Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 466, de 17/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 466
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA CARMEN CALVO POYATO
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 17 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la puesta en marcha de un plan integral contra la explotación sexual. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000319.) ... (Página 2)
- Relativa al reconocimiento de la comunidad negra española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000944.) ... (Página 5)
- Sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra, africana y de afrodescendientes en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001273.) ...
- Sobre la realización de un estudio de la discriminación salarial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001467.) ... (Página 11)
- Sobre la lucha contra la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001340.) ... (Página 14)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000319.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, abrimos la sesión para proceder a desarrollar el orden del día. Les comunico, por si SS.SS. no tienen inconveniente, una alteración del orden del día que me ha pedido el portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Su proposición no de ley figura en el punto 4.º y me pide, porque tiene que atender a otras comisiones, que la dejemos en el último lugar. Si a SS.SS. no les incomoda esta
alteración, no hay problema para que lo hagamos y así le facilitemos las cosas al diputado.
Si es así, iniciamos el orden del día con la primera proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de un plan integral contra la explotación sexual, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene enmienda del propio grupo y del Grupo
Catalán de CiU. Iniciamos el turno de intervenciones para el desarrollo de esta proposición. Si les parece a SS.SS. podemos iniciar el turno de debates con cinco minutos. Si SS.SS. necesitan algo más de tiempo siempre podemos ser flexibles.
Por el Grupo Parlamentario Popular va a hablar la vicepresidenta de la Comisión, la señora Quintanilla. Tiene la palabra.
La señora QUINTANILLA BARBA: Hoy traemos al seno de la Comisión la proposición no de ley que presentó mi grupo en julio del año 2008. En aquel momento mi grupo parlamentario pedía que en el plazo de seis meses el Gobierno pusiera en marcha
el primer Plan integral contra la explotación sexual, sobre todo porque en aquel momento teníamos claro que a través del Convenio del Consejo de Europa se había marcado lo que significaba trabajar para hacer posible que todos nosotros lucháramos
contra la trata y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. No obstante, en aquel momento mi grupo parlamentario desconocía que el Gobierno, en diciembre de 2008, aprobaría el primer Plan contra la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y que tres años después el Convenio del Consejo de Europa, aprobado en Varsovia en el año 2005, fuera ratificado y firmado por España. Por ello en estos momentos mi grupo ha querido autoenmendar esta proposición no de
ley. Teníamos que debatir esta proposición no de ley porque no podemos dejar pasar la oportunidad de debatirla, ya que hace unos días veíamos cómo algunas personas en España querían montar un megaburdel en Gerona, para el que creo que
desgraciadamente se ha dado la licencia de obra para hacer un hotel que después será un sitio donde se prostituya y donde se trafique con mujeres. Repito que por eso hemos querido traer esta proposición no de ley y autoenmendarla. La hemos
autoenmendado para tener la oportunidad de debatirla y para informar a la sociedad, en general, de nuestro firme compromiso de seguir luchando contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que mayoritariamente son mujeres.
Tenemos que hablar de la nueva esclavitud del siglo xxi, de una lacra contra la que todos debemos luchar. Hemos presentado esta enmienda porque después de más de un año desde la aprobación del Plan integral, la mayor parte de las 62 medidas que
contempla siguen siendo una realidad sobre el papel, pero desgraciadamente todavía no son una realidad en la práctica.
El Convenio aprobado por el Consejo de Europa en Varsovia en el año 2005 contra la trata de personas, marca dos líneas claras para luchar contra esta lacra. Por un lado, la persecución de los traficantes y proxenetas y, por otro, la
atención social y económica de las víctimas para que puedan salir del infierno en el que viven. Tras su aprobación en diciembre de 2008 poco o nada hemos vuelto a saber del Plan integral y mucho nos tememos que, como siempre hace el Gobierno, sea
solo una declaración de buenas intenciones, pero no un instrumento eficaz con actuaciones urgentes para acabar con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que
desgraciada y lamentablemente se produce en nuestro país. Es el caso, por citar un ejemplo, de la creación de centros de acogida para atender a las víctimas de explotación sexual que contempla el Plan integral del Gobierno. En la
actualidad la mayor parte de centros de acogida y de centros integrales de atención a las víctimas de explotación que existen son anteriores al Plan integral, y han sido creados por las comunidades autónomas y por ayuntamientos que en algunos casos
se anticiparon al Gobierno y aprobaron planes integrales contra la explotación sexual ya desde el año 2004. Del mismo modo, un año después de la aprobación del Plan integral del Gobierno contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual es necesario hacer un mayor esfuerzo, tal y como recoge el plan, para perfeccionar los mecanismos legales existentes, de manera que las víctimas de explotación sexual tengan asistencia jurídica inmediata y posibilidad de contar con un
intérprete; cosa que en estos momentos no siempre pasa.
No es mi intención, señora presidenta, repasar las 62 medidas que contempla el plan puesto que el tiempo es limitado y, por tanto, he citado solo alguno de los puntos que se enmarcan dentro del mismo. Mi grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, entiende que dicho plan solamente puede ser eficaz si se desarrollan en su más amplia extensión todas las medidas que recoge, y mejorando incluso alguna de ellas.
Señorías, España está considerada uno de los principales países de destino de la trata de personas con fines de explotación sexual. Se calcula que alrededor de 300.000 mujeres son prostituidas anualmente en nuestro país.
En la mayoría de
los casos a través de mafias y redes organizadas que captan a las mujeres en sus países de origen, en muchos casos a través de promesas de trabajo engañosas y finalmente son obligadas a ejercer la prostitución. Asimismo, cabe destacar que el 90 por
ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes engañadas, en su mayor parte sin papeles, y que el 80 por ciento de ellas son víctimas de la trata de seres humanos. Hay que recordar además que solo el 5 por ciento de las
mujeres que se dedican a la prostitución -son datos oficiales- lo hacen por elección y, por tanto, de forma voluntaria, mientras que el 95 por ciento restante, es decir, la práctica totalidad de ellas, son obligadas a ejercer la prostitución debido
a diversos factores. La pobreza, la falta de formación, la emigración, la falta de oportunidades y en muchos casos tener a sus hijos y a su familia lejos del país donde viven, llevan desgraciadamente a estas mujeres a ejercer la prostitución,
porque son mujeres traficadas.
Señorías, estamos hablando de una dramática situación que viven día a día miles de mujeres en España. Por eso, voy terminando, señora presidenta, mi grupo parlamentario entiende que es necesario un compromiso de todos nosotros, de todos los
grupos parlamentarios en esta Cámara, de toda la sociedad, para que así estas mujeres puedan salir de esta terrible situación de la que ellas solas no pueden escapar. Por eso les pido el voto favorable a esta autoenmienda que hemos presentado en
esta proposición no de ley, una enmienda que sencillamente pide al Gobierno que el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sea eficaz y efectivo en la persecución de las mafias de trata y en la
explotación sexual de las mujeres, desarrollando, como no podía ser de otra manera, las 62 medidas que contiene el plan, y que a la mayor celeridad posible remita al Congreso de los Diputados un balance sobre las medidas que se han puesto en marcha,
su eficacia y su impacto en la sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta, por ser tan benevolente con el tiempo.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender su enmienda. Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora positivamente el objetivo que anima la iniciativa que brillantemente ha expuesto la señora Quintanilla, porque nos sumamos, como no puede ser de otra
manera, a todo lo que sea positivo en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un tema grave, un tema actual, un tema que se está produciendo, tal y como vimos los que trabajamos en el informe de la ponencia sobre
la prostitución en España. La enmienda de modificación actualiza el objetivo que se proponía en la iniciativa presentada en origen, puesto que, como muy bien se ha explicado, afortunadamente el Gobierno aprobó el Plan integral de la lucha contra la
trata de seres humanos. Nos sumamos a la petición que se hace en la enmienda de modificación. Es importante conocer con detalle cómo se están desarrollando las medidas que contiene el plan.
Hemos añadido una enmienda de adición para recordar que el Gobierno tiene que presentar sin dilación algo a lo que esta misma Comisión le comprometió el 15 de octubre del año 2008. A instancia de mi grupo parlamentario presentamos una
proposición no de ley en la que se solicitaba un plan de medidas para incorporar las conclusiones del informe de la ponencia sobre la prostitución, no solo las incluidas en el plan contra la trata, sino el resto de conclusiones. Esta proposición no
de ley con modificaciones se aprobó el 15 de octubre del año 2008, y en la misma se concedía al Gobierno un plazo de seis meses para presentar este plan. Este plazo finalizaba en el mes de mayo del año 2009. Hasta donde yo conozco y hasta donde
tenemos noticias este plan no se ha presentado; únicamente se presentó el Plan contra la trata, que ya dijimos en su día que no abarcaba todas las conclusiones de la ponencia sobre prostitución. Por tanto, nosotros añadimos en esta enmienda, que
rogamos que sea aceptada, que reiteramos al Gobierno que presente sin más dilación el Plan de medidas al que esta Comisión le instó en fecha 15 de octubre del año 2008.
La señora PRESIDENTA: Turno de los demás grupos que deseen intervenir. El Grupo Mixto lo desea y para ello tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para posicionarnos a favor de la proposición no de ley, de acuerdo con la autoenmienda que acaba de defender la señora Quintanilla. Lo vamos a hacer porque nos parece oportuna esta enmienda a una
proposición no de ley que fue presentada en julio de 2008. Desde ese momento hasta ahora evidentemente, y afortunadamente también, se han hecho cosas propuestas por diferentes grupos, también por el Gobierno, en relación con este asunto que hacían
que la propuesta del Grupo Popular tal y como estaba formulada no estuviera ya en vigor. La señora Quintanilla ha hecho una autoenmienda que reorienta la cuestión por un camino que compartimos, porque después de que haya sido aprobado el Plan
integral es necesario que se desarrollen las medidas que en el mismo se contemplan. Al mismo tiempo, después de las diferentes medidas incorporadas a la Ley de Extranjería en relación con este asunto, además es necesario que se haga ese seguimiento
y que esta Comisión en su momento tenga conocimiento de todas aquellas actuaciones y acciones que tenga el Gobierno en relación con este asunto.
No voy a extenderme en el gran problema que es la explotación de personas, en la medida en que la señora Quintanilla ya ha realizado una intervención en la que deja con toda claridad expuesto este grandísimo problema. La cantidad de mujeres
que están obligadas a ejercer la prostitución por la esclavitud a la que están sometidas evidencia la necesidad que tenemos de trabajar en la dirección de eliminar esta lacra.
Por eso vamos a apoyar la propuesta que hace el Grupo Popular en la
autoenmienda, porque sigue siendo necesario trabajar en la dirección que se hace en la propuesta, porque es conveniente que el Gobierno informe a esta Comisión de todas aquellas cuestiones que se están llevando a cabo y, sobre todo, que nos informe
del desarrollo de las medidas que se contemplan en el plan que se elaboró después de la subcomisión que específicamente se creó a tal efecto.
La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Socialista. Señor Cabañes, tiene la palabra.
