CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 417

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 15

celebrada el martes, 17 de noviembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado en el seno de la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación. (Número de
expediente 154/000005.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de nuestra Comisión con un único punto del orden del día, como SS.SS. bien conocen, que consistirá en el debate y aprobación, en su caso, del informe que ha elaborado en el seno de esta
Comisión la subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y las propuestas de modificación. Como SS.SS. saben, esta subcomisión ha estado trabajando casi un año, ha terminado su trabajo
la semana pasada y toca, por tanto, el debate y la votación final de la propuesta que al seno de este plenario hoy traemos. Hay tres votos particulares presentados, que tienen SS.SS. en el material adjunto al orden del día, también con el añadido,
en este caso, a diferencia de la anterior subcomisión que esta Comisión también ha tenido, de los materiales de las intervenciones de los comparecientes que hemos recibido a lo largo del tiempo de trabajo de esta subcomisión, lo que particularmente
hemos querido incluir en esta y no en la anterior por razones que SS.SS. también se pueden imaginar en torno a la privacidad de las opiniones de quienes vienen a nuestra Comisión sin tener la condición de representantes públicos. El método de
trabajo también lo conocen SS.SS., vamos a dar la palabra al grupo proponente del borrador con el que se ha estado trabajando y que SS.SS. enmiendan en algunos casos, después los grupos que han presentado votos particulares, después el resto de los
grupos y daremos una primera ronda para la posterior respuesta que tenga el Grupo Parlamentario Socialista como proponente de dicho borrador. Vamos a repartir unos tiempos de 10-12 minutos, en principio, que es un plazo de tiempo razonable para un
texto que quienes han estado en el trabajo intenso y como portavoces tienen bastante trabajado y que nos colocaría en hora y media, más o menos, quizás larga.
La hora de la votación calculo que será a la una, una y cuarto como mucho, dependerá de
sus señorías.



Señora Medina tiene la palabra en torno a unos 12 minutos.



La señora MEDINA TEVA: Efectivamente, después de mucho trabajo, de un trabajo serio y riguroso en el seno de la subcomisión, llega el momento de votar un documento de conclusiones para elevarlo al Gobierno. Este documento tiene el ánimo de
recoger todas las cuestiones fundamentales que sobre la violencia de género, y más concretamente, sobre el funcionamiento de la Ley Orgánica 1/2004, se han planteado a lo largo de estos nueve meses de comparecencias de asociaciones, instituciones y
personas relevantes relacionadas de una u otra manera con este grave problema social. Esta subcomisión se constituyó en la idea de ver qué medidas de la Ley integral podían ser susceptibles de mejorar, pero permítanme hacer una reflexión, y es que
no podemos olvidar que estamos hablando de una ley que vino a mejorar las condiciones y las soluciones establecidas por nuestro país en los últimos años sobre este tema, incorporando las nuevas propuestas conceptuales y el enfoque de género que
desde las instancias internacionales se recomiendan para abordar de forma correcta esta violencia. Gracias a esta herramienta legal se introduce, como decía, la perspectiva de género como análisis del problema social y se incorpora el factor
cultural como la causa principal, dejando patente que la violencia de género es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Una ley, fruto de una intensa labor,
en la que la sociedad civil, y en especial las organizaciones de mujeres, desempeñaron un papel impulsor y de un importante consenso; consenso, que desde mi grupo queremos por supuesto que se siga manteniendo porque, señorías, la unanimidad en la
votación que aprobó esta ley supuso más que un simple acuerdo para fijar un articulado y afrontar la situación con las medidas que se recogían en el mismo. La ley dio luz verde a un gran consenso de todos los poderes públicos que desde entonces han
venido actuando firmemente contra uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales de las mujeres, como son: la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación, consagrados en nuestra Constitución.



Como decía, han sido muchas las comparecencias y también muchas las aportaciones, muchas de ellas coincidentes, la gran mayoría, y la primera conclusión que podemos extraer es precisamente el logro que supuso la aprobación de esta ley, pero
también de esta conclusión podemos extrae otra y es que sería ingenuo pensar que se solucionaba la cuestión con una ley, que por muy eficaz que sea, y, señorías, realmente creemos que esta ley lo es, es una ley que aún no tiene cinco años de
vigencia, es una ley frente a un problema secular y silenciado de siglos, frente a una realidad mucho más compleja que sin duda requerirá de tiempo y del compromiso incondicional de todos y todas para que se produzca el cambio social, el cambio de
valores, el cambio de creencias, que siguen situando a las mujeres en una posición de discriminación. Por esta razón es una ley viva, cuya fuerza se constata día a día, una ley que es un buen instrumento, que debe de seguir perfeccionándose y
evaluando en el transcurso de su aplicación, identificando los recursos y soluciones a los problemas que se puedan presentar, pero efectivamente es una ley a la que hay que darle tiempo. Me remito a una frase que decía Soledad Cazorla en una
intervención y que hacía referencia a una aseveración de un fiscal general del Estado que dice: Toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura y, por el contrario, si se suceden y reemplazan frecuentemente, pierden, a
la par que el respeto que se les debe, su fuerza y autoridad. Quiero decir con esta reflexión que, efectivamente, estamos hablando de una ley de medio y largo plazo y que por tanto tiene que seguir madurando, y, en este sentido, el documento que
presentamos trata de recoger esas recomendaciones,


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esa aportaciones y conclusiones que nos permitan seguir con el impulso y el refuerzo de todas aquellas medidas que permitan continuar el progresivo avance en la lucha contra la violencia de género.



Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y me consta que el resto de los grupos también, estamos a favor de este documento en su gran mayoría, un documento que presenta una serie de recomendaciones que en distintos ámbitos contribuirán a
seguir avanzando en la lucha contra la violencia género. En primer lugar, nadie niega que la llave del problema está en la prevención y la sensibilización. La prevención es más que la evitación de casos y situaciones porque busca modificar los
factores que den lugar a que estos puedan aparecer, y en este ámbito, señorías, la educación ocupa un lugar fundamental, una educación en valores democráticos, una educación en valores básicos, que rigen la vida y la convivencia humana y actuar de
acuerdo con ellos.



La resolución pacífica de conflictos o el respeto a la igualdad entre sexos son aspectos fundamentales. Los medios de comunicación también tienen un papel importante en la prevención, y así ha sido reflejado en este documento. Por ello se
propone que se refuerce su responsabilidad social ante la violencia de género y que, por tanto, apliquen su código de autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de estos casos y que recojan el esfuerzo de las mujeres que salen del
círculo de la violencia. La respuesta institucional y social para el apoyo a la víctimas también está presente en este documento, y yo quisiera resaltar el incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las
víctimas de violencia de género, mejorar la coordinación del protocolo de actuación desde una perspectiva interdepartamental, contemplar la asistencia psicológica previa a la denuncia o flexibilizar el acceso al Fondo de garantía de alimentos para
hacer frente al impago de pensiones como medida positiva para abordar la violencia económica que se ejerce contra las mujeres víctimas de la violencia de género. La protección a la mujer víctima de violencia de género es otra parte importante y las
medidas que conllevan el control del agresor se presentan con el doble componente de limitar las conductas violentas del mismo y de generar también confianza en las mujeres; hablamos de la implantación de los dispositivos electrónicos de detección
de proximidad de los agresores por violencia de género. El acompañamiento durante todo el proceso ha sido también un argumento recurrente a lo largo de todas estas comparecencias. Para ello, contar con un asesoramiento jurídico previo a la
denuncia y a la solicitud de la orden de protección es fundamental.



Un tema que ha estado presente prácticamente en todas las comparecencias ha sido la formación, la formación especializada de todos los profesionales que han de intervenir en cada una de las fases del proceso que conlleva la actuación sobre
los casos de violencia de género. Aquí entro de lleno en algunos aspectos que sí han sido de discrepancia, pero sobre los que pudiéramos reflexionar algo más; por ejemplo, cuestionar los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer significa ir
en contra, quizá, de la propia filosofía de la ley. Es cierto que hemos escuchado opiniones encontradas, opiniones a favor y opiniones en contra, pero basándonos en las comparecencias de la presidenta del observatorio y de la propia fiscal, entre
otras, pensamos que es positivo la creación de estos juzgados en cuanto que hacen más eficaz la actuación judicial en el ámbito de la violencia de género, evitando la dispersión y permitiendo que se concentre en un solo órgano la resolución de los
conflictos que se refieren a la víctima relativos a este tipo de violencia. Pensamos que tenemos que seguir apostando por el actual diseño de los juzgados de Violencia dado que la experiencia es muy corta, apenas cuatro años, donde fundamentalmente
el sistema ha intentado ajustarse a la novedad de abordar de forma específica en el orden penal ambas cuestiones. La protección de los menores y de las menores, que se encuentran dentro del entorno familiar de las mujeres víctimas de violencia de
género y que por son, por tanto, víctimas directas o indirectas, tal como se recoge en la propia ley, también han ocupado una parte importante de las conclusiones; por ejemplo, que la orden de protección pueda ser extensiva a los hijos e hijas
junto a la de su madre, regular legalmente la exigencia de los puntos de encuentro, la no aplicación de la mediación familiar en los casos de violencia de género o procurar su asistencia psicológica, son temas incluidos de bastante importancia.
Durante estos nueve meses efectivamente hemos estado estudiando el tema y hemos comprobado cómo uno de los grandes problemas es cómo el maltratador utiliza también la relación con su hijo e hija. Desde esta subcomisión también queremos desmontar
algunos de los mitos que se han alimentado en torno a este tema; me refiero al síndrome de alienación parental, porque no hay una categoría diagnóstica clínica, porque no lo reconoce la Organización Mundial de la Salud ni ningún directorio de
patología mental y porque, es más, la Asociación Española de Neuropsiquiatría ha declarado que el SAP fue construido por medio de falacias y es usado en muchos casos para disuadir a las mujeres de abandonar a su pareja. Y otro mito, la llamada
denuncia falsa, un tema del que no se puede hablar con rigor y seriedad, porque tras esto se esconde una verdadera estrategia de minimizar, justificar o contextualizar la violencia de género, aparte de mostrar un desconocimiento importante del tema.



