CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 470

SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 26

celebrada el jueves, 18 de febrero de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera), para:


- Informar sobre balance y perspectivas de la Ley de Dependencia. A petición propia. (Número de expediente 214/000145.) ... (Página 2)


- Informar sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/000074.) ... (Página 2)


- Explicar los criterios seguidos en el reparto del Fondo especial para el sistema de atención a la dependencia, de 400 millones de euros, entre las comunidades autónomas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 213/000251.) ... (Página 2)

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- Informar sobre la inclusión de nuevos criterios en el sistema de reparto de los fondos destinados a las comunidades autónomas para la atención de las personas en situación de dependencia. A petición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000400.) ... (Página 2)


- Informar sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000415.) ... (Página 2)


- Informar sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en esta materia. A petición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000445.) ... (Página 2)


- Informar sobre las actuaciones previstas por el Gobierno ante los nuevos datos sobre personas en situación de dependencia, una vez depurados el número de fallecimientos y otras bajas. A petición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000462.) ... (Página 2)


- Explicar el gasto dedicado a la financiación de la Ley de Dependencia en los próximos Presupuestos del Estado para el año 2010, así como la idea de reconsiderar el actual modelo de financiación de la Ley de Dependencia. A petición del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000475.) ... (Página 2)


- Explicar las declaraciones del secretario general de Presupuestos y Gastos del Estado, del día 10 de julio 2009, cuando dijo 'en principio', el gasto en materia de Dependencia 'se va a congelar' en 2010. 'No está proyectado que podamos
incrementarlos'. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000479.) ... (Página 2)


- Explicar cuál es la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno de cara a que la financiación estatal de la Ley de Dependencia alcance el 33%, tal y como contempla la norma. A petición del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente
213/000630.) ... (Página 2)


- Informar de los acuerdos alcanzados en el Consejo Territorial de la Dependencia, celebrado el día 27 de noviembre de 2008. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000388.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión que, como saben ustedes, es una sesión monográfica en relación al balance y perspectivas de la Ley de Dependencia. Tenemos con nosotros a la ministra de Sanidad y Política Social, doña
Trinidad Jiménez, y quiero advertirles de algunas cuestiones en relación con esta sesión.



Esta sesión deberá terminar en torno a las seis y media siete menos veinte porque, como ustedes saben, ahora mismo se está realizando una jornada de la Federación de enfermedades raras y a la clausura asistirán la infanta y el presidente de
la Cámara, por lo que deberemos terminar sobre las seis y media, siete menos veinte. Calculamos que la primera intervención de la ministra estará en torno a media hora y los grupos parlamentarios dispondrán para una intervención inicial de quince
minutos. En este sentido seremos flexibles y si algún grupo parlamentario interviene menos en su primera intervención en la segunda, que está previsto que fuera de cinco minutos, seríamos más generosos. En todo caso, quiero que sepan la hora
límite que tenemos, de cuánto tiempo disponen para la intervención inicial y la réplica, y cuanto puede suponer la intervención de la señora ministra y la réplica consiguiente.



Comenzamos esta sesión pedida por el Gobierno y por distintos grupos parlamentarios. En total hay diez peticiones de comparecencia. Después de la intervención de la ministra intervendrán, y por orden de registro, según la petición de los
grupos parlamentarios, porque así me lo han solicitado, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per


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Catalunya Verds, Grupo Parlamentario Mixto, el Vasco y el Grupo Socialista.



Sin más, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Política Social.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Es para mí un motivo de satisfacción comparecer nuevamente en esta Comisión para debatir, tres años después de su entrada en vigor, sobre el balance y las
perspectivas de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que están aquí hoy en esta Comisión fueron ponentes de la ley y participaron
activamente en la configuración y aprobación definitiva de la misma.



Como saben perfectamente, la ley reconoce un nuevo derecho de ciudadanía en España, el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado, y garantiza una serie de prestaciones ofreciendo un marco
estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia. Por ello, se crea el sistema para la autonomía y atención a la dependencia que debe desplegarse de forma gradual hasta completar su desarrollo en año 2015, configurándose como una
nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del propio sistema de Seguridad Social. Es lo que se ha venido a denominar el cuarto pilar del Estado del bienestar tras el Sistema Nacional de Salud,
el sistema educativo y el sistema de pensiones que fueron desarrollados en la década de los ochenta. La ley se inspira en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, es decir, garantiza el carácter universal y público de las
prestaciones, así como el acceso en condiciones de igualdad. Precisamente, dadas las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, la ley requiere de un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e
instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación con las comunidades autónomas es el elemento fundamental clave para garantizar el éxito de desarrollo de esa ley. Es decir, señorías, el desarrollo de la ley se basa también en el
imprescindible principio de lealtad institucional. Este régimen de colaboración y participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio por supuesto de sus respectivas competencias se traslada igualmente a la financiación de las
prestaciones del sistema, pero los destinatarios y beneficiarios de la ley no son solo las personas en situación de dependencia, con ellos son también destinatarios sus respectivas familias y especialmente las personas que están dedicando su vida a
cuidar a quienes lo necesiten. Son mujeres en su inmensa mayoría. Así, la voluntad de esta ley es también apoyar este esfuerzo, el esfuerzo que vienen realizando las familias mediante el reconocimiento efectivo del trabajo de los cuidadores y
familiares a través de su ingreso en el sistema de Seguridad Social. Hacemos, pues, profesional y socialmente visible este trabajo que antes ni tan siquiera tenía una mínima consideración.
Igualmente, el desarrollo de la ley está permitiendo la
ampliación de los servicios sociales de carácter público como la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día y los centros residenciales. En este sentido, es importante señalar el impacto laboral en el mercado de trabajo de
la Ley de Dependencia como generadora de un empleo estable. Con esta ley se pretende garantizar también que esos empleos satisfagan las condiciones necesarias de formación y de calidad tanto en su empleo como en la atención a las personas
dependientes.



Señorías, sobre estos elementos que acabo de enumerar quisiera centrar el análisis de estos tres primeros años de desarrollo de la Ley de Dependencia. En primer lugar, me van a permitir compartir con ustedes los últimos datos oficiales
sobre la cobertura del sistema que, como saben, están disponibles de manera actualizada en la página web del Ministerio de Sanidad y Política Social. A 1 de febrero, más de medio millón de personas, 505.098 personas, perciben las prestaciones
reconocidas por la Ley de Dependencia. El número de prestaciones es ligeramente superior, está cuantificado en 583.470, ya que un mismo beneficiario puede tener más de una prestación. No es lo habitual, no es la norma, pero puede ocurrir. Por
tipos de prestaciones, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar representa casi el 50 por ciento de los beneficiarios y de las prestaciones, los servicios de atención residencial suponen el 17,5 por ciento y la ayuda a domicilio
representa el 10,8 por ciento. Las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia son 1.164.960 en estos momentos. El 90 por ciento de los solicitantes, algo más de un millón de personas, ya han sido valorados y tienen el dictamen
técnico. De estas personas, aproximadamente el 75 por ciento, es decir, 753.521, tienen derecho a prestaciones de dependencia en el grado tres y en el grado dos. En cuanto al resto, o bien se ha desestimado su solicitud por no cumplir los
requisitos -es solo un 7 por ciento-, o bien se beneficiarán del sistema porque están en otro grado a partir del año 2011. Respecto al perfil de los beneficiarios, y al igual que ocurre con las propias solicitudes, la mayoría de los beneficiarios
son mujeres -el 67 por ciento-, con la característica de que el 70 por ciento de los mismos supera también los 65 años, es decir, mujeres mayores. A fecha de 20 de enero de 2010 hay más de 100.000 personas suscritas al convenio especial de
cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. De esas más de 100.000 personas, el 98 por ciento son mujeres y casi la mitad, 46.000, son menores de 50 años.



Señorías, con relación a estas cifras es importante que destaquemos que el año 2009 ha sido clave en el desarrollo de la ley, porque si bien es cierto que nuestro objetivo sigue siendo lograr que la ley llegue cuanto antes y a más personas
dependientes y a sus familias, también es cierto que en este último año hemos logrado dar un nuevo impulso a su implantación. Por una parte, en 2009 hemos logrado que el 90 por ciento de los solicitantes ya haya sido valorado, mejorando la
situación que teníamos al inicio del año pasado, donde en vez del 90 eran el 82 por


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ciento -hemos avanzado-, y por otra, el número de beneficiarios incorporados al sistema este año ha sido de un 131 por ciento respecto a los que existían en diciembre de 2008, es decir, hemos más que duplicado el número de beneficiarios, el
número de personas atendidas que están recibiendo la prestación, aunque no hayamos conseguido implantar en su totalidad todo el número de personas que han sido ya evaluadas. Estas cifras acreditan el trabajo que se está realizando en las
comunidades autónomas a lo largo de todo el año 2009 y el importante esfuerzo que estamos haciendo en los últimos meses, tanto el Gobierno como comunidades autónomas para permitir mejorar su aplicación e implementación.



Señorías, en primer lugar quiero referirme precisamente a este principio de colaboración y participación de las administraciones públicas, porque sobre este principio la propia ley establece un reparto de tareas entre las administraciones
implicadas a la hora de abordar el desarrollo de su contenido. Así, por una parte, recoge una serie de medidas y actuaciones que deben ser llevadas a cabo por la Administración General del Estado y, por otra, recoge mandatos cuya materialización
efectiva deja en manos de las comunidades autónomas; es lo que dice la ley. Entre ellos quiero destacar la creación del consejo territorial como instrumento de cooperación entre las administraciones públicas para la articulación del sistema, que
funciona en pleno y en comisión delegada, y la creación del comité consultivo, que permite hacer efectiva la participación social y articular la participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales. Hay que reconocer que el
consejo territorial del sistema ha llevado a cabo en estos tres años una intensa actividad. Desde su constitución el día 22 de enero del año 2007 hasta el día de hoy se han celebrado un total de 11 sesiones plenarias, 24 reuniones formales de
comisión delegada y 48 reuniones de los grupos de trabajo, es decir, la puesta en marcha ha necesitado un gran esfuerzo por parte de todos.



Déjenme que les informe de los acuerdos más importantes adoptados por el consejo territorial en este tiempo. En primer lugar, sobre el procedimiento de valoración de los grados y niveles de dependencia y la escala de valoración específica
para los menores de 3 años. Hemos aprobado un real decreto, de 20 de abril de 2007, que viene a responder al mandato de la ley que encomendaba expresamente al Gobierno la aprobación de una norma que estableciera el baremo para la valoración de los
grados y niveles de dependencia. Además, también en mayo de 2007, se aprobaron los manuales de uso para el empleo del baremo de valoración de dependencia y para el empleo de la escala de valoración específica de la situación de dependencia en
edades de 0 a 3 años, dirigidos ambos a profesionales valoradores. Pero sobre todo quiero destacar los acuerdos que hemos adoptado en el último consejo territorial, que tuvo lugar el día 25 de enero, que introducen mejoras en cuanto al
procedimiento, la calidad y los plazos de tramitación del proceso de valoración. En este sentido, acordamos por unanimidad establecer un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una
prestación de dependencia.



En cuanto a los menores de 3 años el plazo máximo para la valoración será de 30 días, a efecto de su ampliación del permiso de maternidad o de paternidad o de los correspondientes subsidios. Además acordamos la incorporación de equipos
multidisciplinares que fueran homogéneos, de carácter público, en los actuales órganos de valoración. Acordamos también la puesta en marcha de sistemas de calidad en las valoraciones, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria para determinar la
condición de salud de la persona a valorar y el acuerdo de unos contenidos básicos para la formación del personal valorador. Todo esto hemos tenido que ir haciéndolo para mejorar el desarrollo de la ley, para mejorar la calidad de las prestaciones.



En segundo lugar, tomamos algunas decisiones sobre los cuidadores. Hemos aprobado el mecanismo para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales que incluye programas y acciones formativas.
Precisamente en
septiembre de 2009 el consejo territorial adoptó también un acuerdo sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales. Su finalidad es establecer las condiciones mínimas que debe contener la formación
básica y de apoyo a las personas cuidadoras, redundando en la mejora de la calidad de vida tanto de la persona que ejerce los cuidados como de aquella que los recibe. Asimismo, en el último consejo territorial de enero adoptamos un acuerdo para la
mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del sistema. Esta prestación económica ha sido hasta el momento una de las más demandas por las personas en situación de dependencia, que son atendidas además en
su domicilio por familiares, según el deseo expreso de las propias personas dependientes.
Por ello, y sobre la base de la experiencia acumulada en la gestión desde la entrada en vigor de ley, hemos establecido criterios comunes en la concepción y
seguimiento de la prestación, en el sentido de conocer exactamente el grado de satisfacción de la prestación sobre todo de la persona dependiente.



En tercer lugar, sobre la calidad de servicios y prestaciones hemos acordado los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios, la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos y la protección de los
beneficiarios desplazados, así como de los emigrantes españoles retornados, además del acuerdo sobre condiciones de acceso y cuantía de las prestaciones económicas. Todo esto ya se ha hecho por real decreto. También adoptamos en el consejo
territorial de julio de 2008 el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de centros y servicios.



Y en cuarto lugar, sobre el sistema de información del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el consejo territorial del pasado mes de septiembre adoptamos un importante acuerdo sobre objetivos y contenidos comunes de la
información del sistema, con el objetivo de determinar los datos básicos que las comunidades autónomas


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nos tienen que trasladar al sistema y así facilitar un mejor conocimiento de la situación, pero, sobre todo, de su evolución, la elaboración de la estadística y la evaluación de la población protegida, de los recursos humanos, de la
infraestructura de la red. Algo que hasta el momento aparecía un poco confuso y disperso.



En definitiva, señorías, en estos tres años de vigencia la Ley de Dependencia ha experimentado un importante avance en su desarrollo normativo, ha experimentado un avance en la cooperación con las comunidades autónomas y también ha
experimentado un avance en el alcance de la cobertura del sistema. Creo que es justo reconocerlo porque es un logro que es colectivo. Ahora bien, tenemos la firme determinación de seguir trabajando porque aún queda un largo camino que recorrer
para su implantación definitiva y tenemos que seguir trabajando para sumar voluntades, conseguir un mayor entendimiento, una mejor coordinación entre las distintas administraciones implicadas porque queremos impulsar de manera definitiva el
desarrollo de esta ley.



Señorías, quiero referirme a la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Como saben la ley establece que esta será suficiente, estable, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de
las administraciones públicas. Eso es lo que nos mandata y nos obliga la ley. Por ello, la propia ley sirve de cauce para la colaboración y participación de las administraciones públicas y para optimizar los recursos públicos y privados
disponibles, desarrollando un modelo que se organiza administrativamente en tres niveles. Además de poner en valor esta importante ampliación de la dotación presupuestaria, lo que constituye un claro reflejo del compromiso del Gobierno de España
con el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas sociales puestas en marcha en los últimos cinco años, quisiera mencionar también el estímulo para el empleo que supone el desarrollo de la Ley de Dependencia, porque coincidirán conmigo en que,
además de políticas de bienestar, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia supone una enorme inversión para el empleo y para la innovación, aun en tiempos de crisis. El tercer sector, el sector servicios, es un sector enormemente
productivo. Es decir, constituye una inversión rentable que produce beneficios cuantificables en la economía incrementando el potencial productivo y el empleo de forma directa. Les voy a dar un dato.
En el total acumulado de los tres años se han
generado 151.940 nuevas altas en la Seguridad Social, según la información de la Tesorería General.



