CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 405

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 28

celebrada el miércoles, 28 de octubre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general del Mar (Martín Fragueiro) para informar sobre:


- La futura reforma de la Política Pesquera Común. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000873.) ... (Página 2)


- Las anomalías denunciadas por el sector pesquero en las ayudas financieras a proyectos piloto de pesca experimental. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000408.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- El proyecto de reserva marina que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo en Palamós (Girona). A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000472.) ... (Página 2)

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- Los criterios seguidos cuando se subvencionó a un armador que forma parte de las listas negras por pesca ilegal de la comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos (Ccamlr). A petición del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000509.) ... (Página 2)


- Las medidas urgentes que piensa adoptar ante la grave crisis económica que atraviesa el sector pesquero y las demandas planteadas desde el mismo al Gobierno de la nación. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 213/000090.) ... (Página 2)


- La posición del Gobierno ante la propuesta de la Comisión Europea de supeditar las ayudas a los pescadores por la subida de los costes de los combustibles a la reducción de un 30 por ciento de la capacidad pesquera, y sobre el acuerdo de
pesca con Mauritania. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000126.) ... (Página 2)


- Los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en la reunión celebrada el día 15 de julio de 2008. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000150.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- La situación de las inspecciones pesqueras desde el inicio de la huelga que llevan a cabo los inspectores desde el mes de mayo de 2008. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000255.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Los criterios seguidos cuando se subvencionó a un armador que forma parte de las listas negras por pesca ilegal de la comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos (Ccamlr). A petición del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000347.) ... (Página 2)


- La reiterada presencia en Galicia, sin previo aviso, de inspectores de la Comisión de Pesca de la Unión Europea, para inspección de los barcos de diferentes caladeros, como los de Mauritania y NAFO. A petición del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000523.) ... (Página 2)


- Los motivos del voto en contra de España, a la propuesta de prohibir temporalmente la comercialización internacional del atún rojo del Atlántico y del Mediterráneo durante la reunión del Comité sobre comercio de flora y fauna silvestres de
la UE en Bruselas del día 21 de septiembre de 2009. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000529.) ... (Página 2)


- Los resultados del informe elaborado por el Instituto Español de Oceanografía y la empresa DNV sobre el hundimiento del buque Don Pedro en aguas de la isla de Eivissa y la decisión de no reflotarlo. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000351.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las cinco de la tarde.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la sesión número 28 de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. En primer lugar, damos la bienvenida a esta Comisión al señor consejero de Agricultura de la Embajada de Irlanda, que nos
acompaña esta tarde en la Comisión. En segundo lugar, esta Comisión va a sustanciar una comparecencia del secretario general del Mar. Según consta en el orden del día, hay once peticiones de comparecencia del Gobierno, del Grupo Parlamentario
Popular, del Grupo Parlamentario Catalán y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; en total, cuatro peticiones al secretario general del Mar, y el resto de las comparecencias hasta la número 11.º han sido solicitadas
a la ministra y serán sustanciadas también por el secretario general del Mar. Por acuerdo de Mesa y portavoces se decidió que se acumularan todas y que fueran sustanciadas por el secretario general del Mar, como he dicho antes.



Damos la bienvenida, en nombre de la Comisión, al señor Fragueiro, que no es la primera vez que viene a esta Comisión. Tiene la palabra para que sustancie las comparecencias en el orden que aparecen en el orden del día, y entendiendo que
son acumuladas.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señorías, comparezco a petición


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propia en esta Comisión para informar sobre la reforma de la política pesquera común, tema de máxima importancia sobre el que es bueno suscitar un debate en esta Cámara. También lo son, como decía la presidenta, el resto de los asuntos que
están incluidos hoy en el orden del día. SS.SS.
conocen además mi voluntad y mi máxima disposición para seguir analizando y debatiendo todos los temas de la Secretaría General del Mar. Si bien, siendo muchos los temas que hoy nos ocupan, en aras
de una mayor claridad expositiva y dado que el Gobierno ya ha facilitado información a ambas Cámaras sobre la mayoría de ellos, de acuerdo con un criterio de actualidad voy a centrar mi exposición en la reforma de la política pesquera común. Al
hilo de esta intervención, me voy a referir puntualmente a todas y cada una de las materias que son objeto de las solicitudes de comparecencia. Me disculparán que no las enumere inicialmente para no restar tiempo ni fluidez a un debate
parlamentario que espero que sea fructífero.



Como saben SS.SS. avanzamos hacia la Presidencia española. El Gobierno tiene el máximo interés en intercambiar criterios y debatir, no solo con las distintas administraciones y agentes del sector con los que venimos trabajando, sino muy
especialmente con las Cortes Generales. La reforma es importante y hay mucho en juego. Quisiera hacer la exposición con unos trazos sobre el alcance del proceso que pronto se inicia; realizar después un breve diagnóstico de la situación actual de
la política pesquera común, para, a partir de ahí, profundizar en los objetivos que están en el horizonte de la reforma y en las medidas de gestión, con los aspectos clave de la misma, tanto en su dimensión ad intra, en la vertiente interna de la
Unión, como ad extra, en la externa; así como la posición de España ante este nuevo reto.



La reforma de la política pesquera común, como saben, va a ser objeto de reforma en el año 2012; este proceso se acomete cada diez años, con el objeto de mantenerse adaptada a la realidad cambiante de las situaciones a las que debe dar
respuesta. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.) La última reforma, que data del año 2002 y quedó plasmada en el actual Reglamento 2371, introdujo elementos novedosos, y en especial en lo que concierne a los planes de
gestión de las pesquerías y los planes a largo plazo, o también planes de recuperación, de los diferentes stocks pesqueros. Sin embargo, como saben, esta reforma de 2002 no ha cosechado los resultados esperados, en parte debido a que se han
producido nuevos acontecimientos. También recordarán que el pasado mes de abril del año 2009, el comisario de Pesca actual, Joe Borg, presentó el Libro Verde de la reforma de la PCP. Este documento es un borrador que establece un proceso de
consultas en el que se hace además una reflexión seria sobre la eficacia de esta política común.
Compartimos, como no podía ser de otra manera, el espíritu europeísta de este texto inicial y el afán por proporcionar un cambio definitivo en 2013,
horizonte temporal previsto para su aplicación efectiva, aunque también hay algunas voces que aconsejan avanzarla antes de este año. La política de pasos cortos que ha marcado la evolución de la Unión en su andadura a través del siglo XX requiere,
con la mirada del siglo XXI, avances significativos y una visión integral de muchas de las políticas.
Los avances en la estructura que servirá de apoyo al responsable de la política exterior europea, de plena actualidad también en estos días,
constituyen un buen ejemplo de la iniciativa y el pulso que debe recuperar el proyecto europeo.



Concluido, como decía, a finales de este ejercicio el debate abierto que abre el primer libro verde, procederá el impulso durante la Presidencia de España de los debates técnicos y políticos que se deriven del Consejo.
Creo que ya les había
avanzado en mi última comparecencia con ocasión de los presupuestos que por parte de España, en los dos consejos de ministros que están previstos (uno en el mes de abril y otro en el mes de junio), habrá un consejo informal que se celebrará en
Galicia los días 4 y 5 de mayo, que será precedido de una conferencia sobre la reforma de la política pesquera común, que se celebrará los días 2 y 3 en la ciudad de La Coruña, y estamos cerrando los detalles de esa conferencia con la Comisión. Una
conferencia en la que se presentará por parte de la Comisión un non paper para que sea objeto de discusión durante esas dos jornadas de debate, y a la que estarán invitados todos los Estados miembros, el sector pesquero y la industria, por supuesto
las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales, Parlamento Europeo y todas las comunidades autónomas. Estos debates van a tener una especial relevancia para España, ya que principalmente apuntan a una revisión en firme del
principio de estabilidad relativa y de la política de gestión basada en los TAC y las cuotas, así como una propuesta de cambios sustanciales en la vertiente externa de la política pesquera común. Teniendo en cuenta el proceso de la futura
codecisión con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión ha estimado oportuno iniciar estos debates de la reforma bajo nuestra Presidencia, con la presentación de la comunicación se elaborarán luego para su adopción unas líneas de
trabajo para la sesión del Consejo de Pesca previsto para los días 28 y 29 de junio.



En cuanto al diagnóstico, en el libro verde se pretende revisar varios objetivos que versan no solo sobre el funcionamiento general de la PPC, el medio ambiente y la conservación de los recursos, sino además la conciliación de la gestión de
la flota con el mantenimiento rentable de la actividad pesquera, los aspectos de gobernabilidad, las relaciones exteriores, la acuicultura y los mercados. Es especialmente relevante en el momento presente la incorporación de consideraciones
medioambientales en la formulación de la política pesquera. Naturalmente, se ha trabajado mucho en esta línea, se han adoptado iniciativas de carácter marcadamente medioambiental, y basta citar como ejemplo el reglamento de 15 de julio de 2008 que
establece una regulación relativa a la protección de los ecosistemas altamente vulnerables en alta


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mar, y del que también hemos tenido ocasión de hablar en otras comparecencias.



Esta norma responde a criterios que ahora queremos que incorpore la PCP manteniendo el principio del ejercicio sostenible y responsable de la actividad pesquera, en su vertiente tanto interna como externa, y está en línea con las metas de la
política marítima integrada sobre la buena gobernanza marítima. Pero ahondemos en el diagnóstico. La presentación que ha hecho la Comisión de la PCP en su vertiente interna, y sin ánimo de ser catastrofista, ofrece una visión pesimista: una
realidad marcada por la sobrepesca, el exceso de capacidad de las distintas flotas, el declive en las capturas y la fragilidad económica del sector pesquero.
Esta fragilidad obliga a extraer mayor cantidad de recursos, lo que origina de nuevo un
fenómeno de sobrepesca que actúa de forma negativa sobre los stocks. La Comisión considera que es necesario romper este círculo vicioso y al mismo tiempo conseguir una PCP eficiente, respetuosa con el medio marino, menos costosa, más sencilla de
gestionar, integrada con el resto de actividades económicas marinas y costeras, y contando al mismo tiempo con solidez financiera. Coherentemente, en su vertiente externa el libro verde estima que la PCP debe seguir promoviendo a escala
internacional también el principio de pesca responsable y sostenible y el desarrollo en las regiones costeras. Pero al mismo tiempo señala que podría ser necesario definir nuevamente sus objetivos para que estos puedan estar a la altura de las
necesidades del nuevo milenio. Desde el año 1983 hasta la actualidad la PCP ha recorrido un largo camino y ha venido aplicando distintas medidas para conseguir una explotación sostenible de los recursos pesqueros.



Junto a las sombras que muestra este análisis realizado por la Comisión, también existen luces pues la reforma introducida en el año 2002 ha supuesto avances en materia de sostenibilidad pesquera, aunque haya que seguir mejorando. Entre
estos avances, como decía anteriormente, figuran los planes de gestión a largo plazo para determinadas pesquerías, que han permitido fijar un marco estable para la explotación de las mismas y de esta forma conseguir la recuperación del recurso
pesquero con el menor coste socioeconómico posible, al disponer de un horizonte más amplio para conseguir los objetivos que se fijan en el mismo. Otra mejora introducida son los aspectos sobre la gobernanza, con la creación y puesta en marcha de
los consejos consultivos regionales, instrumentos eficaces de vertebración del sector pesquero y que cada vez desempeñan un papel más protagonista. Finalmente, el recientemente aprobado reglamento de control, constituye también una piedra angular
para conseguir que obligaciones previstas en la PCP sean respetadas y cumplidas. Es necesario considerar los elementos o condicionantes que han impedido diseñar mejor en el pasado la PCP. Entre otros están los tratados constitutivos, las
ampliaciones a los nuevos Estados miembros, las numerosas excepciones, y otros condicionantes que marcan el margen de maniobra. Y entre ellos podríamos citar el principio de estabilidad relativa. Realizadas estas consideraciones previas, a
continuación quiero exponer a SS.SS. los objetivos que nos hemos marcado en el contexto de la reforma y las medidas de gestión que han de hacer frente a esos nuevos retos, relativas primero a la vertiente interna y posteriormente a la vertiente
externa.



¿Cuáles son, por tanto, los objetivos de esta PCP? Primero, abordar el exceso de capacidad de flota. El libro verde es claro cuando plantea en primer lugar como objetivo de la reforma abordar ese exceso de capacidad promoviendo la
implantación de una política más eficaz acorde con los objetivos plurianuales, que tenga en cuenta el progreso técnico y tecnológico, y que garantice que las ayudas públicas no contribuyen a aumentar el esfuerzo pesquero. Se considera que los
porcentajes de reducción deberían tener en cuenta las tasas de explotación correspondientes a los TAC (totales admisibles de capturas) con carácter plurianual. El sistema nuevo deberá ser transparente y sencillo, garantizando un mayor control y la
aplicación de medidas de ejecución más estrictas por parte de los Estados miembros, y sanciones más severas en caso de incumplimiento de los mismos.



España ha seguido la línea marcada por la PCP; se ha continuado con la aplicación de los criterios de renovación y modernización de la flota y de gestión de entradas y salidas iniciados en el año 2003, lo que ha permitido mantener una
disminución de la capacidad de la flota pesquera, y por tanto el esfuerzo pesquero global de la misma. Para que tengan una cifra significativa, diré que entre los años 1998 y 2009 ha habido una reducción del 35 por ciento del número de buques en
España, pasando de 17.518 a 11.394, y también paralelamente se ha reducido el número de kilovatios y de GT como consecuencia de las políticas de aportación de bajas y de ayudas a las paralizaciones definitivas. Ello ha permitido a España mantenerse
por debajo de los niveles de referencia de entradas y salidas marcados por la Comisión Europea. Recordarán SS.SS. que alguna vez he mencionado aquí el famoso colchón del que dispone España para procesos de regularización como los que estamos
llevando a cabo, tanto en lo que afecta a la potencia como a la capacidad.



Mejorar la definición de objetivos políticos. En segundo lugar, aunque resulte paradójico, la futura formulación de la PCP necesita una urgente clarificación, de forma inequívoca, de sus objetivos políticos. Todos los Estados miembros
compartimos los actuales objetivos, es decir, la explotación sostenible de los recursos pesqueros, que facilite unas condiciones medioambientales y sociales sostenibles; compartimos la convicción de que éstos siguen teniendo su vigencia en el
momento actual, y que deberían permanecer en el futuro. Sin embargo, esta triple componente resulta difícil de aplicar en la práctica, ya que la primacía de la sostenibilidad socioeconómica con frecuencia puede ir en detrimento de la sostenibilidad
biológica o viceversa. Y este conflicto


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de intereses constituye la causa principal de muchos de los problemas que se producen a la hora de adoptar medidas de gestión para los recursos pesqueros.



En relación con el papel que le va a tocar jugar a España en su próxima Presidencia, creemos que los objetivos de la PCP deben establecerse de una forma muy clara. Y en su nueva formulación, señorías, abogamos por una pesca responsable y
sostenible que asegure un nivel de renta digno a los pescadores, que mantenga puestos de trabajo y empleos, y que fije la población de las regiones costeras dependientes de la pesca. Para ello debemos plantear la actividad pesquera como una
actividad económica que ha de ser por una parte eficaz y competitiva, si bien es necesario diferenciar el papel social que tiene el marisqueo y la pesca artesanal.



En tercer lugar, centrar el marco de adopción de decisiones. El libro verde parece sugerir una mayor conveniencia en cuanto al poder ejecutivo, mayor poder ejecutivo a la Comisión, en coherencia con el criterio competencial, pues la
política pesquera es, como saben, una política de competencia exclusiva de la Unión. No obstante, queremos evitar la delegación de la ejecución de esta política a la Comisión, aunque somos conscientes de que es necesario evitar la discrecionalidad
en su aplicación y mantener un marco de gestión único, con lo que la normativa debe ser también única para todos los miembros de la Unión. No debemos olvidar tampoco la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya que el Parlamento Europeo se va a
dotar de nuevas competencias, lo que afectará al sistema actualmente establecido en el marco de la política pesquera común. Es relevante, por ejemplo, el hecho de que se plantee, en relación con los acuerdos internacionales de pesca, que el
Parlamento apruebe su celebración antes de que este proceso se haya concluido por parte del Consejo.



En cuarto lugar, fomentar una mayor responsabilidad del sector (hablamos de la gobernanza), se plantea la idoneidad de dotar al sector de mayor responsabilidad, tanto en la posibilidad de transferir derechos de pesca como en el hecho de
conferir a las organizaciones de productores ciertos privilegios de cogestión. Estamos a favor de ambas medidas, si bien es necesario dotarse de un mecanismo jurídico adecuado y homogéneo. Quiero aclarar que el establecimiento de un sistema
europeo de derechos de pesca no implica la pérdida del carácter de bien público, sino que se trata en la práctica de un intercambio de los derechos de uso. Otros aspectos que planteamos son la mejora de la transparencia del asesoramiento científico
y la armonización de la PCP con otras políticas que afectan a la costa mediante una gestión integrada de la sostenibilidad de la costa y el mar, lo que avala el acierto de la configuración orgánica actual de la Secretaría General del Mar.



En quinto lugar, desarrollar una cultura de observancia. La promoción de la cultura de observancia se eleva a la categoría de objetivo en esta reforma. El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo en el año 2007, en el que se
recogía la deficiencia del control de la pesca en la Unión Europea, es ilustrativo al respecto. La Comisión y muchos Estados miembros expusieron la gran dificultad de establecer un régimen de inspecciones suficiente y la ineficacia de las
sanciones. Valga como ejemplo el hecho de que los pescadores europeos están sometidos en la actualidad a una regulación que comprende 975 normas en vigor, de forma que es de las profesiones europeas más reguladas en la actualidad.
Resulta por
tanto urgente proceder a la reforma del sistema de control y observancia, a la simplificación normativa, necesidad esta última que se ha convertido, si me permiten la expresión, en un auténtico imperativo categórico a nivel de toda la Unión. Al
margen de ello, en materia de inspección y control España ha realizado un notable esfuerzo, aunque ello ha generado en ocasiones situaciones de malestar. Me voy a referir a continuación a dos de ellas: la presencia de inspectores de la Comisión en
Galicia sin previo aviso, y la huelga de inspectores.



En lo relacionado con las inspecciones sin previo aviso realizadas por inspectores de pesca de la Comisión, hay que verlas con normalidad, pues están contempladas en la regulación comunitaria y se llevan a cabo en los diferentes Estados
miembros. La normativa, además, es clara al respecto: el artículo 29 del reglamento actual de control, el 2847 de 1993, contempla y regula (en el título VII, denominado Aplicación y verificación del control) las visitas de inspectores de la
Comisión sin previo aviso y las circunstancias en las que se desarrollan. Eso no significa que la inspección se haga exclusivamente por los inspectores comunitarios, sino que tendrán que ir con el apoyo de la inspección nacional. La capacidad de
la Comisión de establecer inspecciones por cuenta propia se recoge también en el reglamento 2371, que es el reglamento derivado de la reforma de la política pesquera común en el año 2002. Y en cuanto a la situación de las inspecciones pesqueras a
nivel nacional, como es sabido, éstas no se llevan a cabo únicamente con los medios humanos y materiales aéreos y marítimos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sino que hay actuaciones desempeñadas por los funcionarios adscritos
a los servicios de inspección, los efectivos de la Armada y la Guardia Civil, que han seguido desplegando una importante labor de control del desarrollo de la actividad pesquera, en virtud de los correspondientes instrumentos jurídicos
administrativos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en materia de pesca marítima, así como de las obligaciones derivadas para España de acuerdos, convenios y tratados internacionales, tal y como se
establece en un decreto del año 2003 que regula las actividades de inspección y control que igualmente dentro de su ámbito competencial realizan los servicios de inspección pesquera existentes en cada una de las comunidades autónomas costeras. Las
actuaciones inspectoras llevadas a cabo desde los servicios de inspección de pesca marítima del ministerio desde mayo de 2008 hasta la fecha


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han sido las siguientes: 4.509 inspecciones en puerto, del plan de acción conjunta, 748 de las cuales son de control de capturas en el golfo de Cádiz, y 3.000 actuaciones inspectoras a través de medios tanto aéreos como marítimos realizadas
en la mar por inspectores de la Administración General del Estado.



En definitiva, señorías, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la mejora de los sistemas de inspección y de control han constituido ejes de la acción de este Gobierno. Ahora bien, en relación con este punto,
todo lo anteriormente expuesto nos lleva a poner de manifiesto que el régimen actual de TAC y cuotas y el nivel de control que se exige para cerciorarse de su cumplimiento exige una movilización de recursos económicos y humanos muy importante. A
pesar de ese esfuerzo que estamos realizando promoviendo el nuevo reglamento de control, con la puesta en marcha del diario electrónico y con el aumento, aún insuficiente, de recursos humanos, el sistema que tenemos actualmente en vigor requiere
todavía más esfuerzo para garantizar un control absoluto del cumplimiento de los TAC. Medidas de gestión. Una vez analizados los objetivos, procede analizar las medidas de gestión en el actual contexto.
Es un hecho que la reforma de la PCP deberá
hacer frente a nuevos retos que se presentan en el entorno marino en el que se desarrolla. Los compromisos adquiridos por la Unión Europea en materia de sostenibilidad de la costa y el mar, en la defensa del enfoque ecosistémico en la explotación
de los diferentes sectores pesqueros, y la incorporación de la política común en la política marítima integrada son algunos de los elementos a los que deberá hacer frente la nueva reforma.



