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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 443, de 02/12/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 443
CIENCIA E INNOVACIÓN
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 2 de diciembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el Instituto Volcanológico de Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000103.) ... (Página 2)
- Sobre modificación temporal del régimen de deducciones aplicables a las actividades de I+D+i y a actividades TIC, con el fin de avanzar el pago de las mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número
de expediente 161/000966.) ... (Página 5)
- Relativa a incentivos fiscales a la I+D+i. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001180.) ... (Página 9)
- Relativa a la construcción de un E-ELT en la isla de La Palma.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001365.) ... (Página 13)
- Sobre medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación del personal investigador. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente
161/000217.) ... (Página 16)
- Relativa a la cooperación científica al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001367.) ...
(Página 20)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000103.)
La señora PRESIDENTA: Si les parece, y antes de que empiece a haber mayor dispersión, sería interesante y absolutamente obligado, por otra parte, que tomemos asiento y que podamos empezar el desarrollo de esta Comisión.
Observo con
sorpresa que en este momento hay menos diputados que hace dos minutos. (Risas.) Tengo que decir como cuestión previa, en primer lugar que, hoy tenemos un día especialmente complicado; han sido muchos los portavoces y los diputados que nos han
manifestado, yo creo que prácticamente a todos los presidentes, las dificultades materiales de hacer coincidir el tiempo y el espacio, porque siendo miembros de varias comisiones confluyen todas en el mismo tiempo y es una verdadera complicación.
En ese sentido esta mañana hemos hecho algunos contactos y finalmente se había establecido como criterio, por otra parte que es el lógico, mantener el orden del día que habíamos comunicado en la correspondiente convocatoria. En todo caso ahora
mismo se lo acabo de decir a uno de los portavoces especialmente afectado al respecto, recibo una comunicación del portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en el sentido de que el señor
Llamazares -el punto número 2 corresponde a ese grupo y personalmente a él- pide en este momento si se puede posponer hasta que sea factible su presencia el debate de su punto del orden del día, el 2.º. Después de todo lo que hemos comentado, en el
momento en que se produzca la presencia del señor Llamazares lo abordaremos. Hay que comprender la limitación numérica que tienen los grupos minoritarios, y entonces lo dejamos de esta forma. El resto de los puntos del orden del día vamos a
abordarlos en los términos en que están establecidos. Y por supuesto, entendiendo que todos ustedes además han recibido también -y si no, están a disposición de los miembros de la Comisión- las enmiendas que en tiempo y forma se han presentado para
las distintas iniciativas.
Dicho esto, también quiero hacer un comentario respecto a la previsión de la hora de votación, porque ocurre exactamente lo que comentábamos antes, la necesidad de que algunos miembros tengan que estar presentes en momentos distintos en
comisiones diferentes. La previsión en tiempo, y siguiendo el criterio que ya establecimos en la reunión de portavoces que celebramos para la preparación de esta Comisión, vamos a limitar el tiempo reduciéndolo a la mitad, y por tanto el cálculo
aproximado sería que en torno a las siete y media podía producirse la votación. Lo digo simplemente a efectos de que por parte de los grupos puedan organizarse.
Si terminásemos un poco antes, esperaríamos diez minutos o lo que fuese necesario para
producir la votación, y si fuese posteriormente lo haríamos en el momento.
Hechas estas consideraciones vamos a proceder al debate de los puntos del orden del día. En primer lugar, corresponde a la iniciativa, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre el Instituto Volcanológico
de Canarias. Tiene la palabra para hacer la presentación de su proposición el señor Perestelo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Cinco minutos.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Estamos hablando de una iniciativa parlamentaria presentada el 16 de mayo de 2008, es decir hace ya año y medio que presentamos esta iniciativa, justo al comienzo de esta legislatura. En aquel momento
Coalición Canaria decía que el riesgo volcánico en España se delimita a todo el archipiélago canario fundamentalmente, y ello está refrendado por ser la única parte del territorio nacional que ha experimentado erupciones volcánicas durante los
últimos quinientos años. En el pasado siglo XX ocurrieron tres erupciones, y la última tuvo lugar hace treinta y ocho años, la erupción del volcán Teneguía en La Palma. Por tanto el riesgo volcánico es riesgo natural, bandera de la comunidad que
nos diferencia del resto del territorio del Estado. Esta realidad debe impulsar, como no podía ser de otra manera, la apuesta conjunta de todas las administraciones para materializar las acciones pertinentes para contribuir a la reducción del
riesgo volcánico en Canarias.
Las recientes crisis sismovolcánicas han puesto en evidencia ante la ciudadanía y sus responsables públicos las debilidades y sus correspondientes amenazas en las que se encuentra nuestra sociedad, por no haber materializado todos los
esfuerzos necesarios para contribuir a la reducción del riesgo volcánico, muchos de ellos recomendados por la comunidad científica y política internacional a raíz del decenio para la reducción de los desastres naturales 1990-1999 impulsado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Esta crisis también fue de utilidad para detectar dónde se encuentran nuestras fortalezas, y por ende dónde debemos encontrar nuestras oportunidades para afianzar los esfuerzos que una parte de la
sociedad ya está realizando para contribuir a la reducción del riesgo volcánico en Canarias.
La creación del Instituto Volcanológico de Canarias como un organismo autónomo dependiente de las tres administraciones públicas con mayores competencias en protección civil frente a una posible crisis volcánica en las islas Canarias
(Administración General del Estado, Gobierno de Canarias y cabildos insulares), debe ser una de las herramientas y pilares básicos para coordinar todas las acciones científico-técnicas destinadas a la reducción del riesgo volcánico en Canarias, así
como para minimizar todos los problemas y amenazas que en la actualidad ocurren como consecuencia de la descoordinación existente en esta materia y que está afectando a todos los planes de emergencia ante riesgo volcánico.
Argumentos que fueron
llevados por Coalición Canaria en su día, por nuestro grupo parlamentario en el Senado, a través de una moción que se debatió en octubre de 2005. Como resultado de esa iniciativa el Senado, por unanimidad, aprobó una enmienda transaccional que
expresaba la necesidad de la creación urgente e inaplazable del Instituto Volcanológico de Canarias como un ente autónomo participado por todas las administraciones públicas con competencias en protección civil ante riesgo volcánico, así como, si lo
deseaban, las universidades públicas en Canarias.
Posteriormente a la iniciativa presentada por Coalición Canaria, como digo, en mayo de 2008 en esta Cámara se ha producido el 21 de octubre de 2009, una interpelación también de Coalición Canaria en el Pleno del Senado, defendida por el
senador Belda Quintana, y por tanto en esa interpelación hay una respuesta de la ministra que plantea como un compromiso del Gobierno el primer semestre del próximo año 2010 para poner en marcha este instituto en Canarias. Por eso entenderán sus
señorías que hemos cambiado la parte dispositiva de nuestra proposición no de ley, y nos hemos autoenmendado en el sentido de dar cobertura a los acontecimientos que se han producido con posterioridad a la fecha de presentación de la proposición no
de ley. Por eso hemos dicho que el primer punto quedaría: La creación del Instituto Volcanológico de Canarias como un ente autónomo participado por todas las administraciones públicas con competencias en protección civil ante riesgo volcánico, así
como, si lo desean, las universidades públicas de Canarias, dando cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad por el Senado el pasado 4 de noviembre; moción aprobada el 4 de noviembre, consecuencia, como digo, de la interpelación planteada el
21 de octubre a la ministra Garmendia.
Dos: La puesta en funcionamiento del instituto a partir del primer semestre de 2010, en línea con lo acordado por el Consejo de Ministros, el 9 de octubre de 2009, y lo manifestado en el Senado por la ministra de Ciencia e Innovación el 21
de octubre de 2009. Es decir, entrar ya en los detalles de las competencias y el ámbito de actuación del instituto es innecesario después del proceso que les he relatado, junto a otras acciones que se han desarrollado en los últimos años tanto por
el Gobierno de Canarias como por la Administración General del Estado y otros entes en Canarias.
Por eso entenderán, señorías, que hemos planteado un acuerdo mucho más simple, mucho más sencillo, que no es más que la manifestación de esta Cámara en el sentido de aprobar, de apoyar al Gobierno en su compromiso de poner en marcha este
instituto volcanológico en Canarias.
La señora PRESIDENTA: Señor Perestelo, ha sido perfecto en el ajuste del tiempo. Ha hecho exposición de su iniciativa con la autoenmienda que todos conocen.
Pasamos entonces a la formulación de posición por parte del resto de los grupos que no han presentado enmiendas. En primer lugar tiene la palabra, si así lo considera, por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Seré muy breve, únicamente para apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que sobre todo entendemos que responde también al cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el
Senado en el año 2005. Por tanto, nuestro grupo parlamentario apoyará esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: También intervengo muy brevemente para anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley presentada por Coalición Canaria. Nosotros apoyamos tanto los motivos que justifican la
proposición no de ley como apoyamos plenamente su contenido, en los términos de la autoenmienda que ha presentado el señor Perestelo y que lógicamente se ha aceptado a sí mismo. Solamente quiero decirles, señorías, que para los canarios la lava
vertida por nuestros volcanes, al igual que el mar o el océano forma parte esencial de nuestro hábitat natural, de nuestra historia, de nuestro paisaje; y quizá los malpaíses formados por la lava al enfriarse, en muchas ocasiones ganando metros al
mar, sean la parte de nuestro paisaje que tenemos más interiorizada; convivimos de forma natural con los volcanes, y además nos gusta. Pero
eso no nos impide ser conscientes de la necesidad de estar preparados para minimizar los efectos si un día lo que hoy es un riesgo se vuelve a convertir en realidad. Como ha dicho el señor Perestelo, tan solo fue hace treinta y ocho años
cuando tuvimos la última erupción en Canarias, la del volcán Teneguía en la isla de La Palma, y hace pocos días, el 18 de noviembre, celebramos el centenario de la erupción del último volcán en Tenerife, que es el volcán Chinyero. Y hace cinco años
también tuvimos cierta actividad en el interior de la tierra, que nos creó bastante preocupación y además puso en evidencia muchas de las debilidades con respecto a detectar y acometer o a tener protocolos que minimicen esos riesgos. Por eso
creemos conveniente y necesario la creación de un organismo que invierta directamente y se responsabilice de los más avanzados medios de detección de la actividad volcánica y que elabore los mejores protocolos y lleve a cabo todas las acciones
dirigidas a coordinar todas las medidas destinadas a reducir y, como se ha dicho, a minimizar los efectos de nuevas erupciones.
Creemos que la enmienda presentada, al fijar un plazo en el primer semestre de 2010, es conveniente y oportuna. Pero no queremos, señorías, y quiero que así conste en el 'Diario de Sesiones', que esta sea una resolución más de las que se
aprueban en las Cortes Generales y que luego el Gobierno no cumple. El Grupo Parlamentario Socialista, al parecer también va a apoyar esta proposición no de ley; ya lo hizo en el Senado, como ha recordado el señor Perestelo, en octubre de 2005, es
decir hace cuatro años, y todavía no se ha puesto en funcionamiento el instituto volcanológico. Sabemos que hay un problema: no existe esta partida presupuestaria en los Presupuestos Generales de 2010, pero yo creo que desde el Grupo Parlamentario
Socialista se debe también forzar al Gobierno para que esta resolución que ha sido aprobada hace cuatro años en el Senado y hoy, posiblemente en el día de hoy por el Congreso de los Diputados se cumpla. Nosotros así estaremos al tanto y así lo
exigiremos al Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el diputado señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, estamos ante un tema que no es un tema baladí: Canarias es la única zona del Estado español de origen volcánico, de naturaleza volcánica y con un elevado índice de riesgo volcánico. Hoy los volcanólogos
son conscientes del riesgo de erupción volcánica que existe en Canarias. Luego el debate en el que nos encontramos no es un debate trivial, es un debate vinculado esencialmente a la supervivencia, a la defensa del bien material y del bien humano en
una comunidad que son siete islas en pleno Atlántico, que no pueden recibir apoyo ante una emergencia natural de la comunidad vecina, geográficamente vecina. De ahí la importancia de la autonomía en la gestión de la investigación, del desarrollo de
esa investigación, de la potenciación de la misma y de la proyección en materia de protección civil.
Permítanme una licencia personal: en una anterior responsabilidad institucional que ostenté en los cuatro años de la legislatura pasada, los datos sismológicos ponían de manifiesto que el Teide, que es un volcán cuya última erupción tuvo
lugar hace aproximadamente cien años, tiene un volcanismo activo que le caracteriza y un volcanismo, desde luego, que requiere que los estudios predictivos que se lleven a cabo sobre él se pongan al servicio de las instituciones públicas para que,
en el caso de un fenómeno natural, las instituciones dispongan de los instrumentos adecuados con la antelación suficiente para producir la defensa de la naturaleza, pero por encima de todo de los seres vivos que se puedan ver sometidos a riesgo.
Conscientes de ese tema, ya en los últimos meses del Gobierno presidido por don Felipe González, a finales de 1995 y comienzos de 1996, en el Boletín Oficial del Estado se dictó una directriz básica de planificación de protección civil ante el
riesgo volcánico; se era consciente del riesgo que específicamente podía experimentar cada una de las islas canarias en esta materia. Y se marcó una ruta de trabajo. Y esa proposición no de ley que estamos debatiendo y las intervenciones de los
restantes intervinientes ponen de manifiesto esa preocupación; y hay que continuarla. Esa directriz describe y delimita que la única zona del territorio nacional expuesta al peligro volcánico la constituye la Comunidad Autónoma de Canarias; que
hay evidencias claras de que esa realidad deriva del hecho de que las islas Canarias constituyen la única parte del territorio nacional que ha experimentado erupciones volcánicas durante el periodo histórico de medio milenio, los últimos quinientos
años. Se han llegado a producir en quinientos años más de veinticinco erupciones volcánicas, y en los cien últimos años tres importantes erupciones volcánicas. Los que ya somos maduritos hemos presenciado una impactante, que fue en la isla de La
Palma, a comienzos de la década de los setenta, la erupción del volcán Teneguía. No estamos hablando, pues, de un volcanismo muerto, semiactivo; no, de un volcanismo activo. Además de esa realidad geológica clara y de los riesgos que conlleva, el
volcán Teide en las islas Canarias, específicamente en la isla de Tenerife, constituye uno de los dieciseis volcanes del planeta Tierra que ha sido identificado por la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra como
volcán de la década, dada su larga historia eruptiva y proximidad a zonas densamente pobladas a raíz de la declaración que se ha producido en la Asamblea General de Naciones Unidas para el decenio para la reducción de los desastres naturales, que
fue el decenio pasado. Es decir, la ONU, a través de un organismo especializado, alertó y le dio una calificación pertinente, fruto de los estudios correspondientes, al Teide.
