CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 339

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 23 (extraordinaria) celebrada el jueves 27 de agosto de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), para informar sobre:


- El proceso de concertación social, especialmente en lo que se refiere a las propuestas de rebaja de la cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones. A petición de los grupos parlamentarios Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000494.) ... (Página 2)


- La aprobación del Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e insercción.
A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000503.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la celebración de la comparecencia del señor ministro de Trabajo. Como saben SS.SS., el orden del día consta de dos puntos que
abordaremos conjuntamente, es decir, se acumularán ambos puntos, y después de la exposición del señor ministro continuaremos con las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzando con la de uno de los grupos proponentes, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que va a dividir su intervención entre el señor Llamazares y el señor Tardà.
También el Grupo Parlamentario Popular nos ha pedido, y hemos accedido a ello, no hay
ningún inconveniente, dividir sus intervenciones. Por tanto, intervendrá en primer lugar don Álvaro Nadal y en segundo lugar el señor Echániz.



Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta sesión. Señor ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta comparecencia y suya es la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante esta Comisión para explicar lo más ampliamente posible la evolución, la situación actual y las perspectivas del proceso de
diálogo con los interlocutores sociales que se ha venido desarrollando desde hace algo más de un año, así como para informarles sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado día 13 de agosto del Real Decreto-ley 10/2009, por el que se
regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.



Todas SS.SS. conocen los últimos acontecimientos que han derivado en la imposibilidad de alcanzar de un acuerdo sobre los temas que formaban parte de la agenda de negociación. De ahí, el interés del Gobierno por explicar este desencuentro.
Para ello pretendo hacer un repaso de las tres fases de desarrollo del proceso de diálogo social desde su inicio en julio del pasado año, pero antes permítanme hacer algunas consideraciones previas sobre el diálogo social que a mi juicio deben
tenerse en cuenta para entender la evolución del proceso y la actual situación.



En primer lugar, hay que subrayar que el proceso de diálogo social iniciado con la declaración del 29 de julio del año 2008 ha estado marcado por un trabajo intenso y por la consecución de resultados concretos, a algunos de los cuales me
referiré a lo largo de mi intervención. En segundo lugar, no debe pasarse por alto que el diálogo con los interlocutores sociales se ha desarrollado en un contexto marcado por una crisis económica sin precedentes que ha evolucionado a una velocidad
de vértigo. Esto ha dificultado en ocasiones la concreción de los temas incluidos en la agenda de negociación dada la necesidad de concebir el diálogo como una vía de respuesta inmediata a los efectos de la crisis. En tercer lugar, quiero dejar
bien claro que la agenda de temas objeto de negociación ha sido casi siempre definida y confeccionada de común acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales. En cuarto lugar es importante puntualizar que si hace algo más de
un mes había expectativas ciertas de alcanzar un acuerdo conjunto es porque todas las partes implicadas estábamos convencidas de ello, tal como expresamos públicamente y en el seno de las propias negociaciones.
Por último quiero poner en valor el
intenso trabajo desarrollado durante todo el proceso.



La concertación social no puede invalidarse porque en esta ocasión no haya sido posible firmar un acuerdo a tres bandas. La concertación social posee un valor elevado en sí misma. Es la apuesta por el razonamiento, la propuesta
constructiva y la búsqueda de puntos de encuentro. Por eso el Gobierno mantiene su voluntad de que las políticas sociolaborales se hagan sobre la base del diálogo social y la concertación. En este sentido quiero destacar que, más allá del último
desencuentro, las aportaciones realizadas a lo largo del proceso por los interlocutores sociales han sido positivas, pues han permitido poner el foco sobre cuestiones centrales que con posterioridad han servido también para diseñar y llevar a cabo
actuaciones frente a la crisis.



Señorías, como les decía, el proceso de diálogo social desarrollado a lo largo de la presente legislatura se divide en tres fases en razón de los temas abordados y las prioridades existentes. La primera fase, que se extiende hasta finales
de 2008, se inició el 29 de julio de ese año con la firma en La Moncloa de la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social por parte del presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de CEOE,
Cepyme, Comisiones Obreras y UGT. Fue entonces cuando se abordaron las cuestiones formales y organizativas del proceso, se hizo un diagnóstico consensuado de la situación y se marcaron unas líneas de actuación comunes para su desarrollo en el seno
de las mesas de negociación. Siguiendo el esquema de funcionamiento del proceso de diálogo de la legislatura anterior, se establecieron diez ámbitos de diálogo social propiamente dicho, a los que se añadieron cinco mesas de diálogo social reforzado
sobre materias no estrictamente sociolaborales con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico. De esta etapa quiero resaltar tres aspectos concretos: por un lado esos encuentros sirvieron para fijar los asuntos que
debían abordarse en el proceso de diálogo social que todas las partes asumimos y que posibilitaron que las negociaciones avanzaran; por otro, esta primera fase del diálogo social fue el marco empleado para hacer partícipes a los interlocutores
sociales de las medidas adoptadas por el Gobierno a través del PlanE; por último ese trabajo en común permitió impulsar dos medidas importantes en el mes de noviembre: una nueva bonificación de 1.500 euros para la contratación de forma indefinida
de parados con


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cargas familiares y la elevación del 40 al 60 por ciento de la capitalización de las prestaciones por desempleo de los parados que inician una actividad como autónomos.



La segunda fase comprende los primeros meses de 2009 y tiene como punto de referencia la reunión de la Comisión de seguimiento y evaluación del diálogo social celebrada el 29 de enero y presidida por este ministro; en la misma se reafirmó
la voluntad de todas las partes de impulsar el proceso de diálogo social, de elevar la intensidad del ritmo negociador y de hacerlo con carácter inmediato. Es relevante destacar aquí que la comisión acordó una agenda de trabajo y un temario para
los meses siguientes, es decir, que se definieron de nuevo las materias de negociación y se concretaron los aspectos susceptibles de acuerdo, porque en todo momento las partes hemos sido conscientes de la urgencia de la situación y de la necesidad
de que el diálogo cristalizara en medidas efectivas para promover una salida de la crisis lo más rápidamente posible. Por eso el Gobierno y los interlocutores sociales decidimos profundizar con carácter inmediato en la discusión de un paquete de
medidas de gran relevancia a corto plazo, medidas laborales y sociales dirigidas a reforzar la protección de los desempleados y a favorecer el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, que fueron objeto de intensos debates con aportaciones
de todas las partes que fueron perfeccionando y enriqueciendo su contenido. Pese a la elevada coincidencia de las partes en las cuestiones centrales de las mismas, finalmente no fue posible cerrar un acuerdo global sobre estas, pero dado el
carácter coyuntural y urgente de las medidas, el Gobierno decidió aprobarlas el pasado 6 de marzo mediante el Real Decreto-ley 2/2009, convalidado por el Congreso el 26 del mismo mes y que actualmente se tramita en esta Cámara como proyecto de ley.



Como SS.SS. conocen bien, esa iniciativa recogía un conjunto de medidas que se aplican desde entonces con resultados razonablemente positivos y que se agrupan en tres bloques: el primero reúne las medidas para el mantenimiento del empleo,
entre las que destaca la previsión de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social en las regulaciones temporales de empleo. El segundo bloque recoge medidas para la protección de personas desempleadas, como el reconocimiento a
los trabajadores afectados por un ERE de un derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo o la supresión del plazo de un mes de espera que se exigía a los solicitantes del subsidio de desempleo. Permítanme destacar de estos dos bloques
el alcance de las dos medidas sobre los ERE que han permitido en una fase muy aguda de la crisis económica evitar destrucción de tejido productivo. Resaltaré también que la gran mayoría de los ERE han sido pactados entre las empresas y los
representantes de los trabajadores, y ello ha facilitado a través del acuerdo fórmulas de flexibilidad que permiten plantear la continuidad de las empresas y remontar este difícil periodo económico que estamos atravesando.



Como SS.SS conocen, estas medidas de preservación del tejido productivo van en consonancia con lo que están poniendo en práctica otros gobiernos de la Unión Europea a través de una reducción pactada de la jornada laboral que está permitiendo
mantener las empresas y no incrementar de forma notable el número de personas desempleadas. Por último, en el tercero de los bloques se incluyen medidas para la generación de empleo.
Tal es el caso de la mejora de los incentivos a la contratación
a tiempo parcial y de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación indefinida de desempleados durante un período mínimo de un año. Señorías, más allá del contenido concreto de este decreto-ley, la iniciativa
debe ser destacada, pues despeja controversias interesadas que en las últimas semanas se han intentado introducir. Su aprobación puso ya de manifiesto que el Ejecutivo dialoga y busca acuerdo, pero que ejerce sus responsabilidades de gobierno y
adopta las decisiones que considera convenientes en cada momento. Todo este período ha comportado cerca de un centenar de sesiones de trabajo.



La tercera fase del proceso de diálogo se inicia el día 20 de mayo con un encuentro entre el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de las organizaciones sindicales y empresariales. En dicha reunión se puso de manifiesto la
voluntad de todas las partes por alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social sobre los temas avanzados por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación del pasado 12 de mayo y que dicho acuerdo se adoptaría no más
tarde de finales del mes de julio. El objetivo marcado por el Gobierno y compartido por los interlocutores sociales era impulsar dos tipos de medidas: unas a corto plazo, que sirvieran para superar la crisis económica y paliar sus efectos, y otras
de carácter estratégico, que pudieran contribuir a la mejora del modelo productivo y a reforzar su sostenibilidad económica, social y medioambiental. A lo largo de los meses de junio y julio se mantuvieron más de diez reuniones conjuntas entre los
representantes del Gobierno, de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, con el propósito de suscribir un acuerdo con ese contenido. Las conversaciones mantenidas entre las partes pusieron
enseguida de manifiesto la existencia de dificultades para abordar determinados temas con mínimas garantías de éxito. Por ello se acordó dejar fuera de la negociación aquellos asuntos sobre los que existían posiciones más encontradas, centrando la
atención en dos cuestiones principales: el refuerzo de la protección social de los trabajadores desempleados y la mejora de la competitividad de las empresas, en el contexto de un nuevo patrón de crecimiento y de un nuevo modelo productivo. En
este marco consensuado el Gobierno mantuvo contactos bilaterales con las organizaciones sindicales y empresariales con el fin de aproximar posiciones, concretar propuestas y someter a su consideración


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un borrador de acuerdo. Ese borrador inicial fue enriqueciéndose con las aportaciones de todas las partes hasta la tarde del lunes 20 de julio, en la que el Gobierno presentó a los interlocutores sociales una última propuesta de acuerdo,
una propuesta que, a juicio del Gobierno, atendía de forma equilibrada las reivindicaciones fundamentales de sindicatos y organizaciones empresariales. Así, las organizaciones sindicales planteaban como principal reivindicación la aprobación de
medidas concretas de apoyo a quienes más duramente sufren las consecuencias de la crisis económica; me refiero a los trabajadores que, tras perder su puesto de trabajo, agotan las prestaciones por desempleo y carecen de recursos económicos de otro
tipo. Por eso la propuesta final de acuerdo contemplaba una ampliación extraordinaria de la protección por desempleo dirigida a los parados que hubieran terminado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, una medida que, ante la
imposibilidad del acuerdo, aprobó el Consejo de Ministros del pasado 13 agosto mediante un real decreto-ley al que después me referiré.



Como decía, la propuesta atendía igualmente la principal necesidad manifestada por las organizaciones empresariales: mejorar la situación financiera y favorecer la competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas,
fuertemente afectadas por la crisis económica. Con este propósito el acuerdo contenía dos compromisos importantes. Primero, el Gobierno aceptaba disminuir los costes laborales de las empresas mediante una reducción de 1,5 puntos de las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: medio punto con carácter permanente sobre las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales y un punto adicional con carácter estrictamente temporal para el año 2010.
Todo ello sin
generar déficit en las cuentas de la Seguridad Social.
Segundo, el Gobierno se comprometía a mejorar el acceso de las empresas al crédito y, en consecuencia, aceptaba una reformulación parcial de los requisitos de las líneas de liquidez del ICO
destinadas a pequeñas y medianas empresas. Con ello se mejoraban las condiciones de los créditos y se promovía su concesión por parte de las entidades financieras. Por otro lado, la propuesta contenía otras actuaciones relevantes de origen diverso
que todas las partes -Gobierno y organizaciones sindicales y empresariales- aceptaban abordar conjuntamente. Unas medidas que afrontaban problemas reales de empresarios y trabajadores y que reorientaban nuestro actual modelo productivo hacia una
mayor sostenibilidad en torno a los siguientes objetivos principales: apoyar la recuperación de la actividad económica para mantener y crear empleo; mejorar el funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo; consolidar un patrón de
crecimiento renovado basado en la innovación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el valor añadido; acelerar el desarrollo de las reformas educativas, en especial de la formación profesional; mejorar el funcionamiento de la sanidad y
reforzar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En suma, lo que los interlocutores tenían encima de la mesa era una propuesta de acuerdo ambiciosa que recogía dos tipos de actuaciones: unas de carácter urgente dirigidas a mejorar el
empleo y la protección social y otras de carácter estratégico concebidas para el desarrollo de una economía sostenible.



Señorías, como es lógico en cualquier proceso de negociación, el acuerdo se ha de buscar en un equilibrio entre unos y otros y haciendo que la propuesta final sea equilibrada entre posiciones diferentes. El Gobierno se implicó al máximo
para favorecer el acuerdo, agotando para ello los estrictos límites presupuestarios y financieros que le venían marcados por las previsiones presupuestarias para el año 2010, el respeto al techo de gasto aprobado por las Cortes Generales en el mes
de julio, la salvaguarda del equilibrio financiero de la Seguridad Social y la atención a los condicionantes derivados de la actual situación económica.
A juicio del Gobierno el acuerdo no fue posible porque las organizaciones empresariales
decidieron no suscribirlo al considerar que no satisfacía sus reivindicaciones en torno a los siguientes asuntos: reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en cinco puntos, reformar el tratamiento de los expedientes de regulación
de empleo o de suspensión temporal, exonerar a las empresas del pago de la prestación de incapacidad temporal del cuarto al decimoquinto día y hacer una profunda reforma laboral.



El planteamiento de estas reivindicaciones, especialmente las relativas a la reducción de cotizaciones sociales y a la reforma laboral, sorprendieron al Gobierno. Por un lado, el Gobierno ya había dejado claro que esa reducción de
cotizaciones era inasumible en términos presupuestarios porque implicaba un gasto de más de 18.000 millones de euros que provocaría el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social amenazando la seguridad de millones de trabajadores y
pensionistas. Por otro lado, la pretensión de reformar el mercado laboral suponía una modificación de las reglas del juego pactadas al inicio del proceso, pues esta cuestión se había dejado expresamente fuera del marco de la negociación.



El Gobierno lamenta profundamente esta decisión de las organizaciones empresariales que supuso en la práctica la ruptura por su parte del proceso de diálogo. Y lo lamenta porque esta falta de acuerdo ha generado cierta frustración en la
opinión pública y no ha contribuido a generar confianza, un elemento imprescindible para superar cuanto antes y en las mejores condiciones posibles la actual crisis económica. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos ha valorado
positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno en aras de un buen acuerdo. En todo caso, el Gobierno es consciente de que asume como tal un plus de responsabilidad en todo proceso de diálogo con los interlocutores sociales. Por eso, lejos de
permanecer impasible, ha decidido actuar adoptando una decisión que consideraba urgente y de la que paso a informar a continuación.



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Como SS.SS. conocen, el Consejo de Ministros del pasado 13 de agosto aprobó el Real Decreto-ley 10/2009 por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción que esta Cámara someterá a convalidación en los
próximos días. El sistema de protección al desempleo en nuestro país tiene un amplio alcance y contempla la prestación contributiva derivada de cotización y el subsidio vinculado a la renta y edad, y actualmente tiene el nivel de cobertura más alto
de la historia. No obstante, la gravedad de la crisis económica que atravesamos está provocando que un importante colectivo de personas paradas agote sus prestaciones sin haber encontrado un puesto de trabajo. Algunas de estas personas acceden a
las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, pero otras siguen sin disponer de ingresos.



En este contexto de crisis, el programa temporal de protección por desempleo e inserción regulado en el real decreto-ley forma parte de las medidas que viene adoptando el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, al incremento del
desempleo y, de manera especial, a la prolongación de los periodos de desempleo que sufren los trabajadores y las trabajadoras. Además, con el objeto de cumplir el mandato de la resolución número 14 aprobada en el Congreso de los Diputados en el
debate sobre el estado de la Nación en mayo de 2009 y previo a su planteamiento en el marco del diálogo social sin haber alcanzado un acuerdo, como ya les he expuesto anteriormente, el Gobierno ha considerado necesario, urgente e inaplazable
articular los mecanismos que amplíen la cobertura de protección de aquellos trabajadores que hayan agotado su protección por desempleo para impedir o mitigar con ello el riesgo de exclusión social. Por ello el Gobierno ha aprobado el programa
temporal de protección por desempleo o inserción con el objetivo de dar cobertura económica con carácter extraordinario a las personas desempleadas menores de 65 años que suscriban un compromiso de participación en un itinerario activo de inserción,
que hayan agotado la prestación contributiva o el subsidio desde el día 1 de agosto y que carezcan de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, es decir, unos ingresos mensuales de 468 euros en el año 2009, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La cuantía mensual de la prestación para 2009 es de 421,79 euros al mes y se devengará desde el día siguiente al de su solicitud. Esta cantidad es equivalente al 80 por ciento del indicador público
de rentas de efectos múltiples, Iprem, y se percibirá durante seis meses con el compromiso de participación activa en itinerarios de inserción laboral por parte de la persona beneficiaria desde los servicios públicos de empleo de las comunidades
autónomas.



Durante la percepción de la prestación los beneficiarios tendrán derecho a la prestación de asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en alguno de los
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.
La percepción de esta prestación por desempleo extraordinaria de 180 días será incompatible con los salarios sociales, rentas mínimas o ayudas análogas. De este modo, a través de este
programa, y dentro de un ámbito temporal limitado, se amplía la protección por desempleo a los trabajadores que hayan agotado las prestaciones y subsidios previos y se encuentran en situación de necesidad por carecer de otras rentas. El colectivo
de potenciales beneficiarios del programa se ha estimado en 340.000 personas. Para ser beneficiarias, estas personas deberán estar inscritas como demandantes de empleo, suscribir el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231.2 de la
Ley General de la Seguridad Social y comprometerse a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el servicio público de empleo de su comunidad autónoma en el itinerario activo de inserción laboral en el que participen. Todas las
solicitudes deberán presentarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de agotamiento de la prestación en la forma que se determina en el procedimiento. Con todo ello, además de aportar unos ingresos a este colectivo de personas
desempleadas, este programa pretende ir más allá fomentando su capacidad de inserción laboral mediante su participación en un itinerario activo de inserción para el empleo, de forma que se vinculen y alcancen objetivos no solo de protección social,
sino de reinserción en el marco laboral. De este modo, el Gobierno y las comunidades autónomas llevarán a efecto esta medida de acuerdo con sus competencias. El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo encargado del reconocimiento y pago
de la prestación. Este servicio comunicará a todos los posibles beneficiarios si pueden participar en el programa. Por su parte las comunidades autónomas diseñarán y organizarán las acciones incluidas en los itinerarios de inserción para el
empleo.



Señorías, a continuación les expondré brevemente los datos actualizados del programa desde el lunes 17 de agosto en que se inició la atención a los potenciales beneficiarios. En cuanto a comunicaciones, se ha enviado información a 85.000
personas que agotan su prestación en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre mediante cartas, mensajes y SMS. A fecha de ayer, 26 de agosto, se habían reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal más de 5.000
solicitudes. En cuanto a la financiación del programa, la prestación se financiará con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal con un suplemento de crédito y las acciones incluidas en los itinerarios de empleo se financiarán
con cargo a los presupuestos de los servicios públicos de empleo competentes. En concreto, el gasto previsto en prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2009 es de 345 millones de euros, siendo el gasto total
previsto para los seis meses de duración del programa de 642 millones de euros. Este real decreto-ley habilita al Gobierno para prorrogar este programa por periodos de seis meses, así como para aprobar mediante acuerdo de Consejo de Ministros
cuantas disposiciones sean necesarias


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para su ejecución y desarrollo. Asimismo, contempla la adecuada coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, así como la mejora de los recursos materiales y
tecnológicos, incluyendo la provisión de recursos humanos necesarios para afrontar la ejecución del programa. Para todo ello, y a efectos de dar la suficiente información y plantear la coordinación y el intercambio con las comunidades autónomas, se
han realizado diferentes acciones de las que resalto concretamente dos por su importancia. El pasado 30 de julio se realizó una reunión con las direcciones generales competentes de las comunidades autónomas en las que se les informó del programa, a
la vez que se les solicitaba la cooperación y coordinación necesarias para su realización; repito, 30 de julio y el decreto se aprueba el 13 de agosto. Ayer mismo, día 26 de agosto, se celebró una reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales en la que se valoraron los diferentes aspectos del programa y se formularon propuestas para optimizar su gestión y la coordinación entre las distintas administraciones. El proceso de comunicación entre el Servicio Público de
Empleo Estatal y los servicios autonómicos se mantendrá diariamente mediante el fichero electrónico de demanda de empleo. Señorías, como les he expuesto anteriormente, la base de esta medida concreta es una propuesta de las organizaciones
sindicales en el seno del diálogo social para la protección de personas desempleadas, que ha sido debatida suficientemente en las diferentes reuniones de los últimos meses con los interlocutores sociales, y que formaba parte del último documento de
propuesta de acuerdo presentado por el Gobierno el pasado 20 de julio.