En cuanto a la vertiente interna, me gustaría destacar como principales medidas de gestión el mantenimiento de la reserva de las 12 millas sujetas a soberanía estatal; la gestión de una política marítima integrada; el enfoque ecosistémico;
el máximo rendimiento sostenible; la eliminación de los descartes; el sistema de gestión de las pesquerías basadas en TAC y cuotas; la gestión basada en el esfuerzo pesquero; los derechos de pesca; la política estructural y la ayuda financiera
pública.
En cuanto al mantenimiento de la reserva de las 12 millas de las aguas sujetas a soberanía o jurisdicción de cada Estado miembro, la actual PCP establece que hasta diciembre de 2012 los Estados miembros están autorizados a restringir la
pesca hasta la franja de las 12 millas, limitando únicamente a los buques de otros Estados miembros que tradicionalmente hayan faenado en las mismas y procedan de puertos cercanos. Nos estamos refiriendo generalmente a los acuerdos fronterizos que
tenemos con el Miño y el Guadiana, y a algunas cuestiones que tenemos también con Francia.



Dada la fecha límite de esta medida, este es un elemento que deberá ser también sometido a revisión en el marco de la futura reforma de la PCP.
Quiero decirles que no es intención del ministerio suscitar esta cuestión de cara a la reforma.
Y a esta misma conclusión llegaron en general todos los ministros de Pesca de la Unión Europea en una consulta informal llevada a cabo el pasado año, conviniendo la necesidad de mantener este estatus en el futuro por la importancia que esa franja
costera tiene para todas las flotas artesanales de los Estados miembros, y los desequilibrios que podría producir en las poblaciones dependientes de la pesca un cambio respecto de la actual situación. Sí es cierto, señorías, que en relación con la
pesca artesanal hay que considerar la necesidad que esta plantea de definir su actividad de forma diferenciada respecto de la que lleve a cabo la flota industrial pesquera. Y para eso hemos organizado una jornada específica el próximo sábado día 7
de noviembre, en la que participará la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con la Comisión Europea.



En segundo lugar, la política marítima integrada. Es necesario, como dije anteriormente, que la PCP actual se integre en un contexto marino más amplio en el que se contemplen no solamente las actividades pesqueras y la explotación de los
recursos marinos, sino también otras muchas actividades económicas que en determinadas ocasiones pueden tener intereses contrapuestos con el sector pesquero. Esta necesidad de prever un enfoque integrador para las actividades económicas que se dan
en el medio marino constituye una novedad respecto a las reformas anteriores.
Quiero expresar aquí mi voluntad e indicarles que prestaremos toda la atención necesaria para repartir de forma proporcionada las responsabilidades y evitar que estas
repercutan únicamente y de forma exclusiva en el sector pesquero. En este sentido, la política pesquera, por ser el ámbito de la política económica más dependiente del medio ambiente marino, ha de ser además catalizador del proceso de integración
de todos los ámbitos de la política marítima.



Desde esta perspectiva integradora no puedo dejar de mencionar que España será la única Presidencia mediterránea hasta la aplicación de la reforma efectiva en el año 2013, por lo que trabajamos en la preparación de una redacción del Consejo
al informe que la Agencia Europea de Medio Ambiente ha elaborado sobre la situación del Mediterráneo. Además, nuestra Presidencia coincidirá aproximadamente con el plazo límite de trasposición de la Directiva-marco sobre la estrategia marina en
2010, y la conclusión de los trabajos técnicos sobre el buen estado medioambiental que la Comisión está llevando a cabo para facilitar la aplicación de esa directiva. Por todo ello informaremos al Consejo de Medio Ambiente del estado de los
trabajos de la aplicación de la directiva, y elaborar, a la vista de los contenidos del informe de la AEMA, unas conclusiones sobre el estado ambiental del Mediterráneo.



Desde el punto de vista del sector pesquero, quiero destacar la importancia de la política de protección de recursos, que cuenta con iniciativas de regulación pesquera abordadas hace más de veinte años con objetivos de conservación
medioambiental que integraban aspectos de regulación del tráfico marítimo, de la investigación y de la conservación de la biodiversidad. Este es el caso,


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señorías, de las reservas marinas de interés pesquero. Palamós es la última reserva creada con este fin, y ya son once esperando que vean la luz a comienzos de 2010. Haré un inciso para responder a unas cuestiones planteadas en la
comparecencia relativa a esta reserva de interés pesquero por parte de Convergència i Unió. El proyecto se inició en septiembre del año 1994 por el ayuntamiento, si bien a partir del año 2006 es cuando la cofradía de pescadores impulsó la petición
adquiere carta de naturaleza. La propuesta se basaba fundamentalmente en la necesidad de mantener la sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal del puerto de Palamós. Durante la pasada legislatura se iniciaron por el departamento los
estudios y campañas encaminados a determinar la viabilidad de la creación de la reserva, una campaña de estudio de la fauna demersal y bentónica a bordo del buque de investigación pesquera Emma Bardán, que mostró el avanzado deterioro del medio
marino, debido entre otras causas a la gran cantidad de residuos arrojados al mar; el estudio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre los fondos de área marina, una cartografía morfológica y sedimentosa de detalle del área citada, y un estudio
sobre la situación socioeconómica del sector artesanal con base en Palamós. El proyecto ha contado con un amplio respaldo social e institucional; se ha contado con el apoyo del resto de las cofradías de la zona, de la propia comunidad autónoma, de
las universidades, de gran parte de los grupos ecologistas y de la sociedad civil en general, así como de los ayuntamientos de Palamós, Platja d'Aro, Monràs, Calonge y Palafrugell. En el momento actual todos los trabajos para culminar el periodo
preparatorio de la creación de la reserva marina han finalizado y de los mismos se deduce la viabilidad del establecimiento de la citada reserva. Con este objetivo se han llevado a cabo reiteradas reuniones con el sector, tanto de la pesca marítima
profesional como recreativa, así como con la Administración autonómica y local. Una vez culminado este proceso informativo, en el día de mañana, 29, tendrá lugar otra reunión con todas las partes concernidas en la que informaremos del proyecto de
orden ministerial por la que se crea y regula la reserva marina de interés pesquero denominada Illes Formigues-Costa Brava. He de decir que en la citada normativa igualmente quedarán definidos todos los usos previstos en la reserva, así como su
gestión. El calendario previsto para su publicación es a finales del próximo mes de enero de 2010, y el coste estimado anual de la reserva será de 500.000 euros.



Otro de los aspectos que surgen en relación con la gestión integrada del medio marino es la sostenibilidad del mar, que puede verse afectada por las acciones que eventualmente puedan derivarse de los vertidos de los buques. Enlazando este
punto con la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular para explicar los resultados del informe elaborado por el Instituto Español de Oceanografía y la empresa noruega Det Norske Veritas sobre el hundimiento del buque Don Pedro en
aguas de la isla de Eivissa y la decisión de no reflotarlo. Me voy a centrar en este último aspecto, puesto que los informes citados fueron en su momento remitidos a esta Cámara.



Al respecto he de decirles que el pasado 23 de febrero de 2009 se reunió en Ibiza la comisión de seguimiento para el análisis y estudio del accidente del buque Don Pedro, en la que el director general del Instituto Español de Oceanografía
dio cuenta del plan de seguimiento realizado sobre los efectos en el medio ambiente marino del accidente del buque Don Pedro, y el director general de la Marina Mercante dio cuenta del estudio realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas
sobre el riesgo de contaminación del pecio, analizando la posibilidad de reflotamiento del mismo. Como ya saben SS.SS., ambos estudios (el del IEO y el realizado por la citada empresa noruega) no aconsejaron el movimiento del buque y consideraron
como la mejor estrategia el mantenimiento en su situación actual, al no existir por ello riesgo alguno en cuanto a contaminación. No obstante, se ha recomendado la necesidad de hacer un seguimiento periódico del pecio, cosa que se está haciendo,
llevar a cabo un señalamiento del mismo mediante el marcado de boyas de la zona de hundimiento, con la finalidad de evitar cualquier problema para la actividad marítima en el entorno del buque. Concluido este punto, quiero resaltar que con la nueva
ley que estamos elaborando sobre la protección del medio marino, norma que traspone la Directiva 2008/56 de 17 de junio, queremos establecer un marco normativo y completo que sea uniforme, que pueda garantizar la articulación de las actividades
humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación de las características naturales de los ecosistemas marinos, en coherencia con el enfoque ecosistémico.



Tras ese inciso retomo mi exposición para referirme a este enfoque ecosistémico del que se hace eco el Libro Verde de la reforma de la política pesquera común en el ámbito de las medidas de gestión.



Los objetivos asumidos por los ministros de Pesca de integrar este enfoque en la PCP son el reflejo de un paso adelante en este esfuerzo de aunar los objetivos que rigen esta política común, pero este aspecto, con frecuencia sobrepasa tanto
el ámbito de la pesca como el entorno comunitario, por lo que esta dimensión la abordaremos en el plano internacional y en un contexto más amplio que no se limite exclusivamente al sector pesquero.



En materia de gestión y conservación de los recursos pesqueros, la reforma de la PCP deberá abordar en su totalidad el compromiso internacionalmente asumido en la cumbre de Johannesburgo sobre sostenibilidad, que obliga a mantener o
restablecer las poblaciones pesqueras a niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible, y a lograr este objetivo con las poblaciones agotadas a más tardar en el año 2015. Y este compromiso asumido por la Unión Europea es un paso más
en la explotación responsable de los recursos pesqueros. En la práctica este compromiso puede traducirse en una eventual reducción de capturas, al menos en las


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fases iniciales, hasta conseguir niveles de explotación que sean compatibles con este principio. Este esfuerzo inicial producirá sus beneficios en un plazo medio, por el hecho de que los ejemplares que se capturen tendrán un mayor tamaño y
adquirirán, en consecuencia, valores más elevados en el mercado.



El quinto elemento es el referente a la eliminación de los descartes, ligado a esta menor presión sobre los stocks pesqueros. Hay que señalar que la reforma de la PCP deberá abordar una política de reducción de descartes en las diferentes
pesquerías. Esta medida ya se pretende tener en cuenta por la Comisión en la formulación de sus propuestas de TAC y cuotas para el año 2010, pero desde luego tendrá un claro protagonismo en la formulación de las medidas de gestión pesquera en la
reforma de la PCP. Creo que todos compartimos la necesidad de evitar descartes en las pesquerías, por el deterioro medioambiental que ello genera y por la pérdida de la rentabilidad para el sector. Sin embargo, este aspecto no debe abordarse
exclusivamente desde el punto de vista de mejora de la selectividad de las artes, aunque también haya que considerarlo. Con frecuencia, como saben, los descartes son motivados por la falta de cuotas de pesca, que obligan a devolver al mar
ejemplares para los que no se dispone de esa cuota, bien porque no se tienen o porque la pesquería en cuestión se encuentra cerrada por haber agotado la cuota de que disponía. Y ello nos lleva a abordar otro de los aspectos que considero de máxima
relevancia en la futura reforma de la PCP. Me estoy refiriendo al sistema de gestión basado en los TAC y cuotas.



En conexión con el problema de descartes, hay que analizar el actual sistema de gestión basado en los TAC y las cuotas y los efectos negativos que este sistema acarrea. Si bien pudo tener su utilidad en el pasado, cuando los valores de los
TAC eran muy elevados y se quedaban muy por encima de los niveles de capturas que las flotas comunitarias realizaban, en los momentos actuales con la política de reducción de cuotas de pesca y su adaptación al nivel de capturas, creo que no están
cumpliendo con el papel de regular y ordenar las distintas pesquerías comunitarias.



El concepto de estabilidad relativa se estableció hace ya muchos años, veinticinco aproximadamente, para tener en cuenta la historicidad en las pesquerías, la dependencia de las regiones costeras, pero con el paso del tiempo esta situación
ha cambiado y se ha quedado muy alejada de la realidad. Los pescadores no se sienten contentos con la limitación que les suponen los TAC; para las administraciones supone una enorme carga burocrática; y los científicos, por su parte, se quejan de
que los datos de capturas y desembarques de los que disponen para la evaluación de los stocks no responden a la realidad. El resultado, por tanto, como ven, no es satisfactorio para ninguna de las partes.



El problema de la falta de cuotas se va agudizando de año en año. En unos años porque se trata de pay per fish, y la Comisión propone su regulación para evitar especulación con cuotas de pesca sobrantes, y en otros, la mayoría, porque los
científicos aconsejan la reducción de capturas. La falta de cuotas obliga al cierre de pesquerías, situación que tampoco es satisfactoria para el sector, pues le obliga al descarte de las especies para las que no dispone de cuota, con la
correspondiente repercusión económica y el daño para el recurso pesquero. El resultado de todo ello es un perjuicio, por una parte, económico y, por otra parte, medioambiental. Pero es que al mismo tiempo que se cierran pesquerías por falta de
cuotas en determinados Estados miembros se producen sobrantes de cuotas en otros que no son aprovechados por ninguno. En definitiva, se quedan sin pescar. Es cierto que la política pesquera común prevé un mecanismo de intercambio de cuotas de
pesca entre Estados miembros para resolver esas insuficiencias de cuotas, mecanismo al que España viene recurriendo de forma sistemática para corregir deficiencias de cuotas de pesca y mejorar la rentabilidad del sector pesquero. Pero también es
cierto que este mecanismo solo permite resolver situaciones puntuales en el caso de stocks concretos, pero en ningún caso puede atajar un problema crónico de falta de cuotas de pesca, como el que presenta el sector pesquero español. Por otra parte,
la escasez de cuotas de pesca puede ser la causa de que se desembarquen únicamente los ejemplares que puedan alcanzar mayor valor en el mercado, descartando los restantes. Y con ello se vuelve a poner de manifiesto que el problema de los descartes
en las pesquerías no se resuelve únicamente con la mejora de la selectividad de las artes, sino que también hay que prestar atención a las medidas de gestión que en muchos casos son causantes del mismo.



Ante este cúmulo de problemas que presenta el sistema de gestión basado en TAC y cuotas, la Secretaría General del Mar aboga por la necesidad de revisar, e incluso suprimir, el principio de estabilidad relativa y sustituirlo por una fórmula
más flexible que se adapte mejor a la realidad de las diferentes pesquerías. En un futuro próximo y sin necesidad de esperar a la reforma de la PCP, se podría avanzar en una mejora de la gestión de las cuotas, dándoles una mayor flexibilidad, de
forma que se eviten sobrantes de los TAC, plantear cuotas de pesca realistas, en especial para aquellas pesquerías que constituyen una pesca asociada a la especie principal y en las que la ausencia de cuotas únicamente va a originar nuevos
descartes.



El séptimo elemento es la gestión basada en el esfuerzo pesquero. Frente a este sistema actual de TAC y cuotas, la Secretaría General del Mar también preconiza un cambio en el modelo de gestión y que este se base sobre el esfuerzo pesquero.
En la actualidad muchas pesquerías comunitarias, en especial aquellas que están sometidas a planes de gestión a largo plazo, se gestionan por un doble mecanismo de cuotas y esfuerzo pesquero. Las cuotas que se pueden capturar vienen establecidas a
través del sistema tradicional, es decir, TAC y cuotas, y el esfuerzo pesquero se fija, por un lado, sobre la base de unos techos máximos por Estado miembro, completado


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con otros subtechos referidos a determinadas artes de pesca. Pero ambos elementos actúan como factores limitantes en las pesquerías, no pudiendo superarse ninguno de ellos.



Avanzar en este sistema de gestión de la actividad pesquera sobre la base del esfuerzo pesquero y del establecimiento de techos máximos de esfuerzo fijados a nivel comunitario para las diferentes pesquerías, podría resultar un sistema más
objetivo, más fácil de controlar y, al no tener las limitaciones que impone el sistema de TAC y cuotas, permitiría al sector declarar todas sus capturas, lo que aportaría además datos mucho más fiables para las evaluaciones científicas, y romper de
esta forma con el círculo vicioso en el que nos encontramos en esta materia.



Los derechos de pesca son una realidad que cada día se va ampliando a un mayor número de pesquerías, motivado por la necesidad de repartir un recurso escaso y garantizar el acceso al mismo a todos los interesados.
Este ha sido un sistema
que se ha venido utilizando en el caso de flotas de altura, pero cada vez más, ante la insuficiencia de cuotas de pesca, se está extendiendo a otros elementos de flota y pesquerías. El libro verde hace una reflexión sobre este sistema de gestión y
la conveniencia o no de mantenerlo o ampliarlo en el futuro. En este sentido considero que, si bien es un sistema de enorme interés para las empresas pesqueras de mayor dimensión, que les permite un mayor nivel de seguridad en sus inversiones y que
incluso podría potenciarse, no creo que sea de aplicación para la flota artesanal por su enorme complejidad y por considerar que en ella debe primar más su vertiente social, por lo que se debería seguir gestionando de forma conjunta en el futuro.



En cuanto a la política estructural y la ayuda financiera pública, las ayudas al sector pesquero son significativas, y a veces esta política no es coherente con los objetivos de la PCP. Por ello es necesario que se establezca un vínculo más
estrecho entre la financiación pública y los nuevos retos a los que debe hacer frente la PCP. No obstante, antes de entrar en la reflexión sobre la política estructural y las ayudas públicas, voy a referirme a los asuntos que plantean las
comparecencias solicitadas por SS.SS. sobre ayudas públicas. Respecto a los criterios seguidos cuando se subvencionó a un armador que forma parte de las listas negras por pesca ilegal de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos
Vivos Antárticos, que es objeto de interés del grupo integrado por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, este asunto fue ya analizado y debatido por nuestra ministra en esta Comisión en la sesión del pasado 30 de
junio, por lo que a su intervención me remito, aunque podamos analizar con posterioridad los trabajos en curso del ministerio sobre la futura ley de pesca sostenible para que estos casos no se repitan.



En cuanto a las ayudas financieras a proyectos piloto de pesca experimental, y en concreto la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular sobre las anomalías denunciadas por el sector pesquero en relación con las mismas, dado
que el Gobierno ha facilitado información al respecto, podremos abordar esta cuestión en un momento posterior, pues por su importancia me voy a centrar ahora en la articulación de las medidas puestas en marcha para hacer frente a la crisis.



Ante la clara situación de crisis internacional, en el Consejo de Ministros de 15 de julio de 2008 se adoptó el acuerdo mediante el que se aprobaba el reglamento 744 por el que se establecía una acción específica temporal para promover la
reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica, en particular inicialmente motivada por el aumento drástico de los precios de los combustibles. La Unión Europea tenía que adoptar medidas para
permitir la adaptación de la flota pesquera comunitaria a esa situación y garantizar al mismo tiempo condiciones sociales y económicas sostenibles para el sector. No obstante, las medidas propuestas en el reglamento deben contribuir a lograr los
objetivos generales del tratado, así como los objetivos de la política pesquera común relativos a la conservación y a la explotación sostenible de los recursos.



Para la implantación de estas medidas se propuso la modificación del reglamento 1198/2006, que es el Fondo Europeo de la Pesca, flexibilizando diversas medidas relativas a la flota pesquera y proponiendo otras nuevas. El ámbito de
aplicación de este reglamento se extiende hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha límite para aprobar las ayudas previstas en el mismo. Y de manera resumida, se establecen dos bloques de medidas.
Por una parte, medidas generales, como son las
paralizaciones temporales de la actividad pesquera, inversiones a bordo, medidas de retirada anticipada de la actividad pesquera, acciones colectivas que incluyen la financiación de las organizaciones de productores, y aquellos proyectos dirigidos
al ámbito del ahorro energético. Por otra parte, se aprueba una batería de medidas específicas que, enmarcadas en programas de adaptación de flota, consisten en paralizaciones definitivas, paralizaciones temporales e inversiones a bordo, incluyendo
el cambio de motores que promuevan un mejor rendimiento energético.



El ministerio ha trabajado en estas acciones en coordinación con el sector y las comunidades autónomas; se ha llevado a cabo una revisión y modificación del programa operativo, remitido ya en el mes de febrero, con una reprogramación a
posteriori de los programas financieros por parte de las comunidades autónomas, y la propuesta de modificación ha sido aprobada con carácter definitivo por la Comisión Europea con fecha 8 de octubre de 2009.