Por último y en cuarto lugar, voy a referirme a las perspectivas de la Ley de Dependencia y al proceso de evaluación que hemos iniciado de acuerdo con lo previsto en la propia normativa. Saben que el consejo territorial de septiembre
decidió adelantar los trabajos de evaluación con la intención de llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la ley lo antes posible. Es cierto que Gobierno y comunidades autónomas hemos realizado un gran esfuerzo en estos tres primeros
años de desarrollo del sistema, pero también es cierto -y todos somos conscientes de ello- que hay muchos aspectos, como decía antes, que tenemos que mejorar para llegar a una consolidación plena de la ley. Tenemos que plantear mejoras que permitan
a los ciudadanos recibir una atención de calidad y en un tiempo más breve. Tenemos que hacer una evaluación consistente y con medidas concretas que permitan avanzar en el desarrollo a lo largo de este año, y lo tenemos que hacer contando con los
sectores implicados. Además, contamos con dos informes específicos, el informe de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas encargado por la anterior ministra de Educación, Política Social y Deportes, y el informe del grupo de expertos creado
por el Gobierno a instancias de esta Cámara, que por supuesto serán tenidos muy en cuenta para hacer la evaluación.



Quisiera detenerme en detallar los ejes de nuestro trabajo en los próximos meses en el marco de este proceso de evaluación. Primero, como les decía, queremos mejorar el procedimiento de la valoración de la dependencia, sobre el que ya hemos
alcanzado un acuerdo y creo que es una línea muy importante de mejoría y de desarrollo. En segundo lugar, vamos a abordar medidas de mejora del baremo y su aplicación por los distintos equipos de valoración en todo el territorio nacional. En
tercer lugar, hemos fijado en el calendario de trabajo aprobado por el Consejo Territorial la recogida sistemática de buenas prácticas en la aplicación de la ley que sirvan para facilitar su transferencia a otras comunidades autónomas. En cuarto
lugar, trabajaremos para hacer operativo el acuerdo sobre los objetivos y contenidos comunes del sistema facilitando el acceso de las comunidades autónomas a la información contenida en los registros estatales. En quinto lugar, vamos a avanzar en
la coordinación sociosanitaria y lograr una actuación que sea más coherente, más efectiva y más eficaz en el uso de los recursos públicos. Para ello tenemos previsto celebrar una conferencia de consejeros de Sanidad y Bienestar Social conjuntamente
el día 24 de febrero. En sexto lugar, queremos mejorar la calidad de las prestaciones de servicios y ayudas económicas ampliando también la oferta de recursos para que el ciudadano pueda elegir con mayor libertad dónde y cómo quiere ser atendido.
En séptimo lugar, hemos constituido un grupo de trabajo en el seno de la comisión delegada con la finalidad de estudiar los costes y la financiación y de llegar a un consenso sobre los criterios de distribución de los créditos del nivel acordado.
En octavo lugar, queremos agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de gestión de los expedientes y facilitar la movilidad de las personas con dependencia en el territorio nacional. Por último, vamos a seguir
reforzando la cooperación interadministrativa.



Seguro que coincidirán conmigo en que el desarrollo del sistema de dependencia es un proyecto que solamente puede hacerse realidad desde la colaboración leal del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, cada uno con sus
responsabilidades, pero con la voluntad


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de actuar conjuntamente. También contamos con la contribución y la participación activa de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales y muy especialmente del tercer sector, sobre todo las organizaciones de mayores y
de las personas con discapacidad. En primer lugar la ley establece un nivel mínimo de protección que viene definido y garantizado financieramente de manera íntegra por el Gobierno, que hace efectivo por cada beneficiario reconocido dependiente con
derecho a prestación. En segundo lugar establece también un nivel de protección que es acordado a través de un régimen de cooperación y financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Es aquí donde las aportaciones de las comunidades
autónomas han de ser al menos iguales a la cantidad que aporte el Gobierno, es más los criterios de reparto así como su ponderación son consensuados anualmente por las comunidades autónomas. Finalmente la ley dispone que aquellas comunidades
autónomas que así lo deseen podrán desarrollar un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.



Señorías, según la memoria económica de la ley, el Gobierno debía aportar más de 12.600 millones de euros hasta el año 2015. Consciente de la magnitud del reto, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo presupuestario en estos tres primeros
años de implantación de la ley destinando 3.321 millones de euros al sistema para la autonomía y atención a la dependencia, es decir un 65 por ciento más de lo previsto inicialmente por la memoria económica de la ley. En los dos primeros años, 2007
y 2008, el Gobierno destinó un total de más de 1.271 millones de euros a la dependencia, mientras que es en 2009 -cuando hemos hecho una mayor incorporación de beneficiarios al sistema- cuando hemos incrementado la financiación en un 135 por ciento
respecto del año 2008, hasta alcanzar solo en el año 2009 la cifra de 2.050 millones de euros. Esta cifra también incluye los 400 millones de euros del Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo destinado a
dependencia -en ese fondo había una parte específica destinada a la dependencia-, con el fin de facilitar el desarrollo y la modernización de la red de servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Es decir, entre otras había
ayudas para la construcción de centros de día, de residencias y para la mejora de las instalaciones, así como para la ampliación de plazas.



Igualmente los Presupuestos Generales del Estado para 2010 apuestan de manera importante por el desarrollo del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. En concreto se destinan 1.671 millones de euros, lo que significa un
aumento de más del 36,5 por ciento respecto de lo presupuestado en el año 2009, pero también me parece importante destacar el incremento de un 20 por ciento del presupuesto en el ámbito del envejecimiento activo y prevención de la dependencia, que
son programas dotados para este año con 220 millones de euros.



Si hablamos de fondos globales que el Gobierno destinará durante el año 2010 a la dependencia, habría que considerar también la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica, que aportará nuevos recursos a las comunidades
autónomas, incrementando la equidad y suficiencia financiera del sistema sanitario y de dependencia. El objetivo es la mejora estructural del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Así que el nuevo modelo en primer lugar ofrece una
respuesta a los problemas de ajuste a las necesidades de la población; en segundo lugar eleva la autonomía y la corresponsabilidad de las comunidades autónomas; en tercer lugar reduce la diferencia en los niveles de financiación y renta per
cápita, y por último garantiza a todos los ciudadanos la igualdad en la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales esenciales, incluida la dependencia. Además también en 2010 se reforzarán las políticas del Estado del bienestar
gracias a la aportación global de alrededor de 11.700 millones de euros adicionales.



Como saben, el elemento clave del nuevo modelo es el Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales que se financia con los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas y con los recursos adicionales aportados por el
Estado; es decir, señorías, hemos logrado nuevamente un gran acuerdo que nos va a permitir seguir fortaleciendo la cohesión y la equidad de las políticas de bienestar. Es cierto que se trata de un gran proyecto de futuro de una enorme ambición
política, social, ciudadana; un proyecto fruto de un amplio acuerdo. Insisto mucho en el acuerdo, en la colaboración política y administrativa porque es un proyecto de todos, impulsado por un Gobierno pero respaldado y asumido por casi todas las
fuerzas políticas de las Cortes Generales y hoy día en todo el territorio español. También es cierto que hemos avanzado mucho a día de hoy -nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios han sido ya evaluadas; más de medio
millón de personas declaradas dependientes reciben atención-, pero tenemos que seguir todos haciendo un esfuerzo suplementario, un ejercicio conjunto y permanente de coordinación y de cooperación para responder aún mejor a las expectativas, no las
que hemos puesto nosotros en la ley sino las que han puesto los ciudadanos en la implantación definitiva de esta ley. Este pilar que constituye la Ley de Dependencia es, sin lugar a dudas -tengo esa profunda convicción-, una de las transformaciones
sociales para la cohesión y el bienestar más importante que hemos puesto en marcha en los últimos años.



Señorías, la voluntad del Ministerio de Sanidad y Política Social es dar un nuevo impulso a la ley en esta nueva legislatura, a partir de esa colaboración y del trabajo que tenemos que realizar con las comunidades autónomas, y estoy segura
de que voy a seguir contando con sus aportaciones, con su colaboración leal para conseguir este objetivo.
Merece la pena que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos en este empeño.



El señor PRESIDENTE: A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios. En primer lugar, por orden de registro, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra doña Lourdes Méndez.



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La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora ministra, en primer lugar, muchísimas gracias por su comparecencia -se lo agradecemos sinceramente-, pero en ella no ha resuelto absolutamente ninguno de los problemas que están surgiendo con la
aplicación de la Ley de Dependencia. Sinceramente, y no es un tópico, señora ministra, me ha defraudado absolutamente. Cuando vi que la solicitud de la comparecencia era a petición propia pensaba que nos iba a traer algo distinto, algo diferente;
incluso una batería de medidas a partir del informe de los expertos -ya tenemos por tanto un documento común para trabajar-; pensaba que iba a decirnos algo más que pura y simplemente lo que ya nos dijo el secretario general de Política Social,
señor Moza, en su anterior comparecencia, cuando nos contaba el informe de los expertos.



La comparecencia que usted ha hecho esta tarde podría haberla hecho la anterior ministra hace un año, señora ministra, porque lo que usted nos ha contado es toda la ley del año 2007, la aplicación del año 2007, la aplicación del año 2008, y
poco es lo que se ha hecho desde que usted lleva en el Gobierno, hace casi un año. Sinceramente, señora ministra, no se trata de criticar por criticar. Lo que usted ha dicho esta tarde es: Vamos a mejorar el baremo; trabajaremos para hacer
operativo el sistema; comparecerán los consejeros de Sanidad -me gustaría saber qué van a hacer esos consejeros de Sanidad cuando usted los convoque, o si simplemente se van a hacer la foto-; mejoraremos la calidad; hemos constituido un grupo de
trabajo para la financiación -eso mismo nos dijo el señor Moza hace cuatro meses-; vamos a agilizar los trámites administrativos; vamos a reforzar la cooperación interadministrativa... Señora ministra, eso está muy bien, pero ya nos lo han dicho
hace cuatro meses. A mí me gustaría saber qué han hecho desde hace un año hasta ahora. Realmente sabemos qué se ha hecho desde que se aprueba la ley, desde que se implanta la ley, desde que empieza a aplicarse la ley en 2007, 2008 y 2009, pero
existía una esperanza en ese informe de los expertos, y no solamente en este sino también en el del Cermi, por ejemplo, e incluso en el informe que ha publicado la Universidad Carlos III en conjunción con la de Alcalá, del que usted será consciente
porque ha salido hace muy poco tiempo, que decía que eran necesarios 12.000 millones de euros para la sostenibilidad del sistema de dependencia. Todo eso es lo que habría que haber visto y arbitrado aquí; habría que haber traído soluciones,
etcétera. Usted ha dicho también que se ha constituido un grupo de trabajo para estudiar los temas financieros, cosa que ya oímos en la comparecencia anterior. En la comparecencia anterior se dijo que íbamos a evaluar la ley entre todos -lo
importante del año 2010 es la evaluación de la ley-, ver los problemas que presenta, las mejoras que se van a hacer, ver cómo todas las administraciones de una manera común, relacionándose entre ellas, van a poder llegar a mejorar el sistema con los
problemas que todos han visto que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Dependencia.



Los datos que usted ha dado, señora ministra, son que efectivamente hubo 1.271 millones de presupuesto en los años 2007 y 2008 y 2.050 millones en el año 2009 con el PlanE incluido, y después siguen reiterando que 1.671 millones de euros
para el año 2010 es más del 36,5 por ciento respecto a los presupuestos iniciales. Fueron 2.050 millones en el año 2009 y 1.671 en el año 2010; cuando hay más del doble de personas que van a tener que percibir esa prestación han bajado el
presupuesto y entonces se acogen al nuevo modelo de atención a la dependencia en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. A mí me gustaría saber cuánto dinero es, porque lo único que tengo yo del acuerdo de financiación para las
comunidades autónomas es que es un dinero que se incorporará -estos recursos adicionales- en virtud de la gradualidad y que surtirá efectos por primera vez en 2012 con la liquidación definitiva de los recursos del nuevo sistema correspondientes al
año 2010. No sabemos, por tanto, qué es lo que se va a recaudar en época de crisis como en la que estamos, y además las comunidades autónomas no podrán cobrar hasta el año 2012. Es decir, que del año 2009, donde teníamos medio millón de personas
cobrando la prestación por dependencia al año 2010, que según usted dice ya va a haber 750.000 personas cobrando la prestación por dependencia, hemos bajado de 2.050 millones de euros a 1.671. Esas son mis cuentas, que son muy sencillitas y no hay
que ser doctorado en Económicas para saber hacerlas.



Con todos estos datos que usted nos ha dado, yo le voy a reiterar los problemas que dicen los expertos que tiene la Ley de Dependencia. Después de cuatro años solo sabemos que se consolidan los problemas. El informe de estos expertos -muy
bueno, por cierto- detalla deficiencias en el procedimiento de entrada al sistema, en sus dos fases de reconocimiento de la situación de dependencia y en la asignación de la correspondiente prestación; el reconocimiento de la situación de
dependencia deviene de una valoración que resulta de aplicar un baremo único; no se ha modificado el baremo, aquel baremo era un baremo provisional para un año y venimos oyendo que hay que modificar el baremo desde hace muchísimo tiempo, y el otro
día se reúne la comisión delegada y todavía no se sabe cómo se va a modificar el baremo. La idoneidad del baremo tiene unas limitaciones, según denuncia el Cermi, para captar la dependencia causada por la discapacidad intelectual, enfermedad
mental, los problemas cognitivos conductuales y las enfermedades orgánicas que generan episodios de gran dependencia. Hay diferencias importantes en el proceso de valoración; la información todavía no es la adecuada; hay deficiencias en la
dotación de infraestructuras; el sesgo actual hacia las prestaciones económicas, usted ya lo ha dicho, supone más del 50 por ciento de las que se realizan para cuidados familiares, solamente un 19 por ciento -yo tengo el dato del 19 por ciento,
usted tiene el 17 por ciento- son residenciales,


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servicios domiciliarios un 10 por ciento y centros de día un 5 por ciento.
Se está generando una gran desigualdad en la valoración y en la financiación, no existe una normativa que unifique los criterios de copago y además de generar esa
desigualdad también sigue existiendo una gran confusión, una de ellas es la existencia o no de compatibilidades en los diferentes servicios, no existe una normativa única en todo el territorio nacional que prevea de manera uniforme las
compatibilidades de los servicios.



