CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 412

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 22

celebrada el martes, 17 de noviembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión.



- Elección de Secretaría Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000026.) ... (Página 2)


- Comparecencia del señor presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA (Amor Acedo), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. A petición de la Comisión no permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000354.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.



- ELECCIÓN DE SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000026.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión. El primer punto del orden del día es la elección de secretaria primera de la Comisión. Como todo el mundo conoce, nuestro ilustre y querido compañero, don Luis Carlos
Sahuquillo García, ha dimitido. Se queda como vocal y hay que elegir secretario o secretaria. La propuesta que hace la Presidencia a la Comisión es elegir secretaria primera de la Mesa a doña Mercedes Gámez García. Como supongo que nadie se
opone, ¿lo aprobamos por asentimiento? (Asentimiento.) Queda elegida por unanimidad. (Aplausos.) Proceda S.S. a sentarse en su sitio. (La señora secretaria ocupa su lugar en la Mesa.)


CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA:


- DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA (AMOR ACEDO), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. A PETICIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000354.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día que es la comparecencia de don Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, para informar sobre temas relacionados
con el objeto de la Comisión. Don Lorenzo, bienvenido a esta Comisión. Tiene la palabra por el tiempo que quiera, ya que conoce perfectamente el funcionamiento de la Comisión.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA(Amor Acedo): Ante todo, quiero agradecer a la Comisión su invitación a comparecer en representación de la Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos, ATA.



Sin más preámbulos, señorías, el modelo del Estado del bienestar europeo en el que España se enmarca, debería, para ser equitativo, no efectuar ningún tipo de discriminación, dependiendo del régimen laboral en el que cada individuo
desarrolle su actividad laboral y/o profesional. Si bien el cálculo y el cómputo de la pensión se ha asemejado para todos los regímenes de la Seguridad Social y la convergencia en la protección social paulatinamente se va equiparando, aún quedan
aspectos importantes para culminar esta convergencia. De antiguo, la discusión que viene planteándose en el escenario europeo no es si el Estado del bienestar debe ser desmantelado o sustituido por otro modelo, sino qué medidas deben adoptarse para
hacerlo viable y mejorarlo en un entorno económico y demográfico que, a todas luces, ha sufrido cambios importantes y, a su vez, preocupantes. En la Unión Europea la protección social, con mayúsculas constituye uno de los principales activos de
cohesión social.
Todos abogamos por adaptarlo al nuevo entorno económico -no hay que olvidar que la mujer se ha incorporado de pleno al mercado de trabajo- y demográfico, ya que el envejecimiento de la población ha tomado un carácter exponencial,
con una única meta: hacer el sistema mucho más sostenible. Tony Blair, en el libro verde Un nuevo contrato para el bienestar, defendía una reforma basada en un contacto nuevo con el ciudadano para mantener un Estado del bienestar justo y
transparente que beneficie a todos, hecho a medida del mundo moderno, eficiente, con un coste sostenible y alejado de dogmatizaciones. Un pacto equitativo para la generación actual, toda, sin distingo ni discriminación alguna, y las venideras. Él
era un convencido de que la economía marca el destino de los pueblos y condiciona la política, pero que la gestión económica no es de derechas ni de izquierdas, simplemente es buena o mala. Pues bien, señorías, hagamos nuestra la premisa marcada
por el ex primer ministro inglés y empecemos por solucionar las diferencias existentes entre autónomos y asalariados en el capítulo de las prestaciones por jubilación.



El profesor Barea, autoridad reconocida en esta materia, presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo, ATA -y al que tengo que agradecer que, amablemente, hoy me haya acompañado-, ha considerado siempre que es imprescindible tener en
cuenta que el objetivo de un sistema de pensiones obligatorio y contributivo debe basarse en distribuir la renta personal dentro del ciclo vital de cada individuo. A juicio del profesor Barea, al sistema le amenazan principalmente el reto
demográfico (entre 2001 y 2040 la población con más de 65 años se incrementará en cuatro millones de personas) y el de equidad, la falta de proporcionalidad del sistema, como lo ponen de manifiesto las elevadas tasas internas de retorno y las tasas
de generosidad del sistema que son las más altas de la Unión Europea de los Quince. Las soluciones para hacer viable el sistema contributivo de reparto deberían pasar, primero, porque el sistema sea equitativo, lo que obligaría a calcular las bases
reguladoras de las pensiones en función de todo el período contributivo, es decir, que todos los regímenes de la Seguridad Social, incluido por supuesto el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, tenga la misma pensión contributiva y que
el porcentaje que se aplique a la base reguladora para calcular la pensión sea proporcional a la totalidad de los años cotizados. Alcanzada la proporcionalidad del sistema, la solución del reto


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demográfico vendría por la revisión periódica del porcentaje de la base reguladora que sirve para calcular la pensión.



Aunque comentaba antes que se ha avanzado en la convergencia de regímenes, aún quedan pequeños problemas que tienen los autónomos para acceder en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena a la prestación por jubilación.
Entre ellos destacaría -vuelvo a decir que son pequeños problemas- que la pensión empiece a devengarse el primer día del mes siguiente en que cumplen los 65 años, mientras que en el régimen general la prestación comienza a devengarse al día
siguiente de que cumplen los 65 años. En relación a lo anterior, los autónomos tienen que pagar la cuota del mes entero en el que cumplen los 65 años, mientras que en el régimen general los trabajadores dejan de cotizar el mismo día que cumplen los
65 años. En el caso de los autónomos podría pagarse la cantidad que corresponda a los días del mes en curso en los que tenga 64 años, prorrateándose la parte alícuota de forma proporcional hasta alcanzar los 65. En el RETA siguen sin computarse
las bases mínimas cuando existen lagunas en el período de cotización que se toma para el cálculo de la jubilación, como sucede habitualmente en el régimen general. Estas cuestiones, aunque todavía nos separan en la convergencia, desde nuestro punto
de vista son primordiales, eficientes y, a su vez, definitivas. Además, ¿qué derechos y obligaciones les corresponden a los autónomos en este sistema y de los que todavía carecen? Sin ir más lejos, y esto es una reflexión que hemos hecho siempre,
la pensión de un autónomo es un 40 por ciento inferior a la de un asalariado. Esto es debido a que la base media de cotización de un autónomo está cifrada hoy en 880 euros, mientras que la base media de cotización de un asalariado es de 1.300
euros. Pensamos que cuando comencemos a respirar dosis de oxígeno, cuando iniciemos la ansiada recuperación, será el momento de incidir en que los autónomos coticen más a la Seguridad Social y se pueda fijar el objetivo de que las bases medias de
cotización alcancen la media de ingresos declarados por los autónomos, que en estos momentos se enmarca en torno a los 15.000 ó 18.000 euros, según las declaraciones de renta media, siempre teniendo en cuenta que la base mínima de cotización del
RETA es un 40 por ciento superior al salario mínimo interprofesional y que siempre hay autónomos que no llegan a esa base mínima de cotización en lo que se refiere a los ingresos. Creemos y apostamos porque en otro entorno económico al que nos
encontramos se pueda, y además se deba, incidir en que los autónomos tienen que mejorar sus cotizaciones y adecuarlas a los ingresos que reciben. No obstante, no conviene olvidar el esfuerzo contributivo que han hecho los autónomos en los últimos
años.
Vuelvo a repetir que la base mínima de cotización sigue siendo un 40 por ciento superior al salario mínimo interprofesional y si hace prácticamente cinco años el 93 por ciento de los autónomos cotizaban por la base mínima, hoy hablaríamos del
80 por ciento. El problema reside en que todavía hay una gran desinformación entre los autónomos sobre los riesgos que conlleva cotizar por la base mínima de cara evidentemente al nivel de pensión futura y de prestaciones. Es más, la confusión se
crea y se mantiene desde la cúpula del sistema. Las propias oficinas de la administración de la Seguridad Social cuando un autónomo va a inscribirse inmediatamente le dan de alta en la base mínima, sin explicar en muchas ocasiones que tiene un
elenco entre la base mínima de cotización y la base máxima. También conviene recordar que hasta hace poco las prestaciones a las que daba derecho la cuota de cotización a la Seguridad Social eran unas prestaciones prácticamente inexistentes. El
autónomo cotizaba a la Seguridad Social, pero no cobraba la baja hasta el decimosexto día, con lo cual todavía hay una cultura en el autónomo de que la cuota de cotización es un impuesto. Fíjense, yo en muchas ocasiones lo he dicho, los autónomos
pagamos muchas veces por nuestros asalariados, los que los tienen, el triple a la Seguridad Social de lo que pagamos por nosotros mismos, con lo cual estamos asegurando el futuro de nuestros asalariados y de sus familias, pero no somos conscientes
de que no estamos asegurando nuestro futuro. Por eso, creo -y vuelvo a repetir- que en otro momento, en otro entorno económico, habría que plantearse el incidir en adecuar las cotizaciones de los autónomos a los ingresos reales, siempre con la
salvedad de establecer que hay colectivos a los que les cuesta trabajo llegar a esa base mínima.