En consecuencia, señorías, y a pesar de que Canarias se encuentra expuesta a diversos riesgos naturales, el
riesgo volcánico es el riesgo natural específico clave de la comunidad canaria, el que marca la diferencia con el resto del territorio nacional.
En la actualidad la realidad social y económica de Canarias, con dos millones de habitantes y
diez millones de visitantes anuales, es muy diferente a la existente o a la que existía cuando ocurrieron las últimas erupciones en Canarias, a las que he hecho referencia, hace unos cuarenta años aproximadamente. Esta realidad nos permite afirmar
sin duda alguna que el riesgo volcánico en Canarias en la actualidad es mucho mayor que el registrado, el que se ha producido cuarenta o cincuenta años atrás.
Durante muchísimos años, y esto es importante dejarlo reflejado en el 'Diario de
Sesiones' del Congreso de los Diputados, entre otras cosas para dignificar el acuerdo que aquí adoptemos, la comunidad científica española ha solicitado y expresado la necesidad de la puesta en marcha de un organismo destinado al avance y desarrollo
de la volcanología -los maduritos decíamos vulcanología, que era como nos formaron al comienzo del bachillerato, volcanología es la terminología actual según los científicos-, y desde luego es necesaria la mejora de la gestión del riesgo volcánico
en nuestro país, y es necesario coordinar todos los esfuerzos de la Administración para la reducción del riesgo volcánico en España. Ya desde el año 1911 -eso está en la bibliografía científica nacional- el profesor Lucas Fernández Navarro,
catedrático de la Universidad de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, manifestaba que la creación de un organismo de esta naturaleza en Tenerife era una deuda de honor nacional, un crimen de lesa ciencia y un sonrojo.
Ha pasado un siglo, y tengo que afirmar, responsabilizándome de la terminología que voy a utilizar, que determinados lobbies científicos han impedido la creación de ese instituto volcanológico donde debe estar, donde debe llevarse a cabo la
investigación directa y donde debe estar sacándose las conclusiones y poniéndolas a disposición de las autoridades pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que vaya terminando su intervención.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí. El tema es de una relevancia excepcional. Si me permite dos minutillos más, señora presidenta, tengo que poner de manifiesto.
La señora PRESIDENTA: Lo dejamos en uno.
El señor SEGURA CLAVELL: El tema lo merece, ¿no? Decía que tengo que poner de manifiesto que a raíz de la experiencia que supuso para la Administración pública en Canarias, en su conjunto, la crisis sismovolcánica que se produjo en
Tenerife en el año 2004, a la que hice referencia al comienzo de mi intervención, en la pasada legislatura todos los grupos parlamentarios representados en el Senado español, como aquí se ha dicho, y en el Parlamento de Canarias y en todas las
instituciones locales, cabildos insulares y ayuntamientos, han manifestado de forma unánime la necesidad de la creación urgente e inaplazable de este instituto. Se han hecho muchos estudios recientemente, y ha llegado el momento imperioso para que
se cree el organismo correspondiente.
Y a mí me consta, señora presidenta y señoras y señores diputados, que es voluntad del presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, impulsar las medidas que conduzcan a la creación de un órgano en la línea que venimos
demandando. Y así, en el Consejo de Ministros extraordinario.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que vaya concluyendo, por la equidad entre todos los portavoces.
El señor SEGURA CLAVELL: ...monográfico, celebrado en Canarias, presidido por el presidente del Gobierno, al que asistieron todos los miembros del Gobierno, se adoptó el acuerdo de la creación de un ente de estas características, tal como
se publicó. Hay muchas declaraciones institucionales, muchos acuerdos en el Senado, y este yo diría que es quizás el primero que se adopta en el Congreso. Y a pesar de la relevancia del tema y del encorsetamiento del tiempo que lleva la vida
parlamentaria, que consiguientemente empobrece desde luego el debate en un tema de salvaguardia de los intereses humanos en una comunidad necesitada de un ente de asesoramiento de estas características, es por lo que el Grupo Parlamentario
Socialista desde luego va a votar en su integridad la propuesta de resolución que ha planteado el diputado señor Perestelo.
La señora PRESIDENTA: Le agradezco también el esfuerzo de síntesis. Fue un acuerdo de portavoces para tratar, esta tarde, de debatir un número importante de proposiciones no de ley.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, fuera del orden del día, ¿una broma de diez segundos?
La señora PRESIDENTA: No, señor Segura, vamos a continuar. No tenga ninguna duda, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Cuando se produzca una erupción correremos tanto como podamos.
- SOBRE MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL RÉGIMEN DE DEDUCCIONES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE I+D+I Y A ACTIVIDADES TIC, CON EL FIN DE AVANZAR EL PAGO DE LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número
de expediente 161/000966.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición, que como he hecho referencia al inicio del
orden del día, es la correspondiente a la presentada por el señor Llamazares; desde la cortesía parlamentaria vamos a atender su petición y vamos a dejarla encima de la mesa. Pasaríamos entonces a debatir la proposición presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán sobre modificación temporal del régimen de deducciones aplicables a las actividades de I+D+i y a las actividades TIC, con el fin de avanzar el pago de las mismas. Para la presentación de su iniciativa tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Nuestro grupo parlamentario hace ya unos meses presentó esta proposición no de ley con el fin de modificar temporalmente el régimen de deducciones aplicables a las actividades de I+D+i y a las actividades TIC, con el
fin de avanzar el pago de las mismas. Este era el objetivo principal y el sentido de nuestra proposición no de ley.
¿Por qué, por qué lo presentamos? Porque entendíamos que el marco fiscal favorable que regulan los artículos 35 y 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años han permitido que muchas empresas, sobre todo pymes, hayan
realizado inversiones cuantiosas, importantes, significativas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. También han permitido el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero estas
inversiones también han implicado una organización, unas estructuras y unas inversiones a nivel interno importantes en el contexto empresarial.
Nos encontramos hoy en un contexto de crisis económica más o menos intensa, esperemos que menos intensa
respecto a hace unos meses, pero crisis sí, que ha hecho que muchas de estas empresas se hayan visto sometidas a fuertes tensiones de tesorería, y todo ello ha implicado también una falta de liquidez en el tejido productivo. ¿Qué ha provocado todo
ello? Una reducción, drástica en muchos casos, de los planes de inversión en I+D+i o en los planes de inversión para el fomento de las TIC, porque la prioridad era la supervivencia de muchas de estas empresas y tenían que afrontar las restricciones
crediticias que han afectado al tejido productivo en general de manera muy importante.
Esta misma crisis en la que nos encontramos, esta falta de liquidez y las restricciones crediticias que han impactado y están impactando en gran parte del tejido productivo, y al mismo tiempo la necesidad de transformación de nuestro tejido
productivo que entendemos que es una transformación que pasa por la apuesta y por la inversión en investigación, en desarrollo y en innovación, que han de ser las claves de la competitividad de nuestro tejido y de nuestras empresas, nos obliga a
presentar esta proposición no de ley, nos obliga a activar nuevos mecanismos, en este caso fiscales, que permitan a las empresas continuar y activar o reactivar las inversiones en I+D+i. Decía que la crisis actual, y sobre todo su tono más
financiero, ha sido muy grave e impactante en nuestro tejido productivo, y también les decía que la transformación de nuestra estructura económica, en nuestro grupo parlamentario entendemos y estamos convencidos de que pasa por la investigación y
por la innovación. Buscando modelos de referencia para activar estas medidas de inversión y de reactivación de la inversión en investigación y en innovación, encontramos que Francia había apostado por un modelo que entendíamos muy productivo, muy
significativo y beneficioso para el tejido productivo, para aquel tejido productivo formado especialmente por las pequeñas y medianas empresas, que son las que más dificultad tienen, las que más han sufrido la crisis y las que más se han visto
obligadas a reducir estas inversiones en innovación, que al mismo tiempo son claves en su competitividad, pero que no han podido tener una prioridad absoluta. Para estas empresas el modelo francés ha consistido en avanzar y acelerar el sistema de
aplicación de las deducciones de I+D+i en su impuesto de sociedades. Y entendíamos que este modelo ha sido positivo, y que por tanto podía ser importado al contexto de la economía española. Es más, el Gobierno francés ha puesto en marcha esta
medida de devolución con carácter de inmediatez, ha puesto en marcha una medida para la que la devolución sea inmediata, tanto la de los ejercicios anteriores como la estimación de los ejercicios futuros, ya que hasta ahora, hasta hace pocos meses,
la restitución se hacía efectiva al cabo de un periodo de tiempo de tres años. En consecuencia, se ha impulsado aún más esta medida fiscal.
Dicho esto, adaptado al contexto español, la reforma introducida por el Gobierno francés desde el mes de enero de 2009 pasa por la eliminación de los topes a las deducciones de I+D+i y a las TIC, los artículos 35 y 36, en la cuota íntegra
que prevé el actual artículo 44.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como el pago de los importes deducibles no aplicados en los tres últimos ejercicios y la estimación del importe del ejercicio en curso, prorrogable para 2009, 2010 y 2011
por el Estado. A priori esta medida dará liquidez, dará esta liquidez necesaria que precisan muchas empresas, muchas pymes innovadoras. Además permitirá que una gran parte de ellas se imputen gran parte del negativo que arrastran derivado de sus
actividades de I+D+i. ¿Con ello qué se permite? Se permite que las empresas innovadoras se beneficien inmediatamente de las deducciones fiscales por actividades de investigación, desarrollo e innovación y por actividades TIC, que hagan o hayan
hecho en los últimos años, sin tener que esperar a que pase la crisis, que vengan años mejores y que la empresa vuelva a conseguir beneficios.
Quisiera exponer también algunas cifras al respecto, muy significativas, cifras fruto de un análisis y de unas estimaciones que hemos elaborado.
Recogiendo cifras sobre el número de empresas que consignan la deducción por actividades en
investigación, desarrollo e innovación tecnológica y el número de empresas que la utilizan, vemos que los porcentajes de empresas que pueden aprovecharse de la deducción porque tienen cuota o beneficios está alrededor de un 60 por ciento. Y este 60
por ciento, en mayor o menor intensidad, se mueve desde el año 2004 a 2009. Sobre estas cifras reales hemos de
tener en cuenta que una medida fiscal como la que presentamos tendría un efecto arrastre muy positivo; tendría un efecto arrastre en aquellas empresas que hoy no están utilizando los incentivos y que gracias a esta medida se podrían activar
para utilizarlos.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Estoy terminando, señora presidenta. Para demostrar el efecto arrastre que puede tener una medida como la que nosotros hemos presentado, les podría comentar una noticia en la que se ponía de manifiesto que,
volviendo al referente de Francia, el presupuesto de deducción en Francia ha aumentado de 1.649 millones de euros en 2007 a una previsión de 4.133 millones de euros para el ejercicio fiscal 2008. Por tanto, entendemos también que el efecto arrastre
hacia otras empresas que hoy no utilizan este instrumento o estos incentivos sería del todo beneficiosa para nuestro tejido productivo.
Último dato que pongo encima de la mesa y que también es necesario considerar: hay un documento de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas en el que se permite la integración fiscal europea, esto supone que los grupos de empresas
podrán escoger la fiscalidad de sus filiales en función de la ubicación de la matriz. Este es un elemento que entendemos que también demuestra la bondad de la medida que hemos presentado, porque en caso contrario sería perder competitividad en este
sentido. Defendemos esta medida, hemos presentado esta proposición no de ley en los términos que sus señorías tienen y pueden leer en nuestra exposición de motivos, y esperamos también que los grupos parlamentarios apuesten también por una medida
que entendemos que no solo es necesaria en este entorno crítico económicamente, porque lo necesitan las empresas, sino que es necesario si tenemos y queremos apostar por un tejido productivo, especialmente el de pymes, que apueste por la innovación
y por la investigación, que son las claves de la competitividad y de la solidez de nuestro crecimiento.
La señora PRESIDENTA: A la iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda, y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: No quiero, antes de referirme a esta PNL, dejar de aprovechar la ocasión de esta que yo creo que es mi primera intervención en la sala Roca i Junyent de rendir homenaje al que fue por tantos años portavoz de la
Minoría Catalana, de Convergència i Unió, líder del Partido Reformista Democrático y candidato a la Presidencia del Gobierno, y uno de los políticos más insignes y ponente, como es por todos sabido, de la elaboración de la vigente Constitución
Española.
Puestos ya en el tema, y antes de explicar el sentido de nuestra enmienda, quiero hacer dos consideraciones muy breves. La primera sobre la enorme oportunidad de esta proposición no de ley que presenta el grupo de Convergència i Unió. Es
evidente que ocurren en este momento dos circunstancias. Una, que la situación de crisis económica, entre otros muchos efectos, está dejando a nuestras empresas sin bases imponibles, y por tanto sin cuotas sobre las que compensar los incentivos a
la I+D.
