CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 338

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 26 (extraordinaria) celebrada el miércoles 26 de agosto de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) para informar sobre:... (Página )


- El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A petición propia. (Número de expediente 214/000097.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- La cantidad que se adjudicará a cada una de las comunidades autónomas a raíz del nuevo sistema de financiación autonómica. Comparecencia urgente a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/000492.) ... (Página 2)


- Los acuerdos de financiación de las comunidades autónomas. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000493.) ...
(Página
2)

Página 2


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Como saben, en el orden del día figura únicamente la comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía por el motivo que figura en el mismo.
Sin más
preámbulos, damos la palabra en primer lugar a la ministra.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.



Señorías, tengo el honor de comparecer ante esta Comisión de Economía y Hacienda a petición propia y con motivo de las solicitudes presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y los grupos parlamentarios Catalán y Vasco. Quiero
informarles del acuerdo alcanzado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio sobre un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía.



Me permitirán, señorías, que subraye con carácter preliminar la importancia de este acuerdo en el desarrollo del modelo constitucional de distribución territorial de competencias. En el marco de relaciones entre los diferentes niveles de
gobierno que se deriva del título VIII de la Constitución, el artículo 156 establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias, ello de acuerdo con los principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, que, siguiendo el artículo 138, debe ser garantizada por el Estado. Las sucesivas reformas que ha tenido el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común han
tenido por objeto adecuarlo al mejor cumplimiento de estos principios constitucionales, a la vez que al proceso de descentralización del gasto. Respecto a este proceso, hay que tener en cuenta la reciente aprobación de seis nuevos estatutos de
autonomía y el inicio del proceso de reforma de otros. Además, en la aplicación del sistema de financiación vigente se han detectado una serie de desajustes como consecuencia de la evolución económica y demográfica de los últimos años. En este
entorno, ya desde la pasada legislatura se ha venido trabajando en una reforma del sistema de financiación autonómica que mantenga y refuerce los principios de suficiencia y solidaridad, que respete como punto de partida los recursos del actual
sistema de financiación y que aumente la autonomía y corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Asimismo, el nuevo sistema de financiación deberá mejorar el ajuste de los criterios de reparto de los recursos a los costes reales y corregir los
problemas del modelo actual. Se trata de una reforma que persigue que los ciudadanos sean los verdaderos beneficiarios del sistema de financiación, puesto que este debe ser un instrumento para fortalecer prestaciones y derechos sociales básicos.



Me permitirán que haga primero una referencia a los aspectos que podríamos denominar formales, es decir, al proceso que nos ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio. El antecedente inmediato de esta
reforma es, evidentemente, el modelo que se aprobó en la VII Legislatura, concretamente en la Ley orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y en la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación. En aquel sistema, que es el vigente en la actualidad, es reseñable la incorporación de la sanidad y de los servicios sociales al modelo
general de financiación. Las necesidades globales de financiación se determinaron combinando la aplicación de variables cuantificadas en el año base 1999 por masas homogéneas, garantías de statu quo, aplicación de fondos específicos y modulaciones.
En el ámbito de los ingresos se amplió la financiación de carácter tributario, abarcando las tasas afectas a los servicios traspasados y además de los tributos cedidos tradicionales, otros de nueva creación. Se amplió la cesión del IRPF y se
extendió parcialmente al IVA, impuestos especiales y otros indirectos, al mismo tiempo que se amplió el alcance de las competencias normativas. Además -y en esto se hizo mucho énfasis- no se limitó la vigencia del sistema a cinco años.



Algunos aspectos estructurales de este sistema, junto con el significativo y asimétrico aumento de la población experimentado por las comunidades autónomas en los años de su aplicación, condujeron a que ya en la pasada legislatura se
debatiera sobre sus efectos y comenzaran los trabajos dirigidos a su revisión. También en la pasada legislatura fue ya necesario adoptar una serie de medidas para paliar las insuficiencias del modelo aprobado en el año 2001. Me estoy refiriendo a
la creación del Grupo de trabajo de población en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2004. Además, en la Conferencia de Presidentes de 10 de septiembre de 2005 se acordaron una serie de medidas para mejorar la financiación
sanitaria, desde el cambio en la fórmula del cálculo de anticipos a cuenta como aportaciones presupuestarias directas que supusieron más de 3.000 millones de euros tanto para el año 2006 como para el año 2007. Asimismo, la conferencia propuso la
creación de un grupo de trabajo para el análisis del gasto sanitario en el seno del Consejo de Consejo de Política Fiscal y Financiera que elaboró el informe correspondiente y al que varias comunidades autónomas -quiero señalar Andalucía, Cataluña,
Canarias, Baleares, Castilla y León y Galicia- aportaron sus puntos de vista. A la vez, se aprobaron las reformas de los estatutos de autonomía de seis comunidades autónomas de régimen común: Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Islas
Baleares, Aragón y Castilla y León; reformas que se aprobaron todas ellas, como he dicho, cuando estaba en marcha el


Página 3


proceso de revisión. Estas normas, los nuevos estatutos, que forman, por tanto, parte del bloque de constitucionalidad, contienen disposiciones que inciden en el modelo de financiación actualmente vigente; disposiciones que -quiero
recordar- han sido aprobadas en esta Cámara y por tanto debían tenerse en cuenta a los efectos de elaborar un modelo que cumpla con las previsiones incluidas en dichos estatutos.



Pues bien, este es el contexto en el que en la presente legislatura se ha abordado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. Ha sido un proceso que cumple con los preceptos
constitucionales y en particular con los criterios de multilateralidad y bilateralidad en las negociaciones, tal como lo recogen las sentencias del Tribunal Constitucional 13/2007 y 58/2007, por poner dos ejemplos. Me gustaría destacar la voluntad
y el esfuerzo del Gobierno para actuar con la mayor transparencia en la búsqueda del máximo consenso. Eso, desde luego, ha supuesto asumir un mayor grado de complejidad. También quiero agradecer el trabajo de todos los implicados en este proceso
de reforma, cuyos esfuerzos han permitido la redacción y adopción del acuerdo que hoy les presento. En este momento me permitirán que me refiera de manera especial al señor Solbes, no solo por mi reconocimiento personal sino también por la tarea
que desarrolló en este campo. En las distintas etapas que se han sucedido hasta el acuerdo ha habido reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano multilateral de coordinación y cooperación, pero ha habido también numerosos
contactos bilaterales con cada una de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. De hecho, el consejo nunca ha tenido una participación tan activa en el proceso de reforma como lo ha tenido en el presente. Para demostrar esta
afirmación, me permitirán que realice una breve recapitulación. En la sesión del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de mayo de 2008, es decir al inicio de la legislatura, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y
Hacienda presentó unas líneas generales para la reforma del sistema de financiación. A continuación tuvo lugar una primera ronda de contactos bilaterales durante los meses de junio y julio. Tras esa ronda, el Gobierno presentó en la sesión
plenaria del 22 de julio de 2008 un primer documento de bases para la reforma del sistema de financiación. Una segunda ronda bilateral de contactos culminó el 30 de diciembre de 2008 con la presentación por el Gobierno de su propuesta de bases para
un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación. A ello siguió una tercera ronda con todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. Han sido, por tanto, más de cien reuniones, además de muchas otras de
ámbito estrictamente técnico, que han culminado con la reunión del pasado 15 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propuesta resultó aprobada por el consejo sin recibir ningún voto en contra, es decir, no solo se superó con
creces la mayoría cualificada exigida por el reglamento para la adopción de acuerdos en primera votación, sino que ninguna comunidad autónoma ha rechazado el acuerdo. A partir de este momento y de la misma forma que en la reforma anterior, el
Gobierno va a proceder a tramitar la correspondiente reforma legal, que esperamos que el Consejo de Ministros apruebe y presente al Congreso en las próximas semanas. Culminado el trámite parlamentario, y una vez que estas modificaciones normativas
resulten aprobadas, se procederá a convocar las comisiones mixtas del Gobierno con las comunidades autónomas en aplicación de sus respectivos estatutos de autonomía. Tras la celebración de estas comisiones, se procederá a tramitar los
correspondientes proyectos de ley de cesión de tributos a cada comunidad autónoma. Por tanto, vamos a tener ocasión, señorías, de seguir tratando este tema durante los próximos meses.
Querría recordar que este Gobierno ha dado cumplida cuenta en
el Parlamento a lo largo de todo este proceso de los elementos en torno a los cuales se producía la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, tanto a solicitud de SS.SS. en las sesiones de control como en comparecencias en esta
Comisión a lo largo de la legislatura. No me estoy refiriendo únicamente a la comparecencia monográfica en fechas similares el año pasado. La financiación autonómica ha sido una materia que, con mayor o menor profundidad, se ha tratado en todas
las comparecencias que hemos realizado los titulares de la cartera de Economía y Hacienda en esta Comisión.



