CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 479

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 30

celebrada el martes,, 2 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias en relación al 'Informe de evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación', a los efectos previstos en la disposición adicional 3.ª de la Ley 27/2009, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración:


- De la señora secretaria Confederal de Empleo y Migración de Comisiones Obreras, CC.OO. (López Bermejo). (Número de expediente 219/000488.) ...
(Página 2)


- Del señor secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores, UGT (Ferrer Sais). (Número de expediente 219/000489.) ...
(Página 2)

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- Del señor representante del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (De la Cavada Hoyo). (Número de expediente 219/000490.) ... (Página 16)


- Del señor secretario general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme (Vilar Martínez). (Número de expediente 219/000491.) ... (Página 16)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



Celebración de las siguientes comparecencias en relación al 'informe de evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación', a los efectos previstos en la disposición adicional tercera de la ley 27/2009, de
30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Por acuerdo de la comisión de trabajo e inmigración.



- DE LA SEÑORA SECRETARIA CONFEDERAL DE EMPLEO Y MIGRACIÓN DE COMISIONES OBRERAS CC.OO. (LÓPEZ BERMEJO). (Número de expediente 219/000488.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (FERRER SAIS). (Número de expediente 219/000489.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión de Trabajo e Inmigración, con el orden del día que ya obra en poder de SS.SS., que es la celebración de las comparecencias en relación con el informe de
evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación, a los efectos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo
y la protección de las personas desempleadas.



Vamos a seguir el mismo procedimiento que utilizamos en la anterior sesión de la Comisión. En primer lugar, habrá un bloque de intervenciones de los representantes sindicales -primero de Comisiones Obreras y luego de Unión General de
Trabajadores-; haremos un breve descanso y luego intervendrán los representantes de CEOE y de Cepyme. Así que sin más preámbulos, tiene la palabra la representante de Comisiones Obreras, la secretaria confederal de Empleo y Migración, doña Paloma
López Bermejo. Cuando quiera, doña Paloma.



La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE EMPLEO Y MIGRACIÓN DE COMISIONES OBRERAS (López Bermejo): Quiero, en primer lugar, agradecer la amable invitación que se ha realizado a Comisiones Obreras para intervenir ante esta Comisión de Trabajo e
Inmigración con relación al sistema de bonificaciones.



Respecto a las conclusiones sobre cómo opera el sistema de bonificaciones en el mercado laboral español, es preciso previamente hacer un breve diagnóstico de dicho mercado laboral. En la actualidad la economía española afronta un escenario
con rasgos significativamente diferentes al vigente desde mediados de los años noventa. Así, se ha pasado de una prolongada etapa de expansión caracterizada por elevadas tasas de crecimiento y creación de empleo, que ha contribuido a avanzar
sustancialmente en la convergencia real con la Unión Europea, a otra de fuerte desaceleración iniciada durante el verano de 2007, que ha desembocado en la crisis económica a partir de la segunda mitad del año 2008. El cambio de ciclo se pone de
manifiesto en el comportamiento registrado por diversas magnitudes. La evolución de las tasas trimestrales de crecimiento del producto interior bruto revela el gradual deterioro de la actividad económica a lo largo de 2008 y 2009. Por el lado del
gasto, se constata la moderación del consumo final debido fundamentalmente a la amortiguación en el crecimiento del consumo de los hogares. El desfavorable comportamiento del consumo privado, junto al deterioro de la actividad general y la
considerable restricción del crédito financiero han incidido negativamente en las expectativas empresariales, provocando un descenso de la inversión. Finalmente, este declive de la actividad económica ha provocado un rápido impacto negativo en el
mercado de trabajo con una creciente destrucción de empleo, que ha afectado de forma particularmente intensa a la construcción residencial, y de forma inducida a otras ramas productivas relacionadas con la misma.
En la actualidad -y hoy se
constataba el dato- la mayor destrucción de empleo se está produciendo en el sector servicios.



Las causas del cambio de tendencia en el ciclo económico tienen que ver con el impacto internacional de la crisis financiera y también con las propias debilidades del


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patrón de crecimiento en España. La elevada especialización del crecimiento en actividades que se caracterizan en general por su bajo o intermedio contenido tecnológico y escaso desarrollo de procesos de innovación, la segmentación de los
mercados de trabajo, el bajo crecimiento de la productividad agregada y el elevado endeudamiento de las empresas y las familias, han provocado unos desequilibrios que han convertido a este patrón de crecimiento en extremadamente vulnerable ante la
crisis actual, contribuyendo a agravar sus efectos más negativos.



El análisis de la actividad económica en el periodo que abarca desde 1996 hasta el año 2007 tiene especial relevancia, ya que en el marco de este ciclo expansivo se han consolidado algunos de los rasgos diferenciales que han caracterizado el
patrón de crecimiento en España durante la últimas décadas, tanto en términos de estructura productiva como de mercado laboral. Uno de los principales rasgos distintivos de la larga etapa de crecimiento económico iniciada en España a mediados de
los años noventa lo constituye el elevado ritmo de creación de empleo; un fenómeno particularmente relevante, tanto por la duración de este proceso como por su intensidad. La dinámica del empleo en este periodo se ha caracterizado por su fuerte
concentración sectorial, localizándose el mayor volumen de empleos en ocho subsectores que suponen el 71 por ciento del empleo creado en este periodo analizado. Se destaca la construcción residencial, la hostelería, el comercio al por menor, los
hogares que emplean personal doméstico y las actividades de carácter sociosanitario, entre otras.



En cuanto a la evolución de la estructura ocupacional del empleo en la última década, continúa en líneas generales el proceso de polarización desarrollado en periodos anteriores. Algunos de los subsectores con mayor contribución a la
creación de empleo han basado su crecimiento en el uso intensivo de puestos de trabajo poco cualificados que presentan peores condiciones laborales y una mayor vulnerabilidad ante el cambio de ciclo económico. La incorporación de las mujeres al
mercado laboral también ha experimentado un notable avance en la última década, consolidando así la tendencia iniciada en los años ochenta. Se trata de un proceso que debe ser valorado de forma especialmente positiva, pero que no puede soslayar la
existencia de algunos aspectos críticos, como la brecha todavía significativa que existe entre las tasas de empleo de ambos sexos y la persistencia de una fuerte segmentación laboral que contribuye a mantener las desigualdades de género. De igual
manera, la llegada sostenida de inmigrantes y su permanencia constituye uno de los principales cambios estructurales experimentados por la sociedad española en los inicios del presente siglo, con una incidencia notable en los diferentes ámbitos de
la vida social y de forma especialmente relevante en el ámbito laboral.
En este sentido, España se ha configurado en la presente década como un país de inmigración siguiendo de forma tardía, pero también más intensa, la pauta experimentada por
otros Estados miembros de la Unión Europea.



Un rasgo distintivo del empleo de inmigrantes es su marcada concentración sectorial en subsectores caracterizados por el uso intensivo de mano de obra para empleos que no requieren cualificación, de escaso contenido tecnológico y baja
productividad. Además, la actividad de los mismos está orientada prioritariamente al mercado nacional, presentando en general, un fuerte componente cíclico y, por tanto, una mayor sensibilidad ante situaciones de desaceleración económica. Este
colectivo tiene asimismo un peso relativo mucho mayor en las ocupaciones menos cualificadas, y muy inferior en las de alta cualificación, con relación a la registrada por los trabajadores autóctonos, entre otras cuestiones por la normativa vigente
en materia de extranjería, que determina la distribución sectorial en su acceso inicial al mercado de trabajo. Asimismo, la temporalidad en este colectivo es superior a la media. Otro de los colectivos especialmente vulnerable es el de jóvenes de
16 a 29 años, cuya tasa de paro se encuentra actualmente en el 30,16 por ciento, y cuya tasa de temporalidad se sitúa en el 44,5 por ciento. Cerca del 60 por ciento del empleo destruido en el año 2009 estaba ocupado por jóvenes, como ya se ha
apuntado anteriormente, como consecuencia del acceso al mercado de trabajo a través de la contratación temporal. Por niveles de estudios, las mayores tasas de desempleo corresponden a las personas con menor cualificación, y en términos interanuales
los parados de larga duración son el colectivo que más ha crecido en la situación de desempleo. Pero es la existencia de un alto nivel de temporalidad en el empleo lo que constituye uno de los principales problemas estructurales que presenta el
mercado de trabajo. Este fenómeno presenta un elevado grado de concentración sectorial y ocupacional, incidiendo, en general, con mayor intensidad al empleo de las ocupaciones con menores niveles de cualificación.



Entre 1996 y 2007 se crearon 2,1 millones de empleos con contratos de duración determinada, que suponen el 29,4 por ciento del volumen total del empleo asalariado generado en España. Una visión más ajustada de este fenómeno la proporciona
la tasa de temporalidad, cuya evolución en el periodo considerado ha pasado por diferentes etapas. Así, se constata una primera fase de suave retroceso de la temporalidad del empleo hasta los primeros años de la presente década, a la que le siguió
un repunte de la misma a partir del año 2004, entre otras razones, por el aumento de la temporalidad en las administraciones públicas. Posteriormente, la temporalidad ha experimentado una nueva inflexión descendiendo hasta la tasa del 31,8 por
ciento en el año 2007, una disminución que se explica por el impacto de las medidas de fomento de la estabilidad del empleo incluidas en el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo suscrito por los interlocutores sociales.



Actualmente, y según los datos del cuarto trimestre de la EPA del año 2009, la tasa de temporalidad se encuentra en el 25,08 por ciento. Esto es consecuencia del ajuste del empleo, que se ha basado y se basa fundamentalmente en la reducción
del empleo temporal, mientras que en otros países el ajuste laboral se ha realizado sobre la base de la reducción temporal de la jornada, lo que ha implicado un mantenimiento en los puestos de trabajo. En este contexto Comisiones Obreras planteó a
principios del año pasado


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un pacto de Estado que pivotara sobre varios ejes y donde las medidas a adoptar fueran a corto, medio y largo plazo, poniendo a las personas en el centro de las actuaciones y, por tanto, reforzando las políticas de protección social, el
mantenimiento del empleo y el crecimiento económico con un cambio en el modelo productivo, con una apuesta por la formación en todos sus niveles, con una política fiscal más progresiva y centrada en la lucha contra el fraude y con una más que
necesaria reordenación del sistema financiero. Por tanto, para Comisiones Obreras las prioridades son el empleo, el crecimiento y el cambio de modelo productivo. Así, y con relación a un aspecto concreto de las políticas laborales que han de
modificarse, se encuentra precisamente el sistema de bonificaciones.



En Comisiones Obreras consideramos necesaria una revisión del sistema de bonificaciones. Partiendo del diagnóstico del mercado laboral se ha de determinar a qué colectivos tienen que ir dirigidas y cómo pueden incidir en los cambios
estructurales que precisa la economía española. Asimismo, parece existir una falta de visión global de los objetivos perseguidos y que los programas se han ido creando por aluvión compitiendo entre sí, lo que implica que pierden su función para
actuar sobre colectivos con especiales dificultades y que generan, además, un sistema excesivamente complejo para su aplicación. Las bonificaciones no aumentan el volumen de empleo que se crea en una economía, pero sirven para que este sea más
estable y más equitativo.



La creación de empleo depende de múltiples variables: la primera, la actividad económica y junto a ella algunas son las expectativas de demanda de consumo, el crecimiento y el destino de la inversión, la capacidad exportadora, el grado de
competencia de las empresas que destinan su producción solo al mercado interior, el nivel de formación de la población y su compatibilidad con las necesidades productivas, entre otros factores. Las bonificaciones son un instrumento que centra su
atención en las cualidades del empleo que se está generando, tanto desde la perspectiva del propio puesto de trabajo como de las personas que van a ocuparlo. Se trata de un instrumento que al menos desde 1997 ha intentado estimular la creación de
empleos indefinidos frente a temporales, y la contratación de grupos o colectivos con dificultades para acceder a un empleo estable. Por estos motivos se puede afirmar que las bonificaciones operan para que el empleo sea más estable y equitativo.



Las bonificaciones no pueden suponer una reducción del coste laboral de las empresas. Los defensores de este análisis suelen apostar por su desaparición mediante una rebaja general de cotizaciones que beneficie a todas las empresas. Una
rebaja generalizada de cotizaciones no sería útil para incentivar el empleo de colectivos de trabajadores y trabajadoras con dificultades de acceso al mismo, además de tener una escasa repercusión, especialmente sobre las pequeñas y medianas
empresas, que es mayoritariamente el tejido empresarial español. Combinar ambos aspectos, colectivos y tamaño de las empresas, debería ser una de las medidas a tener en cuenta. Para ser eficaces las bonificaciones no pueden tener un carácter cuasi
universal, tienen que ser selectivas, aunque no marginales. En la actualidad, el sistema tiene ese componente de universalidad a pesar de su pretensión inicial. Por ejemplo, una de las últimas bonificaciones aprobadas por el Gobierno está dirigida
a la contratación indefinida de trabajadores que tuvieran responsabilidades familiares, siendo esta generalista respecto de los grupos de trabajadores y bonificando de forma indirecta a uno de los pocos colectivos que carecían de incentivos, como
son los desempleados de 31 a 45 años con cargas familiares.



Las bonificaciones pueden ser interpretadas en algún caso como un gasto innecesario. Diferentes estudios mantienen que el mercado, sin necesidad de incentivos, llevará a cabo la contratación indefinida de la persona o la conversión del
contrato temporal en fijo. Para mitigar este problema, denominado de peso muerto, las bonificaciones deben ser selectivas en el tipo de personas o empleos a los que se dirigen. Si las bonificaciones son generalistas, aplicables a cualquier
colectivo o empleo, solo supondrán la rebaja del coste laboral de las empresas. En cambio, si son selectivas, servirán para cambiar los usos y costumbres en la contratación de sectores de actividad concretos o para determinados colectivos de
personas. Pueden incidir también, como sería deseable, en que la contratación temporal no sea la forma de acceso normalizado al mercado laboral.



El carácter selectivo de las bonificaciones no significa que estas deban orientarse exclusivamente a colectivos marginales, aunque también puedan formar parte de las mismas. Se trata de bonificar situaciones que sin ser generales afecten a
colectivos importantes de trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de poder alterar su pauta de acceso al mercado de trabajo y cambiar de esta manera su estatus laboral. La bonificación no es siempre un instrumento eficaz para actuar sobre
todas las situaciones de desigualdad en el mercado de trabajo. En particular, cuando se trata de colectivos de alta vulnerabilidad, estas solo pueden cumplir un papel complementario dentro de una estrategia instrumental de carácter global; si
dicha estrategia no existe, las bonificaciones por sí mismas no pueden cumplir con su papel. Hay además programas que crean graves desigualdades de oportunidades entre las personas desempleadas no perceptoras de prestaciones e incluso dentro de los
propios perceptores, como sucede con alguna de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley de 2/2009, de marzo, donde se aprobó una bonificación para la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de prestación por desempleo. La cuantía
de la bonificación se ponía en relación con la cuantía de la prestación que le restaba por percibir al trabajador. Este tipo de bonificación es discriminatoria pues no intenta resolver una situación de desigualdad, colectivos más afectados por el
paro, temporalidad contractual, etcétera, sino todo lo contrario, la promueve, obstaculizando el acceso al empleo de personas en peor situación: los que no cobran la prestación. Con esta bonificación se discriminan los trabajadores y trabajadoras


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sin prestación o con prestaciones cortas frente a aquellos con prestaciones de naturaleza más larga. Asimismo, el Real Decreto-ley 2/2009 rompe el principio de bonificar colectivos que ha imperado hasta el momento en el sistema de
bonificaciones, pasándose a bonificar la contratación indefinida o temporal cuando la contratación sea a tiempo parcial. Esta modalidad contractual, que es la que mayoritariamente ocupan las mujeres, presenta importantes diferencias respecto a la
contratación a tiempo completo; en tanto que se incrementan las bonificaciones a esta modalidad contractual, se puede intensificar su utilización por los empresarios en perjuicio de la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones
de igualdad con los hombres.
Comisiones Obreras valora que es imprescindible una evaluación de impacto del sistema de bonificaciones, ya que no parecen existir garantías para el mantenimiento del empleo más allá del periodo de la percepción de las
bonificaciones.