Esto se refleja con enorme claridad en las estadísticas disponibles, incluso en los Presupuestos Generales del Estado, en la documentación que acompañaba a los presupuestos presentados, donde se advierte con absoluta precisión cómo el gasto
fiscal derivado de esta deducción disminuye drásticamente año tras año por la imposibilidad de las empresas de practicar la deducción. El segundo es que, como es también por todos sabido, el incremento del gasto en I+D en España, del gasto agregado
en I+D en España no ha sido armónico, no ha sido razonablemente equilibrado entre el gasto público y el gasto privado. Los últimos datos de los que disponemos, referidos al año 2008, nos demuestran una vez más cómo el esfuerzo en inversión en gasto
público ha ido en detrimento del incremento en inversión privada. Es decir, se está produciendo, en contra de lo que se pretende, que es un arrastre del sector privado a través de la inversión pública, es una sustitución en la cual las empresas
españolas, aunque en términos absolutos invierten más en I+D, en términos relativos ocupan cada vez una parte menor de la financiación de la I+D española. Éste es el entorno que justifica la oportunidad de la propuesta.
En torno al contenido concreto de la propuesta, está absolutamente justificado, se ha explicado muy claramente por la portavoz, y yo me atrevo a hacer hincapié en un dato adicional y evidente, el cambio absoluto del entorno europeo de
incentivos a la I+D. Es evidente que nos movemos en un ámbito de integración económica donde las diferencias de tratamiento de los comportamientos económicos, en este caso las diferencias de tratamiento de los incentivos fiscales a la investigación
y al desarrollo, provocan con enorme rapidez deslocalizaciones de inversiones y traslados de inversiones de unos países a otros. Pues bien, en este momento Irlanda tiene aprobadas medidas de reembolso, distribuyendo los créditos pendientes de
compensación en tres años; Francia con carácter estructural siempre permite el reembolso de la deducción transcurridos tres años de no haber podido ser compensados, pero con carácter coyuntural ha permitido una devolución inmediata de los tres
últimos ejercicios no compensados. Fuera del entorno de la Unión Europea, Canadá permite el reembolso absoluto de las deducciones no practicadas, no compensables; o dentro de la Unión Europea de nuevo, el Reino Unido permite a todas las pequeñas y
medianas empresas en pérdidas compensar íntegramente las deducciones no practicadas por inversiones en I+D. Es decir, en nuestro entorno se están generalizando los modelos de cashback, de reembolso de las deducciones no practicadas.
Por otro lado, lo que es el primer punto de la proposición también tiene todo el sentido. Es decir, los límites, los muy exigentes límites que en nuestra legislación del impuesto sobre sociedades se establecen están absolutamente fuera de
la norma establecida con carácter general dentro de los países de la OCDE. Y eso explica también por qué la deducción practicada es tan pequeña en la práctica. Es más, incluso dentro del territorio nacional en este momento las haciendas forales
del País Vasco permiten -cosa que también, crea o puede crear algunas distorsiones-, aplicar la deducción sin límites en la cuota. Por lo cual resulta procedente extender este régimen más beneficioso al conjunto del territorio nacional. En
consecuencia, nuestro total acuerdo, insisto, tanto con el momento como con el contenido de la proposición no de ley de Convergència i Unió.
El sentido de nuestra enmienda es muy concreto y es de carácter técnico, simplemente por dos razones. Primero, porque el tiempo transcurrido entre la presentación, el registro de la PNL, y el debate hoy ha hecho que haya un ejercicio fiscal
cerrado adicional a los que están indicados en el texto, y por lo tanto no tendría mucho sentido que aplicásemos una PNL que dejase en el limbo el último ejercicio fiscal. Por otro lado, esto en todo caso no es trascendente, precisamente porque al
estar inspirado en la medida que ha aprobado el Gobierno francés se hace referencia a los cinco años, desde nuestro punto de vista en España sería más razonable ajustar el reembolso a lo que es el periodo ordinario de prescripción de cinco años. El
sentido de nuestra enmienda simplemente tiene por objeto extender el reembolso a las deducciones practicadas en los cinco últimos años que no hayan podido ser compensadas con cuotas positivas, y por otro lado actualizar temporalmente el sentido de
la medida a los cinco últimos ejercicios fiscales cerrados.
Esta es una medida absolutamente necesaria y que por último, y con esto termino, presidenta, para tratar de ajustarme a sus indicaciones, contrasta enormemente con las medidas propuestas por el Gobierno en la ley o en el anteproyecto de ley
llamado de economía sostenible. Es decir, no es posible abordar la necesidad coyuntural de dar un impulso adicional a la I+D en España, proponiendo como se hace en el texto que hemos conocido recientemente, una medida que, al margen de su
contenido, que por otro lado es muy menor, luego tendremos probablemente ocasión de volver sobre él, se propone que tenga efecto para los periodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de la ley. Es decir, estamos hablando de un
anteproyecto de ley que en el mejor de los casos verá la luz el año próximo, 2010, los ejercicios cerrados en el año siguiente al de aprobación, estamos hablando de 2011, que será declarado por las empresas, en su caso, en 2012 y que, en su caso,
abrirá créditos a compensar en los quince años siguientes. Es evidente que una medida de estas características, al margen de que su contenido, insisto, es bastante insignificante en términos cuantitativos, pero incluso aunque fuese mucho más
ambicioso es intrascendente en términos coyunturales por la enorme demora temporal que propone, y que contrasta enormemente con la celeridad y la oportunidad de la PNL que ahora estamos debatiendo.
La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno a los grupos no enmendantes, y por ello por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: En esta Comisión de Ciencia e Innovación se han presentado dos proposiciones no de ley por los grupos Catalán y Popular, esta que estamos ahora debatiendo y la siguiente a debatir sobre incentivos fiscales a la
I+D+i. Quisiera dejar constancia, en primer lugar, de la opinión de nuestro grupo sobre la improcedencia de que se debatan en la Comisión de Ciencia e Innovación propuestas de índole fiscal. Parece más apropiado que sean debatidas en la Comisión de
Economía y Hacienda, como así ocurre por ejemplo con las medidas fiscales a la vivienda.
Una vez dicho esto, voy a hacer una reflexión sobre la conveniencia del consenso en políticas de apoyo a la I+D+i por parte de los diferentes grupos. Estoy seguro de que todos los portavoces y miembros de esta Comisión y los grupos a los
que representan estamos de acuerdo en la necesidad de cambiar, de modernizar el modelo productivo de España; estoy convencido de que compartimos el objetivo de hacer de España un país con una economía más productiva, más competitiva, que genere más
valor y más y mejor empleo. Desde luego el Gobierno socialista y el Grupo Socialista tienen ese objetivo en el frontispicio de sus políticas. También estoy seguro de que todos los miembros de esta Comisión compartimos la idea de la importancia
clave de la I+D+i para propiciar ese cambio de modelo, y desearía que fuéramos capaces de alcanzar consensos en esta materia para avanzar en la modernización de la economía española. Construyamos entre todos un modelo económico más eficaz,
eficiente y sostenible y con capacidad de competir con éxito a escala global. En aras de la búsqueda de consensos nuestro grupo ha intentado el acuerdo con el PP y con CiU, y en esta ocasión no ha sido posible; pero nuestro grupo va a seguir
trabajando por buscar puntos de encuentro para lograr el mayor consenso posible en el diseño de las políticas de apoyo a la I+D+i.
Hecha esta introducción previa, me voy a centrar en el contenido de la PNL de CiU. Como todos ustedes saben, los incentivos fiscales suponen una merma de ingresos para la Hacienda pública, es decir equivalen a un gasto fiscal. Y espero que
el señor Elorriaga y la señora Riera estén de acuerdo conmigo en que cualquier medida que suponga un descenso de los ingresos fiscales ha de ser seriamente evaluada, contrastada su eficacia y enfocada con una visión de largo plazo, y más en estos
momentos de crisis en que tanto los grupos Socialista como el Popular y el Catalán predicamos una política pública de austeridad presupuestaria. En relación con los planteamientos de su PNL he de hacer, señora Riera, las siguientes consideraciones.
La reforma del impuesto sobre sociedades introducida por la Ley 35/2006 ha sido objeto de dos modificaciones,
por la Ley 428 y el Real Decreto-ley 3/2009, de Medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, medidas puestas en vigor para hacer frente al impacto de la crisis financiera. Esas modificaciones, entre otras, amplían la
definición de actividad de innovación tecnológica; también se deroga la supresión de la deducción para actividades por I+D+i prevista para el 1 de enero de 2012, dando así a los inversores mayor seguridad en la planificación de los respectivos
proyectos empresariales. Asimismo se deroga la disposición referida al estudio relativo a la eficacia de las diferentes ayudas e incentivos a las actividades de I+D+i.
Adicionalmente debe tomarse en consideración que el tipo general de gravamen con respecto al aplicable hasta diciembre de 2006 se ha reducido en 5 puntos porcentuales, pasando al 30 por ciento, lo cual significa una reducción de alrededor
del 15 por ciento, por lo que en términos relativos los incentivos fiscales actuales a la I+D+i son comparativamente similares a los establecidos antes de la reforma derivada de la Ley 35/2006. Por ello no se acepta la propuesta incluida en el
punto primero de la proposición no de ley del grupo de CiU, de incrementar los porcentajes de deducción establecidos en el artículo 35 del texto refundido de la ley hasta los niveles existentes con anterioridad a la reforma introducida por la Ley
35/2006. Este argumento también será utilizado en el debate de la proposición no de ley del PP, cuando proceda en la siguiente intervención. Respecto al segundo punto de la proposición no de ley de CiU, relativo a la posibilidad de proceder a
devolver de forma anticipada el crédito fiscal no aplicado a las empresas que invierten en I+D+i, supondría establecer supuestos de discriminación y falta de neutralidad de esa norma fiscal, por cuanto ante una situación generalizada como la actual
de falta de liquidez estaría justificado que el mundo empresarial demandase que ese mismo reconocimiento se extendiera a todas las empresas y a todos los demás incentivos fiscales acreditados pero no aplicados de forma efectiva por las empresas.
Además de ponerse de manifiesto que todos los incentivos fiscales están condicionados a la existencia de cuota del impuesto sobre sociedades, de forma que ante una situación de beneficios de escasa cuantía o de ausencia de los mismos la devolución
de tales créditos podría traducirse en una subvención, pues se estarían devolviendo recursos públicos sobre un crédito fiscal que no puede aplicarse. Por otra parte esos créditos fiscales son provisionales, pues su firmeza está condicionada a su
comprobación administrativa, de forma que la devolución de esos créditos en ausencia de esa comprobación puede derivar en un abuso, al poderse anticipar la efectividad de unos créditos cuando no hay derecho a la práctica de esta devolución.
En definitiva, nuestro grupo entiende que no procede aceptar el contenido de la proposición no de ley de CiU en los términos establecidos, ni de la enmienda presentada por el Partido Popular, por las razones citadas.
Quiero terminar mi
intervención, que creo que está en tiempo, espero, indicando que en mi próxima intervención para fijar la posición socialista en relación a la PNL del PP.
La señora PRESIDENTA: Pues cuando toque.
El señor LASARTE IRIBARREN: ...daré respuesta a algunos de los temas que ha planteado el señor Elorriaga, lo digo por no mezclar cosas.
La señora PRESIDENTA: Eso es lo que procede.
Hemos finalizado el debate, y entonces únicamente solicito a la señora Riera su opinión respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora RIERA I REÑÉ: Sobre la enmienda presentada por el Partido Popular, nosotros la aceptamos, y así se lo hemos comunicado al Partido Popular; le rogaría también al portavoz del Grupo Socialista que tengamos en cuenta que estamos
tratando una proposición no de ley presentada por el grupo de Convergència i Unió, no por el Grupo Popular. Por tanto, que separemos lo que es el Partido Popular de Convergència i Unió.
La oportunidad de la proposición no de ley es una oportunidad avalada por razones de corto plazo y por razones de medio plazo. Hoy mismo la presentación del anteproyecto y de los contenidos del anteproyecto de la ley de economía sostenible,
nos hacían ver que la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación por el Gobierno, quieren que sea prioritaria. Si es así, demos credibilidad a estas palabras. La credibilidad pasa por los hechos, y es por medidas que impulsen esta
innovación y esta investigación.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera, ya está; simplemente si acepta la enmienda, para no entrar en debates. No procede en este turno de PNL.
La señora RIERA I REÑÉ: No. Pero quería puntualizar estos aspectos que me parecían oportunos.
La señora PRESIDENTA: Me da la impresión de que probablemente ahora, como el siguiente punto también tiene alguna vinculación, a lo mejor tenemos algún cambio de impresiones al respecto.
- RELATIVA A INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+I. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000180.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos por tanto al punto 4.º del orden del día, que corresponde a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, precisamente relativa también a incentivos fiscales a la I+D+i.
Tiene la palabra el señor
Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Quizá porque efectivamente existe una cierta ligazón entre el objeto de estas dos PNL, quiero poner de manifiesto desde el principio, y para que se entienda el debate, cuál es desde mi punto de vista, al margen
del grupo proponente, su diferencia esencial: el grupo de Convergència i Unió se ha fijado -he dicho antes que, en mi opinión, con buen criterio- en una medida de carácter coyuntural. El Partido Popular, lo que propone en su proposición no de ley
son cambios estructurales, y por ello permanentes en el esquema de incentivos a la I+D, digamos, esa es la diferencia en cuanto a los contenidos.
Una aclaración también en torno a alguna de las referencias anteriores: los incentivos fiscales constituyen un gasto fiscal, es decir una minoración de ingresos, y por lo tanto tienen en principio un efecto equivalente al de un incremento
del gasto. Dicho esto, es evidente que la combinación de incentivos fiscales y gasto público está largamente estudiada en la teoría de la Hacienda pública y tiene un sentido propio, es decir, no se cubren los mismos objetivos con el gasto público y
con los incentivos fiscales. Precisamente la existencia de incentivos fiscales a la I+D, tanto en materia de investigación científica como de innovación tecnológica, tiene por objeto trasladar algún tipo de ayuda financiera a aquellas empresas que
por sus características, básicamente por su dimensión no tienen acceso a los esquemas de incentivos de gasto público previstos en los presupuestos del Estado, y por lo tanto son esquemas complementarios. Lo que está ocurriendo, y lo apuntaba antes
en mi primera intervención, es que esta estructura que se supone que debe ser equilibrada porque atiende necesidades distintas no sustituibles unas por otras está fracasando estrepitosamente. Es verdad que cuando surgió este esquema de incentivos,
gobernando el Partido Popular, tuvieron una magnífica acogida y fueron muy bien valorados internacionalmente, porque supusieron un avance notable con relación a los esquemas de incentivos fiscales que había en nuestro entorno. Pero el transcurso
del tiempo ha hecho que lo que en un momento dado era vanguardista y atractivo se haya convertido en un esquema obsoleto y escasamente atractivo para las empresas. Los datos, insisto, lo reflejan de manera inequívoca: solo en el 12 por ciento de
las empresas que el Instituto Nacional de Estadística califica como innovadoras, el 12 por ciento tan solo, se practica la deducción por I+D, es decir, hay un 88 por ciento de empresas que hacen innovación e investigación en España y que no acceden
a ningún tipo de beneficio fiscal con la estructura actual de incentivos.
