CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 374

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 10

celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la devolución a sus familiares de los restos mortales de los republicanos que se encuentran enterrados en la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000297.)... (Página 2)


- Sobre medidas en relación con los enterramientos llevados a cabo en el Valle de los Caídos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000727.)... (Página 2)


- Relativa a que el Congreso de los Diputados declare el Real Teatro de las Cortes de San Fernando y el Oratorio de San Felipe de Cádiz, como edificios constitucionales de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000921.)... (Página 8)

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- Por la que se insta al Gobierno a remitir a la Cámara en el próximo período de sesiones, un proyecto de ley de estatuto de la agencia pública de noticias EFE. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000203.)... (Página 10)


- Relativa a la elaboración y presentación de un plan estratégico de recursos humanos para la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000951.)... href='#(Página13)'>(Página 13)


- Para la inclusión de los derechos lingüísticos en el conjunto de derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001209.)... (Página 18)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA DEVOLUCIÓN A SUS FAMILIARES DE LOS RESTOS MORTALES DE LOS REPUBLICANOS QUE SE ENCUENTRAN ENTERRADOS EN LA FOSA COMÚN DE CUELGAMUROS, EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000297.)


- SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS ENTERRAMIENTOS LLEVADOS A CABO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000727.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional con el orden del día que obra en su poder. Antes quiero hacerles algunas observaciones. Como ustedes ven, hay seis puntos en el
orden del día. En primer lugar, los puntos 2.º y 3.º serán debatidos conjuntamente, se unirán para su debate. Por varias peticiones de grupos parlamentarios vamos a hacer un cambio en el orden del tratamiento de los distintos puntos en razón de
que hay varias comisiones funcionando y algunos de los intervinientes tienen que estar en uno u otro lado. De manera que, en primer lugar, vamos a deliberar sobre los puntos 2.º y 3.º en una sola discusión; después pasaremos al punto 4.º,
posteriormente al 1.º y, por último, a los puntos 5.º y 6.º Por tanto, el punto que figuraba como 1.º pasa a ser el 3.º; lo demás queda tal como está. También les quiero advertir que no votaremos en ningún caso antes de las siete de la tarde, para
que se hagan una composición de lugar.



Procedemos al debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley.
En primer lugar, la proposición sobre la devolución a sus familiares de los restos mortales de los republicanos que se encuentran enterrados en la fosa común de
Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos y, a la vez, la proposición sobre medidas en relación con los enterramientos llevados a cabo en el Valle de los Caídos. Para la defensa de la proposición no de ley, en primer lugar, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Tengo que decir que nuestro grupo parlamentario redactó y presentó esta proposición no de ley tras conocer el caso de Joan Pinyol, una persona que ha pretendido recuperar los restos queridos del que fue su abuelo,
soldado republicano, muerto en Lleida, cuyos restos mortales fueron depositados años después de morir en el denominado Valle de los Caídos. Joan Pinyol no ha podido conseguir lo más elemental, una vez supo donde estaban los restos de su abuelo, que
es recuperar los restos de un ser querido. Digo esto porque ustedes sabrán que muy pocos historiadores investigaron el traslado de víctimas de la guerra civil al Valle de los Caídos y, de hecho, existían y existen aún pocas referencias
bibliográficas, a pesar de que fue una operación diseñada a gran escala a partir del 30 de diciembre de 1957, que es cuando empieza a haber constancia documental de una primera referencia oficial del traslado de estos restos mortales. Fue a partir
de ese momento cuando se suceden decretos y órdenes dirigidas desde el Ministerio de Gobernación a los gobiernos civiles, a los ayuntamientos y a la Guardia Civil.



La decisión inicial -hay que decirlo- era la de contar con la autorización de los familiares para el traslado de restos, pero eso, finalmente, se aparcó, se aparcó porque la reacción de los seres queridos y también de


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los seres queridos del lado del régimen franquista fue clara, fue decir que no querían que se trasladasen. De hecho, se tiene constancia de numerosas negativas a dicho traslado, las más destacadas fueron, por ejemplo, las de los familiares
de los fusilados en Paracuellos del Jarama y las de los descendientes de personalidades de renombre como Calvo Sotelo o Arturo Soria. Eso es lo que pasaba en la España de los años sesenta, una negativa por parte de los seres queridos, incluso del
régimen franquista, que no querían que se produjese dicho traslado. Fue entonces precisamente cuando el régimen franquista decidió trasladar a muchas personas, incluso de diferentes bandos, en contra de la voluntad de sus seres queridos, al Valle
de los Caídos, y fue entonces cuando incluso en forma de aluvión llegaron esos restos al Valle de los Caídos, algunos hoy es imposible identificarlos, pero en otros existe esa oportunidad.



Una destacada historiadora que ha escrito sobre la materia, la señora Queralt, explicaba que aquello fue una oportunidad para determinados ayuntamientos franquistas que veían en la retirada de restos humanos la posibilidad de ampliar
cementerios y de ampliar espacios ocupados por fosas que habían sido ocupadas. Esto que pasó en los años sesenta, hoy tiene una traducción, y es que hay mucha gente que continuó depositando un ramo de flores en una fosa que al cabo de los años
descubrió que en aquella fosa no estaban sus seres queridos y que su abuelo, su padre o su tío, simplemente fue trasladado, contra la voluntad de la familia, al Valle de los Caídos. Podemos explicar varios casos, podría explicar el caso de Joan
Pinyol, pero déjenme que les detalle otro caso. Sucedió en un pueblo de Ávila, en Pajares de Adaja, en el que el 20 de agosto de 1936 una furgoneta entra en la plaza del pueblo, existen siete señalados, entre ellos una mujer, y a aquellas personas
las matan en una cuneta de un pueblo cercano, en Aldeaseca. Otro grupo de hombres, como pasó en muchos sitios, los enterró en un pozo. Lo que pasa al cabo de veinte años es que aquellas personas fusiladas son desenterradas y los trasladan al Valle
de los Caídos. Lo que sucede es que cuando se exhuma la fosa el 11 de octubre de 2003 lo que se encuentran en Aldeaseca es que esas personas no estaban allí, aunque, de hecho, no es del todo cierto, porque con las prisas los desenterradores se
habían dejado un cráneo, huesos de falanges, varias vértebras, piezas dentales y el dedal de la mujer que había sido asesinada. Pero los restos se habían trasladado al Valle de los Caídos. Eso permitió ampliación de espacios, pero no entraré ahí.
Lo cierto es que uno de los descendientes, Fausto Canales, comprueba en el libro de registro del Valle de los Caídos que los siete cuerpos de los fusilados en Aldeaseca habían sido trasladados allí un mes antes de la inauguración del monumento, y un
monje benedictino -que como algunos de ustedes saben regentan el Valle de los Caídos- le señala el lugar exacto.
Estaban en el columbario 198 de la cripta derecha de la capilla del sepulcro, en el piso primero. En este caso se sabía donde estaban.
Esta fue su única y su penúltima visita al Valle de los Caídos, porque siempre ha dicho que su última visita será para recuperar los restos de su padre.
Esta es la realidad. Hoy su lucha no es encontrar los restos de su padre, su lucha es la
retirada de esos restos. La pregunta es ¿esta Comisión puede aprobar hoy un mandato que haga que se elabore un censo, que haga que se ayude en la exhumación, que haga que se garantice que esas personas puedan volver con los restos de sus seres
queridos y depositarlos allí donde consideren? Es cierto que hay un problema económico, pero también hay un problema legal, incluso administrativo, porque muchas veces los restos que quedan son muy pocos, pero esas personas no tienen permiso para
trasladarlos. Ese es el drama que se plantea y eso es lo que nosotros queremos trasladar.



El caso que originó nuestra proposición no de ley es el de Joan Colom, un soldado republicano que murió de tifus en Lleida, tras caer preso. Su mujer durante muchos años lo que hace es depositar flores en la tumba donde creía que estaba,
pero donde no estaba. Laura Colom explicaba: Cuando mi madre fue a reclamar su cuerpo a la cárcel, le dijeron que había muchos en aquella fosa, que a lo mejor estaba debajo de todos y que era imposible llevárselo. Si hubiese sabido esto, habría
sufrido tanto..., porque lo que no sabría, en definitiva, su mujer es que su marido fue uno de los registrados el 21 de julio de 1965 en el Valle de los Caídos. Podría continuar con otros casos. Nosotros pedimos tres cosas muy sencillas. Primero,
que se elabore en el plazo de seis meses, de una vez por todas, ese censo con las personas que se encuentran en el Valle de los Caídos. Sabemos que todas las personas no se podrán identificar, pero entendemos que todas las personas que puedan ser
identificadas se deben identificar. Ese es un mandato que para nosotros es fundamental.
Segundo, que haya una actitud proactiva con los familiares de estas personas, para que tengan a disposición dicha información y que sean republicanos o sean
gente que estuvo al lado de Franco, pero que también les obligaron a trasladar sus restos, si quieren, puedan recuperar los restos mortales de sus seres queridos y hacer que descansen en paz allí donde considere la familia. Y, en tercer lugar, que
se facilite a los familiares la exhumación, pero también el traslado. Espero que lleguemos a un acuerdo, pero al acuerdo se tiene que llegar con voluntad de cumplirlo, en primer lugar, si no, no sirve, y sabiendo que existe un problema y que no
todos los problemas los solventa la conocida como Ley de la Memoria, lo digo porque la ley llegó donde llegó, lamentablemente; debería haber llegado mucho más allá, de hecho, en el Valle de los Caídos no se llegó más allá porque hubo quien
intermedió para que no hubiese un espacio de la memoria allí, pero bueno, esta es otra historia suculenta que contar. Pero como no estamos hablando de esto, sino de recuperar los restos de los seres queridos -acabo ya, señor presidente-, lo que
pedimos es que haya un mandato de la Comisión que le diga al Gobierno que colabore, que ayude y que haga que dramas como el de Joan Pinyol no continúen siendo un drama, sino que se identifiquen los restos mortales y que esos


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restos mortales se los pueda llevar allá donde el nieto de ese soldado considere que debe descansar su abuelo, unos restos mortales que fueron llevados a la fuerza y contra la voluntad de la familia a un espacio donde estoy seguro que muchos
nunca hubiesen querido ir.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su proposición tiene la palabra la señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: En la defensa de la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Mixto, Nafarroa Bai, en la Comisión Constitucional me había planteado una línea argumental absolutamente diferente no tanto en términos de ojos y
cara, por decirlo de alguna manera, en torno a la oportunidad de una iniciativa de estas características, pero lo cierto es que, finalmente, expresiones, explicaciones o argumentaciones como las del señor Herrera supongo que nos llevan a todos a
veces a un cierto momento de pasión, yo creo que más que recuperable necesaria absolutamente también en la acción política, y, si acaso, haré un mero apunte en torno a retazos de memoria más o menos colectiva, más o menos personales -es
absolutamente indiferente- sobre lo que traemos hoy aquí a la Comisión. Recuerdo un pueblo en Navarra -seguramente ocurrirá en otros muchos puntos de la geografía peninsular- que es Sartaguda, que se llama el pueblo de las viudas. En Navarra no
hubo frente de guerra, se pueden imaginar la dureza que relata una designación de este pueblo como el que les reseño. Esa es la dignidad de alguna manera de lo que venimos a defender hoy, en el caso de Nafarroa Bai, con esta proposición no de ley,
acometer, por supuesto, de manera serena, en debate sereno lo que consideramos que es una carencia -lo reseñaba el señor Herrera anteriormente- de la Ley 52/2007, de recuperación de la memoria histórica.



En términos más generales y quizá menos pasionales en el momento, pero absolutamente razonables en lo que debe ser una democracia bien asentada, bien adulta, quisiera recordar que en nuestro entorno hay ciudadanos que en 2009, setenta años
después, siguen sin poder acometer uno de los momentos esenciales en la vida de cualquier persona, como es el duelo a los suyos y, por cierto, el duelo en casa, no el duelo en un entorno hostil, como -todos lo podemos recordar- hoy puede resultar
para muchos ciudadanos, setenta años después, el Valle de los Caídos. Por tanto, hay que poner encima de la mesa la posibilidad de traer un mandato -escapamos, y esto es importante, a la tribuna más mediática de posiciones políticas más
compulsivas, como pudiera ser la tribuna de oradores en el salón de plenos- a Comisión, y en ese intento mesurado tratar de resolver, como decía, algo tan básico y tan esencial en la vida de cualquier sociedad que se tenga por maduramente
democrática como la necesidad del duelo de hijos, nietos, hoy muchos vivos, y el duelo en casa. Parece algo absolutamente básico y fundamental. Este y no otro es el objeto de traer esta proposición no de ley a Comisión y, como digo, con la
voluntad y el sentido de un debate sereno y sensato.