En definitiva, constatamos la necesidad de clarificar, coordinar y valorar la eficacia del sistema de bonificaciones. Habría que atender a los colectivos con dificultades estructurales para acceder al empleo, como es el caso de las personas
con discapacidad, aunque probablemente en este colectivo sería más efectivo una mejor regulación o una combinación con políticas activas vinculadas, por poner un ejemplo, al empleo con apoyo.
Otros colectivos susceptibles de bonificaciones deberían
ser los parados de larga duración, parados de más de 50 años, y distinguirlos de los colectivos que necesitan una promoción y un fomento de empleo de carácter coyuntural, como es el caso de jóvenes o mujeres subrepresentadas en determinados
sectores. Asimismo, y con esto termino, quiero poner en valor la necesidad de mantener el programa para mujeres víctimas de violencia de género.



Gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier aclaración o pregunta que requieran.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora López Bermejo, por su presencia y por sus aportaciones.



A continuación hará uso de la palabra el secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores, don Antonio Ferrer Sais.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (Ferrer Sais): La Unión General de Trabajadores agradece esta invitación para poder trasladar sus opiniones sobre el actual sistema de bonificaciones a la
contratación indefinida.



Nuestras opiniones para una mejor comprensión, si me lo permiten, las centraré en tres bloques de ideas; en primer lugar, una reflexión de carácter general sobre los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, tanto coyunturales como
estructurales; un análisis y unas consideraciones sobre los resultados del Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, que concretamente es sobre el sistema de bonificaciones vigente más las modificaciones que se han ido incorporando, y
finalmente unos elementos de reflexión y también para contribuir al debate sobre el futuro del sistema de bonificaciones.



En primer lugar, nuestro mercado de trabajo actualmente se enfrenta a una situación de recesión económica y de altísima destrucción de empleo, es, por lo tanto, evidente, una situación muy distinta a la anterior etapa de expansión económica
y de creación de empleo. Hemos pasado de un crecimiento medio del empleo del 4 por ciento entre los años 2002 y 2007, con una tasa de ocupación que superó más de 20 millones de trabajadores, con una población activa de 22 millones en el año 2007, a
la actual situación. El desempleo en el periodo de 2002 a 2007 se redujo desde el 11,5 al 8,3. Los factores que contribuyeron a esa situación fueron fundamentalmente el desaforado -podemos afirmar hoy en día- crecimiento del sector residencial, o
sea, de la construcción de vivienda, y la demanda interna tanto en consumo como en inversión. Estas dos son las señas de identidad, las características de nuestro patrón de crecimiento, que a la vez han conllevado actividades de bajo valor añadido,
muy intensivas en mano de obra, y un crecimiento de la demanda interna vinculado al endeudamiento.



No es el objeto de hoy, pero uno de los problemas que tiene nuestro país, y las familias y las empresas, es el altísimo endeudamiento. Las últimas previsiones conocidas, las más recientes del pasado día 25 de la Comisión Europea, prevén que
muchos países entrarán en la fase de recuperación; en nuestro país se posterga más allá del año 2011, con los efectos que seguirán perjudicando negativamente al empleo. La causa habría que buscarla en nuestro modelo productivo, pues desde el año
2007 al año 2009 se han destruido 1,8 millones de puestos de trabajo y la tasa de paro, como anteriormente he citado, ha pasado del 8,6 a cerca del 19, concretamente el 18,8, muy superior a la de los países de nuestro entorno. No más lejos de ayer
la Comisión Europea, Eurostat, daba los datos del desempleo tanto de nuestra encuesta de población activa como de paro registrado desestacionalizado, y continuamos siendo el segundo país del conjunto de la Unión Europea. Quiero llamarles la
atención acerca de que países con procesos recesivos, con una caída del producto interior bruto mucho más alta que el español no han tenido prácticamente efectos negativos sobre el empleo; el paradigma sería Alemania, con una caída superior ha
tenido prácticamente un mantenimiento del empleo.



Estos son los elementos a analizar para ver cuáles son esos problemas y cuáles son los aspectos centrales de nuestro mercado de trabajo. Es un mercado de trabajo que en periodos de crecimiento es muy elástico en la creación de empleo, lo
hemos visto, y la misma elasticidad la mantiene para la destrucción de empleo; el hecho evidente es que hoy mismo los datos del paro registrado nos adelantan una nueva destrucción de empleo.
La persistencia de esa tasa viene también acompañada con
un nuevo error de los analistas. Se preveía una caída de la población activa y la población activa es verdad que tiene un ligero punto de inflexión pero está creciendo, fundamentalmente por la


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pérdida de ingresos familiares y, por lo tanto, la necesaria incorporación de mujeres que hasta ahora no habían optado al mercado de trabajo. La destrucción de empleo ha sido mayor en los sectores tradicionalmente masculinos: construcción
y la industria; ahora empezamos, desde finales del año pasado, y tanto los datos de enero como de febrero apuntan ya a un incremento del paro de mujeres vinculado fundamentalmente a la caída del sector servicios, directamente relacionada con la
contención del consumo y el aumento del ahorro. Las dos fases de destrucción de empleo que han existido en nuestro país, la primera desde finales del año 2007 se centró en el empleo temporal con la no renovación de los contratos y la pérdida de
ocupados por cuenta propia, autónomos. La segunda fase, a partir del tercer trimestre del año pasado, 2009, ha afectado ya directamente al trabajo indefinido, lo reflejan las dos últimas encuestas conocidas de la encuesta de población activa, tanto
la del tercero como la del cuarto trimestre. La propia evolución de los expedientes de regulación de empleo de extinción y la eficaz, y en este caso letal, Ley 45/2002 en la destrucción de empleo de manera descausalizada.



En este momento quisiera hacer una reflexión. En nuestro país toda esta situación conocida -no pretendo aburrirles a ustedes- ha provocado toda una serie de debates, en primer lugar, de cómo hacer frente, contener, mantener el empleo y
establecer la recuperación. Hay bastantes voces, no solamente desde el campo de la representación empresarial sino de instituciones nacionales e internacionales, que han planteado el problema de los costes laborales o los problemas de los salarios
diferidos, entiéndase como cuotas de la Seguridad Social. La evidencia es bastante más tozuda. El empleo, con carácter general, en nuestro país es una derivada de la actividad económica. Cuando crece la actividad económica, crece el consumo,
crece la inversión, y por tanto la demanda, y crece el empleo. Como ahora cae la demanda, caen el consumo y la inversión y cae directamente el empleo. Esto se evidencia directamente en el hecho de que el ajuste se hace con el empleo. Antes lo he
anunciado. Mientras los países vecinos, con tasas de crecimiento inferiores a la española, con tasas de recesión, están repartiendo el empleo y manteniendo a los trabajadores, en España los empresarios están actuando por la vía del ajuste del
empleo. Las fórmulas de reparto del empleo, reducción, reordenación del tiempo de trabajo, reducción de jornada, bolsas de horas, paro parcial en nuestro país son prácticamente marginales. No es un problema de regulación, es un problema de cultura
empresarial en ese terreno. Pero tampoco es una cuestión de voluntad empresarial. Un empleo cuya característica es la baja cualificación crece en una etapa de expansión, pero en una etapa de recesión no hay interés por retener a los trabajadores y
el ajuste se hace vía empleo, porque esos trabajadores serán repuestos con facilidad en un periodo de crecimiento en ese terreno.



Hay dos problemas más vinculados a nuestro mercado de trabajo y que tienen una relación directa con las bonificaciones. Nuestro mercado de trabajo es profundamente desigual. Una de sus características es la desigualdad de género. En un
periodo de crecimiento -considerándolo así hasta diciembre del año 2007- la tasa de paro de las mujeres ha llegado a duplicar la de los hombres. Es verdad que ahora, en una situación de recesión y de destrucción de empleo, está convergiendo. La
tasa de paro de los jóvenes, que alcanza ya cerca del 40 por ciento, en la etapa de crecimiento no bajó del 20 por ciento. La tasa de paro de los parados de larga duración no bajó del 22 por ciento y ahora se enfrenta ya a cerca del 35 por ciento,
y a la vez, la tasa de extranjeros en estos momentos es del 29,5 por ciento. Por tanto, seguimos teniendo situaciones estructurales, exactamente igual que en la etapa de crecimiento -los jóvenes, las mujeres y los trabajadores inmigrantes-, con una
característica además de carácter transversal, y es que las personas desempleadas son las que menos niveles formativos tienen. Si hiciéramos un cruce entre la situación de 2007 y la de 2009, veríamos que los cambios son ligeros pese al aumento del
volumen, pero no así porcentualmente. Este paro estructural apunta a situaciones de riesgo y de exclusión de cara a una futura recuperación, y el llamado paro cíclico, el paro de los hombres, el paro vinculado a los sectores más castigados por la
crisis, la construcción y la industria, también corre el riesgo de convertirse en estructural, en la medida en que si la salida no es -no parece que vaya a ser- por las actividades tradicionales vinculadas a la construcción, muchos de estos
desempleados no van a tener posibilidades de reinserción laboral.



La otra seña de identidad de nuestro mercado de trabajo es la altísima e injustificada temporalidad, tanto en etapas de crecimiento como de crisis. Los últimos datos de Eurostat situaban a España a finales de 2008 con el 29,3 por ciento de
tasa de temporalidad frente al 14 por ciento de la Unión Europea. Si comparamos el periodo de crecimiento 2002-2006, veremos que pasó del 31,8 en 2002 al 34 por ciento en 2006. Como saben, mayo de 2006 fue el momento de discusión y negociación del
Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo, cuyo objetivo central era reducir la temporalidad injustificada en nuestro país. Los efectos hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron efectivos, aunque insuficientes y tuvieron un resultado
claramente tangible. En el tercer trimestre del año 2006, cuando empezó a operar el Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo, había 5.600.000 trabajadores y trabajadoras con contratos temporales, pasando en el primer trimestre del año
2008, o sea, a 31 de diciembre de 2007, a 5 millones, bajando la tasa del 34,6 al 30,1 por ciento. A partir de 2008 la tasa ha descendido, pero nadie puede asociarlo a los resultados de aquel acuerdo. Desafortunadamente ha sido un ajuste, que ya
he situado anteriormente, fruto de la recesión económica en ese terreno.



Esa temporalidad, sin ánimo de cansarles con datos, mantiene la característica de género: mucha más temporalidad para las mujeres.
Mantiene también la característica de edad, es decir, la forma de acceso al empleo de nuestros jóvenes es la
contratación temporal y el viejo sueño de que primero se es temporal para acercarse luego al centro de la estabilidad no se cumple. La mayoría de los jóvenes menores de 25 años -cerca del 70 por ciento- mantienen


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contratos temporales, y a partir de los 25 años progresivamente se va reduciendo en ese terreno. Otra de las reflexiones vincula la temporalidad a nuestro tejido productivo. Se pretende justificar que determinadas actividades, tanto en el
sector primario como en el terciario, concretamente las derivadas del turismo conllevan temporalidad de manera innata. No tengo ganas de cansarles, simplemente hagan una comparación con las mismas actividades en los países del arco Mediterráneo,
que mantienen una estructura productiva semejante a la nuestra, y verán que en el caso de la construcción o en el caso del turismo tenemos el doble de tasa de temporalidad que el resto de los países. Asimismo, si comparamos nuestro sector de la
construcción con el de los países centrales de Europa, que tienen más estacionalidad debido a los cambios climáticos, podremos apreciar que mantienen menor temporalidad, prácticamente un tercio menos que nuestro país. Por tanto, nos encontramos una
temporalidad que no se puede justificar por la estacionalidad, sino que tiene un alto componente de injustificación en ese terreno.



Llegados a este punto, me gustaría, como les anunciaba, contribuir al debate, trasladándoles una serie de reflexiones de la Unión General de Trabajadores sobre el sistema de bonificaciones, que en lo sustancial no van a diferir del informe
que ha elaborado el Ministerio de Trabajo, de los informes de expertos universitarios o de la Agencia de Evaluación Estatal en ese sentido. Los resultados que según la Unión General de Trabajadores vale la pena resaltar son los siguientes: Desde
el inicio del Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo hubo un aumento del peso de los contratos indefinidos, tendencia que se trunca a partir del año 2008. Si comparamos, veremos que desde julio a diciembre de 2006, la contratación
indefinida creció un 40 por ciento, empezando a perder el ritmo a lo largo de 2007, precipitando su caída en 2008 y produciendo una variación negativa en 2009. En el año 2009, la contratación indefinida ordinaria cae respecto al mismo periodo de
2008, al igual que la contratación de fomento de la contratación indefinida. Por su parte, la conversión de contratos temporales a indefinidos aumentó de manera sustancial en la primera mitad de 2006 y hasta enero de 2007; cabe tener en cuenta que
hubo un periodo extraordinario de conversión desde mayo de 2006 hasta finales de 2007. Por tanto, desde la entrada en vigor del AMCE hasta diciembre de 2007 se han bonificado el 12,4 del total de contratos indefinidos iniciales de carácter
ordinario y el 85 por ciento de carácter de fomento. Llama también la atención que pese al mal comportamiento del empleo en el año 2009 estas cifras prácticamente se han mantenido: el 12 por ciento de contratos ordinarios y el 81 por ciento de
contratos de fomento de la contratación indefinida.



¿Habría que introducir alguna mejora en las bonificaciones? En primer lugar, hay que aclarar que el objetivo de las bonificaciones no es la creación de empleo, sino dotar al empleo de mayor estabilidad y, fundamentalmente, reducir la
temporalidad. En segundo lugar, se trata de producir un efecto sustitución, es decir, que aquellos grupos que más dificultades tienen tanto para incorporación al empleo como para el acceso a la estabilidad deben ser los más protegidos. Hay que
evitar algo en lo que todo el mundo coincide -Paloma ya lo situaba y los autores universitarios y el ministerio también lo sitúan-, que es ese efecto peso muerto que consiste en que el empleador hubiera tomado la misma decisión independientemente de
que se le hubiera bonificado o no. El sistema de bonificaciones en un futuro debe ser una pieza encajada directamente en el mercado de trabajo y que tenga algo que no ha tenido ni en el pasado reciente ni lejano, como es su vinculación a las
políticas activas de empleo y formación. Parece que las bonificaciones solamente tengan la vocación de hacer atractivo al trabajador o la trabajadora por los menores costes que va a sufrir el empleador, y no la de vincular los itinerarios
formativos de inserción en ese terreno. Asimismo, valdría la pena reflexionar sobre qué papel pueden jugar las bonificaciones para vincularlas a las políticas estructurales del cambio de modelo productivo en ese terreno. Los resultados hasta
ahora, como decía, han demostrado una insuficiente reducción de la temporalidad; la práctica universalización de las bonificaciones, algo completamente ineficaz; la ausencia del efecto sustitución, ya que se introducen nuevos colectivos, se
mantienen los anteriores y por tanto no se consiguen los objetivos que se habían anunciado o que se perseguían.