El señor CABAÑES ANDRÉS: Señorías, la dinámica parlamentaria propicia a veces situaciones curiosas y hoy estamos ante una de ellas. El grupo proponente instaba al Gobierno en el mes de julio del año 2008 a realizar algo que deberíamos
discutir hoy y ese algo, en este caso el Plan contra la trata, lo aprobó el Gobierno en diciembre de 2008, está vigente desde enero de 2009 y pendiente del balance de ejecución del primer año de funcionamiento. El Plan integral de lucha contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual contiene un conjunto de medidas en distintas áreas, entre ellas todas las que se citaban en la proposición no de ley que hoy deberíamos discutir. Esta proposición no de ley debería haberse
retirado. No ha sido así, y ahora nos encontramos con una autoenmienda que pide que se ejecute el plan y que se evalúe su eficacia. Una vez más vemos que el Grupo Popular no quiere o no sabe aceptar la acción gubernamental. El tema de la
prostitución es recurrente en esta Cámara. Así, en la VII Legislatura hubo ocho iniciativas parlamentarias; en la VIII hubo otras ocho iniciativas parlamentarias; en este tiempo han existido dos ponencias Senado-Congreso para su estudio; y en
esta legislatura, como ya se ha dicho, discutimos en octubre de 2008, a propuesta de CIU, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a realizar un plan contra la trata similar al que entonces ya preparaba el Ministerio de Igualdad,
proposición no de ley que contó con nuestro apoyo.
La situación actual es distinta. El Gobierno, siguiendo recomendaciones del Parlamento español y de algunas instituciones implicadas como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa o el Consejo de Europa, elaboró un plan
integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y lo hizo porque entiende que la explotación sexual es una nueva forma de esclavitud, un ejercicio de violencia de género, una vulneración de los derechos humanos,
una cruel manifestación de la desigualdad y de la feminización de la pobreza.
La explotación sexual es una realidad que afecta, fundamentalmente, a mujeres y niñas, es un comercio ilícito que convierte en mera mercancía a sus víctimas, lo que supone una vulneración flagrante de los derechos humanos. Las mujeres y
niñas son despojadas de sus derechos, se les arrebata su dignidad, se perpetúa el delito que hay detrás de la trata y se da impunidad a los tratantes y a los proxenetas, que obtienen pingües beneficios. España, según la ONU, es utilizada como país
de tránsito en ocasiones y, sobre todo como destino. El Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, aprobado en Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008 y operativo desde enero de 2009, constituye un paso
importante y un punto de partida que, unido a la ratificación del Convenio del Consejo de Europa, que ya ha entrado en vigor en agosto de 2009, nos sitúa como un país comprometido en esta lucha. Este plan reconoce a las víctimas como tales,
reconoce sus derechos y articula medidas para garantizarlos, pretende sensibilizar y concienciar a la sociedad del fenómeno para que tome partido y ofrece alternativas, apoyo y recuperación para las mujeres que son víctimas de este delito. El plan
cuenta con una vigencia de tres años, contó con 44 millones de euros de presupuesto para el primer año, tiene diez ministerios implicados en su ejecución a través de 62 medidas aprobadas, que se dividen, fundamentalmente, en tres ejes: asistencia y
protección a las víctimas, lucha contra las mafias y el delito, prevención, sensibilización y concienciación. Además, se trata de un plan que ha de ejecutarse en
colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG.
Sin perjuicio del informe sobre el balance de ejecución del primer año del plan, que próximamente presentará el Gobierno, cabe anticipar algunas medidas que se han puesto en marcha. Se han elaborado tres estudios: uno, sobre la trata de
mujeres y su relación con los fenómenos migratorios; un análisis del tratamiento judicial de los procesos penales y, por último, se ha elaborado un mapa con los recursos sociales existentes en nuestro país para atender a estas mujeres. Por otra
parte, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO, ha creado una base de datos específica que permitirá cuantificar el problema, su incidencia real, conocer el perfil de los delincuentes y su modus operandi y este será un
elemento de análisis imprescindible para elaborar y orientar estrategias en la lucha contra esta criminalidad, además de ofrecer información sobre las víctimas, sus circunstancias y su situación de explotación. De momento, y a falta de que se
introduzcan íntegramente los datos sobre estas operaciones, la base ha permitido computar más de doscientas redes o grupos de traficantes desarticulados y más de setecientos delincuentes detenidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
En el capítulo de las reformas legislativas, una de las primeras medidas puestas en marcha por el Gobierno en la presente legislatura con relación a este delito, ha sido la solicitud al Parlamento de ratificación del Convenio del Consejo de
Europa contra la trata de seres humanos de 3 de mayo de 2005. Derivado de este compromiso, el Plan integral recoge una serie de reformas legislativas especialmente significativas en el castigo penal de la trata y en la atención a las víctimas. La
reforma de la Ley de Extranjería reconoce un periodo de reflexión de al menos treinta días, incluso para víctimas extranjeras que se encuentren en situación irregular...
La señora PRESIDENTA: Señor Cabañes, vaya terminando, por favor.
El señor CABAÑES ANDRÉS: Voy terminando, presidenta.
Decía que la reforma de la Ley de Extranjería reconoce un periodo de reflexión de al menos treinta días, incluso para víctimas extranjeras que se encuentren en situación irregular, durante el cual se garantizará la asistencia jurídica
inmediata, posibilidad de intérprete, asistencia psicológica, manutención, etcétera. Se ha creado un fondo para la protección y ayuda social, se prevé un fondo de decomiso y también se ha constituido el foro social contra la trata, organismo
apoyado por el Gobierno y en el que participan administraciones, sindicatos y la sociedad civil. Este foro social en su última reunión aprobó constituir un grupo de trabajo sobre la infancia que, junto con diferentes ONG, va a coordinar las
acciones contempladas en el segundo plan contra la explotación sexual infantil. Además, se han llevado a cabo proyectos de cooperación con países de origen de las víctimas y se han intensificado la formación específica sobre esta materia a diversos
colectivos de funcionarios.
Como verán, el Gobierno, coordinado en este tema por el Ministerio de Igualdad, no ha perdido el tiempo, ha actuado y seguirá haciéndolo con la intensidad que sea necesaria, según evolucione la situación y lo demande la sociedad. A pesar de
todo, y en un tema tan sensible, queremos que la sociedad nos vea unidos y por ello vamos a votar a favor de su propuesta, aun sabiendo que el Gobierno ha hecho bien sus tareas, ha cumplido sus compromisos, está desarrollando adecuadamente el Plan
contra la trata, está actuando en la buena dirección, con contundencia y obteniendo buenos resultados.
Muchas gracias, presidenta, por esta pequeña licencia de tiempo.
La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, tiene la oportunidad de terminar este turno. Si tiene algo que añadir, puede hacerlo para cerrar el debate.
La señora QUINTANILLA BARBA: Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por el apoyo a esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido autoenmendada, y lo que pretendemos es que el Plan integral de
lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos se cumpla.
Asimismo, tengo que decir que no voy a admitir la enmienda de Convergència i Unió, porque entiendo que la ponencia sobre prostitución, que realizó un gran trabajo, tiene su marco legislativo y social en una proposición no de ley o en una
proposición de ley que recoja totalmente lo que significa la prostitución y cómo la vamos a regular o cómo la vamos a abolir de la vida de las mujeres.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD NEGRA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000944.)
- SOBRE MEMORIA DE LA ESCLAVITUD, RECONOCIMIENTO Y APOYO A LA COMUNIDAD NEGRA, AFRICANA Y DE AFRODESCENDIENTES EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001273.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2º, que, como SS.SS. saben, se va a debatir conjuntamente con el punto 3º del orden del día, porque son coincidentes en el contenido y porque ambos grupos parlamentarios han decidido que se puede
tramitar de manera conjunta.
Vamos a dar la palabra al Grupo Parlamentario Popular, porque tiene registrada la iniciativa, antes que el Grupo Socialista, intitulada: Relativa al reconocimiento
de la comunidad negra española. Para ello tiene la palabra... -no se lo van a creer SS.SS., pero lo conozco de tantos años, que sé que se llama Adolfo, pero no el apellido-. (Risas.) Señoría, tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Pues Adolfo González, presidenta. (Risas.) Tengo que comenzar haciendo una declaración. No es habitual verme en esta Comisión, pero me encuentro muy a gusto en la misma, no solamente por los
compañeros y compañeras de mi grupo y del resto de los grupos, sino por la Mesa y por su presidenta, ya que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Hemos tenido labores conjuntas durante algunos años y es muy agradable tener este tipo de
Presidencia, en el Congreso de los Diputados. Además, dada esa amistad y abusando de la misma, teniendo en cuenta que son dos proposiciones no de ley en una sola, la presidenta con su buen hacer dejará el tiempo suficiente, y no creo que me exceda
mucho de lo que está previsto.
Comienzo, señora presidenta y señorías. Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad internacional ha avanzado mucho en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia mediante leyes nacionales e internacionales, eliminándose el intolerable apartheid en Sudáfrica, situación a todas luces paradigmática de lo que no debe ser. Para ello, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Mary Robinson, reafirmó antes de la celebración de la Conferencia de Durban en 2001, que estos cambios en la humanidad nos alientan a aspirar al pleno ejercicio del espíritu humano, al nuevo despertar de todas sus capacidades
inventivas, creativas y morales realizado por la participación de hombres y mujeres en pie de igualdad. Pero en el año 2009 la siguiente comisionada de Naciones de Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, expresó antes de la celebración de
Durban 2009 que no se han hecho suficientes esfuerzos globales para eliminar la discriminación racial, destacando que los gobiernos han fallado incluso en reconocer el racismo como problema. Pues bien, en este contexto es donde hay que situar la
proposición no de ley del Grupo Popular, presentada hace ya algunos meses, como bien ha dicho la presidenta, de ahí que tome la palabra en primer lugar antes que mi compañero del Grupo Socialista -fue presentada en febrero, la del Grupo Socialista
en octubre- y pienso que está suficientemente explicada en su exposición de motivos, pero creo que algo más podemos destacar en este momento. 'Los negros han de ser buenas castas, la tercera parte, a lo más, de hembras y las otras dos varones. Y
no se permitirá la entrada y venta de los que sean inútiles, contagiados o que padezcan enfermedades habituales'. Real Cédula de Carlos IV de 1789 autorizando el libre comercio de esclavos sanos. Repito, 1789. Paradójicamente esta Real Cédula
coincide con la Revolución Francesa, a partir de la cual comienzan las declaraciones de los derechos del hombre. En el mes de febrero de 2009 el rey Juan Carlos homenajeó ante los parlamentarios de la isla de Jamaica: 'A todos aquellos hombres de
este país que dieron su vida en la lucha contra la esclavitud, uno de los más execrables crímenes de la humanidad'. Es decir, 220 años separan estas frases de dos monarcas españoles, lo que nos indica el avance social de esta temática, aunque, como
afirma la representante de Naciones Unidas, en el 2009 queda todavía mucho por hacer.
Como dice la historia, y hablo de la historia con mayúscula, y lo recogemos en la exposición de motivos, el tráfico negrero con su comercio triangular Europa, África y América se mantuvo durante trescientos años, produciendo una caída
demográfica cada vez mayor en África, mientras aumentaba la población negra en América. Esta población negra, junto con la denominada, indios significaron la gran maniobra que pusieron las bases del capitalismo en Occidente, si bien la historia
negra, a diferencia de la historia india, fue la gran silenciada en palabras de Enriqueta Vila Vilar incluso en el constitucionalismo inicial que ni siquiera la mencionó. El devenir histórico del mundo esclavista, como dice la Declaración de Durban
de 2001, debería haber sido considerado siempre como crimen contra la humanidad y así lo consideramos en el Grupo Popular, siendo el sentido estricto de esta proposición no de ley, siguiendo asimismo la senda llevada a cabo por otros países como
Francia, Reino Unido y Jamaica en 2007, Canada, Estados Unidos y Australia en 2008 y Perú en 2009. Además, en España, teniendo en cuenta su cada vez mayor número de población negra, pretendemos con esta proposición no de ley y con la transaccional,
de la que después hablaré, reformar un agravio histórico hacia ella, hacia esa población negra, llevar a cabo políticas de acción afirmativa y afropositiva y contribuir a la erradicación del racismo más duro e intolerable y la violación de los
derechos humanos.