Finalmente, no quisiera concluir esta intervención sin reafirmar en sede parlamentaria cuáles son las líneas directrices del Gobierno en materia de diálogo social que coinciden con las que hemos mantenido siempre. En primer lugar, el
Gobierno sigue apostando por el proceso de diálogo y concertación social. Ahora bien, deben desaparecer los condicionantes y posturas intransigentes que impidan alcanzar puntos de encuentro. El Gobierno está convencido de que los mayores avances
en materia sociolaboral provienen siempre del diálogo social, pero la falta de acuerdo con los interlocutores sociales no puede agotar los márgenes de maniobra de la acción política. Por consiguiente, el Gobierno seguirá adoptando en el futuro
todas las decisiones que estime necesarias, tanto para favorecer el empleo y la actividad económica como para asegurar la protección social de quienes pierdan su empleo. No ha existido hasta ahora ni va a existir paralización alguna en la toma de
decisiones que nuestra economía y nuestra sociedad requieren. Este Gobierno actuará para lograr cumplir sus objetivos y compromisos políticos, económicos y sociales, que están inequívocamente dirigidos a superar la actual crisis y sentar las bases
para un desarrollo más sostenible económico, social y medioambiental. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Por parte de los grupos proponentes, en primer lugar, tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, nuestro grupo parlamentario ha pedido esta comparecencia doble que tiene que ver con la concertación social y con la protección al desempleo porque nuestro grupo, aunque sea en verano, sigue
preocupado por la gente y por la realidad, y no ocupado en conspiraciones, espejismos y ocurrencias. En primer lugar, quiero agradecer al ministro que durante este verano haya sido un ministro discreto. Se lo quiero agradecer de manera importante
porque durante este verano hemos vivido un periodo en el que, entre espejismos y ocurrencias, ha aumentado la frivolidad en la política y ha disminuido el prestigio de la misma. Quiero dedicar una parte de mi intervención a felicitar al ministro de
trabajo porque ha administrado sus silencios, de los cuales seguramente no es esclavo; otros sí son esclavos de sus palabras.



En segundo lugar, quiero reprocharle al ministro de Trabajo alguna de sus medidas este verano. Quiero preguntarle al Gobierno cómo es posible que en un contexto de crisis donde un gobierno adopta una medida de incremento de la protección
social, haya terminado pareciendo que el Gobierno mete la mano en el bolsillo de los parados; cómo se pudo haber hecho tan mal. Esta es una reflexión que tiene que hacerse el Gobierno, porque si una medida parcial e insuficiente aparece como una
medida absolutamente negativa es porque las cosas se han hecho muy mal. Se han hecho muy mal desde el punto de vista del contenido de la medida, de la prórroga de la protección al desempleo, y desde el punto de vista de la gestión,
independientemente de los contactos que haya tenido el Gobierno con los agentes sociales y con las comunidades autónomas.



Nuestro grupo va a ser muy exigente para que el Gobierno rectifique, es decir, para que se corresponda con la realidad el anuncio de la mejora de la protección al desempleo. Eso significa que la medida de protección al desempleo dé
cobertura a la mayoría de las personas que no tienen protección ni subsidio al desempleo en estos momentos. Esa es una propuesta y un planteamiento exigente por parte de nuestro grupo parlamentario. Por otra parte, que esa medida no solo vaya
unida a una política de rentas, que es muy importante en la crisis económica, sino a medidas de inserción y de empleo que nos parecen fundamentales. No se trata únicamente de subsidios sino de rentas, de protección al desempleo así como de la
mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Esta es una cuestión que queríamos comentar.



El segundo tema que quería resaltar en esta comparecencia es el que tiene que ver con la concertación social. Para aquellos que decían que estábamos ante el fin de la historia, la crisis económica ha demostrado que no lo estamos, que el
capitalismo funciona como funcionaba en ciclos y en crisis y, por tanto, ha resultado refutado


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ese teorema. Hay otra tesis: el fin de la lucha de clases. Lo que ha ocurrido en la concertación social es la demostración palmaria de que la lucha de clases existe, que se intensifica en momentos de crisis y que en esa intensificación en
momentos de crisis se producen contradicciones y exigencias tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios.
El buen hacer del hacer del Gobierno debe ser, con una orientación de izquierdas, lograr que el reparto de esfuerzos y de
protección sea equilibrado. Esa es la estrategia que debió haber seguido el Gobierno.
Tenemos el temor de que eso no ha sido así y de que el Gobierno ha confundido el equilibrio con el reparto salomónico, que no es lo mismo, señorías. No es lo
mismo el equilibrio de esfuerzos para salir de la crisis, donde debe contribuir más quien más tiene y quien más ha provocado la crisis, que un reparto salomónico en el cual se da el 50 por ciento a unos y el 50 por ciento a otros. No estamos de
acuerdo con esa tesis.



Lo que se ha demostrado en esta concertación social es que la patronal ha optado, no por la concertación ni por el reparto de esfuerzos para salir de las crisis, sino por el oportunismo y por la presión al Gobierno para lograr el máximo de
recortes a los trabajadores. La cuestión es si el Gobierno piensa aceptar el envite; si además de no llegar a un acuerdo en la mesa de concertación porque había reclamaciones inaceptables que ponían en peligro el sistema de pensiones, que ponían
en peligro nuestras conquistas sociales, el Gobierno va a hacer ahora en la gestión concreta una labor de liderazgo teniendo en cuenta que la patronal ha optado no por la concertación sino por una presión maximalista sobre el Gobierno y por una
posición frentista. Sabemos que la patronal se ha incorporado al frentismo, después de que otros sectores lo hayan hecho con anterioridad.
El Gobierno debería tomar nota de ello y, manteniendo la mano tendida a la concertación social, adoptar
también medidas necesarias. Como he dicho antes, no compartimos la intensidad ni la gestión de la medida de ampliación de la cobertura al desempleo. Debe cambiar y ampliarse sustancialmente para aquellos que están en peores condiciones, sin
parcialidad ni arbitrariedad. Esa va a ser la posición de nuestro grupo que explicarán otros compañeros de forma más clara.



Termino con una cuestión relacionada con la comparecencia de ayer de la ministra de Economía, por si acaso nos confundimos. Señorías, en este país ya no hay un sistema fiscal progresivo, lo dice nuestra Constitución. Pero en la práctica,
cuando el tipo real de plusvalías es el 15 por ciento, cuando el tipo real de sociedades es el 18 por ciento y cuanto el tipo medio de IRPF es superior al 35 por ciento, no hay progresividad fiscal, ni siquiera proporcionalidad fiscal; hay
regresividad fiscal. Otra exigencia de mi grupo será recuperar progresividad fiscal, pero no porque estemos en crisis, sino porque hay que recuperar la pedagogía de lo público que se ha perdido en los últimos años.



El señor PRESIDENTE: En representación de los grupos proponentes, a continuación hará uso de la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Señora ministra, tenemos una gran preocupación por cuándo podremos salir de la crisis. Otra preocupación más importante, desde una cierta perspectiva histórica, es en qué condiciones van a salir de la crisis los
trabajadores y cuál será el escenario de la clase obrera, de los trabajadores y de las clases populares, una vez resuelta la crisis. En cuanto al diálogo social, en tiempos de bonanza el más tonto es capaz de hacer relojes, pero ante una crisis
económica debe demostrarse la responsabilidad de los agentes social. Me refiero a la patronal que ha dado un ejemplo de una cierta irresponsabilidad. Suerte que todavía existen en esta sociedad unos sindicatos suficientemente fuertes como para
plantar cara y poner barreras a esta ofensiva que, aprovechando esa situación de crisis querría crear unas condiciones de trabajo distintas a las que se han conquistado. Esto le exige al Gobierno capacidad de liderazgo. Señor ministro, le recuerdo
que tenemos pendiente todavía la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Supongo que el retraso de esta
tramitación parlamentaria obedece a las expectativas que se habían creado en el diálogo social que finalmente se han visto frustradas. En ese marco era posible efectuar modificaciones estructurales, sustanciales, y así lo hemos defendido en las
enmiendas que hemos presentado al sistema de ayudas a desempleados que, de forma parcial y un tanto chapucera, se ha intentado cubrir con este nuevo real decreto-ley.



Voy a ser muy claro: nosotros no vamos a dar apoyo -repito, no vamos a dar apoyo- a este real decreto si no se introducen medidas correctoras radicales. En primer lugar, entendemos que la retroactividad tiene que llegar hasta el 1 de
enero; no tiene ningún sentido quedarnos en el 1 de agosto, esto es inaceptable. En segundo lugar, si las comunidades autónomas son las que tienen que canalizar y encauzar todos los itinerarios, es evidente que también tienen que estar dotadas
económicamente a fin de que puedan llevar a término una buena rentabilidad de este esfuerzo de la Administración pública. No tiene ningún sentido que las comunidades autónomas no puedan incrementar las ayudas hasta llegar al salario mínimo
interprofesional -en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña ya lo ha expresado nuestra consellera Mar Serna- u otorgar otro tipo de ayudas ya existentes. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)


Estas cuestiones son fundamentales. Hay otra que quizá no deba ser condición sine qua non puesto que todavía hay tiempo para discutirla con la patronal y con los sindicatos, que sería no tener en cuenta la condición que ustedes ponen de
alcanzar el 17 por ciento de la tasa de paro para renovar el experimento -ya me entienden-.



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No tiene ningún sentido que pongamos variables de carácter macroeconómico, se lo endosemos a las economías familiares y a la exclusión social determinante que ya viven muchas personas. Si quieren poner tasas, pongan la tasa media de paro de
la Unión Europea. (Rumores.) Tan irracional es esto que acabo de decir como el 17 por ciento; ambas cosas son irracionales. Esto tiene que quedar, como mínimo, abierto.



El compañero Gaspar Llamazares ha sido muy explícito y yo también lo voy a ser. Si no están dispuestos a llevar la retroactividad al 1 de enero, si dejan huérfanas de recursos a las comunidades autónomas, que son las que tienen que llevar a
efecto la materialización y la rentabilidad de este esfuerzo que hace la Administración; si no permiten la complementariedad, entonces no deben contar con nosotros. Estamos convencidos de que entenderán -porque es una reclamación popular y porque
solo hace falta salir a la calle y ver cuál es la situación, sobre todo si no se quedan en el centro de las ciudades y se van a los barrios populares- cuál es la situación de alarma.



Entiendo -y voy terminando- que esto es un parche porque lo que deberíamos hacer es garantizar derechos, máxime teniendo en cuenta la ofensiva que existe en estos momentos aprovechando la crisis para desmontar parte de lo que la clase
trabajadora ha construido con muchos años de esfuerzo, teniendo en cuenta el contexto de gasto social en el Estado español que difiere en mucho de la media de gasto social en la Unión Europea. Hemos hablado claro. Gaspar Llamazares ha hablado
claro y nosotros también. Si están dispuestos a modificar el real decreto, cuenten con nosotros.
Entiendo que estamos en un cierto bucle porque, por un lado, tenemos la tramitación parlamentaria del anterior real decreto-ley y, por otro, este
nuevo real decreto-ley y no sé exactamente cómo piensan armonizarlos.



Para terminar, respecto al diálogo social esperamos que no flirteen y sean claros respecto a esta invención perversa del nuevo contrato laboral del siglo XXI; perversa porque significa ya, de una vez por todas, terminar con la causalidad en
el despido. Estamos hablando de universalizar -es la voluntad profunda de la patronal- el contrato temporal y creo que en algún momento ustedes intentaron flirtear con esta posibilidad. Esperamos que los sindicatos no aflojen y que ustedes sepan
dónde está el fiel de la balanza que, en un gobierno socialdemócrata, siempre tiene que estar al lado de los más débiles y de los más desfavorecidos. Si me puede decir usted hoy -no sé si podrá- si está de acuerdo con nuestras exigencias, no
solamente se lo agradeceremos sino que le diremos aquí, en la respuesta, que cuente con nosotros.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra el señor Olabarría, también como grupo proponente de la petición de comparecencia.



Señor Olabarría tiene usted la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, la verdad es que ha tenido mala suerte con el día en que se tomó la decisión de comparecer, o cuando se adoptó esta decisión no eran predecibles las noticias con las que nos hemos desayunado en el
día de hoy y en el de ayer. Hoy se ha publicado la última encuesta del INE en la que se acreditan datos escalofriantes, si me permite la expresión. Una pérdida de producto interior bruto en términos interanuales del 4,2 en el segundo trimestre;
una caída del empleo del 7,1 y una pérdida de empleo en términos anuales de 1.369.000 empleados. Señor ministro, a esto debemos añadir otra noticia que apareció ayer para contextualizar de forma más inquietante su comparecencia en el día de hoy.
Vivimos en un país en donde no solo hay más de 4.200.000 desempleados ya, sino que en el seno de la población asalariada 11 millones son mileuristas, o 18 si incorporamos a esta estadística a los pensionistas. Es decir, es mileurista el 60 por
ciento de la población asalariada. Las malas noticias continúan, señor ministro, porque acabamos de conocer también los datos que publica una relevante revista, Avance del mercado laboral, en donde se comenta que las tasas interanuales de caída de
empleo seguirán por encima del 7 por ciento en lo que resta de año. Luego ya es fácil hacer una extrapolación aritmética sabiendo que vamos a llegar a porcentajes de desempleados que no distarán mucho de los 4.700.000 o más desempleados a finales
de este año, con fecha de enero. Otro dato que resulta más relevante por preocupante, señor ministro, y que ustedes debería tomar en consideración: la última encuesta de población activa establece ya claramente el desánimo que ha cundido entre los
parados y potenciales activos. Porque ya la EPA del último trimestre -la recuerda usted, señor ministro, porque compareció para glosarla en esta Comisión- comenta que la destrucción neta de empleo en este periodo, en el último trimestre, medido por
la EPA -146.000-, es mayor en valor absoluto que el aumento del paro que es tanto como 127.000, lo que determina como efecto inevitable e ineludible una disminución de la población activa en 19.000 personas.



Todo son malas noticias y en este contexto le tengo que reprochar a usted y al Gobierno que usted representa que están actuando en esta materia, en materia económica con carácter general y en materia de lucha contra el desempleo en
particular, con el único cortoplacista objetivo que nosotros somos capaces de percibir, controlar y minimizar los daños que estos datos pueden provocarles a ustedes ante la opinión pública. Este real decreto-ley que usted ha explicado recientemente
no es más que un ejemplo paradigmático de lo que estoy comentando. Ustedes no tienen una política estructurada, son proclives a las improvisaciones, a las repentizaciones; por cierto, en el mes de agosto, quizá para aprovechar la relajación que el
ambiente estival provoca entre los interlocutores sociales, incluso en los grupos parlamentarios. Se trata de unas medidas inconexas, con muy poca virtualidad para afrontar las grandes medidas estructurales que ahora ya sabemos que no se van a
poder


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acometer con el consenso de los interlocutores sociales. Prácticamente ha dado usted por fenecidas -no sé si por fenecidas o es que ve muy difícil que se llegue a acuerdos- las diez líneas de diálogo social con los interlocutores y las
cinco meses llamadas de intensidad, las cinco mesas de diálogo social reforzado -utilizando su propia expresión. Y sin acuerdo social es muy difícil acometer reformas estructurales. Usted ha indicado en una intervención -que, si me permite la
expresión, yo podría calificar de extraña o de sorprendente- la necesidad de acometer reformas sociales importantes. Ya me explicará, señor ministro, cómo sin acuerdo con los interlocutores sociales se pueden acometer reformas estructurales de la
profundidad de lo glosado hoy por usted y ayer por la vicepresidenta económica del Gobierno, doña Elena Salgado. Es imposible que las medidas que se acuerden sin los interlocutores sociales tengan virtualidad. Esto ya lo sabían perfectamente en la
anterior legislatura, puesto que recurrieron al diálogo social -cuando el diálogo social era posible- y llegamos a una situación en esta Cámara que algunos calificamos como próxima o rayana en la usurpación de funciones legislativas. Se legislaba
por el Gobierno con los interlocutores social y solo por ellos se desposeyó a esta Cámara de sus competencias legislativas. En esta Cámara prácticamente hacíamos la mera función de intentar mejorar los textos que se presentaban ya predeterminados
por los interlocutores sociales en forma de acuerdos interconfederales, aquí sencillamente se les daba formato de proyecto de ley y posteriormente de ley, sin poder introducir o modificar una sola coma, un solo aspecto de sus contenidos materiales.
En este momento, señor ministro, ha invertido su posición política en relación con la pasada legislatura: ha pasado de la cuasi usurpación de funciones legislativas al órgano donde reside la soberanía popular a invocar al órgano donde reside la
soberanía popular para que legisle al margen o contra la voluntad de los interlocutores sociales ante la imposibilidad de concertar acuerdos en un momento en que son particularmente necesarios. Este es el contexto que nos provoca una particular
alarma y que a usted no debería dejarle tranquilo.



Las invocaciones a la responsabilidad que realiza a los grupos parlamentarios las hubiéramos agradecido mucho a la hora de mejorar alguna de las leyes aprobadas en la anterior legislatura, y alguna de esas leyes también está en el trasfondo
de la calamitosa crisis del empleo que tenemos. En este momento las invocaciones de ayuda al margen de los interlocutores sociales manifiestan de forma inequívoca el fracaso del diálogo social en un Estado que lo necesita perentoriamente.



Lo más sorprendente de lo que ha explicado en la mañana de hoy es que siga defendiendo el real decreto-ley aprobado el pasado día 10 de agosto por el Consejo de Ministros. No sé por qué lo está defendiendo y no sé si lo van a presentar para
su convalidación en esta Cámara. Espero que no; le recomiendo honestamente que no lo presente. Este real decreto-ley nació malherido por muchas razones que voy a comentar a continuación resumidamente, pero lo apuntilló el presidente del Gobierno
desde Lanzarote dos días después de su aprobación. Me ha parecido observar en su intervención que defendía las bondades de este real decreto-ley, pero es que el propio presidente del Gobierno lo amortizó dos días después de su aprobación cuando
comentó que se iba a intentar reiniciar unos nuevos procedimientos de diálogo con los interlocutores sociales para mejorar las numerosas carencias, los problemas de un real decreto-ley de estas características, incluso de inconstitucionalidad.
Desde esa perspectiva, mi recomendación es que no lo presenten a la convalidación, que esperen a ver si están en condiciones de conseguir un acuerdo -que en este momento se nos antoja utópico, una pura quimera- con los interlocutores sociales o si
llegan a algún acuerdo con los grupos parlamentarios, en los que ahora van a basar su política en materia de empleo. Una de las características que permiten descalificar ab initio este real decreto-ley es que no ha sido negociado con nadie, señor
ministro. Todos los interlocutores sociales salieron al día siguiente criticándolo de forma acerba. Ha sido descalificado por los empresarios o representantes de las asociaciones empresariales hasta los sindicatos, así como por el propio
presidente del Gobierno, que comentó al día siguiente que apreciaba la contundencia y la cualidad de las críticas realizadas y que intentaría reiniciar un proceso de diálogo social, pero no sabemos con quién, si lo van a hacer con otros grupos
parlamentarios o con los interlocutores sociales. Este real decreto-ley ha aflorado herido de muerte y el señor Zapatero lo apuntilló dos días después desde la isla de Lanzarote en pleno periodo estival.