Otro aspecto fundamental es el relativo a la implantación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio, unas unidades que están integradas por un equipo multidisciplinar donde se encuentran médicos, forenses,
profesionales de la psicología y del trabajo social; es cierto que desde el Gobierno ya se han puesto en marcha todas las que son de su competencia y que ahora corresponde a las comunidades que tienen las competencias trasferidas hacer lo propio.



Otro tema que también ha tenido un recorrido mediático importante en los últimos días y que ha suscitado


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mucha controversia es la consideración de que el alcohol y la droga no deban contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente sino como una agravante específica. En primer lugar, estamos hablando de una recomendación que sale de
esta subcomisión, que nos hicieron llegar diferentes asociaciones de mujeres y que, por tanto, como tantas otras cosas, tenía que estar recogida en este documento. En segundo lugar, el alcohol está presente casi en el 50 por ciento de los casos de
violencia de género, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Señorías, somos perfectamente conscientes de que el endurecimiento de las penas no es la solución a este grave problema, pero también es cierto que tenemos que dejar de
disculpar la conducta dominante y machista del agresor que se escuda tras el alcohol.



Son muchas las cosas y luego en otra intervención, señora presidenta, trataré además de presentar algunas transaccionales a este documento que hemos llegado a consensuar entre los diferentes grupos, pero quiero terminar con una reflexión.
Señorías, la violencia de género es un tema sobre el que, como en tantos otros, todo el mundo tiene una opinión, una opinión que puede ser especializada o no, pero no me negarán que para opinar sobre algo, ese algo debería conocerse, saber realmente
de lo que estamos hablando. Esto, que es una obviedad, en el tema que nos ocupa cobra una especial importancia, porque hablar de violencia de género, de las medidas y actuaciones puestas en marcha o de aquellas que se puedan implantar, significa
situar en el centro de este problema a las mujeres que, día a día, sufren esta violencia machista, a su hijo, a su hija e incluso a sus familiares más cercanos. Esa ha sido y es nuestra prioridad -creo poder hacer esta afirmación en nombre de todos
los grupos- y, por tanto, todo lo que salga de esta Comisión tiene que tener ese objetivo claro por encima de otras consideraciones. Esto no quiere decir que no seamos conscientes de las dificultades que pueden tener algunas de estas
recomendaciones; incluso esto no quiere decir que seamos unos o unas irresponsables que no sepamos de lo que estamos hablando. Claro que sabemos de lo que estamos hablando. Precisamente por eso, porque conocemos casos concretos, porque sabemos de
la desesperación y de la impotencia en determinadas situaciones, porque conocemos el drama y la tragedia que viven muchas mujeres maltratadas, por eso este documento.
Seguramente todo este trabajo dará su fruto en que hoy podamos aprobar
definitivamente unas buenas conclusiones que sirvan para seguir avanzando en la lucha para la erradicación de la violencia de género.



Concluyo dando las gracias por el trabajo que, todos y todas, cada uno de los miembros de esta subcomisión han realizado a lo largo de estos meses y a los grupos que han tenido a bien aproximar sus posturas para que ese consenso alcanzado
con la aprobación de la Ley integral continúe, porque además, señorías, la sociedad en general y las mujeres víctimas de violencia de género en particular no lo entenderían de otra manera.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos el turno de los grupos que han presentados votos particular y para ello tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardà en nombre de su grupo parlamentario.



El señor TARDÀ I COMA: Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado un conjunto de veinte propuestas. Una de ellas debo decir que debe desaparecer puesto que ha sido motivada por un error, pero en todo caso voy a comentarlo en
su momento. En primer lugar, debo decirles que en las introducciones y consideraciones generales entendemos -de ahí viene la propuesta número cuatro nuestra- que cuando se habla de que esta violencia se puede dar en todos los grupos sociales y en
todos los niveles económicos y socio culturales, debería corregirse esta redacción y sustituir el se puede dar por se da. A continuación, entendemos que a lo largo de todo el texto debería sustituirse violencia de género por violencia machista,
esto forma parte de nuestra enmienda 14. También, a lo largo de todo el texto, cuando se hable de víctimas, nosotros preferiríamos que se hablara de mujer que sufre violencia. Esto sería algo que se debería corregir, si así se acepta, para todo el
texto que conforma el documento. Otra solicitud, quizás de carácter menor, relativa al punto número 2 de la introducción, es que cuando se habla de someter a evaluación y perfeccionamiento la propia Ley 1/2004 también deberían introducirse los
términos circuitos y estrategias, al entender que no solamente es necesario hablar de recursos y soluciones a los problemas, sino que deberían también entrar a profundizar, en un segundo nivel de concreción, cuáles deberían ser las estrategias.
Debería corregirse la terminología, que quizás no sea adecua a un texto como este en el que estamos trabajando. Por ejemplo, en el apartado III, cuando se habla de aquellos legisladores entendemos que debería sustituirse por aquellas personas;
como legisladores, entenderán las razones de esta demanda que no tiene mayor importancia, pero efectivamente sí debería al menos el redactado estar de acuerdo y ser acorde con aquello que, a lo largo de esta Comisión, hemos trabajado, porque es
evidente que el sexismo está en la base de ese tipo de violencia que queremos superar.



Tenemos otra enmienda, la número 6, que a nuestro entender debería aceptarse puesto que cuando se dice que la educación en igualdad es la principal medida para conseguir sociedades de futuro libres de violencia de género, entendemos que,
previa a la aceptación de la violencia de género, existe el concepto de violencia, aplicado y atribuido a las sociedades como las nuestras; de manera que debería hablarse de libres de violencia y especialmente de violencia machista, pero no podemos
poner, a nivel conceptual, el carro delante de los caballos. A continuación, la enmienda número 7, al punto 2 del apartado III, relativo al apoyo a las víctimas de violencia de género y la respuesta institucional y social para el reconocimiento y
protección de sus derechos. En el punto 2 se habla de la necesidad de seguir impulsando


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la asistencia social a las mujeres mediante la puesta en marcha de servicios, etcétera, pero no está de más -puesto que además los comparecientes siempre se mostraron respetuosos con las competencias autonómicas- poner el añadido de: en el
marco de las competencias de las comunidades autónomas. Debo decir que nosotros deseamos la supresión del punto 10, cuando se habla de los puntos de encuentro, luego ya lo volveré a mencionar cuando haga la valoración de las propuestas. En todo
caso ya nosotros planteamos nuestro cuestionamiento sobre los puntos de encuentro, que al menos, tal como lo vemos nosotros, deben ponerse en cuestión.



A continuación, en el punto 11, cuando se hace relación a la coordinación interinstitucional entre los distintos departamentos, en especial el de Sanidad junto al Ministerio de Igualdad, deberíamos añadir la siguiente frase: así como
también la coordinación que se ha ido produciendo en los ámbitos autonómicos y municipales al respecto. Entendemos que, de igual forma que antes hacía mención a la necesidad de dejar fijadas de forma muy explícita cuáles son las competencias de
cada una de las administraciones, en este punto también es interesante que quede fijada la necesidad de coordinación entre los distintos ámbitos competenciales autonómicos y municipales.



Hemos planteado la necesidad de añadir un nuevo punto a este mismo apartado con la siguiente redacción: Las empresas deben de tener protocolos eficaces contra la violencia en el ámbito laboral para que las medidas puedan tener
repercusiones. Es evidente que sin esta demanda que nosotros planteamos el mundo laboral no tiene la presencia que debería tener, por lo que es muy interesante que tratemos esta necesidad. Es evidente que en el mundo del trabajo, en el mundo de
las relaciones laborales, en las empresas, en definitiva, deben existir y hay que forzar para que se desarrollen protocolos, de la misma manera que hablamos de la necesidad de conciliar vida laboral y familiar. Hoy día, en que hablamos de
excelencia en el mundo del trabajo para todas aquellas funciones que hagan compatible un buen desarrollo profesional con la libertad y el trabajo pleno de las personas, no tiene ningún sentido que no se inste a las empresas a desarrollar ese tipo de
medidas.



Respecto a las recomendaciones, que es el apartado en el cual hemos puesto más interés puesto que, efectivamente, las recomendaciones son aquellas conclusiones de las cuales se pueden desprender actuaciones gubernamentales o bien
parlamentarias a fin y efecto de presionar al ejecutivo, debo decirles que respecto al apartado de educación, prevención y medios de comunicación social para combatir la violencia de género habría que ser muy categóricos y no entendemos por qué en
el punto número 1 no se introducen los libros de texto; es decir, creo que en este sentido hay que ser más que explícitos. Evidentemente, hay que reforzar los contenidos en el currículo escolar, pero ustedes saben que existe un gran debate sobre
hasta dónde debe intervenir el Estado en todo aquello que conforma los contenidos de los libros de texto, y el debate existe y ha existido. Apelar, instar a ser, digamos, muy categóricos, en la introducción en los libros de texto de aquellos
contenidos imprescindibles para educar en la libertad, en la no violencia y en el respeto a las personas, es fundamental si actuamos en clave igualitaria, y, además, desde la infancia, como tiene que ser. En ese sentido, mostramos la preocupación,
creo que compartida por todos nosotros, ante la frivolidad, la inconsistencia y la falta de responsabilidad de los medios de comunicación privados respecto al fomento de la cultura de la igualdad. Últimamente hemos oído noticias muy preocupantes, y
permítanme un ejemplo que creo que es paradigmático: Disney Channel ahora tiene previsto un canal para chicas y otro canal para chicos, y esto se vende hoy día como algo moderno y funcional, por no hablar de cómo van penetrando mensajes sexistas y
violentos.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà tiene que ir concluyendo.



El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, me lo pone difícil, pero queda dicho esto.



Respecto a la respuesta institucional y social para el apoyo a las víctimas de violencia, nosotros entendemos que debería suprimirse en el punto 2 la referencia a la Ley orgánica 1/2004 puesto que aquí no tiene mayor importancia en tanto en
cuanto en dicha ley no están contempladas todas las variables, por lo que decir que menciona la ley, si no están todos, creo que no hace falta. Cuando se habla de las mujeres del ámbito rural, las inmigrantes con alguna discapacidad o en riesgo de
exclusión social, creo que aquí hay que añadir las trabajadoras sexuales, las mujeres mayores, las mujeres transexuales, las mujeres del pueblo romaní y las mujeres encarceladas, porque sería interesante introducir estas variables.