Pero el problema más importante que no se ha resuelto, señora ministra, y para el que usted no ha dado ninguna solución ni ninguna esperanza es el de la financiación. Estamos esperando conocer cómo piensa cumplir el mandato de revisar la
aplicación del sistema en este año 2010, porque la evaluación del sistema es determinante e imprescindible. A mí me gustaría que nos dijeran qué calendario hay, cuándo vamos a empezar a trabajar aunque sean solamente las instituciones y ustedes nos
den cuenta de ello; a nosotros también nos gustaría trabajar -aunque a lo mejor es un trabajo que solamente tienen que hacer las instituciones y a nosotros darnos cuenta de ello- en esa evaluación, porque seguramente haya que revisar la propia ley
y eso nos compete a nosotros, porque en noviembre ya dijeron que empezaban a evaluar; ahora bien, revisar la ley supone tener en cuenta no solo el informe anterior sino los otros independientes a los que me he referido antes, como es el de las
universidades Carlos III y Alcalá de Henares, que dice con toda claridad el grado de desajuste de sus cuentas, algo que para nosotros era obvio y para los responsables de las comunidades autónomas también. Esa insuficiencia es de tal calibre que el
coste directo sería de 12.500 millones anuales y ustedes están en el escenario de 1.500 millones anuales. Esto va a ir produciendo un desfase tal que, según las previsiones que hacen estos mismos expertos, para el año 2015 debería ser en torno a
17.000 y 20.000 millones de euros. ¿Coincide usted con estas cifras? Me gustaría que nos lo dijera.
¿O desmiente lo que dice la universidad? ¿Estos desfases le motivan a usted alguna reflexión? Nuestra reflexión es que tampoco han tenido en
cuenta el informe de los expertos respecto al nivel mínimo, puesto que en el año 2010 permanecen con los estándares de 70 y 103 euros mensuales.
Esto lleva a que las comunidades autónomas estén haciendo el esfuerzo del 70 por ciento, frente al 30
por ciento de su Gobierno, amén de lo que aportan los usuarios. Ustedes hacen una aportación residual, y esto lleva al sistema a un incumplimiento generalizado de la ley.



En la ley se plantea que los cuidadores familiares sean una medida excepcional, pero esta medida, que es importante, se está convirtiendo en la más demandada. El objetivo de la ley es ofrecer prestaciones y servicios; la falta de
financiación está pervirtiendo la aplicación de la ley, porque la falta de financiación para atender el coste en residencias y en centros de día está siendo compensada con la de priorizar la prestación económica. A los cuidadores familiares se les
da de alta en la Seguridad Social, como usted ha dicho, pero a mí me gustaría saber cuál es el importe y los efectos de ese convenio, que me parece que tiene un nivel de prestaciones bastante ínfimo. En el último Consejo Territorial de la
Dependencia sintieron realmente agrado por el tema del baremo, pero me gustaría que nos indicara en qué se va a modificar y qué adelantos son los que se han efectuado a raíz del tema del baremo.



Volviendo a la financiación, la insuficiencia hace a su vez que haya escasez de plazas residenciales o de centros de día. Las infraestructuras son insuficientes y mal distribuidas; hay retracción en las inversiones y caída de residencias
disponibles. Si no hay financiación para hacer sostenibles las residencias, no se podrá llegar a los estándares necesarios. Si a eso le añadimos la subida del IVA del 7 al 8 por ciento, que gravará a todos los centros residenciales no públicos
pero que conciertan con la Administración, llegamos a la conclusión de que no es coherente con el objetivo que el propio sistema persigue. Existen problemas y falta de coordinación con el sector de atención a la dependencia. Nosotros hemos
solicitado que se contemplara el IVA superreducido.



Usted habla de la importancia de la creación de empleo; sinceramente, no entiendo cómo puede usted hablar de la importancia de la creación de empleo cuando uno de los efectos perversos que está teniendo esta ley es que no está creando el
empleo que estaba previsto con los servicios que se tenían que prestar. Precisamente este es uno de los efectos más perversos que está produciendo esta ley. Por tanto, no entiendo cómo habla usted del empleo y del tercer sector, que es enormemente
productivo. Seguramente usted haya hablado con representantes del tercer sector y le hayan manifestado las circunstancias en las que se encuentran y los problemas que están teniendo. Este es uno de los problemas que hay que resolver: la
colaboración con el tercer sector y que a esas personas que atienden a la dependencia se les ofrezca un escenario mejor del actual.



Señor ministra, esta es su responsabilidad y como tal yo le pregunto cómo reacciona el ministerio a los informes. Dígame la batería de medidas que ustedes han adoptado. Le expreso la satisfacción de que haya venido aquí para despejarnos
dudas, pero procure traer algo más que recordarnos que el procedimiento va a ser más rápido. ¿Para hacer qué y con qué? Si se trata de hacer un incumplimiento más rápido de la ley para incumplir los incumplimientos.



Otra de las cuestiones de las que usted ha hablado es la autonomía personal. Tendría que leerse, o releerse, porque supongo que se lo habrá leído, el informe del Cermi. El informe del Cermi es muy expresivo en el tema de la autonomía
personal, habla de muchos temas, pero a uno de los temas que más importancia le da es precisamente a la nula o a la poca importancia que se le ha dado a todas las políticas de autonomía personal. Este es otro tema que no entendemos cómo y de qué
manera se ha traído aquí, presumiendo de que efectivamente están haciendo cosas, cuando es un problema realmente importante. Tampoco han sido capaces de unificar normativas


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en el tema del copago ni en el tema de las compatibilidades. Ya sí termino, señora ministra, diciendo que la función de la Administración General del Estado reside en la financiación básica del sistema, cosa que ustedes ni han conseguido ni
están haciendo nada para que sea realmente eficaz. En cuanto a la coordinación general, ¿dónde tendrían que meter a los ayuntamientos para que esa coordinación fuera muchísimo más amplia y más efectiva? También la comunicación del conjunto del
sistema y velar por la igualdad, cosa que ya hemos visto que, de momento, no se ha conseguido.



Señora ministra, lleva casi un año, dígame qué ha hecho usted y qué es lo que va a hacer. El sistema no será justo, suficiente ni adecuado si no se garantiza su financiación y si no están afectas al servicio las cantidades que por el nivel
mínimo se transfieren a las comunidades autónomas. Señora ministra, ¿tiene usted voluntad de hacer suficiente y adecuada la financiación? ¿Cómo va usted a hacerlo?


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Carles Campuzano, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quisiera agradecer la comparecencia de la señora ministra y disculparme porque tengo la voz peor de lo que creía.



Como usted recordará, Convergència i Unió no votó favorablemente esta ley, junto con el Partido Nacionalista Vasco. Advertíamos de algunos problemas de encaje en el marco constitucional, de configuración del sistema de financiación, de
concepción excesivamente burocrática, de ausencia de una voluntad efectiva de colaboración con la iniciativa privada, tanto mercantil como social, y tres años más tarde buena parte de esos defectos en la arquitectura legal de esta política dan sus
resultados. Mi grupo no va a negar el esfuerzo del Gobierno en el desarrollo normativo de la ley, las iniciativas que usted hoy nos ha anunciado o ha anunciado en otras comparecencias en el marco del consejo territorial. No vamos a poder negar
tampoco el esfuerzo de incremento de la aportación presupuestaria del Estado a esta política -usted hoy ha anunciado algunas cosas interesantes y algunos compromisos de futuro interesantes-, pero lo cierto es que algunos de los problemas de fondo
que se han demostrado en estos años continúan ahí. Los problemas de retraso en los procesos de valoración, en la asignación de servicios, de recursos o de prestaciones, que no siempre por la vía de pagar retroactivamente la prestación se resuelven,
porque ese servicio que esa persona no ha tenido implica una mala calidad de vida o, incluso, puede implicar que alguien muera antes de recibir ese servicio necesario. Continúa existiendo el malestar entre muchas familias y personas en esta
materia. La existencia de una lista de espera enorme -algunos analistas de fuera del sistema hablan de 250.000 personas en listas de espera-. Los problemas de transparencia informativa sobre lo que sucede en la ley. La sensación en buena parte de
la iniciativa privada, tanto mercantil como social, de que falta un marco estable que pueda permitir tomar decisiones de inversión en este campo, incluso algunos inversores privados se han retraído de sus compromisos en esta materia, algunas
empresas de ese sector que están cerrando y en Cataluña hay problemas en el sector residencial de ausencia de plazas, de residencias privadas que están cerrando. Las cuestiones vinculadas a la fiscalidad de los servicios personales y ese previsible
incremento del IVA. Los problemas que tiene el tercer sector en la propia configuración del impuesto del IVA. El ahorro efectivo que las comunidades autónomas tienen en relación con las obligaciones que se derivan de esta ley -el señor Tardà, que
está mucho más informado que nosotros, le va a dar algunas cifras-; se ha mejorado la financiación del Estado respecto a la que existía hace cierto tiempo, pero hoy, por cada euro que el Estado traslada a las comunidades autónomas, al menos en
Cataluña y según el propio Gobierno de la Generalitat que, como usted sabe, no es de Convergència i Unió sino de una coalición en la que su partido participa, la Generalitat debe poner dos euros y medio más para poder garantizar los servicios que se
derivan de esta ley; un sistema de financiación que Convergència i Unió tampoco apoyó, porque -se va a ver, por desgracia, cuando toque- no resuelve el problema de insuficiencia financiera de las comunidades autónomas. La inexistencia del
desarrollo de la previsión de la Ley de 2003 de cohesión sanitaria sobre la coordinación sociosanitaria. El malestar en el mundo de las personas con discapacidad o en el mundo de los familiares de personas con enfermedades neurológicas, cuyas
expectativas respecto a la ley tampoco se han cubierto. El no desarrollo de ese concepto de la autonomía personal. Y finalmente, si este sector de los servicios de atención a las familias y a las personas debe ser uno de los nuevos motores de la
creación de empleo en España, en este contexto de crisis, incluso en el contexto previo a la crisis, las expectativas que el libro blanco había marcado en generación de empleo no se están cumpliendo.



Yo no veo que ustedes se esfuercen. No niego que usted, que es muy empática, tenga capacidad de escuchar a los consejeros, reunirse, discutir, que tenga capacidad de movilizar más recursos, pero lo cierto es que la percepción de los
posibles beneficiarios del sector privado, tanto mercantil como de iniciativa social, de los responsables autonómicos de diversos colores políticos, de las plataformas que agrupan a personas con discapacidad es altamente insatisfactoria respecto a
la aplicación efectiva de la ley. Además, sabemos que estamos en un escenario que el informe del grupo de expertos marcó de manera muy clara de evolución futura del gasto y de la inversión en este ámbito, que el actual marco legal de la Ley de
Dependencia no resuelve bien. Sabemos que en la perspectiva del año 2015 si el coste de la inversión en dependencia se va a situar en el 1,5 por ciento del producto interior bruto, que eso deben ser 15.000 ó 16.000 millones de euros, aquí hay un
debate muy de fondo sobre cómo vamos a financiar


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esta política. El grupo de expertos nos propuso un catálogo amplio de medidas a analizar y discutir. Quiero recordarle, señora ministra, que el origen de esta política en esta casa se produjo en el marco del Pacto de Toledo. En los
acuerdos de 2003 del Pacto de Toledo, una de las recomendaciones nuevas de esa revisión instaba a la puesta en marcha de una política de atención a la dependencia porque formaba parte de un abordaje global a la cuestión del envejecimiento de nuestra
sociedad. En la lógica del Pacto de Toledo el principio de sostenibilidad es básico.
Más allá de ese catálogo de cuestiones que usted ha anunciado -procedimiento de evaluación, baremo, buenas prácticas, información transparente, coordinación socio
sanitaria, calidad de servicios, agilización y simplificación, refuerzo de la cooperación- que me parecen interesantes y vamos a ver qué dan de sí, va a ser imprescindible, por un lado, abrir un debate de nuevo en esta Cámara sobre la sostenibilidad
del sistema de atención a la dependencia en esa perspectiva del medio y largo plazo, y, por otro, que seamos capaces de reproducir aquello que marcó en su día la configuración del Pacto de Toledo, que es un acuerdo de fondo sobre una protección de
carácter público y del riesgo de la dependencia.
Es necesario que seamos capaces de manera leal entre administraciones -sector privado, Gobierno y partidos políticos- de dibujar un escenario que nos dé garantías, tranquilidad, estabilidad y
posibilidad de desarrollar esa política. Le invito a que acepte esta discusión en esta Cámara. Tenemos ese informe del grupo de expertos, tenemos la referencia del Pacto de Toledo y tenemos inquietud en la sociedad. En segundo lugar, esta ley
generó una enorme expectativa en el mundo de la discapacidad que provocó cambios en el título de la ley, en nuevas configuraciones de prestaciones y servicios, pero en el mundo de la discapacidad es en el que ha generado mayor frustración. Quizá
reconozcamos que nos equivocamos al pretender regular en una misma ley los problemas asociados del envejecimiento y los problemas asociados a la falta de autonomía de las personas con discapacidad. Todos pecamos, y mi grupo también es responsable
porque participamos del entusiasmo en esa ampliación de la cobertura a las personas con discapacidad, pero eso no está funcionando, y creo que difícilmente se pueda mejorar en el actual marco de la ley. Es más, están apareciendo algunas
aplicaciones de la ley en esta materia muy contradictorias en diversos puntos del Estado. Por tanto, seamos capaces de abrir una discusión tranquila y sosegada de la modificación de la ley en un contexto en el que es imprescindible la modificación
del baremo. Mi colega, la señora Tarruella, está insistiendo desde la comisión de políticas integrales de la discapacidad en que el baremo debe adaptarse a la situación de las personas con determinadas enfermedades neurológicas que no se han visto
cubiertas por esta ley. Los colectivos de las personas con discapacidad intelectual continúan profundamente inquietos.
Por lo tanto, en ese catálogo de medidas urgentes, adaptar el baremo a esa realidad va a ser imprescindible. Pero dar la vuelta
a una ley que pretendía resolver al mismo tiempo las cuestiones del envejecimiento y las cuestiones de la discapacidad no está demostrando que fuese una buena idea.



Le invito a que sin dogmatismos, sin miedos, sin posiciones prefijadas, el Gobierno entre en esa discusión en esta Cámara. Cuanto más pronto abordemos esas discusiones, la de la sostenibilidad y la de la adaptación de esta política a las
personas con discapacidad, mejor lo resolveremos.
Cuanto más tardemos en abordar estas cuestiones, el Gobierno -no sé si este o el siguiente- quizá de manera apresurada tendrá que tomar medidas que seguramente serán más costosas, más antipáticas y
también menos justas y menos eficaces. Le invito a esa reflexión.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Señora ministra, en primer lugar y de forma telegráfica voy a hacer un par de reflexiones al hilo del universo de posibilidades y variables que uno tiene que introducir a la hora de encarar este debate. No nos
engañemos, hay una casuística casi sin final.
Hay comunidades autónomas en donde los gobiernos han saboteado desde el primer día esta ley; y si se cree que es demasiado rotunda esta afirmación pueden dulcificarla un poco. Nosotros tenemos muchas
quejas sobre la implementación que de esta ley se ha hecho en el País Valencià.
Por otro lado, hay comunidades autónomas que tienen un marco legislativo, en el caso de Cataluña la Lleida Serveis Socials, en donde queda incardinada la Ley de la
Dependencia. También es cierto que hay alguna trampa -y permítanme que lo diga en un entrecomillado grueso- por parte de la Administración General del Estado, a veces, en jugar con los números. Es evidente que se han ampliado recursos, pero a
veces uno pone el dinero que ha sacado de otra partida. Por ejemplo, hay partidas congeladas en la Administración General del Estado que antes atendían estas cuestiones. No se trata de sacarnos los trapos sucios, al revés, ya que nuestra voluntad
ha sido siempre constructiva. Además somos muy conscientes de la gran importancia de esta ley y de que es un progreso y una conquista social enorme, por lo que somos capaces de comernos casi todos los sapos que nos tengamos que comer en beneficio
de lo que queríamos conseguir con la aprobación de esta ley.



