CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 438

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 16

celebrada el jueves, 10 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 2)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 121/000041.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de esta Comisión de Igualdad con el orden del día que SS.SS. conocen. ·En primer lugar, hemos de ratificar la ponencia que hemos designado en el seno de nuestra Comisión para informar
sobre el proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.



¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)


Queda ratificada la ponencia por asentimiento.



EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión con la emisión de dictamen que tenemos, a la vista del informe que ha elaborado la ponencia sobre dicho proyecto de ley. Para ello, y tras la consulta que he formulado a los portavoces de los
grupos, hemos ordenado el debate en turnos de diez minutos, iniciándose el mismo por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para la propuesta de la ponencia, la señora Montón.



He advertido a los portavoces, y así lo hago ahora a todas SS.SS., que vamos a iniciar estos turnos de diez minutos. Algunos grupos los van a compartir entre dos diputados o diputadas en un tiempo que será flexible en una primera vuelta,
entendiendo que sería suficiente. En caso de que no fuese así, podemos hacer una segunda vuelta para alguna puntualización necesaria y llegar a las votaciones como máximo en hora y media.



Señora Montón, tiene la palabra por un tiempo, más o menos flexible, de diez minutos.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, lo cierto es que hemos trabajado muchísimo tiempo en esta Comisión de Igualdad para llegar al día de hoy, ¿verdad, señora presidenta? Muchísimo tiempo en esta tarea que comenzamos hace un año presentando
las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que consensuó y sentó las bases sobre las que hoy estamos debatiendo. Por ello, quiero comenzar agradeciendo toda esta dedicación por parte de las y los que componemos esta subcomisión, especialmente
a aquellos que también forman parte de la Comisión pero sobre todo mi agradecimiento a los grupos políticos que han trabajado por llegar a un consenso. Quiero agradecer la voluntad de diálogo y de esfuerzo porque hoy sacamos adelante la mejor ley
posible. Es un consenso que arrancó con BNG, con Izquierda Unida, con Iniciativa per Catalunya Verds y con ERC en el seno de la subcomisión, pero es un consenso que hoy veremos ampliado. Por tanto, quiero también agradecer el trabajo de la señora
Pigem, de Convergència i Unió, y de Joseba Agirretxea, del PNV. Hoy, señorías, pueden estar satisfechos; podemos estarlo todos porque con nuestro trabajo y esfuerzo tendremos una buena ley, la mejor que hemos sido capaces de hacer. La Comisión de
hoy va representar un amplio consenso en torno a esta ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un consenso que se ha materializado a través de la aceptación de enmiendas de seis grupos políticos presentes
en nuestra Cámara a los que se suma el mío. Siete hemos sido los grupos que hemos sabido conciliar posturas para hacer de esta la mejor ley posible.
Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente
como este. Se puede decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia. Recordemos la subcomisión que comenzó en noviembre de 2008 en esta misma casa -y a la que antes hacía referencia-; la comisión de personas expertas a cargo de
los ministerios de Igualdad, Sanidad, Justicia y de Presidencia; la ronda de reuniones con asociaciones y representantes de la sociedad civil en el Ministerio de Igualdad, y ahora el trámite del debate en el Congreso y después en el Senado. Como
ven, se ha querido escuchar y se ha escuchado a todos los que tenían algo que decir, promoviendo un debate serio, riguroso y responsable sobre el aborto en España y con el firme objetivo desde el Grupo Socialista de aproximar posturas, de buscar el
mayor consenso posible. Por cierto, tal y como comprometimos en nuestro programa electoral.



Señorías, históricamente, desde los años setenta, cada año unas cien mil mujeres interrumpen voluntariamente su embarazo en España. Es nuestro empeño y nuestra propuesta que juntos logremos que sean menos las mujeres que tengan que hacerlo
y que las que decidan interrumpir su embarazo lo hagan con más información, con más garantías y con más protección. Eso es lo que hoy debatimos: un proyecto de ley que pretende dotar de mayor seguridad y garantías jurídicas a las mujeres y
profesionales sanitarios.
Señorías, queremos que desaparezca del Código Penal la pena privativa de libertad, la amenaza del castigo de cárcel para las mujeres, así como que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad,
que se respete su dignidad. Además, hoy hablamos de mucho más que de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy estamos poniendo el acento en la prevención, porque toda interrupción del embarazo, primero, ha sido un embarazo no deseado, y eso es
lo que debemos evitar. Queremos una legislación centrada en el derecho a la salud y en el reconocimiento de los derechos y la autonomía de las mujeres.



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El trabajo realizado con el acuerdo con todos los grupos ha sido abundante, por ello, me quiero centrar en temas que agrupan diferentes enmiendas. Y lo quiero hacer -y a ello quiero hacer referencia-, pero sin leer la literalidad de las
enmiendas transaccionales acordadas, que espero que en estos momentos todos los grupos conozcan. Lo haré así por economía del tiempo. En cuanto a los temas aceptados transaccionados para su incorporación al texto de la ley comenzaré nombrando las
enmiendas número 5 de BNG y 29 de ERC e Izquierda Unida, que consideramos que están conectadas al artículo 4 sobre la garantía de igualdad en el acceso y a las que hemos ofrecido una transaccional. En igual situación se encuentran las enmiendas 30
y 31 de ERC e Izquierda Unida, que ha dado lugar a una reordenación del artículo 5 sobre los objetivos de la actuación de los poderes públicos. Aceptamos las enmiendas 46 y 47 de ERC e Izquierda Unida, sobre la interrupción por causas médicas, para
que el dictamen emitido cuando exista grave riesgo para la vida y salud de la embarazada sea realizado por un médico especialista. Y también la enmienda 49 de ERC e Izquierda Unida al artículo 17 y a este mismo artículo también la enmienda 105 de
Convergència i Unió y la 122 del PNV sobre la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar las garantías que a través de la información reciben las mujeres. Hablemos también de
sensibilización, en la enmienda 32 de ERC e Izquierda Unida al artículo 6, donde se incluye en las acciones informativas y de sensibilización a los medios de comunicación como agentes importantes en la transmisión de un mensaje, sobre todo a las
personas más jóvenes, sobre cómo practicar una sexualidad segura y responsable.



Existe también un gran bloque de enmiendas que denominaré, de forma amplia y genérica, de ámbito competencial y que comprenden las enmiendas 63, de Nafarroa Bai -a la cual hemos ofrecido una enmienda transaccional- y por otro lado, la
enmienda 42 de ERC e Izquierda Unida que estaría conectada con la enmienda 94 de Convergència i Unió y con la 117 del PNV al artículo 11. Además, también la enmienda 55 de Esquerra Republicana e Izquierda Unida que estaría conectada con la 110 de
Convergència i Unió y con la 126 del PNV a la disposición adicional única de las funciones de alta inspección, a la cual también hemos ofrecido una transaccional que espero que dé satisfacción a los tres grupos. Por último en este apartado -que
denomino competencial- la enmienda 108 de Convergència i Unió y la 123 del PNV al artículo 19.1. También una nueva disposición adicional de ERC e Izquierda Unida.



Continúo hablando de la educación, aquí hay que reconocer al BNG toda su labor y todo su empeño, tanto en el seno de la subcomisión parlamentaria de hace un año como a través de sus enmiendas y su trabajo en esta Comisión, por hacer de la
educación un verdadero instrumento de prevención. También quiero referirme a las enmiendas 39 y 25 de ERC e Izquierda Unida, que también acordamos en este ámbito, así como la 115 del PNV. Mantenemos la referencia a la educación afectivo-sexual
para que sea impartida de acuerdo con las necesidades y las edades de los alumnos y alumnas, por entender esta cuestión fundamental para potenciar la prevención y el ejercicio de una sexualidad responsable y segura. También hablamos en esta ley de
formación. Respecto a la formación de los profesionales quedarían aceptadas en sus términos las enmiendas 37 y 38 de ERC e Izquierda Unida. En cuanto a la anticoncepción hay que resaltar las enmiendas 17, 34 y 60 sobre acceso universal a prácticas
clínicas efectivas de planificación de la reproducción mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en
las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas con financiación pública. Voy terminando con la enumeración de enmiendas en relación con la objeción de conciencia. Aquí damos respuesta -y espero que satisfacción- a BNG, con su enmienda
número 15; a PNV, con sus enmiendas 121 y 125; a ERC e Izquierda Unida, con su enmienda 54 y a Convergència i Unió con su enmienda 109. Así como con la corrección consecuente a la exposición de motivos en la que también hemos llegado a una
transacción. Para nosotros es importante decir en el tema de la objeción de conciencia que, respetando el ejercicio de los profesionales sanitarios a esta objeción de conciencia, esta no puede ser en menoscabo de los derechos de las mujeres a
acceder a esta prestación sanitaria. Por tanto, tiene que ser de forma previa y de aquellos profesionales sanitarios que intervienen directamente en la interrupción voluntaria del embarazo.



Y ahora voy a abordar la cuestión más polémica, aunque no es la más importante en esta ley que es integral, que habla de prevención y de tantísimos ámbitos como hemos visto, sanitario, educativo, etcétera, pero ha sido la parte más polémica:
las mujeres jóvenes de 16 y 17 años. Aquí, hemos hecho una transacción con BNG, la enmienda número 11; con Convergència i Unió, la número 98 y con PNV, la enmienda 121. Quiero expresar que la seguridad jurídica y las garantías médicas también
tienen que ser para las mujeres jóvenes de 16 y 17 años, como así se contemplará en la redacción de esta enmienda. La capacidad de decidir es de las mujeres jóvenes, independientemente de la edad que tengan. Una capacidad de decidir de la que
fueron sustraídas en el año 2002 en la Ley de Autonomía del Paciente a través de una excepción, y lo hizo un gobierno de derechas, el gobierno que en ese momento era del Partido Popular. (La señora Moneo Díez: Y vosotros votasteis a favor.) Una
sustracción que nunca tuvieron que tener, fueron sacadas del régimen general del que habían disfrutado desde 1985 hasta 2002. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Montón. Señorías, guarden silencio.