Pasaré ahora a centrarme en lo que sin duda es lo más importante, el contenido del acuerdo. Es cierto que el sistema anterior se aprobó por consenso, pero también hay consenso -y han sido las propias comunidades autónomas las que de manera
insistente lo han venido recordando- sobre los problemas que presenta este sistema -en teoría diseñado para durar eternamente- y que han hecho que resulte necesaria la reforma que ahora acometemos. Son problemas como los siguientes: no tiene en
cuenta adecuadamente la variable poblacional y su evolución; no garantiza que los servicios públicos fundamentales cuenten con la misma financiación en todo el territorio; el cálculo de la población ajustada no tiene en cuenta adecuadamente ni la
población joven, con su incidencia en el gasto en educación, ni los mayores, con su incidencia en el gasto sanitario. El sistema ha provocado asimismo que las diferencias en financiación per cápita, tanto nominal como ajustada, sean muy grandes y
no estén justificadas. Además, el sistema no permite una verdadera actualización en función de los cambios poblacionales, como en teoría estaba previsto, ya que el mecanismo ha sido de imposible aplicación en la práctica. El acuerdo para la
reforma pretende dar respuesta a estos problemas. Se trata de un modelo que tiene en cuenta el aumento de la población que se ha producido desde 1999, año de referencia del actual modelo, y que va a tener en cuenta anualmente los cambios en el
futuro. Garantiza a todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma


Página 4


en la que residan, la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales -educación, sanidad y servicios sociales-, a los que dedica el 80 por ciento de los recursos. Reduce significativamente las diferencias en la
financiación per cápita ajustada. Incluye todas las variables de población que para cada una de las comunidades autónomas puedan ser relevantes en términos de necesidades de financiación, la población, desde luego, pero también la población
sanitaria protegida, distribuida en siete grupos de edad, la población menor de 16 años y la población mayor de 65, así como las variables no poblacionales, superficie, dispersión, insularidad, además de la densidad, específicamente señalada en el
Estatuto de Castilla y León. Asimismo, otorga a las comunidades autónomas una mayor autonomía financiera y una mayor corresponsabilidad fiscal. Finalmente, tiene elementos dinámicos y de flexibilidad que permitirán su ajuste anual a los cambios
poblacionales y a la realidad demográfica de cada comunidad autónoma. En este nuevo modelo de financiación el Estado se compromete a incorporar recursos adicionales para reforzar el Estado de bienestar que se distribuirán con criterios
transparentes, criterios y parámetros con su ponderación reflejados en el acuerdo: población actual e incrementos de población experimentados en los últimos años. El cómputo de la población se realizará en términos de habitante ajustado o unidad
de necesidad, con una mejor aproximación al gasto en atención a la ponderación de las variables.



En el nuevo modelo el Estado se compromete a aportar recursos adicionales distribuidos en proporción a la población dependiente de cada comunidad para facilitar la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. El Estado va a aportar también recursos adicionales a las comunidades autónomas que se ven más afectadas por los costes adicionales derivados de la dispersión y la escasa densidad de población. Finalmente, se
prevé incorporar recursos adicionales destinados a las políticas de normalización lingüística por un importe resultante de multiplicar por 2,5 la financiación que proporcionaría el actual sistema en el año 2009.
Los recursos adicionales que
aportará el Estado se distribuirán de forma gradual a lo largo de este año y los tres siguientes, de manera que resulten compatibles con los objetivos de la política macroeconómica y de estabilidad presupuestaria. Permítanme recordar un elemento
importante: el punto de partida del acuerdo sobre el nuevo modelo son los recursos de todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en el actual sistema. A esos recursos se añadirán los recursos adicionales que
aporta el Estado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Constitución, el nuevo sistema garantizará que, dentro del marco de suficiencia global, los recursos financieros para la prestación de los servicios básicos del Estado de
bienestar sirvan para que esos servicios puedan ser prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Esta garantía, que no existe en la actualidad, es uno de los elementos fundamentales para alcanzar la compatibilidad entre los
principios de equidad y autonomía en un entorno descentralizado, y se va a instrumentar mediante un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, un mecanismo para que la financiación del Estado de bienestar sea equivalente al 80 por ciento
de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. La financiación de este fondo será con el 75 por ciento de los recursos tributarios de las comunidades autónomas y con un 5 por ciento que aporta el Estado. Por lo que hace referencia a las
variables representativas de esa unidad de necesidad de financiación de los servicios públicos fundamentales, se aumenta la ponderación que en el sistema actual tienen los factores de dispersión, insularidad y superficie en materia de sanidad, de
educación y de servicios sociales.
Como saben, en el sistema anterior estos factores no poblacionales no afectaban a todas las masas sino solo a alguna de ellas. Se perfecciona, asimismo, el tratamiento de la población como variable,
diversificando la misma en segmentos de edad que permiten una mejor representación de las necesidades de gasto en materia de educación y de servicios sociales, dos prestaciones tan ligadas a la población en edad escolar y al envejecimiento,
respectivamente. Asimismo, se recoge la variable población protegida equivalente en sustitución de la simple población protegida por representar mejor las necesidades de gasto en sanidad.



Además de este fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, habrá un fondo de suficiencia global que permitirá garantizar la financiación de todas las competencias que han sido transferidas y complementará los recursos.
Asimismo, con el objetivo de alcanzar la convergencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos al tiempo que se incentivan la autonomía, el desarrollo económico y la capacidad fiscal, se crean también, mediante aportación estatal
adicional, dos fondos de convergencia autonómica. Uno de ellos es un fondo de competitividad que reforzará la equidad y eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos, reduciendo las diferencias en financiación per cápita entre
comunidades autónomas, un fondo que se dotará anualmente en la cantidad que se prevea en los Presupuestos Generales del Estado pero que en 2009 tendrá un importe equivalente al 70 por ciento de los recursos adicionales que se especifican en el
acuerdo para su distribución en relación con el incremento de la población ajustada entre el año 1999 y el año 2009. Y un segundo fondo es de cooperación, que permitirá cumplir con el objetivo de facilitar la convergencia en los niveles de vida de
los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia; por ello atiende a las comunidades de menor renta per cápita y a aquellas que registran una dinámica poblacional especialmente negativa que pueda comprometer su desarrollo futuro. La
dotación de este fondo se fijará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.