Desde luego, desde ATA, respecto a la prolongación de la vida laboral, nosotros también queremos dejar una reflexión. A día de hoy tres de cada cuatro cotizantes mayores de 65 años que prolongan su vida laboral hasta los 70 años son
autónomos. Es verdad que con la incorporación de los autónomos agrarios al RETA esta proporción ha podido descender un poco, pero el autónomo continúa siendo el trabajador del sistema que más tarde se jubila. Por tanto, nosotros pensamos que es
necesario incentivar la prolongación de la vida laboral. Es cierto que se ha avanzado y que a día de hoy se ha incrementado o se ha incentivado, permitiendo subir la pensión un 2 por ciento, pero otra de las reflexiones que les hago a SS.SS. es
que no vemos que sean equitativos los coeficientes reductores o el porcentaje que se aplica a los coeficientes reductores a quien se prejubila, frente a los coeficientes con los que se premia a los que prolongan la vida laboral. No es lógico que a
una persona que se jubila con 61 años se le aplique en torno al 8, al 6 y al 5 por ciento, y a una persona que prolonga la vida laboral se le premie exclusivamente con un 2 por ciento en la pensión. Por eso, no proponemos equiparar o igualar, pero
creemos necesario mejorar o premiar un poco más a esas personas que alargan su vida laboral.



También es necesario articular medidas que permitan a un autónomo jubilarse parcialmente. Quizás una de las asignaturas pendientes es que la parcialidad todavía no se ha reconocido en el ámbito del trabajo autónomo, por tanto, hablar de
parcialidad en el ámbito de la jubilación


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es complicado, pero sí sería importante si estableciéramos esa jubilación parcial para autónomos mayores de 65 años, siempre que parte de su jornada llevara un contrato parcial de relevo, sobre todo para buscar la sucesión de esas
actividades con un contrato parcial de relevo, lo que le facilitaría al autónomo continuar en el negocio, obtener la ayuda de un trabajador y crear un puesto de trabajo suplementario. Por otra parte, el Gobierno presentará, si todo marcha
correctamente, este viernes el anteproyecto de ley de prestación por cese de actividad y una vez que esté en marcha, una vez que la prestación por cese de actividad esté en vigor, se reconoce implícitamente la situación legal de cese involuntario en
la actividad. Por eso, una vez que esté reconocido el cese involuntario de actividad y ateniéndonos a lo que dice la Ley de Seguridad Social, no vemos razones para que un autónomo, cuando tenga 61 años y treinta años cotizados, aplicando los
coeficientes reductores y sin tener que complementar su pensión al mínimo, se pueda jubilar anticipadamente como lo hace un trabajador asalariado. Nosotros pensamos que hasta ahora lo único que nos podía separar de los asalariados, tal y como
establece la Ley de la Seguridad Social, es que no había un cese involuntario para poder tener derecho a la jubilación anticipada, pero en estos momentos estamos legislando un cese involuntario de la actividad.
También es cierto que hasta ahora
cuando muchos autónomos tenían la posibilidad de jubilarse anticipadamente, su pensión, al tener una carrera de cotización por la base mínima, ha habido que complementarla al mínimo, pero no es menos cierto que hay autónomos que hacen un esfuerzo
contributivo a lo largo de su vida laboral y a los 61 años se puede jubilar anticipadamente, y si aplicándole los coeficientes reductores su pensión no debe ser complementada, tal y como dice la disposición adicional cuarta del estatuto, ese
autónomo tiene que tener el mismo trato equitativo que a día de hoy tiene un asalariado. Por tanto, nosotros no solamente apostamos, y así lo hemos dicho, porque es la prestación por cese de actividad figure la jubilación anticipada del autónomo,
como se establece en la disposición adicional cuarta, sino que también pedimos a esta Comisión que en esa línea de convergencia busquemos la equidad, sin que, evidentemente, suponga ningún tipo de premio, sino más bien una compensación a esa persona
que a lo largo de su vida laboral hace un esfuerzo contributivo.



Como he anticipado en todo nuestro recorrido teórico sobre las bondades y las correcciones imprescindibles del sistema, si pretendemos que este sea viable, habría que tender a tomar toda la vida laboral del trabajador para hacer el cálculo
de la pensión. Es cierto que este cálculo perjudicaría determinados casos de cotización en los que se toman los últimos años, pero también es verdad que cada vez son más los trabajadores asalariados, y también los autónomos, que son expulsados del
mercado laboral con una edad entre 48 y 50 años, que tienen unas carreras iniciales de cotización con unas bases elevadas y que en estos momentos se ven perjudicados cuando se toman para el cálculo los últimos quince años. Por eso, nosotros
pensamos que sería bueno que progresivamente fuéramos aumentando el cálculo a toda la vida laboral, que lo fuéramos haciendo inicialmente año a año, en periodos, si se quiere llegar a veinte años, y que aquel trabajador, aquel cotizante que tenga
quince años cotizados tenga derecho a su pensión contributiva, pero que poco a poco podamos ir aumentando la base de cálculo para dar ese salto equitativo. Además -hay que decirlo-, esto ayudaría en muchos casos a los autónomos que tradicionalmente
y por esa cultura que, como digo, tienen de considerar como impuestos las cuotas de cotización a la Seguridad Social, cotizan a lo largo de su vida en la base mínima y cuando cumplen los 48 ó 49 años la suben a la máxima. Por otro lado, si tomamos
como base de cálculo los veinte años, habría que quitar el tope de base que hay para los mayores de 50 años, que establece una base máxima, y adelantarla al periodo que se vaya teniendo como cálculo. Mientras se produce ese salto para llegar al
cálculo de toda la vida laboral, también cabría estudiar -y les invito a una reflexión- fórmulas donde se premie o se sea equitativo con toda la vida laboral o con todas las carreras de cotización. Para ello habría que estudiar un sistema y hacer
sus cálculos actuariales donde se tomaran, por un lado, los mejores años de cotización y, por otro, que para ese cálculo total se tuvieran también en cuenta los años donde la cotización ha sido más baja. Pongo un ejemplo: si a día de hoy en el
cálculo del cómputo de la pensión se toman los últimos veinte años, habría que ver si por un lado, se toman los quince mejores años de cotización y, por otro, los cinco peores años de cotización, por lo que la pensión sería la resultante del cálculo
de esa suma de años de cotización. Con una persona que está treinta y cinco años cotizando, que ha tenido veinte o veinticinco años de cotizaciones elevadas y sin embargo diez años de cotizaciones bajas estamos siendo mucho más equitativos que
desde luego -y lo digo echando piedras sobre mi propio tejado- con aquellos autónomos que con 50 años se ponen la base máxima de cotización.



Otro capítulo sería que se logre en estos momentos encontrar esa dosis de equidad con los asalariados en materia de jubilación anticipada para las personas con discapacidad. En estos momentos la igualdad de cotización y condiciones deberían
de ser idénticas. En materia de cotizaciones -ya lo dije en la última comparecencia que tuve en la Comisión de Trabajo- nos preocupan en estos momentos las personas con una edad comprendida entre los 48 y los 50 años que son expulsados del mercado
laboral y los que cuesta mucho trabajo reinsertar nuevamente. Por eso, una de las propuestas que hacemos es que se establezca el mismo nivel de bonificaciones que ahora mismo tiene el RETA para los jóvenes menores de 30 y mujeres menores de 35,
para esas personas mayores, de 49 ó 50 años, cuando se incorporan al régimen de autónomos. También sería importante bonificar la cuota, como dice el Estatuto del Trabajo Autónomo, a aquellos sectores en los que ahora mismo la


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crisis está incidiendo más, sobre todo en sectores estratégicos donde en estos momentos es necesario apostar por nuestro modelo productivo. Sería bueno apostar por la incorporación de emprendedores a estos sectores, y para eso buscar la
fórmula para que tengan una bonificación de cuotas.
Sería como poner una autopista para que en este país surjan nuevas iniciativas emprendedoras en sectores que tengan que ver con la innovación, con la industria y con todo aquello que pueda generar
en los próximos años mayor valor añadido.