En síntesis, las modificaciones más relevantes han consistido en nuevos planes financieros en los que se aumenta la dotación financiera del Eje 1: Adaptación a la flota pesquera; los compromisos adquiridos por nuestro ministerio y por las
comunidades autónomas


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para atender estas acciones se cifran en 166,7 millones de euros de contribución pública total, con una contribución del FEP de 133,9 millones de euros, una contribución nacional de 53 millones de euros, de los cuales 34 millones son a cargo
de la Administración del Estado y 19 millones a cargo de las comunidades autónomas. España ha presentado a la Comisión Europea seis planes de adaptación de la flota, correspondientes a las comunidades autónomas de Galicia (tres), al País Vasco,
Cantabria e Islas Baleares, que proponen desguazar un total de 49 buques, y suman ayudas por importe de 51,1 millones de euros de contribución pública total, de los cuales el FEP aporta 33,2.



En cuanto a acciones colectivas de organizaciones de productores, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de julio, el artículo 9.3 del reglamento establece una acción específica temporal hasta el 31 de diciembre de 2010
para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica, estableciendo que el FEP podrá contribuir a la financiación de compensaciones a las organizaciones de productores que ya no tengan
derecho a ayudas en virtud del artículo 10 del reglamento de mercados, para compensar los costes derivados de las obligaciones impuestas a las mismas. Ello significa que todas las OP que comenzaron a percibir ayudas como consecuencia de la
elaboración de los programas operativos de campaña desde el año 2001, y que ya han superado los cinco años de ayudas previstos en el artículo 10 del mencionado reglamento, podrán seguir percibiendo esas ayudas hasta la campaña pesquera del año 2010.



En definitiva, señorías, retomando el discurso general más allá de los casos concretos de las ayudas públicas, el libro verde plantea una seria reflexión sobre la política estructural europea. Esta política ha servido para modernizar la
flota en el pasado, pero no ha dado solución al problema de exceso de capacidad. Quizá también porque a pesar de la disminución del número de unidades, a las que antes se ha hecho referencia, la propia modernización tecnológica ha supuesto un
incremento en la capacidad y la efectividad de las capturas. No se trata de eliminar la financiación pública, pero sí de clarificar al máximo los objetivos a los que debe ir dirigida. La financiación no debe distorsionar las normas sobre la
competencia, sino apoyar a una flota europea competitiva. Y la reflexión abierta es que creo, señorías, que la política estructural ha de apoyar al sector, tanto en su reestructuración como a los segmentos de flota con una dimensión social,
antropológica y regional como es el caso de los segmentos de la bajura.



En cuanto a la vertiente externa de la PCP, considero que esta deberá basarse también en dos principios: el primero de ellos el de sostenibilidad, y el segundo el de responsabilidad. Los instrumentos con los que deberemos seguir contando
deberán ser a través de las organizaciones regionales de pesca en aguas internacionales, y de los acuerdos de partenariado en aguas de países terceros. En este sentido la Comisión Europea deberá asumir y defender el principal objetivo de la PCP,
esto es, la actividad pesquera responsable y sostenible de la flota comunitaria. Y deberemos hacer todos los esfuerzos posibles para ayudar a la Comisión a conseguir este objetivo. El principio de sostenibilidad deberá basarse en reforzar el
asesoramiento científico, aplicar sus propuestas y hacer un seguimiento continuo y eficaz de la aplicación de las medidas que se deriven de estos planteamientos. El principio de responsabilidad deberá estar claramente sustentado en las normas
comunitarias recientemente aprobadas o en vías de adopción, como es el reglamento para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada aprobado el pasado año; el reciente reglamento de control (tras el acuerdo político adoptado en
el Consejo del pasado mes de octubre); el reglamento de desarrollo que ayer ha publicado la Comisión Europea sobre la pesca Ay-Iu-Iu. Con vistas a la reforma de la PCP habrá que seguir avanzando en la consolidación de las organizaciones regionales
de pesca, reforzando sus decisiones científicas, apoyando propuestas razonables, creíbles y basadas en un amplio consenso, y finalmente velando por su aplicación.



En este ámbito debemos reforzar los organismos internacionales (la ONU, la FAO), las ORP para que establezcan un marco de actuación homogéneo y coherente a nivel internacional, colaborando en el terreno científico y dotándolas de mecanismos
de control y seguimiento. Y este planteamiento, cuando existe una regulación internacional al respecto, no es coherente con la adopción de medidas unilaterales ni con el establecimiento al margen de ese marco de restricciones comerciales al
servicio de las políticas nacionales de conservación. En este punto quiero referirme a la solicitud de comparecencia sobre la propuesta de prohibir temporalmente la comercialización internacional del atún rojo del Atlántico y el Mediterráneo,
comparecencia solicitada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Como saben, en la reunión del comité de gestión de la Unión Europea para el Convenio Cites, celebrado el pasado mes de septiembre, España, junto con
el resto de los países comunitarios que pescan el atún rojo en el Mediterráneo, no respaldó la propuesta respecto a la solicitud de Mónaco para incluir el atún rojo en el apéndice I de Cites. Todos sabemos que se está aplicando el plan de
recuperación establecido por Icaat sobre esta especie. Este plan se aprobó en noviembre de 2008 en la reunión anual. Y en la próxima reunión de la organización regional, que se celebrará a partir del día 6 de noviembre en Recife, se presentarán
los resultados de la presente campaña. Parece lógico, como dice la propia Comisión, esperar a la valoración de los últimos informes científicos, que serán analizados por las partes en ese foro, como paso previo a la adopción de otras medidas de
conservación aún más restrictivas.



Otro de los aspectos importantes en la vertiente externa son los acuerdos de pesca o acuerdos de partenariado. Esos acuerdos deben seguir siendo marcos


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estables y duraderos, tanto para el país tercero en cuestión como para la flota comunitaria que faena a su amparo, permitiendo el acceso a un recurso que a su vez se complementa con medidas de cooperación y que resulte transparente tanto
para el país tercero como para la Unión Europea, por lo que el beneficio es claro para ambas partes. El refuerzo de las medidas de control servirá igualmente para dar seguridad a las partes del respeto del estricto cumplimiento de las medidas
contempladas en cada uno de los diferentes acuerdos. Con vistas a la reforma de la PCP es imprescindible mejorar el grado de utilización de los recursos pesqueros y de intercambio de información con nuestros socios de países terceros. Parece
aconsejable mantener un enfoque bilateral, ya que un enfoque regional para el acceso sobre un derecho de un tercer país debe ser únicamente negociable de forma bilateral, salvo el caso en el que el tercer país en cuestión lleve a cabo una gestión
sobre sus recursos en un contexto que sea supranacional.



Quiero citar en este contexto el acuerdo Unión Europea-Mauritania, al cual se refería parcialmente una de las solicitudes de comparecencia del Grupo Parlamentario Mixto-BNG. Esto es un acuerdo que fue renovado el 1 de agosto de 2006; en el
año 2008 se ha firmado un nuevo protocolo de aplicación del citado acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2012. Es actualmente el acuerdo más importante de los suscritos por la Comunidad Europea con países terceros, y supone para España
importantes posibilidades de pesca que incluyen además la flota artesanal canaria, lo que no es frecuente en un acuerdo internacional. El número de unidades pesqueras que se benefician del mismo supera el centenar. El protocolo firmado en el año
2008 ha supuesto una adaptación de las posibilidades de pesca en relación al protocolo anterior, que finalizó el 31 de julio de 2008. En cuanto a los cefalópodos, se ha reducido un 25 por ciento, quedando 32 licencias para la Unión Europea, de las
cuales 24 son para España, cuatro para Italia, tres para Grecia y una para Portugal. Quiero decir que el grado de utilización del acuerdo es el cien por cien en esta modalidad, y de las 24 licencias de las que estoy hablando que se asignan a
España, el grado de utilización para el próximo trimestre y gran parte de los trimestres anteriores ha sido de 27, por la no utilización de Grecia o algún otro país comunitario. La PCP en su vertiente externa ha consagrado principios como el de
estabilidad relativa, y en base a esas reglas de juego se han exigido y acordado los repartos también de las posibilidades de pesca en la vertiente externa.



Creemos que el principal objetivo de las actividades que forman parte de la dimensión internacional de la PCP es la difusión a escala internacional del principio de explotación sostenible y responsable de los recursos pesqueros, así como el
de mantener a nivel internacional la presencia de una flota de la Unión Europea. En un acuerdo como el de Mauritania tenemos un importante papel que jugar, destacando la colaboración que España ha prestado para su celebración con las campañas
oceanográficas llevadas a cabo en este país para conocer el estado de sus recursos y que han servido de base para recomendar una explotación sostenible.



En esa línea consideramos que la reforma de la PCP en su vertiente externa deberá basarse en una defensa de los instrumentos de los que ya disponemos a nivel internacional, es decir, las organizaciones regionales de pesca y los acuerdos,
trabajando para la consolidación de los mismos, reforzando sus decisiones científicas y apoyando propuestas que sean razonables que permitan continuar la actividad pesquera a las flotas comunitarias.



No querría terminar mi intervención sin mencionar la reforma de control recientemente adoptada en el Consejo. Asimismo, se acaba de aprobar un reglamento que, aun suponiendo un gran avance respecto a la situación actual, deberá adaptarse en
el contexto de la reforma.



Señorías, quiero llevar al ánimo de todos ustedes la convicción y la necesidad de que las reformas que se lleven a cabo en el marco de la PCP estén impregnadas de una cultura de cumplimiento y de control. Este es uno de los aspectos en los
que el sector pesquero ha avanzado y deberá seguir avanzando y mejorando, ya que una pesca responsable y sostenible y una cultura de cumplimiento y de control deberán constituir los verdaderos pilares que inspiren la reforma de esta política
comunitaria para los próximos años. La responsabilidad de transmitir estos valores y esta cultura no es sólo de la Administración pesquera, sino de todos los poderes públicos.



Muchas gracias, señorías, quedo a su disposición para ahondar en el debate y atender las cuestiones que me planteen en relación con el resto de las materias, sobre las cuales, como apunté inicialmente en mi comparecencia, el Gobierno ya ha
informado a las Cámaras a través de las distintas iniciativas parlamentarias.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Muchas gracias, señor secretario general.



Es el turno de los grupos parlamentarios. Empezaremos por el Grupo Parlamentario Popular y terminaremos por el Grupo Parlamentario Socialista. La Mesa ruega a los portavoces de los distintos grupos la máxima concisión; también les
anunciamos que habrá cierta elasticidad en la aplicación de los tiempos de intervención, puesto que se sustancian doce puntos del orden del día con esta intervención del señor secretario general y la de los distintos grupos. Tiene la palabra, por
parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero comenzar esta intervención trasladando, en nombre -estoy seguro- de toda la Comisión y del propio secretario general del Mar, el pésame por el fallecimiento del patrón mayor de la cofradía San Telmo, de
Pontevedra, en Galicia, a su familia y al grupo municipal del BNG, del que formaba parte como concejal en el Ayuntamiento de Poio.
La ministra lo ha hecho esta mañana en el Pleno y me ha


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parecido oportuno hacerlo aquí, en la Comisión, donde vamos a estar hablando toda la tarde de temas de los que Miguel Pazos sabía mucho más que yo mismo y que muchos de los que estamos aquí. En segundo lugar voy a hacer un breve comentario
sobre lo que puede ser un sentir personal como portavoz de esta materia, que es una preocupación que últimamente está convirtiéndose en rutina de forma sistemática: es esta costumbre de unificar distintos temas (lo acaba de decir el presidente,
doce comparecencias en una) -legítimamente, es cierto, es un acuerdo de Mesa y portavoces, pero igual de legítima será mi crítica y mi estrategia para tratar de cerrar la sombrilla, el paraguas, o como se quiera calificar- que el propio secretario
general del Mar ha utilizado para, bajo ese paraguas, que es la comparecencia solicitada por el Gobierno, tratar de ocultar la luz sobre temas muy importantes para los que estaba pedido desde hace tiempo que compareciera la ministra o el propio
secretario general del Mar. Yo haré preguntas muy concretas de los temas sobre los que ha pasado de refilón en la comparecencia el secretario general del Mar. Seguiré el orden del día, y solamente -ya lo anuncio, en aras de esa brevedad que se nos
solicita, pero que ya le adelanto que probablemente no sea la deseada- voy a referirme a las comparecencias que ha pedido el Grupo Parlamentario Popular; dejaré para el final y muy brevemente la que ha pedido el Gobierno. No me voy a referir para
nada a las comparecencias solicitadas por otros grupos, porque entiendo que así habrá una mayor fluidez de los temas que hoy se tratan y no los reiteraremos.



El primero de ellos se refiere a las anomalías denunciadas por el sector pesquero en las ayudas a proyectos de pesca experimental. Y ahí -lo hemos dicho en alguna ocasión porque este tema no es nuevo en esta Comisión- han sido las
organizaciones sectoriales las que se han manifestado de forma discrepante con las formas, a la hora de adjudicar las campañas experimentales de pesca en todo el periodo, que ha coincidido, señor Fragueiro, con su responsabilidad al frente de la
Secretaría General del Mar. Lo primero que nos preguntamos y que le pregunto es si han servido para algo las campañas que hasta esta fecha se han realizado como campañas piloto o campañas subvencionadas de pesca experimental. Me gustaría que nos
pudiera decir si hay algún caladero, algún lugar, donde ahora se pesque como consecuencia del desarrollo de alguna campaña, si hay alguna técnica de pesca que se haya incorporado en alguna modalidad como consecuencia de alguna de estas campañas o
qué barcos son los que hoy se benefician indirectamente de estas campañas.



Como la forma de conocer el verdadero resultado de una campaña es a partir de valorar el informe de resultados, que en este caso ha emitido el IEO, el Instituto Español de Oceanografía, hace cuatro meses solicitamos la remisión de estos
informes científicos y quiero decir en esta Comisión, a los efectos del 'Diario de Sesiones', que a día de hoy no hemos recibido todavía esa información solicitada. Ya tuvimos oportunidad de poner en evidencia en esta Comisión lo que a nuestro
juicio es poca transparencia llevada a cabo por el ministerio en la adjudicación de las campañas experimentales. Algunas fueron concedidas a armadores condenados por prácticas de pesca ilegal y en mi intervención entonces le solicité (en aquel
momento quien comparecía era el señor subsecretario del ministerio) que le trasladara a usted, señor secretario general del Mar, la petición que hacía nuestro grupo de realizar un mayor esfuerzo, de buscar fórmulas adecuadas, para ser lo más
transparente posible. Me remito, para no ser reiterativo, al 'Diario de Sesiones' del 17 de diciembre del pasado año.



Consecuencia de aquella comparecencia y del debate que se mantuvo posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley, que fue aprobada en esta Comisión, en la que se instaba al Gobierno, y lo diré de forma
resumida, a cinco cuestiones muy concretas: a que se valoraran por el IEO y por el sector la adecuación y la idoneidad de las campañas; a que fueran valoradas económicamente por la Subdirección General de Economía Pesquera del ministerio; a que
se cumplieran la Ley de Contratos y la Ley de Subvenciones en la adjudicación de estas campañas y a modificar la orden ministerial del año 2000 con la incorporación de baremos objetivos. Finalmente, pedía aquella proposición no de ley -insisto,
aprobada en esta Comisión- que se publicaran los informes de las acciones piloto. No se aprobó que se dejaran de desarrollar las campañas experimentales, como he escuchado en alguna ocasión, sino que la adjudicación se hiciera con concurrencia. Y
en este punto el propio subsecretario del ministerio manifestó reiteradas veces en su intervención estar totalmente de acuerdo con la necesidad de esa libre concurrencia. Por eso también le tengo que preguntar, señor secretario general, por aquello
que crea en este momento inquietud al sector: ¿tienen previsto promover alguna campaña de pesca experimental en el presente ejercicio, en el que nos encontramos? ¿Cuándo piensan solicitar la devolución de las ayudas concedidas por campañas
experimentales que le ha reclamado la Comisión Europea a la empresa -voy a citarla, a pesar de que algún portavoz me dirá después que no debo citar nombres; es público, notorio, figura en muchos lugares, está condenado por los tribunales y es
nuestra responsabilidad decirlo una y otra vez- Vidal Armadores, cuándo les van a reclamar la devolución de las ayudas concedidas por campañas experimentales? ¿Puede confirmarnos -y es la última pregunta que le hago de esta primera comparecencia-
que las ayudas recibidas por campañas experimentales en los barcos pertenecientes al entorno familiar del hasta hace muy pocos días presidente de la Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras, Onape, asciende a 5,7 millones de euros?


Paso página, no de este tema, sino de comparecencia: crisis económica que atraviesa el sector. Esta solicitud de comparecencia la hicimos en su día, ya hace mucho, por la grave situación que padeció y que sigue padeciendo el sector
pesquero, consecuencia de la subida de


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los precios del gasoil. La respuesta del Gobierno en aquel momento no pudo ser, a nuestro juicio, más pobre, y no hubo -insisto, a nuestro juicio- la sensibilidad para mediar en este tema tampoco por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, que votó en contra de cuantas iniciativas trajeron distintos grupos a esta Cámara en ese sentido. El 'Diario de Sesiones' está ahí, las justificaciones constan en el mismo, y hay que decir que fueron -a nuestro juicio, insisto- poco
responsables tanto el Gobierno como el Grupo Socialista con estas iniciativas. Las dos iniciativas que presentó mi grupo, la interpelación y la moción consecuencia de esa interpelación, en los meses de junio y septiembre, porque se metió el verano
por medio, del año 2008, y la proposición no de ley debatida en esta Comisión el 24 de septiembre, también de 2008, insisto, fueron votadas en contra por el grupo mayoritario de esta Cámara.



La desmoralización que supuso al sector pesquero no afrontar en un mínimo las medidas que sí aplicaron otros países ha conducido y sigue conduciendo a que algunos armadores tengan en sus planes acogerse a las ayudas al desguace o, lo que es
lo mismo, finalizar su etapa empresarial pesquera. Por lo tanto no podemos valorar como positivo, y así lo ha manifestado el Gobierno en respuesta a una pregunta que este diputado que les habla formuló en este sentido, que con los acuerdos
adoptados en el Consejo de 15 de julio de 2008 se establecían condiciones para mejorar la rentabilidad económica del sector. Tengo que recordarles, señorías, como bien sabe el secretario general del Mar, que esta situación de crisis sigue
acentuándose en estos momentos, por la crisis económica financiera que padecemos y por el descenso en el consumo, que es más importante en los productos de la pesca y que tiene su reflejo en los precios de primera venta. La situación, a nuestro
juicio, ha de abordarse desde la perspectiva de que el sector pesquero lo que padece es una crisis estructural, que requiere compromisos claros y decididos. Hemos tenido oportunidad de conocer con motivo de la presentación muy recientemente de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 que el Gobierno no quiere asumir estas reformas estructurales y, a nuestro juicio, y lo digo también para que quede claro y para que dejemos de escuchar el disco rayado de que el Partido Popular y
el Grupo Parlamentario Popular no hacen propuestas, yo hoy voy a hacer, como portavoz de pesca, también propuestas, porque las hemos hecho en todas las comisiones, propuestas de alternativa para mejorar la competitividad, seguridad social elevada,
imposición de tripulaciones mínimas, creación de un registro especial, etcétera; están en distintas PNL tratadas, algunas aprobadas, otras rechazadas, en esta Comisión: modifiquemos el sistema de formación de precios en primera venta, también
tratado en esta Comisión, e implantemos un sistema equivalente al que tiene la flota mercante para la renovación de los buques -lo volveremos a tratar, porque hay una PNL pendiente de debatir-. Estas son algunas de nuestras propuestas.



Siguiente comparecencia, y voy lo más rápido que puedo, señor presidente: acuerdos adoptados por el Consejo de la Unión Europea el 15 de julio del año 2008. Tanto esta comparecencia como la anterior fueron solicitadas para que, en tiempo y
forma -ha pasado más tiempo que forma-, se nos explicaran los acuerdos adoptados en aquel consejo, que tiene como referencia normativa el reglamento al que se ha referido el secretario general del Mar, el Reglamento comunitario 744, del año 2008.
Le tengo que decir, señor secretario general, que nuestra petición estaba fundamentada en aquel momento, pero tiene vigencia actual, en una doble vertiente. Una, saber en qué se había fallado para que la respuesta a la crisis económica que padecía
el sector pesquero por los precios del gasoil, a la que acabo de referirme, tuviera una respuesta tan limitada por parte de la Comisión. No voy a hacer aquí ahora, por falta de tiempo, el recordatorio de todas las manifestaciones, tanto suyas como
de la ministra, y todos los acuerdos que nos anunciaron; algunos de ellos nos dijeron que los habían hecho con aquel grupo de países que ustedes mismos denominaron amigos de la pesca, porque son conocidos por todos. Dábamos por sentado que se
obtendrían mejoras, como la modificación del Reglamento 1198, del año 2006, relativo al Fondo Europeo de la Pesca, para aplicar ayudas a la construcción, por lo menos de las embarcaciones artesanales, al incremento de las ayudas de minimis hasta
100.000 euros por empresa, etcétera. Pero lo que se consiguió es lo que fija el Reglamento 744 y el título del reglamento lo deja meridianamente claro: Promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la
crisis económica. De eso se trata. Y dos -es la segunda vertiente por la que nosotros pedíamos esta comparecencia-, como el reglamento es el que es, que nos explicara cómo se aplicaría, dado que sus declaraciones (y en una comparecencia anterior
así están recogidas) fueron que era técnicamente muy complejo este reglamento y que necesitarían precisar con la Comisión detalles para su aplicación. Desde luego, con el tiempo que ha transcurrido, yo al menos ya he podido clarificar muchas dudas:
como no se aplican, todo resuelto. Y si no, me corrige, porque para eso tendrá evidentemente una segunda oportunidad.



