CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 462

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN

Sesión núm. 19

celebrada el lunes, 15 de febrero de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias, en relación al proyecto de ley del fondo para la promoción del desarrollo. Por acuerdo de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Número de expediente 121/000051.)


- Del señor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense (Alonso Rodríguez). (Número de expediente 219/000453.) ... (Página 2)

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- Del señor director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (García-Morales Rodríguez). (Número de expediente 219/000454.) ...
(Página 8)


- Del señor presidente de la Coordinadora Nacional ONG para el Desarrollo, Congde (Sánchez Jacob). (Número de expediente 219/000455.) ... (Página 11)


- Del señor director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOD-UGT (Manzanares Núñez). (Número de expediente 219/000456.) ...
(Página 15)


- De la señora coordinadora de la campaña del milenio de Naciones Unidas en España (Navarro Mangado). (Número de expediente 219/000457.) ...
(Página 17)


- De la señora integrante de la campaña 'Quién debe a quién' (García González). (Número de expediente 219/000458.) ... (Página 21)


- Del señor investigador del 'Observatorio de la Deuda en la Globalización' (Gómez-Olivé Casas). (Número de expediente 219/000459.) ... (Página 23)


- De la señora responsable de financiación al desarrollo en Intermon Oxfam. (Hernández Parra). (Número de expediente 219/000460.) ... (Página 27)


- De la señora secretaria Confederal de Participación Institucional de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CCOO (Pinyol Vidal).
(Número de expediente 219/000461.) ... (Página 31)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Número de expediente 121/000051.)


- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALONSO RODRÍGUEZ). (Número de expediente 219/000453.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir la sesión de comparecencias en esta Comisión antes de que termine el plazo de enmiendas de las dos leyes sobre el Fonprode y el FIEM que se están tramitando, tanto el FIEM en la Comisión de Industria,
como en esta misma Comisión el Fonprode. Esperamos que en este tiempo hasta el día 23 en que termina el plazo de enmiendas los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, aunque muchos de ustedes ya las hayan podido ver personalmente, tengan
la oportunidad de dar su opinión sobre estas dos leyes. Así que, sin más preámbulos, llamo a José Antonio Alonso a la Mesa, por favor, que es el primer compareciente. Voy a advertirles que voy a ser bastante estricta en el tiempo porque hay
bastantes comparecientes, así que ruego tanto a los que van a hablar como a los portavoces que van a tomar la palabra en nombre de los distintos grupos parlamentarios sean lo más rigurosos posible en el tiempo. Muchas gracias y disculpen que
hayamos empezado un poco tarde.



Don José Antonio Alonso tiene la palabra.



El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (Alonso Rodríguez): Muchas gracias por la oportunidad de compartir opiniones sobre un instrumento que será clave en el futuro de la cooperación para el desarrollo.
Creo que es importante que en estos debates figuren también, además de las organizaciones implicadas en la política de la cooperación española, aquellos pertenecientes, como es mi caso, al mundo académico que nos dedicamos al análisis, al estudio de
las experiencias internacionales sobre este campo; particularmente, además, en este campo que creo que es polémico y sobre el que existen opiniones no totalmente consensuadas en el sector de la cooperación al desarrollo.



Querría empezar muy rápidamente señalándoles lo importante que es -lo digo sobre todo porque en este aspecto quizás escuchen ustedes opiniones contrastadas a cargo de otros comparecientes- que una cooperación para el desarrollo tenga
instrumentos adecuados de cooperación en general pero también de cooperación reembolsable en particular. España ha tenido en este ámbito de la cooperación reembolsable una experiencia


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poco adecuada. Ha fundamentado durante mucho tiempo su cooperación reembolsable en un instrumento, el crédito FAD, que constituía un instrumento de ayuda ligada, por tanto quedando sujeta la obtención de los recursos por parte del receptor
a la adquisición de productos provenientes del donante. En el ámbito internacional existe un consenso creciente para que este tipo de ayuda ligada vaya desapareciendo de la instrumentación de la política de cooperación por muy diversas razones:
por la restricción que impone en la libertad de uso de recursos al receptor, pero también por el sobrecoste que en ocasiones este tipo de ayuda ha comportado.Teníamos, por tanto, un instrumento de crédito FAD, que era un instrumento ligado, pero no
solo había este inconveniente, sino que el segundo e importante inconveniente era que estaba muy limitadamente vinculado al resto de la política de ayuda, es decir, que se gestionaba con criterios ajenos a los propios de la cooperación al
desarrollo, mucho más vinculados al apoyo a la internacionalización de la empresa española, que es sin duda un objetivo deseable, pero distinto al propio de la cooperación al desarrollo.



A estos dos factores, que fueron objeto de críticas recurrentes por parte de quienes estábamos en el mundo de la cooperación al desarrollo, en conexión con lo que constituía el creciente consenso internacional sobre esta materia, se añadía
un tercer factor adicional de inadecuación del instrumento, y es que a lo largo del tiempo fue incrementando sus funciones, sus tareas, hasta configurar una especie de cajón de sastre el crédito FAD, en donde lo que se constituía era un fondo de
recursos que se utilizaba para cosas muy dispares. Algunas de ellas tenían que ver con la concesión de créditos, que era el propósito originario del FAD, pero crecientemente se utilizaba para otro tipo de operaciones, como eran las aportaciones a
organismos multilaterales o a fondos globales que ya no tenían ese carácter de crédito que inicialmente tenía el FAD. Por tanto, era obligado cambiar este instrumento.



El cambio de ese instrumento ha venido, como ustedes saben, a través de la división del fondo originario en dos instrumentos, que son Fonprode y FIEM. La división se presenta en el preámbulo de los documentos legislativos como un paso
adelante. Yo quisiera trasladarles mi primera valoración: yo creo que es un subóptimo. Es decir, no es el óptimo deseable, como sería que un instrumento que es computable como ayuda al desarrollo, que es el conjunto del crédito de naturaleza
concesional, esté dentro del sistema de cooperación al desarrollo y se sujete a criterios de cooperación al desarrollo. La imposibilidad de que eso sucediese así es lo que motivó esta especialización para evitar conflictos en la gestión entre esas
dos lógicas, la de cooperación al desarrollo y la de la internacionalización, y el conflicto entre las dos instituciones encargadas de su gestión. En realidad lo razonable hubiese sido que un instrumento que computa como ayuda y que solo tiene
justificación en el marco internacional porque computa como ayuda, porque es un crédito subvencionado, estuviera dentro del sistema de cooperación al desarrollo. Digamos aquí entre paréntesis que la única justificación de que se subvencione un
crédito que no distorsione la competencia en los mercados es que este esté asociado a la ayuda al desarrollo y no a procesos de competencia en los mercados, donde se supone que las subvenciones generan dumping y por ello son reprobables. Por tanto,
creo que esta división en dos instrumentos es un subóptimo vistas las dificultades que había para integrar el conjunto del instrumento en la política de cooperación.



Sé que algunos de ustedes han suscrito un pacto de Estado en materia de cooperación al desarrollo donde figura una cláusula alusiva a que la cooperación reembolsable con las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sociales
no debe superar el 5 por ciento. Querría adelantarles mi opinión. Soy contrario a esa formulación. Creo que no existe ninguna fundamentación técnica ni respaldo a ese tipo de formulación. Los países en desarrollo pasan por momentos muy
diferenciados según la situación de los mercados de capitales internacionales. Durante los últimos años, por ejemplo, tuvieron una situación en los mercados de capitales de fácil acceso a fondos y no necesitaron acudir a la cooperación reembolsable
concesional y, en correspondencia, la ayuda reembolsable de los donantes a nivel del conjunto del CAD de la OCDE cayó en su peso relativo en la ayuda. Sin embargo ahora que estamos en un momento de sequía del crédito es fundamental que los países
pobres puedan acceder a crédito subvencionado y por tanto me parece que no procede marcar una cuota máxima y fija. Es más, durante mucho tiempo la cooperación al desarrollo ha tenido una cooperación reembolsable que estaba regularmente por encima
de ese 5 por ciento. Durante muchos años estuvo en el 15 ó 16 por ciento de una manera muy razonable. Indudablemente, la cooperación reembolsable tiene problemas como la no reembolsable. La cooperación reembolsable tiene el principal problema de
que genera deuda, es decir que obliga al reembolso posterior. Eso justifica que esta figura no se utilice con aquellos países que están altamente endeudados o para aquellas actividades que son producto de una extrema vulnerabilidad de la población,
porque no se garantiza que en esos casos la población esté en condiciones de devolverlo. Por tanto, el crédito reembolsable no se debe utilizar en la acción humanitaria, no se debe utilizar en general para las actividades de inversión en
necesidades sociales básicas. Sin embargo, la cooperación reembolsable es importante para muchos países en desarrollo que solo de esa manera pueden acceder a inversión en infraestructuras básicas que son cruciales para su desarrollo. Por ello,
fijarles un límite máximo es dificultar el acceso a un instrumento que puede serles muy útil para su propósito de desarrollo. No estoy de acuerdo con esa visión penalizadora de la cooperación reembolsable, ya que lo que es importante es buscar el
mix adecuado de las políticas. Así como digo que la cooperación reembolsable puede ser muy útil en esos márgenes que estoy señalando, podría


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ser muy inconveniente si alcanzase el 50 por ciento de la ayuda, por ejemplo, como sucedió en el caso español durante los años 1990, 1991 y 1992.



Referido al caso de Fonprode, una de las dos figuras de esa especialización de tareas, creo que supone una extraordinaria oportunidad para la cooperación española en un doble sentido al menos. En primer lugar, en tener un instrumento que
esté más integrado en los objetivos de la cooperación, puesto que va a quedar bajo la gestión de aquella institución del sistema de cooperación al que se responsabiliza de la política de ayuda. En segundo lugar, porque dilata el espacio de resortes
instrumentales de la cooperación al desarrollo asimilando la cooperación española a la propia de otros donantes que disponen de estos recursos no solo para la cooperación reembolsable sino también para otras figuras como son las aportaciones a
capital, el capital semilla para iniciativas emprendedoras, etcétera. Figuras que antes la cooperación española no tenía o que si existían en el seno de la Administración española -porque algunas de ellas existían- estaban al margen del sistema de
cooperación, en instituciones como podía ser por ejemplo Cofides o la propia CDTI que estaban fuera de la política de ayuda. Por tanto, que esos instrumentos se integren en la política de ayuda creo que aporta un elemento importante de oportunidad
para la cooperación al desarrollo. Ahora bien, en su tramitación creo que hay algunas cuestiones, que me voy a centrar señalarles muy rápidamente, que me parece que son inconvenientes. Me voy a centrar fundamentalmente en cuatro. La primera de
ellas es que es importante avanzar en la previsibilidad de la ayuda. La previsibilidad de la ayuda es absolutamente fundamental si queremos que haya eficacia de la cooperación al desarrollo. Quizá de los estudios de eficacia de la ayuda una de las
conclusiones más consensuadas es que la elevada inestabilidad de los fondos daña las posibilidades de incorporar esos recursos en la acción inversora de los países que los reciben, lo que hace que la ayuda se dedique mucho más al gasto que a la
inversión, que es lo deseable para promover el desarrollo -al fin y al cabo el desarrollo es un proceso de inversión no solo económica sino también social-. Por tanto, el hecho de que Fonprode se regule a través de presupuestos anuales sin ningún
marco presupuestario de carácter plurianual creo que es un inconveniente que debiera corregirse. El segundo factor limitante es la exigencia de garantía soberana que curiosamente se exige a Fonprode pero que sin embargo no se exige al FIEM, al
instrumento de internacionalización de la empresa, lo cual resulta bastante paradójico porque es bastante más sencillo encontrar garantía soberana para grandes proyectos inversores, a los que normalmente se orienta la FIEM, que en muchos casos para
pequeños proyectos inversores o de aportación de capital, que es a lo que Fonprode probablemente se oriente. La garantía soberana es un gran inconveniente que puede dificultar u obstaculizar la gestión de este instrumento. Entre otras cosas porque
hay muchos países que para que otorguen garantía soberana a un crédito recibido exige una tramitación parlamentaria, con lo cual pueden estarse durante un año o año y medio anulando la posibilidad de una operación que podría ser útil en otro caso
antes de conceder el crédito. La tercera limitación que me parece importante es la fragmentación que hace de las distintas figuras asignando una cuota obligada expresa en el presupuesto de cada año a cada una. Es decir, de alguna manera Fonprode
-si ustedes lo oyeron- da distintas figuras posibles de utilización de los recursos y lo que pide la propuesta legislativa es que para cada una de ellas se fije la cantidad que le corresponde. Eso es un inconveniente importante porque muchas de
esas figuras son intercambiables y por tanto va a incorporar una rigidez en la gestión del instrumento absolutamente innecesaria. Me da la impresión de que sería mucho más útil que el marco legislativo estableciese un volumen total de recursos y la
parte de esos recursos que son reembolsables, es decir que generan deuda para el que lo recibe, en este caso generan activos frente al exterior para la economía española. Con esa diferenciación exclusiva sería suficiente, permitiéndole al gestor
que en algunos casos maneje los recursos con más flexibilidad, bien para aportar un fondo global o a un organismo multilateral según cuáles sean las necesidades. En cuarto lugar -y les voy a señalar una quinta deficiencia-, me parece que es muy
importante también que se corrija la falta de alusión que hay a las limitaciones en la utilización de los créditos. Antes he señalado que el crédito es una figura que puede ser muy útil, pero en ciertos campos de acción de la ayuda puede ser
enormemente perjudicial para el que la recibe. Particularmente creo que es desaconsejable en el caso de la ayuda humanitaria y, salvo excepciones muy contadas, en el caso de las necesidades básicas. Digo salvo excepciones muy contadas en esta
última materia porque las necesidades básicas es un campo de la cooperación al desarrollo que no está muy bien definido. Y hay ámbitos de las necesidades básicas, vinculados con infraestructuras a su vez básicas, que pueden hacer razonable, en
algún caso excepcionalmente, el recurso a una figura de financiación del crédito. En el Consejo de Cooperación esta delicada frontera la resolvimos de una manera, quizá no la mejor, que entenderán fácilmente: desaconsejamos que se utilice para
esto y que, cuando lo tengan que utilizar, previamente haya un informe expreso que justifique por qué en esa ocasión se puede utilizar. Por tanto, la generalidad sería el desaconsejarlo.



El quinto elemento que añado que me parece muy importante es el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia. Uno de los grandes inconvenientes de la utilización de la figura de ayuda reembolsable por parte de la cooperación
española es la ausencia de rendición de cuentas, de evaluación, de transparencia en la utilización de esos recursos. Sería una lástima que una nueva figura, como es Fonprode, arrastrase ese inconveniente en el futuro. Por tanto, todas las
reclamaciones que se hagan acerca de una transparencia máxima de un ejercicio


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de rendición de cuentas por parte de los gestores, me parece que es absolutamente obligado.



Termino aludiendo a dos cuestiones referidas al FIEM, que no sé si se va a tratar aquí.



La señora PRESIDENTA: ¿Les parece bien a los señores portavoces que también lo tratemos ahora? (Asentimiento.)


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (Alonso Rodríguez): Sobre el FIEM me voy a referir a dos cuestiones. Creo que en el producto de esta especialización, de este subóptimo asociado a la especialización
de instrumentos, hay dos cosas que pueden ser preocupantes en el futuro. Es muy legítimo que se instrumente una política de apoyo a la internacionalización de la empresa, pero hay dos cuestiones que, en mi opinión, quedan sin adecuado tratamiento.
La primera, y conecta con lo que he señalado al principio, es que no es clara la coherencia en la utilización de este instrumento en ámbitos y países en donde la cooperación española está actuando de una manera prioritaria, lo cual es un problema
delicado. El mismo problema que nos encontrábamos en el pasado entre el crédito FAD y la ayuda no reembolsable, actuando de una manera descoordinada en un mismo país, nos lo podremos encontrar en el futuro, entre Fonprode y el resto de los
instrumentos de ayuda, con respecto al FIEM en la medida en que no se garantice que en estos ámbitos y en estos países el FIEM, de alguna manera, está no solo coordinado sino que es coherente con los propósitos que España plantea en la acción de
cooperación al desarrollo, cuando al menos, entiendo yo, en los países prioritarios esto debería de ser una exigencia. El segundo problema delicado es si computan o no como AOD estos créditos FIEM. Los créditos subvencionados -y repito el
argumento que dije al comienzo-, los créditos concesionales, los justifica la OCDE a que están vinculados a la promoción del desarrollo del que lo recibe.
Por esa razón permite su cómputo como AOD. Sin embargo, España ha dicho: No, estos créditos
ya no se van a dedicar a cooperación al desarrollo, sino solo a la internacionalización de la empresa. Pero el marco internacional que existe es el que acabo de decir y es que esos créditos se justifican como subvencionados porque están vinculados
a una acción de desarrollo y eso les permite que en ciertas condiciones se computen como AOD. ¿Se van a computar como AOD estos créditos FIEM? Evidentemente, si se gestionan y se orientan con criterios distintos a los de la cooperación al
desarrollo, creo que no deberían computarse como AOD. Si quieren computarse como AOD, y tienen el derecho a hacerlo porque así se lo permite la normativa internacional, tendría que ser integrándose más plenamente en la coherencia de la acción de la
cooperación al desarrollo en el país donde estos instrumentos operen. Aquí terminaría para no abusar.



La señora PRESIDENTA: Discúlpeme, señor Alonso, porque no le haya presentado. Por supuesto que todos sabemos, y por eso se me ha pasado, que es catedrático de economía aplicada y que lleva muchos años dedicándose a la cooperación al
desarrollo. Quiero agradecerle expresamente su presencia porque sé que tiene que salir de viaje ahora mismo. Voy a pasar a dar la palabra a los portavoces que quieran usarla.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el
señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Únicamente para agradecer la comparecencia, el contenido y las propuestas, que compartimos en buena parte.



La señora PRESIDENTA: Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la comparecencia del señor Alonso, a quien, como usted recordaba, conocemos desde hace años y procuramos seguir sus reflexiones y sus propuestas.



Querría plantearle una cuestión que enlaza con su último comentario. Desde el último razonamiento que usted hace, ¿tiene sentido que existan esos dos instrumentos diferenciados, el Fonprode y el FIEM, o lo razonable hubiese sido la
existencia de un solo instrumento de crédito con características quizás diferenciadas en sus especialidades pero en un solo marco normativo de manera coherente, orientado hacia las políticas de desarrollo? Quizás no se entiende la existencia de un
instrumento diferenciado como es el FIEM.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar quiero decir con carácter general porque todos los comparecientes están ya en la sala, que la mayoría de las comparecencias las ha solicitado el Grupo Popular, pero es evidente que todos los grupos
estamos de acuerdo. Quizás por eso el orden esta vez no se va a seguir y vamos a intervenir de menor a mayor, aunque lo normal sería que el grupo que pide la comparecencia fuera el que utilizara el primer turno. No podía pasar la tramitación de
estos proyectos sin que expertos profesionales, la sociedad civil, estuvieran en la Comisión.
Porque este no es un tema neutro para la cooperación española, es un tema largamente pedido, demandado y trabajado desde distintas etapas de los
diferentes gobiernos que ha habido en España y donde probablemente hay un poso de conocimiento y de reflexión por parte de entidades, expertos profesionales e institutos que son de extraordinaria validez. Creo con sinceridad, y hay que ser justos,
que la opción de los diferentes grupos está inspirada en el empuje y la reflexión que nos han ido trasladando.



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Como esta Comisión desde el primer momento ha tenido la voluntad de estar abierta a entidades y a colectivos, al Grupo Parlamentario Popular le parece extraordinariamente positivo, aunque solo sea para escuchar lo que ya sabemos que piensa
la inmensa mayoría porque tenemos con todos ustedes una relación de tiempo y conocemos sus documentos, que quede formalizada en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión la opinión de los diferentes grupos.



Como creo que es conocida y ha sido también muy clara su exposición, solo querría hacer una pregunta. De su intervención he entendido que como todo en la vida hay una parte positiva como mejora del instrumento del Fonprode, pero da la
impresión, me atrevo a decirlo y no sé si usted valida esta información, que es como una oportunidad perdida en el sentido de que era más lo que se esperaba. Este es un debate que viene de muchos años atrás, largamente solicitado y hay una
sensación de que nos hemos quedado cortos después de un largo proceso de debate y desarrollo.
Muy especialmente porque he leído en alguno de los informes una expresión que me ha parecido afortunada. Si uno se lee el FIEM, ve su filosofía y la
compara con lo que era el FAD, si no pensásemos que existe el Fonprode nos parecería que el FIEM nuevo es el FAD cambiado de nombre. Me gustaría saber cómo ve este tema.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista su portavoz la señora Casaus.



La señora CASAUS RODRÍGUEZ: En primer lugar, desde el Grupo Socialista agradecemos la comparecencia. Nos ha parecido muy interesante y nos gustaría que reforzara dos cuestiones. Ha hablado usted del crédito reembolsable, que no es
conveniente utilizar pero que en algunos países es fundamental, sobre todo para el desarrollo de algunas infraestructuras básicas. Ha dicho que usted vería adecuado hacer un mix entre las políticas reembolsables y cómo debería ser. Nos gustaría
que ampliase un poco más esa información porque creemos que puede ser importante y puede ayudar a la transparencia de todo el proceso.