¿Cuáles son los problemas de este real decreto-ley y de la falta de interlocución? Son problemas muy serios, señor ministro. Vivimos en un país sin tecnología. Vivimos en un país sin multinacionales de productos, solo hay multinacionales
de servicios. Son loables, no voy a decir que no, los esfuerzos de empresas como Telefónica o Repsol, pero faltan referentes tecnológicos relevantes, de peso, empresas como Siemens, Volkswagen o Alstom. Vivimos con un sistema de I+D+i más próximo
al que existía hace veinte años, no novado ni modificado desde entonces, que no se corresponde con los requerimientos de una economía globalizada, cada vez más exigente. Estas son las reformas estructurales que usted tiene que acometer, señor
ministro, en primer lugar, pero consensuadas con los interlocutores sociales y también con los grupos parlamentarios, y no en el mes de agosto. Intenten consensuarlas con alguien. Lo único que han hecho visualizable -iba a decir la palabra
relevante, pero no me lo parece- es el llamado PlanE: 8.000 millones de euros comprometidos para inversión en obra pública de proximidad. ¿Qué va a quedar cuando se gasten los 8.000 millones del PlanE, configurado para obras públicas de
proximidad? No van a quedar empleados, ni siquiera perceptores de la prestación o en subsidio de desempleo. Solo van a quedar las rotondas


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y jardines en las que en este momento se está trabajando. (Rumores.) No sé si los jardines y rotondas son relevantes, pero estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de cómo acometer el problema del desempleo y esto es muy
escaso bagaje, muy escaso balance para los requerimientos de un mercado de trabajo que se tiene que reformar. Que se tiene que reformar el mercado de trabajo lo dicen los empresarios y los sindicatos, porque en esto están los dos de acuerdo; y que
la reforma del mercado de trabajo no consiste solo en abaratar el despido, eso es una trampa dialéctica que algunos plantean. La reforma del mercado de trabajo es ajena al abaratamiento del despido, por cierto el más barato de los países de la OCDE
en el Estado español si estamos hablando de desempleados de carácter temporal. No se puede abaratar más. La reforma del mercado de trabajo requiere de otro tipo de pronunciamiento, de otro tipo de medidas legislativas, de otro tipo de acuerdos
interprofesionales, para lo cual es necesario que haya conexión, empatía, comunicación con los interlocutores sociales, y eso es lo que ustedes han perdido en el momento más dramático de nuestra situación económica en el ámbito del empleo y en otros
muchos ámbitos: en el descenso del consumo de los hogares, en el descenso de las exportaciones, etcétera. Todos los datos del Instituto Nacional de Estadística, órgano dependiente del Gobierno, los puede comprobar hoy. El señor González-Páramo,
del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, le ha pedido antesdeayer que acometa reformas. Le pidió que acometa reformas el gobernador del Banco de España. Se lo ha pedido el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Se lo ha pedido
la Funcas. Se lo está pidiendo todo el mundo, señor ministro, y ustedes no saben qué tipo de reformas acometer mas que este real decreto, que resulta particularmente perturbador desde una perspectiva de análisis jurídico, puesto que crea un derecho
de una naturaleza jurídica que en el real decreto-ley no se precisa, una naturaleza jurídica podríamos llamar, utilizando una expresión anfibológica, si me lo permite, difusa. No sabemos qué prestación se está creando en este real decreto-ley, si
es un alargamiento de las que ya están previstas en el Real Decreto Legislativo 1/1994 o es otra cosa.
Además, es insuficiente, porque la medida, el corte que establecen - el 1 de agosto de 2009 y seis meses más, la protección durante seis meses-
es manifiestamente inconstitucional. Usted sabe que el derecho a la prestación de desempleo y del subsidio es un derecho de Seguridad Social de los acogidos o prescritos por el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Y los derechos
de Seguridad Social, señor ministro -usted lo sabe o lo debería saber, cuando menos-, se caracterizan, entre otras cosas, por su universalidad. Y cómo se puede hablar de universalidad cuando usted está reconociendo que serán algo más de 300.000 las
personas que puedan acogerse a este subsidio o prestación -porque en esto tampoco sabemos muy bien de qué estamos hablando-, pero ya hay 1.200.000 desempleados que con fecha 1 de agosto, señor ministro, habían agotado la prestación y el subsidio de
desempleo. ¿Me podría usted explicar qué va a hacer con estos 1.200.000 desempleados, cuando estamos hablando de una protección de carácter universal, en virtud del contenido esencial que la jurisprudencia constitucional atribuye al artículo 41 de
la Constitución? No sé si la retroactividad propugnada por el señor Tardà sirve para corregir este tema, señor ministro, pero no se puede proteger a 340.000 personas dejando desatendidas a 1.200.000 en una medida de carácter social, y menos por un
partido que, como siempre hemos dicho aquí, ha sido denominado por alguno de sus más ilustres portavoces fenotípicamente progresista.



Ya veo, señor presidente, que se me va acabando el tiempo, pero los problemas que plantea aquí este real decreto-ley -por eso le recomiendo honestamente y casi con cordialidad y amistad que no lo presenten a su convalidación en esta Cámara-
son muchos. Entre otras cosas, usted ahora no sabe de dónde va a obtener los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente ni siquiera a lo que se consigna en el ámbito de protección material de este real decreto-ley, del 1 de agosto y seis
meses posteriores, 420 euros al mes. No bastan -y usted lo sabe- los 345 millones incorporados a la memoria de este real decreto-ley. Usted sabe que solo con las solicitudes presentadas y manteniendo el corte en la fecha prevista en el real
decreto-ley, desde el 1 de agosto del año 2009 hasta febrero de 2010, ya estamos hablando de más del doble de la cantidad consignada en la memoria presupuestaria del real decreto-ley.
Estamos hablando de, por lo menos, 885 millones de euros, el
doble de lo consignado. En cuanto a la anticipación -y lo que vamos a negociar a partir de ahora es la anticipación de la fecha desde la cual los desempleados que han agotado su prestación de desempleo pueden acogerse a esta prestación-, usted
comentó -y no sé qué datos utilizó para ello- que cada mes de anticipación del corte de la prestación para acceder a ella supondría incrementar 100 millones más el coste presupuestario de la medida. Pues no, señor ministro. Ya solo anticipar -y
acabo con esto, señor presidente- al mes de julio esta prestación supone incrementar las disponibilidades presupuestarias de los exánimes presupuestariamente servicios públicos de empleo de 885 millones de euros a 1.100 millones de euros. Me dirá
usted de dónde va a sacar el dinero. Usted ha insinuado cosas en distintas conferencias en estos bolos de verano, que todos hacemos, en distintas localidades de la geografía, como que quizás los fondos del Fondo Social Europeo, pero es que habría
que distorsionar profundamente el sentido teleológico, el sentido finalista, de los fondos del Fondo Social Europeo para financiar esta medida que ha calificado usted de excepcional. Quizá buscando un incremento de los tributos; ya se ha
incorporado mediante otro globo sonda a través de este omnipresente ministro de Fomento este verano la posibilidad de incrementar los tributos, y ayer también se comentó. Aquí nos encontramos con la improvisación que le comentaba antes que está
caracterizando desde


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que se inició la crisis económica sus actuaciones en materia de empleo y en materia económica general. Ustedes solo buscan impedir o reducir los impactos negativos que sus medidas inconexas -por calificarlas de alguna medida- económicas
pueden provocar en el seno de la opinión pública, pero no tienen una idea cabal, clara y estructural de cómo, con qué objetivos, por qué procedimientos y, sobre todo, con quiénes acometer las profundas reformas estructurales que una situación de
penuria y pobreza, como la que empieza a afectar en este momento a la mayoría de los ciudadanos del Estado español, requiere en este momento. Esto requiere altura de miras, esto requiere responsabilidad histórica, esto requiere consenso, señor
ministro, y esto requiere recuperar el diálogo social.



El señor PRESIDENTE: Por parte del resto de los grupos, para fijar posiciones, en primer lugar intervendrá el Grupo Parlamentario Popular a través de su diputado don Álvaro Nadal.



Tiene usted la palabra.



El señor NADAL BELDA: Señor ministro, usted se ha encargado de recordarnos -y ha hecho bien- que el proceso del dialogo social, por lo menos en este último año, comenzó con una foto un 29 de julio; una foto que buscó lanzar un proceso con
dos conceptos: competitividad y empleo.
Probablemente al Gobierno le bastó con la foto, porque al Gobierno socialista de España le basta con las fotos. Y probablemente lo que ha ocurrido este verano ha sido que se ha quedado sin foto, y eso ha
irritado profundamente al Gobierno socialista. Pero a la sociedad española, a los españoles las fotos no les bastan, lo que quieren son resultados de los procesos de diálogo y los procesos de reforma que se lancen. Y vamos a ver los resultados de
este último año. Como se ha encargado de recordar el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hoy hemos recibido una ducha de agua fría con los datos de la contabilidad nacional. La caída del producto interior bruto del 4,2 y de empleo del 7,1 es
el mayor desastre económico que se haya vivido en la economía española desde que se registra la estadística. En términos de empleos equivalentes a tiempo completo supone una pérdida de 1.369.000 empleos en un año, nada menos. Esto es lo que
básicamente ya nos dijo la EPA, que habíamos perdido un millón y medio de empleos totales, lo que supone un incremento del desempleo en 1.800.000 personas en un solo año, record histórico de destrucción de empleo y de pérdida de bienestar de la
sociedad española. Es más, en este último trimestre, el trimestre de los brotes verdes, se han perdido 220.000 empleos equivalentes a tiempo completo, según nos ha certificado esta mañana el INEM. Estos son los resultados del proceso por el
empleo. ¿Qué pasa con la competitividad? El INEM también nos ha dicho unas cuantas cosas. La caída de la inversión en bienes de equipo ha sido de un 30 por ciento. La caída de la inversión en bienes de transporte -utilísimos para nuestro sistema
productivo y nuestro sistema industrial- ha sido de un 22 por ciento. La caída de la producción industrial ha sido de un 10 por ciento. La caída de la construcción -a la que a usted le gusta mucho referirse- fue de un 6 por ciento, y tenemos más
una crisis industrial y de servicios que una crisis del sector de la construcción, que también, evidentemente, está profundamente afectado por la crisis. Hay un único dato positivo, señor ministro: la productividad ha aumentado un 3,2 por ciento,
y al estilo al que al Partido Socialista le gusta aumentar la productividad, a base de despidos. Porque ya ocurrió en el año 1993 un caso similar. En esto le doy la enhorabuena, por fin tienen un crecimiento en la productividad aunque esto nos
haya costado 1.800.000 parados. Así no es como se mejora la economía española. Se mejora incentivando la inversión, la creación de empresas y puestos de trabajo, porque son los empresarios, a través de su inversión -las grandes empresas, pero
especialmente las pequeñas y medianas empresas- los que van a crear los puestos de trabajo y los que en el ciclo que acabamos de cerrar crearon los puestos de trabajo, ¿o es que los quiere usted crear en el sector público?, porque a la vista de lo
que se está oyendo en esta sala probablemente haya tentaciones al respecto.



Tenemos una situación económica, en comparación con nuestra historia reciente, que es la peor que jamás hayamos vivido. Si nos comparamos con el resto de Europa salimos muy mal parados, señor ministro, y salimos especialmente mal parados en
términos de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y de empleo. El desempleo en España es del 18,1 por ciento según Eurostat; la media europea es del 8,9, tenemos el doble; en juvenil, 36,5 por ciento, la Unión Europea, 19,6; el desempleo
femenino, 18,6, Unión Europea, 9,2. Hay un dato que me parece escalofriante: ocho de cada diez empleos destruidos en la zona euro en el último año se han destruido en España. No sé si esto no tendría que llevar a la reflexión al ministro de
Trabajo del Reino de España porque, francamente, este dato es inaceptable. El crecimiento del desempleo español es el más alto de toda la Unión Europea, 7 puntos. Solo compartimos ese dudoso honor con Irlanda y los países bálticos. El resto está
sustancialmente por debajo, en el entorno de entre 1 punto y 2 en este último año. Aquí está pasando algo, en España pasa algo. En España no funciona bien nuestro mercado de trabajo, porque también hay pérdidas de actividad, que a veces son
mayores, en otros países y sin embargo no hay estas pérdidas de empleo, no hay estos cierres de empresas, no hay estos despidos masivos. ¿Qué está pasando en nuestro país para que ocurran estas cosas, cuando por ahí fuera, en circunstancias
económicas también muy duras, no está ocurriendo? Según la tesis del Gobierno, si atendemos a sus últimas declaraciones y a la de alguno de sus colegas de gabinete, a lo mejor resulta que los banqueros españoles son más avariciosos que el resto de
los banqueros europeos, a lo mejor resulta que nuestras empresas son más intransigentes que las demás empresas o nuestras pymes más


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contumaces o somos un país de especuladores en el que a todo el mundo le ha dado por comprarse una casa, o las rentas medias están en una profunda ignorancia y no se dedican a consumir cuando podrían hacerlo perfectamente. Porque ese es el
tipo de argumentos que estamos escuchando continuamente por parte del Gobierno, en lugar de un planteamiento serio de que hay cosas que no funcionan en España, hay cosas en nuestras relaciones laborales que no están funcionando tan bien como
funcionan en el resto de los países europeos, y algún tipo de reforma tendremos que hacer.



Estas posiciones que estamos escuchando una y otra vez -y hemos escuchado a algún portavoz parlamentario hablar también en este sentido en esta sala- recuerdan un conservadurismo extremo, un anquilosamiento de los planteamientos sociales y
de las necesidades del país como nunca se han visto en un país en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Esto me está recordando que a finales de los años ochenta, cuando se estaba cayendo la Unión soviética, a los más
intransigentes y los que se oponían a Gorbachov les llamaban conservadores. Es este tipo de argumentación el que estamos escuchando en un país que ya no se sostiene con las pérdidas de empleo, y lo que se está diciendo es que no se puede dar marcha
atrás en los derechos sociales, pero ¿cuáles son los derechos sociales? ¿Cuándo mejora la distribución de renta en nuestro país, cuando aumenta el empleo y se disminuye el desempleo o al revés? Ya se lo digo yo, la distribución de renta aumentó
sustancialmente cuando se aumentó el empleo y ahora está empeorando sustancialmente, la diferencia entre ricos y pobres en este país cada día es mayor y cuantos más desempleados haya mayor será esa diferencia. ¿Y de dónde se obtiene la financiación
de los servicios públicos, aquellos servicios que atienden las necesidades sociales más perentorias, empezando por la sanidad, siguiendo por la educación, por las prestaciones sociales o por la dependencia? Sale de los impuestos y los impuestos se
recaudan cuando la actividad económica mejora y el empleo aumenta, porque si no, no hay recursos para nada, ayer mismo nos dijo la vicepresidenta que iba a haber un recorte sustancial de la financiación autonómica, que precisamente es la que está
financiando estos servicios públicos. Esto es lo que realmente está pasando en nuestro país, esto es la pérdida de derechos sociales y el anquilosamiento de unas posturas absolutamente rígidas tanto por parte del Gobierno como por parte de algunos
grupos políticos, como hemos escuchado en estos momentos, y por este camino no vamos a ninguna parte.
Necesitamos modificar partes esenciales de la estructura de las relaciones laborales; necesitamos hacer un cambio en la política económica en
general; tenemos que dar un impulso a nuestra actividad productiva; tenemos que evitar el incremento de deuda pública, que está poniendo al sector financiero en bandeja de plata la compra de bonos públicos y no está dando crédito a las pequeñas y
medianas empresas, que son las que lo necesitan; tenemos que hacer un sistema fiscal que incentive la creación de puestos de trabajo a través de una inversión empresarial, que es la que nosotros necesitamos. Y una pieza importantísima de esa
política económica es la que usted dirige, señor ministro, que es precisamente el diálogo social, que es avanzar en las reformas y la modernización de las relaciones laborales que necesita este país, porque evidentemente este país lo está haciendo
mucho peor que la inmensa mayoría en los países de nuestro entorno, y algo tendremos que cambiar, no que por conveniencia política o por alianzas estratégicas que se puedan tener tanto políticas como sociales el Gobierno no quiera mover ficha y
estemos cambiando aspectos absolutamente adjetivos de nuestro mercado laboral. Pero es que no solo se lo decimos nosotros y se lo llevamos diciendo desde hace un buen tiempo a este Gobierno, señor Corbacho, se lo ha dicho el gobernador del Banco de
España, que pertenece a su partido, se lo ha dicho el Banco Central Europeo, con el señor Trichet, pero también el señor González-Páramo; se lo ha dicho el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que también pertenece a su partido; lo
ha dicho antes de ser secretario de Estado de Economía -que ha hecho una aportación un tanto polémica sobre reforma del mercado laboral- el actual secretario de Estado de Economía, señor Campa, se lo ha dicho la CEOE y mucha más gente.



¿Qué ha ocurrido con el diálogo social? Sencillamente, cuando alguien le ha venido a decir al Gobierno que por este camino no se puede seguir y que hay que hacer reformas se le ha criticado, y además de una manera tremenda. La reacción
casi de rabieta pueril que ha tenido el Gobierno con la ruptura del diálogo social no se entiende, cuando el Gobierno debería estar apesadumbrado y absolutamente consternado por la evolución del mercado de trabajo, el aumento del desempleo y la
pérdida de puestos de trabajo que estamos teniendo en este país. Es que no es para sacar pecho ni criticar a nadie, es para asumir la responsabilidad política que este Gobierno lleva un año y pico sin querer asumir. Nosotros ya les dijimos en las
propuestas de resolución del debate sobre el estado de la Nación lo que opinábamos sobre por dónde tenía que ir el diálogo social, por dónde tenían que ir las reformas laborales que desde un gobierno responsable se tendrían que hacer, temas
complicados todos. La solución no la tiene nadie y hay que trabajar muy duro y tener mucha capacidad política y de liderazgo para llevarlo a cabo. Pero estos temas serían los siguientes. Uno es la intermediación en el mercado de trabajo, que no
está funcionando todo lo bien que deseáramos; especialmente es necesario incluir a la iniciativa privada en hacer que los españoles consigan mejor empleo, porque aquí no es cuestión de privados o públicos, fundaciones con ánimo de lucro o sin ella,
aquí lo importante es que alguien pueda conseguir empleo a la mayor brevedad posible. Tenemos una relación vacantes-desocupados de las peores de Europa. Otro tema es el de la formación profesional y ocupacional, sustancialmente mejorable, y eso lo
dice todo el mundo,


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un tema importantísimo que hay que tratar y con seriedad, porque estamos hablando de miles de millones en políticas activas que se están dedicando a esto y que podrían tener un efecto sobre el mercado de trabajo mucho más inmediato y más a
medio plazo y con las ventajas de una economía más capitalizada en lo humano, mejores salarios y mayor capacidad productiva.
Otra cuestión es la dualidad, el gran tema; esto es evidente, es el gran tema. Hay españoles de primera y de segunda.
Esto es así y se tiene que acabar. No puede seguir habiendo españoles de primera y de segunda, y además a los de segunda les viene todo el ajuste de la crisis, porque, como tenemos las estructuras que tenemos en nuestro mercado de trabajo, el
ajuste se hace siempre sobre el mismo, sobre el trabajador temporal; sea bueno, malo o regular es al que le toca la carta de despido. Eso es lo que ocurre en este país. Esto hay que cambiarlo. Es complicado, lo más complicado seguramente, pero
hay que cambiarlo, y nadie puede estar en posiciones maximalistas. Ustedes dicen que nadie puede estar en posiciones maximalistas, y el primero que lo está en este aspecto es el Gobierno. Otro tema es la negociación colectiva. No sé si se ha
parado a ver cómo van los costes laborales unitarios en nuestro país, señor Corbacho. Ni con estos incrementos de productividad tan enormes que estamos registrando a base de despidos estamos haciendo la economía española competitiva. Aquí hay
problemas en negociación colectiva. Muchas veces no está en niveles suficientemente altos, lo cual implica que al final la negociación colectiva no tiene en cuenta los grandes problemas del país y especialmente a los parados, y otras veces no está
en niveles suficientemente bajos, porque muchas empresas tienen problemas muy directos que es necesario acometer en un cara a cara entre...



El señor PRESIDENTE: Señor Nadal, le ruego que vaya concluyendo.



El señor NADAL BELDA: Termino ya. Para ayudar en este proceso de reforma laboral también el Gobierno puede actuar. Puede actuar con un margen presupuestario que en vez de utilizarlo para sus pactos políticos debería hacerlo para ayudar a
las reformas laborales, que deben estar apoyadas en una reducción de la brecha salarial, con las cotizaciones sociales y con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, lo que nos está anunciando este Gobierno es otra cosa bien
diferente, es una reconsideración -eufemismo por subida- de todas las figuras tributarias, como ayer nos anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: A continuación, también en el turno del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, señor ministro, a finales del mes de julio, en el momento procedimental de la ruptura del diálogo social, un compañero de mi grupo me preguntaba por qué si en aquel momento se había producido esa ruptura
la comparecencia del ministro no se producía hasta el 27 de agosto. Le contesté, como ya he comentado en alguna ocasión en esta Comisión, que sencillamente era porque la semana que viene, el día 2 de septiembre, hay nuevas cifras de paro, y el
ministro cada vez que sabe que hay cifras de paro y que no deben ser muy buenas o de las que no se debe sentir muy orgulloso adelanta su comparecencia para poder decir que ya estuvo en el Parlamento la semana pasada.