Página 5


En el nuevo sistema de financiación se aumenta la autonomía de las comunidades autónomas tanto en términos cuantitativos como cualitativos.
Se potencia así la corresponsabilidad de las comunidades autónomas y la transparencia en la
atribución de los recursos a las diferentes administraciones. En concreto, se eleva al 50 por ciento la cesión a las comunidades autónomas en el IRPF y en el IVA y al 58 por ciento en los impuestos especiales. Con estos porcentajes de cesión, el
peso de los recursos tributarios se sitúa en el entorno del 90 por ciento de la financiación de las comunidades autónomas; se trata por tanto de un aumento de 20 puntos porcentuales respecto a la situación actual. Se incrementan también las
competencias normativas de las comunidades autónomas en los tributos cedidos parcialmente. Se amplían las competencias en el IRPF tanto en materia de modificación de los mínimos personales y familiares como en la aprobación de la escala autonómica
del impuesto y las deducciones de la cuota. Se refuerza también la participación y colaboración recíproca entre las administraciones tributarias. De acuerdo con lo previsto en algunos estatutos, se cederán a las comunidades autónomas que lo deseen
las competencias de revisión económico-administrativa de los actos emanados de sus propios órganos de gestión sobre tributos totalmente cedidos, todo ello por supuesto sin perjuicio de mantener la unificación de criterio en el ámbito de competencias
del Estado. Y finalmente se revisan algunos aspectos del sistema de entregas a cuenta con el fin de que haya una mayor coincidencia temporal entre la recaudación de los recursos y los ingresos de las comunidades autónomas; en concreto, se ha
mejorado la fórmula que determina la entrega a cuenta del rendimiento tributario del IRPF, permitiendo que el importe de las declaraciones de los no declarantes se tenga en cuenta, de igual manera que sucede hasta ahora, exclusivamente con la cuota
líquida. El último de los objetivos de esta reforma es el de la mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Para ello, en el cálculo de la garantía de igual financiación de los
servicios públicos se procederá a una actualización anual de las variables que determinan la necesidad de financiación. Esta es una mejora sustancial que da solución a un problema histórico de nuestro sistema de financiación, y asimismo y de forma
quinquenal se procederá a la realización de una evaluación de los elementos estructurales del sistema por si hubiera que realizar alguna modificación.



Estos son los aspectos determinantes del nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, tal como ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero además hay otros compromisos
financieros del Gobierno que se expresaron al tiempo que se presentaba este modelo de financiación y que me gustaría destacar por su importancia. A finales del mes pasado se comunicaron oficialmente a las comunidades autónomas las entregas a cuenta
del sistema de financiación que les corresponden en 2010 por aplicación de la normativa reguladora del sistema de financiación actualmente en vigor. El deterioro sufrido por la economía española se ha trasladado inevitablemente a las finanzas
públicas y ello ha determinado que todas las administraciones dispongamos de un volumen de recursos sensiblemente inferior al de años precedentes. Por tanto, las entregas a cuenta calculadas con el actual sistema para el año 2010 se ven afectadas
por la pérdida de recursos tributarios y se ven así mermadas respecto a las de ejercicios precedentes, todo ello sin perjuicio de que cuando el sistema nuevo de financiación esté en vigor se añadan los recursos adicionales previstos a todas y cada
una de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. Por otra parte, la dinámica del sistema determina que no pueda conocerse de manera definitiva cuáles han sido los recursos totales de un determinado ejercicio hasta dos años
después. Esto hace que gran parte del efecto de la pérdida de recursos tributarios que se ha venido produciendo desde el año 2008 no se vea trasladado a las comunidades autónomas hasta el año 2010. Podríamos decir que una buena parte de la pérdida
de ingresos la está asumiendo en estos momentos el Estado. La recaudación de 2008 se ha situado por debajo de la previsión que se contempló en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio y, como saben, fue la utilizada para realizar
las entregas a cuenta del sistema durante ese año. Previsiblemente, la recaudación del año 2009 va a situarse también por debajo de la previsión que se contempló en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Esto ha determinado que la
previsión del rendimiento definitivo del sistema para 2008, con los datos de recaudación que se conocen a día de hoy, resulte inferior a las entregas a cuenta realizadas, dando, por tanto, lugar a liquidaciones negativas. Ante esta situación, el
acuerdo del nuevo sistema de financiación aporta dos claras mejoras. En primer lugar, contempla la posibilidad de anticipar durante el año 2010 los recursos adicionales que aporta el nuevo sistema y contempla también que, si las liquidaciones del
sistema en los años 2008 y 2009 resultaran negativas, su reintegro resulte aplazado sin necesidad de petición por parte de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, realizándose a partir de 2011 y 2012 respectivamente y
periodificándose durante cuatro años.



Para terminar, señorías, querría resumir señalando que el nuevo modelo permite que todas las comunidades autónomas sin excepción mejoren su financiación, porque aumentan sus recursos para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Se
gana en equidad y en solidaridad, puesto que habrá una garantía de igual financiación de los servicios públicos fundamentales, fortaleciendo nuestro Estado del bienestar. Se mejora la convergencia de las distintas comunidades autónomas en
financiación y por tanto en renta per cápita, se tienen en cuenta la dificultades financieras que van a tener en los dos próximos años las comunidades y ciudades con


Página 6


Estatuto de Autonomía. En resumen, creo que el esfuerzo que hemos hecho entre todos ha merecido la pena y que el acuerdo que se ha alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera contiene un modelo que es mejor que el anterior, en
beneficio del conjunto de los ciudadanos.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salgado.



Pasamos a las intervenciones. En primer lugar, lo hará el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el señor Montoro tiene la palabra.



El señor MONTORO ROMERO: En primer lugar quiero decir que comparece usted tarde, muy tarde; la hemos tenido que traer a empujones al Congreso de los Diputados, cuando realmente tenía margen más que suficiente, aprobado el sistema en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, para comparecer cuanto antes en esta Cámara. Pero así está funcionando el conjunto del Gobierno, le da repelús venir a esta Cámara a hablar de las cuestiones y hoy hablamos de una cuestión institucional del
Estado en España. Porque efectivamente la democracia española es el Estado de las autonomías; la democracia española es también la diferencia en los diferentes regímenes que financian el Estado de las autonomías en España y, en definitiva, la
democracia española lo que espera es que los ciudadanos se encuentren en eso que llamamos Estado de las autonomías, que coincidan sus intereses en eso que llamamos Estado de las autonomías. No hay país en el mundo que haya hecho el ensayo de, en
treinta años, construir un sistema político descentralizado administrativa y financieramente, como lo ha hecho España, recuperando la esencia de la Hacienda pública española, un sistema donde conviven el régimen común, que es del que estamos
hablando hoy, de la financiación autonómica con haciendas forales, que a su vez son diferentes, la de la comunidad autónoma, en definitiva de los territorios vascos y de Navarra, con los regímenes económico-fiscales de Canarias y con los regímenes
económico-fiscales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



