CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 455

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 32

celebrada el miércoles, 16 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000087.) ... (Página 2)


- Relativa a la propuesta de modificación del Reglamento (CE) 1198/2006 del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001325.) ... href='#(Página7)'>(Página 7)

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- Sobre la protección de los cultivos convencionales y ecológicos frente a la contaminación de los cultivos transgénicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número
de expediente 161/001051.) ... (Página 9)


- Relativa a la regularización de embarcaciones pesqueras irregulares.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001062.) ... (Página 13)


- En relación con el sector de la leche de vacuno. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001278.) ... (Página 16)


- Relativa a la adopción de medidas urgentes para estabilizar el sector productor de la patata en España y conseguir un posicionamiento fuerte en la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/001279.) ... (Página 19)


- Relativa a los daños causados por las lluvias de noviembre de 2009 en Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001366.) ... (Página 22)


- Para estudiar la compatibilidad entre las actuaciones de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias con la legislación en materia de competencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
161/001401.) ... (Página 26)


- Relativa a la aplicación de la normativa europea sobre el uso y comercialización de plaguicidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001116.) ...
(Página
27)


Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA LEGISLACIÓN, ORDENACIÓN, CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000087.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la sesión número 32 de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, con el orden del día que aparece en la convocatoria que tienen todos ustedes.



En primer lugar, la proposición no de ley relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Antes de darle la palabra a la señora Díez para su defensa, quiero anunciarles que las
votaciones no serán antes de las siete y media y que vamos a hacer un cambio en el orden del día, pasando la proposición no de ley que aparece en el punto número 6 al número 2. Por tanto, señora Díez, tiene la palabra para defender su proposición
no de ley, relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Vamos a hablar, por lo menos es mi intención, del mantenimiento y de la defensa de dos cuestiones fundamentales que son la igualdad y la solidaridad, de dos proclamas, de dos derechos proclamados en nuestra
Constitución, que están por encima, desde mi punto de vista, de cualquier ordenación territorial que se nos pudiera ocurrir; son de esos derechos constitucionales que no son negociables, por así decir, que son derechos fundamentales, no son
negociables ni en nuestra Constitución ni en ninguna ordenación jurídica del mundo democrático. Por tanto, quiero que observen ustedes mi intervención desde la perspectiva de la defensa de esos dos principios fundamentales que, como digo, no son
negociables en el ordenamiento jurídico nacional y que, en cualquier caso, fuera nuestro Estado en el futuro como es, lo que llamamos el Estado de las autonomías, fuera un Estado centralista, un Estado federal, un Estado confederal, desde mi punto
de vista estos principios, la igualdad, la justicia, la solidaridad son de los que no se pueden ni se deben negociar y, por tanto, quiero plantear este debate y esta proposición no de ley desde esa perspectiva. Voy a hablar naturalmente también del
agua, pero quiero enfocarlo desde la perspectiva que les acabo de plantear a ustedes.



El título VIII de la Constitución, de la organización territorial del Estado se abre con un capítulo primero donde se contemplan los principios generales de la organización territorial del Estado. De entre ellos, brillan con luz propia el
principio de solidaridad, que recoge el


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artículo 138.1 en los siguientes términos: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, y el principio de igualdad de derechos y deberes del artículo 139.1, que reza: Todos los españoles tienen los mismos
derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ambos principios son fiel reflejo del artículo 1.1 de nuestra norma fundamental, en el que se consagra como valor superior, como les decía, del ordenamiento jurídico, la
igualdad. A mayor abundamiento, para cerrar la regulación que sobre la materia aparece en nuestra norma jurídica, el artículo 149.1.1.ª de nuestra Constitución es muy claro, al señalar que es competencia exclusiva del Estado, en un Estado social y
democrático de derecho, competencia exclusiva del Estado, porque no podía ser de otra forma, abro comillas, 'la regulación de la condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos', e insisto, el
principio de igualdad es lo que me mueve a plantear ante ustedes más allá del resultado final esta proposición no de ley. Sin embargo y a pesar de la claridad con la que la Constitución regula este principio de igualdad y solidaridad en lo que
afecta a la organización territorial del Estado, en lo que comúnmente se llama la España de las autonomías, en estos últimos años estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las autonomías que están produciendo
tensiones, a mi juicio innecesarias y nada deseables, desde diferentes comunidades autónomas en materias como la que ahora nos ocupa: la regulación, ordenación y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos. (El señor vicepresidente,
Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.).



En el momento presente se constata una denominada batalla por el agua, que tiene, en fin, sus puntos más álgidos y más débiles pero que está ahí, una denominada batalla por el agua que afecta, por citar sólo algunos ejemplos ilustrativos, a
la Región de Murcia, por recordar, con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la Comunidad de Aragón, o a la Comunidad de Castilla-La Mancha que recurre a la venta del agua del Tajo que los agricultores de la Comunidad de Madrid
han realizado a los de la Región de Murcia, como les digo, por apuntar sólo algunos ejemplos. No sé cuántos recursos de constitucionalidad hay precisamente alrededor de los estatutos de autonomía, de unas comunidades que recurren el de la comunidad
de al lado o que recurren, en fin, desde otras instancias cosas que se han regulado en su comunidad vecina. Es constatable un evidente conflicto por un bien escaso que es el agua, en el que el Estado debe adoptar una medida ante el mercadeo o
compraventa de los derechos de unos recursos hídricos que, como les decía, son recursos claramente esenciales. No se puede ni se debe parchear continuamente ante una realidad que desde hace años se ve venir, las medidas provisionales fruto de la
improvisación y de tener que recurrir a instrumentos jurídicos, como los decretos-leyes, que hemos visto bastantes en esta legislatura, que son normativa excepcional para materias sobrevenidas y difícilmente previsibles. Sin embargo, hemos ido
viendo como lo que es excepcional se convierte en norma y se aprueba y se regula a través de decretos-leyes que en origen tienen un destino de excepcionalidad. No es el camino a seguir para una problemática tan seria y tan importante como el agua,
como les decía, un recurso esencial para el conjunto de los españoles y además un bien escaso.



Por todo ello y tratando de abordar el problema en su raíz y no de una forma puntual y provisional, se propone en esta proposición no de ley que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España
para que sea el Estado, el Gobierno de la nación, el que, según contempla el artículo 9.2 de la Constitución, promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remueva también
los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud. El agua, como les decía, es un recurso esencial que no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de las comunidades autónomas y mucho menos politizarse una cuestión que simplemente es un
recurso esencial que debe asumir el Estado según el artículo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el Estado el único que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como
la presente, que precisa ante todo y sobre todo, eficacia y solidaridad frente a la problemática de este bien, repito, escaso y necesario


Señorías, lo que hemos ido viendo a lo largo de la última legislatura y lo que llevamos de esta, es cómo se modifica la Constitución por la puerta de atrás, a través de modificaciones estatutarias. Yo creo que los españoles podemos ser lo
que queramos, podemos caminar hacia un Estado centralista, hacia un Estado federal, hacia un Estado confederal, eso conllevaría una modificación de nuestra Constitución. Podemos decidirlo y podemos hacerlo, pero para eso lo tenemos que decidir
entre todos y no podemos hacerlo, insisto, por la puerta de atrás, modificando el orden constitucional, el bloque de constitucionalidad por la vía de modificar los estatutos de autonomía en cuestiones tan esenciales como esta que hoy cito, pero que
desgraciadamente no es la única. Por eso les planteo esta proposición no de ley bien sencilla, desde luego bien sencilla, aunque sea difícil de llevar a cabo, bien clara quería decir al decir bien sencilla, que tiene únicamente dos puntos. El
primero de ellos, que ante la batalla del agua existente hoy entre las diversas comunidades autónomas y para superar las gravísimas disfuncionalidades que el actual marco de competencia sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos se está generando
con estas aprobaciones de las que les hablaba, sea el Gobierno de la nación el que asuma con exclusividad dichas competencias, pues es el Estado el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad
entre todos los españoles en un recurso esencial tan necesario como el agua del conjunto de los ciudadanos. Y en segundo lugar, todo ello en virtud del artículo 138.1 de la Constitución, que dice expresamente


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que corresponde al Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa y en su nombre tiene la palabra el señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: La propuesta que nos presenta hoy la señora Díez viene a resaltar, a nuestro juicio, dos cuestiones que afectan directamente a la política hidráulica de nuestro país. En primer lugar, tal como se ha referido ella
misma a la denominada guerra del agua, provocada tras la aprobación de diversos estatutos de autonomía, donde hay que ser conscientes de que entre esas mismas autonomías se han generado diversos recursos de inconstitucionalidad y, por otro lado, la
exasperante lentitud en la ejecución de obras que dependen del Ministerio de Medioambiente que cercena las posibilidades de desarrollo y garantía de suministro de agua a los ciudadanos. En ese sentido, la señora Díez ha hecho una propuesta
elevándose, lógicamente, a los principios básicos que sostienen nuestra Constitución, y nosotros hemos planteado una serie de enmiendas que lo que pretenden es situar el hecho en sus términos justos, porque tal como intentaremos explicar, si no hay
un acuerdo, si no hay una armonización de la legislación en materia hidráulica por parte de la Administración General del Estado, serán los mismos tribunales los que tengan que definir cuál es el ámbito competencial. Quisiera también recordar aquel
pírrico objetivo del ministerio en la pasada legislatura en cuánto a lo que suponía la garantía de 60 litros de agua por persona.
Aquella política parece ser que en los inicios de esta legislatura fue finiquitada por el actual Ministerio de
Medioambiente y entendemos que esto se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, porque en definitiva no hay garantía de suministro, hay un paso cansino a la hora de la ejecución de las distintas infraestructuras y hay una falta de voluntad
conjunta con un rosario de propuestas y negociaciones que al final no nos llevan a ningún lado.



Entrando en el fondo de esta cuestión, nuestra primera enmienda iría en la línea de realizar un informe sobre la situación creada tras la aprobación de los estatutos que afectan a la competencia en materia hidráulica; derechos y reservas,
gestión de cuencas, normativas y usos del agua y todo el acervo sobre planificación deben ser objeto del análisis para conocer y saber en qué campo estamos jugando. Ante esta situación, solicitamos del Gobierno que proceda a llevar a término una
armonización legislativa que pueda despejar cualquier duda e interpretación donde se garantice una correcta aplicación de nuestra legislación como umbral básico de seguridad jurídica y garantía en los usos del agua. Para ello invocamos los valores
y principios de nuestra legislación hidráulica, que descansan en la preservación de la unidad de cuenca, la garantía de suministro con arreglo al orden de prelación de nuestra Ley de Aguas, y la salvaguarda del ámbito competencial reservado a la
Administración General del Estado, tal como refleja nuestra Constitución y apela la iniciativa de la señora Díez. Cabe recordar que nuestra legislación hidráulica es pionera en estos conceptos que posteriormente han sido trasladados a la normativa
europea a través de la Directiva-marco del Agua del año 2000 y que es referente en legislaciones de medio mundo.
Ahora bien, también debemos recordar que la propia Directiva-marco del Agua establece para cumplir sus objetivos sobre el mantenimiento
de la calidad de las masas de agua, que debe actuarse con criterios generales y descender al ámbito regional o local en la medida que las acciones planteadas sean las más efectivas para su desarrollo. No quiere decir que el Estado tenga que
desprenderse de sus competencias, sino que debe actuar con programas próximos al territorio para la solución de problemas locales. Mucho nos tememos, como decíamos anteriormente, que de no proceder a la subsanación de lo que supone un galimatías
competencial, sea la justicia la que acabe determinando lo que pertenece a cada Administración, suponiendo un nuevo fracaso para el Gobierno, que verá enmendada su actuación por su pasividad, negligencia y mirar para otro lado en una materia tan
sensible como imprescindible para la vida de nuestra economía y por extensión de los ciudadanos.



También aprovechamos esta ocasión, y es otra de nuestras enmiendas, para solicitar al Gobierno que deje el apartado de las declaraciones y pase a la acción clara y nítida en cuánto a la ejecución de infraestructuras necesarias en el ciclo de
agua, aplicando los criterios de eficacia y eficiencia. La excusa actual, que se está en la revisión de los planes de cuenca o demarcación hidrográfica, tal como establece la normativa comunitaria, supone que se ha perdido mucho tiempo en estudios
y contraestudios y que no hay una visión clara de lo que se desea hacer.
Dudas, bandazos que han generado una incertidumbre en los distintos sectores, especialmente el agrario, que se conforman con que se haga algo, lo que sea, pero que hagan algo.
Señorías, nuestra legislación en materia hidráulica descansa en otro principio que es el de la planificación. Ustedes, herederos de una visión planificadora de la economía, han tirado por la borda este principio. Han pasado de la propuesta
planificadora, elaborada a través de muchos años de estudio, a la vía del decreto de urgencia. Les persiguen los problemas y actúan más como bomberos, apagando aquellos fuegos que por falta de previsión prenden a lo largo y ancho de nuestra
geografía. Disponemos de multitud de programas de infraestructuras, especialmente a través de los planes de cuenca, que dan solución a demandas legítimas pactadas y viables.
Cambiaron el concepto de demanda por el de oferta, y han conseguido una
paralización que costará, si es que somos capaces de recuperar, muchos años para, desde el cumplimiento de la legislación actual, poder dar respuesta a las necesidades planteadas. A los trasvases ustedes les llaman conducciones temporales de agua,
a los embalses de regulación los cambian por


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balsas de regulación interna y la planificación la reducen al decreto de urgencia. Necesitamos claridad y no ambigüedad. Los ciudadanos nos lo agradecerán.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): En turno de fijación de posiciones, ¿algún grupo quiere fijar su posición? Por parte del Grupo Parlamentario Socialista el señor Morán tiene la palabra.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Yo creo que sería conveniente ubicar el espacio de discusión de esta proposición no de ley en el tiempo histórico y, por qué no también, en el espacio. Es verdad que el agua ha sido históricamente un objeto de
conflictos. En este país sabemos bastante de esta cuestión y alguna mención se hizo al respecto en relación con el conocimiento en materia de gestión del agua que España tiene y aporta, y no es de extrañar que uno de los tribunales más antiguos que
se conocen es el Tribunal de las Aguas, consecuencia de una disputa histórica, atávica, en relación con un recurso que siempre ha sido escaso pero que siempre ha sido más escaso en unos sitios que en otro y, por tanto, siempre ha sido objeto de
administración por parte de quiénes tenían en cada momento las competencias de regular sus usos y de adjudicar las cuantías escasas del recurso que había en cada momento. No obstante, yo creo que sería una buena aportación ya de principio el
utilizar un lenguaje menos bélico en relación con un recurso que yo creo que hacia el futuro probablemente el agua debería ser más un instrumento de paz que un instrumento de guerra. El utilizar siempre recursos lingüísticos vinculados a las
batallas y a las guerras en relación con el agua no aportan nada en el sentido de pacificar sino que más bien parece que al final acaban colocándonos a todos en una situación de enfrentamiento, de confrontación insuperable que en nada conduce a
superar determinadas posiciones apriorísticas, con lo cuál, yo haría una invitación con carácter general a que se utilice un lenguaje menos bélico cuando se habla de un derecho, que al final el agua es un derecho.



En el ámbito espacial en el que se nos hace esta propuesta, se pretende que el Estado rescate para sí con competencia exclusiva la gestión del agua; cabría preguntarse de inicio qué entendemos por Estado, puesto que yo creo que tan Estado
son las administraciones locales como las autonómicas, como la Administración central. Hacer una especie de dejación de capacidad en este caso de las comunidades autónomas y de las administraciones locales en su espacio constitucionalmente
reconocido como Estado, de alguna manera desdibuja cuál es el objetivo final. Yo creo que en este caso no se trata tanto de establecer un espacio competencial reservado en el cuál otras administraciones no tengan ninguna capacidad de intervenir,
sino que más allá de esta pretensión simplista deberíamos de caminar hacia un espacio en el cuál las administraciones sean capaces de ponerse de acuerdo, concierten, establezcan mecanismos de gestión que tengan como finalidad última el bienestar de
los ciudadanos y que superen esa especie de reservas de competencias de Estado ignorando que Estado son las tres administraciones. Por otro lado, cuando pedimos que sea la Administración central la que asuma en exclusiva estas competencias, estamos
obviando que el agua debe de gestionarse atendiendo a su ciclo completo y que las tres administraciones tienen claramente establecidas competencias en cada uno de los tramos del circuito completo del agua que conocemos, tan importante en este caso
es el abastecimiento como el saneamiento o la depuración. Si ignoramos cuáles son las competencias de algunas administraciones, probablemente estaríamos colocando a una Administración en términos aislados, abocándola a que la gestión de la parte
que le correspondiese fuese un absoluto fracaso.



Por la diputada proponente se hacía una mención a que el Gobierno podía haber estado consintiendo una modificación de la Constitución por la puerta de atrás en los últimos años, entendiendo que la aprobación de los estatutos de autonomía
viene a ser una modificación de la Constitución, como se decía, por la puerta de atrás. Si atendemos a la lectura en su totalidad del articulado de la Constitución española, lo que es nos propone aquí hoy es sencillamente una modificación de la
Constitución por la puerta de atrás, se nos propone, en base a algunos de los artículos que recoge la Constitución española y mediante una fórmula que no es la que se prevé para la reforma de la Constitución, algo tan sencillo como que ignoremos lo
que el artículo 149.1.2ª dice, que no es otra cosa que, en sus términos literales, la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, es allí donde tiene
competencia exclusiva el Estado. Por tanto, ignorar que en las cuencas intracomunitarias la propia Constitución española reconoce competencias de gestión a las comunidades autónomas, es tanto como pretender que avancemos en una modificación del
texto de la Constitución a través de un instrumento que no es el que la legislación prevé para su propia modificación. Con lo cuál, estaríamos en este caso incurriendo en un defecto que la proponente achaca al proceso seguido hasta ahora en
relación con la aprobación de los distintos estatutos de autonomía. Nosotros entendemos que más que ir a un proceso de avocación de competencias exclusivas, deberíamos trabajar más en el ámbito de la coordinación de las administraciones a la hora
de gestionar lo que entendemos nosotros que es un derecho, un derecho humano, una discusión que ha venido reiterándose en los últimos años en el ámbito internacional y que sin embargo hasta el día de hoy no ha sido posible superar, es una postura
que defendió España muy recientemente y que sin embargo no fuimos capaces de convencer, en este caso a la comunidad internacional, de que estamos en estos momentos ante un derecho humano como pudiese ser el aire.



