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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 384, de 30/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 384
NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión:
- De don Adolfo Jiménez Fernández, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente
219/000312.)... (Página 2)
- De don José Luis Monereo Pérez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000313.)...
(Página 13)
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DE DON ADOLFO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000312.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión. Primer punto del orden del día: comparecencia de don Adolfo Jiménez Fernández, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para informar sobre
temas relacionados con el objeto de la Comisión.
Señor Jiménez Fernández, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de esta Comisión por la invitación a comparecer para hablar de
pensiones, un tema que siempre es del interés de los ciudadanos. Uno siempre viene a este Congreso de forma muy placentera, por lo menos de compareciente, para hablar de las cosas que interesan a los ciudadanos. Si lo estiman oportuno SS.SS. voy
a hacer una breve exposición. En primer lugar, me referiré a tres o cuatro puntos, y después, en el turno de preguntas me centraré más en los temas que sean de su interés.
Quiero comenzar señalando que en mi opinión el Pacto de Toledo constituye un instrumento básico para la seguridad de nuestro sistema de pensiones, de Seguridad Social, al permitir adoptar las medidas necesarias para garantizar el futuro del
mismo. Creo que cuando uno se mueve fuera del ámbito de la Administración española, o incluso de los límites geográficos de España, como es mi caso ya que profesionalmente trabajo relacionándome con los sistemas de Seguridad Social de Iberoamérica,
de América Latina, y especialmente con los sistemas de pensiones, una de las cosas que más añoran de nuestro sistema es el acuerdo llamado Pacto de Toledo, dado que los grupos pueden ponerse en común para asegurar el futuro del sistema de pensiones.
A mucha gente cuando le hablas del Pacto de Moncloa te pregunta por el Pacto de Toledo, de tal forma que incluso hemos hecho seminarios para hablar del Pacto de Toledo en relación con los sistemas de pensiones. Y es básico porque, concretamente,
allí se nos plantean constantemente reformas y ya se ha adoptado la característica de decir 'esta es la reforma de la reforma'. El último ejemplo es la de Argentina, independientemente de en qué dirección haya ido la reforma del sistema. Uruguay
tiene una pequeña reforma, Chile ha hecho una reforma recientemente, que ha entrado en vigor en 2008. En definitiva, están en un constante mecanismo de reforma que introduce inseguridad en un tema tan sensible como es el ahorro a largo plazo, en
definitiva, la aportación a las cotizaciones es un ahorro a largo plazo, pero tan largo plazo que la persona de 30 años está ahorrando para cuando tenga más de 65. Por lo tanto, si no ofrece una gran seguridad y estabilidad ese sistema lo normal es
que intenten salirse de esa obligación, cosa que ocurre en América Latina, donde muchos países no llegan ni al 50 por ciento de la población activa trabajadora los que están encuadrados en los sistemas de Seguridad Social. Por ello, insisto en
manifestar mi convencimiento de que mientras se mantenga este acuerdo entre todos aquellos que de alguna forma tienen responsabilidades sobre los sistemas de Seguridad Social, entre los que incluyo todos los grupos políticos, los interlocutores
sociales y, evidentemente, los que tienen responsabilidad en la acción del Gobierno, creo que se podrán adoptar las medidas que nos garantice el futuro del sistema de pensiones para estas generaciones y para las próximas.
Mi opinión es que los sistemas de Seguridad Social son unos instrumentos que deben adaptarse constantemente a los cambios que sufre la sociedad, sea en el mercado de trabajo, en la demografía, en las estructuras familiares, en la cuestión de
la mundialización e internacionalización; lo cierto es que los sistemas de Seguridad Social y de pensiones en particular deben irse adaptando a las circunstancias económicas y sociales donde se desenvuelven estos sistemas. Quiero hacer una
observación en relación con la cantidad de pronósticos que se hacen sobre el futuro de los sistemas de pensiones. En general hay que tomarlos con cierta cautela, especialmente cuando al final del estudio o análisis terminan con unas determinadas
recomendaciones, especialmente, porque toman siempre un horizonte temporal muy largo, el 2050 o el 2060.
Participé no hace mucho con un profesor sueco y se ponía el horizonte de 2100, bueno pues en ese año ninguno de los que estaban allí -mucho más
jóvenes que yo- iba a vivirlo. Es una picardía del economista, y yo lo soy, cuanto más lejos lo ponga más
difícil es comprobar la veracidad de los resultados. Con esto quiero señalar que las predicciones, previsiones y estudios son imprescindibles pero creo que es necesario tomar límites temporales razonables, puesto que la incertidumbre de los
resultados, en términos probabilísticos es creciente, conforme se amplía el periodo de proyección. Y este criterio es el que siempre está presente en los estudios técnicos de la Seguridad Social. Desde el principio de la democracia, cuando empecé
yo a trabajar en la Seguridad Social, por el año 1978, hasta el momento presente, indistintamente de los gobiernos que hayan tenido la responsabilidad de dirigir la Seguridad Social. Además, hay que añadir y creo que es un tema esencial, que en
materia de expertos conocedores del sistema, no hay nadie mejor que los propios funcionarios y expertos de la Seguridad Social, estadísticos, matemáticos, actuarios; por eso les voy a decir que las cifras que utilizo y que utilizaré en mi
comentario están relacionadas con las cifras oficiales de la Seguridad Social.
Una vez hecho este breve comentario, empiezo a abordar los temas a los que esencialmente quiero referirme. En cuanto a la financiación, es una de las reformas importantes realizadas en la Seguridad Social, tanto desde la vertiente de la
capacidad de financiación como desde la posibilidad de extender la protección social. Fue la reforma de 1989, en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos, la que estableció el primer proceso de diferenciación de la fuente de financiación de acuerdo
con la naturaleza de las prestaciones, lo que permitió en aquel mismo año la extensión de la cobertura sanitaria y al año siguiente la creación de las pensiones no contributivas. Pues bien, es necesario ver cómo ha evolucionado esta estructura de
financiación teniendo en cuenta que es la primera recomendación del Pacto de Toledo de 1995 y de la renovación de 2003. Y vemos que, concretamente, en el año 1995 la aportación del Estado para financiar la Seguridad Social en la parte de los
complementos a mínimos la parte que se complementan las pensiones contributivas para garantizarles un mínimo suponía el 40,79 por ciento del coste de los mínimos. Hoy, en el 2009, y no he utilizado los datos del proyecto de Presupuestos que se ha
presentado en esta Cámara sino los datos del presupuesto inicial de 2009, solamente se ha alcanzado el 37,50 por ciento. La secuencia fue la siguiente en periodos de cinco años: Como les decía en 1995 se financiaba el 40,79 del coste de los
complementos a mínimos con aportación del Estado; en el año 2000 descendió a 2,45 por ciento; en el año 2005 subió al 27,44 por ciento; y en 2009 al 37,50.
Estos datos indican que aun no se ha dado pleno cumplimiento a la primera recomendación
del Pacto de Toledo, que incluso en la renovación de 2003 establecía un periodo en torno a cinco años. Pero hoy, la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de la Seguridad Social establece un periodo para llegar hasta el cien por
cien hasta el año 2014. Con ello quiero decir que debe haber un esfuerzo adicional para cumplir la reforma de 1997 en la ley actual de la Seguridad Social una vez más allá de la disposición transitoria. Esto supone que la situación financiera de
la Seguridad Social de este momento aún se vería mejorada mucho más si se descargase de unos 4.009 millones que significan la aportación financiera con cotizaciones en el año 2009. Supone por tanto que la financiación y la estructura financiera
tiene una situación bastante positiva en cuanto al sistema, estabilidad y futuro del sistema de pensiones. Pero hay algo más que quisiera mencionar sobre la financiación. Creo -y es una opinión personal- que es necesario profundizar en la
naturaleza de los gastos que hoy se configuran como contributivos para ver si realmente hay algunos que tienen naturaleza no contributiva. Por lo pronto, todas las bonificaciones que obedecen a política económica pero no a una relación contributiva
del sistema, deberían ser financiadas con los ingresos generales del Estado, con impuestos. Pero, además, hay algunos regímenes especiales cuya sostenibilidad no obedece a razones de relación contributiva sino más bien de sostenibilidad económica
de los sectores de política económica, y, por tanto, sería razonable que se estudiase la posibilidad de que también parte del gasto de estos regímenes especiales pudiera considerarse como de modalidad no contributiva, y por lo tanto ser financiados
a través de una fuente diferente a las cotizaciones.
Termino señalando que, en la primera recomendación del Pacto de Toledo, se señala algo que creo es necesario tener en cuenta para reforzar aún más la situación positiva de financiación del sistema de Seguridad Social, y cito literalmente:
'... que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependa básicamente de las cotizaciones sociales y que la financiación de las prestaciones no contributivas universales se efectúe exclusivamente a través de la imposición
general. Quiero decir que si no fuese suficiente la holgura financiera, más allá incluso que se adquirirá más holgura cuando se obtenga esa financiación plena de los complementos de mínimos a partir de aportaciones del Estado, aún hay unas
posibilidades, que se reconocen en el Pacto de Toledo, donde básicamente se entiende que no se deshecha que en un futuro pudiera haber otras fuentes de financiación adicionales a las cotizaciones sociales. Y esta tendencia que hemos seguido en el
sistema de Seguridad Social en España en materia de financiación del sistema contributivo es la que se está siguiendo en Europa. Según datos de Eurostat correspondientes a 2006, la Unión Europea financia parte de los gastos de Seguridad Social con
una parte más importante que la nuestra a través de los ingresos procedentes de los impuestos. En España, en el año 2006, las contribuciones públicas suponían el 33,9 por ciento, algo inferior a los valores medios de la Unión Europea de los 15 -con
los que establezco la comparación- que es el 35,6 por ciento, o incluso la Unión Europea de los 25, que es el 37,7 por ciento, o por último, la Unión Europea de los 27, el 37,6 por ciento. En definitiva, hemos recorrido un camino en el que creo que
es necesario profundizar, creo que aún hay o debe haber alguna capacidad de
análisis para ver si dentro del ámbito de la modalidad contributiva hay algún gasto que no correspondiera ser financiado con cotizaciones sociales, y especialmente señalar que el propio Pacto de Toledo no elimina la posibilidad de que en
algún momento hubiera una fuente adicional de financiación más allá de las cotizaciones sociales. Lo cual me hace concluir en este punto que tenemos una situación financiera francamente muy positiva y saneada desde la perspectiva que nos asegura el
futuro del sistema de pensiones.
En otro punto, en cuanto al envejecimiento, señalar que el proceso de envejecimiento de la población es la consecuencia de la evolución de la natalidad, de los flujos migratorios y del incremento de la esperanza de vida, que sin duda afecta
a los sistemas de Seguridad Social. Voy a referirme a la tasa de dependencia que incide en la sostenibilidad de los sistemas y por otra parte al incremento de la esperanza de vida que afecta directamente al gasto de pensiones. En cuanto a la tasa
de dependencia, las previsiones realizadas por Eurostat nos sitúan entre 2 ó 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea hasta el 2030, a partir de esa fecha nos sitúan en una posición superior, es decir, más envejecida. Pero hay que decir
que en la tasa de dependencia es necesario tener una proyección hacia el futuro pero tomándolo con cierta precaución. Hace ya unos cuantos años, estando yo en la Seguridad Social española, el debate que se producía era que en el año 2000 nos
faltaría población activa para tener el determinado número de cotizantes, más aun, según cálculos demográficos iba a descender la población española. Pues no ha sido así, tenemos más de 44 millones, y cuando se lo comentas a los demógrafos dicen
que ha sido la inmigración, es que en un mundo tan intercomunicado no sabemos lo que dentro de 15, 20 o 30 años puede suceder. Por lo tanto es muy difícil saber qué población podemos tener en edad de trabajar, sea propia o inmigrante. Y eso ha
hecho que el Instituto Nacional de Estadística no haya hecho una proyección de cuál podría ser la inmigración, entre otras cosas porque la inmigración depende de circunstancias económicas del país receptor, del país emisor, y, en definitiva, de una
serie de variables que se escapan a las previsiones de un instituto tan prestigioso como el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a la esperanza de vida que afecta directamente al gasto de pensiones, señalar que -siguiendo los datos del INE-
desde 1980 a 2025 los varones han aumentado la esperanza de vida al nacer en 4,86 años, de 72,10 años a 79,96 y las mujeres 5,36 años, de 78,12 a 83,48.
Pero creo que el dato más importante es la esperanza de vida a partir de los 65 años, donde
también ha habido un importante crecimiento, de 2,13 años en los varones y de 2,57 en las mujeres. Centrándonos en el crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, que es el que incide directamente en el sistema de pensiones, vemos
que en los 25 años citados, de 1980 a 2005, han aumentado algo más de dos años el periodo que se puede percibir una pensión. Pues bien, es un efecto que quedaría bastante mitigado si se lograse que la edad media real de jubilación, 63,7 en el
momento actual, se prolongase hasta la edad legal establecida de los 65 años. Para lo cual sería necesario desincentivar algo las jubilaciones anticipadas y promover la permanencia voluntaria en la vida activa introduciendo los correspondientes
estímulos. Por ello creo que antes de plantearse otras alternativas legales deben desarrollarse políticas dirigidas a conseguir una mayor permanencia en el vida activa y tratar de que la edad real se equipare a la legal para acceder a la
jubilación. Es una tendencia, tanto lo de las jubilaciones anticipadas como el promover estímulos, que también se sigue en la mayoría de los sistemas de la Unión Europea.
En cuanto a la contributividad, señalar que se observa y se ha observado, en la evolución de nuestro sistema, un proceso de mejora del carácter proporcional del sistema, pero creo que el proceso no puede darse por completado debiendo
profundizarse en el mismo, aunque es necesario analizar los efectos que puede producir por la situación actual del mercado de trabajo. Hay que tener en cuenta que para una parte de la población cotizante el cómputo actual de los 15 últimos años
para determinar la base reguladora pueden ser muy perjudiciales, especialmente para aquellos trabajadores que parte de su vida han cotizado por salarios medios o altos percibidos y que a los 52 años tienen que cesar en el trabajo, situación que por
la fórmula de determinación de la base reguladora puede ver que su pensión, que creían que podía estar entorno a una pensión media se les iba a situar en una pensión mínima. El proceso es bien sencillo, a los 52 años pierde el trabajo, 2 años de
desempleo contributivo en los cuales se le mantiene la base contributiva de cotización, a partir de los 54 años entra en el subsidio asistencial con una base de cotización mínima, y de los quince años 11 van a tener base mínima de cotización, y
puede haber estado cotizando desde los 30 a los 52 años por salarios más elevados y por bases de cotización más elevados que a la mínima. Esa es una parte del problema, la otra parte, si por el contrario se tomase un periodo mucho más amplio de los
15 años, a una parte de los trabajadores podría afectarles negativamente puesto que parte de su vida laboral trabajan a tiempo parcial. Creo que son situaciones que exigen un estudio y la búsqueda de soluciones, teniendo en cuenta que según los
datos del segundo trimestre de 2008 de la EPA los asalariados a tiempo parcial suponen el 12 por ciento, de los cuales el 82 por ciento son mujeres. Creo que es necesario estudiar este problema e intentar buscar una solución que no perjudicase a
los colectivos a los que me he referido. En algún sistema europeo se puede escoger para determinar el cálculo de la base reguladora un determinado número de años de cotización, incluso los mejores, pero creo que eso tiene problemas e inconvenientes
desde la gestión y además puede constituir un problema de selección de las situaciones más favorables que no es positivo desde un enfoque global del sistema. Por último respecto a este punto, señalar que la en la realidad europea, para el cálculo
de las prestaciones de
jubilación, se tiene más en cuenta el esfuerzo contributivo realizado casi a lo largo de toda la vida laboral. En nuestro sistema esto también sería un inconveniente teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, y de forma paulatina se
podrían adoptar fórmulas en las que las prestaciones guardasen una mayor proporcionalidad con todo el esfuerzo contributivo realizado en la vida activa. Dentro de esta consideración contributiva del sistema creo que igualmente es necesario
preservar el intervalo de aseguramiento de nuestro sistema contributivo público, evitando un cierto achatamiento o reducción del mismo que puede irse dando lugar por el transcurso del tiempo, si no se elevan los topes máximos de cotización
debidamente, o la pensión máxima de forma adecuada podremos ir reduciendo el intervalo de aseguramiento. Quiero señalar que en España y en todo el centro de Europa, todos aquellos que tenemos un origen bismarckiano en nuestro sistema, el sistema
que mejor protege ante la vejez es el sistema contributivo y este no puede perjudicarse por más que tengamos obligación de intentar mejorar las pensiones o las prestaciones más bajas. Creo que se puede hacer una cosa y otra sin perder, insisto, ese
intervalo de aseguramiento que se puede ir reduciendo ligeramente y a partir de ahí sólo quedaría el sistema del ahorro privado de cada persona buscando la fórmula que más considerase oportuna.