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La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Desde nuestro de punto de vista nunca debieron ser eliminadas del régimen general. Sí que es cierto que esta ley no prohíbe en ningún momento la información a los padres. Por tanto, no somos opuestos a ella como
ha quedado claro en la enmienda. Pero, también somos conscientes de que no todas las familias son estándares, que cada familia es de una manera determinada. Y si lo normal es que las mujeres jóvenes cuenten con sus padres, con las personas que
quieren, con aquellos mayores en los que tienen confianza, hay situaciones en las que desgraciadamente esas mujeres no pueden contar con esa atención y con ese amparo. Por tanto, esas excepciones, que también hemos introducido en la enmienda, son
necesarias para no poner a esas jóvenes entre la espada y la pared y abocarlas a un circuito de clandestinidad que les puede llevar a un aborto ilegal e inseguro, que desde luego, en el Grupo Parlamentario Socialista no queremos.



Estas son el grueso de las enmiendas y veo que el tiempo también se va terminando. Hoy quiero añadir tan solo que la propuesta que hemos traído surge de esta Comisión con un amplio consenso. Saben que es una ley compleja, que es una ley
que abarca muchísimas esferas, por eso es una ley integral. Es una ley que habla de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Señorías, creo que hemos sido valientes al acometer este tipo de legislación. (Una
señora diputada: Vaya valentía.) Y hemos sido también generosos e inteligentes al saber llegar a un pacto y a un consenso que poco a poco cada día se va haciendo más fuerte. Lo que estamos haciendo hoy es un avance histórico para las mujeres de
nuestro país, que tenemos que consolidar definitivamente en el Pleno, pero hoy repito estamos asistiendo a un avance histórico para las mujeres en nuestro país. Un avance que nos va a equiparar al resto de legislaciones europeas, un avance que por
fin, después de 25 años, nos homologa al resto de países europeos que tienen legislaciones similares a las nuestras, con plazos e indicaciones: Holanda, Portugal, Francia, Alemania e incluso Italia, tan cercana a la jerarquía católica. Supongo que
después tendremos un segundo turno en el que podré dar contestación a lo que digan los grupos, pero termino aquí con esta exposición de las enmiendas transaccionales por parte de mi grupo y el resto de grupos.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, como SS.SS. saben, con el criterio habitual y reglamentario de menor a mayor, y para ello, y
siguiendo el criterio de tiempo establecido de los muy flexibles diez minutos, tiene la palabra la señora Fernández Davila en nombre del Grupo Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Después de que nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, hubiera presentado en las VII y VIII Legislaturas propuestas de modificación de la legislación actual en relación con la interrupción voluntaria del
embarazo, permítanme que manifieste hoy la satisfacción, y además no exenta de emoción por mi parte, de estar debatiendo en estos momentos las enmiendas que corresponden a una ley que para nosotros era fundamental y necesaria en nuestra sociedad,
sobre todo porque estamos convencidos de que esta ley, en el día de hoy, va a ser aprobada, al margen de los trámites parlamentarios que continúan, como su aprobación en Pleno y luego su paso por el Senado.



Señorías, precisamente porque para el Bloque Nacionalista Galego era necesaria una nueva legislación que permitiera superar los problemas que la limitación de la actual está planteando en relación con la interrupción voluntaria del embarazo,
es por lo que nos parece importante este día. Desde nuestro punto de vista había necesidad de superar la inseguridad jurídica en que las mujeres estaban accediendo a esa interrupción y sobre todo también había que superar las dificultades
sanitarias y sociales que estas mujeres estaban padeciendo. Para nosotros, la necesidad de una ley de plazos que permitiera incorporar un tiempo determinado de la gestación en que la mujer pudiera decidir sin necesidad de la participación de
terceros, era fundamental para garantizar el derecho de la mujer en la toma de decisiones de la interrupción de un embarazo, pero también era importante garantizar la seguridad sanitaria dentro del marco de la sanidad pública, cuestión que no está
en estos momentos garantizada. Otra cuestión que para nosotros es importante superar es la situación de hipocresía que la legislación actual genera, en la medida en que se deriva la mayoría de las interrupciones del embarazo a uno de los supuestos
en tanto que la decisión no corresponde a la mujer, sino que tiene que estar avalada por la decisión y los informes médicos, etcétera, una situación que no deja de ser hipócrita y que la ley que hoy vamos a aprobar desde nuestro punto de vista
resuelve. Por otro lado, señorías, una cosa que nos parece importante poner de relieve es que entendemos que nunca una ley que va a ser aprobada estuvo tan trabajada desde el punto de vista social. Este proyecto de ley que presenta el Gobierno
llega después de que se crearan comisiones específicas, entre ellas, la creada en esta Comisión de Igualdad para tratar la cuestión y en la que comparecieron muchísimas personas en ambas direcciones, es decir, en la dirección de la necesidad de
superar el marco legislativo actual y en la dirección de considerar que no era necesario, pero evidentemente para aquellas personas que estamos en la línea de la necesidad de superar el marco actual nos reforzaron en nuestra posición aquellos
comparecientes que nos manifestaron no solamente razones contundentes para hacerlo sino también la seguridad de que esta es una demanda social en la que han trabajado muchísimos profesionales, de la sanidad, de la vida jurídica, de la sociología, de
la psicología, de los servicios sociales, etcétera, y además es necesario decir que hay cuestiones en las que se ha coincidido en las diferentes comparecencias. Por cierto, cuestiones que hoy podemos decir


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con satisfacción que se incorporan al texto que vamos a aprobar y que hacen posible que la ley que aprobemos no se ciña simplemente a la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que abarque cuestiones para nuestro grupo, el
Bloque Nacionalista Galego, fundamentales como es la educación, en la medida en que se incorpora la educación sexual y afectiva, y las medidas de prevención para evitar embarazos no deseados y asimismo el número de abortos actual. Por lo tanto,
desde nuestro punto de vista, son temas fundamentales que incorpora el proyecto de ley que hoy dictaminamos. Por otro lado, las garantías de que las intervenciones de un embarazo vayan a ser realizadas dentro de la sanidad pública, aun con los
matices que en la ley se recogen, para nosotros son fundamentales y van, como digo, mucho más allá de lo que en principio se puede entender como una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que abarca la educación sexual, la
educación afectiva, garantiza jurídicamente el derecho de las mujeres, pero también garantiza que la sanidad pública se haga cargo de estas intervenciones. Por eso, señorías, nuestro grupo no ha presentado más de once enmiendas, en la medida en que
el proyecto de ley recogía estos aspectos que, por otro lado, se planteaban en el informe de la subcomisión creada en esta Comisión.



Paso ya a defender las enmiendas de nuestro grupo, empezando por la número 5. Si bien nos parece oportuna la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista de acuerdo con una enmienda de Esquerra Republicana en la medida en que la alta
inspección velará por que se garantice la igualdad en el acceso de las prestaciones, entendemos que el planteamiento que hacemos en nuestra enmienda número 5 deja claro que las competencias en materia sanitaria son de las comunidades autónomas y,
por lo tanto, es conveniente que en la ley se plantee la necesidad de que las administraciones públicas sanitarias aseguren el acceso a las prestaciones y servicios que en la ley se contemplan, independientemente de lo que tenga que velar la alta
inspección. Las enmiendas 6, 7, 12 y 13 han sido incorporadas a ponencia y, por lo tanto, no pasamos a defenderlas, y ya manifestamos a la Mesa que retiramos las enmiendas 10 y 11. Además de la enmienda 5, que acabo de defender, defendemos también
la número 8, que plantea la ampliación de las catorce semanas que se contempla en el proyecto de ley a dieciséis semanas. Esta era la propuesta que nosotros hicimos en todas las proposiciones de ley que presentamos en las legislaturas que he
comentado con anterioridad. Nos parece adecuado el plazo de las dieciséis semanas de gestación para que la mujer pueda decidir sin tener que recurrir a ningún supuesto ni a ninguna decisión médica.



Por otro lado, señorías, hay cuatro enmiendas de nuestro grupo que tienen propuestas de transacción y pasaré a explicar las razones de por qué las podemos aceptar. En concreto, con nuestra enmienda 16, que está relacionada con el hecho...
(Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Fernández Davila. ¡Señorías! Señora Montón, señor Agirretxea, me permito llamarles la atención para que no hagan reuniones mientras otra compañera interviene. Pueden salir fuera un momento. Sobre todo
debemos estar atentos a lo que la señora Fernández Davila está comentando porque tiene que ver con el debate. Señora Fernández Davila, continúe.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.



Como decía, nuestra enmienda 16 tiene que ver con el hecho de que en materia de educación las comunidades autónomas tienen las competencias en la gestión de este servicio; por lo tanto, entendíamos que es conveniente que esto quede claro en
la ley, en la medida en que, por mucho que diga la ley, si las comunidades autónomas no incorporan a los cursos correspondientes, al currículo escolar, la materia que hoy aprobamos en esta ley no vamos a tener garantías de que se haga así. De todas
maneras, señorías, si no podemos llegar al final de esta sesión a un acuerdo de transacción con esta enmienda, nosotros entenderíamos que la enmienda quedaría transaccionada con la que se hace con Esquerra Republicana-Izquierda Unida, en la medida
en que, desde nuestro punto de vista, mejora lo que en el texto se planteaba en relación con este asunto en tanto que también se plantea de alguna manera lo que a las comunidades autónomas competencialmente les corresponde. Después de esa
transacción, entendemos que no tiene tanta importancia la enmienda que presentamos, por lo que podríamos aceptar que también se transaccionara con nuestra enmienda 16 la que se transacciona con Esquerra Republicana-Izquierda Unida.



En relación con nuestra enmienda 15, relativa a la objeción de conciencia, plantemos la necesidad de que en el texto se incorpore esta cuestión, pues esta ley no se puede aprobar sin que quede claro lo que tendría que regularse en relación
con la objeción de conciencia por lo que a los profesionales de la sanidad se refiere. Hablamos de un plazo no superior a un año para reglamentar esta objeción de conciencia, en la medida en que en diferentes ocasiones se ha hablado de la necesidad
de una reglamentación específica y amplia en su contenido, pero, en la medida también en que hay una propuesta de transacción que ofrece el Grupo Socialista que lo que hace es incorporar al texto la cuestión de la objeción de conciencia y delimitar
ese derecho en los profesionales de la sanidad pública, de tal manera que se garantice el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, podemos considerar también transaccionada nuestra enmienda número 15, pues el objetivo de la misma, como
digo, es que la limitación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios quede clara, al mismo tiempo que la garantía de las mujeres en la atención sanitaria correspondiente.