Eso es España, la España de las autonomías. Y esa es la España donde no se pueden admitir los privilegios entre ciudadanos, los ciudadanos no pueden verse distanciados, diferenciados entre sí, a la hora de acceder a los servicios públicos,
al concepto del Estado, que es lo que sustenta nuestra democracia. Por eso, cuando hablamos de negociaciones políticas en torno al presente o al futuro de ese sistema estamos hablando de la convivencia política de los españoles; eso sí, traducida
en cifras, porque se cuantifica realmente en qué consiste ese acceso. Y quiero resaltar que en su comparecencia la vicepresidenta no ha dado ni una sola cifra. Magnífica información a la Cámara, formidable información, transparencia a los
españoles. Viene a la Cámara, al Congreso, y no ha dado ni una sola cifra. ¡Qué maravilla! Hablemos del régimen institucional y hablemos de los problemas que sin duda alguna tiene todo sistema de financiación, pero cuantifiquemos, señoría.
Cuantifiquemos, porque si no estamos hablando del sexo de los ángeles, señoría, y ahora no estamos hablando de eso. Aparte de que usted hasta llega a confundir en la última parte lo que es la evolución de la renta per cápita con la financiación per
cápita. Seguro que ha tenido un lapsus ahí o se lo habrá puesto alguien en un folio. Realmente no tiene nada que ver la renta per cápita que se alcanza en un territorio, que es el nivel de desarrollo de ese territorio, con la financiación de los
servicios públicos que está facilitado desde la oferta cuantitativa en ese territorio.



Dicho esto para enmarcar, quiero recordar algo, que es bastante simple por lo demás, que es que ese Estado de las autonomías vivió los procesos de descentralización política mayores cuantitativamente con los gobiernos del Partido Popular,
que hicieron la transferencia de educación a las diez comunidades autónomas que no la tenían en los años noventa y a continuación hicieron la transferencia de sanidad a las diez comunidades autónomas que no la tenían, ligada precisamente, como usted
ha destacado esta mañana, a un sistema global y general que lo que pretendía era financiar el conjunto de esos servicios públicos que tienen que prestar las autonomías. Tengo ahora que expresarle mi más rotunda crítica a lo que está haciendo el
Gobierno con el Estado de las autonomías en España.
El resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio es un resultado negativo, que divide a los españoles, que enfrenta a los españoles. Porque usted lo que ha hecho no ha
sido una negociación política franca con los grupos que representamos a los españoles, empezando por el mío, por el Grupo Popular. La gran diferencia del sistema que están haciendo ahora con el sistema del año 2001 -cuando efectivamente se hizo un
sistema nuevo, porque caducaba, porque tocaba, finalizaba el quinquenio de ese sistema- está en el sentido político y en la negociación política. No ha habido ninguna voluntad ni ninguna intención del Gobierno socialista de negociar con el Partido
Popular nada menos que la vertebración de la Hacienda pública española. Ninguna, señorías, ninguna intención. Se ha ido directamente a la puerta de las comunidades autónomas. Eso lo sabe usted. Y esa es una gran diferencia con lo que se hizo en
el pasado, con la forma de entender la política y con la forma de entender el Estado de las autonomías en el pasado. Jamás se ha tratado de negociar un sistema como el actual.



Y eso tiene otra clave política, que es ¿por qué no lo ha hecho con el Grupo Parlamentario Popular, con el grupo político, con el Partido Popular? Porque, en definitiva, lo que ha hecho no ha sido un sistema de financiación general para
todos los españoles. Ha hecho un sistema que tiene un servicio político concreto, que es facilitar la continuidad del tripartito de Cataluña, que es lo único que, en términos políticos, le interesa realmente al Gobierno socialista del presidente
Zapatero.
Además, lo ha hecho así porque está buscando los apoyos parlamentarios para los próximos Presupuestos Generales del


Página 7


Estado del año 2010. En definitiva, señorías, así no se construye un sistema vertebrador de las autonomías en España. Así se sirve a intereses partidistas y de esa forma lo que se produce es el encontronazo, la divergencia entre los
españoles. Por tanto, ciertamente el planteamiento de este sistema no puede ser más inoportuno y más partidista, incluso sectario. Si queda alguna duda, le diré que el domingo que hizo la presentación pública de lo que iba a ser el método, el
contenido del sistema, que no de las cifras, ya hubo un grupo político, que fue Esquerra Republicana de Catalunya, que dio una rueda de prensa, que se vio en toda España, con la cifra delante. Ahora hablaré de esta cifra, ya que le voy a preguntar
dónde está esa cifra; voy a buscar esa cifra, no me voy a conformar con que un grupo político dé una rueda de prensa con el emblema de la cifra que supuestamente va dirigida a una determinada comunidad autónoma. Es que usted está negociando con
algunos grupos políticos el contenido, el supuesto contenido, de cifras, y no lo hace ni siquiera con los gobiernos autonómicos, que en definitiva tienen el deber, no el problema, el deber de financiar los servicios públicos básicos de los
españoles. En términos políticos, lo que ha hecho el Gobierno socialista es completamente rechazable, es completamente repudiable, y por tanto en el futuro tendremos que reparar un sistema que nace viciado y que nace hacia el enfrentamiento y la
divergencia de los españoles.



Me referiré, dicho esto, también al contexto económico donde se produce la revisión del sistema, porque si me permiten el símil, señorías, esto es como llevar el volante de un automóvil por una carretera helada. Si uno va por una carretera
helada y da un volantazo, la bofetada es segura.
Porque realmente estamos viviendo una crisis económica que es la más grave de nuestra historia, una crisis que hace resentir los ingresos de la Hacienda pública española en la mayor medida de la
Unión Europea.
Porque no sé si lo conoce la señora ministra, pero la media de la zona euro, en los ingresos tributarios, cayó en el año 2008 apenas un 2, un 1,5 por ciento, mientras que en España caía casi un 7 por ciento. En el año 2008, no le
hablo ya del año 2009, donde vamos a duplicar esa caída de ingresos tributarios. Por tanto, España se está resintiendo, la Hacienda pública está completamente sin ingresos, está vacía.



¿Y qué reparte la señora ministra? ¿Qué reparte? ¿De dónde saca el reparto? Reparte deuda, eso es lo que reparte, señorías. ¡Si no tiene nada que repartir! Dice: el Gobierno incrementará recursos. ¿Cómo los va a incrementar si lo que
está haciendo el Gobierno es colocar una deuda pública a una velocidad que realmente lo que hace es que no haya crédito para salir de esta crisis económica, que lo que hace es que se penalice a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, cuando acude
al banco? Esta es la otra gran crítica que hay que hacerle a este sistema en el momento de nacimiento. Porque, cuando se está en una crisis, lo que hay que buscar precisamente son los acuerdos políticos y el concierto político para salir de ella.
Estamos en una crisis presupuestaria de una gravedad enorme, en la que el Gobierno socialista -y gracias a eso está usted ahí, como le dije ya el primer día en el Pleno del Congreso- ha falseado los presupuestos del Estado del año 2008 y del año
2009 para negar la crisis.
Eso ha llevado a una sobrefinanciación de las comunidades autónomas. ¿Nos podría decir la señora ministra en esta Cámara -la cuenta se la puedo hacer yo también- cuánto tienen que devolver las comunidades autónomas en
razón del cierre del ejercicio 2008 y cuánto es previsible que tengan que devolver por la doble vía del anticipo de impuestos parcialmente cedidos y por la vía del Fondo de Suficiencia? ¿Nos podría decir cuánto dinero tienen que devolver las
comunidades autónomas? No miro a nadie, lo ha dicho usted; en la comparecencia de hoy ha dicho: Ya hemos dado a las comunidades autónomas el anticipo a cuenta del año 2010. Y no ha precisado.