Por otro lado, ha hecho también una valoración muy positiva de la fragmentación de las distintas figuras de la ayuda que aparecen en la ley, que además fija para cada una de ellas una cantidad. A usted le parece que al final no podría ser
un buen resultado y que valoraría mejor establecer un volumen total de los recursos para ver de qué manera podría ser más flexible. Nos gustaría que ampliase esa valoración porque quizá puede ser algo en lo que podemos trabajar en el proceso de
elaboración de esta ley. Por último, nos gustaría reforzar lo que han comentado algunos de mis antecesores en el uso de la palabra sobre la existencia de dos leyes, la FIEM y la Fonprode. Consideramos que esto puede aportar y sumar más a la
transparencia de la ayuda porque consideramos que la cooperación al desarrollo puede sumar más, aparte de lo que pueda venir del FIEM, de la parte de industria. Me gustaría que sobre eso nos hiciera también alguna aportación.



La señora PRESIDENTA: Señora Alonso, para la contestación de las preguntas.



El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (Alonso Rodríguez): Voy a tratar de contestar a todas. Empiezo por la más general que es, de nuevo, sobre la pertinencia de utilizar instrumentos reembolsables. Todo
instrumento reembolsable -el 90 por ciento- es generador de deuda. Hay un instrumento reembolsable, que puede ser aportaciones a capital que no genera deuda en quien lo recibe, pero la mayor parte del resto son créditos. Los instrumentos en
conjunto de los donantes que son reembolsables, que no generan deuda, son una cuota absolutamente menor en el total de la ayuda. Por tanto, un instrumento de cooperación reembolsable es generador de deuda. Esto ha hecho que para ciertos sectores
de la cooperación al desarrollo esté mal vista la cooperación reembolsable, la consideren como una especie de cooperación de bajo nivel, de baja calidad. Yo traté de trasladarles a ustedes la idea de que eso, en mi opinión, no se corresponde con la
realidad y creo que hay estudios que justifican que en muchas ocasiones la cooperación reembolsable es más eficaz que la cooperación no reembolsable, es decir, que en muchas ocasiones el acceso a instrumentos de este tipo es enormemente útil. Les
puedo poner un ejemplo que es bastante sencillo.
Imaginen ustedes que no tuviesen acceso a crédito para adquirir una casa.
Sería imposible que muchos de nosotros nos comprásemos una casa. Que los países puedan acceder a una figura de crédito es
fundamental en muchos casos para que desarrollen inversiones en infraestructuras que nunca se financiarían a través de donación. Por tanto, la existencia de la cooperación reembolsable es un componente necesario de la ayuda y en algunos casos -y
hay estudios que lo revelan- más eficaz, porque genera una disciplina en el uso de los recursos por parte de quien la recibe asociada a la obligada devolución de sus créditos. Esto no quiere decir -nada es perfecto en la vida- que por tanto haya
que hacer cooperación reembolsable. Ni mucho menos. La cooperación reembolsable en ciertos ámbitos, para países que están altamente endeudados, para ámbitos de la cooperación al desarrollo que no son generadores de rentas como muchas inversiones
sociales vinculadas a las necesidades básicas o cooperación humanitaria son absolutamente inadecuados porque los recursos no se van a utilizar en nada que después genere renta futura con la cual se pueda pagar el crédito. Por lo tanto, la
cooperación reembolsable es útil, es necesaria en la cooperación al desarrollo pero debe ser acotada en su uso. Por eso es muy importante el mix de instrumentos que se utilice, qué parte de cooperación reembolsable y no reembolsable debe componer
la ayuda; pero la demonización de la cooperación reembolsable en mi opinión es, en sí misma, una simplificación que no se compadece


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con los estudios ni con lo que constituye nuestra experiencia como sujetos en la vida real. Queremos poder acceder al crédito y sabemos además que el crédito puede ser -como nos demuestran los programas de microcréditos- enormemente eficaz
para ciertas inversiones no solo económicas sino también sociales. Por tanto, es importante la combinación. ¿Qué combinación es la adecuada? Fijar un 5 por ciento, como se hizo en el pacto de Estado, no me parece pertinente, porque la experiencia
histórica nos revela que eso se ha movido con márgenes muy distintos, según cuales fueran las circunstancias de acceso a los mercados de capital de los países en desarrollo. Para fijar una cuota uno tiene que haber estudiado antes que eso es el
óptimo; eso no se ha hecho y no existe nada similar, por tanto, los que hayan firmado ese pacto lo justificarán, pero yo no lo encuentro ninguna fundamentación.



Fragmentación de los dos instrumentos, vinculando varias preguntas que se hicieron sobre este tema. Si la Administración española operase como lo hacen otros donantes -el ejemplo más claro sería el sueco, pero también nos podría servir el
ejemplo británico, donde la política de desarrollo la entienden como una acción del conjunto del Gobierno y no de un ministerio en particular, es decir, que la coherencia de políticas se traslada al conjunto de la acción gubernamental- sería
absolutamente innecesaria la fragmentación. Un instrumento de crédito concesional, cuya concesionalidad viene asociada no tanto a la competencia en los mercados -internacionalización de la empresa- sino a las operaciones de ayuda, debiera estar
sometido a la lógica de la política de cooperación en su conjunto, con independencia de los países a los que se adjudicase ese tipo de créditos. El problema es que, en mi opinión, España no es Suecia y aquí arrastramos toda una larga trayectoria de
conflictos en el uso de este tipo de instrumentos entre ministerios responsables, por una parte, de Asuntos Exteriores, en el caso de la Cooperación, y, por otra parte, del Ministerio - se llamó de muchas maneras: de comercio, de economía,
etcétera- de Industria, Comercio y Turismo. Ese conflicto fue enormemente perjudicial para la cooperación española, porque hizo que una parte importante de la cooperación, que son los créditos FAD que computaban como ayuda, no estuviese sometida a
una lógica de conjunto con la política de ayuda; esto fragmentó la ayuda y la hizo enormemente ineficaz. Quienes llevamos tiempo en esto y recorríamos los países nos podíamos encontrar en muchos casos -estas son experiencias personales, no me lo
estoy inventando- que en un mismo país estaba operando un crédito FAD para apoyar la inversión en instalaciones hospitalarias al tiempo que se estaba haciendo asistencia técnica no reembolsable en materia de atención pública a la salud sin conexión
absoluta entre ambos ámbitos; o nos encontrábamos con una política de ayuda en un país centroamericano al tiempo que se hacía una condonación de deuda asociada a los créditos FAD que la cooperación española ni conocía. Esa dualidad del sistema de
cooperación al desarrollo, con tan bajo nivel de integración de instrumentos, la arrastramos desde hace mucho tiempo. Llegados a este punto, la solución era si nos atrevíamos a comportarnos como Suecia, es decir, si pensamos que podemos tener un
instrumento que se integre en una lógica de conjunto, o visto lo que es nuestra tradición administrativa y política somos más pragmáticos, aunque sea a costa de un subóptimo. Lo que yo planteo es que esto ha sido un subóptimo que responde a una
tradición de conflicto. Pues bien, dividamos los dos instrumentos, dado que no hay posibilidad de gestionarlos bajo un único marco integrado y coherente. Para mí esa fragmentación responde a esto que acabo de señalar, y por eso lo he presentado
como un subóptimo. Yo sé que tanto los gestores de la cooperación española como el preámbulo de los textos legales lo presentan como un paso adelante. Es un paso adelante en el sentido de que va a clarificar más algunas cuestiones y va a permitir
que la cooperación tenga más resortes instrumentales que en el pasado, pero si lo comparamos con el ideal posible, indudablemente es un paso inferior a ese ideal posible, aunque creo que se adecua a nuestra experiencia y, en ese sentido, lo saludé
positivamente, al igual que lo hizo el Consejo de Cooperación que estaba haciendo el dictamen. La división va a permitir que al menos haya un arsenal de instrumentos vinculados a la utilización de este fondo y que se haga con garantía de criterios
de cooperación al desarrollo.



¿El FIEM es, en definitiva, como un nuevo FAD pero acotado respecto al anterior, que ocupaba todo el conjunto del fondo? En cierto modo sí reproduce la estructura del FAD, por eso creo que de nuevo se van a producir problemas de coherencia
en la acción, y por eso me preocupa el cómputo de AOD que se haga del instrumento FIEM, porque va a ser, en pequeño, la reproducción de un problema que antes teníamos en grande.
Repito que es un subóptimo, tal vez el más pragmático de los
subóptimos posibles, por eso yo lo planteo como un paso adelante, aunque sea imperfecto.



Dos cosas más. Una, la fragmentación de los instrumentos o de las modalidades que acoge el Fonprode. Efectivamente, Fonprode dedica uno de sus artículos a segregar las distintas posibilidades que se tienen para la utilización de esos
recursos y establece una serie de variedades. Lo que plantea es que a cada una de ellas se le asigne una cuota correspondiente en los fondos de cada año. Eso me parece muy poco adecuado porque es hacer rígido un proceso que no tiene por qué serlo.
Si a ustedes les dicen que solo se pueden gastar en fondos globales tanto, en fondo fiduciarios tanto y en fondos de apoyo a los organismos internacionales tanto, en cuanto una de esas operaciones fracasa se quedan sin gestionar esos recursos, y me
parece que muchas de estas operaciones son absolutamente complementarias. Se puede operar en un organismo multilateral aportándole un fondo o llevándole directamente a los recursos del organismo multilateral y ambas operaciones son complementarias,
por tanto, establecer estructuras rígidas innecesarias,


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en mi opinión, no viene a cuento. Lo único que creo que tiene justificación es que se señale cada año qué parte es cooperación reembolsable generadora de deuda y qué parte no es generadora de deuda, para que el conjunto de la sociedad
conozca qué parte está asociada a compromisos activos que España va generando en el exterior y qué parte de esos recursos no está estrictamente vinculada a eso. Yo creo que esa división es clara; el resto es marcar rigideces innecesarias.



Ahora la pregunta -y con esto termino- es por qué se marcan rigideces innecesarias. Me van a permitir que añada otro elemento más de crítica a Fonprode que antes, con el ánimo de no pasarme de tiempo, me salté, y es lo siguiente. Si
ustedes leen con atención, verán que se le encomienda la gestión de Fonprode al Ministerio de Asuntos Exteriores para algunas de las figuras, pero se exige un informe previo favorable del Ministerio de Economía. Yo esto lo considero absolutamente
inadecuado. Cuando a alguien se le otorgan los recursos para que los gestione, se le tiene que dar la responsabilidad de que los gestione. Gestión de recursos por unos y tutela por otros me parece absolutamente inadecuado; a lo único que va a
conducir es a que se reproduzcan de nuevo los conflictos, a que se paralicen operaciones simplemente porque no se entiendan entre los dos ministerios y a que pueda haber ocasiones en que se eximan las responsabilidades del gestor simplemente porque
fue el otro el que le dijo que no le autorizaba. Me parece que esto demuestra una desconfianza entre los dos ministerios que es sano que se diluya. Si se le otorga al Ministerio de Asuntos Exteriores la competencia, la responsabilidad y la gestión
de unos recursos asociados a un instrumento como es Fonprode, debe tener la total competencia para decidir cuáles son las operaciones en las que invierte y después rendir cuenta de ello, pero no pasar necesariamente por la tutela de una aprobación
previa del Ministerio de Economía para determinadas figuras. El argumento que da el Ministerio de Economía es que algunas de ellas generan deuda -ese fue un primer argumento que dio- y que, por tanto, como el gestor de la deuda es el Ministerio de
Economía, tendría que pasar por esa autorización. Ese argumento no lo subscribo, entre otras cosas porque en el presupuesto de cada año va a figurar qué parte de esa cooperación es generadora de deuda, por tanto, ya tienen esa información en su
mano y la posibilidad en la aprobación del presupuesto de decir si están de acuerdo o no; no hace falta tutela posterior. En otro apartado se alude a que como el Ministerio de Economía es el representante de la Administración española en algunos
organismos, especialmente de carácter financiero, la gestión de esa parte tiene que pasar por la tutela del Ministerio de Economía.
Tampoco creo que esto sea razonable; una cosa es que si el representante oficial del Gobierno es el Ministerio de
Economía haya una coordinación de ambos y otra cosa es que necesariamente tengan que dar la aprobación para que en operaciones que en muchos casos tienen alto contenido social vinculado al desarrollo, como pueden ser las operaciones de salud con el
Banco Mundial, tengan que pasar por una aprobación del Ministerio de Economía, cuando el Ministerio de Economía no se dedica a temas de cooperación en salud. Por tanto, la división de estos dos instrumentos es producto de un conflicto permanente
que ha traspasado todos los ciclos políticos de la democracia española. Gobierne el PSOE o gobierne el PP, ese conflicto ha estado ahí permanentemente. La división de instrumentos es el subóptimo que responde, quizá con una visión pragmática, no
óptima, a ese conflicto larvado. En mi opinión, aun así, en el propio texto del documento se percibe esa desconfianza que, de aprobarse en el modo en que está planteado, le generaría muchos problemas al gestor de Fonprode. Por eso creo que sería
muy útil que en el trámite legislativo esta cuestión se revisase para que gestión y responsabilidades de la gestión estén estrictamente asociadas a los mismos departamentos.



La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, le agradezco especialmente su comparecencia porque sé que anda muy mal de tiempo. Disculpe que no me levante para despedirle ya que voy a llamar al siguiente compareciente.



- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE, (GARCÍA-MORALES RODRÍGUEZ). (Número de expediente 219/000454.)


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), don José María García Morales, director del departamento de Relaciones Internacionales.



Vamos a intentar limitarnos al tiempo porque si no va a ser prácticamente imposible sustanciar todas las comparecencias. Les ruego a todos ustedes una cierta disciplina en el tiempo.



Señor García Morales, tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (García-Morales Rodríguez): Efectivamente, mi nombre es José García-Morales y soy el director del
departamento de Relaciones Internacionales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de la CEOE.



En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a la presidenta, al Congreso y a la Comisión de Cooperación al Desarrollo su amable invitación para participar hoy con los portavoces y con gente que conoce muy bien estos
temas para, entre todos, ver cómo podemos rentabilizar e incrementar la cooperación al desarrollo ya que, al final, lo que intentamos todos es


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que ese desarrollo sea una realidad en el menor espacio de tiempo posible.
Me avisaron el viernes pasado de esta comparecencia, con lo cual no he podido traer todos los documentos que tenemos por escrito sobre estos temas, no solamente de
los fondos FIEM y Fonprode. Si le parece a la presidenta, en algún momento podemos remitírselos y así, en nuestro modesto nivel, aportar un trabajo que estamos haciendo sobre estos temas y que creo que es interesante.



Como tengo muy poco tiempo voy a hacer simplemente algunos comentarios, más que entrar en detalle, sobre algunas cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos. En líneas generales, les puedo avanzar que estamos de acuerdo con esa
separación. Eso va a suponer un nuevo modelo de gestión. En la cooperación al desarrollo la gestión, tanto a nivel de instituciones públicas como privadas, es lo que al final consigue que ese desarrollo deseable llegue en el menor tiempo posible.
En primer lugar, voy a hablar del mundo empresarial. Siempre ha parecido que las empresas tenían poco que ver con los temas de cooperación, se creía que la empresa lo que quería era fundamentalmente la rentabilidad de sus actividades y las
cuestiones de la cooperación estaban casi vedadas a las actividades de las empresas. Eso ha cambiado sustancialmente; lo digo en forma positiva. Yo era un joven profesional y cuando hablábamos de cooperación empresarial al desarrollo la gente me
miraba con cara de incredulidad.
Como ha dicho el anterior compareciente y creo que es el sentir de los portavoces, eso ha cambiado sustancialmente. La cooperación al desarrollo debe ser -ya lo es- una más o menos mejorable política de Estado,
donde la sociedad española responde cada vez de forma más importante y en las empresas hay una creciente sensibilidad. Dentro del departamento de Relaciones Internacionales de la CEOE -lo digo para que lo sepan la Mesa y los portavoces- hay una
persona encargada exclusivamente de la cooperación al desarrollo, Esperanza Rivera, que dedica un tiempo y unas energías importantes. Somos miembros del Consejo de Cooperación, estamos en los grupos de trabajo de ese consejo y tenemos un grupo de
trabajo sobre Cooperación al Desarrollo dentro de la CEOE. Para los que no estén familiarizados, ¿por qué comento la importancia y el papel de las empresas en los sistemas de cooperación? Nuestra estructura como CEOE -creo que la mayoría de
ustedes la conocen, aunque quizá algunos no están tan familiarizados- es la siguiente. Nosotros tenemos una CEOE en cada comunidad autónoma y una CEOE en cada sector económico, es decir, la CEOE de Cataluña, la CEOE de Castilla o Galicia -esa es la
primera línea de afiliación-, que acabaría en la CEOE de Ceuta y Melilla y de Canarias. La otra es la CEOE del sector agrícola, del sector pesquero, del sector químico, etcétera, hasta, como es lógico, las compañías de seguros y el turismo, es
decir, los servicios. Todo eso es un entramado empresarial de afiliación voluntaria, con una serie de actividades muy importantes que siempre hemos pensado que era un activo significativo para acercarlo al mundo de la cooperación al desarrollo.
Nosotros -yo me tengo que ir ahora, como le decía a la señora presidenta, porque a las once y media tenemos una reunión sobre Marruecos, país importante de la cooperación española- estamos trabajando con el Gobierno en el tema de Haití, intentando
coordinar en la medida de lo posible la aportación empresarial a los importantes proyectos. Es decir, estamos implicados de una forma cada vez más mayor en todos estos temas porque consideramos que son muy importantes para el nuevo enfoque de la
cooperación al desarrollo.



¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Ya se sabe que aquí ha habido un proceso de internacionalización de la economía española. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas y, por tanto, nuestra responsabilidad es, más
allá de un proceso de internacionalización, acercar e implicar en esta cooperación al desarrollo a ese número de pequeñas y medianas empresas que saben gestionar y desarrollar proyectos en el exterior. El valor empresarial es muy importante. Como
ha comentado el anterior ponente, todos hemos vivido en África o en Asia y hemos visto esa descoordinación y esa falta de seguimiento en los proyectos. Nosotros creo que, modestamente, podemos aportar un valor empresarial añadido junto, cómo no,
con el trabajo muy bueno -hay que decirlo- de las ONG, y cada vez mejor de los ayuntamientos y de las diputaciones, es decir, de nuestros compañeros en la interlocución social, de los sindicatos. Aquí hay un valor de profesionalidad creciente que
nosotros, como es lógico, desde el mundo empresarial apoyamos de forma especial y cada vez mayor.



Coordinación. Lo que tratamos de hacer es aportar a todo este entramado empresarial una mayor coordinación, una mayor calidad de la gestión de los proyectos en determinados asuntos, porque evidentemente habrá proyectos en los que nosotros
difícilmente podamos aportar algo, pero en la gran mayoría de los proyectos de cooperación al desarrollo estoy seguro de que la experiencia empresarial es muy importante. De hecho, durante los últimos años habrá sido mejor o peor, o podríamos haber
aspirado a más, pero existe la presencia de las pymes, que es el 98 por ciento del entramado empresarial. Las grandes empresas, a través de las fundaciones, hacen su cooperación y planes de ayuda, pero yo estoy hablando de ese entramado
empresarial, sectorial y territorial -y este es uno de los primeros mensajes- que tenemos que sensibilizar y acercar a la cooperación al desarrollo. Evidentemente habrá gente que comparta estos temas y otros no, pero no hay duda de que en un pacto
como del que estamos hablando, un pacto de un país vinculado y comprometido con la colaboración, el mundo empresarial no puede estar, como otros sectores importantes, ajeno a ello.



Hay un aspecto muy importante que tampoco se conoce o que se conoce menos, y es que la CEOE tiene probablemente una de las mejores redes de contactos a nivel internacional. Es decir, si nosotros queremos hacer


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un desarrollo especial en Colombia, ahí hay un equivalente, un mundo empresarial local, unas pequeñas y medianas empresas locales que están en torno a la urbanización empresarial, y quizá para terminar los proyectos puede ser muy importante
vincularlo a ellos. Esa red de contactos internacionales es muy importante, y estamos hablando de países tan dispares como pueden ser Nigeria, Vietnam o Marruecos, donde hay una Cesem.



Ahora estamos preparando una serie de reuniones dentro de la Presidencia española de la Unión Europea y estamos colaborando no solamente en temas de hacer negocios y proyectos conjuntos de cooperación tecnológica e industrial -sería un poco
más el tema del FIEM-, sino para elaborar proyectos de desarrollo y electrificación rural, etcétera, donde evidentemente hay unos componentes de desarrollo, de seguimiento y de consolidación de esos proyectos para el desarrollo de Marruecos muy
importantes tratándose de un país tan cercano.



Nosotros, en principio -pendientes de enviar esos documentos-, valoramos como muy interesantes esas nuevas figuras de FIEM y Fonprode, teniendo en cuenta que el camino hay que hacerlo al andar. Es muy difícil que dos fondos arranquen, y en
este sentido el anterior compareciente ha planteado algunas cosas con las que yo estoy de acuerdo. En cualquier caso, lo importante es empezar esta nueva etapa, que no es poco. Después habrá que valorar que contemos con los recursos adecuados, y
no me refiero tanto a los recursos desde el punto de vista presupuestarios, que también, sino a los de gestión, y entro otra vez en este tema. Fonprode, que va a contar con unos fondos sustanciosos, tiene que ser desarrollado fundamentalmente por
el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Secretaría de Estado de Cooperación, etcétera. Por mi participación en las reuniones del Consejo de Cooperación, veo que hay el sentir general de que no se trata de poner esto en marcha sino de dotarlo de
medios y de una nueva gestión, respecto a la que muy modestamente nosotros intentaremos aportar nuestro valor añadido, cuestión que viene de las pymes, aspecto en el que hay que hacer una campaña de sensibilización.
Nosotros muchas veces sentimos
cierta falta de apoyo, pero sería bueno que consiguiéramos sensibilizar mucho más en este sentido, como se ha hecho con los ayuntamientos o las diputaciones -no hay alcalde que no se precie de tener su plan de cooperación, lo cual nos parece
fenomenal-, porque estas organizaciones empresariales que tenemos a nivel territorial y sectorial nos pueden ayudar no solamente en el tema de la gestión sino a aplicar una cierta coordinación en un momento en que hay muchas instituciones, muchos
operadores en este importante campo de actividad.



