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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 403, de 03/11/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 403
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 20
celebrada el martes, 3 de noviembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
Del diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Número de nacionalizaciones por residencia concedidas desde el año 2000 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/056972). (Número de expediente 181/001896.) ... (Página
3)
- Nacionalidades de origen de los españoles que han obtenido la nacionalidad por residencia en los años 2007 y 2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/056973). (Número de expediente
181/001897.) ... (Página 3)
- Número de solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia presentadas en la actualidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/056974). (Número de expediente 181/001898.) ...
- Número de peticiones de adquisición de la nacionalidad de hijos o nietos de personas que hubiesen sido originariamente españoles producidas al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y número de
las concedidas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/056975). (Número de expediente 181/001899.) ... (Página 3)
- Número de peticiones de adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza de voluntarios integrantes de las brigadas internacionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, producidas y número
de las concedidas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/056976). (Número de expediente 181/001900.) ... (Página 3)
De la diputada doña Carmen Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Valoración del principio de acuerdo multilateral entre los Ministerios de Justicia de España y Portugal, para establecer un sistema de entregas mutuas de delincuentes en Iberoamérica. (Número de expediente 181/000904.) ...
- Reparto de unidades judiciales en las comunidades autónomas sin competencias transferidas en materia de justicia, de acuerdo a la distribución prevista para 2009. (Número de expediente 181/000906.) ...
(Página 6)
- De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas extraordinarias para afrontar el aumento de la carga de trabajo en los órganos judiciales, derivada de la crisis económica.
(Número de expediente
181/001110.) ... (Página 7)
- Del diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas con los interinos del Instituto Nacional de Toxicología. (Número de expediente 181/001185.) ...
Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Actuaciones para evitar que los juzgados de la provincia de Cádiz sigan siendo de los más saturados. (Número de expediente 181/001320.) ...
(Página 13)
- Medidas ante la situación producida en Algeciras (Cádiz) al estar pendientes cinco juzgados de nombramientos de juez y magistrados. (Número de expediente 181/001643.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- NÚMERO DE NACIONALIZACIONES POR RESIDENCIA CONCEDIDAS DESDE EL AÑO 2000 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056972). (Número de expediente 181/001896.)
- NACIONALIDADES DE ORIGEN DE LOS ESPAÑOLES QUE HAN OBTENIDO LA NACIONALIDAD POR RESIDENCIA EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056973). (Número de expediente
181/001897.)
- NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD POR RESIDENCIA PRESENTADAS EN LA ACTUALIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056974). (Número de expediente 181/001898.)
- NÚMERO DE PETICIONES DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD DE HIJOS O NIETOS DE PERSONAS QUE HUBIESEN SIDO ORIGINARIAMENTE ESPAÑOLES PRODUCIDAS AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, Y NÚMERO DE
LAS CONCEDIDAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056975). (Número de expediente 181/001899.)
- NÚMERO DE PETICIONES DE ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA DE VOLUNTARIOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, PRODUCIDAS Y NÚMERO
DE LAS CONCEDIDAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056976). (Número de expediente 181/001900.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión.
Quisiera agradecer la presencia entre nosotros del secretario de Estado de Justicia -y del equipo de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia-, don Juan Carlos Campo, para dar cumplimiento del orden del día previsto para el día de
hoy en la sesión de la Comisión de Justicia; sesión que vamos a destinar toda ella a la contestación de distintas preguntas. En primer lugar, como se están tramitando también los presupuestos en otra Comisión, y con el ruego encarecido de la
máxima economía en la exposición o brevedad por parte de los intervinientes, para facilitar la compatibilidad en el trabajo parlamentario de algunas de SS.SS., vamos a acumular aquellas preguntas cuya naturaleza o materia sea similar o parecida. En
este sentido, las preguntas que figuran en el orden del día como puntos 7.º a 11.º, que se refieren todas a nacionalizaciones, las vamos a tramitar en una única intervención y además empezaremos por ellas. Para su formulación tiene la palabra don
Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Muchas gracias, señor presidente, por su cortesía al permitir que se haya producido esta modificación del orden del día. Doy la bienvenida, en nombre de mi grupo y del mío propio, al señor secretario de Estado
de Justicia, y efectivamente acumulo las cinco preguntas, que son de datos numéricos. Si el señor secretario de Estado quiere incluso facilitármelas por escrito y hacer un breve resumen oralmente, me daré por satisfecho. Únicamente voy a hacer un
par de observaciones preliminares que se refieren a todas ellas.
Uno se podría plantear la extrañeza de por qué hace este diputado estas preguntas. Las hago, porque ni en el Instituto Nacional de Estadística ni en la página web del Ministerio de Justicia hay datos públicos referentes a la evolución de
las nacionalizaciones en España, o por lo menos yo no he sido capaz de encontrarlas; no sé si ha sido por mi torpeza. En este momento es muy importante conocer estos datos, puesto que presumo que hay una evolución importante en la adquisición de
la nacionalidad española por razón de residencia en estos últimos años; evolución que no solo los miembros de esta Cámara sino también la opinión pública debería conocer.
Por otra parte -y es la última observación, señor presidente-, me encuentro
en una situación en la que no sé el número de personas con nacionalidad española existentes, puesto que el Instituto Nacional de Estadística solo publica la población residente a través del padrón municipal, que incorpora tanto a los nacionales como
a los residentes extranjeros. Sí sabemos el número de extranjeros estimados por el Instituto Nacional de Estadística; el último dato es que ascienden a 5.598.000. Solo haciendo la resta del conjunto de residentes menos los extranjeros podemos
deducir el número de personas que poseen la nacionalidad española. El Ministerio del Interior nos da los datos de la llamada población de derecho, que entiendo que se
refiere tanto a los españoles que viven en España como a los que viven fuera de nuestras fronteras; un dato que tampoco coincide exactamente. En las elecciones del año 2000 el número de población de derecho era de 39.852.000; en las
elecciones de 2004, 42.717.000; y en las del año 2008 ascendía a 45.200.000. Es un incremento francamente importante. Por eso, señor secretario de Estado, mi consideración es que, además de contestar a las cinco preguntas que le he formulado, en
un futuro -en el tema de las personas con nacionalidad española no sé a quién ni a qué ministerio corresponderá- debería plantearse un ajuste de los datos para tener la certeza de saber en todo momento cuáles son las personas con nacionalidad
española, tanto las que viven dentro de nuestras fronteras como fuera.
El señor PRESIDENTE: La información escrita que amplíe los datos de la respuesta quedará a disposición de la Cámara a través de la Mesa e inmediatamente se la transmitiremos al diputado que ha formulado las preguntas.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Señor presidente, señores miembros de la Mesa, señorías, fue para mí un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión el día 7 de octubre, para informar sobre el proyecto de
presupuestos para 2010, y lo hago hoy con el mismo honor y satisfacción para contestar a las distintas preguntas que se me formulen.
Señor Nasarre, muchas gracias por su concreción y por las facilidades que ha mostrado en orden a la contestación, y recogiendo esa oferta paso a intentar dar respuesta a las preguntas que me formula. Lo primero que quería decirle es que
fueron preguntas por escrito que, lamentablemente, no se publicaron a su debido tiempo, por lo que le pido disculpas. De ese volumen ingente de preguntas que se formulan al ministerio -ha habido nueve mil preguntas parlamentarias y solicitudes de
informes- prácticamente la totalidad han sido contestadas. Por eso, lo primero que quería es pedirles disculpas porque esta vez no fue posible.
Contestando a las preguntas que me formula, intentando agruparlas y ser lo más conciso posible, el número de nacionalizaciones por residencia concedidas desde el año 2000 puedo indicarle que han sido: en el año 2000, 11.996; en el año
2001, 16.735; en el año 2002, 21.805; en el año 2003, 26.554; en el año 2004, 38.334; en el año 2005, 42.832; en el año 2006, 62.339; en el año 2007, 71.806, y en el año 2008, 84.171.
En cuanto a las nacionalidades de origen de los españoles que han obtenido la nacionalidad por residencia en los años 2007 y 2008, quiero comentarle lo siguiente. En lo relativo a la nacionalidad de origen de los españoles que obtuvieron la
nacionalidad por residencia en los años 2007 y 2008, tengo que poner a su disposición el listado completo desglosado. Tendré mucho gusto en facilitarle los dieciséis folios que contienen los datos.
Si lo tiene a bien con la entrega y posterior
publicación se dará por contestada la pregunta.
El número de solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia presentadas desde enero de 2009, según el último dato disponible correspondiente al mes de octubre arroja un total de 125.869 solicitudes registradas.
Las preguntas cuarta y quinta, que también permiten un tratamiento unificado, se refieren al número de peticiones de adquisición de la nacionalidad de hijos o nietos de personas que hubieran sido originariamente españoles, producidas al
amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y el número de las concedidas, así como el número de peticiones de adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza de voluntarios integrantes de las brigadas
Internacionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley citada.
En relación con las solicitudes de nacionalidad de hijos y nietos españoles, los datos consolidados a fecha de septiembre de 2009 son los siguientes. Se han presentado 117.449 solicitudes, de las que se han aprobado 55.000. Asimismo,
contamos con diecisiete peticiones de adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza de voluntarios integrantes de las brigadas Internacionales. De ellas, dieciséis peticiones han sido concedidas y lamentablemente una se ha archivado por
fallecimiento del solicitante.
Quedo a su disposición por si quiere hacer alguna observación.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir? (Pausa.)
El señor LANDALUCE CALLEJA: En nombre de mi compañero, y disculpándonos por la situación en la que nos encontramos de votación, damos las gracias al compareciente y esperamos recibir los datos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO DE ACUERDO MULTILATERAL ENTRE LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA DE ESPAÑA Y PORTUGAL, PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE ENTREGAS MUTUAS DE
DELINCUENTES EN IBEROAMÉRICA. (Número de expediente 181/000904).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a tramitar la pregunta que figura en el punto 1.º del orden del día, que es la valoración del principio de acuerdo multilateral entre los ministerios de Justicia de España y Portugal, para
establecer un sistema de entregas mutuas de delincuentes en Iberoamérica, cuya autora es la diputada
del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen Juanes Barciela, a quien damos la palabra.
La señora JUANES BARCIELA: Señor secretario de Estado, en nombre de los compañeros y las compañeras del Grupo Parlamentario Socialista le doy la bienvenida a esta Comisión y estoy segura de que nos aclarará algunas cuestiones que son objeto
de debate esta mañana.