Para nosotros estas son las enmiendas fundamentales y, como digo, podemos llegar a esa transacción, pues en


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mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, ha existido siempre una voluntad de llegar a acuerdos, ya que es necesario para alcanzar hoy ese hecho que desde nuestro punto de vista es importante para la salud de las mujeres, que es poder contar
con una ley de salud sexual y reproductiva, así como la interrupción voluntaria del embarazo con las garantías jurídicas, sanitarias, educacionales, etcétera, que permitan que podamos cumplir objetivos no solamente en lo que se refiere a una vida
sexual más sana, sobre todo de nuestros jóvenes, sino también en lo que respecta a la salud de las mujeres y con la garantía jurídica de aquellas que por las necesidades que consideren oportunas tengan decidido interrumpir un embarazo.



La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se van a repartir el tiempo el señor Tardà y el señor Llamazares. Señor Llamazares, tiene la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Bueno, nos repartimos el tiempo, pero mi grupo considera que estamos en un momento de avance con respecto al texto inicial, si bien hay cuestiones todavía pendientes que relataremos en nuestra intervención y que
nos hacen plantear un proceso de negociación con respecto a algunos temas pendientes.



Señorías, en relación con la ley que hoy estamos tratando, una ley que va más allá de la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con la salud sexual y con la política reproductiva, damos un paso muy importante hacia delante.
La ley anterior era una legislación de tolerancia, en la que la interrupción voluntaria del embarazo estaba parcialmente despenalizada, pero considerada como un asunto privado y es la ley que no ha introducido ninguna modificación con respecto a la
evolución natural del aborto en nuestra sociedad, ninguna modificación.
Comparando nuestras tasas de interrupción voluntaria del embarazo con las de los años setenta en términos de fertilidad, son las mismas. Es decir, que este modelo legislativo
de tolerancia, en nuestra opinión, no ha servido para reconocer sus derechos a las mujeres en este país, pero tampoco ha servido, como algunos pretenden, para reducir las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Precisamente,
esta ley, a diferencia de la legislación anterior, es una ley que se basa en el principio de igualdad y no en el de tolerancia, en un principio en nuestra opinión más identificado con nuestros principios democráticos que con el principio únicamente
de tolerar lo diferente, el principio de igualdad. En ese sentido, esta legislación que estamos en trance de aprobar, en primer lugar, reconoce la autonomía moral de los ciudadanos, autonomía moral que no está condicionada por ninguna moral
particular y esto, en nuestra opinión, es un avance democrático. En segundo lugar, reconoce el derecho a la libre maternidad, es decir, que la mujer tenga capacidad de decidir sobre su futura maternidad, cuestión que no estaba reconocida y que se
reconoce de hecho. Y por otra parte también se reconoce el derecho a la salud plenamente, incluida la salud sexual. En nuestro país no había sido desarrollada en nuestra legislación y por primera vez se desarrolla en esta ley. Asimismo, en esta
ley se avanza en la seguridad jurídica tanto de los profesionales como de las mujeres, en las garantías de la sanidad pública hacia la interrupción voluntaria del embarazo y en todas las políticas tanto de salud sexual como reproductivas. En
nuestra opinión, por tanto, no es una ley menor, sino una ley importante y mucho más amplia que la Ley de la interrupción voluntaria del embarazo o que la Ley de la interrupción voluntaria del embarazo en las jóvenes entre 16 y 18 años, como se
intenta caricaturizar por parte de algunos sectores.



En el último tramo, en este tramo de ponencia y Comisión, hemos avanzado en algunas materias que, aunque se han hecho públicas, me gustaría resaltar. Hemos conseguido una mayor claridad de la ley en todos los aspectos educativos y
preventivos, en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y con la educación afectiva. En ese sentido, nos parece importante este aspecto, que aparece mucho más claro en la ley a través de la aceptación de nuestras enmiendas o a
través de transaccionales. En segundo lugar, también se avanza en este proyecto y en las enmiendas transaccionales en la política de planificación familiar. En nuestro país, tuvo sus primeros balbuceos en el inicio de la transición democrática y
ha sido abandonada a una responsabilidad privada, sin responsabilidad pública por parte del sistema sanitario. En ese sentido, nos parece un avance importante la incorporación de los métodos anticonceptivos hoy realmente existentes -se llaman de
tercera generación o métodos anticonceptivos de última generación- en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con financiación pública. Nos parece un hecho relevante, como también lo es que la ley haya reforzado la responsabilidad de
los hospitales públicos en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo y, dentro de esta responsabilidad, creemos que hemos conseguido avances importantes en la regulación de la objeción de conciencia. Lo hemos conseguido porque no
estaba en el proyecto inicial y porque no reconocer algo en la ley no significa que no exista. En estos momentos hay una objeción por parte de personas significativas que lleva a una objeción indirecta del conjunto del sistema sanitario público y
eso no es posible. No es posible que el sistema sanitario público solamente se responsabilice del 2 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo. En nuestra opinión, por muchas razones el sistema sanitario público debe
responsabilizarse del conjunto de la política de salud sexual y reproductiva y dentro de ella de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello regulamos y acotamos la objeción de conciencia y garantizamos que no sea ningún subterfugio para
negar a las mujeres el derecho a una política de planificación familiar,


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de salud sexual o relacionado más directamente con la interrupción voluntaria del embarazo.



Además de estos avances, hay algo que, en nuestra opinión, se ha convertido en la cuestión estrella de esta ley; nosotros no tenemos la percepción de que deba ser así, pero así es. Consideramos que mientras se mantenga la decisión -la
única decisión- en manos de la mujer durante las primeras catorce semanas, como estipula la ley -tenga esta mujer 17 ó 25 años-, cumpliremos nuestros objetivos y no tenemos inconveniente en que se produzca la información a su entorno, en particular
a su familia; ahora bien, no estaríamos tan de acuerdo con que esa información a su entorno signifique una limitación a su decisión o la introducción por la puerta de atrás de la codecisión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto sería un retroceso y, por tanto, vemos con precaución la redacción final, en el sentido de que deja claro que decide la mujer, pero introduce, en nuestra opinión, demasiadas cautelas que son ilícitos penales, por lo que pensamos que deberíamos
reflexionar sobre esta cuestión.



En cuanto a los temas pendientes, en primer lugar, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya seguirá defendiendo no solamente la eliminación de un artículo del Código Penal sino la despenalización total de la interrupción voluntaria del
embarazo, que no está en esta ley. En segundo lugar, seguiremos defendiendo un plazo más amplio. Somos más favorables a un plazo que a una mezcla de plazos e indicaciones que, en nuestra opinión, no aclara excesivamente las cosas desde el punto de
vista de la garantía jurídica y del derecho de la mujer. Por otra parte, también somos partidarios de la gratuidad que solamente de forma balbuciente aparece en algunos aspectos del proyecto de ley. Esas son las posiciones de mi grupo que
seguiremos defendiendo a lo largo del trámite, pero puedo decir que hoy la ley está mejor que ayer y que esperamos que mañana esté mejor que hoy.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Al hilo de lo relatado por mi compañero Gaspar Llamazares, ustedes saben que hemos tenido un especial interés, aún cuando somos formaciones políticas distintas, en redactar las mismas enmiendas a fin y efecto de
visualizar que había una comunión de intereses, de contenido ideológico y también estratégico, de cara a posibilitar que por fin podamos tener una ley -tal como ha dicho la compañera socialista- homologable al resto de leyes que conforman la media
de calidad democrática y de derechos que hay en la Unión Europea.
Pero también es cierto, repito, al hilo de las últimas palabras del compañero Llamazares, que estamos moderadamente satisfechos, pero solo moderadamente satisfechos. Aprovecho la
ocasión para decirles que mantenemos vivas un conjunto de enmiendas, en concreto las números 18, 20, 21, 22, 23, 44, 45, 46 y 47, referidas al criterio defendido por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana, de que el
derecho de la mujer a interrumpir el embarazo debe alcanzar la viabilidad fetal, es decir, las veintidós semanas. Entendemos que, en el fondo, realizamos un cierto acto -a nuestro entender, por supuesto- de hipocresía al considerar que catorce sí,
pero por qué no dieciséis, por qué no dieciocho, etcétera, puesto que estamos hablando de la viabilidad fetal en las veintidós semanas. Nosotros no renunciamos a aspirar a una ley que sea más cercana a lo que nosotros consideramos que se ajusta al
libre derecho de la mujer a interrumpir el embarazo antes de este número de semanas.



También mantenemos las enmiendas números 56 y 57 porque, tal como decía don Gaspar Llamazares, creemos que debe existir una absoluta, total y radical despenalización del aborto y eso significa derogar también el artículo 145 del Código
Penal. Es más, incluso hacíamos una cierta pirueta porque decíamos: si ustedes no quieren derogar, vamos a incorporar -y este es el contenido de la enmienda número 58, que está hecho con toda la mala intención, lo reconozco- (Risas.) otra figura
en el Código Penal; ya que no quieren o se considera que no debe derogarse ese artículo, vamos a incorporar otro que afecte -repito, es la enmienda número 58- a aquel personal sanitario que de manera consciente obstaculice, deniegue o impida el
libre ejercicio de la interrupción del embarazo. Entenderán que puede parecer una boutade, pero de hecho pudiera ser tan absurdo como el hecho de atrincherarse en la negativa a derogar este artículo del Código Penal. Esta enmienda la mantenemos
viva en tanto en cuanto creemos que este debate ideológico profundo hay que mantenerlo, puesto que de la misma manera que no creíamos que pudiéramos sentirnos tan felices por llegar a tener esta ley en el ecuador de la legislatura, no se puede negar
que quizá dentro de un tiempo será posible una modificación de esta misma ley en clave más progresista.