En cuanto a la estructura del sistema, creo que también es importante abordar la simplificación e integración de los regímenes. Recordarán que, a parte de la reforma del año 1985, en la que se redujeron de 12 a 6 los regímenes especiales,
prácticamente no se ha hecho casi nada. Hay una reforma, la de 2007, que contempla la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia agrarios pasen al RETA, pero poco más, y yo les recuerdo que, a parte de esta integración en el régimen
general de esos 6 regímenes, hicimos otras integraciones importantes que pueden servir como ejemplo para un futuro como la integración de la mutualidad nacional de la administración local (Mupal) o la integración de todas las entidades sustitutorias
y consiguientemente es un ejemplo a imitar que se pueden integrar, que no perjudicaría a los funcionarios o colectivos que están fuera del presupuesto de la Seguridad Social pero no de la Ley General -artículo 7 de la misma- que se integrasen en el
régimen general. El Pacto de Toledo así lo contempla y ve el objetivo final de un régimen por cuenta ajena y un régimen por cuenta propia, lo cual les parece lógico.
Pero creo que hay regímenes fuera del presupuesto de la Seguridad Social que
tienen situaciones verdaderamente complicadas si se estableciese la relación entre activos y pasivos, y me estoy refiriendo a Clases Pasivas.
Creo que sería bueno que hubiese mayor transparencia en el esfuerzo que se realiza para mantener el
régimen contributivo de los funcionarios -yo soy funcionario excedente, por lo tanto no estoy en contra de ellos-, creo que es bueno transitar por ese camino que preveía el Pacto de Toledo en el 1995 y en la renovación de 2003.
Por último, quiero hacer algunas reflexiones finales. Siempre que se habla de los retos futuros que deben afrontar los sistemas de pensiones se habla de determinadas reformas, concretamente se habla de dirigirnos a cambiar o a hacer
reformas estructurales. La gran suerte es que el Pacto de Toledo, que no solamente se compone de las recomendaciones sino del preámbulo, todos los grupos políticos están de acuerdo en el mismo modelo de pensión. Se habla claramente de mantener el
sistema solidario de reparto y de no ir a un sistema de capitalización, por lo tanto no creo que ese sea el problema que se ha suscitado en esta Comisión, pero creo que es necesario hacer una referencia a que ha sido una gran suerte tener ese
sistema en un momento de crisis financiera. Cuando uno se mueve por la mayoría de los países iberoamericanos, en los que todos o casi todos tienen sistemas de capitalización, menos Brasil, sucede que la generación desde el año 2007 hasta ahora, y
especialmente en 2008, están generándose pensiones de cuantía bajísima, que el gobierno -como es el caso de Chile- tiene que complementar para evitar la pobreza en la vejez. Y son gente que han hecho aportaciones incluso por los límites máximos.
Claro que se dirá, y con razón, que la situación del mercado financiero afortunadamente no durará toda la vida en una situación de precariedad o de bajos valores, pero aquellos que tengan que jubilarse en estos tres o cuatro años habrán terminado de
arruinar todos sus ahorros para todos los años que les queden de vida. Y hay algo importante en estos sistemas, son discriminatorios fuertemente respecto a la mujer, son discriminatorios también para las situaciones familiares con hijo
discapacitado. Me explico, cuando llega el momento de determinar la cuantía de la pensión, con el valor que haya en ese momento consecuencia de las aportaciones, deducidos los gastos de gestión, que son muy elevados, y después sujetos al incremento
o pérdida de valor de la cartera, se determina entonces lo que se llama una renta vitalicia o un retiro programado. Y para calcular esta renta vitalicia, el retiro programado o una situación mixta se tienen en cuenta la esperanza de vida de la
mujer y del varón. Me invitó el gobierno chileno a participar en una comisión para la reforma que han hecho en 2008 y yo les comentaba que podían utilizar una tabla de esperanza de vida unisex. Aquí en España, la utilizamos en algo que a lo mejor
no recuerdan, cuando hay un accidente de trabajo, sea una invalidez o una muerte, la mutua correspondiente tiene que pagar un capital coste a la Tesorería para hacerse cargo de esa pensión de por vida el INSS, pues bien, no diferenciamos la
esperanza de vida del hombre y de la mujer, lo que evidentemente quiere decir que la mujer se ve un poco beneficiada y el hombre un poco perjudicado en un término rigurosamente actuarial. Por más que se lo comenté a la Comisión de Trabajo y
Reforma, no hubo forma.
Y eso mismo sucede cuando se tiene un hijo discapacitado, si yo tuviese un hijo discapacitado para calcular la pensión se calcula entre mi esperanza de vida y la esperanza de vida del hijo, con lo cual distribuyo. Dicen que
el sistema de capitalización es
como un vaso, la renta que hay aquí es la que tiene que hacer frente a todos los gastos de esa persona, y si hay que pagar después pensando en que el hijo va a sobrevivir al padre en la esperanza de vida, hay que distribuir la pensión entre
ambas rentas. Hago estas consideraciones sabiendo que aquí no tenemos ese problema, pero es muy importante el considerarlo, tenerlo en cuenta a efectos de globalizar estas reflexiones sobre el futuro y las situaciones de los sistemas de pensiones.
Solamente me queda añadir un dato, que conocerán SS.SS. pero creo que es importante ponerlo de manifiesto, en el conjunto de los gastos de la Unión Europea España aún está 7 puntos de diferencia del promedio en gasto social medido en
porcentaje del Producto Interior Bruto. Es un porcentaje que no dice toda la verdad porque podría mantenerse el mismo gasto y haber decrecido o aumentado el Producto Interior Bruto y haber alterado el porcentaje. Es también un indicador cuando
vemos lo que llamamos la unidad medida en unidad de paridades de compra, que es deflactando o adaptando el euro a las condiciones de carestía de vida de cada país. En ese sentido, mientras el promedio por habitante en la Unión Europea, medido en
unidades de paridades de compra, está en 7.005, en España lo tenemos en 4.776. En definitiva, estamos en un 68 por ciento de lo que es el promedio de la Unión Europea en materia de protección social medido en unidad de paridades de compra por
habitante. Creo que tenemos un sistema financieramente muy importante, muy consolidado, que es necesario reforzar, tenemos una situación de envejecimiento a la que hay que prestar atención, pero tenemos instrumentos para que, sin perjudicar a
nadie, pudiéramos hacer frente a ese incremento de la esperanza de vida, y no me cabe la menor duda, si lo situamos en el año 2100 mis hijos o mis nietos se jubilarán a una edad diferente a la mía, por supuesto.
Pero creo que buscando la situación
del momento actual lo que hay que hacer es acercar la edad real a la edad legal, y creo que es necesario ir reforzando paulatinamente la proporcionalidad del sistema de pensiones sin que haya colectivos que se perjudiquen, y, en definitiva, tener en
cuenta que nuestro sistema descansa sobre un acuerdo -el Pacto de Toledo- que para mí sigue siendo la mejor garantía de estabilidad y de futuro del sistema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Ha sido una comparecencia muy interesante. Desde nuestro grupo queremos agradecerle su disposición a comparecer en esta Comisión del seguimiento del Pacto de Toledo, y a nivel personal su exposición me ha parecido
muy ejemplificante, muy didáctica, muy clara, con una serie de cuestiones puntuales que, como además estos días he venido leyendo sus diferentes declaraciones e incluso sus estudios, confirma lo que usted escriba, lo que acaba de decir es
consecuente en toda su trayectoria.
Está claro que lo que los ciudadanos quieren de nuestro sistema de pensiones, y usted lo señalaba en una de sus recientes entrevistas, es disponer de un sistema que le ofrezca seguridad ante las situaciones de vejez, invalidez, muerte y de
supervivencia. Igualmente, usted decía que la base del bienestar de la población es incentivar y poner el acento en la economía productiva, generadora de empleo, y en la distribución de la riqueza que garantice el crecimiento y el bienestar social,
donde juegan un papel decisivo para mejorar con la cohesión social los sistemas de Seguridad Social. Y la verdad es que en el Partido Popular creemos que tenemos uno de los mejores sistemas de la Seguridad Social, estamos plenamente convencidos, un
sistema con un buen funcionariado, no hay más que ver cómo funciona, usted tuvo una comparecencia en el Senado hace unos años y allí hablaba de los pasos de modernización de la Seguridad Social. Voy a ser también ejemplificante con usted puesto que
soy profesora y me gusta apoyarme en los ejemplos. Lo que hoy en día una viuda tarda en cobrar la pensión de viudedad frente a lo que costaba 10 ó 15 años, puede parecer una nimiedad pero no lo es, en absoluto, porque es una situación dramática y
no es lo mismo recibirlo a los 10 días, como creo que se está produciendo en este momento, a recibirlo a los 6 años.
En esta Comisión, a lo largo de los diferentes comparecientes, y son muchos los que han pasado en casi lo que llevamos de año, se
ha dicho en repetidas veces que esta Comisión es un activo importante, que el espíritu del Pacto de Toledo, y coincido también con usted, tenemos que mantenerlo todos los grupos, porque además es un espíritu que está en la calle, no solamente en
Europa o en Hispanoamérica sino también la gente de la calle lo percibe como tal, creo que en estos momentos de tanta crispación la gente percibe que lo único que se percibe así es el sistema de pensiones, la Seguridad Social, porque además a todos
nos compete. Es como cuando hablamos de educación, todo el mundo está vinculado a ella, todo el mundo está vinculado a las pensiones, todo el mundo tiene preocupación por las pensiones. Usted lo ha dicho, en esas previsiones que hacemos a 2010
-hoy también leía yo lo de 2100, aunque todavía no me cabe pensar en ese año-. Sobre este gran activo, el Partido Popular lleva tiempo diciendo que es necesario que sea actualizado, que sea revisado y que se adecue a las nuevas necesidades que
vivimos. Luego le preguntaré por una reforma que creo queda pendiente y sobre la que usted no ha mencionado nada aunque ha mencionado algo de mujeres, la pensión de viudedad y de orfandad, que es un reto que tenemos pendiente en esta Cámara, de la
que hemos hablado muchas veces pero que no hemos dado ningún paso adelante. Además es un reto que todos los grupo políticos llevábamos en nuestro programa electoral del año 2008 y ahí está quieto, y además me preocupa personalmente el tema de la
viudedad y de la orfandad porque, aparte que todos lo prometimos en nuestro electoral -algo a lo que somos muy dados los políticos- porque en estos momentos de
crisis esos colectivos de mujeres viudas, y usted ha hablado de la demografía, de la evolución de la sociedad, para ellos es más problemático. Luego, puntualmente le haré una pequeña pregunta.
Para terminar esta pequeña introducción decir que desde el Partido Popular pensamos que las reformas son necesarias. Yo creo que usted opina lo mismo por lo que decía en sus escritos, y usted decía algo que también repetimos en el Partido
Popular, que hay que hacerlas de forma gradual, de forma moderada. También es cierta una cosa, a ningún partido le interesa hacer una reforma traumática porque, como le he dicho, en el tema de las pensiones todos estamos muy sensibilizados, a todos
nos afecta. Cualquier medida que tomemos en el Pacto de Toledo va a repercutir sobre los ciudadanos y en consecuencia va a repercutir sobre algo que tendrá lugar en 2011 y 2012, esa es una cuestión ante la que estamos todos muy sensibilizados.
Entrando en las preguntas que le quería formular, teniendo como punto de partida que es necesaria una reforma que ya se ha demorado bastante y que, evidentemente, es clave para el sostenimiento de nuestro futuro. Yo estoy convencida y no
quiero alarmar, me recorro los pueblos de La Rioja, que es de donde yo procedo, explicando y hablando con los pensionistas o futuros pensionistas y creo que no se trata de alarmar a nadie, porque estoy convencida que el sistema está consolidado y
que se consolidará. La crisis es muy importante, es muy seria, es muy preocupante y con ayuda de todos saldremos de ella, pero sí es cierto que sin querer preocupar a nadie hay que hacer esas reformas. ¿De qué tipo? Usted ha tocado una serie de
temas pero me gustarían cuestiones puntuales, porque lo que está claro es que el Partido Socialista tiene que traer ya unos puntos, nosotros, en el Partido Popular tenemos muy claro qué serie de cosas hay que empezar a tocar, por eso le pregunto a
usted por dónde empezaría y qué aspectos tocaría. Evidentemente, y también lo ha comentado usted, lo más importante es que haya cotizantes, porque si hay cotizantes quiere decir que hay empleo. No le voy a pedir que hable usted aquí de cómo
reformaríamos el mercado de trabajo porque eso ya está en el Comisión de Empleo, pero para que se mejoren los indicadores en la Seguridad Social hay que mejorar primero los indicadores en empleo, ante la pérdida de empleo que tenemos, que padecemos
y que por desgracia vamos a seguir padeciendo, algo habrá que hacer. Usted ha hablado de las cotizaciones sociales, está claro que los ciudadanos y los empresarios hacen un esfuerzo muy importante con sus cotizaciones. Una idea que el Partido
Popular mantiene es que hay que incentivar -y usted lo ha dicho de alguna forma- el esfuerzo que les supone a los ciudadanos la cotización de sus pensiones y, en consecuencia, los ciudadanos quieren ver su respuesta en su pensión sin por ello
olvidar el carácter de solidaridad del sistema.
Yo creo que eso también está muy arraigado en el ciudadano, ya sabe perfectamente que contribuye tanto y en función de lo que contribuye va a percibir a posteriori la pensión, pero también sabe que no
todas las personas contribuyen igual y que hay unas pensiones mínimas y otras máximas, que a nosotros nos parece muy bien; nos parece bien que sea un sistema de reparto y que sea un sistema solidario, lo mismo que hoy ocurre con las prestaciones de
desempleo. Creo que es una medida muy justa y muy solidaria y ahí vamos a estar de una forma unánime y conjunta. Pero en el Partido Popular creemos que esa contributividad a lo largo de toda la vida, usted hablaba de carreras de contribución, más
largas, más cortas, evidentemente si yo le digo a un autónomo que cotice solamente en unos años más y luego menos, los autónomos han tenido en este momento la oportunidad de poder cotizar a partir de determinado momento el máximo, sin embargo hasta
los 50 años han estado cotizando lo mínimo, frente a los funcionarios que como usted bien ha dicho -yo también soy funcionaria- que toda nuestra vida laboral ha sido igual. En estos momentos al Partido Popular también le preocupa mucho eso que
usted señala sobre esas personas que cotizan mucho tiempo, luego llegan a un ERE y ¿qué ocurre? Recuerdo que recién llegada a esta Comisión recibí aquí a los funcionarios de Aduanas, que tenían una reivindicación muy clara, ellos habían cotizado
mucho tiempo en la primera parte de su vida pero luego las aduanas habían desaparecido. En concreto eran vecinos nuestros de Irún, y qué tipo de pensión les iba a quedar, estaban realmente preocupados por su pensión porque ellos no han tenido
opción a elegir, si yo tuviera opción luego tendría que actuar en consecuencia pero a ellos han sido las circunstancias de la vida las que les ha llevado a eso.
