CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 482

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 25

celebrada el jueves, 4 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia (Sánchez Guiu), para informar sobre los objetivos y los planes de modernización de la Administración de Justicia, impulsados desde la
Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000371.) ... (Página 2)

Página 2


Se abre la sesión a las once de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión. Como saben ustedes, el orden del día consiste en una comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del secretario general de Modernización y Relaciones con la
Administración de Justicia para informar sobre los objetivos y los planes de modernización de la Administración de Justicia impulsados desde la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. El procedimiento va
a consistir, en primer lugar, en una intervención inicial del secretario general sobre el objeto de la comparecencia, y a continuación los grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra, de menor a mayor representación, irán consumiendo el
turno de intervención.



Por mi parte quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Es su primera comparecencia entre nosotros, y por eso también quiero expresarle en nombre de todas SS.SS. y de la Comisión nuestra satisfacción por tener entre nosotros al
equipo del secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, a la directora general, a todos los miembros del ministerio, y especialmente al propio secretario general, don Ignacio Sánchez Guiu. Efectivamente quiero
dejar constancia de la utilidad que para la Comisión supone esta comparecencia.



Sin más rodeos, le damos la palabra a don Ignacio Sánchez Guiu.



El señor SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Sánchez Guiu): Señor presidente, señorías, recién cumplido un año de mi incorporación al Ministerio de Justicia es un honor comparecer por primera
vez ante SS.SS. en esta Comisión, y no puedo dejar de expresarles mi agradecimiento por haberme brindado esta oportunidad.



Comparezco para informarles sobre los objetivos y los planes de modernización impulsados desde la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. El 26 de marzo del año pasado el ministro de Justicia lo
hacía ante esta misma Comisión para exponer las líneas estratégicas fundamentales del departamento, de cara al resto de la legislatura. Planteó entonces, como principio que ha presidido todas las actuaciones del actual equipo del departamento, la
idea de modernización de la justicia basada sobre consensos. Solo mediante un acuerdo básico entre todos los actores de la justicia podrían salir adelante los proyectos de modernización, y precisamente SS.SS.
dieron el primer ejemplo de ello al
aprobar con una amplia mayoría la reforma de las leyes procesales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre otras cuestiones trató un tema inaplazable, el cumplimiento del mandato de legislador orgánico acerca de la nueva oficina
judicial, que se debería abordar con decisión. También consideró la necesidad de redefinir un mapa judicial que se ajustase al mapa real de nuestra sociedad, labor técnicamente compleja y sensible. Igualmente planteó la incorporación plena a
nuestro sistema de justicia de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la necesidad de abordar la reforma del Registro Civil. La complejidad y variedad de las tareas a abordar nos exigían para llegar a buen puerto la previa
elaboración de un instrumento robusto de planificación y control; ese instrumento ha sido el Plan estratégico de modernización del sistema de justicia, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2009.



De los anteriores compromisos, y para darles puntual cumplimiento, se desarrollan con la máxima celeridad tres líneas de actuación. La primera, la elaboración de un plan de modernización con objetivos precisos, de cumplimiento en tiempos
tasados y un estricto control. La segunda, un nuevo impulso presupuestario que consolide al alza el esfuerzo financiero y de gestión sostenido en los últimos años. Y finalmente la tercera, todo lo anterior en un marco de colegiación de esfuerzos
en el que se pretenden crear sinergias con los grandes protagonistas de nuestro sistema de justicia.



El 2 de abril de 2009 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución que declaraba: Es urgente impulsar un acuerdo social en materia de justicia que englobe al conjunto de los grupos parlamentarios y facilite el consenso con
el Gobierno y todos los agentes jurídicos, que se materialice en un calendario, con un programa de actuación y una inversión concreta. Pues bien, después de más de treinta reuniones con participación de unas doscientas personas en representación de
cien entidades públicas y organizaciones representativas de la Administración de Justicia y de la sociedad civil, y en el lapso de tiempo que va desde abril a septiembre, se elaboró el plan estratégico que como decimos fue aprobado el pasado mes de
septiembre. Como conocen ustedes el plan de modernización se articula en torno a seis ejes estratégicos. En dichos ejes estratégicos se definen una serie de programas de actuación hasta un número de veintinueve. Un aspecto muy importante del
plan, sobre todo por nuestra obligación de dar cuenta ante la ciudadanía, ante sus representantes en el Parlamento en este momento, es el mecanismo que en él se establece de seguimiento y control, con indicadores de cumplimiento contrastables
integrados en un informe anual que llamamos plan operativo anual.



Me van a permitir que siga la sistemática del plan estratégico para referirme seguidamente a las actuaciones más relevantes. Como recordarán, el primer eje es un servicio público de calidad. En sus aspectos organizativos y estructurales
tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades ciudadanas con eficacia, agilidad y transparencia. A continuación me referiré a alguno de dichos programas. El primero de ellos es una nueva ley de demarcación y planta. El 24 de abril el
Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el cual se creaba un comité de expertos con el objeto de deter


Página 3


minar, estudiar y proponer los elementos esenciales de lo que podrían ser las bases para elaborar esa nueva ley de demarcación y planta. Desde la Secretaría General de Modernización se ha dado apoyo a esta Comisión en la elaboración de
cuantos informes ha precisado, y finalizará sus trabajos precisamente a finales de este mes de marzo.



Por lo que se refiere al programa de nueva oficina judicial, el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, suscrito el 28 de mayo, sentó las bases de un nuevo modelo de oficina judicial y fijaba tres criterios básicos: el primero, una
mejor delimitación de funciones en torno a cada uno de los miembros de la oficina judicial; el segundo, la utilización de las relaciones de puestos de trabajo como instrumento para la identificación de tareas y fijación de niveles de
responsabilidad; y el tercero, el uso obligatorio de los medios informáticos y telemáticos, tanto en las relaciones internas como externas. Esta directriz política junto al mandato contenido en el artículo 435.3 de la Ley 19/2003, de modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos conducían a la configuración de la nueva oficina judicial. Esta se organiza en torno a unidades procesales de apoyo directo al juez, servicios comunes y unidades administrativas.



En el despliegue de la oficina judicial que contempla el ministerio son tres los servicios comunes que se van a crear. El primero, los servicios comunes generales. Dentro de estos, entre otras tareas, están integradas las que se refieren a
registro, reparto, actos de comunicación, actos en comisión, archivo, depósito de piezas de convicción, etcétera. El segundo es el servicio común de ordenación del procedimiento que, en coordinación con las unidades procesales de apoyo directo al
juez, se encargará de impulsar el procedimiento hasta que tengamos sentencia firme. Y el tercero de ellos es el servicio común de ejecución. Estos a su vez se subdividen en secciones y estas en equipos. Estos servicios están jerarquizados.



Me van a permitir que, dejando aparte desarrollos normativos, muchos de los cuales han sido aprobados por SS.SS., me centre en aspectos concretos y prácticos de la implantación de la nueva oficina judicial. En primer lugar, procedimos a la
elaboración de un plan de implantación de la nueva oficina judicial. Este plan contempla actuaciones normativas, actuaciones tecnológicas, actuaciones propiamente de despliegue, y actuaciones de gestión del cambio. Vamos a proceder a un despliegue
progresivo que, en una primera fase, se centrará fundamentalmente en la Audiencia Nacional y en las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla. En total va a afectar a 2.533 funcionarios.
Para
todas ellas se ha articulado un plan individualizado. En este plan, en primer lugar, se procedió a recopilar información de índole estadística, información y análisis de las plantillas de funcionarios, de aspectos organizativos, etcétera, y se ha
elaborado un dossier que se actualiza permanentemente. También se han mantenido reuniones en cada una de estas ciudades. Estas reuniones se han celebrado acompañados por los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial.



Además de informar sobre el plan de implantación concreto de la ciudad, se han creado e impulsado varios grupos de trabajo. Un grupo de trabajo es el de implantación, que va a facilitar y posibilitar que el día que se realice la
implantación esté todo preparado y esta se desarrolle en las mejores condiciones. Un segundo grupo de trabajo que se ha creado es el que denominamos grupo institucional. Les hemos invitado a participar y lo integran representantes de las
comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, universidades, cargos judiciales del secretariado y del ministerio público y de las juntas de personal. Y un tercer grupo a destacar es el que denominamos grupo jurídico, integrado por
jueces y secretarios judiciales con el objetivo de preparar los aspectos prácticos del cambio. En esta misma línea quiero destacar brevemente la constitución de la Comisión nacional asesora. Esta comisión, inicialmente creada por el Consejo
General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia, estaba integrada por cuatro cargos judiciales, nombrados por el consejo y un técnico del mismo consejo, y por cuatro secretarios judiciales designados por el Ministerio de Justicia así como
un funcionario, un técnico del propio ministerio. El objeto fundamental de esta comisión es elaborar una guía práctica de aplicación de las leyes procesales y de funcionamiento de la nueva oficina judicial.
Posteriormente se han incorporado a esta
comisión miembros de las comunidades autónomas.