El señor Llamazares hablaba de los déficits. Creo que hemos avanzado mucho, de hecho esta ley se ha ido acercando a aquello que debería ser una ley integral de derechos sexuales y reproductivos y nos hemos alejado de hacer una ley
específica y estrictamente de interrupción del embarazo, de ahí la satisfacción de todos, básicamente de los compañeros socialistas que han puesto su empeño en mejorarla y hacerla acorde con los intereses recíprocos; pero es cierto que nosotros
pensamos que habría que hacer otro gesto y entendemos que es posible introducir la posibilidad de contemplar la gratuidad de los métodos anticonceptivos, ciertamente de los de última generación, en algunos colectivos fundamentales, puesto que todo
lo que se gaste en prevención no solamente es barato desde el punto de vista económico sino que es muy barato porque lo ganas en felicidad y equilibrio para las personas que están sujetas a un trance de este tipo. No se puede hablar de gasto, es un
dinero muy bien invertido y por eso pedimos al Grupo Socialista que ponga la guinda en el pastel. Esta es una ley de la que estaremos muy orgullosos y, por tanto,


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repito, pongan la guinda en el pastel -ya que hemos alcanzado el pacto de que no lo harán en seis meses sino en un año- y digan que contemplarán la posibilidad -fíjense en que digo contemplar y posibilidad- de incorporar la gratuidad para
colectivos vulnerables. ¿Hablamos de todos los jóvenes? No, quizá de un tipo de joven concreto y de un tipo concreto de mujeres, las que están más castigadas; por ejemplo, las mujeres inmigrantes que vienen de culturas de antropologías sexuales,
de comportamientos y tradiciones distintas y que, además, están sujetas a una explotación laboral extraordinaria, etcétera. No me hagan hablar porque conocen perfectamente cuáles son los parámetros a los que me refiero. (Risas.)


Pedimos -y termino, señora presidenta- que hagan algún movimiento en aquellos tres o cuatro ámbitos en los que ustedes todavía pueden hacerlo, porque creo que es una ley que se lo merece. He empezado diciendo todo aquello que no hemos
alcanzado, pero es un punto de encuentro en clave progresista, atendiendo al contexto social y a la intensidad del embate -legítimo, por otra parte- de la derecha. Finalmente, en lo relativo a la polémica, que al final acaba siendo un tanto icono
de la ley, de los 16 y 17 años, debo decirles que nosotros no pondremos impedimentos siempre y cuando quede claro que la ciudadana -repito, la ciudadana- tiene la primera y la última palabra, y si luego el texto redactado es hiperbólico, que sea
hiperbólico, pero que quede claro que la ciudadana es la que le manifiesta al médico cuál es su voluntad. Entendemos que al facultativo, ejerciendo además como jefe de médico ante una interrupción del embarazo, se le supone toda la sensibilidad y
más, y que, una vez que la ciudadana alega intereses contrarios, debe ser respetada. Por eso, decimos que la ciudadana tiene la primera y la última palabra. Si de lo que estamos hablando es de esto, nosotros votamos a favor y no ponemos ningún
palo a las ruedas.



La señora PRESIDENTA: Es ahora el turno del Grupo Vasco. Señor Agirretxea tiene la palabra.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: En nombre del Grupo Vasco, en primer lugar, quiero decir que seguimos manteniendo la misma posición que sostuvimos cuando fue el debate de totalidad. Los criterios básicos -llamémosles ideológicos o
filosóficos- que mi partido mostró entonces y en el documento que hizo público por el mes de octubre, así como las posteriores declaraciones que tanto líderes de mi partido como yo mismo he hecho en esta Comisión, no cambian un ápice en cuanto a la
concepción que este partido y este grupo parlamentario tienen en torno al hecho del aborto. Seguimos diciendo lo mismo, que son fundamentalmente tres cosas básicas: el aborto es algo no deseado, el aborto es el resultado de un fracaso y el aborto
ha de ser algo que ha de ser evitado en su origen principalmente, que es el embarazo no deseado. Mi grupo considera que la ley actual, la ley vigente es un inmenso coladero en el que verdaderamente poco o nada se está haciendo para evitar los
embarazos no deseados y que verdaderamente es una forma de regular el aborto con un inmenso boquete en la puerta trasera de la propia ley. Mi grupo era consciente de que hacía falta un repensamiento de cómo abordar el drama del aborto desde una
perspectiva legislativa. Dicho esto -y por no repetir cuestiones que ya se dijeron en el debate de totalidad, ya que estamos en Comisión y el objetivo de hoy es, sobre todo, poner en común las enmiendas que se han aceptado, las transacciones que el
partido proponente ha aceptado-, también me gustaría manifestar que ante toda esta polémica que se ha generado en torno a seguimos reiterando lo mismo, y es que hay que legislar para todos y sobre la base de unas convicciones que sirvan para todos,
independientemente de las creencias, de las códigos éticos y morales que cada uno pueda tener para sí mismo, entendiendo perfectamente que pueden no ser compartidos y que otros pueden regirse por otros códigos, con los cuales cada uno puede no estar
de acuerdo.



Si la ley se aprueba con las enmiendas transaccionadas que el partido mayoritario ha aceptado a este grupo, consideramos que cambia sustancialmente, que la ley gana mucho y que nos sentimos satisfechos por las demandas que mi grupo había
solicitado y que han sido de alguna manera recogidas en el proyecto de ley. Para empezar, yo creo que se ha generado una polémica quizás demasiado falsa en torno a ciertas cuestiones y también estoy de acuerdo en que otras más importantes se han
dejado de lado. Mi grupo presentó tres bloques de enmiendas, uno de ellos referido al tema de la objeción de conciencia, que ya se ha tratado aquí y que creo que otros grupos también lo hicieron. Estamos contentos porque la ley al final recoge el
derecho a ejercer la objeción de conciencia.
Eso es fundamental para que los profesionales sanitarios que tengan que practicar interrupciones voluntarias del embarazo puedan apelar a esa capacidad. Es una especie de quid pro quo, en el cual una
cosa no debe limitar la otra. Los profesionales sanitarios pueden apelar a la objeción de conciencia y el Estado tiene que garantizar que esa interrupción voluntaria del embarazo se produzca. O a la inversa, porque a veces las lecturas pueden ser
a la inversa. También podíamos redactar de la siguiente manera: la interrupción voluntaria del embarazo no puede menoscabar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Está redactado a la inversa. La objeción de
conciencia no puede ser menoscabo de la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, dejémoslo en un quid pro quo, una cosa no limita la otra, una cosa garantiza la otra. Yo creo que es una aportación importante. Otros grupos también lo han
hecho, pero nosotros introdujimos ese elemento porque nos parecía fundamental para que esta ley fuera verdaderamente equitativa también y pudiera dar esa igualdad de oportunidades ante una determinada situación. Aquí podemos hacer muchos malabares,
pero una interrupción voluntaria del embarazo no es una operación de menisco. Digo esto porque


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quizás estamos frivolizando a veces dejándolo como si fuera un hecho puramente sanitario como el de una artroscopia, y no lo es, porque, si lo fuera, no estaríamos debatiendo aquí, ya estaría contemplado en el catálogo de servicios
sanitarios en el que igual ni aparecería. Por tanto, no frivolicemos porque no es lo mismo. Y ya que no es lo mismo debe aparecer ese ejercicio de la objeción de conciencia como elemento fundamental.



Se ha creado mucha polémica en torno a lo de los 16 y 17 años. Nosotros introdujimos una enmienda y dijimos que para nosotros era fundamental. Al final, en la transacción en la que queda reflejada -las interpretaciones verbales de una
índole o de otra pueden ser las que fueran, pero si el partido mayoritario mantiene la palabra dada y acordamos lo que hemos acordado- se dice que para las menores de 16 y 17 años el consentimiento es de ellas, evidentemente, pero al menos uno de
los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer y la ley va a decir eso, que deberá ser informado. Después aparece que
cuando la menor alegue fundadamente, y no creo que ningún médico se atreva a practicar una interrupción voluntaria del embarazo sin garantizar, por las consecuencias legales que pueda tener ello, que la declaración de esa menor fundadamente alega
violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo, entonces se puede prescindir de esa información.
Nosotros consideramos que las menores son menores, por tanto, se debe informar a los
padres, y decimos cuál es la excepción en la que no es necesaria esa información, pero la excepción no puede ser la regla, la excepción es la excepción y la regla es, como dice la ley, que al menos uno de los representantes legales, padre o madre o
tutor, deberá ser informado de la decisión; la decisión, por supuesto, corresponderá a la menor, pero deberá ser informado.



Por último, creo que es fundamental, y mi partido siempre se ha mantenido en esa especie de guardia de corps de lo que es el respeto, no de la reivindicación, a la que tendríamos todo el derecho del mundo, sino del respeto de lo ya acordado
en cuanto a la cuestión competencial de las comunidades autónomas, que en materia sanitaria son exclusivas, son todas. Por lo tanto, creo que en este caso hemos tenido que introducir ciertos elementos que recordaban a esta ley también...
(Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, hagan las reuniones fuera. Continúe, señor Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, antes yo he sido uno de los interruptores. Por lo tanto, ahora acepto la interrupción.



Decía que hemos conseguido en el papel, después habrá que verlo en la realidad, que se eviten las invasiones competenciales. En la redacción inicial del texto aprobado por el Consejo de Ministros se modifican varios artículos que, a nuestro
entender, invadían claramente competencias autonómicas. Hay otro aspecto al que quizá se ha dado poca importancia y al que hemos introducido también un par de enmiendas: el tema de la educación. La primera parte de la ley habla de muchas cosas,
pero creo que debe ser una especie de salvaguarda general en el sentido de que hemos conseguido que la formación en salud sexual y reproductiva incluya elementos de responsabilidad, de corresponsabilidad y de educación en valores. La
corresponsabilidad es algo de lo que parece ser, y lo dije en mi intervención en el Pleno de enmienda a la totalidad, que nos estamos olvidando, cada vez más estamos dejando todo el tema relacionado con la sexualidad, con la reproducción, con las
relaciones afectivo-sexuales, con la anticoncepción, con la interrupción, etcétera, como un tema puramente femenino. Creo que es un gravísimo error si desde la ley no introducimos la importancia que la corresponsabilidad en la educación sexual y
afectiva entre varones y mujeres tiene en todo este tema. Si no, haremos que todo esto sea solo un tema de mujeres, para bien y para mal, y creo que deberíamos evitarlo. Por lo tanto, si las transacciones que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario
Socialista se mantienen en sus términos -creo que así será, es más, doy por hecho que así es-, nuestro partido apoyará esta ley porque consideramos que se mejora ostensiblemente y deseamos que el objetivo final de esta ley, que en el fondo es que
cada vez haya menos embarazos no deseados como origen de los abortos, pueda cumplirse. Si hay un segundo turno quizás digamos algo más.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista, a sus portavoces don Alberto Cabañes, doña Carmen Hermosín y especialmente doña Carmen Montón, que hayan querido
llegar a acuerdos y a propuestas transaccionales con este grupo basándose en parte de las enmiendas que ha presentado Convergència i Unió. Quiero agradecerlo especialmente teniendo en cuenta que el voto de mi grupo es heterogéneo, es un voto
plural. Como ustedes ya saben, por parte de Unió Democràtica de Catalunya hay un rechazo al planteamiento de la ley, a la ley entera; por parte de los diputados y las diputadas de Convergència Democràtica de Catalunya hay una posición plural en el
sentido de que tenemos libertad de voto respecto a esta ley. Por tanto, desde esta posición, que tampoco crean que a mí me resulta fácil sintetizar, en la que no se puede asegurar cuál va a ser el resultado de las votaciones, quiero agradecer,
todavía más si cabe, el que se haya querido, a pesar de no tener ningún voto asegurado, en aras de la razón que puedan contener las enmiendas que ha presentado mi grupo, este acercamiento para mejorar alguno