Más preguntas concretísimas, para tratar de abrir y cerrar ese paraguas con el cual hoy estamos tapando estos otros temas: ¿puede decirnos cuántas ayudas se han concedido por jubilación anticipada de trabajadores del sector pesquero,
acogiéndose a lo establecido en el artículo 8 de este reglamento al que me estoy refiriendo en mi intervención, que hace mención a las compensaciones socioeconómicas? ¿Cuántos cambios de motor se han realizado acogiéndose al artículo 7? ¿Cuántos
proyectos se han promovido en los términos que fija el artículo 10, los proyectos piloto? ¿Cuántas construcciones se han realizado acogiéndose al artículo 17, desmantelamiento parcial? Podría hacer muchas más; estas son importantes.
Pero desde
luego, como conclusión,


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del reglamento, ustedes, hasta ahora, desde el ministerio, están aplicando solo dos cuestiones de todas las que permite el reglamento: una, las ayudas a promover programas de adaptación de flotas, a las que se ha referido brevemente, y las
ayudas por paralización temporal, máximo de tres meses, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, aspecto al que esta mañana la ministra, en una interpelación de otro grupo parlamentario, ya se ha referido. Por cierto, ya está la nota de prensa
debidamente divulgada, y volvemos a lo de siempre, hay demasiadas notas de prensa, pero después todo queda en declaración de intenciones: vamos a tratar de que cobren lo antes posible, vamos a intentar que se corrijan estos problemas. Y yo creo
que llevamos un tiempo suficientemente generoso como para que muchos de estos problemas y de estas situaciones estuvieran corregidas y no tuviéramos que estar hoy hablando de que si han cobrado el 96 por ciento o el 92 por ciento de las flotas, sino
el cien por cien, porque el tiempo ha sido más que suficiente, como le decía hace un momento. En cuanto a las ayudas de las paradas, no voy a extenderme más.
Pero hay armadores y tripulantes que no han cobrado y, aunque solo sea uno (que son más),
merecería la pena hacer ese esfuerzo. La respuesta a esta situación no pueden ser estas notas, a las que me refería, desde el ministerio. Es necesario que se pague lo antes posible a todos y yo desde luego, en nombre de los armadores y
tripulantes, les pido que de una vez por todas hagan ese esfuerzo final que tantas veces prometen. Porque si no, al final, las ayudas serán para los bancos, porque los intereses de los créditos que los armadores han solicitado serán mayores que la
propia ayuda recibida en su momento.



Cuarta comparecencia, de las cinco que nosotros pedimos: situación de la inspección pesquera. El señor Martín Fragueiro ha pasado bastante de puntillas, a nuestro juicio, por este tema. En su día pedimos esta comparecencia para conocer la
situación de las inspecciones pesqueras desde el inicio de la huelga que llevan a cabo los inspectores desde mayo del año 2008. Ha dado un dato de cómo se habían incrementado las inspecciones en puertos; yo le daré otros que he sacado de la
información oficial del ministerio. Pero lo que le digo, y tendré que repetírselo más de una vez, no toma en consideración los acuerdos de esta Comisión, los acuerdos de este Parlamento, porque el 25 de junio del año pasado esta Comisión aprobó una
proposición no de ley presentada por mi grupo instando al Gobierno a realizar el máximo esfuerzo para resolver el conflicto con los inspectores de pesca, y ese conflicto sigue hoy abierto. No se ha hecho, a nuestro juicio, nada por paliar este
problema, los inspectores siguen en huelga. Y si realizan inspecciones fuera de horario de trabajo es por las presiones a las que a veces se les somete, llegando incluso a practicárseles deducciones en su nómina. Insisto, fuera de su horario de
trabajo. ¿Por qué esta actitud? Los inspectores solo piden una regulación del horario de trabajo, dada la carga de trabajo que tienen, igual o similar a la que se ha hecho a los servicios de sanidad animal o sanidad vegetal del ministerio. No
hacen gala de las buenas relaciones, en este caso, a nivel sindical. Esta situación tiene un reflejo en las inspecciones realizadas; usted daba un dato del año 2008, me parece, de cuatro mil quinientas y pico inspecciones en puerto.
La
información que voy a dar aquí -y me puede usted corregir o matizar- la he sacado de la información oficial que tiene el ministerio y dice que en puerto las inspecciones en 2007 se reducen un 25 por ciento respecto a 2006; y en 2008 se reducen un 6
por ciento respecto a 2007, en puerto. Y en el mar se reducen igualmente un 20 por ciento de 2006 a 2007 y se mantienen o son similares de 2007 a 2008. A nuestro juicio, la verdad es que sí aumentan las actuaciones, sí que aumentan las actuaciones
aéreas, como dice el ministerio, pero sabe que la mayoría de las veces vuelan sin inspector. Tienen a los inspectores no solo desmotivados, sino cabreados, y perdón por la expresión, pero es que es la que ellos transmiten. Les imponen servicios
mínimos fuera de su horario regulado, todo por no tener que regular el horario más adecuado a esta labor inspectora, y les sancionan por acogerse al paro parcial, a pesar de cumplir con su horario obligatorio. Lo he reiterado y ya no lo digo más.



Le recuerdo que la Comisión Europea, y se lo recuerdo a todas sus señorías, estimó que el número de inspectores necesarios en España, para ejercer un control eficaz, sería de unos 139. No me digan -en este caso no me diga usted, señor
secretario general, porque le veo venir- que la Guardia Civil cubre la deficiencia de inspectores, porque este dato fue dado conociendo la labor de apoyo de la Guardia Civil, lo conocía la Comisión; y además la Guardia Civil no tiene entre sus
prioridades esta inspección pesquera. Actualmente hay 90 plazas (aquí también me puede corregir, porque a lo mejor estoy equivocado), 90 plazas de inspector, y ocupadas de forma activa, según mis datos, hay 76, teniendo en cuenta los incorporados
este año, que obtuvieron la plaza el año pasado, en las últimas oposiciones. Por tanto, y respecto a las orientaciones que fija la Comisión de esos 139 efectivos, tendríamos un déficit de 63 plazas. Es preocupante la fuga constante de inspectores
a otros sectores de la Administración pública o hacia el sector privado, porque, de las 48 plazas de inspectores convocadas entre el año 2003 y el año 2008, solo se ha visto incrementada en su conjunto la plantilla de inspección en 5 personas. A
todo esto habría que añadir que en el año 2009 no se convocaron plazas en la oferta pública de empleo, y nos gustaría saber -es otra pregunta que me permito hacerle- si tiene previsto convocarse alguna en el año en el que estamos a punto de aprobar
los presupuestos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor García Díez, le ruego que vaya concluyendo.



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El señor GARCÍA DÍEZ: Me queda una sola comparecencia, y voy a ser muy breve. Comparecencia sobre el hundimiento del buque Don Pedro, en Ibiza.
Nos ha dado una pincelada de minuto y medio de duración. Yo quiero recordar a todas sus
señorías que este buque permanece con la carga intacta (coches, camiones, contenedores, motos) dentro de él; está a 40 metros de profundidad al borde del Parque Natural de Ses Salines; está hundido en una zona declarada patrimonio de la Humanidad
y en una zona de navegación entre los puertos de Ibiza y de Formentera. Siguen apareciendo, y se publica de vez en cuando en la prensa, pastillas de combustible en las playas próximas al pecio, y el verano pasado -lo saben los habitantes de la
isla- se rompió el sellado del buque. Existe un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas en el Consell Insular d'Eivissa para proceder a su reflotamiento, incluida la del Partido Socialista, pero lo cierto es que las decisiones que se están
adoptando en su ministerio -y por lo que acaba de decirnos, se confirma así- son contrarias a estos acuerdos y a estas peticiones. Le tendría que hacer por lo tanto una pregunta a la que casi ya me ha respondido, pero preferiría volver a oír su
contestación, para que quede claro en el 'Diario de Sesiones': ¿está dispuesto el Gobierno a dejar el barco así, tal y como está, con todas sus consecuencias, o por el contrario piensan acometer su reflotamiento?


Y ahora sí que termino, señor presidente. Ha hablado también de la reforma de la política pesquera común y yo le agradezco que haya tenido la iniciativa de venir a hablarnos de esto, a pesar de que haya utilizado este tema, importantísimo,
para ocultar los demás. Yo creo que es un tema que va a ser debatido ampliamente este año y que vamos a tener ocasión también en el año 2010 de seguir hablando de él para que los textos legislativos se incorporen a partir del año 2011. Ya
conocemos, los ha pasado a explicar detalladamente, los puntos de vista de la Comisión, lo que se ha llamado el libro verde, y yo espero, señor secretario, que, durante el debate, y hasta que se precisen las propuestas de reglamentos, la
participación del Gobierno sea más intensa de lo que ha sido en cuanto a la implicación hasta ahora en la redacción de ese libro verde. Yo creo que ha habido poca vocación europeísta por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que se ha
notado muy poco ese espíritu inicial europeísta al que usted hacía mención y que le gratificaba. Y a nosotros nos gustaría que el Gobierno no se distanciara de los planteamientos del sector, al igual que ha pasado con el nuevo reglamento de
control, donde el Gobierno no ha defendido las posiciones del sector. Tiene que tener presente igualmente los intereses de las comunidades autónomas, ya que las competencias en materia de pesca están compartidas, y las comunidades autónomas
sufrirán las consecuencias de un mal planteamiento de la defensa de los intereses pesqueros españoles. Hay tiempo para abordar este asunto con la dimensión y participación adecuada. No nos quedamos satisfechos con el tratamiento de este tema en la
Comisión de hoy, hemos tenido que repartir este tiempo con otras apreciaciones, y nuestro grupo, ya se lo anuncio y ya termino con esto, presentará nuevas iniciativas parlamentarias que permitan volver a debatir este asunto como se merece.



Muchas gracias por su generosidad, señor presidente, y gracias, señor secretario, por su atención.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Surroca.



La señora SURROCA I COMAS: En primer lugar nos sumamos, al igual que el portavoz del Grupo Popular, a las palabras de condolencia por el fallecimiento de don Miguel Pazos. Por otra parte, ya le anuncio que mi grupo parlamentario se va a
centrar únicamente en la comparecencia que habíamos solicitado, porque la portavoz en esta Comisión hoy no podrá asistir ya que le coincide con otras comparecencias en otras comisiones.
Repito que nos centraremos estrictamente en lo que nosotros
habíamos solicitado.



En primer lugar, gracias, señor secretario general, usted sabe muy bien, y seguro que lo comparte con nosotros, la gran importancia que tiene el mar para muchos de nuestros municipios. El mar es un elemento vertebrador de la propia
identidad de esos municipios, pero además tiene un gran valor, entre otros medioambiental, paisajístico y socioeconómico. Conscientes de esa importancia, mi grupo parlamentario, compartiendo la necesidad de preservar el medio marino y sus costas,
está preocupado ante la proyección de la reserva marina de interés pesquero de las Illes Formigues; de hecho, ya se lo hemos trasladado en más de una ocasión. De ahí la solicitud de esta comparecencia, aparte de otras iniciativas que ya hemos
presentado. Agradecemos su exposición, pero igualmente, tal y como también ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lamentamos la generalidad con la que ha tratado este tema, de gran importancia para la Costa Brava, porque ha
quedado totalmente diluido con otras comparecencias solicitadas. Ante esta situación, mi exposición se centrará en trasladarle todas las cuestiones que pueda. De forma muy concreta: ¿en qué se ha traducido la voluntad de consenso e información
expresada por el ministerio una vez iniciado ese proyecto de reserva pesquera en las Illes Formigues? ¿Nos puede detallar los puntos concretos en que se ha alcanzado ese consenso con el territorio?


Existe ya un informe socioeconómico encargado por el ministerio; usted ha anunciado que existe este y otros informes. Si ello es así, ¿lo harán público? De hecho, pongo de manifiesto que mi grupo parlamentario ya solicitó por escrito en
el mes de febrero de este año todos los informes que sustentaban la existencia de esta reserva marina por parte del ministerio. A fecha de hoy, estos informes no nos han llegado aún; por lo tanto los reclamamos nuevamente, ya que usted ha
anunciado que existen y que disponen de ellos y les agradecería que con la mayor brevedad nos los hicieran llegar o, en caso


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contrario, que nos expongan por qué aún no están en nuestras manos. ¿Nos puede facilitar la delimitación de la futura reserva, nos puede exponer cuáles serán los límites exactos de esa reserva? Igualmente, ¿nos puede facilitar la
delimitación de las praderías de poseidonia en la zona de la reserva? ¿Estaría definida exactamente la reserva? Si es así, queremos que nos concrete exactamente qué municipios serán los afectados. ¿Está definida la delimitación de usos de la
reserva de las Illes Formigues? ¿Será o no será una reserva integral? ¿Han llegado a manos del ministerio los informes socioeconómicos elaborados por las cámaras de comercio de Palamós y Sant Feliu de Guixols? Si es así, ¿cuál es la valoración
que realiza el ministerio de su contenido? ¿Cómo va a encajar el ministerio en el plan de usos los centenares de boyas que hay en toda la zona costera afectada por esa reserva? ¿Cómo quedará la pesca de arrastre y de cerco en la zona de la
reserva? ¿Cómo quedarán los contingentes de inmersiones de los centros de buceo, cómo quedarán los puntos de buceo? ¿Cuál será la composición de la comisión de seguimiento? ¿Participarán en ella o formarán parte de ella los municipios afectados?
Por último, ¿está a punto -por lo que ha dicho usted parece que sí, que ya está a punto- el proyecto, el borrador? ¿Lo van a anunciar mañana en el territorio, el borrador de la orden ministerial? ¿Nos lo harán llegar a los grupos parlamentarios
previamente, para que tengamos constancia de su contenido?


Como puede ver, tenemos muchas preguntas; quizás también otras que ahora se nos escapan. Nos gustaría que fueran resueltas y queremos trasladarle nuestra inquietud fundamental: que este proyecto, si finalmente se traduce en negro sobre
blanco, que parece que sí, se ejecute con el máximo consenso posible y real, y que sobre todo respete la voluntad del territorio, que es realmente quien conoce sus necesidades. Por otra parte, aprovechando su comparecencia, quisiera preguntarle por
un asunto distinto pero que también afecta a la Costa Brava, que usted conoce, que es Empuriabrava, la delimitación de la zona público marítimo-terrestre de Empuriabrava. Usted sabrá bien que en esta Comisión se aprobó hace tiempo ya una
proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario; en el primer punto se pedía que se suspendiera ese proceso de delimitación de la zona público marítimo-terrestre y se aprobó. Y ya, para terminar, le pregunto directamente: ¿cuáles han
sido las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del ministerio para cumplir con el contenido de esta proposición no de ley?


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, quiero que mis primeras palabras, y con el permiso del presidente, sean de recuerdo del compañero Miguel Pazos, porque, aparte de ser compañero, incluso de trabajos políticos, de alguna manera no es
casualidad que en esta Comisión lo recordemos, porque ha colaborado con más de un portavoz de los que estamos aquí informándonos en relación con muchos de los asuntos que hemos tratado.
Recuerdo que hace un año compartimos una entrevista en
Bruselas con el comisario de Pesca. En definitiva, agradezco como compañera de ideario político de Miguel Pazos el reconocimiento y el recuerdo de todas las personas que en este momento lo han recordado en esta Comisión; y desde luego quiero que
conste que no solamente lo vamos a echar de menos en lo que es su persona, sino también en la colaboración que nos ha prestado en muchas ocasiones.



Y ya centrándonos en la comparecencia, señorías, señor secretario general, una vez más tenemos que agradecerle su exhaustiva información en relación con todos los asuntos que eran motivo de esta comparecencia.
Evidentemente no vamos a
hablar de todos, pero hemos atendido con mucha atención la información que usted nos dio en relación con la comparecencia que usted mismo solicitó, que es la relacionada con lo que será la nueva política de pesca común. Esto, lo que usted ha dicho
y los objetivos que se marque el Gobierno, junto con lo que es el debate que se está dando en este momento en la Unión Europea, es lo que despierta la preocupación que nosotros manifestamos en la solicitud de comparecencia que hacemos y que tiene
relación con las inspecciones imprevistas de la Comisión de Pesca. Y digo que tiene que ver porque nos preocupa que tenga relación con lo que puede ser la resolución final de los acuerdos de la nueva PAC que tenga que llevarse a cabo el año
próximo.



En relación con esto primero, con lo que fue su comparecencia por la renovación de la PAC, quiero manifestarle de nuevo nuestra preocupación por que esa modernización de la flota de la que ustedes hablan vuelva a ser de nuevo una reducción
de la flota pesquera española, que al final es la reducción fundamentalmente de la pesca gallega, porque somos los que más embarcaciones estamos aportando a la flota española. Usted ha dicho que, en el tiempo que se lleva haciendo, esta reducción
de la flota ya supera el 35 por ciento, por lo tanto, con un poco más nos vamos a quedar sin la flota suficiente como para considerar que sea realmente un recurso económico importante; porque evidentemente para la Unión Europea no lo es, pero para
Galicia, el sector pesquero es desde el punto de vista económico fundamental en la economía del país. De ahí que nosotros tengamos tanta preocupación de que la modernización de la flota signifique nueva reducción de embarcaciones.



Dicho esto, me voy a centrar en las dos cuestiones por las que solicitamos la comparecencia, entre otras cosas porque usted hizo mención a los dos aspectos pero no dijo absolutamente nada. Es verdad que uno de ellos, el primero, el que está
relacionado con el condicionante de las ayudas a las embarcaciones que faenaban en Mauritania en relación con la subida de los combustibles, que


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estos estaban condicionados a la reducción de un 30 por ciento de la capacidad pesquera. Usted sí comentó algo en relación con las ayudas a estas embarcaciones pero no dijo nada absolutamente en relación con esa reducción, y a nosotros era
lo que nos preocupaba. Nos preocupaba por una razón: no lo podíamos entender. Hablo en pasado porque efectivamente esto es algo que pasó hace más de un año, pero en tanto que exista ese condicionante de reducción para que estas embarcaciones
puedan percibir las ayudas, consideramos que sería conveniente que usted nos diera alguna explicación al respecto.



La otra pregunta está más actualizada, porque fueron hechos que ocurrieron en el mes de septiembre, y está relacionada con las inspecciones de pesca llevadas a cabo por la Comisión Europea a la flota, primero, de Mauritania y, después, de
NAFO. Sabemos que estas inspecciones siguen, pero no nos ha dicho nada más que que teníamos que saber que la Comisión Europea podía hacer estas inspecciones sin aviso porque así lo manifestaba el Reglamento 2371/02. Efectivamente, señor secretario
general, sabemos que eso es así, que el artículo 27 de este reglamento así lo dice, que los inspectores pueden, sin previo aviso, presentarse a hacer una inspección pesquera; pero también es verdad que dice: siempre y cuando exista un programa
específico de control. Y en este caso usted no nos ha dicho que ese caso específico de control existiera. Esa cuestión es una de las razones por las que hemos presentado la solicitud de comparecencia, e incluso una pregunta por escrito. Somos
conocedores, porque conocemos el Reglamento 2371 y lo que dice el artículo 27, pero evidentemente también somos conocedores de que estas inspecciones sólo se pueden hacer si existe un programa específico; y desconocemos que ese programa específico
exista. Por eso le hacemos una serie de preguntas que nos parece oportuno que usted nos conteste, porque no contestó a nada de lo que podría, desde nuestro punto de vista, justificar estas inspecciones.