Nuestra posición en este caso sería la de avanzar en el diseño de los mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones, completar conforme al


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mandato constitucional el proceso de transferencia de competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas, otorgar un mayor protagonismo a las administraciones locales en la gestión del agua y en el ámbito de los planes
hidrológicos de cuenca, convertirlos en espacios para el diálogo, el consenso y el pacto, porque al final, corremos el riesgo de pensar después de arduas discusiones que la solución a la escasez del agua pasa por el reconocimiento de derechos y la
verdad es que uno llega a la conclusión de que los derechos no se beben y que con los derechos no se riega, y que, por lo tanto, lo importante no es tanto la discusión de quién ejerce las competencias, sino que haya capacidad suficiente en el ámbito
de la cooperación para garantizar un suministro suficiente en función de las necesidades racionales de la población y de los usos determinados en cada caso, porque a lo largo de la discusión yo creo que nos ha faltado un término que en los momentos
en los que estamos viviendo ahora mismo no deberíamos olvidar. Está celebrándose en Copenhague la cumbre en la que se pretenden alcanzar objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático. El agua es uno de los elementos fundamentales
afectados en la situación actual, en relación con la deriva que lleva el calentamiento global del planeta, y probablemente pase a ser uno de los elementos más sensibles en los próximos años si no somos capaces de invertir el proceso al cuál estamos
llevando en el consumo irracional de los recursos naturales al planeta, y probablemente en ese sentido debamos de incorporar en toda la discusión el término sostenibilidad; además de los de eficiencia y eficacia, el de la sostenibilidad, porque de
nada sirve aplicar criterios de eficacia o criterios de eficiencia si no existe el elemento sobre el cuál aplicarlo, y ese es el mayor problema al que nos enfrentamos en los próximos años.
Con lo cuál, yo entiendo que la proposición no de ley
probablemente en sus objetivos últimos sea bienintencionada, pero desde luego su proposición literal me da la impresión de que no está lo suficientemente ajustada a los fines que se pudiesen pretender.



En relación con la enmienda que introduce el Grupo Popular, ignorando en estos momentos si por parte de la proponente se va a aceptar o no, entiendo que en todo caso cubre algunas de las deficiencias que yo he sustanciado a lo largo de mi
intervención en relación con el texto literal de la proposición no de ley, pero se queda corta en algunos ámbitos. Creo que sería necesario en todo caso, si es que se estuviese en disposición de trabajar en un texto transaccional que pudiese dar
satisfacción a la totalidad de los diputados y diputadas que formamos parte de esta Comisión, que se estuviese en disposición de trabajar en los términos de cooperación entre las administraciones, criterios de sostenibilidad y fundamentalmente el
reconocimiento de que en el ámbito de los planes hidrológicos y en lo que se refiere a la unidad de gestión de cuenca, debe haber un espacio de participación ciudadana abierto en el cuál debe de profundizarse en los próximos años. Y en último
término, ya que se ha hecho una evaluación, aunque entendía que lo discutible aquí hoy era la proposición no de ley, parece que se abría una discusión o una crítica en torno a los términos en los que se ha venido gestionando los recursos hídricos
del país en los últimos años, quizá cabe destacar como una referencia a tener en cuenta que probablemente este, pero también en los últimos años, sea uno de los años más secos de la última década y que estamos probablemente en una de las décadas de
mayor sequía de lo que llevamos de la última mitad de siglo. En una situación como la actual hemos conseguido que hayan desaparecido, y con ello concluyo, señor presidente, aquellos problemas de suministro de agua, fundamentalmente el del agua de
abastecimiento para uso de boca, en poblaciones de más de 1000 habitantes. ¿Qué quiere esto decir? Que si en un determinado momento, con una normativa en vigor y con un plan de actuaciones concreto en unos momentos en los que la sequía no era tan
acusada como ahora, había problemas de abastecimiento y hoy siendo la sequía más acusada se ha conseguido alcanzar unos parámetros de garantía yo creo que bastante razonables, algo habrá que reconocer en lo que se haya hecho a lo largo de los
últimos años en materia de planificación en este país. Por lo tanto, nuestra posición de partida es votar en contra de la proposición no de ley presentada por la diputada, pero no obstante, si hay voluntad de establecer algún mecanismo de
transacción, estamos abiertos a la transacción.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para ver si están abiertos a mecanismos de transacción o para ver si acepta la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Díez, muy brevemente, por favor.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Brevísimamente señor presidente. Agradezco a los dos intervinientes sus palabras y quiero contestar brevísimamente a dos cuestiones que ha planteado en concreto el portavoz del Grupo Socialista.
¿Qué entendemos
por Estado? Señor Morán, lo que entiende el 138.1 y el 128.2 de la Constitución, sin ir más lejos, eso es lo que yo entiendo por Estado. ¿Quién ejerce las competencias? No el que más capacidad de presión tiene, sino el que tiene la obligación de
garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Creo que con eso está contestado todo. ¿Qué va a pasar con Copenhague? Pues que si hay acuerdos en Copenhague en España serán acuerdos que discutiremos, debatiremos y modificaremos
multiplicado por 17 y quizá por 18, porque a lo mejor también el representante del Estado, el Gobierno de la nación, tiene una idea más para complementar, o sea, será un descaraje, si me permiten la expresión. De eso se trata, de evitar que eso se
produzca, que seamos eficaces y que garanticemos la libertad y la igualdad de todos los españoles, esa es mi voluntad y ese el objeto de la proposición no de ley. Agradezco mucho al Grupo Popular la enmienda que ha planteado, sé que tiene la buena
voluntad no sólo de lo escrito sino de lo que ha expresado su portavoz, pero


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lamentablemente no puedo aceptarla. Me parece que es la hora de hablar con claridad, tal y como yo lo interpreto; no se trata de hacer evaluaciones sino de, permítanme la expresión taurina, tomar al toro por lo cuernos y a partir de ahí
actuar.



- RELATIVA A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 1198/2006 DEL CONSEJO, RELATIVO AL FONDO EUROPEO DE PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001325.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el que figura como número 6: proposición no de ley relativa a la propuesta de modificación del Reglamento 1198/2006 del Consejo, relativo al
Fondo Europeo de Pesca. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero empezar recordando que el Reglamento del Fondo Europeo de Pesca ya se aprobó en el año 2006 y que en aquel momento fijó un recorte importante no solamente en la financiación de las actividades objeto del mismo,
sino también en lo que son los conceptos, las medidas en las cuáles se puede aplicar este fondo. Por un lado, el recorte fue de un 40 por ciento respecto al anterior instrumento financiero, el instrumento denominado IFOP, y por otro lado, la
imposibilidad de aplicar fondos comunitarios a campañas experimentales de pesa, la supresión de ayudas a las sociedades mixtas, la limitación en los cambios de motor de las embarcaciones y otra serie de conceptos. Otro factor que también se
incorporó dentro de este paquete de limitaciones es la aplicación de ayudas a las empresas con más de 750 empleados o que tuvieran un volumen de negocio superior a 200 millones de euros. Esta limitación la precisa el reglamento comunitario, el
Reglamento CE 1198/2006, del Fondo Europeo de Pesca, para inversiones en acuicultura y también en transformación y comercialización. Dos sectores en los que España es líder a nivel europeo y comparte con otros países el liderazgo mundial. Si esta
limitación, a nuestro juicio, nunca estuvo justificada, hoy hay que decir que después de más de tres años de aplicación de este instrumento, del Fondo Europeo de Pesca, menos que nunca tiene esa justificación y trataré de explicarme.



En primer lugar, en lo referente a la acuicultura entendemos en el Grupo Parlamentario Popular que España necesita retomar el liderazgo que tuvimos en el desarrollo de la acuicultura. Si bien, por ejemplo, nuestra producción de mejillón
está consolidada, no está exenta de amenazas muy recientes por la pretendida modificación por parte de la Comisión Europea de los índices de control de biotoxinas marinas para la comercialización de productos del mar. Y aquí en este punto, quiero
dejarlo muy claro, entendemos que el Gobierno debe evitar a toda costa este aspecto. España no tiene actualmente un desarrollo de la acuicultura en la producción de peces en consonancia con el potencial pesquero. Países de la propia Unión Europea
nos han superado en la producción de acuicultura marina piscícola. Por ello, entendemos que nuestro déficit comercial pesquero debe ser paliado con el incremento de la producción acuícola. ¿Cómo hacer frente a este reto? Pues al menos, así lo
entendemos en nuestro grupo, dándole a las comunidades autónomas esa oportunidad, como puede ser el caso de Galicia, donde el actual Gobierno de la Xunta sí que está apostando por el desarrollo de la acuicultura.



Señorías, el programa del Fondo Europeo de Pesca en la práctica funciona como un programa plurirregional donde cada comunidad autónoma tiene asignada una financiación para todo el período de vigencia, es decir, para el período 2007-2013, y
ésta, la comunidad autónoma debe tener oportunidad de poder destinarlo a lo que crea más oportuno para su desarrollo dentro de las medidas contempladas en el reglamento del FEP.
¿Qué pedimos en esta proposición no de ley? Pues claramente lo que se
está sometiendo a la consideración de todas SS.SS. es que se promueva ante la Comisión Europea la modificación del reglamento comunitario. No estamos pidiendo más financiación, lo quiero dejar claro, sino la modificación del reglamento y el
Gobierno debe aprovechar la oportunidad que se abre a partir del 1 de enero, su Presidencia Europea, para obtener esta oportunidad de aplicar fondos a las empresas que realmente quieren apostar por realizar inversiones en acuicultura,
independientemente del tamaño de estas empresas. Además, como saben, las empresas que garantizan un desarrollo sostenible son precisamente aquellas que son líderes a nivel mundial. No nos engañemos, las nuevas tecnologías y la capacidad financiera
están particularmente al alcance de pocas empresas que participan en el sector pesquero, de ahí que no se le deba poner límite al tamaño de las empresas, porque esos dos aspectos no suelen tenerlo resuelto las pequeñas empresas. Y por otra parte,
yo creo que hay que generar estímulos para evitar la fuga de empresas a otros países, como sucedió recientemente en Galicia en el anterior Gobierno, no voy a recordar aquí el ejemplo que todos tenemos sobradamente en la memoria.



El otro aspecto que nos preocupa, y por eso el objeto de esta proposición no de ley, es el que se refiere a la industria de transformación y comercialización. Aquí pensamos que es aplicable toda la argumentación que acabo de exponer para la
acuicultura, pero además la amenaza aquí está en la reciente supresión de los aranceles por parte de la Unión Europea a los países del sudeste asiático para las exportaciones de atún envasado con la oportunidad de aprovisionarse en cualquier parte
del mundo. Esto es algo que preocupa mucho tanto al sector industrial atunero en nuestra tierra como a España entera. Yo creo que es necesario corregir esta situación y que el Gobierno debe empeñarse más a fondo para evitar que la industria de
transformación del atún y la propia flota atunera acaben teniendo que trasladarse a


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otras zonas, a otros países. Todos sabemos las consecuencias que conllevaría la deslocalización de estas empresas, especialmente en mi tierra, en Galicia. Una manera de poder paliar las consecuencias graves de la situación de estas
empresas, por lo que he comentado, sería concederles ayudas para mejorar sus tecnologías o posibilitar la concentración de las mismas.



Hasta aquí la justificación de la proposición no de ley, pero como habrán comprobado SS.SS. hemos presentado una autoenmienda, justificación que trataré, igual que acabo de hacer con el texto inicial de la enmienda, de explicarles para que
entiendan las razones por las que el propio grupo se ha autoenmendado. Hemos considerado apropiado aprovechar el debate planteado para incorporar que se modifique igualmente el reglamento comunitario para, tratándose del mismo asunto, del mismo
reglamento, aprovechar, insisto, para que se promueva ante la Comisión Europea la modificación de este reglamento del FEP en el caso que afecta al colectivo de trabajadores de las almadrabas que están atravesando una dificilísima situación. Estamos
hablando de una actividad que procede de la época de los romanos, que tiene no sólo antigüedad sino tradición y futuro si el Gobierno no les da la espalda, y pensamos que en este momento este colectivo y este sector, con esta enmienda que hemos
propuesto, valorarían muy positivamente su aprobación. Insisto, lo que se pide con esta enmienda es que este colectivo también pueda recibir ayudas del Fondo Europeo de Pesca cuando se produzcan situaciones de cese anticipado de actividad por
cierre de la campaña.



Termino, señor presidente, justificándolo, como acabo de decir, sobre la base de tres ideas. Lo he dicho ya, la Comisión Europea recientemente ha reconocido a otro colectivo importante del sector pesquero, como son las mariscadoras, que
pueden recibir ayudas que están contempladas en el Fondo Europeo de Pesca a pesar de que son trabajadores que en su mayoría realizan la pesca en tierra; las mariscadoras saben ustedes cuál es su función y cómo lo hacen. Sin embargo, los
almadraberos, que lo hacen a través de un navío, que lo hacen embarcados en un buque pesquero, en este momento tienen cerrada esa posibilidad. Por lo tanto, si han servido los pasos dados y la diligencia con que se hizo -y en este sentido el
Partido Popular está totalmente satisfecho y de acuerdo con las gestiones que se han realizado para que el colectivo de mariscadoras pueda beneficiarse del Fondo Europeo de Pesca en las ayudas correspondientes-, entendemos que no habría ninguna
disculpa, ningún argumento político que impidiera estudiar y abordar incorporar también a los almadraberos en las ayudas de Fondo Europeo de Pesca. Segunda cuestión, que esos planes de recuperación del atún rojo que recientemente en la última
reunión del Iccat en Recife, en Brasil, nos han demostrado que están claramente orientados a reducir la cuota, que vamos a tener probablemente con toda seguridad esa tendencia de reducción de cuota, es un argumento que va a llevar lógicamente al
cese de actividad antes de lo previsto a muchas o a algunas de las almadrabas y consecuentemente a sus trabajadores al desempleo. Y por último, además de las dos cuestiones ya indicadas, yo creo que es el momento oportuno de debatir hoy esta
iniciativa antes del inicio de la Presidencia española y de presentar todas las propuestas de modificaciones reglamentarias del Fondo Europeo de Pesca. Es un momento en el que todas SS.SS. pueden entender que no hay más oportunismo que el que
acabo de justificar y, por lo tanto, no dejemos pasar esta oportunidad porque, a la vuelta de las navidades España tendrá esa Presidencia en la que el Partido Popular ya ha mostrado su disposición durante los debates celebrados esta misma semana el
Pleno de la Cámara.
Creo que hoy aquí también sería una buena oportunidad de que todas SS.SS.
se sumaran a esta iniciativa de nuestro grupo.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Entiende la Presidencia que ha dado también debida cuenta de la defensa de su autoenmienda. En este caso tiene la palabra para fijación de posiciones el resto de los grupos. Por parte del Grupo
Socialista la señora Estrada tiene la palabra.



La señora ESTRADA IBARS: Hoy debatimos aquí en Comisión esta PNL referida al Fondo Europeo de Pesca, en concreto a las ayudas a la acuicultura y a la transformación y comercialización de productos de la pesca. Los sectores a los que hace
referencia la proposición no de ley que debatimos son importantes para la economía, en concreto claves para la economía gallega a la que el proponente hacía referencia, pero también son claves como medio de contribuir al aporte de productos
pesqueros al mercado alimentario español. España, como SS.SS. conocen, es uno de los países de mayor consumo de pescado, tan sólo Japón está por encima. La flota pesquera española, debido a la limitación de caladeros y de recursos, no puede
contribuir a la cantidad total de pescado que es consumido en España, por lo que un gran porcentaje del pescado que consumimos los españoles es pescado que debe ser importado. De ahí la necesidad de apoyar a la acuicultura, pues es una manera de
contrarrestar el déficit que tenemos y, cómo no, una manera de apoyar a sectores económicos que contribuyen a la creación de puestos de trabajo y en no pocas ocasiones han permitido recuperar zonas socialmente deprimidas. El Gobierno viene
trabajando en esta dirección, siempre en estrecha relación con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra forma, pues son éstas las que tienen la competencia exclusiva en este campo, tal y como marca la Constitución. El Gobierno, con el
objetivo de impulsar el desarrollo de la acuicultura sostenible, competitiva e innovadora, ha puesto en marcha una serie de iniciativas. Así tenemos el Plan estratégico para la acuicultura para el período 2007-2013. En este plan se contemplan como
líneas estratégicas de actuación, diversificación de especies, abastecimiento del mercado, establecimiento de métodos de producción que sean respetuosos con el medio ambiente, apoyo a actividades


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tradicionales de la acuicultura, medidas de salud pública, promoción de acciones específicas de mercado, fomento de la I+D+i, medidas de promoción de calidad, medidas socioeconómicas y medidas de sanidad animal. La creación de la Fundación
Observatorio Español de la Acuicultura, para fomentar la interrelación entre las distintas áreas de actividad que intervienen en el sector de la acuicultura, y también los planes de acción internacional de la acuicultura española. Podemos
congratularnos de que hoy España está a la vanguardia en el campo de la acuicultura, siendo uno de los principales productores a nivel europeo.
La acuicultura mueve más de 350.000 toneladas, suponiendo el mejillón un poco más de 300.000 y el resto
la acuicultura marina, dorada, lubina, rodaballo, anguila, corvina, lenguado y besugo, estos dos últimos en muy pequeña cantidad. Se ha producido un notable incremento de la producción en general, en acuicultura marina ha supuesto un aumento de un
10 por ciento en los últimos seis años y todo hace pensar que en el próximo año podrían alcanzarse las 70.000 toneladas de acuicultura exclusivamente marina y en el año 2015 se llegaría a superar las 140.000 toneladas.