Ahora bien, debo decir que hemos realizado, al igual que la señora Quintanilla, en primer lugar, una autoenmienda de modificación a nuestra propia proposición no de ley con parte de la proposición no de ley del Grupo Socialista, eliminando
el punto 3 de la nuestra, el referido a la retirada de las calles de los nombres de tratantes de esclavos. Pues si bien el espíritu de la proposición no de ley es el de inyectar, como he dicho, una acción positiva, estamos convencidos de que su
aplicación podría generar situaciones complicadas e incómodas, que es lo que no queremos que se produzca y, por supuesto, iría en contra de nuestro objetivo principal que es la concordia entre todos.
Respecto al reconocimiento de la comunidad negra, dado su notorio arraigo, debo decir, señorías, que en España existen en comunidades religiosas, como es el caso de los judíos, la siguiente realidad. La Constitución española de 1978 y la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 crearon un marco nuevo para las minorías religiosas. En 1982 se creó la Federación de Comunidades
Israelitas de España y, en 1992, la Federación de Comunidades Judías de España, que representa a los judíos ante las instituciones oficiales nacionales, según acuerdo con el Estado desde este año como confesión de notorio arraigo. Es decir,
con la aprobación de esta proposición no de ley que, por supuesto, será la transaccional, se puede hacer por primera vez el reconocimiento que los integrantes de la comunidad negra nos solicitan y que desde otras perspectivas, como la religiosa, se
han llevado a cabo en este país con otros grupos del mismo.
En segundo lugar, a este texto enmendado por el diputado que les habla, se ha hecho una segunda enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular a través de un nuevo texto, llegando a una modificación de ambas, la del
Grupo Popular y la del Grupo Socialista y que tienen la Mesa y los distintos portavoces que están en esta sala. Esta transaccional, que ustedes tienen en la mesa, recoge la esencia de lo que significa la proposición no de ley del Grupo Popular,
creo coincidir con mi compañero que hablará posteriormente, que recoge también la esencia de lo que quiere decir la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Señorías, finalizo dando las gracias a don José Vicente por su actitud ante la propuesta que hemos llevado a cabo durante estos días. Le agradezco también que hayamos llegado a un acuerdo que no era fácil no solamente por su grupo ni por el
mío, sino por lo que representan estas dos proposiciones de ley, pero lo que importa es el resultado final.
Hemos llegado a una transacción -esto sí quiero decirlo bien claro- que como tal transacción no es al cien por cien de ningún grupo ni de
las peticiones externas de la propia comunidad negra, hay que ser sinceros con lo que estamos haciendo, sino que responde a aquel equilibrio de consenso natural que debe ser de esta comunidad para el avance de esta comunidad negra no solamente en
España, sino, sin duda alguna, en lo que significa la Unión Europea y aquellos lugares donde esta población negra tiene su presencia y forma parte de la vida cotidiana de estas naciones.
La señora PRESIDENTA: El señor González ha aludido a una enmienda que han transado los dos grupos, que en este momento se está repartiendo para que el resto de SS. SS la tengan.
Tiene ahora la palabra, en nombre del otro grupo proponente el señor Muñoz para defender lo mismo afortunadamente.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señorías, quiero agradecer también, como no podía ser de otra manera, que pueda estar sentado en esta mesa, en esta Comisión, puesto que no soy miembro de ella, para defender una proposición no de ley que tiene suma
importancia por el momento político y social en el que se está debatiendo.
Quiero agradecer a un grupo sectorial afrosocialista de mi partido que haya podido también ayudarnos y ayudarme a poder desarrollar esta PNL, y quiero decir que no hay en el Congreso español precedentes anteriores.
Por tanto, es un dato
importante en estos momentos. Tampoco es casualidad o puede que sí, no por ello es más importante, que en Estados Unidos el día 1 de febrero del año en que estamos el presidente Obama haya proclamado el mes nacional de la historia
afroestadounidense. En este mes de febrero están celebrándose esas efemérides.
Quiero reconocerlo así, esta PNL tiene un antecendente que viene marcado por la Resolución 595 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en la que se reconoció el pasado 26 de junio de 2009 a las personas de
ascendencia africana en Europa. En los considerandos de esta resolución se habla de que, al contrario que la mayoría de personalidades de nuestra época, personas negras, en su mayor parte desconocidas, han realizado importantes contribuciones a la
historia y cultura europeas, incluyendo a un poeta español Juan Latino, Juan de Sesa, nacido en Baena, en la provincia de Córdoba, incluyendo también al duque italiano Alessandro Medici, al novelista francés Alexandre Dumas, al académico alemán
Anthony William Amo, al compositor francés Le Chevalier de Saint George, al abolicionista británico Oladuah Equiano y al gobernador y general ruso Abram Hannibal, tatarabuelo del poeta ruso Aleksandr Pushkin. Considerando que la presencia de la
comunidad negra europea se encuentra fundamentalmente en Francia, con aproximadamente dos millones de personas; en el Reino Unido, con un millón y medio; en los Países Bajos, aproximadamente con medio millón, además de otras comunidades
importantes como Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Noruega, Irlanda, Suiza, España, Bélgica, Dinamarca y Austria; considerando que la presencia de negros en Europa se remonta a las migraciones forzadas y voluntarias resultantes de la proximidad
geográfica de Europa con África y Oriente Medio, incluida la trata trasatlántica de esclavos, la colonización de África y el Caribe, los despliegues militares africanos y afroamericanos, el desplazamiento de refugiados y solicitantes de asilo y
otros intercambios educativos y profesionales. En su parte resolutiva, permítanme que detalle tres elementos, como son: instar a los Estados Unidos de América y a la comunidad internacional a reconocer y a honrar la aportación histórica y actual
de los equipos de los europeos negros; instar a los gobiernos europeos y a los integrantes de la sociedad civil y sector privado, tras consultar con las comunidades negras europeas, a desarrollar y aplicar iniciativas encaminadas a combatir la
discriminación racial y fomentar la igualdad racial en Europa.
Tras la abolición de la esclavitud, reconociendo la tragedia y honrando a sus víctimas, y persistiendo aun la aberrante criminalidad de la trata de personas y de los trabajos forzados como nuevas formas de esclavitud que afectan
especialmente a mujeres y menores, el instrumento internacional para la lucha contra cualquier forma de discriminación y de racismo está enmarcado por la
universalización de la igualdad y su especificación en la no discriminación que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos conceptos, igualdad y no discriminación, han sido instrumentos internacionales que persiguen la
impunidad y la penalización de la violación o trasgresión de dichos derechos fundamentales. Y como establece nuestra Constitución, no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. Entre dichos instrumentos cabe citar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que entró en vigor en el año 1969. El referente más cercano y explícito en relación con el
reconocimiento de la memoria histórica y la condena de la esclavitud y del compromiso político de la comunidad internacional y de los Estados que la conforman es sin lugar a dudas la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia, las formas conexas de intolerancia y la declaración abordada que todo el mundo conoce como la Declaración de Durban, junto a la condena de la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos, del colonialismo, de los efectos y la
persistencia de esas estructuras prácticas que contribuyen a desigualdades sociales y económicas duraderas en muchas partes del mundo de hoy.
La Declaración de Durban reconoce que el apartheid y el genocidio en derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad, afirmando que donde quiera y cuando quiera que ocurrieran deben ser condenados y ha de impedirse que ocurran
de nuevo. Por tanto, no debemos olvidar que, junto al reconocimiento formal de los derechos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, la promoción de las condiciones que lo hagan
posible, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, con la participación ciudadana, se sitúan en el núcleo central de nuestro sistema jurídico político, tal y como se recoge en el artículo 9.2 de la Constitución española. A
dicho mandato responden los importantes avances producidos en el contexto de las políticas de la Unión Europea y muy especialmente en nuestro país a lo largo de estas últimas legislaturas, en materia de género y promoción de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres para el reconocimiento de derechos por las personas con discapacidad, en situación de dependencia, de los derechos de gays y lesbianas, y la eliminación de los obstáculos que, por razones de identidad sexual, discriminaban a
estas personas en nuestro ordenamiento jurídico. Reflejo de estas realidades diversas y de las políticas de participación e integración acometidas, es importante subrayar la existencia de determinados mecanismos que, para profundizar en el impacto
y alcance de las medidas adoptadas y concitar la implicación de la sociedad en el impulso de la responsabilidad de los distintos poderes públicos, se han venido poniendo en marcha paralelamente a estas reformas normativas. Cabe citar en este ámbito
la vigencia del actual Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, la constitución del Consejo para la igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico y la tramitación de un próximo proyecto de ley de
igualdad de trato anunciado por el presidente del Gobierno, que le sitúa en esta línea progresiva y comprometida con los avances en materia de profundización democrática y de derechos de la ciudadanía en nuestro país.
De ahí viene que la proposición no de ley que presentamos en su día, posteriormente a la presentada por el Partido Popular, como bien se decía antes, tiene históricamente para nosotros un momento muy importante, el consenso al que hemos
llegado el Partido Popular y el Partido Socialista, también con el resto de los grupos que están en esta Comisión, porque así lo hemos venido hablando en estos días. Creo que es importante que esa unidad política también se vuelva a manifestar
luego en la unidad de acción de los gobiernos.
La señora PRESIDENTA: Tienen ahora la palabra los grupos parlamentarios que deseen intervenir; supongo que todos los presentes. Señora Fernández Davila, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por supuesto que nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley. Además, lo que vamos a votar, según entiendo de las intervenciones de los dos portavoces, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular,
es la transacción a la que se ha llegado, el acuerdo entre ambos grupos. Agradecemos el esfuerzo de los dos grupos para llegar a este texto, que nos parece que resume mejor que cada una de las proposiciones no de ley individualmente la demanda que
la comunidad negra del Estado español ha hecho llegar a los diferentes grupos. Soy perfectamente conocedora de lo que esta comunidad o una representación de esta comunidad solicita, tanto del reconocimiento de esos tiempos de esclavitud como de
aquellas cuestiones que en este momento, como comunidad que vive en el Estado español, consideran oportuno y necesario que desde la Administración se lleven a cabo para mejorar su vida, tanto desde el punto de vista de la convivencia como para poder
vivir respetando su cultura y sus tradiciones.
Al margen de esto, estando de acuerdo y pareciéndonos bien los distintos puntos que se contemplan en la transacción a la que se ha llegado, sobre todo aquellos que concretizan la cuestión de la comunidad negra en el Estado, sí que queríamos
hacer alguna matización con respecto a lo que se dice en el primer punto, en cualquiera de los dos párrafos. Nosotros entendemos perfectamente que se circunscriba la proposición no de ley que vamos a aprobar a las demandas de la comunidad negra,
pero, como conozco esa reivindicación y la cuestión es que no quiero desvirtuar la iniciativa del Grupo Socialista ni del Grupo Popular, sí quiero explicar por qué queremos hacer estas matizaciones. Entendemos que, de
acuerdo con esas reivindicaciones de la comunidad negra, circunscribamos esta proposición a lo que ellos plantean, me parece muy importante, pero también es conveniente que haya, cuando menos, alguna explicación en relación con que la
esclavitud no solamente fue perpetrada contra la comunidad negra y africana, sino también contra otras muchas comunidades.