Hay algo que nos parece importante, y es si además de conocer el Gobierno que los inspectores pueden hacer estas inspecciones, conocía las razones por las que las hicieron, si conocía las razones de por qué se les hizo esa inspección a la
flota de Mauritania y, posteriormente, a las flotas de NAFO, habida cuenta de que cualquiera de estas flotas tiene las correspondientes inspecciones en el momento y en el lugar correspondiente. No es por casualidad que concretamente los buques que
operan en Mauritania estén obligados a llevar un sistema de localización SLD que emite las posiciones de los buques a las autoridades mauritanas.
Además, señor secretario general, eso lo sabemos todos, al abandonar el caladero mauritano estos
buques cefalopoderos están obligados a pasar por una inspección en puerto, una inspección que por cierto muchos armadores consideran incluso vejatoria. En este caso la flota de Mauritania no sólo tuvo las inspecciones correspondientes al caladero
de Mauritania donde estaban faenando, sino además esta otra inspección de la Comisión Europea, pero sin previo aviso. Nosotros desconocemos, y por eso preguntamos, si era conocedor el Gobierno o si, posteriormente, el Gobierno pidió alguna
explicación al respecto. Esto vuelve a repetirse con la flota de NAFO, y sobre todo vuelve a repetirse incluso con, digamos, un agravio mayor en la medida en que de cuatro inspectores que vienen de la Comisión dos sí avisaron previamente de su
presencia y otros dos no, incluso esta inspección que en principio iba a ser en el puerto de Vigo después se hizo en otros puertos de Galicia. Nos gustaría que el Gobierno nos diera explicaciones al respecto, independientemente de la potestad que
pueda tener la Comisión Europea en relación con esto. Y lo hacemos sobre todo por algo que le decía al principio: nos preocupa que estas inspecciones estén relacionadas con ese trabajo que se está haciendo de acuerdo a lo que hay que aprobar el
próximo año de la nueva política común de pesca. Nos preocupa porque hay datos que nos llevan en esa dirección, y realmente esto no nos gusta en absoluto, y es que al final algo que en su momento manifestamos ya como una preocupación sea verdad:
que la agencia de inspección de pesca que existe en este momento en Vigo sirva para hacer unas inspecciones que parecen más persecución que otra cosa. No sabemos si estas inspecciones llevadas de esta manera por la Comisión Europea tienen relación
con otras cuestiones que usted trató en su comparecencia y que también trató el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que son la situación de la inspección del propio Estado español. Pero por lo que nosotros sabemos no tiene absolutamente nada
que ver una cosa con la otra, y nos parece que, a no ser que usted nos diga lo contrario, estas inspecciones no fueron justificadas. Por eso, en la medida en que a nosotros nos parece que no fueron justificadas preguntamos si para el Gobierno
fueron justificadas, si el Gobierno tenía conocimiento, si el Gobierno no tenía conocimiento, si pidió posteriormente explicaciones y si efectivamente el Gobierno entiende que existe alguna razón para que la inspección de pesca de la Comisión
Europea tenga que venir a los puertos españoles, y concretamente a los puertos de Galicia, a hacer unas exhaustivas inspecciones a mayores, no al margen, porque los inspectores propios del Estado español, una vez que iniciaron la inspección, estaban
presentes, pero que no entendemos muy bien, como vuelvo a decir, por qué se ha hecho. Nos gustaría que nos explicaran esto. Nos gustaría saber si esto tiene algo que ver con la renovación de los acuerdos con Mauritania, cuestión que nos preocupa
porque sabe que la flota mauritana en el último acuerdo también sufrió ya una reducción. Y también el tema de NAFO: hay que tener en cuenta que el sector de NAFO no solamente está preocupado por el tema de estas inspecciones, yo diría, utilizando
términos que se escucharon a gente del sector, está cabreado por estas inspecciones, pero sobre todo porque llueve sobre mojado en relación con la preocupación del sector por las cuotas del fletán en esta pesquería. De ahí que, señor secretario
general, tengamos tanta preocupación por


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estas inspecciones, porque nos preocupa que esto signifique una persecución a una flota que fue pionera en muchos caladeros, incluso desde el punto de vista investigador, y que después del descubrimiento de muchos caladeros tengan que
repartirlos con otras flotas de otros Estados europeos. No discutimos esto, porque evidentemente el mar es de todos y no solamente de una parte, pero sí discutimos que después de, digamos, el esfuerzo que hace una flota pesquera como la española o
la gallega, se tenga que ver perjudicada por unas políticas que no son precisamente, desde nuestro punto de vista, objetivas, y que no están además justificadas en lo que sería un reparto no tanto equitativo sino justo a la realidad del esfuerzo
pesquero que cada Estado tiene en la actualidad.



Nada más, señor presidente, y espero la respuesta del señor secretario general.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Canet.



El señor CANET I COMA: Gracias, señor secretario general del Mar, por sus explicaciones. Me voy a limitar a dos cuestiones que en estos momentos, quizá por razones de actualidad, a mi grupo le interesan especialmente, y compartiré el
tiempo con Joan Herrera.



En primer lugar, como ya ha preguntado también y ha expuesto en sus reflexiones la portavoz de Convergència i Unió, el tema de la reserva marina de las Illes Formigues. Y ahí le planteo dos temas: de una parte la posición de mi grupo, y
luego unas cuantas preguntas concretas que seguramente coincidirán en buena parte con las que le ha hecho ya la portavoz de Convergència i Unió, porque responden a inquietudes del territorio, y que a efectos de acta me interesará, al menos la
mayoría de ellas, volver a plantearlas; insisto, a efectos de acta.



Me ha parecido, iba a decir que muy optimista su planteamiento que ha expuesto al principio al hablar del tema, porque en realidad en tres días -ayer, hoy y mañana- parece que a nivel de publicidad todo se haya resuelto, una reunión ayer -me
consta- en el ministerio, creo que hoy se mantiene otra en el territorio y mañana, usted lo ha dicho, se anuncia ya el proyecto de orden ministerial. En cualquier caso, mi grupo, como le decía, se muestra en general favorable a la posición, pero,
eso sí, escuchando al territorio. Nuestra posición dependerá de cómo se acabe resolviendo, mañana lo conoceremos, el texto. Por ejemplo, si ese texto acoge las demandas que les han hecho llegar, creo que con profusión, los municipios afectados;
si realmente el texto permite compatibilizar los intereses pesqueros, por ejemplo, prohibiendo la pesca de arrastre, con los turísticos, por ejemplo, teniendo en cuenta los centros de buceo; si el texto asume que las limitaciones se concentren
básicamente, como decía, en pesca de arrastre y submarina; y luego si también los municipios afectados han sido convenientemente informados. Me imagino que usted me dirá que sí y los municipios nos han dicho que no del todo, pero me gustará
escuchar su opinión.



En cuanto a preguntas concretas que le quería formular, por ejemplo, el detalle de la propuesta del ministerio sobre fondeos y soluciones técnicas para disponer del fondeo en calas, especialmente importante en la zona de Palafrugell, ¿cuál
será la composición de la comisión de seguimiento? ¿Habrá mayoría del territorio o de la Administración autonómica? Creo que es una reivindicación que los municipios han hecho insistentemente en lo que ellos llaman reclamar la gestión de la
reserva desde el territorio. ¿Se van a modificar los límites para no afectar a los campos de boyas o se incluirá en los límites de la reserva marina todo el litoral de Palafrugell, con algunas calas emblemáticas, como por ejemplo Tamariu o Aigua
Xelida, y si, como se presupone, no se podrá realizar pesca de arrastre en zona de reserva marítima de interés pesquero una vez delimitada ni siquiera a través de una moratoria?


Eso en cuanto al tema de la reserva marina de las Illes Formigues. El otro tema de impacto social, no solamente político, en la zona de la Costa Brava son los casos de Empuriabrava, pero también el de Santa Margarida y de Sant Pere
Pescador, con el conflicto de fondo que ya se ha expuesto.
Precisamente ayer hubo una protesta masiva de propietarios de la zona de Empuriabrava ante la representación del ministerio en la provincia de Girona. Y la queja concreta en este momento
era las pocas respuestas a las más de cuatro mil alegaciones que según los propietarios les impide reaccionar jurídicamente. En cualquier caso, usted sabe perfectamente, porque ha atendido con mucha corrección en su despacho las representaciones de
los tres municipios que se han dirigido allí, cuál sería la situación en estos momentos, si ha variado la posición del ministerio, si no ha variado, y no sólo en cuanto a si se va a cumplir o no lo que se aprobó aquí a través de una proposición no
de ley, como le ha explicado la portavoz de Convergència y Unió, sino, como le decía, si habrá rapidez en la respuesta a estas alegaciones y sobre todo si se tendrán en cuenta, en casos como el de Sant Pere Pescador, los informes contundentes de la
Agència Catalana de l'Aigua, que cree haber realizado ya -y creo que lo demuestra, al menos sus responsables así lo dicen- una delimitación anterior, con lo cual esta, la que pretende el ministerio, no sería ahora conveniente ni necesaria.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor Herrera, de Iniciativa per Catalunya.



El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, señor Fragueiro, le pido disculpas por no haber asistido a toda su comparecencia; le he seguido por el canal de televisión porque he tenido que seguir también otra comparecencia, pero queríamos que
usted compareciese para explicar no sólo la política en materia de pesca, sino en diversos y diferentes aspectos. En primer lugar, en


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todo lo que se refiere a la Ley de Costas. Usted ha hecho declaraciones al respecto. Quiero destacar una entrevista que apareció en pleno mes de agosto hablando de la Ley de Costas y sobre la que nuestro grupo parlamentario presentó varias
preguntas que aún no han sido contestadas pero que usted tiene hoy la oportunidad de aclarar. Y lo digo porque creo que en dichas declaraciones lo que llegó a ponerse en duda precisamente fue el proceso de expropiaciones que inició el Gobierno
anterior en una costa, la española, que no es precisamente virgen, que necesita la recuperación de diferentes espacios y que, a entender por sus declaraciones, lo que van a hacer es, como mínimo, parar dicha política.
En primer lugar porque
entiendo de sus declaraciones que se ponía en duda la eficacia del gasto que cuestan dichas expropiaciones, porque además ustedes no han pedido ejecutar una sentencia, y una sentencia que en el caso de Algarrobico es más que clara, y porque en
definitiva ustedes lo fían todo a lo que hagan las diferentes administraciones concernidas en el asunto, sin tener en cuenta que ustedes deben actuar. No voy a relatar dicha entrevista, pero le puedo decir que a mi grupo parlamentario, a
Iniciativa, pero a la mayoría de las organizaciones ecologistas, y creo que a cualquier persona que le preocupe decisivamente la preservación del litoral, le preocuparon las afirmaciones que usted vertió en dicha entrevista. Y le preocuparon que
dichas afirmaciones vayan en consonancia con la política que está siguiendo el Gobierno en los últimos tiempos en materia de costas. Allí se afirmó que: el presupuesto de Costas es de 250 millones y queremos primar actuaciones que generen ingresos
a los empresarios y salvaguarden empleos, más que un programa de adquisición de fincas para preservarlas.



Bueno, yo creo que esta afirmación es toda una declaración de intenciones.
Y las preguntas son sencillas. Si usted continúa afirmando eso, que no se generen empleos, si se considera que se puede negociar la aplicación de la Ley de Costas
y, por tanto, no derribar infraestructuras que estén en dominio público terrestre, quería que me dijese si se pueden valorar como positivas o no las expropiaciones aprobadas en la anterior legislatura, debido a que los acontecimientos evolucionan, y
le cito a usted explícitamente. Querría saber, en torno a la política de costas que se ha realizado en esta legislatura, ¿cómo valora la paralización de los procesos de expropiación de hoteles ilegales, como el Algarrobico o el Papagayo Arena? ¿Se
van a plantear mayores modificaciones en la Ley de Costas a través de nuevas tramitaciones de leyes, como ha pasado recientemente? Y quería también conocer por qué se retiró el recurso en el Tribunal Supremo para ampliar la servidumbre de
protección de la ría de Arousa, Pontevedra, de veinte a cien metros. ¿Por qué motivo el Gobierno retiró precisamente el recurso en este caso?


Segundo aspecto que quería poner encima de la mesa, concerniente a la política de pesca. Sabe usted que la Comisión Europea señaló que el 30 por ciento de las poblaciones de peces están por debajo de los límites biológicos de seguridad. Se
ha considerado que si no se toman medidas radicales, en pocos años los mares europeos quedarán esquilmados y el sector pesquero desaparecerá. Y en cambio creo que en su intervención y en su reflexión se habla siempre y en cualquier caso del
mantenimiento de los puestos de trabajo, sin tener presente que precisamente la sobreexplotación a lo que llevará a medio y largo plazo es a que estos puestos de trabajo no puedan mantenerse porque se habrán esquilmado los caladeros.



La Comisión considera que la mayoría de las pesquerías europeas padecen sobreexplotación, y los expertos estiman que el 88 por ciento de las capturas ya se realizan por encima del umbral de producción máxima equilibrada. Y quería saber si
el Gobierno comparte dicho análisis de la situación de los mares europeos que, de confirmarse, va a suponer además una catástrofe ecológica, pero también económica, de primera magnitud.



Quería preguntarle si tienen intención o no de impulsar medidas que permitan invertir la tendencia a la pérdida de poblaciones de peces en el mar español. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, que espero que sí, ¿qué medidas
concretas? Porque la realidad es que estamos avanzando, pero en la línea opuesta. Y como ejemplo un botón: la política en torno al atún por parte del Gobierno español ha sido precisamente que aquello que se aprobó en esta Comisión, sí, aquello
que se aprobó de que hubiese reservas para la reproducción del atún en el Mediterráneo, concretamente en el sur de las Islas Baleares, eso no se ha cumplido. Y es más, sabemos y nos consta, porque también conocemos gente que ha estado sobre el
terreno, que en cumbres como la de Marrakech o en otros foros internacionales el papel del Gobierno español ha sido exactamente el opuesto a lo que esta Comisión ha aprobado. Sabemos que ese ha sido el papel, pero la realidad es que la política del
Gobierno es diametralmente opuesta a lo que esta Cámara ha aprobado y a lo que nosotros entendemos que es de sentido común.



Ya para acabar, señor presidente, y ceñirme al tiempo al haberlo compartido con mi compañero Canet, quería hacerle toda una serie de preguntas. Sabe usted que Greenpeace, organización ecologista y que también defiende precisamente el
mantenimiento de los caladeros y de la explotación de dichos caladeros, pero con criterios simplemente razonables, denunció ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional y ante la cumbre de Pesca Bianual de la Organización Mundial de Alimentación y
Agricultura, ante la FAO, que el Ministerio de Medioambiente, y Medio Rural y Marino había subvencionado al entramado de empresas pesqueras del armador de Ribeira, Antonio Vidal Suárez, pese a que sus barcos y actividad forman parte de las listas
negras por pesca ilegal de la Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos.
Es así. Quería que me dijese


la opinión que le merece dicha denuncia. Si tiene intención o no el Gobierno de suspender las licencias de


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navegación y pesca a los barcos de este armador, como consecuencia de dicha denuncia; si tiene o no intención el Gobierno de estudiar la posibilidad de anular dichas subvenciones a un armador que pesca ilegalmente; si tiene intención el
Gobierno de tomar las medidas necesarias para impedir que otros armadores que pesquen ilegalmente reciban dinero público. Y en consecuencia, cómo garantizará que el apoyo público vaya destinado exclusivamente a los armadores que cumplan con la
legalidad vigente en materia de pesca. Y cómo van a comprobar antes de conceder una subvención a un armador si está o no incluido en las listas negras por pesca ilegal de esta Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos.



Para acabar quisiera sumarme a las peticiones de información que le han hecho el señor Canet y la señora Surroca, pese a tener un punto de vista de partida positivo, en este caso claramente positivo en torno a las Illes Formigues y lo que se
puede hacer allí, pero, en cualquier caso, sumarme a esa petición de información y, por supuesto, a las condolencias que han expresado aquellos que me han precedido en el uso de la palabra por el fallecimiento del señor Pazos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Yo también quisiera empezar transmitiendo mi condolencia, a través de la compañera Olaia Fernández Davila, a la familia de Miguel Pazos que, como dijo Olaia, era un hombre del sector y era un hombre del sector para
todos.



Entrando en materia, quisiera agradecer al secretario general del Mar la información interesante que nos ha facilitado sobre la situación actual y el futuro de la política pesquera común. Quisiera valorar muy positivamente su propuesta,
porque creo que estamos en una coyuntura muy particular: se termina un ciclo y comienza otro ciclo. Se termina un ciclo que comenzó en el año 2002, con una reforma que tuvo la bendición del Gobierno del Partido Popular y que fue una política que
no dio grandes resultados. A veces, estas deficiencias que se están denunciando aquí, dependen también de aquellas herencias, porque no todo empezó con el señor Fragueiro. Yo recuerdo -está escrito- que había ya campañas experimentales en 2002,
2003 y 2004. Si tiene memoria histórica, el señor Fragueiro podrá decirnos también qué resultados se pueden deducir de aquellas campañas experimentales que se realizaron antes de que llegara usted a la Secretaría General del Mar, porque parece que
los problemas comienzan cuando ocupa el cargo.



Es un hecho que hoy el sector pesquero atraviesa una crisis, como también es un hecho que hoy el conjunto de la economía atraviesa una crisis, la del sector pesquero. El Libro Blanco de la pesca la explica, en parte, por una sobrepesca
generalizada que atribuye a la política pesquera común del año 2002, es decir, hubo una sobrepesca porque hay hoy aún una flota que no se corresponde con los recursos existentes, lo cual provoca una falta de rentabilidad de esa flota, así como una
sobrepesca para que cada salida al mar sea rentable económicamente. Pero aun así, en muchos casos el resultado de este desajuste entre recursos y flota ha originado pérdidas económicas importantes a muchas empresas del sector. Si a esto unimos que
entre el año 2002 y la actualidad hubo algunas crisis coyunturales, fundamentalmente como consecuencia de la subida de los carburantes e incluso de caídas en la demanda del sector, tenemos como consecuencia un sector -y hay que decirlo- cada vez más
dependiente de fondos públicos. Hay que añadir que en la política que ahora se está revisando los parámetros medioambientales no fueron fundamentales en la formulación de la política pesquera hoy en día -nos ha ilustrado sobre el tema el portavoz
de IU- están de plena actualidad, y la sostenibilidad forma parte ya de la vida cotidiana. Eso requiere otras políticas y el Gobierno del que es responsable usted, señor Fragueiro, está trabajando ya en ese tema, porque las reservas marinas que se
están impulsando con fuerza, son una forma eficiente de contribuir a esa sostenibilidad, a la recuperación de los recursos marinos. La política que usted nos ofrece (es muy interesante seguir ese debate) pretende ser respetuosa con el medio
ambiente, puede ser menos costosa, más fácil de gestionar y, señora Davila, algo muy importante para usted y para mí, pues vivimos en un país bastante dependiente de la pesca, el nuevo modelo pretende una política pesquera integrada en el resto de
las actividades económicas marinas y costeras, así como el desarrollo integral de la franja costera, algo para nosotros muy importante.



Muchos de estos aspectos, como es natural y se nota, no fueron abordados en la política pesquera aprobada en 2002, como tampoco fue seguido en aquel proceso algo que se reclama ahora. En este proceso se está reclamando -y nosotros también
lo reclamamos, señor secretario general- que la propuesta española a presentar en la Unión Europea cuente con la colaboración del sector y que en ella haya la máxima participación. Y sé que están trabajando en este tema y por eso me gustaría, señor
secretario general, que para terminar nos hiciera una pequeña hoja de ruta de las actuaciones previstas para determinar la posición española, una posición que quisiéramos consensuada para ser trasladada a Bruselas.



De la comparecencia de hoy lo importante es el análisis de un pasado al que no renunciamos, pero que generó problemas que estamos ahora solucionando, y sobre todo prepararnos para un futuro que está ahí, que va a ser muy exigente, que nos va
a forzar a realizar importantes reformas estructurales y que no va a tener como base únicamente la financiación pública, sino que el sector productivo va a tener que implicarse no solamente en la transformación de sus embarcaciones, sino en adaptar
las embarcaciones a las nuevas realidades y


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también en un proceso de transformación que exige la sociedad moderna y que hasta ahora no ha sido abordado; proceso que no tiene que abordar en exclusivo el sector público. El sector público tiene que ser un colaborador eficaz, pero no
puede financiar cualquier iniciativa a favor del sector. Ahora que estamos con presupuestos y a algunos nos toca trabajar en más de una materia, vemos que las reducciones no son solo para el sector pesquero, sino que el sacrificio en una etapa de
crisis afecta a todos.



En consecuencia, demandamos que se siga con las reformas, si pueden ser baratitas, mejor, pero que no se dejen de hacer porque después de la crisis vendrá la bonanza y habrá que estar preparado para ello.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Concluidas las intervenciones de los portavoces, esta Presidencia entiende, señor secretario general, que se han suscitado aquí algunas materias que no figuran inicialmente en el orden del día y, por
tanto, no existe obligación por su parte de contestar. Si voluntariamente S.S. quiere responder, lo puede hacer. Si no, esta Presidencia entiende que se contestarán en su momento y por los cauces reglamentarios (por escrito o de la forma que
entienda conveniente el ministerio) se dará satisfacción a las demandas de materias que, repito, no figuran en el orden del día.



Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra el señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Yo también me uno a las condolencias por el fallecimiento del patrón de la cofradía de Pontevedra, como han hecho todos los portavoces que hoy han participado en esta Comisión.



Voy a seguir cronológicamente el orden de las intervenciones, y vamos a empezar por la primera comparecencia que ha solicitado el señor portavoz del Partido Popular del Congreso sobre las anomalías denunciadas por el sector pesquero a los
proyectos piloto de pesca experimental. Es una cuestión que se ha contestado de forma suficiente. Se ha debatido en una de las últimas comparecencias que ha tenido la ministra en esta Cámara, pero yo voy a ser muy claro al respecto. En primer
lugar, los criterios o baremos que se han utilizado a la hora de adjudicar en régimen de concurrencia todos los proyectos piloto de pesca experimental son los que están previstos en la orden de 21 de marzo de 2000 y, en concreto, el carácter
innovador, el empleo de artes nuevas o selectivas, el interés de las especies a capturar, las zonas o áreas de pesca en las que se lleven a cabo y, por último, el grado de interés científico de la campaña piloto. En cuanto a su valoración
económica, que ha sido la misma desde el año 2000, no es un tema nuevo, se ha realizado teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 4 de la citada orden, atendiendo a las características de cada acción piloto, es
decir, la duración, la capacidad del buque pesquero (arqueo en GT y la potencia), el número de tripulantes, el consumo de combustible, los costes de explotación, teniendo en cuenta además los montantes financieros de que dispone la Administración
para cada convocatoria.



La segunda de las cuestiones que planteaba era razones de por qué barcos de las mismas características, o incluso el mismo barco, pasen de recibir unas subvenciones en un periodo a otra cantidad diferente en años posteriores. Pues bien, la
valoración económica de las subvenciones que se conceden a las acciones piloto se tienen en cuenta utilizando los criterios establecidos en el artículo antes citado, y las acciones piloto que puedan haberse concedido al mismo barco en diferentes
convocatorias responden a las características específicas de cada una de las campañas piloto, y por tanto no se repite la misma acción piloto en el mismo barco y las ayudas que se conceden, en consecuencia, son diferentes.



En cuanto a la notificación a los interesados de los proyectos piloto, todas las resoluciones correspondientes a la selección de proyectos fueron comunicadas a los interesados desde el año 2007, tanto las seleccionadas como las desestimadas.
Y los proyectos que fueron desestimados, obviamente en ese régimen de concurrencia pueden volver a solicitar las ayudas financieras en siguientes convocatorias. Ni en 2008 ni en 2009 ha habido convocatorias, por falta de disponibilidad financiera
en el programa operativo del IFOP. Actualmente se está concluyendo una nueva orden ministerial, adaptada al Fondo Europeo de la Pesca con las peculiaridades y características previstas en la nueva normativa a la que se puedan acoger todos los
proyectos anteriores que no fueron seleccionados. Además, escucharemos atentamente todas las observaciones que formulen las distintas organizaciones pesqueras.



En cuanto a la falta de transparencia en el proceso de selección con repetición de subvenciones a los mismos barcos, tengo que decir que nuestro ministerio durante el año 2008 ha recibido tres escritos de asociaciones pesqueras que no habían
sido seleccionadas para la realización de proyectos piloto referentes exclusivamente a la segunda convocatoria correspondiente del año 2007, y fueron escritos respondidos por el ministerio. Las ayudas que se han otorgado responden lógicamente al
principio de legalidad que rige la actuación de la Administración.
Todos los expedientes son sometidos a un proceso de fiscalización previa, a la resolución de la concesión de las ayudas por parte de la intervención delegada de la Intervención
General del Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que ejerce la función de interventora y el control financiero de acuerdo con la normativa que en cada caso resulta aplicable.



El objeto de las cuestiones formuladas se centra en los procesos y criterios de selección. Desde este ministerio ratificamos y ponemos de manifiesto una vez más que en las decisiones de selección de proyectos subvencionados se aplica de
forma rigurosa y estrictamente lo


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previsto en la normativa nacional y comunitaria, tomando las debidas precauciones y garantías legales en ese proceso de concurrencia competitiva y comunicando dichas decisiones a los interesados. Todos los proyectos son informados desde el
punto de vista científico por parte del Instituto Español de Oceanografía u otros institutos de investigación, como el Instituto Asti en el País Vasco, como el Instituto Canario de Ciencias Marinas, que incluye además un plan concreto de actividades
que ha de realizar durante el proyecto piloto. Muchas veces son los organismos científicos los que promueven una serie de campañas directamente con las organizaciones de los armadores -ese dato es significativo-, así como también los costes máximos
del seguimiento científico. El informe citado se refiere al carácter innovador del proyecto, el empleo de artes nuevas o selectivas y, como decía, nuevas zonas o áreas de pesca distintas a las que faena la flota comunitaria y, cómo no, la
incidencia del tiempo en cuanto a la duración de la campaña.
A continuación existe una junta de selección que está formada por representantes de la Dirección General de Ordenación Pesquera (anteriormente la Dirección de Estructuras y Mercados), por
la Dirección General de Recursos Pesqueros (ahora Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura), por parte del Instituto Español de Oceanografía u organismo designado, realizan la evaluación y la selección definitiva de los proyectos que se
eleva posteriormente a la Dirección General de Ordenación Pesquera. Esta es la que formula la propuesta de resolución de los solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda, con indicación de la cuantía propuesta y con la
financiación, tanto lo que corresponde a los fondos comunitarios como lo que corresponde a la financiación nacional, y por supuesto, la cantidad que corre a cargo del beneficiario. Por último se dicta una resolución motivada para cada beneficiario,
que es notificada de forma individualizada. En cuanto a la difusión de los conocimientos técnicos sobre las tecnologías ensayadas en las campañas experimentales, como comprenderá, no son para uso exclusivo del que ha hecho la campaña, sino que es
para uso de toda la comunidad científica y de toda la comunidad pescadora. Lo que hemos hecho, en aras de transparencia, es insertar en nuestra página web un resumen de cada una de las campañas, debido a la dimensión del informe científico antes y
post de la campaña. No obstante, cualquier pescador de cualquier organización pesquera española que desee una copia íntegra de cada uno de esos informes, por parte de la Administración del Estado, la Secretaría General del Mar lo pondrá a
disposición de todos aquellos que lo soliciten. Esta información, como conocen SS.SS., obra desde el pasado mes de septiembre y se puede acceder a ella a través de la página web de nuestro ministerio.



En cuanto a la segunda de las cuestiones que planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas urgentes sobre la situación grave del sector pesquero (ha hablado incluso del descenso del consumo de pescado), creo
que los datos de nuestro panel de consumo nos indican que los productos de la pesca han tenido un incremento tanto en las conservas como en los productos elaborados, aunque sí hayan sufrido una pequeña reducción los productos en congelado y los
productos en fresco. Evaluando el consumo total de productos de la pesca en sus diferentes versiones, si tomamos como referencia septiembre de 2009 a septiembre de 2008, o junio de 2009 a junio de 2008, solamente hasta ese periodo le puedo decir
que hay un incremento del 0,8 por ciento en el consumo de los productos de la pesca. Son datos constatables y perfectamente verificables. Hace muy poquitos días hemos visto también los resultados del mes de septiembre, incluso algunos medios de
comunicación han recogido esta información.



En el marco de las medidas adoptadas ante la crisis económica, medidas que efectivamente hemos destinado fundamentalmente a ajuste de flota y en cuanto a las paralizaciones definitivas, y no a algunas de las cuestiones que efectivamente
están previstas en el reglamento 744, lógicamente atendemos a la petición generalizada del sector pesquero. Y la priorización del sector pesquero español, englobado en la patronal Cepesca y en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha
sido precisamente el ajuste de esfuerzo en el Eje 1. Esta mañana la ministra ha tenido ocasión de desglosar de forma perfectamente meridiana y clara cada una de aquellas acciones en las cuales el Gobierno ha puesto en marcha las medidas basadas en
ese reglamento. Podemos repetir desde la orden de merluza sur y cigala, por no citar el enunciado completo, donde hemos llevado a cabo la tramitación para el pago de las correspondientes ayudas en las diferentes comunidades autónomas con buques
afectados por paradas temporales, alcanzando la cifra de 5.700.282,78 euros; en cuanto a la merluza norte, 12.110.980,81 euros; y por otra parte estamos recibiendo las primeras solicitudes de ayuda correspondientes a las siguientes órdenes
ministeriales para buques con puerto base en Ceuta y Melilla, así como otras cuestiones.



Con independencia de analizar ahora cifra a cifra todas las modalidades, porque vuelvo a repetir que esta mañana la ministra ha tenido la oportunidad de presentarlas, en nuestra página web está colgada esa información y se actualiza
lógicamente semana a semana, a mí me gustaría hacer referencia a aquellos casos (estoy de acuerdo con usted, señor García Díez) en los que no estamos satisfechos porque un armador o un tripulante ha dejado de percibir ayudas. Aunque hay unos
porcentajes de ejecución realmente muy elevados, de un 91 por ciento aproximadamente en merluza sur, de un 92,6 por ciento aproximadamente en merluza norte, citemos el caso del puerto de Burela, que he traído como ejemplo, en donde en merluza sur y
cigala solamente son diez buques, noventa días de paralización y ya han solicitado los tres periodos; en NEAF hay 17 buques que ya han solicitado, y en muchos casos percibido, los cuatro


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periodos de paralización, porque ha sido también una paralización a la carta, no fue una paralización continuada, ha sido en cómodos plazos; y en palangre de superficie, hay 20 buques con treinta días y un periodo.
Pues bien, de estos 47
buques -vuelvo a poner el ejemplo del puerto de Burela- hasta la fecha hemos recibido estas solicitudes. Y en muchos casos algunas no han podido ser atendidas porque por parte de los armadores todavía no se han aportado requisitos que se contemplan
en la orden correspondiente para ser acreedores de ese tipo de ayudas. Desde aquí les animo a esos armadores que no han presentado su documentación, a quienes no estamos aplicando de forma taxativa la Ley de Procedimiento Administrativo para el
cumplimiento de unas obligaciones que están marcadas precisamente en la ley, les estamos dando cómodos plazos para que cumplan los requerimientos a que obligan las órdenes ministeriales.
En este aspecto me considero muy tranquilo con el trabajo que
hemos hecho, porque yo incluso personalmente he llamado a organizaciones del sector para que nos presenten la documentación para poder hacer efectivos los pagos correspondientes. Y no lo ha hecho un funcionario, lo digo con respeto a todos los
funcionarios; he llamado personalmente a organizaciones porque si tenemos comprometido gasto público en los capítulos 6 y 7 de nuestros presupuestos, queremos ejecutar el cien por cien del gasto que nos están pidiendo las organizaciones del sector.



No voy a entrar tampoco en las cifras de los tripulantes para los cuales la Administración del Estado, en base a las cifras del sector, ha reservado cantidades en muchos casos superiores al número de tripulantes que realmente tienen las
distintas organizaciones del sector, y hemos pagados al ISM, organismo tramitador de las mismas cantidades que luego obviamente van a quedar por debajo de esas cifras. Cuando se dice que hay 4.000 tripulantes en palangre de superficie y doscientos
y pico barcos españoles; ¿sabe S.S. cuántos tripulantes del palangre de superficie han solicitado las ayudas? 286. No hay 4.000 tripulantes en el palangre de superficie. ¿Cuántos tripulantes han solicitado las ayudas de la paralización de NAFO?
143, en 17 buques congeladores, a los cuales se asigna una cantidad de casi 4,5 millones de euros; para 17 buques. Eso lo venimos haciendo desde el año 2004. Luego se preocupan del techo financiero que tenemos asignado, que es el 4 por ciento del
Fondo Europeo de la Pesca. Y a pesar de que el equipo A, o de los ministros que en la reunión de Venecia han promovido la modificación del reglamento 744, se ha conseguido porque era petición unánime del sector duplicar la cantidad asignada en el
FEP de un 4 por ciento, llegar hasta una cifra que es el 8 por ciento.



Paso a la tercera parte de la comparecencia solicitada sobre las conclusiones del acuerdo del Consejo de Ministros del mes de julio de 2008, cuando, como acabo de decir, se adoptó el acuerdo por el que se aprobó el reglamento 744. Ese
reglamento se fundamenta en la situación económica del sector, que vino motivada ni más ni menos que por el aumento de los costes del combustible. Este Gobierno no ha sido sospechoso en la primera situación de crisis, allá por el año 2005, ni en la
segunda, en el año 2008, de no haber atendido de forma adecuada a todo el colectivo del sector pesquero español, sin exclusión ni discriminación alguna, y las medidas se centran en atender las dificultades económicas de la flota española y la
necesidad de abordar el exceso de capacidad general de la flota.



Quiero hacer un inciso. S.S. hacía referencia a que el sector pesquero español no estaba satisfecho con el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros del pasado mes de octubre. Aquí no vamos a hacer una comparación exacta con
el carné por puntos. El carné por puntos significa restar puntos cada vez que se comete una infracción de tráfico, de circulación. Además, con el carné por puntos se le quita igual al conductor que tiene un Ferrari, que por lo tanto tiene un poder
adquisitivo importante, como al conductor que tiene un Seiscientos, que a lo mejor no tiene tanto poder adquisitivo. Pues bien, en el nuevo reglamento de control hay un tratamiento uniforme y podemos decir que están socializadas las sanciones en la
pesca, porque es posible que en muchos casos aquellos armadores que tuviesen poder económico no tendrían ningún inconveniente en poder hacer frente a una infracción de tipo pesquero, porque les resultaba rentable seguir llevando a cabo una serie de
actuaciones ilícitas y, sin embargo, el pescador responsable no cometía una infracción en materia de pesca, porque además él no podría, en base, a lo mejor, a su rentabilidad, poder hacer frente a esa sanción.
Entonces, hay opiniones para todos los
gustos. Hemos leído opiniones como: no tenemos ningún miedo al carné por puntos, porque estamos preparados para ello. Usted sabe muy bien, señor García Díez, como yo, quiénes se oponen al carné por puntos, y no vamos a mencionar a nadie, porque
no es necesario. Creo que para cualquier armador español es importante que ahora haya un marco uniforme; si vas con una malla antirreglamentaria, que te aplique la misma sanción España, Portugal, Reino Unido, Francia o Irlanda es un paso positivo,
porque no hay discriminación, porque ahora mismo todo el mundo está comparando qué es lo que me hacen en otro sitio. Por otra parte, la Comisión no va a tener la potestad para poder decir por ejemplo: por la infracción de no colgar usted el diario
electrónico, imaginemos, son cuatro puntos. La Comisión, para llevar a cabo lo que es la puntuación, baremar lo que son las infracciones, estará con los Estados miembros, y entre todos se buscará una fórmula, vuelvo a repetir, que sea unívoca,
uniforme y que no sea discriminatoria por razón de territorio, ya que estamos en un espacio común. Los acuerdos de ese Consejo de Ministros al que hacía referencia han permitido una reprogramación que, como dije también durante mi intervención
inicial, ha supuesto aumentar las dotaciones para el eje 1, que es el de ajuste de esfuerzo, con una contribución, como dije, creo, en mi intervención,


de 186 millones de euros, de los cuales 134 ó 133 y pico


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corresponden al FEP y los restantes 53 corresponden a la Administración del Estado, así como algunas cantidades adicionales que han comprometido las comunidades autónomas. Todas las demás acciones que están contempladas dentro de lo que es
el nuevo Reglamento 744, que modifica el Reglamento del FEP inicial, se han hecho -vuelvo a repetir- de común acuerdo con el sector pesquero.



Otra cuestión que ha suscitado usted, señor García Díez, es la que se refiere a la situación de las inspecciones pesqueras desde el inicio de la huelga. Lógicamente, cuando un determinado colectivo, sobre la base de una presión, consigue
sus objetivos, eso provoca un efecto dominó. Eso pasa en todos los campos de la Administración pública, de la administración privada, etcétera. Pues bien, quiero decirle que las funciones que hoy tienen atribuidas los inspectores de nuestros
servicios se recogen en un articulado que aparece desarrollado en lo que es la estructura básica de nuestro ministerio, y también las que se establecen de forma concreta en base a un reglamento del año 2003 que regula el ejercicio de lo que son las
funciones de control e inspección de las actividades pesqueras. Además de esas actuaciones que están desempeñadas por los funcionarios que están adscritos a estos servicios de inspección, contamos con los efectivos de la Armada y de la Guardia
Civil habilitados en muchas ocasiones sobre la base de unos convenios suscritos con el Ministerio del Interior actualmente en vigor, que exigen que un número de jornadas anuales se dedique precisamente a lo que es la inspección y el control de las
actividades pesqueras. En relación ya concretamente con la situación a la que usted ha hecho referencia, tengo que decirle que se han venido desarrollando conversaciones y negociaciones oportunas entre las partes interesadas y los departamentos
ministeriales afectados -sabe que hay parte funcional y parte orgánica, es decir, funcionalmente dependen de un ministerio y orgánicamente dependen de otro ministerio-, con el fin de llegar a un entendimiento respecto al desarrollo del cometido
profesional de los funcionarios que están adscritos a los servicios de inspección de pesca marítima. Voy a ser muy claro en este aspecto. El acuerdo, que prácticamente está ultimado y aceptado ya por una gran parte del colectivo, es que se vincule
la productividad no como una productividad modular, sino una productividad vinculada al trabajo efectivo que tienen que realizar los inspectores. Entonces habrá productividades de equis y habrá productividades de equis más veinte. No con carácter
discrecional, sino en relación con el trabajo que efectúen los inspectores. Pero tengo que decirle que, a pesar de eso y en casos muy contados, se ha llevado a cabo por parte de los servicios de inspección desde mayo del año 2008 un número de
actuaciones a las que he hecho referencia en mi anterior intervención y que creo que no es necesario reproducir. A día de hoy le puedo confirmar que tenemos un total de 78 inspectores de pesca ubicados en la periferia y 13 inspectores de pesca
ubicados en los servicios centrales. En total son 91. Además, hay otros 8 inspectores de pesca que han aprobado la oposición y que prevemos se incorporen inmediatamente, una vez resueltos todos los trámites administrativos, ya que incluso han
hecho ya todo lo que son las prácticas. Estamos insistiendo todos los años a través de la oferta pública de empleo para conseguir un mayor número de inspectores que nos permita hacer frente a los compromisos adquiridos por España, principalmente
con la entrada en vigor, como sabe, de los nuevos reglamentos comunitarios, que van a exigir un incremento de los controles de pesca. Y antes del día 10 de noviembre de este año vamos a remitir por parte de la Secretaría General del Mar, y en
particular por la Dirección General de Recursos, que en la oferta de empleo público para el año 2010 también se pueda incorporar un número de inspectores que sea significativo.



Me ha hablado también de la situación del Don Pedro. Tengo que decirle que yo además he presidido la comisión de seguimiento que se había constituido en su día, en la que participan no solamente nuestro ministerio, sino también el
Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto Español de Oceanografía, interviene el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Marina Mercante, y hemos mantenido una reunión, a la que he hecho también referencia, el
pasado mes de febrero en Ibiza para hacer el seguimiento del estudio del accidente del buque Don Pedro. En la mencionada reunión, el director del Instituto Español de Oceanografía nos dio cuenta del plan de seguimiento que había realizado sobre lo
que son los efectos en el medio ambiente marino del accidente del buque Don Pedro, y el director general de la Marina Mercante dio cuenta del estudio realizado por la empresa noruega, solo que sobre el riesgo de contaminación del pecio, analizando
incluso la posibilidad de reflotamiento del mismo. Ambos estudios, tanto el del IEO como el de la empresa noruega, no aconsejaron el movimiento del buque, y han considerado como la mejor estrategia el mantenimiento en su situación actual, al no
existir por ello riesgo alguno en cuanto a la contaminación. No obstante, han recomendado hacer un seguimiento periódico del pecio, llevar a cabo un señalamiento del mismo mediante el marcado de boyas de la zona del hundimiento, con el fin de
evitar cualquier problema para la actividad marítima en el entorno del buque. Le puedo asegurar que en esa reunión del comité de seguimiento, y por parte de todos los asistentes, incluyendo el Consell Insular de Ibiza, se dio todo el mundo por
satisfecho con las explicaciones de algo que tiene que ver con el carácter puramente técnico, cuál es la mejor decisión que hay que adoptar para que luego se aborde definitivamente a nivel político.
También tengo que decir que la Dirección General
de Marina Mercante, a través de la Capitanía Marítima de Ibiza, ha hecho inmersiones en el Don Pedro a partir de la fecha en que se celebró la comisión de seguimiento.
No se ha detectado contaminación alguna, se ha apreciado que algunas de las
rejas de protección y disuasión que en su día se colocaron para evitar el acceso al buque, que por eso


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hemos dicho que tendría que haber un control efectivo para evitar las inmersiones, tenía alguna alteración, precisamente por la presencia de algunos intrusos, llamémosles así, de buzos que han tenido una excesiva curiosidad. Posteriormente,
un equipo especial procedente de la Dirección General de la Marina Mercante efectuó una exhaustiva inspección del pecio, donde no se detectó precisamente ningún problema de contaminación y se aprovechó para reforzar el enrejado de seguridad que se
había instalado. Independientemente de lo que estoy indicando, tengo que decirle que regularmente equipos de la Capitanía Marítima de Ibiza vigilan rutinariamente la posible presencia o no de cualquier tipo de contaminante. Por parte del Instituto
Español de Oceanografía y su centro de Mallorca se está manteniendo lo que se llama control básico del buque, donde se toman datos hidrogeográficos del entorno del buque. Y en noviembre de este año, o sea, dentro de unos días, está previsto
realizar una campaña de recogida de muestras, tanto de sedimentos como biológicos, para analizar si puede existir algún tipo de contaminante en el buque Don Pedro.