Por concluir, me gustaría situar un nuevo enfoque para las bonificaciones.
En primer lugar, tendríamos que reflexionar, revisar, reconsiderar el conjunto de los colectivos beneficiarios, ya que como decía anteriormente ha quedado demostrado
que la práctica universalización de los colectivos no da ningún fruto. Simplificar los colectivos para evitar la universalización y sobre todo poder lograr los objetivos que se definan.
Las decisiones que se deben adoptar deben tener en cuenta la
actual realidad del paro estructural de nuestro país. El actual sistema está basado en una etapa de crecimiento económico, no en una etapa de recesión económica. Tener en cuenta también algunas enseñanzas del pasado, que no tienen por qué
repetirse pero que valdría la pena tener en cuenta. La recuperación económica dará más oportunidades a las personas desempleadas con más formación, y se corre el mismo riesgo que en el pasado de que la recuperación conlleve más empleo temporal.
Ocurrió en los años ochenta y ocurrió en la crisis de 1991 a 1993. Por tanto, las bonificaciones deberían prever este tipo de cuestiones y tener en cuenta hacia dónde camina la evolución del modelo de crecimiento. Las bonificaciones deberían estar
destinadas a aquellas trabajadoras y trabajadores que van a tener más dificultades para coger la ola de la recuperación económica.
El denominador de estos grupos lo hemos situado anteriormente, son los trabajadores y trabajadoras con menos
cualificación, con falta de formación y la existencia de desigualdades en nuestro mercado de trabajo.



Por tanto, esto debe conllevar una simplificación del sistema, una revisión del modelo de gestión de las bonificaciones. Cabría reflexionar sobre si las bonificaciones tienen que ir directamente al empleador o no, lo cual


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puede parecer un cambio de las reglas del juego. En países vecinos es así como se opera; realmente un plus de empleabilidad para dar oportunidades de formación y por tanto posibilidades de aumentar el valor de las personas. Habría que
tener claro que estamos hablando de un sistema transitorio y excepcional y de carácter coyuntural, por tanto, la Unión General de Trabajadores rechaza cualquier propuesta que vaya destinada a reconvertir las bonificaciones con una rebaja de
cotizaciones estructurales. Sería completamente ineficiente y lo único que produciría sería situaciones de mayor desigualdad hacia las personas. Habría que resituar las bonificaciones hacia la contratación inicial. La experiencia actual es que
primero se contrata temporalmente, se convierte en un largo periodo de prueba y después se bonifica. Por tanto, si me lo permiten, en términos puramente figurados se está legalizando el abuso y el fraude en la contratación, bonificándolo encima con
dinero público. Por eso apostamos por la contratación inicial. Solamente en casos excepcionales cabría la posibilidad de tener procesos de conversión extraordinarios.
Nuestra experiencia -hemos vivido tanto el proceso de conversión de 1998 a 2000
como el proceso citado anteriormente de 2006 a 2007- nos dice que produce en embalsamiento de temporalidad, con la expectativa de nuevos procesos de conversión.



En consecuencia, por concluir, para la Unión General de Trabajadores el nuevo sistema debe tener como objetivos centrales e imprescindibles: Eliminar la cultura de la temporalidad; actuar sobre la temporalidad injustificada; fomentar la
creación de empleo estable, por tanto, de calidad; reducir las discriminaciones y desigualdades de nuestro mercado de trabajo fomentado sobre todo el empleo para las personas que tienen y van a tener más dificultades; articular el sistema de
bonificaciones directamente vinculado a las políticas de empleo, y apuntar que las bonificaciones deberían dirigirse hacia un nuevo modelo productivo, por tanto, de más valor añadido.



Muchas gracias por su atención.



El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el turno de intervención de portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quisiera que mis primeras palabras fueran de bienvenida y de agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Popular a los dos comparecientes que han hecho uso de la palabra a lo largo de esta comparecencia, doña
Paloma López y don Antonio Ferrer, en representación de Comisiones Obreras y de UGT respectivamente.



Señorías, hemos tenido la oportunidad de conocer en las últimas veinticuatro horas, en primer lugar, las cifras de paro de Eurostat respecto de los datos de enero donde se pone de manifiesto, en términos de datos desestacionalizados, que
España tiene ya más de un 19 por ciento de tasa de paro registrado, tasa que en jóvenes asciende a casi el 40 por ciento y en mujeres al 19 por ciento. Sin ser precisamente estas tasas las segundas de la Unión Europea, sí lo son en la Europa a
Veintisiete, pero no en la zona euro, donde somos claramente el primer país en tasa de desempleo con relación a estos colectivos.



Según las cifras que hemos conocido hoy de paro registrado, España tiene ya una cifra de 4.130.000 parados, lo que significa un incremento de 82.000 parados -un 2 por ciento- en el último mes. Ya son 650.000 los parados que se han sumado a
este colectivo a lo largo del último año, por tanto, casi un 16 por ciento, lo cual confirma que este es el séptimo mes del ejercicio en el que se ha incrementado el número de desempleados. En términos de afiliación la cifra es igualmente
preocupante. En términos desestacionalizados estamos en 17.500.000 afiliados, con una caída de 31.000 afiliados -si bien es cierto que aumenta en términos de datos sin ajuste estacional-, por lo que se han perdido cerca de 546.000 afiliados en el
último año. En términos de autónomos se han perdido 12.370, y si a esto le sumamos los parados en formación y los de disponibilidad especial, estamos hablando de que en España en estos momentos existen en torno a los 4,6 millones de parados reales.



Los contratos han descendido. En el último mes se han celebrado cerca de 1.028.000 contratos, con una caída de 22.011 contratos, y los indefinidos suponen aproximadamente el 10 por ciento de esta cifra, con lo cual podemos concluir que el
número de contratos temporales celebrados en el último mes ha sido del 90 por ciento, lo que incide en el grave problema de temporalidad que tiene nuestro país en este momento. Por otra parte, si referimos los datos de beneficiarios de desempleo,
en este momento hay 3.160.000 españoles pendientes del cobro de prestaciones o de subsidios por parte de la Administración del Estado para poder subsistir. Eso significa que en el mes de enero nuestro país ha gastado cerca de 3.000 millones de
euros, lo cual a su vez significa que estamos muy por encima de lo que supone la distribución mensual de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado dedicó hace escasamente dos meses a esta materia. El gasto medio por beneficiario es de
948 euros y la cifra de beneficiarios extranjeros, de inmigrantes que en este momento están cobrando una prestación o subsidio ya es de 500.000. Es decir, medio millón de inmigrantes en este país ya está cobrando prestaciones por desempleo.



Por tanto, la primera reflexión que cabe hacer en la mañana de hoy, como no puede ser de otra manera, es la de enorme preocupación por la continuación de la sangría, de ruptura del empleo en nuestro país; una situación enormemente
preocupante por lo que significa que en este momento, como SS.SS. conocen, haya 600.000 personas que se encuentran en ERE de suspensión y que, por tanto, estén bajo la espada de Damocles a la hora de que puedan incorporarse o adicionar su situación
a esta referida del desempleo. La comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo es la andaluza. Andalucía lidera el número de parados en nuestro país y en términos provinciales es Barcelona, lo cual también es enormemente significativo.



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Hemos tenido también la oportunidad de conocer en las últimas horas cuál es la disposición del Gobierno para modificar la estrategia de economía sostenible, que era el gran paradigma de los cambios de este Gobierno en términos de crecimiento
económico para el futuro, y hemos sabido que el Gobierno va a apostar de nuevo por el sector del ladrillo. Hemos cambiado la estrategia de economía sostenible por volver al incremento de la burbuja inmobiliaria y además se nos ha anunciado que (El
señor Tabuyo Romero: ¡Qué barbaridad!) a lo largo de los próximos dos años esta nueva estrategia que ha puesto de manifiesto el Gobierno va a crear en España 350.000 empleos. España ha destruido en el último ejercicio 650.000 empleos, es decir,
hoy hay 650.000 parados más en España que hace un año, y el Gobierno se propone a través de esta nueva estrategia que hizo pública ayer la vicepresidenta del Gobierno crear 350.000 empleos en dos años, es decir, la mitad en dos años de los que ha
destruido en un solo año, lo cual pone en evidencia una extraordinaria eficacia a la hora de acometer el primer problema que tienen los españoles en nuestro país. Ha habido siete planes desarrollados por el Gobierno y siete meses consecutivos de
destrucción de empleo. Ayer se presentó un documento con once páginas de introducción y un cuarto de página para hablar de medidas relacionadas con el empleo, cientos de medidas absolutamente inútiles, y cada día hay más parados. Son medidas que
siempre van por detrás y que no permiten anticiparse a una situación en que la crisis va más deprisa que Rodríguez Zapatero y en la que no vamos hacia la recuperación sino hacia la recaída, como ponen de manifiesto las cifras que se han presentado
en la mañana de hoy.



Brevemente quisiera hacer tres reflexiones en materia de bonificaciones al hilo de las comparecencias y de los estudios econométricos desarrollados y presentados en las últimas semanas en esta Cámara por parte de varios grupos de trabajo y
que son enormemente interesantes en lo que significa la valoración que se realiza de este instrumento en materia de políticas de empleo. La primera consideración es que evidentemente estas bonificaciones no son eficaces, han sufrido un agotamiento
en su capacidad de generar un clima positivo para la creación de empleo, y esa generalización que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años de universalización de estas medidas, de goteo permanente de incorporación de distintos colectivos
a estas medidas de bonificación, y por tanto su dispersión, le han restado eficacia y desde luego no ha servido para mejorar la estabilidad contractual de este país. Seguimos con unas tasas de temporalidad enormemente importantes que solo se han
reducido como consecuencia de la intensísima destrucción de empleo que se ha nutrido especialmente de este colectivo de trabajo temporal y, por lo tanto, seguimos en una situación, desde el punto de vista del empleo en nuestro país, enormemente
injusta socialmente que están sufriendo especialmente colectivos como los jóvenes, que son incapaces en este momento de incorporarse siquiera a su primer empleo en nuestro país y, por tanto, estamos sometiéndoles a unas circunstancias injustas de
cara a su futuro y especialmente a su plena integración como miembros de pleno derecho en nuestra sociedad con todos los derechos constitucionales. Esas bonificaciones, que comenzaron a dirigirse a colectivos de alta vulnerabilidad, hoy, repito, se
han extendido, se han generalizado, y ese carácter selectivo tiene que ser sometido a revisión en un momento en que la destrucción es masiva, es integral, es hasta brutal en términos de destrucción de empleo, y entiendo que los dos sindicatos de
nuestro país que hoy nos acompañan tienen que ser plenamente conscientes de eso y, en ese sentido, me gustaría conocer su opinión respecto de esta materia.



En cualquier caso, la segunda reflexión no puede ser otra que la de que cualquier modificación que realicemos en este momento llega tarde. Esta es una crisis que comenzó a finales del año 2007 y a lo largo de casi tres años estos
instrumentos, estas herramientas, no se han adaptado a la realidad de destrucción del mercado ni a la realidad de la caída del crecimiento económico ni incluso a la recesión en nuestro país, sobre todo porque algunos de los compromisos de estos
instrumentos, de estas bonificaciones, son a medio plazo y están vinculados al futuro, lo que compromete claramente la realidad de estos instrumentos. Me gustaría conocer la opinión de ustedes dos sobre esta materia. ¿Cuáles son esos compromisos?
El presupuesto de esta materia no llega a los 3.000 millones de euros y, sin embargo, lo comprometido a fecha de hoy en términos anuales supera los 2.500 millones de euros. Estamos hablando de que el margen de maniobra del Gobierno, a pesar de que
cambiase en este momento todo su modelo de bonificación, está prácticamente comprometido y, por tanto, me gustaría conocer su opinión sobre la disponibilidad que a fecha de hoy existe en nuestro país para que, a pesar de que este Parlamento llegase
a un compromiso de modificación de esas bonificaciones, esas bonificaciones pudieran surtir efecto desde ya. ¿O estamos hablando de que vamos a cambiarlo para el año que viene y que esas bonificaciones van a empezar a entrar en vigor en el año
2011, cuando estemos más cerca de los 5.000.000 de parados que de los 4.600.000? Porque en este momento estamos sumando paro registrado con parados en formación y disponibilidad especial que no computan entre los parados reales. ¿Qué
disponibilidad existe en este momento? ¿Qué margen de maniobra existe en realidad en este momento? Porque han hecho ahora un discurso precioso de la modificación en términos de sectores, de tamaño de empresas, de colectivos a los que hay que
dedicar estas bonificaciones y, sin embargo, podemos estar hablando de que no tenemos margen de maniobra en este momento desde el punto de vista político para realizar un cambio sustancial y eficaz en esta dirección. ¿De qué cantidad estamos
hablando? ¿O se van a comprometer aún más los presupuestos generales de esas comunidades autónomas que ya tienen un sistema de financiación que les impide cumplir con una situación de equilibrio presupuestario y que en este momento van a ver llegar
a sus puertas a los cerca de 320.000 parados que han agotado incluso los 420 euros después de haber abaratado sus subsidios y prestaciones? Desde nuestro punto de vista es necesario solicitar un esfuerzo adicional a las comunidades


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autónomas que no son responsables de la incapacidad de este Gobierno de poner en marcha políticas de empleo para solucionar el principal problema que tienen en este momento los españoles. ¿Consideran los comparecientes que estas
bonificaciones, que este sistema tiene que contribuir a cambiar el modelo económico? Porque lo que entiendo de sus intervenciones es que la reubicación de las bonificaciones, enormemente interesante para abordar colectivos de alta vulnerabilidad
-han hecho referencia a víctimas de violencia de género o a los discapacitados, cuestión importante y muy loable pero que tiene su limitación en su cuantificación-, tiene menos importancia si estamos hablando de que contribuyan al cambio de modelo
económico. Es decir ¿este instrumento tiene que ser un vector más a la hora de mejorar nuestro modelo económico, de cambiar nuestro modelo económico? Porque si no estaremos haciendo una medida muy loable pero inútil desde el punto de vista de lo
que más importa en este momento a nuestro país, que es el empleo.



Por último, quería conocer, en la medida en que en las últimas semanas distintos miembros del Gobierno han hecho anuncios al respecto, su opinión de lo que significan ciertas bonificaciones sociales -estoy pensando, por ejemplo, en la
ministra Garmendia, que ayer mismo decía que había que bonificar hasta un 30 por ciento determinadas contrataciones en el ámbito de la I+D-, si tienen encaje en este nuevo modelo y en este nuevo discurso que significa cambiar, repito, un instrumento
enormemente importante de las políticas de empleo de nuestro país.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de los representantes de Comisiones Obreras y UGT, que me ha parecido importante y que complementa los documentos que conocemos los grupos parlamentarios y que
seguramente vamos a tener en cuenta en las resoluciones que propongamos a la Cámara. En ese sentido, entiendo la comparecencia de los sindicatos y quiero ahorrarme en esta intervención valoraciones más generales, porque esas la hará mi partido o
las harán los responsables en su momento, pero de lo que se trata, casi en todo, es de atenerse al temario. Mi grupo parlamentario quiere atenerse al temario de hoy, el de estas comparecencias, que a nosotros nos parecen importantes, y el relativo
a las bonificaciones, que es la cuestión.
Vamos a atenernos a la cuestión.



Ateniéndonos a la cuestión, compartimos buena parte del análisis que se hace sobre las características del empleo en nuestro país, también sobre las graves dificultades para el empleo en la situación económica actual y sobre las
insuficiencias que tiene la política de bonificaciones, tanto en el periodo de crecimiento como en el periodo de crisis. Quizá en estos momentos esa cuestión es más importante: primero, porque necesitamos afinar en las políticas de empleo ante una
situación de crisis y, segundo, porque necesitamos seleccionar bien las medidas que tienen coste para las administraciones públicas, coste para el presupuesto público, para que esas medidas sean lo más eficaces posible. Por esa razón, consideramos
que merecen la pena tanto la evaluación que se ha hecho como las medidas que se proponen. Nosotros tenemos claro -lo hemos planteado en muchas ocasiones- que, aparte de nuestro modelo productivo, quizá estamos intentando -en este caso se podría
decir matar moscas a cañonazos- modificar modelo productivo, cultura empresarial, incluso modelo legal con bonificaciones y creemos que lo fuerte es todo lo anterior y las bonificaciones casi se inscriben en las debilidades del modelo anterior, no
contribuyendo, a tenor de los datos y de las reflexiones que se han hecho, a modificar ese patrón. En algunos casos, por desgracia, las bonificaciones parecen reforzar el patrón, es decir, no solamente no inciden en mejorar la calidad y la
estabilidad de nuestro empleo, sino que da la impresión de que si no contribuyen sí legitiman la temporalidad -como se ha dicho- o las características más negativas de nuestra cultura empresarial. En ese sentido, compartimos, con las propuestas que
se hacen en los documentos y con la reflexión de los sindicatos, que las propuestas de futuro significan, en primer lugar, someter a una revisión total la política de bonificaciones; no una revisión parcial, una revisión total de la política de
bonificaciones, dado que el resultado ha demostrado ser ineficaz y en algunos casos contraproducente. Por lo tanto, revisión total de la política de bonificaciones. Eso significa, en nuestra opinión también, no aprovechar esta revisión de la
política de bonificaciones para justificar la rebaja de cuotas, que creemos que sería totalmente contradictoria con estos análisis, pero no solamente con estos análisis, sino que algunos deberían explicar cómo es posible amenazar la viabilidad del
sistema de pensiones y al mismo tiempo plantear la rebaja de cuotas, que nos parece una parte muy importante de la estabilidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.