Ya no es una cuestión del recuerdo histórico, es una cuestión del recuerdo del presente.
El segundo párrafo del punto número uno hace mención a la necesidad de seguir comprometiéndonos y tener una actitud firme para erradicar el tráfico de personas y de todas las formas de esclavitud moderna que aún persisten en nuestros días.
Nosotros también estamos de acuerdo con esta cuestión, entre otras cosas porque esclavitud moderna sí, pero desgraciadamente todavía perviven formas de esclavitud semejantes a las que los dos portavoces han hecho mención en esa glosa histórica de la
participación de lo que fue el Reino de España en esos tiempos concretos de la historia pasada. Antes, en la primera iniciativa hablábamos de la esclavitud de las mujeres sometidas a la prostitución, pero podríamos hablar de la esclavitud que en
nuestro Estado están viviendo personas sometidas a trabajos que deberíamos denominar trabajos forzados, en la medida en que no es la primera vez que se descubren tugurios, por decirlo de alguna manera, donde hay muchas personas, cantidad de
personas, trabajando sin horarios, sin ningún tipo de garantías sanitarias, etcétera.
Creo que un recuerdo de la historia está bien y es importante, pero también es conveniente que no perdamos la perspectiva de que esa esclavitud existe, independientemente de que la esclavitud esté abolida.
Esto quiere decir que abolir algo
no significa acabar con ello. De ahí que en estos momentos, a pesar de la abolición, a pesar de la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, sigamos siendo testigos -porque lo somos, independientemente de que no podamos verificarlo todos los días
nosotros mismos- de que en nuestro entorno actual viven personas en una situación de esclavitud que, evidentemente, como dice el segundo párrafo del primer punto, es necesario erradicar.
Quería decir esto porque nos parece importante no olvidar que la esclavitud en estos momentos, no solamente se está ejerciendo desde el punto de vista moderno, como se dice en la propuesta que vamos a votar, sino que todavía funciona y
existe con las formas tradicionales de las épocas a las que se ha hecho alusión en la defensa de las dos proposiciones no de ley. Termino diciendo que vamos a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora el turno por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Agirretxea, si desea tomar la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Voy a intervenir muy brevemente para mostrar la posición de mi grupo ante esta propuesta conjunta; también nosotros nos congratulamos de que pueda ser un concepto conjunto. Evidentemente no voy a reiterar, por
mucho que sea una declaración de principios muy genérica, todo aquello que está recogido en la Carta de Derechos Humanos y todo aquello que está recogido en la parte llamemos de derechos civiles de cualquier Constitución occidental homologable; lo
voy a omitir, porque se da por hecho. Reiterar esos principios básicos que hacen que cualquiera de los que estamos aquí estemos donde estamos me parecería incidir en exceso, aunque a veces esas cuestiones hay que recordarlas; pero démoslo por
supuesto, como el valor en el soldado. Es decir, tiene que ser el principio todo aquello que está recogido como delito, todo aquello que está reconocido como derecho en la Carta de Derechos Humanos y en cualquiera de las constituciones que en estos
momentos pueda haber en cualquier democracia homologable. A partir de ahí podemos plantear una serie de cuestiones, que no son en ningún momento una crítica en el sentido destructivo, sino que es que hay que tener una serie de consideraciones en
torno a este tema.
Mi grupo apoyará esta propuesta, como no podía ser de otra manera, pero vuelvo a reiterar que hay una serie de cuestiones que ya tienen que ser principio básico, y no tiene que ser -perdónenme la expresión- ningún mérito traer propuestas de
esa índole, porque sería bastante deprimente que tuviéramos que traerlas para que pudieran llevarse a cabo. Creo que todos los que estamos aquí tenemos sobradamente asumido que eso debe ser así por principio democrático, por derecho humano y porque
es un derecho civil innato, desde cualquier concepto democrático occidental. A partir de ahí, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. No me gusta -y lo digo así, personalmente; esto no es una opinión de partido, es una opinión personal-
el concepto de comunidad negra, porque, por el mero hecho de decirlo, ya estamos haciendo una distinción basándonos en el color de la piel. Prefiero que se denomine comunidad africana; incluso dentro de la comunidad africana puede haber
diferencias basándonos en los países de los que proceden. Puedo decir claramente que, en Euskadi, la integración de las comunidades senegalesas ha sido muy importante, muy interesante. Ha sido una especie de simbiosis, que creo que es un ejemplo
en muchos sitios, y nunca se me ha ocurrido llamarla comunidad negra, porque eso es, repito, basar una comunidad en el color de su piel.
Llamémosle comunidad africana, ya que pienso que el origen nacional de esas personas les define mejor que el
color de su piel.
Dicho esto, me da la sensación de que nuestra compañera de Convergència i Unió va a hacer una especie de enmienda in voce en torno a que ciertas políticas de integración ya se están llevando a cabo sin duda alguna en las comunidades
autónomas y creo que no podemos olvidarnos de que aquello que pedimos al Gobierno español tendrá que hacerlo sin duda alguna en cooperación con las comunidades autónomas y respetando claramente cuáles son las competencias que en materia de
integración, en materia de esta índole, incluso en algunas cuestiones de inmigración, también tienen las comunidades autónomas. Que sea respetuoso en ese sentido.
Sin más, solamente quiero recordar que a veces nos olvidamos muy pronto de un pasado no tan lejano y en la propia Constitución de Cádiz, que tan alabada es muchas veces, hay que leer qué es lo que dice en torno a los derechos civiles y
quiénes son los ciudadanos españoles, quiénes son los libertos y cuándo les da la carta de ciudadanía a los mulatos, no dejándoles votar, porque si no, quizás, las comunidades americanas tendrían más representación que las propias comunidades
peninsulares.
Pero todo eso está olvidado y gracias a Dios hoy en día vivimos en otra fase.
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, tiene la palabra en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: En primer lugar, quisiera agradecer tanto las exposiciones de motivos como las intervenciones que han realizado los dos ponentes de las sendas iniciativas del Grupo Popular y del Grupo Socialista por la erudición y
por la delicadeza con las que nos han ilustrado acerca de nuestra participación en uno de los capítulos, a mi juicio -y creo que a juicio de todos-, más oscuros de la historia de la humanidad, que es la esclavitud. Por lo tanto, quiero agradecer el
esfuerzo que se ha hecho realmente por situar unas iniciativas en su contexto histórico y en el trabajo que han realizado. En segundo lugar, quiero celebrar el acuerdo al que se ha llegado, un acuerdo -se ha señalado ya, pero también quiero
reiterarlo- que a nuestro juicio recoge lo mejor de las dos iniciativas. Recoge, por una parte, la recuperación de la memoria del pasado y, por otra parte, nos dice que no puede ser un mero recuerdo, sino que esto debe plasmarse en actuaciones
concretas y, por lo tanto, lo que hace es diseñar un abanico de políticas en una agenda de presente y de futuro. La simbiosis o la síntesis de estas dos iniciativas realmente aborda un abanico completo de algo que es de justicia hacer a toda la
memoria histórica del tema de la esclavitud.
Del contenido de la parte dispositiva de la enmienda de modificación, me gustaría resaltar el reconocimiento a la comunidad negra, y lo digo así porque entiendo perfectamente las matizaciones que ha hecho el portavoz que me ha precedido en
el uso de la palabra, pero me parece que es la autodenominación que se da la comunidad que nos lo pide y, por lo tanto, por respeto a lo que ellos mismos se autodenominan, voy a celebrar que sea así. También quiero resaltar que se abunde en algo
que sigue existiendo, que es, como ha dicho la portavoz Fernández Davila, la esclavitud que persiste en nuestros días y también la necesaria lucha contra el racismo. Quiero añadir que me gusta el homenaje que se ha hecho a los millones de personas
que, colectiva e individualmente, han tenido el coraje y la convicción moral de luchar por la abolición de la esclavitud en el mundo entero. Porque hoy, en el siglo xxi, parece fácil abominar de la esclavitud, pero no siempre ha sido así y, como
bien se dice en la exposición de motivos, hecha por don Adolfo González, es verdad que durante la colonia hubo voces críticas contra el inhumano tráfico, pero la legitimidad de la institución de la esclavitud nadie la discutió. Por lo tanto, sí que
hay que poner en valor a aquellas personas que, apartándose de la corriente mayoritaria, de lo que estaba socialmente bien visto, alzaron sus voces, individual o colectivamente, para abominar de algo de lo que la humanidad entera nos tenemos que
avergonzar.
Por último, me sumo a algo que ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en el sentido de que en algunas políticas que aquí se exponen, que se mandatan al Gobierno, también hay competencias que residen en las comunidades
autónomas. Por tanto, me gustaría que en los puntos b) y c) se tomara como una enmienda in voce añadir, cuando se mandata incluir en los trabajos racismo y xenofobia medidas para, 'en cooperación con las comunidades autónomas', promover el respeto,
conocimiento, etcétera; eso, por lo que respecta al punto b) -luego lo pasaré, si se acepta, a la Mesa-. Por lo que se refiere al punto c), cuando dice apoyar el trabajo por la equidad étnica y de género.
fortaleciendo, también en cooperación con
las comunidades autónomas, el desarrollo de políticas públicas, servicios y propuestas.
Ratifico que, naturalmente, me voy a sumar con entusiasmo a votar positivamente estas dos iniciativas.
La señora PRESIDENTA: Señorías, llevamos una tarde parlamentariamente encomiable. Lo digo pensando en los ciudadanos y porque estamos tratando temas muy importantes, los derechos humanos, desde esta Cámara.
Me imagino que los señores González y Muñoz tendrán algo que decir, especialmente de la intervención de la señora Pigem y de la enmienda in voce que presenta, para poder cerrar este debate.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Nuevamente quiero agradecer a todos los grupos la seriedad y el rigor con que han tratado estas dos proposiciones no de ley y la enmienda transaccional. Por supuesto, no hay por mi parte ni
por la de mi grupo ningún inconveniente en que, tanto en el apartado b) como en el c), se agregue la frase 'en cooperación con las comunidades autónomas'. Realmente ha sido un lapsus por mi parte y supongo que también por parte del representante
del PSOE.
La señora PRESIDENTA: Señor Muñoz, ¿quiere usted añadir algo?
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Me sumo a las palabras del señor González y pido disculpas, porque no debería
habérsenos olvidado que tenemos un Estado democrático y constitucionalmente descentralizado. Por tanto, lo asumimos también con mucho cariño.
La señora PRESIDENTA: Añadimos, pues, el sentido en el que SS.SS. se han manifestado para completar el texto de la enmienda de modificación transada y que formará parte de la proposición no de ley que finalmente subsume no solamente la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular a la que di lectura al principio del debate de estos dos puntos, sino también la del Grupo Parlamentario Socialista, a la que voy a dar lectura también ahora para que conste en el 'Diario de Sesiones'. Su
título es: Sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra, africana y de afrodescendientes en España.
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001467.)
La señora PRESIDENTA: Terminado este debate, pasamos señorías al siguiente punto del orden del día que, como saben, hemos alterado. El punto 4º pasa a ser el 5º y, por tanto, continuamos con el punto 5º del orden del día: proposición no
de ley sobre la realización de un estudio de la discriminación salarial, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa del mismo tiene la palabra la señora Medina.