La necesidad de combatir la delincuencia organizada es hoy un imperativo indiscutible, y se ha de actuar contra los distintos fenómenos que pueden acogerse bajo el genérico concepto de criminalidad transfronteriza; es decir, tráfico de
personas, corrupción, racismo y fraude reclaman una estrategia global y una política armonizada que facilite la cooperación internacional. Todos estaremos de acuerdo en que el espacio regional iberoamericano que nos agrupa requiere una actuación
conjunta para el establecimiento de una Administración de Justicia capaz de luchar contra la criminalidad organizada de manera eficiente y con pleno respeto de los derechos fundamentales. Solo esa cooperación permitirá luchar contra la delincuencia
transfronteriza, esa que elude las normas penales traspasando los límites territoriales para refugiarse en países con legislaciones más blandas, más indulgentes o simplemente más favorecedoras de su impunidad.
Si se escenificara una película, el modelo clásico de esta extradición, nos encontraríamos con que la extradición históricamente era otorgada o denegada por razones políticas. En la actualidad, el guión cinematográfico de la extradición
está cambiando algo. La extradición se ha ido judicializando al menos en Europa y los europeos tenemos un instrumento idóneo para unir fuerzas de resistencia frente al delito transnacional. Me refiero a la orden de detención y entrega europea.
Con la experiencia de la orden de detención y entrega europea se produce una judicialización de todo el procedimiento de entrega, de lo que se deriva un mayor respeto de los derechos del sujeto reclamado, es decir, la aplicación efectiva del
principio non bis in idem. Para el Grupo Socialista, el acuerdo multilateral de España y Portugal para establecer un sistema de entregas mutuas de delincuentes en Iberoamérica manifiesta un claro interés en simplificar el procedimiento de
extradición. Avanzar más o menos deprisa depende de muchos factores y uno de ellos, uno de los más importantes, es la colaboración basada en el entendimiento. En un mundo sin fronteras para el delito, depende de nosotros abrir las fronteras a la
justicia, y creo que acuerdos como el firmado entre el Ministerio de Justicia de España y Portugal constituyen un paso adelante en el marco de la cooperación penal iberoamericana y puede ser la materia prima para dotarnos de un instrumento jurídico
que sirva para combatir los numerosos problemas que la extradición plantea en la lucha contra la delincuencia, es decir, la lentitud del procedimiento, la posible denegación de entrega del nacional reclamado, los límites impuestos a los principios
de especialidad y de doble incriminación y el consiguiente condicionamiento de la solución a una decisión política. De ahí el sentido de mi pregunta. ¿Puede valorar el acuerdo multilateral de los ministerios de Justicia de España y Portugal para
establecer un sistema de entregas mutuas de delincuentes en Iberoamérica?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Como saben y muy bien decía la portavoz del Grupo Socialista, la dimensión transfronteriza de la criminalidad es sin duda uno de los grandes -si no el mayor- desafíos a los que se
enfrentan los Estados en los albores del siglo xxi.
La permeabilidad de nuestras fronteras es ya un hecho ineludible que afecta tanto a las nuevas formas de criminalidad como, por qué no, a las tradicionales, así como a la manera en que se tiene
que emprender la lucha contra el crimen. Por ello se vienen desarrollando desde hace años mecanismos que nos permitan una cooperación jurídica para luchar contra la criminalidad. Saben como yo que una de las principales formas de cooperación
jurídica internacional y sin duda una herramienta clave para evitar la impunidad de las conductas delictivas, favorecidas en ocasiones por la protección que brindan precisamente las fronteras estatales, es la entrega de los delincuentes fugitivos
entre Estados, ya para su enjuiciamiento o ya para la ejecución de condenas impuestas por las autoridades judiciales de alguno de ellos. Efectivamente -como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, partiendo de la exitosa experiencia
de la orden de detención y entrega europeas, España y Portugal lanzaron el año pasado la idea de avanzar también en la región iberoamericana la posible aplicación de mecanismos para la mejora y la agilización de la extradición con el fin de
contrarrestar la dimensión transfronteriza de la criminalidad, dotándonos para ello de instrumentos jurídicos que sirvan para combatir la criminalidad organizada, fortaleciendo a los Estados en su lucha contra ella. Cuatro son los países que están
copatrocinando esta iniciativa: España y Portugal y, en el lado iberoamericano, Argentina y Brasil. Pero la iniciativa es más ambiciosa y el acuerdo está destinado a extenderse a otros países de la propia área iberoamericana, teniendo como
horizonte un gran espacio de seguridad y justicia para toda Iberoamérica. El instrumento ideado es un convenio internacional que en un primer momento tendrá que ser firmado por estos cuatro países. El borrador del texto está prácticamente
finalizado tras dos reuniones fructíferas que tuvieron lugar en Lisboa, en mayo de 2009, y en Buenos Aires, en julio de este mismo año, en las que los cuatro socios se han mostrado entusiastas con el proyecto. Quedan por resolver cuestiones
técnicas que deben ser conciliadas con las respectivas legislaciones
internas y esperamos que la firma sea una realidad muy pronto.
Permítame que insista en que el objetivo esencial es avanzar hacia la integración de nuestros respectivos sistemas y hacia la confianza recíproca en nuestros países, y esto tiene que traducirse en objetivos muy claros; en primer lugar, una
reducción del tiempo que se emplea en la entrega de los delincuentes transnacionales; en segundo lugar, la limitación de las causas de denegación que hoy existen en el formato clásico de la extradición; en tercer lugar, la eliminación de controles
innecesarios que nos llevan a unas dilaciones que podemos evitar; en cuarto lugar, un replanteamiento de los requisitos de la doble incriminación y, por qué no, de la protección de los nacionales, y finalmente la introducción de mecanismos que van
a permitir una agilidad en nuestros sistemas, como es la entrega temporal.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REPARTO DE UNIDADES JUDICIALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN COMPETENCIAS TRANSFERIDAS EN MATERIA DE JUSTICIA, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PREVISTA
PARA 2009. (Número de expediente 181/000906.)
El señor PRESIDENTE: Señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Señor secretario de Estado, recuerdo que Azaña decía: ¡Qué tiempos estos en los que es necesario luchar por lo evidente! Y lo triste en estos momentos es que la evidencia se cuestiona o se niega. Por eso yo creo
que la verdad, por evidente que sea, hay que repetirla una y otra vez, de ahí que le formule la pregunta que aparece en el orden del día. Soy muy consciente de que el Gobierno socialista no va a encontrar aplausos por parte de la oposición, pero
conviene no perder la perspectiva que nos da el pasado para valorar adecuadamente lo que está haciendo este Gobierno en materia de creación de unidades judiciales. Los datos deben valorarse de acuerdo con lo que los hechos reflejan, y lo mejor es
comparar el periodo 2001-2004, donde el Gobierno popular puso en funcionamiento 291 unidades judiciales, con el periodo 2005-2008, donde el Gobierno socialista puso en funcionamiento 624 nuevos órganos judiciales, es decir, más del doble. Por
tanto, el esfuerzo inversor de este Gobierno cumple con creces los compromisos adquiridos en nuestro programa electoral. En estos años se puede revisar el cumplimiento de lo comprometido. Es evidente que una de las actuaciones esenciales del
Ministerio de Justicia en esta etapa ha sido, es y será el desarrollo del nuevo mapa judicial. Es más, como usted bien dijo en la última comparecencia, en el proyecto de presupuestos de 2010 se incluye una dotación de más de 48 millones de euros.
Con esto se pretende la creación de 250 nuevas unidades judiciales, pero teniendo claro que no es suficiente solo con crear unidades judiciales, sino que son necesarios también los recursos humanos al frente de estas unidades judiciales.
Por eso, señor secretario de Estado, le formulo esta pregunta: ¿Cuál ha sido el reparto de unidades judiciales en 2009 en las comunidades autónomas sin competencias transferidas en materia de justicia, teniendo en cuenta los criterios de
volumen de entrega de asuntos, población e índice de litigiosidad?
El señor PRESIDENTE: No había formulado que entrábamos en la segunda cuestión del orden del día porque pensaba la Presidencia que iba a hacer algún tipo de valoración de la primera respuesta, pero le agradezco la economía procesal. Estamos
en la segunda pregunta que figura en el orden del día, que es el reparto de unidades judiciales en las comunidades autónomas sin competencias transferidas en materia de justicia, de acuerdo a la distribución prevista para 2009, como muy bien formuló
la diputada del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): El desarrollo de la planta y demarcación judicial es un elemento de modernidad que da respuesta a las distintas exigencias que la ciudadanía nos insta cada día cuando plantea cerca
de nueve millones de asuntos judiciales en nuestros tribunales. La respuesta que desde los poderes públicos tenemos que dar a esa exigencia tiene una manifestación clara en la creación de órganos judiciales y los responsables al frente de los
mismos. Pero es mucho más, y ese es precisamente -tuve ocasión de exponerlo en la comparecencia del 7 de octubre- el gran reto que ha asumido este ministerio en colegiación de esfuerzos. Cuando el 18 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba
el Plan Estratégico para la modernización de la justicia año 2009-2012 estaba intentando poner nuestro maltrecho sistema de Administración de Justicia a la altura de otros servicios públicos con los que cuenta nuestra ciudadanía y de los que se
siente especialmente orgullosa. Pero evidentemente la creación de órganos judiciales es una manifestación clara de esto que venimos hablando. Por eso en este plan estratégico no solo se aborda la creación de órganos, sino también todos los
elementos que tienen que converger en lo que se ha denominado la modernización de la justicia, o de un modo menos pomposo, la adecuación de la justicia a los tiempos que vivimos. Pero no es una situación -también tuve ocasión de decirlo el pasado 7
de octubre- que podamos establecer ex novo, sino que tiene que incardinarse en una estructura y en un proyecto político vivo. En ese proyecto político está sin duda el desarrollo de lo que ha sido la legislatura y lo que ha sido este año 2009.
Contesto escuetamente a la pregunta sobre la creación de órganos en 2009.