Por otro lado, también lo apuntaba antes, basta coger las memorias que remite el Ministerio de Hacienda a esta Cámara para tramitar los presupuestos para advertir que en los presupuestos para el ejercicio vigente, es decir para el año 2009,
el beneficio fiscal calculado de la deducción por I+D se redujo un 30 por ciento, y en la memoria que acompaña los presupuestos para el año 2010, que estamos debatiendo en este momento en las Cortes Generales, ese beneficio fiscal se reduce un 35
por ciento, el gasto fiscal, es decir, sin variar la norma, el gasto fiscal se reduce durante dos años consecutivos un 30 y un 35 por ciento.
Eso lo único que nos está poniendo de manifiesto es la absoluta inoperancia de la estructura fiscal
establecida en la actualidad para tratar de incentivar, que ese es el sentido obviamente de la norma, un comportamiento en nuestras empresas.
En ese esquema es en el que se enmarca nuestra proposición no de ley, que propone varias cosas que, puesto que todos ustedes conocen la iniciativa y disponen de ella, solo resumiré muy brevemente. En primer lugar, propone restablecer los
porcentajes de deducción al cien por cien -ya me he referido a ello y también se ha hecho en la intervención anterior-.
Los límites están operando como un absoluto instrumento de paralización de la efectividad de la deducción. En segundo lugar,
ampliar el ámbito de aplicación de las deducciones de I+D+i a otras actividades, ahora excluidas del ámbito de la deducción, pero permitidas en los manuales de la OCDE, el llamado manual de Frascati: actividades de innovación sobre todo no
incluidas actualmente en la norma fiscal española, pero que tienen la consideración de innovación tecnológica a efectos internacionales y por lo tanto habilitan para la deducción. En tercer lugar y con carácter permanente, habilitar un crédito al
impuesto para las empresas de nueva creación. Esto es lo que hablábamos antes que existe desde hace algún tiempo en Francia y tiene todo el sentido. Las empresas de más intensidad tecnológica pasan años y años sin obtener ningún beneficio contra
el cual girar la deducción fiscal; por lo tanto es absurdo cualquier esquema de incentivos fiscales cuando lógicamente el periodo de maduración de la inversión en I+D+i es más largo que la posibilidad de compensación. Por lo tanto hay que crear,
como ya está inventado y como nuestros competidores tienen, regímenes que permitan para aquellas empresas de nueva creación un reembolso más acelerado de las cantidades deducibles. El punto cuarto -quizás este es de carácter más técnico y tiene
menos incidencia, pero es de sentido común- recoge incluir en la base de deducción los costes en los que están incurriendo todas las empresas para la obtención de los informes técnicos de las entidades acreditadas. Para acceder a la deducción te
piden a su vez que acredites a través de un determinado tipo de informes la idoneidad de la inversión que estás realizando, lo cual te obliga de nuevo a incurrir en un coste que a su vez no es deducible, lo cual parece que es bastante absurdo. Como
una medida de estímulo muy específico, proponemos en quinto lugar suprimir la incompatibilidad entre la deducción fiscal y la bonificación existente en determinadas circunstancias de cuotas de la Seguridad Social para el personal investigador. Todo
ello camina en la misma dirección, obviamente, que es la de dar la prioridad a la inversión en I+D+i en las empresas españolas, que en el discurso de todos los partidos presentes en esta Cámara, digamos, mantenemos,
pero que luego no se traslada a la realidad de los actos.
Me referiré por último, para tratar de mantener la brevedad, a un comentario específico que hacía el portavoz del Grupo Socialista sobre los problemas de comprobación administrativa y las posibilidades de abuso. En este momento lo que está
ocurriendo con la norma fiscal -creo que esto es importante porque posiblemente algún empresario o alguna organización empresarial nos estén escuchando, y yo creo que es bueno que sepan que somos conscientes de algunas de sus dificultades- es que la
posibilidad de compensar cuotas fiscales durante quince años, que es la previsión que en este momento hace el impuesto sobre sociedades, está provocando que determinadas actuaciones de la inspección tributaria española pretendan romper los plazos
generales de prescripción, es decir, que transcurridos cinco años, cuando un contribuyente pretende compensarse cuotas acreditadas en sus declaraciones seis, siete, ocho, diez o doce años atrás, la inspección pretende verificar el soporte documental
con el que se acreditó esa deducción. Cualquiera puede comprender que esto es un completo disparate. No es exigible a las empresas, no tiene sentido que para una bonificación del limitado alcance del que ahora existe se les exija mantener
contabilidades analíticas diferenciadas para sus actividades de I+D+i y guardar la documentación que las acredita durante quince años por una posible intervención eventual de la Inspección de Hacienda. Esto es simplemente disparatado y por lo tanto
lo que hay que hacer es acudir a las normas, por otro lado generales, en el ámbito de las potestades y de los límites a esas potestades de la actuación de la inspección tributaria. Es evidente que un plazo de revisión de cinco años de la actuación
de cualquier contribuyente es un plazo más que suficiente para una administración eficaz para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de cualquier contribuyente. Por otro lado, y con eso termino, es también evidente que un
reembolso indebido de cualquier ingreso tributario -me da lo mismo que sea una devolución del IRPF o del IVA o la devolución anticipada de una deducción- no exime de responsabilidad ninguna al contribuyente. Por lo tanto, si alguien hiciese un uso
indebido de la devolución anticipada de este tipo de deducciones, simplemente sería sancionado y además muy ampliamente de acuerdo con las normas sancionadoras actuales; para un caso como este de obtener un reembolso indebido de una deducción, el
importe de las sanciones establecidas en el ordenamiento tributario español es más que disuasorio para que ese tipo de comportamientos no se produzca. Por lo tanto no existe ese problema y existe más bien el contrario, es decir, un exceso de la
capacidad revisora de la inspección tributaria en la práctica de este tipo de deducciones en la actualidad.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Yo creo que en la Comisión de Ciencia e Innovación tenemos la obligación de debatir todas las propuestas que afecten a la investigación, al desarrollo y a la innovación, que afecten, que impacten y que tengan
relación con la ciencia y con la innovación, independientemente de su especificidad fiscal, laboral o la que sea.
Tenemos la obligación de debatir el mejor marco para el estímulo de las actividades de investigación, de desarrollo y de innovación,
independientemente de que luego su especificidad nos obligue a llevarlas a otras comisiones para su debate y su final aprobación, pero aquí tenemos esta obligación.
El ejercicio del crecimiento yo creo que es un ejercicio de dos: de las administraciones, de los políticos y de los Gobiernos por un lado y de las empresas por otro. Los primeros tenemos la obligación de establecer el mejor marco para que
las empresas puedan tomar sus propias decisiones en el entorno más favorable posible, y generar este entorno es estimular medidas (fiscales, laborales, administrativas) que faciliten y que estimulen la vida y la actividad económica. Esta es nuestra
obligación y de aquí también la oportunidad de las proposiciones no de ley que se están presentando de orden fiscal. En concreto, respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo la va a apoyar en
todos sus términos. Nuestra proposición no de ley era muy concreta sobre un instrumento fiscal específico. La proposición no de ley del Grupo Popular es más amplia y compartimos todos los puntos, porque entendemos que responden a los mismos
principios a que responde nuestra proposición no de ley, que es más competitividad a nuestro tejido productivo, facilitar la competitividad de nuestras empresas a través de la innovación, a través también de una mayor facilidad fiscal; más
capacidad financiera, estrictamente necesaria en un contexto de falta de liquidez y de restricciones crediticias que obligan a las empresas a priorizar cuando no a cerrar, pero en muchos casos a priorizar, y la innovación entonces no está en sus
prioridades y en cambio lo debe estar; más simplificación administrativa, lo que no quiere decir menor control.
Hemos de ser muy vigilantes y muy estrictos en establecer los justos sistemas de control para evitar abusos, no en esta ley, en todas
las leyes que existan hoy y puedan existir en un futuro. Esta es nuestra obligación.
El consenso en torno a un mejor marco fiscal, a un estímulo a la I+D+i, el Grupo Parlamentario Socialista lo va a encontrar desde un punto de vista constructivo desde nuestro grupo parlamentario. Hay temas prioritarios que deberían basarse
en el consenso, porque salir de la crisis y transformar nuestro tejido productivo pasa por un necesario consenso, y desde nuestro grupo parlamentario esto lo hemos defendido en todo momento. También es cierto que este consenso es un ejercicio de
todos, y es aquí donde nosotros también pedimos la coherencia con las manifestaciones tan rotundas -parece- de apuesta por la I+D+i, la última esta mañana por parte del mismo presidente del Gobierno. Apostar por la I+D+i es
apostar por un mejor marco fiscal, y no es discriminatorio. Nosotros tenemos prioridades, nuestro tejido productivo tiene unas prioridades, y la competitividad de nuestro tejido productivo pasará por lo que innove y por cuánto se
internacionalice, y estimular la innovación y la internacionalización se consigue también a través de estos estímulos y de este mejor marco fiscal.
En cuanto a costes, estamos hablando de anticipar. Solicitamos y solicita el Grupo Parlamentario Popular la devolución de las deducciones no aplicadas. Estamos solicitando la aplicación del cien por cien de las deducciones sobre la cuota
íntegra. No son costes, son beneficios para nuestro tejido productivo. Es más competitividad de nuestras empresas.
Por tanto, nosotros apoyaremos en los términos presentados la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y aprovecho
también aquí para solicitar este ejercicio de responsabilidad hacia la competitividad de nuestro sistema por parte también del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Señor Elorriaga, nuestro grupo no comparte en absoluto sus continuas propuestas de desfiscalización del Estado. Espero que lo entienda. No estamos por la labor de construir un estado famélico o raquítico, sin
capacidad real de intervención en la sociedad; más bien al contrario, queremos un estado fuerte en una economía fuerte de mercado y observamos por su parte la defensa de posiciones ideológicas que tienden a debilitar la capacidad de actuación del
Estado, algo que no podemos compartir, lógicamente.
España es de los países de la OCDE con una fiscalidad más ambiciosa para las empresas por sus inversiones en I+D+i. Entre los años 2004 y 2007 el gasto fiscal en I+D+i ha supuesto para las arcas públicas entre 300 y 320 millones de euros al
año. En el año 2003 -gobernaban ustedes- el gasto fiscal por este concepto no llegó a 180 millones de euros. Es decir, ustedes plantean esfuerzos que no realizaron cuando gobernaban, siguen la máxima dogmática del yo invito, que tú pagas.
El número de empresas que se han beneficiado de este gasto fiscal es anualmente de unas 6.000. Esta cifra está estabilizada y hay que intentar que sea mayor, porque han de ser los agentes económicos privados los que lideren el cambio del
modelo económico. Como ustedes saben, entre las cien empresas de países de la OCDE que más invierten en I+D+i solo se encuentra una española, y eso no se corresponde con el peso económico de España. Antes mencionaba el señor Elorriaga la asimetría
entre el esfuerzo del gasto público y el gasto privado en la inversión en I+D+i.
Hay que recordar una vez más algo que sale continuamente y es que el Gobierno socialista ha multiplicado por tres en los últimos cinco años el esfuerzo en I+D+i, es un
dato objetivo. Es cierto que también está habiendo un mayor incremento porcentual de las empresas españolas, que sigue siendo menor del que le debe corresponder para homologarse con las empresas europeas. Hay un recorrido importante y espero que
lo hagamos cada uno con su esfuerzo pero conjuntamente. Por eso, para seguir fortaleciendo la inversión en I+D+i de las empresas y apoyar el cambio estructural que tienen que ir realizando, el Gobierno ha aprobado el pasado viernes una estrategia
ambiciosa para avanzar hacia una economía más sostenible en España, que ha presentado esta mañana el presidente del Gobierno, buscando un crecimiento equilibrado y generador de empleo de forma estable en el que, entre otras actuaciones, figura el
impulso a la I+D+i con las siguientes medidas fiscales: incremento del porcentaje de deducción en el impuesto sobre sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8 por ciento actual al 12 por ciento (ya es un esfuerzo); se incrementa
el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60 por ciento de la cuota íntegra minorada, hasta ahora el 50 por ciento, en los casos en que la inversión en I+D+i sea significativa, de importe superior al 10 por ciento de la cuota íntegra del
ejercicio. Nuestro grupo les propuso una enmienda en esos términos, que ustedes rechazaron.
Hago extensiva a su grupo nuestra voluntad de lograr los mayores acuerdos posibles en aras de la potenciación de la I+D+i en España y coincido con las
declaraciones o comentarios de la portavoz de CiU, la señora Riera, de trabajar en aras de un consenso compartido que por parte nuestra lo va a encontrar con normalidad, y además encantados.
En relación con los planteamientos de su PNL he de hacerle las siguientes consideraciones. En los puntos 1 y 2 me remito a los argumentos utilizados en el anterior debate de la proposición no de ley de CiU para explicar su rechazo.
Respecto al punto 3, relativo a la posibilidad de habilitar un crédito de impuesto para las empresas de nueva creación, hay que recordar -usted ya lo sabía, porque lo ha comentado- que el plazo establecido para aplicar las cantidades
correspondientes al periodo impositivo no deducidas es de quince años, para las deducciones previstas en los artículos 35 y 36 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Igualmente, el límite del importe de las deducciones
determinado como porcentaje de la cuota íntegra es más elevado. En este punto son también válidos los restantes argumentos utilizados en la discusión del punto 2 de la proposición de CiU debatida anteriormente.