Pasando a la intervención de Convergència i Unió, a pesar de que me ha dicho que he entrado con mucha generalidad en lo que es mi intervención, quiero decirle lo siguiente. Primero, aunque no es objeto de esta comparecencia, usted me ha
preguntado por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre de Empuriabrava, un caso similar a lo que tenemos en Santa Margarida y Sant Pere Pescador, al que ha hecho también referencia el representante de Esquerra Republicana y en el que
también tenía cierto interés el señor Joan Herrera. Aquí quiero decir muy claro que la Ley de Costas es una ley de plena aplicación y que únicamente hemos planteado una modificación puntual, que es la transitoria primera, en cuanto a lo que tiene
que ver con las concesiones administrativas.
Había, podíamos decir, una derivada que nos indicaba que únicamente las concesiones se podían transmitir mortis causa o por legado, y después de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional y de otro
tipo de tribunales, han indicado que por qué sí mortis causa o por legado y por qué no ínter vivos. Lo que hacemos es precisamente facilitar que ínter vivos se pueda efectuar, en definitiva en vida, ese tipo de transmisiones; y eso es lo único que
se modifica en cuanto a la disposición transitoria primera. Pero además, dentro de esa modificación puntual, vuelvo a repetir, a lo que estamos haciendo referencia es a que haya una tramitación mucho más ágil de lo que son las actuales concesiones,
y que en este caso los posibles adjudicatarios o concesionarios de esas concesiones tengan también un marco jurídico, una seguridad jurídica en cuanto a la utilización durante el periodo que se determine en la concesión, y que puedan con ello,
obviamente, desde inscribir lo que es una concesión administrativa o lo que es incluso la posibilidad de poder hipotecar la misma. No estamos, como en algunas ocasiones se ha dicho creo que de forma un poco torticera, permitiendo la transmisión
ínter vivos de las propiedades; estamos permitiendo la transmisión de las concesiones en el momento en que se apruebe. Hemos aprovechado además que la Ley General de Navegación Marítima se había aprobado por el Gobierno, ya que una inminente
tramitación parlamentaria era una buena ocasión para abordar esa cuestión. En cuanto a los deslindes de Empuriabrava, de Sant Pere Pescador y Santa Margarida, la aplicación de la norma es clara; puede haber divergencias en cuanto al tratamiento de
las marinas interiores, pero puedo garantizar, señoría, y creo que ya se lo he dicho en alguna ocasión a título personal, y al señor Canet también se lo he dicho, que no va a tener ninguna afectación a los actuales titulares de propiedades que se
encuentran en esas ubicaciones. De todas formas, si precisan cualquier aclaración al respecto, no tenemos ningún problema desde el ministerio en ahondar en esta cuestión cuando lo estimen oportuno.



Paso a lo que es el objeto de la comparecencia, la reserva de Palamós o la reserva más conocida como de las Formigues. Esto no nace hace dos días, esto nace, como dije, en el año 1994. Es decir, se viene hablando de la posibilidad de
establecer esta reserva desde hace catorce años; o sea, que no es un tema nuevo, y fue una iniciativa que desde el Ayuntamiento de Palamós se solicitó en su día a la Secretaría General de Pesca Marítima, una reserva marítima además que tuviese
interés pesquero con carácter exclusivo en esa zona que abarca desde Palamós hasta las Islas Hormigas, uniéndose además a esta petición posteriormente además de la Cofradía de Pescadores de Palamós, los ayuntamientos de Mont-ras, de Calonge y
Palafrugell. Sin embargo, es a partir del año 2006 cuando en realidad hubo una insistencia de nuevo por parte de estos municipios de esta petición, que además iba apoyada por la Cátedra de Estudios Marítimos de la Universidad de Gerona y del
Ayuntamiento de Palamós. De tal forma, que en octubre de ese año 2006 este proyecto o esta propuesta tuvo un impulso definitivo con la organización de unas jornadas explicativas. En este foro se analizó la necesidad de mantener la sostenibilidad
pesquera de lo que es la flota pesquera artesanal de Palamós; y se propuso la protección de un área que ocupaba entonces un espacio de 2.873 hectáreas entre lo que es Playa de Aro y el cabo de San Sebastián. La Secretaría de Pesca en aquel momento
fue invitada a participar en esas jornadas que había organizado, vuelvo a repetir, la Cofradía de Pescadores de Palamós, el Ayuntamiento de Palamós y la Cátedra de Estudios Marítimos de la Universidad de Girona, y a partir de esas jornadas durante
la pasada legislatura se iniciaron por parte del departamento, por parte de nuestra secretaría, una serie de estudios encaminados a determinar si era viable o no la creación de esa reserva.
Realizamos una campaña de estudio de la fauna demersal de
un área marina de casi 5.180 hectáreas en el entorno de Palamós e Illes Formigues a bordo del buque de investigación pesquera Emma Bardán. Como dije antes, los resultados que se han obtenido nos han mostrado una


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delicada situación en la que se encuentran las poblaciones demersales y bentónicas, así como también el avanzado deterioro del medio marino, debido entre otras cosas a la gran cantidad de residuos que se habían arrojado al mar. También por
parte de la Universidad de Alcalá de Henares se ha llevado a cabo un estudio sobre los fondos. Y por último, hemos pedido la realización de una cartografía, tanto morfológica como de sedimentos, al máximo detalle, cuya elaboración se basó en una
prospección con sonar de barrido lateral del área citada, trabajo que además necesitábamos para poder integrar lo que se llama la información biónica junto con el análisis geográfico de las actividades pesqueras, tanto profesionales como
recreativas, y de otros usos, y para poder permitir en consecuencia la toma de decisión respecto a lo que es la zonificación y unidades de gestión a establecer. Disponemos de un estudio, que por supuesto lo haremos llegar a esta Comisión, sobre la
situación socioeconómica del sector artesanal con base en Palamós ante la perspectiva de la creación de esta reserva. De ese mismo estudio se deduce que posiblemente sea este sector el más beneficiado con la creación de la misma, que representa
además prácticamente el 40 por ciento de lo que es el volumen asociativo de esa cofradía. Se cuenta además con el apoyo del resto de las cofradías de la zona, de la comunidad autónoma, de las universidades, y cómo no, de grupos ecologistas y de la
sociedad civil en general; también están a favor todos los ayuntamientos desde Palamós hasta Palafrugell. En este contexto, quizá haya que decir que podríamos encontrarnos con una posición no tan favorable del sector de la pesca recreativa y de
las actividades subacuáticas, fundamentalmente de los que viven o se dedican a la pesca submarina. Por ello, también hemos pedido un estudio sobre el impacto socioeconómico de las actividades recreativas, con el que podrá contarse a finales de este
primer trimestre del año 2010. En conclusión, lo que le puedo decir es que del análisis de todos los trabajos e informes de que actualmente disponemos, primero, hay una sobreexplotación pesquera evidente en la zona; hay una dificultad de
supervivencia de la flota pesquera artesanal; hay una proliferación de embarcaciones de recreo que ejercen una actividad de pesca y que inciden de forma negativa en el medio; importante presencia de buceadores que realizan pesca submarina; el
esfuerzo al que se ve sometida la zona es inmenso, tanto de pescadores profesionales como de pescadores recreativos desde embarcaciones o desde tierra o mediante pesca submarina. Hay ese deterioro progresivo del ecosistema marino y la abundante
presencia de residuos en los fondos, en base a plásticos, botellas y latas.



La situación a día de hoy es la siguiente. En el momento actual todos los trabajos pendientes para culminar el periodo preparatorio y la creación se han finalizado; de los mismos se deduce la viabilidad del establecimiento de la citada
reserva. Se han llevado a cabo reiteradas reuniones a las que se han invitado, sin exclusión de ningún tipo, a todos los actores que hay alrededor de la reserva, tanto la pesca marítima como la profesional, la Administración autonómica, la local,
se han hecho reuniones en Palamós, en la Delegación de Gobierno de Barcelona, contando con mi presencia en una ocasión en una de esas reuniones. Una vez culminado este proceso informativo, y en cumplimiento además del compromiso adquirido en la
última reunión celebrada en el mes de julio de este año 2009 en Palamós, mañana día 29 va a haber otra reunión con todas las partes concernidas, en la que se hará pública además la presentación de ese proyecto, de orden ministerial que crea y regula
los usos previstos en la reserva marina así como su gestión. Por supuesto que es una reunión abierta a todo el mundo. Inmediatamente después de esa reunión se va a remitir oficialmente a todos los sectores implicados el citado proyecto para que
formulen observaciones que consideren oportunas. Una vez culminado este proceso de información pública y realizadas las modificaciones que se consideren adecuadas en base a esas observaciones, el proyecto sería remitido a la Secretaría General
Técnica con el objeto de seguir el procedimiento legalmente establecido para su posterior firma por la señora ministra y publicación en el BOE. El calendario previsto, si no surgiesen especiales circunstancias que impidan su cumplimiento, es tener
publicada la orden, como decía anteriormente, a finales del mes de enero del año 2010.
Estamos trabajando además en lo que es el coste anual de esta reserva, que hemos estimado en 500.000 euros.



Paso a responder a la señora Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, con relación tanto al acuerdo de pesca de Mauritania como a las inspecciones pesqueras sin previo aviso. Efectivamente, todos nos conocemos el articulado de los
distintos reglamentos que son de aplicación. Pero le vuelvo a reiterar, señora Fernández, con todo cariño, que ese reglamento aprobado en el año 2002 contempla que esas visitas de inspección de la Comisión puedan hacerse sin previo aviso y las
circunstancias en las que se desarrollan. Hay dos opciones: una es que por parte de la Comisión se pueda verificar la aplicación del reglamento por parte de los Estados miembros por medio del examen de documentos y la realización de visitas in
situ; y la Comisión además podrá decidir si tiene que avisar o no avisar. Y luego, también en el marco de la verificación sin previo aviso, los inspectores comunitarios podrán presentar observaciones acerca de la aplicación del presente
reglamento, y tras las verificaciones sin previo aviso, la Comisión transmitirá sin demora al Estado miembro el informe que es fruto de esas observaciones.



Pues bien, a efectos de lo que es la evaluación y el control de la aplicación de estas normas de la política pesquera común, lógicamente la Comisión puede emprender inspecciones acerca de la ejecución de las normas de la política pesquera
común por parte de los Estados miembros.
Nosotros estamos muy vigilantes con la Comisión Europea para que, sobre la base de nuestra flota y de los planes de recuperación el número de inspecciones


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que se produzcan en España con relación a otros países no sea discriminatorio. Le voy a demostrar que no es discriminatorio, a pesar de que haya estas inspecciones sin previo aviso. No son muchas las visitas de inspección que se realizan
sin previo aviso a España. En lo que va de año, y estamos a 28 de octubre, solamente se han hecho dos visitas de inspección sin previo aviso, para una flota de 11.500 barcos aproximadamente; dos visitas. Una de ellas se llevó a cabo del 30 de
abril al 8 de mayo en el puerto de Las Palmas; y la segunda del 3 al 11 de septiembre en los puertos de Vigo, Marín y Cangas. Y con el mismo objetivo: observar el cumplimiento del acuerdo Unión Europea-Mauritania y efectuar por tanto el control
de los cefalópodos, y en este caso el tamaño mínimo reglamentario del pulpo procedente de Mauritania. Como he mencionado anteriormente, señora Fernández, la Comisión tiene obligación de enviarnos sin demora un informe del Estado miembro tras la
visita efectuada sin previo aviso. De estas dos inspecciones ya hemos hecho observaciones a ese informe, correspondiente a la inspección que han llevado a cabo en el puerto de Las Palmas; y respecto al informe de la inspección que se ha llevado a
cabo en Galicia se ha recibido un informe previo del que estamos ya preparando las correspondientes observaciones.



Le voy a decir una cosa que es bastante grave con relación a estas inspecciones, y a pesar de que algún sector pueda considerar que haya una cierta persecución, yo le voy a demostrar que no, en absoluto. Primero, sin aviso, dos inspecciones
en España en diez meses. Podemos ir al informe de control comunitario y ver cuántas inspecciones sin previo aviso se han hecho a otros Estados miembros. Pero fíjese usted en la inspección que se hizo en el puerto de Las Palmas, una inspección a
dos pesqueros, de 24 cefalopoderos que tiene España. Y los dos habían abandonado efectivamente el caladero de Mauritania, sin detectarse en principio algún tipo de infracción. La verificación en una boya de control en un puerto, en bahía, después
de una marea en la que puedes llevarte 140 ó 150 toneladas de pescado, verificar todo eso será más sencillo en el momento del desembarque. Y, ¡oh casualidad!, como resultado de las inspecciones en el puerto de Las Palmas se detectó en uno de los
barcos -y yo no voy a mencionar el nombre, pero si lo quiere saber, se lo digo-, entre otras infracciones, la captura y desembarque de pulpo de tamaño inferior al reglamentario, nueve cajas marcadas con pulpo T4, pulpo con un peso medio de 120
gramos por unidad -el tamaño mínimo son 500 gramos-, pulpo T6, con 270 gramos por unidad, y el ejemplar más pequeño de pulpo juvenil pesaba 40 gramos. Y en el informe recibido en nuestra unidad, correspondiente a la segunda visita de inspección no
anunciada llevada a cabo por los inspectores de la Comisión a diferentes puertos de Galicia, no se refleja la presencia de pulpo de tamaño antirreglamentario en las inspecciones presenciadas. Por lo tanto, sobre esta cuestión, señora Fernández,
creo que he sido clarificador y no tengo más comentarios.



Respecto a la otra cuestión que me había planteado, sobre la flota que está pescando en Mauritania, como le dije durante mi intervención, estamos ante el acuerdo más importante de la Unión Europea con terceros países; se está pagando una
compensación financiera de 86 millones de euros para cien buques, además de la financiación que tienen que pagar los armadores en base a los cánones. En el último año y pico no ha habido grandes incidencias, salvo las que he destacado, por parte de
la flota, y será cuestión de que usted hable con el presidente de Anacef y con su gerente para que ratifique o no lo que estoy diciendo aquí. Las únicas cuestiones han estado motivadas por algún problema en la comunicación de la caja azul, incluso
muchos barcos han instalado de forma voluntaria una segunda baliza para que, con otro sistema de comunicación, también en tiempo real las autoridades mauritanas puedan recibir esta información.
En definitiva, yo creo que hay un grado bastante
generalizado de satisfacción del cumplimiento de este acuerdo.



En cuanto a la otra cuestión que también me planteaba, quiero decirle que el Reglamento 744, cuando se aprobó, hacía referencia a que una serie de ayudas estaban vinculadas a que al menos el 30 por ciento de los costes operativos de
explotación de un buque fuesen imputables al combustible.
Solamente podían ser beneficiarios de las ayudas que están contempladas en ese Reglamento 744, incluyendo las paralizaciones temporales, aquellos buques que cumplan ese requisito, ya sea
individualmente o que el conjunto de la flota que forma un plan de adaptación cumpla ese 30 por ciento. Es decir, sería posible que si un barco tiene un coste energético de un 15 por ciento y otro lo tiene de un 48 por ciento, la media de esa
flota, lo más uniforme posible por modalidad, dé ese 30 por ciento. Esos son los condicionantes que aparecen en el Reglamento 744, los conoce perfectamente el sector, pero le puedo asegurar que hasta la fecha ningún cefalopodero ha pedido una
paralización o un cese definitivo. Más aún, de las 24 licencias asignadas a España, ya le he dicho que en este próximo trimestre van a ir 27 buques, y eso significa que hay una demanda y un interés en acceder a ese caladero, de la misma forma que
también hay un acceso y una ejecución -podemos decir- de la categoría de marisqueros prácticamente plena desde que ha funcionado el acuerdo de pesca.



Espero haberle contestado a todas las cuestiones. Tenga la máxima seguridad de que no se debe estar vinculando una inspección que está perfectamente regulada con la modificación o la entrada en vigor de nuevos reglamentos, como este de la
pesca Ay-Iu-Iu en enero del año 2010, o como el reglamento de control, más conocido por carné por puntos, en 2010 en algunas cuestiones, porque en otras habrá que esperar a su desarrollo, y que no hay en absoluto persecución a alguna flota. No
tengo ningún problema en poner también encima de una mesa el número de inspecciones que se han hecho a las distintas modalidades, y luego a partir de ahí podemos sacar entre todos las conclusiones.



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La Agencia de Pesca, radicada en Vigo, no hace inspecciones directamente; la Agencia de Pesca coordina una serie de acciones conjuntas en materia de inspección con todos los Estados miembros, y dentro de sus prioridades para el año 2010
están el control de la pesca de atún rojo, el control de NAFO, el control de la pesca en el mar Báltico y el plan del bacalao en la parte del mar del Norte. Nuestra flota solamente se puede ver afectada por la flota fletanera que pesca en NAFO y
por la flota en este caso del atún rojo. Por cierto, en relación a las inspecciones sin previo aviso, precisamente la flota de NAFO no ha sido una de las afectadas. Si tiene curiosidad, le puedo suministrar un día información de cuántas
inspecciones se han hecho a la flota de NAFO desde que estoy yo en la Secretaría General de Pesca hasta la actualidad en la Secretaría General del Mar, y usted misma también puede sacar sus conclusiones. No hay persecución, y por lo tanto no tiene
por qué haber cabreo. Y si no, el que se lo está transmitiendo no lo está haciendo correctamente. Esa es mi opinión sincera.



Han intervenido también los señores Canet y Herrera. En la parte que afecta a la reserva marina de Palamós-Illes Formigues creo que he contestado de forma exhaustiva a la pregunta que se ha formulado por Convergència i Unió, y esa
contestación ha sido extensa. He hecho referencia también al tema del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, en particular en Sant Pere Pescador, al que él ha hecho referencia en su intervención; lo sabe muy bien el señor Canet, porque
he tenido una reunión con él y con los representantes de los ayuntamientos, y estamos estudiando, por supuesto, todas las alegaciones y observaciones que se han hecho a la delimitación, como no podía ser de otra manera.



Aunque no está aquí el señor Herrera, yo creo que no es una cuestión a debatir hoy en una comparecencia del secretario general del Mar una entrevista que me hizo El País en el verano, porque precisamente las preguntas que ahora me está
reiterando el señor Canet en esta comparecencia son las preguntas que me hizo el periodista de El País en esa entrevista. Aunque no está aquí presente, como me ha dicho que me va a seguir a través de las pantallas, por respeto a S.S. voy a
responder a varias cuestiones. Primero, la Ley de Costas no se cambia. Segundo, sobre la modificación puntual de la Ley de Costas ya he dado una explicación.
Por parte de nuestro ministerio, de la Secretaría General del Mar y de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el programa de adquisiciones de fincas se sigue manteniendo. No estemos entendiendo que en una situación de crisis es preferible mantener el empleo y la actividad económica de aquellas empresas que
desarrollan trabajos para la Dirección General de Costas, en lo que son sendas y paseos marítimos, porque en muchas de esas actuaciones de costas lo que se hace precisamente es recuperar dominio público para disfrute de todos los ciudadanos, que es
lo que dice nuestra Constitución y es lo que aparece en la Ley de Costas. En cuanto al derribo de infraestructuras, tiene una oportunidad magnífica el día 10 de septiembre de asistir a un derribo que va a llevar a cabo la Dirección General de
Costas en la provincia de Murcia, y que va a significar también la recuperación de dominio público para todos los ciudadanos españoles. La Administración del Estado es muy respetuosa con las sentencias de los tribunales. Cuando hay procedimientos
en curso espera a la resolución de esos recursos y a las sentencias definitivas, y a partir de ese momento actúa. No estamos suspendiendo un procedimiento temporalmente. Nosotros estamos suspendiéndolo hasta que de nuevo una sentencia nos indique
que tenemos que ir en otro sentido.