Si bien el Pacto de Toledo supuso un punto de partida para contribuir a crear en la sociedad la conciencia de adaptación del sistema de pensiones a las circunstancias presentes, no debe considerarse, como manifestaban los profesores Miguel
Carpio y Eugenio Domínguez, como un punto de llegada. Existen en él muchos elementos aprovechables para acometer las reformas precisas. Creo que es bueno sopesar lo que se debe hacer y lo que en verdad se permite hacer y así poder acometerlo.
Roosevelt, en su mensaje al Congreso americano el 6 de enero de 1941, decía que la tercera libertad, tras la libertad de expresión y la religiosa, es la liberación de la necesidad a través de las medidas económicas que asegure a cada nación el
bienestar de sus ciudadanos. En este mensaje se emplean por primera vez dos palabras, economía y bienestar, que van a presidir obsesivamente en todo el mundo a partir de esa histórica fecha el desarrollo del concepto de solidaridad y equidad
social. Señorías, les invito a que afrontemos el reto de la solidaridad y a que, en la medida de las posibilidades y teniendo muy presente la equidad, seamos generosos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor Amor, bienvenido a esta Comisión. Mi grupo parlamentario quiere agradecerle especialísimamente su presencia. Creo que es relevante el papel que los autónomos han de jugar en la evolución de la renovación del
Pacto de Toledo. Por supuesto, bienvenido también al profesor Barea, que es una auténtica personalidad en esta materia en este país; entiendo que esta Comisión se siente especialmente orgullosa de que haya acompañado al señor Amor en su
comparecencia.



Al Partido Popular la cuestión de los autónomos le resulta especialmente querida. Los gobiernos que encabezamos supusieron un punto de inflexión en el tratamiento que los autónomos venían teniendo en nuestro país desde el punto de vista
social y económico. Ese camino que se emprendió que todavía tiene amplios espacios de recorrido presente y futuro, en un momento además en que la crisis económica ha supuesto una especial incidencia en las repercusiones que para los autónomos tiene
esta evolución de nuestro mercado laboral y de nuestra situación económica y social. La radiografía del sector habla bien a las claras de la importancia que tienen los autónomos. Más de 1.800.000 no tienen trabajadores a su cargo y desempeñan
labores prácticamente de forma independiente; 600.000 son microempresas, es decir, tienen un tejido muy diversificado, con pocos trabajadores, pero que prácticamente representa el 80 por ciento de nuestro tejido empresarial. En esta situación,
estas personas desempeñan su labor y su trabajo diario con enormes dificultades: aquí no hay ERE temporales, todo lo que ocurre desgraciadamente es definitivo; ni negociación colectiva, ni probablemente una representación sindical ni cómoda ni
incómoda para el Gobierno.



Alrededor de 1.600.000 autónomos declaran a Hacienda, el 78 por ciento de los que declaran lo hacen a través de módulos objetivos y el 72 por ciento lo hacen a través de estimación directa pero, en todo caso, con rentas inferiores a los
1.100 euros, ni siquiera esos 1.300 que en muchos casos se utiliza como referencia. Es decir, que el porcentaje de rentas mínimas o escasas es bastantes superior al que tienen, por ejemplo, los asalariados de nuestro país. Esto es importante
porque muchas veces cuando se habla de los autónomos parece que existe una asociación automática con la figura de una persona que desempeña cómodamente su labor, que tiene unas rentas apreciables y que en muchos casos se permite el lujo incluso de
acceder a sistemas complementarios de pensiones o acceder a otras prestaciones que compensan ampliamente las del sistema público. Nada más lejos de la realidad y haríamos muy bien en identificar cuáles son realmente los componentes sociales y
económicos de nuestro tejido empresarial y de nuestro tejido de autónomos. En un momento en el que desgraciadamente impera en nuestro país el discurso antiemprendedor, el discurso antiempresarial y un discurso a nivel social claramente
desequilibrado a favor de una de las partes es importante ponerlo de manifiesto, así como poner también de manifiesto que la crisis está teniendo una incidencia enorme. Es verdad que el Pacto de Toledo mira hacia el futuro y que debe hacerlo, pero
también es verdad que el futuro se construye con la sucesión de coyunturas, y desde luego la coyuntura en la que estamos está incidiendo de forma especialmente negativa en los autónomos.



La Seguridad Social, en datos del último mes conocido, ha perdido más de un millón de cotizantes, más del 5,34 por ciento en tasa interanual, más del doble que la pérdida de afiliados registrada en octubre de 2008.
Estamos ante otro récord
también en el mes de octubre, que son los últimos datos conocidos, de destrucción laboral y muy superior a crisis anteriores, como las de los años noventa y ochenta según los datos históricos de afiliación a la Seguridad Social. Además, el régimen
de autónomos lleva 18 meses consecutivos perdiendo cotizantes mensualmente, mientras que el régimen general ha tenido una evolución diferente, ha mantenido etapas, meses en los que ha conseguido remontar, aunque fuera muy parcialmente y muy
brevemente, ese estado de deterioro. En el régimen de autónomos esto no está ocurriendo y estamos teniendo una auténtica sangría en


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términos económicos para nuestro país que nos va a costar mucho remontar.
La primera valoración que me gustaría plantearle desde una posición de estricto análisis de la coyuntura es a qué responde este tratamiento tan autóctono que la
crisis está provocando en nuestros emprendedores y en nuestros autónomos, porque este dato de destrucción continuada no se produce en ningún otro país de nuestro entorno, donde también se producen esos vaivenes de afiliación de los autónomos pero
están muy lejos de suponer una destrucción sistemática, continuada y profunda del tejido productivo al nivel que hoy estamos considerando.



El Pacto de Toledo tiene que ser muy consciente de la situación que atraviesan los autónomos, y desde el Partido Popular consideramos que, una vez que se ha avanzado de forma muy significativa en los aspectos que el propio Pacto de Toledo
contenía y que hacían especial referencia a los autónomos, como eran las recomendaciones 4 y 5, fundamentalmente la mejora de bases de cotización y las cotizaciones orientadas al empleo, cabe hablar de una nueva etapa para los autónomos en el Pacto
de Toledo.
Creo que de mi intervención se deduce que la relevancia que ha de tener el Pacto de Toledo en el futuro para los autónomos exigiría, al menos desde nuestro punto de vista, una recomendación específica. Creo que eso está justificado
desde el punto de vista social, económico y político.
Aquí se ha producido ya una importante equiparación de los autónomos al régimen general de la Seguridad Social. Es verdad que hay flecos que usted ha comentado, pero básicamente creo que se ha
adecuado la financiación en orden a posibilitar un incremento del nivel de contributividad y de proporcionalidad. Se ha mejorado la cobertura del RETA, se han integrado en el RETA colectivos provenientes de otros regímenes especiales, como el
agrario. A este respecto querría hacer notar el incumplimiento que, sin embargo, se está produciendo en la integración de los regímenes por cuenta ajena en el ámbito agrario y en el ámbito del hogar. Esto significa que los autónomos han facilitado
mucho más esa equiparación, lo han hecho de forma rápida y relevante, lo están haciendo en estos momentos de forma masiva. Sin embargo, en el ámbito de los trabajadores por cuenta ajena en el régimen agrario no hemos conseguido culminar ese
proceso, ni siquiera comenzarlo, y estamos incumpliendo una y otra vez los anuncios y los compromisos reiteradamente planteados. En ese sentido, creo que los trabajadores autónomos han sido también un ejemplo en esta política de simplificación, de
integración de regímenes especiales, y probablemente han dado una señal muy positiva de lo que es conveniente hacer. Pero una vez que se ha producido esta simplificación y esta equiparación y que estamos intentando converger en esos dos grandes
regímenes, uno por cuenta propia y otro por cuenta ajena, evidentemente en el siguiente Pacto de Toledo, si es que conseguimos darle la adecuada cobertura, debería procederse claramente a una equiparación entre las prestaciones que da el régimen por
cuenta ajena y el régimen por cuenta propia. Ese sería el momento de plantear ese salto cualitativo para atender esas demandas que usted ha planteado con importante concreción.