No voy a hablar del seguimiento de los proyectos porque podríamos extendernos mucho sobre este tema, sobre todo en países como los que nos pueden ocupar, donde los aspectos locales son sustancialmente mejorables.
Es muy importante reforzar
los sectores empresariales en los países donde hacemos la cooperación. Evidentemente, hay gente que opina que esa es una de las prioridades y otros que no lo consideran así, pero sin ese entramado empresarial local mínimo o de un nivel medio o
intermedio, dependiendo del país, difícilmente vamos a avanzar. En este sentido, presidenta, coincido en que hay que buscar un mix entre cooperación responsable y no responsable; ese el tema que nos ocupa en el desarrollo de las dos figuras.
Asimismo, es muy importante el acceso a los instrumentos para que no ocurra como cuando tenemos estas líneas de internacionalización y luego no se usan. Si no se facilita el acceso o se complica el mismo, no se va a producir un uso adecuado de los
instrumentos. Es decir, ojo a este tema porque el acceso a los instrumentos en la cooperación al desarrollo también es importante.
También habrá que ver en su momento qué tamaño de proyectos estamos desarrollando, buscar el seguimiento, la
continuidad, la consolidación de los mismos. No sé hasta qué punto tenga sentido hacer un depósito de agua en un determinado país africano si se va a oxidar en seis meses y luego nadie lo va a mantener. Como digo, ahí hay una gestión que hay que
llevar a cabo.



Finalmente, valoramos muy positivamente el consenso inicial de los grupos parlamentarios en estos temas. Por supuesto, hay que hacer un rodaje y mejorar los instrumentos, pero desde el punto de vista del sector empresarial me gustaría
pedirles que en la medida de lo posible valoremos conjuntamente que el sector empresarial puede aportar muy mucho a estos temas. Siento ser breve, pero me tengo que marchar para asistir a la reunión de Marruecos. Quedo a disposición de los grupos
y de la Presidencia por si quieren formular alguna pregunta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García-Morales, especialmente porque parece ser que recibió tarde la comunicación. En las grandes organizaciones a veces ocurren estas cosas. Muchas gracias por sus aportaciones y si nos manda
los documentos, será perfecto. ¿Qué grupos parlamentarios quieren tomar la palabra de menor a mayor? (Pausa.) Señor Campuzano, por Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente quiero agradecerle al señor García-Morales su comparecencia y espero que se nos pueda transmitir esa información a la que hacía referencia.



No sé si ustedes han elaborado algún tipo de balance o estudio de lo que han supuesto los créditos FAD desde la perspectiva de su organización, pero me gustaría trasladarle que durante muchos años ha existido preocupación especialmente por
parte de pequeñas y medianas empresas por no poder participar del uso de ese instrumento que en la práctica ha quedado muy secuestrado por algunas empresas, agencias y grupos especializados precisamente en el manejo de un instrumento que tiene sus
complejidades. Si usted quisiese profundizar un poco sobre ello a mi grupo le interesaría.



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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Simplemente quería agradecerle su intervención y recordarle que el plazo de enmiendas termina el día 23 y que nos sería de muchísima utilidad si nos hicieran llegar a los diferentes grupos los informes que nos ha
dicho que tienen para que pudiéramos informar. Lo importante es que hoy puedan expresarse todos en la Cámara y quede constancia en el acta. Esperamos, si es posible, esos informes por escrito.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Calabuig.



El señor CALABUIG RULL: Quiero agradecer al señor García- Morales su intervención y esperamos recibir pronto esos documentos. Sería muy útil conocer su opinión sobre la cooperación empresarial y lo que comentaba de reforzar los sectores
empresariales locales y la participación de las pymes, así como superar algunas barreras que podía haber hasta ahora.



La señora PRESIDENTA: Señor García Morales, si tiene unos minutos para contestar a los portavoces tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (García-Morales Rodríguez): Con mucho gusto, presidenta.



Al portavoz de CiU he de decirle que esa ha sido una realidad en algunos momentos más acuciante que en otros; siempre ha habido una sensación de que ese tipo de financiación era para proyectos grandes y menos para proyectos pequeños, con lo
cual las pymes lógicamente se retraían en cuanto a su uso. Luego en la práctica no era tanto así, aunque hay que ver la situación del país y las prioridades de las empresas en cada momento, pero yo constato lo mismo que usted y esas dos figuras en
estos momentos nos van a permitir mejorar ese acceso. Esa era una realidad.



En cuanto al resto de las intervenciones les agradezco muchísimo su interés en escucharme y en compartir de alguna manera lo que acabo de decir de que es interesante que el mundo empresarial no esté ajeno o estigmatizado por la famosa
rentabilidad, por el hecho de que la empresa tiene que obtener rentabilidad. Evidentemente las rentabilidades pueden ser de muy distintas maneras, pero creo que sería un error apartarnos -por emplear una palabra más suave, aunque de hecho no se
está produciendo así porque insisto en que esto ha cambiado, que están la CEOE, los sindicatos, las ONG o la multitud de instituciones valiosísimas que no dejo de reconocer porque hay que ver la gestión y el valor añadido que se ha puesto a la
cooperación- o quedarnos al margen porque pensamos que somos una parte muy importante de este asunto. Además, pedía al principio que nos ayuden a sensibilizar más todavía. Creo que dentro de esta nueva etapa de la cooperación habría que pensar
algún tipo de campaña donde se sensibilizara más a esas pequeñas y medianas empresas españolas, aunque creo que son ya bastante sensibles hacia este tipo de actividades.



No voy a entrar en el FIEM, pero desde el punto de vista de la actividad internacional de la CEOE le dedicamos un tiempo cada vez más importante a actividades en países que son prioritarios para la cooperación española.
Acompañamos al
presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, a Nigeria con una delegación muy importante, acabamos de recibir como seguimiento de esa visita al presidente de Benín y el ministro nigeriano de Planificación ha estado hace poco. Es decir, ahora
mismo estamos en una actividad muy importante en zonas que consideramos que van a ser prioritarias de América Latina, pero es que en Asia estamos exactamente igual. Por eso decía al principio que, valorando muy positivamente lo que se está
haciendo, intentemos entre todos reforzar los sectores empresariales en estos países receptores de una importante ayuda de cooperación al desarrollo española porque pensamos que eso va a ser parte de nuestro futuro y de nuestra consolidación como
país donante.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García-Morales. Insisto en el agradecimiento y en su tiempo.



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COORDINADORA NACIONAL ONG PARA EL DESARROLLO, CONGDE, (SÁNCHEZ JACOB). (Número de expediente 219/000455.)


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra don Eduardo Sánchez, presidente de la Coordinadora Nacional de ONG para el Desarrollo.



El señor PRESIDENTE DE LA COORDINADORA NACIONAL ONG PARA EL DESARROLLO, CONGDE (Sánchez Jacob): Quiero empezar agradeciendo a la Mesa su invitación para que esté hoy aquí, y también a los partidos políticos que han sugerido nuestro nombre.
La coordinadora ya envío en diciembre un documento con sus posiciones sobre este tema y no voy a releerlo o repetirlo porque sé que la mayoría de ustedes lo conocen. Quiero aprovechar esta ocasión, primero, para contextualizar un poco el momento
histórico en que nos encontramos y para centrarme en unos pocos puntos con más detenimiento. Creo que la comparecencia de hoy es muy importante y SS.SS. deberían tomarse el tiempo necesario para terminar esta ley con calma. Se habla de prorrogar
las enmiendas una semana; si en una semana da tiempo, perfecto, pero si no, tampoco debería


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haber prisas porque es mejor hacerlo bien que no hacerlo rápido.



En concreto, me voy a centrar en cuatro puntos. Primero, el contexto en general en que nos encontramos hoy al discutir esta propuesta de ley; segundo, algunos puntos que creemos que en la ley se deben restringir más y que no quedan
recogidos bien en el dictamen del Consejo de Cooperación que nosotros votamos a favor por el consenso alcanzado, pero que creemos que debe ser algo más restrictivo; el tercero va a hacer referencia sobre algunos aspectos de coherencia de políticas
de esta ley pero también del FIEM; y en el cuarto punto me voy a referir a algunos elementos que una ley de este Parlamento en 2010 debería incorporar simplemente por el tiempo en que estamos, mas allá de que estemos hablando de FAD o de cualquier
otra ley, y aquí voy a hacer especial hincapié en los temas de rendición de cuentas y transparencia de la Administración en general y de la Administración que tiene que gestionar este fondo.



El primer punto que he anunciado es el del contexto. A nadie se le escapa que la Ley del FAD ha sido una de más polémicas de la cooperación española y que sobre este tema llevamos hablando muchos años, pero en el año 2000, en torno a la
campaña del jubileo, se creó un gran movimiento y desde entonces ha sido continuo. Cuando voy a dar charlas sobre cualquier tema, me sorprende que a la salida, independientemente de lo que hable, se me acerque alguien y me empiece a preguntar sobre
temas de FAD. Aunque la charla fuera sobre tecnologías de la información, comunicación y desarrollo, da igual; el tema de FAD ha calado de tal manera en la sociedad española que a todas las ONG, y en general a muchos movimientos sociales, les
preocupa. Por eso es importante que esta ley se resuelva bien. Es importante también porque si no se hace así es muy posible que las malas prácticas y la mala reputación del FAD las herede el Fonprode y el FIEM; que no tenga esta herencia va a
depender en gran medida de lo que ustedes hagan en el trámite parlamentario. También es importante señalar que tenemos un pacto de Estado y que los partidos políticos firmantes del mismo, que son todos los que están hoy aquí más otros que hoy no
están pero que estuvieron en la pasada legislatura, adquirieron unos compromisos, y con independencia de que la realidad se mueve y de que también nos tenemos que ir adecuando a esta nueva realidad, la mayoría de los compromisos siguen estando
vigentes. En este sentido, no se entendería que muchas de las cosas que se aprobaron hace dos años no sean coherentes con lo que ahora se va a aprobar en el Parlamento.



Por último, me gustaría señalar el contexto de la AOD que vivimos en 2010 y que posiblemente vayamos a vivir en los próximos años. Es un contexto en el que, por una parte, el Gobierno tiene un compromiso con la sociedad española, pero
también con la sociedad europea y con los gobiernos europeos, de tener una AOD creciente -dijimos el 0,51 este año, pero en todo caso el compromiso de la Unión Europea es 0,56 y 0,7 en 2015; también está en el programa electoral del Gobierno y en
el pacto de Estado-, y por otra parte también tiene un compromiso económico con los actores económicos de no aumentar el déficit y con los países europeos de mantener unos criterios de estabilidad. En esta situación de aumentar y consolidar AOD
pero no aumentar el déficit surge toda la ayuda reembolsable. Este año en el Parlamento se aprobaron 555 millones de ayuda reembolsable y la verdad es que es muy preocupante. Hace dos años esto no nos lo planteábamos ni se hablaba de ello aquí;
555 millones de ayuda reembolsable para Ayuda Oficial al Desarrollo, pero es que no es un problema de este año. Si queremos casar aumento de AOD y restricción de déficit, puede que este sea el panorama de los próximos años si las cosas no cambian.
En este contexto, esta ley, a nuestro entender, no debería abrir el juego a muchas posibilidades teóricas que desde el planteamiento teórico podemos compartir, como ha expuesto José Antonio Alonso, sino al contrario, debería ser una ley que evitara
que el Gobierno cometiera errores que ya cometió en el pasado y que con el nuevo Fonprode y con el nuevo FIEM se hiciera lo que se hizo con el FAD, que le acarreó esa mala reputación debido a esas malas praxis. Para nosotros esta ley, más allá del
planteamiento teórico de lo que se podría hacer, debería ser básicamente restrictiva para evitar que el Gobierno cometa errores, a lo mejor causados por la presión por ese gasto.



Paso a desarrollar en qué debería ser restrictiva. Gran parte de estos argumentos ya los conocen porque están en nuestro discurso desde hace muchos años. El primer tema es el de la ayuda reembolsable. Creemos que no se debe dedicar a los
países de renta baja. Entendemos el argumento que se da de por qué van a quedar excluidos de una financiación más barata, pero creemos que eso abre la puerta a potenciales problemas mayores de los que se pueden solventar. Cuando hablamos de países
de renta baja no sé si ustedes son conscientes de lo que estamos diciendo.
Esta mañana, como no lo recordaba muy bien, me metí rápidamente en Internet y lo vi. Países de renta baja son países con menos de 875 dólares de renta media, y eso es muy
poco dinero. En este contexto, creemos que estos países no deben recibir créditos, que si tienen que recibir ayuda tiene que ser ayuda en donación y no supeditada a que lo tengan que devolver. Para nosotros, este grupo debería estar excluido y no
compartimos que quede abierto a excepcionalidades.



En segundo lugar, está el aspecto de la ayuda humanitaria. Para nosotros, dar ayuda reembolsable en ayuda humanitaria casi es una contradicción. La ayuda humanitaria por su propia lógica tiene que ser indiscriminada, no medida, generosa.
Plantearlo como te lo doy si luego me lo devuelves ya es una pura contradicción con lo que tienen que ser los principios del humanitarismo. Además, si se plantea ayuda humanitaria en una situación como la de Haití, el país receptor está en una
condición muy débil para negociar: lo coges o lo dejas, pero si lo coges me lo tendrás que devolver dentro de diez años; pues lo cojo. Las posiciones de negociación cuando estamos


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hablando de ayuda humanitaria son de enorme debilidad del país receptor.
Para nosotros, tendría que estar excluido. También habría que excluirlo de los servicios sociales básicos, que en gran medida coinciden con derechos humanos, porque
estamos hablando de educación, salud, acceso a agua potable o derechos de la mujer. Estos son servicios sociales que de alguna forma por su propia condición de derechos humanos tienen que ser de acceso universal, con independencia de los criterios
económicos y del estatus económico del que los tiene que disfrutar. En este sentido, introducir la variable económica de una ayuda que luego hay que devolver, y por lo tanto hay que generar recursos económicos sí o sí para devolverla, es
distorsionar el discurso. Y de alguna forma también es dar pie a lo que ha pasado en muchos otros países. Como no son servicios económicamente rentables acaban generando deuda y cuando la deuda es insostenible muchas veces la solución es
privatizarlos, buscar quién se quiere hacer cargo de esto. Ese ha sido el proceso de los endeudamientos primero y de las privatizaciones después de servicios básicos, que luego hemos visto que no mejoran la prestación, sino que muchas veces la
dificultan o incluso que se establece la discriminación económica sobre ella cuando es incompatible con el derecho humano al acceso a la salud, a la educación y al agua. Por tanto, debería estar también excluido.



En cuanto a la ayuda ligada no entendemos por qué se hace la excepción de la ayuda ligada a la acción humanitaria. Si bien es cierto que la ayuda humanitaria es imprevisible, lo que no puede ser imprevisible sino todo lo contrario, lo que
tiene que estar muy bien previsto y muy bien protocolizado es la respuesta a la ayuda humanitaria. Cuando hay una gran crisis no es el momento de empezar a ver quién es el mejor proveedor, a quién se lo compro o a quién no se lo compro. Si hay que
mandar depuradoras a Haití el proceso de selección de esas depuradoras tiene que estar hecho con antelación a que se produzca la crisis. Y de hecho tendrá que haber unos proveedores especializados. Entonces, que esos proveedores especializados
necesariamente tengan que ser españoles no se entiende. No se entiende ni por los criterios de la OCDE ni porque necesariamente las empresas españolas tengan que ser las más competitivas en términos de servicio, prestación y precio a la hora de dar
potabilizadoras, y cuando hablamos de potabilizadoras hablamos de cualquier otro bien. Además, la Administración dispone de otros criterios para responder rápidamente. Por tanto, desde nuestro punto de vista se debería excluir cualquier criterio
de ayuda ligada y no se justifica que la humanitaria esté mantenida.



El tercer punto -y voy a ir un poquito más rápido- es el ámbito de la coherencia. Y aquí me gustaría señalar dos aspectos. El primero se trata en las disposiciones adicionales dos, tres y cuatro, y es cómo heredan los nuevos instrumentos
los derechos, las obligaciones, los fondos y la contabilidad del FAD. Nuestro punto de vista es que el FIEM no debe ser ayuda oficial al desarrollo, no se debe computar como ayuda oficial al desarrollo. Esta es una posibilidad que tiene el
Gobierno; más allá de que pueda o no pueda, no debería computarla. Y si es así, queda la cuestión de qué pasa con los fondos que se dieron desde Industria y que sí se computaron como AOD. Como a la hora de darlos fueron AOD, cuando se retornen va
a ser AOD negativa. El balance del Gobierno es que si dio 300 millones en crédito cuando se devuelvan aparecerá como menos 300 millones. Pero, tal y como está ahora la ley, ¿qué pasará? Que esos 300 millones, en dinero, irán al fondo del FIEM y,
sin embargo, el cómputo negativo estará en la caja del Fonprode o en la caja de la AOD. ¿Qué pasará entonces? Que el Fonprode no tendrá el dinero pero sí tendrá un saldo negativo por el reembolso de un dinero que cuando se dio era AOD.
Desde esta
lógica no nos parece que tenga mucho sentido; lo lógico sería que lo que fue en su momento AOD y se contabilizó en su momento como AOD ahora vuelva a lo que se va a contabilizar como AOD, que es Fonprode no FIEM. De no ser así, uno tendrá el
dinero y otro tendrá el cómputo negativo y no tendrá dinero para contrarrestar ese cómputo negativo, primera cuestión de coherencia.



Segunda cuestión de coherencia, FIEM. Esta no es la Comisión que va a discutir el FIEM, pero sí es la Comisión de Cooperación y en el plan director se dice que las políticas del Estado tienen que ser coherentes en los ámbitos de
cooperación. Desde esa perspectiva de coherencia, esta Comisión debería estar atenta a esta ley Y dentro de la ley se debería explicitar que hay que hacer informes de coherencia, no solo los informes que ya se plantean de información y de reporte,
sino sobre cómo este instrumento nuevo es coherente con la política de desarrollo. En el plan director ya se habla de unos informes anuales, por tanto desde esta ley se debería mandatar que se traslade un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación para que se incorpore este elemento de la coherencia. Obviamente hay que vigilar todos los aspectos de la ayuda para materiales o servicios de doble uso y militar que no están recogidos ahora y también todos los aspectos de la deuda.
También hay un tema que nosotros creemos que hay que vigilar pero que tampoco está bien recogido, que es el tema de la responsabilidad social corporativa. Muchas ONG consideramos que la responsabilidad social corporativa es un instrumento muy útil
para ir más allá de la ley. Tenemos la responsabilidad legal corporativa, y lo que está más allá de la responsabilidad legal corporativa es la responsabilidad social corporativa. Este es un instrumento muy útil para las propias empresas y también
para las ONG para exigir que se vaya más allá. Ahora bien, no creo que sea un instrumento muy útil en el ámbito normativo legislativo. En el ámbito normativo legislativo desde otras comisiones se podrá promocionar la responsabilidad social
corporativa, pero cuando estamos hablando de comportamiento de la empresa no tiene que ser algo voluntario, debería ser algo exigible. Y para que sea exigible tendría que estar anclado a normativas ya


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existentes, bien sea normativa española que se pueda trasponer o normativa internacional que esté aprobada en ámbitos internacionales. Desde ese anclaje veríamos más operativo el enfoque de la responsabilidad de la empresa pero anclado en
normas ya aprobadas, no anclado a algo ambiguo.



Por último, y ya termino, quería hacer una referencia a una ley tramitada en febrero de 2010. Esta ley tendría que incorporar todos los avances que se han hecho en los últimos años en ámbitos muy importantes, como los derechos humanos o los
tratados internacionales, y no solo debería recoger lo ya aprobado legalmente, sino que de alguna forma apuntara tendencias de hacia dónde va el sentir social y el de las organizaciones.
En este sentido, el ámbito de la transparencia y la rendición
de cuentas nos da la sensación de que se queda corto. Está bien que en el Fonprode el ministerio haga dos informes anuales para presentar al Parlamento que luego van al consejo y que en el FIEM se haga un informe, pero creemos que se podría hacer
muchísimo más. Estamos en la sociedad en red, en la sociedad del tiempo real, en la sociedad de Internet, y que la rendición de cuentas y la transparencia se liquide con un informe anual no nos parece suficiente. La información sobre las
operaciones que se hagan a cargo de estos fondos debería ser pública desde el primer momento en que se empiezan a gestionar, y debería haber evaluaciones ex ante, no un informe de lo que ya ha aprobado. Además, esto debería ser accesible a toda la
sociedad, no solo al Parlamento y desde el Parlamento al resto de la sociedad, sino en tiempo real a cualquier ciudadano que quiera conocer cuál es el estado de la situación. Habría que avanzar hacia modelos de auditoria: auditoria social,
auditoría ambiental, auditoría de derechos humanos, auditoría de impacto de género de los proyectos. En este ámbito se podría avanzar mucho más -y esto es lo que solicitamos cuando se discutió, no sé si lo recuerdan, el Real Decreto del fondo de
agua-, y se debería hacer una rendición de cuentas mucho más avanzada y acorde al tiempo en que vivimos.



La señora PRESIDENTA: Paso a dar la palabra a los portavoces. En primer lugar, al señor Llamazares, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Solo para agradecer la comparecencia del señor Sánchez.