Es cierto que hay muchas disfunciones, que no está garantizada la sostenibilidad del sistema. No quiero decir que tengamos que ser pasivos, pero uno tiene que ser consciente de la magnitud del reto histórico que representa la implementación
de un nuevo derecho subjetivo e ir construyendo el cuarto pilar del Estado del bienestar. No nos duelen prendas reconocer que a veces hay que ser flexibles, leales e ir coordinando todas las variables que intervienen, máxime en un Estado compuesto
como el nuestro, en donde esta ley tenía un cierto pecado original de invasión de competencias. Al compañero Campuzano


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le he dicho que en Cataluña llevamos trescientos años de intromisiones competenciales, no venía de una. Sí, sí, no venía de una y Convergència i Unió durante treinta años se comió mil y una intromisiones competenciales y aquí paz y después
gloria. (Risas.) Pero, claro, siempre y cuando exista la voluntad de mejora, de ir resituando las funciones. Es evidente que tenemos un agujero negro en todo aquello que atañe a las enfermedades mentales, algunas de las cuales o una buena parte de
ellas quedaron fuera del baremo. Hay que mejorar en muchos sentidos. No dudamos de la maquinaria que se ha ido construyendo, y lo digo con el paraguas que me permite afirmar que en Cataluña tenemos una ley de servicios sociales.
Entiendo que en
otras comunidades autónomas tienen otros problemas. Los entiendo y los padezco porque nuestro partido político está en el País Valencià y sabemos la gran injusticia que significa en estos momentos la situación en el País Valencià. La conocemos, la
padecemos y por eso la denunciamos aquí.



Lo que nos preocupa más a nosotros es la sostenibilidad del sistema.
Cuando en su momento dijimos: No es posible buscar otras fórmulas distintas, como hicieron en otros Estados, para garantizar la sostenibilidad del sistema, nos
arriesgamos todos un tanto cuando lo dejamos al albur, incluso de la coyuntura política. Porque los Presupuestos Generales del Estado los proyecta el partido gobernante.
Estamos hablando de cifras muy cerradas, y no les escondo que han sido motivo
de desencuentro tanto de Izquierda Unida, como de Iniciativa, como de Esquerra Republicana las partidas contempladas durante estos últimos años en los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a la financiación de la ley, pero lo preocupante es la
sostenibilidad. Es cierto que, a pesar de lo que usted ha dicho, que no lo niego, nosotros somos corresponsables, que llegamos a un acuerdo. Y en este caso Convergència i Unió no tiene por qué sentirse corresponsable. Nosotros sí que hemos
aceptado un sistema de financiación y hay un porcentaje, del 8,3 u 8,4 que incluye la dependencia. Pero ¿y si decimos que no es suficiente? ¿Y si no hay posibilidades de sostener el sistema? ¿Vamos a hipotecar el futuro de la proyección de este
derecho en cuanto a su materialización porque, por razones coyunturales, en definitiva, los Presupuestos Generales del Estado responden a una coyuntura económica y a una voluntad política también y a un sistema que ha permitido salir del apuro? Lo
que ha dicho el compañero Campuzano es cierto. No quisiera hablar solamente de Cataluña porque me parecería un tanto impúdico, incluso, porque son problemas muy compartidos por otras comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que hay un desfase,
y no digo que no se vaya corrigiendo. Porque si comparamos los datos de 2008 con los de 2009, es cierto que la relación en el caso catalán eran en 2008 un euro por parte de la Administración General del Estado, 3,25 por parte de las comunidades
autónomas, en este caso Cataluña, y en 2009 bajó a 1,25. Yo desconozco -y creo que también los compañeros socialistas, los del Partido Popular, los de Convergència i Unió, Uxue y Joseba, del Partido Nacionalista Vasco- cuál es exactamente el gasto
del sistema en estos momentos. No lo sabemos. ¿Yo por qué tengo que fiarme de ella o ella de mí? Permítame que hablemos en términos parlamentarios correctos. ¿Cómo podemos hablar aquí de evaluación, que significa seriedad, análisis, compromiso
político, incluso lealtad institucional, si no sabemos de qué estamos hablando? ¿Por qué la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene que mantener un grado de compromiso y de lealtad con otra comunidad autónoma, o incluso con la Administración General
del Estado, si desconocemos en total el volumen del gasto? Si hablamos de coordinación, hablemos de coordinación desde el punto cero, aquel que atañe a los datos que pueden presuponer que el sistema es sostenible.



La pregunta que me hago es: ¿Quién se atreve a poner el cascabel al gato y bajar las expectativas del sistema? Hemos cumplido, y yo creo que hay propaganda política intencionada -y en el caso de Cataluña la padecemos- para desmerecer lo
que se ha hecho. En todo caso, esto es legítimo y cada uno puede hacer su crítica política, pero sí es cierto que en estos momentos existe un problema que no se ha resuelto. En este sentido, ¿alguien se atreve a poner el cascabel al gato? Hemos
cumplido con las personas que tienen una gran dependencia, estamos cumpliendo a trancas y barrancas pero con orgullo, creo, y con cierta satisfacción con el camino que se está haciendo con los severos. ¿Y ahora qué? ¿La sostenibilidad del sistema
permite plantear qué ocurre con las personas que tienen una dependencia moderada? Porque estamos haciendo trampa. No hay ninguna administración que reniegue de la filosofía de la ley. Es decir, servicios por encima de todo, pero ¿todas las
administraciones están contentas y satisfechas de que las prestaciones resulten más baratas? ¿O no es cierto? ¿No salen más baratas las prestaciones? ¿Porque en estos momentos habría posibilidades de ofrecer a la ciudadanía, por ejemplo, el
número de residencias necesarias si no hay un sistema de financiación que permita hacer inversiones a las comunidades autónomas? En estos momentos ustedes saben que esto es casi imposible. Yo creo que existe un problema de decisión en estos
momentos -precisamente ahora, en este año 2010, que no hay nuevas entradas y es el momento de hacer la gran evaluación- sobre qué es lo que debe hacerse en un futuro inmediato. Es evidente que si vamos generando expectativas que no pueden tener una
solución y entramos en un cul-de-sac de la financiación, habría que pararse y planteárselo.



La Administración General del Estado debería hacer un nuevo esfuerzo, es evidente. Con los compañeros de Izquierda Unida ya llevamos tiempo hablando de reivindicar la creación de un fondo extraordinario. Luego veremos cómo se nutre este
fondo extraordinario, pero hay que crearlo. Yo sé que a veces la solución del fondo extraordinario es recurrente; lo es, ciertamente. Por eso se crearon y por eso se llama fondo. Es evidente que en estos momentos esto es necesario y liga además
con la reivindicación que también hemos planteado, y Convergència i Unió la defiende, de crear en sede parlamentaria


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una Comisión que evalúe permanentemente el despliegue de la ley de la misma forma que la Comisión del Pacto de Toledo.



Voy terminando. Desearía hacer una referencia a los temas del consejo interterritorial. El consejo interterritorial fue concebido como la sala de máquinas del sistema, y precisamente porque esa es su definición es evidente que es el motor
que debe coordinar e ir resolviendo todos los escollos, pero hay algo que nos tiene un tanto preocupados y es que el consejo interterritorial termine siendo una especie de órgano -más que homologador o coordinador- en donde será posible ir alterando
la filosofía de la ley. Hubo un gran debate durante la tramitación parlamentaria sobre el papel de los municipios, por ejemplo. Todos estábamos muy orgullosos de que fuera una ley que, aun cuando era susceptible de haber generado debate por el
tema competencial, tenía en el órgano, en el consejo interterritorial, los instrumentos de coordinación autonómica a fin y efecto de que esta ley nunca pudiera ser una ley que en su funcionamiento tuviera una desviación que pretendiera estar por
encima de aquello que tienen las comunidades autónomas, la competencia exclusiva en servicios sociales. Digo esto porque a nosotros nos preocupan dos cosas del Grupo Parlamentario Popular. Una, que en el fondo, detrás de estas críticas muchas
veces está la voluntad de ir a otros criterios que nos alejarían de la voluntad autonomista de la ley, más allá de otras cuestiones que...



El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: ...hoy no salen, pero que están también en el tintero en algunos grupos parlamentarios, que es ir hacia un escenario en donde la preeminencia de lo público quedara en segundo lugar.



Finalmente, me gustaría que me contestara la pregunta de cómo ve usted el tema de la sostenibilidad, si es posible ir hacia la creación de un fondo extraordinario y sobre todo que se refiriese a la financiación, que es lo más importante.



El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto en la persona de doña Uxue Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la ministra esta tarde en Comisión a petición propia y a requerimiento de casi la totalidad de los grupos presentes en la Comisión de Sanidad para hablar
fundamentalmente de una cuestión, la financiación de la ley.
Comenzaba la ministra recordando que la mayor parte de los aquí presentes votábamos la pasada legislatura la Ley de Dependencia. He de decir que esta diputada, y Nafarroa Bai, se
abstuvo, y no porque no compartiera la filosofía de la ley o los ejes fundamentales del espíritu de la Ley de Dependencia, de la Ley 39/2006, sino porque entendíamos que el talón de Aquiles de ese espíritu recogido en la ley peligraba enormemente
ante la falta de financiación, recogida también en términos de rigor de esta ley.
Por tanto, de ahí esa abstención en lo que entendemos que es el talón de Aquiles de esta ley, el tiempo nos ha dado la razón.



El actual sistema no da, y esto es algo que todas las partes reconocen, pero además -y esta es una de las preocupaciones que queríamos trasladarle, ministra- es que está endeudando a las comunidades autónomas que están cumpliendo con la ley
y las está endeudando peligrosamente. Lo citaba usted ahora mismo y yo traía también la cita. Respecto a la financiación, la ley establece que ha de ser suficiente, estable, sostenida en el tiempo y cofinanciada por las comunidades autónomas. Si
hemos de atender a los tres niveles de protección, el nivel mínimo es el que corresponde a la Administración General del Estado; el nivel acordado debiera ser cofinanciado y el nivel adicional financiado enteramente por las comunidades autónomas.
Más allá de que este último nivel siempre es financiado por las comunidades autónomas, los niveles mínimo y acordado finalmente son financiados en un tercio por la Administración General del Estado y otro tercio por las comunidades autónomas. Voy a
referirme a una comparecencia reciente de la consejera navarra del ramo en el Parlamento de Navarra y voy a referirme al caso navarro porque es el que conozco más de cerca, pero como antes señalaba el señor Tardà, no nos estamos refiriendo a una
comunidad autónoma en concreto, sino que nos estamos refiriendo a la generalidad, pero al permitirnos hacerlo por ser universal, mejor estará fundamentado en lo local, que es lo que conocemos. La consejera navarra se quejaba de que el primer y
segundo año de aplicación de la ley, años 2007 y 2008, la Administración había aportado tan solo el 9 por ciento y ya en el año 2009, por convenio especial que no forma parte de la financiación ordinaria, la Administración central estaba financiando
en un 17 por ciento los gastos generados por la aplicación de la ley. Lógicamente esto está generando problemas importantes, pero, repito, en aquellas comunidades autónomas que están siendo más respetuosas con la aplicación de la ley y este es un
problema que tenemos que acometer.



Nos encontramos que, en el mejor de los casos, pasados tres años, la Administración General del Estado está financiando en un 50 por ciento lo que le correspondería. Por tanto, el problema es serio y es severo. Nos ha relatado la ministra
en su comparecencia un listado de los retos y de cuál va a ser el trabajo para los próximos meses.



Con respecto a la financiación entiendo que tan solo un grupo de trabajo va a examinar los costes. Sin embargo, no hay una previsión sólida de acometer el trabajo contra la amenaza principal para esta ley y lo que de ella se deriva, que es
su financiación. Señora ministra, en el mismo enunciado de la petición de comparecencia de Nafarroi Bai no solicitamos, porque nos parecería una incoherencia y jugar demagógicamente con algo que todos consideramos -lo reseñaba bien el señor Tardà-
un tesoro en la consolidación de determinados derechos


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y además es evidente que la ley se votó en un momento en el que no se preveía que en 2010 estaríamos viviendo este momento de crisis, cuándo tienen previsto llegar al 33 por ciento. Pero, ministra, sí creo que sería importante poner encima
de la mesa el compromiso del Gobierno por establecer una hoja de ruta para llegar a ese 33 por ciento, cuando menos establecer cuál es el sistema de trabajo para llegar a un objetivo que entendemos que el Gobierno asume. Esto nos parece
fundamental. Insisto, señora ministra, que con los datos que dejó encima de la mesa en una comparecencia pública una consejera. Si no son los datos así, usted nos los dirá, yo entiendo que sí.



Hay otra cuestión que en cualquier caso no estaba prevista en la comparecencia, por lo menos no en la petición de comparecencia de Nafarroa Bai, pero que a mí me dejan algunas cuestiones de reflexión que me gustaría compartir. Ha hablado de
empleo en torno a la Ley de Dependencia y el tercer sector. Tenga la plena y absoluta seguridad de que soy una convencida de esto, más allá de que el camino será largo y de que habrá que crear las infraestructuras. Si nuestra sociedad en algún
ámbito tiene en estos momentos con seguridad un nicho de empleo será exactamente en torno a las infraestructuras sociales, que podríamos llamarlas así. Nos ha señalado que la ley ha permitido la creación de muchos puestos trabajo. Yo no tengo
ninguna duda. Pero no está siendo tanto como debiera serlo, lo apuntaba la portavoz del Grupo Popular. En cualquier caso, debe ser, pero no se está apostando a nuestro entender con solidez en torno a esta cuestión.



Ha dado unos datos muy claros y que ilustran lo que yo le estaba diciendo.
Mujer y joven es la principal beneficiaria de los puestos de trabajo que se han creado en torno a ley, si no le he entendido mal y además daba porcentajes en torno a
esto. Si es así, mujer y joven que es el peor de los binomios en estos momentos y el más desfavorecido por nuestro mercado laboral el que con mayor profusión según nos señala se está acogiendo a trabajar en torno a la Ley de Dependencia, algo no se
está haciendo bien.
Han sido muchas las ocasiones en las que hemos dicho que sí creemos trabajo en torno a la Ley de Dependencia. (La señora Pérez Domínguez: No lo has entendido bien.) Me señala una compañera suya que no he entendido bien los
datos que aportaba la ministra. Creo que se ha señalado en ese término, mujer y joven. En cualquier caso, lo que está claro es que no se está creando empleo con calidad en torno a las prestaciones que deben acompañar a un puesto de trabajo. Por
tanto, debiéramos proponerlos.
Desde luego, esta portavoz dejaba caer en el Pleno de ayer, en el Pleno de la crisis, que se creen realmente en torno a la ley puestos de trabajo de calidad. Para eso, evidentemente, hace falta financiación añadida.
El señor Tardà apostaba por un fondo, más allá de que efectivamente faltaría la financiación con que dotar a este fondo. En los años 2009 y 2010 hemos visto dos planes especiales, uno de ellos el PlanE, del que con un porcentaje muy básico, sin
llegar al 50 por ciento en cada uno de esos planes, hubiéramos dado vida saludable y mucho vigor a la Ley de Dependencia y a los puestos de trabajo que se pueden crear gracias a ella. Me gustaría conocer su opinión con respecto a esta última
cuestión y, repito, me gustaría saber -como eje central de lo que entendíamos era esta comparecencia- cuál es el compromiso del Gobierno entorno a una hoja de ruta para llegar a la financiación que a la Administración Central le compete en esta
área.