La señora MEDINA TEVA: Efectivamente, señoría, intervengo para presentar una proposición no de ley de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, acerca de un tema que nos preocupa y que también nos ocupa, un tema del que encontramos
numerosos antecedentes parlamentarios en uno u otro sentido y que sin duda tiene una extraordinaria importancia. Me refiero a la discriminación salarial.
Desde mi grupo entendemos las políticas de igualdad como motor de desarrollo económico del país, como una profundización de la democracia y, por supuesto, como una cuestión de justicia social. Pero es más, la equiparación de las mujeres a
los hombres en el sector de la economía es una cuestión estratégica de desarrollo económico. Los países que no utilizan el talento de la mitad de su población realizan una asignación de recursos poco eficiente, crecen menos y ponen en riesgo su
competitividad. Por tanto, una de las mejores iniciativas para conseguir la igualdad de género es, sin duda alguna, conseguir la igualdad en el empleo, que es el principal elemento de autonomía personal, independencia económica y contribución a la
sociedad al que tienen derecho hombres y mujeres. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, es un poderoso instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad de trato y para la eliminación de toda
discriminación contra la mujer en cualquier ámbito de la vida, favoreciendo así su incorporación al mercado laboral y equilibrando también así el empleo en nuestro país. El objetivo es más empleo femenino y, por supuesto, de mayor calidad.
Señorías, efectivamente es una realidad que la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha ido incrementando de forma paulatina desde los años ochenta aproximadamente, pero muy especialmente desde el año 2004. Concretamente,
pasábamos de los 6,5 millones de mujeres ocupadas a principios de este año a los 8,4 de mujeres ocupadas en la actualidad. Es mucho el camino que queda por recorrer, pero son innegables, por otro lado, los logros conseguidos en la última década.
Como saben, recientemente se ha celebrado el Foro europeo de mujeres, en Cádiz, y en este encuentro el secretario de Estado de Integración e Igualdad de Género de Suecia presentó un informe de seguimiento de los compromisos de Beijing y
aportó un dato muy interesante a esto último que acabo de comentar. Habló de cómo la tasa de empleo femenina ha avanzado, del 40 por ciento, a un 60 por ciento en los últimos años. Este dato, que es una realidad, se une a otra realidad, que es la
inestabilidad, el desempleo, la temporalidad, que siguen afectando a las mujeres, así como las diferencias retributivas, que continúan siendo un grave indicador de la persistencia de la desigualdad por razón de sexo en las relaciones laborales.
Señorías, en la exposición de motivos de la proposición no de ley se han reseñado una serie de estudios que evidencian esta problemática. Estos informes reflejan que la variación de la remuneración entre hombres y mujeres también se ve
afectada por otros factores, como la edad, aumentando la diferencia para las mayores de 55 años respecto a sus compañeros. Esta diversidad de datos nos demuestra que las mujeres acceden al mercado laboral en peores condiciones que los hombres y
que, una vez dentro, la situación de la mujer en cuanto a la retribución que percibe se encuentra en clara desventaja respecto a la de los trabajadores. Sin embargo, también nos muestra que esta situación de discriminación es compleja. Esta
complejidad se origina posiblemente en la misma complejidad del mercado de trabajo, donde coexisten sectores muy diferenciados que derivarán en discriminaciones por causas no siempre idénticas, lo cual dificulta el desarrollo de indicadores
adecuados y normalizados. Por tanto, para superar esta situación de desventaja grave de las mujeres, debemos alcanzar un conocimiento lo más cercano posible a las realidades complejas que lo motivan, sin que diversas aproximaciones al problema
deriven, no en una solución, sino en una disparidad de conclusiones que nos impidan desarrollar los mecanismos e instrumentos adecuados y necesarios para borrar la brecha salarial de manera definitiva.
Por esto, señorías, señora presidenta, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley, instando al Gobierno a elaborar un
informe sobre la discriminación salarial en España por razón de sexo, que permita establecer las acciones políticas necesarias para su erradicación.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra la señora Quintanilla para defender la enmienda de su grupo.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae una iniciativa que, como muy bien decía la ponente de la misma, se ha debatido en determinados momentos y en distintas legislaturas y que habla de lo que
significa la discriminación salarial femenina, que desgraciadamente no es la primera vez que se aborda en esta Comisión. Tengo que decirles que, como recordarán, el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, ya trajo a esta misma Comisión en
el pasado mes de mayo del año 2009 una proposición no de ley instando al Gobierno a poner en marcha una serie de medidas para acabar con la discriminación salarial que sufren miles de mujeres en España y con la que pretendíamos dar un paso adelante
para acabar con esta desigualdad, que desgraciadamente sigue existiendo en pleno siglo xxi.
Todos estamos de acuerdo, sin duda, en que la igualdad es la base donde se sustentan y se asientan todas las sociedades democráticas, pero también coincidiremos, seguro, en que la igualdad no solamente tiene que ser una realidad en el papel,
en las leyes, sino que tiene que ser una realidad en la práctica. Así, al menos, en todos los ámbitos de la sociedad, pero, desde luego, desgraciadamente, en el ámbito laboral todavía vemos, señorías, cómo la discriminación salarial sigue siendo
una brecha que tenemos que curar, porque sigue estando en la vida de las mujeres. Este debate no es nuevo, como bien saben ustedes. El Grupo Parlamentario Socialista ahora pide un informe sobre la discriminación salarial en España y nosotros, mi
grupo parlamentario, señoría, estamos de acuerdo con que se elabore dicho informe, ya que, como dije en su día, en el debate del 6 de mayo, la discriminación salarial no aparece reflejada de forma específica como tal en los informes de la Inspección
de Trabajo, sino que suponemos que se incluye dentro del apartado discriminación por razón de sexo en la relación laboral. Por tanto, y a pesar de estar de acuerdo con la realización de dicho informe, también entendemos que las iniciativas que se
aprueben en sede parlamentaria, como la que presentó mi grupo parlamentario hace nueve meses, deben ser puestas en marcha y llevadas a la práctica. Por ello, hemos presentado esta enmienda, una enmienda en la que pedimos clara y contundentemente
que se hagan efectivas las medidas aprobadas en esta misma Comisión el pasado 6 de mayo de 2009 en la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario contra la discriminación salarial femenina, porque allí lo dejábamos claro en el
debate. Queríamos una inspección de trabajo en colaboración con las comunidades autónomas que estableciera claramente el control y la fiscalización de la discriminación salarial por razón de sexo e incrementar el número de actuaciones. También
pedíamos una mayor información y evaluación de los resultados alcanzados en materia de igualdad y, por supuesto, que se pusieran en marcha mayores medidas a la hora de romper la brecha de la discriminación salarial que siguen sufriendo las mujeres
en España.
Dos años después de la puesta en marcha de la Ley de Igualdad la discriminación salarial femenina sigue estando presente en la vida de las mujeres. Hay mujeres hoy en España que cobran 6.000 euros de salario medio anual menos que sus
compañeros hombres. Si nos vamos a todo el territorio español, veremos distintas y notables diferencias significativas dependiendo de la comunidad autónoma donde vivan estas mujeres. Estas desigualdades deben desaparecer y debe ser precisamente el
Estado el que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que desaparezcan, porque es su obligación velar y vigilar por que la Ley de Igualdad se cumpla y porque es de justicia social que las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas
oportunidades que los hombres a la hora de trabajar y de ver retribuido su trabajo. (La señora vicepresidenta García Valls ocupa la Presidencia.)
Señora presidenta, termino diciendo que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el esfuerzo que han hecho las mujeres para aportar su potencial al tejido económico de España, a su crecimiento y a la consolidación de la igualdad
real de oportunidades debe tener su reconocimiento por parte del resto de la sociedad. Por eso volvemos a pedir hoy aquí, en esta Comisión, y con esta enmienda, que se pongan en marcha todas las medidas oportunas para hacer justicia a miles de
mujeres trabajadoras que en España siguen sufriendo la discriminación salarial.
Creo que llegaremos a un acuerdo con el grupo proponente, con el Grupo Parlamentario Socialista, porque así me lo ha hecho saber su portavoz, la señora Medina, en una
transaccional donde entendemos que efectivamente este informe es necesario, pero que cuando este informe se remita a la Cámara tiene que llevar unida la proposición no de ley 161/000547, del Grupo Parlamentario Popular, que recogía claramente las
medidas contra la discriminación salarial femenina que sufren todavía miles de mujeres en España. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Valls): Tiene la palabra la señora Pigem para defender su enmienda.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió nos felicitamos de que próximos al día 22 de febrero -que creemos que es el día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres-, el Grupo Parlamentario Socialista nos traiga a debate de
nuevo una cuestión tan importante como es la diferencia y la discriminación salarial entre hombres y mujeres, una de las discriminaciones más difíciles de erradicar, como hemos visto por
los diferentes datos que nos van suministrando periódicamente. En una serie de datos de los últimos veinticinco años vemos que no solo no se ha ajustado la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, sino que incluso la brecha ha
aumentado en un punto porcentual. Por tanto, de entre todas las discriminaciones -que haberlas, hay muchas-, esta es una discriminación francamente difícil de erradicar. Digo también de nuevo porque, como bien ha expuesto la señora Quintanilla, en
esta Comisión hemos defendido con anterioridad iniciativas, tanto del Grupo Socialista como de otros grupos, a través de las cuales hemos aprobado medidas para avanzar en la lucha por esta discriminación. Yo me felicito de que el Grupo Socialista
admita la enmienda que le ha planteado el Grupo Popular, porque mejora el contenido de la resolución, y asimismo quisiera defender la enmienda que nosotros hemos presentado. Cuando he dicho de nuevo era porque no era una iniciativa en la que se
hablara ex novo de esta situación y también porque no es que no haya ningún estudio; por ejemplo, en la web La mujer en cifras, del Instituto de la Mujer, vemos que, cuando habla de diferencia salarial, y de discriminación salarial nos dice que el
Instituto de la Mujer abordó en el año 2007 un estudio para analizar este fenómeno, en el que además se pretendía establecer una comparativa con los datos de una anterior encuesta relativos al año 1995 para hacer esta secuencia. Nos sigue diciendo:
Existían, sin embargo, importantes diferencias metodológicas entre ambas encuestas que hacían imposible una comparación directa. Tras establecer las operaciones precisas para homologar dichos datos, se comprobó que la diferencia salarial entre 1985
y 2002 había descendido un punto porcentual, mientras que la discriminación salarial propiamente dicha se había incrementado en el mismo porcentaje, por lo que puede concluirse que tanto en un caso como en otro la diferencia entre ambos años -estoy
hablando de veinte años- ha sido prácticamente inexistente. Dice también que el estudio demuestra igualmente que hay importantes diferencias salariales entre mujeres y hombres según la comunidad autónoma.
¿Qué pedimos en nuestra enmienda? Pedimos que, puesto que no hay un estudio que averigüe las causas, aunque sí los porcentajes, nos parece muy acertado que se haga dicho estudio, pero ponemos un plazo, que es de seis meses. Entendemos que,
cuando el grupo que sustenta al Gobierno hace esta proposición no de ley, el Gobierno debe estar preparado para hacer este estudio, porque previsiblemente se va a aprobar. Por otra parte, añadimos que este informe recoja los datos de las
comunidades autónomas y que sea remitido a esta Cámara para que, en consecuencia con el mismo, podamos articular las iniciativas que veamos que son mejores para avanzar en la lucha contra esta discriminación.