La señora PRESIDENTA: Por CiU, tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero agradecer la comparecencia del señor Sánchez. Conocemos la posición de la coordinadora. Simplemente querría trasladarle una brevísima reflexión. Alguien nos decía, no en las comparecencias de
esta mañana pero sí en algunos papeles que mi grupo maneja, que cuando nos mostramos críticos con el hecho de ligar la ayuda, a veces olvidamos que el riesgo que puede tener la ayuda no ligada es favorecer a grupos empresariales con un
comportamiento extremadamente monopolístico o caciquil en los países donde opera la ayuda al desarrollo. Defendemos la liberalización del comercio de productos agrarios en determinados países y quizá lo único que estamos haciendo es favorecer a
determinadas industrias multinacionales. Los beneficiarios de esa mayor apertura del comercio no son los trabajadores del campo de esos países, sino multinacionales con sede en Estados Unidos. Nos oponemos a la ayuda ligada y quizás estamos
favoreciendo a empresas que no ofrecen mejores productos que los producidos en España, quizás reforzamos a oligarquías locales. Me gustaría saber si ustedes han reflexionado sobre este tema.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Igual que en las anteriores ocasiones, se trata de escucharles. Tenemos un informe muy detallado de la coordinadora, que ha sido muy útil. No hago más que dar por válido todo lo que nos ha dicho.
Me gustaría
conocer su opinión. Si tuviera que hacer una síntesis de lo que representa el FIEM, quisiera saber si está de acuerdo con la afirmación de que en el fondo es cambiar el nombre y a lo que llamábamos FAD llamarlo FIEM.



La señora PRESIDENTA: Por el Partido Socialista tiene la palabra el señor Calabuig.



El señor CALABUIG RULL: Para agradecer su intervención. Efectivamente, tenemos ya una información muy concreta de todas las posiciones de la coordinadora. Entendemos que es una aportación muy positiva y la tendremos en cuenta.



La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene la palabra para proceder a la contestación.



El señor PRESIDENTE DE LA COORDINADORA NACIONAL ONG PARA EL DESARROLLO, CONGDE (Sánchez Jacob): Respecto a la primera pregunta sobre la ayuda ligada, esa reflexión sí la hemos hecho. Cuando se habla de ayuda ligada y de alguna forma de
ayuda condicionada, nuestra posición no es que no deba haber ayuda ligada o ayuda condicionada, sino que los criterios de a qué se liga y a qué se condiciona son erróneos. Para nosotros la ayuda ligada no tiene que ser ligada a los intereses de
algunas empresas españolas. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que tiene que ser ligada. Cuando hablamos de ayuda condicionada no creemos que deba estar condicionada al cumplimiento de una disciplina económica o al cumplimiento de unos
criterios macroeconómicos o políticos o de inmigración. Sí defendemos lo contrario, que se condicione a criterios


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sociales, a criterios ambientales, a criterios de buenas prácticas, a criterios de participación. Es un debate interesante preguntarse a qué se debe ligar o condicionar la ayuda. Nuestro discurso es que no necesariamente a empresas
españolas, aunque también somos conscientes del juego, y condicionado no a criterios económicos, políticos o de inmigración y sí a participación, a democracia, a empoderamiento. Por ahí puede ir el discurso. Cómo se traspone esto es mucho más
complejo, porque cuando se dice: ligar a una empresa española, está muy claro; cuando se dice: condicionar al respeto de los derechos humanos, ya es un poco más complicado.



Respecto al FIEM, nuestra opinión coincide un poco con la expresada anteriormente por don José Antonio Alonso. Creemos que no cambia sustancialmente lo que antes era la partida de internacionalización de la empresa del FAD, que es como
decir: esto lo sacamos, ya no es AOD, que las ONG y que la sociedad civil nos dejen en paz porque ya no es AOD y vamos a seguir con lo nuestro. Creo que es una pena, porque si nosotros dábamos seguimiento a este punto en concreto no era por
capricho sino porque considerábamos que había operaciones que estaban mal hechas y que se debían regular de otra manera. Este riesgo de que las operaciones se sigan haciendo sigue existiendo. No he querido tratar con detenimiento estos temas de
coherencia, pero siguen existiendo los riesgos de endeudamiento, los riesgos de proyectos que no responden al interés genuino del país que lo recibe, los riesgos del Cesce y otros muchos riesgos. En ese sentido, aunque esta no es la Comisión,
volvería a lo que dije al principio: que esta ley, en el contexto en que nos movemos y por su trayectoria, debería intentar minimizar estos riesgos, intentar evitar que el Gobierno volviera a cometer los mismos errores aun sabiendo que también, al
cerrar un poco la puerta, alguna potencial iniciativa interesante se quedara fuera.



La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, le agradezco mucho esta comparecencia. Yo creo que todos los miembros de la Comisión conocíamos sus informes pero ha sido de gran utilidad.



- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, ISCOD-UGT, (MANZANARES NÚÑEZ). (Número de expediente 219/000456.)


La señora PRESIDENTA: A continuación, don José Manzanares Núñez, director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT). Tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, ISCOD-UGT (Manzanares Núñez): Es obligado agradecer a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo tanto la ampliación del periodo de enmiendas como la
invitación. Quizá sea muy solemne decir que estamos ante dos reformas -especialmente la del Fonprode, que es la que nos convoca hoy-, ante una apuesta importante por un modelo avanzado de la cooperación al desarrollo en España, por tres motivos.
En primer lugar, porque tenemos que mirar esta reforma pensando en consolidar lo realizado. En los últimos años - al menos seis últimos- se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el modelo de cooperación en España.
Sería temerario obviar
este proceso, de forma que con ello se contribuye -especialmente si todos somos suficientemente responsables- a dar un empujón más en este nivel de consolidación. En segundo lugar, porque la visión y misión que debemos tener todos -tanto los grupos
parlamentarios como la sociedad civil- es que estamos ante una política pública de Estado, es decir, hay que pensar en el largo plazo. Se ha aludido aquí al Pacto de Estado contra la pobreza pero este es uno de los temas más sensibles en los que, o
se mira más allá del corto plazo, de la legislatura o de la coyuntura, o si no todos nos estaríamos equivocando.
En tercer lugar, y complementario con lo anterior, efectivamente hay un alto consenso de la sociedad civil en el esfuerzo porque
nuestro país tenga una contribución lo más solidaria posible a las diferentes crisis con resultado de pobreza y desigualdad a nivel global. No debemos olvidar que los recursos que al final todos estamos contemplando aquí son de los ciudadanos, son
sus impuestos, de forma que el esfuerzo de sensibilizar, de hacer pedagogía y de dar una información suficiente y transparente, como se acaba de decir por el anterior compareciente, de todos estos recursos está en el fondo de esta aproximación que
hoy hacemos a la reforma del Fonprode.



Hemos hecho llegar la nota de comparecencia con algunas enmiendas de detalle y técnicas. Yo me voy a limitar, por cuestión de tiempo, a centrar los aspectos que consideramos más importantes, a veces reiterados por anteriores comparecientes,
en esta aproximación, insisto, que ustedes pueden tener por escrito, puesto que no solo la hemos hecho llegar a la Mesa de la Comisión sino que se le puede remitir a cualquiera que lo desee. En primer lugar, aunque se acaba de mencionar que los
criterios de cooperación para el desarrollo sean de carácter no ligado, no vinculados a condicionalidades, el gran debate es si mayoritaria o minoritariamente los recursos deben ser o no reembolsables. Creemos que dadas las características, ya que
tenemos que gestionarlos con criterios de cooperación al desarrollo, orientados lógicamente a los países de renta más baja y a países pobres con alto endeudamiento, deberían ser mayoritariamente no reembolsables, donaciones, de forma que la
cooperación reembolsable con el sector privado en destino debiera ser residual en el conjunto del fondo y experimental en una primera fase. Nos parece de interés considerar este doble enfoque.



En segundo lugar, hay un punto muy sensible unido al medio y largo plazo, a la predictibilidad, a la consolidación presupuestaria, que es el encuadre presupuestario


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del Fonprode. Esto es fundamental tanto para el Gobierno como para los grupos parlamentarios en la medida en que esté en los capítulos adecuados y bajo la responsabilidad directa de las instituciones que tengan encomendada su gestión. En
el fondo estamos hablando del famoso capítulo 8 o de si debería ser incluido en otros capítulos, por ejemplo, el 4, en cuanto a transferencias corrientes, o en cualquier otro que pudiera garantizar este tercer aspecto que ahora nos preocupa y que,
lógicamente, también ha sido citado, que es la previsión económica de carácter plurianual. Solo puede generarse de esta forma una mínima garantía de los compromisos internacionales que el Gobierno ha adoptado en muchos bancos multilaterales de
desarrollo, especialmente en todas las agendas o en las declaraciones de París, Accra, Monterrey, etcétera, que nuestro país ha suscrito, de forma que los compromisos presupuestarios asociados a este instrumento tienen especial relevancia en el
aspecto del medio y largo plazo respecto a la previsión económica plurianual como así se recoge en el Plan director de la cooperación española.



En tercer lugar, nos parece poco adecuado que operaciones crediticias aparezcan asociadas al tema de la garantía soberana. Esta es una cuestión que figura en el artículo 2.2, que también se ha citado varias veces, pero aquí figuran incluso
aspectos que en el funcionamiento actual, por ejemplo, en el tema de concesión de créditos, ni siquiera están recogidos, como es esa flexibilidad para que se atenúe y se matice semejante requisito, dado que determinadas iniciativas microfinancieras
y empresariales, sean públicas, privadas o de economía social en los países en desarrollo, deberían tener lo que ya existe de alguna forma en países desarrollados, es decir, que los créditos de empresas que se declaren insolventes no lo asumen los
propios países desarrollados; por tanto, parece coherente que los gobiernos de los países menos avanzados no tengan que cargar con las deudas contraídas por sus propias empresas.



En cuarto lugar, se ha citado por el profesor Alonso, pero también por todos, merecería la pena detenerse con mayor detalle, pero no por falta de tiempo dejaré de subrayar este aspecto importante en la actual redacción de las dificultades en
las responsabilidades en la gestión de cada uno de los instrumentos, especialmente en el Fonprode. Esto tiene que ver con los informes previos obligatorios por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para muchas de las acciones u operaciones,
que deben ser en muchos casos informes previos o negociados por la institución receptora, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores. Creemos que se podría seguir una misma inercia en los mecanismos o procedimientos del FAD, que la agilidad
para resolver determinadas acciones esté condicionada justamente por la agenda de la comisión interministerial, y que tanto los temas como las fechas deban ser puestas por el Ministerio de Economía y Hacienda o el de Comercio, en su caso, aunque
estamos aquí más en el tema del Fonprode. Si esto es previo a la propia aprobación en el Consejo de Ministro, creemos que todo lo que hace referencia al artículo 4, al 2.1.f) -ahí citamos toda la documentación-, al 8.2.b), etcétera, debería ser
tomado muy en consideración para evitar que los responsables de la gestión tengan dificultades añadidas, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, para la buena respuesta del funcionamiento del Fonprode.



Esto es de especial interés -punto quinto- en las contribuciones. Hay dos ejemplos: las contribuciones a los bancos multilaterales de desarrollo, que están muy asociados a la cooperación española en iniciativas potentes sobre pobreza,
hambre, PNUD, FAO, etcétera, y otros temas de infraestructuras, efectos del cambio climático, a través de créditos no reembolsables. Aquí no estamos ante unas contribuciones financieras tipo Fondo Monetario Internacional, estamos ante unas
contribuciones financieras efectivamente de instituciones financieras pero de carácter de desarrollo. No se puede aplicar el mismo criterio del Ministerio de Economía, que tiene esas funciones para estas otras cuestiones que no son del Fondo
Monetario Internacional -insisto- sino hacia bancos multilaterales de desarrollo.



En sexto lugar, nos parece de especial interés que los órganos de gestión del Fonprode tengan una especial consideración de sus capacidades y sus instrumentos. Es cierto que es un reto y tanto por parte de la SECI, aunque no aparece en el
Fonprode, como por parte de la Aecid deben generarse los recursos humanos y técnicos estables y suficientes para asegurar la planificación y lógicamente la coordinación con los diferentes departamentos ministeriales.



Finalmente, dos temas breves. El séptimo es la coherencia política del Gobierno -se ha citado aquí- y la responsabilidad social de las empresas, a través de una clara definición del binomio empresa y desarrollo, alianza pública y privada,
todavía asignaturas pendientes -como se refería anteriormente- con estándares pactados a través del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas u otros referentes validados en el Consejo de Cooperación, que deberían acompañar estos
nuevos enfoques de desarrollo del Fonprode. En este caso es inevitable citar el contenido de la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Desarrollo, en el que parece que su funcionamiento no está siendo el adecuado. Por tanto, creemos
incluso que debería aparecer en una disposición adicional segunda de este proyecto de ley.



Por último, en un contexto de desigualdad, de pobreza, de crisis de todo tipo, pensamos que, desde el punto de vista del crecimiento económico y del desarrollo, tejido productivo y empresarial, debería ponerse en el corazón de este Fondo de
Promoción del Desarrollo la creación de empleo, siguiendo, por un lado, el compromiso del Pacto mundial por el empleo de la OIT, pero también todos los componentes de agenda, desarrollo y trabajo del III plan director, incluso sería positivo incluir
una referencia en la exposición de motivos. Creemos -perdón, presidenta, si me estoy extendiendo- que esta reforma


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histórica de la arquitectura de la ayuda, que decía anteriormente, no son meras palabras y mera retórica sino un poderoso instrumento que nuevamente cumplirá los compromisos del Gobierno, ese 0,7 consolidado.
Conocemos las dificultades de
la crisis pero también la solidaridad del pueblo español y creemos que este es un valor político que no puede minusvalorarse en los debates, incluso, con todo respeto, parlamentarios.
Por tanto, estamos ante un programa, ante un compromiso de la
sociedad española. Insisto en lo del pacto de Estado contra la pobreza y en las desigualdades norte-sur, agudizadas, como acabo de decir, por las diferentes crisis de los últimos cinco años. No es necesario recordar los efectos colaterales. No
tener en cuenta estos aspectos también influye en los procesos migratorios, enfermedades, guerras, etcétera. Por tanto, estamos ante un tema que requiere un planteamiento integral de los contenidos del Fonprode. Esto tendrá que acompañarse de
herramientas legales y de gestión a desarrollar en un futuro inmediato. Desde el posicionamiento de la UGT que defendemos, creemos que en estos aspectos que dejamos por escrito también debemos suscribir el informe final del Consejo de Cooperación
de 26 de enero de este año. Igual compromiso y atención daremos al posterior desarrollo reglamentario finalizado el proceso del actual proyecto Fonprode que hoy presentamos y que pretendemos apoyar y mejorar en su redacción final.



La señora PRESIDENTA: ¿Portavoces que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señor Llamazares por el Grupo de Izquierda Unida.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Solo quería agradecer la comparecencia del señor Manzanares en nombre del Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quería agradecer la comparecencia del representante de Iscod-UGT.



La señora PRESIDENTA: Señor Robles, por el Grupo Popular.



El señor ROBLES OROZCO: Lógicamente, también quiero agradecer su intervención.



Me gustaría hacerle una sola pregunta. Aunque se ha extendido más sobre el Fonprode, quisiera conocer la opinión de Iscod-UGT sobre si el instrumento, el FIEM, que se contempla como ayuda a la empresa, debe computar como AOD.



La señora PRESIDENTA: Señor Calabuig, por el Grupo Socialista.



El señor CALABUIG RULL: Solo quiero agradecer al representante de Iscod-UGT su intervención. Hemos tomado muy buena nota de sus planteamientos, que creemos que son del máximo interés y serán muy tenidos en cuenta por nuestro grupo.



La señora PRESIDENTA: Señor Manzanares.



El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, ISCOD-UGT (Manzanares Núñez): Respecto a la pregunta del señor Robles, nos parece de interés porque el tema del FIEM está en el corazón del debate, aunque no haya sido
suficientemente tratado en mi intervención.
Efectivamente, podría ser computable en la participación de la empresa, pero he dicho en mi intervención los requisitos mínimos que debería cumplir para que esté asociado a AOD, el tema de los famosos
estándares, cuáles son esos criterios estándares asociados a AOD: OCDE, pacto mundial, los criterios de trabajo decente de la OIT, los temas medioambientales, etcétera. Creemos que hay suficiente doctrina, incluso de esta propia casa, respecto a
los planteamientos que debe haber en este caso. Lo que defendemos es que para que sea computable como tal el papel de la empresa en los créditos FIEM no se trate de la participación de una empresa sin condiciones o con condiciones laxas sino que
esté perfectamente identificada en esos estándares.



La señora PRESIDENTA: Señor Manzanares, le agradezco profundamente su tiempo y su aportación para la tramitación de esta ley.



- DE LA SEÑORA COORDINADORA DE LA CAMPAÑA DEL MILENIO DE NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (NAVARRO MANGADO). (Número de expediente 219/000457.)


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la señora Navarro Mangado, coordinadora de la campaña del Milenio de Naciones Unidas en España.



La señora COORDINADORA DE LA CAMPAÑA DEL MILENIO DE NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (Navarro Mangado): Quiero agradecer esta invitación por parte de la Comisión de Cooperación. Debates como este son muy importantes. Es preciso que haya
distintos puntos de vista por lo que agradecemos especialmente que nos hayan invitado a la campaña del Milenio de Naciones Unidas. Como no podía ser de otra manera, voy a centrar la intervención en los objetivos de desarrollo del Milenio y en cómo
estos proyectos de ley están relacionados justamente con el cumplimiento de estos objetivos.
En este sentido, quería señalar que cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del Milenio siempre pensamos más en los objetivos del 1 al 7, aquellos
que tienen que ver más con las necesidades sociales básicas, la reducción de la pobreza extrema, la


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educación primaria universal, salud, género, etcétera. Pero en los objetivos de desarrollo del Milenio, expresamente en la Declaración del Milenio, se hace mención a que mientras los siete primeros objetivos son responsabilidad principal de
los países en desarrollo, el último de ellos, el objetivo número 8, el de promover una alianza mundial por el desarrollo, hace referencia al compromiso que tienen los países desarrollados para posibilitar el cumplimiento de los siete primeros.

Específicamente -y ahora voy a aterrizar más en lo que hoy nos trae aquí- hablan de tres metas, y todas ellas tienen mucho que ver tanto con el Fonprode como con el FIEM. Si me lo permiten, voy a hacer referencia a unos principios generales que
tienen que ver tanto con el Fonprode como con el FIEM, y en este sentido me gustaría que me permitieran hacer referencia a ambos a la vez.



En primer lugar, voy a recordarles las metas de esa alianza mundial por el desarrollo. Una de ellas es desarrollar el sistema comercial y financiero, basado en una norma previsible y no discriminatoria. Luego entraré un poco más en por qué
esto tiene que ver también con el FIEM.
Como decía el profesor Alonso, nos vamos a ver en el pequeño problema de decir: cómo vamos a hacer esto sin que contabilice como ayuda oficial al desarrollo. Consideramos que la ayuda ligada tiene que ir
desapareciendo y, por tanto, no se podría considerar el FIEM como ayuda oficial al desarrollo, pero a la vez debe permitir el desarrollo comercial de los países en desarrollo. En fin, ahí hay una contradicción que creo que sería bueno ir elaborando
poco a poco. La meta B del objetivo 8 habla de atender las necesidades especiales de los países menos avanzados. Es la meta que se refiere más a la ayuda oficial al desarrollo y en la Declaración del Milenio no se elabora en gran medida, sino que
hace referencia a posteriores compromisos que creemos que sería muy importante que estuvieran en las leyes expresamente, que son la Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra, para hablar específicamente de la eficacia de la ayuda, que
pensamos que es muy importante. Ahora intentaré avanzar un poquito más y sin extenderme demasiado porque sé que el tiempo es justo. La otra, la correspondiente a la deuda, es la de encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo.



Vistos estos tres principios en los que yo voy a basar la intervención, quiero aterrizar un poco más en qué podríamos hacer con estos proyectos.
Por supuesto, llevamos muchos años discutiendo sobre la necesidad de la reforma del FAD. Creo
que todos damos realmente la bienvenida a que se pueda debatir y haya así una reforma del mismo. En primer lugar, voy a empezar con la ayuda ligada, y perdónenme, pero voy a hacer referencia también a la pregunta que anteriormente ha hecho el
portavoz de CiU sobre esta ayuda. Efectivamente, hay estudios que muestran que el coste de la ayuda ligada más o menos se incrementa entre un 30 y un 40 por ciento, pero el hecho de no ligar la ayuda tiene que ir también vinculado a otros
principios. Por un lado, promover, sobre todo, el tejido empresarial de aquellos países o regiones en los que se va a dar la ayuda. De esa manera, favoreces, por un lado, la ayuda en lo que estás haciendo, pero también apoyas el tejido
empresarial. Por otro lado, que la ayuda no sea ligada no quiere decir que no se vaya a dar en última instancia a empresas españolas. Yo creo que tampoco podemos desestimar la competitividad que pueden llegar a tener empresas españolas en ciertas
regiones. Se trata de que sea una ayuda eficaz y, en algunos casos, si la empresa española es la más eficaz va a ser dada a la empresa española. Yo creo que estos principios tienen que ir siempre vinculados. No se trata de desligar la ayuda para
que favorezcan especialmente a empresas de otros países desarrollados, y por eso también es importante señalar unos principios claros sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Esto es básico a la hora de desligar la ayuda porque, si no lo
tenemos en cuenta, si la lucha contra la corrupción no está realmente señalada, podemos llegar a situaciones en las que no estamos favoreciendo los intereses de las empresas españolas pero sí los de las alemanas, lo cual no tendría ningún sentido.
Vuelvo a decir que también es importante desarrollar el tejido empresarial como parte de la ayuda de aquellas regiones o países en los que se está dando la ayuda.