No me voy a referir a los aspectos tecnológicos -de ellos daré cuenta al desarrollar las actuaciones que corresponden al eje tercero- y me van a permitir que me detenga en un plano concreto del despliegue. Como creo que todos estamos de
acuerdo en que en cambios tan importantes como los que se avecinan el factor humano es el factor fundamental, el ministerio, desde la secretaría general técnica, ha elaborado un ambicioso plan de gestión del cambio, en el que las actuaciones que se
están desarrollando ya se refieren a la coordinación, a la comunicación y sensibilización, a la motivación y a la formación. En relación con esta última les indico que hace dos semanas empezó ya la formación, que se va a desarrollar durante diez
semanas, y que abarca a todos los miembros del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales -en total los secretarios son 4.000- y a los 10.000 funcionarios del ámbito del territorio ministerio.
También se está colaborando en esta materia con
algunas comunidades autónomas con competencias que así lo han solicitado. En total se están impartiendo 1.300 cursos, en los que están participando 345 docentes, y estamos hablando en torno a 38.000 horas de docencia. Estos cursos han sido
homologados por el Centro de Estudios Jurídicos y a los asistentes se les está entregando el correspondiente certificado de asistencia y aprovechamiento. Además se


les ha entregado material docente, que lo tienen también


Página 4


disponible en Internet, que incluye el curso de nueva oficinal judicial, de reformas procesales y de nuevas tecnologías. Otro programa de actuación que se incluía en este eje es el de los registros civiles de servicios. Como ustedes ya
conocen el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de enero el anteproyecto de ley. Hay importantes actuaciones tecnológicas, pero me referiré a ellas en su correspondiente eje.



Por lo que se refiere al segundo eje estratégico y en lo que afecta al incremento de miembros de la carrera judicial, fiscal, así como del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales y de personal al servicio de la Administración de
Justicia, quisiera indicar que en el periodo 2008-2012 se va a realizar un incremento de plazas en torno a un 19 por ciento. En el periodo 2008-2009 se han creado 310 y en años posteriores se van a ir creando 200 plazas anualmente, en proporción
similar respecto de funcionarios públicos de apoyo a la función jurisdiccional.



En cuanto a convocatoria de oposiciones se van a convocar en torno a 750 nuevas plazas de jueces, 450 de fiscales, y solo en este año respecto de los secretarios judiciales van a ser 300 las que se convoquen. En este ámbito el ministerio
está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial en el seno del grupo de trabajo creado en la comisión de selección del propio consejo, a fin de elaborar propuestas de reforma y mejora en los procesos selectivos que permitan que sean
cubiertas la mayor parte de estas plazas sin merma en la calidad de la selección.



Por lo que se refiere al ministerio público se está procediendo al desarrollo reglamentario de su estatuto orgánico. Así, el 28 de agosto del pasado año se modificó el Real Decreto de 29 de febrero de 1983, sobre constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal. También en el pasado año se creó un grupo de trabajo con la Fiscalía General del Estado, y se está trabajando actualmente en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento del ministerio fiscal
para, una vez finalizado, pasar al desarrollo reglamentario de la carrera judicial. En este apartado no puedo dejar de mencionar el esfuerzo que en materia de refuerzos se viene realizando durante el año 2009. En este año se atendieron más del 90
por ciento de las propuestas que desde el Consejo General del Poder Judicial nos llegaron y, a través de este, de los órganos judiciales. El montante total destinado a refuerzos ha superado los 15 millones de euros. En este apartado, en aras de la
brevedad, mencionaré fundamentalmente dos de ellos: el que se refiere al programa de actuación del Tribunal Supremo 2008-2010, que ha supuesto una reducción de litigios pendientes en más de un 40 por ciento, y ha permitido que sean ya varias las
salas del Tribunal Supremo que se encuentran actualizadas, e igualmente el Plan de refuerzo de la jurisdicción social, aprobado en Consejo de Ministros, que afectaba a 185 órganos judiciales y que supuso una inversión de 950.000 euros. Aquí habría
que indicar que, de acuerdo con los datos que nos facilita el Consejo General del Poder Judicial, los objetivos del plan se están cumpliendo. También ha habido un refuerzo muy importante en el orden jurisdiccional mercantil y en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.



Por lo que se refiere al tercer eje, una justicia tecnológicamente avanzada, el planteamiento de la Secretaría General de Modernización se ha hecho desde una triple dimensión: en primer lugar, garantizar el acceso del ciudadano a la
información y a los servicios judiciales por medio de la sede electrónica, los portales y las páginas web de la Administración de Justicia; en segundo lugar, asegurar la máxima eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia a través del
despliegue de sistemas de gestión, información y documentación que favorezcan la comunicación entre las distintas instancias y operadores jurídicos, y en tercer lugar, conseguir la interoperabilidad de los sistemas. Me voy a referir muy brevemente
a las aplicaciones más importantes en las que estamos trabajando. La primera de ellas es el portal de la Administración de Justicia. El portal integrará el conjunto de sitios web que incorporan aquellos contenidos de interés para profesionales y
ciudadanos relacionados con el mundo de la justicia. A finales del pasado año ya entró en funcionamiento el del ministerio fiscal, que además de la parte pública tiene una intranet reservada exclusivamente para uso de los integrantes del ministerio
fiscal. A este va a seguir en los próximos meses el portal de la medicina forense, el de secretarios judiciales, y se irá incorporando también el del personal al servicio de la Administración de Justicia y el de ciudadanos y profesionales.



Por lo que se refiere a los sistemas de gestión procesal, la nueva aplicación de gestión procesal tenemos que destacar que ya está elaborada la nueva colección de documentos y esquemas de tramitación que están acomodados a las nuevas leyes
procesales, y que se ha puesto a disposición tanto del Consejo General del Poder Judicial como de las comunidades autónomas con transferencias. Esta aplicación contiene nuevas funcionalidades, como la incorporación de una tramitación guiada, la
instalación de un sistema de avisos y alertas, individualizado por funcionario, que engloba también UPAD y servicios comunes, y que será una herramienta que permitirá al secretario judicial la distribución de tareas entre todos los funcionarios de
las oficinas judiciales. Por último, en el principio de racionalización que supone la nueva oficina judicial, el aplicativo incluye un módulo de agenda programada de señalamientos. Durante todo este mes esta aplicación está siendo probada por
nuestros equipos técnicos, y próximamente se va a instalar en dos órganos judiciales para ser probada también desde el punto de vista funcional por funcionarios, secretarios y jueces.



Otra aplicación es la que llamamos Lexnet. Es un sistema de correo electrónico que proporciona la máxima seguridad y fiabilidad para los usuarios. El objetivo principal de este sistema es ofrecer la posibilidad de presentación de escritos
y documentos, traslado de


Página 5


copias y realización de actos de comunicación por vía telemática. El sistema está implantado ya prácticamente en el cien por cien de los órganos judiciales del ámbito del ministerio, incluido el Tribunal Supremo, y es una aplicación que ha
sido cedida y está siendo usada por comunidades autónomas con transferencias, como Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón o Galicia. Por darles un dato, en enero del año 2009 se realizaban por este medio 280.000 notificaciones al mes; durante el
pasado mes de febrero hemos alcanzado ya el millón de notificaciones. La pasada semana se estableció una nueva arquitectura tecnológica que nos va a permitir seguir incrementando el número de usuarios y aumentar también la rapidez del sistema.
Además en los próximos meses se va a disponer de una nueva versión que va a incorporar nuevas funcionalidades, como la revisión de exhortos por vía telemática o la incorporación de la firma electrónica reconocida.



Por lo que se refiere a la digitalización de salas de vista, además de completar la implantación de salas digitalizadas y con videoconferencia, se están sustituyendo actualmente los sistemas analógicos, y se encuentra ya muy avanzada la
preparación de un concurso para incorporar nuevas funcionalidades como la firma digital o la integración de las grabaciones en los sistemas de gestión procesal. Por lo que se refiere al expediente digital el horizonte en el que estamos trabajando
es lograr una oficina sin papeles. En este sentido hemos empezado con un plan piloto que estamos desarrollando en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que va a tener un año de duración. Una vez haya finalizado este plan piloto se
procederá a extender este sistema en otros órganos judiciales.



En cuanto al ministerio fiscal y lo que afecta a su sistema de información se está ultimando la incorporación de la aplicación del ministerio público a las fiscalías especializadas, la del Tribunal de Cuentas, la antidroga o la especial
contra la corrupción y la criminalidad organizada, y se está completando en el orden civil y en la Audiencia Nacional. Los esfuerzos durante este año se van a centrar fundamentalmente en la integración de esta aplicación con los sistemas de gestión
procesal. Otra parte muy importante en el ministerio público es el sistema de información, control y consulta, que denominamos SICC. La vertiente de consulta permite ya el seguimiento de la información sobre todos los procedimientos de la fiscalía
en el ámbito nacional. Por lo que se refiere al ámbito de control incorpora un cuadro de mandos que permite agregar información y realizar explotaciones estadísticas. Aquí el objetivo durante este año es incorporar a las cuatro comunidades
autónomas que tienen sistema propio a este mismo sistema.