Señorías, España tiene en estos momentos más de 4 millones de parados, 4.137.000 parados, el 18 por ciento de la población activa, según datos EPA, que contabilizan solamente los dos primeros trimestres del año 2009; por lo tanto, a efectos
EPA, quedan todavía dos trimestres completos del año 2009. En España tenemos más de un 1.100.000 familias que tienen a todos sus miembros en el desempleo y en España hay también 800.000 jóvenes en paro. Y en España, señor ministro, seguimos sin
reformas; este Gobierno no ha hecho nada útil ni nada eficaz desde el inicio de la crisis, salvo gastar a manos llenas, eso sí, un dinero que no tenemos, y por eso, señor ministro, el paro va a seguir aumentando en los próximos dos trimestres.
Señor ministro, mientras otros países empiezan a salir ya de la crisis -hemos visto cómo en las últimas semanas Francia y Alemania incrementaban su producto interior bruto en un 0,3 por ciento-, España tiene en estos momento un PIB negativo, que es
el que más cae de Europa, y las cifras que hemos conocido hoy son especialmente relevantes en materia de crecimiento económico y de desempleo. Además, el Gobierno sabe que existen en nuestro país un millón de trabajadores temporales que han perdido
el empleo desde el inicio de esta crisis, que son trabajadores que tienen un coste de despido cero, un coste de despido gratis, señor ministro, como consecuencia de un mercado laboral -lo ha dicho mi compañero- que es anticuado, pero sobre todo que
es socialmente injusto e incluso yo diría que es antisocial, que carga los ajustes de la crisis sobre estos trabajadores que no tienen protección, porque este mercado de trabajo no tiene otros mecanismos de ajuste más modernos o más adecuados que
permitan que no aumente la tasa de paro. Sin embargo, señor ministro, el Gobierno sigue sin hacer nada. El Gobierno sabe también, señor Corbacho, que la crisis la están pagando sobre todo los más jóvenes en España con una tasa de desempleo del 33
por ciento, el doble que en la Unión Europea. Es gente que se va a quedar sin experiencia, sin poderse incorporar al mercado laboral, sin expectativas, pero el Gobierno, señor Corbacho, no quiere hacer nada.



El Gobierno sabe también que el margen de despido de trabajadores temporales se ha agotado con ese 1.100.000 y que a partir de este momento les va a tocar también a los trabajadores que tienen empleos indefinidos y a los autónomos de este
país. El segundo trimestre de este ejercicio de 2009 ha sido la primera vez que en catorce años se ha destruido empleo indefinido;


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135.000 personas que tenían contratos indefinidos se han ido al paro en el último trimestre y podemos llegar fácilmente al 25 por ciento de paro. Y el Gobierno, señor Corbacho, no quiere hacer nada. Ayer hemos sabido también que la empresa
Nissan, que hace escasas semanas nos anunciaba un ERE definitivo de 700 personas, nos anunciaba que 2.025 personas serán afectadas por un nuevo expediente de regulación de empleo temporal. Señor Corbacho, el Gobierno sabe también que la nómina de
pensiones -el gasto en las pensiones- se ha incrementado un 6,6 por ciento en el último año, y sin embargo el número de afiliados -los ingresos- ha disminuido en un 6,39. Aumento de gastos en un 6 por ciento y disminución de los ingresos en un 6
por ciento; es decir, un gap de un 12 por ciento que sin duda va a poner en riesgo a la Seguridad Social. Y el Gobierno, señor ministro, no quiere hacer nada. El Gobierno sabe también que hay en España en estos momentos 700.000 parados que llevan
más de un año buscando empleo -y eso es un 50 por ciento más que el año anterior-, que hemos pasado del 23 al 26 por ciento en aquellos parados que llevan más de seis meses buscando empleo y que eso sin duda genera un efecto de desánimo en las
personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo. Y el Gobierno, señor ministro, sigue sin hacer absolutamente nada. El Gobierno sabe que solamente el 15 por ciento de los parados españoles se recicla y que el 85 por ciento de los parados
no recibe ningún tipo de formación, que en los últimos tres años el tanto por ciento de desempleados que recibe formación ha caído 7 puntos, con usted como ministro. Sabe también que dedicamos infinitamente más dinero en este país a las políticas
pasivas que no generan empleo que a las políticas activas; este año incluso en los Presupuestos Generales del Estado, como usted sabe muy bien, se disminuyó la partida dedicada a políticas activas. También sabe que la formación profesional no
funciona en este país, y sin embargo, señor Corbacho, el Gobierno sigue sin hacer nada. El Gobierno sabe que se han destruido 500 negocios al día en los primeros meses de este año, y el Gobierno, sin embargo, no quiere hacer nada. No quiere hacer
ninguna reforma, incluso reformas que no eliminan derechos, para luchar contra el paro; y por eso el Gobierno y los sindicatos son, desde nuestro punto de vista, los principales culpables en este momento de que ese mercado laboral, injusto y
antisocial, señor ministro, no se convierta en un mercado laboral más moderno y más justo. Porque es mucho más social, mucho más justo, mucho más sostenible y también más inteligente crear empleo que subvencionarlo. Porque sin reformas, en lugar
de crear empleo, señor ministro, el Gobierno va a seguir -ya se lo anuncio- aprobando más subvenciones, más subidas de impuestos y cada vez va a haber más paro en nuestro país.



Señor Corbacho, el ministro dijo en esta sala hace poco más de un año que no llegaríamos a los 3 millones de parados, y ya vamos camino de los 5.
Por tanto, la pregunta que hay que hacerle, la pregunta que se hacen todos los españoles es
cuándo el Gobierno y cuándo el ministro de Trabajo se van a tomar estas cuestiones en serio. Usted, como se ha dicho a lo largo de esta mañana, quería apañar el verano con dos cosas. La primera, una foto con el diálogo social. Después de un año
sin ningún fruto en el mismo ha traído usted aquí dos reales decretos -hoy el segundo- y ninguno de los dos -ni el de marzo ni el de ahora- ha tenido el consenso en el diálogo social. Y la segunda cuestión es este cheque-paro, que sin duda ha sido
ya el elemento que hace ver de forma patente que el Gobierno ha fracasado en las dos cuestiones. Ya le pasó a usted el verano pasado. En agosto del año 2008 el Consejo de Ministros aprobó -creo recordar- veinticuatro medidas y casi la mitad ni
siquiera se han aplicado.
¿Recuerda usted la rebaja de los aranceles de los notarios o de los registradores? ¿O recuerda el nuevo modelo de seguridad jurídica preventiva, que tantas hojas de periódicos ocupó? Y todas estas medidas, señor
Corbacho, están sin evaluar, como si no costasen un montón de dinero de los presupuestos de todos los españoles. Pero sin duda el mayor escándalo es su cheque-paro -llamémoslo así- en estas semanas. Después del ridículo que ha hecho el Gobierno
imagino que los sindicatos estarán francamente encantados de no haberlo firmado en el mes de julio y no compartir en estos momentos el sonrojo con el Gobierno, porque no han dicho hasta este momento ni mu. Luego está su anuncio -o el de su partido-
de una subida de impuestos para pagar esa orgía de medidas inútiles y todos los excesos que su Gobierno ha cometido desde el inicio de esta crisis sin sonrojarse y, sin embargo, no pensar que se han incrementado un 7 por ciento los altos cargos o un
3 por ciento el empleo público. Y ahora, señor ministro, después de hacer demagogia durante varios meses con esa medida estrella para, entre comillas, evitar a la gente desamparada quedar sin ingresos, resulta que ustedes han engañado a los parados
españoles, han ocultado deliberadamente el ámbito temporal de esta medida a los más débiles y han aprobado un real decreto-ley que tiene más excepciones que afectados, más letra pequeña que gente necesitada y que es, sin duda, un auténtico monumento
a la improvisación, a la chapuza, a la injusticia y a la discriminación social.



Señor ministro, si no fuera por lo lamentable de lo que significan las colas que hemos tenido oportunidad de ver en el INEM estos días y del maltrato a los parados, le diría que el Consejo de Ministros se parece cada día más a la película La
conquista del Oeste, de los hermanos Marx.
Recordará usted cómo los hermanos Marx se iban comiendo el tren para alimentar la caldera y poder avanzar. ¡Más madera! ¿Lo recuerda usted? Eso es exactamente lo que están ustedes haciendo en España,
comprometer el futuro del país para seguir avanzando hacia no sabemos muy bien dónde.
Señor ministro, no han calculado el coste de la medida. Primero dijeron que más de 300 millones, después 420, luego 642, y ahora dicen que 860 millones. Esto
permite percibir nítidamente que no tienen la más absoluta idea de lo que se traen entre


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manos. Decir que la formación era requisito indispensable para que después su director general del INEM dijese que no estará ni mayoritaria ni exclusivamente ligado a la formación es otro monumento a la improvisación. También lo es poner
en marcha una medida de estas características sin haber hablado antes con las comunidades autónomas, que son las responsables de poner en marcha los itinerarios de inserción, por cierto, sin un solo euro más para este nuevo cometido en el que usted
se comprometió a establecer un diálogo fluido con estas comunidades autónomas -diálogo que usted ha roto y compromiso al que usted ha faltado en las últimas semanas-, que tienen rentas mínimas de inserción, algunas más amplias e incluso generosas
que las que usted ha incorporado a este real decreto, y además no tienen las discriminaciones que tiene la suya, que son incompatibles con su cheque-parado, señor ministro. En muchos casos algunas legislaciones de esas comunidades autónomas dicen
que solo serán efectivas las ayudas autonómicas cuando se agoten las ayudas estatales, y por tanto puede usted generar una nueva discriminación más importante que la que existía hasta este momento. Algunas comunidades autónomas tienen ya
itinerarios activos de empleo, como Castilla y León, para la orientación, para la formación y para la búsqueda de empleo.
Señor ministro, hubiera merecido la pena haber coordinado todo esto, ¿verdad? Merecía la pena haber hablado con las
comunidades autónomas antes y no citarlas ayer con nocturnidad y alevosía. Es una chapuza, ¿verdad, señor ministro? Es una auténtica ocurrencia de una noche de verano, un parche en toda regla y una metedura de pata discriminatoria entre los de
antes del 1 de agosto y los de después del 1 de agosto, entre los que tienen itinerario como derecho subjetivo y los que no lo tienen, y desde luego entre los desempleados que genera esta nueva norma de primera y de segunda. Por eso, a las cuarenta
y ocho horas -se ha dicho también en la mañana de hoy- tuvo que salir el presidente Rodríguez Zapatero para decir que había que revisarla e improvisar reuniones con sindicatos y con las comunidades autónomas. Usted ha dicho que ha habido 5.000
solicitudes en dos semanas; todo un éxito. Me recuerda al Plan de Retorno Voluntario, que estaba previsto para 200.000 inmigrantes y en el que solo llevamos 7.000 solicitudes, o a los 400 euros que eran para todos los españoles y de los que han
quedado fuera quienes más lo necesitaban de este país. Va usted, señor ministro, de éxito en éxito hasta el fracaso total.



Señor Corbacho, como hemos tenido oportunidad de ver en la mañana de hoy, usted ha venido a defender el mismo texto objeto de la polémica. Me gustaría que nos contestase en su turno de réplica si, como anunció el presidente del Gobierno, lo
va a modificar; a cuántas personas va a acoger; cuántas van a ser finalmente las personas acogidas; desde cuándo lo va a aplicar; cuándo lo va a modificar; cuánto va a costar esa modificación y cómo se va a pagar. Usted ha dicho ambiguamente
en su intervención que con un suplemento de crédito. Mire usted, llevamos ya 36.000 millones de euros en políticas pasivas; usted presupuestó 19 hace un año, y ahora ha gastado 36 porque tuvo que hacer una ampliación de crédito de 17.000 millones
de euros. ¿Cómo se va a pagar esto, señor ministro? ¿Otra vez con deuda? ¿Está usted dispuesto o tiene usted voluntad -se lo ha preguntado también otro de mis compañeros- a tramitarlo como proyecto de ley en esta Cámara? ¿Qué formación van a
recibir en ese itinerario activo de inserción estos parados? Estas personas que reciban el cheque-paro y que realicen la suficiente formación, ¿van a salir, señor ministro, del registro de parados o esto va a suponer una nueva categoría de parados
excluidos? ¿Va a suponer un nuevo maquillaje, señor Corbacho, de la cifra de paro total? Le ruego que me conteste. Desde mi grupo parlamentario creíamos que quienes peor lo estaban pasando, en términos de crédito, eran las pymes y los autónomos,
pero ahora sabemos claramente que quien menos crédito tiene en este país es el Gobierno; un gobierno incapaz y sin liderazgo, y desde luego injusto y discriminatorio en sus medidas.



Para terminar, señor ministro, como principal partido de la oposición le exigimos que haga bien su trabajo, que deje de presentarnos chapuzas, que piense bien en los reales decretos-leyes antes de llevarlos al Consejo de Ministros y al
Boletín Oficial del Estado, y que no maltrate a los parados españoles; que no los maltrate. La sociedad española les reclama a usted y a su Gobierno seriedad; les reclama soluciones urgentes y eficaces con valentía y con profundidad, y que esté a
la altura de las dificultades que estamos viviendo en este país y que España se merece.



El señor PRESIDENTE: A continuación, y en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Uxue Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: Señor ministro, la comparecencia de hoy se produce -y lo han señalado varios de los portavoces que me han precedido- en un escenario bien definido por los dos datos principales que se conocían esta misma mañana:
la caída del PIB, del producto interior bruto, y los datos del empleo con respecto al último año, del desempleo.
Ante esto, una primera pregunta de urgencia y necesaria es la siguiente: ¿el Real Decreto 10/2009, de 13 de agosto, que viene a
presentarnos hoy, tiene capacidad de ser efectivo y eficaz en el tiempo con respecto a su objetivo principal? Las preguntas han sido ya expuestas por muchos de los portavoces que me han precedido, pero creo que es central que empiece usted por ahí
en respuesta a todos nosotros. Con una previsión de crecimiento económico negativo y con un incremento alarmante del número de personas desempleadas, ¿medidas como esta tienen capacidad de ser algo más que un parche en el futuro más cercano? Ese
era uno de los objetivos de la comparecencia de hoy. El otro se refería lógicamente a la circunstancia en que se encuentra el diálogo social. El pasado mes de julio


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conocíamos el fracaso. Sinceramente, más allá de centrarnos ahora en la búsqueda de responsables sobre esta ruptura o de porcentajes de responsabilidad en torno a cada una de las patas de esa mesa, desde Nafarroa Bai lo que nos parece
importante es algo que hemos reseñado y expuesto en más de una comparecencia, y también en Pleno cada vez que hemos analizado esta situación, y es que nos parece importante introducir en este debate una variable que en relación con otros aspectos de
la crisis económica nadie rehúye, y es la necesidad de encarar los problemas desde una nueva perspectiva y con nuevas fórmulas y nuevas herramientas.
Si algo ha puesto de manifiesto la crisis que atravesamos, concretamente en el Estado español, ha
sido su tremenda capacidad de destrucción de empleo, tanto en sectores de capacidad más tradicional para creación pronta, pero menos estable de puestos de trabajo, como los servicios o la construcción, como en entornos de mayor estabilidad laboral
como es el sector industrial. En el conjunto del Estado español, en muchas de las comunidades autónomas estamos viendo cómo se destruye empleo industrial a una velocidad mucho mayor que en cualquiera de los países de nuestro entorno. Por ello no
cabe tampoco señalar este mayor crecimiento de desempleo en nuestra sociedad y circunscribirlo estrictamente a nuestra mayor dependencia de sectores menos estables, como el de la construcción o los servicios. Desde Nafarroa Bai entendemos que esta
debería ser la reflexión central en un momento en el que los indicios de recuperación empiezan a llegar a nuestro entorno económico internacional más cercano, pero desde luego no a nuestra economía.



Las políticas de fomento para la creación de empleo deben ser en estos momentos el eje central de toda la política económica del Gobierno. Y este esfuerzo -eso sí que debe ser colectivo- requiere nuevos planteamientos, nuevos interlocutores
y nuevas políticas. La aplicación de los planteamientos antiguos, de los viejos interlocutores, de las políticas viejas ha sido enterrada entre escombros por un tsunami económico; yo creo que podemos llamarlo así, porque pasar de un crecimiento en
torno al 4 por ciento a decrecimientos superiores al 4 por ciento en tan solo dos años, con la pérdida aparejada además de un millón de puestos de trabajo en el último año, solo puede ser calificado -y creo que aquí estaremos todos de acuerdo- como
un tsunami económico. Por tanto la primera premisa, ministro, se basa en nuevos planteamientos más centrados por supuesto en conceptos de inversión social que de mero gasto. Cada euro que el Estado, que las administraciones autónomas dediquen al
mercado laboral debe concebirse como una inversión imprescindible para la generación de puestos de trabajo. Entendemos -y yo lo defiendo así- que este es el único alivio válido para la durísima situación que viven cientos de miles de familias en
estos momentos. Ese alivio válido y real es la creación de expectativas de empleo, y por tanto de recursos y riqueza para las personas en paro. Como decía, debemos por tanto cuestionarnos cada euro de gasto y su administración desde las oficinas
de empleo público, hasta las propias medidas de subsidio, como la que hoy nos ha traído a debate en esta Comisión.



En definitiva, el concepto de cobertura social al desempleo debe dar un giro radical -es la propuesta que hacemos una vez más- hacia un concepto de inversión para la creación de empleo. Gastemos menos e invirtamos más, sin miedo a las
acusaciones de déficit en este momento; sin miedo. Es en este sentido en el que hacemos nuestra apuesta, cómo no, desde posiciones inconfundiblemente progresistas y de izquierdas: inversión social sin miedo a las acusaciones de déficit, pero por
supuesto ambicionando una política de gasto en inversión que tenga que ver con creación de empleo.



En segundo lugar, la complejidad de la crisis nos obliga a enfoques sectoriales y también territoriales novedosos. Son las áreas económicas en red, con clusters coordinados y fuertes estrategias de coordinación y alianzas, las que están
demostrando un mayor vigor para iniciar la recuperación y ocupar espacios de liderazgo en la nueva economía mundial.
Lo estamos viendo a nuestro alrededor, más allá de nuestras especificidades, y sin embargo no estamos mirando a aquellas
circunstancias que pudieran resultar oportunidades en nuestro propio entorno, por tanto organizaciones sindicales, empresariales y por supuesto también formaciones políticas -y así debe ser; no podemos ser ajenos a la nueva realidad de éxito
económico-, la creación de entornos socioeconómicos correctamente planificados, con estrategias a largo plazo, que requieren una colaboración intensa y continua de todos los agentes implicados, en dos vectores fundamentales, el sectorial y el
territorial. Si hemos de hacer alguna crítica a lo sucedido hasta este momento en torno a la concertación social es que agotar horas y horas de discusión entre cúpulas de organizaciones verticales, alejadas de las realidades sectoriales y
territoriales, ya solo sirve para alimentar, como hemos visto, serpientes de verano e incluso para llegar hasta momentos como este en que estamos analizando una ayuda de urgencia que no va a solventar las necesidades de empleo dentro de unos pocos
meses, y tampoco sabemos, a la vista de los datos que hoy tenemos encima de la mesa en torno al crecimiento del desempleo en el último año y el último dato respecto al PIB, si lo va a ser ni tan solo con eficacia en unos pocos meses.



Señor ministro, ¿alguien puede creer, concluida prácticamente la primera década del siglo XXI y después de lo sucedido desde la caída de Lehman Brothers, que una variación porcentual en las cuotas de la Seguridad Social que pagan los
empresarios, que un mero abaratamiento del despido o que seguir destinando fondos a la formación continua administrada de forma poco eficiente, y menos transparente en muchas ocasiones, nos va a dar solución alguna a los retos de empleo que tenemos
hoy planteados? Yo evidentemente pienso que no, y como yo, estoy absolutamente convencida de que la mayoría de los portavoces en esta Comisión; y probablemente usted, pero no le voy a hacer hoy esa pregunta, señor


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ministro. No es tanto momento de preguntas como de que se acometan -lo exige la gravedad extrema de la situación- otras políticas, y no las que venimos realizando en los últimos dos años. El fundamento de cambio de las políticas de fomento
y de creación de empleo tiene que estar basado en un análisis profundo de cuáles son los sectores más capacitados ante la nueva realidad de los mercados internacionales para la creación de empresas, y por tanto de puestos de trabajo.