Deseo que se acepte nuestra enmienda, y ya se nos ha dicho por las portavoces del Grupo Socialista que se podía aceptar, cosa que agradecemos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Valls): Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Tenemos que decir que no hemos presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Socialista porque, en principio, no tenemos nada que objetar a que hoy se apruebe y, por tanto, ningún motivo para
no votar favorablemente dicha propuesta sobre que el Congreso inste al Gobierno a elaborar un informe sobre la discriminación salarial. Pero sí queremos decir que nos sorprende que el Grupo Socialista, a 25 de enero de 2010, presente esta
propuesta, no sin valorar lo que tiene de positivo, sobre todo por algo que acaba de argumentar la señora Pigem sobre lo cercanos que estamos al momento del 22 de febrero, cuando se celebra -por decirlo de alguna manera, pero lo decimos en plan
reivindicativo- la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Si digo que nos sorprende es porque entendemos que en estos momentos existen suficientes informes, suficientes estudios, abundantes sentencias, tanto de magistraturas como del Tribunal
Constitucional, que identifican las razones por las que se da la discriminación salarial y por qué esta pervive, a pesar de todos esos estudios y sentencias, incluso a pesar de los avances que se han dado en los últimos treinta años en relación con
el hecho de que, a través de la negociación colectiva, se han eliminado algunas discriminaciones salariales. Digo que hay suficientes estudios porque incluso mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, esta diputada, presentó en esta misma Comisión
una proposición no de ley que fue debatida el día 6 de mayo de 2009, junto con otra del Grupo Popular, como bien ha dicho la señora Quintanilla, y después del debate llegamos a un acuerdo de transacción, que fue aprobado, que es al que ella ha hecho
referencia.
La proposición no de ley que nosotros presentamos tenía una exposición de motivos que se basaba en diferentes estudios que identificaban el fenómeno -por decirlo de alguna manera- de la discriminación y trataba, con más o menos fortuna, de
buscar soluciones al problema que ya estaba identificado. Evidentemente, nosotros valoramos muy positivamente los acuerdos a los que llegamos ese día en la transacción aprobada ya que entendíamos que era un paso adelante, entre otras cosas porque
una de las cuestiones aprobadas era que desde el Gobierno se iba a priorizar en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación. En estos momentos estamos ante una
situación de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales y económicos, y por la documentación que sirve de base a ese diálogo vemos que la cuestión salarial no se trata y la igualdad de género en las relaciones laborales se trata de una manera
muy ligera y no se profundiza en absoluto en la búsqueda de soluciones al problema de la discriminación. Podríamos decir que en el momento de crisis que estamos viviendo, como decía alguien, no es un buen
momento para la lírica, pero si cada vez que hay una crisis las conquistas de las mujeres van a sufrir retroceso nunca llegaremos a la igualdad, porque llevamos un siglo en el que vamos avanzando y retrocediendo de tal manera que el famoso
siglo de las mujeres, que iba a ser el siglo xx, no acabó siendo tal, estamos en el siglo xxi y mucho nos tememos que tampoco pueda serlo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Vamos a apoyar la propuesta que hace el Grupo Socialista, pero consideramos que el Gobierno debe hacer algo más que un estudio. Creemos que el Gobierno debe llevar a cabo los puntos que fueron acordados y aprobados en esta Comisión el 6 de
mayo del año 2009 porque son pasos positivos y porque desde el punto de vista de la jurisprudencia el trabajo está hecho, desde el punto de vista de las centrales sindicales el trabajo de analizar el problema también está hecho y, como dije
anteriormente, está perfectamente identificado. Ahora es preciso dar pasos adelante, que evidentemente tienen que ser políticos y tienen que instar a las partes correspondientes, es decir, los agentes económicos y los agentes sociales; en
definitiva, aquellas partes que tienen que resolver el problema. Damos este apoyo convencidos de que hablaremos en más ocasiones de esta cuestión.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el nombre del Grupo Vasco el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Nos parece bien, pero siempre digo lo mismo, es decir, pedimos al Gobierno cosas que debería hacer sin que nadie se las pidiera. La iniciativa legislativa del Grupo Socialista últimamente está un poquito pobre.
Si existe una discriminación salarial -ya hay datos clarísimos que lo atestiguan- no hace falta pedir ningún informe.
Lo que hay que hacer es actuar. Siguiendo la línea de lo que decía mi compañera la señora Pigem, si la ley ya estima oportuno que
no puede haber discriminación por razón de sexo, lo que hay que hacer es que la ley actúe, es decir, no hace falta ningún planteamiento especial sino simplemente hacer que la ley se cumpla. No se puede discriminar a nadie por razón de sexo; eso lo
dice la ley básica. ¿Quién es el que incumple esa ley? Habrá que actuar contra quien la incumple. Mucho tendrán que ver las patronales y los sindicatos en este tema, porque no sé si es una cuestión gubernamental y de ley o de aplicación de algo
que es básico, es decir, que las empresas contratantes, los sindicatos que participan en las negociaciones colectivas, etcétera, tomen cartas en el asunto, porque si no, estamos aquí haciendo una prevaricación de primera índole.
Apoyaremos esta
iniciativa, pero consideramos que lo que hay que hacer es poner en marcha algo que ya está establecido desde hace mucho tiempo.
La señora PRESIDENTA: Señora Medina, supongo que tiene que hacer uso de la palabra.
La señora MEDINA TEVA: En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los portavoces que han intervenido y también por el apoyo a esta iniciativa.
Hemos aceptado las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley y a su vez en
el Grupo Parlamentario Socialista hemos hecho una refundición que paso a leer para que vea la presidenta cómo ha quedado.
El punto 1 sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un informe sobre la discriminación salarial en
España por razón de sexo que permita establecer las acciones políticas necesarias para su erradicación, incluyendo las medidas contempladas en la proposición no de ley 161/547, aprobada en esta legislatura por el Congreso de los Diputados. Ahí
efectivamente se incluyen tanto las medidas que aportaba el Grupo Popular como las del resto de los grupos, a lo que se refería antes la portavoz del BNG, y que por supuesto también quedarían incluidas. Hay un segundo punto en el que recogemos la
iniciativa de la señora Pigem, que es remitir dicho informe en el plazo de seis meses al Congreso de los Diputados, incorporando asimismo los datos disponibles que provengan de las comunidades autónomas. Aquí se demuestra la voluntad del Ministerio
de Igualdad de que este tema realmente se trate, se le dé la importancia que tiene y se llegue a soluciones lo antes posible.
- SOBRE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001340.)
La señora PRESIDENTA: Terminamos la anterior proposición no de ley, que era el punto 5.º del orden del día, y acabamos con el punto 4.º, aunque parezca un poco atrabiliario, pero así son las cosas, ¿verdad, señor Herrera? En nombre de su
grupo parlamentario tiene la palabra el señor Herrera para defender la proposición no de ley sobre la lucha contra la violencia de género. Tiene un tiempo generoso de cinco minutos.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidenta, por su generosidad y también por el cambio en el orden del día, porque esto de estar pluriempleado en esta tarde de miércoles tiene estas cosas.
En primer lugar, hay que constatar que en los últimos años en España se han dado pasos importantes en la dirección de proteger los derechos humanos de las mujeres y se han dado pasos con medidas legislativas y planes ante patrones
extendidos, como el caso de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas. Sin embargo, aún hay un largo camino que recorrer. Pese a los avances que ha supuesto la entrada en vigor de la ley, la cuestión más preocupante que
tenemos que encarar es mejorar el impacto de los aspectos fundamentales de los itinerarios de las mujeres que han sufrido la violencia machista. Saben ustedes que
en un informe reciente, presentado con ocasión del tercer aniversario de la plena entrada en vigor de la ley integral, Amnistía Internacional mostraba un conjunto de preocupaciones y factores que impedían su efectivo cumplimiento y su
eficacia, valga la redundancia, entre ellos, por ejemplo, la escasez de financiación; las medidas y prácticas que en el marco de la lucha contra la llamada inmigración ilegal comprometían severamente los derechos de las mujeres extranjeras o que
propiciaban abusos; la ausencia de evaluaciones sobre las medidas implementadas, con participación de las mujeres supervivientes y de sus organizaciones. El informe de evaluación de la ley, realizado en este caso por Aministía en el año 2009,
añadía además otros aspectos, por ejemplo, los déficits en atención sanitaria, el acceso a recursos de atención integral accesibles y de calidad, la asistencia letrada inmediata o la consolidación del principio de no discriminación, que son
compromisos que aún en parte están por cumplir. Se ha avanzado mucho, pero es verdad que hoy existen déficits que se han constatado en esta Comisión y en esta misma Cámara.
De ahí el sentido de esta proposición no de ley. ¿Qué pedimos? En primer lugar, la financiación. En el punto número 1 se plantea que necesitamos la financiación y la coordinación entre todas las administraciones y agentes implicados,
dotando de recursos suficientes a las administraciones que tienen competencia en estos ámbitos vinculados porque, lo hemos dicho muchas veces, sin recursos los derechos no salen del papel. En segundo lugar, ¿qué planteamos? El principio de no
discriminación en el despliegue de la ley para eliminar los factores de discriminación que dificultan el acceso efectivo a los beneficios de algunos colectivos de mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Estamos pensando
en muchos colectivos, pero especialmente en las mujeres inmigrantes y sobre todo en aquellas que están en una situación administrativa irregular. Planteamos otro punto, que es la reforma de la Ley de Extranjería, de la que se ha reformado
recientemente. Para nosotros aquí no ha habido una solución adecuada. En aras del consenso vamos a retirar este punto, pero quería explicarme.
Ustedes saben que hasta ahora a las mujeres en situación irregular que presentaban una denuncia por
malos tratos se les abría un expediente de expulsión. Pues bien, de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería, ahora se les abre expediente de expulsión y se les suspende el proceso de expulsión a expensas de lo que pase en el juicio. La
cuestión es que si una mujer presenta una denuncia y finalmente esa denuncia no prospera porque en el derecho penal, un sistema garantista, obviamente, no hace que esta persona esté condenada, y el presunto maltratador no es condenado, esa persona
acaba padeciendo la ejecución del procedimiento de expulsión. Eso vulnera un principio básico en materia de derecho, que es el principio de indemnidad. Por eso entendemos que la solución que se ha dado en la Ley de Extranjería es claramente
insatisfactoria. ¿Se ha mejorado? Claro que sí. Se suspende el procedimiento de expulsión, pero el hecho de que se abra el procedimiento de expulsión ya es un factor disuasorio para que la mujer presente la denuncia. En aras del consenso vamos a
retirar este punto, pero queremos que en el mes de septiembre se valoran en esta casa las consecuencias de la reforma de la ley y si realmente las mujeres inmigrantes en situación irregular están presentando las denuncias que hasta ahora no
presentaban, porque el procedimiento de expulsión se abría y se ejecutaba y ahora se suspende, pero, si ustedes me permiten la expresión, estas mujeres están colgadas de un hilo a expensas de lo que suceda y, si a esa persona no se la condena tienen
un doble drama. Y el drama derivado es que ese procedimiento de expulsión finalmente se ejecuta.