Por lo que respecta al Registro Civil el reto es lograr un registro civil en línea. Actualmente se encuentran digitalizados el cien por cien de los registros principales -432-, lo que viene a suponer más del 80 por ciento de toda España en
cuanto a asientos practicados a partir del año 1950. En los juzgados de paz también se ha comenzado ya la digitalización, aunque exige más esfuerzo y el proceso es más lento, tanto por cuestiones como la dispersión geográfica y la variedad tan
compleja que plantean, como por la necesidad de suscribir convenios con las comunidades autónomas y la entidad Red.es, que aporta fondos del Plan Avanza. Tanto la digitalización de los asientos del registro como la aplicación desarrollada para dar
soporte informático a la gestión de los libros, a la práctica de inscripciones, a la emisión de certificaciones y al trámite de los expedientes va a recibir un impulso muy importante durante este año con el proyecto que denominamos Iusred, al que me
referiré más adelante en el eje de colegiación de esfuerzos. En los próximos meses se va a implantar también una nueva versión de la informatización en los registros civiles consulares. Ello va a permitir agilización de tiempos y va a evitar la
remisión de duplicados en papel a los registros centrales o de estos respecto de aquellos. También durante este año se va a empezar la informatización de los expedientes de tramitación, con el objetivo de que en el Registro Civil se trabaje con el
expediente digital.



En cuanto a la gestión gubernativa únicamente quiero mencionar que se está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial en la elaboración de un convenio de colaboración para la informatización de las salas y secretarías de gobierno.
Este nuevo aplicativo permitirá también la emisión a los ciudadanos de las apostillas electrónicas.



Por lo que se refiere a los registros de la Administración de Justicia se está trabajando fundamentalmente en dos líneas: primero, la integración de los sistemas de registro, y segundo, la integración de los sistemas de registro en el
ámbito de la Unión Europea. En nuestro país, los objetivos fundamentales en los que trabajamos este año son la mejora de las actuales aplicaciones, el desarrollo de un sistema único de gestión de usuarios y el resultado de un sistema de consulta
integrada que permitirá acceder a todos los datos simultáneamente, con independencia del registro en el que se encuentren. También es objetivo durante este año empezar a trabajar para la integración de los registros con las aplicaciones de gestión
procesal, de tal manera que los datos solo se tengan que teclear una sola vez. Finalmente haré mención en este apartado al proyecto nacional de modernización tecnológica en el área de la medicina legal, en el que se pone el acento en la colegiación
de esfuerzos y en la normalización de procesos y protocolos de funcionamiento. Vamos a contar con una nueva aplicación para los institutos de medicina legal, aplicación que en una reunión celebrada la semana pasada con las comunidades autónomas les
fue ofrecida, por si estimaban interesante su incorporación.



Por lo que concierne al cuarto eje, que se refiere a un servicio público orientado a los ciudadanos, quiero indicar que un ministerio que está comprometido con la modernización del sistema de justicia no puede sino estar orientado a los
ciudadanos, a la protección de sus dere


Página 6


chos y a facilitar su acceso al sistema, y ello porque creemos que debemos extremar la alerta en un escenario como el actual, de constante cambio.
Por ello estamos impulsando medidas tanto a nivel interno como en el plano internacional, con
el fin de que el ciudadano perciba el especial celo que los poderes públicos ponen en la protección de sus derechos.
También en este ámbito la especialización que permite la nueva oficina judicial nos va a permitir mejorar de manera notable el
servicio que desde los órganos judiciales estamos prestando a las víctimas. En las relaciones de puestos de trabajo que estamos elaborando se reflejan puestos diferenciados para atención a las víctimas, para atención a ciudadanos y a profesionales,
que van a permitir poner en conexión y en coordinación las oficinas judiciales con las oficinas de atención a las víctimas y también un reforzamiento de estas.



En las medidas a nivel interno, simplemente mencionaré, porque ya lo conocen ustedes, cómo en la reforma del Código Penal hay instituciones, como la libertad vigilada, o nueva tipificación de delitos, como la trata de seres humanos, que van
en este sentido. Igualmente, les resultan conocidos los trabajos que en el marco de la Presidencia de la Unión Europea se están realizando respecto de la orden europea de protección.
En relación con la transparencia y acceso a la información, el
ministerio junto con el Consejo General del Poder Judicial, ha dado un impulso muy importante a la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que tiene como objetivos, que ya está ejecutando, la elaboración de un plan operativo para 2010, aprobado
el año pasado, pero también la elaboración por primera vez de un plan nacional de estadística judicial que alinee a la Administración de Justicia junto con el Plan Nacional de Estadística y con el plan europeo. También como conocen, recientemente
se ha creado la comisión de modernización del lenguaje jurídico. En el ámbito de la protección y promoción de los derechos, en aras de la brevedad, me van a permitir que mencione exclusivamente los dos anteproyectos que recientemente han sido
aprobados en el Consejo de Ministros, el que se refiere a la mediación, cuyo acuerdo va a tener la misma fuerza que una sentencia, y el que se refiere a la Ley de Arbitraje, que va a permitir reforzar la institución del arbitraje y crea el arbitraje
interadministrativo obligatorio en el ámbito de la Administración General del Estado.



Con respecto al quinto eje, el de colegiación de esfuerzos, van a permitir SS.SS. que me centre exclusivamente en dos aspectos que estimamos que son los más importantes. El primero, la colegiación de esfuerzos, fundamentalmente con
comunidades autónomas, aunque no solo con ellas, también con el consejo general, con la Fiscalía General del Estado y con otras administraciones. En el ámbito de las comunidades autónomas, se han celebrado dos conferencias sectoriales precedidas
por dos comisiones técnicas y se crearon tres grupos de trabajo que vienen desarrollando con intensidad las labores que se encomendaron las conferencias sectoriales, que son el de interoperabilidad en materia tecnológica, el de nueva oficina
judicial y el de asistencia jurídica gratuita. En estas comisiones y por unanimidad la conferencia sectorial invitó a sumarse al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado y actualmente forman parte de ellas. En este
momento se están tramitando convenios, primero, del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Industria y la empresa pública Red.es para, con fondos del Plan Avanza, desarrollar el proyecto que denominamos nosotros subred y que va a permitir dar
un impulso decisivo en la informatización de los registros civiles en los servicios que estos van a poder prestar ya dentro de este año a nuestros ciudadanos a través de Internet, pero también en la cooperación con las comunidades autónomas en los
desarrollos de planes informáticos de mutuo interés. Este convenio tiene un horizonte temporal de tres años y se prevé una inversión presupuestaria que supera los 80 millones de euros.



El segundo gran bloque dentro de este eje es el que denominamos nosotros esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. En este eje conocen SS.SS. que, en septiembre, primero con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
General del Estado y, posteriormente, en diciembre, con las comunidades autónomas, se suscribieron convenios para trabajar en esta línea. En el mismo mes de diciembre se constituyeron las comisiones técnicas y ejecutivas y se elaboró el plan de
trabajo para el año 2010, plan que actualmente se está ejecutando. El objetivo en este campo es muy claro, se trata del máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad judicial en condiciones de
eficacia, eficiencia, racionalidad, economía y calidad.
Lo que pretende este objetivo es el alineamiento de todas las instituciones que trabajamos en este ámbito en unos parámetros comunes y compartidos y también que denominemos, dicho gráficamente
si me lo permiten, con el mismo nombre las mismas cosas, para así hacer posible el entendimiento y el intercambio de información sin mayores problemas. Las líneas de trabajo que aprobó la comisión y que está ejecutando la comisión ejecutiva para el
año 2010 son, en primer lugar, la definición de un inventario tecnológico, que está basado en una herramienta que haga fácil la sostenibilidad del mismo. Se ha visitado ya a todas las comunidades autónomas, se han inventariado ya todas las
aplicaciones del consejo general, de la fiscalía y del ministerio, y lo que pretende es que todos conozcamos todos los aplicativos que estamos desarrollando, los proyectos que también pretendemos desarrollar y que podamos facilitarnos unos a otros
los distintos avances de los que vayamos disponiendo. Un segundo bloque de trabajo es el de la definición de un catálogo de servicios que se va a prestar a través del sistema Egis. Y el tercero es el establecimiento de un marco de gobernanza.



Por lo que se refiere al sexto eje, fortaleciendo la cooperación jurídica internacional, tras una primera


reunión celebrada el pasado mes de noviembre, estamos


Página 7


trabajando en la coordinación institucional en materia de cooperación al desarrollo en el sector justicia. También estamos creando una red de secretarios judiciales de cooperación jurídica internacional y para ello ya se hizo una oferta en
todo el cuerpo de secretarios judiciales, se seleccionaron los miembros que iban a integrar la red y ya se practicaron los cursos de formación. En el ámbito internacional, me van a permitir que me centré fundamentalmente en dos proyectos en los que
está trabajando activamente la Secretaría General de Modernización por cuanto estoy seguro de que conocen el resto de proyectos que se están desarrollando bajo la Presidencia española de la Unión Europea. Uno de ellos es el portal de justicia
electrónica. Se trata de una plataforma a través de la cual los ciudadanos podrán acceder progresivamente a información de interés general en el ámbito de la Administración de Justicia. El segundo es los registros judiciales europeos. Aquí, como
conocen, España estuvo desde el principio, junto con Alemania, Francia y Bélgica, intercambiando información y potenciando el desarrollo de este registro, dentro del marco del sistema europeo de información de antecedentes penales. Actualmente, son
ya dieciséis Estados los que están integrados y se está trabajando en la ampliación, a fin de que se puedan incorporar también a este intercambio los nacionales de terceros países.