¿Por qué la ministra de Hacienda de España viene al Congreso de los Diputados y no es capaz de decir -algo que saben las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas lo saben en este momento- cuál es la cifra que le ha dado
Hacienda para hacer los presupuestos de todas las comunidades autónomas para el año que viene? ¿Quiere que se la diga yo, señora ministra? ¿Quiere que se la digo yo? No me corresponde. Por razones obvias, tengo la información solo de algunas.
¡Facilite la de todas! Facilite, en relación con 2009, cuántos ingresos de menos le ha dicho que va a tener la comunidad autónoma equis; rellenen ustedes las equis, no miro a nadie. Rellenen ustedes la equis, no vaya a ser que en el año 2010 vayan
a tener muchos menos ingresos, muchos menos -y hablo de 2010, no hablo del futuro, cuando se acabe esta legislatura-, y que con los nuevos recursos que incorpora formalmente el Gobierno, las comunidades autónomas tengan muchos menos ingresos para
financiar realmente la sanidad, muchos menos ingresos para financiar la educación, muchos menos ingresos para financiar las prestaciones sociales, muchos menos ingresos para financiar la dependencia. Ya verán la cara que se le va a quedar a alguno
cuando pregunte por la cifra. ¡Ya verán la cara que se les va a quedar! ¿Dónde está mi cifra? Porque, claro las cuentas no cuadran. Si es que estamos en una crisis, señorías, y de una crisis salimos entre todos, tenemos que salir entre todos
haciendo ese planteamiento. Por razón política, por razón económica. Porque, en definitiva, lo que está haciendo es un sistema, por esa razón política, a medida y que está debilitando al Estado, en un momento en el que no tiene que promover la
debilidad del Estado. Estamos aprendiendo que de esta crisis tenemos que salir entre todos, pero no corresponde a los ámbitos de las comunidades autónomas, no tienen competencia para hacer las reformas estructurales que necesita nuestra economía
para salir de verdad de una crisis y evitar esta destrucción de empleo que se está produciendo.



Para el Partido Popular el tema no es que se haga un traje a medida para nadie y menos para Cataluña. (Una señora diputada: ¡De eso sí que sabéis!) Sí, sí, ya sé


Página 8


que lo de los trajes les evoca algo; si quieren pasamos a los peinados, a la sección de peluquería, después de la sección de vestimenta. (Risas.) Lo que se está haciendo es un maquillaje ante la falta de recursos tributarios y de recursos
presupuestarios que ciertamente perjudica.
Cataluña es fundamental para salir de la crisis económica de España, Cataluña es una pieza esencial del Estado de las autonomías de nuestro país, Cataluña es uno de los grandes motores económicos de
nuestro país.
Por tanto, como tal motor hay que cuidarlo, hay que engrasarlo y hay que darle capacidad y potencia. Pero no se le da capacidad y potencia cuando se trata de disfrazar delante de los catalanes una cifra, que es 3.850 millones de
euros, que ya me enseñarán ustedes -y les emplazo a ello- en qué año la van a conseguir. Ya me lo contarán ustedes. Una cifra absolutamente maquillada, porque para el año próximo -y ya se lo anticipo; lo ha dicho la ministra- habrá sufrimiento,
dolor y lágrimas.
Recorte de ingresos presupuestarios; no se atreve a decir en cuánto, pero sí lo sabe el conseller de Economía y Hacienda. Él tiene el dato; pregúntenle. Pregunten en el Parlamento autonómico cuál es la base de ingresos que el
Estado le está dando para hacer el presupuesto del año que viene, y verán realmente que estamos en una situación que es la situación propia de una crisis.



Señorías, acabo diciéndoles que, además, hay otros elementos y argumentos, como es que ustedes penalicen a las comunidades autónomas que bajan impuestos. Pero ahí está usted en su salsa, señoría. Usted, que se declara muy de izquierdas,
está creando el escenario para subir los impuestos a los españoles, a las clases medias españolas, en Cataluña y en toda España. En definitiva, a eso es a lo que nos están llevando propuestas como la que estamos abordando hoy aquí. Necesitaríamos
otra clase de impulso político, necesitaríamos otra clase de iniciativa política y necesitaríamos respuestas cuantitativas. Necesitamos que usted venga a la Cámara a hablarnos de cifras, a hablarnos de las estimaciones que tiene el Gobierno, y en
definitiva a decir, tranquilizando a todos los ciudadanos, que el Estado de las autonomías no es el Estado del enfrentamiento entre los españoles, sino que es al contrario, es el Estado de la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los
servicios públicos fundamentales de los españoles. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, por Convergència i Unió.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar quiero agradecer la comparecencia de la vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía ante esta Comisión de Economía y Hacienda para explicar todos aquellos aspectos relevantes del
nuevo acuerdo de financiación.



Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, cuando los catalanes votamos el Estatuto de Cataluña adquirimos sobre planos un sistema de financiación muy sólido y consistente. Ahora ustedes nos entregan el edificio, o sea, el sistema
financiero, que no se corresponde con los planos acordados. Habrá quien diga que sirve para cobijarse; quizás sí sirva para cobijarse, pero no se corresponde con lo acordado. La realidad, señora vicepresidenta, es que se compró un edificio amplio
y sólido y ahora ustedes nos entregan una caseta de feria o, mejor dicho, un aparatoso decorado de cartón piedra. Habrá quien diga quizás que es una estafa o que es un fraude, pero lo que sí es cierto, señora vicepresidenta, es que, desde un punto
de vista jurídico, es un flagrante incumplimiento de la ley orgánica aprobada en el año 2006 por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados respecto al Estatuto de Cataluña. Por este motivo, señora vicepresidenta, desde Convergència i Unió
creemos que este sistema de financiación que usted nos acaba de explicar no se ajusta al Estatuto aprobado en el año 2006; no se ajusta al modelo de financiación previsto en este Estatuto, y tampoco cumple el calendario previsto; su aplicación
íntegra pasa del año 2011 al año 2012, hay un año más. Señora vicepresidenta, desde nuestro punto de vista es un acuerdo opaco para que nadie saque a corto plazo los entresijos de este pacto y que cada comunidad autónoma pueda vender el acuerdo a
su gusto.



Desde Convergència i Unió tenemos dudas sobre la voluntad del Gobierno central respecto a la transparencia del modelo. Si estas dudas hoy no nos las puede aclarar sobre la base de las preguntas que ahora le vamos a plantear, desde nuestro
punto de vista hay opacidad y falta de transparencia, porque en este documento de 76 páginas que nos han entregado es imposible descifrar todos aquellos recursos que van a percibir las comunidades autónomas en un futuro; realmente hay más
incógnitas que ecuaciones. Por tanto, si ustedes no nos aclaran las dudas de este grupo parlamentario, las preguntas que le vamos a formular, no dejaría de ser una carga de profundidad contra la calidad democrática de nuestro país. Entendemos que
lo básico en democracia es el máximo de transparencia y hasta hoy lo que conocemos es un acuerdo de financiación en el que la principal cuestión, lo más relevante, es la opacidad. Faltan datos imprescindibles en este documento para calcular los
resultados que solamente el Gobierno tiene y hoy vamos a intentar, a ver si es posible, que la señora vicepresidenta en esta comparecencia nos los pueda detallar. Como consecuencia de ello, también es cierto, señora vicepresidenta, que todas las
estimaciones previstas por las diferentes comunidades autónomas superan los recursos disponibles.