Le planteo otra pregunta que en el Partido Popular nos venimos haciendo, todas esas mujeres, incluso de mi generación, que abandonaron la vida laboral para dedicarse a su casa -lo que me parece loable- y que ahora a lo mejor tienen cotizados
10, 12, hasta 14 años, y es muy difícil que muchas de ellas puedan volver al mercado laboral, no porque no quieran, sino porque es muy difícil incorporarse. Brevemente, otra pregunta vinculada a la anterior, ¿cuántos años para conseguir el cálculo
de la pensión?, ¿qué primamos, carreras largas, carreras cortas? Creo que es un tema importante y los ciudadanos esperan nuestra respuesta.
Otro punto que ha tocado usted, y que además me ha parecido que lo ha hecho perfectamente, es el de la política de las bonificaciones. Usted ha dicho claramente que todo aquello que no tenga que ver con la contributividad tiene que estar
fuera del sistema, es algo que desde el Partido Popular lo defendemos constantemente. Con lo que contribuye va a ir a la Seguridad Social y todo el resto de las políticas, las cuales apoyamos plenamente, que vaya con cargo o a los presupuestos del
Estado o a las políticas asistenciales, que tienen que existir. Está claro que la pobreza en este país no tiene que existir y el Estado tiene recursos para dar clave a todo ello, pero volviendo al tema de las bonificaciones, ¿qué nos plantearía
usted?, ¿por dónde irían las bonificaciones y más en este momento, donde se dedica un euro a generar empleo y 4 a pagar subsidios? En este
momento de crisis ¿estamos yendo por el camino adecuado? Está claro que no estamos generando empleo, si estamos pagando un euro para pagar empleo y 4 en los diferentes subsidios, algo está fallando. Por eso me gustaría saber sobre esas
bonificaciones, que son muy importantes para el empresario, sobre todo para el pequeño y mediano empresario ya que son realmente el motor de este país. Yo le volvería a poner un ejemplo, en la Comunidad Autónoma de La Rioja la mayoría de las
empresas son empresas familiares de 1, 3 ó 4 personas, nuestro tejido empresarial es muy pequeño. ¿Por dónde iríamos para que las medidas fueran buenas?, ¿por colectivos, por tramos de edad, por porcentaje?
También ha hablado usted de la edad de jubilación, ahí hay mucho.
Evidentemente, los mecanismos que están funcionando no lo están haciendo para incentivar la jubilación de las personas más allá de los 65 años.
Ayer me planteaba un
compañero catedrático de instituto una paradoja terrible, es una pequeña anécdota pero la voy a plantear en el Ministerio de Educación. Nosotros, los funcionarios de educación, cuando llegamos a los 55 años, es decir si yo el año que viene vuelvo a
mi centro de trabajo, tengo dos horas lectivas menos de clase, de docencia directa no de trabajo, sin embargo, si yo sigo trabajando más allá de los 65 vuelvo a tener esas dos horas con los alumnos. El ejemplo es significativo porque no es lo mismo
desarrollar trabajos en una biblioteca o trabajos de investigación en un despacho a estar dos horas más en contacto con los alumnos de bachillerato. Esa es una política de desincentivación de un colectivo como es el profesorado, que puede
perfectamente trabajar hasta los 70, porque es un trabajo intelectual, pero claro, no es lo mismo trabajar un número de horas en contacto directo con los chicos que en labores de apoyo que podemos hacer perfectamente. Como ese pequeño ejemplo hay
muchos en cuanto a la edad de jubilación, está claro que hay profesiones que tienen que jubilarse a una determinada edad, pero creo que otras no. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, no me veo jubilada a los 65; ahí tiene usted a Francisco Ayala, que a
sus 103 años sigue produciendo, sigue generando literatura y una buena poesía. Ojalá nos diera Dios a todos esas capacidades. ¿Por dónde irían esos incentivos? Porque realmente hoy no los hay. A nivel de sueldo, el sueldo es el mismo, algunos
funcionarios permanecen en el cuerpo porque el sueldo es un poco más que la jubilación, y estamos hablando de los niveles más altos. Pero, lo mismo que ocurre en esos colectivos ocurre en muchos otros, ¿cómo incrementamos la edad de jubilación?
Usted lo ha dicho también, en el resto de los colectivos, ¿cómo se llega a la edad real de jubilación? A mí me preocupa mucho todo el talento que hay en el mercado, porque realmente una persona empieza a ser productiva a partir de los 50, yo no
puedo entender que uno, a partir de los 50, se retire a pasear.
Ha hablado del sistema contributivo. Como muy bien ha señalado es un sistema solidario y en estos momentos de crisis nos ha venido muy bien.
Usted lo señalaba en uno de los últimos artículos, pero ¿qué opina usted de los sistemas
complementarios? ¿No se podría buscar una fórmula intermedia? Usted habla muy bien tanto de los sistemas de capitalización como de los contributivos, se ve que domina el tema, pero ¿cabría que existiera una mezcla? Estoy hablando a corto plazo o
a futuro. Ya le he mencionado también mi preocupación por el tema de la reforma de la viudedad y la orfandad. Evidentemente la sociedad española actual ha cambiado radicalmente, de hecho en la última reforma que se hizo ya se vio que se quedaron
flecos como las mujeres víctimas de la violencia de género o algunas mujeres que no habían tenido la pensión compensatoria; pero la sociedad cambia cada día y la estructura de familia un hombre casado con una mujer es casi del siglo pasado, con lo
cual los nuevos viudos van a ser diferentes, viudedad y orfandad, las dos cosas juntas.
Para terminar, en el informe que usted presentó en el Senado hablaba mucho de la modernización de la Seguridad Social, a mí hay una cosa que me llama la atención, decía que nos informan a los trabajadores de nuestra vida laboral, de la vida
laboral sí, porque vas al Servicio de Empleo y te lo dicen, que nos lo mandaban a casa aunque yo la verdad nunca he recibido ninguna notificación de la Seguridad Social, no sé si es porque soy funcionaria a y los trabajadores sí se lo mandan, pero
la presidenta de Unespa, en este misma sede, hablaba que no estamos suficientemente informados. A mí no me ha dado tiempo a entrar en Internet para ver hasta qué paso llego, lo confieso, pero me gustaría saber qué opina del tema, porque ella decía
que si realmente estuviéramos bien informados de lo que hemos cotizado de lo que va a pasar, me ha gustado mucho cuando ha comentado cómo se calculan en Hispanoamérica las pensiones. ¿Le parece a usted que todos los futuros pensionistas tendríamos
que tener esa información?, ¿cómo se podría hacer? Esto parece que no es tan importante, pero creo que podría ser fundamental.
Muchas gracias por su atención y enhorabuena por su exposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Jiménez Fernández, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Empezaré refiriéndome a algo que me ha preguntado al final y que enlazaba con un comentario al principio respecto a la gestión. Mi
experiencia, no solamente cuando estuve en la Seguridad Social española sino ahora, es que un sistema de protección social en general y de sistema de pensiones descansa sobre tres pilares: la financiación, la acción protectora y la gestión, la
gestión es tan importante como las otras. Hace poco en Chile le preguntaba a un taxista que tenía mucha edad y además no conducía muy bien y le pregunté porqué estaba conduciendo, me dijo: si no trabajo, no como. Le pregunté por qué no se había
jubilado y me dijo que no tenía jubilación. Para
los autónomos en Chile, hasta la reciente reforma, la afiliación es voluntaria, y solamente el 5 por ciento de los autónomos están adscritos, afiliados y cotizando. Cuando le pregunté por qué no había cotizado debidamente me dijo que porque
no se fiaba del sistema. Esa prueba que la tiene Chile y que la presidenta Bachelet lo ha dicho reiteradamente, de ese 95 por ciento de autónomos que no confían en el sistema parte es por dos o tres razones. Uno me decía: mire usted, es que mis
ahorros me los gestiono yo mejor que me los gestionan. Los gastos de gestión son muy elevados, más de un 20 por ciento, pero especialmente está en temas de gestión. Por lo tanto la gestión es clave para que una ciudadanía se identifique y tenga
tendencia a inscribirse en el sistema y no a salirse de él. En España, la experiencia -y se lo digo por mis hijos, que reciben anualmente el informe de vida laboral de la Tesorería- es que funciona mucho mejor, toda la Administración de Seguridad
Social que toda la Administración restante. Los funcionarios y la Administración de la Seguridad Social, y yo no soy funcionario de la Seguridad Social, es ejemplar, sinceramente. No es que sea suficiente, le dan un informe de vida laboral donde
concretamente están los años cotizados, las empresas donde ha trabajado, puede controlar si han cotizado o no los empresarios, pero cabría añadir algo más que a lo mejor es más complicado, que les diesen información por lo menos sobre los últimos
años de las bases de cotización, para que el trabajador pudiera hacer un cálculo aproximado de cómo iba configurando su pensión. Pero, sinceramente, creo que es necesario poner un acento muy importante. Si me permite, presidenta, aunque me salga
un poco del tema, un presidente americano de una nación hispanoamericana, que en un momento me pidió ayuda para hacer unas reformas en la gestión y me dijo: voy a hacer una reforma y que la voy a tener que pactar porque no tengo mayoría absoluta, y
por lo tanto no va a ser la reforma como yo quisiera, pero tengo la certeza de que si hago una reforma regular y se gestiona bien, la ciudadanía va a percibir que hice una buena reforma; en cambio, si tengo una magnífica ley y la gestión es mala,
la ciudadanía percibirá que hice una mala reforma. Era el presidente Sanguinetti, de Uruguay, y acertó; hizo una reforma que la tuvo que consensuar con todos los grupos políticos y nadie le protestó de aquella reforma. En definitiva, la gestión
es muy importante en un sistema previsional.
Me pregunta una serie de reformas teniendo en cuenta que no tengo ninguna responsabilidad en la dirección ni en la ejecución. Empezando por la edad de jubilación, creo que es cierto que hay algunos elementos que no favorecen la prolongación
de la vida laboral. Pongo uno como ejemplo, una persona que esté en el tope máximo de cotización, que ya hay mucha gente porque nuestro nivel de vida ha ido aumentando y en el grupo primero de cotización hay mucha gente, ¿para qué esperar a los 65
años si va a cobrar lo mismo a los 64 que a los 65? Ese gap que tuvo en su momento una justificación entre diferencia del tope máximo de cotización y todo el máximo de pensión, creo que en el momento actual ya no se justifica tanto, máxime cuando
estamos intentando reforzar el carácter contributivo y una forma es esa, por lo tanto, eliminando una de esas circunstancias evitaríamos que mucha gente se jubilase del grupo primero a los 64 años y por lo menos continuase hasta los 65. Se
equivocan en una cuestión, para ellos es lo mismo, pero no para la pensión de viudedad, porque si fallece él, la pensión de viudedad se vuelve a calcular sobre las bases de cotización, y ahí ha perjudicado a la mujer y a los hijos, pero eso no lo
tienen en cuenta.
Sobre las mujeres, hablando de la cotización, creo que un tema importante en España y sé que todos los grupos políticos y la sociedad en general está en ese camino, es promover la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Cuando vemos
el número de los últimos años de incorporación al colectivo de cotizantes, la mayoría son mujeres inmigrantes, efectivamente, pero con la mujer tenemos un ejército de reserva de futuros cotizantes si facilitamos la incorporación al mundo del trabajo
que cotiza. Creo que ahí hay una cuestión importante.
Sobre la edad de jubilación, sinceramente creo que hay que eliminar, sin circunstancias que inviten a jubilarse anticipadamente, yo no soy partidario de las jubilaciones anticipadas, nunca lo he sido. Coincido con el enfoque de la Unión
Europa, puede haber alguna situación excepcional, pero no me cabe la situación de que una empresa con beneficios proceda a jubilar anticipadamente a los 52 ó 53 años y nos traslade al conjunto de la ciudadanía un coste a través del sistema de
Seguridad Social. No estoy en contra de que lo hiciese, pero a cargo de sus reservas. Cuestión distinta sería una empresa que tenga una suspensión de pagos y estuviésemos hablando de la situación de los trabajadores, pero de una empresa con
beneficio no creo que deba soportar la Seguridad Social ni un coste, por mínimo que sea, soportando esa jubilación anticipada. ¿Que quiere jubilarlo? Muy bien, pague las cotizaciones hasta los 65 años, pero a cargo de sus resultados o reservas.
No entro en la bondad o no de las bonificaciones, que generalmente obedecen a razones de política laboral o de otras razones, pero no de Seguridad Social. Lo que decía es que las bonificaciones que se hagan, por razones de política
económica o laboral, no se financien nunca o vayan a cargo de cotizaciones sociales, que vayan a cargo de la imposición general, de los recursos del Estado. No me atrevo a enjuiciar si son buenas o son convenientes o no, lo que creo es que no deben
soportarles sus recursos vía cotizaciones.
¿Cuántos años para calcular la pensión? Pues mire, una de las cuestiones que se debe hacer en los sistemas de Seguridad Social y de pensiones, y recuerdo cuando hicimos la reforma en el año 1985, que yo entonces era director general de
Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social, hay que hacer la reforma en su momento y en la parte oportuna de ese momento. Creo que en España no sería lógico pasar de 15 años a un número elevado de años, teniendo en cuenta las
circunstancias
del mercado laboral, de los contratos a tiempo parcial y de los contratos temporales. Por consiguiente, creo que es un camino a transitar y es concretamente esta Comisión la que tiene que determinar cuántos años más, pero sin duda algo más
de los 15 años actuales. Y muy progresivamente, fíjense que la reforma que ha hecho Dinamarca o Alemania en otros ámbitos utilizan 15 ó 20 años para entrar en pleno funcionamiento, o la reforma de 8 a 15 años cuando se estableció para determinar la
base reguladora, creo que algo más pero es un camino a transitar gradualmente.
Separo la pensión de viudedad de la de orfandad, creo que las de orfandad son de muy baja cuantía y no solucionan las condiciones de vida del huérfano, y la de viudedad puede ocurrir lo mismo, pero creo que esta pensión va a exigir una
reflexión importante en esta Cámara, creo que no es el momento pero sí dentro de unos cuantos años, cuando la mujer esté plenamente incorporada al mundo del trabajo. A mí me tocó proponer eliminar las discriminaciones por razón de género de la ley
general y lo único que sucedió, y se sabía, es que los hombres íbamos a tener derecho a la pensión de viudedad. Creo sinceramente que no parece razonable que yo cobrase mi pensión de viudedad teniendo mi pensión de jubilación. Ese es el horizonte,
bastante lejano, que cuando trabajen hombre o mujer en igualdad de condiciones de salario y con el mismo grado de empleabilidad, yo creo que habrá que hacer una reflexión. Y para aquellas personas que no acceden a la pensión de viudedad porque
tienen la suya de jubilación sí creo que se debe mejorar la cuantía actual de las pensiones de viudedad. No es lo mismo reconocer una pensión en un periodo amplio que pequeño. Me tocó administrar un sistema donde se tardaban seis meses en
reconocer una pensión de jubilación, lo redujimos a tres meses y cuando me fui lo dejamos en 8 días. Le voy a decir un letrero que no aparece y que entonces aparecía al principio. El Banco de Santander decía: cuando se vaya a jubilar venga usted
al Banco Santander, le haremos un cálculo aproximado de la pensión y le daremos un préstamo mientras la Seguridad Social le reconoce la pensión. Ese era un descrédito brutal y una gran incertidumbre para el trabajador. Establecimos un criterio de
que no hubiera interrupción en el percibo de renta, si un trabajador se jubilaba a finales de mes, al final del mes siguiente tenía que tener la pensión.
Hoy se cumple y creo que eso es importante porque produce una identificación del trabajador
sobre un sistema que funciona. Por eso insisto en que la gestión es muy importante. En algunos sistemas en Latinoamérica pueden tardar hasta dos años en reconocer una pensión y algunas de esas demoras nos perjudican en los convenios bilaterales
con España.
Me hablaba de la contribución de los autónomos. Una de las cuestiones que en los sistemas hay que evitar es la selección de riesgos. Yo viví aquella época en los 80 cuando hasta un trabajador por cuenta ajena podía ponerse de acuerdo con
el empresario para cotizar por la mínima y después elevar la cotización en los dos últimos años. Esas son situaciones que no favorecen que se deben eliminar. Al autónomo creo que hay que mostrarle la bondad de los sistemas y la posibilidad de que
cuando llegue a una situación de invalidez, muerte o supervivencia y de jubilación tenga la renta económica adecuada.