Como saben, este año 2009 va a haber una creación de 150 nuevas unidades judiciales
para todo el territorio nacional, lo que supone mantener un ritmo muy elevado, tal como se hizo en las dos anteriores anualidades. Este compromiso se ha hecho efectivo mediante la publicación de dos reales decretos. El primero de ellos fue
aprobado en el Consejo de Ministros de 13 de febrero pasado y establecía 15 nuevos juzgados de lo mercantil. Se daba así respuesta al significativo incremento de la carga de trabajo que afrontaban esos órganos, derivada de las dificultades de la
economía, a la vez que se avanza en el desarrollo de la planta judicial en razón de las necesidades de cada territorio puntualmente considerado. El segundo real decreto es el que aprobó el Consejo de Ministro el pasado 7 de julio, estableciendo 135
unidades judiciales nuevas sobre la base de los parámetros objetivos de litigiosidad y de población para todo el territorio nacional y teniendo en cuenta las propuestas que se nos hacen llegar desde las comunidades autónomas, oídos a su vez los
tribunales superiores de Justicia, y con el tamiz del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, en relación con las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia, que actualmente, como saben SS.SS.,
son seis, la distribución es la siguiente: En Islas Baleares, tres unidades judiciales; en Castilla-León, seis; en Castilla La-Mancha, cinco; en Extremadura, dos; en la región de Murcia, seis; y en La Rioja, una.
Como se puede comprobar, el esfuerzo del Gobierno por desarrollar nuestra planta y demarcación judicial y acomodarla a las necesidades reales está siendo muy intenso. En este sentido, el plan estratégico recoge el compromiso de incrementar
la planta en un 19 por ciento en lo que queda de legislatura. Eso supone que en el período 2010-2012 se crearán 600 nuevas unidades judiciales; de ellas, 150 lo serán de los jueces de adscripción territorial, a razón de 200 unidades/año. Si
sumamos esta cantidad a los incrementos producidos en 2008, que fueron 160, y en 2009, 150, al finalizar la legislatura se dispondrá de 900 unidades judiciales adicionales.
Quiero aprovechar la oportunidad para decirles, en la medida en que he hablado de los jueces de adscripción territorial, que como saben es una creación nueva que ha sido aprobada recientemente por las cámaras -y permítanme dar las gracias a
todos los grupos, no solo por el gran consenso alcanzado sino también por la celeridad-, que vamos a contar no solo con un paquete de ley orgánica donde está regulada esta nueva creación judicial que viene a dar respuesta a unas exigencias del Poder
Judicial, al que dota de mayor autonomía y agilidad, apostando por la titularidad y la profesionalidad, sino que también va a permitir el desarrollo de la nueva oficina judicial, con un total de 900 artículos, diseminados en 15 leyes procesales.
Vamos a acometer, sin duda, la más importante reforma que se ha verificado en nuestro sistema de justicia en los últimos tres siglos. Esto se hace -y ojalá continúe mucho tiempo- con un gran consenso parlamentario, pero también con el Consejo
General del Poder Judicial, con las comunidades autónomas que tienen transferencias en materia de justicia, y con los agentes actores de la justicia -asociaciones judiciales, de fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados
sociales, funcionarios- y con la sociedad civil.
Es un reto que no podemos dejar pasar. Por eso, cuando hablamos del desarrollo o modernidad de la justicia, lo hacemos de muchas cosas, pero también del incremento de órganos judiciales por esa
titularidad a la que se hacía referencia anteriormente. La creación de 250 plazas/año, es decir, 750 nuevos jueces de aquí a 2012; la creación de 450 nuevos fiscales o de 800 secretarios judiciales vienen a ser un instrumento de alta
profesionalidad para dar la justicia que legítimamente la ciudadanía nos reclama. Estamos trabajando en colaboración con todos los intervinientes en el sector justicia. La semana que viene tenemos conferencia sectorial, donde queremos determinar y
dar a conocer el número de unidades judiciales que corresponderán a cada nueva unidad judicial para la anualidad 2010. Como saben, es un proceso complejo donde entran posteriormente el propio Consejo General del Poder Judicial, que en función de
sus ámbitos competenciales determina dónde están las prioridades del órgano de Gobierno de los jueces, lo que se tamiza y se conecta con las exigencias o peticiones formuladas por las comunidades autónomas y las propias del ministerio. Por tanto,
es un esfuerzo consensuado y colegiado que va permitir la creación de 200 nuevos órganos judiciales el año que viene para dar respuesta a la cada vez más amplia litigiosidad que soporta nuestro país, lo que no quiere decir que no haya en ese plan
ambicioso otros aspectos que deben de converger con la idea de creación de órganos, es decir, la disminución de litigiosidad, la resolución alternativas de conflicto y todo un paquete de reformas que van en las 147 actuaciones del plan de
modernización.
El señor PRESIDENTE: Señora Juanes, ¿quiere hacer alguna precisión?
La señora JUANES BARCIELA: Simplemente quiero hacer agradecer la profesionalidad del secretario de Estado y, de antemano, sus explicaciones.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA AFRONTAR EL AUMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES, DERIVADA DE LA CRISIS ECONÓMICA. (Número de
expediente 181/001110.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la pregunta tercera del orden del día, medidas extraordinarias para afrontar el aumento de la carga de trabajo en los órganos judiciales, derivada de la crisis económica, de la que es autora Rosa María
Díez González, portavoz del Grupo Mixto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: También inicio mi intervención saludando la presencia del secretario de Estado y agradeciéndole su disponibilidad.
Como seguramente el secretario de Estado ha podido percibir, la pregunta que en este momento le
formulo fue planteada hace casi un año, concretamente el 16 de diciembre del año pasado. Bien es cierto que desde entonces hasta ahora las cosas no han mejorado, pero también es cierto que mientras tanto el ministerio -tal y como usted mismo acaba
de recordar- ha elaborado y presentado un plan estratégico de modernización de la justicia que podríamos pensar que puede dar respuesta a algunos de los problemas que quiero reseñar y que planteaba en la pregunta formulada. En esta pregunta estamos
hablando de medidas extraordinarias, entendiendo que el plan estratégico de modernización de la justicia no es algo extraordinario sino algo ordinario que forma parte de la labor del Ministerio de Justicia que, como usted acaba de plantear, trabaja
para adecuar la justicia a las necesidades reales de la sociedad. La pregunta viene formulada, como le decía, ante la situación dramática de la crisis económica que recarga el trabajo más de lo ya existente, fundamentalmente sobre los juzgados de
lo Social y lo Mercantil en España. Desde que esta se formuló las cosas de la crisis no han ido a mejor sino a peor, desgraciadamente para todos. Por tanto, las reflexiones que en diciembre del año pasado se hacían, aunque las cifras hayan
cambiado, siguen siendo válidas porque las cifras han cambiado pero lo han hecho a peor.
Le haré un par de referencias contextualizadoras. Una, sobre los juzgados de lo Mercantil. El incremento de la morosidad es uno de los problemas que ha tenido sus efectos y se ha visto reflejado de una manera especial en los juzgados de lo
Mercantil, como digo, donde el crecimiento de los concursos de acreedores ha sido realmente notable. De esta forma, observando el crecimiento continuo desde el cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2008, veíamos unas cifras verdaderamente
preocupantes porque el incremento del cuarto trimestre de 2008 respecto al de 2007 era del 244 por ciento. Esta mayor carga de trabajo se ha visto reflejada desde el primer trimestre del año pasado. Si en este momento sacáramos las cifras de la
situación a día de hoy, desgraciadamente no veríamos cifras más positivas sino cifras preocupantes porque, como digo, el origen del problema no está solo en las necesidades que tienen estos juzgados sino en el brutal efecto de la crisis económica.
Además, yo quería destacar que no todo se ha distribuido por igual y que hay juzgados que han tenido una mayor carga de trabajo. Concretamente en esta cuestión, juzgándolos por comunidades autónomas, vemos que Cataluña es la que ha tenido una
situación más preocupante. Se observa una mayor carga de trabajo, de expedientes concursales. El incremento ha sido brutal durante todo el año 2008 y sigue siendo verdaderamente extraordinario, en el sentido negativo, también durante el año 2009.
Respecto a los juzgados de lo Social -una segunda reflexión-, están soportando también la crisis de una manera muy complicada, muy compleja.
Según el Consejo General del Poder Judicial, y tal y como se argumenta en la memoria, los
procedimientos por despido y reclamación de cantidad muestran un importante incremento en todos los trimestres del año pasado y en los trimestres que hemos cerrado de este ejercicio; han pasado a dar cifras verdaderamente sobrecogedoras. También
aquí se puede observar que, aunque Andalucía ha sido la comunidad más afectada en este caso, Cataluña se sitúa en segundo lugar con un incremento notable. De esta forma el Consejo General del Poder Judicial concluye en su memoria -a la que he hecho
referencia antes- que la crisis económica está teniendo un importantísimo impacto en los juzgados de lo Mercantil, triplicándose los datos del año 2009 con respecto a los del año 2008, o sea que también en este ejercicio seguimos teniendo un enorme
problema. Es cierto que -como decía anteriormente- el ministerio ha puesto en marcha el Plan estratégico de modernización de la justicia, pero en España seguimos teniendo déficits importantes, por ejemplo, en número de jueces. Según los datos del
consejo relativos a Europa, en España existen en la actualidad 10,1 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, dato significativamente lejos de la media europea, que se sitúa en la actualidad en 19,8 por ciento.
Yo le quería plantear, señor secretario de Estado, si cree usted que con el plan aprobado resolvemos, orientamos correctamente la resolución de estos problemas, si no necesitaríamos medidas extraordinarias para estos dos tipos de juzgados y
si ustedes están pensado por qué no se hace en ese plan estratégico ninguna mención a los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, si creen que simplemente mejorar la carga de trabajo del resto de instancias judiciales va a facilitar la solución de
estos problemas o piensan en la necesidad de algún plan estratégico y extraordinario para resolver esta situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias por su pregunta que además me va a permitir desplegar aspectos del plan estratégico. Junto a lo que debe ser un plan estratégico, es decir, un plan que venga a
socavar una estructura que consideramos mejorable a través de estas 147 actuaciones que recoge el plan y que dan pie a los seis ejes fundamentales sobre los que se sustenta la nueva edificación de la justicia, me va a permitir -digo- no solo abordar
cuestiones que me parecen de interés para S.S., sino también mecanismos, ya no estructurales pero sí coyunturales, para atender alguna de las cuestiones sobre las que S.S. me cuestiona.