Señalaba al principio de mi comparecencia la importancia de una correcta planificación cuando las tareas que se abordan son tan numerosas y variadas. Por eso me he ceñido a las grandes líneas que marca el plan estratégico. Pero también
indicaba que este gran esfuerzo planificador necesita de un complemento, de un mecanismo de control y seguimiento que permita, con una periodicidad adecuada, el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo. Para ello nos valemos del instrumento
de los planes operativos anuales. Por adelantarle algunos datos sobre el rendimiento de cuentas que hacemos en la memoria del año 2009, que hoy mismo pensamos facilitarles, les puedo indicar que se ha cumplido, a pesar del breve tiempo del que
disponíamos, el 83 por ciento de las medidas que estaban planificadas, se han completado 40 de las 48 acciones programadas y las otras 8 se encuentran bastante avanzadas. Por lo que se refiere al plan operativo del año 2010 que estamos ejecutando,
en los próximos días, una vez que terminen las tareas de edición, se lo haremos llegar también a sus señorías.



En definitiva, señorías, todos estos proyectos los estamos desarrollando con el objetivo y con el empeño de que la justicia española cuente con profesionales altamente cualificados y que esté tecnológicamente avanzada al servicio de nuestros
ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Están presentes en estos momentos en la Comisión el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. En nombre del Grupo Parlamentario Popular damos la palabra a la señora Montserrat Montserrat.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Señor presidente, solo una pregunta: ¿cuánto tiempo tengo?


El señor PRESIDENTE: Seremos flexibles, señora Montserrat. El Reglamento dice que diez minutos, pero si necesita algo más no habrá problemas, sobre todo a la vista de que no están presentes los otros grupos parlamentarios. Uno tiene la
tentación de innovar y ofrecer un turno al resto de diputados, por si quisieran hacer alguna puntualización, lo que era una previsión de anteriores reformas reglamentarias que nunca está mal aplicar. Desde luego, si algún otro diputado quiere hacer
uso de la palabra después de los portavoces, estoy dispuesto a que pueda hacerlo.
Señora Montserrat.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Muchísimas gracias, sinceramente, señor secretario general, por su comparecencia y por su intervención. Le he escuchado atentamente y la verdad es que me sabe mal que nos hayan hecho llegar hoy mismo, en
esta misma comparecencia, el grado de cumplimiento del POA del año 2009; también me sabe mal que estemos a 4 de marzo de 2010 y que aún no tengamos el POA de 2010. En la comparecencia del ministro, el pasado mes de noviembre, usted mismo se
comprometió a que a principios de 2010 tendríamos el POA de 2010 para conocer los objetivos que se había marcado el ministerio para este año. Desde el punto de vista del Grupo Popular, esta comparecencia no era una presentación del Plan Estratégico
2009-2012, sino que esperábamos que nos explicase el grado de cumplimiento de cada una de las fichas del POA 2009. Ahora, mientras usted estaba interviniendo, he estado mirando el grado de cumplimiento del POA de 2009 y he visto que aún hay trabajo
por terminar de ese POA 2009, que creó el propio ministerio. Si ustedes mismos se han creado unas obligaciones es para cumplirlas y realizarlas en 2009 y no podemos estar en marzo de 2010 con el POA de 2009 incumplido en una parte. Me he fijado en
que unas fichas bastante importantes no están cumplidas. Usted ha dicho que la amplia mayoría de la Cámara aprobó la ley de modernización; el Grupo Popular la aprobó porque cree en la modernización de la justicia, lo demostramos en el año 2000
cuando aprobamos la Ley de Enjuiciamiento Civil y cuando aprobamos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2003. Han sido ustedes los que han dejado la justicia en blanco durante los últimos seis años; son ustedes los que
este año, con la llegada del nuevo ministro Caamaño, se han obligado con el POA de 2009 y este POA, a fecha de hoy, no está cumplido al cien por cien.



Con respecto al POA de 2009 usted nos ha explicado que hay tres líneas, una, el plan de modernización; también ha dicho que había un estricto control del cumplimiento, cosa que, como he dicho, no es cierta, porque ustedes mismos nos han
pasado el documento y no está cumplido al cien por cien. La segunda línea es el incremento de partidas presupuestarias para la modernización


Página 8


de la justicia; aquí no voy a entrar porque desde el Grupo Popular ya nos posicionamos en el Presupuesto General del Estado en cuanto a la partida de justicia. Usted ha hablado asimismo del marco de colegiación de esfuerzos con grandes
acuerdos con secretarios, con funcionarios, con jueces y con magistrados. Le voy a ser sincera, no creo que realmente haya habido este marco de colegiación con sindicatos y con secretarios, porque ayer mismo -lo he leído en la prensa- se reunieron
con los sindicatos para llevar a cabo la negociación para que esta ley se aplique al cien por cien el 4 de mayo de 2010, que es cuando entra en vigor la ley de modernización de la justicia. Hoy estamos a 4 de marzo. Por tanto, el grado de
cumplimiento de colegiación tampoco es cierto.



En cuanto a los secretarios, el segundo programa del POA de 2009 era la aprobación del real decreto de puestos del tipo del cuerpo de secretarios judiciales. Se marcaron como tope el 30 de septiembre de 2009; no lo aprobaron el 30 de
septiembre, lo aprobaron en 2009, pero no el 30 de septiembre, y se usó un borrador sacado del cajón del año 2006, con cuantías de retribuciones de 2006, aunque se recibieron algunas críticas por pretender crear y retribuir los nuevos puestos de
trabajo en la nueva oficina judicial con esas retribuciones. Todos llegábamos a esta mayoría y dimos a los secretarios judiciales este nuevo empeño, iban a pasar a ser la piedra angular de los juzgados. Por tanto, con este real decreto se les
estaba retribuyendo con retribuciones del año 2006. Se equiparaba a la baja los salarios de los secretarios judiciales de las unidades procesales de apoyo de un mismo municipio. Por ejemplo, nos cuesta entender desde el Grupo Popular que un
secretario de los juzgados de Plaza de Castilla, de Madrid, cobre lo mismo que el secretario de la UPAD de la Audiencia Nacional de Madrid. Todo esto porque, como se ha creado la unidad de servicios comunes, subimos de un sitio pero para bajar de
la otra unidad. Nosotros entendemos que estamos conculcando los derechos retributivos esenciales de unos trabajadores públicos a los que, como legisladores, hemos incrementado el trabajo, la responsabilidad, hemos confiado en ellos y les hemos
pedido más esfuerzo para mejorar el servicio al ciudadano. Entiendo que no podemos traicionar a este cuerpo superior jurídico de secretarios, y creo que usted pertenece a este cuerpo. Invertir en el cuerpo de secretarios es invertir en justicia y
lo que los ciudadanos esperan es que solucionemos de una vez por todas esta afrenta a la justicia, lo que quieren es una justicia ágil, rápida y eficaz. Lo que nos cuesta entender -con todo mi respeto al colectivo de forenses- es que siendo el
forense un cuerpo del mismo nivel que el cuerpo de secretarios, nivel A, en cambio, su complemento, el complemento de los forenses, es el doble que el de los secretarios; un forense de un juzgado penal de Madrid cobra más que un secretario del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; los cuerpos subordinados, los gestores administrativos de las oficinas judiciales, no de territorio ministerial, cobran más, en algunos casos, que los secretarios. Creo que tenemos que buscar esta
homogeneización. Por eso entiendo que el cuerpo de los secretarios haya recurrido este real decreto. Es más, cuando me refería antes a los forenses, los forenses no tienen un grado de incompatibilidad tan grande como los secretarios; los forenses
pueden tener sus propias consultas médicas y trabajar por las tardes, cuando los secretarios, no.
Por lo tanto, aquí han creado ustedes un problema. No me creo este marco de colegiación de esfuerzos al que se ha referido llegando a grandes
acuerdos con ambas partes afectadas, porque este real decreto y el recurso de este real decreto lo demuestra.



Hablo de retribuciones. Por ejemplo, en Andalucía, comunidad gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, la Consejería de Justicia, para descolapsar los juzgados, está desarrollando un plan de refuerzo por el que se paga 500 euros
más al mes a los funcionarios que se acojan a este plan de refuerzo. La consejería ha pedido que los secretarios también se apunten a este refuerzo y ellos no se niegan, pero desde el ministerio no se ha creado una norma de homogeneización de los
planes de refuerzo de las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, qué me dice al respecto, qué podemos hacer, qué ha hecho el ministerio para que, mientras los funcionarios de Andalucía cobran 500 euros más, los secretarios que dependen de
ustedes no cobren más, pero sí se acogen a este plan de refuerzo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por otra parte, era un compromiso adquirido por el ministro, a raíz del caso Mariluz, modificar el régimen disciplinario de los secretarios,
aunque en el POA de 2009 no consta que se modifique el régimen disciplinario. Me gustaría, por tanto, que nos dijese algo sobre este compromiso adquirido por el ministro y si realmente está en el POA de 2010, o qué va a hacer el ministro al
respecto.