Los sistemas complementarios. Mire, yo no soy contrario a los sistemas complementarios, soy contrario a que fuesen sustitutivos de nuestro sistema público de pensiones. Tengo un sistema complementario y tengo, por la edad ya, un 25 por
ciento en renta variable y un 75 por ciento en renta fija, y en el año 2008 he perdido más del 38 por ciento. Si yo tuviera que jubilarme -y tengo edad, pero no quiero jubilarme- todo el esfuerzo que he hecho desde que surgieron los sistemas
complementarios no me valdría para nada. Es un grado de incertidumbre tal que en los sistemas obligatorios de capitalización obligan a los países, como es el caso actualmente de Chile, a garantizar una pensión mínima, pero esa pensión mínima la
tienen que pagar con el esfuerzo de todos los ciudadanos a través de los impuestos. Por lo tanto, creo que son buenos los sistemas complementarios. Para mí hay algo en toda esa actividad económica lícita e importante, a la que yo no soy contrario,
que me falla. Es un tipo de actividad económica y comercial que difiere de las demás. El Corte Inglés, o cualquiera, si no vende y no calcula bien los costes, al final no tiene beneficios, pero este es un sistema -sucede en todos los países de
Latinoamérica y de aquí- que me retira el beneficio independientemente de la gestión que hayan hecho de mi cartera, y resulta que puedo haber perdido mucho, y no me refiero a un momento de crisis como la de ahora por el derrumbe de la bolsa, sino de
haber hecho una mala política de inversión y no le puedo decir que comparta conmigo los beneficios y los riesgos, sino que previamente, independientemente del resultado, se retiran el beneficio. Creo sinceramente que ahí hay algo que perfeccionar.
Después, hay que poner en relación las reformas de los sistemas complementarios con los propios sistemas públicos. No sé si han hecho el cálculo de un trabajador de salario medio, lo que le permite ahorrar la normativa de planes y fondos de
pensiones, porque no puede ahorrar todo lo que quiera, tiene un límite y un tratamiento fiscal.
Calculen esa parte lo que tiene que poner, lo que acumula y a una rentabilidad en promedio en un largo proceso que puede ser un punto y medio, a lo sumo
dos puntos por encima del IPC, calculen el capital que llega a formarse y después distribuyan ese capital por 17 ó 18 años de vivencia y verán que el sistema complementario es un poco más, pero no le va a solucionar la vida, porque tiene un límite.
Por tanto, creo que el sistema complementario debe ponerse en órbita y funcionar mejor para realizar verdaderamente una función de complementariedad de la función pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a don Adolfo Jiménez. Es un placer escucharle y más que nada hacerle algunas reflexiones porque coincidimos en la mayoría de los
temas que plantea.
No todo el mundo lo puede valorar, pero cuando nos encontramos gente que ya tenemos una cierta edad, lo valoramos. Creo que los acuerdos que fueron posibles en la transición hemos de interiorizar que el mundo nos admira por ellos, incluso
puede que le estén sirviendo al mundo, pero que en estos momentos a nosotros nos está costando mantenerlos. No sé si es porque a los que les tocó hacer esos acuerdos éramos gente más sensata o veníamos de situaciones mucho más complicadas, pero yo
recuerdo grandes acuerdos, no sólo los Pactos de La Moncloa, el Pacto de Toledo, sino el acuerdo interconfederal, el acuerdo de empleo. Realmente, tuvimos muchos acuerdos que permitieron a gente de ideologías muy dispares y posiciones muy distintas
ponernos de acuerdo. Yo aspiro y espero que todos tengamos el sentido común suficiente como para mantener, mejorar y alargar en el tiempo el Pacto de Toledo porque, a todas luces, se ha demostrado que ha sido lo mejor que le podía pasar al sistema.
Por lo tanto creo que es una de las cosas que políticamente deberíamos mantener todos, y parece que todos los grupos parlamentarios, si en algo estamos de acuerdo es en mantener el Pacto de Toledo con sus más y sus menos.
Comparto con usted la confianza en el sistema, pero a veces no sólo es la información. Usted ponía un ejemplo de los autónomos y yo le voy a poner otro ejemplo de los autónomos de aquí. Si a un trabajador del régimen general se le diera
que gana 800 euros al mes, se le pudiera dar la opción de en vez que su empresario el 28,5 lo ponga para las cotizaciones sociales, se las pudiera dar a él la mitad y cotizar la mitad, no tendría ninguna duda que la inmensa mayoría decidiría
llevarse más salario porque la situación actual lo requiere. Yo creo que lo bueno de nuestro sistema es que sea obligatorio, y aquí viene el ejemplo de los autónomos. En el año 2000-2001 había una reivindicación de los autónomos en nuestro país
muy fuerte, cobraban la baja de una IT normal a partir del decimosexto día, y decían que querían cobrarla desde el tercer día. Entonces gobernaba el PP y pasaron a poderla cobrar a partir del tercer día en los mismos términos que uno del régimen
general. Eso sí, costaba 9 euros más de cotización al mes. Bueno, pues seis años después todavía había colectivos de autónomos y autónomas con una reivindicación por la que querían cobrar la baja desde el tercer día. ¿Por qué sucedió esto?
Porque se hizo voluntario, el que quiso lo hizo y el que no quiso, no, la inmensa mayoría no lo hizo, al final casi hubo que hacerlo para todo el mundo de acuerdo con las asociaciones de empleados. A la hora de las cotizaciones nuestro sistema debe
permitir poca voluntariedad porque si no... Como decía una amiga mía: voluntad hay mucha pero dinero hay poco.
Es verdad que en algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo se ha avanzado mucho, casi se han cumplido y hay otras en las
que... Lo de la separación de fuentes, pero no es menos verdad que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante de aportación a los complementos a mínimos. ¿Por qué? Porque la subida que se ha hecho de las pensiones mínimas va a cargo
de complementos a mínimos y eso hace como si tú empiezas a correr en una carretera pero cada vez te cambian la línea de meta, pues cada vez te cuesta llegar más. Pero comparto con usted que hay que culminar este tema.
El tema de las jubilaciones anticipadas yo creo que lo tenemos bien enfocado, por una sencilla razón, porque jubilaciones voluntarias ya sólo quedan para aquella persona que realmente es mutualista, las otras jubilaciones de 61 años o 62 van
muy ligadas al despido, es decir, a que no haya tenido nada que ver la persona con su despido porque de otra forma no podría jubilarse. Yo creo que lo de los 67 años cada vez va quedando más lejos pues ya es mucho menos la gente que realmente se
puede jubilar. Pero aquí hay que hacer una reflexión importante, es decir, estando totalmente de acuerdo con que las jubilaciones anticipadas no son buenas para el sistema ni para el país, hay que hacer una reflexión, no es lo mismo hablar de
jubilación anticipada en personas que hacemos un trabajo que nos gusta, que disfrutamos con lo que estamos haciendo, que nos encontramos a gusto con lo que hacemos, que hablar de personas que tienen que estar en una cadena haciendo lo mismo todo el
día, y máxime cuando estamos hablando que en los últimos años en nuestro país -igual que en el mundo- ha sido tal el cambio tecnológico, tal el cambio de sistemas de trabajo que ha habido, que hay gente que con 50 años tenemos problemas para
adaptarnos de nuevo al mercado laboral. Por poner un ejemplo, estamos viviendo un momento con una situación complicada, donde la pérdida de empleo es nuestro gran drama y decimos que el futuro del empleo lo vamos a tener en temas de medio ambiente,
nuevas tecnologías, ayudas a las personas, esos son filones de empleo que habrá en el futuro, pero yo me pregunto ¿podemos reconvertir a gente de 50 años que viene de la construcción para alguno de esos empleos? Porque nuestro problema es el gran
número de personas paradas que tenemos de difícil colocación. En España, con el paro que tenemos, hay veces que hablas con empresarios y te dicen que no encuentran trabajadores, hay determinados puestos de trabajo que quedan sin cubrir, ¿por qué?
Porque nuestra gran asignatura pendiente es la formación continua y la formación profesional. Pero, aun con eso tendremos un grupo de gente que tendrá entorno a los 60 años -mi edad, por poner un ejemplo más claro- que no han hecho formación para
su puesto de trabajo excepto cuando eran aprendices y desde que pasaron a ser oficiales se les olvidó la formación, ¿cómo recolocas a esta gente? Y esta gente, en el fondo, es la que utiliza estos sistemas de jubilación anticipada.
Viudedad y orfandad. Hemos de hacer un esfuerzo en el tema de la orfandad pero yo creo que el concepto que usted utiliza de viudedad tampoco es el más exacto, por
poner un caso, usted habla pensando en la viuda mayor o en el viudo mayor, usted dice: un señor de 65 años que cobra una buena pensión por qué al morir su mujer le van a dar pensión de viudedad, o al revés, pero el problema de la viudedad
es cómo la adecuamos a que sirva de sustituto en el momento en que una pareja está montándose una vida, está criando una familia y en aquel momento una de las dos patas donde se apoya la familia falla. Ese es un caso. Y luego, comparto que no
sería lo mismo hablar de pensión de viudedad para una señora mayor de 65 años, que no tiene pensión propia, que para una mujer con 65 años que tiene pensión propia o tiene trabajo, y este es el gran escollo que tenemos, porque eso significa cambiar
totalmente el concepto de la viudedad que tenemos hoy.
Comparto con usted que los funcionarios de la Seguridad Social hacen una gestión impecable y a un coste impensable en cualquier otro sistema. Hoy día se reconoce una pensión en el mismo día y la persona cobra en el mismo mes. Yo recuerdo
cuando había que pedir la jubilación seis meses antes, aun estando trabajando, para que el trabajador no estuviera tantos meses sin ingresos en medio.
Termino con los sistemas complementarios. Yo estoy a favor de los sistemas complementarios, sin ningún problema, pero sabiendo que son sistemas complementarios de pensiones, que no son planes de ahorro puro y duro, porque si tienen unas
bonificaciones como planes de pensiones complementarios, tenemos que tratarlos como tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, una persona que cotiza en la parte alta, claro que tiene que pensar en un plan complementario de pensiones, porque en el
momento que se jubila sabe que sus ingresos van a bajar un 40 o un 45 por ciento, pero un trabajador medio, no, un trabajador medio de El Corte Inglés, la Seat o donde sea, sabe que cuando se jubila si tiene 35 años su pensión le puede bajar un 2 ó
3 por ciento. Por eso las necesidades del complemento son iguales.
Termino diciéndole que el año pasado hemos hecho una modificación de ley donde introducimos que las personas que cotizan en la parte máxima, si siguen cotizando más allá de los 65 años se les bonificará con el 1 o el 2 por ciento igual que
al resto, lo único que en lugar de dárselo como pensión se le dará como una paga anual en el contexto.
El señor PRESIDENTE: Señor Jiménez, finalice cuando quiera.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Creo que la confianza en el sistema es muy importante. No sé ahora en el mercado laboral, pero en algún momento lo he vivido por las
tensiones, trabajadores de todo tipo de profesiones han querido estar bajo el paraguas de la Seguridad Social y a mí me tocó integrar a los toreros, deportistas, ciclistas, sacerdotes, religiosos, monjas de clausura, no quedaba más que la cuestión
de la prostitución, pero prácticamente todo el mundo ha entrado. Y hay algo importante que en España por lo menos yo he detectado, la inmigración que viene de fuera quiere entrar en la Seguridad Social. Puedo tener la experiencia en algún momento
en que la mayoría de los trabajadores decía: inclúyame en la Seguridad Social y no me dé ese poquito más. No sé si es una formación de los sindicatos, que han contribuido a ello, pero sinceramente creo que ese atractivo que tiene nuestro sistema
no se debe perder. En Latinoamérica, sea Chile, salvo Uruguay y Argentina, el que puede se sale y se escapa del sistema y aquí hay una tendencia a integrarse en el sistema. Es un valor añadido y un capital que no debe perder la Seguridad Social.
Creo que en un sistema que si se llama obligatorio debe ser todo obligatorio, por una sencilla razón, porque si no se produce la selección de riesgo, una selección de riesgo que las compañías de seguros de sector privado ya evitan que se les
produzca a ellos, y en un sistema público con mayor razón. Si no, los jóvenes no pagarían porque tienen menos probabilidad de invalidarse y de no supervivencia. Por lo tanto, hay que evitar esa selección de riesgo y por eso han de ser de carácter
obligatorio. Y ese es el camino que han seguido Chile, Argentina y los demás países en relación al trabajador autónomo.
Creo que el Pacto de Toledo ha tenido un avance espectacular, no hace falta decirlo, y yo, lo que quería al venir aquí -en términos vulgares- era pincharles un poco para que sigan avanzando, pero el Pacto de Toledo ha tenido un tránsito muy
bueno. Y hoy no se pone en duda el futuro de nuestro sistema, y no me cabe la menor duda que, esencialmente, en buena parte es por el trabajo realizado en esta Comisión y después volcado en las leyes, evidentemente. Les animo a que no se queden
conformes con lo que hay y sigan avanzando. Y necesariamente los sistemas, en el año 2009, no son iguales y las necesidades no son iguales que las de hace 15 ó 20 años, y tampoco serán las mismas dentro de otros 15 ó 20 años. Por lo tanto,
conviene reflexionar si el sistema está dando respuesta a las necesidades que en ese momento se produzcan y cómo se producen.
Posiblemente me he explicado mal respecto a lo de la viudedad. Yo estoy de acuerdo, cómo no, con la pensión de viudedad, incluso digo más, no se comprendería muy bien por qué hay una garantía de pensión mínima para una persona sin cónyuge a
cargo en jubilación de cuantía distinta a la de viudedad, si los dos van a necesitar el mismo importe de renta económica para poder vivir. Por lo tanto, coincido en que se debe mejorar la pensión. Lo que decía es que en el tema de la viudedad hay
una reflexión a un horizonte, que yo sitúo en 10 ó 15 años, que cuando todas las mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo, existiendo todo esto de la conciliación familiar, cuando cada una tenga sus ingresos salariales, van a encontrarse en
la misma situación que pudiéramos cuestionar o no si los varones debemos cobrar la pensión de viudedad.
Pero insisto, ese es un
tema que va a venir. Yo tengo dos hijos y dos hijas y he tenido más interés en que estudiasen las hijas casi que los hijos para que tengan su salario y no dependan de una circunstancia. Lo digo porque este es el horizonte. Pasa en los
países nórdicos, donde hay otra situación económica y social y sí reflexionan sobre esa viudedad; pero es compatible lo que digo respecto a la situación actual, en la que necesariamente debe mejorarse la pensión de viudedad.
Sobre las jubilaciones anticipadas, insisto. Yo no estoy refiriéndome a aquellas situaciones graves que ahora podemos ver en algunas empresas, estoy en contra de las jubilaciones anticipadas que se han producido hasta en el periodo de gran
crecimiento económico. Porqué cuando una empresa financiera dice que ha obtenido un beneficio enorme dice que va a reducir la plantilla, no digo que no, pero no me traslade ningún cargo a la Seguridad Social, no me diga que me va a dar un
trabajador para que a los 60 años... no, cotice usted hasta los 65 años y haga lo que quiera, no nos traslade al resto de los ciudadanos el que quiera hinchar aún más la cuenta de resultados. No estoy, lógicamente, en contra de las jubilaciones
anticipadas en la situación de que una empresa en crisis, en suspensión de pagos o en quiebra pueda utilizar ese mecanismo y el sistema de protección social dé cobertura a esas personas. Lo que ocurre también, al hilo de la actualización de las
actividades laborales, es que hay algo que el sistema tiene que hacer con mucha prudencia, y yo como no soy gestor puedo evitar tener esa prudencia, hay que estudiar todo el tema de la actualización de los coeficientes reductores en función de
actividades insalubres o peligrosas, de tal forma que algunas de las nuevas tecnologías producen también daño, por tanto habrá que estudiar si hay unos coeficientes reductores adecuados a aplicar para las jubilaciones anticipadas.