En todo caso, hay un Estatuto del trabajo autónomo que debería tener como misión fundamental hacer converger en aportaciones, en derechos y en prestaciones con el régimen general y del que me gustaría conocer su opinión sobre el grado de
desarrollo de elementos importantes, como puede ser la posibilidad de contratar familiares directos, la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales, la obligatoriedad de la cotización por incapacidad temporal o la prestación
por cese de actividad que usted ha planteado. Me gustaría conocer su opinión sobre el grado de desarrollo efectivo que está teniendo este Estatuto del trabajo autónomo en materias de protección social y de convergencia y que evaluara, desde su
punto de vista, cuáles son los asuntos en los que cabría hacer un esfuerzo añadido. Usted ha puesto el acento en uno de ellos que a nosotros nos parece un asunto en el que el discurso de esta Comisión debe ser coherente, que es la cuestión de la
jubilación anticipada y su correlación con la prolongación de la vida laboral. Creo que nuestro país, desde el punto de vista demográfico pero también desde el punto de vista económico, social y de cultura política y ciudadana, debe apostar
claramente por la continuidad en la vida laboral de nuestros sectores mejor formados, mejor preparados, con más experiencia, de nuestros trabajadores mayores y de nuestros autónomos mayores. Si usted mismo ha dicho que la prolongación de la vida
laboral en nuestro país la están protagonizando realmente los autónomos, que prácticamente el 75 por ciento de los que deciden continuar su vida laboral lo hacen en su condición de autónomos, la otra parte de la ecuación, la posibilidad de acceder a
la jubilación anticipada, es en la que cabe recorrer un camino importante. No podemos pedir, sugerir o apoyar la prolongación de la vida laboral de los autónomos sin la correlación evidente de un desarrollo adecuado y equitativo de la jubilación
parcial. En esta Comisión se ha puesto de manifiesto que la única política lógica en un país como el nuestro es establecer un trípode en el que la jubilación parcial, la jubilación anticipada y la prolongación de la vida laboral estén perfectamente
acomodadas, perfectamente relacionadas y trabajen de forma activa por conseguir mayor capacidad de acomodo entre las decisiones personales, los intereses personales y los intereses colectivos. Me gustaría que profundizara un poco más en su apuesta
por la regulación de la jubilación anticipada. Si realmente usted asocia la inexistencia de la jubilación anticipada en los autónomos con la inexistencia del reconocimiento del cese involuntario de la actividad, es verdad -tiene toda la razón- que,
ahora que ese cese involuntario se va a regular de forma más o menos positiva, más o menos acorde con los deseos del propio sector de los autónomos, lo que sí parece evidente es que la jubilación anticipada tiene también que ser desarrollada
vinculada a ese cese involuntario.



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Nosotros compartimos absolutamente el discurso de la contributividad.
Pensamos que este sistema es esencialmente contributivo, y más nos vale que lo siga siendo si queremos que sea realmente sostenible en el futuro y que de verdad responda
a criterios de equidad. Por tanto -lo he dicho en alguna ocasión-, el sistema no puede estar haciendo una permanente apología de la no cotización, es decir, tomando medidas desde el punto de vista del incremento de pensiones mínimas, desde el punto
de vista de la falta de correlación entre el esfuerzo de cotización realmente realizado y las prestaciones que se obtienen del mismo; lanzando señales a la sociedad española de que al final da un poco lo mismo cotizar que no cotizar, que
prácticamente en el tratamiento que el sistema le va a dar a un ciudadano siempre habrá un Gobierno que le suba las pensiones mínimas y además con cargo a la Seguridad Social y que básicamente ese esfuerzo de cotización va a resultar irrelevante.
Aprecio especialmente que su organización defienda que hace falta un esfuerzo de contribución en los autónomos que no en vano están teniendo un reflejo en sus prestaciones acorde con la cotización efectuada. Son gran parte los que perciben
complementos a mínimos en este país y ese es el mejor exponente de que el esfuerzo de cotización debe ser importante y debe ser un mensaje claro y firme. Creo que es muy honesto además que no solamente se venga a esta Comisión, como a veces parece
ocurrir, a demandar incremento de prestaciones, a demandar incremento de los elementos que ofrece el sistema sin reconocer que no hay posibilidad de prestaciones si no hay un esfuerzo contributivo en orden a conseguir el necesario equilibrio de
futuro. Por eso, es importante el mensaje que usted lanza hoy y que nosotros compartimos, que es muy importante mejorar esa correlación entre el esfuerzo de cotización y la prestación recibida y que si les pedimos a los autónomos que hagan ese
esfuerzo de cotización tenemos que ofrecerles también todas las prestaciones que el sistema esté en condiciones de ofrecer, porque a veces parece que se nos olvida algo que desde mi grupo parlamentario valoramos especialmente, y es que el derecho
del trabajo en este país no es un derecho que afecte solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino que el derecho del trabajo tiene que cubrir a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta propia, y precisamente la pervivencia
de discriminación o de diferencias, en algunos casos muy poco justificables, es algo muy difícilmente defendible desde la óptica de un derecho del trabajo mucho más amplio, más general y de mayor cobertura.



Creemos que es importante esa apuesta por el cálculo de un periodo más amplio de la vida laboral y pensamos que también es importante el mensaje que usted ha lanzado hoy, porque a veces parece que aquí solamente se defiende incrementar el
periodo de cálculo de la pensión con el ánimo de rebajar la pensión que se obtiene finalmente. Quienes defendemos la consideración de un periodo más amplio en el cálculo de la pensión estamos pensando en ofrecer mejor cobertura, por ejemplo, a los
autónomos o a aquellos que han trabajado muchos años en el régimen general y luego se han trasvasado al régimen de autónomos y sus bases de cotización en los periodos iniciales de su vida laboral son mejores que las que tienen en el régimen de
autónomos; estamos pensando en esos 300.000 autónomos que han sido expulsados de la Seguridad Social y que no están generando en este momento ningún derecho de pensión. Cuando se habla de que hay que salir todos juntos de la crisis, cuando se
habla de que no vamos a dejar a nadie atrás, ¿qué ocurre con esos más de trescientos y pico mil autónomos que han sido bajas en la afiliación a la Seguridad Social y que no están generando a día de hoy ningún derecho de pensión ni probablemente lo
generen en los próximos años si no hacemos algo por revertir esta situación? Me gustaría que usted nos hiciera una aproximación algo más desarrollada a esta cuestión que me parece fundamental. Claro que es posible establecer mecanismos
correctores, claro que es posible cuando se habla de ampliar el periodo de la vida laboral que hay que tener en cuenta para percibir una pensión, claro que eso puede ser modulado con la incorporación de mecanismos correctores, con la elección de
periodos mejores o peores o una media de los mismos.
De eso es de lo que tenemos que hablar en el Pacto de Toledo y no simplificar el debate sobre si una extensión de la vida laboral afecta a unos o perjudica a otros. En todo caso, si algo que es
más justo y más equitativo perjudica a alguien es porque estará siendo sobreprimado en el actual sistema. Creo que tenemos que trabajar activamente por un sistema de protección social que no prime más a unos que a otros sino que sea equitativo y un
reflejo claro y evidente del esfuerzo de cotización que los ciudadanos están realizando. Todo lo que no sea eso será mantener elementos de inequidad, elementos de discriminación y elementos de diferencias difícilmente excusables en un sistema como
el nuestro.



Para ir terminando, quiero plantear la cuestión de las bonificaciones, que a nosotros nos parece un aspecto muy importante. La recomendación del Pacto de Toledo que hacía referencia a las cotizaciones orientadas al empleo citaba
expresamente que uno de nuestros objetivos debe ser conseguir la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación e intensificar el apoyo a los trabajadores de mayor edad. No habla de los trabajadores por cuenta
ajena, habla de los trabajadores y, por tanto, de los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena. Nos parece que la política de bonificaciones que se está desarrollando en este país ha perdido claramente sus referencias iniciales respecto a
aquellos colectivos a los que tenía que dirigir con mayor énfasis su atención, que son las mujeres -puesto que tenemos todavía una gran diferencia con los países de nuestro entorno en cuanto a la tasa de actividad de nuestras mujeres- y que son los
jóvenes; qué gran bolsa para el desarrollo de políticas como autónomos estamos desaprovechando en nuestro país cuando hay más de 500.000 jóvenes que en este momento no


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tienen ninguna posibilidad de acceso al empleo y a los que no estamos estimulando eficazmente por la vía, por ejemplo, de favorecer su instalación como autónomos. Es evidente que las políticas de bonificaciones están condicionadas al
mantenimiento del equilibrio financiero de las cuentas públicas, pero también es evidente que o remontamos la crisis por la vía de apoyar a quienes pueden incorporarse al mercado de trabajo por cuenta propia, o apoyamos a nuestros trabajadores
mayores por cuenta propia o su conversión en trabajadores por cuenta propia de una manera decidida a través de los instrumentos que tenemos o, si no, no vamos a conseguir atender ninguna de estas prioridades. Evidentemente, se puede elegir
favorecer a los jóvenes, favorecer a los mayores, favorecer a las mujeres; se puede elegir, el problema es cuando no se hacen elecciones y no se está favoreciendo a ninguno de estos grupos y tenemos más jóvenes inactivos que nunca, tenemos más
trabajadores mayores expulsados del mercado de trabajo que nunca, tenemos más caída de la afiliación de hombres y mujeres que nunca y, por tanto, no estamos respondiendo a ningún criterio concreto y objetivo. La política de bonificaciones nos
parece muy importante, tenía cobertura en el Pacto de Toledo y deseamos que la siga teniendo mediante su orientación hacia elementos como los que usted ha puesto de manifiesto.