Me he estado refiriendo al sector de la acuicultura pero no menos importantes son los sectores de transformación y comercialización de los productos del mar. En esto se ha producido un gran avance apoyados en todo momento por el Gobierno en
colaboración con las comunidades autónomas. Así tenemos que las industrias de transformación y comercialización han venido utilizando las medidas adoptadas por el convenio firmado entre la Secretaría del Mar y Sepides, tratándose de préstamos
participativos y de participaciones en el capital de la sociedad o fórmulas mixtas. El FROM ha realizado numerosas campañas de promoción de los productos de la pesca de todo tipo, como promoción de pescado fresco y congelado, productos de la
acuicultura y de las industrias conserveras. La Secretaría General del Mar ha suscrito convenios con la Asociación Española de Comercialización y con AENOR encaminados a la mejora de la comercialización de los productos pesqueros, como mejorar la
trazabilidad de los productos pesqueros, optimizar los beneficios del etiquetado, realización de guías de prácticas correctas de producción ecológica, mejora de la calidad de los productos pesqueros por medio de la realización de estudios, apoyo al
sector a través de seminarios y congresos. Estamos hablando, señorías, de sectores empresariales tanto en acuicultura como en la industria de transformación y comercialización de productos del mar, caracterizados por estar constituidos por pequeñas
y medianas empresas, que para seguir progresando necesitan del apoyo de las comunidades autónomas, Gobierno y Unión Europea.



Ya comenté que el Gobierno en estos últimos cinco años no ha cesado en su empeño de ayudar y potenciar a estos sectores. La Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Pesca, también lo viene haciendo. Es verdad que la Comisión Europea
realiza sus apoyos condicionados a unas determinadas características que deben cumplir las empresas. La Comisión Europea en su momento pretendía que las empresas susceptibles de recibir las ayudas de financiación fueran las micro y pequeñas. Fue
este Gobierno quién consideró que esto no debería de ser así, defendiendo la postura de que se debía ampliar a medianas empresas. No debemos olvidar que estamos hablando de discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas, siendo
este el principio que subyace en el resto de los fondos europeos. Plantearnos, como pretende esta proposición no de ley, que no hubiese ninguna limitación en cuánto al tipo de tamaño de la empresa para poder recibir una ayuda del Fondo Europeo de
Pesca, implicaría que se tuviera que reformular este principio. Por otra parte, no se entiende la postura del Grupo Popular por cuanto, conocida la posición que ha mantenido y mantiene el Gobierno de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, en no
pocas ocasiones en esta Cámara les hemos escuchado plantear la necesidad de realizar un apoyo decidido a las mismas. Por ejemplo, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado el señor Rajoy decía textualmente: se olvidaron de una
propuesta sencilla, bajar el impuesto sobre sociedades a la pequeña y mediana empresa, pero subírselo, por qué no, a aquellas sociedades que dicen ganar, por ejemplo, más de 1.000 millones de euros al año. Señorías, creo que coincidirán conmigo en
que el señor Rajoy está proponiendo una medida clara de discriminación positiva para las pequeñas y medianas empresas.
Además, me permito recordarle al señor proponente que casi la totalidad de las empresas dedicadas a la acuicultura sí cumplen las
condiciones fijadas para poder optar a las ayudas y en el caso del sector de la transformación y comercialización, las grandes empresas tienen la posibilidad de acceder a ayudas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el cuál financia
proyectos de inversión en grandes empresas de este sector cuyo objetivo sea la creación de empleo. Además, debo decirle al señor proponente respecto a la autoenmienda que presenta, que no vamos a votar a favor, pero no vamos a votar a favor porque
sentimos en el momento en que se está produciendo su propuesta, justamente se acuerdan de este sector, de este tema, cuando hay una visita del mismo a esta Cámara. Quiero recordarle al señor proponente que el Gobierno ya está trabajando en este
sentido y hoy justamente fue así comunicado al grupo visitante. Por ello, solamente me resta decir que el Grupo Socialista no va a apoyar esta proposición no de ley.



- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS CONVENCIONALES Y ECOLÓGICOS FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número
de expediente 161/001051.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la protección de los cultivos convencionales y ecológicos frente a la contaminación de los cultivos transgénicos.
El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en su nombre para su defensa tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET I COMA: Señorías, el debate de hoy no es sobre la conveniencia o no de los transgénicos, no es sobre si declaramos el estado libre de transgénicos, este es otro debate. El debate de hoy es sobre derechos, sobre los derechos
de los productores de cultivos tradicionales y ecológicos y sobre los derechos de los consumidores a la información sobre los productos que consumen.



Por un lado planteamos el problema de los productores que realizan cultivos tradicionales y ecológicos y que ven contaminadas sus cosechas por cultivos transgénicos cuestionando si es su voluntad y su derecho de realizar un tipo de cultivo.
Especialmente grave es el caso de los cultivos ecológicos. En este sentido el informe de Greenpeace que dice: la coexistencia sigue siendo imposible, es muy claro y pedagógico al respecto. En este informe se documentan con nombres y apellidos
casos de agricultores que han apostado de manera consciente y coherente por una agricultura ecológica y que ven como sus esfuerzos en esta dirección se ven fracasados por la contaminación que padecen por parte de los transgénicos. Esto, más allá de
la desmoralización e indefensión personal e ideológica, supone también un importante coste económico. El informe ejemplifica varios casos, entre ellos el de un agricultor que hace años comenzó a recuperar una variedad local roja de maíz que es muy
apreciada en algunas recetas culinarias de su región. A pesar de los intentos del agricultor de evitar la contaminación de su cosecha, eligiendo una variedad de ciclo corto que además redujo en un tercio su techo de producción, la contaminación se
produjo. Ello hizo que su cosecha perdiera la calificación de ecológica y que debiera venderla en el mercado convencional. Esto significó que en lugar de vender a 36 céntimos kilo debiera vender a 22. En total, sumando las pérdidas producidas por
el forzado de la fecha de siembra para intentar evitar la contaminación más las pérdidas producidas por esta contaminación, da un daño económico directamente imputable de cerca de 15.000 euros, insostenible para el productor. Pero, además, nos
parece una clara violación de su derecho al cultivo ecológico y es un claro elemento que desincentiva este tipo de cultivos. En este aspecto hemos de cuestionar la apuesta que ha hecho el Estado español por el cultivo a gran escala de transgénicos
-por cierto, como es conocido, el único país de la Unión Europea que lo ha hecho- porque más allá de llegar a abastecer la demanda interna de producción ecológica, se pone en peligro la supervivencia de las especies autóctonas de la propia y rica
biodiversidad de que gozamos en la Península Ibérica.



En esta línea quisiera discrepar de la dirección promocionada desde el Gobierno español a través de los transgénicos. ¿Acaso pensamos competir a nivel mundial con los países de grandes extensiones de tierras y que están expandiendo este
tipo de cultivos? ¿Acaso ello no pone en cuestión el concepto de soberanía alimentaria que defiende la producción tradicional local tanto a nivel estatal como a nivel internacional? ¿Acaso no sería más beneficioso económicamente para el Estado
español una apuesta clara por unos cultivos ecológicos que defiendan nuestras variedades autóctonas y nuestra biodiversidad y que se dirija a un mercado europeo y español de producción biológica? Porque efectivamente, la demanda ecológica está
aumentando y prueba de ello es la eclosión de cooperativas que se dedican a ese tipo de producción y comercialización.
Ello es indicativo asimismo del grado de concienciación de un sector creciente de la población que apuesta por una alimentación
que considera más saludable. Y esta población, esta ciudadanía consumidora, no lo olvidemos, se encuentra con que existe una gran falta de información respecto a los productos que contienen o no transgénicos. Es decir, no existe una clara
trazabilidad del producto que permite garantizar esa información al consumidor. De hecho, la persona concienciada sólo tiene dos opciones: una, aproximarse a los comercios especializados en agricultura ecológica y buscar el sello de garantía; o
dos, acudir a la guía que realiza Greenpeace sobre las marcas que trabajan o no con transgénicos. En este caso, consideramos, aunque pueda molestar, que Greenpeace suple un vacío estatal respecto al control de los productos que contienen
transgénicos y, además, deja en evidencia la falta de información de los productos, de manera que el consumidor que procura velar por su salud y llevar a cabo un determinado tipo de alimentación libre de transgénicos, ve lesionado su derecho a ello.



Por lo tanto, en base a estos dos derechos que hemos detallado anteriormente, el de las personas productoras y el de las personas consumidoras, planteamos una serie de medidas, como son: el establecimiento de garantías para permitir la
producción ecológica y tradicional sin contaminación transgénica, la sanción a la empresa responsable y la indemnización al productor afectado en caso de contaminación, el aumento de los mecanismos de control en la producción y comercialización de
transgénicos -controles, por cierto, actualmente llevados a cabo de manera paradójica y poco objetiva por la propia empresa de transgénicos y sin el debido contraste por parte de la Administración. Además, proponemos en la proposición no de ley
garantizar la transparencia en la localización de los cultivos transgénicos tal y como obliga la directiva europea y también la obligación de que el etiquetado de los productos indique de manera clara y visible la presencia o no de organismos
modificados genéticamente.



Por todo ello, al margen de la posición de cada Grupo Parlamentario respecto a la expansión de los cultivos transgénicos, les pedimos que aprobemos las medidas


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que garanticen estos derechos así como las especies autóctonas y la rica biodiversidad de que disfrutamos. Soy consciente de que los diputados de esta Comisión hemos recibido muchos correos en el sentido de concienciarnos, incluso
determinado asalto simpático callejero. En cualquier caso nos gustaría, como decía, al margen de la posición que mantenga cada grupo respecto a los cultivos transgénicos, que se puedan aprobar estas medidas que hemos propuesto.



Si el señor presidente me lo permite, avanzaré la posición de mi grupo respecto a la única enmienda presentada. Se presenta una enmienda por parte del Grupo Socialista que pensamos que no avanza demasiado; propone la supresión de algunos
de los puntos que acabo de enumerar y yo creo que incluso no llega ni a garantizar alguna coexistencia posible. Por ejemplo, quizá la menos mala o la menos imposible es la que se desprende de la legislación que emana del Decreto 93/2009, de 21 de
abril, del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, que entiende por coexistencia la capacidad por parte de los agricultores y agricultoras de elección real de cualquier forma de agricultura. En cualquier caso, como lo
importante es avanzar, pese a que la enmienda suprime aspectos fundamentales de nuestra proposición no de ley, consideramos que lo que mantienen los puntos 3 y 4 es lo importante y en ese sentido aceptaríamos, a la hora de la votación, la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Efectivamente existe una enmienda, como SS.SS. ha señalado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para convencerles de lo buena que es, seguro que el señor Alonso quiere hacer uso de
la palabra.



El señor ALONSO NÚÑEZ: En primer lugar, quiero agradecer y reconocer la posición del grupo proponente en el sentido de aceptar la enmienda del Grupo Socialista, que pretende seguir avanzando y trabajando, fortaleciendo los mecanismos que
permitan reforzar los procedimientos para evitar conductas ilegales o no convenientes en relación a la coexistencia de cultivos modificados genéticamente y los que no lo son, y que persigan, por otra parte, aumentar el control y el seguimiento de
todas las actuaciones que en esta materia se puedan hacer en el territorio español.



Efectivamente, a propuesta del Grupo de Esquerra Repúblicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds volvemos a fijar posición en esta Comisión sobre el tema de los transgénicos, un tema en el que yo creo que
efectivamente son necesarios debates, clarificaciones y, sobre todo, avanzar en un convencimiento mayor por parte de las autoridades científicas españolas y europeas sobre la conveniencia o no de este tipo de cultivos. La posición del Grupo
Socialista en este tema ha quedado fijada en un buen número de iniciativas. No podemos aceptar cómo se ha planteado en otras ocasiones, no es el caso de hoy, en el sentido de avanzar por una línea de prohibición de la utilización de transgénicos en
la agricultura española. No podemos avanzar por ese camino porque creemos que no tiene base científica y, por otra parte, no creemos en absoluto que pudiera ser una posición, desde el punto de vista económico o de otros condicionantes, positiva
para el Estado español. El Grupo Socialista, señor Canet, se lo digo con cariño, no puede entender por qué en determinados grupos políticos no se acepta y se asume que la investigación genética pueda ser una herramienta esencial para solucionar
problemas que tienen que ver con la salud de las personas. La biotecnología en investigación biomédica está permitiendo solucionar graves problemas que tiene la salud humana. La biotecnología, por otra parte, está permitiendo la utilización de
vacunas que son utilizadas en la ganadería para resolver problemas sanitarios de la ganadería y, por tanto, nosotros, así per sé, no podemos entender por qué se niega políticamente la posibilidad de que la investigación genética en producción de
semillas pueda colaborar a resolver problemas de sanidad vegetal y pueda ser utilizada para la obtención de semillas resistentes que puedan resolver problemas, en este caso, de plagas o de condiciones climatológicas adversas. Si vale para unas
cosas, no entendemos por qué no puede ser también un camino para resolver problemas en la producción agrícola de España y de otros países del mundo.



Es cierto que todo este tema de la tecnología es complejo, y complicado, es un tema que científicamente debe tener todas las condiciones de seguridad, no se puede trabajar sin el máximo de cautela, sin la máxima supervisión de las
autoridades de control europeas y nacionales, pero no podemos negar la posibilidad. Sí estamos de acuerdo en que hay que reforzar todos los mecanismos que supongan dar transparencia, dar seguridad a los consumidores, dar seguridad, en definitiva,
de que lo que se está haciendo no tiene ninguna repercusión negativa ni para la salud de las personas ni para el medioambiente ni ningún otro efecto negativo.
Por lo tanto, todo lo que se haga en este camino debe estar bajo estos dos parámetros:
seguridad alimentaria, seguridad en el medio ambiente y, por supuesto, transparencia absoluta.



Cuando se habla de este tema de transgénicos también había que decir que deberíamos acotar el problema porque en España sólo hay un único transgénico autorizado, que es una variedad de maíz. Por tanto deberíamos concretarnos al maíz y no
generalizarlo, porque con el resto de productos agrícolas no se da en este momento esta problemática.



En relación al punto primero quiero decir que en España, y como consecuencia de una autorización de la Unión Europea, se utiliza una variedad de maíz, el maíz Mon 810 que tiene el respaldo de la autoridad de seguridad alimentaria europea que
garantiza que no tiene repercusiones negativas ni para la salud ni para el medioambiente, y puesto que tiene este respaldo puede utilizarse en España. Por tanto, no podemos aceptar el primer punto, porque suspender por una autoridad española una


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decisión que se ha tomado en Europa sería absolutamente imposible jurídicamente.



En relación a la renovación decir que la única variedad, que es a la que me estoy refiriendo, va a cumplir 10 años en los próximos meses y, por tanto, será de nuevo la autoridad europea la que renueve la autorización para seguir cultivando
esta variedad. Nosotros nos vamos a remitir a los informes que realice la autoridad europea de seguridad alimentaria que será la que previamente informe de la conveniencia o no de renovar la autorización para liberar este cultivo en Europa y en
España.



Respecto al punto tercero y al cuarto, el Grupo Socialista está totalmente de acuerdo en avanzar en el sentido de evitar contaminaciones genéticas cruzadas. El Gobierno de España ha solicitado de la Unión Europea que sea la Unión Europea la
que haga una norma de coexistencia para aplicar en todos los Estados de la Unión, es decir, que no deje a cada Estado en función de su conveniencia el hacer normas de coexistencia más restrictivas o menos, pero yo le adelanto que si la Unión Europea
no asume esto como un compromiso de toda la Unión, el Gobierno de España hará una legislación específica de coexistencia como propone su proposición no de ley.



En relación al punto 4, que es aumentar el control, estamos de acuerdo y, por tanto, votaríamos con el grupo proponente en el sentido de intensificar las medidas, los planes de seguimiento, señalándole que en este momento hay un plan de
seguimiento que ha concertado el Ministerio de Medio Ambiente con el Centro de Investigaciones Científicas y con la Universidad de Lérida -seguramente conocerá usted mejor que yo lo que se está realizando-, que permite detectar las posibles
contaminaciones cruzadas a las que usted se refería, y según las primeras conclusiones de los informes que yo he visto de este grupo de expertos no se han observado diferencias significativas entre campos de maíz transgénico y convencional en estos
últimos meses.



En relación al punto 5 y al punto 6, creemos que en este momento hay transparencia absoluta de lo que se cultiva y dónde se cultiva, pero avanzar por un sistema de identificar campos para provocar reacción negativa en el cultivador de al
lado, creo que no sería lo más conveniente y, por tanto, transparencia sí, pero con un cierto límite.



Por último, el tema de los etiquetados. También en este tema existe un buen número de reglamentos y de directivas europeas que regulan cómo deben identificarse los productos elaborados con elementos que contengan organismos modificados
genéticamente y, por tanto, nos remitimos también a la legislación europea para este tipo de asuntos. Por mi parte nada más señor presidente. Agradecemos la posición del grupo proponente y creemos que el camino de mayor control y de mayor
exigencia es por donde debemos transitar.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Llorens.



El señor LLORENS TORRES: Como no podía ser de otra manera hemos estudiado con suma atención la iniciativa que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya y su portavoz el señor Canet, con el que hemos coincidido en varias
ocasiones en defensa de los intereses del sector productor, en este caso el sector agrario. En esta ocasión lamento no compartir, en nombre del Grupo Popular, la iniciativa por varias razones.
Aquí hay un debate de fondo, no se trata de enfrentar,
como pretenden algunos -y seguro que no está en la intención del portavoz de Esquerra Republicana, pero sí en los que trasladan este tipo de alarmismo ecologista-, a los ecologistas con los productores, porque realmente cada cuál cumple su función y
cuando estamos hablando de organismos modificados genéticamente, tendríamos que empezar por la definición. ¿Qué es una planta genéticamente modificada? Una planta que ha sido enriquecida con la transferencia de un gen suplementario llamado
transgénico que le da una ventaja particular que es la resistencia a los efectos perjudiciales o a las enfermedades.



