vivienda habitual, y si adicionalmente se solicitan,
120 euros para gastos de tramitación de aval y 600 euros para el préstamo para la fianza. La puesta en marcha de la medida obedeció a un diagnóstico sobre la edad media de emancipación de los jóvenes en España, que se sitúa entre los 30 y los 34
años, una de las más elevadas de la Unión Europea, algo que ocasiona múltiples consecuencias negativas tanto económicas como sociales y personales.
Precisamente una de las causas de este retraso en la emancipación es el incremento sostenido de los
precios de la vivienda de la última década que ha afectado especialmente a los jóvenes, a lo que habría que añadir la inexistencia en nuestro país de un parque suficiente de viviendas en alquiler para cubrir las necesidades de este colectivo. Para
hacer frente a esta situación, la renta básica se configura como un conjunto de ayudas directas del Estado que permiten a los jóvenes cubrir una parte de la renta del alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, así
como otros gastos que el arrendamiento conlleva en su constitución, como son el aval y la fianza que a menudo se exigen a los inquilinos al formalizar el contrato. Al mismo tiempo, cuando se diseñó la medida fuimos conscientes de que el apoyo a la
emancipación debía ampliar y no reducir el abanico de posibilidades laborales de nuestros jóvenes, facilitando su movilidad geográfica y en consecuencia el incremento de la eficacia del mercado de trabajo en el que se insertan.
La ayuda, además,
reduce de forma muy sensible el esfuerzo económico que los jóvenes han de realizar para poder emanciparse. El porcentaje de sus ingresos que tienen que dedicar al pago del alquiler se reduce, desde un 42,2 por ciento sin percibir la renta básica de
emancipación, a poco más de la mitad, un 24,3 por ciento de media, para los que sí la reciben. En este sentido la renta básica de emancipación permite que los jóvenes puedan incluso mejorar el equilibrio que recomendábamos en el Plan estatal de
vivienda y rehabilitación: que ninguna familia tenga que dedicar más de un tercio de sus ingresos al pago de la vivienda, bien sea en propiedad o bien sea en alquiler.
Transcurridos los dos primeros años de vigencia de la medida creo que no cabe ninguna duda de que la renta básica de emancipación está contribuyendo notablemente a los objetivos para los que fue creada. Con datos cerrados a 31 de marzo,
hemos ayudado a constituir 196.898 hogares para los jóvenes, que han tenido así más fácil el tomar la decisión de salir de casa de sus padres. En el último trimestre, el número de beneficiarios se ha incrementado en un 17,6 por ciento, es decir
otros 29.426 jóvenes más han empezado a percibir la ayuda de 210 euros durante los meses de enero, febrero y marzo. En este periodo hemos seguido mejorando la media del último año, en el que 24.400 jóvenes más empezaron a cobrar la renta cada
trimestre. En total el Ministerio de Vivienda ha invertido ya en esta medida más de 490 millones de euros; de ellos, 480,4 millones en la ayuda mensual de 210 euros y gastos de aval, y otros 10,59 millones de euros en préstamos para las fianzas.
Señorías, las cifras demuestran que esta ayuda era necesaria y oportuna.
De hecho, ha contribuido ya a incrementar la tasa de emancipación de los jóvenes españoles y ello a pesar de las dificultades que ha atravesado nuestra economía y en
especial nuestro mercado laboral en estos meses.
Así, según los datos del Observatorio joven de la vivienda en España, dependiente del Consejo
de la Juventud, la tasa de emancipación de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha llegado ya al 46,8 por ciento. Desagregado por géneros, desde 2004 a 2009 el porcentaje de emancipación ha crecido un 23,9 por ciento en el caso de los hombres,
lo que hace que su tasa de emancipación sea del 42 por ciento, mientras que en el caso de las mujeres ha aumentado este porcentaje un 12,1 por ciento, situándose en el 51,9 por ciento de las chicas de esta edad que vive fuera del hogar familiar.
Si me lo permiten, creo que también es oportuno entrar en los detalles de estos datos tanto en lo que se refiere a la implantación territorial como a su distribución por género y edad. De esta forma podemos componer una imagen más completa
y detallada de cómo está funcionando la renta básica de emancipación. Comenzando por su implantación territorial, vemos que la ayuda tiene una distribución equilibrada entre las comunidades autónomas aunque tiene bastante en cuenta el peso
demográfico y sobre todo la presencia en estas comunidades de grandes núcleos urbanos. Así, Cataluña es la región con mayor número de beneficiarios con 36.400, seguida de la Comunidad de Madrid con 30.990 y Andalucía con 22.781 beneficiarios.
Después les siguen Galicia con 15.479, Castilla y León con 15.289 y la Comunidad Valenciana con 14.367. Naturalmente las cifras de cada comunidad las tengo disponibles, se las puedo facilitar en la réplica pero no quería cargar demasiado de datos
esta primera parte de la intervención.
Por otra parte, los datos de distribución por provincias nos permiten comprobar el peso que tienen las grandes áreas urbanas en la implantación de las ayudas. En este sentido, las dos provincias con mayor número de beneficiarios son Madrid
con 30.990 y Barcelona con 26.970, y les siguen Valencia con 8.403, Asturias con 6.677, A Coruña con 6.537, Illes Balears con 5.743, Sevilla con 5.573 y Zaragoza con 5.432. Les digo lo mismo que antes en relación con los datos del resto de
provincias por las que pudieran tener especial interés.
Respecto a la distribución por género, y aparte de lo anteriormente señalado, observamos que las mujeres son quienes más demandan y en la misma proporción quienes más perciben la renta básica de emancipación, con un total de 111.032 chicas
que ya han cobrado la ayuda, un 56,4 por ciento, frente a 85.866 hombres, un 43,6 por ciento, lo cual demuestra que la ayuda tiene un impacto positivo desde la perspectiva de género.
Si atendemos a la edad, casi la mitad de los beneficiarios, un 46,9 por ciento, tienen entre 27 y 29 años; el grupo más numeroso es precisamente el de 28 años. Si nos centramos en los ingresos que perciben estos jóvenes, la mayoría, un
35,2 por ciento, cobra entre 10.000 y 15.000 euros, y el 34,1 por ciento entre 15.000 y 22.000 euros al año. Y finalmente, en función de la renta que pagan, vemos que más del 70 por ciento tiene un alquiler por debajo de los 600 euros mensuales.
Por tanto, trazando un perfil tipo del joven que percibe la renta básica de emancipación podríamos decir que es una mujer de 28 años que cobra entre 10.000 y 22.000 euros al año y que paga un alquiler inferior a 600 euros mensuales.
Todos estos datos ponen de relieve el importante papel que juega la renta básica como ayuda que se despliega de forma equilibrada por todo el territorio, que tiene un impacto positivo desde la perspectiva de género y que aporta una parte
considerable de la renta o el alquiler que abonan los jóvenes, disminuyendo casi a la mitad su esfuerzo económico y facilitando por tanto la decisión de emancipación.
Señorías, dentro de la evaluación de la renta básica de emancipación debo dedicar ahora unos minutos a describir el procedimiento de tramitación de estas ayudas ya que, aparte de haber solicitado información al respecto el Grupo
Parlamentario Socialista, creo que es una cuestión fundamental para entender el funcionamiento de las ayudas.
Lo primero que tengo que decir es que se trata de un proceso que es necesariamente complejo; y lo es por varios motivos. Primero, porque es una ayuda que combina dos elementos dinámicos de por sí como son los jóvenes y el alquiler, que
suelen modificar sus circunstancias vitales de manera frecuente. Es el caso por ejemplo de los jóvenes que se trasladan de ciudad o que se trasladan dentro de la ciudad a otro barrio por motivos laborales o personales o que deciden convivir con su
pareja o dejar de convivir con ella o incluso que cambian de entidad financiera.
Por otro lado, la gestión de la medida se diseñó desde el pleno respeto al sistema competencial de la Constitución, que determina que la política de vivienda tiene que
configurarse desde la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y con la perspectiva que al Estado le corresponde en este ámbito. Por tanto, el proceso administrativo que tiene lugar combina ambos elementos.
El proceso que va desde que un joven entrega su solicitud a la comunidad autónoma hasta que el Ministerio de Vivienda realiza el pago de la ayuda implica seis pasos de gestión, de los cuales los tres primeros corresponden a la comunidad
autónoma mientras que el ministerio tramita los tres pasos restantes. En primer lugar, los jóvenes presentan, como saben, su solicitud en las oficinas de la comunidad autónoma o ciudad autónoma donde se encuentre la vivienda objeto del contrato de
arrendamiento. En segundo lugar, las administraciones autonómicas comprueban que cumplen las condiciones requeridas para poder acceder a la ayuda, tanto los requisitos de edad, ingresos y titularidad de un contrato de arrendamiento que impone el
real decreto como los demás que la propia comunidad autónoma haya podido disponer para los solicitantes de su territorio. Y en tercer lugar, la comunidad aprueba la resolución en la que reconoce al joven que cumple los requisitos el derecho
subjetivo a percibir la ayuda. Para el correcto funcionamiento de estos trámites, el ministerio firmó convenios bilaterales con todas las comunidades autónomas, que, según establece el real decreto, tienen un plazo de dos meses para resolver estas
solicitudes. Una vez que el
joven ha recibido la resolución positiva de su comunidad autónoma, ha de acudir a su entidad de crédito, donde tiene que firmar una orden periódica de transferencia. Después, la entidad financiera ha de registrar el primer pago del alquiler
de ese joven y comunicarlo al ministerio. Concluida esta primera fase, el ministerio debe realizar otros tres pasos para completar la tramitación. El primero es la verificación de que los jóvenes se encuentran al corriente de sus obligaciones en
la Agencia Tributaria, en las agencias forales y en la Seguridad Social, tal y como establece la Ley General de Subvenciones. El segundo es la comprobación de que los solicitantes se encuentran al corriente, al día en el pago de su alquiler. Para
ello el departamento que dirijo firmó convenios con 140 entidades financieras, prácticamente todo el sector, para gestionar la verificación de los requisitos y la ejecución de los pagos. Así, a través de las herramientas informáticas diseñadas por
el ministerio e implementadas en las entidades financieras, que después voy a detallar, los bancos y cajas nos remiten cada mes los justificantes de que sus clientes beneficiarios de la renta básica están al corriente del alquiler. Quiero subrayar
que estos controles los realizamos cada mes con cada uno de los expedientes, tanto en el caso de los jóvenes que ya están percibiendo la ayuda como en el caso de aquellos que comienzan por primera vez a cobrarla. Son, por tanto, miles de
comprobaciones mensuales para garantizar que la ayuda llega precisamente, pero solamente, a quien tiene derecho a percibirla. Y por último, una vez confirmados todos los requisitos, el tercer paso es la orden de pago por parte del ministerio, que
se realiza a través del Tesoro. Recapitulando, la gestión de esta ayuda implica hasta seis trámites administrativos y la participación de siete actores en el procedimiento, que son el solicitante, la comunidad autónoma, las entidades financieras
colaboradoras, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Tributaria o agencias forales, la Seguridad Social y el Tesoro. Quiero destacar que la renta básica conlleva, como queda claro de lo dicho hasta ahora, un proceso de pagos masivos periódicos, con
una estructura y una planificación solo comparable, si me lo permiten y con toda la modestia, a la de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Esto significa que todos los meses revisamos una cifra creciente de expedientes, que en estos
momentos supera los 200.000, y realizamos esta función con recursos materiales y humanos limitados, muy inferiores desde luego a los que tienen las agencias antes mencionadas.
A continuación, si SS.SS. me lo permiten, desglosaré las cifras de la renta básica de emancipación en cada una de las fases de tramitación, desde que los jóvenes presentan su solicitud hasta que reciben la ayuda en su cuenta. Desde su
entrada en vigor, señorías, 350.170 jóvenes han solicitado ya la renta básica de emancipación. Hasta el momento, las comunidades autónomas han reconocido el derecho a la ayuda a 257.923 de estos jóvenes solicitantes y así nos lo han comunicado al
ministerio, y las comunidades autónomas a su vez han denegado la ayuda a 59.447 jóvenes. El Ministerio de Vivienda ha verificado a través de los cauces que antes les explicaba que 204.436 beneficiarios están al corriente en el pago del alquiler y
ya ha abonado la ayuda al 96 por ciento de los mismos. El resto son expedientes que se encuentran en el trámite del mes en curso, es decir, que nos han sido comunicados en las semanas o días previos a enviar la orden de pago y estamos por tanto
realizando las últimas verificaciones requeridas. La orden de pago se da una vez al mes.
Como resultado de las comprobaciones realizadas tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte del ministerio, hemos detectado que un total de
48.844 beneficiarios que tienen el derecho reconocido no cumplían sin embargo algunos de los requisitos establecidos para poder percibir la renta. Respecto a estos expedientes, las propias comunidades autónomas dentro del ámbito de su gestión han
retirado la ayuda a 9.115 jóvenes al constatarse algún error en el reconocimiento del derecho y con ello, al final del proceso de verificaciones, nos encontramos con 39.729 solicitudes de jóvenes que tienen aprobada la resolución, pero a los que el
ministerio no puede abonarles la ayuda hasta que resuelvan la incidencia que se les ha detectado. En estos casos quiero destacar que es una suspensión cautelar del pago derivada de un impedimento que en la mayoría de los casos será temporal, porque
cuando el joven resuelva esta incidencia cobrará todos los atrasos, es decir, cobrará con efecto retroactivo bien desde el mes siguiente al del reconocimiento del derecho o bien desde que surgió el impedimento.
Quiero detallarles a continuación las incidencias más comunes, es decir, los motivos que nos impiden poder abonar la ayuda a un beneficiario que tiene reconocido su derecho. En 15.412 expedientes hemos detectado que el joven no se encuentra
al corriente en todas sus obligaciones administrativas o fiscales. Esta situación se puede dar, por ejemplo, por tener una multa de tráfico sin pagar o por no haber presentado la declaración de la renta. Quisiera en este momento recordar a SS.SS.
que los jóvenes que reciban esta ayuda al alquiler tienen la obligación de declarar sus ingresos a Hacienda, un llamamiento que ya hice en el Pleno del Senado y en otras ocasiones porque, como saben, la renta básica tributa en el IRPF como
incremento patrimonial no sujeto a retención. Por eso todos los jóvenes que reciben la renta tienen que presentar la declaración, salvo aquellos cuyos ingresos totales no excedan de 9.000 euros. Pero el motivo que causa la mayor parte de la
paralización temporal de las ayudas es que no hemos recibido la justificación de que el joven está al día en el pago de su alquiler. Esta situación se da en 24.317 expedientes. Las causas pueden ser muy variadas: desde un mero error
administrativo, como que el joven no haya firmado la orden para que su banco o caja remita automáticamente al ministerio el justificante, hasta que durante dos meses se haya retrasado en el pago de su alquiler, por citar las más frecuentes. Sin
embargo, señorías, ni el Ministerio de
Vivienda ni yo misma nos conformamos con explicar las causas que retrasan temporalmente el pago de la renta, por muy justificada que esté legal y procedimentalmente esa suspensión. Entiendo la situación de los jóvenes que han hecho sus
cálculos contando con los 210 euros a la hora de tomar la decisión de iniciar una vida independiente y que ven que durante algún tiempo esa ayuda no les acaba de llegar. Quien está esperando, siempre va a percibir como demasiado largos y pesados
los trámites burocráticos. Les aseguro que mi prioridad ha sido reducir al mínimo esos plazos para limitar en todo lo posible las molestias que los mismos ocasionan a los jóvenes. Por eso, desde la puesta en marcha de la renta básica de
emancipación el Ministerio de Vivienda ha ido adoptando nuevas medidas y herramientas, con el objeto de que las ayudas lleguen lo antes posible a su destino final, que son los jóvenes que las solicitan. Las mejoras que hemos ido aplicando se han
dirigido sobre todo a dos aspectos que consideramos prioritarios. Por una parte, hemos incrementado los canales de información a los jóvenes para que en todo momento sepan qué pasa con su expediente y qué pasos tienen que seguir en el caso de que
se les haya detectado alguna incidencia. Creemos que la transparencia y la comunicación permanente son fundamentales para solucionar los problemas de gestión de la forma más rápida posible. Por otra parte, hemos perfeccionado la gestión de la
ayuda e intensificado la colaboración con las entidades financieras y con las comunidades autónomas con el objetivo de reducir los plazos para realizar las comprobaciones necesarias.
Empezaré con las mejoras que hemos introducido en la comunicación, puesto que precisamente la última medida que hemos adoptado persigue este objetivo: ampliar la información a disposición de los jóvenes. Para ello hemos utilizado las
herramientas que los chicos emplean habitualmente y con las que se encuentran más familiarizados, como son Internet y los mensajes SMS. De este modo hemos puesto en marcha una nueva herramienta informática, el portal de información al beneficiario
de la renta básica de emancipación, y a la vez un sistema de comunicación e incidencias a través de mensajes de teléfono móvil. El nuevo portal web, cuya dirección es http://rb.vivienda.es, permite a los jóvenes que ya tengan reconocido su derecho
a cobrar la ayuda consultar on line y desde cualquier ordenador el estado de su expediente y conocer qué pasos han de dar para solucionar cualquier incidencia. Para ello solo tienen que introducir su DNI y una clave secreta que ya se les ha enviado
a través de un mensaje a su teléfono móvil. En concreto, hemos remitido 210.753 mensajes comunicando su contraseña a los jóvenes que tienen resolución positiva de su comunidad autónoma y que nos hayan facilitado su número de teléfono.
Desde que
pusimos en marcha este portal, el pasado 16 de marzo, más de 150.000 beneficiarios han consultado su expediente en él utilizando estas claves. Este portal nuevo complementa la web www.alquilerjoven.es, que reúne toda la información básica de la
ayuda: impresos, dónde solicitarla, requisitos, y también hemos mejorado y ampliado los contenidos de esta página. Además del nuevo portal de información on line hemos empezado a enviar todos los meses un SMS a los jóvenes que hayan incurrido en
alguna incidencia para comunicarles la incidencia y decirles cómo pueden solucionar el problema y, por supuesto -y como venimos haciendo desde el nacimiento de la renta básica-, los que empiezan a cobrar por primera vez seguirán recibiendo la
noticia a través de su teléfono móvil.
Como les decía, estas son las dos últimas mejoras que hemos implementado para mejorar y ampliar la información a los beneficiarios, pero en estos dos años hemos adoptado otras que les voy a resumir brevemente. Además de comunicarnos con los
jóvenes por Internet y por SMS, también hemos contactado con ellos por otras vías. Concretamente se han dirigido más de 17.000 oficios para indicar a los beneficiarios afectados por una incidencia o por algún problema en su expediente cómo
solucionarlo y también hemos reforzado los servicios de atención al ciudadano, tanto vía telefónica, a través del número gratuito 900900707, como presencial, en la propia sede del Ministerio de Vivienda. Por otra parte, y para mejorar y agilizar la
tramitación de las ayudas hemos tomado también las siguientes medidas: la modificación del real decreto que regula la renta básica para permitir el pago del alquiler mediante la modalidad de cargo en cuenta, y que ya está en marcha desde el pasado
mes de enero. Como saben, en un primer momento la normativa solo contemplaba que el beneficiario pagara su alquiler por transferencia bancaria, a pesar de lo cual también admitimos la modalidad de cargo en cuenta, aunque en este caso teníamos que
hacer las comprobaciones manualmente en el ministerio.
Pues bien, ya hemos implementado una solución automatizada para realizar las verificaciones y hemos modificado los convenios con las entidades de crédito para agilizar la transmisión de la
información. Esta aplicación, que es utilizada por el ministerio, por las entidades financieras colaboradoras y por las comunidades autónomas, simplifica significativamente los trámites y reduce los tiempos de gestión.