Con estas consideraciones previas, señora vicepresidenta, desde Convergència i Unió entendemos que este acuerdo de financiación que hoy nos ha planteado en esta Comisión de Economía y Hacienda maltrata descaradamente a Cataluña y a todos sus
ciudadanos, va a perjudicar notablemente los intereses económicos de todas las familias catalanas, probablemente también las del resto de las comunidades autónomas -no quiero meterme en este tema, estoy hablando de Cataluña y del


Página 9


Estatuto aprobado en el Congreso de los Diputados en el año 2006-, y va a lesionar gravemente la calidad de los servicios básicos que se van a dar en Cataluña, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Después de todo lo
dicho -y gustosamente haría unas manifestaciones totalmente distintas de las que he hecho-, vamos a plantearle unas preguntas, para ver si es capaz de aclararnos las dudas que Convergència i Unió tiene sobre este sistema de financiación.



La primera pregunta, importante para nuestro grupo parlamentario es, señora vicepresidenta, si puede certificar en esta Comisión que son exactas las cifras que facilitó el señor presidente de la Generalitat, señor Montilla, en el Parlamento
de Cataluña, el 24 de julio de 2009, o las declaraciones del conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, señor Castells, en una entrevista publicada en La Vanguardia el 9 de agosto, diciendo que Cataluña va a recibir, en el año 2012, un
incremento de 3.687 millones, en euros constantes. Para nosotros es fundamental que nos aclare esta situación, porque, según el señor Castells y según el señor Montilla en esta entrevista que yo tengo o en las actas del Parlamento de Cataluña, esta
cifra de euros constantes no depende de la evolución de la economía en los próximos años. Son unas cantidades pactadas en euros constantes con ustedes. También quiero pedirle que nos aclare, como entienden tanto el señor presidente de la
Generalitat como el señor Castells, que sobre un incremento de la actividad económica la cantidad podría llegar a los 4.028 millones de euros no constantes. Desde nuestro punto de vista, es una pregunta muy importante. Sabemos que estos datos
están en poder del Ministerio de Economía, según han manifestado el presidente de la Generalitat y el conseller Castells, pero queremos saber de dónde vienen estas cifras y cómo se han extrapolado estas cantidades, para que, en euros constantes,
Cataluña pueda recibir en el año 2012 un incremento de 3.687 millones de euros.



Con este capítulo de cantidades, también nos gustaría conocer cuáles son las cifras oficiales de reparto de recursos entre comunidades autónomas vinculados al nuevo sistema de financiación, ya que tampoco están especificadas en este
documento. Le voy a entregar estas preguntas por escrito. ¿Cuál es el importe previsto que recibirán Cataluña y el resto de comunidades autónomas de régimen común del total de los recursos adicionales que se integren en el nuevo sistema de
financiación de los años 2009, 2010, 2011 y 2012? ¿Qué recursos recibirán Cataluña y el resto de comunidades autónomas de régimen común provenientes del Fondo de Competitividad? ¿Cuáles son los criterios, señora vicepresidenta, de reparto del
Fondo de Competitividad? ¿Cuál es el importe global del Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales previstos para el año 2009 y para el conjunto de comunidades autónomas? ¿Y para los años 2010, 2011 y 2012? ¿Cuál es el importe de las
transferencias positivas o negativas de Cataluña y el resto de comunidades autónomas de régimen común provenientes del Fondo de Suficiencia global previsto para el año 2009? ¿Cuáles son los recursos vinculados a las competencias específicas de
Cataluña, así como el detalle de su distribución por conceptos? ¿Qué recursos per cápita, señora vicepresidenta, recibirán en 2009 las comunidades autónomas de régimen común, calculados de acuerdo con el criterio de competencias homogéneas, como
consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de financiación? Este es un primer capítulo importante de preguntas que hace referencia a unas cantidades, y este grupo parlamentario, con los datos e incógnitas de este documento de 76 páginas, no
tiene capacidad de llegar a las conclusiones a las que tendríamos que llegar en condiciones normales. Por tanto exigimos, si es posible, con la máxima cortesía, que usted nos aclare estas preguntas, pero sobre todo la primera que le he hecho, que
es muy relevante, sobre esas afirmaciones contundentes del señor Castells y del presidente de la Generalitat, don José Montilla, de que en euros constantes el incremento de recursos que va a recibir la Generalitat en el año 2012 va a ser de 3.687
millones. Queremos saber cómo se llega a esta cifra.



Segunda cuestión importante desde nuestro punto de vista. Es cierto, señora vicepresidenta, que con lo dispuesto en la página 62 de su documento de financiación ustedes dinamitan el principio de lealtad institucional previsto en el artículo
209.1 del Estatuto de Cataluña, y que ustedes, a través de la aprobación de este documento, ponen el contador a cero desde el año 2002 hasta la fecha, quedando saldadas y finiquitadas todas las deudas del Estado con la Generalitat de Cataluña y con
otras comunidades autónomas, provenientes de legislaciones que tienen grandes repercusiones económicas en el desarrollo de su propia normativa, como es el caso de la dependencia, el ámbito económico, el ámbito sanitario, el ámbito judicial y
mercantil, el ámbito educativo, la formación profesional, el Estatuto de la Función pública, etcétera. ¿Me puede decir, señora vicepresidenta, cuántos recursos dejará de percibir la Generalitat de Cataluña si asume su documento? Según nuestros
cálculos van a ser cientos de millones de euros, porque ustedes ponen a través de este sistema de financiación el contador a cero. En la página 62.4.9, lealtad institucional, en el último párrafo, se dice: Por otra parte, con la incorporación de
recursos adicionales por parte del Estado a las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, en el presente acuerdo se garantiza la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones legales existentes hasta la fecha actual. Si esto es cierto -ojalá me equivocara en mis manifestaciones- entendemos que a través de este punto 4.9 sobre la lealtad institucional ustedes se cargan dicho principio previsto en el Estatuto
en su artículo 209.1, y ponen el contador a cero, y ya ninguna comunidad autónoma, en este caso tampoco la Generalitat de Cataluña, podrá reclamar todas aquellas deudas provenientes de desarrollos legislativos como la dependencia, etcétera, ya que
hasta la fecha el Estado


Página 10


tiene la obligación de proveer de recursos a las comunidades autónomas.



Tercer bloque de preguntas importantes desde nuestro punto de vista: devoluciones de anticipos años 2008 y 2009 -páginas 62 y 63-. ¿Es cierto, señora vicepresidenta, que la Generalitat de Cataluña, como consecuencia de que los anticipos
recibidos durante estos dos años 2008 y 2009 van a ser superiores, como usted ha dicho perfectamente en su intervención, a las recaudaciones reales va a tener que extender un cheque al Estado entre el año 2011 y 2014? Nosotros quisiéramos saber,
señora vicepresidenta, a cuántos miles de millones llegarán estas devoluciones, que ustedes conocen perfectamente. Queremos saber qué cheque les tendrá que extender la Generalitat de Cataluña a partir del año 2011, porque ustedes han hecho ya -yo
diría que con muchísima vista- una excepción o una provisionalidad diciendo que el año 2010, que es un año electoral, no se habrá de devolver el dinero, pero querríamos saber a cuántos miles de millones tendrá que ascender el cheque que les va a
tener que extender la Generalitat por estos anticipos que van a superar las recaudaciones.
¿También es cierto, señora vicepresidenta, que con la aceptación de este modelo el Gobierno del tripartito de la Generalitat de Cataluña da el consentimiento
al Gobierno central para poner el contador a cero para todas aquellas deudas contraídas por el principio de lealtad institucional, y en cambio no se acepta lo mismo cuando se trata de deudas de las comunidades autónomas con el Estado, cuando está
más que justificada una mayor necesidad de gastos por el incremento de la población?