Por otro lado, y siguiendo con la ayuda y más específicamente con los principios de eficacia de la misma, quiero señalar, aunque no me voy a extender porque ya lo han señalado anteriormente otros comparecientes, la necesidad de la
previsibilidad de la ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo del Milenio, cuando estamos hablando de necesidades sociales básicas. Es muy difícil poder contratar a profesores, médicos, enfermeras si no sé el dinero
con el que voy a disponer el año que viene. Todos tenemos que ser muy conscientes de que es muy importante que haya un marco presupuestario plurianual y que además este marco sea lo suficientemente flexible. El hecho de que se señale para cada uno
de los subartículos un marco presupuestario determinado puede dar una rigidez innecesaria a este instrumento, y en muchos casos, cuando estamos hablando de desarrollo, de estas necesidades básicas, también es importante. Sin extenderme más, me
gustaría decir que también la apropiación y la armonización son temas que no se desarrollan suficientemente en los dos proyectos.



Profundizando más en aspectos que tienen que ver con ayuda y deuda, otro de los temas más mencionados es la ayuda reembolsable. No es que nosotros pensemos que no se deba dar ayuda reembolsable en ningún ámbito, sino que parto de que
tenemos el objetivo final de erradicar la pobreza. En este sentido, cuando el profesor Alonso ponía el ejemplo de que todos necesitamos tener acceso a crédito para obtener una casa, también habría que verlo desde el punto de vista de a quién le das
ese crédito para tener una casa. Hay necesidades que consideramos un derecho, independientemente del acceso o de los recursos que se tengan, y en este país podríamos


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hablar de una vivienda, de educación o de sanidad. Les quiero poner un ejemplo. Yo vivo en el Pozo del Tío Raimundo y conozco a muchas familias que viven con 500 ó 600 euros al mes. Si estas familias van a un banco y piden un crédito, no
se lo van a dar, y desde mi punto de vista, con buen criterio; estas familias necesitan otro tipo de apoyo. Pues bien, en los países en desarrollo estamos hablando de lo mismo. Por eso, es importante que a los países menos avanzados, que tienen
tantas dificultades para salir adelante, es importante que no se les dé ayuda reembolsable sino que se hagan donaciones -estoy hablando de los países HIPC, los países altamente endeudados-, también por intereses propios españoles, es decir, no vamos
a dar créditos cuando no sabemos si van a poder devolverlos y además vamos a empeorar la situación de estos países. Por supuesto, en lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo del Milenio también es muy difícilmente argumentable que se
pueda hacer con ayuda reembolsable.
Estamos hablando de necesidades sociales básicas y en nuestro país y prácticamente en todos los países del mundo -y en la mayor parte de los objetivos de desarrollo del Milenio, es posible que haya alguna
excepción en el objetivo 7-, es difícil pensar que alguno de estos ejemplos se pueda financiar con ayuda reembolsable y no con donación, lo cual es importante.



Con respecto a la deuda, por no ampliar mucho más mi intervención, quiero poner dos ejemplos que van a ser ilustrativos. Por un lado, la importancia de la deuda para el cumplimiento de los objetivos del Milenio para el desarrollo de los
países. Voy a poner un ejemplo para que veamos todos de qué estamos hablando: cuando a Tanzania se le canceló la deuda externa, en ese mismo año allí se escolarizó a más de un millón de niños y sobre todo de niñas. Si estamos hablando de países
que tienen este problema, que ni siquiera pueden cubrir los cinco primeros años de educación primaria, hemos de pensar que si no hubieran tenido esta deuda estos niños y niñas podrían haber ido al colegio mucho antes, que muchos otros niños y niñas
podrían haber ido al colegio, y creo que es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Hay que ver en qué países, dónde se está generando la deuda, cómo y qué problemas están teniendo a largo plazo.



Por último, quiero referirme a la garantía soberana. Quiero poner un ejemplo que además viene más al caso porque es un ejemplo de un crédito FAD. En el año 2001 España abrió una línea de crédito FAD a Mozambique -además ya lo vinculo con
la necesidad de no dar ayuda ligada especialmente y ayuda reembolsable cuando hay catástrofes naturales- con ocasión de las inundaciones del año 2000. Posiblemente luego las compañeras de Intermón Oxfam puedan desarrollar más esto, pero yo quiero
prestar especial atención a este punto. En 2001 se abrió esta línea de crédito; la ciudad de Xai Xai, al norte de Maputo, se quedó totalmente sin electricidad; una de las primeras cosas que quisieron fue un generador y entonces se aprobó. Lo que
tiene la garantía soberana es que en muchos casos se retrasan mucho las cosas. Si FIEM sale adelante es importante ver cómo se va a gestionar, porque cuando estuve estudiando este crédito me llamó bastante la atención la forma en la que se
gestionaba. Se abre la línea de crédito, las empresas españolas van al país y empiezan a ver qué posibilidades hay. Se habla de la posibilidad de un generador y hasta aquí todo parece más o menos razonable, podría haberle salido más barato a
Mozambique un generador de otro país, ver si desde Sudáfrica a lo mejor era más fácil, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el problema? Que, en lo que España aprobó realmente este crédito, luego consiguieron la garantía soberana y luego volvió a
dar este crédito, nos hemos situado en el año 2005. Del año 2001 a 2005 resulta que Xai Xai, ¡gracias a Dios!, ya tenía un generador que daba electricidad al 2 por ciento de su población. Cuando yo estuve allí y vimos lo que les parecía esta
posibilidad de un generador, nos dijeron que estaba bien pero que ya tenían uno, que lo que no tenían era red y que con este mismo dinero podrían perfectamente tener una red. ¿Qué es lo que pasa? Que, por esas trabas que hay de la garantía
soberana, ya no se podía hacer. ¿Qué es lo que le ha pasado a Xai Xai? Que ahora mismo tiene dos generadores -no tiene red-, uno de ellos es un backup para cuando el otro funcione, pero además es una deuda para el país. Esto tenemos que intentar
que se evite porque no tiene sentido que se reproduzcan ejemplos como este. Es importante que haya unas condiciones mínimas que garanticen la transparencia, que no haya corrupción y la mutua rendición de cuentas; son principios de eficacia en la
ayuda que desde esta Comisión se han estado promoviendo y que yo quería agradecer -y con esto termino-, y por eso creo que si enfatizo especialmente en esta comparecencia es porque pienso que desde España y específicamente en el Parlamento y en esta
Comisión se han promovido mucho los objetivos de desarrollo del Milenio y la eficacia de la ayuda. Creo que estos proyectos tendrían que continuar en esta línea y me parece que es una oportunidad muy buena para trabajar en esta misma dirección.
Por eso, lo quiero enfatizar, y por eso he empezado mi exposición intentando argumentar los objetivos de desarrollo del Milenio y la eficacia en la ayuda, porque sé que todas y todos los que estamos aquí realmente creemos profundamente en esto y que
se ha estado trabajando en esta línea.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro, por la claridad de algunos de sus ejemplos que me parecen especialmente interesantes. Tienen la palabra los portavoces. Señor Campuzano, por Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la intervención de la señora Navarro. Tan solo quiero plantearle una cuestión, compartiendo lógicamente el compromiso con los objetivos de desarrollo del Milenio. No sé si la limitación que el
proyecto de ley introduce a esa


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prioridad en el Fonprode en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio no nos permite situar también a un cierto nivel otras cuestiones importantes vinculadas a la cooperación al desarrollo como es todo lo referente a la
gobernabilidad democrática y el reforzamiento institucional de los países. No sé cómo verían ustedes, en las limitaciones que introduce el proyecto de ley, que se ampliase no tan solo esa referencia a los objetivos del Milenio sino a otros
objetivos de desarrollo que incorporasen los aspectos de gobernabilidad democrática.



La señora PRESIDENTA: Señor Robles, por el Grupo Popular.



El señor ROBLES OROZCO: Muchísimas gracias a la coordinadora de la campaña del Milenio. Creo que ha sido un acierto pedir su comparecencia porque además, a mi juicio por lo menos, ha aportado una visión muy especial, ya que nos ha hecho
una referencia a algo que es permanentemente el norte en esta Comisión, que son los objetivos del Milenio. En tiempos de duda o cuando hay dudas o cuando uno no sabe muy bien dónde tiene que centrar las cosas, se tiene que ir siempre a los
principios, y en este caso los principios son los objetivos del Milenio. Muchas veces hablamos de las cuestiones de la política de Estado y hoy ya, visto lo visto, no me atrevo tanto a decir que haya política de Estado; sí me atrevo a decir que
hay política de acuerdos y la fortuna es que todos somos suscriptores de una forma o de otra de los objetivos del Milenio. Hay un consenso, eso sí, en la política internacional y también en la política nacional, y es que al menos de aquí a 2015
tenemos una hoja de ruta y unos objetivos.
Por lo tanto, de alguna manera cuando efectivamente en este momento puede haber interpretaciones o dudas sobre qué hacer, yo creo que lo mejor es irse a qué dicen los objetivos del Milenio, que hemos
firmado todos en diferentes circunstancias, momentos, gobiernos, oposiciones y partidos, y ajustarnos a ellos. Por lo tanto, me alegro mucho de que nos haya hecho un análisis de cómo desde estas leyes podemos ayudar a cumplir los objetivos, en
concreto el objetivo 8 y sus tres metas, y lo tendremos muy en cuenta.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista la señora Colldeforns i Sol tiene la palabra.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Me sumo a las consideraciones que han hechos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, porque realmente hay que recordar que el objetivo último de toda cooperación es erradicar la pobreza y,
por tanto, llegar a un mundo más justo, y nos ha parecido pertinente. También le agradecemos que nos haya recordado que la gestión puede dar al traste con la intención, y en este sentido intentaremos desde nuestra posición en esta Comisión que el
marco, es decir, la intención, la ley, sea lo más ajustada posible para que la gestión sea también necesariamente la más eficaz posible.



La señora PRESIDENTA: Señora Navarro.



La señora COORDINADORA DE LA CAMPAÑA DEL MILENIO DE NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (Navarro Mangado): Con respecto a los aspectos de gobernabilidad y democracia, creo que son básicos, y también lo son para el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del Milenio, pero manteniendo también principios de apropiación, de trabajo, siempre conjunto, de mutua rendición de cuentas de los países donantes con los países receptores.
Manteniendo esos principios, un trabajo de gobernabilidad, un
trabajo de democracia, es esencial. Una de las líneas básicas de la campaña del Milenio en el sur son los temas de corrupción. Nuestros compañeros en esos países son los primeros que señalan, con las redes de las organizaciones de la sociedad
civil con las que trabajan, que para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio la lucha contra la corrupción es básica y clave. Eso es un criterio de gobernabilidad.
Otros criterios democráticos, de participación de las
organizaciones de la sociedad civil, de participación de los gobiernos locales, también son básicos, porque si no es muy difícil dicho cumplimiento de los objetivos.
En esa alianza, en ese objetivo 8, creo que podemos enmarcar todo este trabajo, y
creemos que es muy necesario.



No he mencionado -las prisas a veces te llevan a esto, pero aprovecho ahora la ocasión- que, aunque el proyecto de FIEM sí tenga en su marco los objetivos de desarrollo del Milenio, hay algunos puntos que nos llaman especialmente la atención
sobre cómo harían para coordinar estas metas de las que hemos hablado con el FIEM. Creo que ahí hace falta un mayor debate. Me gustaría que pudiéramos entrar en un debate -es un deseo, una solicitud, una petición- con los portavoces de la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio, porque creo que sería un debate muy rico y muy pertinente en aras a la coherencia de políticas.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. Tomamos buena nota de su última sugerencia. De hecho, hay algunos integrantes en este momento que pertenecen a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, como la señora Colldeforns.
Intentaremos que así sea si los portavoces lo desean.



Quisiera plantearles si desean un receso de diez minutos o continuamos.
(Pausa.) Pues continuamos.



- DE LA SEÑORA INTEGRANTE DE LA CAMPAÑA 'QUIÉN DEBE A QUIÉN', (GARCÍA GONZÁLEZ). (Número de expediente 219/000458.)


La señora PRESIDENTA: Doña María Sagrario García González es integrante de la campaña 'Quién debe a quién'.



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La señora INTEGRANTE DE LA CAMPAÑA 'QUIÉN DEBE A QUIÉN' (García González): En primer lugar, agradezco a la presidenta y a la Comisión de Cooperación la invitación a la campaña 'Quién debe a quién', a la que represento, conformada por más de
50 organizaciones a nivel de todo el Estado. Hemos presentado a SS.SS. el documento de posicionamiento, pero he traído ejemplares de nuestras demandas por si han tenido problemas con los equipos informáticos. Presento nuestras disculpas por si no
les ha llegado, pero tenemos mucho interés en que puedan leerlas. Ese documento viene apoyado por más de cien organizaciones, redes internacionales, coordinadoras estatales y organizaciones a nivel estatal.



Para no entrar en detalles que me puedan consumir el tiempo, para la campaña la discusión radica fundamentalmente en el marco que ha orientado la reforma de estas leyes. El marco que el Gobierno plantea parte del apoyo a la
internacionalización de las empresas en un contexto de crisis y el marco de nuestras demandas está en las obligaciones de derechos humanos que tiene el Estado español y el espíritu y el mandato de la Ley de gestión de deuda externa. Creo que ahí es
donde se halla nuestro desencuentro, el distanciamiento con estos proyectos de ley. En este marco que nosotros defendemos hay tres líneas fundamentales. En primer lugar, la resolución del endeudamiento ilegítimo e ilegal y el financiamiento
responsable conforme a la comunidad internacional y al Consenso de Monterrey. Consideramos que eso debe implicar la AOD desligada. En ayuda humanitaria, ligar la ayuda significaría estar incluso en contradicción con la estrategia sectorial de
ayuda humanitaria de nuestro país. No me extenderé más. Propugnamos que se apueste por la donación. En ese sentido, consideramos que la AOD va a poblaciones empobrecidas y por tanto que no tienen las condiciones para devolver un crédito. En el
nuevo Plan director de cooperación 2009-2012 ya se integra un enfoque de derechos que supone un análisis de la cooperación muy diferente en el que la AOD debe ir destinada sobre todo a servicios básicos y a fortalecer el tejido social, la
institucionalidad democrática, generar las condiciones para conseguir erradicar la pobreza y derechos humanos. Por tanto, nosotros no creemos que los créditos sean un instrumento para la cooperación y más con una AOD tan lejos de la meta del 0,7.
Ya es bastante mínima como para encima dedicarla a un instrumento, el crédito, que nosotros no consideramos. En ese sentido, creemos que debemos apostar puramente por la donación, como ya están haciéndolo otros países de nuestro entorno y de la
OCDE como son: Australia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Suiza. Estos países están en esa línea y no vemos ningún fundamento para pensar que nuestro país no deba ir por ella.



Otro de los puntos es la auditoría. Creemos que la resolución del endeudamiento ilegal e ilegítimo y el posible futuro endeudamiento tienen que ver con la realización de auditorías integrales públicas. Tampoco créditos a países de menor
renta que la española ya sea por instrumentos comerciales o instrumentos de cooperación. Y el respeto a la soberanía nacional y prioridades en la realización y protección de derechos humanos en todas las políticas de concesión de préstamos,
acuerdos crediticios y resolución de deuda ilegítima. Este es el punto que se refiere a la deuda, a no generar más deuda y al financiamiento responsable. Otros de los puntos que defendemos es el cumplimiento de las obligaciones jurídicas de
nuestro Estado en materia de derechos humanos que debe prevalecer por encima de cualquier otra política. La normativa internacional y los compromisos que nuestro Estado ha asumido son imperativo legal que se deben incorporar en todas las políticas,
sean comerciales, sean económicas o de cooperación. En este punto no vemos reflejado ninguno de los pactos, tratados, convenciones tanto de Naciones Unidas como de la OCDE, que en el caso del consenso de la OCDE tienen rango de ley, a nivel europeo
no son directrices sino que tienen fuerza legal. También va en contra del Pacto de Estado contra la pobreza, que incluye no solo el tema de deudas, sino también la cooperación y la política económica. También creemos que va en contra del Plan
Nacional de Derechos Humanos aprobado en la presente legislatura, hace poco más de un año, que insta a adecuar el ordenamiento interno a los compromisos internacionales. Creemos que la no regulación del Cesce, porque opinamos que hay un
incumplimiento de regulación del Cesce -que era por mandato de la Ley de gestión de deuda-, y el nuevo instrumento FIEM, que tampoco está regulado, no solo es incumplir un mandato sino también un grave retroceso en la agenda de derechos humanos que
nuestro país venía asumiendo conforme a los compromisos internacionales. No creemos que esa agenda se deba relegar en un contexto de crisis, ni mucho menos. Bien por búsqueda de consensos o por negociación los derechos humanos son compromisos
legales y que debemos cumplir. En este sentido, quisiera remitirme al último informe del representante especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas en el que apunta que las empresas en los países del sur vulneran sistemáticamente
los derechos humanos. Lleva recogidos más de 400 casos de violación denunciados públicamente y ha establecido un marco de políticas de protección, respeto y compensación en el 2008 aprobado por el Consejo de derechos humanos, que establece que el
deber primordial de proteger, respetar y reparar compete a los Estados. En ese sentido, señala que los vacíos de gobernabilidad son los que permiten los atropellos de estas empresas en los países del sur. Está claro que un fondo como el que se
está planteando, FIEM, desregulado e indiscriminado, para una operación que se haga en Alemania seguramente no va a causar estos impactos, porque allí tienen toda una institucionalidad democrática que va a impedir esos abusos. Pero en Nigeria o en
otros países que aquí se han citado, la falta de institucionalidad nos exige cumplir cuanto antes nuestros compromisos en materia de regulación. En ese sentido, y en el contexto


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de crisis, quiero citar el informe del representante especial de derechos humanos y empresas -del que también les he traído una copia- que señala que los derechos humanos peligran más en tiempo de crisis y que las mismas deficiencias y
fallos de gobernanza que provocaron la crisis económica actual son las que están permitiendo un entorno permisivo para esta vulneración de derechos. Esto supondría una salida en falso, una huída hacia adelante, ya que ir por esa línea no puede
plantear una recuperación económica sostenible porque sería sobre unas bases muy frágiles. O sea, plantear esta línea por parte del Estado español no solo no va a recuperar nuestra economía, sino que tampoco tendría consecuencias muy importantes en
los derechos humanos.



Por último, quiero añadir la aplicación misma de los principios básicos de derechos humanos. En el punto anterior quise decir que las leyes deben definir claramente cuáles son los países, sectores prioritarios, tipos de empresas,
operaciones, objetos del contrato. Creemos que todo ese tipo de regulación debe estar incluido en las reformas, y para garantizar que eso se cumpla se deben incorporar los principios de derechos humanos: transparencia, responsabilidad,
participación, Estado de derecho, inclusión y rendición de cuentas. Creemos que las reformas que se plantean tienen carencias enormes en el sentido de establecer mecanismos de control público, parlamentario, participación y rendición de cuentas.



La señora PRESIDENTA: Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la información que nos ha dado la señora García González en su intervención y hacerle una pregunta concreta. ¿Las previsiones que contiene el proyecto de ley del Fonprode en el artículo 9,
cuando establece una serie de obligaciones en los procedimientos de adjudicación de los correspondientes fondos, el respeto por la entidad ejecutora de las normas y directrices en materia de derechos humanos, de responsabilidad social y de derechos
de los trabajadores, el respeto al catálogo anticorrupción de la OCDE, el respeto de los principios de transparencia, competencia y publicidad, serían traspasables, a su entender, al proyecto de ley del FIEM?


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Le agradezco mucho la información a la señora García González que nos ha facilitado aquí y toda la información que previamente nos ha mandado por esos breves y pocos correos que hemos recibido, que creo que son una
técnica educativa extraordinaria, ya que cuando uno repite sistemáticamente las cosas, aunque solo sea por la cantidad de veces que las lee, se le quedan a uno en la cabeza. Por tanto, le reitero las gracias por toda la información que nos ha
remitido. Creo que es un informe muy exhaustivo, muy claro, y aunque evidentemente en unas cosas es más fácil que en otras trasladarlo al conjunto de la política de cooperación española, en todo caso creo que va a ser un instrumento positivo.



Una de las preocupaciones que le he escuchado aquí y que está reflejada permanentemente en el informe es, como no puede ser de otra forma, la lucha contra la corrupción, la transparencia y los derechos humanos. Hace muy poco hemos tenido
unas jornadas en el Parlamento sobre el tema de derechos humanos. En esa resolución el Grupo Popular propuso trasladar y convertir una de las propuestas en la creación de una subcomisión en esta Comisión de Cooperación. Espero y deseo que haya
consenso dentro de los grupos parlamentarios para que podamos crear una subcomisión dentro de la Comisión de Cooperación que siga estos temas con mucho más detalle. Es evidente que la cooperación española, no solo en instrumentos sino también en
objetivos y en exigencias, debe ser en estos temas mucho más activa. La Comisión podría jugar un papel en los temas de derechos humanos, de transparencia, de lucha contra la corrupción, es decir, los principios éticos que debe regir nuestra
cooperación. Le agradezco mucho sus apreciaciones y espero que la Comisión pueda avanzar en estos casos concretos.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Calabuig.



El señor CALABUIG RULL: Quiero agradecer también la intervención de la compareciente. Me ha parecido entender al inicio de la intervención que, según la señora Navarro, esa reforma parecía inspirada por promover un marco de apoyo a
empresas en tiempos de crisis, que no un proceso de evolución, necesario y lógico, de todo el sistema de ayuda oficial al desarrollo en España, en el sentido de que crea nuevos instrumentos que precisamente se crean para intentar cumplir todas las
recomendaciones que ha habido hasta el momento, para cumplir la ley y para cumplir muchas de las demandas que a lo largo del tiempo se han expresado tanto por organizaciones no gubernamentales como por organismos internacionales.
Por eso no acababa
de entender muy bien este aspecto. En todo caso, quería agradecerle su intervención y hacer este apunte.