La proposición no de ley que presenta Nafarroa Bai trae razón en algunas de las enmiendas que fueron en su día rechazadas en aquel largo debate de 2007. Fíjense además que la proposición -ahora buscaba la fecha de registro por parte de
Nafarroa Bai de la proposición no de ley en Comisión- es de febrero de 2009, es decir, dimos un plazo de un año para ver la aplicación de la ley y, por tanto, para hacer una evaluación de aquello que creíamos en su día carencia y que el paso del
tiempo, por tanto ese año de aplicación de la ley, nos ha demostrado que carencia sigue siendo en lo que respecta a dos cuestiones fundamentales -son los dos puntos que presenta Nafarroa Bai a debate y a votación en el seno de esta Comisión-. Una
es aportar de una forma ordenada y clara a los familiares, de forma particular, a las asociaciones de familiares o a las instituciones públicas que lo soliciten, el conjunto de los datos disponibles sobre las inhumaciones de restos humanos en el
Valle de los Caídos, muy especialmente en esta infraestructura, especialmente -señala la proposición no de ley de Nafarroa Bai- se aportarán las identidades y el lugar de nacimiento de las personas enterradas en el referido monumento. Conocemos,
como digo, pasado un año de la aplicación de la ley, que esto, de momento, sigue sin ser acometido o por lo menos de una manera ambiciosa que responda a la necesidad de todas estas familias. El punto número dos de nuestra proposición señala que se
facilitarán económicamente al máximo las exhumaciones y, en su caso, el traslado de los restos, cuando así lo soliciten sus familiares o entidades representantes de los mismos, tal y como refiere la ley a la que antes aludía. En este segundo punto
hay un elemento fundamental, y es el de facilitar. No se trata tanto en un aspecto económico; no es esta la voluntad, porque no es esta la realidad con que se están encontrando asociaciones interesadas pero, sobre todo, particulares; se trata de
encontrar el concurso de la Administración, el concurso, en este caso, del Gobierno y de las leyes a la hora de encontrar respuesta a la voluntad de llevar a cabo el traslado de esos restos. No es, ni mucho menos, un problema económico en el caso
del traslado, pero sí en el de las exhumaciones. Pero quede clara, por tanto, la voluntad del redactado de esta proposición no de ley.



Respecto a los puntos dos y tres de la moción que presentaba el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y que defendía el señor Herrera, son bastantes paralelos a la propuesta que hace Nafarroa Bai a la
Comisión. En el punto uno sí añade un elemento más de interés al asunto y, por tanto, lo apoyaremos. Entiendo que cabría la posibilidad de que nos encontremos -ojalá fuera así- el conjunto de los grupos presentes en esta Comisión, en cualquier
caso nos gustaría muy especialmente contar con el concurso del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, por cuestiones evidentes, pero la más evidente de todas ellas, por sensibilidad, señores del Grupo Parlamentario Socialista.



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Nos gustaría llegar a una transaccional, en la que se viene trabajando de manera intensa en las últimas horas, pero sobre todo espero que seamos capaces de dar respuesta también desde una PNL, más que en mandato yo diría incluso en
sugerencia al Gobierno y a sus responsables, de la aplicación de esta norma, en aquello que consideramos y que el tiempo -un año de aplicación de la ley- viene a reforzar, que es una cierta carencia de la ley a la hora de poder -y termino como
empiezo- resolver en 2009, setenta años después -termino, presidente-, algo fundamental: conseguir que el duelo se realice en casa.



El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista a estas dos proposiciones no de ley. Para su defensa tiene la palabra el señor Barrio de Penagos.



El señor BARRIO DE PENAGOS: En primer lugar, quiero manifestar, atendiendo a esa última palabra que decía la señora Barkos -sensibilidad-, que mi grupo comparte la sensibilidad de los grupos proponentes en torno a este tema. Es
absolutamente cierto que lo que conmemoró el Valle de los Caídos no fue la paz sino la victoria y que lo que siguió conmemorando durante muchos años fue eso. Incluso el hecho de que hubiera allí determinados cuerpos se hizo en función de un
planteamiento posterior al inicial, como se ha recogido en una de las proposiciones, la idea inicial es que fueran solo los del denominado bando nacional. Pero no creo que sea lo oportuno hablar ahora mismo del pasado. Es cierto que en el pasado
más reciente el Valle de los Caídos fue objeto de una serie de manifestaciones de la ultraderecha y que, lógicamente, era bueno que, en una situación democrática como la que afortunadamente disfrutamos desde hace ya muchos años, no se produjera. Y
enlazo con el segundo punto de mi intervención.
Ya se ha tratado en la Ley denominada de memoria histórica de resarcimiento de la víctimas. Está en el artículo 16, donde se establece que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las
normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y en el punto 2, que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo.
Como estamos hablando del desarrollo también de la ley, es bueno decir que esto ya se ha conseguido, es decir, que el año pasado no hubo estas manifestaciones. Y en la disposición adicional sexta se establece -creo que es interesante, porque esto
fue fruto de una transacción- que la fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil y de la represión política que la siguió,
con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales, fomentando las aspiraciones de reconciliación y convivencia. Creo que esto está bien, está en la ley, pero lo que se propone en las
proposiciones es también que se desarrolle algo que no estaba exactamente previsto en la ley, pero que sí que lo está en cierto modo, porque se habla de las exhumaciones, y no hay nada que haga que deban quedar fuera del Valle de los Caídos esas
posibles exhumaciones, sobre todo cuando hay reclamaciones concretas de familiares concretos de esas personas, de esas víctimas.



Entro en el último punto. Es cierto que hay una enmienda del Grupo Socialista a ambas proposiciones no de ley que recoge una parte bastante grande de lo que ambas proposiciones no de ley dicen, desde facilitar a los familiares y ciudadanos
interesados, con pleno respeto a las normas que regulan la protección de datos personales, el conjunto de datos disponibles, incluyendo, cuando se conozcan, las identidades y lugares de procedencia, pero también es verdad que estamos, como se ha
dicho, negociando en las últimas horas una transaccional. Le diría al presidente que estamos en condiciones, quizá al 90 por ciento, de llegar a un texto común antes de la votación, y en ese sentido -en esa transaccional hay alguna redacción
pendiente con la que no estamos totalmente de acuerdo, pero esperamos estarlo para esa hora, incluso antes, para que pueda ser conocido el texto- facilitar la información y también facilitar económicamente las exhumaciones y agilizar los traslados.
Estamos todavía puliendo la redacción final, porque son temas que merecen tener un encaje en el desarrollo y en el espíritu de la ley, y por tanto aún no la tenemos. Pero la sensibilidad y la propuesta de mi grupo es intentar llegar hasta el último
momento a esa transacción. Creo que hay muchas posibilidades de llegar a ella, aún no lo hemos conseguido, pero si al final, por lo que fuera, no pudiéramos llegar al cien por cien a ese acuerdo, desde luego compartiríamos con los grupos
proponentes la sensibilidad de las familias afectadas e intentaríamos en otro momento darles satisfacción. Espero, como digo, que esto no sea así y que lleguemos a un acuerdo en breves momentos o suficientemente antes de la votación para que
podamos tener un texto común.



El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Brevemente voy a posicionarme sobre un texto inicial que seguramente no será el objeto de la votación, cuando se nos anuncia que hay un 90 por ciento de posibilidades de que votemos algo distinto pero aún no
conocido. Por lo tanto, no quiero ni debo ser muy extenso. Quiero hacer un breve recordatorio de la llamada Ley de Memoria Histórica, ley que creó grandes expectativas y que, al final, se concretó con un relato que afrontaba tres o cuatro temas, y
donde se ilustró claramente que una cosa es el articulado y otra el relato alrededor de una iniciativa legislativa. Una de las cosas que afrontó acertadamente esta ley fue dar algunos pasos en la buena dirección en materia de fosas.
Convergència i
Unió negoció y votó favorablemente aquella ley, en concreto el apartado referido a las fosas y, como se


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ha recordado, participó activamente en la negociación de una disposición adicional referida al Valle de los Caídos. Por tanto, ante la pregunta de si la iniciativa planteada por parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por parte del Grupo Mixto, Nafarroa Bai, es oportuna o no, de acuerdo con los estándares de otros países de nuestro entorno que también han sufrido la desgracia de guerras civiles, nos parece que es oportuno
traer a debate y votación en esta Comisión este asunto. Creemos que es oportuno y que el fondo de la cuestión no es abrir heridas, sino cicatrizar algunas heridas que hace algunos decenios eran más difíciles de afrontar y de discutir.
Nos parece
bien lo que hemos leído como enmienda del Grupo Socialista; incluso creemos que tiene un redactado más apropiado. Pero no quiero hablar más, señor presidente, porque -insisto- hablar sobre una transaccional que tiene una posibilidad de éxito del
90 por ciento pero que no conozco, sería algo bastante retórico.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.



El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señorías, una vez más tenemos ocasión de debatir en el seno de esta Comisión Constitucional sobre una ley que, aunque no se denomina formalmente así, es conocida por el conjunto de la opinión pública -y por algo
será- como Ley de la Memoria Histórica. Ya tuvimos ocasión de debatir en el correspondiente trámite parlamentario sobre cuestiones como las que hoy nos traen aquí. Hoy nos traen aquí fundamentalmente dos iniciativas que lo que pretenden es, en
concreto en el Valle de los Caídos, elaborar un censo de todas las personas cuyos restos están allí depositados y, a su vez, facilitar ese censo a los familiares o instituciones legitimadas para ello que lo reclamen y, en su caso y previa la
identificación correspondiente, la exhumación y traslado donde los legitimados para ello dispusieran.



Como cuestión previa quiero afirmar algo que ya tuve ocasión de afirmar en esos debates de manera -si me permiten la expresión- muy solemne, y es que mi grupo parlamentario siempre ha defendido algo que es humanamente indiscutible y, si me
lo permiten, hasta sagrado, como es que cualquier familiar tiene absoluto derecho a poder disponer de los restos de un ser querido, de conocer dónde están y, una vez conocido dónde están, a disponer de ellos, eso siempre que, evidentemente, sea
humanamente posible y, por supuesto, dentro del marco de la ley. De eso es de lo que hablamos aquí. En cuanto a lo humanamente posible o fácticamente posible, me referiré a ello más adelante. En cuanto al marco de la ley, conviene dejar claro que
lo que en alguna de las iniciativas planteadas se denomina fosa común del Valle de Cualgamuros es la institución del Valle de los Caídos. Me explico. Así como la Ley de Memoria Histórica hace una referencia general a los procedimientos para
proceder, en su caso, a las exhumaciones y disponer de restos, etcétera, el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica excepciona al Valle de los Caídos de ese régimen general, de tal suerte que el artículo 16, apartado 1 -como ustedes saben o
deberían saber-, dice literalmente que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por la normativa general aplicable a los cementerios públicos y lugares de culto. Eso lo dice la ley previo a un debate político, público, prolongado, etcétera.
Por tanto, es a lo que nos tenemos que remitir. Ese es el marco jurídico básico de la ley, nos remite a la legislación sobre cementerios públicos y a la legislación sobre lugares de culto. ¿Por qué? Porque lo que ustedes denominan fosa común del
Valle de Cuelgamuros es realmente una basílica-cementerio y un cementerio-basílica. En otros lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, está el cementerio de Arlington; o en la playa de Omaha en la Normandía francesa tienen el memorial por los
caídos con ocasión del desembarco de Normandía en la segunda Guerra Mundial; y en Alemania, Rusia o donde quieran ustedes, cada país tiene, en función de las distintas contiendas y hechos de estas características, las instituciones que procedan.
En este caso concreto que nos ocupa es así. Es un cementerio-basílica y una basílica-cementerio. Por eso, precisamente la Ley de Memoria Histórica estableció que la normativa aplicable sería la de los cementerios públicos y lugares de culto. Por
lo tanto, como hemos de actuar en el marco de la ley, en este caso en el marco de la Ley de Memoria Histórica y en el ordenamiento jurídico general, estamos en un Estado autonómico y hay una distribución competencial muy clara entre el Estado
central, artículo 149 de la Constitución, y las comunidades autónomas, en el marco de esa distribución competencial la legislación general aplicable a la que nos remite la Ley de Memoria Histórica es la legislación sobre cementerios y, por lo tanto,
la competente es la Comunidad Autónoma de Madrid. La legislación en todo lo que hace referencia a actuaciones de cualquier tipo para identificar, para hacer en su caso el censo y para autorizar las exhumaciones correspondientes es la Comunidad
Autónoma de Madrid. De alguna manera sería también el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial porque inciden dos legislaciones: la local-municipal y la autonómica de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que se remite, insisto, la Ley de Memoria
Histórica. En particular, tengan presente que sería la Ley 1/1987, de 5 de marzo, de cementerios supramunicipales de la Comunidad Autónoma de Madrid, y el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid.
Esa es la legislación general en materia de cementerios públicos a la que el artículo 16.1 de la Ley de Memoria Histórica remite. Luego me referiré al asunto del censo, pero que quede claro que cuando aludimos a la identificación tenemos que hablar
del hecho fáctico que hay en el Valle de los Caídos. Hay en torno a unas veinte mil fichas, unos tres volúmenes, correspondientes a los restos de las veinte mil personas que están allí enterradas y que están plenamente identificadas. Eso es
absolutamente público,


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de tal suerte que incluso recientemente se han publicado varias obras que contienen el listado exhaustivo de las veinte mil personas cuyas identificaciones constan. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica es constante y se ha
intensificado la demanda por parte de periodistas, investigadores, universidades, familiares y particulares interesados, de esa documentación, que -insisto- es absolutamente pública. Me permito anticipar que posiblemente esta iniciativa va a tener
efectos perversos en relación con lo que ustedes pretenden, ya que tengo que anunciar que la publicidad de esa documentación está violando clara y flagrantemente la Ley Orgánica de Protección de Datos. Luego me referiré a ello.