También hemos firmado un nuevo convenio con 114 entidades financieras colaboradoras que incluye estas modificaciones sobre la modalidad de pago por cargo en cuenta y, además, para agilizar la tramitación el ministerio desarrolló otras dos
aplicaciones informáticas. Por un lado, la aplicación conocida como Sirabe, que facilita a las comunidades autónomas la gestión de las solicitudes y el reconocimiento del derecho a las ayudas y, por otro, la aplicación llamada Siempre, que se
utiliza por el ministerio para verificar el cumplimiento de los requisitos para el cobro de las ayudas, pago de la renta, estar al corriente de las obligaciones tributarias y Seguridad Social y límites de renta, y para gestionar los pagos masivos y
contabilizar el gasto generado. En resumen, señorías, desde la puesta en marcha y entrada en vigor de la renta básica de emancipación, en enero de 2008,
hemos reforzado todos los recursos y las vías de relación y contacto con los jóvenes y hemos potenciado una mayor transparencia en la gestión del procedimiento, cuya complejidad creo que ha sido suficientemente explicada, para que tengan
toda la información sobre la ayuda y sepan en todo momento en qué fase se encuentra su solicitud y cómo solucionar los posibles problemas e incidencias que puedan surgir, y hemos implementado mejoras en la gestión y seguimiento de los expedientes
para lograr una más eficaz coordinación entre las distintas administraciones e instituciones que participamos en este procedimiento.
Voy a ir concluyendo esta parte, señorías, en relación con la renta básica de emancipación. Los datos aquí expuestos ponen de manifiesto que está cumpliendo los objetivos para los que fue creada: está facilitando la emancipación de los
jóvenes y está contribuyendo a dinamizar el mercado del alquiler. Al mismo tiempo las cifras también nos muestra que los resultados de la renta básica son cada vez mejores y que las medidas adoptadas para agilizar la gestión están funcionando. Les
daré dos datos.
En 2009, hemos triplicado prácticamente los pagos a los jóvenes con respecto a 2008, pasando de 100,8 millones de euros a 298,6 millones de euros, solo en el primer trimestre de 2010 ya llevamos abonados más de 91 millones de euros.
En total, y como decía al principio, en estos más de dos años hemos invertido 490 millones de euros en esta medida y, por otra parte, si miramos el número de jóvenes beneficiarios, pasamos de poco más de 63.000 al terminar 2008, a 167.000 a 31 de
diciembre de 2009 y a 196.898 hasta el 31 de marzo de este año. Por tanto, estamos contribuyendo a que cada vez más jóvenes decidan salir de casa de sus padres para formar su propio hogar y estamos consiguiendo que el esfuerzo que tienen que hacer
para ello sea cada vez menor. A día de hoy, casi 10.000 nuevos jóvenes cada mes se están independizando gracias a esta ayuda. Finalmente, señorías, con la renta básica también estamos dando cumplimento a uno de los objetivos fundamentales de la
política de vivienda de este Gobierno: estamos promoviendo un mayor equilibrio en el mercado inmobiliario entre el alquiler y la compra y estamos cumpliendo nuestro objetivo prioritario de facilitar cada vez más a las familias que puedan acceder a
una vivienda asequible.
Señorías, me referiré ahora a otro de los temas de mi comparecencia de hoy: las medidas tomadas para la conversión de vivienda nueva sin vender en protegida. He dicho en más de una ocasión que la existencia de un gran parque de viviendas
libres sin vender es un desperdicio que ni social ni económicamente nos podemos permitir en este país, sobre todo cuando convive con la necesidad de muchas familias de acceder a una vivienda asequible. Como saben, el último estudio cerrado del
Ministerio de Vivienda cifraba el excedente de viviendas libres al acabar el año 2008 en 613.000 en todo el país. Ahora bien, cuando nos referimos al stock hemos de tener en cuenta que una parte importante de las viviendas sin vender no es apta,
por su situación y sus características, para convertirse en una primera residencia, bien porque se ha construido en ubicaciones tradicionalmente vacacionales o en entornos que carecen de las mínimas dotaciones e infraestructuras de transportes,
colegios o centros sanitarios. Estimamos que esta parte del stock supone un 30 por ciento del total. En cualquier caso, hablamos de miles de millones de euros inmovilizados en unas viviendas que no están cumpliendo su finalidad social, que es ser
habitadas, y al mismo tiempo están dificultando la reactivación del sector inmobiliario y, sobre todo, la creación de empleo en el mismo.
Señorías, el problema del excedente de viviendas sin vender en España no tiene una solución única, sino que requiere una estrategia que contemple un abanico de medidas que respondan a la complejidad y a la diversidad del propio stock. A los
poderes públicos nos corresponde adoptar las medidas necesarias para facilitar que el exceso de oferta que ha generado este stock se adapte a las necesidades reales de alojamiento de las familias españolas, encontrando un equilibrio entre excedente
de viviendas y la necesidad que existe de las mismas. Para ello, y como bien conocen, el pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros, además de prorrogar las medidas transitorias recogidas en el Plan estatal de vivienda y rehabilitación
2009-2012, introdujo una serie de modificaciones que pretenden promover el marco adecuado para que las viviendas que no absorbe el mercado puedan ser ofrecidas en venta o en arrendamiento protegido a los ciudadanos que no puedan adquirirlas como
viviendas libres. Quiero hacer constar en este punto que, aunque el ministerio ha puesto en marcha estas medidas por considerarlas oportunas y necesarias, también las comunidades autónomas y los promotores las han considerado igualmente oportunas y
necesarias. Sin embargo, además de las iniciativas contempladas en el plan estatal, hemos impulsado también otra serie de medidas, especialmente en el ámbito del alquiler, que contribuyan asimismo a encontrar el equilibrio entre las necesidades de
las familias y el excedente de viviendas. El fin último de todas ellas es absorber el stock, pero pueden hacerlo bien ensanchando el mercado del alquiler o bien ampliando el parque de vivienda protegida.
Pasaré, en primer lugar, a detallar las medidas que para la absorción del excedente, a través del mercado del alquiler, se han adoptado. Hemos arbitrado las siguientes disposiciones, que estarán vigentes al menos durante el año 2010. La
posibilidad de calificar la promoción de viviendas libres en viviendas protegidas en alquiler. Con esta medida los promotores que no logran comercializar sus promociones de vivienda libre pueden calificarlas como viviendas protegidas en alquiler y
beneficiarse de las ayudas del plan estatal, siempre que se adapten a las condiciones de las viviendas protegidas. También la recalificación de las viviendas protegidas para venta en viviendas protegidas en alquiler. Así se da la posibilidad de
que parte de las promociones que inicialmente se calificaron para ser vendidas puedan considerarse como
alquiler, con la obtención, además, de las ayudas que corresponden en este caso al promotor. Y fuera del marco del plan estatal, también cabe citar los convenios que ya ha firmado la Sociedad Pública de Alquiler con promotores privados para
gestionar el alquiler de viviendas procedentes del stock. Recuerdo que son más de 220 promotores los que han recurrido a esta sociedad estatal, poniendo a su disposición cerca de 30.000 viviendas en toda España.
También hemos adoptado medidas que, desde el punto de vista financiero, fomentan la absorción del stock por el mercado de alquiler, como la línea ICO-Vivienda, a la que después me volveré a referir, y que, como saben, facilita préstamos para
que los promotores de viviendas sin vender puedan cancelar el crédito sobre aquellas que destinen al alquiler o al alquiler con opción a compra. Hemos promovido también el alquiler con medidas fiscales, como la rebaja en la tributación del alquiler
con opción a compra, que se incluyó en la regulación de la Ley de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Esta modificación supone la aplicación de un tipo reducido del IVA a los arrendamientos con opción a compra de edificios
o parte de los mismos destinados exclusivamente a viviendas. Asimismo hemos promovido la mejora del tratamiento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las rentas obtenidas por los arrendadores, cuya deducción con carácter general
se situará, a partir de 2011, en el 60 por ciento. La deducción puede llegar al cien por cien si el arrendatario es menor de 30 años, en coherencia con las medidas de apoyo al alquiler de los jóvenes que llegan hasta esa misma edad. Esta medida
favorecerá que promotores o propietarios de viviendas desocupadas o del stock las pongan en arrendamiento. Pero no solo mejoramos la fiscalidad de los arrendadores, también -y como ya he mencionado anteriormente- los inquilinos tendrán, a partir
del próximo año 2011, la misma desgravación fiscal y en los mismos tramos de renta que los que opten por la compraventa. Quiero subrayar también el efecto que tiene en la absorción del stock las ayudas de estímulo a la demanda de vivienda en
alquiler adoptadas por el ministerio, como la renta básica, a la que ya me he referido, y las ayudas a inquilinos en el Plan de Vivienda, medidas que ya han sido valoradas y evaluadas con anterioridad. He querido empezar destacando las medidas de
absorción del stock a través del alquiler porque, aunque el Grupo Popular parece que no considera esta opción al no incluirla en su pregunta, nosotros entendemos que es una solución tan válida como la compraventa para el mismo.
Voy a pasar a explicar ahora las medidas que hemos arbitrado para la reconversión de vivienda libre en protegida, por las que expresamente pregunta el Grupo Popular, iniciativas dirigidas tanto a promotores de vivienda libre sin vender, como
a los posibles adquirentes o compradores de las mismas. Entre las medidas destinadas a los promotores destacaré la posibilidad de calificar viviendas libres en protegidas en venta en las condiciones establecidas en el plan estatal y las normativas
de aplicación del mismo aprobadas por las comunidades autónomas.
Adicionalmente, vamos a permitir que no solo los promotores, sino también cualquier persona física o jurídica que tenga viviendas libres que no logra vender pueda pedir su
calificación como protegidas para compra, alquiler o alquiler con opción a compra, si cumplen los requisitos establecidos en el plan estatal, entre ellos, naturalmente, la rebaja del precio hasta los límites determinados para cada régimen de
protección.
Otra medida es la subrogación en el préstamo al promotor por parte de otras personas jurídicas que asuman la comercialización de las viviendas.
Les pondré un ejemplo para ilustrar esta medida. Como saben, existen empresas públicas
interesadas en adquirir algunas promociones de este stock para, posteriormente, transmitírselas a solicitantes de vivienda protegida. Si no hubiéramos adoptado esta modificación los destinatarios finales no tendrían la posibilidad de subrogarse en
el préstamo promotor.
Pero las medidas que se ofrecen para la conversión y venta de viviendas protegidas por parte de los promotores deben ser complementadas con el estímulo de la demanda. En este sentido, hemos, por una parte, ampliado el número
de hogares que pueden acceder a la ayuda estatal directa para pagar la entrada de la vivienda protegida, de tal forma que las familias con una renta de hasta 50.650 euros anuales que adquieran una vivienda protegida este año, bien de nueva
construcción bien procedente del stock, podrán obtener una ayuda para la entrada de entre 4.500 y 8.400 euros dependiendo de sus circunstancias personales. Otra medida que hemos prorrogado para 2010 es la posibilidad de considerar viviendas del
stock como usadas, sin tener que esperar un año desde su construcción. Así se permite que los adquirientes que cumplan los requisitos puedan acceder a las ayudas del plan para la compra de este tipo de viviendas. Igualmente, hemos ampliado durante
este año la vigencia de la disposición transitoria que permite que las viviendas consideradas usadas, tanto libres como protegidas, puedan ser adquiridas mediante el acceso diferido, facilitando su compra en cinco años, durante los cuales el
vendedor podrá cobrar una renta al comprador deduciendo al menos un 30 por ciento como cantidades a cuenta para su adquisición. También quiero subrayar como apoyo a la salida del stock de estas viviendas una iniciativa que ha sido pionera en la
historia de los planes estatales de vivienda, como es la línea ICO de cobertura para vivienda protegida, con el objetivo de que ninguna familia solvente que quiera comprar una vivienda se quede sin ella por falta de financiación. Para ello, por
primera vez el ministerio comparte con las entidades financieras el 50 por ciento del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para la compra de vivienda protegida.
Profundizaré en esto un poco más en la parte relativa a las líneas ICO.
Por último, somos conscientes de que en política no solo es necesario adoptar los cambios normativos para hacer frente a la coyuntura del momento, sino que es
preciso que estos cambios lleguen y se conozcan y utilicen por sus destinatarios finales. En este sentido, he querido aprovechar las visitas que en los últimos meses he hecho a todas las comunidades y ciudades autónomas para explicar el
alcance de estas iniciativas a los responsables autonómicos, a las entidades financieras y, por supuesto, a los ciudadanos. También estamos desarrollando una campaña de comunicación -que recientemente hemos puesto en marcha- para la que hemos
elaborado un díptico informativo en el que de forma muy clara y sencilla los ciudadanos pueden conocer qué ayudas estatales tienen a su disposición para la compra o alquiler de una vivienda protegida, una vivienda de nueva construcción o procedente
por conversión del stock. Este díptico se titula Más viviendas asequibles para las familias. Es un proyecto que realizamos de forma coordinada con las entidades financieras colaboradoras del Plan estatal de vivienda y rehabilitación. De esta
manera, las 123 cajas y bancos que suscribieron el plan, y especialmente las entidades colaboradoras preferentes, se implican en la difusión de las ayudas y medidas estatales para los que quieran comprar, alquilar o vender. Por eso, este díptico se
distribuirá en la red de oficinas de las entidades de crédito, cuya extensión permite que esta información llegue a un mayor número de familias. Hay que tener en cuenta que en España hay más de 40.000 oficinas de entidades financieras y,
prácticamente, todo el sector se ha comprometido con la financiación del Plan estatal de vivienda.
Señorías, nuestro propósito con todas estas medidas que les acabo de relatar es triple: poner más viviendas asequibles a disposición de las familias que las necesitan; facilitar el drenaje paulatino del excedente de viviendas, tanto en
compra como en alquiler, e incrementar, en este último caso, el parque de vivienda protegida. Aunque consideramos que todavía es pronto para evaluar los resultados globales de estas medidas, hemos hecho una estimación del efecto que las mismas
tienen en la disminución del stock y consideramos que del total de viviendas calificadas por las comunidades autónomas en 2009 y lo que llevamos de 2010 alrededor del 20 por ciento proceden del excedente de vivienda libre. Sí quisiera destacar que
de las comunidades autónomas a las que se ha pedido información al respecto hay algunas que no nos han facilitado ninguna información y hay diez que sí. Con los datos que nos han suministrado serían un total de 66.608 viviendas, de las que 13.346
serían procedentes del stock de viviendas libres. De ahí sale la estimación del 20 por ciento. En breve daremos a conocer el informe sobre la evolución del stock en el año 2009, con los datos que tenemos lo cerraremos por las mismas fechas que el
año pasado, en mayo o junio. Este nos permitirá hacer un análisis sobre la incidencia de las disposiciones transitorias aprobadas para lograr este objetivo.
Señorías, como han podido ver, el ministerio está impulsando las medidas necesarias y oportunas para contribuir a la necesaria reducción de este excedente de viviendas construidas. Hemos promovido un abanico muy variado de acciones, que
buscan afrontar la situación desde varias posiciones, pero para hacerlo es necesario un compromiso conjunto de todas las administraciones y agentes políticos, económicos y sociales, para poner más viviendas asequibles a disposición de las familias
en condiciones óptimas de precio y financiación. Así lo hicimos en Castilla y León, donde el pasado 8 de marzo firmé un acuerdo de colaboración entre las administraciones y los agentes sociales y económicos para la conversión en viviendas
protegidas del stock. Es un ejemplo de lealtad y colaboración institucional que permitirá que más de 30.000 viviendas en esta comunidad autónoma se incorporen al mercado de vivienda protegida.
Este acuerdo, que fue pionero, es un buen ejemplo de
los beneficios que el consenso aporta a los ciudadanos, porque cuando todos, incluidas administraciones públicas de diferentes colores y distintos partidos políticos, trabajamos juntos nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los
ciudadanos a quienes nos debemos. Nuestros objetivos son comunes y entre ellos destaca también la necesidad de ayudar a la reactivación del sector inmobiliario residencial, el más azotado por la crisis económica no solamente en términos de
actividad y aportación al PIB, sino, sobre todo, por el desempleo. En este sentido, los datos estadísticos que vamos conociendo en los últimos meses sugieren que el sector tiende a su estabilización; datos tan relevantes como la última estadística
de compraventas hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística que conocimos ayer, según la cual la venta de viviendas se ha incrementado un 18,7 por ciento en febrero de 2010 con respecto al mismo mes de 2009, aunque, naturalmente, hay que
mantener la prudencia y estar atentos a la evolución de estos datos en los próximos meses.
Tras esto, señorías, voy a referirme al último de los temas de la comparecencia de hoy que se refiere a la línea ICO-Moratoria hipotecaria, una materia de competencia técnica del Ministerio de Economía y Hacienda; no obstante, dado que la
Comisión ha solicitado que sea yo quien comparezca para dar cuenta de este asunto, trataré de proporcionarles datos que creemos que pueden ser de su interés. La línea ICO-Moratoria hipotecaria es una iniciativa que el Gobierno puso en marcha el 1
de enero de 2009 para que los desempleados que lo necesitaran y lo solicitaran pudieran aplazar el pago de la mitad del recibo mensual de su hipoteca. La línea se reguló en el Real Decreto de 28 de noviembre de 2008, sobre medidas urgentes a
adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, que posteriormente fue modificado por Real Decreto de 6 de febrero de 2009. El objetivo de esta línea es la financiación del aplazamiento temporal y parcial de la obligación
de pago del 50 por ciento de las cuotas mensuales, principal e intereses, que se devenguen en estos préstamos hipotecarios entre el 1 de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2011, fecha de vencimiento de la línea, con un límite máximo de 500 euros
mensuales. Pueden
beneficiarse de esta medida los titulares de hipotecas sobre su vivienda habitual que haya sido suscrita antes del 1 de septiembre de 2008, por un importe igual o inferior a 170.000 euros y que con anterioridad a 1 de septiembre de 2010
reúnan al menos una de las siguientes condiciones: ser trabajadores por cuenta ajena en situación de desempleo al menos durante los tres meses inmediatamente anteriores a su solicitud, que tengan, además, derecho a cobrar la prestación -hoy este
colectivo representa el 90 por ciento de los beneficiarios de la línea- o autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, llamado Iprem, es decir,
19.170 euros, manteniéndose en ambas situaciones durante un periodo mínimo de tres meses, o pensionistas de viudedad por fallecimiento del cónyuge ocurrido una vez concertado el préstamo y en fecha posterior a 1 de septiembre de 2008. En todo caso,
será requisito imprescindible para poder acceder a la línea que el titular de la hipoteca no se encuentre en mora. El ICO, como saben, es el organismo que pone a disposición de las entidades financieras la línea de crédito, pero son estas las que
gestionan las operaciones con los ciudadanos. A día de hoy han suscrito este contrato 81 entidades financieras. El importe máximo de este nuevo préstamo podrá ser de hasta 12.000 euros y el plazo de amortización puede ser de tres, cinco, siete,
diez ó quince años, que se contarán desde el 1 de marzo de 2012. El tipo de interés para el cliente es el tipo variable de referencia ICO más un 0,80 por ciento.
Actualmente, el vigente es 2,071 por ciento. El ICO avala al cliente de la entidad
de crédito hasta un máximo del 12 por ciento del importe global dispuesto en la línea por cada entidad de crédito. Adicionalmente, se establece un límite individual por operación, como decía, de 12.000 euros o 1,5 veces el importe formalizado. A 1
de abril de 2010 se habían formalizado 12.728 operaciones en el marco de esta línea. Por comunidades autónomas, el 33 por ciento del total de operaciones corresponde a la Comunidad Valenciana, con 4.449 operaciones; el 20 por ciento a Andalucía,
con 2.778 operaciones; y 1.418, es decir, el 12 por ciento, corresponden a Cataluña, por citar las más significativas. El volumen de préstamos destinados a ayudar al pago de las hipotecas a través de esta línea llega a los 76 millones de euros,
prácticamente. Pero, señorías, además de con esta línea ICO- Moratoria hipotecaria, el Gobierno está atendiendo las necesidades de los desempleados con otras medidas, como el programa de ayuda de 426 euros para personas en paro que han dejado de
cobrar la prestación por desempleo, que ya reciben 300.000 personas, estando previsto que la reciban otras 200.000.
Además de las ayudas del Gobierno, otras circunstancias han favorecido el descenso en el último año de 13,5 puntos en el esfuerzo que las familias tienen que hacer para el pago de su vivienda. Según datos del Banco de España, desde un casi
42 por ciento de la renta familiar disponible, el esfuerzo familiar se sitúa actualmente en un 29 por ciento de esta renta.