La señora PRESIDENTA: Señora García González, tómese su tiempo para contestar.



La señora INTEGRANTE DE LA CAMPAÑA 'QUIÉN DEBE A QUIÉN' (García González): Nosotros creemos que el Fonprode establece algunos criterios y mecanismos mayores que en el caso del FIEM que se limita a un informe, incluso no dice informe sino
memoria anual en la que no dice qué tipo de información se va a dar. En el caso del Fonprode sí que establece algunos criterios en cuanto a no apoyar la compra de


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armas, pero nos parece muy limitado y también muy insuficiente a nivel del control y evaluación de los mecanismos previstos en el Fonprode. Quisiera ir a las demandas concretas. Ahí sí les hemos señalado concretamente y podemos presentarle
más detalle. Incluso con la Ley de gestión de deuda actual vemos que las memorias que se presentan son insuficientes para conocer qué tipo de operaciones y con qué objeto. Hay muy pocos datos y ya fue un avance, se citaban país, empresa y un
título de lo que se ha realizado, pero la información es escasa. Creemos que debe ser el Parlamento quien controle y evalúe y que debe haber una participación de la sociedad civil, tanto a nivel español como de los países donde van a ser ejecutados
dichos proyectos. En ese sentido, Fonprode sí es limitado y tiene carencias. En el caso de FIEM los mecanismos son inexistentes.
Nosotros consideramos que el FIEM es un instrumento indiscriminado de apoyo a las empresas, un instrumento comercial
que, tal como se plantea, puede generar vulneración de derechos humanos en los países del sur. Por tanto, mientras no se regule desde la ciudadanía, no vemos que con fondos de los contribuyentes se apoyen empresas en ese inexistente marco legal.

Por eso, instamos a que se realice esa regulación con más definición en la propia ley. En cuanto al Grupo Popular, agradecemos esa información y esperamos que esa Comisión cobre fuerza y tenga su peso. En la idea que lanzan ustedes lo que se está
planteando es rebautizar con otro nombre lo que es el FAD. Incluso -y respondiendo también al señor Calabuig- nos parece que las situaciones en las que se plantean estos dos instrumentos nos ponen en un retroceso, incluso de los propios FAD, en
donde había una coordinación a nivel ministerial, que se supone que era un único instrumento porque debería contemplar la ayuda oficial al desarrollo.
Para nosotros lo que se está planteando ahora tiene intereses que no corresponden con el mandato
de la Ley de gestión de deuda externa y derechos humanos, como he explicado.



La señora PRESIDENTA: Señora García González, le agradezco profundamente su tiempo y toda la campaña que han hecho y que, como decían algunos portavoces, nos ha llegado profusamente. Asimismo, le agradezco que nos deje el informe del
relator de Naciones Unidas, que creo que no lo tienen ustedes.



- DEL SEÑOR INVESTIGADOR DEL 'OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN' (GÓMEZ-OLIVÉ CASAS). (Número de expediente 219/000459.)


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra don Daniel Gómez-Olivé Casas, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización.



El señor INVESTIGADOR DEL OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN (Gómez-Olivé Casas): En primer lugar, quiero agradecer la invitación en nombre de todo el equipo del Observatorio de la Deuda en la Globalización, así como la
oportunidad que nos brindan esta mañana de participar desde la sociedad civil, para colaborar de alguna manera en el proceso de elaboración de reforma de los principales instrumentos generadores de deuda, los créditos FAD y también los seguros
Cesce.
Esperemos que esta experiencia sea del todo positiva y fructífera para ambas partes y que sirva de precedente para poder, a partir de ahora, tener esa línea de diálogo continuada de aquí al futuro. Quiero reafirmar, como han dicho
comparecientes anteriores, que desde ese llamado tercer sector hemos venido trabajando en los últimos años de una manera muy estrecha para hacer evaluaciones conjuntas y estudios para poder conseguir al máximo las demandas comunes. Esperemos que
este esfuerzo que hemos hecho, y que venimos haciendo desde el sector en los últimos años, se vea reflejado en las demandas que sus respectivos partidos deben presentar. En ese sentido me atrevería a hacerles una solicitud. Ha dicho, señora
presidenta, que parece que el periodo de enmiendas se va a alargar. Yo les solicitaría, en la medida de lo posible, que si es necesario, dado que hoy les estamos ofreciendo mucha información, puedan incluso alargarlo más porque creemos que el
momento lo vale, la reforma de los créditos FAD necesita un estudio con toda la tranquilidad.



Dicho esto, entramos en materia. Se nos ha pedido que demos nuestra opinión en relación con la reforma de los créditos FAD y también, repito, de los seguros Cesce. Para poderlo hacer debemos enmarcar que estamos aquí en este momento
precisamente porque la Ley de gestión de la deuda que fue aprobada hace tres años, en sus disposiciones transitorias primera y tercera recomendaban al Gobierno -de hecho, exigían- la reforma de los dos mecanismos generadores de deuda, no tan solo
los créditos FAD sino también los seguros Cesce que los acompañan. Como sabrán SS.SS., la valoración del ODG en ese momento sobre la Ley de la gestión de la deuda no pudo ser favorable aunque sí reconocemos que se lograron algunos avances, como el
hecho de haberse ganado una mayor transparencia en la información en cuanto a lo que está haciendo el Gobierno español en la gestión de la deuda. Pero consideramos que habíamos perdido una oportunidad en aquel entonces porque no se consiguió que la
Ley de la deuda, en su marco, aceptara la corresponsabilidad del Estado español como generador de deuda en los países del sur; responsabilidad que de alguna manera sí venía recogida en el Consenso de Monterrey aprobado en la Conferencia
internacional sobre la financiación para el desarrollo, en marzo de 2002, y que en su artículo 47 decía que los países deudores y los países acreedores deben compartir la responsabilidad de evitar y resolver situaciones en que el nivel de
endeudamiento es insostenible.
Dado que no se recogió este marco, tampoco conseguimos lo que en aquel entonces veníamos reclamando desde el observatorio de la deuda, dentro de la campaña 'Quién debe a quien', de la creación de mecanismos de
evaluación y


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auditorias de la deuda externa exigida, a fin de conocer su origen, que consideramos ilegítimo, en cuanto que la mayor parte de los créditos exigidos entendemos que no favorecieron el desarrollo integral de los pueblos del sur a los que iban
dirigidos. No obstante, veíamos en esas disposiciones transitorias primera y tercera, que exigían, insisto, la reforma de los créditos FAD y los seguros Cesce, una esperanza de que en su reforma -la que ahora estamos debatiendo- no se crearían
nuevos mecanismos de deuda ilegítima en el futuro; de hecho, de alguna manera entendíamos así el espíritu de la ley y por eso también aplaudimos esa reforma que venía recogida en la Ley de la gestión de la deuda.



Con esa esperanza, digo, recibimos estos proyectos de ley. Sin embargo, cuando leemos su contenido nos damos cuenta otra vez de que no se contempla el marco de corresponsabilidad del Estado español con los países del sur en la generación de
la deuda. Ello hace que estas leyes creen nuevos mecanismos generadores de deuda, como son el Fonprode y el FIEM, en función de créditos -los del Fonprode desligados, es verdad, pero que también generan deuda, como ha dicho el profesor Alonso-, sin
establecer los mecanismos de evaluación que nosotros creemos necesarios ex ante, durante y ex post de cada uno de los proyectos que se financian con estos créditos, sin el seguimiento necesario, sin el control en la rendición de cuentas, como ya se
ha dicho reiteradamente, con normas legales vinculantes para aquellas empresas que no cumplan con los criterios establecidos, a fin de garantizar -pensamos- la total transparencia y la participación de la sociedad civil en aras, obviamente, a evitar
la corrupción, la malversación de fondos o posibles fraudes, como ha sucedido con los créditos FAD. De hecho, con estos nuevos mecanismos, con el Fonprode y con el FIEM, no podemos garantizar que se vuelva a generar deuda ilegítima en el futuro.



No valoramos positivamente que no se haya hecho un estudio en profundidad de lo que significa apoyar con dinero público la internacionalización de la empresa española. No hay una reforma de Cesce, tal y como se nos quiere hacer entrever, en
la segunda ley, porque no están solo los del FIEM sino que en el capítulo 2 también dice que hay una reforma de Cesce.
No solo no hay reforma de Cesce sino que se genera un nuevo instrumento de internacionalización de la empresa española que es el
FIEM. Por tanto, desde el observatorio de la deuda pensamos que estamos creando nuevos mecanismos que nosotros llamamos de anticooperación, que es un nuevo término que acuñamos y que lo que quiere decir es que son mecanismos que actúan en dirección
opuesta a lo que pretendemos con las políticas de cooperación; es como si a un señor o a una señora le duele mucho el brazo, va al doctor y sale del ambulatorio con una escayola sin haberse hecho ni siquiera una radiografía, con la única esperanza
de que esa escayola por el hecho de habérsela puesto le va a salvar del dolor, pero, repito, no se ha hecho una radiografía ni una evaluación en profundidad para saber por qué dolía ese brazo. Entendemos que esto se podría haber evitado de alguna
manera si en la Ley de gestión de la deuda se hubiera aceptado el principio de corresponsabilidad del Estado español en la generación de deuda y, a su vez, se hubieran establecido mecanismos de auditoría de esta deuda. Estas auditorías no solo nos
hubieran permitido conocer el origen ilegítimo o legítimo de estas deudas sino que también hubiéramos aprendido -ya llevaríamos tres años en ello- cuándo funciona un proyecto y cuándo no, de manera que ahora, en el momento de la reforma sabríamos
qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos evitar.
De hecho, esto es lo que han venido haciendo en los últimos años países de nuestro entorno que también han tenido sus créditos FAD. Nosotros en su momento hicimos un estudio -creo que
se lo enviamos, pero hemos traído copias por si quieren alguna- con el profesor Carlos Gómez Gil, en el que evidenciamos que otros países de nuestro entorno han hecho esas evaluaciones. Por ejemplo, en el caso inglés, después de un estudio riguroso
de evaluación de lo que fueron sus créditos FAD, los Aid and Trade Provision, los abolieron, porque no conseguían ninguno de los objetivos que perseguían: ni fomentar la internacionalización de las empresas inglesas en los países del sur, ni ser un
buen mecanismo de ayuda al desarrollo. Otros países no han ido tan allá, Alemania ha hecho, ya lleva más de veinte años haciéndolo, una evaluación muy rigurosa de todos y cada uno de los créditos en todos sus procesos: en el momento en el que se
están debatiendo, en el momento en el que se están elaborando los proyectos e incluso, tres y cinco años más tarde vuelven sobre el terreno para ver cómo se han desarrollado. Es un proceso de evaluación muy completo, incluso publicado en las
páginas web. Podríamos ir a la página web de la cooperación alemana y ver, por ejemplo, cómo en el último estudio que han hecho de sus créditos FAD dicen que tan solo el 79 por ciento de los créditos que se dieron han conseguido los objetivos
pretendidos, en cambio, el 21 por ciento restante, no. El hecho de decir que hay un 21 por ciento de tus operaciones que no han ido bien y explicar el porqué te ayuda a mejorar tu calidad de la ayuda.



Esto no tan solo lo decimos desde el observatorio o desde la campaña 'Quién debe a quién' u otras campañas u organizaciones internacionales, sino que de alguna manera también se recoge en el Pacto contra la pobreza, firmado en este país, en
el apartado de deuda externa, y nosotros estamos estudiándolo y trabajando al lado de Naciones Unidas; también lo está diciendo otro informe de Naciones Unidas -que también les remitiremos- del experto independiente que está trabajando sobre las
consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Como ya tendrán el informe, lo podrán leer.
Yo les recomendaría que fueran directamente, si no quieren leerse todo el informe, que es muy interesante, a las conclusiones


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y recomendaciones. En el artículo 66 el relator de Naciones Unidas pide a los países que se integre el concepto de corresponsabilidad de los acreedores en las respuestas mundiales a la crisis de la deuda, para hallar una forma justa y
duradera de resolver estas crisis y evitar una recurrencia del endeudamiento dudoso, para más tarde en el artículo 71 animar a los países acreedores a que consideren la posibilidad de realizar auditorías de sus carteras de préstamos, con miras a
determinar objetivamente si todos ellos se han contraído y utilizado no solo de manera compatible con sus políticas nacionales de cooperación al desarrollo y principios de derechos humanos universalmente reconocidos, sino si además apoyan las
prioridades de desarrollo de los países deudores. En el artículo 72 dice que es urgente y necesario ampliar y profundizar las iniciativas de alivio de la deuda existente, incluso mediante la anulación de todas las deudas que sean declaradas
ilegítimas, una vez que acreedores y deudores hayan efectuado una auditoría transparente y rigurosa.



Entendemos que si Naciones Unidas está debatiendo a este nivel, nosotros en estas leyes no podemos obviar este debate internacional que no se está haciendo solo desde el experto independiente, también hay una discusión en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo y el propio Banco Mundial está haciendo consultas con la sociedad civil en este término. Por tanto, creemos indispensable que estas nuevas leyes consideren este marco de corresponsabilidad del Estado
español en la generación de deudas así como las auditorías, a fin de poder esclarecer cuándo estas son legítimas y cuándo no y para evitar que en el futuro se cometan errores como en el pasado.



Esto es apremiante no tan solo porque lo digamos nosotros o Naciones Unidas, sino porque si hace tres años, cuando ya lo pedíamos, teníamos sospechas, con estos tres años y gracias, eso sí es verdad, a la Ley de gestión de la deuda y a la
poca transparencia, aunque sí que es verdad que la ha habido en cuanto a algunos objetos del contrato, ahora ya tenemos evidencias de ilegitimidad. Tanto en el estudio al que me refería anteriormente como en otro estudio, que también les vamos a
hacer llegar y que hemos realizado desde el observatorio de la deuda, tenemos casos, con los escasos recursos que nosotros tenemos, para evidenciar que con los créditos FAD desgraciadamente se han cometido errores y, por tanto, podemos decir que
existen ilegitimidades en los créditos reclamados.



Por no extenderme mucho simplemente me gustaría citar algún ejemplo porque creo que también los ejemplos ilustran lo que queremos decir. El cien por cien de la deuda que se reclama a Chad -uno de los países más empobrecidos del planeta, que
ocupa los últimos lugares en los índices de desarrollo humano- se debe a dos créditos FAD que se han usado simplemente para la reforma de un hotel de lujo en la capital de este país. Ya me dirán ustedes si eso ha ayudado al desarrollo del país.

Posiblemente sí a las elites pero no a la gente que más lo necesita. El cien por cien de la deuda de Somalia se debe pura y simplemente a la venta de armamento a un dictador que oprimió a su pueblo. Hay proyectos inconclusos en Nicaragua o en El
Salvador que están siendo controlados por la justicia de estos países porque ha habido desviaciones de fondos, pagos de comisiones y evidencias de corrupción. El caso de El Salvador -el ejemplo que ponemos en este estudio- significa el 25 por
ciento de la deuda que se le reclama a este país, también uno de los más pobres de América Latina.



Para no extenderme en argumentos y posicionamientos que ya se han dicho y que el observatorio comparte plenamente, nos preguntamos si realmente para este viaje hacían falta tantas alforjas porque, como he dicho al principio de mi
intervención, ahora disponemos de dos nuevos instrumentos, que son el FAD y el FIEM, sin las garantías suficientes de saber si vamos a generar o no nuevas deudas ilegítimas y sabiendo además que ello se hace en nombre de la AOD. Y aquí respondo
antes de que me lo pregunte el señor Robles. Nosotros consideramos que sí, que el FIEM es como un hermano mellizo del FAD, que tiene diferente aspecto pero un mismo código genético. Por tanto, antes de poner escayolas es importante hacer buenas
radiografías y buenos análisis que nos permitan no cometer errores en los diagnósticos. Pensamos que es necesario trabajar en aras de formular un nuevo marco financiero internacional, con nuevos instrumentos -tenemos que ser creativos- que vayan a
favor de una financiación responsable y que lo que primen sea la perspectiva de los derechos humanos y de la persona por encima de cualquier interés económico, de manera que se respeten los principios de justicia, responsabilidad recíproca,
participación de la sociedad civil y la transparencia. Esta es nuestra voluntad de trabajo y ahí siempre nos encontrarán a su disposición.



La señora PRESIDENTA: Tienen los portavoces la palabra. Señor Llamazares, por el Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Únicamente deseo agradecer la comparecencia del señor Gómez-Olivé.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También deseo agradecer la comparecencia del señor Gómez-Olivé y remarcar lo que usted afirmaba al inicio de su intervención sobre que el origen de estos proyectos de ley está en la Ley de la deuda externa, en
cuya preparación además su centro tuvo una importante participación antes de los debates que tuvieron lugar en la Cámara. Relevante es la cuestión que ustedes plantean de la deuda ilegítima y relevantes son los ejemplos que usted nos ha puesto esta
mañana. Quisiera plantearle si existen instrumentos institucionales en otros países de la OCDE


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que permitan articular mecanismos en el ámbito parlamentario o gubernamental con los que se pueda profundizar en la concreción efectiva de ese principio de deuda ilegítima con las correspondientes actuaciones que se deriven posteriormente.



La señora PRESIDENTA: Señor Robles, por el Grupo Popular.



El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias por la información y por habernos refrescado algo que es importante: que en esta Cámara está pendiente desde hace mucho tiempo la celebración de un debate con profundidad sobre la evaluación de los
créditos FAD. Es un tema pedido e incluso ofrecido por el Gobierno, y es verdad que debería haber sido un debate previo a la tramitación que vamos a tener. Nos vamos a meter en la labor legislativa sin haber hecho una reflexión con profundidad
sobre si se han logrado los objetivos y sobre las insuficiencias y dificultades. Bueno es que lo apuntemos como una carencia o como la falta de desarrollo de un compromiso que todos los grupos habíamos solicitado y que así estaba ofrecido desde el
principio de la anterior legislatura. En ese sentido, le agradezco que al recordárnoslo nos diga que aunque no lo hemos hecho en España, hay referentes internacionales que quizás sirvan para ayudarnos, para lo cual sería muy bueno que usted nos
pudiera facilitar nuestro trabajo dándonos la copia de esos informes de los que se han hecho evaluaciones y haciéndonos llegar al menos la referencia de la evaluación -yo he tomado nota- de lo que han hecho en el Reino Unido y en Alemania para que
pudiéramos saber qué indicadores se han utilizado, con qué criterios se han hecho esas evaluaciones y a qué resultados han llegado. De esta forma, y lógicamente salvando las diferencias que pudiera haber entre cada uno de los países, podrían
servirnos de referencia. Muchas gracias por recordarnos el tema y por facilitarnos esa información. Le agradecería que nos diera pistas para que pudiéramos tener esa documentación o al menos datos a manejar durante el tiempo de tramitación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Calabuig por el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor CALABUIG RULL: Solo quiero agradecer al señor Gómez-Olivé su intervención, así como la actividad que desarrollan, que sin duda es de gran interés para todos. Asimismo, quiero señalar que hemos tomado especialmente nota del tema de
las deudas ilegítimas, que es un espacio que es necesario analizar con detenimiento. Por otro lado, debo decirle que, en todo caso, en el proceso parlamentario de elaboración de la norma se podrán mejorar algunos de los aspectos que han venido
señalándose.



La señora PRESIDENTA: Señor Gómez-Olivé, tiene la palabra para la contestación.



El señor INVESTIGADOR DEL OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN (Gómez- Olivé Casas): En respuesta al señor Campuzano, debo decirle que hay una experiencia muy interesante en el caso de Noruega, porque a raíz de una movilización
ciudadana, de la que el Gobierno se hizo eco, se anuló el total de la deuda de cinco países deudores de Noruega porque se consideró -dado el estudio que había hecho la sociedad civil- que esos créditos eran ilegítimos. Se trataba de financiación
por unos buques que nunca se consiguieron llevar a cabo. En ese momento Noruega decidió cancelar unilateralmente esas deudas; no dijo por deuda ilegítima, pero sí por deuda irresponsable, aunque es igual, el concepto no es lo importante, sino el
sujeto, el hecho de que se reconociera por primera vez que un país acreedor había tenido una responsabilidad en el hecho de endeudar a unos países con unos buques que ni siquiera se habían llegado a vender, a lo mejor había comenzado el proceso pero
no habían llegado a buen término. Noruega tuvo presiones por parte del Club de París, pero aun así fue valiente y decidió cancelar esas deudas. No tan solo eso, sino que si en estos momentos en la Unctad, la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, y en el Banco Mundial -y yo incluso me atrevería a decir que en Naciones Unidas- se está yendo de una manera tan avanzada en esto de las deudas ilegítimas es precisamente porque el Gobierno de Noruega está financiando y
apoyando ese debate internacional, está dando apoyo a la comunidad internacional, que está trabajando por las deudas ilegítimas. De manera que llegar a una definición de deuda ilegítima que sea compartida por acreedores y deudores es una cuestión
polémica, lo entendemos. Todavía no hay jurisprudencia internacional en torno a ello. Sí que la hay en cuanto a las deudas odiosas, que son una parte de las deudas ilegítimas, y que son aquellas que cometen los dictadores, de modo que cuando estos
caen o mueren, la jurisprudencia internacional reconoce desde hace años que esas deudas no sean pagadas, por ejemplo, sería el caso de Irak. Sin embargo, todavía no hay una jurisprudencia internacional. Se está trabajando desde Naciones Unidas en
encontrar un tribunal internacional de arbitraje, y debería ser bajo el auspicio de Naciones Unidas porque no es una parte interesada. En estos momentos el Club de París de alguna manera es arte y parte en el proceso y, por tanto, no es un buen
escenario para debatir la resolución de las deudas, y menos las deudas ilegítimas, pero sí lo sería el de Naciones Unidas. También se está trabajando en este sentido y creemos que de aquí a algunos años podremos conseguir, al igual que el Tribunal
Penal Internacional de La Haya, un tribunal internacional de arbitraje para la resolución de deudas, no tan solo las ilegítimas sino también las insostenibles.