El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Joseba Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora ministra, en menos de veinticuatro horas volvemos a hablar de lo mismo; creo que es bueno, de todas formas.
En primer lugar quiero agradecer su comparecencia en esta Comisión, siempre lo he hecho y creo
que es oportuno porque usted sabe que precisamente no es mi grupo el que más beligerante suele ser en las materias que a usted le competen y creo que es por la diligencia con la que suele llevar sus asuntos, pero eso no es óbice para que en un tema
como este le muestre mis dudas, mis preocupaciones e incluso mis desacuerdos. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.) No voy a variar mucho de lo que ayer le comenté en la sesión de control, lo que pasa es que el
argumentario que en dos minutos y medio se puede hacer, de la misma manera que la respuesta que usted en dos minutos me pudo dar, seguramente requieren más tiempo. Intentaré profundizar un poquito en lo que le quise mostrar ayer y seguramente usted
en su respuesta hará lo mismo.



Mi grupo es uno de los grupos que no apoyó en su día la Ley de Dependencia. Al final, igual no son tantos los que la apoyaron porque aquí se está viendo, porque salen como champiñones, que los grupos que apoyaron tenían la fuerza que tienen
pero, quizá en cuanto a la variedad, los que no la apoyaron tampoco eran pocos. Los motivos que originaron que mi grupo no apoyara esta ley el tiempo ha demostrado que eran correctos, eran los fallos que detectábamos y que denunciábamos en el
momento de la elaboración de la ley. La financiación es uno de ellos, sin duda alguna.
Si fuera una financiación en la que todas las comunidades autónomas participaran todo el mundo estaría encantado y seguramente no traería a cuestión el tema.
La financiación es la base fundamental de esta ley, aunque yo creo que la aplicación de la financiación también es tan o más importante que la propia financiación, es decir cómo se reparte el dinero que se destina para ello. Pero la financiación en
estos momentos es un gravísimo problema y creo que huir de ello es negativo y no afrontar los problemas no los soluciona, es hacer el avestruz pero no por ello se solucionan. No la apoyamos -independientemente de que considerábamos que era una gran
invasora competencial en ese sentido y nos reafirmamos en ello porque el tiempo lo ha demostrado- entre otras cosas porque en mi comunidad, en Euskadi, en mi país, por ejemplo, hacía tiempo


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que las diputaciones forales llevábamos ejerciendo labores en servicios sociales, ejerciendo todas aquellas cuestiones que hoy en día la Ley de Dependencia contempla. Además es un asunto en el que no vamos a menos, es decir no es algo que
se va a paliar con el tiempo, todo lo contrario, nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida, la longevidad, automáticamente genera más dependencia. Cuantos más años vivamos más dependientes seremos porque la anatomía humana hoy en día da de
sí lo que da. Por lo tanto sabemos que la dependencia -como oportunidad o como problema, no voy a entrar en eso- cada día será mayor y por ello es algo que tenemos que atajar con las mejores herramientas. Antes no había problemas de dependencia
porque desgraciadamente la gente se moría con 60 años, no existían problemas derivados de demencias, etcétera, por el mero hecho de que la gente, de puro agotamiento, moría con otra edad, pero el estado de bienestar que tenemos -gracias a Dios- nos
garantiza una longevidad que era inimaginable en otros momentos y que genera problemas de dependencia, pero voy a extenderme en eso. He dicho que no es solo un tema de financiación. Es muy fácil en el sentido filosófico proclamar un derecho, pero
es muy peligroso si no se tiene la cobertura necesaria para que ese derecho pueda ser realizado. Es como con el tema del derecho a la autodeterminación, que yo creo que sí lo tengo, pero si no tengo el derecho a ejercerlo tengo un gran problema.
Si tenemos derecho a percibir aquello que es necesario para cubrir la dependencia, estamos diciendo que tenemos derecho a que esa dependencia sea sufragada en todo su ámbito, y ahí es cuando nos encontramos con el problema.



Por ejemplo, en el caso vasco -me voy a extender un poco en lo que comentaba ayer-, independientemente de que se descuente del cupo, que es una forma de financiar -al fin y al cabo estamos hablando de cómo se paga, pero no de lo que se
paga-, las cifras que le daba me las proporcionaba ayer mismo la Diputación Foral de Álava: prestaciones de la Ley de Dependencia, 115.658.233; ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, 479.085; otros gastos, 6 millones; gasto
total de dependencia de 2009, 122.673.150; ingresos del Estado vía cupo, 12.599.000, el 10,27. Antes mi compañero ha dicho que la Generalidad daba 2,5, y en este caso estamos hablando de que de 100 euros que cuesta un dependiente 82 los está
poniendo la diputación foral y el Estado está poniendo 18 euros. La proporción no es la pactada.



Siguiendo con el tema del derecho, se habla muchas veces de los derechos subjetivos. Es como el derecho a la vivienda que a veces se dice que se tiene. Eso no es sinónimo de la obligación de que alguien le dé una vivienda a alguien. A
veces ciertos derechos se contradicen. Las instituciones autonómicas, en mi caso las diputaciones forales que son las que gestionan, aunque después la representación en el consejo la tiene el Gobierno vasco, tienen un problema añadido, y eso se lo
dije al secretario general cuando compareció aquí. No es solamente un problema de financiación, sino qué presupuestan las diputaciones o cualquier comunidad autónoma cuando tienen que hacer los presupuestos para el año próximo. ¿Cuánto tienen que
presupuestar para esto? No saben, porque no manejan las herramientas ni tienen el conocimiento de si el año que viene van a tener más o menos. Por tanto, se les genera un problema en el sentido de que no saben cuánto tienen que destinar. Al que
va por arriba le podrá decir la gente que es un privilegiado, pero yo creo que cuando usted me decía que este año se ha presupuestado el 65 por ciento más que el año pasado... (La señora ministra de Sanidad y Política Social, Jiménez
García-Herrera: El 36.) Entonces es porque se hizo mal el cálculo anteriormente o porque antes estaba mal financiado porque, si hacemos el baremo según las necesidades, no creo que sean 36 veces más necesidades este año que el anterior. Yo estoy
de acuerdo con todo aquello que sea satisfacer las necesidades de las personas. No creo que aquí nadie ande con caprichos ni con objetivos malévolos. Usted podrá entender que la crítica política es parte de su trabajo en el sentido de lo que
consideramos que no se está llevando bien.



Voy a seguir con algo que empecé ayer en mi intervención. Es su responsabilidad política porque usted está ahora al mando de esta cartera, pero no es su culpa cómo esté ahora esto. Usted lo ha heredado, y además con una gestión bastante
oblicua, por no decirlo de otra manera, de esta ley, que empezó en un ministerio y, tras tocar la puerta en dos más, ha aterrizado en usted. Es decir, no sé hasta qué punto a nivel global esto se ha llevado con seriedad, y por otra parte creo que
está donde debería haber estado desde el principio, que es donde está ahora.
En cualquier caso, las vueltas que ha dado no han ido en beneficio ni de la propia ley ni de los beneficiarios de la misma. Acabo reiterando algo que ya le dije también a
su secretario general y que es petición de mi grupo desde el principio, que nosotros consideramos, como dice el informe de evaluación encargado por el Congreso, que hay que asegurar la financiación antes que nada, y está demostrado que la actual es
insuficiente. También se apunta algo que nosotros decíamos desde el principio, y es que esto debería ser una contingencia de la Seguridad Social porque se salvarían muchos de los problemas que actualmente se están contemplando. Ya lo decíamos y
creo que esa es la línea por la que deberíamos ir.



Por último, está bien y creo que es bueno que volvamos a incidir todas las veces que sea necesario sobre este tema. Ahora bien, cuando se proclama un derecho es para mantenerlo, no voy a decir ad eternum, pero sí con ánimo de que los
derechos se quedan. Por tanto, esto no tiene vuelta atrás, y lo que no tiene vuelta atrás ha de ser sin duda alguna mejorado, financiado. Las críticas no van en contra de quien la está ejerciendo sino que el objetivo es beneficiar a aquellas
personas que desgraciadamente necesitan de una ayuda, porque el problema de la dependencia no es precisamente algo que nadie busque. Finalizo diciendo que tienen que tenerse en cuenta más aquellas peticiones que están viniendo desde


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las comunidades autónomas. En el caso de la mía creo que las diputaciones forales están sosteniendo unos gastos muy superiores a lo que se financia. También es verdad que en mi comunidad la vocación ha sido la de que el bienestar y los
servicios sociales fueran una prioridad siempre, y así deben seguir siéndolo. El tiempo demostrará que lo bien hecho, bien hecho está.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Es el turno ahora de la diputada Soledad Pérez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señora ministra, muchas gracias también desde mi grupo por su comparecencia aquí, por las explicaciones que nos ha dado, por el recorrido que ha hecho, por el resultado de los acuerdos obtenidos en los últimos
consejos territoriales; resultados a su vez de un análisis, de una evaluación, de un trabajo de las propias comunidades autónomas y del ministerio que han tenido ya como resultado acuerdos de mejora sustancial en algunos de los problemas que se
detectaban en los informes que se han mencionado y que fueron presentados en esta Cámara por el secretario general de Política Social y que ya hemos conocido. Por ejemplo, hoy nos ha dicho la ministra que en el último consejo territorial se ha
producido un acuerdo para reducir e igualar en todas las comunidades autónomas los plazos para resolver tanto la valoración como el plan individual de atención, el PIA. Eso es un avance, eso es una propuesta, eso es una mejora -llevarlo a seis
meses-, como es una mejora que para los menores de tres años se lleve a un máximo de treinta días.



Yo entiendo las dudas de la señora Méndez, que proviene de una comunidad autónoma donde todavía no hay ni una sola regulación normativa como consecuencia de la regulación que se ha hecho en el Estado y de los acuerdos que se han tomado en
los consejos territoriales. El señor Tardà lo decía, aquí se crea un órgano de gestión de este sistema en el que la lealtad institucional debe primar; debe primar la lealtad institucional.
Yo coincido con otros compañeros en que tiene que haber
transparencia y hay que saber lo que se gasta, como decía mi compañera la señora Barkos.
Claro que hay que saber lo que se gasta, y sabemos perfectísimamente lo que gasta en dependencia el Gobierno de España. Señorías, no nos hagamos trampas en el
solitario; como bien decía la ministra, somos muchos los ponentes de esta ley, y la memoria económica de la misma cuando tenía prevista una dotación era además de lo que ya era una competencia en el año 2007 de las comunidades autónomas, los
servicios sociales, y de lo que ya se estaba dando en ese momento en todas las prestaciones que después recogía la ley, ya como derecho, no como beneficencia, no como caridad bien entendida o como se quiera entender, como eran los servicios de
atención a domicilio, las plazas residenciales, etcétera, que ya eran competencia de las comunidades autónomas y ya se venían desarrollando.
Esto es además, pero si nuestro interés es decir: No sé, porque la memoria económica no recogía todo lo
que había que hacer... Tan cierto es que no se recogía el coste como que se ha duplicado, por ejemplo, más que duplicado en 2010 la previsión que había en la memoria económica, que era de 979 millones de euros y se han invertido 2.050, tan cierta
una cosa como la otra. Tan cierto es que con esa misma inversión de 2.050 millones de euros en 2009 ha habido comunidades autónomas que han atendido a una población muy considerable y otras que no; tan cierto es que, como ha publicado una
organización de trabajadores sociales que da en llamarse Observatorio por la discapacidad, a lo mejor algunas comunidades autónomas hacen caja con la dependencia. Además da la casualidad de que este señor, que era el responsable de los servicios
sociales en cierto municipio de cierta zona, después de decir eso de que algunos hacían caja ha vuelto a un trabajo de base. Creo que hay que ser un poco serios porque si no, señora Méndez, no podemos avanzar, y los ciudadanos necesitan respuestas
políticas de los políticos.



Ya sabemos que las diputadas y los diputados del PP saben leer, el señor Rajoy dijo que los socialistas no. ¿Que lo saben los diputados del PP? Sí, desde luego porque la hemos visto leer, daba igual lo que usted dijera aquí, ministra;
daba igual que usted dijera que han trabajado, que tienen un programa, que la próxima decisión es la modificación del baremo, que siguen trabajando, que hay un esfuerzo coordinado; daba igual, señora ministra, porque la voluntad aquí, como en el
resto, no es la de colaborar. Yo espero que la colaboración que obtiene usted a través del consejo territorial, de ese órgano de lealtad constitucional en el que las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión, llegue a acuerdos
con el Gobierno central, que en ese empeño siga usted avanzando como lo ha hecho hasta ahora porque si un problema denunciado por el grupo de expertos y por los informes aquí presentados era que la información no era la adecuada, ¿qué ha tenido como
consecuencia ese acuerdo? Que se modifique el propio sistema de información y que haya un acuerdo de todas las comunidades autónomas para que la información sea transparente, para que las estadísticas sean transparentes, para que conozcamos de
verdad qué prestaciones hay, quién está dando las prestaciones, cómo y de qué manera. Por lo tanto, yo creo que se está avanzando, y de qué modo.



Señor Campuzano, esto tiene su consecuencia en el Pacto de Toledo. Estos días se está hablando mucho del Pacto de Toledo. Señor Agirretxea, claro que se planteó en un momento determinado que esto estuviera en la Seguridad Social, claro que
se planteó, pero ya se produjo el debate.
Usted no estaba aquí pero el señor Campuzano sí y estuvimos un año entero debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo, y con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, y ya se tomó una
decisión. Esta Cámara tomó una decisión de poner en marcha -un Gobierno socialista con la mayoría de esta Cámara y con la iniciativa y el acuerdo principal de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana- un derecho universal y subjetivo de ciudadanía
y no una prestación consecuencia de


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una contingencia que no se produce porque uno trabaje o no trabaje; la situación de dependencia no es una contingencia que devenga del hecho o no de haber trabajado y de haber cotizado. Es un derecho universal porque nosotros, los
socialistas, creemos en los derechos universales y así lo planteamos. Y tuvimos el acuerdo con sindicatos, con Comisiones Obreras, con UGT, y tuvimos el acuerdo de esta Cámara. Por tanto, intentar ahora dar pasos atrás... Creo que es bueno
reflexionar, que es bueno plantear las cosas, pero plantear las cosas para avanzar, no para dar dos pasos más atrás.