En segundo lugar, parece, a tenor de las intervenciones, que habría que sustituir la generalidad de las bonificaciones, su carácter casi general, por una mayor selectividad o por una total selectividad de esas bonificaciones; bonificaciones
para determinados colectivos. No sabemos muy bien si la selectividad es únicamente para los colectivos más frágiles, en este caso concreto víctimas de violencia de género y discapacitados, o si además esa selectividad incluye también a otros
colectivos. ¿Incluye parados de larga duración en un momento de grave situación de este sector? ¿Incluye jóvenes? De acuerdo con la reciente reflexión que hacía la ministra de Ciencia sobre I+D, ¿incluye también el cambio de modelo? ¿Incluye
también favorecer la creación de empleos y bonificar los de mayor nivel de cualificación, que van en el sentido de un cambio de modelo? Añadiendo este tipo de medidas, ¿no estaremos de nuevo generalizando lo selectivo? Esa es mi pregunta, si vamos
a empezar a añadir cada vez más colectivos, hasta el punto de que al final nos queden de nuevo prácticamente los trabajadores en edades medias, en sectores con alto nivel de productividad


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o de cualificación. Esa es mi duda y la que me gustaría transmitir; si realmente la revisión es para una mayor selectividad o si el añadido de nuevos colectivos no estará convirtiendo la selectividad de nuevo en generalidad.



Otra reflexión es la que tiene que ver con el carácter transitorio de las bonificaciones. Se han consolidado como bonificaciones no temporales sino estables en el tiempo; generales y estables en el tiempo. Cabe la pregunta de si estas
bonificaciones pueden convertirse también, como se ha dicho antes, en disuasorias, no en favorecedoras de la estabilidad.
Por lo tanto, a nosotros nos parece que las bonificaciones deben tener selectividad, deben tener transitoriedad y deben tener
garantías. ¿Qué garantías se plantean con cargo a estas bonificaciones? ¿Son bonificaciones sin control y sin evaluación posterior o tienen garantías de creación de empleo de carácter estable, de calidad, etcétera? Por otra parte, obviamente, en
nuestra opinión, deben estar vinculadas a las políticas de empleo. Podríamos decir que las políticas de empleo -sobre las que antes se hacía una reflexión- en nuestro país son políticas compartidas por parte de la Administración general y de las
comunidades autónomas. En ese sentido, habría que reflexionar sobre un coste tan importante, no estamos hablando de pocos euros, estamos hablando de casi medio billón de las antiguas pesetas, 3.000 millones de euros, que deberían utilizarse de la
mejor manera posible. La cuestión es que si se produce una inversión de carácter selectivo en esta materia, ¿cuál es la orientación del conjunto de este importante presupuesto? ¿Serían las políticas activas de empleo o serían las políticas
pasivas? Me molesta la digresión en torno a políticas pasivas y políticas activas, porque las políticas pasivas también son políticas activas. En todo caso, por entendernos, ¿cuál sería la orientación de una parte de ese presupuesto? Desde luego
si fueran medidas selectivas no se orientarían a bonificaciones, sino que probablemente tendrían otra orientación dentro de las políticas de empleo, una orientación que, sin lugar a dudas, tendría una mayor eficacia. Esas son las reflexiones a las
que me llevan las intervenciones de los sindicatos. Agradecemos la intervención de ambos sindicatos que, en nuestra opinión, contribuyen a nuestras propuestas y a las medidas que se propongan en el ámbito de la concertación. Querría destacar aquí
también la importancia de la concertación social para la recuperación del empleo y para que la recuperación del empleo sea de un empleo estable y de calidad.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista hará uso de la palabra el señor Tabuyo Romero.



El señor TABUYO ROMERO: Quiero comenzar agradeciendo la presencia y las aportaciones realizadas en sus intervenciones a lo largo de esta mañana, tanto a la secretaria confederal de empleo y migraciones de Comisiones Obreras, Paloma López
Bermejo, como las de Antonio Ferrer Sais, secretario de acción sindical de la Unión General de Trabajadores y agradecerles también el esfuerzo de claridad en un tema complejo como este que estamos abordando y de tanta trascendencia para las nuevas
acciones y modificaciones que nuestro sistema debe llevar a cabo para fortalecerse y avanzar en mejores condiciones.



Permítanme, en primer lugar, que vuelva a lamentar que el señor Echániz venga siempre a hablar de su libro a este foro. Lamentamos su ejercicio de demagogia permanente, toque o no toque. Pero permítanme también que manifieste tres cosas.
Primero, que lamentamos que todos los españoles tengamos 80.000 parados más. En segundo lugar, que aunque sean menos de la mitad de los que hubo en el mismo mes del año 2009, siguen siendo muchos, demasiados. Y, en tercer lugar, que la noticia
positiva es que hay 26.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Y, señor Echániz, lo que debemos hacer todos en estas circunstancias, y no solo el Gobierno, es trabajar y poner medidas encima de la mesa para acabar con este problema y en el
menor plazo posible.



Volviendo a lo que nos ocupa, que es a lo que veníamos hoy a esta Comisión, ustedes han expresado un exhaustivo análisis de la situación del empleo en España donde ponen de manifiesto tanto los problemas coyunturales como los estructurales
que definen nuestro mercado laboral.
Nos han participado interesantes reflexiones acerca de la evolución del empleo, tanto en la fase de recesión como en la fase de expansión y, sobre todo, la desigualdad de las situaciones laborales que viven los
trabajadores en función de ser hombre, mujer, mayor de 45 de años, extranjero, discapacitado, con cualificación o sin ella, una radiografía del momento muy completa. Señalan la crisis mundial, pero también la expansión desmedida del sector de la
construcción, el crecimiento de la demanda interna mediante crédito fácil y la apuesta por el corto plazo en lugar de la formación constante de los trabajadores y el reciclaje hacia nuevas áreas y a la I+D+i, análisis que compartimos. La señora
López Bermejo ha destacado la vulnerabilidad vinculada a la formación, que España es hoy un país de inmigración, la concentración sectorial en fase de expansión, la baja cualificación, la temporalidad elevada, el alto paro de jóvenes por acceso al
mercado de trabajo a través de contratos temporales y que las prioridades son la del empleo, el crecimiento y el cambio de modelo productivo.



La pasada semana, en las comparecencias que tuvieron lugar aquí, se puso de manifiesto, con carácter general, que el sistema de bonificaciones establecido en la Ley 43/2006 ha sido positivo aunque limitado en sus efectos, quizá por la
coincidencia temporal con la crisis internacional que nos afecta y que en España ha tenido una incidencia especial en el empleo. Las consecuencias más reseñables de la aplicación del sistema de bonificaciones que se manifestaba había sido la
reducción de la temporalidad en tres puntos y medio porcentuales en año y medio, aunque limitado; en segundo lugar, un impacto relevante sobre los flujos de contratación indefinida, y en tercer lugar, las conversiones han significado una mayor
durabilidad en el mercado. Una de las consecuencias de este sistema de bonificaciones ha sido que, a pesar de lo previsto inicialmente, se ha convertido en un sistema prácticamente universal, lo que perjudica la


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empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de incorporación al empleo. Un hecho significativo ha sido comprobar que las empresas españolas contemplaban la contratación temporal como la forma de acceder a un contrato estable a
modo de contrato de inserción o de pruebas, sin tener en cuenta la causalidad que la norma establece como requisito imprescindible para el buen uso de la contratación a tiempo determinado.
Ustedes han señalado hoy con mucha coincidencia en sus
argumentaciones que la temporalidad ha generado una cultura empresarial que ha lastrado los buenos datos de la creación de empleo y el descenso del paro en la fase expansiva, por una parte, y por otra, en la fase recesiva, acompaña y potencia la
destrucción de empleo y la necesidad de ir a un nuevo modelo donde prime el empleo estable y de calidad. También se ha dicho que la temporalidad está ligada al modelo productivo, a la estacionalidad y, sobre todo, en sectores como la agricultura o
los servicios vinculados a la hostelería, comercio y al turismo.



En su detallada exposición, el señor Ferrer ha señalado posibles razones por las cuales el sistema de bonificaciones no esté alcanzando todos los objetivos previstos y que usted centra en la insuficiente reducción de la temporalidad, la
universalización de la aplicación, la ausencia del efecto sustitución y la existencia de peso muerto. Esto implica que deben seleccionarse con acierto las medidas y las características de las bonificaciones. De alguna manera, reafirma la
valoración y la eficacia de estas medidas, como las estadísticas señalan, para reducir la temporalidad en ciertos niveles. Se ha constatado también su elevado grado de complejidad, ya que existen numerosas diferencias de cuantías entre colectivos,
incluso dentro del mismo colectivo, lo que puede generar distorsiones y lo que obliga a reflexionar sobre la función y la eficacia de estas medidas. Han manifestado que las bonificaciones son efectivas, pero no pueden ser generales y deben tener
una duración limitada, concreta, y su vinculación a las políticas activas de empleo, las políticas estructurales, para un cambio de modelo productivo. Mi primera pregunta va en esa dirección. ¿Deben estudiarse este tipo de medidas únicamente para
colectivos concretos con mayores dificultades o mayor grado de vulnerabilidad, los mayores de 45 años, las mujeres, los jóvenes que buscan su primer empleo? ¿Cómo ven ustedes la creación de un plan especial de empleo para jóvenes? ¿Debe hacerse
con mayor concreción evitando distorsiones y complejidades? En torno a otros aspectos, la confirmación hecha a través de la comprobación de que las empresas recurren de manera reiterada a la utilización de la temporalidad como periodo de prueba
pone en entredicho, quizá, el valor de algunas de las medidas de las que siempre hablamos para jóvenes, como son los contratos de formación y de prácticas dirigidas especialmente para ellos o que puede ser algo a pensar o a reflexionar, desde el
punto de vista de la eficacia, en comparación con la práctica común que tienen las empresas en este tema. El señor Ferrer manifiesta que la contratación inicial debería ser el marco idóneo para la bonificación y que no debe sustituirse por otro
tipo de intenciones, con la que están de acuerdo otros agentes sociales, como la de las rebajas de las cuotas. ¿Consideran ustedes que habría que modificar distintos planteamientos y medidas como la citada, porque podría estar superada por la
realidad de los hechos de la práctica empresarial actual? Sería interesante conocer el dato de cuánto ha durado el periodo de prueba y saber cuántos contratos temporales han tenido antes de convertirse en indefinidos?


En algunas intervenciones de la pasada semana, y hoy también la del señor Echániz por el Partido Popular, de alguna manera se cuestionaba, entre comillas, la opción de dirigir las bonificaciones a tres colectivos concretos: el de jóvenes,
el de discapacitados y el de mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aunque he creído entender que por razones de justicia social y de igualdad eran colectivos que claramente deberían ser beneficiarios de estas
medidas para poder coger la ola de la recuperación económica. Si no es así, le ruego que me lo clarifiquen. Por otra parte, se pone de manifiesto el diferente comportamiento del beneficio de la aplicación de las bonificaciones en función del
tamaño de las empresas, asentando la idea de que no tienen ni la función ni la misma eficacia, según el tramo de empresas en las que se encuentran y que es más significativa su eficacia si es una pyme, un autónomo que empieza, una microempresa,
etcétera. ¿Comparten posicionamiento en este sentido? ¿Consideran que debe establecerse un sistema de bonificaciones en función del tamaño de la empresa y deben estar dirigidos a sectores de actividad muy concretos o que atraviesan determinadas
condiciones especiales de dificultad?


Por último, teniendo en cuenta que el ajuste de la actividad en las empresas se realiza vía empleo, las desigualdades existentes en el mercado de trabajo y lo manifestado en esta sala a lo largo de estos días, ¿no sería preciso reorientar
algunos de los aspectos tratados hacia una toma en consideración de la suma de formación más subvenciones al empleo, por supuesto, junto con otras iniciativas que permitan la reconversión o el reciclaje de trabajadores que tenían su actividad en la
construcción cara a otros sectores de futuro, es decir, estructurando medidas que se complementen y permitan intervenir en la mejora del capital humano que tenemos bajo el principio de complementariedad? Como señaló la pasada semana la señora Ruiz
Martínez, de la Agencia de Evaluación y Calidad, no solo el sistema educativo tiene cosas que decir en lo referido a la formación, sino que también el sistema productivo tiene mucho que aportar. Ella comentaba la posibilidad de utilización, por
ejemplo, de becas-salario para jóvenes que hayan salido del sistema educativo sin nivel de cualificación suficiente para que se incorporen y mejoren su formación para el empleo dentro del propio empleo. No sé qué opinión les merece este
planteamiento, que viene a representar una visión interdisciplinar del conjunto de las actuaciones públicas en la búsqueda de un mismo objetivo de eficacia y de racionalidad.



Únicamente me queda agradecer a ambos su presencia y sus aportaciones para hacer un documento más rico y de mayor contenido. Gracias por las valoraciones, propuestas


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y análisis que los comparecientes, con tanto rigor y nivel de concreción, nos han proporcionado hoy.



El señor PRESIDENTE: Para concluir esta ronda de comparecencias y responder a las cuestiones suscitadas por los portavoces de los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra doña Paloma López y a continuación don Antonio Ferrer.



La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE EMPLEO Y MIGRACIÓN DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (López Bermejo): La verdad es que la intensidad y las características de las intervenciones daría para extenderse considerablemente en la respuesta, pero
voy a intentar concretar la posición en este caso de Comisiones Obreras.



Entrando en las bonificaciones, con relación al carácter selectivo de las mismas y a la revisión de la totalidad del programa creo que el planteamiento que se ha hecho desde Comisiones Obreras ha sido muy concreto, se necesita una revisión
completa del programa y evidentemente las bonificaciones tienen que tener un carácter selectivo. El asunto es, lógicamente, acertar con cuáles son los colectivos que deben ser objeto de esa selección que tengamos que realizar. Parece que hay dos
elementos, que son de naturaleza coyuntural y de naturaleza estructural, y no pueden caminar por vías separadas o por líneas que no tengan una cierta relación. Por eso, en la intervención que he realizado insistía en que hay colectivos que tienen
un problema de naturaleza estructural en el empleo, como son las personas con discapacidad o como son las mujeres, en este caso aun siendo por situaciones distintas, que tienen que tener unas medidas de incentivación para su acceso al empleo. Desde
el plano del conocimiento, de las políticas activas, sería mucho más razonable que se establecieran políticas activas encaminadas a la incorporación al mercado laboral de los diferentes colectivos. En el caso concreto de las personas con
discapacidad he apuntado a un programa específico, que es el apoyo con empleo; esto sería mucho más beneficioso que una política de bonificaciones. Pero la realidad es que, mientras se producen determinadas actuaciones de políticas activas, es un
colectivo que necesita de incentivos para la contratación y, por tanto, deben actuar en esa dirección. También hay medidas de carácter coyuntural, para colectivos que tienen una situación coyuntural en el empleo y, evidentemente, el más
desfavorecido es el de jóvenes, específicamente de 16 a 29 años, pero muy concretamente de 16 a 24 años y con un problema grave de cualificación o de formación; desde Comisiones Obreras pensamos que para este colectivo lo que tendría que
potenciarse es su acceso a la formación y, por tanto, a finalizar -aquellos que no lo hayan hecho- los estudios de secundaria y, en cualquier caso, a establecer procesos formativos que les lleven a la inserción en el mercado laboral.