Voy a poner un ejemplo para reseñar y profundizar en esta afirmación. Esto no es tan simple -lo estamos escuchando en el último año- como aseverar que, por ejemplo, las energías renovables son por definición -nadie entiende por qué- un
sector que vaya a contribuir a la creación de empleo. Cada sector, cada territorio requieren un pormenorizado análisis de ratio o rendimiento de inversión pública y su consiguiente rentabilidad en creación de puestos de trabajo. Ni que decir
tiene, ministro, que este planteamiento debe aplicarse a sectores sobre los que el Gobierno viene invirtiendo, como es la obra pública. Por otra parte, el factor complementario fundamental a analizar, y que esta diputada en nombre de Nafarroa Bai
viene demandando desde los primeros síntomas que en la crisis manifestó el Estado, es la verdadera dimensión -y en ello insisto- que las infraestructuras sociales pueden tener en nuestra economía, y el papel relevante que el trabajo social puede
alcanzar en el conjunto del PIB y en la generación de puestos de trabajo. Sinceramente le digo, señor ministro, como he reiterado a otros miembros de Gobierno y al presidente en Pleno, que no puedo entender la aversión de un Gobierno socialista a
políticas activas de empleo social; digo aversión porque hasta el momento no hemos visto actuación ninguna en este sector, y por tanto hemos de entender que lo que se produce es una cierta aversión.



En torno a la dependencia, señor ministro, no solo se pueden crear puestos de trabajo, sino que se está dando cobertura a cientos de miles de familias que hoy, además de sufrir el desempleo, tienen que correr con sustanciosos costes para
cuidar a sus mayores, a sus hijos menores, a sus enfermos crónicos y a un largo etcétera que afecta al conjunto de la sociedad. Estamos desaprovechando la ocasión de generar no solo empleo, sino además de acometer el bienestar del conjunto de la
sociedad, y por lo tanto empezar a trabajar en otras dimensiones de lo que debe ser la reforma de nuestro mercado laboral, como es la capacidad de mayor productividad de nuestros ciudadanos en cuanto que trabajadores. Hoy es imposible trabajar con
los mismos ratios de productividad con los que se está trabajando en otros países, si además estamos atendiendo a nuestros pequeños o dejándolos a cargo de personas mayores que, a su vez, atienden a otras personas dependientes con alzhéimer, por
poner un ejemplo. Esto es algo que está palpando el conjunto de la sociedad, señor ministro.
Tenemos la posibilidad de buscar y acondicionar un yacimiento de empleo que tendrá bondades más que reversibles en el conjunto de la sociedad.
Crear
empleo para la ayuda social o para la educación continua puede suponer un giro absoluto en lo que hoy representa el núcleo duro de nuestro gasto público. En definitiva, y repito, invirtamos en empleo social para gastar menos. Todo esto me lleva,
señor ministro, a formularle una sola pregunta -la anterior era la primera, esta será la segunda-: cómo podemos no ser capaces de invertir los famosos 420 euros mensuales durante seis meses en una inversión de 2.500 euros -es importante- en puestos
de trabajo social. Es hora de pasar la página de las políticas de subsidio y empezar ya a escribir la página de las políticas de ayuda a la creación de empleo, y por qué no desde la Administración pública la creación de empleo social.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He de reconocer, señor Corbacho, que su intervención de esta mañana me ha decepcionado. Quizá influido por todos, por las cifras de caída brutal hoy del producto interior bruto español, el más importante desde
el año 1970, esperaba una intervención suya consciente de la situación en la que vive, y anunciando que en el inicio del curso político el Gobierno iba a plantear una agenda concreta a los interlocutores sociales para iniciar un proceso de
recuperación o, como mínimo, de mantenimiento del empleo. Pero hoy su intervención se ha limitado a recordarnos lo que desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha mantenido en esta situación, pero sin expresar una voluntad clara, rotunda,
inequívoca de empezar a dar la vuelta a la situación.
Insisto, su intervención de esta mañana me ha decepcionado. Parte de ella ha estado centrada en el análisis de la situación del diálogo social, y mi grupo ha de afirmar que el diálogo social
está en ruinas, fruto de la pésima gestión política del Gobierno, del proceso de ese diálogo. Desde el inicio del mismo el Gobierno ha tenido un especial interés en trasladar a la opinión pública que existían culpables y responsables del fracaso
del diálogo social, que una parte del diálogo social estaba orientando esa discusión de una manera que hacía irreversible e imposible el propio acuerdo. El Gobierno se ha instalado en todo el proceso del diálogo social en una visión maniquea de
quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, de cuáles son las recetas adecuadas, de quiénes son los responsables de la crisis. El Gobierno difícilmente ha creado las condiciones que hiciesen posible un acuerdo. Por tanto hoy el Gobierno es
el principal responsable de esta situación de bloqueo.



Incluso la respuesta que dio el Gobierno, por boca del presidente del Gobierno y por boca del ministro de Trabajo, ante el fracaso de ese desacuerdo no era una invitación para volver a sentarse a discutir, sino una expresión de buscar un
culpable, que eran los representantes de los empresarios, frente a la opinión pública. Desde


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estas posiciones el diálogo social difícilmente podía alcanzar ningún tipo de acuerdo. Es más, el Gobierno viene planteando durante toda esta legislatura su política en el campo del mercado de trabajo, en el campo del empleo desde
posiciones estrictamente ideológicas. En un momento en que precisamente la crisis que estamos viviendo está demostrando que gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas son capaces, desde el pragmatismo y desde la lejanía de la ideología, de
buscar soluciones a la salida de la crisis, el Gobierno más que nunca se instala en un discurso gauchista, izquierdoso en el peor sentido de la expresión, incapaz de crear las condiciones sociales y políticas que nos permitan salir de la crisis.



El diagnóstico del mercado de trabajo español, las medidas que se hayan de adoptar en los próximos años son por todos más o menos conocidas. En privado todo el mundo más o menos, el Gobierno y los propios interlocutores sociales son capaces
de identificar cuáles son los problemas que tenemos en relación con la negociación colectiva, con las tasas de temporalidad, con el mal funcionamiento de los servicios públicos, con la no utilización de la contratación a tiempo parcial. Todo el
mundo en privado comenta que sabe más o menos las soluciones que se deben de impulsar, y todos sabemos más o menos que eso tiene ciertas dificultades, quizá de venta a la opinión pública, quizá de asunción de algunas dificultades en el corto plazo.
Pero si quien no es capaz de arriesgar en estos momentos es el Gobierno asumiendo sus propias responsabilidades, las consecuencias son negativas para la economía y la sociedad española en su conjunto, no tan solo a corto, sino a medio y largo plazo.
Hoy el Gobierno frente a esta crisis que estamos viviendo, frente a esas cifras de caída del producto interior bruto debe empezar a asumir riesgos de verdad, y eso implica plantear un diálogo social a fondo con los agentes sociales y también en el
Parlamento, orientado a asumir también los sacrificios que al conjunto de la sociedad le vamos a tener que plantear para superar esta crisis. Instalados en la comodidad de un discurso falsamente izquierdista, difícilmente vamos a salir de la misma.



Mi grupo le invita, señor ministro, a que en este inicio del curso político el Gobierno asuma sus riesgos y sus responsabilidades, plantee de manera urgente el inicio de nuevo del diálogo social sin ningún tipo de apriorismos por parte del
propio Gobierno ni por parte de ninguno de los interlocutores sociales, y que sentemos las bases de una reforma del mercado de trabajo que ayude al mantenimiento del empleo y a la reactivación del mercado de trabajo. No hacerlo, insisto, instalarse
en una visión falsamente izquierdista va a condenar a que en los próximos meses la situación empeore mucho más de lo previsto. Sabemos que nos espera un otoño muy duro, previsiblemente los efectos de algunas medidas que se han impulsado en estos
últimos meses van a agotar su virtualidad, y por tanto toca, insisto, arriesgar.



Por otro lado ustedes efectivamente, como fruto del propio fracaso del diálogo social, aprobaron el Decreto 10/2009, de 13 de agosto, creando esa nueva figura de protección social a las personas sin empleo. De entrada generaron importantes
expectativas en relación con esa medida.
Eso ha sido denunciado por los propios funcionarios, por ejemplo en Cataluña por los del Servei d'Ocupació de Catalunya. Mucha gente creía que aquello que el Gobierno estaba anunciando les iba a afectar, y
lógicamente eso finalmente no ha ocurrido. De nuevo el Gobierno ha generado expectativas que se han visto frustradas. No es la primera vez que eso les sucede en sus políticas sociales, muchas veces hay demasiado ruido para pocas nueces, y además
han gestionado muy mal -al menos si uno hace caso a aquello que lee en los medios de comunicación- su relación con las comunidades autónomas en referencia al sobrecoste, a la falta de información, a la compatibilidad con prestaciones de las propias
comunidades autónomas o en referencia a cómo se aplicaba la condicionalidad de esta prestación que nos parece correcta, pero que debía ser gestionada por las comunidades autónomas. Todo eso no lo han gestionado bien, aunque sorprende, y además han
creado el lío para esta casa -y lógicamente para unos cuantos cientos de miles de personas un grave problema- de la entrada en vigor de este real decreto. El señor Tardà, de manera inteligente, planteaba que la fecha de entrada en vigor del mismo
no podía ser una medida arbitraria, no podía responder a ningún tipo de arbitrariedad, y alguna decisión vamos a tener que tomar. ¿Es en función del coste presupuestario de esta medida? ¿Es en función de las necesidades concretas de las personas?
¿Es en función de un sentido de justicia que oriente la entrada en vigor de la misma? Esa es la discusión que mi grupo querría tener, y le gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno. ¿El Gobierno entiende que hay un coste presupuestario
inasumible? ¿El Gobierno entiende que es más justo plantearlo para las personas que llevan más tiempo en desempleo, y por tanto más tiempo sin haber podido resolver su situación? Esa es la discusión de fondo que a mi grupo le gustaría tener con el
Gobierno.



Y finalmente, en relación con este asunto, es evidente que se plantea una cuestión de fondo que no sé si vamos a poder resolver de manera inmediata, pero que hay que abordar de manera muy clara, que es la dispersión del conjunto de
instrumentos que establecen tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central en materia de protección a las personas que no tienen ningún tipo de cobertura pública ni de ingresos derivados del trabajo. Creamos esta nueva prestación -el
señor Olabarría recordaba, desde su punto de vista, la dificultad para entender exactamente cuál era la naturaleza jurídica de la misma-, pero sería bueno recordar que en manos del Estado existe otra prestación que es la renta activa de inserción,
creada por el Estado hace unos años; existe el subsidio asistencial propiamente vinculado a la prestación contributiva; existen las rentas mínimas de inserción


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que gobiernan y definen las comunidades autónomas; existen las pensiones no contributivas. Tenemos un conjunto de instrumentos que movilizan una cantidad importante de dinero, a veces incompatibles entre ellos, pero que al mismo tiempo son
incapaces de garantizar la incorporación al mercado de trabajo del conjunto de las personas que están en desempleo o que a veces continúan dejando sin cobertura a muchos miles de personas.
Estoy pensando por ejemplo en los trabajadores autónomos
que tampoco se van a poder beneficiar de este instrumento.



Quizá más que crear una nueva prestación, quizá más que prolongar la prestación por desempleo existente, lo que el Gobierno junto con las comunidades autónomas y los agentes sociales hubiese tenido que plantear era una reordenación de ese
conjunto del sistema de protección social, reforzando las capacidades de las comunidades autónomas de gestión de las mismas, y reforzando la capacidad de los servicios públicos de empleo para acometer sus obligaciones legales, políticas, etcétera.
Todo eso no se ha planteado y uno tiene la sensación de que esta medida ha sido improvisada, que era necesario dar alguna respuesta a ese fracaso del diálogo social. Leía estos días en algún medio de comunicación, e incluso alguien lo planteaba,
que el propio debate sobre la subida de impuestos que el señor Blanco planteó hace unos días respondía a la necesidad de ocultar la pifia que el Gobierno había cometido en relación a esa cuestión. No lo sé, quizá sí. Pero en todo caso lo que es
evidente es que, ante un grave problema social como es la falta de protección, la falta de ingresos de cientos de miles de personas, el Gobierno ha tomado una medida ineficaz que va a crearnos -también en esta casa- problemas a la hora de
gestionarla.



Termino, señor ministro, planteándole tres cuestiones muy claras. Una tiene que ver directamente con la cuestión de este nuevo instrumento de protección social: reforma a fondo de los servicios públicos de empleo.
Difícilmente nuestros
servicios públicos de empleo van a poder gestionar bien esta nueva prestación. Difícilmente los itinerarios de inserción van a poder funcionar. A los propios trabajadores de los servicios de ocupación, unos colapsados por la gestión de las
prestaciones de las políticas pasivas y otros por la prestación de las políticas activas, les generamos un nuevo instrumento sin haber adecuado estos servicios públicos de empleo. En segundo lugar, reforma de los servicios públicos de empleo,
modernización de los mismos, dotación de medios, y por último colaboración con el sector privado. Llevamos ya más de dos años discutiendo sobre eso, y ahí el Gobierno es incapaz de avanzar.



Dos medidas de choque para mantener y crear empleo. Cuando hablo de medidas de choque para crear y mantener el empleo estoy pensando en la red esencial, básica, fundamental de pequeñas y medianas empresas, de trabajadores autónomos, y
también en la reducción de cotizaciones sociales para pequeñas y medianas empresas, para autónomos que apuesten por el mantenimiento de empleo, durante un periodo temporal, de manera extraordinaria para superar la crisis, porque precisamente en una
crisis tan importante como la que estamos viviendo toca asumir también medidas de carácter absolutamente extraordinario. En el sistema de la Seguridad Social existe margen para proceder a esa reducción de cotizaciones para pequeñas y medianas
empresas que mantengan su empleo. En diversas ocasiones hemos formulado algunas propuestas en este sentido.



Finalmente, acuerdo de fondo con los agentes sociales para acometer una reforma en profundidad de nuestro mercado de trabajo; una reforma que sea pragmática, que asuma riesgos, que se inspire en las mejores prácticas del entorno europeo, y
que sea capaz, desde la política en el mercado de trabajo, de empezar a dar la vuelta a la situación, y eso exige ese riesgo que antes comentaba y una cuestión que le planteaba el señor Olabarría, que me parece que es fundamental y que en términos
políticos está en el fondo del debate de esta mañana y del de toda esta legislatura, que es que ustedes sepan de una vez por todas la dirección de sus políticas y quiénes les acompañan en ese proceso. Hoy hemos oído algunas intervenciones que son
respetables, pero que recuperan un lenguaje y una visión de los problemas de la sociedad que no responden al consenso que ha permitido a Europa y al Estado español los años de prosperidad. Deben ustedes decidir -y en función de eso tomar las
decisiones parlamentarias que correspondan- con quiénes quieren salir de esta crisis. Quizá entonces, si empezamos a hablar de las cuestiones de fondo, seremos capaces entre todos de promover aquellos acuerdos que nos permitan superar dicha crisis.
Hoy por hoy les veo instalados en el tacticismo, en el cortoplacismo y en ideologías quizá fáciles de vender en reuniones de partido, pero inútiles para mejorar la situación de la sociedad.



El señor PRESIDENTE: A continuación, y en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le queremos agradecer esta comparecencia, y lo hacemos por dos razones: primero, por la disposición que usted tiene de comparecer sin ningún tipo de
problemas ante esta Comisión y en otros ámbitos -habitualmente así se ha producido-, y en segundo lugar porque sus comparecencias están ajustadas a la realidad, estamos hablando de empleo, de cobertura de desempleo, estamos hablando de lo que la
sociedad nos demanda en estos momentos, por lo menos una parte de los grupos parlamentarios aquí presentes. Eso es de agradecer porque, como decía anteriormente el señor Llamazares, estamos acostumbrados en estos meses de verano a estar hablando de
algo que no preocupa a los ciudadanos, y que es una cortina de


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humo que ha venido lanzando permanentemente el Partido Popular.



Señor ministro, creemos que el origen de la convocatoria es hablar de dos temas: uno es la ruptura del diálogo social -para eso se ha convocado-, y otro es el decreto del 13 de agosto. En ese sentido empezaremos por el primer punto, la
parte correspondiente al diálogo social. Para nosotros, señor ministro, la ruptura del diálogo social es enormemente preocupante.
Tras el esfuerzo que el Gobierno ha venido haciendo en estos trece meses -que lo viene haciendo-, no conseguir un
acuerdo para nosotros supone que se debilita al conjunto de la sociedad, genera más preocupación y angustia, y fomenta desconfianza en los políticos, señorías, en todos los políticos, y también en los interlocutores sociales y en la sociedad civil.
Eso siempre es complicado, y en una época de crisis es complicado y peligroso. Por eso, señor Echániz, señor Nadal, oírles hablar de todo menos de la ruptura del diálogo social introduce también otro mecanismo de preocupación. Porque si bien es
cierto que la ruptura de una mesa de diálogo es algo negativo, no es en absoluto gratificante escucharles a ustedes a lo largo de la mañana. Después de oír al señor Echániz, señorías, uno sale acongojado; no sabe si ponerse un casco o echar a
correr con la cantidad de calamidades y de plagas que nos ha lanzado a lo largo de esta mañana. No sé si quedan plagas salomónicas o bíblicas, pero usted ha introducido una que es la del desempleo en el Gobierno Zapatero.
Esa es la nueva plaga que
ustedes se han inventado. Por eso, desde mi punto de vista, es realmente complicado que se haya roto el diálogo social, ya que tenemos una oposición mayoritaria que está haciendo permanentemente demagogia con el empleo y tenemos una escasa
apoyatura social para resolver la flaqueza de esa oposición, dedicada exclusivamente a arañar poder y no a arrimar el hombro.



Señorías, en treinta años de democracia en este país nunca hemos tenido una oposición tan sumamente irresponsable, porque ante un momento de crisis como este se lanza al monte y no quiere arrimar el hombro en búsqueda de soluciones.
(Rumores.-Aplausos.) Ese es el verdadero problema de la intervención del señor Echániz y del señor Nadal de esta mañana.
Para nosotros la ruptura del diálogo social no es un problema del Gobierno, la ruptura es un problema de todos los ciudadanos.
Treinta años de grandes acuerdos sociales han dibujado el mapa del Estado del bienestar que tenemos y han sido motor de nuestra actividad económica. Y en estos momentos surge un interrogante: los socialistas creíamos que romper esta dinámica de
concertación era difícil y complicada, por los riesgos a los que nos podía llevar; es más, estábamos convencidos de que el diálogo social forma parte del statu quo de nuestro sistema democrático y que por tanto romper con este acerbo que venimos
arrastrando durante todos estos tiempos sería de tan grave irresponsabilidad que nadie se atrevería a hacerlo. Pero nos hemos equivocado. Hay quien es capaz de poner los intereses de grupo y personales por encima de los intereses generales, y en
este caso hablo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que con un programa maximalista ha llevado durante trece meses a este Gobierno a una ruptura que venía planificada, parece ser, con antelación. Parece que en los trece
meses de diálogo tenían más in mente la ruptura que llegar al acuerdo.



Esta es la realidad, señorías, y esa es la realidad que me hubiese gustado discutir a lo largo de esta mañana. Porque, indudablemente, este grupo está totalmente de acuerdo con el ministerio y con el señor ministro cuando dice que el
Gobierno no tiene la responsabilidad de esta ruptura, que ha presentado documentos, ha hecho las reuniones adecuadas, bilaterales, multilaterales, conjuntas, ha llegado a un acuerdo previo, práctica y tácitamente reconocido en la mesa del día 20, y
al día siguiente, el día 21, el día 22 y el día 23, nos han sorprendido con un programa de máximos, no se sabe muy bien si fruto de la iniciativa propia o inducidos por alguna soflama de algún responsable político de este país. Consideramos que ese
es un tema complicado y que hay que buscar soluciones, pero hay elementos objetivos que nos han llevado a la situación de ahora y que están en el programa propuesto para discutir por parte de la patronal, con tres grandes ejes.



No he oído hablar, señorías, de cuál era la reivindicación fundamental de la patronal de la reducción de cinco puntos de cotización a la Seguridad Social. Yo no he oído aquí a los grupos decir que esto les parece bien o mal, porque al
Gobierno y a este grupo parlamentario les parece imposible de realizar, porque supone un costo de más de 18.000 millones de euros, lo cual hipoteca la Seguridad Social del futuro, las prestaciones de las pensiones y la ampliación de las coberturas.
Esa es la realidad, un programa de máximos en ese sentido. ¿Qué piensa el Partido Popular sobre esto? A mí me gustaría saberlo, a mí me gustaría saber si apoyan al señor Díaz Ferrán en estas cuestiones. También me gustaría saber qué es lo que
piensa el Partido Popular cuando la patronal ha presentado un contrato indefinido no fijo -la verdad es que indefinido no fijo-, al que llama contrato del siglo XXI. ¿Esa es la reforma laboral que ustedes están planteando? ¿Esa es la reforma que
en estos momentos supone la descausalización del despido? ¿Esa es la reforma que supone en estos momentos dar la vuelta al calcetín, al sistema laboral, que en nuestro país ha costado treinta años construir día a día y paso a paso? Ese es el
problema real. ¿Qué pasa con ustedes, que quieren que los trabajadores no tengan causa de despido y que tengan una indemnización de ocho días por año? Díganlo claramente, si eso es lo que quieren. (Rumores.) Y si no quieren eso, hagan otro
planteamiento distinto. Pero no podemos seguir avanzando por ahí, alentando precisamente los programas máximos que nunca se han presentado en el escenario de debate.