Aprovechando el debate del Pacto de Toledo y para saber cómo funcionaban entonces los debates, como yo ya estaba en esta Cámara y tuve la suerte de oír a un compañero mío, el que defendió el acuerdo del pacto de 2003 en el que se proponía la
puesta en marcha de la ley de dependencia, hoy presidente de Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, un gran parlamentario, quise volver a releer las cosas que se decían aquí entonces. Subrayé una frase que creo que es muy adecuada para tanto
alarmista como hay cuando se ponen a cuestionar la sostenibilidad de los sistemas de bienestar, sean unos u otros. Decía mi compañero José Antonio Griñán: Déjenme que les recuerde una anécdota que solía contar el admirado Olof Palme. Decía que en
1913 su país, Suecia, creó el primer sistema público, un sistema público modesto, solo 50 coronas. En aquellos tiempos el más célebre economista sueco, Knut Wicksell, dijo que ese modelo, que ese seguro de pensiones públicas habría quemado en 1960
en Suecia todo su capital físico. Decía a continuación mi compañero: Hacer ciertas previsiones a cincuenta años tiene una ventaja, que suele pillar a los que hacen estas predicciones en la tumba. Ya está bien, creo que tenemos que reflexionar;
creo que tenemos que avanzar y creo que se está haciendo. Señorías, hoy hay más de medio millón de personas, de ciudadanos y de ciudadanas recibiendo prestaciones y derechos. Hicimos una ley en la que nos dimos un plazo, hasta 2015, para
desarrollar el sistema. Estamos poniendo el doble de lo que íbamos a poner por parte del Gobierno de España. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sigo pidiendo transparencia, ministra, y creo que una parte importante de la evaluación
pendiente es que conozcamos con transparencia qué financiación real tienen las comunidades autónomas de la Ley de Dependencia, porque los servicios sociales van más allá de la Ley de Dependencia, pero uno tiene muchas veces la impresión de que,
cuando se dice que el presupuesto para dependencia es equis, es el presupuesto para servicios sociales; si no, es bastante difícil de comprender, señora Méndez, que se cree empleo.
¿Cómo quiere usted que se cree empleo si en una ciudad como
Madrid, con 6 millones de habitantes, hay 21.000 beneficiarios de esta ley, mientras que en una provincia como Jaén, que no llega a los 700.000 habitantes hay 20.000 personas recibiendo prestaciones y derechos? ¿Cómo se va a generar así empleo?
Esto tiene sus dificultades cuando determinadas comunidades autónomas, las que en el sistema de información del SAAD, con la información que dan las propias comunidades autónomas, están las cuatro últimas en la aplicación del sistema, tres de ellas
gobernadas por el Partido Popular: Madrid, Valencia y Murcia, y una en la que gobierna en coalición, Canarias. Sean ustedes consecuentes, tienen una responsabilidad en este país en el que gobiernan, y gobiernan en muchas comunidades autónomas y en
muchos municipios. Donde gobiernen, hagan ustedes el favor de cumplir con lo que exigen a los demás, porque aquí en el Parlamento sabemos de qué financiación se dispone, qué datos existen, cuánto dinero se gasta. Hay transparencia en el gasto, hay
transparencia en la gestión y tenemos información periódica.



A continuación tenemos un acto muy importante con las familias para hablar de las enfermedades raras, para hablar de la investigación y sé que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría continuar, ministra, pidiéndole que en la evaluación que
toca hacer en 2010 siga trabajando en la igualdad en el acceso; en dar preferencia a los servicios públicos mediante la oferta de la red; en la mejora, como ya se está haciendo, de las prestaciones y del empleo. Le deseo que tenga suerte, como
hasta el momento, gracias a su trabajo y a su empeño en la coordinación con las comunidades autónomas en ese órgano de lealtad y, por favor, también evalúe la transparencia en el gasto de todas las comunidades autónomas. Además, sería muy
conveniente que en esa evaluación participaran también el resto de organizaciones y de órganos del sistema. Hay órganos consultivos en los que están representados sindicatos, empresarios, ayuntamientos, organizaciones de mayores, organizaciones de
la discapacidad que tienen un importante papel que jugar. Cuente siempre con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, con la crítica constructiva y con todo el apoyo para que esta ley, que es un empeño del Grupo Parlamentario Socialista,
del Gobierno socialista y de muchos gobiernos de comunidades autónomas llegue a 2015 como debe de llegar. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la ministra de Sanidad y Política Social.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): En primer lugar, quisiera agradecer a todos los grupos parlamentarios sus comentarios, sus propuestas y sus preocupaciones, porque todos ellos nos van a permitir
seguir avanzando, siendo conscientes de cuáles son los elementos de dificultad que siempre nos encontramos cuando se pone en marcha un desarrollo normativo de tanta envergadura como es el reconocimiento de un derecho de ciudadanía, el derecho a la
atención de la dependencia.



Voy a contestar de forma particular en algunos casos, pero con carácter general a algunos temas que me han planteado todos los portavoces y, si me lo permiten, voy a hacer algunas aclaraciones también generales sobre todo en lo relativo a
financiación. Quiero empezar respondiendo a la portavoz del Grupo Popular a algunas


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cuestiones que me ha planteado, eso sí, desde el Grupo Popular exclusivamente. Me dice que qué hemos hecho en un año. Se lo he dicho en la comparecencia, pero le vuelvo a relatar lo que hemos hecho en un año; en todo caso, hay cosas que
políticamente son bastante visibles. Nada más y nada menos que conseguir incorporar 300.000 personas al Sistema Nacional de Dependencia; nada más y nada menos, eso durante el año 2009.
En segundo lugar, hemos logrado establecer un compromiso de
colaboración y de lealtad institucional con las comunidades autónomas, que nos ha permitido que la Ley de Dependencia deje de ser un instrumento de confrontación política para ser un instrumento al servicio de la ciudadanía, porque es algo que nos
corresponde de forma solidaria tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que somos los que gobernamos en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Por tanto, venir a pedir explicaciones exclusivamente al Gobierno o a hacer la
crítica que ha hecho exclusivamente al Gobierno, cuando es corresponsabilidad también de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para el desarrollo de una ley, significa desconocer cuál es el funcionamiento del Estado de las
autonomías. Es verdad que si algunas comunidades autónomas -yo jamás voy a nombrar a ninguna en particular, porque mi papel como ministra creo que me impide tomar determinadas consideraciones- han conseguido desarrollar con un altísimo grado de
éxito la ley, otras deberían estar en condiciones de hacerlo, porque la financiación, el apoyo y el acuerdo que reciben del Estado, que reciben del Gobierno es idéntica para todos. Le voy a relatar las medidas. Aunque no le guste, ha habido un
nuevo acuerdo de financiación autonómica. En segundo lugar -se lo vuelvo a repetir-, hemos incorporado 300.000 personas más al sistema de dependencia. En tercer lugar, hay el compromiso de formación de cuidadores no profesionales en un año; en
cuarto lugar, un nuevo acuerdo de los procedimientos de valoración, que fija criterios comunes para la valoración y además un tiempo máximo de seis meses para realizar todos los trámites administrativos; en quinto lugar, criterios para aplicación
de las prestaciones no profesionales; en sexto lugar, acuerdo de datos comunes del sistema para todas las comunidades autónomas.



Voy a entrar en el aspecto concreto de financiación, más allá de que siempre podamos mejorar los mecanismos de financiación. Coincido con lo que señalaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quien decía que es necesario un
instrumento, una estabilidad financiera que nos permita hacer previsiones para, al menos, dos años. Siempre podemos mejorar los instrumentos de financiación, pero me gustaría decirles claramente cuál es la situación de financiación. Hace apenas
siete meses llegamos a un acuerdo de financiación por parte de las comunidades autónomas. Ya sé que no afecta ni a Navarra ni al País Vasco por su sistema foral, eso tiene algunas ventajas. (El señor Campuzano i Canadés: ¡Muchas!) Ese acuerdo
incluía la dependencia por primera vez. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces se desprecian y se desconocen las consecuencias que puede tener un acuerdo de financiación de esas características. El señor Tardá lo ponía de manifiesto. Es un
acuerdo que va a tener una repercusión importante. Decía que ese acuerdo incluía la dependencia por primera vez como uno de los factores principales para su cálculo, por tanto lo incluía. Un 80 por ciento de los nuevos fondos se tenían que dedicar
a educación, a sanidad y a dependencia. Qué más quisiera yo que esos fondos pudieran tener un carácter finalista, porque con sanidad y dependencia ya me apañaba yo para poder decir a los presidentes de las comunidades autónomas cuánto se tendría
que presupuestar; pero ahí se dice y es importante. Creo que no es un hecho sin importancia. Las comunidades autónomas y nosotros mismos hemos decidido que la financiación de la dependencia se haga, además de por el nivel mínimo y el acordado,
por el mismo sistema que la sanidad y la educación, es decir por la transferencia de ingresos procedentes de los impuestos. Es verdad que la transferencia de los impuestos (el IVA, impuestos especiales, el IRPF, el incremento) todo eso va a suponer
importantes ingresos para las comunidades autónomas. Habrá un momento tributario importante. Es verdad que ahora en crisis económica no, porque caen los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas y cae la capacidad recaudatoria de las
administraciones públicas, pero cuando nos recuperemos se van a ver sensiblemente aumentados los recursos de las comunidades autónomas, y ese acuerdo de financiación supone eso. Es más, el propio acuerdo recogía que con su aplicación existía
suficiencia financiera para desarrollar las competencias de las comunidades autónomas. Insisto, quizás ahora la situación no sea la más idónea para hacer esa evaluación de los beneficios que aporta el nuevo sistema, pero los aporta. A eso se ha
sumado que los incrementos impositivos que recogen los presupuestos para el año 2010 van a beneficiar vía impuestos especiales o IVA a todas las comunidades autónomas, con lo que se incrementa los recursos a las comunidades autónomas en este año, no
en 2012.



En lo que se refiere a los repartos de fondos finalistas de la ley, me van a permitir que les haga dos reflexiones. La primera es la relativa a los tres niveles de financiación finalista. Como saben, el Gobierno debe transferir a las
comunidades autónomas ingresos por lo que llamamos el nivel mínimo y el acordado. Existe otro nivel adicional, en el que a veces no salen las cuentas, que es el que han de cubrir las comunidades autónomas que quieren exceder los estándares comunes
de la ley. Hay algunas que eligen esa opción, y me parece muy loable. Si una comunidad autónoma decide que no va a cobrar el copago -hay algunas comunidades autónomas que no cobran el copago- o que quiere dar prestaciones más altas de las que
recoge la ley, puede hacerlo. Lo que no puede hacer es intentar que esa parte financiera adicional la cubra el Estado y la compute como que hay una diferencia entre lo que aporta el Estado y lo que aporta la comunidad autónoma. Al igual que no
podemos incluir todos los gastos de la política social preexistente, porque existía


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política social preexistente antes de la Ley de Dependencia; no podemos computar todos los gastos de política social para hacer el cálculo final y con ello sacar el porcentaje con la aportación del Estado. No es que ningún portavoz de
ninguna comunidad autónoma mienta, pero a veces hay un error en el cálculo. Computan todo el gasto social, sin tener en cuenta que la dependencia es parte del gasto social, pero no todo el gasto social. La dependencia no es ni mucho menos el gasto
total que tiene que hacerse en la política social. La Administración General del Estado invirtió el año pasado en dependencia 2.050 millones de euros. Les voy a hacer los cálculos del año 2009 porque es del que conocemos los gastos más claramente.
Si tenemos en cuenta el copago, que finalizó el año con 485.000 personas atendidas y la media del año fueron 375.000 personas, echen ustedes cuentas del porcentaje de lo aportado por la Administración General del Estado y el que le corresponde según
la ley. Señorías, en esto no he tenido en cuenta ni siquiera que antes de la aplicación de la ley ya se estaban prestando servicios que luego ha incrementado la ley por valor de 1.700 millones de euros, para lo que ya se habían trasferido recursos
a las comunidades autónomas y, por lo tanto, deberíamos descontarlo del coste total del sistema a la hora de hacer los cálculos.
¿Podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. ¿Tenemos que buscar un instrumento que nos dé estabilidad? Busquemos un
instrumento que nos dé estabilidad. Pero creo que hemos conseguido tanto, que no reconocerlo y buscar cálculos diferentes a la realidad, lo único que hace es introducir incertidumbre en el sistema y desconfianza en los beneficiarios. Porque si
alguno de los 505.000 que ahora reciben la prestación nos oyera en este debate diría: yo, por fin, tengo una prestación, que no es despreciable.



La señora Méndez me preguntaba sobre el copago. En la reunión del consejo territorial que tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2008 se adoptó un acuerdo sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario -es decir, del
copago- y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del sistema, con lo que hay criterios comunes para el copago que las comunidades autónomas tienen que aplicar. Existen los criterios, otra cosa es que cada uno decida
libremente aplicarlos o no.
Su no aplicación supone que tienen que hacer frente financieramente a ello. Es decir, existe la ley. El acuerdo sigue las directrices que establece la Ley de Dependencia. La ley establece que los beneficiarios
contribuirán económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva, en función de su capacidad económica y teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se preste y el coste del mismo. La ley dice eso. A veces nos creemos
que tenemos que inventarnos un modelo de financiación diferente para hacerlo sostenible. La ley dice eso.
Siguiendo estas consideraciones, y dentro de ese modelo, la Ley de 14 de diciembre de 2006 recogió la participación de los beneficiarios en
el coste de las prestaciones como una fuente más dentro de los elementos que componen el sistema de financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El artículo 33 del texto legal dispone que los beneficiarios de las
prestaciones de la dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. Asimismo, la capacidad económica del beneficiario será tomada en cuenta para la determinación de la
cuantía.
Lo digo porque soy también ministra de Sanidad y estoy todo el día recibiendo propuestas: ministra, incorpore el copago; ministra, incorpore el copago, como la gran solución a la sostenibilidad del sistema y a la suficiencia del sistema.
Pero aquí tenemos prevista una modalidad que deberíamos utilizarla, porque la ley nos permite utilizarla y existen acuerdos de criterios comunes para las comunidades autónomas. El acuerdo del consejo territorial, al que he aludido anteriormente,
del año 2008, de la antigua secretaría de Estado, ha sido objeto de publicación a través de una resolución por la que se publica el acuerdo del consejo territorial sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios
de participación de este en las prestaciones del sistema. Es decir, hemos ido afinando, se han ido haciendo cosas. Es imprescindible señalar que en el acuerdo se recoge expresamente la garantía de la equidad en la progresividad de la
participación. Está todo perfectamente establecido. Y estos criterios han sido desarrollados por las comunidades autónomas a través de su propia normativa. Algunas han desarrollado la normativa, otras no. Pero en todo caso, debe recordarse que
el acuerdo establece esos criterios mínimos comunes de la participación económica en las prestaciones del sistema, sin perjuicio de que cada comunidad autónoma pueda regular unas condiciones más ventajosas que otras; y algunas lo están haciendo.
Es verdad que su capacidad económica es de una mayor potencia y, por tanto, tiene una mayor capacidad para aplicar dichas medidas.



En relación con el baremo, que ha planteado tanto la señora Méndez como el portavoz de CiU, se ha realizado un análisis piloto de la aplicación del mismo. Se ha comenzado a discutir sobre los resultados en la última comisión de baremo de la
comisión delegada. En el mes de abril tenemos previsto llegar a un acuerdo, ya que justo ahora se está discutiendo.
Hemos visto, sinceramente, que no hay grandes problemas en el texto del baremo, sino más bien en el manual que se refiere a la
enfermedad mental y a la discapacidad intelectual -y ahí le doy la razón a la señora Tarruella-. Todo nos hace indicar que los ajustes a realizar van a ser pequeños y solo para mejorar la interpretación que tienen que hacer los valoradores para la
enfermedad mental y la discapacidad intelectual, pero no porque no estén entrando en el sistema. Ahora estamos completando un estudio para ver el perfil de los beneficiarios y sabemos las cifras de brochazo gordo, es decir, sabemos que son mujeres,
el 70 por ciento mayores de 65 años, pero, al contrario de lo que se había establecido aquí comúnmente, que todos nos habíamos creído, y yo sin cifras, porque las he estado obviando, se está recogiendo la enfermedad mental. Tenemos que ajustarlo y
mejorarlo,


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pero está entrando. Hay poca definición -es verdad- en los manuales del baremo para estas enfermedades. De ahí que haya una cierta incertidumbre.
Entran, pero el manual está mal hecho o está incompleto o es incierto y tenemos que
mejorarlo.