El bloque cuarto de preguntas y dudas que no se ajustan al Estatuto son las que hacen referencia a la solidaridad y a la posición en el ranking, señora vicepresidenta. En el artículo 206.5 del Estatuto del Cataluña se dice que Cataluña ha
de contribuir a la solidaridad del Estado, pero con una cláusula de garantía muy importante por la que Cataluña, una vez haya contribuido a la solidaridad, no puede perder posiciones en el ranking de la renta per cápita. ¿Cómo es que en su
documento, señora vicepresidenta, no consta absolutamente nada de un aspecto tan relevante, y que es una de las columnas vertebrales de la financiación del nuevo Estatuto de Cataluña? Nosotros hemos sido incapaces de localizar en las 76 páginas
dónde esta este aspecto de la pérdida de posición en el ranking, una vez se hayan aportado los recursos para la solidaridad. ¿Está usted en disposición de afirmar, señora vicepresidenta, que Cataluña no perderá posiciones después de contribuir a la
solidaridad, de acuerdo con el Estatuto? Por las manifestaciones del tripartito de Cataluña ya sabemos que va a perder posiciones -y muchas-, pero queremos saber si en base a sus manifestaciones o a su criterio -cosa que no ha plasmado en este
documento- Cataluña va o no a perder posiciones. También nos gustaría saber -y sabemos que ustedes tienen este documento- cuál va a ser el ranking definitivo de todas las comunidades autónomas después de haber hecho estas aportaciones. Finalmente
también nos gustaría saber cuáles son las comunidades autónomas que van a quedar por debajo de la media, porque lamentablemente en estos aspectos, que ya le digo que son relevantes y fundamentales desde nuestro punto de vista, no aparece
absolutamente ninguna frase, ninguna palabra, ningún apartado que haga referencia a ello.



Quinto bloque, creación de un consorcio tributario en el plazo de dos años, con participación paritaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. Este consorcio paritario, de acuerdo con el
artículo 204.2, se podría transformar en la Administración tributaria de Cataluña. ¿Por qué en su documento, señora vicepresidenta, desparece totalmente la creación de este consorcio, máxime teniendo en cuenta que estaba planteado en el documento
del señor Solbes del 30 de diciembre del año 2008? Este era un asunto relevante, importante y fundamental -usted no estuvo en las negociaciones que se formalizaron en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Socialista, pero yo sí-,
pero desgraciadamente en este documento de 76 páginas desparece la creación de este consorcio.



Sexto punto -y voy finalizando, señor presidente-, financiación de servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales, artículo 206.3 del Estatuto de Cataluña. ¿Por qué, señora vicepresidenta, ha desaparecido en su documento de 76
páginas que para financiar los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales la nivelación tendrá un denominador común para todas las comunidades autónomas, siempre que hagan un mismo esfuerzo fiscal o similar? Ha desaparecido está
frase: Siempre que las comunidades autónomas hagan un mismo esfuerzo fiscal o similar. Este era un tema clave, nuclear en la negociación estatutaria y ustedes también lo han olvidado, me imagino que deliberadamente, en este documento de 76
páginas. He de decirle, señora vicepresidenta, que si no nos aclara ahora este olvido va a perjudicar notablemente las finanzas de la Generalitat de Catalunya.



Séptimo bloque: necesidades de gasto de la población, artículo 206.6.
Señora vicepresidenta, también ha desaparecido materialmente todo lo previsto en el Estatuto de Cataluña para determinar la variable básica de necesidades de gasto de la
población en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la inmigración, al porcentaje de inmigración, y al coste diferencial de la vida en las diferentes comunidades autónomas, en este caso en la Generalitat de Catalunya. Estos párrafos que
hacen referencia a la inmigración, al porcentaje de inmigración y al coste diferencial de la vida, que eran muy relevantes e importantes, han desaparecido, han sido literalmente barridos de su documento de 76 páginas.



Octavo grupo de dudas: bilateralidad. Según el artículo 201.3 la financiación corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Quisiéramos ver las actas de este acuerdo bilateral que prevé el Estatuto
entre el Estado y la Generalitat, dónde se han formalizado estas reuniones; si estas actas


Página 11


son públicas, como está previsto en el Estatuto, nos gustaría conocer su contenido, pero a lo mejor es que no existen, y también nos gustaría que usted nos lo explicara o que nos las enviara, a no ser que lamentablemente sean unas actas
totalmente inexistentes, unas actas fantasma.



Último bloque de dudas, que están perfectamente referenciadas en el Estatuto y que no deja de ser la novena columna vertebral del Estatuto que ustedes votaron en el Congreso de los Diputados en el año 2006, que hace referencia a la
actualización del sistema. El artículo 208 del Estatuto de Cataluña dice que este Estatuto se ha de actualizar quinquenalmente. Nos gustaría saber si existe un documento aparte -no está en este documento de 76 páginas- en el que se diga dónde está
prevista la actualización quinquenal del sistema de financiación previsto en el Estatuto de Cataluña. También queremos saber si ha desaparecido este importantísimo acuerdo para nosotros de la actualización quinquenal de la previsión del sistema de
financiación.



Sobre la base de estas consideraciones, de estas dudas, de estas preguntas que le hemos hecho hemos iniciado esta intervención con una afirmación contundente y potente: cuando los catalanes votamos el Estatuto adquirimos los planos de un
edificio que contemplaba una financiación muy sólida y muy consistente, pero finalmente, a través de lo que usted ha explicado -cosa que ya sabíamos con anterioridad, desde el mes de julio-, resulta que los catalanes en vez de un edificio, de un
sistema de financiación potente y consistente, vamos a recibir una caseta de feria o un aparatoso decorado de cartón piedra. Ojalá en su intervención, señora vicepresidenta, en aras de una mejor calidad democrática, pueda contestar a esta falta de
transparencia, a esta gran opacidad que ha existido en este acuerdo de financiación de 76 páginas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu en representación del Partido Nacionalista Vasco.



El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser bastante más breve que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.