Voy terminando, señora presidenta. También debo decirles que esta misma demanda se repite en el punto 8, y que en el punto 5, cuando se habla de mejorar la coordinación de protocolos de actuación desde una perspectiva interdepartamental,
entendemos que, otra vez, hace falta poner entre administraciones y con el tercer sector, dada la importancia del mismo.
No tiene ningún sentido que hablemos de eficacia sin contemplar e introducir todas las entidades del tercer sector, que son las
que están directamente implicadas, o al menos muchas de ellas, en este ámbito.



Respecto a la tutela judicial, hay que añadir un punto, y ya termino.
Cuando se habla de procurar asistencia psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, en vez de procurar aquí hay que decir asegurar y no
tiene ningún sentido poner siempre que sea necesario.
¿Cómo que siempre que sea necesario? Entendemos que esto no tiene ningún sentido y debo decir que nosotros desearíamos que se suprimiera, porque cuando se habla de regular legalmente la
asistencia a los puntos de encuentro se da una contradicción,


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puesto que ustedes, por otro lado, lo que dicen es: la no aplicación de la mediación familiar en los casos de violencia de género. Esto se contradice con el punto anterior, además que ustedes saben la manera de hacerlo. Al menos desde
Cataluña debo decirles que es otra, la conocen perfectamente, y, como mínimo, si es otra, no nos impongan o no pretendan imponernos una regularización que trabaja a partir de la existencia de los puntos de encuentro. Si la valoración que hacemos
nosotros es casi aplaudida, o aplaudida por el mismo Ministerio de Igualdad, no nos impongan otra. No es competencia del Estado, todos los recursos los ponen las comunidades autónomas y, además, deben desarrollarse bajo el principio de la no
mediación. Luego, ¿qué sentido tiene que en el mismo apartado se contradigan, por un lado digan lo de la no mediación y, por otro, nos quieran imponer los puntos de encuentro?


Señora presidenta, no he podido terminar, pero ya sé que he abusado.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà lo de la palabra abuso aquí hoy...
(Risas.) Vamos con el tiempo razonable y flexiblemente.



Tiene ahora la palabra para defender el voto particular la señora Pigem en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



La señora PIGEM I PALMÉS: Me gustaría hacer una valoración, unas consideraciones generales. La primera sería la de agradecer a todos los comparecientes, a todas las comparecientes, la cantidad de datos, de reflexiones y de aportaciones que
nos han realizado, y agradecer también el trabajo riguroso, serio y tan eficaz de los servicios de la Cámara, en especial de las letradas, que han aportado toda su labor para que contemos con un buen informe que contenga un resumen de las
aportaciones de los comparecientes, incluyendo también las aportaciones que se han hecho a consecuencia de preguntas de los diputados y de las diputadas.
Quiero también agradecer el trabajo de los compañeros y compañeras en esta síntesis y en este
trabajo de colaboración para que el informe de la subcomisión sea lo más productivo posible.



Quisiera asimismo hacer un comentario acerca del alcance de este documento. Conviene precisar una vez más, porque ya se ha hecho, que se trata de un estudio, de un estudio completo, de un estudio que tiene recomendaciones y conclusiones,
pero que no es una propuesta legislativa directa; es decir, hemos podido leer esta semana en los medios de comunicación que se daba un trato a las conclusiones y a las recomendaciones como si realmente hubiéramos procedido ya a modificar cuerpos
legales. Esto hay que resituarlo, esto es el resumen de un trabajo, de un buen trabajo, pero en modo alguno se trata de que hayamos procedido a modificar los cuerpos legales. En tercer lugar, quisiera decir que, desde nuestro punto de vista, el
estudio ha quedado un poco inclinado o sesgado en el sentido de que el material que se ha tratado corresponde en una gran parte a aspectos jurídicos. ¿Por qué? Porque hicimos una lista al principio de representantes de distintos ámbitos, un número
considerable, hasta sesenta creo recordar, y han comparecido algunos de unos bloques, por ejemplo del bloque de juristas han comparecido casi todos y, por el tiempo, han podido comparecer menos de los ámbitos preventivos y del ámbito asistencial.
Es de lamentar que, tal como nos expuso en su día la presidenta, la Mesa del Congreso no pudiera admitir una nueva prórroga para que comparecientes de otros bloques no jurídicos pudieran también comparecer más extensamente, una nueva prórroga que
nos hubiera permitido además plantear la redacción de las conclusiones y de las recomendaciones quizás con una metodología más sosegada, ya que el pasado día 3 teníamos que cerrar el informe, y de alguna manera, hubiéramos podido madurar más
detenidamente no las conclusiones, que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero sí la redacción o hubiéramos podido hacer unas aportaciones a esta redacción.
Con esto quiero afirmar que no creemos, tal como se ha dicho aquí, que la respuesta para
atajar la violencia deba centrarse sólo en los aspectos punitivos, tanto penales como jurídico-jurisdiccionales, sino que hay que poner los acentos sobre todo en el ámbito preventivo y de educación para que tengamos en el futuro una sociedad
igualitaria. Además he de decir que es cierto que en los ámbitos preventivos y asistencial las competencias son o exclusiva o mayoritariamente de las comunidades autónomas, mientras que en los ámbitos jurídicos y jurisdiccionales la competencia
realmente radica en estas Cámaras.



Quiero mostrarme totalmente de acuerdo con lo que sale del informe de que la Ley de Violencia de Género es un instrumento adecuado para la prevención y sanción de la violencia de género; una ley aprobada por unanimidad y que ha sido
valorada positivamente y celebrada positivamente por todos los comparecientes, y esto es necesario subrayarlo. Asimismo, quiero mostrarme de acuerdo con que cuatro años es un tiempo corto de implementación de una ley de la complejidad de esta, una
ley que además va destinada a cambiar mentalidades y, por lo tanto, cuatro años es un plazo relativamente corto. Deseo mostrarme de acuerdo con la conclusión general de la necesidad de mejorar aspectos, no tanto cualitativos como cuantitativos, es
decir, la necesidad de más medios materiales, de más medios personales, la formación, más preparación, más especialización y formación más adecuada.



Por último, voy a insistir una vez más en que esta ley está complementada por la aprobación de leyes autonómicas que, como he dicho, son competentes en los aspectos preventivos y asistenciales, y a eso van buena parte de las enmiendas, con
el voto particular que ha propuesto el representante de Esquerra Republicana, a muchas de las cuales, anuncio ya, si las mantiene mi formación política, Convergència i Unió, va a dar su voto favorable.



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En general, haría esta consideración, pero igualmente quiero valorar algunos aspectos concretos además de los que han sido señalados ya por la señora Medina -y estoy de acuerdo con todos ellos- es importante señalar que se contempla la
asistencia psicológica de mujeres e hijos de manera previa a la denuncia; esto es muy importante para fortalecer su autoestima, su recuperación emocional para afrontar el difícil proceso a todos los niveles que va a tener que tener de
desvinculación del maltratador. Quiero marcar además que se ha aprobado flexibilizar el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones que se derivan de las resoluciones de separación o divorcio.
Señalo como
medida concreta que se haya concluido que es necesario el acompañamiento durante todo el proceso, y que por ello es importante el asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de orden de protección. Y al mismo tiempo quiero señalar
otra de las medidas, la necesidad de notificar a las víctimas cualquier decisión relevante que afecte a su seguridad: la salida de prisión del agresor, que se le vaya a conceder un permiso o que se le vaya a conceder un tercer grado.



Por todo ello, en este aspecto de valoración general, quiero decir que mi grupo parlamentario va a votar favorablemente este informe, y que se muestra convencido de que las conclusiones y las recomendaciones son conclusiones y
recomendaciones importantes, valorando, como digo sobre todo, que la Ley de Violencia de Género se muestra y se sigue mostrando no como un instrumento, sino como el instrumento adecuado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No
obstante, hemos presentado tres votos particulares que voy a pasar a defender. El primero de ellos dice: estudiar la viabilidad de mantener los juzgados de Violencia de Género con competencias estrictamente penales, salvo las civiles que se
deriven de la orden de protección o de medidas cautelares, retornando la competencia civil de las separaciones y divorcios y las actuaciones derivadas, las visitas, las ejecuciones alimentarias, la liquidación del régimen económico, etcétera, a los
juzgados civiles de familia o de primera instancia. Esto, como aquí se ha expuesto ya muy bien por mi compañera y portavoz del Grupo Socialista, doña Francisca Medina, es una antigua polémica que nace ya en el proceso de elaboración de la ley,
donde los grupos partidarios y detractores de esta medida existían ya, y como se ha dicho aquí siguen existiendo.



No comparto las manifestaciones de que separar las competencias sea ir en contra de la filosofía de la ley; nosotros creemos que la filosofía de la ley no es otra que atender a los fines y objetivos de la misma de la mejor manera posible y,
en este caso, la mejor manera posible es separar las competencias civiles de las penales. Así se defendió en su día cuando tuvimos los comparecientes en el proceso de elaboración de la ley, y así se sigue defendiendo por una parte de los
comparecientes, una parte relevante, como el presidente del Consejo General de la Abogacía, como la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, como otros comparecientes, y se recogen documentos como las conclusiones de las comisiones de relación
con la Administración de Justicia, de los colegios de abogados de España, todos ellos tienen esta conclusión. ¿Qué datos tenemos? Los datos del Consejo General del Poder Judicial nos dicen que desde julio del año 2005, porque fue cuando entraron
en vigor las medidas del ámbito jurídico de la Ley de Violencia de Género, hasta diciembre de 2008, que han ingresado 600.141 procedimientos penales y que solo han ingresado 49.355 procedimientos civiles; es decir, sólo un 8 por ciento de las
personas que sufren violencia se separan. Esto nos debe llevar a una primera reflexión ¿por qué solo se quieren separar el 8 por ciento de las personas que ponen una denuncia? Y, en segundo lugar, nos hace reflexionar que a la luz de estos datos
será cierto el informe de fiscalía que, entre otros informes, dice que hay mucha gente que no denuncia la violencia para no tener que separarse en un juzgado penal.
Son dos reflexiones que dejo encima de la mesa a las que debemos dar una respuesta
adecuada.