Quiero agradecerle su intervención. Creemos, insisto, que en un momento en que no está suficientemente considerada en este país la labor de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de los comerciantes, de los autónomos, su
intervención hoy aquí y el interés que esta Comisión pone en oír a los autónomos es nuestra mejor aportación a reconducir eficazmente esa situación.



El señor PRESIDENTE: Puede contestar ahora o al final. Tiene autonomía absoluta.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA (Amor Acedo): Contesto entonces ahora a los planteamientos y a las consideraciones.



Es verdad que son dieciocho meses consecutivos perdiendo afiliación de autónomos. En términos de afiliación en el último año hablaríamos de 180.000 bajas netas. Por un lado, el número de bajas ha sido muy alto, pero también el número de
altas ha descendido en prácticamente un 14 por ciento en lo que llevamos de año. Si nos preocupa que en estos momentos estén cayendo muchos autónomos, más nos preocupa que el número de altas que está habiendo, a pesar de los esfuerzos que se han
hecho -y en esta casa se han hecho también- para mejorar la capitalización, no está respondiendo a las expectativas planteadas. En otras crisis el trabajo autónomo se ha presentado como una alternativa a la recolocación de parados. ¿Por qué el
colectivo de autónomos está perdiendo incansablemente afiliación y, desgraciadamente, va a seguir perdiendo afiliación en los próximos meses? En primer lugar, el 80 por ciento de la demanda en España es demanda interna y el consumo está bajo
mínimos. En segundo lugar, no hay que olvidar que si hablamos de bajas netas el 60 por ciento se las ha llevado la construcción y todos sabemos cómo está la construcción. En tercer lugar, el crédito aquí no llega. Por muchos fondos que les
estemos dando a las entidades financieras y por muchas líneas de avales, el Banco de España ya ha reflejado que el crédito ha descendido. En cuarto lugar, aquí no nos pagamos unos a otros. Las administraciones públicas no están pagando a las
empresas, a las pymes y a los autónomos; y lo peor es que en este país hay empresas que presumen de ser socialmente responsables y pagan a más de 180 días. Esa es la realidad. ¿Cuál es el colectivo más vulnerable? Las empresas en su mínima
dimensión. Desgraciadamente, la expectativa es que el crédito va a seguir sin fluir. Para el próximo año bastante tendrán algunas entidades financieras con mantenerse. La morosidad va a seguir creciendo. Y aprovecho para invitarles a que se
apruebe cuanto antes la modificación de la Ley de Morosidad para que se pague a sesenta días en este país sin ningún tipo de cortapisas, porque los pactos expresos son los que están llevando ahora mismo a que muchas empresas tarden en pagar y a que
haya pasado un año y muchas administraciones públicas todavía no hayan afrontado sus pagos.



Aprovecho la consideración que me hacía acerca del desarrollo del estatuto y quiero invitarles también a que se desarrolle el título V del estatuto.
El Estatuto del trabajo autónomo ha podido ser, es y puede ser una herramienta fundamental
como paraguas para que los autónomos superen la crisis, sobre todo en determinados sectores. Les invitaría a que recordaran el título V del estatuto, donde se habla de la posibilidad de establecer bonificaciones en cuotas de Seguridad Social para
determinados sectores que -por los motivos que sean- se ven afectados y donde también habla de la financiación y de la formación. En este país uno de los grandes problemas que tenemos los autónomos es que de cada 100 euros que se destinan a
formación solo van a parar a autónomos 3 euros.
Desgraciadamente, no tenemos un tejido productivo formado. Es verdad que luego llegan los trabajadores y dicen mayoritariamente que sus jefes no están preparados. ¿Cómo van a estar preparados si
aquí la formación, el reciclaje y la readaptación profesional no existen? Por eso, es muy difícil reincorporar al mercado laboral a los autónomos que han ido al paro. Agradezco la posición de su grupo en cuanto a las reflexiones que ha hecho y,
sobre todo, le agradezco que invite a una nueva recomendación del Pacto de Toledo para nuestro colectivo. En cuanto al desarrollo del estatuto, hay que decir que, aunque lento, se va desarrollando. Vuelvo a repetir que nos hubiera gustado que en
estos momentos el título V hubiera sido el paraguas para salvar actividad económica en este país. Podía haber sido y puede ser todavía una herramienta fundamental. Por lo que se refiere a la incapacidad temporal, a día de hoy es obligatoria para
todos los autónomos excepto los que


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cotizan en dos regímenes de la Seguridad Social simultáneamente. En cuanto al desarrollo de los riesgos profesionales, se está a la expectativa de establecer qué actividades son las que conllevan mayor riesgo; por tanto, es obligatorio
cotizar en riesgos profesionales. La prestación por cese de actividad considero que estará en esta Cámara en el próximo periodo de sesiones en el mes de febrero. El Gobierno ya se ha comprometido a llevar su anteproyecto de ley al Consejo de
Ministros prácticamente en esta semana. Es verdad que el estatuto sigue su desarrollo, pero en estos momentos, independientemente de las medidas estructurales, hubieran hecho falta medidas coyunturales para salvar un poco la situación.



He intentado a lo largo de mi exposición basarme en dos principios: coherencia y equidad. Por eso, creo que es coherente decir que tradicionalmente los autónomos han cotizado por la base mínima. También repito que la base mínima es un 40
por ciento superior al salario mínimo interprofesional. También es coherente reconocer que los autónomos en los últimos cinco años o diez años han hecho un esfuerzo contributivo. Antes el 95 por ciento cotizaban por la base mínima; hoy estamos en
cifras del 80 por ciento. A lo mejor no en este momento, sino en otro entorno económico más favorable, es necesario ir aumentando la base de cotización no el 2 por ciento. Esto no es nuevo, ATA ya lo dijo en el año 2004.
Estábamos hablando en un
momento en el que en este país la inflación estaba por encima del 3 por ciento y, sin embargo, las bases subían el 2 por ciento. Eso sí, esa paulatina subida de la cotización tendría que venir acarreada para los sectores de autónomos que tienen más
dificultades y que realizan muchas veces -aunque no esté reconocido- la parcialidad en el trabajo por cuenta propia. Pongo el ejemplo de vendedores ambulantes, venta a domicilio y otros sectores como el periodismo, donde muchos de ellos no llegan a
recibir en prestación de servicios los 880 euros que hay de base mínima, aunque es verdad que hay que adecuar la cotización a los ingresos reales. También quiero decirle que no vemos esas mismas razones de equidad y coherencia para las personas que
prolongan la vida laboral frente a los que deciden jubilarse anticipadamente. Se invita poco a las personas a prolongar su vida laboral cuando se les está premiando con un 2 por ciento la pensión, mientras un señor con 63 años se jubila con una
penalización del 10 por ciento. Habría que buscar mecanismos para facilitar que cada día más esas personas prolongaran la vida laboral o tuvieran un premio diferente. Pero la Ley de Seguridad Social habla muy claro del cese involuntario de la
actividad. Como usted ha dicho, no distingue entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora la única razón que se podría poner encima de la mesa para decir que un autónomo no puede tener derecho a la jubilación
anticipada es que no sabíamos en qué situación legal estaba el autónomo en cese involuntario de la actividad.
Ahora sí lo sabemos, porque además se va a regular una prestación por cese de actividad que como título en su desarrollo lleva situación
legal de cese de actividad. Por tanto, cuando eso esté encima de la mesa no hay razones coherentes, desde nuestro punto de vista, que puedan evitar que un autónomo con 61 años pueda jubilarse anticipadamente, siempre que haya hecho un esfuerzo
contributivo, que reúna las mismas condiciones de causalidad y que no tenga que verse complementada su pensión de forma no contributiva, como pueden ser por complementos a mínimos.