Adicionalmente debe considerarse que
las empresas de nueva creación de base tecnológica tienen disponibles desde la Administración General del Estado sus esquemas propios de ayuda directa para la financiación de actividades de I+D+i, como la iniciativa Neotec gestionada desde el CDTI.
En cuanto al punto 4 de la proposición no de ley, el Real Decreto 2/2007 habilitó al CDTI, al IDAE y a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la emisión de informes motivados en aquellos proyectos que fueran financiados a través de
sus ayudas. En el caso del CDTI
no se requiere la presentación de ningún informe de calificación técnica, ya que son los propios evaluadores del centro quienes llevan a cabo este informe, y solo opcionalmente es solicitado en el IDAE y en la Oficina Española de Patentes y
Marcas. Por tanto, desde la Administración central ya se han dado los primeros pasos para eliminar ese coste a las empresas que acuden a los mecanismos públicos de financiación ex ante. Por otra parte, la propuesta de exoneración del informe
técnico por razón de la materia o del presupuesto del proyecto no es aconsejable, ya que desde el punto de vista fiscal la unidad para fijar la calificación fiscal es el proyecto, y es su grado de novedad respecto al estado del arte lo que determina
su calificación fiscal, con independencia de la materia o del presupuesto.
Por último, en lo relativo al punto 5, referente a la supresión de la incompatibilidad de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para el personal investigador con la aplicación de la deducción establecida en el artículo 35 del
texto de la ley, es un criterio general en materia de incentivos fiscales -y usted lo debería saber, señor Elorriaga- que un mismo gasto no puede habilitar la práctica de dos o más incentivos, siendo aplicable aquel por el que opte el contribuyente,
lo cual justifica la incompatibilidad de ambos incentivos fiscales.
En definitiva nuestro grupo entiende que no procede aceptar el contenido de la proposición no de ley en los términos establecidos y por las razones citadas. Vuelvo a recordar nuestra voluntad de buscar consensos en esta Comisión para apoyar
las políticas de I+D+i, así que estamos a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Hemos llegado en este punto a lo que sería el ecuador del orden del día y es bastante comprobable que llevamos un adelanto, una cierta rapidez en el desarrollo de la sesión respecto a la hora que en principio habíamos
previsto para la votación. Vamos a tratar de compaginarnos fundamentalmente con la Comisión de Educación, con lo cual de momento vamos a continuar, pero someto al criterio de los señores portavoces la hora a la que podíamos adelantar la votación,
pero la propuesta concreta la haré sobre la base de lo que nos digan los portavoces que intervienen en la Comisión de Educación. Dicho esto, vamos a continuar con el punto siguiente del orden del día.
La señora SERNA MASIÁ: Señora presidenta, un segundo por cuestión de organización.
La señora PRESIDENTA: Sí.
La señora SERNA MASIÁ: Están avisados los 18 miembros del Grupo Parlamentario Socialista, pero están todos interviniendo; ya han cambiado el orden de sus intervenciones para estar aquí a las siete y media. Lo digo, perdone, porque a veces
ha ocurrido, por si tenemos que suspender y volver a esa hora. Le rogaría que lo considerara.
La señora PRESIDENTA: Por eso he dicho que no ponía una hora en concreto y que solicitaría la opinión de los portavoces porque entiendo el problema.
Era una reflexión.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN E-ELT EN LA ISLA DE LA PALMA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001365.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la siguiente proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la construcción de un E-ELT en la isla de La Palma. Tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señorías, en próximas fechas, en 2010, la Organización Europea para la Investigación Astronómica deberá decidir el emplazamiento del telescopio europeo extremadamente grande, en siglas en inglés el E-ELT, donde
compiten varias candidaturas, dos de ellas con grandes posibilidades: la de Chile y la del observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. El pasado 18 de noviembre en el Pleno del Congreso, en la sesión de control, pregunté a la
ministra de Ciencia e Innovación qué acciones estaba desarrollando el Gobierno con el fin de lograr que el E-ELT se ubicara en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Teníamos conocimiento de que la candidatura de Chile,
la candidatura rival, sabiendo la proximidad en similitud de cualidades científicas con La Palma, había creado una oficina interministerial con el objeto de convencer a los responsables del observatorio europeo de la idoneidad de la candidatura de
su país, y ante esta situación, ante ese despliegue diplomático, queríamos saber qué iniciativas estaba llevando a cabo el Gobierno español en la defensa de la instalación del telescopio en la isla de La Palma. También queríamos, como así hicimos,
ofrecerle al Gobierno todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración en la defensa de la candidatura de La Palma. Pero la ministra, la verdad, o no pudo o no quiso decirnos qué acciones estaba llevando a cabo. Se limitó a contestarnos que estaban
haciendo todo lo posible y a continuación nos relató el incremento de presupuesto de su ministerio, nos agradeció nuestra sensibilidad y lo comparó con la inversión en I+D+i de las comunidades autónomas donde gobernábamos.
Exactamente nos dijo que
era una sensibilidad, la nuestra, que no se correspondía con la realidad de aquellos territorios en los que gobernábamos.
Esta contestación, mejor dicho, esta no contestación provocó que vertiéramos en esta proposición no de ley lo que le pedí a la ministra en la sesión de control. Le dijimos a la ministra que el E-ELT, el telescopio extremadamente grande es
el proyecto científico más importante al que puede acceder España en el corto y medio plazo; que el Ministerio de Ciencia a Innovación no tenía en agenda ningún otro proyecto del alcance del telescopio,
un alcance de verdad, señorías, incalculable. Se va a convertir en el telescopio más grande del mundo, 42 metros de diámetro, y supone una inversión de más de 1.000 millones de euros. Le dije a la ministra que la candidatura de Chile era
una candidatura muy seria y que estaban desplegando una actividad diplomática muy fuerte. Y le dije también que el ministerio debía no solo apoyar la candidatura de La Palma, sino que tenía que luchar por ella, que había que echar el resto y había
que poner toda la carne en el asador. Le dije también que en decisiones como la que tiene que tomar el observatorio europeo influyen notablemente los aspectos científicos, pero que ante una aproximada similitud de la calidad científica de las dos
candidaturas influían también, y mucho, los aspectos económicos, los aspectos políticos y los aspectos diplomáticos, y que en ese camino iba a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración. Por ello propusimos, y fue aceptado de inmediato
por el Grupo Parlamentario Socialista y por Convergència i Unió, la inclusión de la defensa de la construcción del telescopio en el Roque de los Muchachos en la PNL que fija los objetivos y prioridades de la Presidencia española en el Consejo
Europeo y que se va a aprobar próximamente. Por ese motivo hemos presentado esta proposición no de ley que hoy debatimos.
Es cierto que Chile es una magnífica candidatura desde el punto de vista científico, pero también es absolutamente cierto que el Roque de los Muchachos, el observatorio en La Palma, también tiene indiscutibles fortalezas frente a la
candidatura de Chile: tiene menor riesgo sísmico, tiene unas instalaciones astrofísicas ya construidas en el observatorio del Roque de los Muchachos a la vanguardia mundial, infraestructura residencial para acoger a los científicos, tiene una
moneda fuerte, más fuerte que la chilena, el euro, cercanía con la dirección del observatorio europeo y escasa diferencia horaria, un cielo posiblemente de la misma calidad que Chile, pero además protegido por leyes específicas aprobadas por el
Parlamento de Canarias, y también tiene toda la experiencia acumulada por la puesta en funcionamiento del Gran Telescopio de Canarias, el Grantecan, cuya construcción se decidió en el año 2000 y que aproximadamente en el 70 por ciento ha sido
construido por empresas españolas. De ahí la proposición no de ley que proponemos y que lo que pretende es, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados manifieste el pleno apoyo a la construcción del E-ELT en el observatorio del Roque de los
Muchachos en la isla de La Palma y que el ministerio elabore un programa público de actuaciones que contenga al menos la expresión de los siguiente aspectos: el firme compromiso con la candidatura de la Presidencia del Gobierno de la nación, sobre
todo en estas fechas en que asume la Presidencia del Consejo Europeo; el pleno respaldo financiero al proyecto desde el Ministerio de Hacienda; la acción conjunta y decidida de los ministerios de Ciencia e Innovación, de Industria, Turismo y
Comercio y de Asuntos Exteriores en la defensa ante los responsables europeos de la candidatura de La Palma; el impulso de la plena movilización de la comunidad científica española en defensa del proyecto y la colaboración en esta tarea de las
Cortes Generales y de todos los diputados, senadores, eurodiputados y dirigentes políticos que en virtud de sus responsabilidades puedan contribuir a alcanzar el éxito de este proyecto. Esta es la proposición no de ley que sometemos a la aprobación
de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir el turno de los grupos y corresponde en primer lugar la palabra al señor Perestelo por Coalición Canaria.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, quiero brevemente valorar la iniciativa que ha defendido el señor Matos hoy aquí en esta Comisión, por la que le felicito. Desde hace tiempo y precisamente cuando se iniciaban los preparativos de la
celebración del Año Internacional de la Astronomía en este año 2009, Coalición Canaria preparó una propuesta de resolución.
En aquel momento pretendíamos y aspirábamos a buscar una propuesta de resolución con una declaración unánime de todas las
fuerzas políticas en torno a la defensa de los argumentos del Reino de España para ubicar ese gran telescopio en la isla de La Palma. Existen razones como las que ha manifestado el señor Matos hoy en esta Comisión que justifican esa estrategia, que
justifican ese esfuerzo que tendría que hacer el Gobierno de España, ese esfuerzo diplomático de convencimiento para conseguir ubicar ese telescopio extremadamente grande en la isla de La Palma.
El esfuerzo de la comunidad canaria y el esfuerzo de los ciudadanos de la isla de La Palma en beneficio de la comunidad científica internacional creo que merecen un reconocimiento. No creo que exista un lugar en otro territorio donde la
convivencia del ciudadano con la ciencia sea tan palpable como ocurre en estos momentos en La Palma. La Palma cedió un lugar privilegiado de su corto territorio insular, el Roque de los Muchachos. La Palma ha aceptado la Ley del Cielo, que
significa un cambio importantísimo en la calidad lumínica de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestras infraestructuras y lo han aceptado los ciudadanos fundamentalmente por medio de una concesión y de un esfuerzo en favor de la comunidad
científica internacional. Creo que son razones suficientes.
La Palma es una isla que es reserva mundial de la biosfera. El observatorio está enclavado justo en la zona de protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En estos
momentos las autoridades canarias, tanto el Ayuntamiento de Garafía, que ha cedido los terrenos, como el propio Cabildo, que ha modificado el planeamiento de ese municipio con la aprobación de normas sustantivas para ubicar un centro de visitantes
que permita también dar una actividad económica a aquel lugar, indudablemente, como digo, facilitan una compensación a ese esfuerzo que ha hecho la isla en favor de la comunidad científica y creemos que sería conveniente reflejarlo en una
declaración.
No solo es eso, reserva mundial de la biosfera, parque nacional.
Hacía referencia también el señor Matos a la Ley del Cielo aprobada por el Parlamento de Canarias que obligaba a este sistema de iluminación. Ya hemos hablado en otra Comisión de esta Cámara, concretamente en la de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, del programa dentro del ahorro de energía de sustitución de alumbrados y de la experiencia que en estos momentos existe en una zona de Tenerife y en la isla de La Palma. Además en La Palma desde hace dos años estamos trabajando en
un proyecto en el que también están concienciados los ciudadanos y es el proyecto denominado La luz de las estrellas, patrimonio de todos. Significa un esfuerzo en la aplicación de esta Ley del Cielo y significa también la declaración por la Unesco
de patrimonio de la humanidad de la bóveda celeste de la isla de La Palma. Yo creo que son razones suficientes.
Sabemos que Chile ha organizado un equipo interministerial para presionar en los ambientes científicos con vistas a conseguir esta inversión tan importante. Es una inversión, señorías, que tiene una particularidad y es que esa inversión en
su mayor parte, en un porcentaje muy elevado puede ser ejecutada en la propia isla de La Palma. A nadie se le esconde en estos momentos de situación económica la importancia que para un territorio insular puede tener precisamente que la mayor parte
de lo que significaría el esfuerzo de construcción se pudiera hacer en la propia isla de La Palma. Yo creo que esa apuesta que ha hecho la isla merece el reconocimiento, merece el apoyo y merece que el Gobierno de España haga un esfuerzo notable.
En aquel momento se nos decía que había otras razones estratégicas y diplomáticas de España que no aconsejaban esta declaración institucional.
Hoy yo creo que esas circunstancias, superadas ya -no en sentido favorable, desgraciadamente-, la
aconsejan, y por eso una vez más quiero felicitar la iniciativa del Grupo Popular defendida por el señor Matos.
Por supuesto que vamos a votar, como no puede ser de otra manera, favorablemente la PNL.
La señora PRESIDENTA: Es el turno para la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Quiero comunicar solo el voto favorable por parte de nuestro grupo parlamentario a esta proposición no de ley que se ha presentado y que supone asumir también por parte del Gobierno un compromiso firme y muy
importante con la candidatura que se presenta para la construcción del telescopio, única candidatura europea, y yo creo que por parte de todos hemos de hacer el máximo esfuerzo y asumir el máximo compromiso en torno a la misma. Esta iniciativa va
muy vinculada también a la competitividad, a la investigación, al desarrollo y a la innovación del conjunto de nuestro sistema. La economía española necesita de instrumentos. Tiene grandes capacidades y podemos tener un posicionamiento mucho mejor
en los mercados internacionales en el marco de la investigación, específica en este caso, que podemos asumir.
Daremos, pues, nuestro apoyo a la iniciativa que se presenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista sin duda alguna apoya en su integridad la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley, porque lo hacemos desde la más firme
convicción de la idoneidad de la misma y del contenido expositivo que tanto el proponente como anteriores intervinientes han llevado a cabo. Pero al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría dejar constancia de una línea argumental con la que
justificar la posición que mantenemos.