Hay además muchos problemas concretos a los que creo que en este estudio tampoco damos la solución y que se señalan en distintas aportaciones. Por ejemplo, hay problemas interpretativos derivados del ámbito objetivo de la competencia civil
de los juzgados de Violencia sobre la Mujer; es decir, habiendo violencia ¿en qué materia son competentes los juzgados de Violencia en aspectos civiles? No se sabe si son competentes para las filiaciones, para la necesidad del asentimiento para la
adopción, para los efectos de la ruptura de pareja de hecho con hijos, para las relaciones paterno-filiales, para la liquidación del régimen económico, para la ejecución del régimen de las sentencias, es decir, cualquier vicisitud en orden a las
visitas, a los impagos de pensiones, etcétera, ni tampoco si son competentes para la modificación de los efectos de sentencia o para el régimen de visitas de abuelos y nietos.



En todo esto hay una problemática que no está resuelta y que tampoco hemos podido resolver. Hay problemas interpretativos sobre qué se entiende sobre que alguna de las partes en el proceso civil sea víctima de actos de violencia de género,
que es uno de los requisitos para que los juzgados de Violencia sobre la Mujer sean competentes; no hay una respuesta pacífica a esta pregunta. Hay problemas interpretativos sobre cuando alguna de las partes del proceso civil sea imputado como
autor, inductor o cooperador necesario en actos de violencia de género, que es otro de los supuestos en los que los juzgados de Violencia de Género serían competentes a tenor literal de la ley, problemas interpretativos de cuándo se produce esto.
Hay problemas interpretativos sobre qué quiere decir cuando se han iniciado ante el juez de violencia actuaciones procesales de violencia de género; ¿qué quiere decir?, ¿qué se ha dictado auto de admisión a trámite?, ¿qué se ha dictado auto de
sobreseimiento?, ¿qué pasa si se dicta un acto de sobreseimiento?,


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¿qué pasa si hay un archivo o una sentencia absolutoria firme? A esto tampoco se da respuesta. Y también hay problemas relativos, que ya se ha señalado por los comparecientes, respecto a la competencia territorial del domicilio de la
víctima. ¿Qué quiere decir el domicilio de la víctima?, ¿el mismo del último domicilio familiar?, ¿un domicilio de paso?, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, nuestra posición sería mantener los juzgados de Violencia, mantenerlos en todo caso, con
competencias penales y también con las civiles derivadas de la orden de protección o de medidas cautelares; crear una jurisdicción u orden civil de familia para que todos los que se separan, no solo los de determinadas capitales de provincia o
cuando hay violencia tuvieran juzgados especializados, sino para todos; y retornar la competencia a estos juzgados civiles.



Mi segundo voto particular alude al tema que ha sido también muy cuestionado.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, vaya manejando su tiempo señora presidenta.



La señora PIGEM I PALMÉS: Decía que el segundo voto particular se refiere a un tema cuestionado que es el de los atenuantes o agravantes del asunto de las bebidas alcohólicas o de drogas. Hemos planteado un voto particular en el que
estamos de acuerdo en que las bebidas alcohólicas o drogas no debieran contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, tal como resulta de algunos estudios, por ejemplo, el del Consejo
General del Poder Judicial, en el que se nos dice que la ingesta de alcohol o de drogas tiene una escasa incidencia sobre la imputabilidad del autor. Esto debe de ser así, pero añadimos que recomendamos profundizar en la valoración jurídica de
dichas circunstancias, no pasar de atenuante a agravante, sino valorar convenientemente este tema. Hoy estamos tratando de la violencia de género, pero pensemos que si no lo tratamos con profundidad podemos llegar a articular medidas que, por
ejemplo, cuando alguien viola a una mujer, que es violencia de género no intrafamiliar, el alcohol o las drogas funcionarían como un atenuante y cuando es intrafamiliar funcionarían como un agravante; hablo de violencia de género, es decir, no digo
ni que sí ni que no, pero hablo de considerar, valorar y profundizar la valoración jurídica que hemos de dar a dichas circunstancias. -Aquí se me ha anunciado una enmienda transaccional por el Grupo Socialista que estoy esperando para ver si
podemos adoptar una resolución conjunta para tratar de mantener esto en el cauce, que yo creo equilibrado-.



Por último, un voto particular que se refiere a cuando en el punto 10 del apartado V se recomienda que la condena firme por delito de violencia de género conlleve la pérdida de custodia de los hijos e hijas, completamente de acuerdo, pero
dice que conlleve también la pérdida del derecho de visitas. En este punto, no tanto por defender al agresor, que ya estaríamos de acuerdo en que lo perdiera, sino por defender el derecho del menor, que tiene derecho a mantener relaciones con sus
progenitores si quiere y porque no estamos hablando de menores únicamente de 2, 3 ó 4 años sino de menores de edad de 12, 13, 15 y 16 años, creemos que el hecho de suspender el régimen de visitas no debe ser tajante en todas las condenas por
violencia de género, sino que debe ser ponderado adecuadamente en cada caso por el juzgado, respetando como digo los derechos del menor. Nos cuesta, y lo hemos dicho muchas veces, que sea la propia mujer maltratada la que suspenda relaciones con el
agresor. No podemos imponer una resolución tajante que si se quebrantara significaría que el menor está incumpliendo la resolución judicial. En el voto particular lo hemos redactado de manera que se dicen algunos motivos en que sí sería
aconsejable suspenderlo; no hay ninguna objeción en retirar los ejemplos porque eran ejemplos para retirar, como cuando se aprovechara las visitas para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos revivieran con miedo las
situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor, y -finalizo señora presidenta- no hay ningún problema en retirarlo; pero sí queremos que quede claro que sí la condena supusiera la pérdida de custodia no supusiera en todos los casos,
sino cuando el juez lo considerara conveniente, la suspensión o la pérdida incluso del derecho de visitas.



La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo de las letradas y de la mesa de la subcomisión por el esfuerzo realizado durante estos largos nueve meses de trabajo. Por supuesto, el agradecimiento a mi
compañera doña Carmen Quintanilla que se ha dejado la piel en esta subcomisión, unas veces presidiéndola y otras muchas ejerciendo de portavoz; han sido muchos meses de trabajo en común y de búsqueda de acuerdos, búsqueda conjunta de soluciones que
han quedado plasmadas tanto en las recomendaciones como en el voto particular que presentamos. Señorías, hoy ponemos fin a nueve meses de trabajo, como se ha dicho, a decenas de comparecencias; son muchos y muchas las expertas que han pasado por
esta Comisión, por esta subcomisión, durante estos meses y muchas las propuestas y recomendaciones sensatas y documentadas que nos han aportado. Desde el Grupo Popular queremos poner en valor esta subcomisión porque, después de más de cuatro años
transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, resultaba necesario realizar un análisis en profundidad sobre su funcionamiento, valorando si su aplicación ha cubierto las expectativas generadas en su
aprobación.



La realidad y el tiempo han puesto de manifiesto, como así han mantenido los expertos que han comparecido en esta subcomisión, la necesidad de reflexionar


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sobre la idoneidad de algunas de las medidas aprobadas, sobre la posibilidad de mejorarlas o modificarlas y, sobre todo de cuestionar si los medios empleados para su aplicación han sido suficientes para garantizar el adecuado, el correcto y
el eficaz desarrollo de esta ley.



En el Grupo Popular venimos manteniendo desde hace tiempo que la Ley Integral fue desde el principio una ley muy ambiciosa, una apuesta del Gobierno en la lucha contra los malos tratos, pero que evidenciaba una serie de defectos
estructurales, de planificación inicial, especialmente en lo referente a los juzgados de Violencia y, sobre todo, adolecía del presupuesto necesario, de los medios precisos para que pudiera convertirse en la solución a los problemas que padecen las
mujeres víctima de violencia de género. Muchas de las críticas de nuestro grupo parlamentario han sido reiteradas durante estos nueve meses por los distintos comparecientes, de distinta procedencia además. Para nosotros algunas de las
recomendaciones son especialmente importantes porque son recurrentes, se repiten en la mayoría de las comparecencias, coincidencia entre los expertos que nos hace ver que son cuestiones muy evidentes, fallos que deben ser subsanados sin ningún tipo
de excusas. El informe, emanado de la subcomisión, detecta muchas de las dificultades a las que las mujeres deben enfrentarse en el momento en que deciden salir del ciclo de la violencia, romper con el agresor e iniciar el itinerario judicial, y
también las trabas y dificultades que todavía persisten a la hora de solicitar las ayudas sociales, laborales o de residencia y la necesidad de mejorar las medidas preventivas de sensibilización social, poniendo especial énfasis en la educación, en
la formación y en el tratamiento de los medios de comunicación; y a través de más de cincuenta recomendaciones dar respuesta a algunas de las deficiencias, carencias o lagunas que persisten después de más de cuatro años de aplicación de la Ley
Integral. Pero creemos que no concreta adecuadamente algunas de las soluciones aportadas a los fallos detectados, y descarta otras de las recomendaciones mantenidas insistentemente por los expertos. Todo ello ha motivado la presentación de un voto
particular del Grupo Popular sobre una serie de aspectos que creemos necesario mejorar para que el informe definitivo que emane de esta Comisión, y vaya dirigido al Gobierno, sea lo más completo y exigente posible para lograr el objetivo que mi
grupo se propuso al apoyar la creación de esta subcomisión y los trabajos de la misma, que no es otro que intentar mejorar el desarrollo y aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El informe recoge muchas de las propuestas del
Grupo Popular y por ello quiero reiterar el agradecimiento al Grupo Socialista, especialmente a su portavoz, la señora Medina, por aceptarlas e incluirlas en el documento final, porque suponen mejoras en la respuesta ante la violencia, necesarias e
ineludibles.