El Ministerio de Justicia ha desplegado en los últimos años una intensísima actividad para lograr transformar este edificio de la justicia en un servicio público sobre el que nos podamos mirar, y para eso, fundamental
mente, tenemos que acentuar los atributos de agilidad y
de efectividad. Son muchas las actuaciones incardinadas en el plan de modernización junto con la dotación presupuestaria -y aquí sí me atrevería a calificarla sin ningún tipo de rubor de extraordinaria- que contemplan los presupuestos de
justicia, lo que nos va a permitir agilizar la respuesta judicial en orden a las pretensiones de los ciudadanos y a la vez reducir la carga que soportan nuestros órganos judiciales. Todo el proceso de modernización de la justicia va a repercutir de
una manera clara en el ejercicio de nuestros tribunales.
Convendrán conmigo en que estamos viviendo un año fructífero -yo me atrevería a calificarlo de extraordinario- en esta tarea, un año que vuelvo a calificar de capital para el proceso de
modernización, tanto por los proyectos cardinales que se han puesto en marcha, como por la extraordinaria conjunción de voluntades que han permitido su despegue. Es un año de considerables esfuerzos para dotar el mejor sistema y nuestro mejor
sistema de justicia. El primero sin duda -creo que hay que decirlo- es el esfuerzo de los ciudadanos, que con sus impuestos están sufragando la mayor inversión en justicia de la democracia, un récord que el año que viene se va a volver a superar
con un incremento del 13,77 por ciento del presupuesto en relación a la anualidad 2009. Será un total de 1.818 millones de euros para políticas de justicia.
Como sin duda recordarán, el presidente del Gobierno habló de que era una reforma crucial, pero también inaplazable, y esto lo vemos materializado en este compromiso presupuestario. Así, en la elaboración de los presupuestos no se desconoce
la actual situación económica, pero tampoco se olvida ese compromiso de ofrecer un servicio público de calidad al ciudadano. Por eso se han elaborado unos presupuestos austeros en gastos corrientes y de servicios, con una disminución del 1,32 por
ciento respecto de la anualidad anterior, pero al mismo tiempo especializados en la modernización de la justicia, donde el incremento del 102,88 evidencia esta apuesta. Esta composición del presupuesto permite al ministerio afrontar las
consecuencias que la actual coyuntura económica tiene en el ámbito de la Administración de Justicia. He dicho hace un momento que este año vamos a constituir 150 unidades judiciales y hemos convocado 220 plazas de jueces y 150 de fiscales. Estamos
acometiendo -y lo digo sin ningún tipo de ínfulas- el mayor incremento de planta que al final de la legislatura podrá situarnos en un 20 por ciento por encima de la misma.
Del mismo modo, contaremos con 2.000 nuevos jueces, fiscales y secretarios
judiciales en un momento donde no solo el número, sino la forma de organizar el trabajo están cambiando. Así, en tanto se produce la revisión de la actual Ley de Planta y Demarcación Judicial, el ministerio va a continuar con su esfuerzo para
lograr cubrir un mapa judicial y fiscal lo más adaptado posible al incremento de los asuntos y a la nueva realidad social y demográfica. Por ello, el nuevo mapa judicial y fiscal contará con unos recursos de 48,47 millones de euros que hará posible
el aumento de planta judicial que he señalado anteriormente y que redundará con toda seguridad en una reducción del volumen de asuntos por juzgado. La mejora de nuestro servicio público pasa por dedicarle más dinero, por mejorar la dotación
económica, pero también -lo saben- es necesario un cambio de modelo. En ello estamos. Si me permiten una nota esquemática, les diría que nueva oficina judicial, nueva Ley de Planta y Demarcación e incorporación tecnológica son líneas maestras de
nuestro sistema por el cual habrán de venir eficacia y eficiencia.
En cuanto al primer elemento, comenzaba mi intervención agradeciendo a todos el trabajo efectuado para la aprobación de la ley conocida como nueva oficina judicial. Una respuesta completa a la situación actual exige racionalización,
profesionalización y optimización de los medios personales, y con el esfuerzo de todos hemos conseguido articular dicha respuesta en unos textos normativos. El reto ahora, como conocen SS.SS., es hacer efectiva esa transformación de la estructura
judicial que el Congreso aprobó recientemente. A tal fin, se destinan directamente créditos presupuestarios por importe de 34 millones de euros. En este año clave hemos culminado importantísimos proyectos de reforma y hemos iniciado otros no menos
trascendentes. Además de esa importantísima reforma procesal, aludía antes a que hace algo más de un mes comenzó su andadura la comisión de expertos que tienen que establecer las bases para una nueva ley de planta y demarcación judicial. En
febrero contaremos, y se elevará a Consejo de Ministros, el informe de esta Comisión en orden a trabajar sobre una nueva ley de planta y demarcación judicial que adecue la vertebración de nuestro sistema de justicia a la España de hoy. Por tanto,
la adaptación del mapa judicial al mapa real está ya en marcha.
Hemos hablado también de un elemento tecnológico. Es fundamental que las nuevas tecnologías se incorporen al ámbito cotidiano de nuestro sistema de justicia. Este año, por ejemplo, se va a lograr implantar Lexnet en todos los juzgados del
territorio ministerio. Hemos concluido ya la migración de los cinco registros administrativos de apoyo a la justicia a un sistema integrado con nuevas funcionalidades y vamos a concluir la titánica labor de digitalizar todos y cada uno de los
libros del Registro Civil desde el año 1950, encontrándonos actualmente en cerca del 85 por ciento. Igualmente, hemos firmado los primeros convenios con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que el esquema
judicial de interoperabilidad, el conocido como EJIS, haga por fin posible el trabajo en red. Progresivamente iremos firmando convenios con las distintas comunidades autónomas que tienen competencias en la materia. Nos hemos comprometido también a
hacer realidad el objetivo papel cero a través de la implantación del expediente judicial digital.
De hecho, hace unos pocos días se ha presentado el plan para empezar a implantarlo en la Audiencia Nacional. Se trata de un proyecto pionero cuyo
modelo se extenderá de una forma progresiva y programada al resto de nuestras oficinas
judiciales. Estamos, en definitiva, adoptando toda una batería de medidas estructurales que permitan dinamizar el funcionamiento de nuestra justicia y mejorar el servicio público que se presta a los ciudadanos.
Todo ello sin merma de las
correspondientes actuaciones puntuales que seguimos llevando a cabo en colaboración con el propio Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas para reforzar aquellos órganos más sobrecargados. Como formulante de la pregunta,
efectivamente los órganos de lo Social y de lo Mercantil se han visto sobrecargados especialmente por los efectos de la devastadora crisis económica. Pero el Ministerio de Justicia ha sido sensible en todo momento a las medidas de refuerzo
propuestas por el órgano de gobierno de los jueces. Si me permite los datos estadísticos le diré que la legislatura anterior 2004-2008 y lo que ha transcurrido de la actual no deja lugar a dudas. En el 2004 se autorizaron el 86,42 por ciento de
las medidas de apoyo extraordinarias solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial, en 2005 el 81 por ciento, en 2006 el 88 por ciento, en 2007 el 91 por ciento, en 2008 el 93,55 y en lo que llevamos de año el 93,48. Por tanto, el
Ministerio de Justicia siempre que el Consejo General del Poder Judicial reclama un refuerzo lo está concediendo.
Estamos trabajando para la mejora de los órganos judiciales y para a la vez reducir la importantísima carga de trabajo que recae sobre cada uno de ellos. Pero la ciudadanía nos exige un sistema de calidad, moderno, rápido y eficaz que dé
respuesta a los problemas que tenemos. Por eso, no solo basta con profundizar en las reformas estructurales que mejoran el funcionamiento de los juzgados y tribunales, sino que estamos decididos a impulsar un sistema alternativo de resolución de
conflictos. Estamos trabajando por que la justicia deje de ser esa ultima ratio y pueda convertirse en un elemento que arregle antes los problemas de los ciudadanos. Estamos hablando de mecanismos de mediación y arbitraje, estamos hablando de
resolución alternativa de conflictos. Y ello, tanto en el ámbito civil, en un sentido amplio, como en el ámbito penal.
Queremos normar y normativizar todo este mecanismo y dotarlo de posibles para que pueda ser una realidad que todas aquellas
cuestiones que aunque de escasa entidad jurídica -que sin duda no solo se incorporan a nuestros ámbitos judiciales sino que se incorporan a esas estadísticas de 9 millones de asuntos- preocupan enormemente al ciudadano puedan tener una resolución
rápida y no sea la justicia la única vía de resolución de los conflictos de los ciudadanos.
Pero no solo estamos tomando estas medidas de cara al futuro, efectivamente la jurisdicción social y mercantil han visto agudizada su situación de una manera muy concreta. En la jurisdicción social no es pro futuro es una realidad, hay un
plan de refuerzo aprobado por el Consejo de Ministros recientemente y que ha visto arrancar su marcha el 1 de octubre, si bien no en todas la unidades porque ha habido algunas de ellas que han empezado este mismo mes. De este modo, en plena
coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y con un aporte presupuestario de un millón de euros queremos afrontar -sobre todo en las materias más sensibles, es decir, las del despido- esta situación aguda que se nos presenta en la
jurisdicción que precisamente había sido el referente de agilidad y de rapidez. Por tanto, queremos apostar por un elemento dinamizador de la justicia en el ámbito de la crisis, precisamente acudiendo a estos juzgados, de tal modo que los juzgados
de lo Social de estos 19 partidos judiciales -un total de 35 magistrados- están atendiendo sobre todo a las cuestiones de despido. Su resultado, evidentemente, aún queda por verlo. Pero estamos convencidos de que con el seguimiento que se está
haciendo desde el Ministerio de Justicia, con el apoyo de las comunidades autónomas y sobre todo la competencia del Consejo General del Poder Judicial, dará los resultados apetecidos. La jurisdicción mercantil, efectivamente, es la otra gran dañada
o sobrecargada por el efecto de la crisis. Si bien es cierto que los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que hay una minoración en cuanto a la sobrecarga que estaban sufriendo, ello no empece a que tengamos que forzar un
mecanismo similar al que anteriormente me he referido en el ámbito de la jurisdicción social. Está muy ultimado el proceso de elaboración de este plan, seleccionando los órganos más sobrecargados, seleccionando los jueces que pueden hacerse cargo
de él y en suma todo el acople de medidas que nos van a permitir acudir a modo de apagafuegos a una situación que verdaderamente lo reclama.