Nos parece muy importante que en el despliegue de esta ley se asegure la equidad territorial en la respuesta ante la violencia machista, especialmente en el ámbito de la atención sanitaria y de la asistencia integral, porque saben ustedes
que continúa pendiente la puesta en práctica efectiva del derecho de la sobreviviente a la atención sanitaria adecuada prestada por profesionales con formación. Esto en algunos casos se produce, pero en otros casos no, y es preocupante la falta de
mecanismos institucionales de planificación para garantizar la disponibilidad de recursos especializados de atención a la víctima en todo el territorio estatal. Además de la escasez de recursos especializados, existen obstáculos de accesibilidad
para mujeres en municipios rurales o periféricos derivados de la ubicación de los servicios de atención en las capitales de provincia. Por tanto se tendría que avanzar hacia la implantación y funcionamiento de una red de recursos de alcance estatal
de atención integral, con respeto, por supuesto, a las competencias de las comunidades autónomas y que sea acorde con los estándares mínimos previstos por el Consejo de Europa. Para garantizar una buena atención es imprescindible la elaboración de
este plan estatal de formación en el ámbito sanitario y en el ámbito judicial dirigido a todo el personal con competencia en esta materia, con acciones, con calendario, con presupuestos, para que existan garantías de especialización del personal
sanitario encargado de la atención hospitalaria de urgencia a esas víctimas de violencia sexual, y los planes para que sean creíbles y eficaces. En esta misma línea, entendemos que se tiene que asegurar que todos los juzgados de violencia sobre la
mujer dispongan de los medios materiales adecuados y con personal suficiente y especializado en materia de violencia de género. Hay avances, pero no se han producido todos los que son necesarios en esta materia. Entendemos que los juzgados
especializados en violencia contra la mujer no han resuelto todas las trabas en el acceso a la justicia y se precisa una evaluación del funcionamiento con la participación del conjunto de profesionales que intervienen, garantizando la asistencia
letrada inmediata y especializada a todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Este sería un elemento fundamental.
Voy acabando, señora presidenta. Creemos que se tiene que garantizar la asistencia letrada especializada en todo el territorio y se debe incrementar la efectividad de las medidas de protección. Se debe incluir en la ley la garantía del
derecho a la reparación. Este es un tema no resuelto en la ley y es uno de los que quedaron pendientes. Ustedes lo saben, y para nosotros sería un elemento importante. Para acabar, señora presidenta, en aras del consenso y de que la proposición
no de ley pueda prosperar, vamos a pedir que se apruebe en los términos que se plantean, con dos salvedades. La primera de ella es que se establezca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, respetando las competencias de las comunidades
autónomas, a, y que se relate cada uno de los puntos, y en aras de que se consensúe vamos a retirar el punto que hace referencia a la reforma de la Ley de Extranjería, desde nuestro convencimiento de que la solución que se ha dado no es la mejor y
con el compromiso que traslado a SS.SS. que, a principios de septiembre, cuando ya llevemos nueve meses de aplicación de la Ley de Extranjería, podamos valorar cómo se está aplicando y si la solución que se dio en la Ley de Extranjería ha sido la
mejor de las soluciones. Ya les digo que nosotros creemos francamente que no lo es porque no se respeta el principio de indemnidad. En cualquier caso, lo valoraremos en septiembre, y en aras del consenso, retiramos este punto.
La señora PRESIDENTA: Como no está enumerada, ¿se refiere al penúltimo párrafo exactamente?
El señor HERRERA TORRES: Me refiero al penúltimo párrafo exactamente, que habla de reformar la Ley de Extranjería. Ese párrafo se retiraría y la proposición no de ley se aprobaría en los términos que se ha presentado retirando ese párrafo
y añadiendo el respeto a las competencias de las comunidades autónomas en la primera de las frases que se exponen en la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: No está la señora Fernández Davila. Señor Agirretxea. (Pausa.) Tiene la palabra la señora Pigem en nombre de su grupo.
La señora PIGEM I PALMÉS: Cuando en noviembre del pasado año 2009 aprobamos las conclusiones del informe de la subcomisión de valoración de la ley integral manifestamos claramente que se trataba de un estudio con unas conclusiones y unas
recomendaciones y que en ningún modo se trataba de una modificación legislativa directa. Desde este punto de vista hemos valorado muy positivamente que el señor Herrera nos presentara la primera iniciativa encaminada a impulsar que esas
recomendaciones se tradujeran en reformas concretas de las leyes correspondientes. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Pigem. Señorías, les ruego silencio.
Esta sala tiene mucho ruido de ambiente y apenas se oye.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Decía que, respecto al último párrafo de la iniciativa que estamos debatiendo en cuanto dice asegurar que las recomendaciones de la subcomisión serán incorporadas de manera inmediata a la ley, nos hemos felicitado
desde el primer momento de que hubiera este texto en esta iniciativa. Mayor problema nos causaba el resto del texto de la parte dispositiva tanto en el apartado de reforma de la Ley de Extranjería como en los primeros apartados. Respecto a la
reforma de la Ley de Extranjería, la diputada que les habla preguntó en la Comisión de Interior al secretario de Estado de Seguridad, en función de lo que aquí se denuncia por el portavoz de Iniciativa per Catalunya sobre que las mujeres inmigrantes
en situación irregular podían ser expulsadas en el momento en que denunciaban la violencia de género, cuántas expulsiones había habido, y se nos dijo tajante y rotundamente que ninguna. Por tanto, el efecto de lo que aquí se denuncia en la realidad
era inexistente. Como, por otra parte, es cierto que la Ley contra la violencia de Género está sometida, como todas y todos saben, a campañas descalificadoras de denuncias falsas, tampoco se podía, a nuestro entender, decir abiertamente que la
mujer en situación irregular que denunciara violencia de género automáticamente no podría ser expulsada por este motivo. Es decir, se aseguró que en la práctica no se sufriera el perjuicio, pero sin que la redacción de la ley pudiera suponer una
invitación a tener una puerta falsa para obtener una regularización.
Creemos, como el señor Herrera ha manifestado, que la reforma de la Ley de Extranjería ha mejorado la armonización de estas dos situaciones que les explico, y no nos oponemos en
modo alguno a que, pasado un tiempo, se vuelva a hacer una valoración sobre cómo está la situación en la realidad, pero no podíamos estar de acuerdo en la literatura de lo que aquí se nos proponía. Respecto al resto de propuestas, la verdad es que
nuestro desacuerdo radicaba en que todo ello son competencias de las comunidades autónomas, y respecto a la equidad territorial, ¿qué quiere decir, que pueda ser en todo el Estado igual de mal, por ejemplo, esto ya es equitativo? No. Nosotros
entendemos que no hay ningún motivo o justificación para que el Estado recupere competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos ofrecía dificultad votar afirmativamente al resto de puntos. Con la matización que el señor Herrera ha
introducido, creo que aceptando las sugerencias que le hemos realizado otros grupos parlamentarios de que el mandato al Gobierno sea siempre con respeto escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas, entendemos que queda resuelta esta
objeción. Desde este punto de vista, puedo manifestar en nombre de mi grupo parlamentario que nos vamos a sumar al voto positivo a esta iniciativa de Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, la iniciativa que hoy nos trae a la Comisión Iniciativa per Catalunya desgrana algunos de los aspectos más importantes que el Gobierno debe mejorar en la lucha contra la violencia de género. Como
SS.SS. saben y se ha comentado, esta Comisión, a través de la subcomisión creada al efecto, ha trabajado durante un año en la problemática de la violencia de género, en el desarrollo de la ley integral, en los problemas que el desarrollo de la ley
ha puesto de manifiesto, en las lagunas de la misma y sobre todo en la falta de implementación de las medidas recogidas en el texto de la ley. Las conclusiones de la subcomisión no dejan duda de que la ejecución de la ley integral no está siendo la
más adecuada posible, y por ello los grupos parlamentarios aprobamos por unanimidad más de medio centenar de recomendaciones al Gobierno para mejorar este desarrollo. El Grupo Popular viene manteniendo desde hace tiempo que la Ley integral contra
la violencia de género fue desde el principio una ley ambiciosa, pero que evidenciaba una serie de defectos estructurales y sobre todo adolecía del presupuesto necesario, de los medios precisos para que pudiera convertirse en la solución a los
problemas que padecen las mujeres víctimas de violencia de género. Muchas de estas advertencias de nuestro grupo fueron reiteradas durante el desarrollo de la subcomisión y recogidas en las conclusiones. En la hoja de ruta que los grupos
parlamentarios trasladamos al Gobierno a través de dichas recomendaciones quedan recogidas las peticiones que el señor Herrera hace en su iniciativa. Pero nos parece bien que hoy se lo recordemos al Gobierno e insistamos en que las ponga en marcha.
Creemos que, como usted solicita, que es fundamental mejorar la financiación destinada a la lucha contra la violencia de género. Lo hemos dicho muchas veces: esta ley integral tan ambiciosa no puede funcionar sin los adecuados medios materiales y
humanos. Por supuesto es necesario mejorar la coordinación entre las administraciones, mejorar la eficacia y la eficiencia en los medios e instrumentos que ponen en marcha las diversas administraciones, unido todo ello a la equidad territorial.
Coincidimos en la necesidad de dar un tratamiento similar a las mujeres víctimas de violencia vivan donde vivan. No podemos tolerar que una mujer por vivir en un territorio o en otro tenga más dificultades o peores servicios, que su itinerario
judicial desde que denuncia la agresión sea más o menos complicado, que disponga o no de una valoración forense adecuada, de un juzgado exclusivo con todos los medios necesarios para su atención, que sea atendida por profesionales sanitarios
adecuadamente formados en la materia o no, que tenga el apoyo asistencial psicológico adecuado, que disponga de los recursos sociales que requiera y un largo etcétera de desigualdades que hoy todavía se están produciendo.
Uno de los aspectos que más destacamos en las conclusiones y recomendaciones de la subcomisión fue la necesaria formación de los operadores que trabajan con las víctimas de violencia: sanitarios, operadores jurídicos y agentes de los
cuerpos de seguridad. Por eso nos parece positivo que se apruebe un plan nacional de formación y, como dice el señor Herrera en su iniciativa, con acciones concretas, calendario, presupuesto y que se haga de la forma más prioritaria posible. En
cuanto a los juzgados de violencia, es necesario no solamente dotarlos de medios materiales y humanos suficientes para poner fin a la saturación y al caos que reina en los mismos desde su puesta en marcha, sino también incrementar las unidades de
valoración forense, las salas para las víctimas, crear nuevos juzgados exclusivos, acercarlos a las víctimas y que no sean las víctimas las que tengan que desplazarse, mejorar sus horarios, mejorar la formación del personal y buscar la
especialización real de los mismos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, perdone. Señorías, somos pocos, portémonos bien. Continúe.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Porque se ha demostrado, y así lo trasladaron los expertos que vinieron a comparecer a la subcomisión, que el itinerario judicial de las mujeres hoy les está generando una doble victimización. Y coincidimos con
usted, señor Herrera, en la necesidad de mejorar la efectividad de las medidas de protección. Esto pasa por un incremento de los agentes de las unidades especializadas, por mejorar la aplicación de las medidas de teleasistencia y de control de los
agresores; pasa por realizar una correcta e individualizada valoración forense del riesgo, para poner a disposición de las víctimas los medios necesarios y evitar que sigan muriendo mujeres que habían denunciado y contaban con órdenes de
alejamiento y protección.