Este es el fondo de la cuestión. Su señoría no ignorará -y entre Lleida y Huesca hay grandes superficies de maíz- que si no se utilizaran los organismos modificados genéticamente, que han superado todos los controles y todas las garantías,
se afectaría gravísimamente a la producción, es decir, el taladro acabaría con todas las cosechas; realmente condenaríamos a la ruina a un elevado número de productores, de agricultores de la zona que están apostando desde hace años, con todo tipo
de garantías, por este cultivo, por el maíz modificado genéticamente. No se le ocultará también que hay una competencia internacional, otros países muchísimo más permisivos tienen ventajas, pero no se puede decir, como se dice en la iniciativa, que
la Unión Europea, y España en particular, sea una zona especialmente permisiva.
Creo que todo lo contrario y así se manifiestan repetidamente los agricultores. Pensamos que las plantas modificadas genéticamente, respetando los puntos de vista que
S.S. ha expresado, aportan una serie de beneficios para el medio ambiente, uno de ellos es la tolerancia a los herbicidas poco tóxicos y fácilmente biodegradables. Desde el punto de vista del agricultor, no hace falta insistir en que el agricultor
lo que trata es de conseguir las máximas producciones posibles y para eso tiene que tener unos organismos modificados genéticamente que le permitan resistir las enfermedades y plagas que erosionan gravemente la producción. Para el consumidor los
organismos modificados genéticamente le reportan un valor nutritivo añadido.



Yendo al fondo de la cuestión, que es lo que le preocupa especialmente a S.S. creo que la normativa española evalúa los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud humana suficientemente. Existe una Comisión Nacional de Bioseguridad
adscrita al Ministerio de Medio Ambiente en la que participan vocales de otros siete ministerios y representantes de instituciones expertas en la materia, así como de las comunidades autónomas. La decisión de esta Comisión Nacional de


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Bioseguridad se envía a la Comisión de la Unión Europea y al resto de los Estados miembros para sus observaciones. Si el organismo modificado pasa todos los controles, se puede comercializar, como es el caso, siempre que cumpla además las
normas específicas sobre procesado y etiquetado. Todos los productos que contengan estos organismos deben indicarlo claramente en el etiquetado para que el consumidor esté informado. Y el uso de organismos modificados está regulado por las
legislaciones y recomendaciones de nivel internacional, de la OCDE, nacional o supranacional, directivas y reglamentos de la Unión Europea. Tanto la OCDE como la OMS y la FAO se han pronunciado con medidas de control que definen claramente los
parámetros bajo los que se permite realizar la manipulación genética de los cultivos. Señor Canet, nosotros pensamos que es infundado el alarmismo con el que se presenta esta iniciativa. Parece que -y es lo que hemos intentado defender desde
nuestra posición- existen los controles y las garantías suficientes para garantizar la salud medioambiental y ecológica.



Yendo al fondo de la cuestión, a los puntos que S.S. plantea en la iniciativa, pensamos que los dos primeros entran de lleno en el enfrentamiento, que creemos que no es bueno, entre la sensibilidad -iba a decir fundamentalismo, pero no
quisiera herir ninguna sensibilidad hablando de sensibilidades- ecológica y medioambiental y la sensibilidad productora. Al punto 3 le hemos estado dando vueltas, pero tampoco nos parece que entre de lleno en lo que podría decirse un punto de
encuentro asumible por nuestra parte. En el punto 4 sí quería decirle señor Canet, y no hay ninguna intención más allá de nuestras palabras, que esos controles les corresponden a las comunidades autónomas, donde ustedes, por cierto, tienen una
responsabilidad directa. No obstante, para mostrarle la buena voluntad, para que no crea que estamos en contra de esta iniciativa, estaríamos dispuestos, si el grupo que presenta la enmienda transaccional nos acepta la votación separada de los dos
puntos, a abstenernos en este punto 4, porque pensamos que lo que abunda no daña y si al control que ustedes ejercen comparativamente por la franquicia Socialista de Cataluña le añadimos el que se puede incorporar desde el Partido Socialista que
gobierna aquí, pues bienvenido sea. Por lo tanto si la enmienda transaccional que usted acepta del Grupo Socialista, el Grupo Socialista se aviene a que se voten los dos puntos por separado, ya anunciamos que no apoyamos el punto 3, pero en el
punto 4 nos abstendríamos para que tuviera salida.



En cuánto a los puntos 6 y 7, lo de los mapas esto es muy peligroso porque en un momento determinado podríamos impulsar la actuación de algún grupo descontrolado que hay por ahí y podía tener unos efectos no deseados ni por el proponente ni
por ninguno de los que estamos aquí, y ya sabemos que hay grupos de estos que son muy beligerantes, por decirlo de alguna forma suave. En relación con el punto 6 comparto la opinión del portavoz del Grupo Socialista de que el etiquetado ya está
funcionando. Para terminar, nuestro afecto no es menor que el que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, por eso hemos visto con sumo cariño también su iniciativa y planteamos esta posición de nuestro grupo.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Al final del debate indicarán a la Mesa si puede haber votación separada de unos puntos. Tendrá que aceptar, según entiende la Presidencia, el proponente, no el grupo enmendante. En todo caso, al
final del debate nos indicará a la Mesa si se puede hacer la votación separada.



El señor CANET I COMA: Acepto.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): El grupo proponente de la iniciativa acepta la votación separada de alguno de los puntos. De acuerdo, señor Canet.



- RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS IRREGULARES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001062.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al punto 3.º Otra proposición no de ley relativa a la regularización de embarcaciones pesqueras irregulares. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra el
señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: Si cuando fue presentada esta proposición no de ley, que fue en el mes de abril pasado, hubiéramos conocido las afirmaciones que hace pocos días aquí, en esta misma Comisión, el Secretario General del Mar nos hacía
sobre un problema contenido en el entorno de esta proposición no de ley, en sus contestaciones a diversas preguntas que se le formularon, probablemente nos hubiéramos quedado mucho más preocupados, porque lo que vino a decirnos en la Comisión el
secretario general del Mar es que al día de hoy no se llega al 40 por ciento de las embarcaciones regularizadas al amparo de la Ley 9/2007.



En aquella comparecencia, el día 2 de este mes de diciembre, el secretario general del Mar se mostraba satisfecho de cómo iba este proceso de regularización, y nosotros tenemos que decir que no solamente no lo estamos, sino que estamos
seriamente preocupados por varias razones: primera, porque de las 3.000 solicitudes que se han planteado para estos procesos de regularización, exactamente 2.958, sólo se han tramitado 1.143. Son datos que el propio secretario general del Mar nos
dio hace pocos días aquí. Segunda, porque este problema, afectando mayoritariamente a Galicia, mi comunidad autónoma, es un problema que afecta a otras muchas zonas de España, y en aquella contestación a la pregunta que le hacía en este caso el
portavoz socialista se vino a insinuar o a decir casi, diría yo, claramente que el problema realmente se debía a la mala gestión del


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gobierno gallego. Creo que decir eso cuando solamente el 28 por ciento de los expedientes se han podido tramitar en Galicia, y vamos camino de tres años desde la aprobación de aquella ley, cuando el gobierno gallego lleva los meses que
lleva, pues evidentemente es hacer un discurso realmente demagógico. Y tercera, y quizás la más importante, porque la imposibilidad de regularizar muchas de estas embarcaciones está basada en haber sido objeto de regularización en ejercicios
anteriores, en años anteriores. Y para que todas SS.SS. o al menos las que están atentas y presentes en la sala, puedan entenderlo, pero desde luego a los efectos de los que lean el 'Diario de Sesiones' algún día, les pongo un ejemplo: Si ahora
el diputado que les habla se convirtiera temporalmente o definitivamente en armador, creo que no voy por ahí, y comprara una embarcación a otra persona que la tuviera a la venta, embarcación que ya hubiera sido transformada o regularizada hace equis
años y, ahora, ante las nuevas situaciones que concurren y para mejorar la embarcación y para adaptarla sobre todo a medidas de seguridad, quisiera aumentar la potencia del motor no podría acogerse al proceso de regularización que está complementado
en esta ley. Si al señor Díaz le diera por comprar o ya tuviera una embarcación y también se quisiera dedicar como armador, igual que yo, a este oficio. (El señor Díaz Díaz pronuncia palabras que no se perciben) Estoy haciendo una hipótesis señor
Díaz, porque de tierra adentro al mar, en su provincia y en la mía, hay muy poca distancia. Le decía que si usted tuviera esa hipótesis y trabajara en una embarcación que no hubiera sufrido procesos anteriores de transformación y ahora sí quisiera
ser transformarla, a usted sí le podrían dar subvenciones o le podrían, en este caso, regularizar su embarcación al amparo de la ley a la que estamos haciendo mención. Por lo tanto, nuestra responsabilidad nos obliga a que se resuelva este problema
en igualdad de condiciones para todos, sobre todo por las cifras que, insisto, dio el secretario general del Mar y yo repito hoy aquí: 711 expedientes devueltos de los 1.143 en tramitación, es decir, más del 60 por ciento de los expedientes que se
sometieron a tramitación han sido devueltos precisamente por la causa que acabo de grafiar con este ejemplo.



Nosotros ya, como Grupo Parlamentario, cuando se tramitó la Ley 9/2007 hicimos unas aportaciones, algunas de nuestras enmiendas fueron tenidas en cuenta. En aquel momento proponíamos que la regularización comprendiera las embarcaciones que
ya habían tenido un proceso de regularización anterior. Esto no se aceptó por parte del Gobierno, pero sí se aceptó, mediante una enmienda presentada por nosotros, que los armadores que no aporten baja en arqueo y potencia, cuando los valores
resultantes son mayores que los reconocidos en los registros, pudieran mejorar su seguridad.



Hoy seguimos planteando lo mismo que en aquel momento porque no se ha resuelto, y los puntos 1 y 2 de nuestra proposición no de ley, así como los puntos 4 y 5, han quedado ya explicados con los argumentos que he explicado hasta este momento.
Respecto al punto 3 de la proposición no de ley, después de haber conocido el real decreto publicado por el Gobierno para resolver el problema de la potencia y habiéndonos sorprendido por el hecho de que la potencia máxima para las embarcaciones
artesanales haya quedado fijada y regulada en embarcaciones hasta 12 metros de eslora, cuando la Ley 9/2007, a la que estamos haciendo referencia constantemente, establece una diferenciación entre dos tipos de esloras para menores de 15 metros y
para mayores de 15 metros, nos queda una tremenda preocupación y nos preguntamos qué pasa con las embarcaciones entre 12 y 15 metros. Con estos comentarios quiero poner en evidencia que tampoco se ha resuelto el punto número 3 de nuestra
proposición no de ley con el real decreto aprobado por el Gobierno hace poco tiempo. Por lo tanto, ya para ir terminando, señor presidente, la experiencia nos dice, ya lo tuvimos evidenciado cuando se debatió la ley, que no se va alcanzar la
regularización total por los términos exigidos en la ley, que el secretario general del Mar así más o menos lo vino a confirmar cuando dijo que quedarán más embarcaciones sin regularizar que regularizadas, porque el tema de comprar bajas para
compensar el aumento de tonelaje es lisa y llanamente, señoras y señores diputados, imposible. No hay en el mercado suficientes embarcaciones para poder aportarlas como baja en el caso que se plantea.



Si no se modifica la ley en los términos que planteamos, este intento de regularización se prorrogará en el tiempo indefinidamente, se prorrogará todo lo que el Gobierno quiera, por lo menos mientras gobierne, pero el problema quedará sin
resolver. Por lo tanto, creo que hay que aprender del pasado, incluso del pasado cuando no gobernaban ustedes y gobernábamos nosotros y también existieron procedimientos de reguralización en los que no se llegó al 100 por ciento. Es el momento de
aprender de aquellos y de estos errores y de asumir ahora que hay que flexibilizar la normativa para que no se exijan bajas para las embarcaciones menores de 15 metros, y a las que superen esta eslora que puedan aportarse en conjunto un solo barco
para compensar varios excesos de tonelaje.



Y ya termino, ahora sí, definitivamente, con una puntualización, lo dije hace un momento, esto no es un problema que haya que achacar a la gestión de las comunidades autónomas, como dijo aquí también el secretario general del Mar, este es un
problema que tiene que resolver el Gobierno y en el que nosotros, desde este Parlamento, podemos ayudar con iniciativas como esta, pero que no se desvíe la atención y que no se responsabilice a las comunidades autónomas, sean del color político que
sean, porque no tienen responsabilidad.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.



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El señor DÍAZ DÍAZ: Señor García Díez, usted se explicó bien pero hizo una pequeña trampa, la pequeña trampa está en la exposición de motivos.
Ustedes justifican su propuesta en que ya se agotaron los plazos y la ley no está en vigor; en
consecuencia, ustedes dicen en la exposición de motivos que hay una serie de embarcaciones que entrarán en cese de actividad porque no cumplen el procedimiento a partir de junio. La ley entró en vigor el 24 de junio de 2007, tenía cuatro meses para
presentar solicitudes y dos años para resolver el procedimiento, lo cuál hacía que hasta el 24 de octubre se estuvieran tramitando expedientes sin ningún problema. Pero y que el tema es complejo lo demuestra que este es el tercer intento de
regularizar. Gobernando el Partido Popular se hicieron dos intentos anteriores, este es el tercer intento, los dos intentos anteriores fueron también un pequeño fracaso, y en este le reconozco que, aunque vamos mejor, también hay problemas.
Teniendo en cuenta la complejidad del problema y que quien gestiona y quién tramita en última instancia los expedientes son las comunidades autónomas, estas acordaron prorrogar el plazo de resolución de los expedientes con carácter general seis
meses, excepto Baleares y Canarias, que lo hicieron por 12 meses.
Por cierto, Andalucía no pidió prórroga. Y una aclaración señor García Díez, desde que hubo cambio de Gobierno en Galicia están paralizados todos los expedientes de regularización.
No sé cuál es el motivo, quizá no es una prioridad. Pero esa es la realidad.



También quiero recordarle señor García Díez, que en la disposición final segunda se habilita al Gobierno para que, en caso necesario, pueda regular futuras actuaciones de regularización o actualización de las inscripciones en el registro de
buques y empresas navieras así como del censo de la flota pesquera operativa de embarcaciones de pesca. En consecuencia pensamos que no es conveniente modificar la ley en el último tramo de su aplicación, y en todo caso, no se puede modificar una
ley, usted lo sabe tan bien como yo, a través de una proposición no de ley.



Su propuesta tiene un único objetivo y de ahí derivan una serie de consecuencias. Ustedes se marcan como objetivo que en la regularización de las embarcaciones, de la flota artesanal, que sean iguales o menores a 15 metros de eslora entre
perpendiculares y como resultado de su regularización incremente su tonelaje o potencia, no se exijan baja. Ese es el argumento fundamental, que no haya bajas para compensar. (El señor vicepresidente, Reyes Martínez, ocupa la Presidencia).



El problema, señor García Diez, es que esto no tiene justificación porque crearía, en primer lugar, un agravio comparativo para los que se están regularizando ya y para todos aquellos armadores que hayan construido o movilizado sus
embarcaciones porque tuvieron que aportar bajas necesarias para ello, para que sus características reales coincidieran con las previstas en la ley. Aquellos otros que hicieron obras para ampliar el arqueo también tuvieron que aportar bajas para
cubrir, el incremento del arqueo o la potencia propulsora. Y además del agravio comparativo tenemos otro problema. La regularización viene como consecuencia de que aquí tenemos dos tipos de censos. Hay un censo del Ministerio de Fomento y hay un
censo de pesca de la flota operativa pesquera. ¿Qué ocurre? Que si los censos no coinciden, la Unión Europea nos pide unificarlos y, además, el censo de la flota operativa es el que va a servir para regular el esfuerzo pesquero. Luego si nosotros
podemos alterar de manera unilateral la capacidad de las embarcaciones sin compensación alguna, lo que estamos es incrementando el esfuerzo pesquero, que está claramente prohibido por la Unión Europea, aparte de, como decía, perjudicar a todos
aquellos armadores que siguieron la normativa a la hora de modernizar, ampliar, construir embarcaciones o incluso regularizarlas en este caso. Y los demás preceptos de su propuesta, derivan de este principio. A continuación está el tema de si no
se paga nada por la ampliación no me pueden compensar después; no puedo pedir compensación después, normal. Y el tema de aportar una sola baja para regularizar un grupo de embarcaciones, está regulado en la ley, lo que pasa es que la ley dice que
una embarcación puede servir para regular hasta 10 embarcaciones. Si me dicen que ese tope no les llega es que yo no sé a qué estamos jugando.
Creo que está bastante bien marcado en la ley el número de hasta 10 embarcaciones por una que ese
desguace, y además está dando resultado.



El tema de la potencia máxima se nos dice que se está aplicando teniendo en cuenta el criterio básico de la seguridad. Y usted dice que se hace una norma, de la que se nos habló aquí, sobre el aumento de potencias máximas permitidas en las
construcciones y modernizaciones para embarcaciones de hasta 12 metros, de eslora que pertenecen a la flota artesanal y del percebe. ¿Por qué los 12 metros y no 15? Porque en estos 12 metros entraba, según los censos, la mayoría de la flota
artesanal.
Esta es la razón fundamental y por ahí se compensa el tema. En consecuencia, señor García Díez, nosotros no podemos aceptar su propuesta como tampoco en aquello que los que hicieron una modificación aportando bajas, en consecuencia
teniendo un coste, no sean indemnizados en caso de desguace. Va de acuerdo con su filosofía, si no percibieron, no tienen por qué percibir indemnización, pero si tuvieron que aportar bajas y tuvieron un coste, tienen que tener compensación.



El tema está abierto, está en tramitación una serie importante de expedientes y después, finalizado ese plazo, será el momento de replantearse la situación que queda porque también, a veces, los censos no representan cifras reales. Hay
10.000 afectados, pero al final no hay 10.000 afectados, hay menos, luego cuando veamos cómo quedan los datos finales será cuando podamos pensar en si se comienza otro proceso de regularización o se procede, como está en la ley, a la tramitación de
bajas con una serie de condiciones, pero de ese tema no podemos hablar porque, como le decía, hay alguna comunidad que pidió un año de prórroga para seguir aplicando esta ley. Nada más señor presidente.



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- EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA LECHE DE VACUNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001278.)


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Pasamos a la proposición no de ley número 4 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y para ello tiene la palabra la señora Iglesias.