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de los aspectos que realmente eran preocupantes y se traducían en nuestras enmiendas. Quiero señalar que este acercamiento se ha traducido en mejoras en aspectos sustanciales que ya se han señalado aquí. Una de las mejoras era en el tema
de las menores que es algo que ha tenido mucha polémica social más en cuanto al mensaje, entiendo yo, que quizá ha llegado a la sociedad, que en cuanto a una propuesta de redacción concreta. Creo que la enmienda transaccional, a la que se ha
llegado y que se ha glosado hoy aquí ampliamente por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, de alguna manera corrige ese mensaje, desde nuestro punto de vista, erróneo que se había lanzado, ya que circunscribe que el
consentimiento corresponde a estas menores mayores de 16 años, pero que, al mismo tiempo, uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores, deberá ser informado de la decisión de la mujer. Hay excepciones, y
así se señala en la enmienda transaccional, porque también se ha señalado aquí que no todas las familias son homogéneas y que, ante la pluralidad de familias existentes, no puede de alguna manera convertirse este conocimiento de los tutores en un
auténtico consentimiento, ya que por las especiales circunstancias en que se puede vivir en determinadas familias, el hecho de tener que notificar el que se va a someter a una interrupción voluntaria del embarazo, ante el temor a determinadas
reacciones, o bien convierte este conocimiento en un auténtico consentimiento, o bien se puede abocar a esta mujer menor de edad, de 16 ó 17 años, a la ilegalidad. Con todo, en la redacción que se nos propone, y tal como ha sido glosada aquí en
sentidos opuestos por el diputado don Joan Tardà y por el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, cabe una interpretación distinta, lo cual va a hacer que yo vaya a seguir manteniendo la enmienda de mi grupo al respecto.



Otro tema importante era el de la objeción de conciencia, al que mi grupo también tenía presentadas enmiendas. En este sentido, valoramos muy positivamente que se contemple en la ley el derecho a la objeción de conciencia por parte de los
profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo. No se acepta, por otra parte, algo que mi grupo también había solicitado, que era que en un plazo de seis meses -creo que el Bloque Nacional Galego
proponía un plazo algo mayor de un año- el Gobierno trajera un proyecto de ley reguladora del tema general de la objeción de conciencia. Entendemos que se ha mejorado también el tema competencial, porque desde nuestra óptica política, el verificar
la aplicación de la ley en todo el territorio del Estado no tiene por qué estar reñido con el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, ni puede ser tampoco un pretexto, un motivo para recuperar competencias. Creemos que en la
redacción que se hace en las propuestas transaccionales esta cuestión queda también muy mejorada.
Mejora también el tratamiento transversal de todas las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad, y mejoran también algunas precisiones
técnicas con la aceptación literal de alguna de las enmiendas que había presentado Convergència I Unió.



Con todo, he de decir que nuestro voto va a seguir siendo heterogéneo y plural. Por tanto, doy por defendidas todas y cada una de las enmiendas que se han presentado por parte de Convergència i Unió. Procedo a retirar únicamente aquellas
enmiendas que se han aceptado de manera literal, que son las números 90, 91, 92, 93, 94, 97 y 106 y mantengo todas las demás, aunque considero que buena parte de ellas han sido aceptadas en su espíritu, pero voy a mantener la literalidad para votar
en el Pleno.
Finalmente, anuncio que, como en mi grupo va a haber distintas expresiones de voto, voy a mantener una posición de síntesis absteniéndome en la votación del dictamen que se va a realizar a votar en esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Parlamentario Popular que también van a compartir el tiempo y que se inicia con la intervención de la señora Moneo.



La señora MONEO DÍEZ: Intentaré, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, ser lo más breve posible en esta intervención que compartiré con el diputado Santiago Cervera. Como saben SS.SS., el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
esta llamada ley de salud sexual y reproductiva una enmienda de devolución que debatimos la pasada semana y 24 enmiendas parciales, en coherencia con esa enmienda de devolución. Este conjunto de enmiendas pretende, por una parte, desmontar las
ocultas intenciones del Gobierno socialista, que bajo esa inocente y en teoría loable defensa de la salud y los derechos de la mujer, esconde una de las más radicales apuestas por la imposición del aborto libre en toda España. Por otra, establecer
una serie de garantías en el ámbito sanitario que afiancen el cumplimiento de la legalidad del marco avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional del año 1985, terminando, de una vez por todas, con el binomio aborto-negocio, que
desgraciadamente hemos visto aplicado en muchas de las intervenciones practicadas. Y, finalmente, ofrecer, mediante la elaboración de un plan de apoyo a la maternidad, apoyo a las mujeres que quieren llevar a buen término su embarazo y que en
muchas ocasiones -lo hemos oído así en esta Cámara- por cuestiones económicas, sociales, laborales o por presiones familiares se ven abocadas al drama del aborto.



Es evidente que pocas leyes van a suponer un atropello tan brutal a la Constitución española. Esa es la realidad. Aquí se ha hablado de consenso, y a mi grupo le gustaría saber de qué consenso hablamos, si el del pensamiento único, el de
escuchar solo a quienes le dan la razón al Gobierno o el de limitar en tiempo y número a los representantes de la sociedad civil. Lo cierto es que el Gobierno viene a esta Cámara con una ley radical que va a suponer la implantación del aborto como
un método


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anticonceptivo más, que va a banalizar la práctica del mismo y que va a desproteger a los menores del apoyo de sus padres. Una ley que va a ser aprobada, parece ser así, sin el apoyo de más de diez millones de españoles, que son a los que
representa el Partido Popular, sin el apoyo de siete de cada diez españoles que consideran que las menores necesitan el consentimiento de sus padres para poder someterse a un aborto y sin el acuerdo, también, del 56 por ciento de los votantes
socialistas que considerarían fundamental este consentimiento.



En coherencia con estas líneas de trabajo, con los argumentos que les he expuesto, el Grupo Parlamentario Popular no puede sino pedir la supresión, tanto de la exposición de motivos de este proyecto de ley, como de varios artículos que no
vienen sino a confirmar el carácter panfletario y catequético del que hablaba el Consejo de Estado y al que nosotros añadiremos los términos confuso y farragoso de una justificación absolutamente incoherente con la doctrina del Tribunal
Constitucional, con los tratados internacionales firmados por España y con las legislaciones aplicadas en la mayoría de los países europeos. Señorías, mi grupo no se cansará de repetir la absoluta y total inconstitucionalidad que se esconde tras la
ley de plazos que pretende imponer este Gobierno. No es fruto de ninguna casualidad que el Tribunal Constitucional en la sentencia de abril de 1985, una sentencia a la que aquí no se ha hecho referencia en ningún momento, estableciese una serie de
fundamentos jurídicos que permitiesen resolver aquellos supuestos casos de conflicto entre los derechos de la madre y los derechos del no nacido, y permitiesen preservar como valor supremo de nuestro ordenamiento ni más ni menos que el derecho a la
vida consagrado por el artículo 15 de la Constitución española. Pues bien, ninguno de estos fundamentos tiene referencia alguna en la ley que el Gobierno trae a esta Cámara. Y no la tienen porque de reconocer el derecho a la vida del no nacido,
este proyecto caería de principio a fin. Desde el fundamento jurídico que establece que la vida humana concebida es distinta de la vida de la madre y merece protección desde el primer momento, hasta el fundamento jurídico siete que dice que ese no
nacido también es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 y que señala que el Estado está obligado a proteger la vida del mismo, para lo cual impone con carácter general la obligación de abstenerse de interrumpir u
obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma, y que dicha protección además y si es requerida ha de incluir como última garantía las
normas penales, por cierto, normas penales que han hecho que ninguna mujer, ninguna, esté o haya estado en la cárcel por haberse sometido a un aborto en nuestro país.



Dicho esto, a mi grupo le gustaría saber en qué momento y lugar de la ley el grupo que sostiene al Gobierno piensa defender el derecho a la vida, porque aquí estamos hablando de eso, de la defensa de la vida del más débil, que hacemos unos,
y de la vulneración de este derecho, que pretenden acometer otros. Yo se lo diré, señorías, en ningún momento, porque su sola mención desmonta de principio a fin la estrategia publicitaria para la defensa de este proyecto del Gobierno. Cuando esta
ley hace referencia a la homologación con Europa, se olvida intencionadamente de mencionar algunos aspectos fundamentales de la comparativa europea, muy interesantes, por cierto. Se olvida de decir que en Alemania, legislación de referencia que
hemos oído en muchas ocasiones en los debates en esta Cámara, la ley establece de modo expreso que esta ha de servir para la protección del feto, por lo que la información que se facilite a la mujer debe ir dirigida a hacer consciente a la misma de
que el no nacido tiene derecho a la vida en todo momento del embarazo y solo puede someterse a un aborto en ocasiones especiales; o en Francia la ley parte del reconocimiento de otorgar protección jurídica a la vida del no nacido; o en Italia la
legislación en materia de aborto está recogida es una ley que establece también la tutela de la maternidad y los derechos de la mujer gestante. ¿Dónde está, señorías, en esta ley, en este proyecto, los derechos de la mujer gestante y el apoyo a la
maternidad? Pero aún podemos seguir pretendidamente intentando compararnos con Europa. Francia, Italia, Holanda, Alemania hacen referencia expresa a que el aborto nunca puede ser utilizado como un método de planificación familiar, justamente lo
contrario de lo que pretende esta ley del Gobierno. En todos los países, en todos, se informa de los riesgos y consecuencias del aborto, mientras que esta ley niega la existencia del síndrome postaborto. ¿Nos quieren hacer creer a los miembros de
esta Comisión y a la sociedad española que un sobre cerrado puede sustituir una información personalizada y profesionalizada. ¿Dónde esta ley recoge ese síndrome?