La línea argumental queremos iniciarla en un momento en el que en el año 2002 el Consejo Europeo da unas instrucciones a la Comisión Europea y se constituye el Foro estratégico europeo sobre infraestructuras de investigación -el acrónimo
Esfri representa ese foro fundamental- y la misión específica de ese foro era la de apoyar la coordinación de las distintas políticas nacionales y comunitarias en relación con esas infraestructuras europeas de investigación y para favorecer
iniciativas multinacionales conducentes a un mejor uso y desarrollo de las mismas. El Esfri elaboró una hoja de ruta para los próximos decenios y a finales del año 2008 -porque a lo largo de lo que llevamos del año 2009 no se han adoptado nuevas
medidas-, de un total de 44 nuevas grandes infraestructuras para todas las áreas del conocimiento que definieron esa hoja de ruta, recordarán que precisamente la fuente de espalación de neutrones como gran infraestructura de investigación quedó en
Suecia, y concretamente en Bilbao, en España, un ente íntimamente vinculado a esa gran infraestructura de investigación. La próxima, la inmediata, la potente es el telescopio europeo extremadamente grande, E-ELT, acrónimo al que probablemente nos
sigamos refiriendo en un futuro.
Esta es una infraestructura cuya ubicación el Gobierno de España viene defendiendo en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos. ¿Y en qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en un punto en el que, como es suficientemente
conocido, España forma parte de la Organización Europea para la Investigación Astrofísica en el hemisferio austral, conocida también como ESO, que es el acrónimo que la define. España ha defendido en el consejo de administración de la ESO
precisamente una inversión de 57 millones de euros para costear un primer estudio que conduzca a la definición de las características de ese telescopio y es precisamente en dicho consejo de la ESO donde se van a tomar decisiones.
¿Qué decisiones se han tomado hasta el día de hoy? Se han estudiado varios planteamientos que han hecho diferentes países. Concretamente Argentina ofreció un lugar para la ubicación -fue desestimado-. Marruecos ofreció
otro lugar para la ubicación del centro -ha sido desestimado-. Y han quedado, vamos a decirlo así en términos competitivos, un lugar en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur: Chile, como se ha dicho aquí por parte de
intervinientes anteriores, y España, la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos. Se espera que con los estudios técnicos que se vienen realizando, que se elevarán al consejo de la ESO a lo largo del año 2010, se podrá estar en condiciones de
adoptar el acuerdo de una ubicación de referencia y a nosotros nos consta que el Gobierno de España, en el último trimestre de 2008, hace prácticamente un año, junto con el Gobierno de Canarias, constituyó, formalizó y materializó la candidatura
formal -valga la redundancia- para albergar esa gran instalación científica de la Organización Europea para la Investigación Astrofísica en el hemisferio austral, reitero, la ESO, ¿dónde?, en la isla de La Palma, y desde ese momento se vienen
llevando a cabo una serie de actuaciones, algunas de las cuales son de diplomacia fina, que no pueden ser dadas a conocer públicamente, y otras son materializadas con documentos que se presentan en el organismo correspondiente.
Nosotros tenemos la convicción de que esta es una de las prioridades por parte de diferentes ministerios del Gobierno de España y del presidente del Gobierno, como así se recoge en una de las propuestas que figura en el conjunto documental
que define las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno de España a lo largo de los seis meses próximos en los que ocupará la Presidencia de la Unión Europea. Consiguientemente, señorías, nosotros queremos poner de manifiesto que la
construcción de este gran telescopio es una firme decisión de la ESO, de la que formamos parte nosotros en su consejo de administración como miembros natos de la misma desde el año 2006; que en esta organización multinacional europea España tiene
personalidad y potencia y ha conseguido aliados, según se nos ha comunicado, aliados que han analizado los estudios de naturaleza técnica de muy diferente índole (grado de humidificación, limpieza del cielo, infraestructuras de acceso, equipos de
naturaleza técnica y humana, conjuntos de investigadores, trayectorias de investigación, y así un largo etcétera), que han configurado todo un conjunto argumental que en manos de, digamos entre comillas, los negociadores españoles en el seno de la
ESO viene sumando adeptos y esperemos que cuando se reúna el consejo, en unas sesiones que tendrán lugar en fechas que desconozco pero que se producirán a lo largo del año 2010 y en las que se tienen que tomar decisiones, en esta especie -lo digo
también entrecomilladamente- de litigio científico, precisamente se incline la balanza por el lado español.
Esta iniciativa, señor Matos, a mí como diputado que no hablo a nivel individual, pero diputado por una circunscripción canaria y en nombre de mi grupo le hablo, nos ha satisfecho. Nos ha satisfecho porque en esta línea de actuación hay que
trabajar codo a codo, conjuntamente, como auténtica política de Estado científica. Nos ha satisfecho la parte expositiva y el proyecto de resolución. Está en la misma hoja de ruta por la que se han pronunciado los grupos parlamentarios del Senado
y está en la hoja de ruta marcada por la ESO, que sigue con cautela pero con paso firme el Gobierno de España. Habrá problemas financieros futuros. Desde luego una vez que el Gobierno de España formalice su candidatura firme, habrá, me imagino,
configurado la oferta económica como uno de los ingredientes que junto con la oferta técnica configurarán el planteamiento del Gobierno de España.
Le reitero la oportunidad de esta iniciativa porque estamos terminando el año 2009, en el que estamos celebrando el Año Internacional de la Astronomía, y no deja de tener una especie de simbolismo. Aquí en mi grupo parlamentario y sentado
unas filas más adelante hay un caracterizado investigador astrofísico con largo recorrido, el señor Bernabeu Pastor, que previsiblemente hubiese intervenido con mayor rigor que el que ha empleado este diputado, pero la deferencia de la portavoz de
mi grupo me ha permitido participar, por cuanto hago uso exclusivamente -no soy astrofísico- de la condición de una persona que vio nacer a finales de los sesenta el Instituto de Astrofísica de Canarias y del que hoy nos sentimos profundamente
orgullosos todos los que hemos visto su devenir científico. Consiguientemente, señora presidenta, muchas gracias por haberme permitido que me haya pasado quizá un par de minutillos en mi intervención, pero el tema tiene una proyección de política
de Estado muy potente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Antes de abordar los dos últimos puntos del orden del día, como he indicado, someto a los señores portavoces, simplemente para que la valoren, la oportunidad de adelantar a las siete la votación.
La señora SERNA MASIÁ: Estamos en ello, señora presidenta, estamos avisando a todo el mundo para que pueda estar aquí.
La señora PRESIDENTA: ¿Están en la misma línea? ¿Señor Elorriaga?
El señor ELORRIAGA PISARIK: De acuerdo.
- SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente
161/000217.)
La señora PRESIDENTA: Como veo que ya se han incorporado tanto el señor Llamazares como el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a
abordar el punto 2.º del orden del día, que es la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación
del personal investigador. Tiene la palabra para la defensa de su iniciativa el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta iniciativa tiene que ver con las medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación del personal investigador. La Comisión Europea establece en su Recomendación 2005/251/CE, de 11 de marzo de
2005, relativa a la Carta europea del investigador y al código de conducta para la contratación de los investigadores, lo siguiente: en primer lugar un reconocimiento de la profesión; en segundo lugar, una voluntad de estabilidad y permanencia en
el empleo; en tercer lugar, un mecanismo de financiación y de salarios y en cuarto lugar, la participación de los trabajadores en los órganos decisorios. Nuestro país, sin embargo, en nuestra opinión, continúa sin cumplir con las recomendaciones
citadas, a pesar de que existe una creciente preocupación en la Unión Europea con relación al impacto que este incumplimiento puede tener en el logro de nuestros objetivos, de los objetivos marcados en Lisboa y Barcelona y también de los recientes
objetivos del Gobierno en materia de cambio de modelo de desarrollo.
La Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, significó un paso adelante en el desarrollo científico y subrayó la relevancia de la formación del personal investigador. A partir
de ahí los ministerios, las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación, las fundaciones e incluso entidades privadas han desarrollado diferentes iniciativas destinadas a la potenciación de programas de becas
para la formación de los investigadores. No obstante, los programas de becas han dado lugar a la existencia de un vacío legislativo que en la práctica deja al investigador indefenso y en diferente situación según el programa de becas o según a qué
universidad esté adscrito. A este respecto el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación (EPIF), supuso un avance pero un avance tímido e insuficiente para regular la situación del
personal investigador durante su fase inicial y sobre todo para superar la diversidad de situaciones laborales en los investigadores.
Consecuentemente la heterogeneidad de condiciones laborales de los investigadores no ha desaparecido, y el único
factor común en todos los programas de becas es que los investigadores en formación inicial o posgrado no son considerados trabajadores de pleno derecho.
Actualmente nos encontramos con que una parte importante del desarrollo científico en España está en manos de este personal en fase inicial, que a pesar de una extensa formación científica y académica y a pesar de ser la base del sistema de
I+D+i, sufre un alto grado de precariedad laboral y profesional. Así, podemos destacar como elementos que configuran esta precariedad lo siguiente. Primero, los investigadores en fase inicial no tienen la condición de trabajador por cuenta ajena.
Segundo, la única retribución económica que existe habitualmente es la beca, y en algunos casos sujeta a declaración dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, considerada como calidad de rendimiento del trabajo. En
cuarto lugar, la carencia de legalidad y la arbitrariedad que significa la beca provocan situaciones muy diferentes, tanto respecto al trabajo a desarrollar como en relación con los derechos y deberes de los diferentes tipos de becas existentes.
Asimismo en la mayoría de los casos y en especial en los organismos públicos de investigación, se sufre una falta de representación como colectivo en sus órganos de gobierno. Falta también una clara política de futuro al no existir una
línea gubernamental estratégica y planificada.
Falta una clara respuesta también en el sector privado, donde el personal investigador tampoco encuentra un lugar dentro de las empresas en el que aplicar sus conocimientos y capacidades de manera más
productiva. Como consecuencia de esta precariedad laboral, la elección por parte de los licenciados de desarrollar una carrera investigadora en nuestro país, si no se modifican las circunstancias, se convierte en un verdadero ejercicio de vocación,
por lo que se constata una importante escasez de investigadores, particularmente en determinadas disciplinas fundamentales, que plantearán en el futuro próximo una grave amenaza para la fuerza innovadora, capacidad de conocimiento y crecimiento de
la productividad, y puede provocar que nuestro país quede relegado a una categoría que no le debería corresponder en cumplimiento de los objetivos de desarrollo científico y tecnológico fijados por la Unión Europea, pero también en cumplimiento de
los propios objetivos de cambio de modelo de desarrollo por parte del Gobierno. Por eso proponemos, primero, cambiar la actual política de becas, tanto en el sector público como en el privado, por una política de contratos más dignos para el
personal investigador en fase inicial, con la necesaria protección social de los investigadores pre y posdoctorales y un reconocimiento social y laboral más justo que el existente en la actualidad; que se corrija la gran heterogeneidad existente,
tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de centros de realización de investigación, con una normativa de mínimos que unifique criterios y que procure mejores condiciones de formación e investigación, y que sin perjuicio de la ley que
está en estos momentos en elaboración por parte del Gobierno, la ley de la ciencia, se agilice el proyecto de ley que ya está en esta Cámara a iniciativa del Parlamento de Andalucía y que está prácticamente paralizada. Ese es el sentido de nuestra
propuesta y nos gustaría en esta materia llegar a un cierto acuerdo.
La señora PRESIDENTA: A la proposición no de ley se han presentado tres enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán, así que siguiendo el orden habitual tiene en
primer lugar la palabra el señor Elorriaga por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Este tema que ahora debatimos, que es de crucial importancia tanto desde la perspectiva del modelo español de ciencia y tecnología como desde el punto de vista de la estabilidad en el trabajo y de la mejora de
las condiciones laborales de los investigadores y del personal técnico asociado a su actividad, no es nuevo en esta Comisión; es un tema que hemos debatido reiteradamente, sobre el que efectivamente hay propuestas legislativas en tramitación
parlamentaria y otras comprometidas por parte del Gobierno, aunque sucesivamente demoradas, también es cierto, y por lo tanto, insisto, no es un tema novedoso.
Con relación al fondo del asunto, yo creo que de anteriores debates se puede deducir que no existen, al menos aparentemente, graves discrepancias. Es evidente que el fomento de la investigación y el fomento de la ciencia en España requiere
recursos públicos adicionales, incentivos fiscales, reformas normativas y compromiso por parte del sector privado y de las empresas, pero me atrevería a decir que antes que todo eso, lo que requiere es mejorar las condiciones en las que pueden
desarrollar su actividad los recursos humanos que soportan el sistema.
Cualquiera puede entender que el sistema científico no son infraestructuras físicas ni maquinaria ni instrumentos analíticos -eso se compra con recursos y podría estar en
cualquier parte del mundo-. Lo que distingue la excelencia de un modelo de investigación es su capital humano, la capacidad de formarlo, la capacidad de incorporarlo al sistema y también luego a la economía nacional, y por ello cuando hablamos de
las condiciones laborales y profesionales de los investigadores y del personal científico estamos hablando de la médula espinal del sistema.
Es de todo punto evidente que el tratamiento que históricamente han recibido los investigadores en nuestro país es significativamente mejorable. Las condiciones de precariedad laboral, la escasez de su retribución, y por lo tanto de su
reconocimiento social vía salario, y otras muchas condiciones han jugado durante mucho tiempo -este no es un problema estrictamente reciente- en contra de la generación de profesionales y sobre todo de la generación de vocaciones a medio y largo
plazo.