En estos procesos formativos no reglados, como podría ser la formación profesional, finalización de secundaria, etcétera, se encuentran precisamente las políticas activas de empleo, por ejemplo, con dos programas que son las escuelas-taller
y las casas de oficios y estas están en manos de las comunidades autónomas. No sirve que las comunidades autónomas, que también son Estado, den programas de fomento de empleo, políticas activas, escuelas-taller o casas de oficios que no tengan
ninguna vinculación con la necesidad de un cambio en el modelo productivo español y con nuestro cambio de patrón de crecimiento. Si seguimos dando -permítanme el ejemplo- alicatado en vertical, posiblemente esos jóvenes entre 16 y 24 años no
accedan al mercado laboral; en cambio, si se da formación vinculada a energías renovables, a rehabilitación de edificios, a energía solar, etcétera, a otra serie de medidas, evidentemente esos jóvenes pueden acceder al mercado de trabajo con una
formación que además incida en la dirección en la que debe apuntar nuestro modelo productivo.
Por tanto, los jóvenes tienen que ser uno de los colectivos prioritarios en esta situación en la que nos encontramos. No hay que olvidar, evidentemente,
que tenemos otra serie de colectivos con altos problemas de empleabilidad, como son las personas mayores y, fundamentalmente, parados de larga duración.



¿Cuál es el problema? Es un problema de orden económico y de orden presupuestario, pero desde Comisiones Obreras no compartimos que en una situación de la naturaleza de la que tenemos tenga que haber una contención del déficit público.
Precisamente las políticas públicas están para actuar contracíclicamente en una situación de destrucción de empleo y de la economía como en la que nos encontramos. Aumentar el déficit sí se hace con mayor inversión, sí se hace con mayor protección,
sí se hace evidentemente para garantizar la inserción en el mercado de determinados colectivos y no podemos estar hablando de gasto sino que debemos hablar de inversión hacia la ciudadanía y hacia los colectivos que necesitan esta protección
específica y estas medidas concretas para su incorporación al mercado laboral. Para ello es preciso -lo he apuntado en mi intervención y me van a permitir que ahonde en ello- actuar con una fiscalidad diferente de la actual, dado que, además, somos
el país que tiene la presión fiscal más baja de todos los países de nuestro entorno.
Hay que apostar con luces largas para políticas que desarrollen los sectores tradicionales, los sectores emergentes, los sectores de futuro y los sectores
vinculados a los servicios a la ciudadanía. Solamente cuando establezcamos políticas de corto, medio y largo plazo seremos capaces de dar una respuesta, no solamente puntual a la situación de crisis, sino a la salida de la crisis en mejores
condiciones para toda la población española o que vive en España. Las bonificaciones y las políticas activas no tienen razón de ser y las políticas activas se deben potenciar. Para ello, desde Comisiones Obreras -también desde UGT, pero luego será
el turno del señor Ferrer- hemos pedido y exigido al Gobierno central que presente una evaluación de impacto de cómo se usan los fondos públicos en las comunidades autónomas y cuál es el grado de actuación con las personas desempleadas en las
comunidades autónomas. No sirven viejas recetas para nuevas situaciones como las que tenemos en este momento.



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En la estrategia española para la economía sostenible se presentaron ayer una serie de medidas, entre ellas una rebaja del 30 por ciento para algunos contratos, en concreto, para aquella formación que está en doctorado, que es muy
específica, y que tendrá que valorarse en el ámbito de las correspondientes competencias; pero también se habló de establecer una aportación de 100 millones de euros destinada a determinadas contrataciones para 1.000 estudiantes, fundamentalmente
vinculados a altos niveles formativos, para que puedan acceder a empresas que desarrollen y fomenten la investigación, la innovación o el resto de empleos de estas características. Creo que, más allá de cómo esté elaborado el presupuesto, si
realmente queremos incidir en la incorporación de jóvenes al mercado laboral y no dejar abandonados a otros colectivos, tenemos que hacer un esfuerzo por acordar dónde tiene que haber ajuste de gasto y dónde no tiene que haberlo. Insisto en que no
tiene que haber ajuste de gasto en políticas de protección social, en políticas de inversión, desarrollo e innovación y en políticas activas de empleo desarrolladas por las comunidades autónomas. Evidentemente, todo esto está vinculado, no
solamente a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras, independientemente de la situación en la que se encuentren, sino a salir reforzados de esta situación de crisis con un modelo diferente al que tenemos y hemos
tenido -quiero dejar constancia de esto- desde hace muchos años; un modelo dual y segmentado del mercado de trabajo a raíz de la reforma del año 1984, que fue la que rompió definitivamente con la entrada en el mercado laboral con temporales e
indefinidos descausalizando la contratación, que ha sido el efecto más pernicioso que hemos podido tener en cuanto al mercado laboral.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar, don Antonio Ferrer.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Ferrer Sais): Muchas gracias a los portavoces de los tres grupos que han intervenido.



Decía el señor Echániz que posiblemente llegue tarde. Llevamos desde el otoño de 2008, que es cuando la mayoría empezó a percibir la crisis, pretendiendo dar respuesta a estos temas a través del diálogo social. No ha habido posibilidades
hasta ahora. El diagnóstico sobre las dificultades que ofrecía y lo obsoletas e insuficientes que quedaban las políticas de estímulo llamadas bonificaciones ya está contenido en el propio acuerdo para la mejora del crecimiento del empleo del año
2006. Ya éramos conscientes, no ha habido posibilidad de diálogo social.
Afortunadamente en estos momentos hemos recuperado el diálogo social y el reciente acuerdo firmado el pasado día 9 de febrero para el empleo y la negociación colectiva es una
muestra. Ahora estamos en un proceso de diálogo social sobre el mercado de trabajo en el que precisamente estamos abordando estos temas. Coincido en que es tarde, pero la sociedad y las personas desempleadas no van a pagar la falta de quienes
teníamos que haber estado a la altura, las organizaciones sindicales y empresariales y las fuerzas políticas. El ejemplo de consenso que estamos dando los interlocutores sociales debería permitir dar respuesta a este tipo de cuestiones.



¿Hay margen de maniobra? No, señor Echániz. Si solamente se plantean los compromisos que vencen, los 3.000 millones, que son 3 décimas del producto interior bruto, no es posible. No estaríamos a la altura de la gravedad, de la dimensión y
del volumen que tiene el desempleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No plantear ecuaciones imposibles. Hay que aumentar los ingresos. No se puede plantear algo que es una ilusión, que nuestro país sufra una anemia desde el punto de vista de la
inversión. Por eso no estamos de acuerdo en que la prioridad es la reducción del déficit. Hay margen, lo hemos dicho en la Unión Europea, lo ha dicho la Confederación Europea de Sindicatos y quien les habla lo ha dicho en la reunión del Comité de
diálogo macroeconómico consultivo previo al Ecofin y al Eurogrupo. Ese es un problema que hay que revisar, porque incluso las previsiones estaban basadas en la ilusión de que los datos del cuarto trimestre del producto interior bruto de los países
centrales iban a entrar en crecimiento. Y no es así. No se puede mantener un objetivo del 3 por ciento, que está basado en 2005, cuando estábamos en una etapa de crecimiento y nadie pensaba esto. Por eso es una ecuación imposible. No se puede
plantear la recuperación económica, el impulso del empleo y de la actividad y plantear austeridad. La Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y la Confederación Europea de Sindicatos, -no más lejos del pasado viernes hubo una cumbre
europea presidida por el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, que hizo un comunicado que usted puede consultar- estamos es esa línea. Y no es que queramos déficit, lo que no queremos es que nuestros nietos paguen las deudas
de ahora por la premura de no plantear la recuperación. Eso lo estamos diciendo en la mesa y le advierto que también tiene dificultades.
El Gobierno no está precisamente por esta labor.



Respecto a los colectivos, hemos intentado dar elementos de reflexión; tampoco tenemos la alternativa. Está claro que los colectivos no pueden ser universales, pero eso nos obliga a todos -a fuerzas políticas, organizaciones sindicales y
empresariales- a no ser transmisores de las presiones de todos los colectivos. Todos sabemos cómo salieron los programas de fomento y todos hemos sido transmisores de medidas justas, de medidas necesarias -no quiero que nadie me malinterprete-,
pero que, si vemos el cuadro inicial en el Boletín Oficial del Estado, han ido creciendo y engordando, siendo nosotros los primeros responsables. Por tanto, tenemos que hacer una cierta autocrítica en ese terreno. Nosotros hemos intentado hacer
una reflexión sobre qué es hoy en día realmente prioritario en función de la propia estructura del desempleo y que no sean visiones subjetivas. Como decían el señor Tabuyo, el señor Llamazares y usted también, hay una cuestión que es de justicia
social: las personas discapacitadas y las mujeres víctimas de violencia de género deben tener estas oportunidades. Pero quiero hacer una puntualización, la oportunidad no


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puede ser solamente la bonificación; o hay políticas de protección, o hay políticas de inserción, o entre todos estamos simplemente mirando hacia otro lado y abandonando a estas personas. El debate no puede ser si la bonificación es mayor
o menor. Hoy en día hay una caída de apoyo público, a todos los niveles, de las entidades que dan alternativas de empleo a las personas discapacitadas -centros especiales de empleo, escuelas taller-, fruto del recorte de gasto. Eso obliga a no -si
me lo permiten, lo digo con el debido respeto- autoengañarnos pretendiendo que la solución va a estar en las bonificaciones. Los bienes y servicios que compraban las propias empresas para cumplir con la Lismi tampoco están a la altura. Por tanto,
hay que buscar otras fórmulas. Con respecto a las mujeres víctimas de violencia de género, el propio Ministerio de Igualdad les puede decir, con datos, que ahí no están los problemas, que hay que continuar y que hace falta otro tipo de políticas de
apoyo y de acompañamiento. ¿Qué grupos? Nosotros hemos apuntado los parados de larga duración. Cualquiera que revise las encuestas de población activa en esa etapa de crecimiento y de expansión del 4 por ciento que he citado ve que seguía
habiendo un problema con los parados de larga duración. Son personas que, por su situación formativa o profesional, van a tener dificultades. Tendríamos que priorizar -lo ha planteado también la señora López- a los jóvenes y yo incido también en
la idea de los jóvenes menores de 25 años, que sufrieron el efecto llamada de nuestro modelo de crecimiento y a los que se estimuló a abandonar los estudios secundarios.
Ahí tenemos que centrarnos. ¿La solución está en las bonificaciones? No.
Ha
de ser una combinación de políticas educativas y de políticas de inserción laboral. Si pensáramos que la solución está en las bonificaciones, creo que estaríamos haciendo un ejercicio reduccionista.



Hay que revisar también el apoyo a las políticas hacia las mujeres. Como hemos intentado explicar, hasta ahora el paro tenía cara masculina, pero en los últimos meses, con la caída del consumo, empieza a tener cara femenina. Decía el señor
Llamazares, ¿cómo reducimos y somos selectivos? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Por ejemplo, los parados de larga duración tienen un carácter transversal, son mayores de 45 años, son jóvenes, son hombres y son mujeres. Tendríamos que
ver cómo concentramos y hacer un ejercicio de todos, del coste de oportunidad que, en este caso, es de impopularidad. Si tomamos una decisión, tanto los interlocutores sociales como ustedes, los grupos parlamentarios, habrá alguien que no estará de
acuerdo, porque a alguien dejaremos fuera. Si no, volveremos dentro de equis tiempo -o volverán los que estén aquí- y seguirán diciendo que tiene carácter universal. Señor Echániz, no olvide que esto lo negociamos en el año 1996; es decir, no es
un tema novedoso en ese terreno.



Hablaba el señor Llamazares de garantías. Nosotros estamos planteando una revisión no solamente del sistema, sino de la gestión del sistema, los destinatarios del sistema y las orientaciones del sistema. Evidentemente, el sistema debe
tener el eje central de la estabilidad, pero también el de mantenimiento de empleo. Los requisitos que hoy se exigen a los empleadores para percibir estas prestaciones son claramente insuficientes. Tuvimos una prueba en la transformación del Real
Decreto-ley 2/2009 en la Ley de 23 de diciembre, en la que se añadían una serie de colectivos y con la que ya manifestamos nuestro desacuerdo. Hoy en día hay que plantear obligaciones mucho más transparentes. O se mantiene la plantilla, o se crea
empleo nuevo. No podemos entrar en disquisiciones técnico-jurídicas, que lo que hacen es dar opacidad.
Incluso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no es capaz de controlar si se están cumpliendo los requisitos en ese terreno.



Se nos presenta el problema de los sectores -lo han dicho tanto el señor Tabuyo, como el señor Echániz y el señor Llamazares- vinculado al cambio del modelo productivo. Evidentemente, con estas cuantías se puede hacer lo que se puede hacer,
pero parecería razonable volver a mirar otra vez a las personas desempleadas que, como he dicho en mi intervención, hoy en día pueden estar en situación de paro cíclico, pero que apunta a paro estructural, porque vienen de actividades intensivas en
trabajo y no van a ser las que apunten la salida a la crisis. Por eso nosotros hemos introducido una reflexión valdría la pena y examinar que no en todas las bonificaciones el destinatario fuera el empleador, sino que fuera la propia persona, para
así estimular itinerarios de formación y empleo. Se ha apuntado por parte del señor Tabuyo las becas-salario en ese terreno; es decir, habría que buscar fórmulas. Por lo tanto, lo que plantea la ministra de Innovación -aparte de que tiene su
tratamiento, si no estoy mal informado, en la Ley de la Ciencia- habría que reexaminarlo en este terreno. Tampoco sería bueno que ahora en el diálogo social y en la Comisión parlamentaria empezáramos a recibir encargos en ese sentido, creo que
nuestros deberes no saldrían bien. Nosotros siempre pedimos autonomía al diálogo social y respeto a la soberanía popular en este terreno.



Ya, por concluir, paso a hablar de un tema que ha aparecido. No quería cansarles con datos -el señor Tabuyo lo ha preguntado- pero lo he preparado, la vinculación de nuestra temporalidad con nuestro tejido productivo. Los datos son a veces
muy tozudos. Por hacerles una selección, en agricultura, ganadería y pesca, según los datos conocidos que he citado de Eurostat, tenemos en España el 58,1; un país como Portugal, que tiene la estructura productiva con mayor peso del sector
primario, solamente tiene el 29; pero es que Francia tiene el 23 y Grecia, el 33, aunque políticamente en estos momentos no se deba hablar de Grecia, pero es un país del arco mediterráneo. Si nos vamos -ya que se ha citado- al sector de la
hostelería, nosotros tenemos el 38,1; Grecia tiene el 27; Francia, el 20 y Portugal, el 32. Pero es que en la construcción tenemos el 49; Grecia, el 15; Francia, el 16 y Portugal, el 32. Por lo tanto, no se puede asentar que la temporalidad es
algo innato que nunca nos vamos a poder quitar de encima. Fue una opción política de salida de una crisis que desafortunadamente se quedó como una plaga y aquí está. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)


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El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Brevemente, solo quería poner de manifiesto, basándome en las intervenciones de esta última fase, tres conclusiones que me parecen enormemente importantes y que nos tienen que hacer reflexionar en esta Comisión
sobre la materia que estamos tratando. En primer lugar, que el Gobierno llega tarde; esa es una de las conclusiones más importantes de esta reforma de las políticas de estímulo, cuando hace tiempo que se ha demostrado que son ineficaces. La
segunda cuestión es que, a pesar de que estamos inmersos en esta reforma, los compromisos adquiridos hacen muy difícil -se ha llegado a decir que imposible- esta reforma, salvo que se incrementen los recursos, y para eso hace falta no priorizar la
reducción del déficit y, por tanto, no la austeridad de este Gobierno. (El señor Membrado Giner pronuncia palabras que no se perciben.) Y la tercera conclusión sería obligar -y yo diría exigir- al Gobierno a que se deje de anuncios frívolos y que
coordine su acción en un momento en el que está en marcha un debate general sobre esta política de estímulo, que distintos ministros no se pongan a hacer anuncios que compliquen la reforma que estamos estudiando.