Sobre los sistemas complementarios, insisto, pueden cumplir una función, cada cual en su sitio. Sin embargo, lo que en España hecho en falta de desarrollo son los sistemas de empresa. Les cuento una anécdota para que vean que muchas veces
en estas cuestiones más que una configuración de un sistema de protección hay otros intereses. Me sucedió dando una conferencia en Chile, le dije al ministro de Trabajo: ahora voy a hablar un poco de los sistemas complementarios de empresa, y me
dijo: ni se te ocurra, porque tropiezas con los intereses de los que llevan las agencias que son sistemas individuales. Es decir, creo que en un sistema complementario se puede compatibilizar todo, pero la filosofía principal es que complementen o
jueguen la función para la cual se crearon en el año 1986, si mal no recuerdo.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión diez minutos. (Pausa.)
- DE DON JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ, CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000313.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el segundo punto del orden del día, la comparecencia de don José Luis Monereo Pérez, catedrático de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, para informar sobre
temas relacionados con el objeto de la Comisión.
Bienvenido, tiene el uso de la palabra para exponer lo que le parezca oportuno.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Monereo Pérez): En el inicio de mi intervención quiero expresar mi gratitud y mi satisfacción por haber sido invitado a pronunciarme sobre el
proceso de reforma de la Seguridad Social, y muy en particular, del sistema de pensiones en curso. Quiero indicarles que dejo en este acto un documento base con mayores precisiones respecto a lo que voy a señalar aquí, incluso habrá temas en los
que en mi intervención no tendremos tiempo de entrar, sin perjuicio de que en el debate podamos verlo con más detenimiento.
Decía Beltran Russell que nunca hay viento favorable si no se conoce el rumbo. El enfoque que debe adoptarse en materia de Seguridad Social es el del ciclo vital de las personas. Es un enfoque que ya se utilizó por la Seguridad Social
clásica aunque a menudo no se hiciera explícita esa utilización. En ese marco hay que insertar el contexto de la grave coyuntura de crisis económica actual. Bien es sabido, y más en este foro, que el ciclo vital es una técnica de organización de
la acción protectora de las personas dentro de los sistemas públicos de protección social, y la idea que subyacía al nuevo enfoque que representaba la Seguridad Social moderna, era la de proteger a las personas a lo largo de ese ciclo vital. La
Seguridad Social construyó todo su edificio sobre la base de entender que ese ciclo vital, prototípico de la persona, sobre todo originariamente, lo era del trabajador; era un ciclo dividido fundamentalmente en tres etapas que todos conocemos, un
ciclo ternario, y resulta que en las últimas décadas hemos constatado que se han producido cambios muy importantes en la conformación de ese ciclo vital. El modelo lineal de sucesión de etapas, nacimiento, periodo de educación, trabajo, matrimonio,
hijos, jubilación, muerte, que había caracterizado la vida de las personas a lo largo de prácticamente todo el siglo pasado ya no se corresponde completamente con la realidad vital de los individuos y de la familia, emerge una nueva situación y una
nueva sociedad que se ha dado en llamar sociedad del riesgo. En este sentido, he señalado ya en alguna ocasión que se han producido fisuras muy importantes en el modelo de ciclo ternario clásico, descronologización de ese ciclo derivada por razones
estructurales y coyunturales, que no tenemos tiempo ahora de entrar en detalles, y existen nuevos elementos y datos para
replantear políticamente la protección social de la vejez en particular: reducción de la natalidad, envejecimiento demográfico, cambio en el mercado de trabajo, incremento de la esperanza de vida, son todos fenómenos bien conocidos que han
estado presentes en todo el proceso reformista del Pacto de Toledo y también de todas las reformas que se han emprendido, muy especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Y este fenómeno ha llevado a propiciar, entre otras, un conjunto de
medidas bien significativas: fomento de la jubilación tardía, penalización de prejubilaciones, jubilación anticipada o racionalización de ellas, reforzamiento de los mecanismos de activación de las prestaciones, y muy en particular en lo que se
refiere a la jubilación y al desempleo. Y en esa orientación, parece que existe la convicción generalizada de que deben articularse mejor y más adecuadamente las políticas y las medidas de seguridad social con las políticas y medidas de empleo.
Este es un dato que siempre ha existido pero hoy queda más realzado. Todos sabemos que en el origen de la moderna Seguridad Social contemporánea Beverley trazó un gran informe sobre Seguridad Social y servicios sociales pero inmediatamente lo anuló
con otro sobre política de empleo defendiendo las políticas de pleno empleo como parte de las políticas de Seguridad Social. El dato obvio de esa vinculación tiene que ver con el hecho fundamental, de todos conocido, de que una política de empleo,
en términos razonables, con lo que se pueda alcanzar en cada momento, es indispensable para el éxito de las políticas de Seguridad Social. Esa idea que refuerza la vinculación que acabo de señalar está muy presente en el método abierto de
coordinación y aparece en todo el marco de las recomendaciones, de las directrices de la Unión Europea a distinto nivel, incluso en fechas muy recientes de la Comunicación de la Comisión en un documento de 13 de febrero de 2009. De forma sobre
añadida a esos problemas del ciclo, y quizá poniendo de relieve esa incertidumbre en la vida actual, se sitúa la crisis económica actual, que está teniendo efectos muy negativos en la destrucción del empleo, en el menoscabo de los programas de
ahorro de las pensiones privados, pero, también hay que decirlo, puede romper o desequilibrar los objetivos del desarrollo de una Seguridad Social que está basada -y es bueno que lo esté- en un modelo público de reparto. Esto es un dato importante,
sobre todo cuando hablamos de una crisis que tiene una dimensión estructural, que va a ser de larga duración y que se va comparando con el crack de 1929 aunque tenga una fisonomía algo diferente.
Todos sabemos que el marco constitucional del artículo 41 consagra en el fondo dos grandes pilares, lo que llama propiamente Seguridad Social, que es el pilar público, y luego tenemos un pilar complementario que tiene un diseño básicamente
construible a través de la iniciativa privada. La opción de todo el proceso de reforma, tanto de los Pactos de Toledo y su desarrollo legislativo, claramente, como es bien conocido y más en este ámbito, ha sido el optar por el mantenimiento del
reforzamiento del sistema de reparto. Esta ha sido una opción clara, asumiendo la existencia de sistemas privados complementarios o estrictamente complementarios, tal como se dice explícitamente en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, artículo
primero, apartado 2. Se ha optado por una reforma gradual y de carácter racionalizador y todo ello forma parte de este importante consenso social y político del que antes se hablaba, del Pacto de Toledo, y eso significa que se han excluido, al
menos por el momento, cambios radicales a corto y medio plazo, que es lo que también podemos planificar en este momento actual.
Creo que en este marco, en ningún caso, respetando el modelo actual de reparto, debe procederse a una reducción significativa de las cotizaciones sociales, que prácticamente han sufrido un proceso de congelación, a riesgo de que en caso
contrario se ponga en grave peligro el futuro del sistema público de pensiones, basado -insisto- en un modelo de reparto y de carácter contributivo. Se impone el mantenimiento del sistema de reparto, que forma parte del núcleo del acuerdo del Pacto
de Toledo, y quiero subrayar que ese sistema ha puesto de relieve su resistencia y adecuación frente a la crisis actual y frente al fenómeno de la inflación, responde mucho mejor que los sistemas de capitalización.
A corto plazo es impensable que,
en coherencia con la lógica contributiva, se incrementen las cotizaciones, todos lo sabemos, por la situación de crisis económica. Pero quiero decir que, desde el punto de vista de una planificación coherente que viene exigida en la dinámica del
Pacto de Toledo, se trata de eso, de planificar la adaptación progresiva de la Seguridad Social y, en particular de las pensiones, a los cambios en curso, a medio y largo plazo probablemente habrá que ser coherente y pensar en incrementos de
cotizaciones como mecanismos más adecuados que el propio trasvase de sistemas impositivos para satisfacer necesidades de un sistema que debe ser fundamentalmente contributivo.
Por otra parte, creo que no es una prioridad inmediata el incremento legal de la edad ordinaria de jubilación. Creo que lo pertinente es continuar progresando en la política de incentivación de la prolongación voluntaria de la vida laboral.
Si en el futuro se desea incrementar la edad de jubilación, otros países están abordando -como bien saben- este proceso y se está implantando la edad de 67 años con un proceso gradual, eso va a exigir previamente una política, no solamente exitosa
de Seguridad Social sino va a exigir -y sobre ello si hay tiempo insistiré después- una política exitosa, no meramente retórica de fomento de la permanencia en el empleo de los trabajadores mayores de edad. Porque el problema fundamental son los
trabajadores que son rápidamente expulsados del mercado trabajo, en condiciones de crisis y también en condiciones de estabilidad. Por lo tanto, el objetivo actual más modesto debe ser, antes que pensar en cualquier tipo de incremento, hacer por lo
menos que la edad real efectiva de jubilación se
equipare de algún modo a la edad ordinaria. Esto sería un primer éxito para empezar luego a reflexionar.
Creo que deben combinarse las políticas de Seguridad Social con las políticas de empleo y continuarse las políticas de fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral, pero, con ser importantes, no son suficientes los incentivos
dirigidos exclusivamente al trabajador.
Adicionalmente, me parece imprescindible realizar política activa de empleo que garantice que van a tener posibilidades de empleabilidad, si no, todo esto no tendrá mucho sentido porque al final quedarán
expulsados igualmente del mercado de trabajo. Todos sabemos que nuestro sistema de pensiones tiene siempre presente una fuerte tensión entre la política de prolongación y la política de anticipación de la edad de retiro. No creamos que es una
singularidad exclusivamente nuestra, pero sí es verdad que en nuestro caso se plantea de forma especialmente visible. A veces es esto así porque la política actual, en gran medida, se ofrece como muy contradictoria, por un lado se prolonga la vida
activa y por otro se fomenta la anticipación de la edad de jubilación, a veces de un modo muy indiferenciado. Particularmente el problema se plantea a los ERE -Expediente de Regulación de Empleo- y los problemas de la anticipación de la edad de
retiro de las personas. Más allá de la situación concreta creo que hay programando no solamente a corto sino también a medio y largo plazo. Creo que la política actual de gestión de recursos humanos sobre la base de la anticipación de la edad es
incoherente e insostenible a medio y largo plazo. Creo que estas políticas tienen excesivos costes sociales y económicos, y pueden generar, como lo están haciendo, problemas muy graves. Creo que además hay un problema fundamental en esta
vinculación entre la política de Seguridad Social y la de empleo que me parece fundamental, y es que nuestro modelo de expediente de regulación de empleo, y es un modelo legal, está orientado preferentemente hacia la expulsión de la mano de obra
madura, este es el problema y eso hay que cambiarlo. Hay que buscar otros mecanismos de reestructuración de la empresa que no se residencien sobre la base de expulsión de una mano de obra madura que puede ser perfectamente productiva. Por tanto,
hay que reformar los expedientes de regulación de empleo, hay que avanzar más en la dirección de garantizar que los trabajadores de edad puedan adaptarse y puedan permanecer en actividad en el marco de la empresa. Y evitar también con ello el fácil
expediente de desplazar costes privados hacia el sistema de Seguridad Social, hacia el sistema de pensiones y, por extensión, a la colectividad general. En ese sentido, yo creo que hay que meditar profundamente la problemática planteada por las
prejubilaciones, porque, desde mi punto de vista, deben ser una medida ciertamente excepcional, hoy probablemente haya situaciones de excepcionalidad, pero se han realizado prejubilaciones de forma indiscriminada sin que haya límite importante en
este sentido y no razonable. Por lo tanto, creo que hay que penalizar el uso de los dispositivos de prejubilación, de iniciativa autónoma a través de planes de empresa que no tengan realmente una verdadera justificación, lo mismo que la utilización
indiferenciada de dispositivos propiamente dichos de jubilación anticipada, donde ya hay una pensión de Seguridad Social. ¿Es un procedimiento de gestión de excedentes de plantilla? Lo que yo creo que hay que proponer es que hay que cambiar ese
procedimiento para hacerlo girar sobre otra base diferente que no sea la mera expulsión de mano de obra. Juntar los problemas de la Seguridad Social con los problemas de las políticas de empleo y de las políticas laborales. Por supuesto que la
jubilación a una edad reducida o anticipada está especialmente justificada cuando hablamos de categorías de trabajadores que están en una situación especial de riesgo y, por supuesto, cuando hay circunstancias excepcionales. Esto puede suceder y
ser una buena medida. Y tampoco quiero ocultar que desde mi punto de vista no me parece muy coherente el uso sistemático de las jubilaciones forzosas por convenio colectivo, el de la disposición adicional décima, porque como de todos es bien
sabido, y yo he realizado varios informes para la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, la mayor parte de los convenios colectivos establecen jubilaciones forzosas incondicionadas; no condicionadas a que haya una nueva amortización del puesto
de trabajo, y claro, decae en un derecho individual importante pero al mismo tiempo, esa persona que podría estar trabajando, forzosamente tiene que dejar de trabajar sin que haya una garantía de tutela de intereses colectivos relevantes merecedores
de atención, sino una pura amortización en muchos casos de empleo. Insisto, en el estudio que realicé no hace mucho tiempo sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas puse de relieve que la inmensa mayoría de las cláusulas de los
convenios colectivos en esta materia está equivocada en los grandes objetivos. Por eso creo que hay dos opciones, o se penaliza directamente, quitando la habilitación, suprimiéndola, o se endurecen las condiciones en que se pueden realizar.
Quiero también en esta intervención, sin perjuicio del documento de base que antes he señalado y que está a disposición de ustedes, hacer alguna referencia a la pensión de viudedad, que realmente casi merecería un capítulo aparte. Es un
tema muy complicado y hay que reconocerlo. Ya desde el acuerdo político y social de 2006 se ponía de relieve como declaración de principios que la pensión de viudedad, textualmente decía, 'debe de recuperar su carácter de renta de sustitución y
reservarse realmente en aquellos casos donde el causahabiente contribuía al sostenimiento de la familia sobreviviente'. Yo estoy de acuerdo con esa filosofía, que tiene que aplicarse progresivamente dada la situación de los intereses de las
personas que están implicadas, empezando por el colectivo de mujeres. Pero, en cualquier caso, a medio y largo plazo es imprescindible una reformulación integral y completa de la pensión de viudedad. Tendrá que ir paralela al mercado de trabajo y
a los ciclos vitales de las personas, pero creo que es ineludible. Todos hemos criticado
un modelo vigente centrado en el carácter indiferenciadamente vitalicio, la compatibilidad con el trabajo de una pensión, el hecho de que el sistema es poco redistributivo en ese sentido, porque, a lo mejor había circunstancias que realmente
exigirían una mayor protección y sin embargo no están protegidos porque se hace un uso excesivamente indiferenciado.
Tengo que reconocer que la Ley 40/2007 avanzó -y probablemente no es fácil avanzar aquí de forma más resuelta- en la redefinición y
modernización de todo el sistema e incluyó también los supuestos de uniones de hecho, pero, en conjunto la reforma sigue siendo modesta e insuficiente en su alcance, y, de hecho, habrá que seguir caminando en la dirección de reformas de mayor
calado, de carácter estructural, como así ya se preveía dentro de la propia ley.