¿Qué quieren ustedes también, que no haya ningún tipo de protección administrativa sobre los ERE? ¿Que los ERE se puedan realizar en 24 horas? ¿Que en estos


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momentos la regulación de empleo que se está realizando en las empresas no tenga ningún tipo de protección y nos quedemos al albur de los problemas de la correlación de fuerzas, que siempre son, desgraciadamente, a favor de la empresa? ¿Qué
quieren ustedes, que se haga una reforma de la negociación colectiva, como decía el señor Nadal anteriormente? ¿En qué sentido? ¿Qué grado de flexibilidad se quiere poner ahí? La negociación colectiva se hace todos los días. En este país se
firman más de 4.000 convenios y en muchos de ellos hay elementos de flexibilidad, pero pactados, acordados, no impuestos. ¿Qué quieren ustedes también, que haya en estos momentos una desregulación total de las empresas de trabajo temporal? ¿Que se
llegue a todos los sectores sin ningún tipo de limitación y que se rebajen los doce días de indemnización a ocho, como está planteando el señor Díaz Ferrán? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Díganlo. Si no quieren ustedes esto y quieren otra
cuestión, si quieren una reforma con un contenido determinado, plantéenlo. A nosotros nos gustaría poder discutir de reformas y no estar discutiendo de soflamas, que es lo que ustedes están utilizando permanentemente como argumento del discurso.
Este es el problema fundamental. Por eso creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, llegar hasta el final, poner un límite.



Porque el acuerdo tenía un objetivo, un objetivo suscrito el 29 de julio del año 2008, que era ampliar la protección social y reactivar la economía de este país, con ayudas, con apoyos, con incentivos a la pequeña y mediana empresa, con
modificación del ICO, con aportaciones de un descuento del 1,5 por ciento de la cotización a la Seguridad Social -coste importante- y con el apoyo a aquellos parados que no tienen en estos momentos ningún tipo de cobertura. Eso es lo que se
planteaba en el acuerdo y eso es lo que se ha discutido. En el último momento hay un sector que cierra la carpeta y se va y, lógicamente, no hay acuerdo.
Ustedes vienen aquí y dicen: Responsable, el Gobierno. Ya lo sabemos, esto está acuñado.
De los acuerdos, la responsabilidad es repartida para todos y de los desacuerdos, siempre la tiene el Gobierno. Para eso estamos, para asumir, desde el punto de vista autocrítico, los problemas que haya habido, pero no para dejar pasar de macuto
que la responsabilidad exclusiva de la ruptura del diálogo social viene del Gobierno. Aquí ha habido gente que ha hecho un ejercicio de responsabilidad, que son los sindicatos y el Gobierno, y ha habido gente que ha hecho un ejercicio de
irresponsabilidad, que son otros.
(Aplausos.) Pongámoslo encima de la mesa, esa es la realidad.



Desde nuestro punto de vista, queda muy claro que en estos momentos es necesario más que nunca seguir apoyando el diálogo social, es necesario más que nunca que el diálogo social se recupere y es necesario más que nunca que haya elementos de
autocrítica de lo conseguido, de lo evaluado y de lo realizado, hasta ahora, yo estoy seguro de que por todas las partes. Pero probablemente esta ruptura no se hubiese producido si no se hubiese estado jaleando por parte de algunos grupos
parlamentarios la necesidad de la confrontación y de la ruptura social. (Una señora diputada: Sí, sí.) Seguramente hubiese habido más dificultades para que eso se produjese.



Entrando en la segunda parte del tema, me parece que el acuerdo del real decreto de 13 de agosto sin duda ha sido excesivamente maleado y ha tenido una interpretación en algunos casos defectuosa, pero yo creo que se ha tratado injustamente
por una parte de los grupos parlamentarios el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. Señorías, en treinta años, en este país no se ha hecho una ampliación de las ayudas a los parados que no tenían ningún tipo de cobertura de desempleo. (El señor
Echániz Salgado: Nunca ha habido tantos parados.) En treinta años que lleva el Estatuto de los Trabajadores en marcha no ha habido ninguna de estas ayudas. Por lo tanto, tiene un valor histórico, a pesar de que en un momento determinado en este
país llegamos a tener casi el 25 por ciento de desempleo, que lo llegamos a tener. Así, lo primero que hay que considerar en estos momentos, como mínimo reconocimiento, es que se ha hecho un esfuerzo y que hay una búsqueda para dar alternativas a
sectores perjudicados por la crisis económica, crisis que todos, casi todos, reconocemos que no es fruto de nuestro sistema productivo, sino que tiene un elemento de carácter financiero y de carácter especulativo. Por tanto, los trabajadores poca
culpa han tenido de que la situación esté como esté.
Ese es un primer elemento.



El segundo elemento, aparte del carácter histórico que tiene la ayuda, es que no es una ayuda nueva, no es una ayuda caída del cielo, no es una ayuda fruto de la improvisación. No, señorías. Es una ayuda que viene a complementar otras que
se vienen haciendo a lo largo de estos meses y que se vienen haciendo en función también de la realidad que se nos está produciendo en el propio mercado de trabajo y en la propia situación de pérdida de empleo. ¿O es que ya no se acuerdan algunos
grupos de la Cámara de que hace escasos meses conseguimos introducir una protección a los trabajadores afectados por los ERE, reconociéndoles los días de percepción de desempleo que pierden por el ERE que se pacta en un momento determinado?
Desgraciadamente, eso, en este momento, señorías, está afectando a decenas de miles de trabajadores, pero indudablemente, si no tuviesen esta cobertura tendrían una situación peor.



¿Es que no recuerdan, señorías, que en estos momentos tenemos un proyecto de ley, fruto de un real decreto, que está en marcha, por el que, en la reactivación a la contratación, las empresas pueden tener una bonificación de hasta el cien por
cien de la cotización a la Seguridad Social? ¿Eso no es una ayuda, eso no es un apoyo? ¿Es que ustedes no se acuerdan ya de los 1.500 euros que se están planteando para los parados de larga duración a la hora de la contratación por las empresas?
¿Es que eso no ya no es una ayuda, es que eso no es un elemento a tener cuenta? Esos son muchos recursos económicos.



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Sin embargo, hay una parte de nuestro mercado de trabajo que queda en el desempleo que no tiene cobertura y que son aquellos que han agotado la prestación contributiva y el subsidio fruto de la prestación contributiva. Se quedan, por tanto,
en una situación de tierra de nadie, porque no pueden entrar en las rentas de inserción de las comunidades autónomas. Y ese hueco que queda ahí tenemos que cubrirlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad de justicia social. Y los que creemos en la
justicia social, y no en la beneficencia, tenemos obligación de hacerlo (El señor Echániz Salgado: De crear empleo.) Exactamente, tenemos la obligación de hacerlo. Y ese es nuestro objetivo, trabajar en ese vector para intentar darle el mayor
grado de cobertura.



Yo estoy de acuerdo con algunos grupos de la Cámara en que habría que intentar por encima de todo ampliar esa cobertura, teniendo en cuenta la realidad económica que tenemos, la realidad presupuestaria que nos marca en estos momentos los
límites de gasto. Tenemos que hacer un esfuerzo y lo que yo pido a los distintos grupos de la Cámara es que se sumen a la búsqueda de soluciones ante este problema. Porque puede haber defectos en la propia tramitación del real decreto, pero la
intencionalidad es clara, justicia social; el contenido es claro, ayudas; y el compromiso del Gobierno está con las personas más desfavorecidas y lo viene demostrando a lo largo del tiempo.



El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Intentaré no responder a todas y cada una de las cuestiones que se han planteado, puesto que muchas de ellas han sido reflexiones y aportaciones que, sin duda, creo que deben
tomarse en consideración. Permítanme de todas maneras hacer una reflexión muy breve, porque, escuchando el debate, tengo la impresión de que a veces no nos situamos adecuadamente y creo que es bueno situarse en las cosas, para después decir: vamos
en la buena dirección o debemos ir en otra, etcétera.



La primera cuestión es que aquí se ha hecho una mezcla de conceptos que están perfectamente definidos y separados, que son las políticas activas y las políticas pasivas y el derecho de protección de los diferentes instrumentos que existen
hoy en el Estado español. La primera responsabilidad exclusiva del Estado nace de un derecho contributivo, con la actual legislación en la mano y el actual reparto de competencias.
Porque la caja en ingresos puede ser una, pero la caja en gastos
se divide en tres administraciones; y no hay que perder de vista que este es un Estado fuertemente descentralizado y que por lo tanto la capacidad de intervención de la Administración General del Estado queda lógicamente amparada por el nivel de
competencia de aquellas competencias que se le atribuyen. El derecho que hoy nace para la contributiva es que una persona en desempleo tiene derecho durante un periodo de tiempo a cobrar una prestación por desempleo, la contributiva, en función de
la cotización realizada. Por cierto, la ley se ha ido modificando con el tiempo y en honor a la verdad hay que decir a aquellos que a veces hablan tanto de subsidio que la última modificación de la ley fue justamente para restringir el derecho
contributivo. Y hay que decir también hoy con toda claridad que esa cantinela de subsidios de la que se habla en España quiere decir que, para tener derecho a 120 días de prestación por desempleo, has de haber cotizado 360, que el máximo que se
recibe son 1.300 euros, y la media en estos momentos es que un parado esté cobrando ochocientos y pico euros. Esa es una primera cuestión, que es responsabilidad exclusiva del Estado. Pero nace también en el Estado la otra responsabilidad, que es
el subsidio por desempleo cuando se agota precisamente la primera prestación contributiva. A partir de aquí, hay una serie de condiciones y ahí se ha acabado la responsabilidad de la Administración General del Estado.



Luego entonces la pregunta es: ¿y qué sucede entonces cuando las personas han agotado un régimen y el otro? Pues entra en competencia directa de las comunidades autónomas en este país, es una competencia directa y exclusiva en la mayoría
de los estatutos de autonomía de este país. Por lo tanto, perfectamente, desde la Administración General, desde el Gobierno central, podíamos haber determinado que la responsabilidad del Estado acaba allí donde la legislación hoy les marca esa
responsabilidad.
Pero desde el Gobierno no podíamos estar de ninguna de las maneras insensibles a una realidad social que se derivaba, que era consecuencia de una crisis económica, y que no podía solo ser amparada y protegida por los instrumentos
de renta de inserción social o rentas básicas. Las rentas de inserción social y las rentas básicas nacieron hace quince años, con la idea de evitar la exclusión social en aquellas personas y en aquellas familias que ya formaban parte de la misma,
pero ahora estamos ante una nueva situación y es que la crisis económica podía llevarnos a la frontera de la exclusión social, aunque los integrantes no tuvieran nada que ver con la desestructuración, que muchas veces una familia puede formar parte
de la exclusión social. Esa sensibilidad lleva al Gobierno a plantear que, más allá de sus competencias, tiene que tomar una medida de ampliación de los derechos de protección que hoy existen, de prolongación en la contributiva y el subsidio.



Me sorprende que aquí el Partido Popular se rasgue las vestiduras diciendo que esa protección que vamos a acordar es poca y que, en cambio, no tenga la sensibilidad de que las rentas básicas en las comunidades autónomas donde gobierna estén
por debajo de esa renta que está en el real decreto-ley. (Aplausos.) Hay que empezar a ser coherentes y hacer allí donde uno tiene la responsabilidad de gobierno lo que dice aquí desde la oposición.



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Paso a contestar brevemente. En primer lugar quiero agradecer al señor Llamazares la mención que ha hecho a mi discreción; por otro lado, puedo decirle que no he tenido que hacer ningún gran esfuerzo, porque intento ser discreto, dentro de
lo que lógicamente puedo, aunque no siempre lo consigo. Usted ha reconocido el beneficio de una medida y también ha puesto el acento en el déficit de la propia medida. Es verdad que, cuando uno toma una medida que tiene que empezar a contar a
partir de un determinado momento, siempre que pones esa raya de separación, puede haber personas que, con las mismas condiciones de aquel al que tú le das el derecho, seguramente con las mismas, solo porque esa norma se ha aplicado a partir de un
determinado momento han quedado excluidas. Es obvio y no le niego que este era un tema que formaba parte del diálogo social y de la discusión, que este era un tema que preocupaba de una manera especial a los sindicatos y que este era un tema que
debería entenderse en el ejercicio presupuestario global del que estábamos hablando. Sin embargo, no es menos cierto que, cuando ese diálogo social no se puede llevar a cabo, el Gobierno tiene que adoptar una medida en función del momento en que la
aprueba. Tampoco les quiero negar, porque es evidente, que, desde el punto de vista presupuestario, también el Estado tiene sus propias limitaciones, no de voluntad, sino en realidad.
En cualquier caso, el Gobierno es consciente y el presidente
así lo explicó y lo puso de manifiesto, diciendo que, toda medida, que está bien dirigida y que está bien orientada, puede que tenga que ser corregida, ampliada, modificada o mejorada, y que esa era la voluntad. En su intervención entiendo que pone
el acento crítico en que estima que lo tiene que hacer, que esa es la voluntad y que el Gobierno así actuará.



El Gobierno ha tomado muchísimas medidas y es evidente que unas han sido más exitosas que otras. Es obvio. Cuando uno toma cien medidas, no puede pretender que al final todas sean un éxito, pero tampoco todas un fracaso. Aquí se ha hacho
referencia a alguna de ellas y, por ejemplo, se ha dicho que alguna medida solo ha servido para construir rotondas. Pues mire, a veces las rotondas también son un beneficio para mejorar la movilidad y para mejorar la viabilidad. Habría que
preguntar a las 400.000 personas que han estado trabajando durante todo este tiempo si realmente tienen la misma opinión, porque probablemente la opinión que tengan sea otra, otra muy diferente. En todo caso, se han tomado muchas medidas.



El señor Llamazares hablaba de las medidas que ha adoptado el Gobierno y cree que el Gobierno no ha intentado trabajar -lo habrá conseguido o no- por el 50 por ciento a un lugar y el 50 por ciento a otro, sino por ir tomando medidas en
función de una crisis que tiene una velocidad, que tiene una implantación, que tiene un impacto tremendos, y que, en consecuencia, le obliga, obliga al Gobierno, a tomar un conjunto de medidas en virtud y en función de aquellas consecuencias que
pretendía atajar.



Señor Tardà, usted se autopregunta y me pregunta que en qué condiciones van a salir los trabajadores de la crisis. La respuesta que le doy es que el Gobierno ha reiterado muchas veces que entendemos que de esta crisis no son culpables los
trabajadores, no tiene un origen en cuestiones laborales y no deben ser ellos fundamentalmente los que paguen las consecuencias. Ya las están pagando y probablemente, en esta crisis, otros dejarán menos que muchos trabajadores que,
desgraciadamente, en el camino dejarán su empleo; aquí y también en otras muchas partes de Europa. Por eso, el Gobierno intenta combinar y ha combinado políticas para la reactivación económica y, a la vez, políticas de mantenimiento de la
protección social. En cuanto al real decreto-ley, usted ha hecho una pregunta concreta y le respondo. El Gobierno tiene la firme y clara voluntad de buscar un consenso lo más amplio posible con los grupos de esta Cámara. Será en ese diálogo donde
deberemos explorar en los próximos días qué elementos deben concretarse para hacerlo posible. Usted ha hecho referencia a algunos de ellos y ha dicho que hay que ir por los barrios.
Usted irá por Cornellá, yo voy por Hospitalet. Usted sabe que yo
suelo ir por los barrios; probablemente no más que usted, pero tampoco menos. En ese sentido, tenemos el mismo conocimiento de una realidad que usted y yo conocemos perfectamente bien. Es donde se vive la realidad de muchas cosas; no se vive en
otros lugares, pero ahí sí y ahí la conocemos. Por eso a usted le preocupa y a mí también me preocupa.



Quiero decirle alguna cuestión. El Gobierno no crea más obligaciones de las que ya hoy existen. La obligación de firmar un itinerario para hacer formación se deriva de la Ley de la Seguridad Social. Ya existe hoy. Por tanto, las personas
que hoy se quedan en desempleo tienen que cumplir ese requisito. Ese requisito podría haber quedado excluido si nosotros, en lugar de hacer una renta para la formación, la inserción y el empleo, hubiésemos denominado al concepto subsidio, por el
simple hecho de estar en esa condición. Lo que sucede es otra cosa diferente; nosotros no hemos impuesto a la comunidad autónoma más obligación de la que ya tiene, que es la inserción y la intermediación. No es el Estado el que puede intermediar
entre una empresa y el que busca el empleo, es la comunidad autónoma. Pero sí somos conscientes de una cosa, somos conscientes de que esta nueva situación genera un mayor trabajo para la globalidad de los servicios públicos de empleo y, por tanto,
también de las comunidades autónomas. Evidentemente, si queremos cumplir con el objetivo que pretendemos, porque todos queremos que sea una renta para la protección y la vuelta al empleo, significa hacer un sobreesfuerzo al que ya normalmente se
viene haciendo por parte de las comunidades autónomas. Eso tiene que estar presente. Y por eso -y voy contestando a algunas cosas- esperemos que en ese debate que actualmente está abierto -y ahí la gran mayoría de los países de la Unión Europea
coincide y la propia Comisión también- se acabe concretando y aprobando la posibilidad del


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adelanto del Fondo Social Europeo para dos ejercicios, lo que posibilitaría a las comunidades autónomas disponer de un monto económico importante, tanto para este ejercicio como para el ejercicio que viene, dispensándole del 50 por ciento de
la cofinanciación para los programas de formación a través del Fondo Social Europeo. Esta es una posición que está contemplando el Gobierno y que entiende que vendría a paliar de una manera importante los problemas de la necesaria formación.



Usted ha planteado algunos temas que habría que ver en los acuerdos bilaterales, porque es muy difícil poder llegar a una situación global para todos. Usted ha hecho referencia a Cataluña, y Cataluña ha planteado la cuestión, la posibilidad
de un trabajo de utilidad social complementado hasta el salario mínimo interprofesional y en su consecuencia a cargo de la comunidad. Habría que ver si jurídicamente eso es posible, tiene sus dificultades, pero siempre habría que verlo en el marco
de una relación bilateral e incluso en un propio protocolo. En todo caso, creo que el Gobierno plantea ante esta situación que quiere y va a tener, como no puede ser de otra manera, la clara voluntad de colaborar, de cooperar y concertar el máximo
número de políticas con las comunidades autónomas.



Señor Olabarría, usted ha hecho un análisis macroeconómico de la crisis, de la situación, de las consecuencias... Creo que hoy se han conocido datos, efectivamente no positivos, pero que eran previsibles ante la situación de la economía,
una economía que se ha contraído a nivel internacional y en todas partes. A veces da la sensación de que lo que está pasando en la economía solo ocurre aquí. (Rumores.) No, miren ustedes, esto está pasando en medio mundo. Después me referiré a lo
que específicamente está pasando aquí para hablar con seriedad de las cifras.
Podremos hablar con frivolidad, pero en estos temas también tenemos que hablar con seriedad. La profunda crisis económica que estamos viviendo es un tsunami que está
recorriendo medio mundo. (Risas.) Desde Nueva Zelanda hasta cualquier otro lugar, y los síntomas en origen y consecuencias son muy iguales. El origen tiene que ver evidentemente con las políticas neoliberales, con las políticas neoconservadoras...
(Risas.-Protestas.) Sí, lamento mucho que los neoconservadores que están aquí se sientan ofendidos (El señor Membrado Giner: ¡Es el colmo!) Creo que ustedes tienen que ser consecuentes con las ideas que representan y con la ideología a la que
pertenecen. En definitiva, son ustedes lo que son, aunque quieran parecer otra cosa. (La señora Álvarez Arenas: Se cree el ladrón que todos son de su condición.) El origen es el que es y tiene que ver con una avaricia especulativa de carácter
financiero, efectivamente, con una burbuja especulativa financiera a nivel internacional que evidentemente nos ha llevado a la instalación de una crisis en la economía real, a una contracción del consumo importante y a un ajuste en la producción y
en el empleo. Esa es la situación de origen, que no se resuelve con una reforma laboral, y luego me referiré a ella. No se resuelve, aunque a ver si de una vez por todas ustedes son capaces de poner negro sobre blanco y dicen qué reforma laboral
estarían ustedes dispuestos a hacer. (La señora Álvarez Arenas: ¡A gobernar!) Porque ustedes hablan, pero lo hacen de tal manera que no se les entiende. (El señor Membrado Giner: Mejor no entenderlos.) Tienen que hablar con un poco más de
claridad, ¡a ver si les entienden! Porque eso de levantarse por la mañana pensando simplemente en lo que van a criticar hoy y acostarse por la noche pensando qué es lo que van a criticar mañana no creo que intelectualmente les produzca mucha
satisfacción desde el punto de vista de la reflexión intelectual.