Termino poniendo de manifiesto que la demagogia a la que hacía referencia el señor Tabuyo es sencillamente incomprensible cuando lo que se expresan son datos coyunturales laborales de esta mañana que son del Ministerio de Trabajo. Creo que
no hay nada menos demagógico que los números, que las estadísticas, que las propias cifras y que la defensa de los millones de parados que este Gobierno ha dejado por el camino. Lamento enormemente la intervención del señor Tabuyo leyendo esos
folios a máquina que probablemente alguien le ha escrito. (Rumores y protestas.)


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Muchas gracias, señor Ferrer y señora López Bermejo. Damos por concluida esta comparecencia y hacemos cinco minutos de receso para recibir a los siguientes comparecientes. (Pausa.)


- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (DE LA CAVADA HOYO). (Número de expediente 219/000490.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (VILAR MARTÍNEZ). (Número de expediente 219/000491.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar con esta sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Se van a producir las comparecencias de don José de la Cavada Hoyo, del Departamento de Relaciones Laborales de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE; a continuación hará uso de la palabra don José Manuel Vilar Martínez, secretario general de Cepyme, y seguiremos el procedimiento habitual: intervendrán los representantes de los grupos
parlamentarios y cerrarán la sesión los comparecientes. Muchísimas gracias a ambos por su presencia y por sus aportaciones; les agradezco en nombre de todos los miembros de esta Comisión la disponibilidad que han mostrado desde el primer momento
para acudir a esta comparecencia. Sin más preámbulos, don José de la Cavada, tiene usted la palabra.



El señor REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (De la Cavada Hoyo): Señoras y señores diputados, deseo agradecerles esta invitación para comparecer en la
Comisión en nombre de la CEOE y contribuir a los debates con relación al informe de evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación a los efectos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009, de
30 de diciembre, sobre medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.



Con algún retraso se nos ha aportado este informe de evaluación que ya se ha presentado en la mesa de diálogo social tripartito y que resulta difícil abordar si no es en un contexto más amplio de medidas de cierto alcance que favorezcan la
contratación y la creación de empleo. Más preocupante resulta el análisis de esta evaluación, que debiera haberse ultimado hace más de un año y que en primer término, junto a la exhaustividad sobre la evolución de los contratos y de las
bonificaciones de los mismos, carece de una premisa muy importante como es la falta de una proyección económica en el tiempo que nos permita conocer los compromisos contraídos a medio y largo plazo en materia de bonificaciones, y a partir de ello
hacer propuestas sobre las disponibilidades presupuestarias existentes. El informe, que aparece bajo la premisa de la ineficiencia de las bonificaciones en un periodo de profunda crisis económica, carece de la herramienta fundamental para poder
medir las oportunas decisiones futuras, como es la de disponer de las cuantías anuales de obligaciones contraídas que en algún caso pudieran sobrepasar los próximos veinte años. De confirmarse, como se nos ha comentado en el diálogo social, que
este año 2010 se va a mantener el presupuesto de 2.850 millones de euros y que el compromiso existente en este ejercicio sobre bonificaciones concedidas es de 2.500 millones de euros, de confirmarse este escaso margen de maniobra restante,
dispondríamos solamente de unos 350 millones de euros para unos colectivos por


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definir pero en algunos supuestos con evidentes dificultades de inserción en el empleo. También cabe recordar en este momento desde una óptica empresarial que la propia Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el
empleo, en su disposición adicional tercera contemplaba que estas bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el programa de fomento del empleo se financiarían con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio
Público de Empleo Estatal y no de las cotizaciones a la Seguridad Social, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.



Comenzando con el informe objeto de análisis, llama la atención que, en lugar de valorar la eficacia y adecuación del sistema a las necesidades actuales, es decir, si contribuye o no a la creación y mantenimiento del empleo, se presenta como
un análisis básicamente referido a los primeros meses, plan de choque, y a la temporalidad, concepto este que la crisis económica nos ha situado en sus justos términos, con un descenso de más de 9 puntos porcentuales desde que se firmó el Acuerdo
para la mejora y el crecimiento del empleo el 9 de mayo de 2006, acuerdo que, dicho sea de paso, tenía un alcance más amplio en cuanto a medidas y compromisos que las propias bonificaciones. El debate se agotaría rápidamente si considerásemos que
las bonificaciones por sí mismas son capaces de evitar la dualidad del mercado de trabajo, partiendo de que desde CEOE estamos por potenciar la contratación indefinida y estable, eso sí, respetando los contratos temporales que sean necesarios en la
actividad productiva o de servicios. Nuestras propuestas en esta materia son las de simplificar y flexibilizar el mercado de trabajo, con un nuevo contrato estable que hemos propuesto en el diálogo social dirigido especialmente a potenciar el
empleo de jóvenes hasta 30 años y desempleados que, en términos indemnizatorios, estén en una situación intermedia entre el contrato indefinido y el temporal, asemejándonos a las condiciones existentes en los países con los que competimos, eso sí,
respetando los derechos adquiridos de los contratos existentes.



El informe también adolece de algunas limitaciones. Así por ejemplo, analiza parcialmente materias relativas a la regulación de la contratación y de otro lado no aborda elementos que nos parecen sustanciales de las bonificaciones. ¿Qué
colectivos y por qué son los más beneficiados? ¿Cuáles tienen más necesidad de apoyo? ¿Las bonificaciones deben incentivar exclusivamente la contratación indefinida o cualquier creación de empleo como es la temporal? ¿Por qué han descendido las
conversiones de contratos temporales en indefinidos? ¿Cuál es el impacto de las políticas de las comunidades autónomas en esta materia? Etcétera.
Al parecer, la representante de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad ha contestado en esta
Comisión a alguna de estas preguntas. De otro lado, alguna de las afirmaciones y conclusiones que se presentan no cuentan con suficiente evidencia empírica, se contradicen con otros datos o incluso son meras opiniones sin mayor aportación. A
título de ejemplo, se señala que los empresarios han seguido convirtiendo contratos temporales en indefinidos pese a haberse eliminado las bonificaciones y la conversión del contrato de fomento. Los datos muestran que en el año 2009 hubo
prácticamente la mitad de conversiones que en el año 2007. Se afirma por otra parte que el contrato temporal sirve como periodo de prueba, en lugar de presuponer que, existiendo causa, el empresario prefiere contratar de forma indefinida a quien
acredita haber trabajado satisfactoriamente con anterioridad. En otro sentido se argumenta que el contrato de fomento de la contratación indefinida no se utiliza porque ha cambiado la percepción de los empresarios, no se buscan explicaciones
alternativas, por ejemplo, que muchos de los contratos se refieren a trabajadores no desempleados que no pueden esperar a formalizar el mismo dada la movilidad natural del mercado de trabajo. Se comenta asimismo la fuerte rotación de los empleados
temporales cuando hay datos que señalan que solo una parte de los mismos queda instalada en la temporalidad mientras que la mayoría acaba transitando desde la temporalidad a la fijeza. Se afirma que las bonificaciones han actuado como una rebaja
general de costes de la contratación indefinida, lo cual se contradice con el hecho de que la mayor parte de los empleados indefinidos no están bonificados. Para nada se profundiza en el debate sobre si es mejor una política selectiva de
bonificaciones o una reducción general de cuotas; más bien se da a entender que el peso muerto de estas políticas obedece a una masificación de las bonificaciones.



Bastaría señalar cuál es la situación de cotizaciones en los países de nuestro entorno para observar que una rebaja general de costes genera mayor viabilidad y competitividad para las empresas y consiguientemente para el empleo. En el marco
de este debate de una revisión que opte por analizar carencias y rehabilitar las bonificaciones, se podrían plantear algunas cuestiones como las siguientes: simplificar y concentrar estas bonificaciones en los supuestos de inserción de jóvenes
hasta 30 años y discapacitados. Las mujeres, por ejemplo, en estos momentos presentan niveles de desempleo muy similares a los varones, sin perjuicio de la adecuada atención a la violencia de género. Las bonificaciones deben tener cierto
equilibrio y coherencia desde el punto de vista cuantitativo, algo que no ocurre en este momento. Asimismo, para ser eficaces, deben tener un ámbito temporal determinado. La bonificación a perceptores de prestaciones, especialmente entre 31 y 45
años, parece más adecuada en la medida en que combina políticas pasivas con activas. Se debería bonificar el aumento del empleo en general, sea temporal o indefinido, e incluso el mantenimiento de plantillas. No encontramos demasiada justificación
para suprimir la bonificación en las conversiones de contratos temporales en indefinidos, dado que hay datos que avalan su eficacia. Tampoco deberíamos olvidar las bonificaciones en los supuestos de ERE, cuyo amplio tratamiento facilitará sin duda
la conservación de muchos puestos de trabajo.



Desde el punto de vista de CEOE, aun prestándonos a optimizar la eficacia de un sistema que acordamos en el año 2006 -en otras circunstancias bien distintas, eso sí-, quisiéramos expresar, si me lo permiten, cómo vemos en


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este momento la mejor forma de crear empleo en nuestro país. Nosotros creemos en el mercado y, en consecuencia, estimamos la necesidad de una serie de reformas para salir de la crisis, asentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y
generar empleo. Pensamos que en España son necesarias, entre otras: una reforma fiscal; una mejora del acceso al crédito de las empresas españolas, sobre todo las pymes; una mayor eficiencia de las administraciones públicas, reduciendo las
cargas administrativas así como el gasto público; una reforma de los mercados de bienes y servicios, especialmente de la energía; una reforma del sistema educativo, de la formación y de las infraestructuras; una liberalización de las actividades
del sector del transporte, facilitar la internacionalización de las empresas españolas o fomentar la inversión en tecnologías de la información, etcétera. Sobre todo, en lo que afecta a esta Comisión, pensamos que el empleo en España se genera con
la actividad económica, y el compromiso para emplear lo protagonizan en primer término los empresarios. Los empresarios, por su propia naturaleza, necesitan sustituir y también incorporar -deseamos que en breve con alguna intensidad- nuevos
recursos humanos. ¿Qué necesitan los empresarios para firmar un contrato de trabajo? Fundamentalmente certeza en lo que va a suceder con ese trabajador hasta que extinga el mismo. Esa certeza tiene que afectar tanto al propio desarrollo del
contrato como a la terminación del mismo, bien en su vertiente económica o disciplinaria, si es posible en términos similares al entorno con el que compite. Pero las cosas a día de hoy son diferentes, a título de ejemplo, tanto por las competencias
que se otorgan a un juez, más allá de la tutela judicial efectiva, como por las distorsiones de costes que producen los procedimientos administrativos. En este sentido, las decisiones de un empresario en cuanto a organización del trabajo deberían
ser ajenas al juzgador, sin perjuicio de la tutela del trabajador afectado en cuanto a los daños e indemnizaciones que pudieran corresponderle, puesto que los errores de aquel los percibirán los socios en la cuenta de resultados. De otro lado, no
nos parece lógico, por ejemplo, que la indemnización legal de veinte días por año con el límite de doce meses, que corresponde al despido colectivo económico, derive en costes dos o tres veces superiores por los procedimientos administrativos que
tenemos. Asimismo, complementariamente y siguiendo pautas del ámbito europeo, pensamos que el empleo futuro se garantiza con la mejora de la empleabilidad de los trabajadores a través de una formación profesional adecuada y un funcionamiento eficaz
de los servicios públicos y privados de empleo, todo ello apoyado por las políticas de protección social adecuadas. Para gestionar mejor en España se necesita autorizar con urgencia las agencias de empleo privadas con ánimo de lucro, normalizando
su actuación sin dilaciones, con la supresión de las prohibiciones legales y sectoriales actualmente existentes, y ello en estrecha colaboración, como no podía ser de otra forma, con los servicios públicos de empleo.



El empleo en España se salvaguarda con una urgente reducción del absentismo, para lo cual es imprescindible un compromiso sin reservas de los gestores del INSS en los primeros quince días de la incapacidad temporal, además de la colaboración
que pueden prestar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, teniendo competencias similares al gestor público en esta materia a través del desarrollo reglamentario, que sigue pendiente desde hace algún tiempo sin que
conozcamos los motivos. Todo ello, salvaguardando los principios mutualistas, impulsando una mejor gestión privada que reduzca la siniestralidad laboral y logre en consecuencia una disminución de costes.



El empleo en España se crea y se mantiene también a través de la reducción de costes por cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, tanto abordando en el presupuesto los compromisos de separación de fuentes y de financiación de las
políticas activas, que ya hemos comentado, como evitando la sobrecotización existente, que se demuestra al ser el único país en el ámbito de la OCDE con excedentes en el año 2009 o con los casos difíciles de explicar, como son los fondos de
prevención y de garantía salarial dotados con unas cantidades que resultan insólitas en estos momentos de crisis.



En conclusión, desde CEOE nos manifestamos por revisar y hacer más útiles las bonificaciones objeto del informe de evaluación, fundamentalmente a través de la inserción de los jóvenes, como se ha hecho de forma consensuada y con notable
éxito en Francia, sin perjuicio de considerar que lo más eficiente para la generación de empleo por parte de las empresas españolas resultaría disponer de una reducción general de cuotas que permitiese unos costes por cotizaciones a la Seguridad
Social en términos que produzcan la mayor competitividad con los países de nuestro entorno.



Quiero terminar como comenzaba, agradeciendo su amabilidad y su atención y poniéndome a disposición de ustedes para cuántas preguntas puedan plantearme.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José Manuel Vilar.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Vilar Martínez): Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento por la oportunidad que me ofrecen de transmitirles
los puntos de vista de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Las pymes somos el colectivo fundamental del proceso de generación de nuevas iniciativas empresariales, así como del mantenimiento y consolidación de las ya
existentes. Al igual que en la mayor parte de las economías avanzadas, el peso de nuestras empresas sobre el conjunto de la estructura empresarial es muy elevado. En concreto, de las casi 3.400.000 empresas españolas, el 99,9 por ciento son pymes.
Sin embargo, si por algo se caracteriza la estructura empresarial española en comparación con la del resto de países desarrollados es por el reducido tamaño de sus unidades, esto es, menor dimensión y por tanto mayor número de pequeñas


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empresas y microempresas respecto al número total de empresas. Esta circunstancia, sin duda, también las hace más sensibles por su dimensión a los cambios normativos que implican repercusiones económicas. Esta limitación del tamaño
empresarial no resta en absoluto el protagonismo que tenemos las pequeñas y medianas empresas, ya que compartimos un elevado grado de participación en el conjunto de la economía. Generamos más de dos tercios del total del valor añadido y aportamos
aproximadamente un 80 por ciento del total del empleo. Las pequeñas y medianas empresas constituyen una realidad muy numerosa y diversa, y son el núcleo esencial del tejido productivo y las principales protagonistas en la creación de riqueza y
empleo en nuestro país. Antes de hacer una valoración general sobre el sistema de bonificaciones y siéndoles absolutamente sincero, quiero resaltar ante SS.SS. que lo que preocupa en estos momentos a las pymes, por tanto a CEPYME, es la incidencia
e influencia que la grave crisis económica está teniendo en estas empresas y en concreto en los problemas financieros, que junto con los ocasionados por el aumento de la morosidad y del número de impagados están teniendo una especial incidencia
sobre la actividad de las pymes y de los autónomos.