Tampoco quiero ocultar al menos dos elementos de crítica respecto al modelo vigente, que tiene grandes virtualidades pero creo que hay algunos defectos que deberían ser subsanados prontamente. En primer lugar, en lo que se refiere a la
pensión de viudedad en caso de separación, divorcio y nulidad. Yo he realizado un estudio empírico sobre esta materia, con datos estadísticos, y me parece interesante reflexionar sobre lo siguiente: Si se atiende al artículo 174 4) de la ley,
parece claro que el derecho a pensión de viudedad queda condicionado a la pérdida de pensión compensatoria, artículo 97 y 98 del Código Civil. También se convendrá que el requisito es claramente restrictivo y muy polémico, lo fue antes y lo es
ahora. Y más con los datos que les voy a señalar porque, si realmente se interpreta como probablemente en sentido literal hay que interpretar el artículo 174, prácticamente quedarían sin protección entre un 80 y 90 por ciento de las personas que
supuestamente serían beneficiarias. Esto es una aporía del sistema porque no tienen el reconocimiento de la pensión compensatoria, tiene un efecto expulsivo excesivo en este sentido y, al final, se puede decir que las personas separadas,
divorciadas, o con matrimonios nulos el 1 de enero de 2008, en su inmensa mayoría han perdido su expectativa de beneficiarse de la pensión de viudedad. Me parece que esta situación es grave, y sobre todo en un país complicado como el nuestro donde
también se da la paradoja de que en muchos casos se está produciendo algo que es una anomalía, que es fijar una pensión compensatoria insignificante con la sola intención de dejar abierta la puerta a la pensión de viudedad. La práctica encubierta,
de picaresca se podría decir, también se está produciendo. Por tanto, la reforma en este punto de la Ley 40/2007 no creo que haya sido demasiado afortunada, sí lo ha sido en el espíritu, que se comparte, pero plantea problemas en lo que se refiere
a la forma porque ha establecido solo parcialmente la necesidad de dependencia económica, y curiosamente, respecto a las parejas de hecho, y desde el punto de vista técnico ha utilizado un parámetro de referencia muy problemático como es el recurso
a la pensión compensatoria como criterio delimitador. Es un problema muy complejo por las finalidades que tiene la pensión compensatoria. Desde el punto de vista civil compensa el desequilibrio económico sufrido por un cónyuge de un modo adicional
a prestación alimenticia, etcétera. Es un criterio muy problemático y habría que buscar otras opciones distintas.
En el documento que he aportado imagino algunas de ellas, se podrían buscar otras alternativas pero esta es muy problemática y puede
cuestionar la filosofía de la norma, no en los fines perseguidos. También tengo que decir que en lo relativo a la viudedad y a las parejas de hecho también hay un problema importante. Es verdad que el legislador tiene una gran libertad de
configuración de lo que se refiere a la ordenación de la acción protectora, en esta y en otras materias, pero hay que tener mucho cuidado de que cuando estemos ante un mismo hecho causante se establezcan diferencias tan acusadas entre lo que son la
situación del matrimonio y las uniones de pareja de hecho. Porque el hecho causante es el mismo y la situación de necesidad es la misma y sin embargo los requisitos son diferentes. Quiero decir que lo que se ha realizado es una equiparación,
digamos, parcial, cuando realmente habría que haber ido a una equiparación en un sentido más totalizador, y probablemente, y esa sería la línea más deseable de todas, buscando la situación de dependencia económica, y efecto ingreso como criterio de
unificación en este sentido.
Pero la solución actual no me parece excesivamente convincente y tengo mis dudas de que superara las tasas de constitucionalidad, porque no hay el mismo trato para la misma situación de necesidad por la misma causa y
para situaciones análogas. Por lo tanto, se rompen los criterios trazados en este sentido por el Tribunal Constitucional, o al menos creo que puede haber una razonable duda sobre esa diferencia.
En cuanto al tema de los fondos de pensiones privados, me parece que es un tema importante, dada la intercambiabilidad y la relación clara que hay en el proceso de reforma entre pensión pública y pensión privada. Yo creo que la crisis
económica actual pone una buena dosis de realidad sobre la función que tienen que desempeñar los fondos privados de pensiones porque muestra, más que suficientemente, que realmente son los sistemas de reparto los que permiten garantizar desde el
punto de vista de la seguridad jurídico-económica las pensiones para las generaciones en cuestión. El crecimiento de los fondos de pensiones ha sido muy importante, su rentabilidad también, pero ya sabemos que en los periodos recientes, con
situaciones de crisis y de inflación, quiebran los aspectos fundamentales de garantía. De manera que la experiencia actual contribuye a reforzar la opción del Pacto de Toledo por los sistemas de reparto y dejar a los fondos de pensiones su papel
fundamentalmente complementario. No obstante, estos sistemas creo que deben ser mejorables, y hay unas mejoras que voy a enunciar nada más, porque no tengo tiempo, que deberían realizarse, por supuesto, manteniendo el carácter complementario y el
carácter voluntario. Pero creo que debería mejorarse claramente la universalidad en la cobertura ya que se espera que haya una mayor complementación, me
refiero sobre todo a que hay que eliminar decididamente el requisito de antigüedad en los planes de pensiones en los planes de empleo, esto no tiene ningún sentido porque, como ustedes saben, hay un principio de transferibilidad, con lo cual
no habría ningún problema de los recursos acumulados, y sin embargo esta es una medida muy desfavorable para los trabajadores con contratos temporales o con contratos precarios, es una redistribución a la inversa. Y, precisamente pensando en
reforzar la garantía, creo que también hay una posibilidad muy importante que se debe utilizar; el aseguramiento obligatorio, no meramente facultativo, de las prestaciones de los sistemas de pensiones privados. Yo creo que esto se puede hacer, es
una de las grandes medidas que se pueden adoptar. Hay experiencias comparadas en este sentido, y evitaría que toda la inseguridad de los mercados fuera transferible a los sujetos más débiles, que son en este caso los pensionistas, que son
acreedores de este tipo de prestaciones. No es suficiente la externalización o exteriorización, es otra cosa distinta, es el aseguramiento de las prestaciones obligatorias para evitar los problemas de ciclo económico como el actual. Hay otras
medidas pero no hay demasiado tiempo para entrar en ellas.
Me gustaría aunque sea simplemente enunciar algunas cuestiones. Yo creo que la protección por desempleo, no solamente en el contexto actual sino en una perspectiva de largo alcance, tiene que ser también redefinida dejando claro al menos
dos cuestiones, primero, que es insostenible el recurso permanente de políticas de desempleo con medidas aisladas, improvisadas y frecuentemente de carácter excepcional. Aquí falta también una planificación, y en segundo lugar, y en relación a
ello, lo que precisamente habría que procurar es que, de una vez por todas y globalmente, no incidentalmente, la protección por desempleo entrara de pleno derecho en el sistema del Pacto de Toledo. Porque, al fin y al cabo, se ha convertido en un
proceso de reforma del sistema de Seguridad Social, y, en cualquier caso, las sinergias existentes entre el desempleo y la pensión son extraordinarias. Lo hemos visto con la jubilación anticipada, con las prejubilaciones, y sabiendo ya como sabemos
que hoy ya el desempleo, aunque sea en situación de crisis, es la segunda partida más importante de los presupuestos después de las pensiones. No tengo tiempo para entrar en medidas que creo que hay que reformular claramente y habría que entrar en
ellas pero están en el documento base. Enunciando nada más que algunos temas creo, consciente de la dificultad, que debería abordarse la reforma de los regímenes especiales de los funcionarios públicos. Es como una especie de excepción de la
excepción, va un poco por su cuenta salvo en una parte que es el derecho común de las pensiones, pero hay muchos aspectos que deberían racionalizarse, debería hacerse una reforma de la legislación que garantizara la misma extensión protectora, el
mismo sistema de cargas, el principio de equidad... Esto, evidentemente, no es una propuesta para hacerla valer inmediatamente pero sí para introducirla en el debate y establecer medidas que poco a poco tendieran a ello. Y luego hay que culminar
todo el proceso de simplificación que ya está en curso. Se está haciendo con el régimen especial agrario, la integración de los autónomos, según los casos, en el régimen general, y el tema pendiente -seguramente ya lo habrán analizado aquí- de las
empleadas de hogar, donde ya hay más que promesas y trabajos en curso y hay un compromiso directo de la propia Ley 40/2007. Yo creo que se tiene que proceder claramente en una línea que, en primer lugar, progresivamente, vaya equiparando la acción
protectora y adaptando los periodos de cotización para que cuadren las cosas, pero sin perder nunca el hilo conductor del horizonte que tiene que ser la convergencia hacia el régimen general, que es el régimen propio también para este colectivo.
Y
lo más urgente es que haya equiparación en contingencias profesionales, que son importantes, y en menor medida el tema de la protección por desempleo.
Hay muchos aspectos más, pero me parece que la idea era tratar de afrontar algunos de los temas en la confianza de que el texto que les indicaba, aunque luego les enviaré una versión mucho más definida y matizada, creo que puede ser
interesante para articular el debate y que conozcan ustedes mi modesta opinión en estos asuntos.
El señor PRESIDENTE: Por una cuestión de orden, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Únicamente para agradecer la comparecencia, antes no he podido hacerlo con el señor Jiménez, del señor Monereo, agradecer dos cuestiones fundamentales, el rigor y la ponderación en los análisis que se han hecho en
relación a nuestro sistema de pensiones, yo creo que en la tradición del Pacto de Toledo; y también las recomendaciones, y asegurar que ese es el mecanismo, en nuestra opinión, para seguir adelante en relación a la mejora del sistema de pensiones
en relación al Pacto de Toledo. Todo lo que sean alarmismos, catastrofismos y utilización de este tema en clave de parte no va en el buen sentido y, sin embargo, este tipo de comparecencias nos reconcilia con el mejor espíritu del Pacto de Toledo y
la voluntad de mejorar el sistema de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ignacio Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: Señor Monereo, en primer lugar agradecerle su asistencia a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, por compartir sus impresiones sobre la situación del sistema de pensiones en
nuestro país, las que ha pronunciado oralmente y también las que ha dejado por escrito que estoy seguro la señora letrada nos hará llegar a todos los miembros de esta Comisión y que estudiaremos con especial atención. Decirle también que
compartimos plenamente gran parte del discurso que hoy ha
pronunciado y en concreto en lo que se refiere a la urgencia de alguna de las reformas que ha enumerado, así como la urgencia también de un sistema de planificación real en detrimento de la improvisación que creemos tanto aflora hoy en día.
Transmitirle en primer lugar también el planteamiento de mi grupo. Para nosotros la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones depende principalmente de cuatro aspectos: la evolución del número de cotizantes y del número de pensionistas, del
ciclo vital de los ciudadanos cuyo componente de años inactivos crece de forma continuada mientras el de los años activos disminuye o se estanca, de las aportaciones vía impuestos o cotizaciones que la sociedad esté dispuesta a sufragar y otras
materias asociadas al envejecimiento y al bienestar, sin olvidar el mantenimiento de un pacto implícito entre generaciones por el cual las generaciones jóvenes y activas dedican gran componente de sus recursos potenciales a transferir rentas a las
generaciones mayores y pasivas. En el Grupo Popular creemos que la evolución de estos elementos dista mucho de ser alentadora en base a la evolución previsible de nuestro mercado laboral, de nuestra demografía, de la productividad y de la capacidad
de crecimiento en nuestro tejido productivo, y también de nuestra inmigración y de nuestros componentes de gasto público. Como usted decía, la crisis económica ha venido a incidir de forma muy negativa en los parámetros de sostenibilidad,
disminuyendo drásticamente nuestra capacidad de maniobra como país, deteriorando gravemente a corto y medio plazo nuestras finanzas públicas, distorsionando por completo nuestros objetivos y nuestra prioridades económicas, y presionando, como hemos
visto también en los últimos meses, al alza los gastos de nuestro sistema de pensiones por el aumento de las expulsiones anticipadas del mercado laboral, a las que usted se ha referido, del incremento del porcentaje en las cotizaciones de los
desempleados y la pérdida global de recursos derivada del descenso de cotizantes preexistente o de la no incorporación de trabajadores sin empleo anterior. Desde nuestro grupo, los resultados que ofrece el sistema distan mucho de ser positivos y
más bien abundan en la idea de una evolución problemática en el futuro. Los últimos datos, que enumero rápidamente, conocidos, nos mueven desde el Grupo Parlamentario Popular a la preocupación. Son 142.244 cotizantes menos a la Seguridad Social en
agosto de este año, un millón casi doscientos mil menos en sólo un año, el superávit cayendo a un ritmo del 33,3 por ciento en medio año, y todo lo que llevamos de 2009 sin ingresar un solo euro en el fondo de reserva. Como usted sabe, los ingresos
por cotizaciones han crecido el cero por ciento mientras los gastos lo hacen al 7,2 por ciento, y las cotizaciones desmoronándose, y creemos que todavía no lo hacen más por los dos millones de parados que cotizan aun de forma transitoria o los más
de 150.000 empleados públicos contratados en este último año en una dinámica insostenible para el futuro. Para nosotros, señor Monereo, hay varios elementos en nuestra economía que merecen especial atención en el contexto de una economía llamada a
necesitar cuantiosos recursos para atender crecientes gastos en pensiones, y algo en lo que creemos que todo el mundo coincide, es que no es irrelevante cómo se gestione el presente para encarar con solvencia y realismo el futuro que tenemos por
delante. No da lo mismo cómo se sitúe España en los próximos años para dibujar el escenario de compromisos por pensiones que se están ya generando y que habrá que atender a la llegada de un entorno de jubilación más numeroso de lo que ha vivido
jamás nuestra historia, cuando se jubile la llamada generación del baby boom en nuestro país. Y más allá de esa auditoría de equidad y contributividad al sistema que venimos reclamando nosotros, incorporando modificaciones que hagan el sistema más
ordenado, más justo, más equitativo, más solidario y socialmente más respaldado, queremos que se atienda mejor a las nuevas situaciones personales, familiares y laborales que se dan hoy en nuestra sociedad. Y hay que atender, como ya se hizo de
forma explícita en el Pacto de Toledo vigente, a una serie de factores que resultan de extremada importancia en el contexto de las próximas décadas, como son la deuda pública, el déficit público, la base de cotizaciones del sistema, del que luego me
gustaría que profundizara un poco más, y la cuestión que también usted ha enumerado del ahorro y de los impuestos.
En la comparecencia anterior, Adolfo Jiménez resaltaba la importancia del Pacto de Toledo y para nosotros también es más que un acuerdo en materia de pensiones; más allá del acuerdo básico en las decisiones a tomar sobre las pensiones en
nuestro país, es un gran acuerdo político sobre la necesidad de compartir líneas de acción en materia de estabilidad, de equilibrios presupuestarios, de cuentas públicas saneadas, de estabilidad de los precios y de un crecimiento sólido y
sostenible. Y esta es la parte sustancial de un vigente acuerdo y sobre este acuerdo se ha echado tierra hasta el punto de hacerlo casi desaparecer hasta los más elementales vestigios de una acción coherente y concertada.
Para finalizar, señor Monereo, decirle que creemos firmemente que no podemos pretender un aumento de los recursos para intentar mantener el sistema de pensiones actuales basado en un tipo impositivo. Sabemos que no va a negarse nadie en la
sociedad, y nosotros tampoco, a adscribir nuevos impuestos para poder mantener algo tan necesario en nuestro país como es pagar las pensiones, pero creemos que es el momento de plantearse otras fórmulas que puedan incorporar elementos que hagan que
el sistema sea más solvente, más equitativo, más justo y más eficaz. Hacer las cosas bien, señor Monereo, creemos que no entra hoy en los cálculos del Gobierno por el tipo de medidas de planteamiento económico y de políticas de empleo, como usted
ha relacionado, que se están adoptando en los últimos meses, y tenemos la convicción de que subir los tipos impositivos no va a lograr que pare la caída de la recaudación, y estamos ante un bucle perverso de dramáticas consecuencias.
Reiterarle de nuevo el agradecimiento de mi grupo, estaríamos encantados de escucharle cualquier reflexión a este planteamiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Monereo.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Monereo Pérez): Haciendo una reflexión muy breve.