Así, la extraordinaria reducción de los tipos de interés, con el euribor en mínimos históricos, al 1,22, ha propiciado que
las cuotas hipotecarias hayan disminuido muy significativamente. Por ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros a veinte años, con el tipo hipotecario de referencia a septiembre de 2008, que era el 6,265 por ciento, generaba una cuota mensual de 732
euros. Ese préstamo, al tipo de febrero, 2,813 por ciento, requiere una cuota mensual de 545 euros. La diferencia es un ahorro anual de 2.240 euros al año. Todas estas circunstancias están influyendo en la evolución de la tasa de morosidad de las
hipotecas, que descendió del 3 por ciento al 2,36 entre el tercer y cuarto trimestre de 2009, y también está influyendo en el volumen de préstamos realizados en el marco de la propia línea ICO-Moratoria. Así, mientras en abril y mayo de 2009 el
valor dispuesto rondaba los 16 millones de euros mensuales, esa cantidad se redujo a unos 5 millones en agosto y en diciembre a un valor cercano a los 2 millones de euros. El importe total acumulado durante el primer trimestre de 2010 es de 2,42
millones de euros.
Con esta línea, señorías, el Gobierno proporcionó un instrumento a los desempleados para ayudarles a hacer frente al pago de sus hipotecas, de forma que el acceso a este tipo de facilidades no dependiera exclusivamente de su capacidad de
negociación con los bancos. A partir de la existencia de esta línea, las entidades financieras la han complementado, flexibilizando las condiciones de los préstamos hipotecarios de sus clientes y ofreciendo más facilidades para el pago de las
hipotecas de muchas familias. La cifras así lo ponen de manifiesto.
Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en el año 2009 se renegociaron 341.213 hipotecas sobre viviendas, de forma que el número de préstamos hipotecarios que modificaron
sus condiciones creció un 32,7 por ciento. Señorías, lo último que deja de pagar una familia es la hipoteca de la casa donde vive. Todas las medidas descritas se han adoptado en una coyuntura especialmente adversa, que ha llevado a muchas familias
españolas a una situación dramática, como sin duda lo es la angustia de no poder afrontar el pago de una cuota hipotecaria a final de mes. Sin embargo, el Gobierno sigue trabajando para reforzar la protección de las familias que, a pesar de todo,
se tienen que enfrentar al embargo de su vivienda por impago de su hipoteca. En ese sentido, el real decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros contiene una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de
inembargabilidad en relación al salario. Así, en los supuestos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual se aumenta el 10 por ciento el umbral de renta que no es embargable y, además, ese umbral se incrementa en un 20 por ciento del salario
mínimo interprofesional por cada familiar que el obligado tenga a su cargo.
Señorías, además de con la línea ICO-Moratoria hipotecaria, el ICO cuenta con otras líneas de financiación y mediación destinadas al sector vivienda. Me refiero a las
líneas ICO-Vivienda e ICO-Cobertura que, junto con la ICO-Moratoria, han movilizado casi 1.500 millones de euros en préstamos y en cuyo ámbito se han realizado más de 15.000 operaciones destinadas a ayudar a las familias en unos momentos de
especial dificultad, bien haciéndoles más fácil el pago de su hipoteca, bien garantizando el acceso al crédito para la compra de vivienda protegida o bien dándoles más posibilidades de elegir un hogar, ensanchando el mercado arrendaticio. Me
detendré brevemente en cada una de ellas. Con la línea ICO-Cobertura tratamos de garantizar que el crédito llegue a familias solventes y responsables que hayan obtenido la adjudicación de la vivienda protegida, haciéndoles más fácil que obtengan su
hipoteca. Con esta línea el Ministerio de Vivienda ofrece una cobertura del riesgo sobre el 50 por ciento del capital del préstamo hipotecario concedido a particulares para la adquisición de una vivienda protegida, incluida la subrogación del
primer comprador de vivienda terminada en el crédito promotor. El importe máximo de la línea es de 6.000 millones de euros, con lo que se asegura una cartera de préstamos cuya cuantía total será de 12.000 millones de euros. La duración de la
cobertura será temporal y distinta, en función del volumen de nuevas hipotecas de vivienda protegida: seis años para las entidades financieras que incrementen su cartera de nuevos préstamos convenidos en el plan estatal en al menos un 10 por
ciento, con un mínimo de 5 millones de euros, y cuatro años para el resto de entidades financieras. Será, asimismo, variable en función del grado de compromiso de las entidades de crédito con la financiación del plan estatal. El límite de
cobertura será del 2 por ciento de la cartera total financiada por cada entidad de crédito a través de la línea, que se ampliará al 3 por ciento de la cartera financiada para las entidades colaboradoras preferentes. Por su parte, la línea
ICO-Vivienda está contribuyendo a ensanchar el mercado del alquiler. Con esta línea se concede financiación a los promotores inmobiliarios para transformar las hipotecas sobre sus viviendas no vendidas en préstamos a más largo plazo, a cambio de
incorporar dichas viviendas al mercado del alquiler durante siete años. Como máximo, con cargo a esta línea se financiará hasta el 80 por ciento del préstamo, debiendo la entidad de crédito refinanciar el importe restante en los mismos términos y
condiciones que los establecidos por el ICO. De ICO-Vivienda se benefician los ciudadanos, al producirse un aumento de la oferta de vivienda en alquiler y una consiguiente mejora de los precios, y también se benefician los promotores, que pueden
refinanciar sus deudas en un momento de dificultades de acceso a la financiación, y por supuesto el conjunto de la economía por la creación de puestos de trabajo derivados de la aplicación de esta medida. Con esta línea, que ha agotado ya más del
40 por ciento de su dotación inicial de 3.000 millones de euros, se han puesto en el mercado de alquiler cerca de 11.000 viviendas en más de 600 operaciones con empresarios que han decidido destinar al arrendamiento las viviendas que tienen
terminadas y que no han conseguido vender. Finalmente, quisiera añadir que el pasado viernes el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de facilitar a través del ICO financiación para promover viviendas protegidas destinadas a la venta, ampliando de
esta forma la línea de financiación que ya existía en el ICO para la promoción de viviendas protegidas en alquiler. El ICO concederá financiación directa a las empresas para dinamizar el sector de la vivienda protegida, que en estos momentos está
tirando de la construcción residencial, y así además se pondrán a disposición de los ciudadanos más viviendas accesibles.
Señorías, este Gobierno sigue haciendo un gran esfuerzo social y para reforzar este compromiso, que es la seña de identidad del Gobierno y del Partido Socialista, y para apoyar especialmente a los que más ha perjudicado la crisis económica,
el Gobierno ha cumplido su compromiso de que la crisis no supusiera ningún recorte en las prestaciones sociales, y no solo eso, las hemos seguido mejorando. De hecho, las pensiones mínimas han seguido subiendo por encima del IPC. Además, hemos
implantado un programa de ayudas de 426 euros a los desempleados que han agotado su derecho a prestación. Hemos proporcionado los instrumentos para que las familias puedan aplazar el pago de su hipoteca en el caso de que se encuentren en situación
de desempleo o sean autónomos que han cerrado su negocio o pensionistas de viudedad. Hemos adoptado medidas para que ninguna familia adjudicataria de vivienda protegida se quede sin ella por falta de financiación. Y acabamos de aprobar nuevas
medidas para la protección de las familias frente a embargo en caso de ejecución hipotecaria. Prestamos especial atención a las familias más vulnerables.
Como dice el presidente del Gobierno, merece la pena que este país haga un esfuerzo de
cohesión en nuestra sociedad. Los ciudadanos con graves dificultades, como los que han perdido su empleo o los que han perdido su prestación, van a tener, hasta donde podamos, al Gobierno y a los poderes públicos a su lado, apoyándoles.
Concluyo ya. A lo largo de esta densa comparecencia, he detallado y explicado una serie de acciones que ha tomado el Gobierno, y específicamente el ministerio que dirijo, y que están enmarcadas en una hoja de ruta muy clara: hacer frente a
los efectos de la crisis en el sector de la construcción residencial; poner las bases de un sector inmobiliario más equilibrado y tener como prioridad siempre las necesidades de los más vulnerables; dar una respuesta certera a la crisis y mitigar
sus efectos, especialmente en lo referido al desempleo. Para ello, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que, solo por ceñirme al objeto de esta comparecencia, resumiré en las referidas al stock. En este sentido, la conversión de este
excedente de viviendas protegidas o en alquiler se encuadra en el que es uno de nuestros principales propósitos: acompañar e impulsar la necesaria reconversión que el sector residencial debe acometer -de hecho, lo está acometiendo ya-. Pero al
mismo
tiempo, como he señalado, nuestra mayor preocupación es seguir atendiendo las necesidades de vivienda de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, hemos visto al principio de la intervención que la renta básica de
emancipación está cumpliendo un importante papel social, está reduciendo el esfuerzo que deben realizar los jóvenes para salir de la casa de sus padres, y ha logrado mejorar la tasa de emancipación.
Quiero destacar el hecho de que todos estos
avances se han producido en un contexto de crisis económica profunda. También he subrayado el papel de las acciones tomadas desde el punto de vista de la financiación para que los desempleados que lo necesiten puedan aplazar el pago de su hipoteca,
medida que ahora complementamos con el incremento del umbral de inembargabilidad; es decir, aumentamos el límite de las rentas que no se podrán embargar en caso de ejecución hipotecaria. Como siempre, quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios las aportaciones que han ido haciendo a lo largo del diseño y la puesta en marcha de algunas de estas medidas, y naturalmente volveremos a tener en cuenta las que vayan a hacer a continuación en las réplicas. Siempre se enriquece y
siempre se aprende.
Señorías, la situación económica comienza a dar signos de recuperación y de estabilización, por eso las medidas aprobadas por el Gobierno han logrado parar el golpe de la crisis económica, y ahora es el momento de las reformas. En este
sentido las políticas de vivienda que venimos desarrollando desde 2004, gran parte de las cuales conoce esta Cámara sobradamente, tienen mucho que aportar a la estrategia del Gobierno para cambiar el rumbo de crecimiento del PIB hacia una economía
sostenible y equilibrada. Por ello, como les acabo de detallar, el Ministerio de Vivienda ha decidido desde el principio que debería fomentar la rehabilitación, el alquiler y la vivienda protegida como motores para reequilibrar el sector.
Precisamente la rehabilitación es una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes, y que ha sido ampliamente consensuada con todas las fuerzas políticas, un amplio acuerdo parlamentario que se ha plasmado en un real
decreto que se convalidará la semana que viene -el martes-, y que además de las mejoras fiscales para rehabilitación incluye otras 31 medidas que entrarán en vigor de inmediato, porque nuestro objetivo es generar empleo en el más corto plazo
posible.
Este es el camino que debemos seguir para salir todos juntos de la peor crisis económica de los últimos ochenta años. No es el momento ni de electoralismo ni de partidismo ni de tácticas cortoplacistas; es el momento del acuerdo, del
consenso y de la leal cooperación entre todas las fuerzas políticas y todas las administraciones, y desde luego en el ámbito de la política de vivienda, que nos incumbe a todos, de manera más especial que en ningún otro caso. Ninguno debemos dejar
pasar esta oportunidad y tenemos que estar a la altura que nos demandan los ciudadanos. Para consolidar la recuperación, diálogo constructivo, y no enfrentamientos estériles. Saben que siempre contarán conmigo y me encontrarán en este camino junto
al resto del Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra por su información.
Iba a sugerir un pequeño receso de cinco minutos y realizar a continuación el turno de intervenciones, pero el señor Perestelo tiene que irse. En este caso sugiero
que el señor Perestelo realice su intervención y suspendamos después por cinco minutos. Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, gracias por esperar cinco minutos más. Mi intervención va a ser muy breve; solamente quiero agradecer en nombre de Coalición Canaria la información que ha aportado la ministra en
esta sesión, la agradecemos y sobre todo valoramos el esfuerzo de diálogo permanente de la ministra y de su ministerio con la consejería correspondiente, en el caso de Canarias con el Gobierno de Canarias, no solo respecto a los temas que hoy ha
planteado la ministra, sino también en cuanto a la rehabilitación, tema que queda pendiente para una próxima comparecencia.
Hablaba la ministra de dos años de puesta en funcionamiento de la renta básica de emancipación y de que los objetivos se van cumpliendo. Además hablaba de una aportación de 490 millones de euros, y sobre todo de conseguir objetivos con el
incremento de la tasa de emancipación. Sin embargo, cuando aporta los datos de las comunidades autónomas lo hace en cifras absolutas. Sería interesante comprobarlos en cifras relativas, en función de la población, sobre todo para poder valorar el
esfuerzo que realizan las comunidades autónomas. Usted conoce perfectamente la complejidad que encierra el caso de Canarias, no por tratarse de islas, sino en este caso porque existen políticas propias del Gobierno de Canarias, dentro del Plan de
Vivienda, consistentes en ayudas al alquiler que se compatibilizan con estas iniciativas. Usted misma hacía una valoración de la complejidad en la tramitación de estos expedientes; incluso planteaba la necesidad de seis pasos administrativos para
la resolución definitiva. Sin duda uno de los problemas que tiene la Administración cuando se plantean ahorros de gastos es precisamente su propia eficiencia. Que el proceso de solicitud de una ayuda de este tipo incorpore seis pasos tan complejos
que retrasen la puesta en funcionamiento del mecanismo hace que sea menos operativo. Usted misma hablaba de medidas que ya ha tomado el ministerio para intentar simplificar o acortar esos procedimientos y resolver cuanto antes estos expedientes.
Señorías, desde Coalición Canaria hemos dicho más de una vez que valoramos la gestión de la ministra de Vivienda, pero seguimos planteando que en el actual marco competencial, donde las competencias fundamentalmente se encuentran
transferidas a las comunidades autónomas, esto resultaría mucho más operativo, más
rápido y se podría complementar con otras políticas que pudiera implementar cada Gobierno autónomo si estas competencias estuvieran radicadas en las comunidades autónomas. No somos partidarios de que la ministra se vaya del Gobierno
-creemos en su capacidad y seguramente podría estar en otro ministerio-, pero realmente en estas condiciones y también respecto a otros temas que usted ha planteado hoy en su comparecencia es evidente que se trata de competencias de las comunidades
autónomas, por lo que supondría una eficiencia en el gasto que esos recursos pudieran distribuirse por las comunidades autónomas. Existe el concepto de que los recursos son del Estado o del Gobierno, pero entiendo que los recursos corresponden a
aquella institución que tiene las competencias en cada materia, y en función de las mismas participará en la distribución de dichos recursos.
En cuanto al tema de la conversión de vivienda libre a protegida compartimos los criterios que usted ha planteado, y valoramos la sensibilidad del Gobierno en una época difícil de crisis económica.
Indudablemente estas medidas tienen razón
de ser, y sobre todo tienen importancia. Tengo aquí los datos sobre los acuerdos a los que ha llegado Canarias con su ministerio, que valoramos, sobre todo la prórroga concedida una vez finalizado el plan en diciembre de 2009 a todo el año 2010,
como usted misma manifestó en su comparecencia. En el otro asunto poco podemos aportar, porque se plantea desde un punto de vista más técnico y con relación a hacienda. Como digo, quiero reiterar el agradecimiento por la información y sobre todo
pedir disculpas porque, como bien decía el presidente, me tengo que ir a otra Comisión y no voy a escuchar la segunda parte, aunque la leeré en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, todos los portavoces comprenderán que demos la palabra a la señora ministra por cinco minutos para que conteste a alguno de estos temas.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Primero agradezco la confianza al señor Perestelo. Le solicito que, por favor, vaya fuera y diga lo mismo; siempre será de agradecer. En cuanto a los datos de Canarias, si quiere se lo
facilito por escrito, pero para que conste en el 'Diario de Sesiones': Canarias, número de resoluciones enviadas al ministerio 10.416; número de resoluciones verificado pago de alquiler 6.717; resoluciones con orden de pago 6.446; importe pagado
por la ayuda 20.564.572 euros; esfuerzo de emancipación de los jóvenes con la renta básica de emancipación en Canarias un 24,41 por ciento de esos ingresos; esfuerzo de emancipación sin la renta básica de emancipación 47,82 por ciento de los
ingresos. Las mujeres suponen el 50,61 por ciento de los beneficiarios en Canarias, y los hombres un 44,41 por ciento. En cuanto al tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución...
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señora ministra, yo creo que esos datos se incorporarán después al 'Diario de Sesiones' y podremos leerlos.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): En relación con el tema competencial, que estoy segura que otro grupo también suscitará en las réplicas, como sabe, las comunidades autónomas firmaron los convenios con el ministerio para la
gestión de la renta básica, y se diseñó este procedimiento respetando las competencias de cada una, y sobre todo para asegurar que la renta básica la reciben solo los jóvenes que tienen derecho a ella. Las comunidades autónomas pueden complementar
esta ayuda en el ámbito de sus competencias y con su presupuesto, como de hecho están haciendo algunas comunidades autónomas, y también quisiera recordar que la renta básica la perciben asimismo jóvenes de comunidades autónomas que no forman parte
del Plan estatal de vivienda y rehabilitación. Por lo tanto, es una ayuda que llega a todos, que las comunidades autónomas pueden complementar, que se gestiona con respeto competencial, y que está firmada con las comunidades autónomas; quiero
decir que los instrumentos informáticos para la gestión de la misma se han puesto en marcha por el ministerio. Por tanto, creo que por fin hemos conseguido que esté perfectamente engrasada, y las cifras van a demostrar que las medidas tomadas para
mejorar esta gestión son eficaces.
Gracias, y perdonen el resto de portavoces por esta improvisación de réplica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Quiero agradecer también al señor Perestelo su intervención en estos momentos, debido al pluriempleo que lógicamente tiene como portavoz del Grupo Mixto.
Se suspende la sesión por cinco minutos y la reanudaremos con el turno de los portavoces. (Pausa.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Reanudamos la sesión tras este receso con las preguntas a la señora ministra después de su exhaustiva intervención. En primer lugar, tiene la palabra para este objeto el señor Beloki como portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Deseo comenzar mi intervención agradeciendo las informaciones que nos ha suministrado y, como supongo que lo harán el resto de los intervinientes, pidiéndole más. Yo en concreto desearía solicitarle más información
sobre dos territorios básicamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, y después le explicaré por qué le pido -alguna razón es evidente para todo el mundo- en concreto información más detallada sobre ambas comunidades autónomas. Me
gustaría tener una cierta visión estática si quiere, una especie de fotografía estática de lo que su ministerio está haciendo o dejando de hacer en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra, en todos
los ámbitos de las políticas diversas que ha puesto en marcha. Hoy, si quiere, me informa sobre los puntos sobre los que ha venido a informar, pero me gustaría tener una cierta visión de conjunto.
Si me va a dar cifras absolutas sobre cuántos se hayan podido acoger o no en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra a la renta básica de emancipación o sobre otros temas, también me gustaría en la medida de lo posible, porque creo
que sería útil para todo el mundo, que usted situara estas cifras absolutas en lo que pudieran ser porcentajes de cada comunidad autónoma respecto al conjunto. Yo creo que esta visión complementaria de las cifras absolutas siempre puede ser útil
para saber cómo se está desarrollando esta actuación del ministerio en el conjunto del Estado español, y -habrá luego que buscar explicaciones- en qué porcentajes en una comunidad y en otra, porque entiendo que puede ser de interés para calibrar la
actuación de su ministerio y en eso que usted ha insistido, esto es en el grado de colaboración que está encontrando o dejando de encontrar con otras administraciones de otra comunidad autónoma. De forma que cifras absolutas y a poder ser también
cifras porcentuales, y en concreto por lo que a mí respecta básicamente sobre dos comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra.
No me conformo únicamente con que usted, a poder ser, me trace una especie de fotografía estática de lo que su ministerio está haciendo o dejando de hacer; también me gustaría una cierta valoración cualitativa por su parte en concreto sobre
ambas comunidades autónomas. ¿Por qué me gustaría? No sé si usted ha tenido la paciencia desde que ha llegado al ministerio de leer las distintas respuestas que yo mismo como portavoz de mi grupo he tenido cada vez que he preguntado sobre qué va a
hacer su ministerio en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra, y he tenido respuestas muy dispares de este ministerio a lo largo de estos años. Ha habido casos en los que se me ha dicho que no procedía firmar ningún convenio con la
Comunidad Autónoma del País Vasco y con Navarra porque eran casos distintos. Lo dejamos así, sin entrar en más detalles. Yo quiero saber si usted también estima que la relación de su ministerio con la Comunidad Autónoma del País Vasco y con
Navarra debe ser distinta por alguna razón -y usted me diría cuál en tal caso- o si, entre comillas, estamos en la normalización y si usted trata a ambas comunidades autónomas como si de dos más de las diecisiete se tratara. Si las trata o desea
usted tratarlas con normalidad, me gustaría a continuación saber el grado de colaboración que usted está encontrando en ambas comunidades autónomas, que me haga una evaluación del grado de colaboración que usted, estando en la disposición que esté
-lo sabré a partir de su respuesta-, está encontrando por la otra parte, de forma que me interesaría, como le digo, una fotografía estática y una cierta valoración cualitativa por las razones que le acabo de señalar.