La señora IGLESIAS FONTAL: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular con respecto a la proposición no de ley propuesta por nuestro grupo en relación con el sector de la leche de vacuno. Todos los
datos, cifras e índices que se pueden consultar sobre el sector agrario nos conducen a una situación desesperante para agricultores y ganaderos. No voy ahora a repetir aquí los datos de renta agraria, del paro real del sector agrario, de la deuda
del sector agrario o de la relación entre los costes de producción y el precio final. Han sido sobradamente tratados en debates, tanto en esta Comisión como en el Pleno. Únicamente me voy a centrar en un dato novedoso, tan novedoso como que salió
ayer. Francia estima para 2009 que la caída de rentas del sector agrario es del 32 por ciento, y esta caída de rentas se incrementa hasta el 54 por ciento en lo que respecta al vacuno de leche. ¿Y por qué tengo que hablar de Francia y no puedo
hablar de España que es lo que a nosotros nos importa? Pues porque el Ministerio de Medio Rural todavía no ha sacado las estimaciones sobre las rentas del sector agrario, lo cuál debería de haber hecho a finales del mes de noviembre como era
costumbre.
Señor presidente, desde aquí instamos al Gobierno español a realizar el ejercicio de transparencia al que están obligados y sacar a la luz estos datos. Me pregunto qué estará ocurriendo en España si en Francia, donde el precio de la
leche percibido por los ganaderos es superior, el sector lácteo cayó un 54 por ciento. Nos tememos lo peor para los datos de 2009, pero queremos y debemos conocer ya las estimaciones. ¿Necesitan más argumentos? El PP lo que hace es traerles hoy
aquí propuestas concretas de apoyo al sector lácteo.



El punto primero de nuestra proposición no de ley comprende medidas básicas a tomar en un entorno de crisis profunda en la que está sumido el sector lácteo. Llevamos ya un tiempo demasiado largo en que los costes de producción superan a los
ingresos, y por eso es absolutamente urgente tomar medidas que permitan rebajar los costes de producción ya que no se puede incidir sobre los precios. Cuando los costes de producción superan al precio final, un agricultor puede decidir sembrar
menos trigo o plantar menos patatas, pero qué puede hacer un ganadero. Las vacas comen todos los días y hay que ordeñarlas todos los días; la decisión a tomar no va a tener los mismos costes en el tiempo y la capacidad de reacción de un ganadero
no es la misma que la de un agricultor. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha preparado esta proposición no de ley para un sector en una situación desesperante, al que las medidas del Gobierno no llegan porque no existen y los ganaderos se ven
abocados a sacar sus tractores a la calle por un mero instinto de supervivencia.



Desde el Grupo Parlamentario Popular no nos cansaremos de repetir que una situación de crisis como la actual debe afrontarse con medidas concretas, y como tales medidas concretas hemos propuesto que en el ejercicio presente, y en lo que
respecta a medidas de contención de gasto, se contemple, en primer lugar, afrontar rebajas fiscales para el ejercicio 2009, que serán de aplicación en la declaración de la renta que se hará en el primer semestre de 2010. ¿Por qué si se han hecho en
otros sectores no podemos hacerlo en este? En concreto, el Partido Popular cree que hay que rebajar el sistema de módulos, y proponemos que sea del 0,32 actual al 0,05, e incrementar los gastos de difícil justificación en el IRPF de estimación
directa. También es necesario tener en cuenta la no aplicación del IBI y tanto o más importante es la exención de cuotas de la Seguridad Social. ¿Saben ustedes lo que significa para un ganadero en situación límite que cuando llega a fin de mes
tenga que desembolsar todavía cerca de 300 euros? Pero no nos vamos a quedar sólo en medidas de contención de gasto sino que también proponemos medidas de apoyo financiero que permitan una refinanciación de los créditos vigentes solicitados por los
ganaderos, con una rebaja sensible del tipo de interés. El hecho de que las medidas propuestas sean de competencia estatal debería de suponer una ventaja, pero mucho nos tememos que, sin la voluntad política de este Gobierno, este hecho más bien
suponga una desventaja.



Lo que está claro es que el Partido Popular quiere hacer aportaciones positivas ante la desesperada situación de los ganaderos y lo hace donde le corresponde, en el Congreso de los Diputados. Creo sinceramente que la enmienda de sustitución
que el Partido Socialista ha presentado al punto 1 no es de recibo, ya que no se puede pretender sustituir el paquete de medidas propuestas por el Partido Popular con la propuesta del PSOE que consiste en la difusión en el sector agrario de medidas
del ICO y de un plan de estímulo que no sabemos en qué consiste. Sinceramente creo que no merece más comentario.



Si en el punto 1 desde el Partido Popular proponemos medidas concretas, en el punto 2 instamos al Gobierno a que, aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, ejerza el liderazgo que le
corresponde, proponiendo y sacando adelante medidas que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas de vacuno en zonas de producción tradicional. Y para que el Gobierno del señor Zapatero demuestre que realmente ejerce un
liderazgo de hecho y no sólo de derecho, ustedes no pueden aceptar los incrementos lineales de cuota en el seno de la Unión Europea, pues estos incrementos lineales perjudican y muy seriamente a los ganaderos españoles y no hacen


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más que perpetuar y agravar la situación de desequilibrio respecto de otros países europeos. Francamente, la enmienda del Partido Socialista es poco concluyente al respecto. Les recuerdo que para el Partido Popular es inaceptable el
incremento lineal y reclamamos, una vez más, un incremento asimétrico, que consiste en dar más cuota a aquellos países que como España tienen un déficit mayor entre producción y consumo de leche.



Llegando al punto 4 de la proposición no de ley del Partido Popular, este grupo propone un plan de abandono del sector lácteo, y la razón de ser de este plan no es solo por la necesidad de reestructuración de este sector.
Lo que realmente
pretendemos es incidir en el aspecto social y humano de aquellos ganaderos que se encuentran en una situación económica realmente complicada y cuya edad les permite enlazar con el cese anticipado. Por favor, señores del Gobierno, estudien ustedes,
no lo rechacen porque sí.
Les vuelvo a insistir en el contenido social que debe prevalecer para la puesta en marcha de este plan de abandono para causas y supuestos tasados.



Cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno en el año 2004, una de las primeras medidas que tomaron fue impedir hasta casi anular las transferencia de cuota láctea, luego de seis años ya saben lo que ha supuesto. Esto ha significado
impedir el redimensionamiento de explotaciones con clara vocación láctea, que a lo único que les ha llevado es a las cesiones temporales de cuota. ¿No creen ustedes que ha llegado el momento de liberalizar de nuevo las transferencias de cuota,
principalmente las transferencias de cuota sin explotación, tal y como estuvieron liberalizadas durante el Gobierno Socialista de Felipe González?


En el punto 7 proponemos poner en marcha un programa de etiquetado obligatorio de los productos lácteos. Es fundamental para que el consumidor conozca el origen de la materia prima y va en sintonía con lo que ya está haciendo el Gobierno de
Italia, quién ha propuesto a la Unión Europea el etiquetado obligatorio de la leche y productos lácteos de origen italiano. ¿Por qué de una vez por todas no hacemos lo mismo con nuestros productos españoles? En Italia, y por la insistencia de su
Gobierno, ya existe un precedente en este sentido. En el aceite de oliva recientemente se ha introducido la obligatoriedad de la indicación de origen del aceite de oliva virgen y virgen extra. Señorías, da la sensación de que, de nuevo, el
Gobierno no sabe defender los intereses de nuestros ganaderos y van y proponen una enmienda en la que todo gira en torno a la letra Q, como si la letra Q fuese la panacea. ¿Saben ustedes lo que significa en la práctica la letra Q para los
ganaderos? Significa grandes obligaciones para escasos réditos.



Y llegados al punto 8 de nuestra proposición, antes de comentarlo me gustaría que los miembros de esta Comisión se preguntasen si creen que el sector lácteo ha llegado a un punto en que necesita que se le envíe un salvavidas cuál náufrago en
medio del océano. Es posible que la percepción de SS.SS. sea muy similar, independientemente del grupo político al que pertenezcan. Distinto es lo que puedan o les dejen expresar.



Es conocida la postura de este Gobierno de oponerse al incremento de ayudas de mínimis hasta los 15.000 euros, alegando la renacionalización de las ayudas de la PAC. Lo que realmente oculta es que no quiere poner ni un euro de su
presupuesto para enviar un salvavidas a un sector que lo está pasando francamente mal, con datos alarmantes y situaciones desesperantes, y tienen que ser las comunidades autónomas las que pongan de su presupuesto el dinero necesario para enviar este
salvavidas. Así lo han hecho Asturias, Castilla y León y Galicia. A Galicia la ayuda que recientemente han cobrado los ganaderos de leche le han supuesto 20 millones de euros de su presupuesto, de sus fondos propios. Por eso, a mí, como gallega,
diputada por la provincia de Lugo, me da pena cuando la ministra de Medio Rural lo único que ha podido traer de Europa, y para toda España, y con la que está cayendo, han sido 11,9 millones de euros para el sector lácteo. Me gustaría pedirle a la
señora ministra que ponga dinero en la mesa, que copie de la Xunta de Galicia, que apueste por el sector lácteo y aproveche la oportunidad que brinda la Comisión autorizando ampliar el límite de ayudas a los 15.000 euros que complementen las ayudas
otorgadas por las comunidades autónomas.



Por favor, no utilicen ahora ese argumento que tanto les gusta de que el PP sólo critica y nunca propone nada. Primero...



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señora Iglesias, ruego vaya terminando, su tiempo ha pasado.



La señora IGLESIAS FONTAL: Primero, les hemos argumentado la necesidad de tomar medidas y, segundo, les hemos dado propuestas para un sector que lo está pasando muy mal, con una situación que ya no puede aguantar mucho más, y ustedes nos
han respondido que no están dispuestos a poner un solo euro. Señores, la pelota está en su tejado.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): En esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Pérez.



La señora PÉREZ HERRAIZ: Es evidente que estamos ante un problema grave del sector agrario en general y del sector lácteo en particular. Hay cuestiones como esa en las que estamos de acuerdo, pero hay otras muchas en las que no, como por
ejemplo dónde corresponde al Partido Popular intentar hacer frente a esta situación, y el único sitio en el que el Partido Popular puede hacer frente a esta situación no es en el Congreso de los Diputados, es uno de los sitios, pero hay otros sitios
en los que puede y debe hacer más de lo que está haciendo.



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En esta iniciativa mezclan objetivos para el sector lácteo español y objetivos para el conjunto del sector lácteo europeo. En el comienzo de la misma, de hecho, hacen referencia a que la leche supone el 6 por ciento de la producción final
agraria española, el 10 por ciento de la producción final agraria europea y como sabe la compañera que acaba de defender la iniciativa, esto en el caso de Galicia sube al 30 por ciento, por lo tanto, en Galicia este problema, es verdad, es mucho más
grave.



No estamos de acuerdo en cuál es el origen del problema. Dicen ustedes que es la diferencia entre producción y consumo en el mercado español. Como dije antes, mezclan objetivos. Si el objetivo de la iniciativa es el sector en Europa, no
puede centrarse después el problema en el desequilibrio en el mercado español. Pero además tampoco estamos de acuerdo en que ese sea el origen del problema en España. En 2007, a pesar del mismo desequilibrio entre producción y consumo, los precios
que se pagaban a los productores se consideraban suficientes. El problema está más asociado al paso de un momento de fuerte incremento del consumo mundial a un descenso de este consumo muy importante y a la falta de compromiso de industrias y
distribución con la necesidad de mantener un sector productivo estable. Necesidad esta última en la que tienen que implicarse seriamente las comunidades autónomas, ya que tienen la mayor parte de las competencias de agricultura y la totalidad de
las competencias de desarrollo rural. La diferencia entre consumo y producción deriva, entre otras, de la recomendación dada por algunos representantes políticos a los ganaderos de que no declararan toda la producción en el momento de ingreso en el
Mercado Común, momento en el que se consiguió que se permitiera a España producir el total que se había declarado. El problema es que no se había declarado todo lo que se producía. Cada cuál que asuma su responsabilidad.



También es necesario recordarles que lo que ustedes llaman anuncio de liberalización del mercado y supresión del sistema de cuotas al final de la campaña 2014-2015, no es de ahora, es algo decidido en el año 2003 cuando gobernaba en España
el Partido Popular. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.). Desde 2005, y por decisión del Gobierno Socialista, la asignación o reasignación de cuota es gratuita, evitando la especulación que hasta entonces se estaba dando
con la capacidad de producción de leche.



Tampoco estamos de acuerdo en la afirmación que hacen de que la Comunidad gallega está apostando por mantener y potenciar un tejido económico ligado a la actividad agraria. Puede ser esto cierto en los otros dos casos que mencionan,
Asturias y Castilla y León, pero no en Galicia. Los veinte millones de los que habló la señora proponente están sólo en papeles, en promesas que no se concretaron y es dinero que no llegó a los ganaderos. La orden del 29 de mayo de ayudas,
únicamente en Galicia es de 900.000 euros para más de 14.000 explotaciones, lo que hace que esa ayuda suponga en Galicia 63,63 por explotación, cuando en Asturias supone 1.333, en el País Vasco 1.367 y en Castilla y León, también gobernada por el
Partido Popular, 3.366 euros por explotación.



Respecto a la parte dispositiva de su iniciativa, los puntos 2, 3 y 6 se refieren a la Unión Europea y lo relacionan con la presidencia que ejercerá España el próximo semestre. Ayer hemos aprobado una iniciativa conjunta relativa a la
Presidencia del Consejo de la Unión Europea que, entre otras cuestiones, recoge aspectos relacionados con este sector, como se irá adaptando la PAC a la realidad cambiante de su entorno, mejorar su eficiencia y su competitividad, así como la
competitividad de los productos agroalimentarios comunitarios, garantizar la suficiencia de recursos comunitarios sin recurso a la cofinanciación, asumir una solución comunitaria para el sector lácteo, etcétera. No consideramos correcto acordar una
propuesta ayer y presentar simultáneamente hoy ya algo diferente respecto a lo mismo.



En cuanto a los otros puntos, en el IRPF se hizo en los dos últimos años ya una rebaja del 15,62 por ciento, porque se pasó del 0,42 al 0,32. Se ha anunciado ya con vigencia desde este año el compromiso de regular el gasóleo profesional con
carácter permanente, regularlo antes de que termine este año previendo la devolución de las cuotas aportadas desde el 1 de enero de 2009. Se ha elevado del 5 al 10 por ciento la deducción de gastos de difícil justificación en el régimen de
estimación directa simplificada y está prevista en los presupuestos del próximo año la subida de porcentajes de compensación del impuesto sobre el valor añadido para productos ganaderos del 7,5 al 8,5. Por lo tanto, es verdad que hay un problema,
pero también es verdad que el Gobierno de España está actuando, insisto, no así con el mismo interés todas las comunidades autónomas. Respecto al punto 4, el Gobierno español hizo ya un importante esfuerzo para reestructurar el sector y apoyar a
las explotaciones más viables. Eso ya se está haciendo y se considera que ya se redujo de manera suficiente el número de explotaciones. Respecto al punto 5, lo que ustedes llaman liberalización consideramos que es parte del problema, es el origen
del endeudamiento de muchas explotaciones, lo que no podemos volver a caer en el mismo error, y además tal como lo plantean también afecta la normativa europea que durante dos años no permite que se incorpore a reserva nacional para reasignación la
cuota procedente de abandono. Respecto al punto siete, al etiquetado, en el plan estratégico está recogido lo de la letra Q y creemos que se puede avanzar en el etiquetado, pero no tal como lo plantean ustedes, que es obviando la normativa europea.
No puede hacerse, como dicen ustedes, una modificación, puesta en marcha en un programa de etiquetado obligatorio, pero sí estamos de acuerdo en que hay un cambio de mejora en el etiquetado. De hecho, lo hemos recogido en otras iniciativas y
esperamos que el ministerio lo desarrolle tal y como se aprobó en otra iniciativa en esta Comisión. Y respecto al punto 8, nosotros consideramos que en estas ayudas también se tendrían que implicar, como ya


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dijimos antes, las comunidades autónomas. La situación actual del sector lácteo no afecta sólo a España, a las comunidades autónomas y lo que se modifique en la Unión Europea. Se trata de una coyuntura del conjunto de la Unión Europea,
como usted bien decía, por lo que las actuaciones objeto de esta proposición están en proceso de análisis, discusión y diseño en el ámbito de la Unión Europea. La posición española en esta materia es procurar que las soluciones procedan del ámbito
supranacional ya que solo así tendrá auténtica efectividad puesto que es un problema común y estamos en un mercado común.



La utilización recurrente de las ayudas de mínimis podría conducir hacia una renacionalización de la política agraria común, y este hecho dificultaría la correcta consecución de los objetivos fijados por la política agraria común de unidad
de mercado y solidaridad financiera. El Gobierno de España seguirá trabajando desde la Presidencia europea, como dije antes, en los términos que se acordaron ayer y desde el Gobierno de España desarrollando el plan estratégico que se aprobó y que
se puso en marcha hace poco tiempo, por lo que aún es pronto para hacer una evaluación del mismo. Esperamos que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia, como dije antes, en agricultura y desarrollo rural se impliquen en la
medida que lo tienen que hacer, especialmente la Comunidad Autónoma gallega, por ser donde el problema es más grave y por ser donde la implicación, en nuestra opinión, está siendo menor.



- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA ESTABILIZAR EL SECTOR PRODUCTOR DE LA PATATA EN ESPAÑA Y CONSEGUIR UN POSICIONAMIENTO FUERTE EN LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001279.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Debatido este punto del orden del día, pasamos al siguiente, que es otra proposición no de ley, relativa a la adopción de medidas urgentes para estabilizar el sector productor de la patata en España
y conseguir un posicionamiento fuerte en la Unión Europea. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Merino.