En cuanto a la elaboración del censo, la lista de los identificados es pública y es permanentemente consultada. La información de que dispongo dice que en los últimos meses, por ejemplo, solo en la Generalitat de Catalunya se han contestado
a más de ocho mil consultas. Es decir, hay absoluta transparencia, absoluta fluidez. Hablo de los tres volúmenes y prácticamente veinte mil fichas correspondientes a los restos de las personas allí depositadas e identificadas. Cuestión distinta
son los restos de las personas no identificadas. Según la información de que disponemos -y hemos procurado tener una información lo más precisa posible para poder hablar con el mayor conocimiento de causa posible-, formalmente se estima que hay
restos de alrededor de unas quince mil personas no identificadas. En la práctica se estima que es superior. ¿Por qué? Porque ese proceso de traslado que empezó el año 1959 y que en un 75 por ciento se hizo hasta el año 1964 y que siguió hasta el
7 de junio de 1983 -ojo al dato, 7 de junio de 1983-, donde por convenio entre Patrimonio Nacional y la Abadía Benedictina, es decir, no una decisión política -y, perdón, quien nos preside era vicepresidente del Gobierno y no me dejará mentir-, sino
una decisión meramente técnica, se acordó que terminara ese goteo ya entonces muy tranquilo de traslado de restos.
Lógicamente, en la última época, era superior el traslado de restos procedentes de fosas de los frentes de batalla básicamente, como
es lógico dado el signo del fin de la contienda, del bando republicano.
Según se nos asegura, y parece así acreditado, todos los restos identificados que se trasladaron fueron previa conformidad de los familiares, y algún ejemplo al que se ha
aludido aquí lo confirma.
Efectivamente, personas muy vinculadas al bando nacional se negaron a que los restos de sus deudos fueran trasladados. Lo mismo pasó en relación con los identificados del bando republicano, según se nos acredita, pero en
todo caso no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que teóricamente es así.



Por lo que se refiere a los no identificados, para poder proceder a un censo y después a una eventual exhumación y traslado, nos encontramos con un problema de una gran complejidad técnicamente, porque estamos hablando teóricamente de unos
quince mil restos, pero me dicen que en la práctica serían en torno a cuarenta mil, porque se tendió a rebajar la cifra por no causar lo que hoy denominaríamos alarma social. Por lo tanto, estaríamos en presencia de restos no identificados de en
torno a sesenta mil personas distribuidos en los numerosísimos columbarios que a lo largo de todo el entorno de la basílica constituyen el cementerio propiamente dicho. La competencia, para hacer ese censo, con independencia de la dificultad
material -que excuso decirles a ustedes cuál sería-, es absoluta, nítida y claramente -porque lo establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid y porque lo dice de manera expresa la Ley de Memoria Histórica- de la Comunidad de
Madrid. Por tanto, las personas que tienen deudos identificados no tienen más que dirigirse a Patrimonio Nacional para que les den una certificación de que efectivamente allí está la persona a la que se refieren y con ese certificado ir a la
Comunidad de Madrid, que está plenamente legitimada para autorizar la exhumación y, en su caso, el traslado; no hay ningún problema. El Gobierno de España, al que controla esta Cámara, en ese ámbito, señorías, no tiene ninguna competencia. Sí
tendría competencia en facilitar mediante subvenciones económicas los gastos derivados de ese proceso, pero nada más.



En lo que hace referencia al censo, ya les he dicho que hay un problema grave, que es el de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que ustedes saben que tiene numerosísima jurisprudencia y sentencias
del Tribunal Constitucional, legítima a los deudos de los fallecidos para que también puedan, en caso de que lo estimen oportuno, exigir la privacidad de sus datos, de tal suerte que no podría hacerse público ningún censo, ni de los identificados ni
de los que no están identificados, sin autorización de todos y cada uno de los allí enterrados, que podrían, en caso contrario, ejercitar las acciones oportunas. Eso lo ha sancionado de manera expresa el fundamento jurídico 7 de la sentencia del
Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que respondía al recurso de inconstitucionalidad que, en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos, había interpuesto el Defensor del Pueblo. Señorías, fíjense lo que dice el
fundamento jurídico número 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional: El contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decir
cuáles de esos datos proporcionan a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede ese tercero recabar, y también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos
poderes de disposición y de control sobre los datos personales que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los
datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles por un tercero, sea el Estado o un particular.



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Señorías, cuando estamos hablando de censo, lo hacemos de un conjunto organizado de datos de carácter personal susceptibles de tratamiento informático, es decir, un fichero en terminología de la Ley de Protección de Datos. Por lo tanto,
señorías, cuidado con el tema porque esta Cámara no puede aprobar una resolución, en mi opinión -una proposición no de ley-, que vulneraría flagrantemente en sus términos, tal y como está redactada, una ley orgánica como es la de protección de datos
y la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional. Termino, señorías, diciendo que en lo que hace referencia a la elaboración del censo en los términos que se propone es legalmente imposible y que, desde el punto de vista competencial,
es competencia de la comunidad autónoma.
Sentado eso, nuestro grupo, repito -termino como he empezado-, siempre ha defendido y defenderá el derecho de las personas a disponer de los restos de sus seres queridos.



- RELATIVA A QUE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DECLARE EL REAL TEATRO DE LAS CORTES DE SAN FERNANDO Y EL ORATORIO DE SAN FELIPE DE CÁDIZ, COMO EDIFICIOS CONSTITUCIONALES DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000921.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición relativa a que el Congreso de los Diputados declare el Real Teatro de las Cortes de San Fernando y el Oratorio de San Felipe de Cádiz como edificios constitucionales de España. La
propuesta es del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra don Rafael Román.



El señor ROMÁN GUERRERO: Señoras y señores diputados, nos encontramos ciertamente con una PNL que tenemos que reconocer que es diferente porque no se dirige al Gobierno, que es lo habitual -qué más quisiera el Gobierno que todas fueran como
la que yo traigo-, sino que es una declaración del propio Parlamento dentro de sus competencias más estrictas como Parlamento. La proposición que debatimos trata de dos edificios singulares, el Teatro de las Cortes de San Fernando y el Oratorio de
San Felipe Neri de Cádiz, que el Congreso de los Diputados va a considerar como propios, ya que siempre los ha considerado como propios, o por lo menos como antecedentes de lo que son estos edificios, y que en este acto parlamentario, si realmente
se aprueba la proposición, será aprobado de una manera oficial. Esta no es una proposición de campanario, porque tiene su simbología detrás y naturalmente unas consecuencias posteriores. No hay más que pensar que en los últimos doscientos años,
desde 1812 hasta la actualidad, hemos tenido en España ocho constituciones que entraron en vigor -1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931, 1978- y otras más que fueron redactadas y no entraron en vigor. Todas se elaboraron en Madrid menos la de
1812 y naturalmente a nosotros nos cabe el honor de que el 24 de septiembre de 1810 los diputados gaditanos se reunieron en Cortes Generales y extraordinarias en la Isla de León, como acredita el cuadro de Casado del Alisal que está en el salón de
Pleno, y declararon por vez primera en nuestra historia nula y sin ningún valor la sesión de la Corona que se dice hecha a favor de Napoleón por faltar el consentimiento de la nación, que estaba diciendo que la nación estaba por primera vez
residiendo donde se encontraban los diputados. Se estaba declarando que la soberanía nacional era asumida por vez primera por las Cortes, ignorando la Constitución de Bayona de 1808, porque era una carta otorgada por Napoleón, aunque fuera firmada
por un grupo importante de nobles españoles en el extranjero en el Obispado Viejo de la ciudad francesa de Bayona, que es donde se reunieron durante doce sesiones unas denominadas juntas españolas en 1808, pero, como muy bien recoge la propia
redacción de la Constitución, se dice: Los individuos componentes de la Junta Española, convocada a esta ciudad de Bayona por Napoleón I, emperador de los franceses, etcétera, hallándonos reunidos en el Palacio llamado el Obispado Viejo, celebrando
la duodécima sesión, habiéndonos sido leída en ella la precedente Constitución, que durante el mismo acto nos ha sido entregada por nuestro augusto monarca José Napoleón I, enterados de su contenido, prestamos a ella nuestro asentimiento y
aceptación individualmente. Lo cual no quiere decir que no creara esta primera no Constitución sino carta otorgada una semilla para que en España tuviéramos años después la primera Constitución hecha por españoles para los españoles.



La excepcionalidad de Cádiz creo que es muy grande En primer lugar, porque es la primera Constitución que se hace fuera de esta capital del reino fuera de la villa de Madrid. En segundo lugar, es la única Constitución con la participación
de diputados americanos y también asiáticos, de Filipinas exactamente, por tanto, Constitución de dos hemisferios. Y en tercer lugar, porque es la primera Constitución democrática española liberal, como dice Arguelles, que reposa majestuosamente
sobre las sólidas bases de una Constitución liberal. Con nuestra entonación, que no tiene nada que ver con el liberalismo que luego ha venido haciéndose famoso. Además de eso, en Cádiz se fragua un mito, un sueño, porque nuestra Constitución
desafortunadamente no prendió. Fue anulada, luego rehabilitada, luego anulada de nuevo y, por tanto, fue un anhelo de libertad, en definitiva, que prendió en los españoles, en los liberales, tanto en los moderados, como en los radicales. Lo que
hace ver es que nuestra vida constitucional fue una vida azarosa. No fue un camino de rosas el camino constitucional español, arraigar una Constitución nos ha costado prácticamente casi dos siglos de avance y de retroceso. Por eso justamente es
muy importante reafirmar el valor de los símbolos en un país en el que los símbolos trabajosamente se abren paso, y este es de mucha importancia. El Teatro


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de las Cortes y el Oratorio de San Felipe es uno de los símbolos primigenios del tortuoso y difícil camino de nuestro país en la consecución de un régimen liberal y de un régimen hacia las libertades.
La PNL también, y voy terminando señor
presidente, es oportuna en el tiempo, porque el año que viene, en concreto el 24 de septiembre de 2010, empieza precisamente la reunión de los diputados en la ciudad hoy de San Fernando, entonces de la Isla de León, y el Congreso no debe estar al
margen de esta celebración.