En cuanto a la solicitud del señor Robles, estamos encantados de darles este informe y nos ponemos a su disposición en este sentido. Es importante señalar que el Gobierno británico hizo este trabajo hace ya más de


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diez años, con mucho rigor y las conclusiones fueron muy contundentes.
Simplemente se llegó a la conclusión de que no se debía dar este tipo de créditos. En cualquier caso, como digo, nos ponemos a su disposición, y le señalo que el
informe que les remitiremos a continuación está en el capítulo 5.



Por último, quiero agradecer al Grupo Socialista que también entre a estudiar este tema de las deudas ilegítimas. Me gustaría decir que en este momento no solo está el caso de Noruega, sino que en Ecuador el nuevo Gobierno ha llevado a cabo
todo un proceso por el que expertos internacionales en economía y abogacía de Ecuador y del extranjero después de un año y medio han auditado la deuda que se le reclama a Ecuador y han llegado a la conclusión de que casi la totalidad de la misma es
ilegítima. Lo primero que hizo Ecuador fue ver cómo resolvía la deuda multilateral, es decir, la deuda contraída con los organismos multilaterales, y en estos momentos está trabajando para solucionar el tema de la deuda bilateral. Sabemos que el
Estado español también es acreedor de deuda ecuatoriana y en este sentido me alegra oír al representante del Grupo Socialista, porque entiendo que de alguna manera el Gobierno va a estar atento a las demandas del Gobierno de Ecuador en cuanto a
algunos créditos que también hemos estudiado -no he podido traerles esos ejemplares porque tenemos muy pocos, pero les puedo proporcionar la cita donde pueden encontrarlo en nuestra página web-, y es que hay deudas que España está reclamando a este
país que este comité de expertos nacionales e internacionales considera ilegítimas.



La señora PRESIDENTA: Señor Gómez-Olivé, muchas gracias por su tiempo. Si le parece, déjenos aquí los informes y ahora los repartimos.



- DE LA SEÑORA RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO EN INTERMON OXFAM (HERNÁNDEZ PARRA). (Número de expediente 219/000460.)


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra doña Verónica Hernández Parra, responsable de financiación al desarrollo en Intermon Oxfam. Señora Hernández Parra, tómese su tiempo al menos para sentarse.
Siento muchísimo la
celeridad con la que estamos actuando, pero esto es así.



La señora RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO EN INTERMON OXFAM (Hernández Parra): Señorías, yo también voy a agradecer en nombre de Intermon Oxfam y en el mío propio la asistencia de todos los portavoces y diputados de distintos
grupos así como la invitación de esta Comisión a intervenir. También quiero dar las gracias a todos los comparecientes anteriores, que han tenido la voluntad de presentar toda una pluralidad de opiniones pero al mismo tiempo han sido claros para
ustedes en la existencia de unos puntos estratégicos en los que todos coincidimos que deben ser resueltos. A lo largo de mi exposición me voy a centrar en esos puntos estratégicos que, como habrán visto, más o menos todos hemos ido reflejando de
una manera muy rápida al no tener tiempo para más, confiando en que considerarán mi exposición complementaria a lo que ya se ha dicho y a los muchísimos papeles que veo que todos ustedes tienen encima de su mesa. Asimismo, me gustaría decirles que
por parte de la sociedad civil nos hubiera gustado, además de este, tener un formato en el que pudiéramos oírles a ustedes; a nosotros nos han oído mucho y nos hubiera gustado oírles también a ustedes. Yo les invito a comer o a lo que quieran en
otro momento para poder hablar de cómo ven todos estos puntos desde su perspectiva y de si entre todos conseguimos buenas soluciones.



Voy a hablar básicamente de cuatro puntos, pasando por un ligero contexto de la situación; los roles entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Economía; temas de transparencia y rendición de cuentas; asimismo quisiera explicarles
cómo liga el tema de la eficiencia con el de poner un límite a la cooperación reembolsable, y finalmente de las capacidades del sistema, capacidades humanas y recursos económicos.



En cuanto al contexto, hay una diferencia clara con el contexto que vio nacer la Ley de deuda, ley que nos ha hecho estar hoy aquí hablando de la reforma del FAD. Hay un contexto de presión sobre recursos del Estado innegable. Esto
significa dos cosas, una presión por el volumen total del gasto público y una competencia entre las distintas políticas el Estado por los recursos públicos. ¿Qué nos trae este contexto? Nos trae un posible empeoramiento de la discusión en dos
sentidos, en el de reavivar viejos intereses de hacer que un mismo dinero sirva para dos políticas -que, como ya hemos visto con treinta años de FAD, no sirve para conseguir los objetivos de ninguna de las políticas implicadas-, y una segunda
presión por condicionar el nacimiento de estos instrumentos a unas políticas económicas de control del déficit y control del gasto salarial que, sobre todo en el caso de Fonprode, podrían acabar en crear un instrumento con pocas capacidades humanas
y mucha ayuda reembolsable para la que no existe la capacidad de gestión. Este es el contexto en una visión negativa.



En una visión positiva tenemos la mejor de las excusas -y yo creo que las autoridades deben sentir esa presión- para buscar una solución de mucha eficacia y de mucha transparencia. Entro directamente en el primer asunto: el papel del
Ministerio de Economía y el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sería muy poco estratégico condicionar un instrumento que puede vivir diez, quince o treinta años como el FAD por el contexto actual; no se puede ignorar el contexto actual,
eso es obvio, pero pensemos en un equilibrio de medidas que nos sirva para que este instrumento sea válido también dentro de cinco años y no tengamos que decir ¡qué hicimos en 2010! Que existe la presión negativa es evidente por ejemplo en dos
aspectos, en primer lugar en


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que el FIEM siga contando como AOD, lo cual es totalmente un sinsentido porque si estamos hoy aquí para una reforma del FAD era para separar los dos instrumentos, o sea qué hacemos hablando del FIEM-AOD, y en segundo lugar en el omnipresente
papel del Ministerio de Economía dentro del proyecto de ley de Fonprode. Esta mañana muy temprano José Antonio Alonso ha puesto algunos ejemplos. Podemos comparar en el Fonprode y el FIEM cuestiones como la garantía soberana, podemos comparar cómo
se presupuesta y cómo es el ciclo presupuestario, podemos comparar el papel que tiene el Ministerio de Economía en el Fonprode con cualquier otro fondo que exista en la cooperación o fuera de ella y veremos que en el Fonprode tiene un papel
excesivo. Creo que esto responde a la presión del contexto actual y me lo dice también la ejecución que ha tenido de su parte del FAD el Ministerio de Economía en 2008 -podrán ver un análisis de esa ejecución en la realidad de ayuda que será
publicada en unos días y que nos gustaría poder presentar en esta Comisión, creo que tenemos una cita el 22 de marzo-. Es evidente que la presencia del Ministerio de Economía en el Fonprode responde a esta presión por los recursos y por el control
del déficit. El Fonprode no es un instrumento de política económica, es un instrumento de política de cooperación; eso significa que quien tiene la titularidad y la responsabilidad de la política de desarrollo, que es el Ministerio de Asuntos
Exteriores, tendría que poder administrar esa responsabilidad y esos recursos bajo unos principios y estrategias que ya están convenidos y discutidos a multipartes, con agentes sociales y varias agencias del Estado, en vez de tener que trabajar con
vetos, aunque cuenten con el asesoramiento y el trabajo conjunto de otros ministerios. Esto sucede también a nivel internacional, en todos los foros que son sustancialmente de desarrollo como los bancos de desarrollo. El rol del Ministerio de
Economía, a nuestro entender, debería ser instrumental o subsidiario como el rol de otros muchos otros ministerios que participan en la política de cooperación por el tema en el que trabajan, pero, como ha explicado fenomenalmente bien José Antonio
Alonso esta mañana, gestión es responsabilidad de gestión y nos parece que este papel no va a facilitar para nada que seamos eficientes.



Aquí vengo a la cuestión de la transparencia y la eficiencia en la rendición de cuentas. Como les decía, este contexto de presión es una oportunidad para las autoridades a fin de tratar de aportar claridad en cuáles son los objetivos y los
resultados que nos traen este Fonprode y este FIEM. Necesitamos claridad en los objetivos y en los resultados para dar transparencia y eficacia a estos dos instrumentos que hoy en día, tal como están los proyectos de ley, tienen unas garantías muy
insuficientes, especialmente el FIEM. Este es un tema que ustedes se tienen que tomar con muchísima seriedad porque si hay una función principal a la tarea parlamentaria es la de dar transparencia a las políticas públicas. En el contexto actual no
podemos permitirnos que haya sombras sobre cómo y por qué se utiliza el dinero público y menos cuando es para ayuda al desarrollo, y qué menos que pedir a estos dos proyectos que igualen las garantías de transparencia y de rendición de cuentas que
tienen ahora bajo la actual regulación de FAD y de la Ley de deuda externa. También contesto con anticipación al señor Robles. El FIEM no es igual al FAD, es peor que el FAD, porque actualmente el FAD tiene unas obligaciones de rendición de
cuentas más o menos detalladas que no existen en absoluto en el proyecto de ley del FIEM. En cuanto a la eficiencia, va ligada a la obtención de resultados. ¿Qué resultados queremos de la cooperación al desarrollo y del instrumento que ejecuta el
50 por ciento de la cooperación al desarrollo? Lo que esperamos todos los ciudadanos y ciudadanas que contribuimos con nuestros impuestos a financiar la ayuda al desarrollo es que este dinero sirva para ayudar a los más pobres de entre los pobres.
¿Cómo se mide la orientación a la pobreza en la ayuda? La orientación a la pobreza técnicamente se mide por cuánto porcentaje de ayuda se dedica a servicios sociales básicos y a países menos adelantados. En este sentido, tenemos enfrente un
problema crucial que se ha debatido durante toda la mañana, que es el papel que tiene en el Fonprode la cooperación reembolsable. La cooperación reembolsable, tal y como decía la OCDE desde hace veinte años, solo se debe utilizar en sectores
productivos que generan retornos. ¿Qué pasa cuando se utiliza el crédito en servicios sociales básicos? La única manera de producir retornos es obligar a los usuarios a pagar tasas. Cuando los usuarios han de pagar tasas se está excluyendo del
acceso a sus derechos humanos fundamentales de educación, salud y agua a las personas más pobres, especialmente a mujeres y niñas, pero también a las personas minusválidas o con enfermedades crónicas, y podemos facilitarles estudios que lo
demuestran. Si hay infraestructuras que son tan importantes para estos servicios esenciales, como decía el profesor José Antonio Alonso esta mañana, si son tan necesarias para derechos fundamentales, financiémoslas con AOD clara, pura y rasa, con
AOD reembolsable.



Por otro lado, la orientación a la pobreza, como les decía, también se mide por la orientación de nuestra ayuda a países menos adelantados. Los países menos adelantados son en general países de renta baja o lo que llamamos HIPC, países muy
endeudados. No se pueden dar créditos a estos países. ¿Por qué? Porque es irresponsable. Marina lo ha explicado muy bien esta mañana. No va de acuerdo con nuestro compromiso con los ODM, porque ni los van a poder devolver ni les va a poder
servir como otra clase de fuentes de financiación para financiar servicios sociales básicos y de lucha contra la pobreza. No estamos diciendo en absoluto que toda la cooperación financiera sea nociva porque sería un sinsentido.
José Antonio Alonso
ha explicado muy bien cuáles serían los nichos donde esta cooperación sería útil, pero está el tema del mix. Lo que estamos diciendo es que la cooperación financiera tiene que tener un límite, el que acordemos, el que nos parezca razonable.



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El 5 por ciento nos remite al pacto de Estado, que es un documento que se debatió con tiempo en un contexto frío donde lo que nos importaba a todos era la eficacia. Por eso, el 5 por ciento sigue siendo válido, porque está en un tiempo, en
una discusión ajena a este contexto de presión.
¿Que en el contexto internacional la necesidad de cooperación reembolsable varía según las necesidades? Por supuesto, pero no estamos hablando del contexto internacional sino del contexto español, y
yo creo que un 5 por ciento es más que adecuado para las capacidades que actualmente tiene el contexto español en cuanto a capacidad para la cooperación reembolsable. Por ejemplo, el apoyo presupuestario, que es un instrumento de la ayuda que está
muy ligado a la agenda de eficacia y a la facilitación de servicios sociales básicos en los países, cuenta en España con una experiencia de cinco años, tiene una unidad especializada con personas muy capacitadas dentro de la Aecid y actualmente es
más o menos el uno por ciento de la ayuda total española. Si en ese contexto hemos llegado ahí, un 5 por ciento de margen es más que suficiente para crear esa experiencia y ese capital humano dentro de nuestra cooperación, incluso en los próximos
diez años; no es tan poco como pueda parecer.



Paso al tema de las capacidades humanas, que desde el punto de vista de Intermon Oxfam es el tema central. El Fonprode está llamado a tener la responsabilidad máxima en la ejecución de la AOD. Eso lo sabemos todos y por eso nos importa
tanto. ¿Qué significa esto para nosotros? Que tiene que estar ubicado a muy alto nivel dentro de la Aecid -no puede estar en un limbo- y que necesita personal adicional, porque ya existe un déficit de capacidades humanas tanto en cantidad de
personal como en su preparación dentro de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y porque por el mero hecho de ser un nuevo instrumento necesita recursos adicionales para facilitar ese proceso de transición.
¿Cómo se puede resolver
esto desde un proyecto de ley? De varias maneras que se pueden discutir; desde una disposición adicional especificando una dotación económica para esta dotación de personal, desde el compromiso de una revisión de la estructura de la Aecid en un
plazo determinado... Hay varias maneras de resolverlo, pero no resolverlo es dejar que la cooperación española vaya a una situación de colapso o de parálisis conforme está el proyecto hoy en día. No me voy a privar de dar una pequeña nota respecto
al tema de los recursos adicionales, y es que ni he oído hoy ni creo que nadie me pueda dar un argumento razonable de por qué los retornos de FAD que fueron contados como AOD no vuelven a la AOD. Si alguien tiene un argumento sobre esto que pueda
decir frente a un micro que me lo diga.



Por resumir, lo que nosotros les pediríamos es que establezcan unos instrumentos sin ambigüedades en sus objetivos, con claras garantías de transparencia y de rendición de cuentas, que no volvamos a tener ningún instrumento, ni Fonprode ni
FIEM, que sea un cajón de sastre, y sobre todo que el FIEM no sea AOD. Centrar la política de desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que parece una obviedad porque lo dice la Ley de Cooperación, y buscar roles
complementarios a esta entidad del MAEC que están en esta misma Comisión, en el Consejo de Cooperación y en la Comisión Delegada del Gobierno de Cooperación al Desarrollo, son instancias que pueden ayudar a la rendición de cuentas y a la coherencia.
Asignemos la gestión del Fonprode dentro de la Aecid a muy alto nivel con recursos adicionales, limitemos el crecimiento de la cooperación reembolsable para que esta no sea la puerta rápida de llegar al 0,7 a costa de una mala calidad de la ayuda
-creo que nadie en esta sala desea eso- y eliminemos la posibilidad de crédito en Fonprode o en FIEM para los PMA, los HIPC, servicios sociales básicos y ayuda humanitaria.



Para acabar, con el fin de tener tiempo por si tienen preguntas -me gustaría responder a algunas de las preguntas que se han hecho anteriormente-, dos telegramas sobre el proyecto de internacionalización de la empresa. En primer lugar, creo
que es evidente que los mecanismos de coherencia dentro de ese proyecto son muy débiles y es una oportunidad para que con dinero público se incentive a las empresas a reforzar su compromiso con la sociedad que las patrocina aquí y allí. Significa
que incentivemos y califiquemos a las empresas que pueden demostrar que tienen mejores estándares laborales, sociales o medioambientales en el desarrollo, y sobre todo no dejemos pasar proyectos de los que no sepamos cuál es su impacto sobre el
desarrollo, el medio ambiente y los derechos humanos o que no propongan medidas compensatorias. Ese sería un mínimum sine qua non. Seamos coherentes, como nos pide Naciones Unidas. El segundo telegrama sería que, por favor, alguien me diga dónde
está la reforma del Cesce. Estoy en la misma línea que ha expresado el Observatorio de la Deuda. No hay reforma del Cesce, no se puede considerar que esos artículos que hay ahí respondan al mandato de la Ley de deuda de presentar una reforma de
Cesce.



La señora PRESIDENTA: Yo creo que tras los portavoces podrá responder las preguntas que ellos tengan.



Señor Llamazares, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco la comparecencia de la señora Hernández Parra y le garantizo que no solamente escuchamos la opinión de los comparecientes, sino que haremos pública nuestra opinión y la trasladaremos no solo a través de
las enmiendas sino a través de relaciones bilaterales.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la intervención de la señora Hernández


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Parra. Conocemos desde hace años la trayectoria de su organización y nos merece el máximo respeto y consideración. Voy a plantear una cuestión que no ha aparecido hasta ahora pero que consta en los documentos que previamente Intermon Oxfam
nos ha trasladado y que me parece sugerente.
Creo que esta tramitación legislativa es una buena oportunidad para replantear la representación española frente al grupo del Banco Mundial y al grupo de los bancos de desarrollo. En una reciente visita
de los portavoces de esta Comisión a Washington pudimos comprobar cómo el hecho de que en la silla que España comparte con otros países su representación no correspondiese a los ministerios de economía sino a los ministerios de cooperación al
desarrollo de esos países permitía que su posición en los bancos de desarrollo respondiese más claramente a los objetivos de erradicación de la pobreza que a un enfoque estrictamente macroeconómico, como necesariamente los ministerios de economía
tienen planteado. En la medida que en los documentos previos que ustedes han trasladado a los grupos esto está contemplado me gustaría que pudiese mínimamente hacer una breve referencia a esta cuestión.



La señora PRESIDENTA: Señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: De igual manera queremos darle nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento no solo por su comparecencia sino porque Intermon, como otras muchas entidades, habitualmente nos suministra una información muy útil y una
reflexión. Además, entiendo que la reflexión de Intermon sobre esta cuestión no se circunscribe a analizar en este momento el proyecto del FIEM o del Fonprode sino que hay todo un conocimiento, un poso de conocimiento de muchos años y un análisis
de muchos años. Todos hemos recibido a lo largo de todos estos años mucha información y, más allá de lo que dice la literalidad de cada uno de los artículos, lo que hay es una toma de posición que me imagino que sigue siendo válida para Intermon y
que de alguna manera alumbra esta cuestión.
Le agradezco no solo esta información sino también la anterior. Tendremos ocasión, lógicamente a través del diálogo y de enmiendas de otros grupos, de ir cambiando, pero me gustaría que contestara a dos
preguntas, ya que se queda con las ganas de contestar. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que compute como AOD lo que se contempla en el FIEM? Es decir, que el FIEM pueda ser considerado ayuda al desarrollo. Y también si comparte la expresión que
ha circulado de que en el fondo el FIEM es algo así como el hermano pequeño del FAD o el antiguo FAD cambiado de nombre.



La señora PRESIDENTA: Señor Calabuig, por el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor CALABUIG RULL: Quiero agradecer muy sinceramente su intervención.
Comparto lo que han dicho los otros grupos sobre la utilidad y el rigor de las aportaciones de su organización, que seguimos muy atentamente, y también quiero
decirle que compartimos la reflexión que hace sobre el contexto económico en el sentido de avanzar lo más posible en estos momentos en todo lo que signifique coherencia y rigor, porque los medios van a ser limitados y es cierto que la presión sobre
el gasto público es una realidad que va a continuar durante los próximos años con toda seguridad. Esto hay que tenerlo en cuenta y habrá que ver cómo teniendo en cuenta ese contexto conseguimos mayores medios. Porque realmente a la hora de la
gestión del Fonprode, lógicamente, vamos a necesitar soluciones bastantes imaginativas para conseguir que exista una gestión adecuada a la dimensión que le vamos a atribuir.



La señora PRESIDENTA: Señora Hernández Parra.



La señora RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO EN INTERMON OXFAM (Hernández Parra): Muchas gracias a todos por las preguntas. En cuanto al tema de los bancos de desarrollo creo que la situación en la que estamos ahora simplemente es
fruto de la evolución histórica y nadie se ha parado a pensar estratégicamente cómo hemos llegado aquí. Nosotros creemos que no deberíamos estar legislando a la defensiva -como en algún momento se ha sugerido aquí- sino a la ofensiva, es decir,
siendo ambiciosos y estratégicos. ¿Por qué los bancos de desarrollo actualmente están gestionados desde el Ministerio de Economía? Porque hace diez años la cooperación española no tenía cooperación de ese tipo. La cooperación multilateral
española era prácticamente nula; la escalada en ese ámbito de bancos de desarrollo y multilateral se ha dado en los últimos cinco años. Y obviamente en esos cinco años hemos operado con la regulación antigua que estaba hecha para otro contexto y
para otro reparto de funciones. Hoy en día no es así. La cooperación multilateral es la mitad de la cooperación española. La cooperación con los bancos de desarrollo es cada año mayor, este año muchísimo mayor, y más en bancos regionales de
desarrollo. Eso tiene todo un sentido de tendencias de la cooperación hoy en día de cómo se es más eficiente y de cómo se puede ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio que creo que para todos nosotros es un reto y más en este año
de la Presidencia española.
Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es volver a regular esta situación, que está desregulada. Porque la regulación que le da el Ministerio de Economía no responde a esta realidad de que hoy en día los bancos de
desarrollo son un instrumento de la cooperación al desarrollo no solo para España sino internacionalmente, y somos de los pocos donantes que tenemos a personas del Ministerio de Economía sentadas en esta clase de foros y de discusiones porque los
demás pertenecen al ámbito del desarrollo.