También quisiera en mi breve intervención hacer una igualmente breve referencia a la última parte de su exposición. En mi grupo usted va a encontrar, como siempre hemos dicho, un grupo dispuesto a colaborar, a apoyar las medidas que puedan
tomarse en el ámbito de la política de vivienda en esta situación para hacer lo que es posible, y a poder ser con acierto. Pero dicho esto nos parece que también es necesario, para saber qué tenemos que hacer y cuánto podemos hacer o dejar de
hacer, trazar un diagnóstico claro de la situación, no solo en el ámbito de la política de vivienda, sino de la situación económica general y de la situación de crisis. Me ha parecido en algún momento de su intervención que venía a decirnos que las
medidas que desde el año 2004 se están aplicando hay que seguir aplicándolas, algo así como si las mismas medidas fueran válidas en época de no crisis, de precrisis, de crisis, de recrisis y de postcrisis; que todo sigue siendo igual de válido si
es que un Gobierno de estas características puede tomar algún tipo de medidas, y siguen siendo válidas en cualquier situación. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier respuesta, e igual hasta a coincidir con cualquiera que usted me dé, pero creo
que es necesario hacer un diagnóstico de la situación económica, y por lo mismo del alcance de las medidas de reforma que es necesario abordar, porque yo creo que el problema está aquí.
Cuando se escucha a cualquier ministro, en este caso a usted, el conjunto de las cosas que está haciendo, yo alabo la voluntad, el empeño, el trabajo que se está haciendo, porque me parece que nadie opera con mala voluntad o sin ganas de
hacer las cosas, pero ello no significa que con eso se acierte. Yo creo que hay dos reflexiones que es necesario hacer, o al menos a mí me gustaría. Hay un cierto peligro de autismo en todos los ministerios y en todas las administraciones, y en el
suyo también, de creer que, porque usted ha puesto en marcha algunas determinadas medidas que nos cuenta con detalle, eso está en marcha en la sociedad. Sí, relativamente, pero la sociedad puede perfectamente no percibirlas o vivir al margen.
Dicho de otra forma, yo creo que será difícil que usted encuentre diputados que le digan que la situación de la vivienda ha mejorado en el conjunto del Estado español. Yo percibo que la crisis está en su esplendor, si es que puedo permitirme esta
expresión. Nadie lo sabe muy bien, sobre todo los jóvenes o las personas que están con la intención de hacerse con una vivienda; van acogiéndose relativamente a las medidas que están, pero el gran problema de la vivienda está ahí, y creo que si
este Gobierno quiere abordar una serie de reformas en este ámbito y en otros tiene que ver el problema de la crisis en toda su crudeza, porque eso es lo que se vive fuera de los ministerios, a pesar, insisto, de que uno puede estar de acuerdo en el
empeño que se está poniendo e incluso en que determinadas medidas se pueden tomar, pero también hay que ser muy consciente de que, se haga lo que se haga, el campo de maniobra de un ministerio en determinados ámbitos es muy limitado. Esto hay que
transmitirlo con claridad. No podemos dar a la sociedad la impresión de que el problema de la vivienda se va a resolver porque nosotros pongamos esta
o aquella otra medida o una suma de medidas. El problema de la vivienda y el problema de la crisis económica, por fortuna o por desgracia, no depende de las administraciones; depende relativamente. Lo que hay que hacer o dejar de hacer es
algo sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar, pero sin que nunca lo hagamos equivaler a que lo que nosotros hagamos vaya a resolver los temas. No le voy a echar la culpa de la situación de la vivienda a esta ministerio, pero tampoco voy a
pretender que el ministerio resuelva el tema. Desde la política hay que hacer lo que sea posible en estas condiciones. Lo que hay que tener claro es que más allá de lo que uno pueda estar apoyando o dejando de apoyar con determinados dineros y
determinadas políticas, hay que transmitir la necesidad, en su caso, hasta donde dependa de las reformas administrativas, de hacer una serie de reformas importantes. En esta última parte de la intervención me gustaría dejar claro que estamos en
medio del problema; no voy a entrar en si estamos saliendo o no de la crisis; a mí me parece que esa reflexión no nos lleva a ningún sitio, creo que lo que hay que transmitir a la sociedad es que esto va a durar todavía, que vamos a tener años
realmente duros. Esto no es para desanimar a nadie, ni mucho menos para echárselo en cara a un gobierno, sino que es lo que seguramente va a ocurrir. De tener una conciencia clara de lo que va a ocurrir es también de donde se puede derivar que
todos seamos capaces de tomar algunas medidas que son difíciles.
Recientemente escuchábamos todos al presidente de presidentes europeos Van Rompuy decir que, quieran o no, los gobiernos van a tener que tomar medidas difíciles, costosas e impopulares. Estamos en este campo. Insisto en que desde esa
perspectiva las políticas de vivienda podrán intentar no ser impopulares, pero si no van acompañadas de determinadas medidas impopulares seguramente tampoco van a ser todo lo efectivas que debieran ser. Termino, señora ministra, agradeciendo las
informaciones; solicitándole un doble tipo de información: los datos cuantitativos y una cierta valoración cuantitativa respecto a dos comunidades autónomas; y diciéndole que nos gustaría coincidir con el Gobierno en un diagnóstico serio de la
crisis, porque también sería la única forma de coincidir en la colaboración para salir hoy de la crisis, y desde la política hacer todo lo que se pueda hacer y no más de lo que se pueda hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Tengo que avisar a los portavoces que la Mesa y el presidente formal de esta Comisión hemos estimado un tiempo aproximado de intervención de un cuarto de hora. A continuación tiene la palabra el
señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: En primer lugar, en nombre de Convergència i Unió agradezco la presencia de la señora ministra, y también tengo que decirle que a nuestro grupo, como explicaré, que está muy interesado en hablar de la rehabilitación,
también le pareció correcto no acumular esta comparecencia hoy y poder dedicar próximamente una sesión de la Comisión a un tema tan importante como el de la rehabilitación.
De sus tres comparecencias y su reflexión final haré algunas observaciones. En primer lugar, una que creo que ya el señor Perestelo le ha formulado: que los datos que nos ha dado la señora ministra y de los que ella dispone estaría bien
que pudiera mandarlos a la Comisión para que todos los grupos pudieran contar con ellos. Algunos de los datos son ya públicos o figuran en las propias estadísticas del ministerio, pero agradeceríamos tener estos datos para nuestro trabajo de
seguimiento y control del Gobierno. Haré algunas anotaciones rápidas de las tres comparecencias. En cuanto a la renta básica de emancipación, en primer lugar tengo que agradecer la explicación muy pormenorizada que nos ha dado la señora ministra,
que creo que nos ayuda a comprender la complejidad del proceso y la magnitud. Desde este punto de vista quiero formular una pregunta que creo que es pertinente, porque parece que esto va alcanzando ritmo de crucero. Ha dicho la señora ministra que
fueron 108 millones de euros en 2008; 298 millones en 2009; 91 millones en el primer trimestre de 2010. Esto, multiplicado por cuatro, más crecimiento acumulativo, significa 400 millones de euros de costo para las arcas del Estado para este año.
Por tanto, la primera pregunta es si vamos a tener problemas presupuestarios o disponemos de los créditos suficientes para atender todas las demandas, porque si después de todo este calvario administrativo al final no se pueden atender porque se
acaban los fondos a partir del mes de octubre, y lógicamente la señora vicepresidenta no le da más fondos e igual los sigue recortando, tendremos un problema.
Segunda cuestión: retener la magnitud de la cifra de 400 millones que para el año que viene podrían ser fácilmente, si sigue este ritmo de aceleración, 500 millones de euros. Hacer una política gastando 500 millones de euros es importante,
sobre todo hay que preguntarse aquello de, siendo esta una política cuyos objetivos podemos compartir, si disponemos de 500 millones de euros a lo mejor no hay otros objetivos más importantes que este. En cualquier caso es una cuestión de
políticas. Yo prefiero que los ciudadanos puedan comer antes que adelantar medio año la emancipación de un joven que ya vive con su familia. Llámenme no social, pero creo que esto es ser social. Es algo que hay que ver y esta es una política
cara.
Usted dice que se están consiguiendo los objetivos; me parece muy bien, no se lo voy a discutir en absoluto. Las cifras usted las conocerá perfectamente, pero creo que hay que situar sobre la mesa que para un determinado objetivo
compartible -mi grupo lo comparte- estamos gastando, cuando no lo tenemos, o vamos a necesitar del orden de 500 ó 600 millones de euros al año, y de esto hay que dar cuenta a los ciudadanos. Repito que creo que esto es importante y se lo digo sin
discutir ni pizca el objetivo de acelerar la emancipación. Pero a lo mejor con tanto dinero hay otras fórmulas que pudieran conseguir este objetivo sin gastar tanto dinero,
que no es del Ministerio de la Vivienda, sino que es de todos los españoles.
La segunda reflexión que usted ya intuye perfectamente es la de la complejidad administrativa: seis trámites, siete actores. Uno intuye que a lo mejor nos podríamos ahorrar alguno de estos actores. Yo no veo por qué esto tiene que hacerlo
la Administración del Estado; no voy a discutir ministerio sí, ministerio no, este es otro tema, pero sí Administración del Estado. Creo que esto es una invasión competencial clara, lo dijimos desde el primer momento, y desde este punto de vista,
a partir de los datos que usted nos da, francamente nos suministra más argumentos para poder decir a los ciudadanos que con todo este papeleo, con estas cosas que hacen, que seguramente las hacen bien, de intercambiar papeles y expedientes, a lo
mejor hay otras necesidades sociales que no sea darle de comer a los informáticos, no del ministerio, sino de no sé dónde para que vayan tramitando papeles y los vayamos pasando de unos a otros en plan ping-pong. Por tanto, sea bienvenida la renta
básica de emancipación, sea bienvenido compartir el objetivo; no se ha compartido por Convergència i Unió el modelo competencial que usted hace, que creo que además no respeta la Constitución. Desde el punto de vista del costo de esta política,
quizá es la política del ministerio que gasta más dinero. Usted tenía un presupuesto de 1.400 millones, ahora deben ser 1.200 millones de euros, y más de una tercera parte la destina a esta política. Repito, compartible, y no quiero que insinúe
que nosotros no compartimos esto, pero parece que, compartiendo la voluntad de que los jóvenes se emancipen un poquito antes, a mí me suena que 600 millones de euros es una cifra muy importante.
La segunda cuestión es que usted enumera todas las medidas para hacer posible la conversión de vivienda nueva en protegida -luego hablaré de los stocks-, y usted sabe perfectamente que muchas de estas medidas son de paternidad de
Convergència i Unió. La enmienda de las Socimi para el tipo reducido de IVA es de Convergència i Unió, y quien tuvo que trabajarlo fue Convergència. Por tanto no vamos a criticar prácticamente ninguna de ellas, todas pueden ser eficaces. Estoy de
acuerdo en que la suma de muchas medidas pueden ayudar, sobre todo si estas medidas no cuestan mucho dinero al erario público. Por tanto me parece que hay que intentarlo. Aquí, por desgracia, lo que no sabemos aún -usted nos da algún dato, pero es
muy parcial- es el efecto que puede tener sobre la disminución del stock. De momento nos podemos quedar en estas 13.300 viviendas calificadas, que es un 20 por ciento, en el 2009, si no he tomado mal el dato. Pero usted hablaba de un stock -luego
me volveré a referir a este tema- de 650.000 a finales de 2008. A finales del 2009 alguien habla de 800.000 viviendas; 13.300 viviendas sobre 800.000 es un porcentaje realmente poco significativo de un 2 por ciento. Por tanto el conjunto de estas
medidas si llegan a un 2 por ciento de un stock son medidas con un éxito del 2 por ciento y no se puede decir más. En este tema no quisiera añadir más reflexiones.
En cuanto al tema de los créditos ICO para moratoria hipotecaria es una buena noticia que se tengan que utilizar poco, porque soy de los que se alegra de que se necesite menos ayuda en determinados ámbitos. Y en este sentido los datos que
usted nos da, sobre todo esta evolución a la baja, nos parecen satisfactorios porque realmente 12.000 operaciones de este tipo son una cifra significativa. Me sorprende un poco, y no sé si usted tiene alguna explicación, señora ministra, este
reparto territorial tan curioso. Uste ha dicho que en el País Valenciano se produce el 33 por ciento de estas operaciones, mientras que en la Comunidad de Madrid, que tiene mucha más población, no debe llegar ni al 12 por ciento. Ha dicho que
Cataluña es la tercera con el 12 por ciento, y Andalucía estaría en su umbral de población. Casi por curiosidad me gustaría saber qué pasa.
¿Los valencianos son los que más incurren en morosidad o a los que no les gusta incurrir en morosidad, y
por tanto acuden a una línea de ayuda? Me gustaría saber si tiene alguna apreciación especial en este sentido.
Usted ha aprovechado este tema para hablar de otras líneas de ICO, como ICO cobertura, de la que nos ha dado datos agregados, pero de
esta línea en la que dice que hay hasta 6.000 millones de euros intuyo que se da una utilización muy pequeña, porque de la suma de todos los utilizados, 1.500 millones de todos, como en la línea de financiación de promotores para refinanciar deudas,
usted dice que se ha gastado el 40 por ciento de 300 millones, que son 1.200, más los 76, y de estos quedan 200 millones de 6.000, por tanto la línea ICO cobertura parece que mucho éxito en estos momentos no ha tenido; o hemos hecho los cálculos
mal o no tenemos suficiente información, en cuyo caso también le agradecería que nos informara.
Finalmente quiero felicitarla por que de los acuerdos de Zurbano haya salido una propuesta que también es de Convergència i Unió, que es que la línea de financiación directa vaya dirigida a financiar las viviendas protegidas en régimen de
venta. Lo único que me gustaría conocer es cuál va a ser la cantidad destinada por ICO a esta línea, que me parece muy interesante viendo las dificultades de financiación.
Al igual que usted, me gustaría hacer una reflexión final y, si me lo permite la señora ministra y los compañeros y compañeras diputadas, algunas reflexiones un poco más allá de lo que usted pretende. La presencia de la señora ministra aquí
creo que es motivo para que todos hablemos de política de vivienda en mayúscula. Señora ministra, con los datos que tenemos, que son parciales, y con los medios que tenemos, que son muy limitados, hacemos un análisis que pasa por las siguientes
cifras. Tenemos un problema muy grave y no vamos a reincidir en el porqué, las consecuencias, etcétera, que es el stock. El stock yo lo cifro -y usted me puede corregir- a finales del año 2009 en 800.000 viviendas. Paralelamente a este stock,
esta cifra que conocemos, que es muy
desigual, muy concentrada en determinados productos y ámbitos territoriales, sabemos que en el año pasado se iniciaron poco más de 150.000 viviendas, y esta parece ser la cifra que salió. Me va a permitir que estime que este año esta cifra
se va a repetir, y no creo que sea mucho mayor. Por el contrario, por los ritmos de venta que parece que hay, con las estadísticas que están saliendo en estos meses de enero y febrero, estimamos que este año podríamos llegar perfectamente a unas
300.000 viviendas nuevas vendidas, con lo cual, entre las iniciadas y las vendidas, se ve que hay un gap importante, es decir, se venden más de las que se inician, se van terminando pocas porque a partir de 2008 no se inician más, y por tanto hay
una tendencia clara de disminución del stock. Como además de este stock, según los datos del ministerio, una buena parte es stock de vivienda destinada a segunda residencia, nos podríamos encontrar a partir de finales de este año o en el año 2011,
en todos los ámbitos poblacionales importantes una falta de oferta. En este sentido estoy convencido, señora ministra -y este argumento va a su favor-, de que el año 2010 va a ser el año de la recuperación y del inicio de construcción de viviendas.
Si hiciéramos los deberes - y aquí está el reto- y tomáramos la invitación que nos ha hecho, deberíamos ser capaces ya en el año 2011 de iniciar 350.000 viviendas. No es una barbaridad, porque el propio señor Rodríguez Zapatero nos dijo en
Pleno que esto era lo que se necesitaba cada año, lo calificó de sostenible. Por tanto espero que nadie me tache de insostenible por defender esta cuestión. En definitiva en el año 2011 se podrían iniciar 350.000 viviendas, y si este año y el
pasado hemos iniciado 150.000, significan 200.000 viviendas más, que se traduce en que por 2,4 personas empleadas, y a partir de 2011 se podrían crear, si hacemos los deberes, 500.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Hay que
decirlo sin ambages y debería ser posible. Ahora bien, esto tiene un reto para que funcione, y es la financiación: la financiación de las ventas, la financiación de los particulares que quieren subrogar las hipotecas y que aún están encontrando
algunas dificultades; la financiación de las líneas previstas en el Plan estatal de vivienda y rehabilitación. Aquí hay muchos deberes para hacer.
Mientras tanto, y acabo ya, señora ministra, reitero que vamos a pedir que se efectúe su
comparecencia para hablar solo de rehabilitación.
Creemos que hasta que esto parece, que será el 2011, la única posibilidad de crear empleo y de mantener empleo en el sector es la rehabilitación.
Por eso nosotros hemos propuesto algunas medidas
aprobadas en los llamados pactos de Zurbano y creemos que es función de esta Comisión controlar con la máxima precisión posible cómo evolucionan estas medidas de rehabilitación, cómo se aplican, que la Dirección General de Tributos no esté ya
buscando cómo va a leer esto para que no tenga que dar tantas desgravaciones, cómo puede perseguir a un pobre autónomo con su IVA, etcétera. Esto también lo vigilaremos en Hacienda, pero hay que impulsarlo desde aquí, y por eso creemos que hay que
hablarlo y que comparezca usted sobre rehabilitación. ¿Por qué? Porque hasta que estos pronósticos optimistas míos para 2011 no se den necesitamos mientras tanto la rehabilitación dé ocupación. El cambio de modelo es el futuro, no voy a
discutirlo tampoco, pero para acortar a corto plazo las largas filas de parados, no nos engañemos, no hay otro remedio que funcione la construcción, que funcionen los servicios, y que funcionen determinados sectores industriales.
Señora ministra, creo que tenemos un reto inmediato muy importante que es la rehabilitación, y tenemos otro reto inmediato importante -me consta que usted está trabajando en ello- que es hacer posible que fluyan las líneas de financiación.
Si esto se cumple, creo que tenemos este horizonte que podría ser positivo, y para que sea positivo de verdad debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, y usted sabe perfectamente que desde la crítica cuando es necesaria, nuestro grupo va a hacerlo,
porque además aspirar a crear estos 500.000 puestos de trabajo en estos momentos es de lo más social. Como sé que esto a usted y a sus compañeros les gusta, nos vamos a encontrar en ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Gracias, presidente, también por el final de su intervención marcándonos un futuro halagüeño y positivo.
A continuación, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, desde mi grupo parlamentario le damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión de Vivienda. Quiero decirle que me ha sorprendido su intervención. No me ha sorprendido la rapidez porque estamos
acostumbrados, y también a la cantidad de datos que suele dar en estas comisiones, pero me ha sorprendido ese optimismo eufórico, creo que casi enfermizo, sobre la situación que estamos viviendo en España en general, y en particular en el sector de
la vivienda. Usted ha dicho frases como que las medidas adoptadas por el Gobierno han logrado parar la crisis económica, y esto lo dice con 4,5 millones de parados. Me parece una exageración. Incluso ha citado al artífice de esa magnífica
situación económica, y recordando a Leire Pajín, un ejemplo a nivel planetario de cómo afrontar una crisis económica, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Constantemente ha dado datos que reflejan los brotes verdes que usted ve en la situación del
sector inmobiliario y de vivienda. Cada vez que asistimos a una comisión dentro del ámbito económico en esta casa todos los ministros comparecientes ven brotes verdes; llevan año y medio viendo brotes verdes, y en esa situación hemos llegado a 4,5
millones de parados.