Nos gustaría también conocer en qué grado de cumplimiento se encuentran las instrucciones, protocolos y funcionamiento que tiene que llevar a cabo el ministerio respecto de todas las oficinas judiciales para que el 4 de mayo de 2010 esté en
pleno funcionamiento la Ley de la Oficina Judicial en todas ellas, cuestión que también aparecía en el documento que nos ha pasado esta mañana. He visto que se encuentra en un 78 por ciento de grado de cumplimiento, cuando quedan solo dos meses
para que la ley entre en vigor. Hoy yo esperaba de usted que nos dijese si el 4 de mayo vamos a contar con todos los recursos humanos bien formados, con todos los recursos tecnológicos e instrumentales de videoconferencia y sistemas de grabación en
todas las oficinas judiciales en pleno funcionamiento. Por otra parte, usted ha hablado de dos tipos de formación y al Partido Popular nos interesa mucho la formación que tienen que recibir tanto secretarios como funcionarios en relación con la Ley
de la Oficina Judicial. Si no he entendido mal, la formación la hacen mediante web. (El señor secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Sánchez Guiu, hace gestos afirmativos.) Me gustaría que me lo
aclarara, porque quizás no lo he


entendido bien, y que me dijese -he apuntado los datos


Página 9


de la gente que se está formando- qué tipo de formación están recibiendo los cuerpos de cara a la adaptación de la oficina judicial y para que conozcan todas las modificaciones procesales que hicimos en la Ley de la Oficina Judicial.
También era un objetivo del POA de 2009 la comisión para la modernización del lenguaje jurídico, lo cual es de vital importancia. No puede ser que los ciudadanos, cuando reciban una notificación del juzgado, no entiendan nada. Es cierto que muchos
ya tienen abogados y procuradores, pero cuando el ciudadano recibe por primera vez una demanda muchas veces la notificación que viene acompañada de esa demanda no se entiende, y realmente el objetivo de esta comisión era modernizar este lenguaje
jurídico. Usted ha dicho que está constituida, pero queremos conocer el grado de cumplimiento y el trabajo que ha realizado esta comisión así como el plazo que se ha propuesto el ministerio para que la modificación del lenguaje jurídico sea una
realidad en las oficinas judiciales. También queremos saber si se han actualizado los precios públicos, regulados por orden ministerial de 24 de febrero de 1999; a nosotros no nos consta que se hayan actualizado.
Nos gustaría saber si hay
intención de hacerlo y cuándo se va a aprobar.



En cuanto al Registro Civil, es cierto que se ha cumplido el objetivo -no se cumplió en 2009 sino a principios de 2010, pero se cumplió-, acordado en Consejo de Ministros, pero actualmente, si uno se conecta a la web del ministerio, no es
del todo cierto que pueda sacar a través de la misma su certificado de nacimiento o de matrimonio. Si el ciudadano no sabe ni el libro ni el tomo no podrá obtener el certificado; se le exigen obligatoriamente y como el libro y el tomo aparecen en
el libro de familia, si tienes el libro de familia quizás no necesites el certificado. Por tanto, tenemos que hacer programas mucho más ágiles y eficaces para los ciudadanos.



Programas Minerva y Lexnet. El POA de 2009 dice respecto a su grado de cumplimiento, que se encuentran en pleno funcionamiento y que se ha cumplido a rajatabla el objetivo; que el Lexnet está en pleno funcionamiento como mínimo en todo el
territorio ministerial. La información que yo recibo de los juzgados no es esta. En consecuencia, me gustaría conocer la diferencia entre lo que ustedes dicen, lo que dice el territorio y lo que dicen los juzgados. También me gustaría saber cómo
está el proyecto de expediente digital en la Audiencia Nacional. En el documento que nos ha pasado nos dice que está en pleno funcionamiento, pero yo creo que no es así, o al menos esa es la información que tenemos.
Por tanto, quiero conocer
realmente el grado de cumplimiento del expediente digital en la Audiencia Nacional. Sobre el despliegue de instalación de los sistemas de grabación en todos los órdenes, social, contencioso, penal y civil, me gustaría conocer también en qué grado
de cumplimiento se encuentra. Si no recuerdo mal, en noviembre se encontraba en un grado de cumplimiento del 75 por ciento; estamos a dos meses vista de la entrada en vigor y el día 4 de mayo en todos los juzgados tendrán que grabarse las vistas.
Me gustaría saber si en toda España, en territorio del ministerio y en las transferidas ya están instalados los sistemas de grabación.



Respecto a las videoconferencias, creo que los pequeños avances suponen grandes cambios. El día que compareció el ministro traje una providencia de un juzgado en la que se denegaba una videoconferencia por no contar con este sistema y se
quedaban tan anchos, y la parte tenía que recurrir, con todo lo que supone para un ciudadano recurrir, más gastos de procurador y de abogados. Me gustaría saber cómo está el tema de las videoconferencias y si el día 4 de mayo todas las oficinas
judiciales de España tendrán videoconferencia o no. Y les voy a poner un ejemplo. En las Islas Baleares solo hay un tribunal Contencioso-administrativo, el número 1, que está en Palma de Mallorca. ¿De verdad me dice que un ciudadano de Menorca,
que no tiene tribunal Contencioso-administrativo en su juzgado, tiene la obligación de coger el avión o el barco e irse a Mallorca para comparecer en un tribunal Contencioso-administrativo? Señorías, o le ponemos un tribunal
Contencioso-administrativo en Menorca o instalamos un sistema de videoconferencia en Menorca e Ibiza, lo cual es mucho más fácil, y lo mismo digo de las islas Canarias. Me gustaría que nos dijera cuál es el grado de cumplimiento respecto a las
videoconferencias, que son un instrumento muy sencillo que realmente va a descolapsar la justicia y va a dar calidad de vida a los ciudadanos que acuden a la misma. Por tanto, insisto, nos gustaría saber cómo vamos respecto a las videoconferencias,
instrumento al que nadie da importancia pero que es muy importante. Sé que en el Partido Popular somos pesados en esta materia, pero no tendremos una justicia moderna si no tenemos videoconferencias en todos los juzgados.



En cuanto al Siraj, programa de registros de penados, medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, tengo que decir que no funciona, se cuelga, literalmente hablando, y usted lo sabe. Se les está sobrecargando de trabajo porque
cada asunto hay que registrarlo tres veces, cosa que no entiendo cuando hoy en día dándole a un botoncito puedes descargar eso mismo que está pasando en tu pantalla en otra pantallita del programa. Me gustaría saber cómo funciona realmente el
Siraj. Fui a un juzgado para ver cómo funcionaba y si era verdad que era tan lento y que funcionaba mal. Primero está el sistema informático del juzgado, dependiendo de la comunidad autónoma, tenemos el Minerva de turno de cada comunidad autónoma
y hay que meter los datos. Una vez que hay sentencia, hay que introducir todos los datos en otra pantallita y finalmente, cuando la sentencia ya es firme, hay que hacer la anotación, teniendo que pasar los mismos datos al Siraj, el registro de
penados y rebeldes. Sería más fácil darle a un botoncito una sola vez y pasar los datos al registro de penados y rebeldes cuando hay sentencia firme. Lo que no puede ser es que un mismo funcionario, en un mismo expediente, para hacer estas tres
pantallitas tarde aproximadamente entre 25 y 35 minutos, cuando en pasarlo una sola vez


Página 10


tardaría diez minutos; dando solo a un botoncito tardaría diez minutos y lo tendría todo instalado. No es tan simple como poder decir que el grado de cumplimiento está conseguido sino que realmente funcione, que sea eficaz y que el
funcionario gane tiempo tramitando a través de estos medios tecnológicos. Para mí la modernización de la justicia es esto y no un papel, un programa o este chip tan bonito que nos han enviado; es que realmente se note que los funcionarios
optimizan mejor el tiempo.
Asimismo, la base de datos relativa a la lucha contra la violencia de género, que sé que está entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, suele dar problemas; se cuelga, la pantalla se queda en blanco,
etcétera. El propio Ministerio del Interior dijo -se lo voy a leer literalmente-: Se cae la mayoría de las veces si hay varias personas mirando a la vez o tienes abiertos varios archivos. Esto es una realidad y lo que le he leído proviene del
Ministerio del Interior. ¿Qué hace el Ministerio de Justicia para mejorar esta base datos para luchar contra la violencia de género? No podemos hablar desde el Ministerio de Igualdad de la violencia de género si los medios tecnológicos no
funcionan. Y respecto al EJIS en el POA de 2009 pone que se ha cumplido el cien por cien. Creo que no se trata tanto de que el ministerio llegue a acuerdos para que todas las comunidades autónomas tengamos este marco de trabajo, un único programa,
sino que quien tiene que liderar el EJIS y quien tiene que liderar que las 17 comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas tengan en pleno funcionamiento este único marco operativo es el ministerio. Lo que tiene que hacer usted desde el
ministerio es liderar el programa EJIS. ¿Cuándo funcionará el programa EJIS como marco único en toda España? Quiero saber qué día funcionará el EJIS para que cualquier juzgado de España pueda saber qué causa tiene el ciudadano que tiene enfrente
en cualquier otra ciudad o en cualquier otra oficina judicial.
De Lexnet se habla desde la época del Partido Popular que fue quien lo impulsó. Todavía estamos hablando de Lexnet y aún no está instalado en todo el territorio ministerial, y usted lo
sabe. Hemos empezado hablar en el POA del EJIS y quiero saber cuándo estará en pleno funcionamiento, cuándo se compromete el ministerio a que todos los juzgados tengan instalado el EJIS. Creo que quienes lo tienen que liderar son ustedes, y no
cada comunidad autónoma. No tenemos que crear dos, tres o diecisiete justicias, sino solo una, para que cualquier ciudadano que un día le toque en Barcelona y otro en Madrid no note ninguna diferencia. Le voy a poner un ejemplo. La Coca-Cola hace
que tenga el mismo gusto en toda España. No puede ser que tenga un gusto diferente en Andalucía o en Cataluña. Por tanto, la justicia igual para todos. No creo en la justicia de dos velocidades. Yo, por el sitio donde vivo, Vilafranca del
Penedès, me toca vivir una justicia de segunda velocidad, a diferencia de los de Barcelona. ¿Por qué cuando yo estoy pagando los mismos impuestos que los de Barcelona, que los de Madrid o que los de cualquier punto de España? ¿Cuándo funcionará el
EJIS en toda España sin que se adelante una comunidad autónoma a otra, sino que quien lo lidere sea el ministerio?