Otra cuestión que me han venido planteando los distintos portavoces es por qué prestaciones versus servicios, por qué hay más prestaciones económicas en vez de servicios. Yo no creo que sea cierto que el motivo por el que las personas
escogen las prestaciones económicas en relación con los servicios es porque sea más económico. Cuando a la persona finalmente se le valora y se le reconoce su derecho a percibir una prestación elige, de acuerdo con sus valoradores, con su familia,
en plan personalizado, una determinada prestación o servicio en función de lo que cree que es más ajustado a su situación de dependencia. ¿Qué ocurre? Que es cierto que en nuestro país tenemos una cultura y una tradición de que las personas
dependientes han sido tradicionalmente atendidas por su familia y, además, quieren seguir siendo atendidas en sus casas, no tanto por sus familias, que es lo que estamos viendo ahora, pero sí, si pueden, les gusta quedarse en su casa. Es verdad que
un servicio -y en eso tiene razón el señor Tardà- financieramente es más caro que una prestación económica, pero hay comunidades autónomas con plazas públicas de centro de día que están libres que los ciudadanos no demandan y que tenemos que pagar.
En este caso, las comunidades autónomas tienen que pagar, mes a mes, la plaza que no está ocupada, pero es que los ciudadanos no nos la demandan. Es verdad que todavía no hemos conseguido establecer un mapa sociológico homogéneo que permita adecuar
el establecimiento de los servicios en el lugar donde se requieren. Hay que pagar prestaciones económicas y, sin embargo, algunas plazas se nos quedan vacías, a pesar de que tienen que ser pagadas por la Administración. Nosotros entendemos que
este es un problema que, poco a poco, irá resolviéndose. Por la experiencia comparada con otros países, quizá el caso más cercano a nosotros sea el de Alemania. Alemania, cuando consolidó el sistema de dependencia, también le pasó lo mismo: los
ciudadanos preferían las prestaciones económicas a los servicios. Había también una cuestión cultural. El 98 por ciento eran mujeres, y estas mujeres habían realizado esta labor de manera desinteresada toda su vida y, por primera vez, se
encontraban ante la posibilidad de recibir un reconocimiento a la labor que venían realizando desde siempre. Estos son los elementos que lo configuraban en un principio e insisto, es cierto que la mayoría de los dependientes son personas que
prefieren ser atendidas en sus casas, en sus domicilios. Esa es también una realidad cultural y social que hay que entender.



Sobre el fondo extraordinario, que me planteaba tanto el portavoz de Esquerra y como la portavoz del Grupo Mixto, la verdad es que para la financiación y los servicios siempre se ha pedido o requerido que en algún momento, para tratar de
hacer frente a una situación de mayor presión financiera, se pudiera acudir a fondos extraordinarios. Yo creo, sinceramente, que debemos conseguimos consolidar el modelo tal y como está ahora, es decir, haciendo una previsión presupuestaria
suficiente en los Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que hay ampliaciones de crédito. Cuando yo hago el cálculo de que hemos aumentado, desde el punto de vista presupuestario, un 36 por ciento más respecto a lo presupuestado en el año
2009, es porque evidentemente el total del año 2009 se vio financiado no solo exclusivamente por la vía de Presupuestos Generales del Estado sino por otras vías. ¿Por qué? Porque, aunque no tenemos constituido un fondo, somos conscientes de que
tenemos que hacer un esfuerzo mayor si queremos conseguir incorporar a todas aquellas personas a las que se les ha reconocido el derecho. Es verdad que la previsión inicial de la ley no recogía un número de personas tan amplio como el que hoy día
nos hemos encontrado, por eso hemos tenido que estar haciendo frente a ese esfuerzo tanto las comunidades autónomas como el Estado. En ese esfuerzo de acomodación hemos ido consolidando el sistema de dependencia, que en un momento como el actual de
crisis económica, con caída de ingresos del Estado y las comunidades autónomas, nos supone un esfuerzo mayor, y eso hace que algunos consejeros y consejeras -todos, porque ahí no hay diferencias políticas- digan que les resulta enormemente difícil
pagar la dependencia. La pagan, pero pasa lo mismo en Sanidad: todos se quejan, los servicios públicos. ¿Por qué? Porque hemos consolidado un Estado del bienestar en los últimos treinta años que está entre uno de los mejores que existe en Europa
y hemos conseguido consolidarlo a base de un gran esfuerzo; en algunos momentos nos resulta más fácil hacer frente a ello y otras veces es más complicado, pero lo conseguimos, a final de año conseguimos pagar todos los servicios públicos.



Señorías, hay que tener en cuenta que llevamos tres años de implantación de la ley, de desarrollo normativo, que exige un esfuerzo de coordinación extraordinario, de acomodación, de atención de circunstancias diversas, de pasar de sistemas
consolidados. Es verdad, hay algunas comunidades autónomas que tenían sistemas muy desarrollados y consolidados de atención social; es verdad el papel de las diputaciones forales, es verdad, y hemos pasado a consolidar un sistema -insisto, la
dependencia no son todos los servicios sociales, de ahí a veces la diferencia de cálculo- acomodando los sistemas preexsistentes, pero lo que importa en esta ley -y cada día lo vemos con una mayor claridad- es cómo se va delimitando el ámbito de la
dependencia en el sentido estricto y se van depurando, por tanto, exactamente los gastos que tienen que ir destinados a ese concepto exclusivamente. Me preguntan: ¿Cuánto supone en su totalidad -el Estado y las comunidades autónomas- el gasto por
dependencia? Yo también hice esa pregunta nada más llegar y la vuelvo a hacer ahora. Ha sido difícil hacer el cálculo. Podría dar una cifra estimada, pero yo creo que no debo darla, no desde esta tribuna, pero con el esfuerzo que estamos haciendo
de transparencia, de orden de


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datos, de aplicación de criterios comunes, desde luego en los próximos meses van a tener una cifra porque además tenemos la obligación de publicarla. No era fácil, porque no era fácil saber exactamente qué se estaba gastando en dependencia
cada comunidad autónoma. Yo sé lo que me gasto como Estado, pero no sé lo que se gastan ellas, porque hay que depurar y hacer homogéneos los criterios de aplicación sobre ese particular concreto que es la dependencia, que no son todos los
servicios, de ahí los problemas que hemos tenido de por qué algunas comunidades autónomas dicen que a ellas no se las ha incorporado en la dependencia. ¿Por qué? Porque me incorporan como dependientes a personas que estaban recibiendo ayudas
sociales, pero no como derecho de ciudadanía como dependientes, sino simplemente servicios sociales. Luego no los podían incorporar, no es que no se atiendan. De ahí que entre todos tengamos que hacer un esfuerzo. Por eso no quiero entrar en el
debate sobre cómo se hace en un sitio u otro, porque hay que hacer un esfuerzo, que lo están haciendo entre todas y creo que lo estamos consiguiendo. En ese sentido, en el ámbito del consejo territorial hemos conseguido avanzar muchísimo. A pesar
de la dificultad del momento, a pesar de lo extraordinariamente complicado del sistema, tal y como la ley está redactada nos ofrece los instrumentos suficientes como para adecuar la consolidación del modelo con su financiación. Después -los grupos
lo piden y yo siempre estaré dispuesta- podríamos crear un grupo de trabajo, como decía el señor Campuzano. Si es necesario, podemos buscar algún elemento o instrumento de mayor estabilidad. Podemos hacerlo, pero, ojo, que todavía la ley no la
hemos desarrollado suficientemente como instrumento para consolidar esa financiación, todavía no hay desarrollo normativo suficiente en las comunidades autónomas. En cualquier caso, se puede crear un grupo de trabajo, eso siempre es útil. Las
reflexiones que ustedes hacen aquí, en la Comisión, me permiten buscar esos elementos donde hay disfunciones. No les voy a negar que ha sido objeto de mi preocupación permanente cómo podemos conseguir esa suficiencia, esa incorporación definitiva
de todas las personas que han sido ya valoradas, pero creo que estamos en la buena dirección. Y no hay invasión competencial, insisto, porque una cosa son los servicios sociales, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y otra
cosa es el derecho a una prestación que es un derecho de ciudadanía y que está muy ligado -y me interesa mucho la reflexión que ha hecho el señor Campuzano- al envejecimiento, a una situación demográfica que es un hecho de la realidad. Dentro de
cincuenta años pasaremos de ser un 12 por ciento de población mayor de 65 años a ser un 33 por ciento. Eso no solamente genera grandes problemas para el pago de las pensiones -perdón, presidente-, sino que genera un problema para la consolidación
del sistema de dependencia, un problema pero también, por cierto, una oportunidad.



Después hay otra reflexión que también es especialmente interesante, que es la que tiene que ver con la integración y la consolidación de ese espacio sociosanitario, porque haremos más eficientes los recursos. A nadie se le escapa que una
cama en un hospital es infinitamente más barata que una cama de atención asistencial en una residencia. Tenemos que hacer ese proceso de integración; lo estamos haciendo ya. Lo vamos a hacer en algunos ámbitos, por ejemplo, en salud mental, con
pruebas piloto que se están haciendo en otras comunidades autónomas y que pueden ser muy útiles. Acepto las críticas -como decía el portavoz del PNV-, acepto todas las dudas e incertidumbres que SS.SS. plantean como elementos que nos tienen que
hacer ver lo que pueda ocurrir en el futuro.
Como decía el señor Agirretxea, no es un problema personal, claro que no, es una situación que la hemos tenido que consolidar entre todos y además en este caso hay una corresponsabilidad importante de
las comunidades autónomas. Todo esto nos sirve como elementos para ir adelantándonos sobre cómo evitar problemas futuros. Todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, con la integración del espacio sociosanitario, con la
financiación o con la adopción de nuevos instrumentos de financiación, aún no ha sido suficientemente desarrollado en la ley y nos queda al menos un recorrido importante para conseguirlo.
La ley nos dio un plazo, 2015, para consolidar su
desarrollo. Señorías, les propongo que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, ha sido un trabajo muy responsable y muy constructivo. Esperemos que en 2015 podamos presentar a la ciudadanía algo que sería un éxito colectivo. Imagínense que
los diputados dijeran que calculaban que en 2015 esto iba a estar listo y lo conseguimos, sería un gran éxito colectivo.



No sé si me he dejado algún tema pendiente. No sé, señor presidente, si hay todavía algún pequeño turno para más preguntas.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguien quiere utilizar el turno de palabra? (Pausa.)


Voy a darlo por no más de dos minutos, porque no tenemos más.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, tenía previsto cinco minutos que es lo que habíamos acordado al inicio de la sesión.



El señor PRESIDENTE: Sí, pero entre una cosa y otra..., y tenemos una obligación, esa no es una cuestión opinable. Además, eso está avisado y pactado, que terminaríamos en su momento.



Le voy a dar la palabra porque no quiero extenderme yo, pero le pido que no supere los dos o tres minutos.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, sinceramente me cuesta mucho hacer la crítica que tengo que hacer porque la tengo en muy alta


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consideración; tanto en su gestión y como política no se puede imaginar hasta qué punto la tengo en muy alta consideración. Por eso me cuesta hacer la crítica que le tengo que hacer, porque no me ha contestado a nada de lo que le he
preguntado. Ahora mismo estamos en el momento de la evaluación de la ley. Quería que me dijera qué medidas, qué batería de proyectos, cómo íbamos a realizarlo. Estamos desde hace cuatro meses en el momento de la evaluación de la ley. Me ha
venido a contar todo lo que nos ha venido a contar a lo largo de tres años. No voy a hablar ahora de las bondades que tiene la ley. Estamos viendo ahora mismo, después de un informe de unos expertos, los problemas que tiene la ley que, sobre todo,
son de financiación. Le he preguntado qué financiación va a provenir de ese sistema de financiación de las comunidades autónomas que está previsto para este año 2010. Porque si no es así tenemos menos presupuesto que en el año 2009 y hay más
personas que están valoradas para obtener esa prestación y ese dinero no está. Le he preguntado qué opina de los 12.000 millones de euros que dice el informe de de las universidades de Alcalá y Carlos III, y a todo eso no me ha contestado.
Me ha
hablado de cómo se ha solucionado el copago, pero el copago al final sigue estableciendo una serie de diferencias entre beneficiarios de diferentes comunidades autónomas. En unas pagan un tanto y en otras no pagan nada. Esas diferencias siguen
existiendo.



No obstante, tengo necesidad de referirme a la intervención de la representante socialista. Me parece que ha sido una intervención, querida Marisol, no muy afortunada en cuanto a la crítica de unas comunidades autónomas que están haciendo
un esfuerzo tremendo. La señora ministra ha dicho que no quiere entrar en ese tema de confrontación entre comunidades autónomas, pero no puedo dejar que se haya criticado a unas determinadas comunidades autónomas sin dar una respuesta a lo que se
ha dicho. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estudios como el de la Fundación Caser sitúan a Murcia como la comunidad que antes incoa los expedientes de solicitud de dependencia y antes valora el grado de dependencia de los ciudadanos
solicitantes. Hay 20.114 solicitudes registradas y 20.050 dictámenes de valoración a fecha 1 de febrero de 2010. Usted ha hablado del Observatorio de la Dependencia, este observatorio y sus informes que carecen de toda credibilidad y de todo
carácter científico y técnico y que se basan en datos no comparables y torticeramente utilizados. La propia ministra lo ha descalificado y también la nueva directora de Imserso en la última Comisión. Usted ha hablado de 21 beneficiarios de esta
ley en Madrid y de 21.000 en Jaén.
Pues bien, le voy a decir los datos de Madrid. Del presupuesto de servicios sociales, sin computar la política de familia o infancia o los créditos imputados a la Secretaría General Técnica, se gastan en
servicios sociales 181 euros por madrileño, muy lejos de los 155 euros que destina Andalucía, que hoy se pone como ejemplo de atención a la dependencia. De forma concreta, la Comunidad de Madrid se gasta 53 euros diarios a la atención a una persona
reconocida en situación de dependencia, frente a los 24 euros de Andalucía. La principal razón es que Andalucía está reconociendo recursos de menor intensidad y especialización como las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
Usted ha hablado de 20.000 prestaciones y son 50.000 plazas de residencia, 70.000 ayudas a domicilio y 115.000 asistencias.