Se ha ido avanzado en los últimos años para el cálculo de la pensión, y esto también es una consecuencia de los principios de equidad y coherencia, en su momento fue a ocho años y ahora a quince. Estamos en una situación totalmente
diferente a la que estábamos hace diez años. Hoy estamos viendo como cada día hay personas con una edad avanzada que tienen muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral y si les tomamos los últimos quince años les estamos penalizando.
Son personas que tienen unas carreras contributivas y de cotización muy importantes.
Nosotros creemos que hay que ir avanzando en ese principio de coherencia y de equidad para conseguir que a esas personas no se les pueda penalizar por tener
treinta años cotizados y para evitar que haya personas con quince años cotizados que tengan mejor pensión que los que hayan cotizado veinte años, y que de esos veinte años a lo mejor hayan tenido la suerte de tener quince años en la base máxima y
cinco años en la base mínima.
Habrá que buscar elementos correctores, teniendo en cuenta siempre, desde nuestro punto de vista, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema para que el principio de equidad sea igual para todos. Vuelvo a decir
que, tradicionalmente, el colectivo al que yo represento acostumbra a subirse las bases de cotización en los últimos años. En estos momentos nuestra organización tiene que tener igualmente su principio de coherencia y decir que eso tampoco es
justo. Por un lado, se tiene que concienciar a los autónomos de que han de mejorar sus contribuciones a la Seguridad Social para tener mejores prestaciones, pero, por otro lado, también hay que intentar que el sistema contributivo, y el sistema de
protección social, sea un sistema equitativo para aquellos que, a lo largo de su vida laboral, hacen aportaciones al sistema público de Seguridad Social, al sistema de pensiones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor Amor, por sus exhaustivas explicaciones. Quiero dar un saludo muy afectuoso al profesor Barea, con quien he tenido la ocasión o el privilegio -sería la expresión más adecuada- de poder debatir sobre
estas cuestiones, quien ha acreditado, como todo el mundo sabe, una singular lucidez a la hora de reflexionar sobre los problemas atinentes a nuestro sistema de pensiones. Desde luego, si ustedes lo están utilizando como asesor, no han podido
elegir mejor, les felicito por ello.



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En relación con las preguntas de mi grupo, van a ser más sucintas, más sintéticas, porque el intercambio de opiniones entre el señor Burgos y el señor Amor prácticamente ha agotado los problemas. Echaba de menos -se lo iba a comentar- en su
intervención una diagnosis, un diagnóstico sobre la situación económica que afecta al sector que usted representa. Empezamos el primer trimestre de este año de forma dramática para los autónomos y para el empleo, con carácter general. Empezamos el
primer trimestre de este año perdiendo 7.000 empleos al día, 150.000 al mes y desapareciendo 37 autónomos diarios. En estos momentos estas cifras, afortunadamente, se han atenuado, pero no sé si lo suficiente. Me gustaría que nos proporcionara una
pormenorización estadística. Esto se agrava además por la detracción o por la contracción del número de autónomos nuevos que se crean, con lo cual se agrava el problema. ¿Qué datos podría usted proporcionarnos? Señor Amor, esto provoca una doble
perversión o un doble problema que tenemos que afrontar desde esta Comisión, que la protección social se incrementa por los dos lados, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. Hemos perdido este año 1.700.000 afiliados a la
Seguridad Social, esta no es una cifra irrelevante, es una cifra dramática. Las perspectivas económicas se avizoran un poco mejores, pero todavía estamos en situación de recesión en el Estado español; y no sabemos cuánto va a durar. Estamos en
una tasa de gasto para el desempleo, para la protección o la cobertura del desempleo, que duplica la media europea, la de la Europa de los Veintisiete, lo que también es una cifra dramática, exactamente, el 12,4 por ciento del total del sistema de
pensiones. Aquí se incardinaría mi primera pregunta, señor Amor. Imagino que ustedes estarán negociando con el Gobierno del Estado la regulación de la prestación por cese de actividad. No pretendo ser dramático, pero con estas perspectivas
oscuras en relación con la evolución de las ratios que afectan al elemento nutriente, a los fundamentos financieros de esta prestación por cese de actividad, me gustaría saber qué están negociando ustedes, sobre qué bases y sobre qué consignaciones
presupuestarias y si realmente tienen ustedes expectativas ciertas de que la prestación por cese de actividad va a satisfacer no solo lo que preconiza el Estatuto del trabajo autónomo, sino lo que ustedes entienden suficiente -y el requerimiento de
la suficiencia no tengo que glosarle a usted que es un requerimiento de la jurisprudencia constitucional en materia de protección- para proteger a aquellos autónomos cuya actividad cesa. Desde esa perspectiva, esta sería la primera cuestión.



Segunda cuestión. Usted ha planteado una cuestión terriblemente sugestiva en términos intelectuales, pero que me provoca -se lo digo honestamente, señor Amor- cierta inquietud, porque intentar cuantificar la pensión de jubilación utilizando
para ello las bases de cotización de toda la vida laboral, provoca un efecto inmediato en relación con la mayoría de los trabajadores e imagino que también en relación con la mayoría de los trabajadores autónomos que se incorporan a la fórmula del
cálculo de las bases de cotización más bajas, que son las más antiguas, históricamente, en el tiempo. No sé si ustedes han hecho bien las cuentas, imagino que se habrá hecho un trabajo de prospectiva por parte de la federación que usted representa,
suficiente y equilibrado, pero no sé hasta qué punto las dificultades de acceso al empleo de personas mayores, que seguramente no van a poder cubrir con bases de cotización altas los últimos quince años de su vida laboral, compensa el quebranto de
aplicar, a la mayoría del colectivo protegido por la pensión de jubilación, bases de cotización que son más bajas en el tiempo, que son las más antiguas, las históricas.
Este fue el gran debate de la Ley de reforma de pensiones, que no se llamaba
así, se llamaba Ley para la racionalización de la estructura de la acción protectora del régimen contributivo de la Seguridad Social, del año 1965; locución que se consignó en el Boletín Oficial del Estado ocupando, solo el título, casi la mitad de
la primera hoja y que se llamó vulgarmente Ley de reforma de pensiones, porque su título era difícil de reproducir. El gran debate fue que cuando se incrementó el periodo de carencia de diez a quince años, se incorporaban cinco años anteriores en
el tiempo que reducían las bases de cotización a efectos del cálculo. Me gustaría que me explicara mejor esa propuesta que usted hace de adicionar las cinco bases más altas de cotización con las cinco bases más bajas, porque no sé si lo que ustedes
pretenden deducir es una base aritmética que produciría una situación de equilibrio, que usted ha preconizado con esas invocaciones a la equidad y al equilibrio. No sé si ustedes tienen bien trabajado este tema o es una especulación, una especie de
obiter dicta que usted nos ha comentado; lo pregunto solo a efectos de curiosidad. Comprendo que ustedes son un colectivo no solo castigado por los requerimientos o azotes de la crisis económica, sino por la discriminatoria regulación normativa
del sistema de protección social, que a ustedes les ha afectado históricamente y que les sigue afectando incluso después de la aprobación del Estatuto del trabajo autónomo.



Hay muchas fórmulas, que se están utilizando en distintos países, que puedan servir de referencia. En algunos países se están aumentando las bases de cotización sencillamente, o el periodo de carencia para incrementar las bases de
cotización nueva, pero de forma moderada. Por ejemplo, en Francia, se ha pasado de considerar, para causar derecho a la pensión de jubilación, de diez años a veinticinco; en Austria, de quince a cuarenta años, que es casi toda la vida laboral,
pero no es necesariamente toda la vida laboral; en Finlandia, se ha hecho algo parecido; en Polonia, también y, en Suecia, también. En otros países se ha optado por otra fórmula, que es atrasar la edad de jubilación legalmente. En Alemania, se
ha retrasado hasta los 67 años. Aquí lo que se está haciendo es incentivar la prolongación de la actividad mediante incrementos, sobre los que comparto su opinión, que son particularmente poco generosos, por


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no utilizar otra expresión que seguramente los definiría mejor, son bastante rácanos, el del 2 por ciento. No sé si va a haber muchos apologetas que puedan decir que esto es bueno y mucha gente que se abone a un incremento de una pensión a
cambio de seguir trabajando, salvo que haya alguna persona con una concepción presbiteriana del trabajo que optaría por trabajar incluso sin incremento alguno de la cotización, que también hay de estos. Al margen de esto, comparto su opinión de que
evidentemente esto no es presentable. No sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar mis palabras en otros momentos, pero en relación con los coeficientes reductores, aquí encuentra usted un aliado fiel, porque soy un enemigo acérrimo de los
coeficientes reductores, de los anteriores a la Ley 40/2007 y de los posteriores a la Ley 40/2007. Es impresentable sencillamente que, en este momento, aquellas personas que han anticipado su edad de jubilación, normalmente por causas ajenas a su
voluntad, la mayoría de los trabajadores dependientes por ERE suscritos entre sindicatos y empresarios, sin que estos trabajadores que han sido expulsados del mercado de trabajo hayan conferido mandato para disponer de su trabajo ni a los sindicatos
ni a los empresarios, estén cobrando, como media, el 60 por ciento de las pensiones de jubilación de aquellos que trabajaron en activo. Algo parecido les ha pasado a ustedes, lo que pasa es que no sé si las fórmulas que están utilizando son las
ideales para resolver esta cuestión. Por lo tanto nos gustaría que nos diera un poco más de información sobre lo que están negociando con el Gobierno en relación con la prestación de cese por actividad, sin intentar vulnerar ningún secreto,
evidentemente, y sin que usted nos proporcione ninguna información que tenga los rasgos de confidencialidad o de discreción que yo sé que estas negociaciones siempre conllevan.