Entrando en el sistema de bonificaciones y por lo que pudiera ser de utilidad a esta Comisión, quisiera hacerles una serie de consideraciones.
En primer lugar, la evaluación del actual programa de bonificaciones y de los resultados del
sistema de bonificaciones establecidas en la Ley 43/2006 resulta absolutamente necesario, imprescindible, y no solo por mandato legal de la Ley 27/2009, sino porque es imprescindible partir de un buen diagnóstico si queremos ser eficaces en la
configuración de un nuevo programa.



En segundo lugar, en Cepyme creemos que el modelo no se adapta a la coyuntura actual caracterizada por una fuerte crisis económica, con la consecuente pérdida de empresas y de empleos. Como todos ustedes conocen, cuando en el año 2006 en el
ámbito del diálogo social Cepyme participó junto con la CEOE, UGT y CCOO en la negociación del Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo convertido en la Ley 43/2006, nos encontrábamos en un momento de intensa creación de empleo y de
significativos descensos de la tasa de desempleo. Sin embargo, por un lado, la tasa de temporalidad respecto a los países de la Unión Europea era alta y, por otro, algunos colectivos como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos
cualificados tenían reducidas tasas de ocupación y actividad. Así las cosas, el espíritu del acuerdo iba encaminado a favorecer la inclusión en el mercado de trabajo de esos colectivos y a reducir la temporalidad.



Han pasado ya cuatro años en los que el panorama del mercado laboral ha cambiado tan radicalmente que, por aquel entonces, nada hacía presagiar la actual situación a la que hemos llegado. Veníamos de una década de crecimiento económico y de
empleo sin precedentes históricos conocidos, y ahora estamos en cambio inmersos en una crisis que tampoco tiene precedentes homologables y que va a dejar huella en nuestro sistema productivo, como en el resto de Europa y probablemente en el resto
del mundo. El ajuste de la actividad durante estos dos últimos años está incidiendo especialmente sobre las empresas de menor dimensión. Factores tales como la debilidad de la demanda, la restricción crediticia así como el aumento de la morosidad
en las operaciones comerciales, continúan lastrando la actividad de las pequeñas y medianas empresas que en un significativo número de casos han tenido que dejar de operar en los mercados.



Desde que comenzó la crisis a mediados del año 2008 aproximadamente unas 159.000 empresas han cesado su actividad. De estas, la práctica totalidad fueron pequeñas y medianas. En cuanto al tamaño empresarial se refiere, la desaparición de
empresas se ha concentrado en el tramo comprendido entre los 10 y los 49 empleados, es decir, precisamente entre las pequeñas empresas. Este hecho pone de relieve la intensidad del ajuste que ha experimentado la economía española, puesto que un
volumen importante de empresas que habían alcanzado cierto tamaño empresarial, fruto de la consolidación en sus respectivos mercados a lo largo de los años anteriores, es el que se ha visto precisamente más expuesto ante la caída de la actividad.
Por su parte, el número de afiliados autónomos descendió en el mismo periodo en un total de 264.000, lo que en términos relativos es un 7,7 por ciento. Esta negativa demografía empresarial ha tenido una especial repercusión en el mercado de
trabajo, y en particular sobre la población asalariada. Durante la crisis también han perdido su empleo aproximadamente 1,5 millones de trabajadores en pequeñas y medianas empresas. Nuevamente este descenso del empleo ha sido más acentuado en
términos relativos entre las empresas que tienen un tamaño comprendido entre los 10 y los 49 trabajadores. Cuando negociamos el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo en 2006, como he comentado, su objetivo fundamental era la reducción
de la temporalidad y el impulso de la contratación indefinida. En el momento en que nos encontramos el objetivo primordial es creación y mantenimiento del empleo. Nos encontramos por tanto, como ya hemos señalado, ante un escenario radicalmente
diferente.



En tercer lugar, la universalización de colectivos en la que ha caído el sistema de bonificaciones ha hecho que este pierda su eficacia. No se favorece a unos colectivos frente a otros para fomentar su contratación, sino que quedan
incluidos la práctica totalidad de los mismos. Se ha perdido pues el espíritu de la ley. En cuarto lugar y respecto a la temporalidad, aunque continúa habiendo un alto número de contratos temporales en España, comparándolo con la media de la Unión
Europea, el 29 por ciento frente al 14 por ciento en 2008, es cierto que se han reducido desde el comienzo del programa de fomento de empleo, y esto se debe en mayor medida y sin duda alguna al sector privado. Cabe decir, tal y como he indicado
antes, que la tasa de temporalidad en España, más concretamente en el sector privado, ha descendido en casi 10 puntos. En 2006 nos encontrábamos a una distancia de 20 puntos del resto de países de la Unión Europea. Además, existe una temporalidad
que hemos


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dado en llamar justificada. De todos es sabido que existen una serie de actividades económicas que requieren contratos temporales por la naturaleza de la actividad económica en que se desarrollan.



Por último, el sistema actual es excesivamente complejo, tanto en la variedad de colectivos bonificados como en la variedad de sus cuantías.
Hay que tener en cuenta además el momento de incertidumbre económica en el que nos encontramos. El
empresario de una pequeña o mediana empresa vive en una gran inseguridad el día a día de su empresa, por lo que necesita certidumbre económica y flexibilidad a la hora de contratar, dado que desconoce el comportamiento de la demanda de producción y
si esta va a verse reducida, y eso en el mejor de los casos. En Cepyme consideramos que sería necesario flexibilizar la contratación. En momentos de crisis económica y destrucción de empleo, lo primordial es el mantenimiento y la creación del
mismo. Así pues, deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en la elaboración de medidas que fomenten el mantenimiento del empleo y la contratación. Ofrecer ayudas directas a las empresas tal y como se recomienda desde la Unión Europea. Reducir los
costes no salariales de las empresas, tal y como se está haciendo también en otros países de la Unión Europea a fin de fomentar nuevas contrataciones. Reorientar el sistema de bonificaciones para los colectivos con mayores dificultades de inserción
en el mercado de trabajo. Recuperar el espíritu del acuerdo en este sentido y valorar cuáles son aquellos colectivos más desfavorecidos a la hora de encontrar empleo.



Finalmente, quiero añadir en esta comparecencia que la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa reitera su compromiso y disposición para participar en cuantas ocasiones se nos solicite para exponerles nuestros puntos de
vista y experiencias, dejando constancia, como siempre, de la voluntad y el compromiso de Cepyme de colaborar activamente en todos los procesos de reflexión, diálogo o negociación que tengan por objeto directo o indirecto la mejora de nuestro
mercado de trabajo.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vilar, por sus aportaciones.



En el turno de portavoces tiene la palabra don José Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quiero que de nuevo mis primeras palabras sean de agradecimiento a los comparecientes en representación de CEOE y de Cepyme, don José De la Cavada y don José Manuel Vilar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
por versar sobre la problemática y las potenciales soluciones de estos instrumentos de política laboral.



No quiero repetir la situación de desempleo que sufre nuestro país y de la necesidad de medidas urgentes, que ya he puesto de manifiesto en la intervención anterior, pero sí resaltar algo muy importante en este momento. Después de haber
escuchado a lo largo de dos largas jornadas a siete comparecientes, mi grupo percibe clarísimamente un diagnóstico común que comparte en todos sus términos, y que es el de que estos instrumentos han dejado de ser lo suficientemente eficaces, y que
en términos de coste y beneficio, de oportunidad y de eficiencia y con relación al gasto público necesitan una reforma importante. De otro lado, percibo por parte de todos los grupos un discurso en el mismo sentido, y es que esto no funciona y es
necesaria una revisión completa.



Señorías, me preocupan tres cuestiones esenciales. La primera es la utilidad de todo este debate en cuanto a los compromisos adquiridos, y la disponibilidad de margen de maniobra que todos los comparecientes han expresado en la mañana de
hoy, cuestión que no ocurrió en las anteriores comparecencias relativas a los informes sobre la utilidad de estas bonificaciones. La segunda es la financiación de estas políticas con el presupuesto de la Seguridad Social destinado a cubrir
contingencias sociales que, sin embargo, se está utilizando para llevar a cabo políticas de empleo. Este es un tema que es necesario reconsiderar, y en este sentido me gustaría una reflexión más profunda por parte de los comparecientes sobre cómo
sin duda esto está distorsionando no solo el mercado laboral sino sobre todo las cuentas de la Seguridad Social. Y la tercera es constatar las diferencias de criterio que se perciben entre los discursos de los agentes sociales en torno a las
posibilidades de llegar a un punto común en esta materia. En ese sentido, mi siguiente pregunta sería conocer cuál es su percepción de la posibilidad de acuerdo en estas materias de cara al futuro, de llegar dentro del diálogo social a algún tipo
de acuerdo pactado en torno a los criterios de futuro de este tipo de instrumentos. Otra pregunta sería cómo perciben que pueden hacerse útiles estos instrumentos de política laboral con el cambio de modelo económico que todo el mundo expresa en
este país, y que en este momento el Gobierno está intentando diseñar y elaborar. Es decir, estamos de acuerdo en que es necesario simplificar y concentrar estas bonificaciones que deben tener un carácter transitorio, pero, más allá de estas
consideraciones de carácter general, cómo se hace compatible un discurso de estrategia de cambio de modelo económico global estructural con el diseño de nuevas políticas en esta materia.



Terminaré mi intervención, repitiendo mi agradecimiento por la intervención y aportación de los comparecientes, con una petición formal a la Presidencia y a la Comisión. Si ha quedado algo claro en la mañana de hoy ante la Comisión y la
opinión pública española es que en este momento estos instrumentos de política laboral tienen compromisos adquiridos en el medio plazo muy importantes y que, por tanto, el margen de maniobra real que tiene esta Comisión y el Gobierno para modificar
los planteamientos en términos de bonificaciones en este país es limitado.
Puesto que ya existe un diagnóstico común por parte de todos los intervinientes y de todos los grupos de esta Cámara, antes de realizar el tratamiento, antes de establecer
cuáles serían las líneas generales a las que deberían dedicarse estas bonificaciones de cara al futuro, sería extremadamente importante, creo que indispensable, que el Gobierno remitiera a esta Cámara, a esta Comisión, con carácter de urgencia, no


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más allá de la semana que viene, un análisis de la situación de los compromisos de gasto que tiene establecido este sistema de bonificaciones en este momento para saber de qué estamos hablando, para no trabajar a ciegas. Porque sería
absolutamente absurdo, inútil e ineficaz que esta Comisión priorizara las necesidades de futuro del mercado laboral en términos de bonificaciones, y que después se dijera que la disponibilidad es de 100 o de 300 millones de euros cuando estamos
hablando de que de 3.000 o de 2.850 ya está comprometido el 90 por ciento. Entonces, ¿para qué estamos trabajando aquí, señor presidente? Por tanto, toda vez que hemos recibido todos los documentos de análisis sobre qué está funcionando bien o
mal, necesitamos saber también qué está comprometido de lo que se ha estado haciendo bien o mal desde el pasado de cara al futuro, porque a lo mejor el margen que tenemos es muy exiguo. Eso tenemos que saberlo en esta Comisión parlamentaria, porque
si no de alguna manera estamos perdiendo nuestro tiempo. Es enormemente importante de cara a la utilidad de nuestro trabajo que el Gobierno nos clarifique estas cuestiones, sobre todo en la medida en que hay ministros que están haciendo anuncios de
nuevas bonificaciones, lo decía en mi intervención anterior. El Gobierno debe clarificar si lo que está haciendo esta Comisión tiene sentido o si a partir de esta semana cada ministro nos va a decir a qué tienen que dedicarse las bonificaciones en
su ministerio.
Por tanto, repito, quiero terminar agradeciendo las intervenciones de los comparecientes, pero solicitando formalmente -se lo pido también al secretario de la Comisión- que el Gobierno envíe a esta Cámara -creo que hoy podíamos
adoptar una resolución o una conclusión por parte de los grupos de esta Cámara- un informe con carácter de urgencia de cuáles son sus compromisos económicos realizados en el medio plazo respecto de estas bonificaciones, cuál es la disponibilidad y
qué margen va a tener esta Comisión para decir cuáles son las prioridades en cuanto a colectivos, a sectores, a tamaños de las empresas y a actividades que puedan ser bonificables. Cualquier otro trabajo es inútil y nos va a llevar sencillamente a
la melancolía.



El señor PRESIDENTE: La semana que viene, posiblemente el martes a las diez y media, celebraremos una reunión de la Mesa y portavoces, y plantearemos cómo se va a hacer el informe final de estas comparecencias y las cuestiones, como la que
usted acaba de plantear ahora, que parezcan más pertinentes. Lo veremos en esa reunión de Mesa y portavoces el martes de la semana que viene a las diez y media.



Continuamos con el turno de portavoces. En representación de Izquierda Unida el señor Llamazares tiene la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de los señores De la Cavada y Vilar en nombre de CEOE y Cepyme respectivamente. En segundo término, quiero expresar en nombre de mi grupo, la preocupación ante
la crisis económica, primero, por la fragilidad del empleo que ha llevado a una destrucción masiva de empleo, no solamente de empleo temporal y de la construcción sino también de empleo en otros sectores económicos y, segundo, por la temporalidad
del empleo y la baja cualificación del mismo. Por eso, en nuestra opinión los objetivos que deberían tener las políticas de bonificaciones son el objetivo del empleo, pero también el objetivo de la estabilidad y la calidad del mismo. En ese
sentido, consideramos que la política de bonificaciones ha tenido escasos resultados, no solamente por lo que dicen los informes sino por lo que han dicho también algunos comparecientes con relación a que son iniciativas que tienen una generalidad
prácticamente total y no diferencian claramente los sectores y, por otra parte, han tenido una escasa incidencia en relación con el empleo y sobre todo con la calidad del mismo. Por eso, nuestra propuesta es una revisión global -lo hemos dicho- que
tenga en esas bonificaciones una mayor selectividad de las mismas y, por tanto, colectivos mucho más definidos, que no sean bonificaciones largas en el tiempo si no que estén sometidas a evaluación continua y que estén integradas en políticas
activas. No vemos una política de bonificaciones segregada del conjunto de las políticas de empleo o de las políticas activas de empleo. En definitiva, nosotros querríamos también que todo esto estuviera enmarcado en una recuperación de la
causalidad en la contratación en nuestro país.
Ese es el sentido de nuestras reflexiones.



Agradecemos las aportaciones tanto de CEOE como de Cepyme y no vamos a abrir un debate entre nosotros porque, como buena corporación, no nos gusta poner en evidencia nuestras flaquezas en público.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Socialista el señor Oria.



El señor ORIA GALLOSO: En primer lugar, quiero agradecer a los comparecientes su presencia aquí esta mañana, al señor De la Cavada y al señor Vilar, en representación de la CEOE y de la Cepyme.



El objetivo fundamental que teníamos en estas comparecencias era ver la eficacia o no, la influencia o no de las bonificaciones en el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo. Eso es lo que íbamos a ver esta mañana, teniendo en
cuenta siempre que el objetivo fundamental del acuerdo fue, y es, impulsar la contratación indefinida y reducir la temporalidad en una tasa que se situaba en el 34,39 por ciento de los asalariados, según la EPA, en el segundo trimestre de 2006. ¿Ha
sido un instrumento eficaz en la generación de empleo estable el actual sistema de bonificaciones junto a las demás reformas introducidas en este acuerdo? En un contexto de fuerte crecimiento de la economía y del empleo, los efectos positivos de la
reducción de la temporalidad son los mejores alcanzados por las reformas laborales desde el año 1994, puesto que la tasa de temporalidad bajó en tres puntos y medio en los dieciocho meses siguientes a su aprobación. Sin embargo, también es cierto
que la reducción de la temporalidad producida en 2008 y 2009 es imputable fundamentalmente a la pérdida de empleo en este periodo caracterizado por la crisis


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económica y del empleo. Sí se constata que el sistema de bonificaciones ha contribuido durante la crisis al mantenimiento de un significativo volumen de contratación estable, ya que durante varios trimestres todo el empleo creado en
términos netos era empleo fijo, e incluso en lo más duro de la crisis se siguieron creando puestos de trabajo indefinidos. No obstante, el número de contratos temporales sigue siendo muy alto en los tres últimos años; los contratos indefinidos
pasaron del 9 al 11 por ciento en 2007. Me gustaría escuchar su opinión respecto a estas reflexiones sobre el acuerdo. Todo esto sugiere que, a pesar de los efectos realmente positivos, el conjunto de la reforma laboral de 2006 no ha conseguido
cambiar de forma apreciable la cultura de la temporalidad que domina el mercado de trabajo en España, que sigue caracterizándose por una rotación muy fuerte entre los trabajadores temporales.