Finalmente, los diputados de Cádiz, por esta circunstancia, por aprobarse esta Constitución cuando toda España estaba en poder de Napoleón, y celebrarse en dos edificios, uno, el antiguo Teatro Cómico o Coliseo de Comedias, hoy Real Teatro
de las Cortes, que está declarado monumento histórico artístico desde 1935, y el otro, el Oratorio de San Felipe Neri, declarado monumento nacional, quizá el primero de España, desde 1907 por Cultura, pedimos que sean declarados edificios
parlamentarios y constitucionales porque verdaderamente lo han sido. No estamos sino pidiendo el reconocimiento de lo obvio con toda la carga de simbolismo que otros países le dan a los sitios en los que ha habido actos históricos que han jalonado
la historia de un país, y desde luego, de esta parte de la historia de nuestro país todos los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos. En segundo lugar, también deseamos que sea resaltado en el exterior por el procedimiento que se estime
oportuno.
Solo por el hecho de que en estas Cortes se aboliera la Inquisición, que se decretara la libertad de imprenta, y leo lo que significa el cambio a la modernidad de un decreto que se conserva en el Archivo del Congreso de los Diputados:
Atendiendo las Cortes que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general y el único camino
para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública, declara que todas las personas tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a su publicación.
Y quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprenta y la censura de obras políticas precedentes a su impresión. Un salto impresionante de acuerdo con lo que hemos vivido algunos de los que estamos aquí sentados todavía. Y esto se hacía el 24
de noviembre de 1810, es decir, mes y medio después de constituirse las Cortes. Por tanto, aquellos señores diputados -señoras no había ninguna, no tengo yo por qué pedir excusas porque no tuve responsabilidad alguna en ello-, repito, la mayor
parte clérigos, tenían un concepto bastante claro al sitio al que teníamos que ir. Solo con estos decretos ya estaría justificado el que le diéramos ese título, pero es que, además, se hizo la primera Constitución que, junto con la de Estado Unidos
de 1787 y la francesa de 1791, constituyen la triada de la que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. La de los Estados Unidos tuvo mejor suerte que la nuestra y está vigente todavía. Polonia tuvo una Carta de Gobierno en 1791, pero un año más
tarde vino el segundo reparto de Polonia y desapareció como país. Por tanto, y ya concluyo, señor presidente, el año próximo empieza esta conmemoración que, además, se une a la conmemoración de la independencia de muchas republicas americanas y de
las primeras cartas constitucionales de algunas de esas repúblicas, con lo que este acontecimiento es tan español como americano porque, tanto en Europa como en América, muchas constituciones se inspiraron en la Constitución gaditana La Pepa.
Señorías, concluyo solicitando el voto favorable unánime por parte de todos ustedes.



El señor PRESIDENTE: Para explicar su toma de posición tiene la palabra en nombre del Grupo Popular don Aurelio Sánchez Ramos.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Después de la lección magistral de historia constitucional del doctor Román, yo más práctico voy a posicionar a mi grupo, pero sí quiero manifestar, señor presidente, que acepto y reconozco todo lo dicho por el
portavoz socialista y, además, estoy totalmente de acuerdo imbuido en ese espíritu constitucional. El Grupo Popular está de acuerdo con esta propuesta del Grupo Socialista de declarar el Oratorio de San Felipe Neri y el Teatro de las Cortes de San
Fernando como edificios constitucionales de España y, además, que se destaque que son los únicos edificios constitucionales fuera de la capital de España y donde se elaboró la primera Constitución española por diputados de ambos hemisferios, como ha
dicho el señor Román. Por ello, la vamos a votar a favor, convencidos de que van a ser edificios de gran relevancia en la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812.
Quiero destacar también que estos edificios ya han tenido otros
reconocimientos oficiales, como ha dicho el señor portavoz. Ya en 1907 se declaró monumento nacional el Oratorio de San Felipe Neri y en 1935 fue declarado monumento histórico artístico el Teatro de las Cortes. También en diciembre de 2003, -y
esto no lo ha dicho el señor portavoz- el Gobierno del Grupo Popular del señor Aznar concede la placa de honor de la Orden del mérito constitucional al pueblo de la ciudad de Cádiz, en premio a la actividad que ha realizado el pueblo al servicio del
espíritu constitucional, protagonizado desde 1812. Es muy importante que se apoye a Cádiz desde el Gobierno central y desde el propio Congreso de los Diputados, porque ambos edificios, tanto el Teatro de las Cortes como el Oratorio de San Felipe
Neri, son emblemas de la conmemoración constitucional en la que estarán enfrascados San Fernando y Cádiz en 2010 y 2012 respectivamente. Ambos edificios tienen la categoría suficiente como para ser reconocidos como edificios constitucionales, ya
que acogerán infinidad de actos y visitas en un futuro muy próximo con los actos organizados. El Partido Popular lleva años trabajando por que Cádiz sea reconocido dentro y fuera de nuestras


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fronteras a través de la celebración del bicentenario de la Constitución, y por ello, todo lo que sea para dotar de calidad a la ciudad y al patrimonio histórico y artístico de Cádiz y San Fernando, bienvenido sea.
Para terminar quiero
expresar el deseo de que la unanimidad que tenemos los diputados por Cádiz, imbuidos por el espíritu constitucional, se extienda por toda España como símbolo de igualdad y de libertad.



- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR A LA CÁMARA EN EL PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES, UN PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO DE LA AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS EFE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000203.)


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de esta proposición no de ley. Pasamos ahora a debatir la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remitir a la Cámara en el próximo periodo de sesiones un proyecto de ley de
estatuto de la Agencia Pública de Noticias EFE. Está presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa, tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Imbuido del espíritu constitucional de las Cortes de Cádiz, también voy a defender el desarrollo de un precepto que, en nuestra opinión, afectaría también a la Agencia EFE. y, según en nuestra Constitución del
año 1978, en congruencia con el apartado 3 del artículo 20 que prevé el control parlamentario de los medios de comunicación estatales. De hecho, la Agencia EFE es una empresa pública de la que es el Estado el principal accionista, a través de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y su principal cliente es el Estado, del que proceden la mitad de sus ingresos. EFE es actualmente una sociedad anónima, regida por un consejo de administración que no es elegido directamente por el
Gobierno ni se publica en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco al presidente de EFE lo elige oficialmente el Gobierno, sino el consejo de administración; consejo de administración nombrado, como he dicho, por la SEPI, que ha estado formado en
los últimos años por los jefes de gabinete y jefes de prensa de determinados ministerios: Presidencia, Vicepresidencia, Fomento, Trabajo, Economía, el director de la Oficina de Información Diplomática y algún consejero nombrado directamente por el
presidente. Por tanto, y contrariamente a Radiotelevisión Española, en el consejo de EFE no están representados ni los medios de comunicación ni los partidos políticos ni los sindicatos ni los trabajadores de la empresa.



Por otra parte, el control parlamentario de la gestión de la Agencia EFE ha sido, en la práctica, inexistente. Anualmente, como mucho, ha comparecido su presidente, quien se ha limitado a resumir las cuentas de resultados y a reseñar sus
proyectos de futuro. Lamentablemente, en los últimos diez años se ha pretendido desviar el objeto de EFE con un modelo de gestión fundado en la búsqueda de una rentabilidad ficticia a costa, en nuestra opinión, de horadar su credibilidad y su
finalidad como servicio público. En aras de esta rentabilidad ficticia la agencia ha estado eliminando últimamente puestos de trabajo para sustituirlos por empresas de trabajo temporal, subcontratas y productoras. Se han dado casos de colocación
de trabajadores en fraude de ley, obligando a sus corresponsales a declararse como autónomos independientes para librarse de sus obligaciones con los trabajadores; es el caso de los periodistas contratados a la pieza, de varios corresponsales
colaboradores, pese a las sentencias que han condenado a la agencia por estas prácticas consideradas fraudulentas con la Seguridad Social. Puede que estos métodos sean una opción rentable, pero inadmisible en una empresa pública porque atentan
contra la calidad de la información, generan una mayor precariedad y, de alguna manera, cuestionan su identidad.



El estatuto público que reclamamos ha de significar una mayor transparencia en la gestión de los fondos y en la contratación de personal, evitando estas situaciones. Por eso la agencia ha de dotarse de un sistema de contratación público y
transparente, mediante convocatorias abiertas sometidas a los mismos criterios que el resto de la Administración pública. La búsqueda de un estatuto público que corrigiera esta situación ha sido una constante en las pasadas legislaturas; lo
defendieron el Partido Socialista, el Partido Popular a lo largo del tiempo, y esta cuestión se planteó en el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado y se cumplió en el caso de Radiotelevisión Española, pero
sigue pendiente en el caso de la Agencia EFE. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a traer al Parlamento un proyecto de estatuto público de la Agencia EFE, sin que hasta el momento se haya materializado este compromiso. Primero, se
justificó en el retraso por la necesidad de trasponer al derecho interno la Directiva comunitaria sobre medios de comunicación. Sin embargo, el pasado año la vicepresidenta primera del Gobierno declaró que la presentación de un proyecto de ley
sobre el estatuto de la Agencia EFE era uno de los objetivos de esta legislatura.



El caso es que, por unas razones o por otras, se ha demorado su presentación, y nuestro grupo con esta iniciativa quiere recordar al Gobierno que tiene una cuestión pendiente y que ha de ser resuelta cuanto antes. Pocas empresas españolas
pueden vanagloriarse de ser la primera en su sector en el mundo hispano y la cuarta en el ámbito mundial; el prestigio alcanzado por EFE es fruto del trabajo de sus profesionales y del impulso dado en distintas ocasiones por equipos directivos que
han creído en el proyecto y han encontrado el apoyo social y político necesarios. Lamentablemente, en la última


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década la Agencia EFE sufrió una presión gubernamental que perjudicó su credibilidad y, en paralelo, se ha visto mermada su función de servicio público -como he dicho antes- al carecer de un necesario marco de estabilidad financiera y haber
sido sometida a un modelo de gestión que nosotros cuestionamos. Si bien es cierto que estos últimos años, con el nuevo estatuto de la redacción, la agencia ha mostrado su independencia, ahora que el Gobierno apuesta por una televisión pública que
lidere la TDT, que lidere el futuro de la televisión, ha llegado el momento de dotar a la Agencia EFE de un estatuto público como tal, que la consolide en su liderazgo y garantice un periodismo cada vez más digno porque de él depende la calidad
también de los medios de comunicación y de nuestra democracia en el ámbito de la comunicación.



Nuestro grupo cree imprescindible que el presidente y el consejo de administración que lo elija sean nombrados por el Parlamento, y que se corte así con un peligroso cordón umbilical que une, a veces, al Gobierno con la dirección general de
la Agencia EFE. Consideramos que el estatuto ha de implicar que la Agencia EFE deje de ser gestionada por la SEPI y pase a ser un organismo de titularidad pública. Creemos profundamente en la función de la Agencia EFE como servicio público y, por
tanto, solicitamos con la mayor urgencia que sea dotado de un marco de financiación estable, de transparencia de su gestión, adecuándola al ordenamiento constitucional, todo ello con el fin de consolidarla como la primera agencia de noticias
multimedia en el ámbito español e iberoamericano. Por último, este marco legal estable solo puede asegurarlo, en nuestra opinión, un estatuto, una ley que determine el estatuto de la Agencia EFE como servicio público, capaz de garantizar su
estabilidad institucional y financiera, la existencia y la potencia de Agencia EFE como empresa volcada en la vertebración informativa del Estado y con clara vocación iberoamericana y euromediterránea. Por eso, señorías, instamos al Gobierno a
remitir, en el próximo periodo de sesiones, un proyecto de ley del estatuto de la Agencia Pública de Noticias EFE en el que se asegure su futuro.



El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta proposición no de ley dos enmiendas. Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Esteban González Pons.



El señor GONZÁLEZ PONS: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, me gustaría empezar manifestando que la iniciativa nos parece legislativamente oportuna y políticamente necesaria. Legislativamente oportuna porque setenta años después de
la creación de la Agencia EFE la agencia todavía no tiene un marco legal estable, seguro, garantista y que al mismo tiempo defienda la estabilidad de sus trabajadores. Y políticamente necesaria porque tenemos la obligación de asegurar el pluralismo
político, la transparencia, la objetividad y la independencia de todos los medios que de una manera plena o parcial dependan de la Administración del Estado. En España tenemos que hacer un esfuerzo para acabar con la tradición de que los medios
públicos sirvan al Gobierno o sirvan informativamente al Gobierno. Quizá esto no se consiga solo con leyes, como demuestra el reciente Estatuto de Radio Televisión Española, que no ha sido suficiente para desterrar la manipulación -en opinión de mi
grupo parlamentario- a la que muchas veces se somete la información que se emite. Sin embargo, las leyes sí son el principio del camino para la independencia de los medios públicos de comunicación. Por eso, para nosotros el estatuto que hoy se
propone y que nosotros apoyamos debería garantizar una doble independencia: por un lado, la de la agencia informativa como empresa de titularidad pública, independiente del Gobierno de cualquier momento, pero también de los poderes políticos y
económicos y, por otro lado, la independencia de los periodistas en el ejercicio de su profesión.