Quisiera destacar algunas de estas aportaciones del Grupo Popular al informe presentado en esta subcomisión. En cuanto a la prevención, creemos imprescindible mejorar y generalizar las campañas de choque, hacer que estas sean accesibles a
las personas con discapacidad y que estén dirigidas fundamentalmente al agresor, pero también a la sociedad en su conjunto; por supuesto, y como han dicho el resto de los comparecientes, mejorar la formación de todos los operadores que trabajan con
la violencia, que ha sido uno de los puntos más importantes y más recurrentes a lo largo de las comparecencias; fomentar también la formación del profesorado en materia de violencia de género e incluir esta en el currículum escolar para construir
relaciones igualitarias desde la infancia; y sobre las actuaciones dirigidas a los medios de comunicación, potencia la imagen de las mujeres víctimas de violencia de género como supervivientes. Por lo que se refiere a la respuesta institucional y
social, me gustaría destacar la necesaria y mejor coordinación entre las distintas instituciones implicadas, especialmente las comunidades autónomas, que son al fin y al cabo las que tienen las competencias en materia asistencial; incrementar la
financiación -especialmente la destinada a los ayuntamientos- para la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género; proporcionar protección y tratamiento psicológico con carácter previo a la denuncia, así como la recuperación
integral a las víctimas, creemos que es uno de los aspectos más importantes que recoge este informe; o evaluar los recursos existentes estableciendo estándares mínimos de calidad, disponibilidad y accesibilidad.



Me gustaría detenerme en una de las cuestiones que para el Grupo Popular es más importante y que supone un avance cualitativo y es el tratamiento dirigido a los menores. Los menores han sido las víctimas olvidadas durante estos años de
desarrollo de Ley Integral y es necesario corregir esta situación; aplaudimos las medidas recogidas en el informe, en especial la que hace referencia a la necesidad de que los menores dispongan de asistencia psicológica para poder superar el
trauma, para poder rehacer su vida y romper con la cadena de maltrato, intentar romper con la tradición de que los niños que viven en hogares donde se producen malos tratos tienden a reiterar estas conductas en su vida adulta.
También aplaudimos
que se introduzca en el informe la necesidad de que los menores dispongan de la protección y seguridad adecuada, a través de la orden de protección y algunas otras de las medidas recogidas. Y siendo coherentes con la necesidad de acentuar las
medidas dirigidas a los menores, uno de los puntos de nuestro voto particular hace referencia a la consideración de los menores como sujetos de pleno derecho de esta ley y su reconocimiento como víctimas directas desde el artículo primero de la ley,
porque no nos parece suficiente con un tibio reconocimiento de los menores en la exposición de motivos. Comentario especial merecen, desde nuestro punto de vista, las cuestiones judiciales y los fallos que han visto la luz durante estos años de
funcionamiento de la ley. No tenemos que tener miedo a la hora de aprobar las reformas necesarias, cueste lo que cueste, debamos modificar las leyes que debamos modificar y suponga el


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esfuerzo que suponga, porque es evidente que la respuesta judicial que reciben las mujeres víctimas de malos tratos es defectuosa, que no están recibiendo la atención, la información y el asesoramiento legal adecuado.
Es evidente que siguen
sufriendo una doble victimización por la saturación de los juzgados, por los horarios de los mismos, por la falta de personal, por la falta de unidades de valoración integral forense, por la inadecuada, insuficiente y escasa formación de los
operadores jurídicos y, en general, del personal que se va cruzando con la víctima desde que esta inicia su itinerario judicial tras decidirse a salir del ciclo de la violencia e interponer una denuncia. Y podemos reconocer que la respuesta
judicial ha mejorado en estos últimos años, pero queda un largo camino que recorrer para lograr que sea satisfactoria; muchos de los fallos detectados pueden subsanarse si se cumple, si el Gobierno cumple con todas las recomendaciones de este
informe. Destacaríamos todo aquello que tiene que ver con el incremento de la formación de los operadores jurídicos, con el incremento de los juzgados de violencia, con la mejora del turno de oficio y con la mejora y generalización de los programas
de rehabilitación y reeducación de los maltratadores, pero creemos que quedan algunos asuntos susceptibles de mejora, algunos de los cuales hemos incorporado a nuestro voto particular. Uno de ellos hace referencia a la necesaria modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. La experiencia nos demuestra que hoy en día el 20 por ciento de las víctimas de violencia de género se está negando a declarar amparándose en los artículos 416 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, provocando
con ello la libre absolución del agresor. El informe detecta el problema, pero no concreta la solución. Por eso, este grupo parlamentario estima oportuno recabar los estudios pertinentes técnico-jurídicos para su incorporación a las leyes
procesales penales.
La solución, creemos, pasaría por conseguir que la primera declaración de la víctima ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se articulase como una prueba preconstituida y que, con las debidas garantías procesales, se
obviase la reiteración de esta declaración en el juicio oral, evitando así la doble victimización que padecen, cumpliéndose con los principios de contradicción garantizados con la presencia del letrado defensor e inmediación del proceso penal y
mediante su grabación para su reproducción -en su caso- el día del juicio.



Asimismo se hace necesario revisar las competencias de los juzgados de Violencia. Los datos nos demuestran que se están produciendo serios retrasos en la resolución de los procedimientos civiles debido a la saturación de estos juzgados y al
hecho de que las cuestiones penales tienen prioridad sobre las civiles. Muchos de los expertos que han comparecido en la subcomisión, entre ellos -como ha dicho la señora Pigem- el presidente del Consejo General de la Abogacía, han constatado la
necesidad de eliminar de los juzgados de Violencia las competencias civiles salvo las acordadas en virtud de la orden de protección, dado que con ello se conseguiría evitar la saturación de los juzgados y mejorar la respuesta a la víctima. En el
Grupo Parlamentario Popular consideramos que no debemos temer ninguna reforma que mejore la respuesta judicial, una respuesta que, como hemos dicho anteriormente, sigue siendo poco adecuada. Al mismo tiempo, consideramos importante y necesario
proceder a la realización de un informe exhaustivo de las posibilidades de eliminar la atenuante del consumo de alcohol y drogas en estos delitos. Nosotros, el Grupo Popular, ya lo pedíamos en nuestro programa electoral. La realidad nos indica que
debemos seguir actuando y actuar contundentemente en este sentido. Tenemos un ejemplo muy reciente, el caso de Nagore, en el que su asesino ha sido condenado por homicidio y no por asesinato porque se ha aplicado esta atenuante. Creemos que es
necesario actuar en consecuencia y eliminar este aspecto como atenuante.



En cuanto a la protección y seguridad de las víctimas, el informe avanza en la necesidad de mejorar la respuesta mediante el incremento de efectivos especializados, la mejora de su formación y la aprobación de protocolos para su actuación,
así como el compromiso de ahondar en la coordinación. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que además es necesario revisar el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, ya que desde la aprobación de la instrucción
10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de julio de 2007, la valoración policial del nivel de riesgo de la violencia contra la mujer la realiza una aplicación informática que determina el riesgo de la mujer y por ende la protección
que necesita. Este sistema supone una apuesta novedosa, pero desafortunada, al someter a criterios matemáticos el nivel de respuesta policial ante un fenómeno sometido a múltiples variables que dificultan su análisis homogéneo. Por ello,
solicitamos en nuestro voto particular la puesta en marcha de unos equipos multidisciplinares de valoración del riesgo que fuesen la respuesta profesional, transversal, integral, pausada y eficaz ante la variedad de problemas y amenazas a los que se
enfrenta una víctima de malos tratos.
Se trata, en definitiva, de mejorar y hacer más humano, ágil y dinámico el análisis de riesgo de la víctima. Y también se hace necesario individualizar y personalizar la respuesta que se da a la víctima
atendiendo las especiales circunstancias tanto de la víctima como del propio agresor, porque no resulta posible extender de forma generalizada e indiscriminada los mecanismos de protección, además escasos, con los que se cuenta, tanto protección
personal como implantación de sistemas electrónicos de protección de proximidad respecto de todas las prohibiciones de aproximación que se establezcan en las causas penales.
Pero si implantamos un sistema integrado y coordinado de los recursos de
las distintas administraciones articulado en torno a un informe individualizado del riesgo estaremos estableciendo un sistema coherente e integral de protección de las víctimas que, al mismo tiempo, permita una mayor racionalización y optimización
de los recursos disponibles.



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Señorías, la presentación de estos votos particulares busca conjugar el más amplio consenso posible en este tema, como hemos venido haciendo desde siempre, y hoy seguiremos manteniendo a través de nuestro apoyo al informe, con el
mantenimiento de nuestra responsabilidad con las víctimas de lograr el mejor documento que suponga un verdadero avance por optimizar la respuesta de una ley, que es de todos porque fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos, y con la que
todos nos sentimos comprometidos. Y dejando patente que el Grupo Popular considera imprescindible que este documento no quede en papel mojado sino que se convierta en una auténtica herramienta de trabajo, tanto para el Gobierno para desarrollar
todas y cada una de las cincuenta recomendaciones que manan del informe que hoy será aprobado, como para los grupos que ya hemos realizado nuestra parte del trabajo y que a partir de ahora estaremos muy vigilantes y controlaremos con seriedad y
responsabilidad que el Gobierno cumpla con esta responsabilidad.



Finalizo, señorías, con la esperanza de que el trabajo y el esfuerzo de estos meses, tanto de los expertos como de los miembros de la Comisión, sirva para ayudar a mejorar la vida de todas las mujeres víctimas de violencia de género.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos ahora el turno de los grupos que no han presentado votos particulares. En nombre del grupo vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Me sumo al agradecimiento por partida doble; en primer lugar, a los miembros de la Comisión por el trabajo que se ha realizado, por la sintonía que ha habido incluso a la hora de participar en la elaboración,
no de las conclusiones, sino del trabajo durante todo el año, incluyendo a las letradas de los servicios jurídicos por el trabajo que han realizado, la atención y la diligencia en su labor; y en segundo lugar, a los comparecientes, hemos hecho un
ejercicio muy interesante, huyendo un poco de políticas partidistas, de traer solo a mis amigos y esas cosas. Todos hemos contribuido a que las personas que han comparecido, sean del ámbito que fueran, sean personalidades con conocimiento de causa
porque han estado implicadas, porque han sido afectadas o porque tienen una relación en la parte preventiva, judicial, asistencial o en la parte policial o penal. Por lo tanto, englobo en este primer apartado el agradecimiento doble.