Por lo tanto, señor Olabarría... (El señor Olabarría Muñoz: ¿Esto iba para mí?-Risas.) La verdad es que ha habido un momento en el que usted me ha confundido, señor Olabarría, y se lo digo desde el fairplay y desde la alta consideración
que usted sabe que personalmente le tengo. Por un lado he creído entender que usted no aprobaba estas medidas neoliberales de abaratamiento del despido, de las reformas estructurales, que no estaba usted por el abaratamiento del despido. He creído
entender que esa era su reflexión. Luego me ha preguntado que por qué no hago caso de las recomendaciones del Banco Central Europeo o del representante del banco tal. ¡Pero es que lo que me están pidiendo los otros es lo contrario! (La señora
Álvarez-Arenas Cisneros: Ahora resulta que el señor Almunia es neoliberal.) Yo me quiero quedar con su reflexión de que usted no cree que la salida de esta situación pase por hacer esas profundas reformas que desde algunos sectores neoconservadores
están pidiendo. Me quiero quedar con esa reflexión y, en ese sentido, si esa es su reflexión y su conclusión, yo estoy totalmente de acuerdo. (El señor Olabarría Muñoz: Con esa y también con la otra, con las dos.) La protección no es universal,
señor Olabarría. La protección nace de quien previamente ha accedido a ella por un derecho contributivo, por una contribución previa y, habiendo agotado esta, se prolonga durante un periodo. No universaliza. Me consta que en el Congreso de los
Diputados hay una discusión abierta sobre si debe o no haber una renta de ciudadanía y si, en caso de haberla, debe ser universalista, pero no es el caso concreto de esta renta que no es universal sino que es de prolongación en los dos conceptos por
los cuales nace, como es el derecho contributivo y el subsidio cuando se agota este. A la posibilidad de la utilización del Fondo Social Europeo ya he respondido.



El Grupo Popular ha hecho un análisis totalmente parcial y sin objetividad. No solamente eso, sino sin datos o buscando unos datos que no se corresponden con la realidad. El ajuste en la economía española y la pérdida de empleo, tan
potente en España con respecto a la media de la Unión Europea, no se puede entender al margen del patrón de crecimiento y de la economía española; no se puede entender. En Alemania un millón y medio de personas tiene en estos momentos reducción


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horaria. En España, debido al modelo productivo probablemente sería muy complicado convertirlo en reducción horaria. Sería muy complicado porque más del 60 por ciento del empleo que se ha perdido en España se ha perdido en el sector de la
construcción. Si a eso le sumamos los sectores inducidos, los sectores que también se han visto perjudicados por el propio sector de la construcción, sin duda nos llevamos el grueso mayoritario de la pérdida del empleo en el sector de la
construcción. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Ese modelo no tiene nada que ver con la mayoría de los modelos de la Unión Europea. Cuando usted ha hecho referencia a algún país de la Unión Europea se le ha olvidado decir que en ese país, que
se parece en algún punto en el tema del empleo a nosotros, el sector residencial también tuvo un peso muy importante en su economía. Por lo tanto, la primera conclusión es que el modelo de desarrollo económico que tuvimos en los últimos quince años
nos llevó a crear mucho empleo, a generar muchos beneficios a corto plazo; nos hizo a todos vivir de una ilusión colectiva y, por lo tanto, se generó mucha riqueza durante ese tiempo, pero con los pies de barro. Ustedes no se salvan de ese modelo.
¡Si ustedes fueron promotores de ello! ¡Si ustedes liberalizaron el suelo! ¿O es que ya no se acuerdan? (Rumores.) Ustedes fueron los que apostaron y decidieron en origen que lo importante era que cuanto más se construyera mejor, y si en España los
pisos valían mucho dinero es que en España había mucho dinero para comprarlos. (Rumores.) Esa es la realidad. ¿Qué vienen ustedes ahora a decirnos? Yo le puedo aceptar a usted una cosa, que me diga que de ahí no se salva ni el apuntador. (La
señora Álvarez-Arenas Cisneros: Empezando por el alcalde.) Empezando por el alcalde y, sobre todo, por algunos más del PP que del Partido Socialista. (Risas.) Porque mientras unos utilizamos el urbanismo para transformar la ciudad y aumentar la
calidad de vida de los ciudadanos, otros lo utilizaron para especular y llenarse los bolsillos.
(El señor Echániz Salgado: El Pocero.-La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Y en Parla, y en Pinto.) Esa es la diferencia.



Ahí tenemos un origen, y respecto a la dualidad del mercado de la que ustedes hablan les daré un dato. Es curioso, ustedes estuvieron gobernando durante ocho años y no cambiaron la dualidad del mercado.
Desde el año 1984 ha habido
desgraciadamente cinco reformas laborales, por tanto hay que dejar de pensar que la reforma laboral es lo que resuelve todas las cosas, porque ha habido cinco reformas laborales y desde el año 1984 la dualidad del mercado se ha mantenido y solo en
el año 2006, solo en la reforma del AMCE de 2006 se modifican en cuatro puntos los contratos fijos bajando la temporalidad por primera vez. Sin embargo, el mercado español tiene una dualidad desde el año 1984 que ni ustedes resolvieron ni la propia
realidad ha resuelto, y ahí hay un tema de fondo. En este sentido, ya que ustedes dicen que quieren acabar con la temporalidad, les pregunto: ¿quieren ustedes decir, por ejemplo, que están de acuerdo en suprimir los contratos temporales en este
país? Si están ustedes de acuerdo, díganlo; digan que el Partido Popular está de acuerdo con hacer desaparecer la contratación temporal en España; díganlo, díganlo. (Rumores.) Si no lo dicen, es una falacia que vengan aquí a decirlo y a hablar
de la dualidad, porque los únicos gobiernos que han apostado por intentar mejorar la dualidad han sido los socialistas.
(Rumores.-El señor Nadal Belda: La reforma de 1997.) La reforma del año 1997 de ninguna de las maneras produjo el efecto que
usted dice, por tanto, busque el origen. (Protestas.-El señor Nadal Belda: Cinco millones de empleos.)


El señor PRESIDENTE: Por favor.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, yo estoy dispuesto a discutir con un portavoz, a lo que no estoy dispuesto es a discutir con la asamblea. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, doña Carmen, les ruego que bajen el nivel de sus comentarios y que no entren en diálogo con el señor ministro. Haga el favor. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Es que es muy fuerte oír esas cosas.-El
señor Hernando Fraile: A Griñán le gustaba eso.) Señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): La reforma del año 1997 no produjo ese efecto del que usted habla, no lo produjo.
Prácticamente el 90 por ciento de los contratos que se han venido haciendo en los últimos
treinta años en España han pertenecido al mercado temporal, lo cual pone de manifiesto otra cuestión, y es la falacia de que en España falta flexibilidad. No hay otro mercado más flexible que el mercado español. Cómo es posible si no que en un año
se destruyan más de un millón de puestos de trabajo con tanta facilidad. (Rumores.-El señor Echániz Salgado: Por eso, porque no cuesta nada.) Evidentemente se destruyen porque hay un modelo con una flexibilidad muy alta (La señora López i Chamosa:
Y barato.) Eso no se resuelve por estas otras vías que ustedes plantean, que no sé cuáles son.



El Gobierno plantea que hay que llevar a cabo una discusión de fondo y cambiar el modelo económico, pero, no nos engañemos, el modelo económico, aun cambiando, no va a arrojar inmediatamente unos resultados que corrijan la situación
proveniente del modelo económico antiguo. En consecuencia, tendremos que conciliar dos tipos de políticas. Por un lado, políticas a corto plazo, cuyo objetivo será ver cómo somos capaces de crear empleabilidad, lo que necesariamente pasa por
apostar decididamente desde el sector público por inversiones que hagan posible dicha empleabilidad y, por otro, también es necesaria una red de protección. Señorías, les niego la mayor: es falso que cuando la economía se desarrolla, el Estado del
bienestar se garantiza. Eso es falso. No les negaré aquello otro de que un Estado del


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bienestar se fortalece cuando la economía se desarrolla y cuando el empleo crece, pero en este país en ocho años que ustedes gobernaron pudimos asistir al deterioro del Estado del bienestar a pesar de estar en una situación de crecimiento
económico y de empleo. (Rumores.-El señor Echániz Salgado: Cinco millones de empleos.) Es que ustedes confunden una cosa con la otra. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Qué barbaridad!) Sí, sí, barbaridad; entiendo que desde su pensamiento le
suene a usted mal, porque probablemente usted vive en una realidad diferente a la de la gran mayoría de las personas que viven en este país.
(Aplausos.-Protestas.) Por tanto, hay que apostar por las dos políticas.
Hay que apostar por la política
inspirada y generadora de empleo, de dinamización económica, pero hay que apostar paralelamente por la política de una red social.



Señor Echániz, no he venido a comparecer hoy porque dentro de unos días los datos del paro puedan ser más negativos de lo que fueron los del mes pasado, entre otras cosas porque habría sido absurdo hacerlo por una razón muy sencilla: porque
si eso sucede dentro de ocho días usted será el primero en volver a pedir mi comparecencia en esta Comisión. (El señor Echániz Salgado: Y vendrá dentro de tres meses.) Yo comparezco cada vez que el Congreso de los Diputados lo estima oportuno y
esta Comisión lo demanda.



Les pediría que hicieran el ejercicio de decir qué reforma laboral harían ustedes. ¿Están de acuerdo en abaratar el despido? Díganlo. (Rumores.) ¿Están de acuerdo en rebajar cinco puntos las cuotas de la Seguridad Social? Díganlo.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor ministro.



Les ruego a las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular que guarden el respeto que se ha tenido con sus portavoces cuando han intervenido. Ese parloteo permanente, además de ser una falta de respeto, hace imposible el
trabajo de las señoras taquígrafas de esta casa, absolutamente imposible. Les ruego que guarden el respeto debido porque si no tendré que llamarles al orden en las siguientes intervenciones.



Señor ministro, puede continuar.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Hay que concretar algunas cosas y en aras de la claridad decir si estamos de acuerdo. Si el Grupo Parlamentario Popular considera que es bueno, porque, si no, decimos una cosa y
la contraria. He escuchado hoy aquí al señor Echániz decir que estamos poniendo en riesgo la Seguridad Social o que el 6 por ciento de pérdida de afiliados, unido al 6 por ciento de aumento, es un 12 por ciento y que eso pone en riesgo la Seguridad
Social. Hace un mes escuchaba al señor Montoro decir que había que rebajar las cuotas dos puntos en la Seguridad Social. Una cosa o la otra, las dos no son posibles, porque si usted tiene razón no la tiene el señor Montoro. Tengo que pedirles que
se pongan de acuerdo y digan cuál es la propuesta del Partido Popular. Por cierto, el señor Burgos dijo en Santander que de ninguna de las maneras. Por tanto, ya tenemos un 2 por ciento, una previsión de riesgo de la Seguridad Social y que de
ninguna de las maneras se podían bajar las cuotas de la Seguridad Social si no era en el marco del Pacto de Toledo. Pónganse de acuerdo, hagan un día una asamblea, aunque sea de tres, y digan: sobre el tema de la sostenibilidad social qué política
vamos a llevar a término. Ya les anticipo la posición del Gobierno: no estamos de acuerdo con un 2 por ciento, hablando universalmente, porque pondrían en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Sí estábamos de acuerdo, si el
diálogo social hubiese sido posible, en hacer un esfuerzo del 0,5 universal y el uno por ciento para el año próximo. Díganme si ustedes están o no de acuerdo en que para las personas que han acabado la contributiva, que han acabado el subsidio de
desempleo y que no cobran absolutamente nada, se apruebe una renta para la inserción de 420 euros.
Pueden criticar al Gobierno, digan que el ministro de Trabajo lo hace muy mal, que es un desastre, digan lo que quieran, pero diríjanse a ese parado.
Yo tengo que interpretar que ustedes están en desacuerdo y por lo tanto le tengo que decir a esa persona que está parada que si del Partido Popular depende, no van a cobrar absolutamente nada. (Aplausos.) Por tanto, si están de acuerdo, díganle a
esa persona que usted va a apoyar este real decreto-ley aunque en su aprobación haga usted la crítica que quiera al ministro de Trabajo y al Gobierno, pero apóyenlo porque, sobre todo, hay mucha gente que está en estos momentos pensando que esto
puede ser no lo definitivo pero una ayuda a una situación precaria. Y si usted considera que es poco, pues dígales usted a sus compañeros de gobierno que aumenten las rentas activas, que aumenten las rentas de inserción, que las aumenten, que no
tienen por qué ser incompatibles, que puede haber el derecho de elección. Le digo a usted, se lo garantizo, que el 80 por ciento está por encima de la mayoría de la rentas que están por debajo del 80 por ciento y no se puede allí donde se gobierna
decir que está amparado uno por una máxima sensibilidad social y que va a dar una renta del 60 por ciento del Iprem y luego decir que el Estado cuando habla de una del 80 resulta que es insensible. Pongámonos de acuerdo y de demagogia, haga usted
la necesaria, pero le pediría que fuera la justa y sobre todo que sea riguroso en los planteamientos. ¿Por qué habla usted de 200.000 en el programa de retorno? Usted a estas alturas ya no puede alegar ignorancia y no lo puede hacer porque
entonces sería grave que en estos momentos dijera que lo desconoce, sería muy grave.



Si la condición del decreto de retorno es estar en paro en contributiva, si hay 120.000, ¿cómo puede usted decir que el objetivo eran 200.000 cuando en aquel momento el máximo de desempleados con derecho a la contributiva y, por tanto, con
posibilidades de acogerse a ese derecho, era de 87.000? Puede usted decir que 10.000 son pocos o son muchos. (El señor Echániz Salgado: ¿Cuántos hay ahora?) Ahora hay más de cien mil.
(El


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señor Echániz Salgado: ¿Cuántos?) No son 200.000 sino muchos menos, la mitad de lo que usted dice, porque usted en cifras redondea pero redondea siempre al medio millón. (Risas.) Por ejemplo, cuando yo venía aquí las cifras del paro
registrado eran peores que las de la EPA y usted me echaba en cara el paro registrado; por cierto, si quiere usted me quedo con la EPA, pero cuando le hice esa afirmación que usted me ha criticado hoy me refería al paro registrado. A usted en
aquellos momentos el paro registrado le iba bien. ¿Sabe usted por qué? Porque el paro registrado era superior al de la EPA, pero ahora usted no quiere hablar ya del paro registrado. ¿Sabe por qué? Porque tiene 3.500.000 el paro registrado, a
diferencia de la EPA que tiene cuatro millones ciento y pico mil. (El señor Echániz Salgado: Veremos en diciembre.) Si al mes que viene, que no será el caso, se invirtieran los términos, ustedes dejarían de hablar de la EPA para hablar del paro
registrado, porque ustedes en definitiva no hablan con rigor sino de aquello que realmente creen que puede plantear más crítica al Gobierno.



La señora Barkos planteaba una serie de temas y ha hecho también algunas reflexiones que yo comparto en el sentido de que hay que invertir en lo social, en las políticas activas. Ha hecho usted una referencia a la Ley de la Dependencia como
generadora de empleo. En los temas medioambientales hay un recorrido amplio, en los temas de la dependencia, por tanto de la protección social, hay un recorrido amplio y además son sectores en los que se está demostrando que en una situación de
crisis económica no han perdido empleo sino que incluso lo han generado, de la misma manera que la educación es un sector que también tiene un amplio recorrido y puede haber otros sectores, sin duda. Es evidente que debemos conciliar la política
pasiva y la política activa. Creo que no se trata de contraponer una política con la otra, las dos son necesarias en un momento de crisis económica. Una política pasiva es necesaria porque es la que da el elemento de protección para aquella
persona que se ha quedado desamparada, sabiendo y no perdiendo de vista que la auténtica política de futuro no tiene que ser la política pasiva sino la activa.
Ahí hay que buscar lógicamente elementos de coordinación, elementos de conciliación,
elementos de suma de sinergias entre las comunidades autónomas y el propio Gobierno central. Hay además otro tema que usted no ha referenciado, pero en el que estoy convencido que está plenamente de acuerdo, como es que todo esto hay que plantearlo
también en el terreno de la formación profesional. Sin duda hay que reorientar y orientar la formación profesional hacia sectores emergentes y económicos diferentes.



Señor Campuzano, supongo que usted no estaría de acuerdo con que este ministerio propusiera una Loapa. Me imagino que no estaría de acuerdo.
Usted me ha pedido algo -y me sorprende que me lo pida usted, perteneciendo a la formación
política a la que pertenece- que es una especie de armonización de todas las normas que existen en el Estado.
Incluso, si me lo pide a mí, interpreto que es para que fije las normas de cómo debe funcionar. La mayoría de las rentas, en el caso
concreto de Cataluña al que usted hacía referencia, forma parte de una competencia exclusiva del Gobierno de la Generalitat, forma parte del estatuto de autonomía, forma parte de una ley recientemente aprobada en el Parlamento de Cataluña, y si
mañana este Gobierno decidiera armonizar las rentas...
Sí puedo entender como usted un problema, que es que un señor dependiendo del territorio donde esté empadronado va a tener una renta u otra. Es verdad, hay personas que estando empadronadas en
un lugar tienen el cien por cien del salario mínimo interprofesional y otras que estando empadronadas en otro territorio tienen el 62 por ciento, no del salario mínimo interprofesional sino del Iprem. Sin embargo, eso nace en virtud de las
competencias de cada comunidad autónoma. Sí estoy probablemente de acuerdo con un tema que usted plantea. Dice que estaría bien hacer una reflexión porque tenemos muchos instrumentos. En el propio Estado tenemos la contributiva, el subsidio, la
renta de inserción, ahora esta nueva renta, las rentas básicas, unas con estatutos otras con leyes, en unas se pagan 300 euros, en otros se pagan 600. Una cierta reflexión habría que hacer, pero a usted no se le escapa que no puede hacerse al
margen de una concertación territorial con las comunidades autónomas. Primera consideración.



Segunda cuestión. Hay que hacerla también en un sentido mucho más amplio del diálogo social y lógicamente, como no puede ser de otra manera, también en sede parlamentaria. Pero esto no tiene, señor Campuzano -sinceramente se lo digo-, nada
que ver, las cosas a veces son más sencillas. Aquí de lo que estamos hablando en estos momentos es de una situación en la que más de 300.000 personas en este país están teniendo ingresos inferiores al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional.
Eso es ingresar en esa familia menos de 468 euros al mes, que no están cubiertas por las rentas de las comunidades autónomas. De eso es de lo que estamos hablando. A partir de ahí, esa es la decisión que adopta el Gobierno de
poner más de 600 millones de euros para atender a esas más de 300.000 personas. Me puede decir que hay 250.000 que quedan excluidas.
Seguramente tiene usted razón y es verdad. En algún sitio había que hacer un corte y el Gobierno lo hizo ahí
llevado de la mejor intención y alguien puede apreciar que el Gobierno tendría que haberlo hecho de otra manera. Y ahí el Gobierno, en lugar de reaccionar reafirmándose en la posición de decir no me muevo ni un milímetro, lo que dice su presidente
es que aunque defendemos la mayor y la bondad de la medida -es la primera que se adopta en los últimos treinta años sobre ese particular por una Administración que no tendría por qué hacerlo porque no es su competencia-, queremos expresar nuestra
voluntad de buscar el máximo acuerdo y consenso con los grupos parlamentarios y también con las organizaciones sindicales. Esto es lo que usted ha planteado.