Para nosotros, este estatuto que debe venir con la mayor premura posible a las Cortes, debería tratar cuatro áreas fundamentales: en primer lugar, para qué sirve en nuestro tiempo una agencia pública de noticias.
Nosotros creemos que la
Agencia EFE cumple con un servicio público, pero ese servicio no debe ser otro que el de vertebrar informativamente toda España y la información en español. No tiene otra razón de ser que exista una agencia pública compitiendo con las privadas; la
agencia pública debe dar cobertura a la vida institucional española, pero sobre todo debe llegar hasta el último rincón de España, allá donde no resulta rentable que lleguen las agencias privadas, allá donde si no llegase la agencia pública no
habría un agencia de noticias que diera información sobre lo que allí ocurre. La Agencia EFE debe garantizar que ningún rincón informativo de España se quede desgajado del mapa comunicativo nacional.
Por eso, y luego me referiré a ello, es tan
importante la red de corresponsalías de la agencia.



En segundo lugar, el estatuto debe tratar el asunto de cómo se elige al presidente de la agencia y al consejo de administración. Nosotros también nos inclinamos por la elección parlamentaria, aunque no siempre termine garantizando grandes
cosas, pero optaremos, cuando llegue el debate, por este tipo de elección del consejo y del presidente de la agencia. En tercer lugar, debemos abordar cómo se financia la agencia pública de noticias, que debe tener obviamente una parte de
financiación pública, puesto que debe ser financiada de manera estable y suficiente para que pueda cumplir con todas sus misiones. Y por último, debemos plantearnos cuál debe ser el régimen laboral de los periodistas, porque habrá que garantizar
las condiciones laborales, que sean verdaderamente dignas para estos profesionales, y debemos conseguir una justa valoración de su trabajo con remuneraciones y tarifas respetables. Digo todo esto porque las condiciones indispensables que deben
reunir los corresponsales hoy no se están dando en la Agencia EFE.



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Deben saber SS.SS. que se ha cerrado el cupo de corresponsalías de la agencia y, si la agencia debe vertebrar informativamente el mapa de España, debe hacerlo con un cupo de corresponsalías que responda al criterio de la necesidad y no a un
criterio económico, y los corresponsales de EFE deben estar en todo el territorio nacional. En segundo lugar, a los corresponsales que cubren puestos estructurales se les está exigiendo, para no ser despedidos, que demuestren que el 20 por ciento
como máximo de sus ingresos provienen de la Agencia EFE, porque si algo más del 20 por ciento proviene de la Agencia EFE deben ser incluidos en la misma, y se trata de evitar su inclusión en la misma. Se tiene que tener en cuenta que un profesional
que recibe más del 20 por ciento de sus ingresos de la Agencia EFE es un periodista, y alguien que recibe menos del 20 por ciento de sus ingresos de la Agencia EFE es probablemente un honrado gasolinero, un honrado profesor de gimnasia, un honrado
auxiliar de clínica, que en sus ratos libres es aficionado al periodismo. Con esta exigencia se están cubriendo con aficionados al periodismo puestos estructurales y se está fomentando el intrusismo profesional. En tercer lugar, para ser
corresponsal en la última convocatoria de la Agencia EFE se le exige a quien quiera ejercer este puesto que pague de su bolsillo el alta y todo lo que conlleve la condición de trabajador autónomo, que pague de su bolsillo el ADSL, el material, el
ordenador, que tenga un coche propio a disposición de la agencia, que se comprometa a no competir con la empresa y todo esto por un precio de 7 euros la pieza y con el límite de siete piezas al día. En estas condiciones es completamente imposible
que la Agencia EFE vertebre nada, más bien se desvertebra la red de corresponsales, en función de un interés que seguramente tiene un último sentido economicista, pero que no responde a la utilidad que debe tener una agencia pública de noticias,
para esto ya están las agencias privadas que ojalá no ofrezcan estas mismas condiciones laborales a sus corresponsales.



Por último, me gustaría poner de manifiesto que los corresponsales en el extranjero están siendo sustituidos por becarios, lo cual es muy grave, porque si el sentido que le encontramos a la existencia de la Agencia EFE es que vertebre
informativamente el mapa español, no menos importante es que vertebre la información en español en todo el planeta. La red de corresponsales de la Agencia EFE tiene una importancia cultural de orden similar a la que le atribuimos al Instituto
Cervantes.



Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a apoyar una enmienda transaccional, que se nos ha presentado y que ya ha sido firmada por el señor Pizarro, portavoz de mi grupo en esta Comisión, en la cual se insta al Gobierno a que en un año
elabore algún tipo de documento. Queremos tener una actitud constructiva, aunque termino diciendo que nos gustaría que ese documento terminara teniendo forma, valor y naturaleza de ley y componiendo un estatuto que justifique definitivamente por
qué España tiene, que debe tener, una agencia pública de noticias.



El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda, la del Grupo Socialista. Para su defensa daré la palabra a don Jesús Quijano, pero le quiero advertir que si tienen una enmienda transaccional deberían pasarla a la Mesa para que podamos conocerla
antes de la votación.



El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Así lo haremos en cuanto finalice el debate y podamos ofrecer también la posibilidad a todos los grupos parlamentarios que la subscriban en cuanto estén presentes sus representantes.



En efecto, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que concebimos además como una iniciativa que todos podamos asumir. Estamos hablando de un instrumento, como es la Agencia EFE, que queremos que tenga
un cariz institucional y nada mejor al respecto que vayamos dando los pasos que conduzcan a su estabilización jurídica, mediante un estatuto con una vocación también de consenso a lo largo de todo el camino. Es un buen principio y, en ese sentido,
mi grupo parlamentario, sobre la enmienda que presentó ha ofrecido ya una transacción, llegando hasta donde a veces el grupo del Gobierno -y lo digo con rabiosa sinceridad- tiene dificultades de llegar, que es la fijación del plazo en el que la
iniciativa deba de ser iniciada.



Quisiera hacer también una primera consideración de reconocimiento al papel de esta agencia. Lo digo porque a veces tenemos una cierta tendencia a no valorar adecuadamente aquellos instrumentos de los que disponemos, no sé si por ser un
instrumento estatal, entre comillas, dejamos un poco esa valoración en un plano secundario. Todos somos conscientes de que la Agencia EFE ha cumplido históricamente un fin fundamental y ha adquirido un valor fundamental, yo diría que no solamente
como instrumento de captación y transmisión de información, sino como un instrumento de afirmación de la cultura española incluso en el mundo en su conjunto. Probablemente, no hay más que acercarse alguna vez -como tuve la oportunidad de hacerlo en
alguna ocasión- y ver la magnitud del archivo que ha acumulado. Se podría decir que es un auténtico archivo histórico-cultural de primera magnitud y de primer valor. Por tanto, cuando tenemos un instrumento de estas características, que ha
contribuido a hacer seña de identidad del país como tal, tenemos que protegerlo, ayudar a modernizarlo y darle la estabilidad jurídico-económica y profesional que precise.



Por ello, compartimos plenamente la necesidad de dotar a la Agencia EFE de un marco jurídico estable, que sea acorde con su naturaleza y con sus fines y, por supuesto, que esté ubicado en el contexto de los principios constitucionales en
relación con la libertad informativa, y en los principios comunitarios de funcionamiento del mercado, la competencia, etcétera, que no podemos obviar. Y dentro de ese marco habrá que contemplar cómo debe ser la relación jurídico-profesional con los
profesionales que allí prestan sus servicios, qué carácter debe tener, si más laboral, más de prestación de


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servicios, en el contexto también de los criterios de austeridad que en este momento deben informar el conjunto del gasto público, pues no hay que olvidar que estamos hablando de una sociedad estatal de titularidad cien por cien del Estado
respecto del capital allí invertido.



Ahí es donde me gustaría introducir quizá el único matiz para aclarar un aspecto jurídico que conviene tener muy en cuenta. La Agencia EFE no es una corporación al estilo de Radiotelevisión Española, es otra cosa. Es una sociedad estatal
de capital íntegramente público, pero no es una corporación al estilo o a semejanza de Radiotelevisión Española. Por tanto, ese es un elemento diferencial que conviene tener en cuenta.



No es un medio de comunicación social en sentido estricto que está encuadrado en los criterios del artículo 20.3 de la Constitución. La Agencia EFE no hace información directa para los ciudadanos; no hace comunicación directa de
información; lo que hace es prestar un servicio de producción y distribución de noticias a sus clientes, que es algo distinto. Esto introduce un importante matiz en lo que debe ser la naturaleza, la configuración de este estatuto por el que
queremos apostar en conjunto. Previsiblemente el estatuto deberá tener forma legal. Lo contemplo así porque esa será la manera de darle más rango y más estabilidad, pero no sé si puedan ser posibles otras opciones, lo desconozco ahora. Exigiría
analizar cuál debe ser el instrumento correcto, porque no toda empresa pública necesariamente está regulada con rango de ley. Quizá esta deba serlo dada su peculiaridad y la singularidad de su naturaleza y de sus fines. Por eso, nuestra aportación
consistiría en no cerrar de antemano puertas en ese sentido y, por tanto, ofrecer que en el plazo que resta hasta final de año se inicie un estudio que conduzca a la elaboración de un estatuto. No prejuzgamos el tipo de norma que deba ser, pero
creemos que es necesario efectuar previamente este análisis de las formas posibles para la elección de la mejor, previsiblemente un proyecto de ley. Ese estatuto debe tener en cuenta la especialidad de la actividad y de los fines de la agencia,
como he señalando antes. En ese sentido iba la enmienda. Insisto en que en esta transacción, que creo que razonable y generosamente ha sido aceptada por los grupos parlamentarios presentes, y creo que también lo será por los que no están presentes
en este momento, hemos añadido este elemento temporal para que este estudio de las reformas necesarias que conduzcan a la elaboración del estatuto se inicie en el plazo que resta del presente año. Con eso prestaremos un buen servicio, en este caso
a la agencia y, por extensión, al interés general, para que haya un instrumento de este tipo que siga cumpliendo estas finalidades. Lo habremos hecho de la mejor manera posible dando este primer paso con carácter convenido y, por tanto,
comprometiéndonos de antemano a que el desarrollo de este primer paso se haga con esta misma estrategia y conduzca al resultado que todos esperamos: a la estabilidad de un instrumento tan importante y también, indudablemente -y coincido en esto con
muchas de las apreciaciones que se han hecho-, a que de ahí luego se derive el establecimiento de una relación jurídica adecuada con los profesionales que allí prestan sus servicios en el marco de las posibilidades de financiación que la legislación
y la normativa comunitaria ofrece, tratándose, insisto, como se trata, de una sociedad estatal o una empresa pública sometida a determinados criterios de control de la financiación.



Finalmente, agradezco la buena disponibilidad que todos los grupos hemos ido manifestando para llegar a este resultado.



- RELATIVA A LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000951.)


El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, pasamos al estudio de la proposición no de ley que constituye el 5.º punto del orden del día, relativa a la elaboración y presentación de un plan estratégico de recursos humanos para la
Administración General del Estado.



La propuesta ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Rafael Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición con el ánimo del mayor entendimiento con los grupos políticos, que luego expresaré a través de las enmiendas que han propuesto y teniendo presente la
situación de crisis económica que vive nuestro país.



Debemos empezar diciendo que las personas son la savia de toda organización y en la Administración pública son los agentes de su reforma y renovación. Esta declaración sirvió como introducción al informe elaborado por el comité de expertos
en la Administración pública, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en enero de 2004, señalando a los planes de desarrollo de los recursos humanos y de rendimiento del personal como instrumentos que no se pueden separar de los medios y
de los objetivos de servicio de la organización empleadora. Si en cualquier organización pública o privada es imprescindible dimensionar los recursos a los servicios que prestan, en unos momentos de crisis como los que está viviendo España, esa
adecuación se convierte en inexcusable para que estos puedan ser prestados desde la eficacia y desde la eficiencia. No cabe la menor duda de que la gestión de los recursos humanos como parte sustancial para la consecución de los objetivos marcados
y que estos se puedan obtener con parámetros de calidad, constituye una de las principales preocupaciones tanto de los responsables de las administraciones públicas y empresariales como de las organizaciones


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sindicales representantes de trabajadores que prestan sus servicios en el sector público o privado. Objetivos que en el caso del sector público serán difíciles de alcanzar sin la correcta planificación de los recursos humanos, a medio y
largo plazo, como instrumento esencial para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia que demanda cualquier sociedad avanzada. En otros momentos, en que lo que estaba pendiente era la formalización de los traspasos de las competencias de
la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, podría alegarse que era necesario concluir este proceso para posteriormente dimensionar la Administración General del Estado a los servicios que presta a la ciudadanía, pero, hoy, con
independencia de los traspasos de competencias que se deban producir, derivados de los mal llamados estatutos de nueva generación y de algunas otras que pudieran estar pendientes de su formalización, lo cierto es que las competencias que debe
gestionar la Administración General del Estado, hoy, están asentadas y permiten definir con bastante precisión los recursos humanos que son necesarios para gestionarlas.