El señor PRESIDENTE: Señora Monserrat, lleva quince minutos.



La señora MONSERRAT MONSERRAT: Termino. Quiero saber si el EJIS está dentro del POA de 2010, si está dentro de las fichas de 2010. Me gustaría que en la réplica me contestara a las preguntas que le he hecho y que me explicara un poco más
el grado de cumplimiento de cada una de las fichas del POA de 2009.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Juanes Barciela.



La señora JUANES BARCIELA: Señorías, aunque sea incurrir en una falta de originalidad, que es una falta poco discutible, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al señor Sánchez Guiu por su intervención tan detallada,
que ejemplifica la importancia del tema que nos ocupa, y más teniendo en cuenta que es la primera vez que interviene en esta Comisión. Siga trabajando a favor del servicio público de la justicia como lo está haciendo hasta ahora, porque es lo que
está exige la ciudadanía. Con esta información que nos ha aportado hoy, queda claro que este plan no es un mero brindis al sol. Abordar la materia que nos ocupa hoy, por la complejidad y variedad de la misma no requiere solamente complicidad sino
que requiere implicación, responsabilidad y, sobre todo, lejos de miradas facilonas que esperan soluciones de manera inmediata. Digo esto por dos cuestiones, para mí fundamentales. Los españoles en estos momentos no han mejorado la valoración
sobre la justicia ni han apreciado en términos generales una mayor fiabilidad y eficacia, como demuestra la encuesta del CIS, donde el 77 por ciento de los encuestados dice que la justicia funciona mal. Y, en segundo lugar, por el aumento de la
litigiosidad; según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se elevó a más de nueve millones de asuntos, es decir, 196 asuntos por cada mil habitantes. Es más, en doce años, la carga de trabajo se ha incrementado en un 50 por
ciento. Por tanto, creo que no se pueden pedir peras al olmo ni soluciones de manera inmediata.
Algunos han recibido la noticia de este plan de modernización con una actitud escéptica, no lo puedo reprochar, y más teniendo en cuenta que la
modernización de la Administración de Justicia se lleva prometiendo en ese país durante treinta años. Pero ha sido este Gobierno socialista el que ha puesto encima de la mesa una carta de navegación, como dijo el ministro de Justicia en esta
Comisión, que ha trazado un camino donde la búsqueda del acuerdo no se circunscribe solamente al ámbito parlamentario (el apoyo del Congreso de los Diputados el 2 de abril de 2009) sino que ha integrado a todos los sectores profesionales implicados
en el sistema de justicia (Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas,


Página 11


Fiscalía General del Estado y asociaciones judiciales); una carta con un horizonte temporal, 2012, y una carta, como bien ha dicho el secretario general de Modernización, entorno a seis ejes, con 147 actuaciones concretas, procurando la
colegiación de esfuerzos y la implicación de todos los actores implicados en el sistema. Existen, por tanto, motivos para pensar, y se lo digo también a la portavoz del Partido Popular, que en esta materia hemos sabido hacer bien las cosas, porque
nunca ha habido un gobierno más sensible a este tema, ni un plan elaborado con tanto consenso y convicción. Ya veremos si es suficiente.



Señorías, no me voy a poner a examinar la importancia del plan de modernización porque ya lo ha hecho detalladamente el señor Sánchez Guiu.
Pero después de lo que ha dicho el secretario general de Modernización, no me resisto a hacer una
valoración que a nadie se le escapa, y es que este Gobierno se ha tomado muy en serio la reforma de la Administración de Justicia. Y digo esto porque teniendo en cuenta el actual contexto económico, que obliga a una drástica contención del gasto
público, el presupuesto de justicia se ha incrementado en un 13 por ciento respecto al año anterior y, además, es un presupuesto especializado en la modernización de la justicia con un 12,8 por ciento. Es decir, están concentrando todos los
esfuerzos en el plan de modernización, que contará este año con 218 millones de euros adicionales, cumpliéndose, además, el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno de que en los próximos tres años 100.000 millones de pesetas vayan
destinados a la modernización de la Administración de Justicia. Y esto no es ningún eslogan, esto es la realidad. Las cifras, por tanto, deben valorarse con lo que de hecho reflejan. Aquí es donde se demuestra la apuesta decidida por la
modernización. Se pretende pasar, si me lo permiten, de lo gaseoso a lo sólido. Por eso tenemos en estos momentos un presupuesto adecuado para llevarlo a cabo. No voy a extenderme más en esta cuestión porque está explicada ya en la comparecencia
de los presupuestos del pasado 11 de noviembre.



Aquí también ha hecho el señor secretario de Modernización, y quiero ponerlo de relieve, la foto del incremento del 19 por ciento de la planta judicial, de modo que en 2012 habrá 910 unidades judiciales. Esta creación es necesaria, pero
también son necesarios los recursos al frente de las mismas. Por eso la plantilla judicial se incrementará, como bien ha dicho el señor Sánchez Guiu, entre un 17 y un 20 por ciento, es decir, 750 nuevas plazas de jueces, 250 por año; 450 nuevas
plazas de fiscales, 150 por año; y 800 nuevas plazas de secretarios judiciales. Puede que sean insuficientes, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, pero hay que saber de dónde venimos para sabe adónde vamos. Digo esto por una cuestión
muy sencilla, el incremento de plazas en estas dos legislaturas supera con creces el doble de las creadas por el gobierno del señor Aznar. Por tanto, no creo que, como decían las coplas de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fuera mejor, y
mucho menos en materia de justicia. La portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra coincide en que son necesarios más medios y más recursos, y los tenemos.
Pero al Grupo Parlamentario Socialista le parecen mucho más relevantes, como ha
puesto de manifiesto el señor Sánchez Guiu, los cambios estructurales en la organización y funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Es decir, es fundamental introducir economías de escala en la gestión y organización de la vida de nuestros
juzgados y tribunales. Este es el gran objetivo de la nueva oficina judicial. El compareciente decía literalmente, creo haberlo apuntado bien: Para conseguir garantizar las actuaciones que requiere este proceso de reingeniería es necesario
definir y ejecutar un plan de gestión de cambio.



Dentro de este proceso complejo que ha detallado brevemente, ¿puede decirnos el coste para formar a todo el cuerpo de secretarios judiciales y a los funcionarios de la Administración de Justicia? En relación a esta cuestión, ¿podría
detallarnos las principales obras en ejecución, como las actuaciones programadas para el ejercicio 2010 que han tenido en cuenta los requerimientos de la implantación de la nueva oficina judicial? Se ha referido usted a que es imprescindible
dibujar el nuevo mapa judicial que necesita nuestro país mediante la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación. Es cierto que la ley vigente está inspirada en criterios modernizadores de la primera mitad del siglo XIX, cuyas previsiones
han sido absolutamente superadas, nos han desbordado.
En la implantación, un tema que es clave para el Grupo Parlamentario Socialista y que usted lo ha puesto bien de manifiesto esta mañana, lo ha dicho muy alto y muy claro, es el relacionado con
la implantación de las nuevas tecnologías. Mi grupo considera, repito, que ocupa un lugar central en este plan con un presupuesto para este año de casi 152 millones de euros, con actuaciones que van dirigidas a facilitar y agilizar los trámites y
las notificaciones, mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y sobre todo favorecer la interoperabilidad entre todos los operadores jurídicos. En definitiva, la finalidad de este esfuerzo inversor es conseguir que nuestros juzgados
funcionen en red.



Señor secretario general de Modernización, usted ha hablado del grado de implantación del sistema Lexnet. ¿Podría detallar exactamente ese grado de implantación? También se ha referido a que este proceso de informatización y modernización
se va a aplicar de manera efectiva a los cerca de ocho mil registros civiles existentes en nuestro país, de los cuales 432 son registros civiles principales. A fecha de hoy, señor secretario, ¿cuántos registros se encuentran informatizados y
trabajando en red con la versión Infored 4 y cuál es el nivel de digitalización de los tomos digitalizados? En relación a esta cuestión, otro de los tema clave del plan de modernización es la reforma del Registro Civil. Todos somos conscientes de
que el funcionamiento de los registros a día de hoy es motivo de un gran número de quejas por


parte de toda la ciudadanía. Por eso me gustaría señalar


Página 12


la importancia del proyecto y la importancia del nuevo Registro Civil para que opere como un registro único y accesible en la línea para realizar cualquier trámite. Y en relación con la colegiación de esfuerzos con las comunidades
autónomas, ha puesto de manifiesto que se están tramitando convenios trilaterales entre el Ministerio de Justicia, el ente público Red.es y las comunidades autónomas. ¿Podría detallarnos de manera breve la financiación de esos convenios?