Usted, señora ministra, ha pedido -fue iniciativa suya- comparecer ante esta Comisión para explicar la gestión de la renta básica de emancipación. Inmediatamente el Grupo Socialista también presenta una iniciativa solicitando que comparezca
para hablar de la renta
básica de emancipación. Yo, después de escucharla y oír toda la relación que ha hecho de los pasos -tres en las comunidades autónomas y tres en el ministerio- que se llevan a cabo con un expediente de renta básica de emancipación, después
de escuchar los miles de notificaciones, de SMS, de e-mails, de cargos en cuenta, de transferencias, de comprobaciones, de pagos masivos, todo el listado de pasos que usted ha dado, llego a la conclusión de dos cosas: una, que usted se está
limitando aún más las pocas competencias que tiene como ministra de Vivienda, al pedir la comparecencia para hablar de todos estos pasos, y dos, que está poniendo en evidencia una desesperante pasividad ante la situación del sector inmobiliario y
del acceso a la vivienda en España. En otras ocasiones le he dicho que puede que no sea pasividad suya, sino falta de respaldo en el Consejo de Ministros, porque no se entiende que pida usted la comparecencia solo para hablar de los pasos y de los
trámites de un expediente de renta básica de emancipación.
La situación es gravísima y me gustaría volver a recordársela en el día de hoy. La tasa de dudosidad del crédito para adquisición de vivienda ha crecido, desde marzo de 2008, fecha en que usted llegó al ministerio -y no por su culpa, sino
por la situación pero no se han tomado medidas-, un 287 por ciento. Las ejecuciones hipotecarias fueron en el 2004 -el primer año que ustedes llegaron y el último que estuvimos nosotros- 14.343; en el 2009 cerca de 100.000 ejecuciones
hipotecarias. Han subido un 550 por ciento desde el año 2004, y en los últimos años las cifras son: en el 2007 25.000; en el 2008 58.000 y en el 2009 93.000; cerca de 100.000 familias se han quedado sin la vivienda que constituye su hogar
familiar.
Y usted, cuando le da prioridad, al comparecer aquí en esta Comisión a hablar de la renta básica de emancipación, a mí, que considero que este es el principal problema que tiene en estos momentos el sector de la vivienda, las ejecuciones
hipotecarias para familias que no pueden llegar a final de mes y pagar su hipoteca, me da la impresión de que a usted, en principio, no le preocupa tanto.
Respecto a las transacciones inmobiliarias usted nos ha recordado ya lo que se han incrementado en este mes de febrero. En el mes de febrero efectivamente fueron 35.720, la mitad que en febrero de 2007, 35.720. Por tanto hay una parálisis
enorme del sector inmobiliario en la compraventa de viviendas. En concesión de hipotecas en 2007 se concedieron 1.238.000 hipotecas; en el 2008 836.000, y en el 2009 652.000. Es decir, en el 2009 se concedieron la mitad de hipotecas que en el año
2007, y menos de la mitad en su importe. Usted misma lo reconoció en una entrevista personal que le hizo el suplemento Su vivienda, en la que le preguntaron cuándo había comprado su vivienda y si le había sido muy difícil conseguir una hipoteca.
Usted puso una expresión, que me hubiera gustado que la viera en la cámara, como diciendo: no, en esa época, en el año 1998, las cosas eran mucho más fáciles que ahora. Usted, como ministra del Gobierno de España, no puede conformarse con que hace
10 ó 12 años las cosas con otro Gobierno fueran muchísimo más fáciles, que fuera más fácil acceder a un crédito hipotecario. Todos estos datos y la restricción del crédito ha causado un espectacular stock de viviendas y este espectacular stock lo
que está causando es un auténtico tapón en el desarrollo del sector inmobiliario. Viviendas libres iniciadas en el 2007 532.000; en el 2008 237.000, y en el 2009 80.230. Pero es que también hay menos viviendas protegidas iniciadas en el año 2009,
79.000 menos viviendas iniciadas protegidas cuando era lo normal que en épocas de crisis de vivienda libre subiera la vivienda protegida. Esto es lo que ha causado una auténtica o una total parálisis del sector de la construcción. Esa parálisis
del sector de la construcción refleja un dato: que si desde septiembre de 2007 a diciembre de 2009 hay en España 2.535.000 parados más, de ellos 437.000 corresponden al sector de la construcción.
En resumen, señora ministra, cientos de miles de familias que no pueden llegar a final de mes y están incumpliendo sus obligaciones de pago de la hipoteca, esa que dice usted que es lo último que dejan de pagar, pues están incumpliendo esa
obligación porque no pueden llegar a final de mes; 100.000 familias que han perdido en 2009 la vivienda que constituye su hogar familiar; una restricción del crédito hipotecario que ha originado un brutal stock de viviendas nuevas sin vender; una
parálisis del sector inmobiliario que ha causado 437.000 de los 2.5000.000 parados nuevos que ha producido la crisis económica, y con esos datos usted pide comparecer ante esta Comisión para hablar de los trámites, de los pasos, de las miles de
notificaciones, SMS y e-mail de la renta básica de emancipación.
Le pregunto: ¿En qué están pensando en el ministerio ante esta situación? ¿Usted ha planteado la gravedad de esta situación en el Consejo de Ministros? ¿Ha ido allí y ha dicho:
tengo este problema, que hay 100.000 familias que han perdido su vivienda por ejecuciones hipotecarias, familias que no pueden llegar a final de mes, personas a las que los bancos no les conceden un crédito y 437.000 parados más en el sector de la
construcción? ¿Lo ha planteado usted en el Consejo de Ministro? Me gustaría saberlo, porque no puede decir que la línea ICO-Moratoria es una cosa de economía, porque usted es la ministra de Vivienda y debe estar en el Consejo de Ministros y, por
tanto, plantear que esto realmente es preocupante y dramático para la sociedad española. Si lo ha planteado, le pregunto: ¿No le han hecho caso? ¿No hay nadie en el Consejo de Ministros que, ante esta situación, plantee que hay que tomar
iniciativas y medidas nuevas que no están dando resultados? Eso realmente me parece muy preocupante, señora ministra, y por eso se lo reclamo.
Con respecto a la renta básica de emancipación, tomamos nota de todos los pasos que se dan en la resolución de los expedientes, los pagos masivos, etcétera, y esperaremos recibir la información de todas las comunidades autónomas. Se han ido
incrementado las concesiones
de esta ayuda, de la renta básica de emancipación, habla de 200.000 familias, de 200.000 jóvenes, lo que nos parece muy bien en dos años o en año y medio. Es verdad que ustedes habían previsto para el primer año 360.000, pero está bien y
todo lo que sea simplificar los plazos y los trámites, siempre será bienvenido y tendrá todo nuestro apoyo. Ahora bien, ha hablado de todos esos pasos, tres de la comunidad autónoma y tres del ministerio, cuando las comunidades autónomas son las
que tienen las competencias. Nosotros lo que le hemos venido reclamando con respecto a la renta básica de emancipación es que una fórmula de evitar los trámites es que usted dé traslado de los importes que tiene destinados a la renta básica de
emancipación a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias exclusivas, como usted misma reconoció en su intervención. Estoy seguro de que eso ahorraría algo de tiempo, porque se ahorraría un trámite, que es el traslado de la
comunidad autónoma al ministerio. De todas formas, todo lo que sea mejorar la tramitación de los expedientes, pues estupendo.
Con respecto a la línea ICO-Moratoria, ha dado usted un dato que es muy parecido al que nos dieron hace seis meses. Nos ha hablado de 76 millones de euros de los 6.000 que estaban destinados a esta ayuda y de 12.000 operaciones. Tiene que
reconocer conmigo, señora ministra, que esto es un fracaso espectacular de esta línea, que de los 2.535.000 parados más que tiene este país en este último año y medio solo 12.000 hayan ido a su banco a pedir la línea ICO-Moratoria, me parece un
fracaso espectacular, pero espectacular. Usted ha hecho una justificación -y lo han recordado otros intervinientes-, que puede ser que con la disminución de los tipos de interés y, por tanto, con las disminuciones de la cuota hipotecaria, las
entidades financieras hayan flexibilizado sus productos y estos parados hayan cogido otros productos. ¿Si fuera así, cómo es que esto ha tenido como consecuencia 100.000 ejecuciones hipotecarias en el 2009? Si es que hay otro producto al que las
personas que pierden el empleo pueden acceder, ¿por qué las 100.000 personas -estoy seguro que son desempleados (El señor Santamaría i Mateo: No necesariamente.) No necesariamente, pero es lo más lógico cuando se deja de pagar la cuota hipotecaria-
han perdido su hogar familiar? Le pregunto: ¿Qué es lo que hace el Gobierno ante esta situación? Ante una línea de crédito, la línea ICO-Moratoria, que es un fracaso, que solo se consumen 76 millones de los 6.000 millones, que solo se hacen
12.000 operaciones después del incremento brutal del desempleo, ¿qué es lo que hace el Gobierno, qué es lo que se ha planteado el Gobierno? Señora ministra, la Comisión, por unanimidad, ha aprobado en dos ocasiones, el 18 de noviembre del 2009 y el
24 de febrero del 2010, sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a modificar los criterios o los requisitos de acceso a esta línea, para que puedan acogerse muchas más personas, ciudadanos españoles que pierden su empleo, y que no pierdan
la vivienda que constituye su hogar familiar. Lo ha aprobado esta Comisión en dos ocasiones, señora ministra. Le pregunto: ¿Ha hecho usted algo? ¿Ha propuesto algo al Gobierno para modificar los criterios de acceso, tal como le han solicitado,
por unanimidad, todos los grupos políticos que forman parte de esta Comisión? Si lo ha planteado, ¿el Gobierno, el resto de los ministros, qué le han dicho? ¿Se lo han negado? ¿Le han dicho que esta situación no tiene importancia? A eso es en lo
que me gustaría que me respondiera.
En cuanto al stock de viviendas, le he preguntado por una de las medidas estrellas que usted presentó, que era la conversión de vivienda libre en vivienda protegida. En un año y tres meses han sido 13.346, según el dato que ha dado. Ya se
lo ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, ante un stock de viviendas de 800.000, un 2 por ciento es una línea que no está teniendo suficiente acogida para movilizar el stock de vivienda nueva sin vender. Usted ha dicho en su intervención que
como yo le preguntaba por la conversión de vivienda libre en vivienda protegida, usted me iba a dar también los datos de alquiler, porque parece ser que al Grupo Popular no nos interesaba la conversión o el drenaje de ese stock hacia la vivienda en
alquiler. Le recuerdo que nosotros presentamos una proposición no de ley para movilizar el stock de viviendas que en el punto 2 decía: Aprobar instrumentos económicos y financieros, así como incentivos fiscales necesarios, que permitan la
incorporación del actual stock de vivienda nueva sin vender al mercado de alquiler. Esta proposición no de ley -nuestra-, que también hablaba de remover los obstáculos para que la conversión de vivienda libre en vivienda protegida pudiera
desarrollarse, fue rechazada por el resto de los grupos políticos, y principalmente por el Grupo Socialista. Por tanto, no es que el Grupo Popular no le esté ofreciendo alternativas y vías para movilizar este stock, es que lo consideramos un
auténtico obstáculo al desarrollo del sector, tanto en conversión de vivienda libre en protegida para venta, como también para que esa vivienda nueva para venta se traslade al mercado de alquiler. Por tanto, le vuelvo a preguntar: cuando usted ve
que esta línea no está teniendo la acogida esperada para movilizar el stock, ¿piensa hacer algo?
¿Lo plantea en el Consejo de Ministros? ¿Qué le dicen cuando le entrega esos datos? También para movilizar el stock de viviendas la Comisión de Vivienda aprobó el 9 de junio de 2009 una proposición no de ley por la que se instaba al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los instrumentos recogidos en los Reales Decretos 6/2008 y 7/2008 -los que se daban para dotar de liquidez al sistema financiero- se modificaran para que esa liquidez llegara también a
las familias; que no está llegando porque la restricción en el crédito sigue siendo importantísima. ¿Esto usted lo ha planteado en el Consejo de Ministros? Y si lo ha planteado, ¿qué le han dicho?
Me voy a referir a tres últimos aspectos. El viernes, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que contiene
medidas para fomentar la rehabilitación -usted se ha referido a él- y también contiene una medida que es que se prorroga otra vez el sistema de valoraciones de la Ley del Suelo del Partido Popular hasta finales de 2011. Me gustaría saber,
por curiosidad, después de las declaraciones que han hecho diciendo que había que acabar con el sistema de valoración del suelo urbanizable del Partido Popular, por qué ahora ustedes lo prorrogan hasta el año 2011. Yo se lo agradezco, pero me
gustaría saber si de repente han visto la luz o se han convertido, porque me parece que después de lo que nos dijeron de la valoración del suelo urbanizable que ahora sigan prorrogando el sistema de valoración del Partido Popular es sorprendente y,
por lo menos, me gustaría que me dijera: señor Matos, la verdad es que nos pasamos en las críticas, no es tan malo para una situación como esta y, por lo tanto, lo vamos a seguir prorrogando unos años más. Me gustaría saber algo -si tiene el dato,
dado que también ha hablado de rehabilitación pero no de temas concretos- sobre la proposición no de ley aprobada por esta Cámara con respecto a la rehabilitación del barrio de Las Chumberas en La Laguna, en mi isla, en Tenerife. El Grupo
Socialista votó en contra en esa Comisión, aunque fue aprobado, pero ayer en el Parlamento de Canarias el Partido Socialista apoyó una intervención singular en ese barrio, con una aportación a la mitad, el 50 por ciento del Gobierno estatal y el 50
por ciento de las administraciones públicas. Me gustaría saber solamente si usted va a cumplir con esta proposición no de ley aprobada por esta Comisión. Por último, me ha sorprendido que haya nombrado a la SPA, a la Sociedad Pública de Alquiler.
Como no estaba en el orden del día no pensaba ni nombrarla, pero ya que usted la ha nombrado, hablando de la cantidad de contratos y de viviendas que está evaluando, me gustaría saber si tiene conocimiento de que la Sociedad Pública de Alquiler ha
dado otra vez pérdidas a 31 de diciembre de 2009. Si no lo sabe, le pregunto si no ha tenido curiosidad por saberlo, dado que han pasado tres meses, y si lo sabe, me gustaría que me dijera a cuánto ascienden esas pérdidas.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, para preguntar a la señora ministra, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora ministra, como siempre, por la claridad de su mensaje y, sobre todo, porque creo que ha entrado en profundidad en todos y cada uno de los temas que le habíamos demandado los distintos grupos
de esta Cámara. Desde luego, si oímos las intervenciones de los distintos portavoces vemos cómo hay diferentes formas de encarar una situación de crisis mundial como la que se está viviendo actualmente en este país. Vemos que seguimos trabajando
con grupos políticos que hacen aportaciones y que hay otros grupos políticos que no nos han dicho en el tiempo que llevamos trabajando de forma conjunta -ni nos lo van a decir- cómo nos enfrentaríamos a esta crisis, que tiene unos orígenes claros y
no se está produciendo solamente en España, sino en el entorno europeo y en todo el mundo. Al Grupo Socialista le gustaría que el Partido Popular empezase a decir cuáles son las medidas que ellos pondrían en marcha para acabar de una vez con esta
crisis. Tiene una ocasión única, podría acudir de forma constructiva llevando todas y cada una de sus propuestas a Zurbano. Desde luego, haría algo importante, que es reconocer que se puede trabajar con políticas sociales para solventar la crisis.
Es fácil venir a esta Cámara y decir que está vacío de contenido el Ministerio de Vivienda y, al mismo tiempo, decir que son muchos los trámites que se hacen para la renta básica de emancipación. Me gustaría que el señor Matos me dijera a cuáles de
los jóvenes que actualmente están recibiendo la renta básica de emancipación él se la suprimiría y les haría, por tanto, volver a su casa y no tener el derecho a una vivienda digna que la Constitución reconoce. También nos gustaría que nos
explicase, si queremos acabar con el stock cómo suprimiendo la renta básica de emancipación no tendríamos más viviendas, las que estos jóvenes están ocupando y que pasarían a formar ese grupo de stock o de viviendas vacías que no se están
utilizando. Por lo tanto, es fácil venir a esta Cámara y hacer demagogia con la crisis más importante que se ha vivido en los últimos ochenta años. Lo difícil es, con menos dinero, seguir haciendo políticas sociales. Esa es la situación que
estamos viviendo. Mientras el Partido Popular vivió una época donde el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos percibían entradas masivas de dinero por la construcción, por las licencias, en este país no se hacían políticas sociales y
bajábamos en todos los ratings europeos de cuáles eran las políticas sociales que se estaban haciendo. Frente a eso, en una época en la que se reducen los ingresos del Estado, está este grupo de personas que componen el Consejo de Ministros, y
hablo de grupo de personas porque cuando se están pidiendo explicaciones en una materia tan importante como la vivienda a la ministra de Vivienda también tenemos que hablar de las políticas que se toman desde el Ministerio de Hacienda, porque es un
conjunto de personas el que conforma el Consejo de Estado y un conjunto de personas el que está llevando a cabo la política de vivienda en este país. La ministra de Vivienda ha sido revalidad hace tan solo un año; por lo tanto, su apoyo en el
Consejo de Ministros se lo da quien se lo tiene que dar, que es el presidente del Gobierno, que es quien decide quiénes son cada uno de sus ministros. Por lo tanto, si no fue una de las ministras a las que se cambió hace tan solo un año, quiere
decir que tiene el apoyo firme y decidido de la única persona que puede decidir quién se sienta en el Consejo de Ministros, la persona que define cómo son, en definitiva, las políticas sociales de este país, que es el presidente del Gobierno, les
guste o no les guste a los señores del Partido Popular.
Desde luego, hablar de demagogia es utilizar las cifras como nos da la gana. No sabemos cuántas de las viviendas que se han ejecutado por falta de pago son viviendas que estaban utilizando las personas para vivir y cuántas son chalets que
tenían en la playa no solamente españoles, sino personas de otros países que han dejado de pagar sus hipotecas porque les parecía que no iban a utilizarlo porque tenían que recurrir a otras cosas. Si usted acude a las jornadas que estamos teniendo
con muchos bancos, sabría que muchas de las ejecuciones que se están haciendo son a extranjeros por segundo domicilio. Esto no es bueno para nuestro país, pero sí tenemos que ver que cuando estamos hablando de ejecuciones no todas pertenecen a
familias. Por otro lado, está usted hablando de 2 millones de parados y que esto no se corresponde con las 12.000 operaciones que ha hecho el ICO para personas en situación de desempleo.
Cuántos parados hay en cada familia, cuántos parados tenían
domicilio y cuántos no. Por lo tanto, para hablar de cifras hay que ajustarse a la realidad para que estemos dando datos exactos. Usted ha dicho que hoy la ministra ha dado una visión triunfalista, yo solamente la he escuchado -y para ello
podremos acudir al 'Diario de Sesiones'- decir que se empezaban a ver signos positivos y, por ende, signos de recuperación económica. Lo que está claro es que ustedes llevan no un año y medio sino tres años hablando de una situación caótica,
comparando en algunos casos a España con Grecia y, por tanto, haciendo que el mercado sea cada vez más difícil, haciendo que los mercados, que son asustadizos, no se empiecen a dar cuenta de los síntomas claros de recuperación y de solvencia que
tiene un país tan importante como España. Están haciendo un ejercicio de irresponsabilidad, que tiene una consecuencia importante, real, que se ha demostrado ya, y es que nunca habían ahorrado tanto las familias como en este momento.
Me parece que es la hora de trabajar. Tenemos un momento único para no hablar de la política de vivienda solo y exclusivamente desde el Ministerio de Vivienda sino desde todos los ángulos, como es el Pacto de Zurbano. Incorpórese a ese
trabajo, aprovechen el momento y no hagan lo que están haciendo últimamente, que es pisotear cada uno de los brotes verdes que se están produciendo en nuestra economía. Entiendo que usted sigue las instrucciones que se dan en su partido político y
no le queda más remedio. Nosotros, mientras tanto, seguiremos haciendo políticas sociales, una gestión más justa y más equitativa del dinero, que en estos momentos es menos el que está engrosando las arcas del Estado, y demostrando que todas y cada
una de las políticas que se están llevando a cabo harán que en un plazo pequeño de tiempo volvamos a ver una situación económica mucho mejor, pero sin dejar a nadie en la cuneta.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para contestar a las preguntas y a las inquietudes de SS.SS. tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señorías, por sus aportaciones, sus comentarios, sus sugerencias, y hasta por las críticas.