Para acabar mis palabras -esta vez, señor presidente, además de prometerle ser breve, he podido cumplir mi promesa-, quiero preguntarle su opinión sobre una peculiar figura, un instituto jurídico incorporado al Estatuto del trabajador
autónomo -que también me gustaría comentar con el señor Barea-, el llamado trabajador autónomo dependiente. No es que el trabajador autónomo dependiente sea solo una figura o un instituto jurídico que constituya una contradicción in terminis, una
contradicción en sus propios términos, sino que además pulveriza los elementos ontológicos esenciales del derecho laboral, del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores terminará por desaparecer, como todos sabemos, y los
laboralistas, antes o después, nos tendremos que dedicar a otros menesteres, quizás al derecho mercantil, que es lo que ahora se lleva o, como dicen los jóvenes, es lo que mola. La figura del trabajador autónomo dependiente vulnera elementos
ontológicos de la entidad de la ajeneidad y dependencia, que son aquellas circunstancias que definen la dependencia en el ámbito laboral, a cambio de la ajenidad, que es una dependencia sustituida o compensatoria de la entrega al empresario del
fruto del trabajo realizado por el trabajador. Eso es así desde que nació el derecho del trabajo, desgajándose del Código de Napoleón y de los principios configuradores de las primeras relaciones contractuales laborales, que se basaban en contratos
civiles o en contratos societarios: el contrato de sociedad o el contrato de arrendamiento de servicios. Aquí, a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de crear una figura híbrida, carente de ubicación conceptualmente posible en nuestro
ordenamiento laboral, tal como está concebido.



Sin más apología contraria, o preterición, o refutación, de la figura del trabajador autónomo dependiente, me gustaría conocer la posición del señor Amor, en relación con este benemérito instituto jurídico que el legislador español ha tenido
a bien crear.



El señor PRESIDENTE: Señor Amor.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (Amor Acedo): La verdad es que los datos de afiliación neta a la Seguridad Social, a día 31 de octubre, reflejan que cada día de ese mes de octubre
se han perdido 500 autónomos. La situación no ha mejorado de enero a octubre. Digo que no ha mejorado, porque el crédito sigue sin fluir y la morosidad sigue in crescendo. Aunque en algún momento pareció que la confianza del consumidor repuntaba
y que el comercio y la actividad podían moverse, llevamos dos meses en los que nos hemos llevado una desagradable sorpresa. Eso influye, teniendo en cuenta que el 80 por ciento del tejido empresarial de este país está formado por autónomos, nuestra
gran dependencia del consumo, y que mientras aumente el paro, el consumo disminuirá. En estos momentos no están encima de la mesa las herramientas que ayuden a sostener la actividad económica. Me encantaría equivocarme, me encantaría que los datos
que vamos a conocer a primeros de diciembre reflejasen que en este país han dejado de caer los autónomos, me encantaría equivocarme por el bien de España, por el bien de los autónomos y por el bien de muchos ciudadanos que en estos momentos lo están
pasando mal. Sin embargo, estamos viendo que cada mes que pasa el vaso se llena más. Hay quien puede aguantar, aguantar y aguantar, pero el colchón ya no puede más. Vuelvo a repetir, el problema está en que uno va hoy a una entidad financiera y
en la mitad de los casos tiene una negativa por respuesta. Las necesidades de crédito son cada vez mayores y las restricciones también. El nivel de garantías que se está exigiendo es mayor; antes valía con las garantías inmobiliarias.



Lo he dicho aquí otra vez y, como usted es un buen defensor de los autónomos, se lo recuerdo. Una asignatura pendiente que tiene nuestro colectivo es que no ha separado la responsabilidad patrimonial del autónomo de la responsabilidad
patrimonial familiar. En estos momentos hay muchas personas cuyo hogar familiar está en peligro por deudas contraídas en su actividad, y se están embargando casas. Las entidades financieras ya no


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tienen bastante con la garantía inmobiliaria, ahora están pidiendo avalistas. Es algo adicional. ¿Y quién avala hoy a un autónomo, tal cómo están las circunstancias? Ojalá nos equivoquemos y en los próximos meses la situación cambie, pero
el panorama, el campo abonado en cuanto a esas dos materias fundamentales está complicado. Ha sido el propio comisario de Industria de la Unión Europea quien ha dicho que una de cada cuatro microempresas que han cerrado en España lo ha hecho por
culpa de la morosidad. Todos los analistas y las agencias de rating señalan que el año que viene a las entidades financieras les espera un año complicado.
Eso nos preocupa, porque si para ellos es complicado, evidentemente para nosotros tiene que
serlo.



No promulgamos entrar en toda la vida laboral a medio y corto plazo.
Creemos que habría que avanzar, de quince, progresivamente y año a año, a veinte años, haciendo los análisis correspondientes, como los que ustedes, en una Comisión
permanente, van haciendo. Precisamente, usted ponía el dedo en algo que a nosotros nos preocupa, que son esas personas mayores que tienen unas carreras importantes. En esas correcciones en el cálculo de la pensión, se podría plantear que, si
llegamos a los veinte años, se estudien fórmulas de complementar los quince mejores años con los cinco peores. Está aquí el profesor Barea y hemos hablado sobre esto varias veces. En un cálculo así, a simple vista, para el sistema, estaríamos
moviéndonos en un más/menos 3 por ciento, no mucho más. No perjudicaríamos ni a unos ni a otros, porque estamos hablando de un efecto en el que a aquellos que están en los últimos quince años se les va a corregir en un 25 por ciento, porque luego
se van a tomar los cinco peores años para el cálculo de veinte. Lo que sí es verdad es que ese señor cuyas cotizaciones han sido muy negativas en los últimos quince años va a poder aportar sus quince mejores años, con lo cual vamos a compensar una
cosa con otra. Evidentemente, agradezco que comparta con nosotros el tema de los coeficientes reductores, tanto por delante como por detrás.



En cuanto al Trade, conozco su opinión y además siempre la ha defendido. A lo mejor habría que haber buscado un término diferente, autónomo, para un solo empresario. Conceptualmente se podría haber buscado otro término, puedo compartir con
usted la idea, pero no podemos dejarnos engañar, porque la realidad socioeconómica de este país ha creado muchos autónomos, y no falsos autónomos. Un agente comercial lo es. Yo lo he sido durante mucho tiempo y lo sigo siendo, aunque a título de
agente comercial no ejerzo, y me he sentido como esa figura del trabajador autónomo económicamente dependiente y creo en la legislación tal como se ha puesto encima de la mesa. A veces se dan patadas al derecho por un lado y por otro, pero es
verdad que había que regular una situación, la de esas personas que tienen ese nivel de dependencia de una sola empresa para la que trabajan y donde ha habido mucho abuso. Le voy a poner un ejemplo, en este país hay 8.000 autónomos, llamados hoy
económicamente dependientes, que hasta ahora trabajaban 363 días. Eran los que se preocupaban de que los periódicos llegaran a todos los quioscos de España. Solo hay dos días que no hay periódicos. Ahí no había ni correturnos, ni descanso, ni
días de vacaciones. ¿Eran autónomos? Sí. Con su ruta, pero autónomos, que tenían su obra o servicio, que era la que tenían que trabajar, como ahora es un agente comercial. La regulación del Trade ha sido un reconocimiento, una figura, o un
híbrido de figura, que había ahí. ¿Se podría haber llamado de otra forma, o se podría haber buscado otra forma? Sí. Ahora bien, no es menos cierto que puede que en este país ahora mismo no estén todos dados de alta, porque los registros de Trade
son prácticamente de risa -creo que ahora mismo están en 10.000-, por lo que espero que en los próximos años florezcan todos los autónomos económicamente dependientes que hoy hay.