Concluyo, señoría, dándole las gracias, señor secretario de Modernización, porque está trabajando desde el primer día por lo que podríamos denominar un estilo de política de justicia comprometida. Una justicia mejor y de más calidad, en
sintonía con lo que nos demandan los ciudadanos. Estoy convencida de que en el logro de ese propósito el Ministerio de Justicia y este Gobierno socialista no están solos, porque el reto es lograr una justicia moderna, rápida, cercana y que dé
respuestas a las necesidades de un país avanzado. Yo creo que es plenamente asumible y podemos alcanzarlo; eso sí, con la suma de los esfuerzos y las voluntades de todos. El Grupo Parlamentario Socialista creo que valora los pasos firmes. Son
pasos en los que no podemos ir hacia atrás. Son pasos difíciles. Pero yo creo que no van a tener, como le decía antes, una marcha atrás. Espero y deseo que con este plan que usted ha puesto hoy encima de la mesa, la fotografía de nuestra justicia
cambie respecto de la que vemos hoy.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere hacer alguna pregunta breve? (Denegación.) Pues entonces tiene la palabra al señor don Ignacio Sánchez Guiu, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.



El señor SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Sánchez Guiu): Intentaré dar respuesta a todas las preguntas. En relación con el plan operativo 2009, realmente lo hacemos llegar a SS.SS. con un
cierto retraso y tenemos la tarea de mejorar tanto en la relación como en la entrega. Eso no quiere decir que se haya terminado hoy la memoria. Por otra parte, tampoco sería extraño que hubiese sido así porque el tiempo que hemos tenido desde que
el 18 de septiembre se aprueba el plan estratégico tanto para elaborar el plan operativo como para ejecutarlo creo que es un tiempo realmente breve. Y además lo sabíamos y nosotros mismos nos impusimos esa celeridad. En cuanto a 2010, prometemos
hacérselo llegar a SS.SS. la próxima vez en enero. De todos modos, desde el 1 de enero ya lo estamos ejecutando.



El grado de cumplimiento. Dado el escaso tiempo que teníamos, no es que se hayan incumplido ocho medidas; ocho medidas están muy desarrolladas. Por ejemplo, una a la que se ha referido S.S., que es la elaboración de un protocolo marco
para la aprobación de refuerzos y planes de actuación concretos, tenemos elaborado ese plan y estamos pendientes de analizarlo con el Consejo General del Poder Judicial. No creemos, y desde el principio lo hemos tenido claro, que una manera de
colegiar esfuerzos sea soltar esos planes unilateralmente. Y en concreto, precisamente a mediados de la semana que viene tenemos una reunión con el Consejo General del Poder Judicial, en concreto con la comisión de modernización, siendo entre otras
cuestiones este tema uno de los que hay en el orden del día.



La colegiación de esfuerzos. Nadie podrá negar que en toda la historia de España, desde que hay Consejo General del Poder Judicial y hay comunidades autónomas con transferencia, jamás ha habido una colegiación de esfuerzos institucional
como hay en la actualidad ni mejor relación y compromiso de todas las instituciones que tenemos responsabilidades en la Administración de Justicia como en la actualidad. Eso se ve en los grupos de trabajo, en los programas conjuntos y también en la
cofinanciación que se propone de algunos programas.



En relación con los acuerdos con operadores jurídicos, todas las mesas las tenemos abiertas. Dialogamos porque se trata de un proceso, y en algunas cuestiones hemos avanzado y alguna de las cuestiones las ratificaron SS.SS. cuando
reformaron la ley orgánica aprobando medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, creando los jueces de adscripción territorial o suprimiendo el ascenso forzoso en la carrera judicial. Es cierto que no es un camino sencillo, pero también
lo es que nosotros percibimos por parte de todos la voluntad de encontrar el punto de encuentro. Y ahí vamos a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios. Respecto del real decreto de puestos-tipo de secretarios judiciales, en un periodo
como el que está viviendo España, en un entorno de crisis económica, se incrementa la masa salarial del cuerpo superior de secretarios judiciales en 5.595.000 euros, lo cual es un esfuerzo presupuestario muy notable. Alguna asociación dice que se
les baja el sueldo y no es cierto, no hay ninguna bajada de sueldo considerado en su conjunto; como no hay todavía, considerado en su conjunto, ningún gestor procesal que gane más que un secretario judicial. Este tema lo complica la cuestión de
las transferencias, y a pesar de que en conferencia sectorial todas las comunidades y el propio ministerio manifestamos nuestra voluntad de ir a posiciones comunes, quizá alguna no se sujeta, por circunstancias concretas, a eso que a todos nos
gustaría.



El real decreto de secretarios judiciales lo ha recurrido el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y nos parece perfectamente legítimo.
Por cierto, este lunes el Supremo ha dictado auto denegando la suspensión provisional por cuanto
considera que es prevalente el interés que la Administración está defendiendo y que en lo referido a las categorías, sin perjuicio de lo que diga la sentencia definitiva sobre el fondo, que establece este real decreto, el ministerio se ha limitado a
recoger lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, otra cosa son


Página 13


las cuantías y la resolución definitiva que dicte el Tribunal Supremo en su momento.



Al tema de la homogeneización de planes de refuerzos y planes operativos ya me he referido. Nosotros esperamos que a mediados de la semana que viene cerremos con el consejo o recibamos, bien su visto bueno, bien sus aportaciones, y poder
proceder a la aprobación del acuerdo.



Por lo que se refiere al régimen disciplinario de secretarios judiciales, el ministerio tiene dos líneas de trabajo: una, está elaborando una reforma amplia del reglamento de secretarios, que estimamos que es necesario adecuarlo a la actual
estructura orgánica del propio ministerio, y otra trae consecuencia de las recientes reformas aprobadas por SS.SS. el año pasado en la ley orgánica, como, por ejemplo, la reforma del artículo 521 de la ley orgánica, y algunas otras cuestiones.

Para la reforma del régimen disciplinario, como para alguna otra reforma que nos gustaría incluir, es preciso reforma de ley orgánica que, como SS.SS. conocen mucho mejor que yo, necesita de una mayoría cualificada.
El ministerio está trabajando
en algunos textos y yo creo que realizará los oportunos contactos para ver si en su momento cuenta con los apoyos necesarios para sacar estas reformas adelante.



El tema de la formación. Hay formación presencial, y las cifras que daba se refieren a formación presencial. Los 350 cursos, en algunos casos, porque no se podía hacer de otra manera, se están desarrollando en El Escorial, y hay otra serie
de cursos que se están realizando de forma descentralizada en algunas comunidades autónomas, pero los 350 cursos son formación presencial. Con independencia de esos 350 cursos, hay una serie de materiales didácticos que están disponibles a través
de Internet y, a la vez, el Ministerio de Justicia -pero eso ya aparte del plan de formación- está trabajando en una herramienta de e-learning que esperamos poder implementar en las próximas semanas, pero eso es independiente de lo que he explicado
en el tema de formación.



En referencia a la comisión de lenguaje jurídico, celebró su primera sesión hace dos semanas. Allí se planificaron las tareas a realizar, se distribuyeron trabajos y a lo largo de todo este año, en los próximos meses, irá desarrollando el
trabajo y presentará sus conclusiones al Ministerio de Justicia para ir en la línea que usted apuntaba y que nosotros compartimos que es absolutamente necesario.



En lo que respecta a la actualización de precios públicos, el ministerio ya tiene una orden elaborada y se encuentra en los trámites preceptivos, que a veces son pesados pero que son necesarios, de informes y de tramitación por la secretaría
general técnica y esperamos que muy pronto vea ya la luz. El tema de la nueva oficina judicial, si le parece a S.S., se lo respondo todo junto.



Por lo que se refiere a Minerva y a Lexnet, ambos se han cumplido en el plan operativo 2009. En el plan operativo 2009 no se trataba de implantar el nuevo Minerva NOJ, se trataba de evolucionar todas las aplicaciones que había dispersas en
lo que es territorio ministerio y en algunas otras comunidades autónomas que también usan este aplicativo, de hacerlos confluir en el programa Minerva y en una plataforma mucho más potente que nos permitiese, cuando entren en vigor las leyes
procesales, tener disponible y en funcionamiento el Minerva NOJ, y eso se ha realizado tal como estaba planificado. En cuanto a Lexnet, quizá queden cinco o seis juzgados en lo que es territorio ministerio por implantar el sistema Lexnet pero,
desde luego, si no está en el cien por cien, está en el 98,9 o en el 99 por ciento. Va a haber innovaciones muy importantes y novedosas, como, por ejemplo, que por fin podamos asistir al auxilio judicial telemático. Les comentaba en mi
intervención que la pasada semana se ha dotado de una nueva arquitectura para soportar el incremento de usuarios y para soportar estas nuevas funcionalidades.



El expediente digital no decimos que esté finalizado; de hecho, en mi exposición he dicho que el desarrollo de todo este programa, que está en ejecución, lo estimamos en un año. Siempre en temas de nuevas tecnologías hay que cruzar los
dedos porque a veces no es tan ciencia exacta como nos quieren hacer ver los informáticos y hay algún pequeño problema. Lo que sí hablábamos respecto al POA 2009 es que íbamos a hacer una definición de todo este proyecto e íbamos a realizar una
encomienda de gestión para su desarrollo de ejecución, y eso sí se ha cumplido.