El señor Beloki ha tenido que irse -así me lo había manifestado antes-, pero quisiera, para que constara en el 'Diario de Sesiones', hacer referencia a alguna de las cuestiones que ha planteado sobre datos, sobre todo en relación con la
renta básica de emancipación y otras actuaciones del ministerio en el País Vasco y Navarra, sin perjuicio de enviarle a esta Comisión y a él personalmente los datos de actuaciones globales del ministerio en estas dos comunidades autónomas. Quisiera
decir, para que conste en el 'Diario de Sesiones', con respecto al País Vasco, que el número de resoluciones que esta comunidad autónoma ha enviado al ministerio son 10.072; que las resoluciones con pago de alquiler verificadas son 8.585; con
orden de pago, 8.417; el importe pagado, 19,22 millones de euros; el esfuerzo de emancipación con la renta básica en el País Vasco es de 28,6, es decir, los jóvenes tienen que dedicar el 28,6 de los ingresos a pagar la renta; y los que no reciben
una renta básica de emancipación tienen que dedicar el 42,78 por ciento; en cuanto al esfuerzo, para las chicas es del 44,59 por ciento y para los chicos un 40,21 por ciento. Respecto a Navarra, las resoluciones enviadas al ministerio son 5.355;
verificadas con pago de alquiler, 4.490; con orden de pago, 4.334; importe pagado, 9,068 millones de euros; esfuerzo de emancipación con la ayuda, un 25,22; esfuerzo de emancipación sin la ayuda, un 39,58 por ciento de su renta; en este caso,
también, sin la ayuda las chicas, tienen que dedicar un 41,50 por ciento de sus ingresos y los chicos un 37 por ciento, lo cual demuestra una vez más que las chicas cobran menos. Respecto a otras actuaciones en el País Vasco y Navarra, hay una
actuación de Sepes, a través de la oferta pública de compra de suelo en Basauri; hay intervenciones en patrimonio histórico, como en el balneario de Elgorriaga, que está finalizado, en el centro social en Sestao, que está en supervisión, en el
Teatro Gaztambide, en Tuedela, a punto de finalizarse, el cine Lakuntza en Navarra, en supervisión, y en Rentería también hay obras. Tanto el País Vasco como Navarra se incorporaron al fondo de 110 millones de euros que gestionó el Estado, el Fondo
estatal de inversión. Estos 110 millones de euros gestionados por el ministerio fueron destinados a la rehabilitación; se repartieron entre todas las comunidades autónomas, incluidas el País Vasco y Navarra. Navarra recibió un millón de euros y
el País Vasco hubiera recibido 4,4 millones de euros, pero el anterior Gobierno vasco no presentó solicitudes en este sentido. Las relaciones con las dos comunidades autónomas y con los consejeros son excelentes. Se les ha invitado a todas las
reuniones multilaterales de directores generales y a todas las conferencias sectoriales, a pesar de que por su sistema de financiación no tienen convenio de colaboración para el desarrollo del plan estatal. Es verdad que, en relación con el
anterior Gobierno vasco, el consejero no solía asistir a las reuniones sectoriales y sí lo
hacía el consejero del Gobierno navarro. En cualquier caso, las aportaciones que tanto una como otra comunidad autónoma han hecho en el ámbito de la política de vivienda han sido interesantes. Tienen unas medidas en marcha que nosotros
hemos mirado con admiración en el ámbito de la vivienda protegida y en la gestión de los suelos, y estoy segura que así va a seguir siendo.
Otra de las cosas a las que hacía referencia el señor Beloki era a la evolución del sector inmobiliario desde 2004 y la adaptación de la política del ministerio durante todo este tiempo. Nosotros, desde 2004, fijamos unas prioridades, y
eran que había que equilibrar el mercado de alquiler y el mercado de compraventa, y así se puso en marcha. También desde 2004 se decidió que había que seguir impulsando la vivienda protegida, que había estado prácticamente abandonada en cuanto a su
impulso y a su presupuesto por los gobiernos anteriores al de 2004, y a lo largo de la primera legislatura se pusieron en marcha iniciativas que iban en esta línea. Se puso en marcha, aparte de los planes de choque de 2004 y el Plan estatal de
vivienda 2005-2008, el Código técnico de la edificación, que es fundamental, norma para mejorar la eficiencia energética, las condiciones de habitabilidad de todas las viviendas protegidas o no, y también se puso en marcha la Ley del Suelo, que fue
aprobada en 2007, y el texto refundido lo aprobamos ya en 2008, al que después me volveré a referir. Una vez que llegamos a la segunda legislatura del Partido Socialista, nos encontrábamos ya inmersos en los inicios de la crisis inmobiliaria, y con
estas circunstancias dictamos rápidamente el nuevo Plan estatal de vivienda y rehabilitación, cuyas líneas prioritarias trataban de aprovechar la situación de crisis, que es coyuntural, para darle una reconversión estructural al sector inmobiliario
residencial. El Plan estatal de vivienda y rehabilitación se diseñó sobre la base de equilibrar el mercado de vivienda en compra y en alquiler, sobre la base de equilibrar la vivienda libre y la vivienda protegida y sobre la base de equilibrar las
viviendas que se construyan nuevas con las viviendas que proceden de la rehabilitación de lo ya edificado. Con estas líneas prioritarias se construyó el Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 y con estas líneas prioritarias se han
desarrollado las políticas de vivienda que el ministerio ha puesto en marcha desde 2008, incluida la normativa a la que me he referido a lo largo de la comparecencia de apoyo al alquiler y, por supuesto, a la rehabilitación como línea estructural
fundamental. La rehabilitación será objeto de una comparecencia exhaustiva, pero quisiera decir que tiene incidencia no solo coyunturalmente por el empleo que genera y no solo por la cantidad de trabajadores que emplea. El portavoz de Convergència
i Unió hablaba de 2,4 trabajadores por cada vivienda nueva que se edifica.
En la rehabilitación son más, hasta 3 trabajadores por cada vivienda que se rehabilita, además es una mano de obra que está más especializada, que requiere una mayor
formación y, por tanto, introduce mayor valor añadido y productividad. La rehabilitación, además, genera actividad en pequeñas y medianas empresas de ámbito local, constructoras, instaladoras, fabricantes de materiales de construcción y auxiliares
a la construcción.
Es una actividad, por tanto, que está para quedarse. Es una apuesta estructural, y por eso precisamente se han ido reforzando las medidas para afianzarla. En el Plan estatal de vivienda y rehabilitación hay ayudas a la
rehabilitación energética de las viviendas individuales, hay ayudas a la rehabilitación de edificios, hay ayudas a la renovación de barrios y hay ayudas para las familias que tienen unos ingresos más limitados. Pero las ayudas a la rehabilitación,
desde el punto de vista de la fiscalidad y desde el punto de vista de la ley de economía sostenible, se ponen a disposición de todos los ciudadanos. Tanto la rebaja del IVA como la rebaja del IRPF van a poder beneficiar en el primer caso a todos y
en el segundo caso al 95 por ciento de los contribuyentes. Está claro que el ministerio se ha ido adaptando a las circunstancias y utilizando los instrumentos de política legislativa y de política general que tenemos para que de la crisis salga un
sector de la construcción reconvertido y, por tanto, reequilibrado.
Hablaba también el señor Beloki de tomar medidas difíciles. Desde luego, el Gobierno en ningún momento se ha cruzado de brazos. Ha optado en un primer momento, cuando empezó la legislatura, por paliar los efectos más perniciosos de la
crisis, sobre todo en cuanto al empleo. Se puso en marcha el PlanE, que generó miles de millones de inversión en un ámbito, como es la construcción, profundamente dañado desde el punto de vista del empleo y de la actividad económica por la crisis.
Una vez que los indicadores económicos y los datos empiezan a demostrar que la situación económica está revirtiendo y que estamos mejor, desde el punto de vista de los datos macroeconómicos, se han puesto en marcha medidas para ayudar a que la
economía salga de la crisis reforzada y con un equilibrio renovado. Por lo que se refiere al sector de la construcción, es fundamental que este equilibrio le afecte puesto que tiene y va a seguir teniendo un papel fundamental en el crecimiento
económico y del empleo.
No vamos a prescindir de la construcción, simplemente vamos a reequilibrarla para que no solamente construya vivienda sino que también rehabilite, para que no solamente construya para ventas sino que también se dedique a la
rehabilitación. Nosotros estamos satisfechos con la colaboración que hemos encontrado por parte de todas las fuerzas políticas para acometer estas dos fases de la crisis, tanto la primera fase con el PlanE y todas las medidas complementarias, como
la segunda de impulso a una nueva economía y a un nuevo equilibrio, y lamentamos que las aportaciones menos constructivas surgidas de los grupos parlamentarios hayan sido precisamente las del partido que espera gobernar el país en algún momento.
Respecto a la intervención del portavoz de Convergència i Unió, señor Macias, también le haremos llegar a él como presidente de la Comisión y como portavoz de su grupo -como a los demás- los datos en los que
tenga interés, estén o no a disposición de todos a través de las páginas web del ministerio. En cualquier caso, quisiera hablarle de los datos de Cataluña en concreto. El número de resoluciones enviadas es de 57.737; verificado pago de
alquiler, 38.942; resoluciones con orden de pago, 36.399; importe pagado, 96.500.000 euros; esfuerzo de emancipación de los jóvenes con la renta básica, un 28,8 de sus ingresos; esfuerzo de emancipación de los jóvenes sin la renta básica, un
45,22 por ciento de media de sus ingresos. Como sabe, precisamente los jóvenes de Cataluña han optado mayoritariamente por el sistema de cargo en cuenta, con lo cual la reforma que hemos hecho del procedimiento de gestión está bastante dirigida a
mejorar las circunstancias de Cataluña, como así se ha constatado.
Decía el señor Macias que habíamos pagado ya 490 millones de euros y que en 2010 las exigencias presupuestarias por la incorporación de cada vez más jóvenes al sistema de renta básica irán creciendo. Naturalmente hemos presupuestado para
2010 un total de 375 millones de euros pero, como sabe, la renta básica se ha configurado como un derecho subjetivo. Es decir, van a incorporarse a ella todos los jóvenes que dentro de su plazo de vigencia cumplan con los requisitos para obtenerla.
Por tanto, al ser un derecho subjetivo se configuró presupuestariamente como un crédito ampliable y, en la medida en que más jóvenes se incorporen al sistema, se ampliará el crédito. Mientras sea un derecho subjetivo, como naturalmente lo es, va a
seguir siendo cubierta, no le quepa a usted duda alguna.
También me planteaba si no se puede hacer otra cosa con 490 millones de euros, y sí, se pueden hacer muchas cosas, pero para el Gobierno la prioridad de que esta cantidad se dedique a la emancipación de los jóvenes es estratégica y por eso
se dedica a eso y no se dedica a otra cosa. Le diré dos cosas al respecto, y es que, primero, la renta básica no detrae ningún tipo de recurso del Plan Estatal de Vivienda ni del resto de actividades del ministerio, puesto que, como le digo, es un
crédito ampliable que no está incorporado al presupuesto del Plan Estatal de Vivienda y, segundo, su finalidad no es exclusivamente social. No solamente está destinada a que los jóvenes se vayan de su casa; está destinada a favorecer un concepto
de movilidad laboral que facilite que en España esta movilidad sea real no solamente para los jóvenes españoles sino para el resto de profesionales que quieran incorporarse, porque es necesario un mercado del alquiler para eso. Si no hay un mercado
de alquiler amplio, de buena calidad y con precios competitivos, la movilidad geográfica y la captación de profesionales tanto dentro de España como de profesionales internacionales serán más reducidas.
Asimismo tiene un objetivo de política
económica general, como es la dinamización y la ampliación del mercado del alquiler. Por tanto, todas ellas son medidas que se incorporan de lleno a las competencias del Estado reconocidas en la Constitución, de programación de la política
económica general y así debe ser incluida. En cualquier caso, cuando se puso en marcha la renta básica de emancipación se sometió al consenso con las comunidades autónomas, que firmaron libre o voluntariamente los convenios bilaterales para la
aplicación de la renta básica.
Como le decía antes de tener que ausentarse el señor Perestelo, las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias pueden hacer lo que consideren adecuado para sus ciudadanos también en el ámbito de ayudas al alquiler; de hecho, hay
algunas que están complementando la renta básica y hay otras que tienen otros programas de ayuda a los inquilinos. Nosotros ponemos a disposición una ayuda más y está siendo un éxito al que las comunidades autónomas se han incorporado. En este
sentido agradezco sus aportaciones así como las mejoras que con ellas se ha logrado hacer en la gestión.
Algunos portavoces hablan de la complejidad administrativa. Que haya seis trámites y siete actores incluidos es una descripción pormenorizada de un trámite administrativo, pero todos los trámites administrativos tienen una gestión. Así se
decidió por las comunidades autónomas y por el Gobierno cuando se puso en marcha el real decreto. Se pactó y se decidió que las comunidades autónomas debían tener la competencia para la gestión, la tramitación y la concesión del derecho sobre la
base de su ámbito competencial y que el Gobierno, como puede financiar porque así se lo permite la Constitución, tiene que comprobar que los jóvenes, las personas que se incorporan a cualquier tipo de ayuda pública, cumplen los requisitos para ello.
Eso es lo que hace el Gobierno en esta y en otras ayudas: comprobar que los beneficiarios están al corriente del pago de sus obligaciones y, por tanto, tienen derecho a percibir la renta básica.
También decía el portavoz de CiU en relación con la segunda parte de la comparecencia, la conversión del stock, que muchas medidas han sido paternidad de su grupo parlamentario. Yo tengo que agradecer la colaboración del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió no solamente en esta sino en otras medidas puestas en marcha por el Gobierno y singularmente por las aportaciones que se han hecho para conseguir el gran consenso en relación con el decreto-ley que se aprobó el viernes y otras
más de las que se han hablado en el ámbito de la llamada comisión Zurbano. La verdad es que muchas de esas medidas no fueron adoptadas por el Gobierno porque considerábamos que no eran adecuadas. Recuerdo, por ejemplo, algunas del principio de
legislatura que sugirió el portavoz de CiU como la compra de viviendas procedentes del stock por parte de administraciones públicas, sobre la que tuvimos ocasión de debatir ampliamente en el Pleno, y que, sin embargo, creemos haber demostrado que no
eran adecuadas.
En relación con el número de viviendas que se han convertido en protegidas, dicen algunos portavoces que solo ha sido un 20 por ciento.
La primera responsabilidad para la disminución del stock la tienen los propios promotores. Las
viviendas son suyas y los primeros interesados en venderlas son ellos. De hecho, los datos estadísticos
de transacciones y de precios dicen que donde los promotores o los propietarios de las viviendas han hecho el mayor esfuerzo de ajuste de precios es donde más fácilmente las están sacando del stock. Nosotros queremos que las viviendas se
conviertan en protegidas porque son asequibles para las familias que las necesitan, pero consideramos que la disminución del stock tiene que pasar no solamente por que se conviertan en protegidas, sino también por que se incorpore, se movilice y se
reactive un mercado que es el inmobiliario residencial, que tiene naturalmente un peso fundamental en la economía, y también por que se amplíe con ellas el mercado del alquiler. Por tanto, como decía el señor Matos y como he dicho también a lo
largo de la comparecencia, hemos tomado medidas para que se amplíe el mercado del alquiler con este stock.
Las viviendas que se alquilan salen del stock. Es verdad que las estadísticas que tenemos utilizan datos de viviendas transmitidas en
propiedad, pero las viviendas que se alquilan tampoco están en stock. En ese sentido, estamos cumpliendo con otra de las prioridades del Gobierno, que es que el mercado del alquiler y el mercado de propiedad se vayan equilibrando en alquiler, en
alquiler con opción a compra, y ya he recordado -y no lo voy a volver a hacer- todas las medidas que hemos tomado desde todos los puntos de vista: de la oferta, la demanda, la fiscalidad del alquiler, la fiscalidad de los inquilinos y de los
arrendadores, la seguridad de los propietarios, la profesionalización del alquiler a través, sí, de la Sociedad Pública del Alquiler o de las Socimi para que se amplíe el mercado del alquiler. La prueba de que estas medidas están teniendo éxito es
que existen esos promotores, esas empresas, que han puesto 30.000 viviendas del stock a disposición de la Sociedad Pública del Alquiler para que las evalúe, y prueba también de ello son las propias viviendas que está gestionando la misma Sociedad
Pública del Alquiler y, por qué no, el resto de agencias locales y autonómicas que también gestionan el alquiler desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Por tanto, es un éxito que las viviendas no salgan en compraventa sino en alquiler.
No es un mal menor, es un éxito mayor.
En relación con las del mercado libre y la parálisis del mercado inmobiliario -luego voy a volver a ello porque el señor Matos también lo ha comentado-, el año pasado, en 2009, se transmitieron más de 460.000 viviendas en total, con lo cual
en el mercado libre también se está produciendo la propia absorción del stock. Los datos de transacciones que hemos tenido ayer también dicen que el mercado libre se reactiva, por lo cual en algunos casos el stock -coincido con el señor Macias-
está desapareciendo y en otros va a tardar en desaparecer, fundamentalmente -lo he comentado en la comparecencia y todos estarán de acuerdo- en parte donde el destino de este mercado, de estas viviendas, es vacacional o de segunda residencia, no
solamente destinado al mercado español sino dedicado sobre todo al mercado internacional, a inversores de otros países europeos que actualmente, por sus propias crisis económicas, no están invirtiendo en España, y parte del stock que está situado en
zonas donde no se tienen disponibles servicios públicos esenciales que una familia necesita para vivir. Por eso, esa parte del stock va a tener evidentemente una evolución distinta en cuanto al ritmo de absorción y de disminución del precio. En el
resto de los ámbitos donde hay stock y en el resto de las provincias se observa una relación entre donde hay menos stock de vivienda de esta naturaleza, de lo que llamamos vivienda-residencia, lo que yo llamo hogares, y la tendencia de disminución
de los precios. Los últimos datos que tenemos, de ayer mismo, marcan una ralentización en la caída de precios, es decir, de una estabilización, que es lo que parecen subrayar todos los indicadores que se van conociendo.
Coincido con el señor Macias en que el hecho de que solo haya 12.700 y pico operaciones de la línea ICO-Moratoria es una buena noticia. La pregunta que se me ocurre hacer al señor Matos es si le parecería mejor noticia que todas las
personas desempleadas de este país necesitaran pedir la línea ICO-Moratoria. A lo mejor para él sería esa la muestra del éxito. Para mí es más muestra de su éxito que haya menos familias que la piden. Luego volveré sobre ello.
Me preguntaba el señor Macias qué pasa con la distribución autonómica.
Podríamos poner en relación, aunque no tengo datos, esto es una opinión, la tasa de desempleo con cuál es el apoyo de cada comunidad autónoma, desde el punto de vista de
la renta mínima de inserción en el ámbito de los desempleados, puesto que están en sus competencias las políticas activas, o cuáles son las entidades financieras en el ámbito de cada comunidad autónoma que están poniendo más a disposición de sus
clientes esta línea de ICO-Moratoria.
Respecto a la línea de ICO-Cobertura está abierta y se pueden incorporar todas las hipotecas que para la vivienda protegida se hayan suscrito desde que se puso en marcha en julio de 2009, independientemente de que se pongan a disposición de
la línea en 2009, en enero, febrero, marzo, abril o mayo de 2010. Independientemente de cuándo se haya suscrito esa hipoteca, si es para vivienda protegida puede incorporarse a la línea de ICO-Cobertura. En la actualidad, han suscrito esta línea
33 entidades de crédito. Irán incorporándose a ella todas las nuevas hipotecas que ellas mismas nos hagan llegar. Me consta que han estado haciendo un procedimiento de adaptación informática de sus sistemas a las exigencias del ICO para la gestión
de la línea. En cualquier caso, está abierta y lo va a seguir estando por lo menos durante todo este año 2010.
Respecto a la pregunta que me hacía sobre la nueva línea, de la que habló el señor Macia, que se puso en marcha el viernes para que el ICO pueda financiar la promoción de vivienda protegida en compra-venta, además de en alquiler como ya
hacía, tampoco se ha previsto un límite de financiación para esta línea. El ICO viene colaborando tradicionalmente en la financiación de vivienda protegida en alquiler de forma activa, por
eso es colaboradora también del plan estatal de vivienda. No hay una limitación a la financiación de las líneas porque, de hecho, es una de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, que no se limiten las líneas del ICO, dependiendo un
poco de cuál sea su marcha.