Por último, permítanme que haga referencia al también supuesto derecho de las menores a abortar sin consentimiento ni conocimiento de sus padres, mediante la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente, por cierto, a la que el Grupo
Socialista no presentó una enmienda cuando se debatió en el año 2002 y apoyó. Tendrá que ser este grupo el que explique por qué esa modificación de su postura. Y como la comparativa con Europa parece ser la coartada en la que el Gobierno sustenta
parte de su estrategia el Gobierno, igual en esta Cámara les gustaría saber, señorías, que tan solo Finlandia y el Reino de Unido -de aquellas legislaciones que hacen referencia a los menores- se omite la autorización expresa del padre o tutor
legal, aunque se recomienda la información a los mismos; en el resto, se pide la autorización expresa para que un menor pueda someterse a un aborto. Estamos hablando de nuestros vecinos: de Francia, de Portugal y de Italia. Por ello, una vez más
nos resulta incomprensible ese atropello de la patria potestad que pretenden hacer con esta ley.
Señorías, la patria potestad que los padres ejercen sobre sus hijos es un sistema de protección del menor y así está concebido. No entendemos, por
tanto, qué se pretende hacer con


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esta ley, desprotegiendo a los menores de edad y privándoles del consejo y del apoyo de sus familias. Al Partido Popular y al grupo al que represento no le sirven ni fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara en esta legislación.
Allá cada uno con su responsabilidad y con el precio que ha puesto para su apoyo a esta ley, eso sí, a cambio de hacer una norma general de la excepción y de esconder bajo una supuesta violencia intrafamiliar o desarraigo de la menor lo que va a ser
el verdadero coladero para que las menores puedan someterse a un aborto sin el conocimiento de sus padres. Señorías, en mi grupo las relaciones entre padres e hijos no las consideramos interferencias Consideramos que ante el drama del aborto el
mejor apoyo de una joven es su familia. Otra cosa es que el único camino que algunos quieran ofrecer a estas jóvenes sea el camino de la clínica abortista sin que sus padres tengan el más mínimo conocimiento. Nos sigue resultando incoherente -y
así lo defenderemos- que una sociedad que pretende proteger a los menores frente al consumo de alcohol o de tabaco, frente a determinadas intervenciones quirúrgicas, frente a un pirsin, al exceso de velocidad, pueda ser tan insensible para
desprotegerle frente a lo que puede constituir un drama para el resto de su vida. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cervera. Le recuerdo que comparte tiempo, aunque estoy siendo muy flexible porque el tema lo merece.



El señor CERVERA SOTO: Señorías, hablamos también en nuestras enmiendas de las condiciones sanitarias en las que se deben realizar los abortos en nuestro país. Creo que todos deberíamos admitir que con independencia de la regulación legal
que lo permita, la sanidad debe ofrecer un conjunto de garantías propias de una intervención de este tipo, sobre todo en lo referido a cuestiones fundamentales que además han tenido ya lugar en nuestra legislación, en el derecho positivo de España
en materias relativas, por ejemplo, a los derechos de información de los pacientes o a la salvaguarda de las capacidades de los profesionales o también a la disponibilidad de información y niveles de decisión adecuados a cada caso.



Hay que recordar que en el trasunto que trae como consecuencia la tramitación de esta ley hay quienes han querido justificar la necesidad de modificar la actual legislación en materia del aborto invocando precisamente la defectuosa
aplicación que ha tenido tanto en términos cuantitativos -esto es, el elevado y escandaloso número de abortos que se practican en nuestro país- como en términos cualitativos, es decir la constatación de casos no poco numerosos en los que se han
vulnerado de manera muy clara y muy notoria las principales características del lex artis asistencial. Ahí es, por tanto, donde para nosotros el trabajo legislativo habría tenido una gran justificación y un enorme interés. Es ahí donde seguramente
sí hubiéramos podido encontrar la capacidad de generar consensos parlamentarios sobre esta cuestión. Hubiéramos podido, efectivamente, generar un perfeccionamiento de la normativa aplicable en materia sanitaria en la realización de abortos,
intentando en todo caso analizar las causas que fundamentan esta situación que se ha vivido en España e intentando corregir aquello que específicamente no estuviera funcionando bien. Sin embargo, el Gobierno lo que ha hecho es tomar esto, la
defectuosa aplicación de la actual legislación, como excusa para una huída hacia delante para ampliar más la posibilidad de que se aborte en España y, en definitiva -y esto es notorio en el plano estrictamente político- para intentar recuperar la
iniciativa en una agenda política que le viene desbordada por los propios acontecimientos de la crisis económica y social que vive nuestro país y específicamente por la incapacidad que muestra continuamente el Gobierno de España para asumir la
responsabilidades reales que exige la actual situación del país. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!)


Así pues, se ha visto que en esta ley no solamente se amplía la capacidad de abortar en nuestro país sino que se sigue sin poner de relieve la importancia que tiene su correlación sanitaria, cómo se puede manejar una interrupción del
embarazo dentro del entramado sanitario y asistencial de nuestro país y por tanto hacer que cualquier interrupción voluntaria del embarazo, sea cual sea la legislación que la ampare, repito, se haga con las debidas garantías y con la debida
concreción. Para nuestro grupo existen diversos asuntos relativos a este particular que merecen la consideración que hemos intentado expresar a través de nuestras enmiendas. El primero ha sido, como creo que conocen, el correspondiente al derecho
de información debida a la mujer sometida al trance de tener que tomar una decisión de continuar o no un embarazo. Creo que todos los aquí presentes conocen que la legislación española ha avanzado en materias de este tipo y que además ha aprobado
leyes concretas sobre esta cuestión donde se traslada al derecho positivo el principio deontológico de autonomía del paciente, y se hace tomando como punto de partida y referencia fundamental aspectos como por ejemplo la atención personalizada a los
pacientes en nuestro sistema de salud, el plano del consentimiento informado -que no solamente es un requerimiento legal sino que también es una exigencia recurrentemente plasmada en la jurisprudencia-, el tema de la segunda opinión clínica o
también todas las actuaciones que se deben llevar en este campo para la reducción de los riesgos de cualquier intervención sanitaria. Pues bien, precisamente en este asunto del aborto no hay nadie que esté planteando -salvo nuestro grupo
parlamentario- que se acojan a estas cuestiones las mismas previsiones legales que están establecidas con carácter general para otras casuísticas con mucha menor complejidad desde cualquier punto de vista. Para nosotros no resulta aceptable ni
tiene ninguna justificación que en este asunto, precisamente en este asunto en el que todos sabemos que existen unos correlatos psicológicos que pueden acompañar a la mujer el resto de su vida, no se apliquen ni siquiera los mismos


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principios establecidos con carácter general para cualquier acto asistencial sanitario. Es inconcebible para nosotros que mientras la legislación española avanza y ha avanzado de forma poderosa en los últimos años en términos de mejora...
(Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señor Cervera, perdone. Señorías, mantengan el silencio que corresponde a la cortesía parlamentaria.



El señor CERVERA SOTO: Decía que es notorio que la legislación española ha avanzado de manera poderosa en los últimos años en materia de mayor exigencia en la facilitación de la información a los pacientes, información veraz, información
adecuada e información personalizada. Pero en este asunto se acepta todo lo contrario, se acepta el planteamiento aquí contemplado de que esa información se debe dar en un sobre cerrado, de forma anónima, seguramente incompleta y escasamente
adaptada al propio sistema vivencial de la mujer concernida. Es muy llamativo que nadie, salvo nosotros, esté hablando de la misma panoplia de derechos y garantías que en el acto sanitario debe tener cualquier otro tipo de intervención.



Un segundo aspecto que incide en la realidad sanitaria correlativa a la interrupción del embarazo es el de la objeción de conciencia de los profesionales. Aquí sí que podemos identificar que todos los grupos presentes hemos reconocido que
este es un asunto que está inmerso en esta cuestión. Somos conscientes de que a los profesiones sanitarios se les puede generar un serio conflicto deontológico en esta materia y que, por tanto, lo que hagamos, desde el punto de vista de la
legislación, estará afectando al derecho constitucional a la objeción de conciencia. A pesar de ese reconocimiento, a partir de aquí nos toca optar. Estamos ante una tesitura legislativa. Lo que hay que hacer es que si reconocemos que esta
cuestión está aquí inmersa, hay que tomar una decisión y la decisión solo puede tener dos caminos: o el camino nítido de defender este derecho o el camino de restringirlo, optar por el respeto a los profesionales o tratarlos, por otra parte, como
efectores de una imposición legislativa.
De ahí que para nosotros no sea aceptable considerar que se llame derecho a la objeción de conciencia lo que de facto no supone el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. Para nosotros no es
reconocer ese derecho permitir simplemente que se exprese la demanda de no realizar un aborto. Ni mucho menos lo es crear una lista pública en la que se inscriban quienes no quieran hacerlo. Esto, lejos de amparar ese derecho constitucional,
supone una seria restricción al mismo y es claramente un intento de someter la voluntad de los profesionales, de acuerdo con la pretensión ideológica del propio Gobierno. Acabará por la vía de los hechos cercenando este derecho a la objeción de
conciencia y acabará convirtiéndolo en poco menos que un sambenito de algunos profesionales.
Acabará generando un conflicto sanitario y profesional de primera magnitud causado por no haber contado lo más mínimo con la representación profesional que
corresponde al caso. En cambio, lo que nosotros proponemos significa de forma clara definir en términos reales lo que se sustancia detrás de la objeción de conciencia, y hacerlo en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es hacer que la
objeción de conciencia se pueda manifestar mediante la aceptación del profesional a realizar un aborto de acuerdo exclusivamente con la consideración deontológica que le preste al caso.



La señora PRESIDENTA: Señor Cervera, tiene que ir terminando.



El señor CERVERA SOTO: Así, lo hago, señora presidenta.