El señor MERINO DELGADO: Efectivamente, el sector de la patata en nuestro país ha entrado en una crisis profunda. La superficie de cultivo en nuestro país ha seguido una tendencia decreciente, y prueba de ello es que de las más de 300.000
hectáreas que se cultivaban a mediados de los ochenta, solo quedan actualmente unas 85.000 hectáreas. La producción en consecuencia también ha disminuido y actualmente se producen unos 2.400.000 kilos frente a los cerca de 6 millones que se han
llegado a producir en España. España ha sido uno de los principales productores de patata de la Unión Europea, pero ha ido perdiendo el peso que tenía y se ha ido descolgando de los grandes productores, que cuentan sobre todo con una buena
organización productiva, y esa buena organización productiva la tienen desde hace muchos años en Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido. El cultivo de la patata en España se caracteriza fundamentalmente por una fuerte especialización hacia la
patata de la media estación y sobre todo tardía. Aproximadamente el 80 por ciento de la producción de patata es de recolección en el segundo semestre del año y coincide también con las grandes producciones europeas. Hay tres comunidades autónomas,
Castilla y León, Galicia y una parte de Andalucía, que tienen la mayor parte de la producción. El consumo interno se sitúa en torno a los 4 millones de toneladas y el déficit se tiene que cubrir, como ocurre con la leche y con tantos otros
productos, fundamentalmente desde Francia, que representa en torno al 70 por ciento nada menos de este suministro. A pesar de que los rendimientos se han ido incrementando considerablemente, llegando a producirse hasta 40 toneladas por hectárea en
las principales zonas de producción, los altibajos en los precios han sido una realidad y se han producido de manera cíclica. Actualmente es uno de los cultivos de regadío con mayores costes de producción y presenta grandes problemas estructurales
desde el punto de vista de producción y sobre todo de comercialización.



La falta de regulación comunitaria -no hay que olvidar que este sector es de los pocos que carecen de organización común de mercado en la Unión Europea- también ha contribuido a la inestabilidad. La situación que se está viviendo en la
actual campaña es especialmente grave, con unos precios que no cubren siquiera los costes de producción, un solapamiento de las producciones tempranas con media estación, un incremento de las producciones, una falta de estructura para escalonar la
recogida y sobre todo una amenaza de una posición fuerte en los mercados españoles por parte de la patata francesa. Esta situación requiere que actuemos de una manera contundente y de forma nacional para garantizar esta actividad económica en las
áreas rurales del territorio español y sobre todo para conseguir un sector cada vez más puntero y más competitivo. Por eso nosotros hemos planteado esta proposición no de ley sobre la base de los siguientes planteamientos. En primer lugar,
pretendemos que se incluya dentro de las prioridades de la Presidencia española que va a iniciarse en el primer semestre de 2010 la incorporación de la patata a una organización común de mercado, de tal forma que haya un mecanismo del tipo de los
empleados en las frutas o en las hortalizas que proteja mejor este producto. En segundo lugar, pretendíamos elaborar un plan nacional de ordenación del sector de la patata que tenga como objetivo fundamental reforzar la posición del agricultor y
reequilibrar la cadena de valor. Ya lo están haciendo algunas comunidades autónomas como es el caso de Castilla y León, que a partir de enero ya va a desarrollar


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su propio plan estratégico, pero hay otras comunidades autónomas que también lo están haciendo, y creemos que es importante que el Gobierno se conciencie de la necesidad de elaborar un plan nacional de ordenación del sector. En ese plan
nacional debería incluirse un mecanismo que permita adaptar las producciones atendiendo a las variedades, a los tipos de suelo, etcétera. En tercer lugar, consideramos importante crear un marco básico interprofesional que permita concentrar las
relaciones entre el productor y el transformador comercializador. En cuarto lugar, determinemos un contrato tipo para la patata en fresco y para la patata transformada. Y en quinto lugar, financiemos campañas de comunicación y promoción nacional
de la patata sobre todo con dos objetivos muy claros, primero, dirigido hacia el mensaje de que es un alimento básico y natural que puede utilizarse en una dieta sana y equilibrada, poniendo en valor sus atributos nutritivos, y en segundo lugar
generemos una cultura de apreciación de la calidad de la patata más allá del aspecto exterior que pueda tener, favoreciendo un mayor conocimiento de las variedades que existen en nuestro país y sus aptitudes culinarias. Todas las OPAS están de
acuerdo con estos apartados, así lo han manifestado en las diversas comunidades autónomas, y no parece realista que en otros sectores el Gobierno sea tan sensible a las peticiones de los grandes sindicatos y no haga lo mismo en el sector agrario,
que está en una situación mucho más desfavorable que otros sectores.



Respecto a la enmienda -y adelantándome de alguna manera al procedimiento- presentada por el Grupo Socialista, no la podemos aceptar en los términos en la que nos la plantean, pero sí aceptaríamos la votación separada de los puntos distintos
de nuestra proposición no de ley, al objeto de que el Grupo Socialista pudiera revisar su posición y vote favorablemente nuestra proposición no de ley.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Efectivamente, hay una enmienda a esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa y en su nombre tiene la palabra la señora Castellano.



La señora CASTELLANO RAMÓN: Señorías, ha sido habitual durante los últimos años la presentación de problemas en el sector de la patata como consecuencia de diversos factores que han supuesto que parte del mercado nacional haya tenido que
ser suministrado por importaciones de otros países, particularmente comunitarios. Si bien por parte del ministerio se han puesto en marcha medidas de mejora a través de las agrupaciones de productores, el resultado ha sido insuficiente ya que,
mientras otros países comunitarios están manteniendo sus producciones, la tendencia a la producción en España es a la baja aunque se ha estabilizado en los últimos años. Sin embargo, por los pequeños desequilibrios en la oferta y a veces por
razones, de las condiciones objetivas de los mercados se producen fuertes caídas de precios, como ha ocurrido en la presente campaña. El hecho de que estas caídas de precios se hayan producido sin que los datos objetivos que caracterizan los
mercados lo justifiquen exige un análisis en profundidad de la problemática que afecta al sector y, de acuerdo con dicha problemática, poner en marcha medidas que se adapten a las circunstancias específicas de los productores españoles. En
consecuencia, y para influir en el mercado de la patata español es conveniente llevar a cabo un diagnóstico previo que identifique las debilidades y potencialidades del sector y de acuerdo con el mismo tomar las medidas adecuadas a nuestra
problemática. Por ello, consideramos que es conveniente presentar un análisis en profundidad del sector y actuar en consecuencia con las medidas, y en el tiempo que proceda, parte de las cuales pueden ser las propuestas por el Grupo Popular sobre
promoción, la interprofesión, los contratos tipos, pero no considerando que una solución a esta problemática sea la inclusión de la patata en la OCM de frutas y hortalizas. De ahí nuestra enmienda al punto 1 en la que proponemos sustituir la
inclusión de la patata en la OCM por la adopción de medidas urgentes para estabilizar el sector productor de la patata en España y conseguir un posicionamiento fuerte en la Unión Europea. En este sentido, el Gobierno, entre las prioridades de la
Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, podría plantear el tema teniendo en cuenta medidas para mejorar la transparencia en el sector.
Pero lo que nos propone el Grupo Popular no es lo más adecuado ya que la
inclusión de la patata en la OCM de frutas y hortalizas y la posibilidad de presentar programas operativos financiados con fondos comunitarios supone un fuerte incremento de los presupuestos que podría conducir a la supresión a corto plazo del
mecanismo. Además, el aprovechamiento que España podría obtener de esta incorporación sería mínimo frente al que pudieran tener otros países, ya que en España solo tenemos agrupado el 10 por ciento de la producción a pesar de disponer de una ayuda
nacional que incentiva la constitución y el funcionamiento de las agrupaciones de productores de patata. Por tanto, la inclusión de la patata en la OCM favorecería fundamentalmente a países que ya disponen de agrupaciones de productores. Por otro
lado, en España ya existe una línea financiada con fondos nacionales mucho más favorable que la correspondiente a frutas y hortalizas. Frente a una ayuda comunitaria del 4,1 por ciento al valor de la producción comercializada, las OPAS de la patata
en España tienen una línea de apoyo público del ministerio y de las comunidades autónomas de hasta el 15 por ciento del valor de la facturación. Además, la línea nacional contempla la financiación de las inversiones hasta un 66,6 por ciento del
coste, frente al 50 por ciento que contempla la OCM de frutas y hortalizas. En consecuencia, parece más adecuado buscar otras soluciones que aplicar específicamente en España.



En lo que se refiere al punto 2, proponemos una modificación que sería realizar un análisis de la situación y


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perspectivas del sector de la patata, haciendo un diagnóstico de la problemática actual y proponiendo actuaciones para reforzar la posición del agricultor y equilibrar la cadena de valor. Entre estas actuaciones se analizaría la
conveniencia de una ayuda nacional para la constitución o reordenación de las organizaciones de productores de patata. Se propone esto precisamente porque actualmente el sector de la patata se encuentra condicionado por diversos factores que
condicionan el desarrollo de la campaña, o sea, la competencia de las producciones comunitarias, la insuficiencia de medios de manipulación, conservación, comercialización, la dependencia de las condiciones metereológicas en que se desarrolla la
recolección, etcétera. Lo procedente es, por lo tanto, en primer lugar realizar un análisis de la situación, diagnosticando los problemas que tiene planteado el sector y que condicionan la variabilidad y el nivel de precio de los agricultores.
Posteriormente podrían detectarse medios para valorizar más el producto, lo que implicaría una mejor posición del agricultor en la cadena comercial.



Por otra parte, la autorregulación del sector roza las incompatibilidades de las normas de competencia, a menos que esté amparada por la reglamentación comunitaria, lo que actualmente no es el caso. Sin embargo, la organización del sector
en entidades asociativas permitiría adaptar mejor la oferta y la demanda partiendo de una planificación de las siembras y dotándolas de medios de manipulación y almacenamiento que permitan valorizar la producción española frente a otros productos de
importación. Además pensamos desde este grupo que no es realista la elaboración de un plan desde la Administración que indique las variedades a cultivar en los distintos tipos de suelo ni de acuerdo a las demandas del mercado. Esta labor
corresponde a los operadores particulares, quienes deben elegir las siembras más adecuadas al suelo y al clima de cada zona de producción. Por otra parte, la adecuación de las producciones a las demandas del mercado es algo que depende también de
los operadores, que son los más apropiados para valorar las tendencias de los mercados. Son, por tanto, las organizaciones de productores las más adecuadas para tomar las decisiones de variedades a producir y las que deben informar y formar a los
productores en este sentido.



En lo que se refiere a los tres últimos puntos, y si se nos acepta la votación separada, no tendríamos ningún problema para apoyarlos, pero permítame un poquito más de tiempo para referirme muy someramente a ellos. En el caso del punto 3,
respecto a la posibilidad de crear una organización interprofesional para el sector de la patata, se hace necesario indicar que las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, tal como establece la Ley 38/1934, son entidades de naturaleza
jurídica privada y por tanto se constituyen a iniciativa de los propios solicitantes del reconocimiento. La Administración se limita a realizar el reconocimiento y si se cumplen los requisitos legales proceder al mismo. Sin embargo, la
Administración sí puede y debe favorecer la creación de dicho marco legal propiciando las condiciones adecuadas para ello. Además, según el reglamento que desarrolla esta ley citada, las organizaciones interprofesionales, una vez reconocidas,
podrán ser beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas y promover su funcionamiento y realización de las finalidades para las que se constituyan, y por otra parte uno de los objetivos de estas organizaciones interprofesionales es realizar
campañas de promoción de las producciones, que en este caso sería de la patata, y el desarrollo de acciones que permitan una permanente adaptación de los productos agroalimentarios a la demanda del mercado. En lo que se refiere al punto 4, la
determinación de un contrato tipo, ya existen contratos homologados para el sector para los años 2008 y 2009, pero, al igual que ocurre en la creación de organizaciones interprofesionales, la homologación de contratos queda supeditada a que la
petición surja de la voluntad de las partes interesadas, así que si por un lado se creara la organización interprofesional a la que nos hemos referido, esta misma podría solicitar la creación de un contrato tipo con arreglo a la ley que regula la
creación de este tipo de contratos. Y en lo que se refiere al punto 5, las campañas de comunicación y promoción, esta medida ya se está llevando a cabo en este sentido como medida de promoción alimentaria, y con el objetivo de facilitar información
sobre las variedades existentes en nuestro país y sus aptitudes culinarias en 2008 el Ministerio de Medioambiente, a través de su portal de promoción agroalimentaria, alimentacion.es, publicó el apartado Conoce lo que comes, un monográfico sobre la
patata para dar a conocer su historia, cultivo, variedades, propiedades y consejos a la hora de consumo. Pero, conociendo los incuestionables atributos nutritivos de la patata y recomendándose su consumo diario para una dieta sana, estamos de
acuerdo, por tanto, en realizar más campañas a favor de su consumo precisando que esto se aplicará a patatas sin procesos de transformación.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): ¿Algún grupo quiere fijar la posición? Señor Perestelo, por Coalición Canaria.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: No pensaba intervenir, pero para la historia de esta casa y en el futuro cualquier observador o investigador que estudie esta Comisión pensaría que no había ningún canario presente y que estamos hablando de la
patata y no hablamos de las papas. Por lo tanto, pediría que lo que se aplique a la patata se aplique también a las papas, si me permiten el chiste fácil. (Risas.)


De todas maneras, señorías, la petición no iba exclusivamente por esta parte humorística sino también por algo que me parece importante. Ayer esta Cámara llegó a acuerdos importantes como consecuencia de una iniciativa que presentaban los
dos partidos mayoritarios en relación con la Presidencia de España en la Unión Europea, y se hablaba de temas de políticas agrarias


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comunitarias yo creo que con rigor e incluso se mandataba a la Presidencia española para impulsar esas nuevas políticas comunitarias. Aprobar hoy una iniciativa o no aprobarla y generar discrepancia en unas fuerzas que han apoyado
precisamente ese conjunto de objetivos en la Unión Europea no parecería razonable y por ello apelaría, si me lo permiten, desde la unidad de grupos más pequeños, al consenso. A nosotros nos parece buena la redacción que ofrece en el punto 2 el
Grupo Socialista, incluso podría unirse a la propuesta del Grupo Popular para consensuar una fórmula unánime hoy en esta Comisión. En todo caso, decían que el punto 5 lo iba a apoyar el Grupo Socialista, y yo tampoco veo tan claro que tengamos
necesidad en estos momentos en este sector precisamente de organizar este tipo de campaña. En todo caso, nos gustaría que hubiera una aproximación entre los dos grupos. Creo que es posible, y les pido que se den un tiempo mientras termina la
sesión a ver si es posible ese consenso.



El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, por alusiones.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Sí, sí, diga.



El señor LLORENS TORRES: Seguramente, cuando el portavoz del Grupo de Coalición Canaria ha dicho que no había ningún canario todos hemos pensado que se refería a una especie ornitológica, porque si se refería a diputados está aquí el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, y yo quería hacer referencia a ello porque posiblemente le ha pasado desapercibida la presencia...



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Llorens, yo creo que estaba claro que se refería a nadie de Coalición Canaria, pero la señora Coello y el señor Domínguez son dignísimos representantes del pueblo canario en esta Comisión.
(Rumores.) Perdón, señorías, creo que está perfectamente debatida la patata. Esta Presidencia supone que ahora van a hablar los representantes de los grupos para aproximar posiciones.



- RELATIVA A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE DE 2009 EN CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001366.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Mientras tanto pasamos al punto siguiente, referido precisamente a Canarias, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los daños causados por las lluvias en
noviembre de 2009 en Canarias. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el señor Domínguez.



El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Señorías, ciertamente tengo que comenzar mi intervención agradeciendo a los grupos que nos han prestado el vehículo, digamos de esta forma, para posibilitar en el trámite de proyecto de ley de Real Decreto
12/2009, de 13 de agosto, la inclusión de unas enmiendas transaccionales y que de esta forma se recoja en ellas ayudas o mejores ayudas para todo lo sucedido en Canarias el pasado mes de noviembre.



Antes de entrar en la defensa de esta proposición no de ley, y para que conste en el 'Diario de Sesiones' o para que alguien se lo diga al subdelegado del Gobierno en Canarias -probablemente en ese periodo en el cual yo transmitía a los
medios de comunicación cuál era la intención del Partido Popular a él no le funcionaba el móvil, espero que en este momento sí para que escuche mis palabras-, quiero decirle que quien no estaba informado era él, que probablemente no se había puesto
en contacto con su propio partido en ese momento y que cuando hablaba de la modificación o de la inclusión de esa enmienda en el real decreto del pasado mes de agosto hacía referencia a una mejora de las ayudas a los damnificados tanto en el norte
de Tenerife como en la isla de Gran Canaria. En ningún momento fue intención del Partido Popular confundir a nadie, mucho menos anotarse ningún tanto ni hacer ninguna actuación partidista. Si lo que quería el señor subdelegado del Gobierno eran
medallas, creo que el ejército le iba mejor que la política en este momento. Yo sinceramente desconozco el porqué de sus declaraciones públicas, cuando personalmente lo que hice fue solicitar reunión a la Delegación del Gobierno, y lo hice
públicamente, para que de esta forma pudiésemos haber llegado a un acuerdo conjunto, a un trabajo conjunto como se hizo en esta Cámara, como se incluyó en esta Cámara una enmienda transaccional para poder ayudar a todos los damnificados.