Sobre la iniciación de viviendas y al stock es cierto que los datos de 2009 señalan una iniciación muy inferior a la de otros años, pero también es cierto que si hablamos de vivienda libre y vivienda protegida nos encontramos con datos
bastante llamativos y clarificadores, porque las viviendas protegidas construidas durante 2009 suponen casi la mitad del total, y en el último trimestre, el 56 por ciento de las iniciadas.
Además, en el cuarto trimestre de 2009 ha subido la
construcción, tanto de vivienda libre, un 20 por ciento, como de protegida, en un 58 por ciento. Son claros indicios de que en el sector no solo el stock se está movilizando sino también la construcción de vivienda. El señor Macias hablaba de la
necesidad de reactivar la construcción de vivienda para reactivar el empleo. Es cierto que es uno de los aspectos en los que el sector de la construcción influye más en España en cuanto al número de empleados, pero creemos que los empleados que
ahora mismo han salido del sector de la construcción residencial de vivienda nueva tienen que ser reincorporados, en buena medida, a la construcción aunque en el ámbito de la rehabilitación. La rehabilitación tiene un potencial enorme de absorción
de mano de obra, como ya he dicho. Esta es la prioridad del Gobierno, que en el cambio de modelo que estamos impulsando para la construcción esta mano de obra no esté esperando a reincorporarse a la construcción de nuevas viviendas. Parte de esta
mano de obra, la local, la de las pymes, la que está más insertada en el ámbito de las empresas instaladoras y fabricantes, tiene que tener de forma estructural una ubicación en el ámbito de la rehabilitación, porque va a favorecer su productividad,
su formación y va a incorporar mayor valor añadido a una actividad como la construcción que tradicionalmente ha servido de mano de obra de baja cualificación.
En cuanto al problema de la financiación de la vivienda, es cierto que ha habido una sequía crediticia especialmente acusada en el ámbito inmobiliario en estos últimos años derivada de la mayor exposición de las entidades financieras
mundiales, pero también españolas, al sector inmobiliario. El año pasado, cuando se puso en marcha el Plan Estatal de Vivienda conseguimos un compromiso de 123 entidades de crédito, 16 de ellas preferentes. Se comprometieron a financiar las líneas
del plan estatal con 34.000 millones de euros. Fuera del ámbito del sector de la vivienda protegida, los últimos datos que tenemos, tanto del Banco de España como del INE, indican una reactivación del crédito a la vivienda.
En enero el signo
positivo de las hipotecas es de recuperación del 2,3 interanual. Es cierto que en 2009 ha caído en total casi un 22 por ciento, pero la caída de la que veníamos era de un 43 por ciento en enero de 2009. Por tanto, estamos en una recuperación de la
financiación a la vivienda familiar.
En cualquier caso, sería interesante recordar, al hilo de alguna cosa que decía el señor Matos, que nosotros no tenemos como objetivo volver a la situación de concesión -no sé cómo llamarla- de crédito de los años 2005, 2006 y 2007 con
relación a que se concedían muchas hipotecas porque se construían y se vendían muchas viviendas. Para nosotros esos años no son los años de la normalidad, son los años de ejemplo de aquello a lo que no queremos volver. Es imposible un país que
construye casi el triple de las viviendas que necesitan sus habitantes, sus familias, y que provoca un endeudamiento familiar hasta límites en los que una subida del Euribor causa dificultades a las familias para pagar la hipoteca. Nosotros no
queremos esa situación, por eso consideramos que se va por el buen camino si se da responsablemente hipoteca a las familias solventes que puedan y quieran acceder a la vivienda en propiedad, siempre y cuando no suponga un endeudamiento superior a lo
que razonablemente la familia puede asumir para vivir con tranquilidad, que nosotros, el sector financiero y casi todas las personas que tienen opinión sobre esto situamos en un tercio aproximadamente de la renta familiar disponible. La
racionalización en la concesión de créditos es necesaria no solamente para las familias, sino también para la economía del país. Una de las cosas de las que nos han acusado es de un excesivo apalancamiento de las familias, un endeudamiento excesivo
de todo el sector financiero. Creo que los datos demuestran que se está racionalizando.
Me ha hablado también el señor Macias de la Dirección General de Tributos y de la persecución al contribuyente, ya en materia de rehabilitación, y las medidas que se han adoptado. La fiscalidad de la rehabilitación ha mejorado de forma
sustancial después del último decreto aprobado por el Gobierno y le puedo asegurar que quien les habla ha estado persiguiendo la mejora de la fiscalidad de la rehabilitación desde que tuve el honor de entrar en este ministerio hace hoy dos años, con
lo cual comparto como éxito no personal mío, sino de la política de vivienda del Gobierno, que se haya conseguido mejorar la rehabilitación. Yo también estaré vigilante para que la Dirección General de Tributos no restrinja la aplicación de las
medidas a las personas que tienen derecho a ellas, en el ámbito de la rehabilitación sobre todo. Puede estar tranquilo, que también nosotros vigilaremos que no sea excesivamente celoso de sus competencias el señor director general de Tributos.
Con respecto a lo que decía el señor Matos, creo que hemos estado en comparecencias distintas. No sé muy bien de qué parte de mi exposición deduce el señor Matos que estoy eufórica. Yo entiendo que no le guste que las cosas mejoren, porque
lamentablemente creo que estamos empezando a acostumbrarnos, aunque yo me resisto, a que todo lo que el Partido Popular considere que es bueno para ellos es lo que sea malo para España.
Es una lástima. Yo he dicho alguna vez que el Partido
Popular debe querer a España independientemente de que la gobierne él o no, y que los datos económicos sean menos malos y que los indicadores macroeconómicos hablen de estabilización no es en ningún caso una mala noticia. La tendencia a la
estabilización no sé si se puede calificar exactamente como euforia.
La renta básica de emancipación está cumpliendo los objetivos para los que se creó y, a pesar de la complejidad del diseño que tiene, estamos cumpliendo con los jóvenes. Cada vez se llega a más jóvenes, cada vez se llega de forma más fácil,
cada vez tienen mayor información. Me gustaría que en el ámbito de la Administración pública autonómica o local, o incluso de la Administración pública estatal, encontrara algún ejemplo de eficiencia en la gestión considerando el número de
expedientes y la amplitud de los medios personales y materiales que se utilizan para la gestión. Si algo hemos demostrado es que la gestión de la renta básica que se diseñó por el Gobierno y las comunidades autónomas, con pleno respeto a las
competencias de cada cual, no es inasumible sino todo lo contrario y ha demostrado que es un procedimiento absolutamente eficaz.
Habla el señor Matos de algo así como desesperante pasividad, porque dice que he venido a hablar de la renta básica de
emancipación. He venido a hablar de la renta básica de emancipación y de todo lo demás que me han solicitado. Creo recordar que desde que empezó la legislatura el Partido Popular me ha preguntado en Pleno en sesión de control una vez y he asistido
a todas las sesiones de control que he podido, tuviera o no pregunta, con lo cual le invito al señor Matos a que ejerza las competencias que tiene como diputado y como miembro de esta Comisión y pregunte todo lo que quiera, que para eso está la
sesión de control. Yo estoy dispuesta a comparecer todas las veces que esta Comisión lo solicite y yo vendré cuando considere que deba decir algo. He comparecido varias veces aquí y, como hasta esta ocasión nunca se había hecho un balance en el
ecuador de la gestión de la renta básica de emancipación, considero que es importante que la Cámara conozca cómo marcha esta medida, sobre todo porque hay 350.000 jóvenes que la han solicitado, 200.000 que la están cobrando cada mes y, a todos
ellos, les importa mucho saber qué se está haciendo con el dinero que les ayuda a vivir independientemente. No creo que sea una cuestión baladí ni indiferente.
Desde luego, yo doy mucha más importancia a la emancipación de los jóvenes y a cómo
puede esto influir en la movilidad laboral, en la economía y en la ampliación del mercado del alquiler de la que el señor Matos parece conceder a esta medida.
También el señor Matos ha hablado mucho de la morosidad y de la dudosidad hipotecaria. Los datos demuestran que están bajando. Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2009 ha disminuido la morosidad hipotecaria.
Evidentemente parece
olvidar el señor Matos que entre 2003 y 2010 no solamente han transcurrido muchos años, sino que además ha pasado una crisis económica sin precedentes en los últimos ochenta años. Solo faltaría que la crisis económica no se hubiera notado y menos
aún en un sector como es el inmobiliario, que es precisamente el que ha arrastrado hacia la crisis económica no solamente española sino también mundial. Por tanto, es natural que haya habido más supuestos de ejecución hipotecaria, puesto que ha
habido más millones de hipotecas, lo cual no quiere decir que nos tengamos que dar por satisfechos porque cada familia que no puede pagar su hipoteca es un drama no solamente familiar, personal y social, sino que también es un drama para el
Gobierno.
Parece que efectivamente hemos estado en comparecencias distintas o que no ha podido prestar toda la atención a lo que he querido transmitirles durante mi intervención porque sí que he dicho que una de las medidas que se ha adoptado el
pasado viernes es para reforzar la protección de las familias que se ven sometidas a una situación dramática y angustiosa como es que se ejecute su vivienda. De todas formas, estas familias no están solas, hay una red de prestaciones sociales que
les garantizan la ayuda, hay una red de ayudas tanto del ministerio como de las administraciones, pero a mí me toca hablar del ministerio, tanto para el acceso a la vivienda como para el alquiler, con alojamientos para todo tipo de familias y la red
social de protección es muy amplia. Sin perjuicio de eso, entiendo que el drama de estas cien mil familias es indescriptible y por eso el Gobierno ha querido protegerlas más con las medidas que se han tomado esta misma semana, con lo cual es obvio
que no estamos pasivos ni desinteresados por ellos.
El señor Matos también hablaba de la diferencia de datos entre las transacciones inmobiliarias y de hipotecas de marzo de 2010 en relación con 2007. ¡Es que no queremos volver a 2007! Para mí, que los datos sean los que son es una buena
noticia. No quiero que haya un millón de transacciones de viviendas al año porque eso significaría que se están comprando viviendas que no se necesitan como ha ocurrido, y de lo que ocurrió en 2005, 2006 y 2007 tenemos ahora las consecuencias. En
2009, como antes he dicho, se han transmitido 462.000 viviendas, no es una parálisis del mercado. Este número de 462.000 viviendas transmitidas quiere decir 462.000 en muchos casos hipotecas y quiere decir viviendas que han pasado de propietario.
No creo que podamos hablar de un mercado paralizado en ningún caso, pero no queremos volver evidentemente al bum.
Lo decía antes y lo vuelvo a decir, las familias deben hipotecarse con responsabilidad y así lo hacen, es la inversión más importante
de su vida y por eso la situación actual les da la tranquilidad de poder comprar su vivienda sin presión, sabiendo que pueden elegir, que tienen viviendas disponibles para visitar, que tienen los tipos hipotecarios en mínimos históricos, que tienen
ayudas del Gobierno como nunca ha habido para que puedan pagar hasta la entrada familias de 50.000 euros anuales y que tienen una situación de precios de vivienda que en absoluto tenían hace unos años, que subían en algunos casos por
encima del 15 por ciento interanual. Por tanto, si la comparación es con 2007, yo creo que los datos son mejores en 2009. Estamos en la racionalidad y el reequilibrio y la estabilización que es la buena noticia para todos.
Con respecto al stock le vuelvo a insistir en que la responsabilidad fundamental para sacar las viviendas que no se venden es del promotor, tiene que hacer un análisis de su estrategia empresarial para venderlas; así lo han hecho muchos y
están vendiendo las viviendas. Los datos de transacción nos lo demuestran y parte de las viviendas están saliendo en alquiler y en alquiler con opción a compra.
Con respecto al número de viviendas iniciadas a las que el señor Matos hacía referencia de aquellos años de 2005, 2006 y 2007, prefiero hablar de número de viviendas protegidas iniciadas. Mientras que entre los años 1998 y 2003 se iniciaban
apenas 300.000, de 2004 a 2009, con toda la crisis económica, se han iniciado más de medio millón. Es decir, se ha ayudado a más familias, a pesar de la crisis económica, y, a pesar de la crisis económica, se han construido y se han impulsado más
viviendas protegidas, porque se ha puesto más financiación y se le ha dado un impulso desde el Gobierno que no se le daba antes. Como antes decía, en el cuarto trimestre de 2009 la mitad de las viviendas iniciadas son protegidas. Esto no había
ocurrido nunca antes.
Además del sector de la construcción, usted hablaba también del paro.
Según los últimos datos que tenemos sobre las cifras del paro, y con toda la prudencia que eso requiere, porque son datos sensibles y cada nuevo parado es una familia que
entra en un drama, en el sector de la construcción ha disminuido el desempleo. Se han puesto en marcha medidas de refuerzo de estos dos sectores a través del PlanE y a través de medidas de rehabilitación. Nosotros queremos, y lo he dicho ahora
mismo, que parte de los desempleados del sector de la construcción vayan al área de rehabilitación.
La cuestión de la renta básica. En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, decía que si se las transfiriésemos ahorrarían tiempo. El plazo medio de gestión de la tramitación que corresponde a las comunidades autónomas según
el real decreto tendría que ser como máximo de sesenta días. La realidad es que es de ciento ocho días de media, mientras que el plazo de gestión de la parte que corresponde al ministerio se hace en treinta y nueve días de media. Le pongo un
ejemplo muy claro: la Comunidad de Madrid tiene un plazo de demora superior en un 60 por ciento a la media del resto de comunidades autónomas. Y me dice -y me lo decían también algunos portavoces- que sería mucho más práctico transferirle los
fondos a las comunidades autónomas porque de esta forma las ayudas llegarían más fácilmente a sus beneficiarios. Yo me atrevo a decir: ¡qué sería entonces de ciudadanos como los de la Comunidad de Madrid a los que hemos transferido 107 millones de
euros para rehabilitación y cuya comunidad autónoma no ha hecho llegar las ayudas a sus beneficiarios! Menos mal que los madrileños tienen el Ministerio de Vivienda, porque si la renta básica de emancipación la tuviera que pagar directamente la
Comunidad de Madrid estarían como los que están esperando las ayudas a la rehabilitación. Por otra parte, las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias exclusivas en materia de vivienda pueden hacer lo que consideren, de hecho lo están
haciendo, pero las cifras son tozudas y el 80 por ciento, ocho de cada diez actuaciones que tienen protección, que tienen ayudas públicas en este país, están financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda. Por tanto, quizá, algunos
de los compañeros consejeros de otras comunidades autónomas no estarían de acuerdo con que suprimiéramos esa financiación de golpe, puesto que entonces tendrían problemas para afrontar su propia política de vivienda. Hay algunos casos en los que el
presupuesto de la consejería de Vivienda es exclusivamente el presupuesto que procede del Plan Estatal de Vivienda.
Con respecto a la ICO-Moratoria, insisto, lo que yo le he dado no son excusas, son explicaciones. Nosotros creemos que es una buena noticia que no se haya usado masivamente, porque eso significa que no hay tantas familias como podíamos
temer que estén en esa situación desesperada; significa que han tenido capacidad de negociación con sus entidades financieras; significa que las entidades financieras han asumido la responsabilidad y han facilitado la refinanciación a las personas
en desempleo que lo necesitaban; y significa que el Gobierno está acertando en cuanto a las prestaciones sociales que pone a disposición de las personas con desempleo. Aparte no solamente de mantener y aumentar las prestaciones por desempleo y no
disminuir la protección social a pesar de la crisis, hemos puesto en marcha medidas inéditas como prorrogar esta ayuda al desempleo para aquellas personas que habían agotado su prestación. Eso también hace que estas familias tengan menos angustia a
la hora de llegar a fin de mes y, quizá, también explica que esta medida, que es adicional y que está a disposición de las familias que lo necesiten, no se haya agotado en sus previsiones. Con respecto a las familias, insisto en que el viernes
pasado se tomaron medidas para garantizar que una mayor parte de su salario esté protegido de la posible embargabilidad.
Luego me ha dicho el señor Matos que si planteo todas estas cosas en el Consejo de Ministros. Yo supongo que el señor Matas conoce cómo funciona el Consejo de Ministros. Es un órgano colegiado. Todas las decisiones que se toman, se toman
por el Gobierno. ¡Lástima! Usted nunca podrá preguntar nada en el Consejo de Ministros porque, cuando en algún momento vuelva a gobernar su partido, no existirá el Ministerio de Vivienda, según parece.
Yo le digo que las decisiones del Gobierno
son colegiadas. También se ha referido el señor Matos a una entrevista que me hicieron recientemente en un medio de comunicación. Yo, si me lo permite, voy a permitir la misma licencia, me voy a referir a una entrevista que le hicieron a usted en
el mes de abril de 2005, donde decía:
Estoy convencido de que no hay una burbuja que pueda estallar y crear problemas en nuestra economía en relación con el sector inmobiliario. No tengo nada más que añadir al respecto.
Luego me habla de la Ley de valoraciones del suelo. Nosotros no hemos mantenido el sistema de valoraciones del PP. Solamente se ha mantenido el sistema de valoración del suelo que ya era urbanizable en 2007 y se ha hecho porque cuando se
tramitó la Ley de Suelo la situación que había en el mercado inmobiliario era muy distinta a la que hay ahora y por eso se dio un plazo de tres años para evitar que este suelo urbanizable se inmovilizara por parte de sus tenedores con fines
especulativos. ¿Qué ha ocurrido? Que en 2007 sucedió lo que todos sabemos, el estallido de la crisis subprime, el estallido de la crisis inmobiliaria, de la crisis financiera y el mercado inmobiliario español y mundial ha sufrido una recesión
considerable, con lo cual este suelo ya urbanizable, que estaba disponible para desarrollarse, no lo ha sido, y no porque sus tenedores hayan sujetado estos suelos con fines especulativos, sino porque el mercado no tenía demanda y estaba
absolutamente paralizado por falta de financiación. Por ello, hemos considerado que en la coyuntura era razonable dar un plazo adicional para que este suelo se pudiera movilizar. Ahora el plazo se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2011 y
esto quiere decir que se está impulsando a todos los tenedores de suelo, sean constructores, promotores o entidades financieras, a que pongan este suelo en desarrollo ya. Creemos que el plazo de un año y medio significará una reactivación más
rápida de la promoción inmobiliaria, puesto que son suelos disponibles, se está mejorando la situación de crédito, el mercado inmobiliario se reactiva y el stock también se moviliza y lo que falta ahora es reactivar la construcción, una vez que el
stock se va movilizando hace falta reactivar la construcción de vivienda nueva, y este suelo que está disponible debe ser movilizado en año y medio, porque si no se aplicará el nuevo sistema de valoraciones. Es una medida de impulso y de incentivo
para que todos los que tengan este suelo disponible lo pongan en desarrollo. Me consta que está siendo así. Hemos tenido recientemente noticias a través de los medios de comunicación de que incluso entidades financieras potentes que tienen suelo
disponible van a poner este suelo rápidamente en desarrollo para nuevas construcciones, tanto de vivienda protegida como libre, lo que generará empleo y movilizará actividad económica.
Me preguntaba por el barrio de Las Chumberas. Voy a hacer lo que me exige la ley. Vamos a darle a la renovación del barrio de Las Chumberas la máxima financiación posible que podamos con arreglo a la normativa aplicable. Así me comprometí
a hacerlo en Canarias -con respecto de este tema hablé con el alcalde y con la consejera- y por tanto, se dará desde el Gobierno la máxima financiación que con la normativa aplicable sea posible a este barrio para favorecerle.
Finalmente me hablaba de la Sociedad Pública de Alquiler y tengo que decirle que no se ha reunido todavía la junta para poder aprobar las cuentas, por lo cual no le puedo dar ese dato que me pide. En cualquier caso he citado la Sociedad
Pública de Alquiler no para provocarle ni excitar su celo con relación a su tema favorito, sino porque es un instrumento que ahora mismo está ayudando a descongestionar el stock, a movilizar viviendas en alquiler, a ampliar el mercado del alquiler
y, por tanto, a dinamizar el sector como venía haciendo. Mi obligación es dar cuenta de que es un instrumento del Estado al que está recurriendo de forma masiva el sector inmobiliario para movilizar ese stock. Creo que con esto he contestado
básicamente a todas las sugerencias y comentarios de los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Muchas gracias, señora ministra, por la generosidad en la contestación a los portavoces de esta Comisión.