Como le decía y concluyo -perdón por la extensión-, no es solo un paquete de medidas estructurales, porque, efectivamente, nuestro mundo judicial reclama también medidas coyunturales, medidas que respondan a mil situaciones y en eso estamos.
Pero lo que sí me gustaría transmitir a SS.SS. es que el esfuerzo modernizador tiene que ir de la mano y conllevar unas y otras porque, realmente, unas no se entenderían sin las otras y viceversa. Con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a
situaciones que se establecen con carácter estructural pero que van a permitir al Poder Judicial, con mayores dosis de autonomía, contar y atender a elementos estructurales. Y con esto me estoy refiriendo -y no quisiera cansar la atención de
SS.SS.- a la idea del propio juez de adscripción territorial, donde el Poder Judicial y a través de una decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia y para un ámbito claramente provincial, va a designar un juez profesional, magistrado
de carrera y excepcionalmente juez, para que acuda a aquellos órganos que se encuentran saturados -es decir, donde haga falta un refuerzo-, por tanto, estas situaciones claras a las que venimos aludiendo anteriormente, pero también a aquellos
juzgados que por razones varias se encuentren o vacantes sin titular o bien su titular no pueda desempeñar sus cometidos profesionales. Por tanto, y con esto concluyo, paquete modernizador que
contempla actuaciones estructurales y coyunturales pero
que sin duda tienen que revertir en la necesidad de una modernización y adecuación de la justicia a lo que nos reclaman nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, ¿quiere hacer alguna precisión?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su cumplida y amplia respuesta, y gracias también no solamente por ser capaz de explicar las cosas que el Gobierno ha puesto en marcha sino por reconocer los problemas
donde existen, es algo que no es habitual; yo le agradezco al secretario de Estado esa comprensión, que es la única manera de enfrentarse a los problemas y de resolverlos.
Efectivamente, como usted mismo reconocía, aparte de decisiones estructurales hacen falta decisiones coyunturales -extraordinarias las llamaba yo en la pregunta- tanto en los juzgados de lo Mercantil como en los de lo Social. En los
juzgados de lo Mercantil el número de asuntos que ve cada juzgado es más del doble de lo que estima por año el Consejo General del Poder Judicial como la cifra óptima, alrededor de 300 -se están viendo alrededor de 700-, y en los juzgados de lo
Social repercute fundamentalmente en el tiempo dedicado a resolver cada uno de los asuntos, que duplica también la media de 2007, que era mes y medio aproximadamente, y en este momento es más del doble, lo cual no solamente produce un retraso para
las partes afectadas, sino que puede producir y produce un efecto negativo en las arcas públicas, porque conlleva reclamaciones y que además tengamos que pagar con recursos públicos esta demora que se produce en los juzgados. Por tanto, detectada
la enfermedad, solo me cabe desear al médico, que en este caso es el Gobierno, el mayor de los éxitos en el tratamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Reitero ese agradecimiento con el que iniciaba mi intervención y le digo que estamos en ello. Pero no piense -permítame la matización- que el médico es el Gobierno. El médico
cuando hablamos de justicia somos todos, son las Cámaras aprobando leyes que lleven a la modernización y adecuación de nuestra justicia, son las comunidades autónomas, son los órganos que constitucionalmente tienen sus tareas, fundamentalmente el
Consejo General del Poder Judicial, también la Fiscalía General del Estado y los propios agentes sociales, porque hemos dicho que sin ellos nada podría ser realidad. Y estamos en ello, le puedo asegurar que estamos empeñados y si en algo podemos
tirar del carro, lo asumimos perfectamente y esa capacidad de liderazgo es la que tenemos que tener para llevar racionalidad, eficacia y agilidad, para dar cumplida cuenta a esa efectividad de la tutela judicial que contempla nuestro texto
constitucional.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS CON LOS INTERINOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. (Número de expediente 181/001185.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta número 4 del orden del día, medidas previstas con los interinos del Instituto Nacional de Toxicología, de la que es autor el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular, al que le damos
la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia. Esta pregunta está formulada también hace tiempo, el 10 de febrero, hace nueve meses, pero no es la primera vez que la formulo, es ya la tercera o
cuarta, incluso en la pasada legislatura la hice. Y es que estos interinos del Instituto Nacional de Toxicología, que no son muchos, son quince o veinte, en tres centros además, siguen con la espada de Damocles de si los cesan o no los cesan. Y me
va a permitir que haga un extracto de lo que me decía su antecesor, el secretario de Estado señor López Guerra, en relación con este tema para que lo centremos. Me decía el señor López Guerra: Como ha señalado S.S., la primera impresión que causa
la situación que ha expuesto es la de una injusticia material.
¿Cómo es posible que un conjunto de personas que durante muchos años, algunos más de veinte, han sido interinos ocupando unas plazas determinadas en el Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses se vean desprovistos de la posibilidad no solo de seguir en ellas sino de ser incluidos en las bolsas de trabajo al respecto? La respuesta -decía el secretario de Estado- viene de un mandato legal específico, el artículo 475 b)
de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Este ministerio -decía el señor López Guerra- está vinculado por el cumplimiento de la ley, pero no es ajeno a los problemas que pueden surgir, tanto a funcionarios interinos que llevan mucho tiempo
sirviendo en estos puestos como en el mismo funcionamiento del Instituto Nacional de Toxicología por falta de personal adecuado. Yo he seguido con mucho interés la exposición de posibles vías que usted ha señalado -me decía- y le señalo la mejor
disposición del ministerio para buscar vías de solución, pero siempre según los mandatos estrictos de la ley orgánica.
Perdóneme que me autocite, pero le decía al señor secretario de Estado: Al final ha abierto usted una puerta a la esperanza, esperemos que sea verdaderamente una realidad. La orden ministerial de 26 de noviembre de 1975 determina
equivalentes, a efectos de acceso a empleos públicos y privados, la formación profesional de segundo grado y el bachiller superior, y la formación profesional de primer grado y el graduado escolar o bachiller elemental. Por ese procedimiento se
podría llegar a la equiparación de la titulación. También cabe, como le he señalado antes, el procedimiento de la habilitación
profesional, precisamente por la cantidad de años que llevan ejerciendo.
Me gustaría que hiciera alguna consideración sobre eso o que esa vía de esperanza que ha abierto fuera una realidad. In extremis, como usted mismo ha hablado de
injusticia material, están ustedes en el Gobierno. Si usted cree que esa disposición de la ley orgánica al final acarrea una injusticia, promuevan ustedes una modificación del artículo 475 de la ley, que desde luego mi grupo le apoyaría. Me
contestaba el secretario de Estado: por lo que respecta al plazo de dieciocho meses, es verdad que la convocatoria de las bolsas de trabajo se ha celebrado al final del plazo; por eso es un plazo. La idea subyacente era que este plazo se
utilizara para que aquellos que tuvieran oportunidad regularizaran sus títulos.
Ciertamente la situación es la que usted ha descrito y lo único que puedo decir es que lo tendremos muy en cuenta, pero obviamente todos estamos sometidos al imperio de
la ley. Trataremos de que esto no tenga resultados excesivamente gravosos ni para las situaciones personales ni para el buen funcionamiento de la institución. Insisto en que tendremos en cuenta las sugerencias que usted ha hecho.
La última noticia que tengo de este tema me la han dado hace poco algunos de los afectados diciéndome que se celebraron las oposiciones y que naturalmente no se pudieron presentar porque no tenían la titulación adecuada. En este momento los
que han aprobado las oposiciones están en prácticas, y cuando terminen las prácticas es cuando piensan que los pueden cesar, luego siguen con esa espada de Damocles encima. Como son muy pocos, esa buena disposición que mostró el señor López Guerra
los nuevos responsables del ministerio deberían también demostrarla y buscar soluciones, de manera que no se cese a personas que llevan más de veinte años y muchos de cuyos informes han servido para adoptar decisiones judiciales. Ahora, de pronto,
no han podido presentarse porque no tenían una titulación, que es verdad que se exigió en una ley que se aprobó cuando nosotros gobernábamos, pero he mostrado nuestra mejor disposición para que se modifique. Por eso me gustaría saber cuál es la
posición, porque esta gente está con una inquietud y no puede estar toda la vida así.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señoría, por su pregunta y por su interés por el Instituto Nacional de Toxicología. Anteriormente decía que una de las prioridades del ministerio es fortalecer todo
el sistema de justicia y, por tanto, también mejorar los servicios de apoyo a la Administración de Justicia y, muy en particular, los institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología. En concreto, como muy bien sabe, el Instituto
Nacional de Toxicología desarrolla una labor que podemos calificar de extraordinaria en cuanto al auxilio a los órganos judiciales en materia científica y contribuye a la unidad de criterio y a la calidad de la pericia analítica. Constituye, por
tanto, una pieza clave para la lucha contra la criminalidad y para el desarrollo de las ciencias forenses. La relevancia de esta institución se ha visto reflejada en el plan de modernización, donde se dedica un subprograma completo al instituto con
seis actuaciones específicas. El objetivo es actualizar el contenido de sus normas y protocolos de actuación, por ejemplo, la destrucción de alijos del propio instituto. De otro lado, se pretende la realización de una serie de acciones de
dirección, organización y gestión de los recursos humanos, cuyo objetivo primordial sea la consolidación del instituto como un centro de referencia. Se incluye aquí la incorporación de nuevos sistemas informáticos de gestión e información, así como
la modernización de infraestructuras. De hecho, quisiera anunciar que los próximos días inauguraremos la nueva sede del Instituto Nacional de Toxicología, cuya dotación y recursos convierten a este organismo en uno de los más avanzados y
capacitados de los países de nuestro entorno.