La primera resolución que en términos precisos abordó esta cuestión viene de la legislatura pasada. Entonces la Comisión de Educación y Ciencia, el 25 de septiembre de 2007, debatió y aprobó ya una proposición no de ley sobre la mejora de
las condiciones laborales del personal investigador en la fase inicial y experimentado, buscando la adecuación de la Carta europea del investigador a nuestro ordenamiento y la regulación adecuada de un estatuto del personal investigador. Se volvió
a debatir al inicio de esta legislatura y eso dio lugar a la aprobación de una proposición no de ley el 22 de abril del año 2009, también sobre la propuesta de un nuevo modelo de formación e investigación para jóvenes investigadores. En el camino
hubo un debate en el Pleno de esta Cámara, precisamente en el trámite de admisión de la proposición de ley remitida hace mucho tiempo ya por el Parlamento de Andalucía, donde todos los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de pronunciarnos
públicamente sobre la necesidad de modificar la regulación y de mejorar las condiciones laborales del personal investigador.
Es cierto que a pesar de la reiteración de todos estos debates e incluso de todos estos acuerdos básica o ampliamente respaldados, cuando no absolutamente unánimes, es muy poco lo que se ha hecho en los últimos años por mejorar la situación
laboral de los jóvenes investigadores. Es más, en los últimos meses, la situación de grave crisis presupuestaria por la que atraviesa el Estado estaba dando lugar a una conflictividad laboral creciente en los organismos públicos de investigación
que está siendo inicialmente resuelta por las magistraturas de Trabajo generalmente en contra de los intereses del Estado, precisamente porque los tribunales de Justicia están considerando que en muchos casos relaciones, digamos, aparentemente no
laborales o reguladas por un tipo de contratos al margen del derecho del trabajo, contenían sin embargo encubiertas relaciones laborales específicas, y así se ha dictaminado con las lógicas consecuencias jurídicas. Esto está pasando en muchos
organismos públicos de investigación en este momento y empiezan a ser ya decenas, si no cientos, los jóvenes investigadores que se están viendo obligados a pedir el amparo jurisdiccional para defender sus derechos laborales ante la Administración
del Estado. Yo creo que este solo hecho último que menciono de por sí ya da referencia de la importancia del asunto que estamos debatiendo.
El sentido de nuestra enmienda, y lo puedo explicar muy brevemente, es recuperar el acuerdo unánime que se adoptó hace realmente muy pocos meses en esta Comisión con relación a este mismo tema. Proponemos recuperar el sentido de esa
enmienda porque no ha perdido ninguna actualidad y en muchos sentidos, desde nuestro punto de vista, es más precisa, más exacta y podría dar lugar a menos dificultades de interpretación que la inicialmente propuesta por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Proponemos por lo tanto que se incorpore plenamente la Carta europea del investigador y el código de conducta para la contratación de investigadores plenamente al ordenamiento jurídico español, cosa que no está hecha; que se
impulsen en el ámbito del fomento de las políticas públicas de investigación los contratos laborales y los sistemas de evaluación para su mantenimiento; que se contemple en la futura ley de la ciencia, tan esperada por todos, una perfecta y clara
regulación contractual de las etapas iniciales de la carrera investigadora y expresamente en la fase predoctoral, y pedimos que se siga fomentando la movilidad del personal investigador y garantizando el desarrollo profesional
y la formación de investigadores, así como la eficiencia en la utilización de sus conocimientos. El sentido de nuestra enmienda no es discrepante de la resolución propuesta inicialmente por el grupo proponente, sino que, insisto, trata de
recuperar un acuerdo anterior -no me atrevo a decirlo ahora con exactitud, pero si no unánime, prácticamente unánime- y que, insisto, desde nuestro punto de vista es más exacto, más amplio y se ajusta mejor a las posibilidades de actuación por parte
tanto de esta Cámara en lo que se refiere a legislación en trámite como al Gobierno en lo que se refiere a futura legislación y digamos que contiene mandatos más exactos de los que se recogen en la proposición no de ley inicialmente propuesta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bernabeu.
El señor BERNABEU PASTOR: Señorías, el compromiso del Gobierno socialista y del Grupo Parlamentario Socialista con el impulso de las políticas de investigación, desarrollo e innovación ha sido y es absoluto. De hecho, el Gobierno está
haciendo de la investigación, el desarrollo y la innovación el elemento central de su estrategia para afrontar la crisis y salir mejor preparados de ella, con un cambio a un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento. Esto que acabo de decir
no es pura retórica; lo hemos escuchado en multitud de ocasiones pero no es retórica. Los datos están ahí. Este es el Gobierno que más ha invertido en investigación y desarrollo; desde 2004, se ha triplicado el presupuesto en investigación por
tres; las infraestructuras científicas puestas en marcha de primer nivel están ahí. El esfuerzo ha dado sus frutos y ha permitido situar a España en el noveno lugar en la producción científica en algunos campos y en otros incluso en el octavo. El
gasto en investigación y desarrollo alcanzó el 1,35 por ciento del producto interior bruto en 2008. Esto son datos.
El proyecto de presupuestos para 2010, a pesar de la crisis, garantiza y aumenta el gasto en becas y contratos, así como los proyectos del plan nacional, que constituyen una prioridad. Sin duda los recursos materiales, las dotaciones
presupuestarias son fundamentales para este desarrollo al que me he referido, pero con todo, un elemento esencial de este progreso -si no, no hubiera sido posible- es en gran parte el esfuerzo de los investigadores, muchos de los cuales iniciaron
sus carreras en un entorno no siempre fácil ni en la mejor de las condiciones. Conscientes de esa situación, el Gobierno socialista ha dado pasos importantes para mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades los jóvenes
investigadores. Permítanme citar el Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, comúnmente conocido como EPIF, que sin duda supone un importante avance en la protección social y jurídica de los
jóvenes investigadores con la incorporación de los becarios predoctorales de primero y segundo año al régimen de la Seguridad Social, y la transformación de las becas de tercer y cuarto año y las posdoctorales al régimen de contratación laboral,
demostrando el compromiso del Gobierno socialista con la formación de los jóvenes investigadores.
Nos congratula la coincidencia de todos los grupos en el interés por abordar un elemento esencial para seguir avanzando en este progreso en investigación y desarrollo en nuestro país. Desde luego un nuevo modelo de carrera profesional para
los investigadores en consonancia con la Carta europea del investigador y el código de conducta para la contratación de los investigadores es un punto de partida que ha sido citado por todos los intervinientes. Por lo tanto hay un alto grado de
coincidencia en la voluntad de resolver este problema, y desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el Gobierno socialista existe el absoluto compromiso de dar respuesta a estos problemas que se están produciendo y que han sido comentados aquí.
El compromiso del Gobierno y del partido que lo sustenta ha sido expresado en varias ocasiones en las comparecencias que se han dado tanto por parte de la ministra de Ciencia e Innovación como del secretario de Estado de Investigación en
repetidas ocasiones en esta Cámara, y no los voy a repetir. En definitiva, compartimos plenamente el objetivo de mejorar el real decreto al que antes me he referido. Compartimos plenamente, absolutamente el compromiso de mejorar las condiciones de
lo que consideramos el elemento nuclear de cualquier sistema de ciencia e innovación, como es los investigadores y especialmente los jóvenes investigadores. Por tanto nuestra mano abierta, nuestra disposición, como no podría ser de otra manera, a
conseguir un consenso en la proposición que esta tarde podamos elaborar en esta Comisión; absolutamente abiertos a llegar a acuerdos, porque creo que estamos todos los grupos muy cerca del objetivo.
Ahora bien, nuestra idea es que en ningún caso esto signifique que las becas van a desaparecer de la oferta posible, tanto de entidades públicas como de privadas. Entendemos que un contrato no debe sustituir nunca a una beca, pero la beca
tiene su función, tiene su papel dentro de nuestro sistema. Por lo tanto ese es nuestro límite, digamos. Así, con esa voluntad de llegar a acuerdos, hemos planteado nuestra enmienda de sustitución, con la que ofrecemos que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a que en el marco de la futura ley de la ciencia y la tecnología se regulen las condiciones del personal investigador, desarrollándose en todo caso un modelo de carrera profesional susceptible de ser utilizado tanto por
entidades públicas como privadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Carta europea del investigador a la que me he referido anteriormente. Sin duda estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo, y en ese sentido, señor Llamazares, estaríamos
dispuestos a aceptar una transaccional en lo que se refiere a la primera parte de la proposición no de ley; no así en la segunda, porque entendemos que la segunda parte hace referencia a las competencias que tienen las
comunidades autónomas para hacer sus propias propuestas de becas, de ayudas, y por tanto a nuestro entender invadiríamos de alguna manera competencias que no son nuestras. Por lo tanto, en la primera parte de la proposición no de ley
estaríamos de acuerdo en llegar a una transaccional, pero no así en la segunda.
La señora PRESIDENTA: El turno para la señora Riera, del Grupo Parlamentario Catalán.
La señora RIERA I REÑÉ: El impulso de la investigación y el desarrollo implica también las mejoras de las condiciones del personal investigador, es una parte esencial y estrictamente necesaria en este ejercicio de estímulo a la tan
importante investigación, desarrollo e innovación, que son factores que condicionan y condicionarán la competitividad de nuestro tejido productivo. Creo también que los objetivos de Lisboa, como pone de manifiesto la presentación de la proposición
no de ley, y las recomendaciones de la Comisión en relación a la Carta europea del investigador y al código de conducta para la contratación de investigadores, recomendaciones establecidas sobre la base de los principios del reconocimiento de la
profesión, de la estabilidad y permanencia en el empleo, de la financiación y salarios, de la participación en órganos decisorios, son estrictamente necesarios y los hemos de incorporar igualmente.
Sin embargo, entendemos que, si bien podemos compartir el espíritu con el que se presenta la proposición no de ley, en términos de establecer una verdadera carrera investigadora en el conjunto del Estado, no compartimos algunos aspectos de
la misma, podemos compartir otros, pero sobre todo entendemos que el debate, por su importancia, por su trascendencia ha de ser, desde nuestro punto de vista, en el marco de la ley de la ciencia.
En este sentido nuestro grupo parlamentario ha
presentado una enmienda que leeré textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la futura ley de la ciencia, a regular una carrera investigadora atractiva que incorpore entre otros elementos la movilidad profesional
entre centros, el aumento de las retribuciones percibidas por el trabajo realizado y el establecimiento de formas contractuales adecuadas a la investigación, condicionadas por la calidad, trabajo y excelencia de los investigadores. Dichos criterios
serán establecidos de forma objetiva por la agencia de calidad universitaria de cada comunidad autónoma. Repito y subrayo que la importancia y el papel del personal investigador en el impulso de la I+D+i en el conjunto de nuestra sociedad y de
nuestra economía requieren que sea tratado de manera profunda, rigurosa en el marco de la ley de la ciencia. Y sobre todo y esto lo hemos defendido en otras ocasiones, con motivo de debates sobre otras proposiciones no de ley respecto al personal
investigador que se han debatido en esta Comisión, hemos de conseguir unas carreras atractivas, unas carreras que no incorporen rigideces laborales excesivas, y entendemos que en algunos aspectos la proposición no de ley objeto de debate incorpora
una rigidez en los contratos y hace un mercado menos eficiente.
Además hay otro aspecto que para nuestro grupo parlamentario tiene mucho interés, que es el del respeto competencial, al que se refería también el portavoz del Grupo Socialista. Para nosotros el segundo punto no se corresponde con las
competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas, cosa que también nos sorprende de una formación como la que presenta la proposición no de ley. Por tanto nosotros hemos presentado esta enmienda dada la importancia del debate en
torno a la carrera del personal investigador y científico, que entendemos que ha de darse y hacerse entre todos en el marco de la futura ley de la ciencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Presentaremos, señora presidenta, una transacción que acepta la crítica al segundo punto. Por tanto admitimos la enmienda al primer punto del Grupo Parlamentario Socialista y propone al segundo punto la
agilización del procedimiento que se está siguiendo con la proposición de ley del Parlamento de Andalucía. Pasaremos ahora la transacción.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Entonces quedamos a la espera de ese nuevo texto.
- RELATIVA A LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001367.)
La señora PRESIDENTA: Y abordamos en este momento el punto 6.º del orden del día, que corresponde con la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la cooperación científica al desarrollo. Para la presentación de esta
iniciativa tiene la palabra la señora Puig.
La señora PUIG GASOL: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley porque está convencido de que la cooperación científico-tecnológica constituye un instrumento estratégico en el diseño y la
implantación de las políticas de cooperación al desarrollo en los países que están necesitados de estas ayudas.
Como todos sabemos y todos somos conscientes, el problema principal de los países en vías de desarrollo es la pobreza y sus necesidades son infinitas; por ejemplo, estabilidad democrática, porque a veces hay países con guerras, con
violencia, y lo primero sería esta estabilización como país de sociedad. Pero también tienen necesidades de infraestructuras tales como el agua, carreteras, servicios de sanidad, servicios de educación. Por todo esto, siempre pasan a segundo plano
los temas científico-técnicos y de investigación en estos países; si hablamos de formación hablamos de alfabetización; pero
si hablamos de alfabetización podemos hablar de un tipo de alfabetización que también produce una gran pobreza en estos países, que sería no solo no saber leer ni escribir, sino que estar al otro lado de la brecha digital, sería no tener
opción a las nuevas tecnologías.
Por eso, si miramos estos países en desarrollo, gastan muy poco en temas de investigación científica, mientras que los países ricos gastan muchísimo más, casi el 2 o el 3 por ciento más del PIB que los países pobres. También vemos que la
producción científica de estos países pobres es muy pequeña, y que por cada científico que hay en estos países hay 300 en los países del norte.
También el 95 por ciento de las innovaciones científicas se llevan a cabo en los países del Primer Mundo y solo el 5 por ciento se lleva a cabo en los países en desarrollo. Ello teniendo en cuenta que tenemos países ya en vías de desarrollo
que son ya los grandes países como China o India, aunque en la mayoría de estos países casi siempre los avances tecnológicos les vienen del norte, y que muchas veces estos avances desequilibran la propia economía de los países, de estos pueblos que
están en pobreza. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Puig, disculpe un segundo. Por favor, ruego silencio a sus señorías, porque la persona que está interviniendo realmente lo tiene absolutamente complicado. (Pausa.) Disculpe y continúe.