En cuanto a la intervención de la señora ministra, simplemente quiero decirle que la cuestión de ese grupo de trabajo que se había constituido para la financiación no se ha resuelto, no se ha dicho de qué modelo de financiación se trata, qué
instrumento para financiar la Ley de Dependencia se va a poner en marcha, qué grupos de trabajo se van a crear, qué hoja de ruta vamos a tener, cómo se va a evaluar la ley.
Seguimos con una falta de igualdad grande, con falta de equidad. Me ha
gustado mucho su intervención en cuanto a las ayudas económicas a familiares. Compartimos absolutamente el criterio de la ministra, nos ha parecido una intervención realmente brillante precisamente por la cultura que en nuestro país hay y porque
hay que primar ese estar en la familia, pero eso no quiere decir que todo el peso sea para las personas que están dentro de la familia. Por lo tanto, habrá que arbitrar alguna cosa de formación, de ayuda a domicilio, porque hay casos en los que hay
personas de 80 años cuidando a personas de 80 años. Todo eso hay que arbitrarlo, hay que ver cómo se solucionan todos esos problemas que estamos viendo que la Ley de Dependencia tiene. Estamos en una época de crisis, señora ministra, pero no
pueden pagarlo las personas más necesitadas. Hay que priorizar los gastos y nosotros ya dijimos que los 6.000 millones de euros que suponían los 400 euros que ya el señor Zapatero ha quitado, no han venido a la Ley de Dependencia. Nosotros
decíamos que efectivamente se podían priorizar temas, pero en este caso no han venido a la Ley de Dependencia. Nos gustaría conocer qué instrumentos de financiación se van a poner en marcha y cuál es el mapa o la hoja de ruta. Y hablando de mapas,
no me gustaría mezclar churras con merinas pero, por su actualidad y por su impacto, señora ministra, le quería comentar un tema que creo que repugna a la ciudadanía...



El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, lleva el doble del tiempo. Les pediría que no hagan comentarios, que hagan preguntas, porque eso nos permitiría concretar.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente. Me gustaría que no me cortara en mi intervención porque termino inmediatamente. (Rumores.)


Señora ministra, mañana tiene usted Consejo de Ministros. Solicitamos que exija que se estudien los fondos que se destinan a subvenciones en el Ministerio de Igualdad y que se exija que esos fondos o gran parte de ellos se destinen a la
dependencia. Me parece un


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derroche, aparte de una burla a los españoles que se encuentran en situaciones de necesidad, que se gaste su dinero en chorradas propias de una mentalidad adolescente (El señor Sahuquillo García: ¡Qué tiene que ver eso con esta Comisión!).
Me refiero a lo del mapita famoso, que más que causar hilaridad, señores diputados, me parece una burla en época de crisis a los españoles que precisan que el Gobierno les cubra otro tipo de necesidades...



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Méndez.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ...en vez de gastarse el dinero en chorradas.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Méndez.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Perdóneme, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: No, no tiene más tiempo. Ha utilizado sus cinco minutos.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, me gustaría que no me cortara cada vez que hablo.



El señor PRESIDENTE: Ha utilizado sus cinco minutos y no podemos seguir así.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Le agradezco muchísimo su intervención pero me gustaría que no me cortara.



El señor PRESIDENTE: No, no, señora Méndez, el presidente de esta Comisión soy yo, por lo tanto...



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Sí, pero es que cada vez que hablo de una cosa que no le gusta, me corta.



El señor PRESIDENTE: Le retiro la palabra.



Continúa el señor Campuzano (La señora Méndez Monasterio: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.)


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con mucha rapidez y brevedad, quiero recomendarle a la señora Pérez que relea los debates del Pacto de Toledo y que relea al señor Griñán, y verá cómo la lógica del señor Griñán y la lógica del Pacto de Toledo
es la lógica progresista de reformas para garantizar la sostenibilidad, y sin reformas no hay sostenibilidad del Estado del bienestar (La señora Pérez Domínguez: Estoy de acuerdo.) Esa es la lógica del señor Griñán que mi grupo compartió entonces
(La señora Pérez Domínguez: Y la mía.)


En segundo lugar, creo que en el ahora, en la actualidad inmediata, el problema es de si el gasto público que tenemos en dependencia garantiza para todos los dependientes mejor calidad de vida, y creo que a pesar del gasto para muchos
dependientes la Ley de Dependencia no ha implicado mejor calidad de vida. Y le voy a anunciar dos cuestiones, señora ministra. El miércoles de la próxima semana -mi grupo lo va a registrar esta tarde- vamos a plantearle una interpelación sobre
dependencia y empleo, vamos a discutir la semana que viene específicamente sobre esa cuestión, y además vamos a proponer -y espero que otros grupos nos acompañen- la creación de una subcomisión en esta Comisión de valoración del desarrollo de la Ley
de Dependencia. Nos gustaría que el Grupo Socialista apoyase la creación de esta subcomisión en las próximas semanas y en los próximos meses para que el Parlamento, que fue quien aprobó la ley de dependencia, pueda hacer también la valoración sobre
la aplicación de la misma y las propuestas que considere oportunas tanto en términos legislativos como al conjunto de las administraciones públicas.
Nos gustaría contar con su apoyo en esta última iniciativa.



El señor PRESIDENTE: A continuación, señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Celebramos el empeño de la ministra, que se ha comprometido a que dentro de poco tiempo sabríamos cuál es el coste real de la dependencia. Creo que es un dato que necesitamos conocer para saber finalmente cuál es el
marco o el escenario en donde se va a incardinar el debate de este año, que es crucial para hacer la evaluación. Insistimos en que de forma excepcional y transitoria, a la espera de los buenos resultados que debe conllevar la tesis del Gobierno de
que existen los mimbres suficientes como para que el sistema sea sostenible -podemos entrar en un cul de sac para las comunidades autónomas en los próximos meses-, la idea del fondo extraordinario para momentos de coyunturas excepcionales como la
que estamos viviendo es algo que no deberíamos abandonar, máxime cuando es cierto que algunas comunidades autónomas están utilizando según qué recursos para financiar otros servicios que ya existían previamente pero que no forman parte del nuevo
orden que con esta ley se puso en funcionamiento. De manera que sepa usted que tanto la creación de esta comisión/subcomisión, que vamos a ver cómo cuaja, como el trabajo parlamentario respecto a la creación de este fondo formarán parte de nuestra
hoja de ruta de las próximas semanas.



Un dato. Es evidente que hay que adaptar los mínimos garantizados, porque no puede ser único y con independencia del servicio. Que una comunidad autónoma reciba 70 euros, por ejemplo -creo que no me equivoco-, para una persona que desea ir
a una residencia es inviable, aun cuando, repito una vez más, sin ser excesivamente recurrente en el tema, estamos muy comprometidos con esta ley, y no digo al servicio porque quedaría fatal políticamente (Risas.), pero estamos muy dispuestos a
colaborar con el Gobierno en este ámbito, aunque también queremos que sean sinceros y atrevidos en todo


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aquello que afecta a la gran preocupación de las comunidades autónomas, máxime de aquellas que se han implicado hasta el tuétano en el desarrollo de esta ley. Deben ser conscientes del compromiso que tenemos en la sostenibilidad económica
no ya futura, sino del presente.



El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: Si me permite, una aclaración, una reflexión y una pregunta en mis dos minutos, o por lo menos creo que llegaré a hacerlo así.



Una aclaración. Con respecto a las administraciones forales, la ley, en su disposición adicional segunda -lo ha expresado la señora ministra, pero por responder a algunos aspavientos que me ha parecido ver al fondo de la sala-, establece el
sistema de pago, es decir, pago a las comunidades autónomas y simplemente descuento a las administraciones forales de sus aportaciones en la misma cuantía que para todos los ciudadanos del Estado, faltaría más, y como no debe ser de otra manera.



Una reflexión al hilo de la posición de la señora ministra en torno a la viabilidad de la ley y a la vida que todavía le queda, que la comparto, pero precisamente por ello el motivo de la petición de esta comparecencia por parte de Nafarroa
Bai no es otro más que expresar que el talón de Aquiles de la ley, a nuestro parecer, es la financiación, con seguridad además, y seguramente de ella podrían derivarse muchas cosas, como el hecho, por ejemplo, de que las cuidadoras en los domicilios
en estos momentos -mujer y joven, que seguramente por ello llegan a serlo en estos momentos- pudieran acceder en torno a la financiación a condiciones de trabajo con prestaciones en lo que el mercado de trabajo puede acometer en estos momentos, por
ejemplo que pudiera asemejarse a un trabajo temporal. Creo que eso ayudaría mucho al mejor desarrollo de la ley y a la convicción en el conjunto de la opinión pública de que se trata de una posibilidad más que eficaz y capaz de generación de empleo
en la reflexión que señalaba el señor Campuzano de dependencia y empleo.



Termino con una pregunta, señora ministra, y es que entiendo de la respuesta a la pregunta que le hacía anteriormente que esas acusaciones o esas determinaciones en torno a que el Estado no está llegando al 33 por ciento que le corresponde
en el pago solo se debe a una contabilidad diferente entre comunidades autónomas y Estado. Lo digo, señora ministra, porque la consejera navarra afirmaba en aquella comparecencia o en una anterior que si el Estado no da más a la dependencia, la
situación va a ser insostenible. Le aseguro que esto no suena ni mucho menos a una diferencia de contabilidad en torno a los servicios sociales y la dependencia.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Pérez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Un minuto, presidente.



El señor PRESIDENTE: Sí, les ruego que no entren en debate.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Lamento que tengamos que entrar en un debate que no me apetece nada y que no quiere mi grupo. Nos encanta debatir con compañeros que hacen propuestas y que hacen reflexiones. Señor Campuzano, a lo mejor
encontramos un marco; de todos modos, este año deberíamos fijarnos en la evaluación concreta de la ley. Señora Méndez, no me sustraigo, dígaselo al Ayuntamiento de Madrid que le ha dicho a la comunidad autónoma que solo del Ayuntamiento de Madrid
tiene más solicitudes que prestaciones.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la ministra de Sanidad y Política Social por cinco minutos, no más.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Solamente quiero decir que el debate político que tenemos aquí, en el marco de una Comisión, y sobre todo el tono que han mantenido siempre hacia mí, incluido este
día, lo entiendo siempre desde el más profundo respeto; el mismo que les tengo yo. El debate político es el debate político; la diferencia de percepción, de opinión y de orientación no solamente es legítima sino sana. Por tanto, profundo respeto
y percepción del respeto por parte de todas las personas que han intervenido, por todos los portavoces. Además creo que es útil tener este debate y esta discusión porque nos permite avanzar y sobre todo mostrar las preocupaciones por los temas que
a todos nos inquietan.



En todo caso, creo que sí he contestado, pero voy a ser muy telegráfica en la cuestión de la financiación, que es la que preocupa a todos. Me preguntan cómo vamos a solucionar el año 2010. En 2010 tenemos 1.581 millones de euros en el
presupuesto. Esta cifra está compuesta por diferentes partidas presupuestarias que, en caso de que sea necesario, serán incrementadas. Se trata de garantizar la protección de un derecho de los ciudadanos establecido por ley. En la actualidad ya
ha sido aprobado un primer suplemento de crédito de 90,2 millones de euros para hacer efectivo el pago de cuotas a la Seguridad Social a favor de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Por cierto, respecto a los
cuidadores -es una de las medidas que hemos adoptado recientemente mediante acuerdo del consejo territorial de hace apenas cuatro meses- hemos acordado no solamente formarlos sino hacer una evaluación para ver su idoneidad en la prestación del
servicio. También respecto a los cuidadores y para aclarar el dato que la señora Barkos utilizaba, diré que el 98 por ciento son mujeres, un 43 por ciento menores de cincuenta años. El resto tiene algo más de edad, pero estamos cuidando mucho
ahora la formación, la prestación, la calidad de la prestación y ya hay unos criterios


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mediante un acuerdo adoptado con las comunidades autónomas. Por tanto, esos 90 millones más para los cuidadores, para las pensiones de la Seguridad Social.



Se trata de un presupuesto que supera holgadamente lo previsto en la memoria de la ley, pero en todo caso ha de tenerse en cuenta e insisto en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que es importante porque se
garantiza la financiación de los servicios públicos y tenemos que asumir que es ahí donde tenemos que echar mano para financiar los servicios públicos fundamentales y se complementa la incorporación de recursos adicionales en dichos acuerdos que se
integren en el sistema de financiación para las comunidades autónomas. Es importante. Por otra parte, a través de la SEPI se ha creado un fondo dotado en 2009 con 17 millones de euros, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad y
Política Social, que también tiene por objeto prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales que promuevan y desarrollen proyectos de infraestructuras y servicios del servicio de autonomía para la dependencia. Además, el Real Decreto de 26 de
octubre de 2009 creó el Fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local adscrito al Ministerio de Política Territorial, pero para su gestión por parte de los ayuntamientos se dota el año 2010 con 5.000 millones. Eso sí, un 20 por ciento de esos
5.000 millones será dedicado a actuaciones de naturaleza social, es decir, que entraría y computaría de acuerdo con las comunidades autónomas en esa financiación de comunidades autónomas.



Otras actuaciones de la Administración General del Estado son la prestación de análoga naturaleza y finalidad a la que hace referencia en el artículo 31 de la ley, que es el complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación por
hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el de necesidad de otra persona de la pensión de validez no contributiva y que eso sirva de ayuda a terceras personas de la Lismi. Quiero decir que tenemos
que hacer un cómputo global porque nuestro Estado de bienestar, el que hemos ido consolidando en estos últimos treinta años, es amplio y diverso, pero todo eso computa. Cada vez que hagamos una apuesta por la consolidación del Estado del bienestar
no podemos inventarnos otro nuevo derecho, sino que tenemos que reconducir todos aquellos que forman parte del sistema y aquello que financia el Estado porque es su responsabilidad.



Ya por último me preguntaba la señora Barkos sobre si hay una contabilidad diferente. A veces las comunidades autónomas cuando hacen ese cálculo y parece que hay tanta diferencia -es que usted pone un euro y la comunidad autónoma pone 99,
no es real la cifra ni nadie lo ha dicho- básicamente es porque hacen un cómputo del gasto total en política social sin ceñirse al cómputo exacto en dependencia. Por eso tenemos una cierta dificultad en darles un dato definitivo sobre lo que
gastamos en dependencia, pero sí les puedo adelantar que con lo que nosotros en ámbito global destinamos a dependencia y con lo que están destinando las comunidades autónomas se puede conseguir mantener la sostenibilidad del sistema con la ley que
tenemos. Ahora bien, sé que este es un momento económico complicado y todas las comunidades autónomas sin excepción, gobernadas por quien estén gobernadas, todas se quejan de la asfixia financiera, de la presión presupuestaria, en dependencia y en
todos los servicios públicos. Eso es cierto, pero creo que es una situación coyuntural que no nos debe hacer ver exclusivamente el tema de la sostenibilidad en este momento. Veámoslo con un poco de distancia.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Quiero agradecer también el esfuerzo de todos para poder lograr terminar a la hora y únicamente una cuestión que quiero que me escuche el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Existen límites a la creación de subcomisiones en esta Cámara. Esta Comisión tiene ya creada una subcomisión y no contempla la posibilidad de cerrarla en los próximos días, por lo tanto, tenemos que tener que en cuenta que entrará, en su
caso, en cadena después del trabajo de la Comisión del Pacto de la Sanidad, porque la Presidencia de la Cámara no nos permitirá funcionar con dos subcomisiones al mismo tiempo. (La señora Tarruella Tomàs: Contamos con ello.) Ha habido esa
situación en el pasado. Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.