En cualquier caso, quiero concretar mi respuesta. El problema específico al que usted alude se incardina en ese proceso de actualización normativa al que usted mismo se ha referido y que es necesario para hacer posible la modernización y la
capacitación del propio instituto. Así, los nuevos requisitos de formación para el personal del centro fueron introducidos en la modificación de la ley orgánica operada en 2003, la 19/2003, donde se establecía que para el acceso a los cuerpos
técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio se exige estar en posesión del título de técnico superior en formación profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en la fase de la convocatoria de los propios procesos
selectivos. Las familias profesionales que se han determinado son las de química y sanidad, pues son las que se relacionan directamente con los trabajos que se desarrollan en el referido instituto. El Ministerio de Justicia, por tanto, en relación
con esta cuestión se ha limitado a dar cumplimiento a la ley y lo ha hecho de manera sensible a la situación de las personas que trabajan como interinos en el propio instituto. Buena prueba de esta sensibilidad es que han finalizado las pruebas
selectivas para acomodar a la normativa vigente al personal del instituto y aproximadamente el 90 por ciento de los interinos han consolidado su plaza. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la orden de 12 de junio de 2005 que aplica la ley, el
10 por ciento restante de interinos que no aprobaron el concurso-oposición serán incluidos al principio de la nueva bolsa que corresponda según el orden de puntuación, siempre y cuando tengan el título de formación profesional requerido. Por tanto,
en la actualidad la mayoría de los interinos han consolidado su plaza y el resto siguen trabajando en el instituto y podrán de nuevo presentarse a la próxima convocatoria que se realice.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Sinceramente, señor secretario de Estado, me ha decepcionado usted con su respuesta, muy distinta a la que manifestaba el señor López Guerra, porque no es fácil que se adquiera la titulación.
Está el sistema que le
planteamos de equiparación. Hay personas que tienen una titulación que se puede equiparar a otra y hay sistemas de equiparación. No me diga usted que ahora se pueden presentar. Se pueden presentar, pero ¿los van a echar antes de que se presenten?
No me aclara usted ese aspecto. ¿Que toda la normativa es para modernizar y para mejorar? Eso va dentro de su ideología; me parece muy bien y eso no lo discute nadie. Pero yo estoy hablando de quince o veinte personas que no se han podido
presentar porque no tienen la titulación y llevan más de veinte años trabajando. Me gustaría que me concretara un poco más.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Lamento haberle decepcionado, pero he intentado ponerle de manifiesto la realidad normativa y la realidad puntual del proceso en el que el 90 por ciento de esa plantilla, con las
nuevas exigencias normativas a raíz de la Ley Orgánica 19/2003, han logrado consolidar sus puestos. Creo que ya es un dato importante. En relación con los que quedan y que no tienen esa titulación le he dicho que serán incorporados en la bolsa a
la espera de que puedan presentarse a la próxima convocatoria. No he hablado en ningún momento de que sean cesados, he dicho que se incorporarán en la bolsa.
Pero, evidentemente, los requisitos normativos impuestos por esta Cámara son los que son
y queremos un instituto altamente cualificado, que fue lo que se persiguió con esa norma a la que debemos dar cumplimiento. Por tanto, queremos el mejor personal y el más cualificado, porque las apuestas por la profesionalidad en todos los ámbitos
del sector de la justicia son algo irrenunciable.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Le agradezco la aclaración. Pero incorporarse a la bolsa significa que se tienen que presentar a las oposiciones y tener la titulación adecuada, ¿o no? Pregunto para aclarárselo a ellos, porque están los pobres
con la espada de Damocles y no viven. Es natural; llevan cuatro o cinco años con la amenaza de que los expulsen, y hasta ahora ha habido mucha suerte porque ustedes no los han expulsado. Me parece muy bien, pero están con esa espada de Damocles.
Querrán saber si no se pueden presentar si no tienen esa titulación específica o si se puede equiparar a otras titulaciones que tienen.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Creo que la amenaza no es tan latente y la espada de Damocles por lo menos no está afilada, porque si llevan tantos años esperando su cese y no se ha producido es que algo pasa.
Evidentemente cuentan con toda la sensibilidad del ministerio, pero insisto en que habrá un momento en que los requisitos normativos serán ineludibles y además son irremplazables, no hay posibilidad, de tal modo que están en la bolsa de interinos y
tendrán que tener la titulación si quieren concurrir. Pero de momento eso es un futurible todavía porque están en la situación que he dicho anteriormente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR QUE LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ SIGAN SIENDO DE LOS MÁS SATURADOS. (Número de expediente 181/001320).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la pregunta del punto 5.º del orden del día. Le pregunto al señor Landaluce Calleja si entiende que es acumulable con la pregunta del punto 6.º o no. (El señor Landaluce Calleja hace signos
negativos.) De acuerdo. La pregunta del punto 5.º es sobre actuaciones para evitar que los juzgados de la provincia de Cádiz sigan siendo de los más saturados, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular, en este caso, del diputado don José
Ignacio Landaluce Calleja. Tiene la palabra.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señor secretario de Estado, entramos en un apartado que a usted especialmente le afecta no solo por ser jurista -y por su ascendiente al tenerlo en la familia-, sino porque estamos hablando de un problema que
padecen los gaditanos y que usted, como gaditano de adopción, igual que yo, vivimos con intensidad. Señor presidente, quería hacer las dos intervenciones porque después me hubiera gustado acotar más los problemas que hay en la provincia de Cádiz,
en concreto en la ciudad de Algeciras.
Entrando en esta pregunta que hoy debatimos en este turno de la Comisión de Justicia, hablamos de los informes del Consejo General del Poder Judicial que sostenían que al término del tercer trimestre del año pasado los juzgados de la
provincia de Cádiz tenían una tasa de congestión del 2,31, es decir, de cada asunto que se resolvía en la provincia de Cádiz hay más de dos pendientes de auto o de sentencia. Esta cifra sitúa a la provincia gaditana como la segunda provincia de
Andalucía con un nivel más alto de saturación, seguida de Huelva, y una de las provincias de mayor tasa en España, según datos registrados y publicados por el Consejo
General del Poder Judicial. Por si estos valores relativos no fueran lo suficientemente elocuentes, los absolutos podrían darnos una idea de lo que está ocurriendo en la provincia de Cádiz con la Administración de Justicia. Los tribunales
habrían resuelto en el periodo referido una cifra de 56.000 expedientes, pero aún mantendrían abiertos 74.000 expedientes. Como ha dicho usted en su intervención anterior, uno de los motivos por los que hay mayor congestión y un incremento
constatado de la litigiosidad es la terrible crisis económica que padecemos en la actualidad. Esta situación de crisis hace que aumenten los expedientes relacionados con los cierres de empresas, con las reclamaciones o con las demandas por impago,
que han agudizado los déficits estructurales y han provocado un aumento del volumen de trabajo en los juzgados gaditanos que se hace insoportable para los administrados y también para las plantillas de los juzgados. El volumen de actividad se ha
multiplicado y si en 2007 la media de casos pendientes por órgano era de 600, en este mismo trimestre en el año 2008 ya rozan los 700, es decir, 100 más en tan solo un año. No es que hayan bajado las resoluciones, porque las resoluciones han ido
aumentando y se ha pasado de una media de 500 veredictos por juzgado al trimestre a los 560 que se constataron en ese mismo periodo.
Por jurisdicciones, las peores condiciones se dan, con diferencia, en los juzgados de Menores, donde el deterioro
es grave no solo por el volumen de los casos pendientes sino también por el delicado ámbito que les atañe. Refiriéndonos al ámbito civil y penal, la situación es destacable, pero lo es sobre todo en el primero de ellos, en el ámbito civil, donde el
nivel se sitúa en un 10,24, el más elevado que registra el sistema judicial gaditano, es decir, de cada caso resuelto en el ámbito civil quedan más de diez por resolver. Existe también, señor secretario de Estado, un informe realizado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se recopilaban, partido judicial a partido judicial, todas esas disfunciones, carencias, vicisitudes y problemas relacionados con el personal que afecta, en el año 2008, a los juzgados andaluces.
En la provincia de Cádiz el citado informe reclamaba la creación de 209 puestos de trabajo en la Administración de Justicia, lo que vendría a suponer un 25 por ciento de la plantilla actual. En la actualidad la plantilla es de algo más de 850
funcionarios.
Hay más, señor secretario de Estado, porque, a tenor de los datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Empleo, el número de funcionarios que son propietarios de su plaza era de 553, lo que implica más de un 34 por ciento de los puestos,
es decir, 288 dependen del concurso de interinidades, que es un factor clave de inestabilidad laboral. Para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estos resultados son preocupantes y prueban el acuciante déficit funcionarial en la provincia
de Cádiz; de ellos destacan los datos de la capital, Cádiz, y también los de Jerez y los de Algeciras. Todas estas cuestiones hacen que el Grupo Parlamentario Popular tenga el máximo interés en conocer qué medidas prevé el Gobierno para acabar con
una situación que, lejos de encontrar una solución a corto plazo, empeora día a día en la Administración de Justicia en la provincia de Cádiz. Usted ha dado unas pinceladas sobre que la forma de evitar esta saturación es la modernización y la
adecuación de la justicia. Usted mismo, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, antes de ser secretario de Estado de Justicia, ya daba algunas de ellas, como crear los órganos judiciales en aquellas ciudades donde se estén superando
módulos de asuntos en los dos últimos años de forma desorbitada, o bien adaptar la Ley de Planta Judicial a la situación real de carga de trabajo y crear plazas donde realmente se necesiten. Por otra parte, es verdad que hay unos temas, de los que
hemos hablado, que están conferidos a la Administración andaluza, pero, sin duda, como responsable de justicia le afectará que en justicia transferida a las comunidades autónomas, estas, en algunos casos concretos como la andaluza, no estén
cumpliendo con sus obligaciones, lo que al final repercute en una calidad menor, por no decir pésima, de la que reciben los gaditanos en justicia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Señor Landaluce, seamos optimistas; tenemos motivos para ello. Reconozco que, como muy bien decía S.S., hablar de la justicia es algo que me agrada siempre, pero si lo hago de
Andalucía o de Cádiz -que ha sido mi destino judicial durante veintidós años- le puedo asegurar que me produce emoción. Es cierto que hay males endémicos que se pueden ver agudizados en ciertas parcelas. La provincia de Cádiz, como SS.SS. saben,
es una provincia viva, dinámica, diversa y, si me apuran, asimétrica. Pero ello no es más que riqueza para la provincia, aunque sin duda tiene su repercusión en el ámbito judicial. Hay pocas provincias que tengan tantos partidos judiciales
servidos por magistrados como la provincia de Cádiz, que, por otra parte, tiene unas peculiaridades -como S.S. sabe mejor que yo- que la hacen llamativa si la comparamos con el resto de las provincias del territorio nacional. Solo en sedes
desplazadas de la audiencia provincial tenemos Jerez de la Frontera, Algeciras y, por sus peculiaridades, también Ceuta. Se produce una situación compleja, pero ello no es motivo para el pesimismo. En ese sentido, se incardinan en todo lo que
anteriormente hacía referencia sobre la proyección del desarrollo de planta que estamos acometiendo. Posteriormente se lo cifraré en lo que se refiere a Andalucía, muy particularmente a la provincia de Cádiz y excepcionalmente a Algeciras, tal y
como me cuestiona. Por darle una cifra, en Andalucía ese compromiso se ha traducido en 132 nuevas unidades judiciales desde el año 2005. Por cierto, más del doble que en el periodo anterior. En concreto, la programación para este año contempla 29
unidades judiciales, con lo que resulta la autonomía que más unidades judiciales pondrá en
marcha este año. De ese esfuerzo por mejorar la dotación de los juzgados y tribunales en todo el territorio nacional y también en Andalucía la provincia de Cádiz -centrándonos en su pregunta- se ha visto también muy beneficiada. En estos
últimos años estamos logrando adecuar la planta a las necesidades de esa provincia, y aunque queda mucho por hacer -y en eso comparto plenamente su diagnóstico-, los datos empiezan a mostrar importantes mejorías o síntomas de mejoría. Por otro
lado, es lógico que haya 74.000 asuntos. No digo que esté bien, pero hay 74.000 asuntos vivos, no asuntos atrasados. Este es un inciso que viene haciendo el Consejo General del Poder Judicial en los últimos años, porque revelan una alta
litigiosidad y también una alta resolución de nuestros tribunales. Evidentemente, habrá parcelas que obedezcan a retrasos, cuando no a unas dilaciones que pueden provocar reflexión, pero eso no quiere decir que esos 74.000 asuntos vivos sean 74.000
asuntos antiguos o viejos, sino que hay un gran dinamismo en la carga de litigiosidad en esa provincia a la que anteriormente hacíamos referencia y a sus características.