La señora PUIG GASOL: Como les decía, aparte de que estos países tengan ayudas para sanidad, educación, etcétera, es muy importante que para incentivar su economía estos avances vayan junto con desarrollo y ciencia, que en el país propio se
desarrollen procesos donde puedan implementar. No está muy lejos, ya se han dado casos y vemos que muchas ONG están trabajando en pozos de agua pero con energía solar y además del propio país, pero los avances científicos y todo esto se importa,
con lo cual estos países siempre van perdiendo. Nosotros, como somos socialistas y estamos convencidos de estas ayudas a la cooperación, hemos previsto en el Plan director de cooperación internacional 2009-2012 una serie de líneas estratégicas para
juntar lo que se llama cooperación al desarrollo y avance tecnológico y científico. Este plan director está indicando capacidades institucionales de cooperación para el establecimiento de sistema nacionales de I+D+i, incluyendo actividades de
diagnóstico y de elaboración de políticas y planes e instrumentos, así como de capacitación de especialistas en políticas de ciencia y en investigación e innovación en estos propios países.
También se prevé formación del capital humano, formación de profesionales de la investigación, dentro de un esquema que suponga el fortalecimiento de la creación de capacidades humanas y que fortalezca esto que estamos llamando necesidades
propias del país, sin que sean necesidades o inventos que hemos hecho en el norte que a veces en el sur no sirven. La capacitación de la gente del sur tiene que ser para ellos y formar para ellos. Entonces, el fomento de la movilidad es importante
en estas políticas, que los profesores o la gente que capacita puedan venir al norte a mirar cómo trabajamos o a formarse, pero luego que puedan aplicar su visión a su territorio de manera más sostenible.
Otra de las líneas que el plan director nos da es la creación de infraestructuras científicas y tecnológicas, pero en los propios países, con la ayuda de los investigadores españoles. Otra línea que nos parece muy importante es la
innovación empresarial: refuerzo a los sistemas nacionales de innovación mediante las agencias y las instituciones de apoyo que se están creando en los propios países. Ya existen redes.
Existen redes en el ámbito iberoamericano, hay una red que
se llama Iberoeka, a través de la cual se da apoyo a la creación de plataformas tecnológicas e iniciativas estratégicas para estos países, y además iniciativas sectoriales. También acceso; otra de las líneas es el acceso a la transferencia y
difusión de conocimientos y tecnologías que tengan un impacto de lo que llamamos desarrollo humano sostenible del país, y sea desde una visión sur-sur, no norte-sur como siempre estamos hablando.
La importancia de fomentar esta investigación
científica y técnica en la cooperación al desarrollo, como he estado explicando, debe fijarse especialmente en la creación y el fortalecimiento de las capacidades humanas e instituciones y que por eso se han definido estas líneas.
Se necesita una coordinación; el Ministerio de Ciencia se coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores en este plan director, sobre todo con la Secretaría de Estado de Cooperación, y da proyectos prioritarios para la cooperación
española en estos conceptos. También se pretende que la futura ley de ciencia impulse la integración entre las políticas de cooperación españolas y las de ciencia y tecnología, ambas prioritarias en las acciones del Gobierno de los últimos años.
Las dos políticas en las que hemos estado trabajando, tanto dar fuerza a ciencia e innovación como a la cooperación para el desarrollo, juntas han hecho, y hemos visto ya, en pequeños programas puestos en marcha, sus frutos: ordenadores para
África, baratos, de una manera barata; o bien vacunas, incentivar las vacunas para enfermedades como la malaria, que en el Primer Mundo no son rentables pero en cambio sí es muy importante que estas investigaciones se hagan en el Tercer Mundo.
Por todo esto hemos presentado esta proposición no de ley, porque creemos que tenemos que dar más ímpetu a estas políticas.
La señora PRESIDENTA: Señora Puig, el tiempo lo lleva agotado ampliamente, le ruego que vaya finalizando.
La señora PUIG GASOL: Termino, discúlpeme, señora presidenta.
Han presentado una enmienda, que ya le digo que vamos a aceptar, como vamos a aceptar una transacción
con la enmienda de Convergència i Unió. Estamos de acuerdo en añadir que para ello deberán promoverse también políticas activas de mejora del intercambio entre el personal investigador, especialmente en su etapa de formación, para que se
trasladen radicados en el Estado español. Vamos a transaccionar la enmienda de la señora Riera, a la que yo me he adelantado a la hora de hacer referencia.
La señora PRESIDENTA: Precisamente porque es su turno ahora, para que haga la exposición de la postura al respecto de la iniciativa, de la enmienda y de la transacción.
La señora RIERA I REÑÉ: De una primera lectura de la exposición de motivos de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, nuestro grupo parlamentario comparte, y no puede ser de otra manera, el primer punto: situar a
España en 2015 entre los diez países más avanzados en el mundo en educación universitaria, en investigación, en desarrollo, en innovación, y esperemos que antes. Sin embargo, recuerdo que para ello son necesarios dos elementos, entre otros, pero
principalmente dos elementos: modelo y recursos.
Sin modelo a medio y largo plazo hacia dónde queremos ir y sin los recursos necesarios para cumplir con los objetivos a los que responde este modelo no conseguiremos situar a España entre las economías y las sociedades más avanzadas, ni en
2015 ni antes ni después. Por tanto creo que es un punto sobre el que hemos de estar todos convencidos. De aquí también el impulso a todos aquellos instrumentos que permitan desde el punto de vista fiscal, laboral, financiero, administrativo,
estimular en el conjunto de la sociedad la investigación, el desarrollo y la innovación.
De la lectura del segundo punto concluimos que también estamos de acuerdo, y no puede ser de otra manera, en que debemos liderar una nueva etapa hacia una Europa más unida a través de la construcción del espacio europeo de Investigación,
incrementando el impacto internacional de nuestras actividades de investigación y desarrollo. Para ello son necesarios los mismos requisitos a los que me refería con relación al primer punto de la exposición de motivos.
No podemos de ninguna de las maneras negarnos ni estar en desacuerdo con los objetivos marcados y así manifestados en la proposición no de ley de que la Presidencia española también apoye la internacionalización y la transferencia del
conocimiento y de la investigación, el desarrollo y la innovación hacia países menos desarrollados, hacia países en vías de desarrollo. Sin embargo, es importante también que no podemos trabajar como debemos hacerlo con países en vías de desarrollo
en aras a la investigación, desarrollo e innovación, ni transferir esta investigación, desarrollo e innovación hacia países en vías de desarrollo si antes no hacemos los deberes en casa. Repito, es importante también hacerlo, porque su desarrollo
también depende de esto.
Por ello nosotros, ante esta proposición no de ley hemos presentado una enmienda de adición en la que al texto que presenta el Grupo Socialista hemos añadido, textualmente leo, el siguiente párrrafo: Para ello deberán promoverse -para
cumplir con los objetivos que persigue la proposición no de ley- también políticas activas de mejora de intercambio entre el personal investigador, especialmente en su etapa de formación, para que se trasladen a centros radicados en el Estado
español. Creemos que esta adición puede suponer o aportar un valor y una cierta especificidad a los objetivos que persigue la proposición no de ley, y con este espíritu la hemos presentado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir? ¿No? Entonces corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre va a intervenir el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: En primer lugar quiero hacer una brevísima consideración de nuevo sobre la oportunidad de esta PNL. Hace algunos minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se sorprendía de que discutiésemos en esta
Comisión sobre incentivos fiscales a la I+D.
Sin embargo, a su grupo no parece sorprenderle que debatamos en esta Comisión asuntos relacionados con la cooperación al desarrollo, para lo cual también existe un foro específico. Yo creo que en ambos
casos están bien traídos al seno de esta Comisión y aparte me parece que es la Mesa la que dictamina dónde deben ser debatidos los temas. En fin, no quería dejar de manifestar una cierta perplejidad por la crítica a uno de los asuntos que hemos
debatido en los minutos anteriores y el no así en que ahora se nos propone.
La segunda consideración es sobre la prioridad que este tema tiene ante esta Comisión. Debo decirlo con toda claridad: siendo importante el asunto que aquí se aborda, cuesta considerar que esté en este momento entre las prioridades o las
urgencias del sistema español de ciencia e innovación. En un momento en el cual los recortes presupuestarios ahogan al sistema científico español, en un momento en el que como ahora discutíamos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor Elorriaga; ruego silencio, por favor, para poder escuchar al portavoz que está interviniendo, en este caso el señor Elorriaga. Continúe.
El señor ELORRIAGA PISARIK: En un momento, como antes veíamos, en el cual los recursos humanos atraviesan por situaciones de enorme dificultad, incluso de conflicto en el ámbito del sistema español de ciencia e innovación, en un momento
donde las empresas españolas se ven materialmente imposibilitadas para seguir adelante con sus programas de I+D internos, traer como único tema de debate por parte del Grupo Parlamentario
Socialista a esta Comisión el fomento de la cooperación al desarrollo en materia de innovación tecnológica resulta sorprendente.
Dicho esto, solo quiero manifestar nuestro acuerdo con los términos de la proposición que se hace y también con los términos de la enmienda -que no sé si será aceptada- que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En
relación con la enmienda que plantea Convergència i Unió, quiero hacer solo un recordatorio de un tema que también ha sido tratado y debatido en esta Comisión, del que yo creo que no se ha vuelto a tener noticia y que me parece que está
oportunamente traído con esta enmienda. Cuando se inició esta legislatura fue la ministra de Ciencia e Innovación la que en su comparecencia y a iniciativa propia planteó la necesidad, e incluso la urgencia, de dotar al servicio exterior español de
agregadurías en materia de ciencia e innovación, al menos en las capitales más significativas desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro modelo, tanto por ser países directamente competidores o ser países en los que, por su grado de
desarrollo tecnológico, interesaba tener una presencia permanente y una conexión permanente con los integrantes de sus sistemas de ciencia e innovación. Sin embargo, transcurridos ya casi dos años de legislatura, es evidente que no se ha dado
ningún paso en esta dirección, por tanto, es más urgente, si cabe, que cuando la propia ministra indicaba la necesidad de dotar a nuestro servicio exterior de estos especialistas en materia científica. Creo que, al margen del servicio que puedan
dar al fortalecimiento de nuestras políticas de cooperación en materia de innovación tecnológica, en general sería muy adecuado que se dotasen con la mayor rapidez estos puestos de trabajo para beneficio del conjunto del sistema español de ciencia e
innovación.
La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista, si he entendido bien la afirmación de que existe en este momento un texto transaccional.
La señora PUIG GASOL: Sí, presidenta, existe una enmienda transaccionada, que es la enmienda del Partido Socialista y parte de la enmienda de Convergència i Unió, de la señora Riera. Si quiere se la leo o se la doy a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Preséntela, por favor, por escrito.
Señorías hemos desarrollado todo el orden del día y, como había propuesto a los señores portavoces, se valoraba la posibilidad de adelantar sobre el horario inicialmente previsto de las siete y media a las siete la votación. En este momento
suspendemos cinco minutos exactos el desarrollo de la Comisión para ver el texto y ustedes me informan si podemos pasar a la votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley que hemos debatido en la sesión de esta tarde. En primer lugar, proposición no de ley sobre el Instituto Volcanológico de Canarias, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto con el texto autoenmendado por el propio grupo.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación pasamos a votar el punto 2 .º del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación del personal investigador. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que ha sido enmendado y finalmente se ha llegado a un texto transaccionado con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán cuyos términos exactos paso a dar lectura:
1) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de la futura ley de la ciencia y la tecnología se regulen las condiciones del personal investigador, desarrollándose en todo caso un modelo de carrera profesional susceptible de ser
utilizado tanto por las entidades públicas como privadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Carta europea del investigador. 2) Que se agilice en la Comisión de Trabajo e Inmigración la tramitación de la proposición de ley relativa a la
modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pendiente de informe de ponencia desde el pasado 30 de junio de 2009.
Este es el texto que se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
A continuación pasamos a votar el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley sobre modificación temporal de régimen de deducciones aplicables a las actividades de I+D+i y actividades TIC, con el fin de avanzar el pago de las mismas.
Es una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, que ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar el punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a incentivos fiscales a la I+D+i. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto 5.º del orden del día, relativo a la construcción de un E-ELT en la isla de La Palma, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.
A continuación votamos el punto 6.º del orden del día, relativo a la PNL sobre cooperación científica al desarrollo, en los términos transaccionados con el Grupo Parlamentario Catalán. El texto transaccionado es el siguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un nuevo marco de relación entre la cooperación científica, la transferencia tecnológica y el desarrollo, cooperación científica para el desarrollo, que contemple políticas que permitan la creación y
transmisión de conocimientos en las zonas más desfavorecidas del planeta, aprovechando las iniciativas científicas y académicas, y a la formación de sus investigadores. Para ello deberán promoverse también políticas activas de mejora del
intercambio entre el personal investigador, especialmente en su etapa de formación, para que se trasladen a centros radicados en el Estado español.
Este es el texto que se somete a la votación de sus señorías.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Elorriaga Pisarik pide la palabra.) Señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Presidenta, solo una brevísima explicación de uno de los votos, porque ha diferido el tema debatido sobre el finalmente votado. Un minuto solo para explicarlo.
La señora PRESIDENTA: ¿A qué punto se está refiriendo?
El señor ELORRIAGA PISARIK: A la iniciativa de Izquierda Unida sobre situación laboral de los investigadores.
La señora PRESIDENTA: Supongo que conoce perfectamente que no se puede entrar en ningún tipo de debate.
El señor ELORRIAGA PISARIK: No, simplemente es una aclaración en sentido estricto.
La señora PRESIDENTA: Bueno, un minuto.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Solo para recordar que, como he mencionado antes, el 22 de abril de 2009 esta Comisión aprobó en relación con ese mismo tema, por amplia mayoría, una resolución que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular refleja con mucha mayor precisión y ambición este mismo problema. Nos parece que la aprobación del que ahora se propone es un retroceso en relación con el anterior acuerdo, y ese es el sentido de la abstención que hemos mantenido.
La señora PRESIDENTA: Eso ya es entrar en otras cosas. Explicación de su abstención.
Agradezco a SS.SS. la paciencia que han tenido y se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.