La consecuencia ha sido este documento que se nos presenta hoy, creo que como conclusión final de lo que han sido los trabajos de esta Comisión.
Ha sido un elemento importante a la hora de elaborar este documento la clarividencia de los
comparecientes en su labor que han tenido planteamientos muy claros y concisos; se ha atacado el problema desde el planteamiento que estaba hecho de por sí en la creación de la subcomisión, porque la subcomisión no se crea para ver qué hacemos con
la violencia de género, se crea para ver qué hacemos con la ley existente de violencia de género. Por lo tanto, en el momento en que empezamos a trabajar es porque vemos ciertas lagunas, porque vemos que hay cuestiones en las cuales creemos que se
deberían adoptar posturas que a lo mejor la ley no dejaba bien claras o que no se están aplicando bien. Porque, al fin y al cabo, todos concluíamos en que la ley está muy bien pero el problema está en la aplicación de la misma. Quizá el objetivo
principal de la subcomisión era ese, ver en qué no se estaba aplicando bien la ley y por qué no se estaba aplicando bien. El informe final, por lo tanto, quiere aportar esto.



A nivel de criterios hay que hacer un ejercicio, una especie de autocrítica en el sentido de que hemos trabajado para, quizá, mejorar algunos aspectos, pero a lo mejor tenemos ese pequeño fallo, no aquí sino en otros sitios, de que cuando
estamos hablando de esta serie de cuestiones, de mejorar algo, hacemos una especie de sinónimo de cuanto más punitivo, cuantas más penas impongamos estamos mejorando lo que tenemos. Eso puede tener una parte clara, no voy a decir positiva, sino más
eficaz, pero no por ello nos tiene que dejar de sorprender a nosotros mismos porque nuestra función también debería ser preguntarnos qué estamos haciendo para que no tengamos que penar tanto y sí tengamos que trabajar en áreas en las cuales la pena
sea una consecuencia, por ejemplo, en el tema de la prevención que no estamos desarrollando demasiado.



No voy a alargarme mucho más. Mi grupo tenía intención de presentar unos votos particulares, pero no los ha presentado porque me parecía que eran reiterativos, porque ya los ha presentado Convergència i Unió, y no teníamos ningún afán de
protagonismo, de presentar por presentar cuando ya están presentados. Por lo tanto, mi grupo apoyará dos de los tres votos particulares, si hay una transacción la miraremos y no tendremos ningún problema en apoyarla. ¿Por qué? Porque consideramos
que, por una parte, estamos totalmente de acuerdo en que la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas no sea atenuante, pero tampoco consideramos que tiene que ser agravante. En segundo lugar, el tema del régimen de visitas, la pérdida de custodia,
estando de acuerdo -y ahora voy a incidir en ello- consideramos que prohibir las visitas no es una prohibición que se hace al derecho que el padre tiene a visitar a sus hijos sino, con la Ley del Menor, al derecho que los hijos tienen a visitar a
sus padres, y que es lo que se debe proteger. Aquí no somos nadie para que por medio de un informe decidamos por ley que el niño no tiene derecho a visitar a sus padres si así lo quiere, porque el condenado, como mucho, será el padre, pero no el
hijo. Es importante incidir en esta cuestión. Así y todo habría que hacer un pregunta, ¿creemos verdaderamente en la rehabilitación? Quizá no creamos y tengamos que sincerarnos todos. Es imposible. No lo sé, pero es una cuestión que tendríamos
que plantearnos, y quizá con más seriedad, porque a veces si no hacemos apuestas por la rehabilitación es porque


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no creemos o porque no es eficaz o porque hemos demostrado que eso no es posible. Son interrogantes. Por último, me gustaría decir que en el fondo esto es un informe, que son unas conclusiones, pero cualquier grupo político tiene aquí la
capacidad de convertir en iniciativas legislativas cualquiera de los puntos que aparecen en este informe. Todos tenemos el derecho -yo diría incluso que la obligación- de convertir en iniciativa legislativa todo aquello que verdaderamente
consideremos que se tiene que llevar a cabo y no se quede en el sueño de los justos convertido en un informe.



Por último quiero decir que en fondo tendremos que hacernos una pregunta, si nuestro es objetivo es doble, por una parte, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la ley se aplique con su total eficacia a los maltratadores, y por otra parte
queremos que no haya maltratadores. Es la doble función que tenemos como legisladores y como representantes, aplicar la ley a los maltratadores y la función de que no haya maltratadores. Las dos son complementarias y han de ir en paralelo, cada
uno por su camino; seguramente no se cruzarán nunca, pero tendremos que aplicar legislaciones y tendremos que aplicar políticas que sirvan para las dos.



El Grupo Nacionalista Vasco apoyará el dictamen, el informe, y también apoyará, si no hubiera una transacción, los votos particulares relativos a la atenuancia de las bebidas alcohólicas y lo del régimen de visitas de Convergència i Unió.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Comenzaré mi intervención agradeciendo el ímprobo trabajo de nuestras letradas, que nos ha facilitado el que nosotros teníamos que hacer; y muy especialmente agradecer también a todas las personas comparecientes
en la subcomisión que con tanta generosidad han compartido con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, de tal manera que nos hace valorar el trabajo de la subcomisión muy positivamente, porque además nos ha dado la oportunidad de seguir
incidiendo en un debate que, como el de violencia de género, no permite tiempos de descanso. Asimismo, desde mi punto de vista, es necesario, y así lo han manifestado los otros compañeros y compañeras, felicitarnos a los miembros de la subcomisión
y de esta Comisión por esa actitud, en todo momento de cooperación, que ha permitido esa complementariedad necesaria a la hora de elaborar el documento que hoy vamos a aprobar de tal manera que hemos conseguido un texto que nos va a ser muy útil en
la búsqueda de mejoras, tanto desde el punto de vista legislativo como del impulso a las políticas que necesariamente debemos instar a las diferentes administraciones, y de manera especial al Gobierno. Permítanme, señorías, que recuerde además que
este informe que hoy vamos a aprobar nos sirve como una contribución a la fecha del 25 de noviembre, conmemorativa de la lucha contra la violencia de género, ya que es un trabajo que demuestra el compromiso de la sociedad civil y de esta Comisión
para erradicar esta lacra de nuestra sociedad.



Este es un informe que recoge con objetividad los diferentes mensajes que nos han dejado las distintas personas comparecientes en la subcomisión.
Un informe que incluye una serie de conclusiones que, desde nuestro punto de vista, son
acertadas, de acuerdo con las importantes aportaciones que se han presentado. Hubo -como no podía ser de otra manera y como se puede comprobar en la documentación adjunta a este informe- planteamientos de los diferentes comparecientes que en muchas
ocasiones fueron coincidentes pero también en otras fueron divergentes y se plantearon controversias.
Entendemos que este debate tiene que ser vivo, que unas veces concite acuerdos y otras manifieste las divergencias que en esta subcomisión se han
manifestado. Eso es lo que justifica que apoyemos este informe a pesar de que en sus recomendaciones no se inste al Gobierno a la realización de ninguna actuación concreta. Nuestra justificación al apoyo de este informe, a pesar de esta cuestión
que acabamos de comentar, está circunscrita en el contexto del propio debate que se dio en la subcomisión y en el tono del informe que hoy estamos discutiendo.
Entendemos, señorías, que este documento, como un documento abierto, nos será de mucha
utilidad para profundizar en nuestro trabajo en el futuro.
La representación de la sociedad civil comprometida con las políticas de igualdad que compareció en la subcomisión para exponernos sus análisis y valoraciones nos exige que nuestro trabajo
no finalice en este informe sino que, partiendo del mismo, trabajemos para un mayor desarrollo de la ley y para sacar adelante todas las mejoras legislativas que de muchas de las conclusiones del informe se deducen. Desde luego, ese es nuestro
compromiso y entendemos que, independientemente del tono del informe que hoy vamos a aprobar, nos deja la puerta abierta a un trabajo que podemos presentar en forma de diferentes iniciativas, algunas de ellas incluso en forma de modificaciones
legislativas. Pero señorías, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, también va a apoyar este informe porque se han incorporado al mismo las cuestiones que nosotros inicialmente echábamos en falta. Como comentamos al inicio, este fue un
informe que en el transcurso de su elaboración fuimos complementando todos los miembros de la Comisión, pero había algunas cuestiones que, ya elaborado el documento, echábamos en falta y no presentamos voto particular porque en la última reunión de
la subcomisión acordamos su incorporación. Es así, señorías, que en el apartado 3 de las conclusiones se recoge algo que en su momento generó cierta unanimidad. En relación con la valoración de la Ley Orgánica 1/2004 hubo unanimidad de todos los
comparecientes a la hora de considerarla necesaria y positiva, pero también hubo coincidencias en algunas de estas personas comparecientes a la hora de exponer la necesidad de reconocer el hecho de que la


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ley no regula ni trata la violencia de género en su integridad; se limita a la violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, lo que se conoce por violencia doméstica, y si bien es cierto que fue oportuno hacerlo, y así lo acordamos
en su momento todos los grupos parlamentarios, debido a la gravedad de esa violencia, no es menos cierto que no nos podemos permitir olvidar que la violencia contra las mujeres se ejerce en todos los ámbitos de la sociedad y de manera exponencial en
el mundo laboral, ámbito en el que se presenta con demasiada virulencia, unas veces en forma de discriminación y otras en forma de acoso. Era para nosotros importante que esa realidad se recogiera en las conclusiones de este informe ya que
entendemos que en el futuro tendremos que afrontar una modificación de la ley, y no digo que el futuro sea cercano pero sí es necesario afrontar una modificación de la ley que abarque todos estos aspectos de la sociedad. Del mismo modo, señorías,
ocurre con la conclusión número 7 del apartado 3, en la que se plantea la problemática de que para el acceso a las prestaciones y ayudas sociales contempladas en la ley se requiera la previa acreditación de la condición de víctima a través de la
orden de protección, porque todos sabemos que muchas mujeres no denuncian o no siempre solicitan u obtienen la orden de protección. De ahí que nos pareciera importante que en este informe se recogiera, aunque fuese en forma de conclusión, este
aspecto porque entendemos que en el futuro también será necesario abordarlo.



Somos conscientes de que en esta intervención no podemos hablar de todas y cada una de las conclusiones y recomendaciones que se recogen en este informe, que por otro lado ya han sido en unas ocasiones valorados por la portavoz del Grupo
Socialista, en otros por la señora portavoz de Convergència i Unió o por la portavoz del Grupo Popular, pero sí nos interesa hacer referencia a la necesidad de doblar los esfuerzos en aquellas conclusiones del apartado 2 que son orientados a la
educación y medios de comunicación. Del mismo modo todos aquellos que forman parte del apartado 3, que se refiere a la tutela judicial. No quiero decir que en el resto de las conclusiones y recomendaciones no tengamos que doblar esfuerzos, pero sí
es verdad que en el correspondiente a la educación y medios de comunicación es quizá en el que más insatisfacción se ha manifestado por parte de los comparecientes; incluso podríamos decir que es una asignatura pendiente como una de las cuestiones
a desarrollar de la ley.