Respecto a su petición de reforma de la Ley de Extranjería, como se ha comentado, hace pocos meses ya la reformamos, y coincidimos con usted en la necesidad de recabar los informes necesarios a fin de saber cuál es la situación real de las
mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular, para ver qué se va produciendo los próximos meses y en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre, retomar -como digo- este tema y darle el impulso que sea necesario.
Porque, señorías, la violencia de género es una lacra que nos preocupa y nos ocupa a muchos, que debe ser prioritaria en las agendas de los poderes públicos y debe ocupar el lugar que le corresponde en los medios de comunicación.
Todos debemos
seguir trabajando para incrementar la sensibilización y lograr que la sociedad en su conjunto se implique en la erradicación y en su rechazo. Son muchas las mujeres en España que en este momento están sufriendo malos tratos y no podemos
conformarnos con las medidas existentes; no podemos conformarnos con tener una ley; no podemos conformarnos los diputados
y las diputadas y no puede conformarse el Gobierno, que debe seguir mejorando la respuesta y es quien tiene la obligación de cumplir con los mandatos del Parlamento. Por eso, si hace tres meses le mandatamos la puesta en marcha de más de
cincuenta medidas para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia, hoy renovamos nuestro compromiso con las víctimas al solicitar al Gobierno un nuevo impulso a esta lucha.
Señorías, desde el Grupo Popular, tradicionalmente, ya desde
la pasada legislatura, hemos presentado muchas iniciativas tendentes a mejorar la ley integral y siempre, siempre, hemos apoyado aquellas iniciativas, presentadas por cualquier otro grupo parlamentario, destinadas a la lucha contra esta lacra
social, y hoy no podía ser de otra forma. Apoyaremos la iniciativa del señor Herrera por coherencia con nuestro compromiso con las víctimas y también porque, como él decía, queda un largo camino por recorrer en la respuesta contra la violencia de
género. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para terminar el turno de intervenciones, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Trujillo tiene la palabra.
El señor TRUJILLO GARZÓN: Nos encontramos aquí ante una proposición no de ley que cuando menos nos resulta un poquito sorprendente, no por lo que en ella se propone, no en su mayoría, sino más bien por el momento en que se propone. Digo
esto del momento porque después de la subcomisión de la violencia de género, que tanto y tan bien trabajó en el pasado periodo de sesiones, nos parece que el debate sobre algunas de las medidas que engloba esta proposición no de ley ya está más que
superado, máxime cuando el informe de esta subcomisión fue aprobado por unanimidad por todos los grupos aquí representados. Es cierto que siempre hay que buscar mejorar y conseguir adecuar todos los mecanismos y juntarlos para que esta ley sea
mucho más efectiva, pero no es menos cierto que la efectividad viene dada también por un periodo de adaptación de esta ley.
Desde luego, en esta proposición no de ley se aprecia el interés por parte del grupo proponente por el bienestar de las mujeres víctimas de la violencia de género, un interés claramente compartido por el Partido Socialista. Fíjense si es
compartido por nosotros, que la gran mayoría de las actuaciones que aquí se solicitan, y que se recogen -repito- en el informe de la subcomisión de manera más completa, ya están siendo ejecutadas por el Gobierno. Hay que destacar que el presupuesto
para 2010 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad asciende a 31.577.000 euros. En aras de garantizar una actuación coordinada frente a la violencia de género de las distintas administraciones públicas e
institucionales competentes, el Gobierno ha promovido la aprobación de planes de colaboración que garantizan la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género. En el desarrollo de dichos
planes se han articulado protocolos de actuación que determinan claramente los procedimientos a seguir para asegurar una actuación global e integral de las distintas administraciones e instituciones y servicios implicados.
Estos protocolos podrían
ser: el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de coordinación con los órganos judiciales y el ministerio fiscal para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; el protocolo de colaboración
y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género en
el Sistema Nacional de Salud; el protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y abogados y abogadas para mejorar la asistencia jurídica y la información facilitada a las víctimas de violencia de género; o el
protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género. También hay que tener en cuenta que las actuaciones que se están
llevando a cabo para implementar las medidas previstas en la ley integral requieren la intervención conjunta de todas las administraciones públicas implicadas, ya que numerosas medidas -como se ha dicho aquí- son competencia de las comunidades
autónomas. Aun así se ha optado por contribuir con recursos económicos estatales a la realización de una serie de actuaciones que garanticen la equidad territorial de la respuesta ante la violencia de género y contribuyan a eliminar los factores de
discriminación en relación con los derechos previstos en la ley integral. Entre estas medidas podemos destacar el desarrollo de campañas de información y sensibilización en materia de violencia de género con versiones en las distintas lenguas
cooficiales del Estado. Se ha puesto en marcha el servicio telefónico gratuito de información y el asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, el 016, con la finalidad de garantizar el derecho a la información y el asesoramiento
adecuado a la situación personal de las víctimas de violencia de género en todo el territorio, con independencia de la comunidad autónoma de residencia de las personas usuarias. Desde la Administración General del Estado se han dotado fondos
presupuestarios para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral, con la finalidad de contribuir a su puesta en funcionamiento y garantizar la equidad interterritorial en su
implantación, aunque corresponde a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a las entidades locales la organización de los servicios que garanticen este derecho. El coste de estas transferencias entre los años 2005 a 2009 ha
ascendido a un total de 45 millones de euros, con los que se han desarrollado una serie de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral, priorizándose aquellos que se dirijan a las mujeres
inmigrantes víctimas
de violencia de género y a los menores víctimas directas o indirectas de esta violencia. Se han elaborado unos criterios comunes de calidad a aplicar en todos los programas de reeducación de maltratadores por parte de las comunidades
autónomas que participan en el proyecto piloto sobre reeducación puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad.
En cuanto a la propuesta contenida en la proposición no de ley de referencia sobre la elaboración de un plan nacional de formación en el ámbito sanitario y en el ámbito judicial, hay que decir que en el Plan nacional de sensibilización y
prevención de la violencia de género se establece como eje transversal la formación y especialización de los profesionales que garantice que los y las profesionales que atienden el fenómeno violento dispongan de una formación que les permita la
prevención, la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas. De esta forma, en todos los ejes de actuación del plan se incluyen medidas de formación de los y las profesionales relacionados con el ámbito de la justicia y de la
salud, además del ámbito de la seguridad, la educación y la comunicación. Por lo que se refiere a la propuesta de la proposición no de ley relativa a los juzgados de violencia sobre la mujer, ha de indicarse que su implantación se viene realizando
de forma constante y progresiva. Es cierto que a todos nos gustaría que fuese aún mayor, pero no hay que olvidar que desde la entrada en vigor de la ley integral, y conforme a lo establecido en ella, a través de la constitución de la Comisión
nacional para la implantación de juzgados de violencia sobre la mujer, dentro de la cual está constituida una comisión técnica para la implantación de los juzgados de violencia sobre la mujer, todas las medidas que se vienen adoptando para la
implementación de la ley integral han sido coordinadas con las administraciones involucradas, cumpliendo el objetivo perseguido de situar en cada partido judicial un juzgado de violencia sobre la mujer.
Correlativamente a la creación de los nuevos
juzgados se ha incrementado en igual medida y proporción el número de fiscales especializados en violencia de género. Así, a diciembre de 2009 estaban en funcionamiento 103 juzgados exclusivos y 360 juzgados compatibles con el resto de materias de
orden penal. Igualmente, para facilitar al juez de violencia sobre la mujer los mejores medios en materia médico forense se dotó a todos los institutos de medicina legal dependientes del Ministerio de Justicia de nuevos equipos multidisciplinares
de psicólogos y asistentes sociales que constituirán las unidades integrales de valoración forense.
Asimismo, se elaboró un protocolo con el que se permite la integración de los informes periciales de los diferentes profesionales, ofreciendo un
estudio técnico que contemple la situación de la violencia desde todos los puntos de vista y que permita la valoración del riesgo. Por otra parte, y en relación con la garantía de la asistencia letrada especializada en todo el territorio, se
informa que el artículo 20 de la ley integral les garantiza la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia
padecida. En cuanto a la propuesta para que se incremente la efectividad de las medidas de protección, hay que indicar por lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género
está garantizada de manera general a través de los efectivos destinados a seguridad ciudadana y con carácter específico a través de las siguientes actuaciones: potenciación de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, incremento de efectivos que se ha visto acompañado por la mejora de los medios para el desempeño de su trabajo y puesta en marcha desde julio de 2009 del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de
alejamiento en materia de violencia de género.
Por lo que se refiere, por último, a la propuesta relativa a la reforma de la Ley de Extranjería, hay que indicar que la reforma de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en vigor
desde el 13 de diciembre de 2009, garantiza los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en España en situación irregular. Ya se ha dicho aquí que el expediente administrativo sancionador será suspendido
por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal, y la mujer que se halle en esta situación podrá solicitar una autorización de residencia o de trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiese dictado una
orden de protección o el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
Suscribimos lo anteriormente dicho por la señora Pigem. No ha habido ni un solo caso, ni un solo expediente de expulsión de
ninguna mujer en esta situación. Por lo tanto, creemos que la Ley de Extranjería, tal y como recoge este dato de violencia de género, está bien formulada y consideramos que los resultados serán adecuados. Para finalizar, quiero añadir que, en la
búsqueda del consenso y de la unanimidad que suele presidir esta Comisión por la importancia de los temas que en ella se desarrollan, el Grupo Socialista votará a favor del resto de la proposición del grupo proponente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Terminado el debate de todos los puntos del orden del día, de las cuatro proposiciones no de ley, dado que se han subsumido dos de ellas en una sola, vamos a pasar a las votaciones. Vamos a proceder a la primera
votación, que se corresponde exactamente con el punto 1º del orden del día, la proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de un plan integral contra la explotación sexual, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus
términos puesto que la señora Quintanilla ha rechazado la enmienda propuesta por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación conjunta de las dos siguientes proposiciones no de ley, que son los puntos 2º y 3º del orden del día y que subsumen la proposición propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, una proposición no de ley relativa al
reconocimiento de la comunidad negra española, y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra africana y afrodescendientes en España. Estas dos proposiciones
no de ley subsumidas tienen dos modificaciones que han sido aceptadas por los dos grupos proponentes, una de ellas propuesta por el Grupo de Convergència i Unió para que se respeten las transferencias de las comunidades autónomas y, por tanto, las
competencias estatales de la propia Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, que ha sido asumida por los dos portavoces de los grupos proponentes, y por tanto con esta modificación pasamos a votarla.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.) El señor González viene con mucho éxito a esta Comisión.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley que se corresponde con el número de expediente 1340, punto 4º, que hemos debatido en último lugar por la alteración del orden del día. Es la proposición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, cuyo penúltimo párrafo se ha retirado por el propio grupo proponente y que tiene una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que ha sido aceptada, dictada por la señora Pigem, en
relación con instar al Gobierno a que actúe en el ámbito de sus competencias y, por tanto, de manera indirecta respetando las competencias de las propias comunidades autónomas. En ese mismo sentido, por tanto, procedemos a votar esta proposición no
de ley.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la última proposición no de ley de las que hemos debatido esta tarde, que es la que se corresponde con el punto 5º del orden del día: proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la realización de un estudio
de la discriminación salarial. Esta proposición no de ley, que se corresponde con el número de expediente 1467, tiene dos modificaciones introducidas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) que el Grupo
Socialista ha admitido.
Por tanto, con esas dos modificaciones pasamos también a votarla.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.