La mejora de este real decreto era y es significativa. En esta proposición no de ley hay dos partes, en una de ellas hablamos de una intención de voluntades de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, donde solicitamos que se siga en el
trabajo que se ha iniciado, en la inclusión de enmienda transaccional hacia el Real Decreto 12/2009, en el que hemos incluido la ampliación hasta el 31 de noviembre de las fechas que limitaban a los lugares dañados por lluvias, tormentas o incendios
y al mismo tiempo los lugares o municipios que han sido afectados. Lo que sucede ahora es que aún falta por publicar la orden en la que se detalle cada uno de los municipios donde ha habido esa circunstancia dañina, sobre todo el sector primario, y
luego, aunque vamos en el buen camino, todavía falta que el Senado se pronuncie y al mismo tiempo, de vuelta a esta Cámara, volvamos a pronunciarnos en el mimo sentido. Es decir, los Realejos, Puerto de la Cruz, Icoz de los Vinos, El Tanque, San
Juan de las Ramblas, todos aquellos municipios del norte de Tenerife sumados a los que en Gran Canaria se han visto damnificados el pasado día 16 necesitan ayudas al sector primario, a la ganadería y a la agricultura, cosa


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que no recogía el real decreto del año 2005 que defendía el subdelegado del Gobierno. Necesitan también una mejor ayuda aquellos ayuntamientos que han visto destrozados sus lugares públicos, cosa que hace este real decreto; también ayudas
tributarias. Ahora aquellas personas que han visto dañadas parcial o totalmente sus viviendas no tendrán que pagar el IBI, la contribución, y si lo han hecho se les devolverá. Las empresas que tengan que pagar el IAE no tendrán que hacerlo y si lo
han hecho también se les devolverá. ¿Qué es lo que sucede? Que esto no va a perjudicar a los ayuntamientos, porque toda esta merma en los ingresos de los ayuntamientos, tanto en el IAE como en el IBI, será sufragada por el Estado. Se hablaba de
una figura fundamental y esencial, que son los cabildos insulares, que tampoco se recogían en ese real decreto del año 2005, y ahora con la inclusión de esa enmienda transaccional en este real decreto del año 2009 sí tenemos esa posibilidad. Por lo
tanto, señorías, vemos cómo todas esas personas, a muchas de las cuales he tenido la oportunidad de visitar en muchos municipios, principalmente del norte de Tenerife, que han perdido sus casas, que han perdido su ganado, que han perdido sus
terrenos, que han perdido parte de su vida y de sus recuerdos, ahora tendrán muchas más ayudas que las que se pretendía desde un principio por la Delegación del Gobierno de Canarias. Insisto en esa materia y en esa crítica directa hacia la
Subdelegación del Gobierno porque todavía a día de hoy no he recibido ni una sola llamada para poder llegar a un acuerdo conjunto, ni siquiera una disculpa pública, cuando su partido aquí en la Cámara ha dicho sí a esa inclusión y a esa
modificación.



Pero esta proposición no de ley no se queda exclusivamente en esa buena voluntad, habla de proceder a la limpieza y restauración de las playas; principalmente hay un municipio que es Puerto de la Cruz que ha visto destrozadas sus playas, es
verdad que en el real decreto del año 2009 se habla de la ayuda a los municipios que han sufrido desperfectos en sus instalaciones públicas, pero en esta proposición no de ley hacemos hincapié principalmente en la limpieza tanto de la parte
terrestre como de la sumergida del fondo marino de aquellas playas en aquellos municipios donde han ocurrido estas lluvias torrenciales.



En segundo lugar hablaba del cabildo insular de Tenerife y de la ayuda directa y concreta para la limpieza de los barrancos y de los otros cauces de agua en los municipios afectados, y aprovecho la ocasión en este momento para felicitar al
cabildo insular de Tenerife por su actuación del mes de agosto, cuando tomó la medida inicial de limpiar los barrancos. Eso nos llevó a tener una actitud de prevención y no estar lamentando a día de hoy mayores daños incluso personales de los que
sucedieron en ese momento.



Y finalmente en esta proposición no de ley, y para este cuarto y último punto, hemos presentado una autoenmienda, vista la intervención de la señora ministra en una pregunta que le hacía el Grupo de Coalición Canaria en el Pleno, modificando
ese último punto con la intención clara de que, en primer lugar, no sea posible que tengamos un radar que no haya sido capaz de detectar lo que ha sucedido en Canarias, que no haya puesto sobre aviso a los ciudadanos, a las autoridades para que
supiésemos qué hacer en ese momento. Vivimos en un país que es la octava potencia del mundo, estamos en el siglo XXI, y estamos lamentando a día de hoy que una máquina no haya sido capaz -esto me recuerda mucho al CIBE, que según decía la delegada
del Gobierno no detecta pequeñas embarcaciones; imagínense ustedes lo que podemos esperar del radar- de alertarnos de las circunstancias que sufrimos ese pasado día 16. Por lo tanto insistimos en este sentido en que no solo se ponga en marcha el
funcionamiento inmediatamente dicho radar en el centro meteorológico ubicado en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, sino que además se lleve a buen puerto esa promesa efectuada por la señora ministra de la ubicación de ese segundo radar de
vigilancia en Canarias.



Como pueden ver esta proposición no de ley, aunque ha sido presentada antes de la inclusión de esa enmienda transaccional en el Real Decreto, en ese proyecto de ley que se está llevando a cabo en su debate, recoge una mejora de todo aquello
que podíamos incluir en dicho real decreto.
Hablábamos de casos concretos, hablábamos de una voluntad expresa de esta Cámara, y al mismo tiempo de todas y cada una de esas actuaciones puntuales en muchos de esos municipios que sinceramente,
señorías, que haberlos visto y haberlos vivido ha sido sumamente duro.



Finalmente reitero, como he comenzado mi intervención, agradeciendo a todos los grupos esa posibilidad, ese ofrecimiento del vehículo para que a pesar de haber llegado fuera de tiempo, pudiésemos haber incorporado esas mejoras, que no van a
ser ni para un partido ni para otro, sino para todos y cada uno de esos ciudadanos que viven en esos municipios que han sido afectados por esas lluvias torrenciales, y que como les decía anteriormente han perdido mucho, incluso algunos lo han
perdido todo.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para fijar la posición de los grupos tiene la palabra por parte del Grupo de Coalición Canaria el señor Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, intervendré brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Perdón, señor Perestelo, preguntaba si hay alguna enmienda; hay una que es autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular, que la presidencia da por defendida. Por tanto tiene la palabra el señor
Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Yo creo que hay que valorar de manera positiva la iniciativa del diputado Domínguez, del Grupo Popular, de presentar esta


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propuesta. Es evidente que el real decreto de 2009 contempla una serie de actuaciones por parte de los organismos públicos del Estado en relación con tragedias como incendios o problemas que ocurren tras tormentas, lluvias o vientos, como
es el caso que estamos refiriendo en el norte de Tenerife. Por tanto sobre el planteamiento previo a esa modificación del real decreto, quiero recordar la intervención de Convergència i Unió que nos planteaba el tratamiento de este real decreto
como proyecto de ley, porque había una petición en Cataluña de una serie de particularidades que se querían incorporar, como ha ocurrido posteriormente en Canarias.



Es importante el punto 2 por supuesto, fundamentalmente porque se trata de una política hidráulica importante, competencia que está radicada en Canarias en los consejos insulares de agua, y probablemente si pudiéramos modificar algo en
Tenerife debiera hacerlo el Consejo Insular de Aguas, que como sabe el señor Domínguez es un organismo autónomo participado por lo sectores económicos sociales, por los titulares de aprovechamientos y también participan los ayuntamientos, y es en
Canarias donde están radicadas en estos momentos las competencias sobre cauces hidráulicos, y por tanto entiendo que el Cabildo, órgano del que surge el Consejo Insular de Aguas, pero el Consejo Insular de Aguas es un organismo autónomo y tiene
estas competencias.



En cuanto al radar se ha debatido ya a iniciativa de Coalición Canaria tanto en el Congreso como en el Senado; existe un compromiso y no es que el radar no detectara la tormenta, sino que no estaba funcionando por una avería que se ha
comprometido la ministra a subsanar de inmediato, y sobre todo -todos los que conocen Canarias lo saben perfectamente- por la sombra que produce el Teide en lo que es el funcionamiento del radar, y que por tanto es necesario en las islas
occidentales tener otro radar y también parece que es un compromiso asumido por el Gobierno.



En definitiva pueden desde el Grupo Socialista argumentar que todas las medidas que se plantean en la iniciativa puedan estar en marcha, pero hay una norma fundamental, que es: como no está funcionando ya, razón tiene en plantearse, y lo
abunda no daña, y por tanto se puede hacer. Nosotros por lo menos sí vamos a apoyar la iniciativa que presenta el señor Domínguez en representación del Grupo Popular.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Coello.



La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En primer lugar me gustaría decir que efectivamente el señor Domínguez, junto con el Grupo Socialista en la Comisión de Interior, planteó incluir esas modificaciones que pudieran dar lugar a la presencia
de las lluvias torrenciales acaecidas, y que por eso se aumentó el plazo de exposición hasta el 30 de noviembre concretamente. Efectivamente sí que está publicado en el Boletín de las Cortes, y ahora hay que remitirlo al Senado, como normalmente se
hace, al igual que primero hay un real decreto cada vez que hay una catástrofe natural, y ese real decreto por la normal general da lugar a un real decreto-ley que después se debe llevar al Senado, y por lo tanto lo que se está haciendo con esto es
hacer los trámites habituales. Y a partir de aquí le voy a explicar todo lo que se ha hecho desde entonces. En realidad me imagino que a usted le pasará como a mí me pasó la primera vez, o sea, cuando uno desconoce cuál es el trámite habitual de
un real decreto-ley de ayudas para las emergencias, primero hay que decir que es un real decreto, después es un real decreto-ley, después va al Senado y después se aprueba y se publica en las Cortes, porque es así como se debe de hacer.



El Gobierno de España es consciente del carácter inusual y catastrófico de las tormentas producidas en las Islas Canarias los pasados días 16 y 17 de noviembre. Por ello la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó el 3 de
diciembre el proyecto de ley con las medidas urgentes para paliar los daños acaecidos en varias comunidades autónomas, y se puso la fecha de entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, ampliando el plazo temporal de aplicación e incluyendo a los
afectados por las tormentas de las Islas Canarias del mes de noviembre.



Además se contempla la posibilidad de que el Gobierno, mediante reales decretos, declare una nueva delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, que esto también hay que decirlo; los reales decretos sobre catástrofes
naturales no solo afectan a un ministerio, sino a múltiples ministerios, entre ellos el Ministerio de Medio ambiente, y Medio Rural y Marino, el Ministerio del Interior que es el que delimita el ámbito, el Ministerio de Economía que es el que dice
las partidas presupuestarias, y así sucesivamente una serie de ministerios que según la catástrofe que sea tendrá que incidir o no. Por lo tanto el Real Decreto-ley 12, de 2009, mandata que los distintos ámbitos de actuación del Gobierno redacten
los distintos reales decretos que declaren las nuevas delimitaciones de municipios y núcleos de población afectados para la aplicación de las nuevas medidas.



Conviene asimismo destacar que en el ámbito de la fiscalidad agraria cada año el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino presenta una propuesta al Ministerio de Economía y Hacienda, que es el competente en la materia, con el
objeto de contemplar las incidencias de incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales, y precisar las reducciones de los índices de rendimiento neto, módulos de la producción y de los ámbitos territoriales afectados aplicables en el
método de estimación objetiva del IRPF. Para la elaboración de la referida propuesta se tienen en cuenta diversas fuentes de información, si bien la más importante la constituyen los datos de pérdida de producción por municipios, aportados por este
fin por cada comunidad autónoma en la que tenga lugar este problema. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino


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tendrá debidamente en cuenta las pérdidas que se hayan producido en los municipios, y por lo tanto también va a delimitar cuáles son los municipios donde se haya producido una pérdida agraria y se verán beneficiados con reducciones IRPF.
Por ello este apartado, desde nuestro punto de vista, es absolutamente innecesario pero claro, como dice el señor Perestelo, lo que abunda no sobra, se puede poner también.



En relación a los daños causados por las lluvias en noviembre de 2009 en Canarias este ministerio no ha previsto inversión alguna ni se han solicitado obras de emergencia, porque todavía está por delimitar la zona a través del real decreto
el Ministerio del Interior, y porque esto tiene una serie de pasos que son precisos de realizar previamente a todo este tipo de ayudas. No obstante, en el Real Decreto 12, de 2009, del 13 de agosto, en el artículo 1.4 se dice: el Gobierno,
mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectada, la aplicación de las medidas previstas en este real decreto-ley a otros incendios y tormentas de características similares que hayan acaecido
o puedan acaecer en cualquier comunidad desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2008. Ya está dicho en el real decreto.
Asimismo en el punto 3 de dicho artículo se manifiesta que los términos municipales y núcleos de población afectada a
los que se concreta sean de aplicación las medidas aludidas que se determinan por orden del Ministerio del Interior. Por tanto, ha de ser este ministerio el que se pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el punto 1 de la proposición no de ley;
o sea, como ya dije anteriormente cada ministerio tendrá que elaborar su propio real decreto que delimite las competencias de este real decreto de ayudas de emergencia.



En lo que concierne a las tormentas producidas en el norte de Tenerife donde se vieron afectados las playas de Martiana y del jardín, del Puerto de la Cruz, quiero indicar que a fecha de hoy dichas playas ya han sido limpiadas con cargo al
contrato de mantenimiento y conservación de costas, al menos eso es lo que dice costas de Santa Cruz de Tenerife, si usted dice que no, habrá que reclamarlo a la delimitación de costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero normalmente
actúan con celeridad y además ellos tienen unas cantidades determinadas de dinero para actuar en situaciones de emergencia. Ahora bien, los coches que flotan normalmente no los pagan, arreglan las playas, porque cuando la gente deja los coches por
lo que sea, si tienen un seguro a todo riesgo eso se lo paga el seguro y si se quedan flotando en el mar lo sentimos por ellos, pero eso nos ha pasado también en La Palma y en muchos sitios, y no está incluido en los real decretos.



Por otra parte el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino solo puede pronunciarse en lo que respecta a la limpieza y adecuación de los barrancos y otros cauces de agua; hay que recordar que las Islas Canarias, como muy bien
dice el señor Perestelo, son una cuenca intracomunitaria gestionada por la propia comunidad autónoma, por el Consejo Insular de Aguas y por los cabildos, y por lo tanto es competencia de los propios cabildos y de los consejos insulares de Aguas.
No
obstante el Gobierno está abierto a la creación de convenios de colaboración mutua como ha realizado en otras situaciones, creo recordar, por ejemplo con los barrancos de la Gomera y los del Hierro cuando tuvieron lugar las lluvias torrenciales en
estas dos islas, en que el Gobierno hizo un convenio de colaboración con los consejos insulares de aguas y recuperó los cauces. O sea, que agradecer al cabildo de Tenerife que haga el trabajo que tiene que hacer por su propia competencia no parece
muy lógico tampoco, señor Domínguez, es su trabajo y lo tiene que hacer; pero si usted quiere felicitarlo, bienvenida sea la felicitación.



La Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino propone la matización de dicha exposición de motivos mediante el informe del Instituto Nacional de Meteorología sobre la gestión de avisos en el
episodio de precipitaciones en Canarias los días 16 y 17, porque efectivamente el radar estaba averiado. No obstante no solo es el radar el que tiene que determinar si hay dudas razonables y potenciales de que existan lluvias torrenciales, y de
hecho durante todos esos días en distintas zonas de Canarias se dio la alerta amarilla. En la recuperación inmediata del radar que en estos momentos no está funcionando le tengo que decir que hoy precisamente se ha adjudicado la obra, porque la
pieza que le falta a ese radar es única e intransferible y la tienen que hacer los que la vayan a hacer, porque cada radar es construido por empresas distintas y por lo tanto a día de hoy se ha adjudicado la obra para realizar la reposición de esa
pieza que faltaba.



Y en cuanto al segundo radar, como bien ha dicho el señor Perestelo, desde hace dos años está previsto y existe la firme intención de este Gobierno de colocar un segundo radar, pero ha habido distintos problemas, entre ellos algunos
municipales; algunos municipios se han desentendido o no han querido que en su municipio figure el segundo radar, que lo lógico sería que estuviera en Santa Cruz de Tenerife. En estos momentos el Instituto Nacional de Meteorología tiene un informe
en el que hay cuatro municipios del norte de Tenerife en que puede ubicarse perfectamente este radar. Ya que el señor Domínguez procede del norte de Tenerife podría instar a su propio ayuntamiento, que a lo mejor está dentro de los municipios que
son preferenciales, que tenga a bien dejar colocar el radar, y así acabábamos de darle la vuelta al radar para aquí y para allá, porque llevan dos años intentando colocar el segundo radar en Canarias sin haberlo conseguido por dificultades de
distinta índole, entre ellas le refiero que hay municipios que se han negado a colocarlos, sabiendo además que los radares no emiten ningún tipo de radiaciones ni nada que perjudique la salud, pero en todo caso el segundo radar está previsto.



Lo que quiero decir con esto es que esta proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, en su primera parte era innecesaria porque ya teníamos el real


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decreto-ley que está publicado en estas Cortes; ha sido remitido al Senado, y este lo remitirá de nuevo a todos los ministerios para que se redacten cada uno de los reales decretos necesarios para las ayudas. En cuanto a la predicción
meteorológica efectivamente hubo una avería, las averías son así, así y todo el Instituto Nacional de Meteorología no falló, porque de acuerdo con las previsiones que tiene de otras islas dio alertas amarillas; en determinadas zonas se superaron,
se produjo un fenómeno de pluviosidad extremadamente grande que provocó estos desprendimientos y estos destrozos no obstante no fallaron porque ellos decretaron alerta amarilla. Lo que ocurre es que a veces en Canarias estamos acostumbrados a que
cuando declaramos alerta amarilla no le damos toda aquella importancia que debemos, y les decimos a los ciudadanos que intentan quitar los coches de los barrancos, porque nos ha pasado en otras islas, se lo aseguro: coches flotando en el mar los
hemos visto en muchas islas, y teníamos alerta amarilla, pero estas cosas pasan.



Nosotros vamos a apoyarlo, aunque pensamos que es redundante, pero no nos importa.



- PARA ESTUDIAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LAS ACTUACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS CON LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente
161/001401.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al punto 8.º del orden del día de esta Comisión, que es la proposición no de ley para estudiar la compatibilidad entre las actuaciones de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias con la legislación en materia de competencia. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre tiene la palabra el señor Alonso.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Voy a ser muy breve. Esta proposición no de ley que presentó en su momento el Grupo Socialista lo que trata es de recoger una inquietud que nos fue trasladada por los representantes de la FIAB, la Federación de
Industria de Alimentación y Bebidas de España, las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, y también la Confederación de Cooperativas de España, en el sentido de recoger la preocupación existente en el sector agroalimentario
sobre diversas actuaciones que viene desarrollando la Comisión Nacional de la Competencia, algunos expedientes de sanción abiertos por la Comisión de la Competencia varios de ellos terminados con una fuerte sanción a algunas de estas organizaciones,
en concreto a la FIAB y a algunas interprofesionales, por ejemplo como la de Improvo que fue sancionada por sus actuaciones.