Con solamente indicar que en nuestra más reciente etapa democrática se han formalizado cerca de dos mil traspasos de competencias con un coste efectivo de cerca de 25.000 millones de euros, y que en junio de 2009 se habían transferido
820.659 empleados públicos a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, permite que nos hagamos una idea de qué es de lo que estamos hablando.



¿Cómo es posible que en enero de 2002 los servicios generales de la Administración General del Estado dispusieran de 241.803 empleados públicos y después de las transferencias realizadas a las comunidades autónomas desde la VII legislatura
hasta la fecha, en la que se transfirieron más de 150.000 personas, en enero de 2009 dispongamos de 238.851 empleados públicos en los servicios generales? Hoy, según los datos ofrecidos por el Boletín Estadístico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, de las 2.636.900 personas que prestan su servicio en las diferentes administraciones, las comunidades autónomas aglutinan al 50,60 por ciento de ellas y cuentan con 1.332.844 personas adscritas a sus respectivas
administraciones; las administraciones locales, con el 23,8 por ciento, disponen de 629.505 personas a su servicio; y la Administración pública estatal, con el 21,8 del total, cuenta con 575.021 personas, incluidas las que prestan su servicio en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, entidades públicas empresariales y organismos públicos, de los que 238.851 son las que prestan sus servicios en la Administración General del Estado. Por
último, las universidades cuentan con cerca de 100.000 personas, lo que representa el 3,8 por ciento del total.



Refiriéndonos en concreto a la Administración General del Estado, podemos ver otros datos que nos ponen al corriente de cómo estamos distribuidos.
Más de la mitad de los funcionarios del Estado, aproximadamente el 57 por ciento, trabajan en
los servicios de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y delegaciones insulares que están repartidas por todas las comunidades autónomas; otro 39,6 por ciento cumple su función en los servicios centrales, y el 3,4 por ciento restante
trabaja en el extranjero. Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares son responsables de los servicios que la Administración presta en todo el Estado, como extranjería, sanidad, exterior, inspección fronteriza,
información, etcétera. La Administración estatal no puede permanecer inmóvil y sus recursos humanos no pueden convertirse en los elementos residuales de la nueva Administración del Estado. Hoy no estamos hablando del Estatuto básico del empleado
público y su falta de aplicación en la Administración General del Estado, debido fundamentalmente a la inactividad de este Gobierno socialista que lo utilizó como estandarte para la modernización de la Administración pública y que, después de sus
dos años y medio de vigencia, todavía no ha presentado a debate público la correspondiente Ley de la Función pública para la Administración General del Estado que debería haberlo desarrollado. Tampoco es el momento de hablar de los criterios
utilizados para el acceso a la Función pública, la evaluación por el desempeño, el sistema de carrera o la promoción profesional. En el Grupo Popular ya hemos tenido ocasión de plantear nuestras objeciones durante la tramitación parlamentaria a
muchos de los aspectos sustanciales en la Función pública contenidos en el estatuto básico, pero la ausencia de desarrollo legislativo es una buena prueba de la inactividad del Gobierno socialista sobre la materia.



Hoy estamos hablando, señorías, de la necesidad de llevar a cabo la adecuada planificación de los recursos humanos que son necesarios en la Administración General del Estado para prestar los servicios que tiene encomendados con eficacia y
eficiencia. No es novedosa nuestra pretensión de realizar los estudios necesarios para realizar un diagnóstico certero.
Lo hemos venido advirtiendo reiteradamente desde la pasada legislatura, año tras año, a través de la presentación de diferentes
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y de diferentes iniciativas parlamentarias. Tampoco queremos atribuirnos en exclusiva la idea. Lo han planteado también otros grupos políticos mediante las correspondientes iniciativas
legislativas. Lo apuntó el acuerdo suscrito en noviembre del año 2002 entre las organizaciones sindicales: Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF y el ministro Sevilla, como representante de la Administración General del Estado, en el marco del Foro
del diálogo social, al considerar que era necesario elaborar un diagnóstico global de la situación de los recursos humanos en la Administración General del Estado que permitiera diseñar políticas de empleo más acordes con las necesidades de la
Administración. Estamos hablando de eso, de diseñar políticas de empleo acordes con las necesidades


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de la Administración General del Estado, y les recuerdo que este acuerdo fue suscrito en el año 2002.



No podemos saber si la continuidad del dimitido o cesado, desde luego hoy ausente de este Parlamento, el ministro, señor Sevilla, habría permitido desarrollar lo que fue la plasmación de un acuerdo con los sindicatos más representativos de
la Función pública. Lo que sí sabemos es que esa planificación no existe, a pesar de que la Orden 1529/2006, de 11 de mayo, por la que se constituyó la Comisión de estudio sobre la situación actual y perspectiva de la Administración General del
Estado apuntaba en esa dirección, cuando se le atribuyó las funciones de estudio y de diagnóstico sobre la situación actual y perspectivas de la Administración General del Estado como parte sustancial de su cometido. Lo cierto es que han pasado más
de tres años desde que se quedara constituida y que los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas no han dado a conocer ningún informe con las propuestas derivadas de su estudio, o al menos este grupo parlamentario no ha tenido acceso
al mismo. Si bien es cierto que el Estatuto básico del empleado público establece la oferta de empleo público como elemento de planificación de los recursos humanos, tampoco hemos conocido en el Gobierno nuevas iniciativas sobre esta planificación,
más allá de las que reiteradamente, con escasa imaginación y aplicando criterios muy generalitas el Gobierno ha venido aprobando año tras año, con una excepción, la oferta de empleo público correspondiente al presente ejercicio que, aunque no se
tratara de la aprobación de una oferta de empleo novedosa y austera -como quiso presentar el Gobierno-, empezó a reconocer la existencia de una crisis hasta entonces inexistente para el Gobierno y su plasmación en el sector público, con la
correspondiente repercusión en los servicios públicos esenciales.



Además de todo el proceso de descentralización hacia las comunidades autónomas al que hemos asistido y seguiremos asistiendo, estamos inmersos en procesos revolucionarios en la gestión de los asuntos públicos, a los que no podemos permanecer
ajenos. Las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso y están emergiendo necesidades públicas a las que la estructura de la Administración General del Estado debe estar preparada para poder hacerles frente. Los recursos destinados a
atender los derechos de los ciudadanos, a los conflictos sociales, a la seguridad ciudadana, a la extranjería, a los colectivos más desfavorecidos o a las nuevas demandas sociales son, entre otros muchos, los aspectos para los que una administración
pública moderna debe estar preparada, y para ello debe disponer de los necesarios medios materiales y humanos para poder hacer frente con éxito; no más de los necesarios, pero sí los suficientes. En definitiva, estamos hablando de una realidad
organizativa y social, en la que los recursos humanos que prestan sus servicios en la Administración General del Estado no deben ser el resultado residual del proceso de transferencia a las comunidades autónomas. Tampoco deben quedar configurados
mediante una mera reducción porcentual y sistemática de las vacantes existentes o a través de un programa destinado a la amortización de aquellas plazas innecesarias, como apunta el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el pasado 27 de febrero
de 2009. Deben ser la consecuencia de un estudio riguroso y pormenorizado sobre las competencias de responsabilidad estatal y las personas que son necesarias para gestionarlas con eficacia y eficiencia, tanto en servicios centrales como en los
periféricos.



El Grupo Popular considera ineludible, sin mayor dilación, la conclusión de los estudios ya iniciados o la elaboración de aquellos otros que sean necesarios para definir, con la mayor precisión posible, los recursos humanos que son
necesarios para la Administración General del Estado en función de las competencias que gestiona actualmente y la dimensión de los servicios que debe prestar a los ciudadanos, contando para ello con las organizaciones sindicales representativas del
sector público y preservando, en todo caso, los principios de eficacia y eficiencia, que deben presidir toda actuación pública. Como les indicaba, señorías, si en una actuación de normalidad es imprescindible adecuar los recursos humanos a las
necesidades organizativas, en una situación de crisis es absolutamente imprescindible llevar a cabo un riguroso control de gasto público. No podemos olvidarnos de que el presupuestos consolidado de gasto de personal -capítulo 1 del sector público:
Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y otros organismos del sector público administrativo- para el ejercicio 2009 representaba cerca del 10 por ciento del presupuesto. Tampoco podemos ignorar que esto supone más de 33.000 millones de
euros, ni más ni menos. No sabemos si el desaparecido Ministerio de Administraciones Públicas, consciente de esta realidad, quiso apuntar en esa dirección cuando al aprobar la oferta de empleo público para el año 2009 quiso impulsar lo que, en nota
de prensa hecha pública con motivo de dicha aprobación, denominaban como la adopción de medidas de austeridad y eficacia en materia de empleo público, consistente en la reducción del número de vacantes y en la elaboración de un plan de organización
y racionalización de recursos humanos en cada uno de los departamentos ministeriales. Pero lo cierto es que ese plan que debería haber elaborado cada uno de los departamentos -según la nota de prensa- no tuvo su plasmación en el BOE, y ya conocen
ese viejo refrán que afirma que lo que no está en el papel no existe.



¿Qué ha sido de esos buenos deseos? ¿Conoce alguna de SS.SS. los estudios llevados a cabo? ¿Ha hecho referencia a ellos alguno de los altos cargos que han comparecido en esta Cámara? Son preguntas que dejo en el aire para que se las
conteste cada uno de ustedes. Nosotros lo desconocemos y creemos que no existen, pero bienvenidos sean al club de los que consideramos que es imprescindible la realización de estudios pertinentes para dimensionar la estructura del empleo público en
la Administración General del Estado, a sus necesidades reales


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en función de las competencias que gestiona y las demandas de la sociedad.
Por eso, el Grupo Popular plantea que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses elabore y presente ante el Parlamento
un plan estratégico de recursos humanos para la Administración del Estado que contenga al menos un diagnóstico sobre la situación actual, y un conjunto de propuestas que respondan a las necesidades de adaptar los recursos humanos a su ámbito
competencial, en un contexto de modernización de la Administración General del Estado dentro de la realidad de nuestro Estado autonómico.



Para concluir, señor presidente, se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Respecto a la del Grupo Parlamentario Socialista, hemos de decir que, tras un diálogo que hemos mantenido
con su portavoz, no podemos aceptarla, porque era de sustitución y como elemento clave no hay ninguna fijación de plazo, que para nosotros es imprescindible, porque ya estamos acostumbrados a que el Gobierno y el Grupo Socialista aprueben cosas sin
fijar plazos, con lo cual nunca se llevan a cabo. En segundo lugar, entendemos que el Gobierno debe utilizar para hacer este estudio los criterios que estime convenientes, no es necesario plasmarlos basándome en el Acuerdo del marco para el diálogo
social 2010-2012, que puede y debe ser un elemento a tener en cuenta a la hora de realizar ese estudio.



Respecto a las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque no hemos tenido ocasión de hablar con su portavoz, el punto 1 es exactamente igual al que presenta el Grupo Popular. El punto 2 hace una
afirmación que hace imposible que podamos aceptarla, cuando dice: los objetivos de corregir la duplicidad de recursos humanos y funciones, reducir la estructura y costes. Hasta que no se haga y se conozca el estudio, no podemos saber si hay que
reducir costes o si no hay que reducirlos y, por tanto, eso invalida este punto número 2. Respecto al último apartado de ese punto número 2, que se haga un informe relativo a las dependencias físicas y al personal, es un elemento que podría estar
perfectamente contenido. Eso nos lleva a no poder aceptar esta enmienda y a que se vote la proposición no de ley en los términos planteados por el Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas en esta proposición no de ley. La primera será defendida por el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Jordi Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender esta enmienda y para hacerlo retomo un debate que se tuvo en el Pleno del Congreso de los Diputados hace unas pocas semanas. De hecho, en el mes de septiembre iniciamos este periodo de sesiones con
un debate en Pleno sobre la situación económica y uno de los elementos de discusión más importante era la necesidad de la reducción de costes a través de un plan de austeridad de las administraciones. El portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) insistía al presidente del Gobierno sobre la necesidad de incidir en esta línea y el presidente del Gobierno esgrimía que, en cualquier caso, este plan de austeridad no era suficiente para hacer frente al déficit público creciente que en este
momento está generando la situación de crisis económica. En este contexto hemos considerado oportuno plantear esta enmienda, que es de adición, por eso hemos reproducido la literalidad de la enmienda del Grupo Popular, pero subrayando nuestra
aportación. El punto 1, señor Merino, no lo planteamos como sustitución, sino que es la parte de la enmienda del Grupo Popular que habla de la modernización de la Administración. El señor Merino dice que es prejuzgar, suponer que la modernización
de la Administración pasa por su racionalización y, seguramente, por evitar la duplicidad de recursos y funciones. Tenemos mucha confianza en el informe que quiere encargar al Gobierno, pero estamos absolutamente convencidos de que existe
duplicidad de recursos y de funciones y de que, en este Estado de las autonomías, en el que nosotros no solo creemos sino que impulsamos, existe un lío competencial y una superposición de funciones notabilísimos, y podríamos ilustrar esto con
bastantes casos. Por tanto, este punto número 2 es apropiado para la optimización, porque, si nos creemos aquello que dice la Constitución española donde se afirma que las comunidades autónomas también son Estado, en buena medida podríamos evitar
esta duplicidad de recursos y funciones.