Me parece muy interesante su reflexión, comparto la preocupación por la situación de la
sostenibilidad del sistema, que es tan delicada, en un contexto como el actual de crisis económica. El sistema de reparto, lo hemos comentado antes, es un sistema que requiere que haya un cierto nivel de empleo razonable, sea pleno empleo o sea
alto nivel de empleo, esto es fundamental. Lo comentaba antes con los grandes informes que se elaboraron como el de Beverly, que después de la II Guerra Mundial vinculaba esta idea. Esta es una realidad porque se basa en una política de
solidaridad intergeneracional de manera que los activos van financiando los pasivos. El problema actual es que se están perdiendo muchos puestos de trabajo, y esto es un problema tremendo que cuestiona enormemente -a corto o medio plazo- la propia
sostenibilidad del sistema sin recursos excepcionales. Todos los países de la Unión Europea están padeciendo la misma crisis, pero quizá nosotros, por nuestra característica de tejido productivo y modelo económico, hemos tenido una mayor capacidad
-entre comillas- de destrucción de puestos de trabajo y de empresas, sobre todo pequeñas empresas que son las que concentran la mayor parte de la población activa labora. En consecuencia, el problema de acercarnos peligrosamente a la tasa de los
cuatro millones es muy grave porque no podríamos mantenerlo durante mucho tiempo. Esto es un problema real. Lo tienen otros países pero quizá no tanto como nosotros; nosotros concentramos más paro forzoso que los demás y tenemos que hacer frente
a esta situación. El sistema se basa en lo que se basa, cotizaciones y financiación de pensiones. Si no hay elementos de corrección por algún lado hay que buscar el equilibrio; o se buscan nuevas fuentes de financiación o se recortan las
pensiones. Esto es un dato. A corto plazo no tenemos necesidad ni de lo uno ni de lo otro en sentido radical. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente gracias al Pacto de Toledo, a su renovación el año 2003 y al esfuerzo político no imputable a
ningún gobierno en particular sino a ese gran consenso sobre un problema nacional, se creó el fondo de reserva y este tiene una gran singularidad. Hay otros países que han utilizado fórmulas parecidas, que tienen sistemas como el nuestro. El fondo
de reserva, como todos sabemos, fusiona o combina reparto y capitalización. En cierto modo, desde el punto de vista de la técnica financiera actúa como una especie de capitalización que permite la prefinanciación del sistema de reparto.
Esto es lo
que realmente viene a cumplir, y es verdad que el fondo de reserva se ha ido nutriendo en la época donde el ciclo económico ha sido más favorable y ha habido ahora más dificultad, pero hoy permite un cierto margen para evitar la alarma política y
social; hay cierto margen para que a corto plazo el fondo cumpla la función que se le asignó por todos los agentes políticos y sociales, y que está previsto en este sentido. A largo plazo hay que pensar en otras medidas, sobre todo si la crisis se
hace de larga duración, si la crisis se supera y si las previsiones que hay -que siguen siendo muy inciertas en todos los economistas porque no se ponen de acuerdo en el tiempo de recuperación- probablemente el fondo de reserva cumpla con el
problema y podamos seguir meditando con tranquilidad. Que no, pues habrá que tomar medidas excepcionales. De cualquier modo, desde mi punto de vista, circunstancias excepcionales pueden aconsejar también tomar medidas excepcionales, que es bueno
que no se conviertan en permanentes. Si el sistema es de reparto, la lógica es la contributiva, lo que significa que la fuente básica de financiación del sistema de reparto como tal, y sobre todo en la vertiente contributiva, tiene que financiarse
con cargo a cotización.
Y esa es la mejor fórmula para que todo cuadre bien. Pero en circunstancias excepcionales habrá que hacer ese tipo de trasvase hacia la fiscalidad general. Más allá de comentar una reforma concreta o la del gobierno
actual, la realidad es que todos los países están teniendo que buscar mecanismos excepcionales. Uno de ellos es la fiscalidad general, yo no creo que a largo plazo, ni siquiera a medio plazo, sea la mejor medida; pero a corto plazo es un mecanismo
que atempera un poco el problema. Insisto porque no es un problema ajeno a la pensión, el problema relativo al coste del desempleo actual se va a sufragar en su mayor parte con ayuda del Estado. Esto tampoco es deseable, lo deseable es que haya
una situación de equilibrio en la lógica del modelo contributivo de desempleo, sin embargo se está haciendo ese esfuerzo.
Creo que son medidas excepcionales y luego ya se puede enjuiciar en un sentido u otro si son las más adecuadas, pero, de todos
modos, hay otras medias que a medio y largo plazo se pueden estudiar. Les voy a poner un ejemplo, y no significa que esté de acuerdo sino que quiero dar un elemento de reflexión. En Francia, desde hace bastante tiempo está la contribución social
generalizada, este es un sistema impositivo para sufragar gastos sociales, con distintas medidas que no vienen al caso, y otros países también han procedido a eso. Tampoco hay que alarmarse demasiado en este sentido, siempre y cuando se sea
coherente en las iniciativas; el corto plazo es una cosa y el medio y largo plazo es otra, y afortunadamente el fondo de reserva todavía nos da un margen para el corto plazo, los problemas los podemos tener después y entonces habrá que tomar
medidas. Y espero que estas medidas no sean la reducción de la protección social porque eso es un beneficio de todos, entre otras cosas porque aunque siempre el debate de las pensiones tiene que estar conjugado con política económica, mal asunto
si también afectamos no solamente a la vida de las personas sino también a la demanda agregada de los que se supone deben mantener el sistema económico. Hoy hay que buscar en los pensionistas la dignidad de vida y también que sean
consumidores activos. Yo creo que es un elemento clave lo de las políticas -que también se están recuperando hoy- de la demanda agregada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María José Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Muchas gracias al profesor don José Luis Monereo Pérez. Para el Grupo Socialista es un placer tenerlo hoy aquí entre nosotros, y para mí en particular como diputada que soy por la circunscripción de Granada, pues
particularmente hemos compartido universidad y por lo tanto tenemos esos temas en común y también el gustarnos trabajar en materia de Seguridad Social, cada uno desde su ámbito, desde el ámbito académico usted y yo, en estos momentos, desde al
ámbito político; en otros desde el ámbito profesional. Yo he tenido el gusto de analizar alguno de los documentos que usted ha ido elaborando como publicaciones, y algunas de estas publicaciones son magníficas como la que hoy comparte aquí con
nosotros, van a ser muy esclarecedoras para el trabajo de esta Comisión, en estos momentos en que estamos evaluando y trabajando en la posible modificación de nuestro sistema público de pensiones, sobre todo la adaptación futura del sistema a las
nuevas realidades.
Yo quería agradecerle todo el análisis que ha hecho en temas como el ciclo vital, creo que es fundamental hacer un punto de partida como el que ha hecho usted y la vinculación con la protección social. Me ha parecido muy interesante todo lo
que ha mencionado sobre el tema de la no reducción significativa de las cotizaciones sociales, un tema recurrente que se utiliza a veces como arma arrojadiza, que creo fundamental para el futuro del sistema. Me parece de gran interés que un experto
como usted se pronuncie favorablemente en el mantenimiento del sistema de reparto. Ha habido algo que para mí, y para los que estábamos aquí oyéndole, que ha sido muy interesante. Me refiero al tema de los modelos de ERE que ahora mismo facilitan
de alguna forma la expulsión de mano de obra madura del mercado de trabajo y la sobrecarga que eso puede suponer sobre el sistema de pensiones. Igualmente lo que ha mencionado respecto a la viudedad y sobre las empleadas de hogar. Nosotros tenemos
un compromiso con el colectivo de empleadas de hogar y creo que llevaremos a término, en el marco del Pacto de Toledo, esa modificación en el régimen de las empleadas de hogar. Hace poco hacía una reflexión en materia de la reforma del sistema de
pensiones y decía las palabras del fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, 'en tiempos de tribulación, no hacer mudanza', esta reflexión que la utilizamos mucho y que es tan acertada en multitud de ocasiones, en estos momentos, a pesar de la
grave crisis financiera, no le es de aplicación a nuestro sistema público de pensiones, creo que hay que hacer mudanza y que hay que hacerla en este marco, en el del Pacto de Toledo. El nuevo sistema que nos dimos a partir del año 1995, la nueva
forma de trabajar desde el ámbito parlamentario en la que la base fundamental es el debate y el consenso y evitar algo que es fundamental para un tema tan importante del sistema de protección como es el tema de pensiones, que es no alterar en lo
sustancial el sistema si no es con un análisis profundo y que se haga siempre con un consenso de las fuerzas políticas; que no se utilice como un arma arrojadiza entre los grupos políticos para otros intereses que no sean el propio sostenimiento,
mantenimiento y mejora del sistema, siendo un mecanismo muy importante de trabajo. Tanto es así que me ha sorprendido oír al portavoz del Grupo Popular cuando ha dicho que el Pacto estaba enterrado, yo no creo que sea así, estamos aquí y las
señorías del Grupo Popular lo saben perfectamente, ellos son defensores del Pacto y quizá ha sido una reflexión que no he entendido muy bien. Este sistema de trabajo ha permitido introducir reformas como el avance en la separación de fuentes de
financiación, incidir en la estabilidad y el crecimiento del sistema, crear el fondo de reserva, reforzar la contributividad y avanzar en la simplificación e integración de los distintos regímenes de Seguridad Social, quizá no hasta el punto que
usted ha mencionado; es necesario seguir en esa línea, se ha reformado parcialmente la viudedad y la orfandad, aunque estamos todos de acuerdo en que hay que seguir en ese avance de reforma, se ha acercado la edad media de jubilación a los 65 años,
aunque no hemos llegado aún a esa cifra, se han introducido igualmente medidas de protección social para las mujeres y medidas de conciliación en la vida personal y laboral, se han protegido las situaciones de dependencia, que también fue una de las
medidas contempladas en el Pacto de Toledo, entre otras reformas, le he mencionado las que considero puedan ser más interesantes. Y para mí, las de mayor relevancia son las que se contemplaron en la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad
Social, y también en la Ley 3/2007 de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y algunas también muy interesantes que se introdujeron en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal, lo que es toda la protección de las personas en
situación de dependencia y la adaptación a los cambios demográficos, sociales y económicos que se han ido produciendo en nuestro país.
Por esto, yo creo que este esfuerzo en esta situación de crisis por la que estamos atravesando, al valorar la gestión que se está haciendo de las cuentas de la Seguridad Social es muy importante, y valorarlo positivamente. Podemos decir que
las cuentas de la Seguridad Social están perfectamente saneadas en estos momentos. Creo recordar que los primeros comparecientes auguraban que a finales de 2009 estaríamos en déficit pero la verdad es que los últimos datos relativos al mes de
agosto nos dicen que la ejecución del presupuesto de la Seguridad
Social alcanza un saldo positivo de 10.706 millones de euros, un 1,01 por ciento del PIB. Creo que es importante, y no queremos nosotros minimizar en absoluto los efectos de la crisis, sabemos que ha habido una disminución en la caja en
cuanto a la recaudación y ha habido un crecimiento en los pagos, que se ha descompensado, pero, no obstante, nosotros tenemos nuestro compromiso en el incremento del fondo de reserva, que ronda los 60.000 millones, que estaba en algo más de 12.000
millones en el año 2004, y vamos a seguir incrementándolo. Por lo tanto, yo considero que las cuentas están saneadas a pesar de que estamos todos observando, en alerta, y pendientes de que eso siga siendo así. En estos momentos, como saben, y
además por eso están compareciendo ustedes aquí, toca evaluar estos acuerdos y realizar propuestas a medio y largo plazo.
¿Para qué? Creo que se ha comentado sobradamente, para darle sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones. Y lo estamos
haciendo con los planteamientos que tiene el pacto para trabajar, desde el consenso, desde el análisis serio y sereno, sin pausa pero sin prisa y creo que es muy importante que no alarmemos a los pensionistas, que no nos alarmemos tampoco nosotros
mismos y generemos desconfianza sobre el sistema. Estas posturas, que se producen cíclicamente, a veces coinciden con las situaciones de crisis, pero la verdad es que no responden a la realidad de la situación financiera de nuestro sistema. Yo
diría que el planeamiento que se hizo en cuanto a la reducción en cotizaciones por parte de los empresarios era inadmisible, eso dio lugar a la ruptura del diálogo social porque la bajada del 5 por ciento de cotización empresarial a la Seguridad
Social era insostenible para el sistema tal y como está ahora. Me ha resultado interesante coincidir con usted en el sentido de que esas cotizaciones ahora mismo no solamente no se pueden reducir sino que en todo caso habrá que buscar un sistema
para reforzarlas. Los datos, por lo tanto, evidencian que nuestro sistema es sólido y equilibrado, y a pesar de los efectos coyunturales de la crisis, las cuentas están saneadas. No obstante, me gustaría que en las explicaciones que pueda darme
ahora, a pesar de que comparto la mayoría de su exposición, nos insistiera en las posibles medidas para alargar la edad de jubilación y también en materia de viudedad, por dónde cree usted -aparte de hablar de que siga siendo una pensión sustitutiva
de renta- que podrían ir las reformas.
Agradecerle su comparecencia, de la que hemos quedado totalmente satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Monereo.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Monereo Pérez): Muy breve también para dejar el máximo tiempo posible al debate porque todas las referencias darían lugar a un debate mucho
más rico y dirigido. Sí creo importante, por lo menos, dejar constancia de que la perspectiva del ciclo vital, que no es una perspectiva, es un enfoque, una técnica de las políticas de protección y seguridad social, y al final se está aterrizando
en ese enfoque, porque, de un modo u otro está implícito y en el Pacto de Toledo y sus renovaciones siempre aparece esta idea. Y quizá lo más significativo es que aparece con alta frecuencia dentro del ámbito de intervención de la Unión Europea; y
sabéis que en esta materia lo que juega es el método abierto de coordinación dentro de las estrategias, aplicando una táctica parecida a la del empleo, y en el marco de las directrices que ha ido trazando la Comisión Europea en colaboración con el
Parlamento Europeo se ha tratado de abordar, ya casi explícitamente, el enfoque de ciclo vital.
Yo creo que es muy importante porque es la mejor forma de planificación; la Seguridad Social está pensada para la protección de las personas atendiendo
a las situaciones diversas que se van produciendo a lo largo de la vida y a los problemas que afectan no solamente a esa persona en sí, sino a la situación del mercado, a las situaciones de las familias,... todos los paradigmas se han
desestandarizado claramente, a la familia tradicional le sustituye otra nueva. Aquí hay un tema interesante sobre el que algo digo en la documentación de base de mi intervención, creo que la política de familia sí sigue siendo un punto muy débil de
nuestro modelo de protección social. Casi se puede decir que por su propia construcción actual, incluso el nivel de presupuesto que se le asigna tiene una posición marginal o residual. Creo que ahí sí hay que avanzar en un sentido muy diferente.
Decididamente hay que apostar por el apoyo directamente a las familias en un sentido no retórico sino actual, por muchas razones que están en la mente de todos como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la generalización de los
supuestos de divorcio, de separación y el hecho de encontrarnos con que es muy frecuente que haya familias que van acumulando hijos y abuelos con facilidad, esto es una realidad aunque insospechado para mi propia generación. Por eso tiene que haber
una política que atienda a esa desestandarización porque las medidas de antes no nos sirven y si queremos hacer esto bien tenemos que transformar globalmente la política de familia. Se está haciendo en otros países y la experiencia en algunos
países del norte de Europa como Dinamarca llama la atención, en cierta medida podrían ser referentes para trabajar en una dirección más reposada pero más consecuente con el tema de la familia. En realidad, el bienestar social, como todos sabemos,
es Estado, mercado y familia. Nosotros tenemos un sistema complicado en el Estad; el mercado hace lo que tiene que hacer, en un marco mucho más selectivo la protección es a través de derechos de crédito; y la familia también tiene una función muy
importante, aunque creo que está más desatendida y necesita el apoyo de las políticas públicas para que pueda funcionar directamente.
También ha planteado otra cuestión que creo que es interesante en el ciclo vital, la dependencia. Yo, deliberadamente, he excluido del documento de base la dependencia
para no introducir más complejidad. Teniendo en cuenta el marco de referencia, la opción de política del derecho, de política legislativa que se ha adoptado es crear un sistema administrativo institucional, hoy por hoy, independiente del
propio sistema de Seguridad Social, y por tanto de lo que afecta al núcleo de la pensión. Pero una cosa es reconocer que son sistemas diferenciados, si todos reparamos, esto es un proceso, la complejidad de la realidad de la posición social ha
hecho que se creen muchos sistemas diferenciados, tenemos el sistema de la Seguridad Social propiamente dicho, pero también tenemos sistemas de empleo y tenemos los sistemas relacionados con la dependencia. Pero la dependencia afecta
extraordinariamente al ciclo vital, todos hablamos de la cuarta edad, del envejecimiento, y claro, es un fenómeno vinculado porque al fin y al cabo los que envejecen son los pensionistas, y luego necesitan ayudas adicionales.