Para este año 2009 en la provincia de Cádiz se crean seis unidades judiciales: dos en Algeciras, dos en Jerez de la Frontera, una en Chiclana y otra en la Línea de la Concepción. Estas unidades judiciales son: una plaza de magistrado para
la Sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras; un Juzgado de Primera Instancia número 6 de Jerez de la Frontera e Instrucción número 5 en el mismo partido judicial; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Chiclana de la Frontera; Juzgado de Primera e Instrucción número 4 de la Línea de la Concepción, y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2, también del partido judicial de Algeciras. Esta importante dotación adicional va a
permitir que la carga de trabajo de nuestros órganos judiciales se reduzca, lo que redundará sin duda en una mejora del servicio y una mayor agilidad a la respuesta judicial. Quiero destacar además que la determinación de los órganos
jurisdiccionales responde, en primer lugar, a los barómetros de litigiosidad y población y además a las peticiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en este caso, y especialmente en la Junta de Andalucía, que, como saben,
tiene las competencias en materia de justicia atribuidas desde el 1 de abril de 1997. En particular, la plaza del magistrado y el nuevo Juzgado de lo Contencioso de Algeciras fueron objeto de una reciente proposición no de ley presentada por su
grupo y apoyada por el resto de los grupos. Hemos dado, por tanto, cumplimiento ya a ese mandato parlamentario. En el ministerio somos conscientes de los efectos económicos que la crisis está teniendo en toda España y, por qué no decirlo, también
en la provincia de Cádiz, con la lógica repercusión en las cargas de trabajo de nuestros órganos judiciales, especialmente -y sé que por ahí viene su pregunta- en el Campo de Gibraltar, en una zona eminentemente industrial, con un creciente volumen
económico vinculado al puerto de Algeciras. Por todo ello, además de las medidas estructurales de desarrollo de la planta judicial de la provincia que estamos adoptando en ejercicio de nuestras competencias, desde el ministerio también estamos
atendiendo necesidades coyunturales de refuerzo de aquellos juzgados más sobrecargados. He dicho anteriormente cómo esos planes de refuerzo han sido siempre atendidos por el Ministerio de Justicia y cómo en este año la aceptación ha sido casi del
94 por ciento de las peticiones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial. Desde el año 2004 el ministerio ha aprobado todas y cada una de las medidas de apoyo y refuerzo propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para la
provincia de Cádiz, a excepción de una, justamente la relativa a la adscripción permanente de un magistrado suplente, que es lo que se nos pedía, a la Sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, precisamente donde ahora se crea la plaza
fija, no suplente, ni adscripción permanente sino fija, incrementándose por tanto la plantilla, que de tres magistrados pasa a cuatro. En lo que va de año hemos autorizado ya la única medida solicitada, el juez sustituto para un Juzgado de
Instrucción de Jerez de la Frontera, y continuamos siendo sensibles a cualquier otra demanda que desde el órgano de los jueces se nos haga llegar.
Efectivamente, señor diputado, la Ley de Planta exige una revisión, y por eso el Consejo de Ministros encargó a una comisión de expertos que elaboren las líneas maestras por las que debe regirse una nueva Ley de Demarcación y de Planta
Judicial. Nuestra Ley de Demarcación y de Planta Judicial de 1988 hoy ya no da respuesta. No le quepa ninguna duda -no estoy adelantando el informe porque lo desconozco por razones obvias, porque llevamos un mes y poco trabajando- de que hay algo
que está en el sentir de todos los que se acercan al sistema de justicia, y es ver que el partido judicial como unidad hoy se encuentra desbordado. Se encuentra desbordado no solo por la realidad sino incluso por la propia tradición normativa de la
que hemos ido haciendo gala desde el año 1988. Si la Ley de Planta establece el partido judicial como unidad de vertebración del sistema judicial, hemos visto que todos los órganos que se han creado a partir de la ley de 1988 han visto desbordada
esa previsión para tener un carácter provincial. Estoy pensando en los juzgados de lo social, juzgados de lo penal, vigilancia penitenciaria, que incluso puede rebasar el ámbito provincial o autonómico, juzgados de menores, etcétera. Por tanto,
estamos en presencia de una tendencia a una mayor globalidad en cuanto a la repercusión o incidencia territorial, que antiguamente se entendió que tenía que residenciarse en el partido judicial. Hoy sin duda las nuevas tecnologías y los adelantos
en la comunicación nos permiten pensar que tiene que haber otras nuevas líneas de vertebración del sistema de justicia y, por tanto, un mecanismo más ágil, más organizado y más racional para dar respuesta a nuestros problemas judiciales. Le puedo
asegurar que Cádiz está en el punto de mira de todas estas cuestiones, porque es una provincia a tener
muy en cuenta a la hora de fijar modelos, por sus especiales características.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS ANTE LA SITUACIÓN PRODUCIDA EN ALGECIRAS (CÁDIZ) AL ESTAR PENDIENTES CINCO JUZGADOS DE NOMBRAMIENTOS DE JUEZ Y MAGISTRADOS.
(Número de expediente 181/001643.)
El señor PRESIDENTE: Entramos ya en la siguiente pregunta, que es la última, sobre medidas ante la situación producida en Algeciras al estar pendientes cinco juzgados de nombramientos de juez y magistrados, de la que es autor también el
señor Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular, a quien damos la palabra.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Estamos de acuerdo, señor secretario de Estado, en lo que usted decía acerca de que no es para el pesimismo la situación de la justicia en Cádiz, pero también estaremos de acuerdo en que es para la urgencia, para
la toma de decisiones y para la puesta en marcha de las mismas. La situación de la justicia en Algeciras es alarmante, y una de las cuestiones que hace que esto sea así es la falta de personal suficiente para poder dar respuesta a la demanda y a la
tramitación de expedientes que se sustancian en los juzgados algecireños.
Si bien se trata de una serie de situaciones que a continuación voy a relatar a SS.SS., la pregunta que hoy trae mi grupo parlamentario al orden del día de esta Comisión es
la que hace referencia a la falta de jueces y magistrados en cinco de los juzgados de Algeciras. Decía en mi intervención anterior que la transferencia de competencias a la Junta de Andalucía efectuada en su día no ha servido para mejorar la
Administración de Justicia, y decía también que la responsabilidad del Gobierno y del ministerio del ramo, que usted dirige a las órdenes del ministro, es la de incidir también en esas carencias, que han sido objeto de denuncia no solo por los
magistrados, por los jueces, por los fiscales y por los secretarios judiciales sino también por el personal administrativo de los juzgados algecireños. La situación actual se resume en habituales atascos y retrasos en los juzgados por falta de
medios materiales y humanos, que además se ha convertido ya en una parte sustancial de cualquier tipo de procedimiento. Hay juzgados, como el de lo social o el de lo contencioso-administrativo, que señalan sus vistas cerca de un año después de
presentarse la demanda. En concreto, el Juzgado de lo Contencioso de Algeciras -que según el Consejo General del Poder Judicial debe tener una entrada de unos 600 casos- recibió 2.000 asuntos en 2008, es decir, ha habido un módulo de entrada un 220
por ciento superior a lo aconsejable por el Consejo General del Poder Judicial. Señor secretario de Estado, no solo faltan jueces y magistrados, también faltan funcionarios. Se lo decía anteriormente cuando hablábamos de la provincia gaditana,
pero también faltan funcionarios en los juzgados de Algeciras que tramiten los procedimientos. Las plazas de estos suelen ser cubiertas -en el mejor de los casos- por administrativos voluntariosos pero muchos de los cuales, desgraciadamente,
carecen de la necesaria formación jurídica. La ciudad se ha vuelto incómoda para los profesionales del derecho, ya que Algeciras cuenta con cuatro sedes judiciales, prácticamente cada una en un punto cardinal, lo que obliga a veces a suspender
juicios por el desplazamiento de los profesionales. La sección de la audiencia provincial se ubica en la avenida Virgen del Carmen, los juzgados de lo Penal en la Barriada de Pescadores, el Juzgado de Menores en la calle Ancha, y los juzgados de
instrucción en la plaza de la Constitución. Son ubicaciones imposibles de recorrer por cualquier profesional en una misma mañana y además al ciudadano que hace uso de la justicia le tienen totalmente confundido.