Me ha hablado del Algarrobico y del Papagayo. El Papagayo no es un problema de Costas, es un problema de Urbanismo, y habrá que preguntarle a quien dio la autorización al Papagayo para construir eso. La afectación que tiene en Costas es
que en una parte del dominio público no hay el acceso al dominio público por la construcción de ese hotel, eso es otra cuestión. Pero la sentencia no es por la Ley de Costas, sino por un motivo urbanístico. En cuanto al Algarrobico, creo que ya me
han entendido perfectamente.



Y a las demás cuestiones que, vuelvo a repetir, no son objeto de esta comparecencia, si el señor Herrera o cualquiera de los diputados o de las señorías que se encuentran aquí quieren una contestación específica sobre ellas, no tengo ningún
problema.



Me ha hecho también otra pregunta el señor Herrera con relación a la denuncia que ha presentado Greenpeace ante la fiscalía y qué opinión tiene nuestro ministerio. Pues yo voy a decir que me parece muy bien que una organización presente una
denuncia ante la fiscalía. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a ser muy respetuosos con todas las resoluciones de la justicia. Y aquí también aprovecho para contestar al señor García Díez en relación a los criterios seguidos por la Administración
del Estado cuando se subvencionó a un armador que forma parte de las listas negras por pesca ilegal de la Comisión para la conservación de los recursos marinos.
No voy a repetir cuáles son los criterios de selección, porque antes los he explicado
de forma pormenorizada, pero quiero decir que efectivamente a esta empresa se le han concedido dos ayudas: la primera de ellas para una nueva construcción en noviembre del año 2002, con una ayuda complementaria por financiación adicional a pymes en
2004 -otros barcos de esa empresa ya estaban involucrados en actividades de pesca ilegal, no de bandera española, por supuesto-; y posteriormente a un proyecto piloto de pesca experimental en septiembre de 2004. Y en las fechas de concesión de
ambas ayudas, dicho armador -vuelvo a repetir, a nivel nacional- y este buque -que era el Galaecia- no se encontraban incluidos en las listas negras por pesca ilegal de la Comisión para la conservación de los recursos vivos antárticos, ni
sancionados por la legislación española según el artículo 103.e) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado.



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Por lo tanto esto es lo que tengo que contestar, pero nosotros, por supuesto, seguimos trabajando en muchas direcciones, no solamente en esta. Me reitero, una vez más, en lo que dijo la ministra en su comparecencia de fecha 30 de junio de
este año: que la devolución de ayudas hoy en día no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico como sanción por infracción de pesca marítima. Saben que en el anteproyecto de ley para la pesca sostenible del ministerio, que ha sido aprobado
por el Consejo de Ministros, se contempla entre otras cuestiones todo lo que tiene que ver con la modificación del régimen sancionador en materia de pesca ilegal; y la inclusión, además de la multa y de las sanciones accesorias, también de
sanciones específicas como son, entre otras, la que se ha recogido en una proposición aprobada en esta Comisión, que es el reintegro de las cantidades obtenidas de subvenciones o ayudas públicas en los últimos cinco años. Por lo tanto el marco
jurídico es el que tenemos, y ese marco jurídico, a la vista de que se ha detectado una serie de situaciones, nos ha obligado obviamente a modificarlo y por eso hemos tomado nuestra iniciativa.



También el señor Herrera hacía referencia a la situación de las especies en el ámbito comunitario y preguntaba si nosotros compartíamos esa visión que tiene la Comisión Europea sobre el estado de los recursos. Yo creo que hay que ver
también luces y sombras en ese informe. Si cuando se empezaron a adoptar planes de recuperación había 24 especies en una situación de sobrepesca o sobreexplotación, en el año 2009 la comisión habla de 17 especies, es decir, que obviamente hemos
mejorado la situación, y a la vista está; se están recuperando determinados recursos, vuelvo a repetir, en base a planes de gestión o planes de recuperación; en algunos casos no a la velocidad que todos desearíamos, pero sí que hay una progresión.



También me preguntaba el señor Herrera por las medidas concretas para recuperar los recursos. Yo creo que no debe ser sospechosa esta administración de no haber puesto en marcha medidas, como planes de gestión, como la ampliación de nuestra
red de reservas marinas, o la puesta en marcha de áreas marinas protegidas, primero con El Cachucho, actualmente estamos con el Cap de Creus, continuaremos con Alborán, luego con el banco de la Concepción y con otro tipo de áreas marinas protegidas,
en las que dentro del proyecto Indemares que lidera la Fundación Biodiversidad, la secretaría está participando de forma activa, al igual que el sector pesquero y las organizaciones no gubernamentales.



Y también ha hecho referencia al atún rojo y la posición de España. Aparte de nuestra posición, que está muy clara y está colgada en nuestra página web desde el día 9 de septiembre, quiero decir que tanto en el ámbito comunitario como
internacional hemos impulsado varias líneas de trabajo, tanto en el campo de los planes de gestión como de la conservación de la biodiversidad de los fondos marinos en aguas nacionales e internacionales, a las que se seguirá dando continuidad en la
presente legislatura. Una de las acciones más relevantes llevadas a cabo ha sido, como saben, el Plan de recuperación del atún rojo, debido a que se encuentra desde hace años en una situación de deterioro continuado, lo que ha obligado a adoptar
medidas urgentes tanto a medio como a largo plazo para su recuperación.



Durante la reunión del Comité de Gestión de la Unión Europea para el Convenio Cites que se celebró el pasado mes de septiembre, efectivamente España, junto con el resto de países que pescan el atún rojo en el Mediterráneo, no respaldó la
propuesta respecto a la solicitud que había hecho el Principado de Mónaco para poder incluir, como saben, el atún rojo en el apéndice I de Cites. ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta que se está aplicando un plan de recuperación desde hace
dos años sobre esta especie -en la reunión anual de Iccat celebrada en el año 2008, en Marruecos, fue donde se adoptó este plan de recuperación-, que obligaba además a una modificación progresiva del TAC hasta alcanzar las 19.000 toneladas en este
año 2009. Ello ha supuesto además recortes inmediatos y significativos de los niveles de captura y de las temporadas de pesca, así como reducciones de la capacidad pesquera y de la acuicultura. En consecuencia, con el fin de cumplir con las
obligaciones establecidas en el plan de recuperación de Iccat, así como la normativa comunitaria que se ha dictado al efecto, hemos puesto en marcha una serie de medidas propias a nivel interno para la gestión, el seguimiento y el control de todas
las actividades relacionadas con esta pesquería. Y entre ellas están el establecimiento de listas autorizadas a la captura de atún rojo, asignación de cuotas individuales por barco, establecimiento de puertos designados para el desembarque, régimen
de control en puerto, régimen de control de las operaciones realizadas por los buques cerqueros en el Mediterráneo y las granjas de engorde, programa de observadores, régimen de control de las almadrabas y normas para la pesca deportiva y
recreativa.



Por otra parte, tenemos que estar a la espera de los resultados de la presente campaña en la próxima reunión del Iccat a celebrar en Brasil los primeros días del próximo mes de noviembre y, como dice la propia Comisión, de la valoración de
los últimos informes científicos que serán analizados por las partes en este foro como paso previo a la adopción, si fuera necesario, de otras medidas de conservación aún más restrictivas.
España comparte las líneas de acción anunciadas por la
Comisión de cara a esta próxima reunión de Recife, que vienen además a coincidir con las líneas generales que se han abordado en las reuniones de coordinación técnicas, que son: mantener las líneas generales del plan de recuperación, ajustar el TAC
a la recomendación científica y reforzar el plan de gestión de tal forma que aquellas partes contratantes o países que no han hecho sus deberes adapten su capacidad a las posibilidades de pesca reales. Hemos venido velando por la solicitud de
adopción y


aplicación estricta de medidas de conservación y gestión


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que garanticen la explotación sostenible y la viabilidad económica.



Por otro lado, España ha sido pionera en la puesta en marcha de medidas de protección de los tiburones, iniciativa que hemos adoptado de acuerdo con la sociedad civil y con el sector pesquero, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2010,
que consiste en la prohibición de capturas de los tiburones denominados zorros y martillo. Curiosamente, algunas partes que presumen de más verdes que los que estamos ahora en la Administración del Estado, sin embargo dicen que estas son medidas
unilaterales que no están consensuadas y que por lo tanto no les van a dar el respaldo para que se puedan llevar a cabo en el marco de una organización regional de pesca.



Por último, en relación a la intervención de don Ceferino Díaz sobre la hoja de ruta a seguir por parte de España de cara al proceso de reforma de la política pesquera común, con mucho gusto le voy a decir cuál es el calendario. En primer
lugar, hasta el 31 de diciembre de este año, y empezando por el mes de julio, hemos puesto en marcha varias reuniones con las comunidades autónomas, en las que participa el sector, la Administración del Estado, la comunidad autónoma y por supuesto
la administración comunitaria. La primera de ellas se celebró en el mes de julio en Granada. Fue un auténtico éxito. Participaron aproximadamente 150 ó 160 personas del sector, de las comunidades autónomas. La segunda reunión la vamos a celebrar
en Galicia. La tercera reunión la vamos a celebrar en el País Vasco. Una cuarta reunión se celebrará en Canarias, que estaba prevista para finales del mes de septiembre, pero por problemas de agenda de la consejera de Canaria hubo que retrasarla.
Y la última de ellas la vamos a celebrar en Cataluña, casi con toda seguridad en la segunda o tercera semana del mes de diciembre, para allí presentar una posición común de España con relación al libro verde y cuáles son los objetivos de España para
la reforma que hoy he tenido la oportunidad de desgranar, creo que de forma amplia, que tienen el consenso del sector pesquero. Desde aquí animo al sector pesquero a que siga haciéndonos aportaciones. Y digo que esa última reunión se celebrará en
Cataluña porque será la comunidad autónoma que acompañe a España durante su Presidencia, y por lo tanto allí será el cierre.



Por otra parte, bajo la Presidencia española están previstos dos consejos de ministros. El primero los días 19 y 20 de abril en Luxemburgo. En ese consejo de abril se llevará a cabo, entre otros, el análisis de las conclusiones de la
consulta realizada por la Comisión a través del libro verde, así como establecer las primeras conclusiones sobre los elementos que deberán tenerse en cuenta en la reforma. Tras la consulta sobre este Libro Verde está previsto que la Comisión nos
presente un resumen, un documento con todas las conclusiones de la consulta, que va a servir como punto de partida para las restantes actividades que en esta materia se aborden durante la Presidencia española.



En el mes de mayo, como les dije anteriormente tendrá lugar una conferencia sobre la reforma de la política pesquera común en A Coruña, los días 2 y 3, donde la Comisión, a la vista de las conclusiones presentadas en el Consejo de abril,
presentará ese non paper para su análisis. Los días 4 y 5 de ese mismo mes, el Consejo informal de Ministros analizará de nuevo las conclusiones de esa conferencia sobre la reforma. Y en el Consejo de 28 y 29 de junio ya habrá un documento de
trabajo de la Comisión sobre las opciones de cambio. En este Consejo tenemos intención de llevar a cabo un intercambio de puntos de vista sobre un documento de trabajo que estará preparado para el Consejo informal de ministros de pesca del mes de
mayo, que oriente los debates sobre la reforma y que contengan las opciones posibles de futuro. Ahí habrá una reflexión y se fijarán las posiciones sobre la base de un documento elaborado, y este será el momento en que se pasen a analizar los
posibles cambios en la gestión de las pesquerías. Ahí hablaremos de la gestión del stock basado en el esfuerzo pesquero, hablaremos de la posibilidad de utilizar los derechos de pesca transferibles como mecanismos de regulación que puedan traspasar
más allá del ámbito nacional, así como los modelos de gestión de las pesquerías artesanales y costeras.



La Presidencia húngara del primer semestre de 2011, ha pedido a España que durante su Presidencia lleve muchos asuntos de pesca, y por supuesto hemos dicho que sí. Por tanto, en el primer semestre del año 2011 ya tendremos auténticas
propuestas legislativas de cara a la adopción formal de la reforma, o a finales del año 2012, que es la fecha límite.



Espero haber dado respuesta a todas las intervenciones de sus señorías, y quedo a su disposición, señor presidente.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Este presidente entiende que efectivamente ha dado cumplida respuesta a todas las cuestiones planteadas.



Vamos a abrir un segundo turno, y no es una exigencia sino casi una necesidad, después de tres horas y tres cuartos de Comisión, que sean unas breves puntualizaciones, unas breves matizaciones, un breve segundo turno de los portavoces que lo
deseen utilizar, y un breve segundo turno del señor secretario general.



Tiene la palabra el señor García Díez por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor GARCÍA DÍEZ: Prometo ceñirme a esa definición de brevedad, y no para polemizar, sino simplemente para tratar de aclarar algunas cosas que me ha parecido que requieren esa aclaración.



En el tema de las campañas experimentales -y empiezo por donde ha terminado el secretario general-, ha hablado de la posibilidad de devolver o no las subvenciones cuya devolución reclama la Comisión, no por la construcción, señor secretario
general, por las campañas experimentales, porque hay dos subvenciones que


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usted ha relacionado muy bien en el tema del buque Galaecia de Vidal Armadores; la primera por la construcción, donde no existe ninguna sentencia, ninguna sanción ni nada de nada; y sí para las campañas experimentales. Esto ya está
recogido en el acta de una Comisión en la que hemos debatido este tema, pero tengo que recordar hoy aquí otra vez esta cuestión porque me parece importante precisarlo, y es que esa carta comunicada que le mandan a la ministra el 15 de marzo de 2006
dice textualmente que se proceda a la devolución de la subvención desde el 1 de enero de 2003, es decir, lo recibido por campañas experimentales y no por la construcción, que se había realizado con anterioridad. Y además añade: de conformidad con
el artículo 18 del Reglamento Comunitario 2792/1999. Por tanto, sí que existe un ordenamiento jurídico, tenga o no tenga España ordenamiento jurídico. Le está diciendo en carta comunicada a la ministra que de conformidad con ese artículo del
reglamento comunitario. Tema zanjado, por mi parte al menos.



Concurrencia sí, concurrencia no. Yo creo que lo que decía la proposición no de ley aprobada en esta Comisión es que se cumpla la Ley de contratos y la Ley de subvenciones en su adjudicación. Por tanto, cuando hay más de una oferta para
una campaña experimental, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado, que marca y distingue en función de las cuantías, lo que habría que hacer para que haya verdadera concurrencia es abrir un concurso público y adjudicar esa subvención o ese
proyecto piloto a la mejor oferta posible de las presentadas entre varios armadores. Punto también, por mi parte, aclarado.



Dice que están las informaciones de los informes científicos a disposición. Pues los tendrá la comunidad científica y los tendrán los pescadores, pero este diputado ya le ha dicho, y lo reitero ahora, que hace cuatro meses que ha pedido
copia de estos informes y no los tiene.



Tema de las paradas y de los posibles pagos o retrasos en los pagos a distintas campañas. Me ha traído aquí el ejemplo de Burela y me parece perfecto, pero yo le pongo otro; en el Índico-Pacífico no ha cobrado ni un solo armador y ni un
solo tripulante, y llevan más de un año esperando. Es otro ejemplo, igual de válido que el de Burela. Y en la proposición no de ley aprobada aquí en el Parlamento, el 19 de mayo de este año, se decía que se pagará a los tripulantes a mes vencido y
a los armadores como máximo en un plazo de tres meses. Para evitar malas interpretaciones, con toda la cordialidad que me suele caracterizar, aunque así no se interprete en algunas ocasiones, si le parece, señor secretario general del Mar, al
acabar le dejo este cuadro en blanco sobre tramitación de expedientes por paralización temporal de ayudas concedidas por los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de 15 de julio de 2008, donde viene en blanco la columna
Flota: número de expediente solicitados, número de pagos realizados, importe de pagos. En dicha columna se distingue entre armadores y tripulantes. Y cuando tenga un minuto, cuando pueda y cuando quiera, lo cubre. Es una información que a lo
mejor clarifica en qué situación se encuentran a día de hoy los pagos, o al día de la fecha, que está en blanco también.



Tema de las inspecciones pesqueras. Creo sinceramente que podemos estar aquí, debatiendo si son 93, 91 ó 92, pero a mí realmente me preocupa mucho más -y lo ha dicho en su última intervención- cómo se va a hacer frente a la puesta en
vigencia del reglamento de control, el 1105 de 2008, que obliga a controlar no solo los barcos, sino los contenedores y todos los productos que lleguen hasta por avión. Yo creo -es una opinión personal y a lo mejor estoy equivocado- que puede ser
insuficiente esta plantilla. No ha precisado en qué número importante de inspectores se va a incrementar esa oferta pública que ha anunciado. Si puede hacerlo, se lo agradecemos, y si no lo hará más adelante.



Termino diciendo que yo hice muchas preguntas, que no sé si eran objeto o no de la Comisión -a mi criterio sí- y entiendo que se han contestado del orden del 10 por ciento; el resto me veré obligado a plantearlas por procedimiento de
respuesta escrita o respuesta oral.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Esta Presidencia, cuando ha hecho la advertencia de que alguna pregunta entendía que no venía en el orden del día no se refería a ninguna de las que ha hecho su señoría, eso que quede también muy
claro, y creo que el señor secretario general, cuando lo he comentado con él, así lo ratificaba.



Señor secretario general, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Yo también con toda cordialidad lo que le puedo decir es que considero que le he contestado el cien por cien de las preguntas.



Usted me dice que no es cuestión de números. El que solicitó los números fue usted cuando dijo que había un número de inspectores, y yo le he dicho exactamente el número de inspectores que tenemos. Le dije cuántos tenemos en la periferia y
cuántos tenemos en los servicios centrales, es decir, 78 más 13. Le estoy dando, los números reales de los inspectores que tenemos, los 8 que vamos a incorporar, y la oferta pública que antes del día 10 de noviembre es necesario plantear. Y vuelvo
a repetir que estoy a la espera de que internamente mis servicios me faciliten el número de inspectores que se quiere incorporar a la oferta pública; cuando lo tenga, no tengo ningún inconveniente en comunicárselo.



He traído el ejemplo de Burela, aunque podemos traer muchísimos más. Y yo le pediría, señor García Díez, en algunas ocasiones, que el que le informe lo haga bien, no de forma un poquito partidaria; no partidaria en el sentido político,
sino lo que me conviene y lo que no me conviene.
Habría que preguntar cuántos armadores del Índico-Pacífico han hecho la parada, y estamos en el de noviembre. Esa ficha que usted me ha pedido que cumplimentemos, mañana daré instrucciones a mi
director general de Ordenación Pesquera para que se la facilite,


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no solamente a usted, sino a esta Cámara, sin ninguna duda, porque eso va cambiando obviamente día a día, y la información de que usted dispone, antes de entrar en esta Comisión o hace dos días, a lo mejor hoy ha cambiado totalmente.



Ha hecho referencia al 1 de enero de 2003, a la petición de la devolución de las ayudas. Hablemos claro. La campaña experimental de ese barco -usted ha dicho 1 de enero de 2003, yo he tomado buena nota de lo que ha dicho, aunque a lo mejor
no es correcta esa fecha- al que hacemos referencia se ha aprobado en septiembre del año 2004, y las ayudas que se han otorgado para la construcción del buque obviamente van separadas de lo que es la ayuda otorgada por la acción piloto de pesca
experimental; y vuelvo a repetir que en el momento en que a ese armador, a ese buque, se le ha dado la ayuda, no estaba inmerso en la lista de buques ilegales.
Por eso reitero una vez más que hemos propuesto la modificación de nuestro ordenamiento
jurídico para que ese tipo de actuaciones no vuelvan a reproducirse, me da igual con el Gobierno que sea, y tener la facultad y la posibilidad de poder reintegrar al erario público una situación que se ha producido a posteriori.



Y vuelvo a repetir que los proyectos piloto que se han presentado no hay casos en que sean iguales, son proyectos piloto separados y diferenciados, y tienen su valoración técnica con los que forma parte de la valoración técnica. Una
valoración técnica en la que participan no solamente expertos de las dos direcciones sino por supuesto el científico, que es el que dispone de la mejor información científica y la viabilidad o no de una de esas campañas. Eso es lo que se ha seguido
a pies juntillas y se respeta, cómo no, la Ley de subvenciones y todo lo previsto en nuestra normativa.



Vuelvo a reiterar una vez más el agradecimiento a todos los que han asistido a esta comparecencia. No tengo nada más que decir, sino reiterar mi compromiso y mi disponibilidad a asistir en todas aquellas ocasiones que demanden los
diferentes grupos parlamentarios para aclarar las cuestiones que para algunos todavía no hayan quedado suficientemente claras.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Muchas gracias, señor secretario general. Sabe que en esta Comisión será bien recibido tantas veces como venga. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia y su información en la tarde de
hoy. Agradecemos también a los señores y señoras diputadas su presencia. Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión.



Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.