En definitiva el planteamiento de esta proposición no de ley y de otras actuaciones que hemos desarrollado lo que pretenden es que seamos capaces en España de clarificar hasta dónde pueden llegar los acuerdos interprofesionales, y hasta
dónde debe limitarse el ejercicio de autoorganización de los distintos sectores. El sector agroalimentario es un sector peculiar que se mueve sometido a unas reglas, a unas organizaciones comunes de mercado, y por tanto no es un sector como
cualquier otro, no es un sector como otros que se rigen única y exclusivamente por las reglas de mercado. Por tanto en un sector en el que van desapareciendo, por motivo de las modificaciones de la legislación europea, el establecimiento de precios
de garantía, las medidas de intervención, es absolutamente imprescindible fomentar la generación de organizaciones interprofesionales que regulen entre ellos las condiciones de producción y de comercio. El sector en este momento sufre la presión
que ejercen las grandes distribuidoras, lo sufre la industria y se traslada al sector primario. De ahí que además de esta dificultad estas actuaciones de la Comisión de la Competencia hayan generado inquietud en el sector, y de ahí esta iniciativa.



La iniciativa de alguna manera está superada; la pasada semana compareció aquí en el Congreso el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, el señor Berenguer; el Grupo Socialista planteó en esa Comisión que fuera la propia
Comisión de la Competencia la que elaborara un dictamen que estableciera en qué condiciones y hasta dónde pueden llegar estos acuerdos interprofesionales, limitando en cualquier caso o no superando las reglas de la competencia, la Comisión de
Economía a petición del Grupo Socialista ha dado traslado a la Comisión Nacional de la Competencia para la realización de ese estudio.



En segundo lugar, como decía nuestra proposición no de ley, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha celebrado la pasada semana una jornada técnica en la que distintos representantes de la Administración española, europea,
y representantes del sector agrario han analizado esta problemática, han abordado los problemas, y han elaborado unas conclusiones que han sido remitidas al Gobierno a los distintos ámbitos. Por eso hemos creído necesario mantener la iniciativa,
vuelvo a repetir, en algunos de sus puntos ya superada, pero sí creemos necesario que esta Comisión se manifieste en el sentido de poner encima de la mesa una problemática que nos fue trasladada por estas organizaciones, y que de alguna manera
esperemos que la Comisión de la Competencia y el Gobierno puedan resolver en el plazo más breve posible.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para la defensa de la enmienda que se ha presentado a esta iniciativa, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Llorens.



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El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, con la brevedad que requieren las alturas de esta jornada, a estas horas ya y a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, nosotros vamos a apoyar la iniciativa del Grupo
Socialista, nos parece que es una iniciativa oportuna y que además de alguna forma recoge el cumplimiento de uno de los puntos de la moción aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 25 de noviembre. Lo cierto es que hasta ahora
el Grupo Socialista se ha distinguido por cumplir solo aquellas mociones en las que participa con su voto. Esperamos no obstante que aquellas otras -y recordamos la de mayo, recordamos la de noviembre-, que se han aprobado y que no han contado con
su respaldo, pero que cuentan con la mayoría del respaldo de la Cámara, sean también puestas en práctica con la misma diligencia que observamos en esta proposición que presenta hoy el Grupo Socialista.



Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la complejidad de la cadena comercial, es uno de los problemas más importantes que padece el sector agrario, y concretamente el sector productor. Todos sabemos que la cadena comercial es una cadena
muy larga, no estamos en contra de la presencia, de la participación de los intermediarios, porque los productos no vienen solos a los mercados, pero esta cadena es excesivamente compleja, falta la debida transparencia, aunque estamos de acuerdo en
el funcionamiento del Observatorio de precios; no está funcionando de la forma eficaz que nosotros quisiéramos; desearíamos que hubiera más productos sometidos al Observatorio de precios y conocer con mayor claridad los márgenes comerciales, pero
esta larga cadena que está formada por productores, industrias, mayoristas y distribuidores, como dice en la exposición de motivos el Grupo Socialista, acaba rompiéndose en términos económicos por el lado más débil, que es el productor. Las
industrias y los distribuidores acaban imponiendo sus leyes y al final paga, en este caso deja de cobrar, deja de percibir el sector productor, que es el que está más desprotegido. Nosotros creemos que es muy oportuna la iniciativa que presenta el
Grupo Socialista, y solamente nos hemos permitido presentar una enmienda de adición que es ponerle un plazo, hemos dicho tres meses, no obstante estaríamos dispuestos a aceptar otro si S.S. estima que no es suficiente, porque están las fiestas por
medio, pero nos gustaría limitar porque pensamos que es urgente, que el sector lo está esperando.



En cuanto a la preocupación que tiene el sector y que ha manifestado antes el portavoz por la actuación de los organismos de la defensa de la competencia, cuya independencia nosotros, como no podía ser de otra manera, respetamos, pero
naturalmente dentro de unos marcos que permitan que las interprofesionales también actúan, y también pediríamos que los organismos de la defensa de la competencia actúen cuando los precios de producción están por debajo de los costes o cuando hay
unas marcas blancas que afectan gravemente a la competencia para atraer el consumo del resto de marcas, y por lo tanto nosotros pensamos que delimitar el ámbito de actuación de las interprofesionales sin que incurran en las garras, si se me permite
la expresión, y en las sanciones que tiene previstas la defensa de la competencia pensamos que es una iniciativa muy interesante, muy importante, y por eso brindamos nuestra colaboración en el sentido que hemos expresado.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor Alonso a efectos de indicar si acepta o no la enmienda.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Aceptamos la enmienda del Partido Popular.



- RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE EL USO Y COMERCIALIZACIÓN DE PLAGUICIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001116.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al último punto del Orden del Día, proposición no de ley relativa a la aplicación de la normativa europea sobre el uso y comercialización de plaguicidas. El autor de esta iniciativa es el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y en su nombre tiene la palabra la señora Tarruella.



La señora TARRUELLA TOMÁS: Señorías, saben ustedes muy bien que el Parlamento Europeo ha adoptado una serie de normativas y de propuestas para prohibir el uso de la pulverización aérea, con un número limitado de excepciones, que se deben
autorizar por los respectivos gobiernos. Los Estados miembros tendrán dos años para poder trasponer esta normativa, próximamente pasará por el Consejo de Europa, y hay un año y medio de plazo como mucho para aplicar el reglamento.



Sabemos que en algunas zonas el control antilarvario -que es controlar los mosquitos, como ya saben muy bien todos ustedes, o la mosca negra antes de que sean adultos- se hace utilizando una metodología, por todos los servicios públicos de
control de mosquitos en Europa que podría hacer peligrar un poco esta normativa. Se pone en cuestión con esta normativa también el trabajo que entidades como el CODE están desarrollando desde hace casi veinte años en los arrozales principalmente de
la zona del delta del Ebro y que hace posible que en su territorio puedan convivir las actividades humanas de la población, como la agricultura, el turismo, en una zona natural que tiene un alto valor ecológico, con la presencia de mosquitos y mosca
negra, que ha sido desde siempre un freno para su desarrollo y también para la perspectiva de la salud pública. Una de las herramientas fundamentales para frenar el desarrollo antilarvario en todas estas zonas es la aplicación de estos productos
mediante tratamiento aéreo,


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lo cuál permite cumplir los objetivos que el breve margen de tiempo de que se dispone antes de que las moscas negras o los mosquitos se hagan adultos aparezcan en ciertos terrenos impracticables, y este tratamiento aéreo se convierte en el
único tratamiento posible.



Esta nueva directiva europea no ha tenido en cuenta, al parecer, la especificidad de algunas zonas y de algunas tareas desarrolladas para llevar a cabo este control antilarvario de los mosquitos especialmente y de la mosca negra. Nuestro
Grupo Parlamentario preocupado por esta zona y los arrozales de las comarcas del Baix Ebre y también del Montsiá, que desde hace ya más de 20 años que optaron por este tratamiento aéreo para evitar la propagación de las moscas y de los mosquitos,
pide al Gobierno que en la normativa europea se contemple la posibilidad de autorizar un adecuado control antilarvario dentro de este limitado marco de excepciones que marca toda esta zona. Por ello hemos presentado esta proposición no de ley, que
esperamos y deseamos que cuente con el apoyo de todos los otros grupos presentes en esta Comisión, para que el gobierno defienda ante el Parlamento Europeo que esta zona sea una de las excepciones.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): ¿Grupos que quieren fijar su posición? Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Llorens.



El señor LLORENS TORRES: Con toda brevedad, señor presidente. También nos felicitamos por la oportunidad de la iniciativa que hoy presenta el Grupo de Convergència i Unió a través de mi paisana por Lleida, la diputada Conchita Tarruella, y
ya anunciamos que la vamos a apoyar. La vamos a apoyar porque es una iniciativa muy oportuna y muy interesante, que entra de lleno en otra de las iniciativas que hemos venido comentando también, en esa especie de choque que se produce entre la
sensibilidad ecológica y medioambiental, que es muy respetable, y la sensibilidad de los agentes productores que, en definitiva, son los que se quedan para proteger el medio natural, para equilibrar el territorio y tienen una sensibilidad muy
adecuada para compaginar ambas funciones, que son complementarias e indispensables.



La portavoz del grupo que ha presentado la iniciativa ha hecho referencia a que recientemente la Unión Europea ha presentado un marco restrictivo, aunque admite excepciones, en la pulverización aérea. Pensamos que ninguna excepción es tan
oportuna como la que hoy se somete a debate, porque realmente la pulverización aérea es la única forma que hay para llegar a las larvas que están en los arrozales, dada la dificultad de acceso, y además porque el breve período de tiempo que
transcurre desde que las larvas se transforman en mosquitos, que ya penalizan gravemente la producción, hacen absolutamente indispensable la utilización de este método. Por lo tanto, pensamos que además de la oportunidad de esta medida, que espero
que cuente también con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, la Unión Europea, que ya ha admitido una excepcionalidad en la aplicación de ese reglamento comunitario, va a aceptar la propuesta que vaya a surgir hoy.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ferre.



El señor FERRE FONS: En primer lugar saludar y felicitar la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió y de la señora Tarruella y, por tanto, valorar muy positivamente la proposición no de ley que vemos en esta Comisión relativa a la
aplicación de la normativa europea sobre el uso y la comercialización de plaguicidas. Adelanto la posición de nuestro grupo que va a ser la de dar pleno apoyo.



Compartimos la necesidad y oportunidad de elaborar un marco legal que corrija y reduzca los riesgos que inexorablemente implica en muchos casos la utilización de estas sustancias. El objetivo principal debe ser garantizar la salud de los
consumidores y el respeto al medio ambiente, y en ese sentido la directiva aprobada el pasado mes de febrero da un paso importante, decisivo diría yo, en el cumplimiento de este objetivo. Un elemento fundamental de esta directiva es la obligación
de producir siguiendo los principios generales de la gestión integrada de plagas, lo que supone un cambio ostensible en la agricultura europea y en la agricultura española, introduciendo de forma mucho más rigurosa, por una parte, el concepto de
sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria y, por otro, la promoción de métodos alternativos eficientes de lucha contra plagas que conlleva una utilización más eficiente de nuestros recursos.
Pero, lamentablemente la materialización de este
cuerpo normativo choca en este caso con su aplicación práctica .Más de 22.000 hectáreas de arrozales situadas en las comarcas del Montsiá y el Baix Ebre, tienen que ser tratadas con plaguicidas a través de medios aéreos para controlar eficazmente
verdaderas plagas de mosquitos y mosca negra que encuentran en estas zonas un hábitat muy apropiado para su desarrollo. En este sentido también es importante señalar que hoy mismo el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, ha
presentado un plan de mejora de la fertilización agraria en estas comarcas, Baix Ebre y Montsiá, y dicho plan va dirigido a los agricultores de la comarca para proporcionarles información y recomendaciones que les permita optimizar la fertilización
de estos cultivos.



Como ya he manifestado, señora Tarruella, nuestro grupo va a apoyar su proposición en los términos en que ha sido presentada, aunque cabría precisar en el primer punto, donde se insta al Gobierno a realizar todas las gestiones necesarias
para que se reconozca la particularidad de territorios como Baix Ebre y Montsiá, que en la aprobación de la directiva de uso sostenible de plaguicidas, el Gobierno español ha mantenido el criterio que la nueva norma de uso recogiese el concepto de
subsidiariedad en su aplicación. En consecuencia se ha defendido y conseguido que el texto se publicase con el rango de directiva y que su articulado recogiese una gran flexibilidad,


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repito, una gran flexibilidad a la hora de poner en marcha las medidas contempladas precisamente previniendo situaciones como la que nos ocupa.
En este sentido cabe destacar que el texto finalmente acordado el 13 de enero de 2009 responde a
la filosofía que el Gobierno español ha pretendido imprimir en esta directiva, lo que plasma claramente en su artículo 4 al disponer que los planes nacionales de acción deberán ser redactados y revisados teniendo en cuenta las condiciones
específicas a escala nacional, regional y local.



Totalmente de acuerdo señora Tarruella, en los puntos 2 y 3, si acaso añadir que la directiva, en su artículo 9, ya prevé excepciones a la prohibición genérica, como han dicho los grupos, de las aplicaciones aéreas para efectuar el control
antilarvario. Estas excepciones, dispone el mencionado artículo, podrán aplicarse en el caso de no existir alternativas viables o bien si se constatan ventajas claras en relación con las aplicaciones terrestres en lo que respecta al impacto sobre
la salud humana y el medioambiente. Por lo tanto, hay que subrayar que la prohibición no es absoluta sino que prevé excepciones para la aplicación aérea en situaciones de emergencia o especial dificultad y que deberán ser reguladas en la
transposición de la directiva teniendo en cuenta las condiciones locales y dentro también, claro está, de los límites que nos marca la redacción del artículo 9.



Por último ya, indicar que, tal y como se solicita en el punto 3, señora Tarruella, se tedrán en cuenta entidades como el CODE en la tramitación de la citada directiva. Quiero manifestar, y es importante, que este próximo viernes, a
instancias de la diputada socialista María Luisa Lizárraga, secretaria de la Mesa de Medio Ambiente se van a reunir representantes del Ministerio con las asociaciones que más estrechamente están afectadas por esta problemática. A esta reunión van a
asistir, además de la diputada socialistas para las tierras del Ebre, miembros de las asociaciones más representativas vinculadas a las zonas más afectadas, como son el presidente de la mancomunidad intermunicipal del servicio de control de
mosquitos de la Badía de Rosas del Baix Ter diputados provinciales, representantes del área de medioambiente de la diputación de Huelva, y también el presidente del CODE.



Para terminar, quiero felicitar a la portavoz de Convergència i Unió por la presentación de esta proposición no de ley, y constato que el cuerpo normativo de que dispone esta directiva europea nos facilita margen de maniobra para solucionar
la especificidad de las zonas apuntadas y, por tanto, sólo nos queda continuar trabajando para que el acuerdo conseguido entre todos los grupos redunde y estimule la buena solución para los territorios afectados.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Suspendemos la sesión durante dos minutos para ordenar las votaciones, les ruego a los portavoces que se acerquen a la mesa. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión. Les ruego silencio para que las votaciones se produzcan lo más rápidamente posible.



Votamos el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a los aprovechamientos hidráulicos. Se vota la proposición no de ley en los términos del grupo proponente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 16.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda rechazada. (El señor Perestelo Rodríguez pide la palabra.)


Sí, señor Perestelo


El señor PERESTELO: Señor presidente, ya le había comentado antes que iba a pedir la palabra para explicar el voto. Es evidente que lo que he votado no coincide con el pensamiento político de quién les habla ni de su grupo político, pero
la cortesía dentro del Grupo Mixto me lleva a dar el voto, que sólo es uno del Grupo Mixto, a la iniciativa presentada por la señora Díez.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Entendemos la explicación de voto señor Perestelo.



Pasamos a la votación del punto 2º del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la protección de cultivos convencionales y ecológicos frente a la contaminación de cultivos transgénicos. Como consecuencia de la admisión de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, quedan por votar los puntos 3 y 4 de la iniciativa de Esquerra Republicana, que votamos por separado. Votamos el punto 3.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16; abstenciones, una.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobado por tanto este punto 3.



Ahora pasamos a votar el punto 4 de la proposición no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 17.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobado el punto 4 de esta iniciativa.



Punto 3º del orden del día. Proposición no de ley relativa a la regularización de embarcaciones pesqueras irregulares. Se vota en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, una.



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El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Hay empate. Señorías, aplicando el voto ponderado, queda aprobada la iniciativa.



Punto 4º del orden del día. Proposición no de ley en relación con el sector de leche de vacuno. Se vota en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda rechazada la iniciativa.



Punto 5.º Votamos la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas urgentes para estabilizar el sector productor de la patata. A la vista de las transacciones que ha habido entre los portavoces de los grupos, se votan por separado
los cinco puntos.



Votamos en primer lugar el punto 1.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 17; en contra 19; abstenciones, una.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda rechazado el punto 1.



Punto 2 de la iniciativa.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda rechazado el punto 2.



Punto 3 de la iniciativa.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobado por unanimidad.



Punto 4 de la proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobado por unanimidad.



Y punto 5 de la iniciativa.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobado el punto 5 por unanimidad.



Pasamos a la votación del punto 6º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la propuesta de modificación del reglamento 11/98 del Consejo de la Unión Europea relativo al Fondo Europeo de Pesca. Se vota en sus propios
términos con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda rechazada la iniciativa.



Punto 7º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a los daños causados por las lluvias de noviembre de 2009 en Canarias. Se vota la iniciativa en los propios términos.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobada por unanimidad.



Punto 8º del orden del día. Proposición no de ley para estudiar la compatibilidad entre las actuaciones de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias con la legislación en materia de competencia. Se vota el texto inicial del
Grupo Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobada por unanimidad esta iniciativa.



Y finalmente el último punto del orden del día que es la proposición no de ley relativa a la aplicación de la normativa europea sobre uso y comercialización de plaguicidas. Se vota en los propios términos que plantea el autor de la
iniciativa que es el Grupo Parlamentario Catalán.



Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Queda aprobada por unanimidad.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho de la noche.