Hay una parte de esta enmienda que ha sido difícil de aceptar por parte del grupo proponente, que es cuando hablamos de aquellas comunidades autónomas que, de acuerdo con sus respectivos estatutos, puedan constituirse en Administración
única. Este es un concepto del que estábamos convencidos de que sería un concepto caro, un concepto agradable para el Grupo Popular, en el bien entendido que el presidente fundador del Partido Popular ha producido una notable literatura
político-administrativa sobre el concepto de Administración única, pero parece que no puede ser aceptada por parte del Grupo Popular.



Finalmente, en el punto 2 planteábamos -y si no lo podemos hacer a través de esta proposición de ley, lo haremos con otros mecanismos de control parlamentario- que para objetivar este debate se trasladara a las Cortes Generales y a este
Congreso, las dependencias de la Administración General del Estado en sus órganos territoriales, con una pormenorización por divisiones territoriales, para ver hasta qué punto a veces estamos duplicando espacios, funciones, etcétera. En el año
1996, con el acuerdo de investidura del partido que ganó las elecciones, hicimos una reforma para superar la fase de los gobernadores civiles, de larga tradición en España, y llegar a las delegaciones del Gobierno, con el delegado del Gobierno,
representante político en cada una de las comunidades autónomas y los subdelegados del Gobierno, que no eran ganas de complicar el cargo, sino


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dejar claro que eran representantes no políticos en cada una de las provincias en las comunidades autónomas no uniprovinciales. Pues bien, unos cuantos años después hemos descubierto que los subdelegados del Gobierno no han asumido este rol
de representantes del delegado del Gobierno en la provincia, sino que han caído exactamente en las mismas ganas de tener los palacios más grandes, la representación más grande y el protocolo más rimbombante. Les estoy hablando de funciones, no de
recursos económicos, pero a veces una cosa es reflejo de la otra.



Todo esto es lo que nos ha animado a presentar esta enmienda a la propuesta del Grupo Popular. Si el Grupo Popular no puede ser sensible a nuestras enmiendas, seguramente nosotros tampoco podremos ser sensibles a su propuesta, por
considerarla incompleta.



El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra don Elviro Aranda.



El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señorías, he escuchado con atención la defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular por parte del señor Merino y, después del pequeño diálogo que hemos tenido para intentar llegar a un acuerdo, me ha
quedado una cierta desazón, porque esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular señala la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos para la Administración General del Estado. El Grupo Socialista, como todos los grupos aquí
presentes, está de acuerdo en que la organización de cualquier administración pública, la Administración General del Estado por supuesto, hay que articularla de una manera eficaz, eficiente, moderna, racionalizada y optimizando sus recursos. Todo
eso forma parte de unos principios con los que todos estamos de acuerdo, pero lo que plantea esta proposición no de ley, señor Merino, es algo quizás diferente, porque eso es lo que se está haciendo en este momento.



El Grupo Socialista, con la enmienda que ha presentado a esta proposición no de ley, estaba tendiendo la mano al Grupo Popular para que se sumase a un gran acuerdo de sindicatos, Gobierno e incluso fuerzas políticas parlamentarias para hacer
ese trabajo de mejora, de racionalización y de mayor eficiencia en la Administración General del Estado. Por tanto, esta proposición no de ley podía haber sido una oportunidad para que el Partido Popular se hubiese sumado a un gran acuerdo que se
formalizó entre el Gobierno y los sindicatos la semana pasada en el Palacio de la Moncloa. Lamentablemente -y por eso decía que después de la intervención del señor Merino he tenido una cierta desazón interna-, esta proposición no de ley se ha
convertido en una propuesta oportunista, incluso, si me permiten, torticera, porque frente a la vocación de tender la mano para que el Partido Popular se pueda sumar a un trabajo que ha acordado el Gobierno con los agentes sociales, en el acuerdo
del Gobierno con los sindicatos, para la modernización de la Función pública y el diálogo social, cuando el Partido Popular se podía haber sumado a ello, lo que hace es presentar una iniciativa para llegar a eso que está en el acuerdo, que se va a
desarrollar y que se va a elaborar en una mesa donde están los agentes sociales que están afectados, los sindicatos y el Gobierno, que es la Administración y la patronal -si me lo permiten-.
Cuando se va a hacer eso, lo que se dice es que nos
descolguemos aquí con un acuerdo de esta Comisión, que nos descolguemos de eso y hagamos algo aparte de esa vía.



Señorías, el compromiso del Gobierno y, desde luego, del Grupo Parlamentario Socialista, con la modernización de las administraciones públicas y, por tanto, con la Administración General del Estado ha sido una línea de actuación desde que se
llegó al Gobierno. Baste señalar los siguientes puntos, y el señor Merino ha hecho referencia a alguno de ellos. En 2007 se aprobaba el Estatuto básico del empleado público, una regulación básica no en el sentido de competencias entre el Estado y
las comunidades autónomas, sino una regulación que era fundamental para empezar a reestructurar, a redimensionar las cuestiones relacionadas con los funcionarios públicos en los diferentes niveles de las administraciones, local, autonómica y
estatal. Se aprueba también a lo largo de este tiempo el Plan Concilia para la consecución de la integración de la vida laboral y personal en la Administración General del Estado. Se aprueban mejoras retributivas a lo largo de todos los años.
Tengo que señalar que en este acuerdo al que me estoy refiriendo no solamente se ha mejorado la retribución de los funcionarios, sino que también se ha establecido una cláusula de revisión salarial para los mismos. Durante este tiempo se aprueba la
Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Todos ustedes conocen estos temas. También se ha aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros -el señor Merino creo que ha hecho referencia a esto en algún momento
como una cuestión menor-, de febrero de 2009, un plan para la optimización, la racionalización de los recursos humanos, que tiene un ámbito en el que se debe desarrollar. El Gobierno, los sindicatos y, por tanto, los representantes de los
funcionarios están trabajando para la elaboración de este plan de recursos humanos, que es importante y que ha de llevar a que en un determinado momento, una vez que se haga esto, se presente en esta Cámara la Ley de la Función pública. Si mira el
acuerdo al que estoy haciendo referencia, verá que se establece un plazo incluso para la presentación de ese proyecto de la Ley de la Función pública, en septiembre de 2010, si no recuerdo mal.



Por tanto, señorías -voy concluyendo- el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda con voluntad de que el Grupo Popular se sumara a este gran acuerdo para la modernización de la Función pública y el trabajo público, porque
también hay otro tipo de relaciones laborales en la Administración General del Estado. Desgraciadamente, no es posible y, como


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decía, lo que se nos presenta es una propuesta que casi parece que quiere quebrar un acuerdo con los sindicatos. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta iniciativa y lamentamos que el Partido Popular no se haya sumado a esa
oportunidad que le hemos dado.



El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de esta proposición no de ley.



- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN EL CONJUNTO DE DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001209.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última, que está señalada con el número 6.º en el orden del día. Es una proposición no de ley para la inclusión de los derechos lingüísticos en el conjunto de derechos humanos. Está presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presento esta proposición no de ley que tiene como objeto pedir al Gobierno que haga las gestiones oportunas para la inclusión de los derechos
lingüísticos en el conjunto de los derechos humanos y dar apoyo a las iniciativas de promoción y difusión de la mencionada petición, en el marco de una actualización de los derechos humanos, que venimos a definir como derechos humanos de nueva
generación.
La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos fue aprobada en Barcelona durante la Conferencia mundial de derechos lingüísticos, celebrada del 6 al 9 de junio del año 1996. Desde aquel momento -hace ya unos cuantos años- hasta
ahora, han sido distintos ámbitos académicos, organizaciones no gubernamentales y también Estados los que han recogido las conclusiones de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
Son numerosos en este momento los textos legales
internacionales que recogen principios como la no discriminación por razón de lengua, pero hasta ahora no existe un documento único donde se proclamen los derechos lingüísticos como parte inherente a los derechos humanos. ¿A qué hacemos referencia
cuando hablamos de los derechos lingüísticos? A la protección de un bien de la humanidad, como son las distintas lenguas, a la protección de las distintas lenguas y no leer año a año en los medios de comunicación que se pierden lenguas habladas por
miles, por millones o por menos personas. Las lenguas son patrimonio de la humanidad y el derecho a su uso -por cierto, en España el uso de algunas lenguas ha sido prohibido durante muchos años del siglo pasado, sin ir más lejos- y la promoción de
las lenguas tienen y deben ser considerados también como un derecho humano, dentro de la esfera del derecho individual al uso de una determinada lengua. Hablo de derechos individuales, pero no podemos hablar de los derechos lingüísticos únicamente
en el contexto de los derechos individuales.



Las personas no usamos una o varias lenguas de forma aislada. Las personas no somos islas en medio del mar hablando una determinada lengua -la lengua materna, una segunda lengua, una tercera lengua-, sino que hablamos nuestras lenguas en el
marco de una determinada comunidad, que como mínimo es una comunidad de origen, una comunidad que nos ha dado un marco de referencia y un marco de identidad lingüística. Es evidente que en un mundo como el actual y en una sociedad abierta como la
actual las identidades en los marcos de referencia pueden ser y son múltiples. Somos varios los diputados y las diputadas que intervendremos en este punto los que tenemos como lengua materna una lengua distinta a la que yo me estoy expresando, los
que utilizamos el castellano en nuestros trabajos habituales en esta Cámara y los que utilizamos otras lenguas en otros ámbitos. Esta es la convivencia de las lenguas. Pero también existe esta esfera individual, esta esfera del marco referencial
de origen, de identidad, como son los derechos lingüísticos. Pedimos a este Gobierno, que inició hace cinco años y medio su andadura proclamando su adhesión al concepto de la España plural -haciendo después de esta España plural una expresión y un
desarrollo de dibujo asimétrico, desigual, una descripción difícil de concretar-, invocando esta España que reconoce distintas identidades, distintas lenguas y distintas culturas, que se adhiera a esta Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos, que la apoye, que la fomente en los organismos internacionales, especialmente en Naciones Unidas, que es donde se producen las actualizaciones de el acervo de los derechos humanos.



El señor PRESIDENTE: Para manifestar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Dolors Nadal.



La señora NADAL I AYMERICH: Para fijar la posición del Grupo Popular en esta proposición no de ley lo primero que quiero hacer es una afirmación.
Mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, cree que los derechos lingüísticos deben ser
considerados, como lo son en nuestra Constitución, un derecho fundamental y, por tanto, deben gozar de la máxima protección.
Precisamente por eso, mi grupo, el Grupo Popular, y el Partido Popular, defienden el uso de la lengua española en el
conjunto de España y del bilingüismo en aquellas comunidades como Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, que tenemos la suerte de tener dos lenguas, sin olvidar que hay determinadas zonas del territorio nacional, que hay determinadas zonas en
España en las que tenemos la obligación de defender el trilingüismo, como es el caso de la Vall d´Aran.



Cuando leímos esta proposición no de ley, señor Xuclà, viendo estrictamente lo que es el petitum, no nos


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parecía mal. Cuestión distinta es cuando vimos la exposición de motivos y el andamiaje de la proposición no de ley. Lo primero que nos preguntamos es si persigue el objetivo que dice perseguir y, en segundo lugar, si es eficaz para la
consecución de ese objetivo, y la respuesta es, en nuestra opinión, que no. Veamos, en primer lugar, los antecedentes, señorías.
Esta proposición no de ley reproduce literalmente una moción que se aprobó en el Parlament de Catalunya el día 23 de
octubre de 2008, que a su vez, como recoge la exposición de motivos, también recoge íntegramente la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, aprobada en la Conferencia mundial de Barcelona de 1996, a la que se refería el señor Xuclà. Si
ustedes leen el debate, si leen los trabajos de la Conferencia mundial de derechos lingüísticos, si leen la propia exposición de motivos verán que se produce una interpretación, en nuestra opinión, señor Xuclà, errónea. Tiene un sustrato erróneo su
propuesta para la consecución de los pretendidos objetivos. Eso sí, he de reconocer que tiene una virtualidad. Es una proposición no de ley que da musculatura nacionalista, mantiene viva la llama nacionalista. Es una proposición que, tanto en los
debates como en la exposición de motivos y en los trabajos previos, tiene detrás grandes palabras, hábilmente utilizadas, en las que hallamos argumentos que buscan impacto emocional pero que no tienen en cuenta el verdadero alcance. El verdadero
alcance es que sitúan por encima de los derechos individuales unos supuestos derechos colectivos. Se refirió de una forma mucho más moderada a lo que fue la declaración del señor Xuclà en su intervención. Señorías, saben perfectamente que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, vincula jurídicamente a las demás cartas de derechos, entre ellas la famosa Declaración de Derechos Lingüísticos de Barcelona, que se invoca como elemento nuclear de la
proposición no de ley.