En segundo lugar, evitar que su ejercicio pueda deducir ningún tipo de perjuicio para el profesional. En tercer lugar, considerar que, dentro del hecho asistencial sanitario, son múltiples los profesionales que participan en los equipos
multidisciplinares cuando se trata de realizar una intervención de este tipo. En cuarto lugar y concluyo, estamos hablando también de los dictámenes preceptivos, dictámenes preceptivos que tienen dos dimensiones fundamentales para nosotros: la
primera la de la propia calidad asistencial, de forma y manera que dictámenes preceptivos de diversos profesionales también se exigen en otros momentos de la propia actividad sanitaria y no entendemos por qué aquí no tiene que ocurrir lo mismo. La
segunda dimensión es reconocer, como nosotros lo hacemos, que eludir los dictámenes preceptivos, como se ha hecho en algunas ocasiones, no es otra cosa que inducir el fraude, puesto que es generar el incentivo para la realización de los abortos sin
las debidas condiciones. Hablamos también en nuestras enmiendas de los criterios de acreditación que deben tener los centros, del papel de la alta inspección y del consejo interterritorial, como órgano de evaluación de la realidad del aborto en
nuestro país.



Ya sí concluyo, señora presidenta, con una única apreciación final. Somos todos conscientes de que en un aborto concurren muchas circunstancias, evidentemente las legales, de las que estamos tratando en este procedimiento legislativo; las
sanitarias, que son importantes; toda la constelación de vivencias en torno a la mujer cuando tiene que tomar una decisión de este tipo, y todo el conjunto de circunstancias vitales, sociales, afectivas y familiares que rodean cualquier caso. A
partir de aquí lo que hay que hacer es saber dar una respuesta adecuada. Nosotros lamentamos que la respuesta que ha dado el Gobierno se basa, precisamente, en intentar negar la repercusión esencial que tiene la realización de un aborto, no solo lo
que significa desde el punto de vista de la consideración legislativa que le queremos dar, sino también desde el punto de vista de lo que significa en la propia realidad sanitaria.



Finalmente queremos decir que la actitud que ha tomado el Gobierno es recurrentemente la violación de


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los consensos básicos que en esta materia debieran existir; pero no solo los deseables, no solo los que debieran existir en términos sociales y en términos legislativos, puesto que esta es una legislación que se va a aprobar con
prácticamente media Cámara en contra, sino además los propios consensos que ya existían en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, relativos a los avances que se habían conseguido en ámbitos como, por ejemplo, la consolidación del respeto
al principio de autonomía del paciente, el consentimiento informado o el marco deontológico.



La señora PRESIDENTA: Señor Cervera, la generosidad no ampara el doble de tiempo para turno.



El señor CERVERA SOTO: He terminado. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, con arreglo a lo que hemos establecido en acuerdo con los portavoces, vamos a dar un turno breve a la señor Montón para que conteste a las propuestas y cambios que ha hecho cada uno de los portavoces
intervinientes. Tengo entendido que la señora Fernández Davila tiene que formular la propuesta de una enmienda de su grupo, de la señora Barkos. Señorías, este turno de intervenciones no va en la vía de la amplitud, sino de los cinco minutos.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Comienzo agradeciendo nuevamente el trabajo de todos los grupos. Esta ley es de todos, va a ser de todos porque todos hemos trabajado en ella. Hay un amplio consenso fruto del trabajo y de la generosidad de todos
los grupos: del BNG, de Izquierda Unida, de ERC, de Iniciativa per Catalunya-Verds, de Nafarroa Bay, del PNV y, si me lo permite, señora Pigem, también de su trabajo en representación de Convergència i Unió. Esta ley trata de dar seguridad
jurídica y eliminar el delito de aborto del Código Penal, de eliminar esa posibilidad de amenaza de pena privativa de libertad, de cárcel para las mujeres y respeta el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad.
Así mismo, da
garantías médicas para que el Sistema Nacional de Salud sea protagonista; para corregir que tan solo el 2 por ciento de los abortos se haga en la sanidad pública y habla de prevención con el objetivo de disminuir el número de abortos. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señora Montón, perdone. ¡Señorías!


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Por ello se enmarca en una ley de salud sexual y reproductiva. De ahí, la importancia que hemos dado todos los grupos a la educación, a la sensibilización y al acceso a la planificación familiar y a los métodos
anticonceptivos.



Respecto del BNG, quiero agradecerle todo su trabajo y ofrecerle la posibilidad de que estuviese recogido en la filosofía de las transacciones ofrecidas a la 42, a la 30 y a la 31 su enmienda 16. Ese es el ofrecimiento, si lo considera
oportuno. Quiero decir que ha estado presente en todas las grandes cuestiones de la educación, de la objeción de conciencia, de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años que, sin lugar a dudas, contribuyen a dar mayor solvencia a esta ley. Quiero
agradecerle la generosidad en el trabajo y la voluntad de llegar a acuerdos que siempre ha mostrado.



Izquierda Unida y ERC hablaban de estar moderadamente satisfechos. Los grados de satisfacción son relativos. Ustedes en este trabajo y en esta reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo no son nuevos; tampoco lo somos
nosotros. En el pasado incluso han presentado proposiciones de ley sobre aborto en términos similares a lo que hoy estamos acordando. Entiendo que estamos en el momento que estamos y también quiero mencionar que hemos sido muy ambiciosos
legislando sobre salud sexual y reproductiva, por lo que convendrán conmigo en que estamos haciendo una buena ley.



Coincido con el Grupo Vasco y con la mayoría de grupos en que lo primordial es la prevención. Alguna vez usted, señor Agirretxea, ha dicho que estaban convencidos de que había que cruzar el río. Ese cruce del río lo entiendo como apoyar y
trabajar conjuntamente en una buena regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo como hemos hecho, según mi sincera y modesta opinión. Al igual que creo que hemos hecho un buen trabajo, riguroso, sereno y serio.



Quiero manifestar a Convergència i Unió que nuestro objetivo es hacer una buena ley, fuera de sectarismos. Es una ley de salud que de forma especial atañe a la salud de las mujeres, por lo que recibimos con buena voluntad cualquier cuestión
que ayude a mejorarla.



En el Grupo Parlamentario Popular la mayoría de las enmiendas son de supresión o de intentar imponer un modelo que no es el que hoy estamos debatiendo. Hablan -o acusan- de la realidad sanitaria. Solo puedo decir que es paradójica esta
reivindicación pues evidentemente la comunidad autónoma del señor portavoz, Navarra, no es el ejemplo a seguir y en eso seguro que estamos de acuerdo la gran mayoría. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien, muy bien!) En cuanto a las
acusaciones de falta de consenso, miren, aquí hemos aceptado enmiendas de seis grupos más el mío, siete, sin sectarismos y con ganas de voluntad de trabajo como todos los grupos han manifestado. No voy a hablar de obstáculo a la maternidad ni de la
defensa de la vida pues sinceramente esto es algo que llega hasta a ofenderme. El Partido Socialista apoya la maternidad y la vida y, por favor, no sigan en esa línea argumental que creo que no está a la altura del debate político que estamos
haciendo. Un método anticonceptivo más o la desprotección de los menores. También saben ustedes que esa es una cuestión falsa, por tanto no nos vamos a enredar en ese debate que además de estar construido sobre una mentira es un debate falso. Y
la inconstitucionalidad. Bueno, es la eterna amenaza de judicializar la vida política buscando


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una legitimidad en los tribunales que no han conseguido en las urnas.



La señora PRESIDENTA: Señora Montón, termine.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Termino. También llevaron al Tribunal Constitucional otras leyes y, bueno, ahí están para el disfrute de todos, incluidos de aquellos que no las votaron. No conseguirán por nuestra parte un clima de crispación.
Aquí no nos estamos rigiendo por condicionamientos morales o religiosos sino por la bioética y la Constitución y por esos parámetros, entiendo, nos estamos rigiendo todos los grupos que trabajamos en la ley. Es una lástima que ustedes no estén a la
altura de otras derechas europeas como la alemana o la francesa, que sí apoyaron leyes similares a las que hoy pretendemos.



Termino, señora presidenta, diciendo que hoy tenemos una ley europea, equilibrada pues concilia el derecho de las mujeres dando a la vez mayor protección prenatal. Una ley consensuada gracias al esfuerzo de todos los grupos.



La señora PRESIDENTA: Señora Montón, su tiempo se ha terminado.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Una ley demandada por las organizaciones feministas y, en conclusión, un avance histórico para las mujeres de nuestro país, que se equiparan al resto de mujeres europeas.
(Aplausos.-Una señora diputada: Muy
bien.)


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, tiene la palabra por un máximo de cinco minutos y se cumplen.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora presidenta, para aclarar algunas cuestiones que no quedaron claras en la primera intervención. En primer lugar para decir que se acepta la transacción que se propone a la enmienda de Nafarroa Bai, su
única enmienda, y por tanto se votaría la transacción y no la enmienda de la señora Barkos. En segundo lugar aceptamos que nuestra enmienda 16 quede transaccionada con la transacción que se hace de las números 30, 31 y 42, porque se pretende
justamente eso, incluir lo más rápidamente posible en el sistema educativo lo que aquí se propone y además garantizar las competencias de las comunidades autónomas. En ese mismo sentido, señora presidenta, yo defendí en mi primera intervención
nuestra enmienda número 5; pero una vez repasadas todas las transacciones que se han hecho, entendemos que dicha enmienda 5 puede considerarse satisfecha también con la transacción que se hace a la enmienda 55, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida. Por tanto solo dejaríamos para votación nuestras enmiendas 8 y 14.



Para finalizar, he de mostrar nuestro agradecimiento -porque en Pleno no vamos a tener tiempo para poder hacerlo- a todos los grupos políticos, grupos parlamentarios que hemos trabajado en procurar que hoy o en el momento definitivo del
trámite parlamentario salga la mejor ley posible sobre educación sexual y reproductiva y afectiva, en el sentido de que todos los grupos que estuvimos en la dirección de aprobar esta ley pusimos toda nuestra voluntad a la hora de llegar a acuerdos y
por supuesto entendemos que aún podemos llegar a más antes del trámite final.
Para nosotros, el apoyo que damos a esta ley va, como decía al inicio de nuestra intervención, dentro de nuestra posición de superar situaciones hipócritas. Nosotros no
nos vamos a arrepentir en el futuro del voto afirmativo a esta ley para que se nos perdone.