No sé si alguno quiere hacer alguna brevísima réplica. (El señor Macias i Arau pide la
palabra.) Muy brevemente le damos la palabra al señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Seré muy breve. Simplemente quiero agradecer a la señora ministra todas las respuestas. Quiero decirle que me parece muy bien el argumento de que es un derecho subjetivo que se va a ir ampliando, pero creo que el
Gobierno tiene que estar preparado para evaluar en cualquier momento las dificultades presupuestarias de lo que esto puede conllevar. Hay que tener las ideas muy claras de cuáles van a ser las prioridades.
Hay una segunda cuestión en la que creo que vale la pena ser preciso, el dilema entre rehabilitación y nueva construcción. Vamos a poner un símil.
Aquí ha habido un fenomenal empacho, y cuando hay un fenomenal empacho lo que hay que hacer
es seguir una dieta, y una vez recobrada la normalidad, no hace falta que uno, a menos que sea estúpido, vuelva empacharse, pero tampoco hace falta que durante toda la vida se dedique a comer arroz hervido, puede hacer una dieta normal. Así, no hay
que lanzar el mensaje de que la rehabilitación es la redención de la humanidad. Es muy importante, debe crecer, es un yacimiento de empleo, pero hay que decir a los españoles que hacen falta -lo dice más de uno, el señor Rodríguez Zapatero, que me
parece que es de su partido- 350.000 viviendas nuevas al año y que alguien tiene que construirlas, y los que construyen esto, los señores que están trabajando en los andamios, los promotores, etcétera, no son unos indeseables ni unos especuladores
ni unos chorizos, no. Son trabajadores, emprendedores o lo que sea. Por eso cierto tono de mensaje dietista hasta el límite me parece que es tan desaforado que no ayuda a equilibrar los esfuerzos, como es evidentemente desaforado un lenguaje
empachista. Desde la máxima atención y prioridad a la rehabilitación como sabe perfectamente la señora ministra y desde las ganas de tener un debate amplio en cuanto a las medidas
de rehabilitación, que no nos duelan prendas en sostener que hace falta construir 350.000 viviendas al año durante unos cuantos años, según dicen los expertos y anota, pongo por ejemplo, la Oficina Económica de La Moncloa y el presidente del
Gobierno nos recita en el Pleno, y yo me lo creo en este caso. A partir de aquí equilibremos los mensajes y digamos a los ciudadanos españoles que a rehabilitar, que toca, pero que lo otro también es una función normal, que es deseable, que si se
hace en proporciones adecuadas, no nos tiene que volver a empachar. Es una reflexión que hace falta porque, señora ministra, usted quizá menos, pero algún compañero o compañera suya de gabinete sigue en este mensaje que sigue hiriendo. El otro día
me lo decían personas de una sección de construcción de un gran sindicato y yo pediría que se tratara bien al sector de la construcción, evidentemente no en un ámbito de empacho ni de dieta sino de normalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Y ahora, también brevísimamente, tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, intentaré ser breve. En primer lugar deseo felicitar a la ministra porque cumple como ministra en el día de hoy su segundo cumpleaños.
Pregunta de la portavoz socialista: ¿a cuántos jóvenes le quitaría la renta básica de emancipación? A ninguno. Intentaría que fueran más y por eso le he dicho a la ministra que todo lo que sea agilizar trámites, mejor que mejor. Ha
habido referencias a que yo critico y no aporto nada, que es la intervención menos constructiva de todos los grupos parlamentarios. Si quieren ver si mi crítica es constructiva o no, les voy a nombrar iniciativas que les he presentado a ustedes, a
esta Comisión, para que sean aprobadas porque creo que pueden beneficiar al sector de la vivienda. Una proposición no de ley sobre dotación a los ayuntamientos de capacidad financiera suficiente que les permita impulsar el desarrollo de los suelos
protegidos: rechazada. La proposición no de ley relativa a la revisión de los impuestos que gravan la vivienda y que inciden únicamente en su precio: rechazada. Proposición no de ley relativa a los créditos hipotecarios, modificación de los
reales decretos con el fin de que la liquidez que se le inyecta al sistema financiero llegue a las familias: aprobado por la Comisión con votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista. Proposición no de ley relativa a la disolución y
liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler: aprobada sin modificaciones. Proposición no de ley relativa a adoptar medidas con el fin de movilizar el actual stock de viviendas nuevas sin vender: rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de ley relativa a la modificación de las condiciones de acceso a la moratoria de línea ICO para que llegue a más gente: aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la incorporación al Plan de Vivienda de un nuevo
programa sobre hipoteca-familia para las familias numerosas: rechazada. Proposición no de ley relativa a la modificación de la línea ICO-Moratoria Hipotecaria, otra vez, porque no habían cumplido ni habían modificación nada y usted tiene el
mandato de esta Comisión. Y la proposición no de ley relativa a Las Chumberas.
Por lo tanto, he presentado muchísimas iniciativas en orden a mejorar la situación del sector de la vivienda en España.
Señora ministra, usted dice que es una buena noticia que los ciudadanos que están pagando una vivienda y pierden su empleo no necesiten la línea ICO-Moratoria. Quiero que diga de verdad si usted cree que los ciudadanos que están pagando una
vivienda y pierden su empleo no necesitan ese tipo de ayuda. Yo creo que sí la necesitan, estoy convencido de que sí la necesitan y de que los requisitos que están establecidos y que regulan el acceso a esa línea son demasiado rígidos y excluyen a
muchísimos ciudadanos. Estoy convencido de que la necesitan y me gustaría que usted me dijera claramente: señor Matos, está usted equivocado, los ciudadanos que pierden el empleo y están viviendo en una casa con hipoteca no necesitan la ayuda de
una línea de moratoria de su hipoteca. Además no se corresponde con el resultado, que son las ejecuciones hipotecarias. Estoy convencido de que usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad, que necesitan ayuda. Esta Comisión ha aprobado dos
veces modificar esa línea de acceso para que llegue esa ayuda, y si no dígalo claramente: las personas desempleadas no necesitan ayuda. Ha hecho usted referencia al decreto de inembargabilidad del sueldo. Esto se da en las ejecuciones
hipotecarias, es decir, que cuando pierden su vivienda además les embarguen el sueldo. Me refiero al hecho dramático de que pierdan su vivienda; si encima les embargan el sueldo, es un drama -el sueldo será en muchos casos la prestación por
desempleo-. Me refiero al drama de perder la vivienda, que no solamente es un patrimonio de la familia, sino también donde viven con su familia, es el hogar familiar. De verdad creo que usted no puede decir que no lo necesitan. Ha dicho que es
natural que haya ejecuciones hipotecarias en época de crisis y, claro, puede decir que es natural que haya desempleo en época de crisis, pero la labor del Gobierno es tomar medidas para que ese desempleo no se produzca y que no se produzcan
ejecuciones hipotecarias, en que muchos de los ciudadanos que pierdan el empleo también pierdan su vivienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señor Matos, íbamos a ser brevísimos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino enseguida, señora presidenta.
En cuanto a mi entrevista de 2005, no vamos a entrar en detalle en el debate, pero si usted cree que esto es un estallido de burbuja inmobiliaria en España que ha arrastrado al resto de los sectores, está equivocada. Yo creo que es una
crisis financiera internacional que ha arrastrado
a todos los sectores, incluido el inmobiliario. Por lo tanto, no es que haya estallado una burbuja inmobiliaria que haya arrastrado a los demás, sino que ha estallado una burbuja financiera que ha arrastrado al sector inmobiliario, al del
automóvil, al del turismo y al del comercio, pero no vamos a discutir. Son dos visiones diferentes. Usted está convencida de eso y yo no la voy a sacar de su error.
Sobre el suelo urbanizable y la valoración del Partido Popular, me alegro de que tomen esa decisión. Además, si en vez de tres años la prorrogan veinte, muchísimo mejor, pues es un sistema más justo. Y por lo que se refiere a la SPA, si
usted no me ha dado el dato, aunque usted dice que no se ha reunido el consejo de administración, estoy seguro también convencido porque la conozco, de que usted ha sentido un mínimo de curiosidad de saber cómo ha cerrado la SPA a 31 de diciembre, y
si no me da el dato, es que es con pérdidas otra vez y que por tanto veremos en los próximos meses otra inyección de dinero del Gobierno para salvar por tercera vez de quiebra técnica a la Sociedad Pública de Alquiler.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): No sé si la portavoz del Grupo Socialista quiere decir algo.
La señora FUENTES PACHECO: Evidentemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Brevísimamente.
La señora FUENTES PACHECO: Sí, seré breve.
Por lo menos esta tarde hemos conseguido algo en esta Comisión y es que tenemos claro que hay una crisis a nivel mundial que es la que hace que en España se produzcan determinadas consecuencias, por lo tanto tendremos que buscar soluciones
globales y definitivas, soluciones de carácter mundial, así es que, señor Matos, estoy absolutamente de acuerdo con usted y eso tendremos que repetirlo. Usted nos ha enumerado distintas iniciativas que ha traído a esta Cámara, tanto en Pleno como
en Comisión, que usted entiende que harían que mermase la crisis -entiendo que se refiere a la crisis inmobiliaria no a la crisis financiera-, pero considero que no serían suficientes, siguiendo su mismo razonamiento de que es una crisis mundial,
para acabar con la situación de crisis que hay actualmente. Por supuesto, tendrá usted que coincidir conmigo en que si las comparamos con todas y cada una de las actuaciones que se están poniendo en marcha por parte de este Gobierno, son muchas
menos las propuestas que usted está haciendo.
No me refería a eso, no me refería a que usted no trabaje en esta Comisión. Estoy convencida de que lo hace y además con ahínco. Lo que pasa es que usted tiene que saber que su labor no es la de imponer las medidas, es la de hacer que las
medidas que usted plantee se puedan sumar a una política global de vivienda, una política de vivienda que no consiste en vender viviendas porque sí, sino para que los ciudadanos ejerzan el derecho que tienen; una política que primero tiene que
primar las políticas sociales antes que la recuperación automática del mercado, y eso es lo que le pedía hoy en esta Cámara. Evidentemente usted ha planteado once propuestas en esta Cámara. En lo que va de legislatura, hemos puesto en marcha
cincuenta medidas por parte exclusivamente del Ministerio de Vivienda, por lo que desde luego no se puede hablar de una parálisis del ministerio.
Señor Matos, no pregunte más, de verdad -por favor-, por las deliberaciones del Consejo de Ministros. Usted sabe que son secretas, por tanto, si quiere saber lo que se dice en el Consejo de Ministros, tienen que suceder dos cosas: primero
que su partido gane las elecciones y segundo que le nombren ministro o que nombren a algún amigo suyo y le cuente lo que ha pasado en esas deliberaciones. Evidentemente, no me parece que sea lo más interesante para usted. Usted debe ver qué se
aprueba cada semana en el Consejo de Ministros y si esto mejora o no la vida de los ciudadanos, para eso simple y llanamente lea cada referencia de lo que se aprueba en el Consejo de Ministros, que como usted bien sabe es público y además se hace
una rueda de prensa por parte del Gobierno cada semana cuando acaba dicho Consejo de Ministros.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, agradecemos a la señora ministra que conteste estas últimas inquietudes.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señorías, por sus intervenciones y por sus sugerencias. Con respecto a la renta básica de emancipación, seguimos considerando que es una prioridad cubrir una parte de la renta del
alquiler con una ayuda, con todas sus implicaciones presupuestarias, insisto, aunque no están incorporadas al presupuesto del Plan Estatal de Vivienda, es un crédito ampliable, y el decreto que regula esta ayuda la prevé para cuatro años. Estamos
en el ecuador y, por tanto, toca hacer la evaluación de cómo va, pero no toca evaluar nada más. Nosotros nos comprometemos a que los jóvenes que tengan derecho a ella y se incorporen al sistema la cobren puntualmente.
El señor Macias habla de un dilema entre la rehabilitación y nueva construcción. Para mí no hay ningún dilema, sino necesidad de reequilibrar. No creo que nadie de esta Comisión me haya oído demonizar nunca al sector de la construcción.
Siempre digo que cada cual vive en una vivienda que ha construido alguien. Lo que sí es verdad es que es un sector que ha estado muy centrado en exclusiva en la construcción de nuevas viviendas y que tiene capacidad de sobra para diversificar la
actividad, y una de las actividades de diversificación que nos parece estructuralmente más importante impulsar es la rehabilitación, por todos los motivos que he dicho antes: por el empleo, porque es empleo de calidad; por las empresas auxiliares
y por las propias empresas constructoras y porque no solamente incide en el sector de la
construcción, sino en los de la eficiencia energética, de la innovación, de la tecnología y de las energías renovables, donde ha sido minoritaria la inversión del sector de la construcción. En España la inversión de todo el sector en
rehabilitación no llega al 24 por ciento, mientras que en países como Alemania es superior al 65 por ciento. La propuesta del Gobierno en relación con la estrategia de la economía sostenible es que en 2020 el sector de la construcción y residencial
destine a rehabilitación el 35 por ciento de su inversión. Creemos que es razonable y que ayuda a que esta inversión en rehabilitación se quede estructuralmente. No se trata de que solo se rehabilite o solo se construya, sino de que se
reequilibren ambas actividades.
Es verdad que en España la formación de hogares ha estado durante algunos años por encima de los 400.000, por una serie de factores y de tensiones demográficas. En los próximos años, según todas las evaluaciones y todas las previsiones
demográficas que se han hecho, no va a ser así, no vamos a llegar a necesitar 400.000 viviendas, pero serán necesarias entre 200.000 y 300.000 viviendas para las nuevas familias que se creen, aunque no es necesario que las hagamos todas nuevas. Se
pueden utilizar también viviendas procedentes de la rehabilitación.
También quisiera decir que el sector de la construcción residencial se ha ocupado muy en exclusiva de la edificación de nuevas viviendas para estas familias y hemos obligado a muchas de ellas a que se vayan de los centros de las ciudades y
de los pueblos a vivir a las afueras, porque se estaban abandonando los centros. Creo que ya es hora de que nos acordemos de todas aquellas familias y personas que no quieren irse de su casa, que quieren seguir viviendo en su barrio, en su
edificio, en su casa, pero que tienen también derecho a mejorarla, a mejorar su eficiencia energética, a ahorrar en la factura de la luz, a ahorrar en calefacción, a cambiar el plato de ducha o a tener un panel solar para obtener agua caliente.
Esas personas ahora van a encontrar un impulso fiscal y económico para que la actividad de rehabilitación les ayude también a tener una vivienda mejor. Claro que el sector tiene que contar para el PIB, contará en empleo y en la actividad económica,
pero parte del sector que estaba dedicado exclusivamente a la construcción de viviendas nuevas tiene que apostar por la rehabilitación de las existentes. En esto estoy segura de que estamos de acuerdo, con lo cual no merece la pena que insista en
ello. De todas formas gracias por las aportaciones y seguro que cuando debatamos expresamente sobre rehabilitación también habrá novedades que incorporar.
Respecto al señor Matos, me habla de unas cuantas iniciativas, que el Gobierno ha puesto en marcha por propia iniciativa y que incluso las ha mejorado con relación a la propuesta del PP. Está muy bien pedir lo que ya se está haciendo o lo
que se sabe que se va a hacer. Desde luego hay propuestas que ya las pueden hacer en todos los plenos, que no las vamos a apoyar, como la de aumentar la desgravación fiscal para la compra de vivienda. La desgravación fiscal para la compra de
vivienda ha sido una de las razones por la que se ha producido el incremento desaforado de precios -un 150 por ciento en diez años- y todos los organismos internacionales, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo han
recomendado vivamente a España que pusiera coto a la desgravación fiscal para la compra de vivienda. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya que subirla y por eso no podemos apoyar su solicitud. Hemos reforzado la protección social de las
personas que peor lo están pasando durante la crisis, de todas, de las personas que han perdido su empleo, específicamente, y de las personas que han perdido su empleo y que están en riesgo de perder su vivienda, más. Ya he descrito las medidas que
se han puesto de apoyo a la situación de estos desempleados y, por tanto, no creo que este Gobierno tenga que dar ninguna explicación de lo que ya ha hecho. No se pueden dar lecciones al Gobierno socialista sobre protección social por parte del
Partido Popular. (El señor Matos Mascareño: Sí puede.) No me puede recriminar que me alegro de que las familias no tengan ayuda, en absoluto. Nosotros a las familias que la necesitan se la damos, y a las familias que la necesitan, la tienen y la
pierden, como son los desempleados que ya no pueden cobrar su prestación porque la han agotado, hacemos que la tengan durante más meses. La medida del ICO-Moratoria se ha puesto a disposición de las familias que la necesiten y la soliciten, por
supuesto complementaria al régimen normal de las hipotecas de las entidades financieras. El año pasado se han refinanciado más de 300.000 hipotecas, por tanto, el sistema financiero se está responsabilizando de la situación de estas familias y está
ayudándolas a que superen estas situaciones de dificultad. Si a las más de 300.000 familias a las que se ha refinanciado su hipoteca se añaden las que han utilizado la línea ICO-Moratoria, son muchas más familias a las que se ha ayudado por parte
del Estado y por parte del sector financiero, que ha asumido su responsabilidad. El hecho de que no haya muchas familias que la hayan solicitado no quiere decir que la línea esté mal diseñada, sino simplemente que es una línea complementaria a
otras que existen y que han utilizado otras familias. Todos sumamos, señor Matos, sumamos.
Finalmente, quisiera hacer una breve referencia a lo que decía de la Ley de Suelo. Durante los años en los que estuvo en vigor la Ley de régimen del suelo y valoraciones del año 1998, se produjo un aumento absolutamente exponencial del
precio del suelo -un quinientos por cien-, porque no se dio el efecto que ustedes decían que es que se califica la más suelo como urbanizable y, por tanto, habría más oferta y bajaría el precio. Pasó todo lo contrario. Se produjo una espiral
especulativa sin precedentes. Por tanto, si prorrogamos durante veinte años el sistema de suelo que ustedes pusieron en marcha, podríamos encontrarnos con que si en diez años ha sido un quinientos por ciento, en veinte años puede ser un mil por
ciento lo que aumente el precio del suelo. (El señor
Matos Mascareño: Si lo están prorrogando ahora.) Las cifras son tozudas.
Las entidades financieras promotoras que tengan suelo urbanizable disponible para ser desarrollado y por tanto actividad económica deben ponerlo en marcha en año y
medio y por eso les hemos dado un plazo de año y medio para que lo hagan. Como le he dicho, respecto a la situación del mercado inmobiliario y de la construcción, desde 2007 hasta 2010 la coyuntura ha sido muy distinta a la que existía durante
2004, 2005 y 2006.
Finalmente, usted ha dicho que es una persona activa. Lo es, ha hecho propuestas, algunas de las cuales no son aceptables para el Gobierno, pero yo le pediría que le transmitiera al señor Rajoy, a la señora De Cospedal y al señor Montoro la
petición de que se pongan en su misma línea, que sean constructivos, que hagan aportaciones, que no tengan miedo a los buenos datos y que no tengan miedo a ayudar a que las cosas vayan mejor, porque si no lo hacen, cuando las cosas vayan mejor, no
podrán decir que ayudaron y creo que al final los españoles lo tendrán en cuenta. No tenga miedo, señor Matos, a los datos menos malos. Espero que podamos celebrar juntos que hemos superado la crisis, que volvemos a crear empleo -esperamos que en
el plazo más breve posible- y que mientras tanto ayudamos a todos los que tienen dificultades a que las superen.
A todas las señoras y los señores diputados les doy las gracias por la extensa atención que me han dedicado durante tres horas y media. Me comprometo a volver cuando el señor presidente lo considere oportuno.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señora ministra de Vivienda, en nombre del señor presidente de esta Comisión y de los grupos políticos aquí presentes le agradezco de todo corazón la exhaustiva intervención y toda la información que
nos ha proporcionado. Le agradecemos muchísimo el generoso tiempo que nos ha dedicado y su esfuerzo. No le quepa duda de que ha merecido la pena y de que va a redundar positivamente en los trabajos de esta Comisión. Esperamos que se haya sentido
cómoda, especialmente hoy, el día de su segundo cumpleaños como ministra. Lo hemos celebrado trabajando. Ya sabe que siempre la esperamos encantados en esta su Comisión.
Quiero agradecer también el esfuerzo de las taquígrafas y taquígrafos de este equipo extraordinario que tenemos en el Congreso de los Diputados.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Y yo, a los que se lo pongo muy difícil. Disculpen.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Sin más, se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.