Algeciras lleva tiempo reclamando una ciudad de la justicia que agrupe todas las sedes judiciales y que ahorre tiempos de desplazamiento, mejorando así unas instalaciones que en la mayoría de los casos se han quedado obsoletas. Por si fuera
poco, debido a la falta de pago de los depósitos judiciales se carece del lugar donde depositar los vehículos decomisados en los puestos fronterizos y algunos de ellos se encuentran en la calle, con la posibilidad de repercusión económica que puede
tener una vez que alguno de esos vehículos depositados se considere que ha sido abandonado y al final tengamos que pagar su retirada del bolsillo de los contribuyentes. Esa situación de impago -también la conoce usted- es extensible a los abogados
de turno de oficio, que después de cerca de un año sin cobrar sus guardias y oficios amenazan con paralizar los asuntos de justicia gratuita y, lo que es más grave, los procedimientos de expulsión y retorno de extranjeros. En mi ciudad, en
Algeciras, por ser frontera sur de Europa, se retorna al menos a 5.000 inmigrantes ilegales al año al Reino de Marruecos, con lo cual muchos de ellos tienen que estar, desgraciadamente, más tiempo del necesario encerrados entre cuatro paredes en un
CIE.
También se están produciendo retrasos en los expedientes judiciales debidos a los impagos respecto a los peritos y tasadores judiciales, que son imprescindibles en un buen número de procedimientos. En definitiva, se está produciendo una
situación caótica como jamás se había vivido en el partido judicial de Algeciras. Le decía anteriormente que faltaban jueces, funcionarios, instalaciones, depósitos, peritos y abogados de oficio que cobren, y a veces hasta simples folios o tóner
para poder hacer fotocopias. Es verdad la pincelada que usted dio antes, y es que en el 'Boletín Oficial del Estado' del pasado lunes 26 se sacó la cuarta plaza de magistrado para la sección de la audiencia, ofertada por el Grupo Parlamentario
Socialista en esta Comisión y que fue
aprobada por unanimidad, y se puso en marcha la plaza
del magistrado para el segundo Juzgado de lo Contencioso, que es verdad que fue pedida por el Grupo Parlamentario Popular -tuve la suerte de llevar esa proposición no de ley- y aprobada por unanimidad. Pero señor secretario de Estado, usted
nos debe algo todavía. En esta sede, en esta Comisión, por el mismo presidente, fue aprobado no solo el segundo de lo contencioso, sino también el segundo de lo social, y también el compromiso de conseguir el mercantil para el Campo de Gibraltar.
Así que está usted todavía en debe, y espero pronto darle las gracias y felicitarle por cumplir con ese compromiso que emanó de aquí, como usted bien dice, de la soberanía del pueblo, del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Señor Landaluce, veo que comparte conmigo el optimismo. No todo está tan mal, y pese a que la situación es mejorable, estamos en ello. Cuando hacía referencia -una visión un tanto
pesimista- a la situación de la justicia en el Campo de Gibraltar, que me precio de conocer bastante, no la compartía, pero creo que no es una cuestión de estados de ánimo sino de reflejarlo con datos, que son los que nos pueden llevar a una
reflexión más serena y por tanto a buscar las soluciones a una realidad que -comparto con usted- no es la mejor. Voy a pasar por alto, porque compartimos ese optimismo, que los datos sobre la situación de empeoramiento que sufre el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo actualmente existente son tan reales como que han provocado que a finales de este año el número 2 entre en funcionamiento. Como muy bien decía, la semana pasada salió ya el juzgado a concurso entre los magistrados del
territorio nacional para poder cubrirla por el régimen ordinario, que es el concurso de traslados. De tal modo que una realidad cuyos números convertían la situación en lacerante ya está atajada, y por tanto Algeciras contará con un juzgado número
2 de lo contencioso escasamente en un mes y medio. Creo que es necesario, para superar los estados de ánimo, considerar datos que nos puedan iluminar. Me voy a referir a los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el orden penal, en la
provincia de Cádiz se resuelven prácticamente todos los asuntos que ingresan; es decir, de los 182.678 asuntos ingresados, los 76 órganos penales resolvieron 181.663 el año pasado. Como es lógico, era -lo comparto con usted- una bolsa de
pendencia, producto de años de dotación insuficiente, pero poco a poco se van ajustando a la planta las necesidades reales de la provincia. Si hablamos de ejecutorias penales -y sigo citando las mismas fuentes-, los datos empiezan a ser
alentadores: en 2008 se registraron 19.243 ejecutorias, pero se han resuelto 23.687. Por tanto, se han resuelto 4.000 ejecutorias al año más de las que entraron, dato que nos tiene que animar a decir que estamos en el buen camino. Otro dato que
avala los efectos de las medidas adoptadas en la jurisdicción penal, y ésta circunscrita al partido judicial de Algeciras y por tanto a los juzgados de lo penal de Algeciras, que es a lo que me voy a referir, es que en los tres últimos años tenían
una sobrecarga por encima del módulo fijado por el propio Consejo, 500 asuntos, y ahora han empezado a situarse en 411 asuntos al año, que es la tendencia marcada en 2008. Por tanto, también empezamos a ver una ligera mejoría. Le puedo asegurar
que pondré todo el empeño del que sea capaz, pero le puedo asegurar también que la creación de un órgano judicial no es un acto monolítico, ni unidireccional del Ministerio de Justicia, que sería una irresponsabilidad, sino que el Ministerio de
Justicia intenta hacerlo de la manera más responsable posible y, sobre todo, más adecuada al protocolo normativo que tenemos.
Por tanto, tienen mucho que ver los tribunales superiores de justicia que en sus memorias ponen de manifiesto las
deficiencias y carencias de la planta judicial en su territorio, las comunidades autónomas que en el ámbito de sus competencias elevan igualmente sus aspiraciones en orden a sus adecuaciones presupuestarias, el propio Consejo General del Poder
Judicial, como no podía ser de otra manera, cómo órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, dando cumplimiento a su función orgánica de controlar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y, por supuesto, el Ministerio de Justicia. Pero
fíjese lo que decía el Tribunal Superior de Justicia en su memoria: La provincia de Cádiz tiene dos órganos judiciales entres los veinticinco más sobrecargados de España: El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Algeciras, hoy solucionado, y
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Puerto de Santamaría. Para este año ya está marcado el contencioso. Podemos comprobar que, poco a poco, el intenso esfuerzo de todos nos va a permitir tener unas cifras mejores. Pero las cifras muchas
veces nos pueden enmarañar y nos hacen no tener clara la realidad, los datos son unos indicativos, los datos son elementos de análisis y estudio, pero todos sabemos que admiten distintas interpretaciones. Por ejemplo, y es una cuestión que no me
resisto a comentar, cuando se habla de que nuestra tasa de jueces por población es baja, efectivamente creo que lo es. Ese es el análisis. Por eso, nos hemos propuesto incrementar esa tasa en los próximos tres años en 750 nuevos jueces, más los
220 que están ahora mismo en concurso. Pero cuando se dice: Estamos en un promedio europeo y ciertos países de nuestro entorno están ahí, les puedo asegurar que ese es un debate, quizá, falaz, porque nos conduce a una melancolía. No son
parámetros iguales. Los parámetros de muchos de esos países que tienen una media muy por encima de la nuestra -y no quiero escudarme; la nuestra es baja, y lo digo sin reservas- a lo mejor están incluyendo a jueces que no son profesionales de la
justicia sino que son jueces legos, por tanto, no es por la justicia que nosotros queremos apostar. Fíjense qué rápido subiríamos el promedio por habitante si incorporáramos a
los 8.000 jueces de paz que tenemos en nuestro territorio nacional. Sin embargo, no es la apuesta que hemos hecho. Y le puedo recordar el segundo eje del Plan estratégico de modernización, donde hablamos de una justicia de calidad,
profesional y altamente cualificada. Y esto solo se da en aquellos jueces de carrera, tras los estudios de derecho, las oposiciones, dos años de escuela judicial y, por tanto -estoy refiriéndome al sistema ordinario de ingreso en la carrera, no a
los excepcionales- un juez con el poso de un largo tiempo y que, sin duda, puede dar respuesta a ese mundo técnico complejo y diverso que es hoy el mundo del derecho. Por tanto, creo que estamos en el buen camino. Estamos en un camino para seguir
atentos a toda esta mejora de la justicia porque estamos todavía en el comienzo.Ojalá dentro de tres años hayamos logrado cambiar nuestra realidad de planta judicial, nuestros órganos, el sistema de comportarse, nuestras normas, nuestros
comportamientos en los tribunales y cuenten nuestros profesionales con unos sitios, unas sedes físicas más acordes a la dignidad del puesto, hacía mucho hincapié S.S.
en la necesaria cualificación profesional también de los funcionarios.
Por
supuesto que comparto ese análisis y que se está haciendo un esfuerzo, en este caso desde la Junta de Andalucía, para dotar a nuestros órganos judiciales de los profesionales -en este caso los funcionarios- más altamente cualificados porque estos
profesionales necesariamente vienen a cubrir una laguna legal. No podemos clonar funcionarios, ni jueces, ni secretarios, ni fiscales sino que son fruto de un esfuerzo intelectual y por tanto habrá que animar -y estamos en ello- para que cubran
nuestra dispersa planta judicial y para que cada uno de nuestros órganos judiciales cuente con una planta profesional en todos sus ámbitos. Antes lo veíamos en el Instituto de Toxicología, pero esto vale para todos, si no ojalá contemos con
profesionales de los llamados interinos, pero sobre los que también podamos desplegar un ámbito extenso de formación para que, en suma, puedan realizar su cometido como ellos mismos quieren hacer y como el sistema les exige. Ojalá podamos verlo muy
pronto.
El señor PRESIDENTE: Señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Brevemente, señor presidente. Quiero agradecer al excelentísimo señor secretario de Estado de Justicia, don Juan Carlos Campo, su tono, su cercanía y su compromiso.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo señor Campo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchísimas gracias a esta Comisión. Espero que no cambie su tono porque es un placer venir a ella e informar a SS.SS. de los esfuerzos que colegiadamente estamos poniendo en marcha
para intentar -entre todos, insisto- dotarnos de un sistema de justicia más acorde a lo que exigimos como ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: En esa esperanza de seguir siendo un buen espacio de diálogo, de síntesis y de acuerdo político quiero agradecer la presencia y el trabajo a los servicios de la Cámara, la presencia de los medios de comunicación, de los
asesores y vocales ejecutivos de la Secretaría de Estado, del propio secretario de Estado y por supuesto la de todas y todos ustedes, señorías.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.