Señorías, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 -ustedes lo saben perfectamente- vincula jurídicamente a las demás cartas de derechos, entre ellas, la famosa Declaración de Derechos Lingüísticos de
Barcelona que se invoca como elemento nuclear de la proposición no de ley. Y la declaración universal que vincula tiene su fundamento en la persona, señor Xuclà, no en derechos colectivos, no en ningún grupo, que ese es el andamiaje de la
proposición no de ley.



Señorías, los derechos individuales se encuentran por encima en la declaración de unos supuestos derechos colectivos, y debe seguir siendo así, porque fíjese, bajo el paraguas conceptual de esos derechos colectivos, en nuestra opinión, se
esconde un argumento ficticio, un argumento de ficticia protección que no protege efectivamente la diversidad lingüística. Señor Xuclà, si se defienden los derechos colectivos por encima de los derechos individuales, se defienden derechos
colectivos de muchos, sin duda de muchos, pero no de todos. Se defienden derechos de muchos, pero no de todos, y eso para nosotros no es aceptable porque siempre hay un grupo que queda excluido, y eso no es admisible ni para el Grupo Popular ni a
la luz de la declaración universal. Por lo tanto, es lo que le decía al inicio de mi intervención y vuelvo a ello, el planteamiento que hacen no es adecuado para el objetivo. Ustedes dicen que los derechos lingüísticos tengan el valor de ser una
parte integrante e indivisible de los derechos humanos. Es que lo son, señor Xuclà. Están ligados a las personas. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos individuales, de seres humanos, de hombres y mujeres, de ciudadanos que
están protegidos por esos derechos frente a cualquier abuso de poder arbitrario. Ese es el fundamento de la declaración universal, la defensa de los ciudadanos frente al abuso de poder arbitrario; y ese es el fundamento de una sociedad libre. No
está la declaración universal en la defensa de países de naciones ni de otro tipo de colectividades ni de otro tipo de territorios. Son las personas las que tienen derecho a hablar y a escribir una lengua, no las lenguas las que tienen derecho a
ser habladas o escritas. Quiero recordarle, señor Xuclà, porque parece que usted lo olvidó, que el segundo artículo de la declaración universal ya recoge que nadie debe ser discriminado por razón lingüística. Y quiero recordar también -porque no
se ha hecho mención- que en su artículo 26 se recoge que los padres tienen el derecho preferente de elegir la educación que debe darse a sus hijos. Ese es el mismo sentido que se recoge en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos
aprobado en la Resolución de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966.



Señorías, no me atrevería, porque me parecería una petulancia, recomendarles nada, pero sí he querido traer a esta Comisión un párrafo de Mario Vargas Llosa de su obra Sables y utopías. Les leo señorías. 'Es gravísimo que la conciencia del
individuo abdique ante una supuesta conciencia superior colectiva, sea de un partido, sea de un régimen o sea de un país que se arroga la facultad de representarla, pues entonces queda abierto el camino al pisoteo de los derechos humanos y al
imperio de la arbitrariedad'. Señorías, son abusos de poder y arbitrariedades que se sancione por rotular en castellano en Cataluña. Son abusos de poder y arbitrariedades que no se cumplan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
respecto al derecho de los padres a elegir la lengua en que deben ser escolarizados sus hijos. Señorías, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la de la protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder, y no es defender la
pluralidad lingüística levantar muros en la sociedad a costa de marginar y discriminar a una parte importante de la ciudadanía. Es una posición que atenta claramente contra la protección de los derechos lingüísticos, insisto, como parte integrante
e indivisible de los derechos humanos.



Señorías, en opinión del Grupo Popular, la pluralidad no es un enemigo a batir; es un patrimonio que tenemos que amar. Eso nos hace más humanos y más hermanos pero, sobre todo, nos hace más ciudadanos. Nos hace ser capaces de tener un
crisol de lenguas que no separan sino


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que unen. Es por eso por lo que defendemos que los derechos lingüísticos sean parte integrante e indivisible de los derechos humanos y, por lo que, señor Xuclà, tenemos que votar en contra de la propuesta que hace Convergència i Unió.
Insisto, estrictamente, el petitum es una cosa, el andamiaje de toda la proposición no de ley es otra bien distinta.



El señor PRESIDENTE: Para expresar su posición, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.



La señora BATET LAMAÑA: Señorías, quería empezar diciendo que este no es un debate sobre política lingüística, ni un debate sobre el ordenamiento jurídico español, ni sobre el artículo 3 de la Constitución, ni sobre los estatutos de
autonomía, ni sobre cómo las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias, están desarrollando sus respectivas políticas lingüísticas. Estamos en un debate sobre la inclusión, por parte de Naciones Unidas, de los derechos lingüísticos en
el conjunto de los derechos humanos y, por tanto, en este contexto voy a centrar mi intervención.



Desde el punto de vista conceptual, la presentación de esta iniciativa merece un análisis sensato y riguroso. Por tanto, nos parece pertinente haber introducido esta iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados y traerla a esta
Comisión Constitucional. Parece indiscutible que la existencia de distintas lenguas aporta una riqueza cultural al planeta. Y más allá de esta riqueza en abstracto, permite la comunicación entre los individuos, permite una complicidad a la hora de
compartir una lengua y el poder usar la lengua materna o la lengua que elijan forma parte de los derechos de los ciudadanos. Si bien es cierto -y ya se ha dicho en las intervenciones que me han precedido- que existen otros documentos
internacionales que reconocen y apuestan por una protección de las lenguas o de la diversidad cultural -por ejemplo, la Declaración Universal de la Unesco de 1954 o la Declaración de Teherán, de Naciones Unidas, aprobada en 1989 o, incluso, la
propia Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 2 prohíbe la discriminación por razón de idioma- nos parece adecuada esta petición dirigida a la organización de Naciones Unidas de inclusión explícita de los derechos lingüísticos
en el conjunto de los derechos humanos. Claramente, sí; este grupo parlamentario considera que efectivamente los derechos lingüísticos pueden ser y deberían ser considerados derechos humanos y, como tales, ser reconocidos como derechos de los
ciudadanos, de las personas; derechos, en definitiva, individuales. Como ya he dicho -y así se plasma en todas las iniciativas parlamentarias que desde este grupo parlamentario se han presentado o en las enmiendas a otras iniciativas
parlamentarias- para nosotros los derechos lingüísticos son derechos de los ciudadanos y, por tanto, su reconocimiento, su protección y su promoción deben ser una prioridad para todas las instituciones públicas.



Me gustaría dejar constancia también de que el apoyo de esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista tiene como objetivo básicamente cuatro cosas. En primer lugar, enfatizar nuestro compromiso con la riqueza cultural y la
diversidad de lenguas en el mundo, porque cuanto mayor respeto haya a la diversidad lingüística más garantizada estará la convivencia humana, más capacidad -como nos gusta decir- de convivir en la diferencia; no desde la conllevanza orteguiana que
no sería nuestra concepción, sino más bien desde el reconocimiento mutuo de Azaña. A nuestro entender, ese es el futuro del planeta y cualquier otra vía o camino suele conducir al conflicto. En segundo lugar, reconocer el mismo valor y dignidad de
todas las lenguas, en tanto que detrás de todas ellas hay personas que las hablan. En tercer lugar, fortalecer el concepto de derechos humanos universal, incluyendo en ellos los derechos lingüísticos de forma explícita. Y, en cuarto lugar,
queremos mostrar la conveniencia de que Naciones Unidas aprueba una declaración universal de derechos lingüísticos como complemento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, el apoyo a esta proposición no de ley -y esto
también me gustaría dejarlo claro- por parte del Grupo Socialista no significa en absoluto el apoyo a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos aprobada en Barcelona en junio de 1996, que fue elaborada y apoyada por un grupo de ONG, los
centros PEN y diversos expertos en derecho lingüístico. No dudo de la profesionalidad de los participantes ni de su calidad como expertos, pero quería dejar constancia de que este grupo parlamentario no comparte ni asume el contenido que recoge
esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. La verdad es que la literalidad de muchos de sus artículos no se corresponde con la visión de los derechos que tiene este grupo parlamentario, así como tampoco la exposición de motivos que
acompaña a la iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió, que efectivamente introduce una serie de conceptos discutibles, como mínimo, para este grupo parlamentario y que, en todo caso, van más allá de lo que estrictamente podemos considerar
derechos lingüísticos. Señor Xuclà, es verdad, usted ha dicho en su intervención que los derechos lingüísticos no se ejercen de manera aislada, sino que se ejercen en relación con otros. Ningún derecho se ejerce de manera aislada. Los derechos
humanos existen en tanto que vivimos en sociedades y en comunidad; pero, señorías, nosotros no somos comunitaristas, no creemos que se tengan que reconocer derechos colectivos, no creemos que existan derechos de los pueblos, no creemos que existan
derechos de los territorios, no creemos en el determinismo colectivo.



En todo caso, la letra del texto de la proposición no de ley que se nos presenta a nuestro modo de ver se adapta perfectamente a las voluntades que he manifestado anteriormente y, por ello, el texto recibirá nuestro apoyo. El texto no pide
el apoyo a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Si así fuese, este grupo


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parlamentario no apoyaría la iniciativa. Estamos seguros de que llegado el momento, en el marco de Naciones Unidas, se podrá elaborar y aprobar una declaración de derechos lingüísticos, cuyo contenido dará satisfacción al objetivo máximo de
todo derecho humano como es la protección del individuo.



El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la deliberación de las seis proposiciones no de ley. Habíamos anunciado al comienzo que no se votaría antes de las siete, por lo cual damos un descanso y a las siete en punto haremos la votación.
Muchas gracias. (Pausa.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley que han sido debatidas.



Recuperamos para la votación el orden del documento que tienen ustedes como orden del día. Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley que hace referencia a instar al Gobierno a remitir a la Cámara en el próximo período de
sesiones un proyecto de ley de estatuto de la Agencia Pública de Noticias EFE. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda transaccional firmada por el Grupo Socialista, Partido Popular y Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Mixto. Como la propuesta es del grupo de Esquerra y lo firman, no tengo necesidad de preguntarle si aceptan la transacción. Es así que votaremos la enmienda transaccional presentada por los grupos que
acabo de citar.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda transaccional a esta primera proposición no de ley.



Votamos ahora conjuntamente la segunda proposición, sobre la devolución a sus familiares de los restos mortales de los republicanos que se encuentran enterrados en la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, y la tercera
proposición, sobre medidas en relación con los enterramientos llevados a cabo en el Valle de los Caídos. En principio, no vamos a votar cada una de ellas por separado porque hay una transaccional a las dos, siempre que los proponentes, Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Mixto, señora Barkos, lo acepten también. Así que votaremos en una sola votación la enmienda transaccional a las dos proposiciones no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos ahora a votar la proposición no de ley número 4, relativa a que el Congreso de los Diputados declare el Real Teatro de las Cortes de San Fernando y el Oratorio de San Felipe de Cádiz como edificios constitucionales de España,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas.
Por tanto, votamos la proposición del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos ahora la proposición número 5, relativa a la elaboración y presentación de un plan estratégico de recursos humanos para la Administración General del Estado. Hay dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y otra del Grupo Parlamentario Socialista. No se incorpora ninguna de las enmiendas presentadas, según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, se vota la proposición no de ley en los mismos términos en que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, votamos la proposición no de ley número 6, para la inclusión de los derechos lingüísticos en el conjunto de derechos humanos, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.



El señor PRESIDENTE: Es aprobada. Con esto terminamos la sesión. Les agradezco mucho a los señores y señoras diputados, sobre todo a los ponentes, intervinientes y a los que son pacientes para estar todo el tiempo, su colaboración durante
esta sesión. Muchas gracias, hasta la próxima.



Eran las siete y cinco minutos de la tarde.