En el apartado 4 quisiera detenerme en los puntos 1, 2 y 4, que tratan asuntos que, entendemos, suscitan los votos particulares de la señora Pigem y también del Grupo Popular. Sin duda este asunto, el que los juzgados de Violencia asuman
las competencias exclusivas y excluyentes en el orden penal y se remita la cuestión civil al orden civil, junto con el asunto que se recoge en el número 4 de las conclusiones que acabamos de comentar del apartado 4, en el que se plantean las
dificultades que en el ámbito del enjuiciamiento de los delitos relacionados con la violencia de género presenta la interpretación y aplicación vigente del artículo 46, han sido los protagonistas de las mayores controversias, yo diría incluso que de
las únicas controversias que se han suscitado entre los diferentes comparecientes. Señorías, creemos que es acertado cómo se tratan estos temas en los conclusiones porque, por lo que hemos podido comprobar en por los debates que se dieron en la
subcomisión, es necesario profundizar en las divergencias existentes, y seguramente la prudencia de contar con un mayor tiempo de experiencia en la adecuada implantación de los juzgados de violencia sea lo más adecuado para poder llegar a una
correcta conclusión en relación con los puntos 1 y 2 que acabamos de comentar.



Tenemos que decir también que el voto particular que presenta la señora Pigem cuenta con una prudencia en su redacción que entendemos podría ser motivo para tratar de llegar a acuerdos. En relación con los otros dos puntos que presenta como
votos particulares Convergència i Unió, valorando la necesidad de que se lleguen a acuerdos entre todos los grupos para buscar la transacción más adecuada, si esto no es posible manifestamos que votaríamos favorablemente a los puntos 1 y 2 de los
votos particulares de la señora Pigem.



En relación con los votos particulares de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, entendemos que algunos de los mismos significarían una mejora en la redacción del informe que vamos a aprobar y votaríamos
favorablemente los puntos números 4, 7, 9, y 10, y desearíamos que se pudiera llegar a algún acuerdo transaccional con el punto 18.



En cuanto a los votos particulares del Grupo Popular, entendiendo perfectamente los argumentos que acaba de exponernos la señora Camarero, no los vamos a votar favorablemente porque los aspectos que se incorporan en este voto particular se
encuentran recogidos en el informe que se pone hoy a votación y, por otro lado, uno de estos votos particulares se refiere al presentado por la señora Pigem en el punto número 1, en el que ya hemos manifestado nuestra abstención.



Señora presidenta, gracias por su paciencia y felicitarnos de nuevo, reiterando mis agradecimientos iniciales por poder conseguir este documento que seguramente, y nosotros así lo vamos a hacer, nos va a servir también para impulsar nuestro
trabajo como diputadas de esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: Señorías, les indico que llevamos algo más de hora y media sólo para presentar las posiciones. Lo digo para el uso del tiempo.
Vamos a dar la palabra al Grupo Socialista para que responda a la presentación de los
votos particulares de quienes los han hecho y también de las manifestaciones que han hecho sobre la votación de los grupos parlamentarios que los han presentado.



Tiene la palabra la señora Medina, a la que no doy tiempo pero llamo a la autorregulación.



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La señora MEDINA TEVA: Voy a intentar ser muy breve, pero sí le solicitaríamos disponer posteriormente de un tiempo para poder cerrar todas las transaccionales que podamos presentar.



En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a todas y todos los portavoces las aportaciones y el trabajo que han realizado en esta subcomisión. Creo que hemos hecho un buen
trabajo, que ha sido un documento valiente en muchos sentidos y por eso creo que nos podemos felicitar todos y todas.
Agradezco a la señora Pigem todas las aportaciones y todo el trabajo que ha realizado y lamento que no hayamos podido llegar a un
acuerdo en un punto tan concreto como era el de los juzgados exclusivos de violencia, no sé si por no ir en contra de la propia filosofía de la ley pero sí, por rizar un poco el rizo señora Pigem, de la propia filosofía procesal de la ley. De todas
maneras, creo que la señora Fernández Davila también lo reflejaba, y usted misma ha hecho esa reflexión, en el sentido de que es muy poco tiempo el que ha transcurrido y como continuamente se están implementando nuevas medidas hay que dar un poco
más de tiempo a los juzgados porque seguro que demuestran cuál es su eficacia y la razón por la que fueron creados. Por eso pensamos que tenemos que seguir apostando por este diseño de los juzgados de violencia de género.



En el caso de la segunda enmienda respecto al tema del alcohol, ya les decía en mi primera intervención que ha tenido un recorrido mediático impresionante, y me gustaría dejar constancia de que la realidad ahora mismo es que en los delitos
relacionados con la violencia de género el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas puede suponer una reducción de la pena e incluso la absolución del maltratador, y es un hecho también que el riesgo de la mujer víctima de la violencia de género
se incrementa cuando su pareja actúa bajo los efectos del alcohol. Por eso en esta recomendación, para la que nosotros les vamos a ofrecer la transaccional, nos parece tan importante que se recoja, porque en cualquier caso el estar borracho no
puede ser nunca una justificación para maltratar o para asesinar a una mujer. La transaccional también se la ofreceríamos al Grupo Popular, que igualmente hace una referencia a este tema. La subcomisión considera que la exposición a los efectos de
las bebidas alcohólicas o a las drogas no debe contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, y por tanto recomendamos profundizar en la valoración jurídica de dicha circunstancia.
Así daríamos un paso importante en este tema porque, repito, somos conscientes de que el endurecimiento de las penas no es la solución para este problema, ni mucho menos, pero tampoco vamos a disculpar la conducta del agresor, del maltratador.
Señorías, una de las expresiones que durante estos días hemos tenido la oportunidad de leer, que dice: pobre infeliz borracho, que no me negarán que invita a reflexionar sobre lo que realmente se piensa de este tema. Respecto a la enmienda sobre
el régimen de visitas, vamos a votar a favor porque nos parece que es importante ese matiz.



Agradezco también al señor Tardá, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el esfuerzo y el trabajo que ha realizado en todas las aportaciones que nos ha presentado. Queríamos presentarle algunas
transaccionales sobre puntos muy concretos. El punto 10 sobre la tutela judicial efectiva frente a la violencia de género, quedaría de la siguiente manera: regular allí donde estén instaurados por el modelo autonómico la existencia de los puntos
de encuentro, su funcionamiento... El resto quedaría en los mismos términos. Creo que con eso podría quedar regulado el tema de los puntos de encuentro porque ha sido una cuestión muy recurrente en las exposiciones de las distintas personas que
han comparecido en la subcomisión. En la enmienda número 18, respecto a la respuesta institucional y social para el apoyo a las víctimas de violencia, hablaríamos de una enmienda de adición en el sentido de mejorar la coordinación de protocolos de
actuación desde una perspectiva interdepartamental entre administraciones y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector, para evitar duplicidades de la oferta de recursos disponibles. Se trata de matizar un poco más este
tema. Las propuestas del señor Tardá nos parecen muy interesantes y en su mayoría son matizaciones. Por ejemplo, queríamos hacerle una en el punto 12, que diría: las empresas deben tener protocolos eficaces contra la violencia de género. Para
terminar, hay una recomendación donde se dice: como las mujeres del ámbito rural, las inmigrantes, con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión social. Le admitiríamos, si quita trabajadoras sexuales, hablar también de mujeres mayores o
mujeres transexuales. Aludíamos a mujeres del ámbito rural, inmigrantes o con alguna discapacidad porque son temas que se han tratado a lo largo de las comparecencias, y por eso era el incluir el tema de riesgo de exclusión social para otras
mujeres en otras situaciones. Pero si no hay ningún problema en eliminar el concepto de trabajadoras sexuales, lo demás lo podríamos admitir.



Creo que no se me olvida nada, de todas formas como tenemos un rato, ahora lo podríamos decir con más concreción. El punto 1, que habla de la educación en igualdad y dice: es la principal medida para conseguir sociedades de futuro libres
de violencia de género, se quedaría tal y como está redactado y no como propone Esquerra Republicana. De todas formas, quiero agradecerle sus aportaciones y el esfuerzo de consenso que estamos realizando en este sentido.



Al Grupo Parlamentario Popular también queremos agradecerle ese esfuerzo de consenso, esas aportaciones que ha realizado y el trabajo que venimos desarrollando en estos días. El primer punto no lo apoyaríamos porque, y lo he hablado en
algunas ocasiones con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, está incluido en la recomendación que hacemos respecto al 416 bis. En el segundo tema, el concerniente a las competencias de los


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juzgados exclusivos de violencia de género, no me voy a repetir. Y en el tercero, respecto a que la ley integral en su preámbulo y su exposición de motivos recoge que los menores son víctimas directas o indirectas de la violencia de género,
le habíamos propuesto una transaccional que vendría a decir: Estudiar las fórmulas necesarias y convenientes para que se pueda visibilizar la violencia en relación con los hijos que viven en ese entorno y así poder actuar sobre los mismos.
Haciendo esta transaccional no tendríamos ningún problema en apoyarla. En el punto 4, que habla del consumo de alcohol, habíamos llegado a un acuerdo con la transaccional que le habíamos realizado a la señora Pigem. No podemos apoyar la puesta en
marcha de equipos multidisciplinares de valoración del riesgo. Ahora mismo las unidades de valoración que existen, que están compuestas por equipos multidisciplinares -hablamos de médicos forenses, especialistas en psicología y trabajo social-,
hacen una labor importante. Es verdad que hay que seguir haciendo esfuerzos para que en aquellas comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas se vayan implementando, pero ahora mismo y en esta situación de crisis sería una
duplicación de recursos y pensamos que también hay que darles un tiempo para que se pongan a funcionar en su totalidad. El punto 6, que habla de la valoración del riesgo de la víctima, donde dice que dé lugar a un informe individualizado del mismo,
sí lo aceptaríamos e incorporaríamos sin ningún problema al informe.