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Respecto al cómputo de la AOD, creo que aquí todos hemos sido meridianamente claros. El FIEM no es AOD. Si queremos dejar esa mención ahí estaremos ensuciando un proyecto que debería servir, como hemos dicho, para objetivos distintos. La
AOD debería ser genuinamente no de capital no reembolsable sino desde el capítulo de transferencias y gastos corrientes si queremos una AOD que esté centrada en orientación a la pobreza, como yo he explicado. Hay muchos donantes que hacen
cooperación muy basada en infraestructuras. Son donantes claramente de otra tendencia, como China, Estados Unidos, Japón, quizá más llevados por la visibilidad de fabricar una carretera o financiar un hospital. España es uno de los donantes
estratégicos, junto a un grupo de países europeos, de financiar los servicios sociales básicos y los objetivos de desarrollo del Milenio, y esa financiación lo que requiere son, como ha explicado muy bien Marina Navarro, profesoras, matronas,
médicos... Eso no se paga con créditos ni con cooperación reembolsable, y eso no lo sabe hacer la empresa privada en un contexto de desarrollo. Eso lo tiene que hacer la Cooperación al Desarrollo con sus metodologías. Creemos que hay un acuerdo
en que el FIEM no puede computar como AOD.



Respecto al contexto y la presión por conseguir mayores recursos, como he dicho, es una oportunidad. Hoy en día hay una agenda con unos criterios de cómo conseguir mayores recursos en este contexto, y es la agenda de eficacia.
Apliquémosla. Hemos empezado, pero somos muy tímidos en la aplicación de la agenda de eficacia. Vayamos a por instrumentos que son mucho más efectivos en los resultados con el mismo dinero. Eso es lo que queremos todos y es lo que nos va a pedir
la sociedad. La sociedad no va a entender una reforma del FAD que no tenga responsabilidad social de las empresas, que no solucione los problemas antiguos del FAD porque, como hemos visto aquí, hay dos millones de socios de ONG de la coordinadora a
quienes les preocupa este tema. La sociedad va a entender que se hacen reformas para conseguir más eficacia con ese dinero. Vayamos a por otros instrumentos, a por apoyo presupuestario, pongamos un calendario de previsibilidad, como se ha dicho
aquí esta mañana, que da muchísima eficacia a la ayuda, pongamos compromisos año a año -este es un tema que se está debatiendo este mismo año respecto a la cumbre de septiembre de ODM-, pongamos calendario de cumplimiento de esos avances y hagámoslo
con calidad. La puerta trasera para ir rápido al 0,7 a base de una mala calidad no nos interesa a nadie. No es estratégico y no creo que este sea el debate, sino justamente este otro que presentaba el diputado Calabuig de conseguir mejores
recursos.



El señor ROBLES OROZCO: Le queda la pregunta de si el FIEM es el FAD con otro nombre.



La señora RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO EN INTERMON OXFAM (Hernández Parra): Lo había contestado antes durante la explicación. El FIEM no es el FAD. El FIEM es peor que el FAD porque el FAD hoy en día tiene una regulación que
tiene que tener unos informes semestrales con detalle en cada operación de cuál es su monto, cuál es la empresa beneficiaria y cuál es el sector. Eso no existe en el FIEM. El FIEM es peor que el FAD. Si yo fuera el consejero ejecutivo de una
empresa pediría explicaciones al Gobierno sobre qué es el FIEM, porque no sabría muy bien para qué usarlo ni cómo. En este contexto hemos dicho: No le pongamos trabas a las empresas, hay que salir, hay que hacer negocios.
Pero no ponerles trabas
a las empresas no es hacer otro colador. No ponerle trabas a las empresas es fabricar plataformas estables para que las empresas salgan, y eso no es el FIEM. Eso es también un tema a resolver desde la Comisión de Industria, que al FIEM se le
cierren esos agujeros y esas ambigüedades y que sea estratégico como queremos que sea estratégico el Fronprode.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Hernández Parra. Le agradecemos a usted personalmente y a Intermon todas sus aportaciones.



- DE LA SEÑORA SECRETARIA CONFEDERAL DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (PINYOL VIDAL).
(Número de expediente 219/000461.)


La señora PRESIDENTA: Por último, comparece la señora Pinyol Vidal, secretaria confederal de participación institucional de Comisiones Obreras.



La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Pinyol Vidal): Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la posibilidad que se
nos ofrece de manifestar ante ustedes la posición de la Confederación Sindical de Relaciones Obreras en relación con la reforma de los fondos FAD y en concreto en relación con el proyecto de ley del fondo para la promoción al desarrollo. Quiero
señalar que intervengo en sustitución de Marisol Pardo, que es la secretaria confederal de cooperación, que no ha podido asistir debido a estar de baja por una enfermedad muy grave de la que estamos seguros que se va a recuperar pronto. Le
correspondería a ella tener el honor de participar hoy aquí, ya que ha sido con su trabajo, su esfuerzo y el de sus colaboradores y colaboradoras quienes han situado a nuestra organización desde hace tiempo en primera línea de los temas que nos
ocupan. Por mi parte procuraré no desmerecer la presencia de Marisol y trasladarles la opinión y la posición de nuestro sindicato de la mejor manera posible.



La estructura de mi intervención se va ajustar en extensión a los tiempos marcados y va constar de


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cuatro apartados. En primer lugar, me referiré a algunas cuestiones de carácter previo; en segundo lugar, quisiera explicitar de manera expresa nuestro compromiso con la cooperación internacional y hacer también una referencia al informe
del Consejo de Cooperación Internacional; en tercer lugar, trasladarles la posición que ha adoptado la confederación sindical de Comisiones Obreras respecto al tema que nos ocupa, y en cuarto lugar, un detalle más específico de nuestras propuestas
al proyecto de ley de fondo de promoción al desarrollo.



Quiero resaltar que es la primera ocasión en que la confederación sindical de Comisiones Obreras es invitada a participar en esta Comisión. Estamos satisfechos de poderlo hacer y esperamos que en el futuro tengamos la posibilidad de poderlo
repetir, ya que seguro que tendremos más cosas que decir respecto a este tema y de otros que se vayan planteando.



En primer lugar, queremos agradecer de manera especial a SS.SS. la ampliación del plazo de enmiendas puesto que nos ha permitido a nosotros y a otras organizaciones hoy comparecientes tomar el tiempo más adecuado para realizar nuestras
propuestas y manifestarles nuestra posición.
Comisiones Obreras ha acogido con satisfacción el envío a las Cortes Generales por parte del Gobierno de los dos proyectos de ley que han de regular estos dos instrumentos distintos que representan la
reforma del fondo de ayuda al desarrollo; por una parte, el fondo para la promoción al desarrollo y, por otra, el sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Para Comisiones Obreras es un buen indicio que SS.SS.
nos hayan llamado a nosotros y a las otras organizaciones comparecientes hoy aquí, y esperamos un resultado satisfactorio del debate parlamentario que va a tener el desarrollo del proyecto de ley.



En segundo lugar, quisiera explicitarles nuestro compromiso con la cooperación internacional y hacer esa breve referencia al informe del Consejo de Cooperación. En Comisiones Obreras estamos comprometidos desde hace mucho tiempo con la
cooperación internacional y participamos en ella a distintos niveles. Participamos en el Consejo de Cooperación Internacional con una interlocución muy fluida con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional; estamos implicados en los
principales documentos de planificación de la cooperación española. A través de nuestra fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga hemos firmado dos convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo para el
fortalecimiento de las representaciones sindicales. La Ley de Cooperación, además, nos reconoce como actores de la cooperación. Nosotros nos consideramos actores principales, un actor global, ya que formamos parte del movimiento sindical
internacional a través de la Confederación Sindical Internacional. Creemos que el fortalecimiento del movimiento sindical internacional es de una importancia clave para velar por los trabajadores y trabajadoras tanto de nuestro país como de los
países en desarrollo.
Ahora mismo no sería creíble, y menos aún eficaz, una organización sindical que no tuviese esa decidida dimensión internacional.



Señorías, no puedo dejar de señalar que Comisiones Obreras es el primer sindicato de este país en cuanto a filiación y en cuanto a representatividad. Esto nos sitúa en una buena posición para afrontar, entre otros, el reto de la adecuación
de las relaciones laborales en el sistema, sobre todo en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Un buen funcionamiento de la agencia permitiría mayor eficacia y calidad en la ayuda y gestionar mejor los instrumentos que
tiene a su disposición.



No hemos trabajado solos, la reforma del fondo de ayuda al desarrollo ha sido una reivindicación histórica de gran parte de la sociedad civil organizada, la misma que se movilizó para la consecución del 0,7; la misma que se moviliza para el
logro de los objetivos del Milenio que se ha comentado, y muy especialmente, en este caso con una implicación muy importante de Comisiones Obreras, en el movimiento para el trabajo decente. También hemos trabajado de manera intensa con la
coordinadora de organizaciones no gubernamentales de desarrollo a través de nuestra fundación Paz y Solidaridad. Estamos presentes además en la Plataforma 2015 y más y participamos en la alianza española contra la pobreza.



Quisiera hacer ahora, como ya les he anticipado, una breve mención al informe del Consejo de Cooperación Internacional, como saben un consejo consultivo del Gobierno en materia de políticas de cooperación al desarrollo del que formamos
parte. Este consejo ha emitido recientemente un informe sobre la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo que ha sido aprobado con gran consenso, con la sola abstención del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del Ministerio de Defensa. En la elaboración y en la aprobación de este informe hemos participado muy activamente tanto Comisiones Obreras como la UGT y la CEOE, así como expertos y otras organizaciones que están presentes en el consejo.
Por el grado del consenso alcanzado y por el contenido del propio informe me parecería importante que SS.SS. lo tuvieran en cuenta.



En tercer lugar, quiero transmitirles la toma de posición de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, aprobada por unanimidad en nuestra comisión permanente celebrada el pasado día 25 de enero y las propuestas de mejora de los
proyectos de ley del Fonprode y del FIEM.
Además, en las últimas semanas hemos tenido ocasión de presentarlo en algunas reuniones con los grupos parlamentarios y seguramente muchas de SS.SS. ya lo conocen. Comisiones considera necesaria la
creación de estos dos nuevos instrumentos planteados además con objetivos distintos y claramente definidos cada uno de ellos. El Fonprode debe ser un instrumento de cooperación al desarrollo gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación a través de la


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Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, con los objetivos y las prioridades establecidos por los planes directores de la cooperación española y el FIEM, y un instrumento financiero de apoyo oficial a la internacionalización
de la empresa española gestionado en este caso por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Entendemos que la gestión del Fonprode debe ser responsabilidad de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo como organismo
idóneo para llevar a cabo estas actividades. Para ello, se debe dotar a la agencia de los recursos humanos y económicos necesarios y, además, de una unidad de gestión para llevar adelante de forma ágil, eficaz y transparente estos proyectos.



Para Comisiones Obreras es de la mayor importancia la obligatoriedad de vincular las operaciones al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo suscritas por España como forma de garantizar los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, tanto de nuestro país como de los países a los que van orientadas. También queremos señalar la necesidad de que reciban información precisa los diferentes órganos consultivos del Gobierno, el CES, el Cesce, el Observatorio sobre la
internacionalización de la empresa y el Consejo de Cooperación Internacional al Desarrollo.



En cuarto lugar, y para terminar mi intervención, voy a señalar los principales elementos de mejora al proyecto que consideramos desde Comisiones Obreras. Consideramos necesario establecer un equilibrio del total de ayuda oficial al
desarrollo en la concesión de créditos, ayuda reembolsable, y explicitarse que no podrán utilizarse para apoyar la acción humanitaria ni para países altamente endeudados, como consta en el artículo 2. En el mismo artículo 2, las letras b), c) y d)
son repetitivas y podrían refundirse en una sola. En el punto a), donaciones de Estado a Estado, que es quizá el aspecto más interesante, ya que permite la acción del Fonprode de manera bilateral, pero solo de Estado a Estado y no a otros actores
no estatales, proponemos incorporar actores no estatales, incluyendo organizaciones internacionales de carácter no gubernamental, como, por ejemplo, en nuestro caso, la Confederación Sindical Internacional. Creemos que exigir garantía soberana, la
del artículo 2.2, es una opción que podría paralizar el desarrollo de las operaciones financieras. Proponemos mantener la garantía soberana solo para las operaciones reembolsables bilaterales. La autorización del Consejo de Ministros para trabajar
con los países altamente endeudados debería igualmente ser preceptiva únicamente en el caso de las operaciones bilaterales.



El proyecto de ley no plantea que el fondo sea gestionado por la Agencia Española de Cooperación sino por la SECI, la Secretaría de Estado de Cooperación. Debería clarificarse más en la ley que el órgano de ejecución y seguimiento de los
fondos es la Agencia Española de Cooperación. La suscripción de acuerdos de las operaciones, en el artículo 2.1 e), operaciones con instituciones financieras internacionales, queda como competencia exclusiva del Ministerio de Economía. Esta firma
debería ser conjunta entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con la práctica actual.
Hay que señalar que no se trata de los actos de visibilidad sino del seguimiento, contacto en el terreno, etcétera, que
el Ministerio de Economía y Hacienda no puede realizar.



Me quiero referir también, porque así se ha solicitado, aunque en principio no era motivo de esta comparecencia, al tema del FIEM. Hemos solicitado o lo vamos a hacer en breve, una comparecencia similar a la de hoy ante la Comisión de
Comercio e Industria para hablar de este proyecto, pero ya que se ha planteado voy a trasladarles las tres o cuatro cuestiones más importantes en relación al FIEM. Comisiones considera que en aras de la eficacia de los instrumentos y en
cumplimiento de la Ley 38/2006, deben incorporarse aspectos tratados en otras iniciativas en trámite parlamentario, como es el caso del proyecto de ley de economía sostenible y la reforma de los créditos Cesce. Se podría incluir completo el
capítulo VII, que el proyecto de ley de economía sostenible dedica a la internacionalización. Hay que insistir en que tanto las operaciones del FIEM como del Fonprode se vinculen al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo de la OIT
suscritas por España. Consideramos que los países altamente endeudados no deben ser objeto de operaciones con cargo al FIEM, lo que iría en contra de los principios rectores de la gestión de la deuda externa; y, finalmente, que las operaciones
financieras por el FIEM no computen como ayuda oficial al desarrollo, y en el caso de que computen debería al menos limitarse sobre el porcentaje total anual de la ayuda oficial al desarrollo.



Termino reiterando mi agradecimiento por la oportunidad de comparecer ante esta Comisión y el compromiso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras con la política de cooperación internacional y nuestra disposición a colaborar en
todo lo que SS.SS. crean oportuno.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pinyol, y gracias también a Comisiones Obreras, por su comparecencia y por todos los temas planteados.



Voy a dar la palabra a los portavoces. Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Únicamente quiero agradecer en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la comparecencia de Comisiones Obreras en la persona de Laura Pinyol.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero agradecer la comparecencia de la señora Pinyol


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y deseo que su colega tenga una pronta y satisfactoria recuperación. Me parece sugerente la referencia que ha hecho a las previsiones del proyecto de ley de economía sostenible y las vamos a analizar con mucho interés.



Aprovecho esta última intervención, señora presidenta, para sugerirle que los servicios de la Cámara trasladen a los portavoces las transcripciones en borrador de estas comparecencias, porque a efectos del proceso final de elaboración de las
enmiendas, más allá de las notas que hemos podido tomar, la lectura de las intervenciones estoy seguro que nos podría ser útil. Por tanto, rogaría que fuese la propia Mesa quien pidiese a los servicios de la Cámara esta posibilidad.



La señora PRESIDENTA: Así se hará, señor Campuzano.



Señor Robles, por el Grupo Popular.



El señor ROBLES OROZCO: Igual que en anteriores ocasiones, muchas gracias a la representante de Comisiones Obreras por su información. Además, tenemos por escrito un informe muy detallado, con lo cual no voy a insistir sobre cuestiones que
creo que ha explicado muy brevemente aquí pero mucho más detalladamente, y con una posición que nos ayuda a ir formando un consenso, en el informe. Por tanto, quiero agradecer no solo su comparecencia sino el trabajo que usted ya nos ha explicado
que es de un grupo y que hay otras personas detrás. Por ello le ruego transmita a todas las personas que han trabajado que todas esas reflexiones van a ser útiles para el debate parlamentario.



Como es la última intervención, también quiero agradecer a las nueves entidades las personas que han comparecido. El Grupo Popular solicitó de estas nueve, siete, pero nos felicitamos de todas ellas, de todos los que han comparecido, porque
sirve para que, primero, hayamos hecho algo que es de justicia, que es darle sede parlamentaria al trabajo de todas las entidades que llevan históricamente mucho tiempo trabajando en este tema; y segundo, creo que sintéticamente ya está reconocido,
ya hay un cuerpo doctrinal que nos aproxima a todos a una visión de lo que el sector o parte del sector quiere, y que nos va a permitir abordar con más objetividad el trabajo legislativo, que es un trabajo importante, habida cuenta de estos dos
instrumentos, no ya por ser demandados sino porque realmente son dos instrumentos importantes de la cooperación española.
Por tanto, quiero agradecer muy sinceramente el trabajo en esta Comisión durante esta mañana y también el trabajo previo que
durante muchos meses -yo diría casi años- han venido haciendo muchas de estas entidades a favor de estos temas y la conciencia que se ha generado en las diferentes fuerzas políticas de la necesidad de modificar estos instrumentos. Muchas gracias a
todos los comparecientes.



La señora PRESIDENTA: Señor Calabuig por el Grupo Socialista.



El señor CALABUIG RULL: Muchas gracias a la señora Pinyol por su intervención. Creo que Comisiones Obreras ha hecho una aportación seria tanto en las reuniones bilaterales que hemos tenido como en el resumen que nos ha planteado hoy aquí.
Quiero destacar el hecho de que nos sentimos especialmente identificados a la hora de ver cómo es posible tener muy en cuenta la necesidad de respetar las normas laborales, los acuerdos de la OIT y las recomendaciones que se hacen en este tipo de
actividad, en general en la AOD y en todo lo que de ello se deriva.



Nuestro grupo ha apoyado las comparecencias que se han planteado hoy y nos parece muy adecuado que se hayan producido. Además es importante que se pueda hacer este tipo de intercambios, quizá incluso se deberían generalizar más en todo el
proceso legislativo de este Parlamento, porque en otros es bastante habitual, y yo creo que es muy positivo. También quiero agradecer a Comisiones, como a todas las organizaciones que han pasado por aquí, y al señor Alonso, sus aportaciones; todas
ellas, desde luego, han sido aportaciones rigurosas. Son la expresión de una trayectoria de compromiso que nos parece muy valorable. Tenga nuestro agradecimiento por todas las aportaciones presentadas.



La señora PRESIDENTA: Señora Pinyol.



La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Pinyol Vidal): Ya que no ha habido preguntas, simplemente quiero agradecerles muy sinceramente la oportunidad que nos
han dado de estar hoy aquí y todas las aportaciones de las personas que han comparecido antes. Creo que en esta sesión todos hemos aprendido cosas y que por tanto nos ha podido enriquecer al abordar este proyecto que tiene una importancia crucial.

Como ya se ha señalado por algunos comparecientes, pienso que en el actual contexto de crisis económica y financiera, que al final es una crisis del modelo social, todo lo que sean proyectos, iniciativas y el refuerzo de la cooperación internacional
es absolutamente clave para que salgamos de esta y para que no nos volvamos a encontrar con una crisis similar, aunque ya sé que es muy difícil.



La señora PRESIDENTA: A mí me queda levantar la sesión pero antes quiero agradecer el trabajo que todos ustedes -organizaciones sociales, sindicatos, profesionales, catedráticos- han aportado hoy a dos proyectos de ley. En realidad era
uno, el de Fonprode, pero casi todos han aludido al segundo, que tramitará la Comisión de Industria. Sería imposible -y creo hablar en nombre de toda la Comisión, no solo de la Mesa- para los portavoces y los miembros de esta Comisión trabajar sin
la ayuda inestimable de todos los que han comparecido hoy y de otros que aunque no han comparecido han hecho llegar sus sugerencias. Esta Comisión no tendría sentido


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sin la aportación de la sociedad civil que la ha venido manteniendo y de cuyas aportaciones y trabajos todos nosotros nos hemos nutrido. Quiero agradecer a todos ustedes su disposición siempre abierta, a veces con poca antelación, con
tiempos de comparecencia muy cortos para tratar de sintetizar aquello en lo que muchos de ustedes están trabajando desde hace años.



Deseo agradecer también a los diputados que hayan solicitado estas comparecencias. No ha sido la Mesa; han sido los portavoces del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de todos los partidos que han venido a avalar que todos ustedes
estuvieran hoy aquí. Como siempre y desde el primer momento esta Comisión está abierta a todos ustedes -lo saben-, a otras comparecencias y a otras tramitaciones de leyes. No me cabe más que decirles hasta pronto. A veces les sugiero algunas
cosas. Ustedes saben más que yo, pero soy una cinéfila bastante profusa. Esta noche ponen en La 2 una película sobre una pequeña mujer, una niña, hindú viuda. Se la recomiendo; no es Bollywood, es otra cosa.



Se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.