Quiero subrayar la importancia que ha tenido la regulación actual de la dependencia. Es verdad, con muchos problemas, pero es que se ha creado un nuevo sistema institucional. Yo recuerdo, y ustedes que han estado presentes en este debate,
que la dependencia apareció en el Pacto de Toledo, volvió a aparecer sistemáticamente en la renovación de 2003, y luego ha aparecido reiteradamente en los acuerdos en el marco del Pacto de Toledo. Los dilemas que se plantearon en su momento eran
complejos porque había dudas de si establecerlo a través de los mecanismos de aseguramiento privado, y recordarán SS.SS. que se planteó la posibilidad de instrumentar los planes de pensiones con la famosa disposición anexa es una norma de todos
conocida que preveía ese desarrollo en su momento.
El debate era entre público y privado, y al final la opción que creo que es correcta es que se ha optado por un sistema publificado, por muchas razones, porque es más eficiente, se garantiza como
derecho de ciudadanía y porque además había un problema técnico. Yo he tenido la oportunidad de debatir este tema con actuarios vinculados también a estructuras de seguros, el problema es que como riesgo asegurable no es muy atractivo dadas las
características. Se planteaba la posibilidad, muy real, de que fracasara la medida del aseguramiento privado como medida generalizada, porque generalizada significa que sea para toda la población, no para sujetos que tienen una gran capacidad de
recursos, para ellos el problema no existe porque existen otros mecanismos de seguros que, como ustedes saben, se ofertan como seguros mercantiles. El problema es como medida general. Y el resultado ha sido bueno, otra cosa es el problema
financiero, en el que no voy a entrar aquí para ser coherente. Pero ha sido un sistema que por un lado da cobertura pública, como el derecho de ciudadanía, a la protección de las personas dependientes, y al mismo tiempo admite una complementación
privada, estrictamente complementaria a través de las modificaciones que en su momento se hicieron en la legislación de planes y fondos de pensiones, porque todos sabemos que se pueden permitir. Con lo cual, la situación ha quedado muy equilibrada
y podemos preciarnos de algo que no tienen todos los países, algunos sí, y quizá en mejores condiciones, pero también tienen mejores condiciones económicas. Nosotros tenemos un buen sistema que es verdad que está teniendo muchas dificultades
porque, en el momento de la puesta en práctica nos encontramos con el ciclo económico desfavorable. Pero yo creo que es una gran conquista del Estado social, a nivel general, de los sistemas de protección social pública en su conjunto, de la que
todos -incluidos ustedes- podemos estar orgullosos, porque se construyó desde aquí, aunque luego se haya segregado por razones de política legislativa, de administración y de gestión institucional.
En el tema del alargamiento de la vida laboral yo creo que las medidas legislativas que se están adoptando en España son homologables con otras que se están utilizando en otros países. Prolongar la vida laboral se puede entender de varios
modos y en ambos casos creo que hay que trabajar, en uno se está trabajando mejor y en otro no tanto o no tan suficientemente. En la idea de que haya una prolongación de la vida activa desde el punto de vista de un envejecimiento activo de las
personas que ya están jubiladas en la posibilidad de que puedan incorporarse a través de un contrato a tiempo parcial, es positivo, es la jubilación flexible y gradual. En ese sentido se les da oportunidad a personas que realmente tienen
posibilidad de trabajar y quieren hacerlo.
Esa es una buena medida que se está utilizando; los que, en principio, están en pasivo pueden pasar a ser activos. Estas son las medidas que técnicamente, en el lenguaje jurídico llamamos de
proactivación de la pensión de jubilación, es decir el que ya está jubilado puede hacerlo, la jubilación flexible lo permite. Y esto ya lo tenemos previsto, el tema es buscar incentivos para que los empresarios vean atractiva esta fórmula, porque
estoy seguro que muchos trabajadores que están hoy como pasivos van a querer esa fórmula, pero tienen que ser aceptados en el mercado de trabajo. Este problema va a tener mucho que ver con la formación, con la cualificación y esta medida no va a
ser aplicable indiferenciadamente, va a depender mucho. Pienso, por ejemplo, en el trabajo intelectual, donde personas, en sentido amplio, no tienen que ser de la universidad, pueden ser maestros o incluso técnicos o asesores, ellos saben que
tienen unas posibilidades excepcionales y tienen la experiencia que probablemente no tiene ningún trabajador joven o de mediana edad, y puede ser un varón en activo. Con las ayudas correspondientes, el modelo es bueno. Y luego tenemos una vía de
prolongación de la vida que tiene más que ver con el incentivo hacia el retraso. Quiero darles un dato interesante, todavía podemos tener una visión prudente, de cierto sosiego, expectante pero sosiego, ¿por qué? Porque la tasa real de jubilación
es de 63 años, lo que nos coloca en una situación muy ventajosa respecto a la mayor parte de los países homologables de la Unión Europea, porque hay países que se están encontrando con medidas de jubilación de menos de 60 años, esto es una realidad
y ahí hay un problema muy serio. Nosotros tenemos esta edad real, que ha mejorado un poco, pero que, en cualquier caso, está bastante próxima de la edad oficial, con lo cual el primer objetivo sería acercar la edad real a la oficial, y a partir de
ahí podemos pensar si se buscan otros incentivos. Yo creo que es también un tema interesante que está incorporado.
En el tema de la prolongación, antes yo he planteado algunas reflexiones críticas. Está claro que con la reforma reciente de los últimos años ya conocemos las medidas que incentivan que el trabajador que tiene 65 años pueda quedarse en la
empresa, con una mejora en los porcentajes de su pensión. Esta es una medida que se llama técnicamente de alentamiento público institucional, un incentivo económico para permanecer. Esto lo tenemos, y luego tenemos muchas vías, que no han
funcionado demasiado, también hay que decirlo, vinculadas a la jubilación parcial y al contrato de relevo. Estamos hablando de los que no han entrado en la jubilación pero que pueden entrar por esa vía. Hay que encontrar alguna vía porque este
sistema no está funcionando bien, algo falla o algo se nos escapa a los técnicos y a los juristas porque no está funcionando una medida que en teoría es una medida imaginablemente adecuada y muy razonable, es la jubilación gradual no es la
jubilación de golpe, que permitiría además, y está condicionada a ello, que un trabajador joven ocupe una parte de la jornada. Hay una parte del problema, podemos incentivar este tipo de medidas, podemos retrasar en lo posible la edad de jubilación
voluntaria, podemos hacer todo eso, pero sobre todo lo que tenemos que garantizar es que las personas que optan por esa medida se puedan quedar en el mercado, porque, mediante un mínimo análisis estadístico, en España y en otros países, el problema
es que son fácilmente expulsados del mercado de trabajo. También falla el sistema institucional porque hay quizá demasiadas medidas indiferenciadas que lo permiten, tipo prejubilaciones, anticipación de la edad, ya lo he criticado antes y no voy a
insistir mucho en esto, pero tiene que ver con problemas de la política de empleo y con la insuficiencia de las políticas activas de empleo. Para que un trabajador de edad madura pueda aspirar a permanecer no solamente a su edad ordinaria de
jubilación sino incluso más allá, como es deseable, tiene que ser un trabajador que tenga empleabilidad. La empleabilidad es un concepto que está vinculado a las capacidades, no solamente a los derechos, que tienen que ver -como diría Nussbaum o
Sen- claramente con esa actitud que le permite de verdad tener los conocimientos necesarios para hacerlo atractivo en el marco del mercado de trabajo. Y esto tiene mucho que ver con las políticas activas porque se vincula con dos cuestiones.
Primero, la formación profesional, tiene que ser permanente, esto se garantiza en la Constitución pero en este país falla el tema de la formación profesional, no se toma en serio ni en el sistema educativo en general ni en la formación ocupacional
que sería fundamental. Por eso, esos trabajadores tienen que estar continuamente en posesión del acervo de conocimiento que es exigido para sus ámbito de mercado de trabajo, que es también cambiante. Y yo tengo la duda de que eso lo tengan, esta
es la realidad. Este es un ámbito que también hay que considerar críticamente desde el punto de vista de las políticas activas de empleo. Hay otra medida que el poder público tiene que llevar a cabo. De algún modo tenemos que imaginar mecanismos
que protejan frente al despido a los trabajadores de edad, y eso es un tema pendiente. ¿Cómo hacerlo? Medidas de garantismo, por supuesto. Todos sabemos que muchas veces el despido podría ser discriminatorio por razón de la edad cuando no se
acredita objetivamente en determinadas ocasiones. Habría que considerar esto. En este caso, sí habría que plantearse seriamente esta medida. No creo que sea la más importante, pero en un cuadro de medidas de promoción tendría que ser protegido
algo más frente a los poderes disciplinarios del empleador y dar una mayor capacidad. Y entonces, de verdad, podemos hacer políticas de prolongación de la edad que puedan ser útiles para los sujetos, porque de lo contrario son retóricas. Si no son
admitidos en el mercado y son expulsados de nada les sirve todas las ventajas. Esta es la realidad, tanto en el ámbito de los que quieren volver como en el de los que quieren permanecer hasta los 65 y no les dejan. Este es el problema fundamental.
El Parlamento Europeo -que también aparece en la documentación de la que luego enviaré una más corregida porque esta tiene muchos fallos y alguna inexactitud- recientemente, en el año 2009, ha planteado este problema directamente. Es decir, el
problema de la prolongación de la edad tiene que ir acompañado de políticas activas de empleo, porque si no, no sirve para nada, podemos volvernos exageradamente proactivos en la legislación pero no en la política de empleo. Por eso insisto en el
reto de la perspectiva del ciclo vital, que en este caso tiene que ver en la relación entre las situaciones de mercado y personas en el mercado y su mayor o menor vulnerabilidad, etcétera, con la política pensionística global pública y privada, si
no hay esa vinculación estamos errando el problema. Creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo que no se ha realizado en estos últimos años, están demasiado desligados. En un proyecto que está en marcha como es el de la reforma de la ley de empleo,
debería buscarse un mecanismo. Voy a dar un dato clave, el artículo primero de la ley de empleo obliga a dos cosas: A que las políticas de empleo se enmarquen en el marco de las políticas económicas, pero, al mismo tiempo las políticas de empleo
exigen políticas activas. Luego, sin embargo, se puede ver que a lo largo del desarrollo eso queda en unas cuantas indicaciones pero muy pocas políticas promocionales de compromiso activo, es decir, de un estado social que hoy tiene que ser
proactivo como se le pide, no solamente reparador, distribuidor o provisor de prestaciones sino también proveedor de oportunidades, y para eso tiene que implementar este tipo de políticas. En el fondo, a lo que todos aspiramos es a garantizar el
empleo a los trabajadores que puedan y quieran trabajar, o si no, reinsertarlos en el mercado de trabajo, y ese es el éxito fundamental, antes que atenderlos como medida reparadora que, en algunos casos, cuando se anticipan a la edad, es un cierto
fracaso de las políticas de empleo.
Hablaría de la viudedad, pero no sé si tenemos tiempo. (El señor presidente: todo el del mundo.) El tema de la viudedad es muy complejo.
Creo que, a largo plazo, la pensión de viudedad tiene que ser una pensión que tenga
una lógica sustitutiva de renta y atienda a la lógica de defecto de ingreso dejado de percibir. Yo creo que este es el espíritu del Pacto, de la renovación y del mismo acuerdo que se consiguió en 2006; incluido, de la propia ley que
reconoce que hacen falta medidas más estructurales.
Ahora, como todo en la Seguridad Social, el ciclo es más largo en todas las reformas, pero siempre ha sido un ciclo más o menos largo porque no se pueden hacer medidas que puedan tener impacto
inmediato, siempre hay algunas excepciones, pero las que son de envergadura como esta, no. Pero algunas reformas parciales sí se pueden hacer, se puede ir orientando un poco más en la dirección de la viudedad para hacer pesar más el tema de la
dependencia económica, pero en todos los casos, en todas las uniones, ¿qué más da que sean matrimonio propiamente dicho o sea unión de hecho? La lógica del sistema está en que hay una pérdida de ingresos y una situación donde hay que atender a un
sujeto que por el hecho de que el causahabiente haya fallecido se ve aminorado. Vamos a hacerlo girar por ahí, pero tanto para los matrimonios como para las parejas de hecho. Creo que es un problema de coherencia, insisto que puede plantear muchos
problemas porque el hecho causante es igual, partiendo ya del hecho muy positivo, de buscar la equiparación, que tiene que ir avanzando un poco más pero no de forma incoherente, porque lo que sería incoherente es que avanzáramos más en la idea de no
exigir nada. Hay que ir buscando la unidad en la coherencia más sustitutiva de renta. Pero, con carácter parcial, se pueden hacer algunas reformas que yo he planteado. Todas son problemáticas como todas las propuestas, pero no tengo problema en
plantearlas. Se podría crear una pensión de viudedad, de matrimonio, de cualquier sexo, incluso para parejas de hecho en la modalidad no contributiva, que otorgara protección a quien encontrándose en un estado de necesidad careciera de protección
contributiva. Esto se puede hacer; de hecho tenemos esa experiencia en otros ámbitos. En una situación de transición no vemos que haya posibilidad; estoy hablando de una medida gradualista, que no debe contradecir la anterior. Se puede
establecer una mejora en los sistemas de reparto y compensación de cotizaciones en los supuestos de divorcio, separación y nulidad. Esto es mejorable y creo que por esa vía se puede hacer, junto a la otra reforma que acabo de señalar.
Pero la
senda actual no me convence. Otra medida, el parámetro que se ha buscado en los casos de separación, condicionarlo a tener o no una pensión, desde el punto de vista del Código Civil, que ya sabéis que no es alimenticia, es otra cosa distinta, pero
sujeta a unos requisitos extraordinariamente complejos, variables y matizables incluso con la propia jurisprudencia civil. Es un tema complejo donde los haya. Me parece que esta pensión pecuniaria o económica no debería servir como módulo de
referencia, yo creo que no funciona bien, y digo esto porque sus efectos son muy radicales, a no ser que se esté de acuerdo en que no tengan pensión, pero yo dudo mucho que la voluntad del legislador sea esa. Creo que ha sido una penuria del
sistema, que al utilizar un criterio que se pensaba como objetivo, luego no funciona. Creo que hay que buscar otros parámetros y creo que el parámetro tiene que girar con el tema de la dependencia económica, y tiene que buscarse en esa dirección,
pero no puede ser ese parámetro porque -ya lo he señalado- en algunos casos la referencia puede ser de más del 90 por ciento de exclusión. Las situaciones son extraordinariamente complejas. Yo creo que hay que cambiar eso, hagamos un nivel no
contributivo de transición, pero honestamente creo que es una nueva medida que no me produciría especial satisfacción, pero podría resolver el problema de aquellos que se quedan fuera. Bien saben ustedes que el sistema ha previsto compensarlos en
algunos casos de matrimonios de muy corta duración. Se pueden establecer las excepciones y especialidades que uno quiera para evitar la desprotección. Y digo otra cosa más, si se hace una reforma en ese sentido, tendremos que pensar a aquellos que
desde el 1 de enero ya lo han perdido, a ver cómo les ayudamos porque algunos pueden tener graves problemas y a lo mejor no han tenido esa situación. Habrá que pensar en una reforma que tenga en cuenta esos efectos hacia el pasado, no buscando la
retroactividad negativa pero sí la compensación porque creo que hay situaciones situaciones graves de desprotección. Y digo otra cosa más, si se hace una reforma en este sentido, situaciones graves de desprotección.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ha sido muy interesante. Querido profesor Monereo, estamos a su disposición y esta es su casa.
Se levanta la sesión.
Nota: Texto procedente de la grabación correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles 30 de septiembre de 2009, ante la ausencia de personal de la Redacción del 'Diario de Sesiones', debido a su presencia en otras
comisiones de la Cámara.