Agradezco igualmente al portavoz del PNV y a la portavoz del BNG las aportaciones que nos han realizado, muchas de las cuales no han tenido la necesidad de plantear en enmiendas porque lo habíamos incorporado a lo largo de todo el proceso
que ha tenido lugar desde que presentamos el borrador del informe, pero, son igualmente enriquecedoras para completar este documento.



Termino, señora presidenta. Creo que hay varias cosas que han quedado claras en esta subcomisión a lo largo de todos estos meses de comparecencias: que la ley integral es un buen instrumento para la lucha contra la violencia de género, una
ley que ha sido valorada positivamente por todas las personas que han comparecido en la subcomisión; que hemos trabajado en la recuperación integral de las mujeres víctimas, y sobre todo poniendo énfasis en desmontar una serie de mitos que más que
avanzar en esta lucha contra la violencia de género trata de que desandemos lo andado; y por supuesto quiero destacar el consenso y el esfuerzo que se ha realizado por parte de todos los grupos para que lleguemos hoy a votar estas conclusiones y
elevar este documento al Gobierno. Tenemos que trasladar un mensaje único, firme y contundente contra la violencia de género y este documento lo representa.



La señora PRESIDENTA: ¿Alguna contestación breve por parte de los grupos antes de hacer un receso para poner en orden las votaciones que vamos a realizar? Dejamos cinco o siete minutos para que las letradas y yo, junto con los respectivos
grupos, pongamos en orden las votaciones que vamos a hacer. (Pausa.)


Les pido un poco de atención, sobre todo a los portavoces, porque tenemos algunas votaciones algo complicadas, para que estemos absolutamente de acuerdo en todos los pasos que se han dado en la transacción del texto que votaremos finalmente.



Han sido objeto de transacción en los contenidos de cada uno de los votos particulares -y después la señora letrada dará lectura al texto final objeto de la transacción- en el siguiente orden: Del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds han sido transaccionadas las propuestas 8, 10, 11, 17, 18, 21 y 23. ¿Estamos de acuerdo señor Tardà? (Asentimiento.)


De las propuestas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) han sido también transaccionadas la número 2, junto con la 27 del Grupo Parlamentario Popular, y la número 3. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)


Y por último han sido también objeto de transacción del Grupo Parlamentario Popular la propuestas 26 y 27, como acabo de decir, junto con la 2 del Grupo Catalán (Convergència i Unió.) ¿De acuerdo? (Asentimiento.)


Voy a dar paso a la señora letrada para que dé lectura a las mismas, para que tengamos la garantía absoluta de la redacción de los textos que hemos transaccionado, que serán las modificaciones del informe final que someteremos a votación.
Cuando se produzca esta lectura pasaremos a la votación, uno por uno, de los votos particulares que quedan pendientes, que son bastantes.



Señora letrada.



La señora LETRADA: Enmienda transaccional con las números 8 y 11.
Literalmente dice: Regular, allí donde estén instaurados por el modelo autonómico, la existencia de los puntos de encuentro, su funcionamiento y los casos en que puede
acordarse su utilización en las visitas tuteladas a hijos e hijas menores y especialmente en casos en que ha habido malos tratos.



Transaccional a la número 10. Añadir la palabra 'género' después de 'violencia'. De tal forma que quedaría violencia de genero.



Transaccional a las números 17 y 21. Como las mujeres del ámbito rural, las emigrantes con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como las mujeres mayores, mujeres transexuales, mujeres encarceladas, entre otras.



Transaccional con la número 18. Mejorar la coordinación de protocolos de actuación desde una perspectiva interdepartamental entre administraciones y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector para evitar
duplicidades en la oferta de recursos disponibles.



Transaccional con la número 23. Procurar asistencia psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.



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Transaccionales con los votos particulares números 2 y 3 de Convergència i Unió, siendo común la transaccional al voto número 2 de Convergència i Unió con la transaccional a la propuesta número 27 del Grupo Popular.
Modificar el punto 3 del
apartado Tutela judicial frente a la violencia de género, incluido en el apartado 5, Recomendaciones, en el siguiente sentido. La subcomisión considera que la exposición a los efectos de las bebidas alcohó1icas o las drogas no debiera contemplarse
como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género. Por tanto la subcomisión recomienda profundizar en la valoración jurídica de dichas circunstancias.



Transaccional con el punto número 3 de Convergència i Unió. El punto 10, apartado Recomendaciones, Tutela judicial frente a la violencia de género, apartado 5, debe decir: que la condena firme por delito de violencia de género conlleve la
pérdida de la custodia de los hijos e hijas y se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello, entre otros, que se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos víctimas de violencia
revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor.



Transaccional con la tercera propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Quedaría redactada en los siguientes términos: Estudiar las fórmulas necesarias y convenientes para que se pueda visibilizar la violencia en relación con los hijos e
hijas que vivan en ese entorno y así poder actuar sobre las mismas.



Estas serían todas las transaccionales.



La señora PRESIDENTA: ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)


Vamos a pasar a la votación pormenorizada de los votos particulares que se mantienen y, finalmente, con las transaccionadas, a la del texto del informe.



Empezamos con los votos particulares que mantiene el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya Verds.
Voto particular al apartado 4.



Efectuada la votación dijo,


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Voto particular al apartado 5.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: De igual modo queda aprobado por unanimidad.



Voto particular al apartado 6.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Punto 7.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Punto 9.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Punto l3.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Punto 14.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 37.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Punto 15.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 37.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Punto 16.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, uno.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Punto 19.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Punto 20.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Punto 22.



Efectuada la votación, dijo


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Pasamos a los votos particulares que quedan del Grupo Catalán (Convergència i Unió).



Votos particulares al punto 1.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.



Votos particulares que quedan del Grupo Parlamentario Popular. Al punto 24.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Al punto 25.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Punto 28.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 20; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Por último, votamos el punto 29, del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Con ello terminamos los votos particulares que se mantenían vivos y vamos a pasar a la votación final del texto del dictamen con las transaccionales que SS.SS. han conocido por la lectura de la señora letrada.



Votamos por tanto el texto final.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Ha sido aprobado por unanimidad de esta Comisión de Igualdad.



Me van a permitir, señorías, que haga un par de comentarios. El primero y muy importante es que creo que todos los miembros de esta Comisión hemos de sentimos satisfechos, además de por el mucho trabajo que realizamos las diputadas y
diputados de las dos subcomisiones que ya hemos sacado adelante, lo que creo que es un activo para esta Comisión en su trabajo en la Cámara, por lo que hemos conseguido en esta Comisión, que es algo muy importante de cara a la sociedad a la que
servimos, que es el consenso y el acuerdo, imprescindible en una materia tan importante en la agenda política como es la violencia de genero, y particularmente por el esfuerzo que la Comisión y la subcomisión han hecho al respecto.



Me sumo al agradecimiento de los portavoces por el trabajo que han hecho no solamente los servicios jurídicos de la Mesa de la Comisión, sino por algo mas importante que es la ayuda de los comparecientes. Para que SS.SS. de la Comisión lo
sepan, porque en la subcomisión ya lo hemos acordado, enviaré una carta, en nombre de todos los miembros de esta Comisión de Igualdad, de agradecimiento a las muchas personas que han venido a esta Comisión de Igualdad, en algunos casos en
representación de personas jurídicas o, en términos personales, como expertos, como sociedad civil, para asesorarnos en temas en los que trabajamos. Creo que hemos de presentarles nuestro agradecimiento porque hemos dispuesto de sus agendas, de sus
conocimientos, de su tiempo, de sus momentos, para venir a estar muchas, muchas horas con nosotros y facilitarnos nuestro trabajo. Lo haré en nombre de todos, porque creo que somos una Comisión que esta trabajando mucho y que recibimos a muchísima
gente de la sociedad a la que servimos, para que les quede nuestro expreso agradecimiento. (La señora Medina Teva pide la palabra.)


Sí, señora Medina.



La señora MEDINA TEVA: Un momento, presidenta. Le pido la palabra por un problema en la votación. En el punto 24 del Grupo Parlamentario Popular, no podemos tener 17 votos en contra, porque nosotros somos 18 y 19 con Esquerra.



La señora PRESIDENTA: Yo tengo escrito 18.



La señora MEDINA TEVA: El error ha debido ser al verbalizarlo, pero si ya está subsanado, de acuerdo. (Rumores y protestas.)


La señora PRESIDENTA: Plantea una cuestión el Grupo Parlamentario Socialista, porque no le concuerdan sus cifras en e1 punto 24 del voto particular que mantenía vivo el Grupo Parlamentario Popular. Lo mejor es repetir esa votación.
(Protestas.) Es que han votado con Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y yo sí tengo la votación bien anotada. Será un error de lectura, porque es una votación en la que e1 Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sí ha votado con el Grupo Parlamentario Socialista, como bien está diciendo el señor Tardà.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta. Lo que sí me gustaría es que se repitiesen los votos, por lo menos los que usted tiene, porque usted ha


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cantado a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, una, y tendrá que cantarlo correctamente por lo menos. O se repite la votación, y así terminamos con los problemas, o se canta correctamente.



La señora PRESIDENTA: No hace falta repetir la votación, es que con arreglo a las cifras lo habré cantado mal. Ha habido una sola abstención y el voto de Esquerra ha sido con el Grupo Socialista y era...



La señora CAMARERO BENÍTEZ: El único problema, señora presidenta, es que en el 'Diario de Sesiones' no quedan reflejadas las caras de las personas que estamos votando. Entonces o repetimos la votación o usted dice la votación correcta.



La señora PRESIDENTA: Efectivamente, se enuncia bien con arreglo a la cifra, porque es una votación en la que el Grupo Parlamentario Socialista sabía que tenía un voto más que era el de Esquerra... (Protestas.-Una señora Diputada: A lo
mejor no han votado correctamente) Está diciéndolo el señor Tardà.



Por lo tanto, señora Camarero, el resultado es: a favor, 18; en contra, 19, con el voto de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y una abstención.



El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, era el grupo de Esquerra quien tenía el voto del Grupo Socialista. (Risas.)


La señora PRESIDENTA: Sin más asuntos que tratar, terminamos el orden del día y levantamos la sesión.



Eran las dos de la tarde.