Por otro lado, el sistema de bonificaciones inicialmente dirigido a colectivos susceptibles de ser bonificados, limitados en la práctica, con otro tipo de ayudas como bonificaciones por la edad, por la situación de paro o por determinadas
prestaciones sociales, se ha convertido de facto en universal, con lo que el efecto de estas bonificaciones para la mejora del crecimiento y el empleo se ha diluido. Asimismo, las recientes modificaciones introducidas en el sistema, como las
cuantías de 1.500 euros anuales durante dos años por la contratación de parados con cargas familiares o de hasta el cien por cien de las cotizaciones empresariales por tres años por la contratación de parados con prestaciones por desempleo son
incluso superiores a las cuantías de los incentivos para el resto de los colectivos. Por ello, el sistema ha visto mermada su capacidad para favorecer a colectivos con mayores problemas de empleabilidad y además parece haber evolucionado hacia una
forma de reducir de manera general los costes de la contratación indefinida, en comparación con los costes de la contratación temporal. También me gustaría escuchar qué piensan ustedes de este efecto perverso -vamos a llamarlo así- de las
bonificaciones. Por último, el actual sistema de bonificación es el mismo que se diseñó en 2006, es decir, no ha tenido en cuenta la crisis económica. Por todo lo dicho, es evidente que el sistema presenta signos claros de agotamiento en el
contexto más real de crisis de la economía y del empleo en el que estamos y, además, para prepararnos para el nuevo modelo económico.



Al hilo de las intervenciones anteriores, quisiera que se nos explicase cómo se puede hacer una reducción general de cuotas -como ha dicho el señor De la Cavada- con las políticas de inserción para jóvenes, con las políticas activas, ¿cómo
podemos simplificar y flexibilizar el mercado de trabajo? También me gustaría que profundizase un poco más sobre estos temas. Y aunque no pertenecen a esta Comisión, me gustaría también que se profundizase y reflexionase un poco sobre qué tipo de
reforma fiscal pretenden establecer en nuestro país desde la CEOE. También que se me diga de qué forma se puede acceder mejor al crédito con las dificultades que es verdad que en estos momentos están teniendo las empresas, que se me diga cómo se
puede hacer una administración mucho más eficiente, cómo se puede racionalizar esta Administración y de qué forma tienen un mayor encaje las agencias de empleo o cómo es posible una mayor reducción del absentismo. Repito, aunque estos temas no son
ni forman parte de esta Comisión, me gustaría escuchar la opinión del representante de la CEOE.



El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra don José de la Cavada.



El señor REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (De la Cavada Hoyo): Si es correcto, preferiría seguir el orden de exposición por seguir mis notas, no por
otra consideración.



El diputado señor Echániz hace mención a que los instrumentos han dejado de ser eficaces. Creo que esto es una valoración general, entre otras cosas, porque el gran impacto positivo de las medidas fue el plan de choque y las reconversiones
de los primeros meses. Si se abre una crisis económica del calado de la que estamos viviendo en el año 2008, por no discutir los meses -mi presidente dice que él ya lo avisó en el mes de enero-, las recetas, era de suponer, habría que adaptarlas y
eso no lo hemos hecho.



Financiación de las cotizaciones-políticas de empleo. He hecho mención a la previsión de la ley que desarrolla el acuerdo de 2006 en una disposición adicional en el sentido de que, al igual que sucede -y contesto al tema de reducción de
cuotas- con otras previsiones de trasvase de los costes de las cotizaciones sociales al presupuesto del Estado, complemento de mínimos que desde el año 2002 hasta 2013 debieran de ir trasvasándose de las cotizaciones sociales al presupuesto del
Estado, no se ha hecho en la misma proporcionalidad ni se está haciendo; se han dado unas cantidades constantes durante este tiempo. Por tanto, el déficit a 31 de diciembre, en un reparto equilibrado de trasvase de una a otra fuente de
financiación de las cotizaciones sociales al presupuesto del Estado, sería en este momento de 4.000 millones de pérdida de cotizaciones sociales. Por cierto, estábamos hablando de que las cotizaciones por las bonificaciones han ascendido a 3.200
millones y este año están en 2.850, como he manifestado.



Señor Oria, apellido que me suena próximo, estamos hablando, con las cifras que he dado, de 3 puntos de cotizaciones empresariales en el régimen general de la Seguridad Social. Pero le voy a decir bastantes más cosas: Por ejemplo, cómo se
soporta que existan 4.600 millones aproximadamente en el Fondo de Garantía Salarial con la que cae, con la situación que hay de paro, teniendo un presupuesto anual que podríamos cubrir con esa cantidad en torno a cinco años. Dígame usted cómo se
justifica, señor Oria, que el Fogasa tenga esa dotación a la vista del Banco de España -ahora se va a invertir en deuda- cuando el presupuesto total anual en esta situación de crisis podría


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cubrirse durante prácticamente cinco años. Dígame usted, señor Oria, si eso no es sobrecotización. Dígame usted, señor Oria, cómo es posible que el Fondo de prevención de riesgos tenga 3.800 millones de dotación en estos momentos, cuando
eso supone una sobrecotización, afortunadamente debida en parte a que se han reducido los accidentes de trabajo últimamente, pero no deja de ser una sobrecotización que supondría un punto y medio en cotizaciones por cuotas empresariales. Podría
señalar más focos donde existe una sobrecotización. He dicho en la intervención, y son datos públicos del secretario de Estado para la Seguridad Social, que somos el único país en España, en la OCDE, que ha tenido excedente en cuotas empresariales
en la Seguridad Social. Nosotros, si eso obedeciese exclusivamente a una gestión óptima, lo aplaudiríamos; como ve, no somos demasiado entusiastas sobre esa gestión, creemos que en una situación de crisis como la que estamos viviendo deben
ajustarse al máximo las cuotas y las prestaciones. Nosotros no queremos reducir ni una sola prestación, pero sí creemos que un buen gestor en una situación de crisis debe acomodar al máximo los ingresos y los gastos, y creemos que en la gestión de
la Seguridad Social en esta materia ha habido un exceso, por decirlo en palabras políticamente correctas, de comodidad. (El señor Membrado Giner: No, de celo. Son dos cosas distintas.) Nosotros lo valoramos de otra forma.



¿Puede haber acuerdos en cuanto a las diferencias de criterio en materia de bonificaciones, que pregunta el señor Echániz? Dentro de estas cosas, que son un tema menor para la situación de crisis, con la situación de paro que hay, pensar
que esto arregla grandes cosas, nosotros tenemos muy poca fe porque lo hemos dado a entender en la intervención. En todo caso, sí es posible porque, en definitiva, hay un ánimo generalizado, que se soporta incluso en el estudio técnico, de que a
los jóvenes hay que echarles una mano, de que hay que intentar potenciar, en la medida que sirva la ayuda, que es parcial. Estamos de acuerdo en proteger a los discapacitados y también en luchar contra la violencia de género, en la medida en que se
pueda, que se puede muy poco, porque la cifra que he dado, en base a una información verbal en el diálogo social tripartito, es de 350 millones para este año.



Sobre el informe económico no digo nada porque yo lo he traído a colación.
Me ha gustado, y lo digo sinceramente, la intervención del señor Llamazares porque me ha parecido sensata, equilibrada y, entendiéndola desde una posición de
izquierda, súper correcta. Otra cosa es que nosotros, señor Llamazares, no coincidamos al cien por cien con los planteamientos, al margen de que no me chocan porque gran parte de los comentarios que se han hecho en cuanto a la temporalidad y la
baja cualificación vienen en los informes que se han presentado aquí. Ha hecho constar también el escaso resultado de las bonificaciones y la petición de revisión global e inclusión dentro de las políticas activas. Con todo eso, grosso modo,
nosotros estamos de acuerdo. Lo que pensamos es que, además de eso, hay que hacer cosas de más calado, y ahí seguro que íbamos a tener profundas diferencias, como no puede ser de otra forma. Si me olvido de algo, pido disculpas y estoy dispuesto a
subsanarlo.



No tengo nada que decir de la valoración que ha hecho el señor Oria porque es correcta y coincidente en la eficacia inicial del acuerdo, ni sobre las causas de la pérdida de empleo temporal en los años 2008 y 2009. Es un acervo común que
manejamos los interlocutores sociales. Sobre el número de indefinidos y temporales, la realidad aquí también es muy tozuda y no crecen para nada los indefinidos.



Sobre las reformas, no quisiera aburrirles con nuestras consideraciones.
Pensaba que se ha hecho con el Congreso porque lo hemos hecho con el Gobierno. En todo caso, estamos dispuestos a subsanarlo y anticipo que lo haré. Nuestras recetas
y nuestras fórmulas aprobadas en la última conferencia del 2 de diciembre se las haré llegar a los presentes a la mayor brevedad. Ahí es donde sacamos nuestras reformas. En definitiva, para nosotros existe margen de reducción de cuotas sin alterar
para nada la viabilidad de las prestaciones. Si así fuese, nunca pediríamos nada.
Segundo, existe flexibilidad en el mercado de trabajo. Sobre esto, señor Oria, permítame que le diga que hay abundantes ejemplos, incluso en el entorno europeo,
para ver fórmulas que eviten un poco la flexibilidad existente en materia de mercado de trabajo. Nosotros decimos -y yo personalmente también- que es producto de la herencia recibida del franquismo y de la propia rigidez que aporta el Estatuto de
los Trabajadores al incorporar gran parte de ese contenido proteccionista del franquismo a la norma. Se ha modificado, es cierto, el Estatuto de los Trabajadores; se ha modificado muchas veces pero con poca intensidad y así nos encontramos ahora.
(El señor De la Rocha Rubí: Asombroso.)


Nuestra reforma fiscal se conoce bastante bien. Creemos fundamentalmente en que el impuesto de sociedades esté en términos similares a los países con los que competimos. Sobre el acceso al crédito no somos culpables. Yo creo que hay otros
destinos que debieran facilitar esa condición, que afecta con mayor intensidad a todos los ciudadanos y especialmente a la pequeña y mediana empresa. Sobre la administración eficiente estamos negociando en este momento con la Administración
española una reducción de cargas administrativas. Se está haciendo en todos los ámbitos -también en las comunidades autónomas- con éxito. A nivel europeo también estamos intentando -entre nosotros, no es una crítica es una cooperación- mejorar la
situación de las cargas administrativas para ser más eficientes y, por cierto, estamos encontrando muy buena acogida en el ámbito del Gobierno en estos momentos.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en representación de Cepyme, tiene la palabra don José Manuel Vilar.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Vilar Martínez): Por no repetir cosas que ya se han hecho aquí, voy a hacer


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alguna matización de alguna cuestión que se haya podido quedar en el aire.
Señor Echániz, le entendí que nos preguntaba sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en materia de diálogo social. (El señor Echániz Salgado: En materia de
bonificación.) Las posibilidades son, aunque puede parecer un lugar común, las que brinden quienes se sienten a dialogar, a negociar y a estudiar los problemas. Las posibilidades pueden y deben ser todas. Todos tenemos ese compromiso y entiendo
que tenemos que aceptar el reto y darle una solución. Dependerá de nuestra voluntad y de nuestra capacidad.



Creo que también había quedado un tema de políticas activas de empleo planteado por el señor Llamazares. Respecto a esto, me gustaría resaltar que entendemos que el destino de los recursos liberados en política de bonificaciones siempre
debe ser orientado, en primer lugar, a las necesidades de aplicación del sistema de la Seguridad Social o bien a otras acciones que incidan en alguna medida en la reducción de costes. No olvidemos que el origen de esos recursos está en un alto
porcentaje en cotizaciones de las empresas. Por tanto, al César lo que es del César; no vayamos a quitar de aquí para poner en otro sitio, sino que redunde en quien está cotizando.



Respecto a la eficacia del sistema de bonificaciones, sin duda alguna -lo hemos dicho todos-, no ha tenido un pleno acierto pero seamos prudentes no vaya a ser que con la conclusión de que no ha habido acierto estemos pensando en darle un
plumazo directamente y entonces pongamos todavía en una peor situación una cuestión que no deja de ser, en alguna medida, una ayuda para la contratación. Seamos prudentes y, si esto no funciona bien o hay que corregirlo, corrijamos el tiro pero no
vayamos a disparar en dirección diametralmente opuesta y entonces se vuelva en contra y hagamos algo que sea todavía peor y mucho más perverso de lo que ahora teníamos, con no ser perfecto.



He tomado nota del asunto de la cultura de la temporalidad. Si se me permite la sugerencia, no hay cultura de temporalidad. Ningún empresario está situado en una cultura de temporalidad. Además, creo que la temporalidad es inherente a la
propia persona, porque somos temporales.
En todo. La temporalidad es fruto de una necesidad y de una incertidumbre. Creo que estas son las dos palabras claves que tenemos que vincular a la temporalidad. Lo indefinido, que puede tener hasta una
cierta connotación de continuidad infinita en el tiempo, de indisoluble, en todas las cuestiones puede dar un poco de vértigo. La temporalidad hay que valorarla en lo que es. Ojalá -se me ocurre en una improvisación fácil- por la temporalidad
mañana en este país surgieran uno o dos millones de contratos temporales; muchos se iban a alegrar y yo, desde luego, si estuviera desempleado lo primero que querría sería tener un empleo, si fuera indefinido mejor que temporal, pero si es temporal
mejor que nada.



Por último, haré una rápida reflexión sobre algunas cuestiones que se han tocado aquí y que pueden no considerarse como directamente relacionadas con el tema de las bonificaciones. Todo tiene que ver, si me permiten decirlo, al menos, en el
ámbito de la empresa, para un empresario todo tiene relación y concatenación con todo. Sobre el tema de la reducción de cuotas solamente haré una reflexión. Es evidente que en materia de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social estamos por
encima de la media europea; ahí es donde está nuestro mercado y donde están nuestros competidores, y más en un momento de crisis como el actual. No lo tachemos simplemente... (El señor De la Rocha Rubí: Y el IVA muy por debajo.) Pues como el IVA
va muy por debajo y va a subir a partir del 30 de junio, nos emplazamos a ver qué es lo que sucede cuando suba el IVA.
Yo prefiero no hacer pronósticos, porque a veces cuando los hago deseo de todo corazón equivocarme.



En cuanto al mayor encaje en acciones de empresas de intermediación, nuestra reflexión es: dejemos abiertas todas las posibilidades, absolutamente todas, a la reflexión y al estudio. También lo decía antes: no tengamos prejuicios con
nada, la situación que nos atañe a todos es tan sumamente preocupante que creo que a priori no debemos decir no a nada. Si las cosas pueden funcionar, pónganse encima de la mesa, trabajemos con ellas y si se ve que no funcionan entonces las
descartamos, pero no digamos no a priori. Lo mismo sucede con el tema del absentismo, que también ha surgido aquí; es una realidad y creo que no hay que cerrar los ojos a ello, algo habrá que hacer también, porque no podemos apoyar, defender,
justificar ni cerrar los ojos al fraude de ningún tipo ni por parte de nadie.



Esto era lo que quería apuntar.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Vilar, señor De la Cavada, por la amabilidad y la disposición que han tenido al comparecer ante este Comisión, así como por sus aportaciones.



Se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.