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Expone otros temas, señor Campuzano, que no tienen nada que ver con esto.
La reforma o no de los servicios públicos de empleo. Si ahora tuviéramos que discutir los 420 euros para cuando reformemos los servicios públicos de empleo,
probablemente el resultado sería que estaríamos diciendo a los ciudadanos y a las ciudadanas que dentro de tres años, cuando los hayamos reformado, adoptaremos estas medidas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La segunda, no me
descalifique usted tanto las cosas porque yo le estoy diciendo que están funcionando bien los servicios públicos de empleo, los autonómicos y los estatales. A nadie se le escapa que esta medida tiene un nivel de presión importante sobre los
servicios públicos, pero se están atendiendo diariamente y diariamente vamos a estar en condiciones de saber cuántas personas lo han solicitado, a cuántas se les hará el reconocimiento y cuántas van a tener derecho al pago de esa nómina para el
siguiente mes. Es más, este mes de agosto estaremos en condiciones de hacer ya el reconocimiento para el pago de la primera nómina en septiembre. Anticipo no un problema sino un tema que habrá que tener en cuenta, y es que el reconocimiento para
el derecho a esta prestación, como dice el propio decreto, se hace en función de cuando una persona hace la solicitud y se le reconoce el derecho. Si esa persona ha hecho la solicitud el día 25, se le reconoce ese mismo día. Las nóminas las cierra
el Servicio Público de Empleo el día 30, lo cual quiere decir que ese período será de cinco días, que lógicamente acabará siempre en los 180 días al cien por cien en el período final. Esto sucederá a lo largo del desarrollo, puesto que no se dice
en el real decreto, como no puede ser de esa manera, que a la persona se le reconoce el derecho en el mismo momento que va al Servicio Público de Empleo y demuestra que reúne las condiciones. Tenemos más de cinco mil personas a las que se les ha
reconocido ese derecho. Por tanto, creo que los servicios públicos de empleo pertenecen a otro debate.



Segunda cuestión. Pertenece también a otro debate si debemos hacer una reforma laboral o no. S.S. planteaba algunas cuestiones, pero hoy no estamos discutiendo esto. Señor Campuzano, el diálogo social no ha sido posible porque llegar a
un acuerdo no pertenece solo a la esfera de que el Gobierno lo desee, depende de las condiciones que alguna de las partes ponga. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: las condiciones que la patronal ponía encima de la mesa son inasumibles y no pueden
ser aceptadas, y si esa es una condición sine qua non, no podremos seguir. Si usted me dice que para seguir en un diálogo social tenemos que rebajar cinco puntos las cuotas de la Seguridad Social, la respuesta ya es no, este Gobierno no lo va a
hacer ni ahora ni dentro de dos meses ni nunca; no vamos a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social ni la salud de las pensiones para más de ocho millones de personas. Quiero recordar que las cuotas de la Seguridad
Social en España son hoy más baratas que hace quince años, pero en treinta años las cuotas de la Seguridad Social solo se adaptaron durante un tiempo y no tuvo nada que ver con los importes de referencia.



El Gobierno reitera que si está abierto el Pacto de Toledo es él el que tiene que hacer las recomendaciones y ahí es donde se deben discutir esos temas. Vuelvo a reiterarle a usted, igual que a otros, que puede estar de acuerdo o no, pero
que el Gobierno no está de acuerdo con esa medida. El Gobierno no cree, sinceramente, que por abaratar el despido se vaya a crear empleo. Abaratando el despido se pueden ajustar los costos laborales cuando se despide, pero eso no es sinónimo de
generar empleo.
Ha hecho referencia a algunas cosas que le quiero recordar ya están en marcha. Ha dicho que hay que incentivar. Estoy de acuerdo en incentivar.
Ha hablado de incentivar a los autónomos para la contratación hasta en un 50 por
ciento. Fue una resolución del Parlamento aprobada por iniciativa suya, que ya es real decreto. Si hoy un autónomo contrata a una persona, siendo la primera vez que contrata, puede conseguir una bonificación del 50 por ciento. Pero usted sabe que
si contrata a una persona que está desempleada -y en este país hay dos millones y medio de personas que están cobrando prestaciones por desempleo- la bonificación es del cien por cien. Usted sabe que los ERE hoy son más de suspensión temporal que
definitiva, porque también ahí hay bonificaciones. Les diré una cosa a usted y a los demás grupos: hay que hacer una reflexión sobre las bonificaciones en este país. Tenemos demasiadas bonificaciones y éstas no siempre son las que generan por sí
mismas empleo, como no genera empleo el abaratamiento del despido. Ahí hay un reto que el Gobierno quiere llevar a cabo, que es reflexionar en qué dirección dirigimos las bonificaciones para conseguir el objetivo que pretendemos, que es generar
empleo.



El señor Campuzano dice: Ustedes deberían ver cuál es la pareja de baile.
¡Si nos están dando calabazas permanentemente!. Hoy han dicho que votarán en contra de los presupuestos, sin saber todavía cuáles son. Es evidente que el Partido
Socialista intenta buscar el máximo consenso posible dentro de los parámetros políticos e ideológicos que representa, en función de las materias objeto de debate en cada momento. Al Gobierno que yo represento le gustaría alcanzar el mayor consenso
posible en esta medida de carácter económico imprescindible y necesaria. Quien vote en contra tendrá que explicarle a las más de 300.000 personas que si hubiesen ganado la votación no habrían tenido derecho a percibirla. Puede que la norma no sea
perfecta y, en consecuencia, en un trámite parlamentario el Gobierno no puede eludir buscar el máximo consenso, intentando adaptar su norma a aquello que mayoritariamente se convenga.
El Gobierno entiende que es una medida necesaria y que dado el
carácter extraordinario y urgente, no debemos perder mucho tiempo en su aprobación definitiva. Ha concitado críticas que pueden estar razonadas y en algún punto incluso ser razonables. El Gobierno tiene la voluntad -así lo expreso- de acuerdo y
consenso y espero que en los próximos días esta norma salga del Parlamento


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con el más amplio respaldo. Dicho esto, quedan por discutir muchos otros temas que han salido en el debate y que seguiremos abordando, espero que con concertación o con diálogo social. Si no, las seguiremos debatiendo con iniciativas del
Gobierno, porque para eso nos han elegido los ciudadanos y las ciudadanas. Queremos hacerlo con concertación y con diálogo social, pero no dejaremos de tomar iniciativas porque es lo que los ciudadanos esperan del Gobierno. (Aplausos.-El señor
Echániz Salgado pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, hemos concedido el doble del tiempo en las intervenciones iniciales y habíamos quedado en que no iba a haber réplica. Entiendo que debido al calor y a las obras que hay fuera, quiera alargar su
permanencia aquí, porque se está más confortable. Le voy a conceder la palabra, pero le ruego que sea breve. Tiene como máximo tres minutos.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quisiera intervenir para resaltar dos cuestiones. Primero, que esta Cámara sigue sin saber si el Gobierno va a modificar el real decreto-ley. Ya sabemos que lo va a tramitar en el Congreso y que aquí se puede
modificar, pero no sabemos si el Gobierno va a modificar este texto antes de su tramitación en la Cámara.



En segundo lugar, quiero poner en evidencia el cacao mental y el problema de conceptos que tiene el señor ministro. Sería tremendamente grave en cualquier ciudadano español, pero mucho más en un ministro de Trabajo de España. Señor
Corbacho, los subsidios, cuando se agotan las prestaciones contributivas por desempleo, ¿son contributivos o no? No lo son. ¿Y son responsabilidad del Gobierno o no? Son responsabilidad del Gobierno, igual que este real decreto-ley, que es
política pasiva de empleo pura y dura, y usted, señor ministro, es el responsable. Porque no se da a la gente sin renta, como sería una renta de integración, sino a la que agota su prestación y su subsidio; por tanto, como una prolongación de esos
derechos. Otra cosa distinta son los itinerarios activos de inserción o de formación, que son políticas activas -eso sí- o algunas rentas mínimas de integración o inserción que tienen algunas comunidades autónomas.



Señor ministro, escucharle esto último no es ya una improvisación o una chapuza, es una irresponsabilidad muy grave; que el ministro de Trabajo de España diga que este real decreto no corresponde a la responsabilidad del Gobierno y que no
es política pasiva, es muy grave. Es lo que nos faltaba esta mañana por escuchar. Señor ministro, creo que los españoles no se merecen un gobierno ni un ministerio así. (La señora López i Chamosa: No se merecen tampoco una oposición así.)


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por un tiempo máximo de tres minutos.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero clarificar tres cuestiones.



Primera, como el ministro puede suponer, no voy a defender una armonización de las rentas mínimas, pero sí voy a defender la necesidad de reordenar el conjunto de los instrumentos de protección social, permitiendo a aquellas comunidades que
así lo deseen gestionar las políticas pasivas, en el marco del reconocimiento de un derecho definido en todo el Estado pero gestionado por las comunidades autónomas. Así se permite la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas que hoy
es una debilidad de nuestro sistema.



Segunda cuestión, sí que tiene que ver la reforma de los servicios públicos de empleo con este debate, entre otras cosas porque este real decreto condiciona la prestación a la realización de una determinada actividad. Eso, en el actual
funcionamiento de los servicios públicos de empleo, es una entelequia. Usted y yo hemos debatido en la tribuna a principios de esta legislatura sobre esta materia y usted reconoció ese mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Podría
leerles el comunicado sobre el funcionamiento de los servicios públicos que la Federación de servicios públicos de la UGT de Cataluña hizo público cuando el Gobierno aprobó ese real decreto. Por tanto, sí que están vinculadas ambas cuestiones.



Comentaba ese plan de choque de mantenimiento del empleo, no en relación con ese decreto que el Gobierno ha aprobado, sino con el mantenimiento del empleo en las pequeñas y medianas empresas. O somos capaces de garantizar la llegada de
liquidez al tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas en este otoño, o, previsiblemente, la sangría de autónomos y pequeñas y medianas empresas va a ser absolutamente terrible.
De ahí la urgencia que le pedimos en las medidas que el
Gobierno debe tomar. El señor Duran le planteó al presidente del Gobierno en una sesión de control una propuesta con reducción de cuotas para pequeñas y medianas empresas durante un tiempo limitado para hacer frente a la crisis.



No tenemos un problema de baile, de con quién quieren bailar, sino un problema de cómo, entre todos, salimos de esta crisis. En función de por dónde acuerden que la crisis va a ser superada, van a encontrar a unos grupos o a otros. No
todos estamos defendiendo las mismas salidas a esta crisis. Esa es la cuestión que tienen que resolver en los próximos meses y, le aseguro, que eso no va a ser neutral ni en el corto ni en el medio plazo.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, una referencia que se hace continuamente en esta Comisión sobre los costes laborales. En términos de paridad nuestros costes laborales en relación con la Unión Europea a Quince estamos en el 68
por ciento. Por tanto, ese no es el problema.
Quizás el problema sea que sigamos pensando en competir con la Unión Europea


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únicamente basándonos en costes laborales de empleos precarios. Ese es el problema real y así nos va.



En segundo lugar, en cuanto a la propuesta que hay encima de la mesa -el decreto del Gobierno-, al igual que los sindicatos, hubiéramos preferido que hubiera sido una modificación de la renta activa de inserción, flexibilizando alguno de los
criterios -de hecho en esta Cámara se discutió esa propuesta- para ampliar la cobertura de la renta activa de inserción porque entonces no estaríamos discutiendo qué colectivos quedan fuera, o si es arbitrario o no el momento de inicio de la puesta
en marcha de la prestación, sino que estaríamos discutiendo cosas mucho más objetivas.



Tanto el señor Tardà como yo hemos dicho que para nosotros este tema o es negociado o no es. Es decir, o se amplía la propuesta de forma importante de tal manera que la cobertura sea mayoritaria -y no lo ha sido ni en julio ni en agosto y
difícilmente va a responder a las expectativas que se han creado, o se concierta con comunidades autónomas, donde también creemos que hay défícit en esa materia. Por otra parte, hay que situarlo no solamente en un itinerario prestación-formación,
sino también, como han planteado algunas comunidades autónomas, empleo. Esos mecanismos podrían hacer que esta prestación respondiese a un objetivo que nos parece loable, que es garantizar rentas a gentes que no la tienen. En segundo lugar, que
favoreciesen la reactivación económica del país, porque algo que no se dice es que cada prestación y pico significa un empleo en la demanda que generan. En tercer lugar, que se una la cualificación a políticas de empleo, y en ese sentido dejaríamos
de hablar de políticas pasivas y políticas activas de forma tan radical.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Quiero hacer un par de aclaraciones al señor Echániz en primer lugar.



Todos estamos plenamente convencidos de que el consenso mayoritario de los grupos parlamentarios debería plantear algunas modificaciones en el real decreto. Así lo ha expresado el señor ministro en la última intervención.
Pero, como ha
hecho el señor Echániz, definir esta ayuda como un cheque paro, lo degrada bastante sobre todo teniendo en cuenta que va dirigida fundamentalmente a gente que no recibe la beneficiencia de un cheque sino que durante muchos años de su vida con su
trabajo se ha ganado alguna ayuda en un momento de crisis. Por tanto, solicitaría un poco de respeto a la hora de conceptualización de una cuestión como esta, señor Echániz.
Estoy seguro de que no lo hace de una manera peyorativa, sino que le
pierde el subconsciente.



Por lo que se refiere a las constantes informaciones del señor Echániz sobre el desempleo, hay un dato que conoce la mayoría de ustedes y es que el Real Decreto 45/2002 -¿le suena, señor Echániz?- es la ley que ustedes aprobaron después de
la huelga general, por la que se suprimen los salarios de tramitación. En estos momentos, los despidos objetivos con una aportación del coste, aunque sea improcedente, en la magistratura de la Seguridad Social supone que el trabajador se limita
exclusivamente al tema de la indemnización y no al salario producido por la tramitación.
Eso que ha supuesto prácticamente un 70 de abaratamiento del despido, significa en estos momentos más del 90 por ciento de los despidos que se están
produciendo, porque eso es como una fábrica de churros, señor Echániz. (El señor Echániz Salgado: Cambiadlo, lleváis cinco años.) Y eso no lo digo yo; eso lo puede decir cualquier magistrado de lo social (Una señora diputada: ¡Cambiadlo!),
cualquier abogado laboralista o cualquier empresario. Con los últimos datos que tenemos del año 2009, en estos momentos el 90 por ciento de los despidos se produce sin ningún apoyo.
Ustedes inventaron una máquina que está posibilitando que
constantemente salga del mercado gente sin indemnización alguna. (Rumores.)


El señor Campuzano ha hecho una caracterización de este Gobierno como un Gobierno gauchista. No me identifico para nada con los gauchistas franceses, teniendo en cuenta la experiencia de un señor llamado Henry Lévy, y menos con la gauche
divine catalana, que seguramente usted conoce. Es un Gobierno que tiene un objetivo fundamental, que es la justicia social y en ese sentido lo está planteando.



Siento que no esté presente el señor Olabarría para hacer unas consideraciones que como tal quedarán en el 'Diario de Sesiones'. Habla de prestaciones muchas veces desde un punto de vista jurídico con una especie de prepotencia desde el
punto de vista social. Yo lo entiendo desde su visión del País Vasco, donde tienen en estos momentos unas prestaciones de más de 640 euros, con unos 40.000 perceptores, aproximadamente el 30 por ciento del salario de inserción de toda España, y con
unos receptores que son casi 82.000. Es decir, cuando se tienen las arcas llenas y se dan este tipo de actuaciones se puede hablar de una manera diferente a cuando se tienen recursos escasos y se tiene que hacer el uso adecuado de las prestaciones.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar y cerrar esta comparecencia tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muy brevemente.



Señor Echániz, creo que usted no me ha entendido bien. No voy a decir que a lo mejor no me he explicado bien, sino que no me ha entendido.



Yo he hablado de la contributiva y de los subsidios. Es evidente que la responsabilidad del Estado se centra en tres materias: en el subsidio, definido a partir de 45 ó 52 años, con las condiciones que están establecidas; cuando se agota
la contributiva -lo he explicado brevemente, pero usted ya conoce los periodos y el tiempo que se necesitan para tener derecho a la misma; y la renta de inserción que se incorporó en la época del PP. Son los


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tres instrumentos. Y luego están todas las rentas básicas, las rentas de las comunidades autónomas y la responsabilidad de las administraciones locales en materia de servicios sociales primarios. Lo que he dicho es que en ese contexto la
situación de las pérdidas debería estar en una situación normal en el ámbito de las rentas de inserción, que no en las rentas del Estado porque ya están establecidas. Por cierto, 2.600.000 personas están bajo el paraguas de protección de las rentas
del Estado; 2.600 millones de euros es el coste de la prestación mensual que en estos momentos estamos sufragando.



¿Que esta renta nueva nace como consecuencia de una decisión para no llevar solo la presión a las comunidades autónomas y asumir desde el Estado una corresponsabilidad? Sin duda, nace de ese intento de corresponsabilizarse en una situación
que está superando la realidad normativa, la realidad competencial que es la que es y que queremos paliar. Es una política pasiva, pero nace con una clara vocación de coordinarla con la política activa. Si no, no hubiésemos puesto la condición del
itinerario. Hubiésemos puesto una condición de renta y hubiésemos dicho que todas las personas que tengan esta condición de renta recibirán 420 euros. Hemos querido rehuir del concepto subsidio para coordinar la política pasiva, que lo es, con una
política activa que se tiene que desarrollar a través del itinerario. Esto es lo que estamos haciendo y creo que vamos en la dirección adecuada.



El señor Campuzano plantea un tema de hondo calado y profundo que no puede ser abordado en este debate ni en este real decreto-ley. Lo que viene a decir es que las políticas pasivas que gestiona el Estado se transfieran directamente a las
comunidades autónomas aunque el Estado siga manteniendo la caja única mediante los ingresos por las cuotas. Supongo que es consciente de que es una materia que va mucho más allá de este real decreto-ley y de esta comparecencia. Está en su perfecto
derecho, pero estoy convencido de que es consciente de ello.



¿Que los servicios públicos de empleo no funcionan? Creo que sí funcionan.
¿Qué la UGT de Cataluña ha dicho que no funcionan? Creo que todo es mejorable. Desde mi punto de vista, no hay que contraponer un sistema con otro. No se puede
decir que tenemos unos servicios públicos y que si mañana los privatizamos todo se habrá resuelto porque el asunto es mucho más complejo y amplio. Dije una cosa un día y se la voy a repetir hoy. Es una falacia decir que si se privatizaran los
servicios públicos de empleo habría más empleo; es una falacia. Que alguien me diga si en este país hay un empleador que necesita un trabajador o una trabajadora y que en estos momentos no lo contrata por culpa de los servicios públicos de empleo,
cuando más del 60 por ciento de las contrataciones no se hace a través de la intermediación de ningún servicio, sino de personas que trabajan en determinados lugares. En este país, sin estar normativizada la intermediación de los servicios
privados, basta coger cualquier revista o entrar en Internet para ver que están plagados de las pocas o muchas ofertas que hay en el mercado de trabajo. Eso no es un inconveniente. El debate ha de ser otro y no corresponde ahora ni a este real
decreto, pero el debate, repito, ha de ser otro. El debate es cómo en esa sociedad de futuro tienen que incardinarse los servicios privados y públicos que existen. Esa es una reflexión que hay que hacer, porque no se puede pretender poner
fronteras al campo. Si hoy tenemos servicios en Internet u otros ámbitos, es una realidad que no se puede negar, pero habrá que reflexionar sobre esa realidad y ver cómo se acomete en un futuro para poner orden. La gran discusión de fondo será
quién es la autoridad en esa materia; ahí es donde estará la discusión. Y ya le anticipo mi criterio, la autoridad ha de ser pública. Ese el tema de discusión, pero es este el momento. Señor Campuzano, nunca me negaré a abordar una discusión de
reformas, otra cosa diferente es que tampoco estoy dispuesto a decir que determinadas reformas son la solución a muchos de los problemas.



Estoy de acuerdo con usted con un asunto que está en el epicentro del problema, la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Este es el gravísimo problema que hoy sigue existiendo. Hay pequeñas y medianas empresas que tienen una
cartera de pedidos que pueden tener un futuro, pero que tienen un verdadero problema para acceder a lo créditos por las exigencias que se han establecido. En honor a la verdad, hay que añadir que el sistema financiero se ha visto fuertemente
afectado por la crisis.
Hay datos que apuntan a que el sector financiero se va asentando y saliendo de esa situación que originariamente tuvo, lo cual debe llevarnos a pensar que la liquidez empieza a fluir con más intensidad. En la medida en que
pueda fluir la liquidez y se vaya acentuando una mayor confianza de los ciudadanos en el presente y en el futuro, no será esta la única cuestión que nos hará salir de la crisis, pero ayudará mucho.



Concluyo, señor presidente. No sería razonable que dijera aquí en qué términos el Gobierno va a modificar el real decreto-ley, cuando ha expresado la voluntad de abrir un diálogo amplio con los grupos parlamentarios y, fruto del mismo,
ajustar el real decreto-ley a aquello que se convenga. Parece razonable y lógico -y el Gobierno así lo entiende- que en los próximos días haya el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios. También la próxima semana tendrá oportunidad
el Gobierno de consensuar y comentar ampliamente con los sindicatos esta materia, y espero, esa es la voluntad del Gobierno, que lo más rápidamente posible haya un consenso lo más amplio posible para que este real decreto sea convalidado en sesión
parlamentaria. Nos gustaría que fuera antes de la primera quincena de septiembre o cuando el Parlamento así lo estime en función de su calendario. (Aplausos.)


Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor ministro.



Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.



Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.