Nosotros somos conscientes ahora y para el futuro de lo que estamos haciendo votando esta ley. Entendemos que la conciencia no tiene por qué arrepentirse si creemos que hacemos lo correcto. Desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos
qué estamos haciendo y en conciencia votamos favorablemente esta ley porque creemos que va a ser muy positivo para las mujeres, como lo fue en su momento la Ley de 1985 que evitó que siguieran muriendo mujeres como lo estaban haciendo hasta aquel
momento por malas prácticas abortivas. Por lo tanto, quiero decir que votamos sin ningún tipo de problemas que en el futuro nos requieran arrepentimiento, sobre todo porque no estamos dispuestos a mantener situaciones hipócritas.



La señora PRESIDENTA: Ha pedido también la palabra el señor Llamazares, son cinco minutos. Y esta vez son dos minutos y medio para cada uno.



El señor LLAMAZARES TRIGO: No vamos a repetir los argumentos de mi grupo parlamentario pero sí vamos a aclarar algunas cosas para que no quede en el 'Diario de Sesiones' ni el prejuicio, ni el mito, ni la insidia, ni la falsedad. Queremos
reconocer el derecho de cualquier grupo parlamentario a mantener las posiciones que quiera por razones políticas o morales, por las que sea. Pero, mantener una posición no significa degradar posiciones del contrario. En ese sentido, señorías, es
un mito lo que se está diciendo con respecto al incremento exponencial del aborto, es un mito, se lo vuelvo a decir. No tienen ustedes ningún dato en relación con el incremento del aborto en España y mucho menos en relación con el resto de la Unión
Europea. En términos de fertilidad se mantiene como en los años setenta. Es un mito también el coladero, no hay ni una sola sentencia, ni una sola sentencia que atribuya a nuestro sistema o a alguna de las clínicas de nuestro sistema que haya sido
un coladero. Por tanto, señorías, no sigamos utilizando prejuicios y mitos. Y es un mito también, señorías, y lo han dicho aquí con el nombre y los apellidos porque no lo encontrarán en la clasificación internacional de enfermedades, el denominado
síndrome post


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aborto. Es que hay una clasificación nueva, pueden ustedes acceder a ella en Internet, no existe en el ámbito internacional. Por tanto, no existe dentro de las enfermedades que clasifican en términos compartidos los Estados.



Señorías, en nuestra opinión no se puede atribuir y se ha hecho una referencia velada a que respondemos a los intereses espurios de determinadas clínicas, no se puede. Eso en nuestra opinión es inaceptable. Estamos legítimamente
representando los intereses de los ciudadanos, como lo hace el Partido Popular, y hablar de otras cosas es en nuestra opinión entrar en un camino de confrontación que no deseamos.
Por último, en relación con el acuerdo que ha tenido lugar con
respecto a la objeción de conciencia resulta que la Organización Médica Colegial y prácticamente todas las asociaciones consideran positivo que se legisle, pero el Partido Popular habla de listas Es que no aparece en el texto. No aparece en el
texto, no aparecen listas. Además, el hecho de que se comunique será tan secreto como deberían haberlo sido los nombres de las mujeres, que en general han sido secretos pero han sido vulnerados por algunos.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, dos minutos y medio.



El señor TARDÀ I COMA: Solamente para que no pueda haber confusiones quiero recordar que mantenemos vivas las enmiendas 18, 20, 21, 22, 23, 44, 45, 46 y 47; que mantenemos vivas también las enmiendas 56, 57 y 58 -esas tres últimas
referidas al Código Penal y las anteriores referidas a las 22 semanas-. E incorporamos otra enmienda como viva, antes no la hemos mencionado porque creíamos que podríamos llegar a un acuerdo respecto a la posibilidad de introducir la gratuidad en
colectivos vulnerables. Este era el redactado que pretendíamos que el Grupo Parlamentario Socialista incorporara en la transaccional a la enmienda 60 nuestra que es una adicional. De hecho, no tiramos la toalla y mantenemos viva la 60 -que antes
no la había mencionado- que creo que acabará colgando la posible transaccional que quizás espero que podamos todavía acordar.



La señora PRESIDENTA: Tienen la palabra el señor Cervera y la señora Moneo por un periodo de tiempo de dos minutos y medio cada uno.



El señor CERVERA SOTO: Solamente a los efectos de responder a una alusión personal que ha hecho la señora Montón. Señora Montón, dentro de este puzzle legislativo en el que se acaba de convertir esta ley por cómo han manejado ustedes las
enmiendas a última hora, no podía faltar efectivamente una alusión que usted ha hecho en términos ad hominem. Es algo que forma parte del estilo dialéctico habitual del Partido Socialista. Creo que es una alusión absolutamente improcedente. Estoy
aquí cumpliendo mi función constitucional de legislador igual que lo está haciendo usted, con independencia absoluta de cuál sea la región en la que yo nací o por la que he sido elegido como diputado. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!) Sin embargo, pero ya que trae usted esta argumentación al caso, me va a permitir que le diga en qué cosas creo que la comunidad de la que procedo es ejemplo. En primer lugar, es ejemplo de respeto a los profesionales. No ha habido ningún
Gobierno, de ningún partido político, que haya querido imponer a los profesionales la realización de los abortos, porque entre otras cosas los propios profesionales se respetan a sí mismos, lo cual creo que es encomiable. En segundo lugar, es
también ejemplo de cómo no se le niega a nadie ningún tipo de asistencia sanitaria que le sea debida, inclusive la correspondiente a estos casos. (La señora Hermosín Bono: En Andalucía.) Y, por último, es un ejemplo también de cómo nadie ha
pretendido nunca sustituir ni imponer nada en la voluntad a las propias mujeres. (La señora Hermosín Bono: Mandarlas fuera.-Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.



Señora Moneo.



La señora MONEO DÍEZ: Con toda brevedad, señora presidenta.



Evidentemente, señorías, esta no es la ley del Grupo Popular y además no tenemos ningún problema en reconocerlo y en decirlo bien alto, entre otras razones porque nos sentimos avalados por los más de 10 millones de españoles que nos votaron
a sabiendas de la postura que íbamos a defender en esta Cámara; ojalá que el Grupo Socialista pueda decir lo mismo en relación con sus votantes.



Señora Montón, ni la derecha alemana ni la francesa ni la italiana han votado una ley como esta, ninguna, y usted lo sabe, en primer lugar porque no hay ni una sola ley tan radical como esta salvo las que ustedes puedan encontrar en los
países de la Europa del Este. (Rumores.) Ustedes dicen que defienden la vida y la maternidad y, francamente, lo disimulan muy bien porque no hay ninguna referencia ni a la defensa de la vida ni a los derechos de las mujeres como madres, ninguna,
tan solo el aborto como un método anticonceptivo más. (Rumores.) Por último, la verdad es que eso de recurrir constantemente a judicializar la vida política...Mire, aquí los únicos que judicializan la vida política son ustedes que se empeñan en
aprobar leyes inconstitucionales para luego tener miedo a las sentencias constitucionales y, si no, les recuerdo el circo que están montando ustedes con el Estatuto de Cataluña. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a hacer un receso de diez minutos para poner en orden una votación que SS.SS. saben que es complicada; para que las letradas y yo misma, con los portavoces en el caso de que tengamos algún tipo de
duda, podamos poner orden, repito, en las votaciones. (Pausa.)


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Señorías, reanudamos la sesión. Vamos a proceder a las votaciones. Les pido a los portavoces de los grupos que extremen la atención puesto que estamos en una votación complicada. Vamos a proceder a la votación de las enmiendas que han
sido transadas y, por tanto, del conjunto de todas las transaccionales. Les pido a los grupos que comprueben el resultado de la votación de estas transaccionales. Vamos a votar como transadas la 116, la 117 con la 42, la 121, la 122, la 123, la
124 con la 54 y la 15, la 125, la 126 con la 55, la 127, la 94, la 17, la 25, la 29 con la 5, la 30 con la 31, la 32, la 34, la 37, la 40, la 42, la 46 con la 47, la 49, la 60 y la 63.



A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a hacer votación separada de la transaccional 94. La enmienda 94 está referida al artículo 11, primer párrafo. Se inicia la votación de la transada 94.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Votamos el resto de las enmiendas transaccionales que antes he procedido a su lectura y en bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobadas.



Pasamos ahora a las enmiendas que mantienen vivas los grupos. Iniciamos la votación de las que se mantienen por parte del Grupo Mixto que son la 8 y la 14. Señora Fernández Davila, si no tiene inconveniente, las votamos conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas que mantiene vivas el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que son las siguientes: de manera agrupada la 18, 20 a 23, 19, 24 a 28, 44, 45 y 48; y el resto de las enmiendas.
Vamos a proceder a votarlas de manera separada. Enmiendas 18 y 20 a 23.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmienda número 19.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos ahora las enmiendas de este grupo.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas 44, 45 y 48.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos el resto de las enmiendas que se mantienen vivas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Pasamos ahora a votar las enmiendas que se mantienen vivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votamos la enmienda 88 que se mantiene viva.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos ahora la enmienda número 89.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos la enmienda 96.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (La señora Moneo Díez pide la palabra.) Señora Moneo.



La señora MONEO DÍEZ: Señora presidenta, habíamos pedido también votación separada de la enmienda 95, de Convergència i Unió.



La señora PRESIDENTA: La votamos ahora. Enmienda número 95.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos las enmiendas 102, 103 y 104.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos ahora la enmienda 112.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (La señora Moneo Díez pide la palabra.) Señora Moneo.



La señora MONEO DÍEZ: Señora presidenta, la enmienda 99 estaba pendiente de votar separadamente.



La señora PRESIDENTA: Es verdad, nos la hemos saltado al votar la 95, que usted pedía.



Votamos ahora la enmienda 114.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Vamos a votar la enmienda 99.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos las enmiendas 91 y 92.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos ahora las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, de la 64 a la 87. Votamos en bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Señorías, pasamos ahora a votar el texto del proyecto con las modificaciones propuestas por la ponencia y que han sido objeto de las transformaciones resultantes de las votaciones parciales de las enmiendas que se mantenían.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)


Señorías, les recuerdo de los grupos parlamentarios que el plazo para comunicar los votos particulares y las enmiendas que habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no se hayan incorporado al dictamen y que se pretendan mantener para el
Pleno finaliza el lunes 14 a las dos de la tarde.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.