Me preguntaba sobre la prestación por cese de actividad. Las negociaciones con el Gobierno están concluidas -el viernes presenta su prestación por cese de actividad- y le digo muy claro que el modelo que el Gobierno va a llevar al Consejo
de Ministros nos parece estupendo, nos parece bueno. Un sistema ligado al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional obligatorio, para quien el Estatuto regula que tiene la obligación de cotizar por accidente de trabajo y enfermedad
profesional, y voluntario para el resto. Nos parece bien, el modelo nos gusta. Ahora, lo que no nos gusta es la duración de la prestación; lo que no nos gustan son las condiciones de acceso a la prestación; lo que no nos gusta es que un autónomo
que en un momento dado cesa involuntariamente en la actividad y cobra la prestación, tenga que volver a cotizar veinticuatro meses para generar un nuevo derecho; y lo que no nos gusta es que no aparezca en ningún momento una disposición adicional
que refleje algo sobre la jubilación anticipada, de igual manera que la disposición adicional cuarta de la Ley de la Seguridad Social en su segundo párrafo habla de la jubilación anticipada y reseña de manera muy clara los conceptos de causalidad y
equidad.



Nosotros hemos hecho un estudio actuarial, según el cual estamos dispuestos a cotizar más; el informe del Gobierno habla de empezar cotizando el uno por ciento para terminar cotizando el 2,5 y generar un derecho de 2 meses por año cotizado
y un tope máximo de 6 meses una vez que se hayan cotizado 36 meses o más. Según nuestro informe actuarial -se lo haré llegar para que su grupo lo tenga-, realizado por unos técnicos, estamos dispuestos a cotizar un 2 por ciento los dos primeros
años para terminar cotizando un 4,2 por ciento a partir del año 2016. No obstante, en primer lugar he decirle que ese informe concluye por un lado que el sistema es mucho más sostenible que la simulación del estudio del Ministerio de Trabajo,
porque hay más remanente. Por otra parte -es de lo que venimos a hablar aquí-, estamos dispuestos a cotizar más para tener una mejor prestación, pero no a cambio de nada. Antes hablábamos de la formación. En estos momentos, cuando un autónomo


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cierra su actividad es porque el vaso se ha llenado mucho, porque está respondiendo con sus bienes presentes y futuros o porque incluso, como hemos dicho antes, algunos tienen sus casas embargadas. Señorías, reinsertar a un autónomo es
mucho más difícil que reinsertar a un trabajador por cuenta ajena, entre otras cosas porque para el autónomo es muy difícil volver a arriesgarse para ser otra vez autónomo, pero tampoco es fácil trabajar por cuenta ajena sabiendo que una parte del
sueldo va a estar embargada por quien le debe el dinero¿?. Por tanto, seis meses no solucionan el problema.



Otro aspecto del que adolece el anteproyecto es que no se solucionan los problemas de las políticas activas, y lo digo aquí. Creo que a las comunidades autónomas se les manda un paquete (El señor Olabarría Muñoz: A la nuestra, no, porque
no se han transferido todavía.-Risas.) Yo lo digo en general. A las comunidades autónomas se les manda un paquete, es decir, la gestión la cobran las mutuas -a las que nosotros defendemos-, pero a los servicios públicos de empleo les va a llegar un
parado, y no van a tener presupuesto para su reinserción. El fondo de la propuesta que ha hecho ATA es un fondo considerable, que se destine un 5 o un 6 por ciento de dicho fondo a políticas activas para esos autónomos. Lo que no consideramos
adecuado es que la situación legal de cese de actividad se produzca cuando un autónomo haya perdido el 40 por ciento de sus ingresos en el último año. ¿Y qué le va a decir la mutua al que haya perdido el 39? En mi opinión, habría que buscar unos
mecanismos más concretos y quizá objetivos. ¿Y al señor al que, por culpa de la morosidad, tanto privada como pública, le devuelvan dos pagarés de 30.000 ó 40.000 euros y no pueda seguir adelante? ¿Ese señor no tiene derecho a la prestación por
cese de actividad? ¿Y al que le deje enganchado una empresa y en tres meses el banco le diga que ha pasado de números negros a números rojos y no pueda seguir? ¿Ese señor tampoco puede percibir la prestación por cese de actividad por la que ha
contribuido? Me encantaría, y lo digo claramente, que el anteproyecto de ley saliera aprobado como el Estatuto, por unanimidad, y se lo pido a todos ustedes. Ahora bien, también es verdad que, como organización que representa al colectivo, creemos
que el anteproyecto se puede mejorar y se puede hacer por el bien de los autónomos en estos aspectos que les he comentado. Por tanto, en líneas generales he de decirles que a nosotros nos gusta el modelo que presenta el Gobierno; lo que no nos
gustan son determinados aspectos, tales como la prestación, el acceso a la situación legal, los veinticuatro meses -aspecto que no vemos lógico- y que, en cuanto a la jubilación anticipada, no se haga una referencia a lo que establece la disposición
adicional cuarta.



Señoría, espero haberle contestado a todo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marañón.



La señora MARAÑÓN BASARTE: En primer lugar quiero agradecerle su presencia, pero sobre todo la exposición que ha realizado a lo largo de todo este tiempo, una exposición bastante concreta y extensa en todos sus términos. En consecuencia,
no me voy a centrar en hacerle preguntas muy concretas, puesto que tanto el señor Burgos como el señor Olabarría han hecho que usted ahonde más en la cuestión que nos atañe hoy aquí. Voy a realizar una exposición más genérica, eso sí, marcando
algunas cosas que, como grupo, nos gustaría decirle.



Para nosotros, su presencia hoy aquí en sí misma es muy importante, porque efectivamente nos encontramos en un proceso inicial de revisión del Pacto de Toledo, aprobado inicialmente en el año 1995 y cuya última revisión se ha producido en el
año 2003, y es la primera vez que les tenemos aquí y que como representantes de los autónomos, ese gran e importante colectivo, tienen la ocasión de trasladarnos directamente cómo ven ustedes la cuestión, qué debemos abarcar y cómo debemos abordar
esta reforma o esta revisión el año que viene. Quiero decirle algo que nosotros hemos comentado otras veces y es que vemos el Pacto de Toledo como la gran pieza angular del sistema de pensiones, lo vemos como un logro muy importante en la historia
de nuestro país en cuanto al sistema de prestaciones y de bienestar de la sociedad española en general. En este contexto, es cierto que tanto el señor Burgos como el señor Olabarría y usted mismo han hablado -por qué no decirlo- de la crisis que
estamos atravesando y de las repercusiones que en particular tienen sobre el mundo de los autónomos, pero también es cierto -y que no se malinterprete lo que quiero decir- que esta crisis es coyuntural, es terrible, es muy grande -solo comparable a
la crisis de 1929 en el siglo pasado-, pero terminará pasando -esperemos que sea así- y seguiremos teniendo el Pacto de Toledo y el sistema de pensiones, sistema que, a pesar de todo, está aguantando bastante bien el tirón con las reservas de caja
que tiene. Creo que debemos ponerlo en valor y, a pesar de las reformas que hagamos, seguir en la senda en la que hemos estado hasta el momento y a la que ustedes se han podido incorporar a lo largo de estos años. Asimismo quiero resaltar la
importancia de la unanimidad, en este caso, de todos los grupos del arco parlamentario hasta el momento, así como del apoyo y la colaboración de los entes, tanto sociales como sindicales y empresariales.



En otro orden de cosas, hemos recogido un importante listado de cuestiones que han planteado ustedes y que vamos a estudiar. No obstante, quiero recordar -hay que ser justo- que el mundo de los autónomos ha sufrido un cambio importante para
bien desde prácticamente el año 2000 ó 2001. Estoy hablando en este caso de un gobierno del Partido Popular en su inicio.
Pero hasta el día de hoy, con importantes leyes como la Ley 40/2007 que aprueba el Estatuto del Autónomo, creo que les ha
puesto en el lugar que les corresponde, aunque todavía con mucho, mucho camino por recorrer. Esa es labor de


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ustedes y también nuestra. A pesar de los pesares, el camino que vamos tomando yo creo que es el correcto y, poco a poco, con sus más y sus menos, se va avanzando.



Como he dicho al inicio de mi intervención y, sobre todo, por la hora, porque va habiendo alguna baja y porque lo ha expuesto de manera bastante correcta y amplia, quiero terminar como he empezado, agradeciéndole sinceramente en nombre de
nuestro grupo su presencia hoy aquí. Vamos a tener en cuenta todas sus consideraciones, y estoy segura de que todo lo que sea mejora para un colectivo tan importante y representativo redundará en el bien de todos.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar, el seño Amor tiene la última palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA (Amor Acedo): Quiero agradecer la posición del Grupo Socialista. Estoy a su entera disposición para cualquier otro tema que pueda surgir en el seno
de las consideraciones que se han hecho.
Siento haber tardado tanto en mis exposiciones y haber sido un poco extenso. Les agradezco en nombre de mi organización haber comparecido hoy aquí a exponer nuestros modestos planteamientos.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Ha sido un placer, esta es su casa. Supongo que le veremos más veces.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.