En relación con los sistemas de grabación y videoconferencia, ahora mismo se están acabando ya en los últimos partidos judiciales de España el cambio de los sistemas analógicos antiguos por sistemas digitales y, donde no lo había, la
instalación de sistemas digitales que conllevan también la posibilidad de videoconferencia. La idea es -ahora mismo el dato exacto no lo tengo, no sé si puede faltar alguno- que, si no están todos en las próximas semanas, todos los partidos
judiciales permitan el sistema de videoconferencia.



Con respecto a los protocolos de nueva oficina y el sistema de firma digital incorporado en salas de vista, el ministerio tiene ya elaborado un protocolo de funcionamiento. Yo no sé si SS.SS. conocen que el Consejo General del Poder
Judicial, en su pleno de la semana pasada, aprobó el reglamento de homogeneización de servicios comunes, que contribuye también a la línea que manifestaba su señoría. Nuestra idea es repartir este protocolo en los próximos días entre secretarios de
gobierno y secretarios coordinadores, para que en la próxima reunión, que se va a celebrar en el mes de abril, con todos los secretarios coordinadores de España, sea objeto de análisis de las últimas modificaciones que, con las incorporaciones que
nos hayan hecho, introduzcamos en el mismo.



En relación con este tema, lo mismo que con el tema de la firma digital incorporada a las grabaciones en salas de vistas, lo que entra en vigor el 4 de mayo son ni más ni menos que las leyes procesales. En el tema de despliegue de nueva
oficina judicial nosotros, de acuerdo


Página 14


con el Consejo General del Poder Judicial, vamos a empezar en el mes de mayo, pero vamos a empezar progresivamente, con prudencia, desplegando esa nueva oficina judicial cuando tengamos asegurados absolutamente los factores del éxito de la
implantación. Y en ese sentido, el 4 de mayo no va a haber firma digital en salas de vista. El propio legislador, SS.SS., han previsto un sistema que establece las distintas posibilidades, las distintas opciones que hay precisamente para
posibilitar la aplicación de las leyes procesales, pero este año sí va a haber, y me he referido a ello en mi primera intervención, un concurso público para que en estas nuevas salas de vista se incorporen nuevas funcionalidades, en concreto me he
referido a dos. Una, la posibilidad de firma digital por parte de los secretarios judiciales; de hecho, la definición que hemos hecho para el concurso público es que el secretario judicial que así lo necesite o que entienda que lo debe hacer así,
desde su propio despacho va a tener monitorizada la sala de vistas y va a tener el control sobre lo que allí se celebra y, dos, Igualmente va a haber una incorporación en el sistema de gestión procesal.



Por lo que se refiere al Siraj, me he referido a tres cuestiones en mi intervención. La primera es la mejora de la actual aplicación. Día a día -eso lo reconocen todos los secretarios judiciales que están trabajando con ellas- estamos
estableciendo mejoras en los tiempos de respuesta.
Plagiando un lema de mi ciudad, si me permiten SS.SS., para ser gráfico, estamos abiertos por obras y, cuando se está abierto por obras, a veces enredando en las aplicaciones, la mejor noticia que
tenemos es cuando no hay noticias. Que la semana pasada no haya llamado nadie quejándose del sistema Lexnet cuando hacíamos un cambio de arquitectura, si me permiten también la expresión coloquial, es para felicitar a nuestra Subdirección de Nuevas
Tecnologías. Día a día se están incorporando nuevas mejoras al Siraj. A veces quizá fallamos en la comunicación, en no comunicar rápidamente a los secretarios y a los usuarios a través de su propia página las mejoras que se van incorporando, pero
los objetivos en los que de manera muy intensa estamos trabajando este año están en la línea que ha apuntado usted: la integración con el sistema de gestión procesal, que haya una única vía de entrada a cualquier registro y a la información que
tenga cualquiera de los registros y además que haya una gestión unitaria del sistema de usuarios.



El sistema que menciona de la lucha de género no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia sí que tiene un registro de medidas cautelares y de violencia de género al que tienen acceso todos los órganos
judiciales de España y tiene la información perfectamente actualizada y es coherente con lo que está ocurriendo en nuestros órganos judiciales. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no solo el Ministerio del Interior, tienen acceso
también a estos datos a efectos precisamente, fundamentalmente, de prevención.



Por lo que se refiere al sistema EJIS, claro que el ministerio está liderando. Toda la financiación de dicho sistema que actualmente se está haciendo la está realizando el Ministerio de Justicia. La creación de la oficina de sostenimiento
del sistema EJIS la está financiando el Ministerio de Justicia, los tres planes que se han aprobado para el año 2010 los está financiando el Ministerio de Justicia con su presupuesto y, además, si no hubiese sido por el liderazgo del Ministerio de
Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, hoy seguiríamos sin el sistema EJIS, que no es una meta, sino un camino, un proceso. El día que no haya esquema judicial de interoperabilidad iremos mal, porque significará que estaremos fallando
en la colegiación de esfuerzos. No sé si le he respondido a todas las cuestiones.



En relación con las que me planteaba S.S., el coste de la formación que se está llevando a cabo, si no me falla la memoria, es de 2.600.000 euros: elaboración de materiales didácticos, abono de ponentes, etcétera.



Por lo que se refiere a las obras, este tema está íntimamente ligado con lo que va a ser la continuación del proceso de desarrollo de la nueva oficina judicial. De hecho, probablemente este mismo año vamos a continuar. Por ejemplo, se
finalizan edificios judiciales nuevos muy importantes, como el de Cuenca y el de Mérida, lo que va a suponer que en esa misma medida vayamos profundizando e intensificando el despliegue de la nueva oficina judicial. Ahora mismo se están haciendo
obras en muchos partidos judiciales. En Aragón hay un compromiso sujeto al acuerdo de traspasos que supone la ampliación del Palacio de Justicia de Teruel. En Baleares, a mediados del año que viene se finaliza un nuevo edificio judicial en Mahón.
Igualmente en Castilla-La Mancha. Se está trabajando, como decía, en Cuenca, pero también hay previsión de actuar en los partidos judiciales de Ciudad Real y Albacete. En Castilla y León se está trabajando en Ávila, en Burgos, en Salas de los
Infantes, en León, donde finalizará también a lo largo de este año el nuevo edificio de los juzgados; en Almazán, en Soria y en Zamora. Otro tanto en Extremadura, ya me he referido a que este año se termina el edificio para los juzgados de Mérida,
pero también se está trabajando en Badajoz y en Valencia de Alcántara; así como en Mula y en la segunda fase de construcción de los edificios judiciales en la propia Murcia, lo que nos va a permitir llevar al cien por cien el despliegue de la
oficina judicial en Murcia. También se están acometiendo en Madrid, por mencionar algunas de las más importantes.



Algunos de los ejes más importantes en los que vamos a incidir en las actuaciones y en los que estamos trabajando durante este año son de ámbito normativo. Mencionábamos la apertura del debate y el análisis de las recomendaciones del grupo
de expertos en materia de planta y demarcación y también estamos trabajando para poder presentar este año un borrador de anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Tenemos que impulsar de manera decidida los trámites de los anteproyectos


aprobados de ley de registro civil, mediación y arbitraje.



Página 15


Por lo que se refiere a la nueva oficina judicial, obviamente, está siendo uno de los ejes fundamentales el impulso del desarrollo y la implantación. También en materia de oficina judicial me he referido anteriormente a que el desarrollo de
las infraestructuras y el compromiso del ministerio en esta materia van ligados al tema de nueva oficina. Y luego el plan de gestión del cambio va a durar no solo este año, sino que va a estar cada vez que en un partido judicial vayamos a realizar
el despliegue de la nueva oficina.



Por lo que se refiere a las TIC, hay ejes en los que estamos actuando también de manera importante este año. Ahí está el expediente digital de la Audiencia Nacional al que me refería -hablaba de la duración de un año-, el proyecto de
modernización de los institutos de Medicina Legal, la incorporación, a la que también me refería anteriormente, de la firma electrónica a los sistemas de grabación y aquello a lo que hacía referencia en el ámbito de la Unión Europea de la
integración de registros y de intercambio de información, así como el portal de justicia electrónica. En el tema de la colegiación, el sistema EJIS necesariamente va a tener que estar en todos los planes operativos que desarrolle el Ministerio de
Justicia, pero también en el proyecto Iusred. En la reunión que mantuvimos la semana pasada con comunidades autónomas propusimos dos grandes bloques: dar un impulso definitivo a los registros civiles para que los ciudadanos no solo puedan
solicitar a través de Internet sus certificaciones, sino para que también, en la línea que apuntaba la portavoz del Grupo Popular, puedan conseguir la propia certificación sin necesidad de que se la tenga que remitir posteriormente el Registro
Civil. Las grandes líneas de actuación son potenciar la digitalización de los juzgados de Paz y la existencia de un expediente digital en la tramitación de los expedientes propios del Registro Civil y la que hace referencia a los registros
consulares, que va a ahorrar mucho tiempo en las inscripciones y en los asuntos que allí se tramitan. No sé si he contestado a todo.



El señor PRESIDENTE: Considero inoportuno otro turno.



Quiero agradecer en nombre de la Comisión la exhaustiva comparecencia y felicitar al secretario de Estado de Modernización de Relaciones con la Administración de Justicia, don Ignacio Sánchez Guiu, por la misma y por la información que ha
transmitido a esta Comisión.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.