En primer lugar quisiera agradecer a la vicepresidenta su comparecencia hoy aquí. Pero, señora vicepresidenta, cuando los grupos parlamentarios solicitamos su comparecencia para explicar y concretar el acuerdo de financiación autonómica que
usted había alcanzado con responsables de las comunidades autónomas, de manera poco transparente y no muy pacífica -ahí están las hemerotecas, incluso las intervenciones de hoy-, el asunto tenía el máximo interés; no digo que hoy no lo tenga,
porque de hecho, por las intervenciones que hemos escuchado, se ve que lo tiene, en especial para los que están afectados directamente por el nuevo modelo de financiación. Sin embargo, desde el punto de vista político, el riesgo de una sentencia
desfavorable para el Estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional, con sus nefastas e impredecibles consecuencias políticas, hace que el tema de la financiación autonómica sea casi un tema menor. Pero este verano también han quedado
patentes otras cuestiones. La mayoría de los analistas económicos coinciden en que la crisis de la economía española es una crisis de hondas raíces y de difícil superación. No voy a entrar a analizar con detalle la situación de la economía
española, pero el déficit exterior, el aumento imparable del déficit público, y sobre todo el mercado de trabajo dualizado, cuya tasa de paro nadie duda que superará en breve el 20 por ciento, fruto de una economía dependiente en exceso del sector
inmobiliario y de la bajísima productividad, dibujan un panorama bastante incierto y muy preocupante. Mientras Alemania y Francia en Europa, junto a otros países como China, Japón o Estados Unidos muestran síntomas de haber tocado fondo en la
crisis económica, nosotros no estamos presentes, no decimos nada. ¿Dónde está el señor Zapatero? ¿Dónde está el Gobierno? Se lo voy a decir: mirando para otro lado, enfrascados entre trajes, bolsos y otras cuestiones de politiquilla doméstica
más propias de países atrasados que de quien pretende formar parte del G-8, lanzando globos sonda en relación con subidas impositivas, etcétera. Además, como usted bien sabe, nos anuncian un cambio de modelo a través de una ley de economía
sostenible cuya aprobación se aventura para otoño en Sevilla. Señora vicepresidenta, ¿qué opina usted de esta cuestión? Sé que es usted una mujer seria y responsable, y sé que usted, como yo, sabe que el modelo de crecimiento no se cambia por ley
y menos de la noche a la mañana, ni aunque sea en Sevilla y en otoño, por mucho que nos ayuden la Virgen de la Macarena o la Virgen del Rocío. En el tema económico no caben atajos ni engaños. No creo que merezca la pena utilizar artimañas y falsos
caminos. Asumir la realidad, buscar el máximo acuerdo entre los agentes económicos y sociales es el único camino. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo trayendo a esta Cámara un proyecto de presupuestos, un diagnóstico preciso y unas políticas
eficaces, y tratando de buscar el consenso.
Nuestro grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco, y este humilde portavoz estamos dispuestos a estudiar sus propuestas desde la responsabilidad que la crisis económica exige. Eso será, me
imagino, el mes que viene; hoy no toca, pero me ha parecido oportuno referirme brevísimamente al escenario económico dada la situación en que nos encontramos.



Señora vicepresidenta, hoy usted ha comparecido para explicar el acuerdo de financiación alcanzado con las comunidades autónomas, tanto a petición propia como a instancia de diversos grupos parlamentarios. En esta cuestión y por cortesía
parlamentaria nuestro grupo ha prestado la firma a Convergència i Unió como siempre lo hacemos, encantados. Ello no quiere decir que nuestro grupo no tenga interés en esta cuestión y que no quiera conocer las características y los fundamentos del
nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas,


Página 12


que hoy tampoco usted nos ha desvelado en exceso por la cantidad de interrogantes que han planteado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, porque a pesar de que el acuerdo afecta en principio a las comunidades autónomas
de régimen común, dejando fuera del mismo a las forales -la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra-, dicho acuerdo es una pieza clave del Estado autonómico, del autogobierno, que ha de permitir a las comunidades
autónomas ejecutar sus competencias con suficiencia financiera, y ello nos parece una cuestión de gran interés y de relevancia tanto económica como política. Y digo en principio porque en opinión de nuestro grupo parlamentario, a tenor de la Ley
29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología del cupo para el quinquenio 2007-2011, y más en concreto según lo establecido en su artículo 11.4, cabe convocar a la Comisión Mixta del Concierto para evaluar y analizar las
implicaciones del acuerdo en el modelo de financiación de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y más concretamente en el cupo a pagar al Estado. Se lo comento, señora vicepresidenta, para su consideración y reflexión. Igualmente quiero transmitirle
-no quiero dejar pasar esta ocasión- mi malestar y el de mi grupo parlamentario por la decisión de su Gobierno de no pagar y recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Junta Arbitral del Concierto Económico para que su ministerio abone a la
Diputación Foral de Álava el importe de 456 millones de euros por un conflicto relativo a la recaudación de IVA. A nuestro juicio esto rompe las reglas de juego, que han de estar basadas en el consenso y en el acuerdo político. Pero sin duda
tendremos ocasión de hablar de estos temas que para nuestro grupo parlamentario son básicos.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a distribuir su tiempo entre los señores Herrera y Ridao. En primer lugar intervendrá el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quería agradecerle la comparecencia y las explicaciones. Para nosotros el acuerdo en materia de financiación autonómica era una de las asignaturas pendientes del Gobierno. El Gobierno debía pactar
con las comunidades autónomas -aún tiene pendiente hacerlo con los ayuntamientos- cómo se repartían los recursos, cómo -si me lo permite- se repartía el pastel, y lo ha hecho con unos resultados que a nuestro grupo le resultan globalmente
satisfactorios. Ahora le toca pactar cómo conseguimos más recursos, dicho de otra manera, cómo hacemos más grande el pastel, en un contexto de crisis, debiéndose -como se deben- multiplicar las políticas sociales, la inversión pública, tras haber
hecho una política fiscal más que discutible, ya que nos hemos quedado a la cola de Europa en presión fiscal, y teniendo el margen de maniobra que tienen las repúblicas bálticas, y no las escandinavas o las centroeuropeas. Pero esto es lo que
viene.



En primer lugar quería destacar que si algo no nos ha gustado del acuerdo es el tiempo en que se ha demorado el mismo, es decir, el incumplimiento de los plazos marcados por una ley orgánica como el Estatut de Catalunya, sabiendo además que
el incumplimiento de esos plazos no es la mejor tarjeta de presentación. Esto ha supuesto cansancio, hartazgo por parte de la ciudadanía e incluso un poco de resignación ante la falta de un acuerdo que no permitía a las comunidades autónomas dar
respuestas a una crisis con repercusiones sociales extraordinarias. En cambio el Estado sí tenía margen de maniobra para hacer políticas de cheques más que discutibles.



Pero si el tiempo ha supuesto un inconveniente, una ventaja de la demora ha sido que no se ha conseguido un mal acuerdo. Así, una de las circunstancias que ha pesado poderosamente a la hora de llegar a buen puerto ha sido un cambio de
actitud por parte de los negociadores, como mínimo de la parte catalana. Se ha puesto fin a esa estrategia cortoplacista de decir que sí a la primera propuesta que venía del Estado, y se ha dicho que sí cuando la propuesta era realmente positiva.

Esa actitud distinta de la política catalana ha permitido que pasemos de una política basada en inflar los malos acuerdos -que luego se constataba que no servían para Cataluña- a conseguir un buen acuerdo en materia de financiación. No es un tema
menor que se llegase a dar el no por respuesta; ha sido un factor clave del éxito, del buen acuerdo. Se han introducido elementos claramente federalizantes, autonomía financiera, suficiencia de recursos, y obviamente ha habido elementos de
bilateralidad y de multilateralidad, como en todos los casos, y ha pasado lo que ha pasado siempre en el Estado de las autonomías, que ha habido liderazgo de Cataluña. Porque cierto es que hoy el Estado de las autonomías si es lo que es se debe a
un cierto liderazgo de Cataluña, por universalización venida de Andalucía, y porque en definitiva las cosas han ido así siempre en este país.



Contenidos. Es curioso ver cómo por parte de las dos derechas -del Partido Popular y de Convergència i Unió- se critica un modelo de financiación, el que se ha pactado, cuando el que pactaron ellos resultó desastroso en su dinámica,
inequitativo e injusto. El acuerdo de hoy es justo, digno, transparente y solidario (Rumores.), comparativamente con lo que pactaron Convergència i Unió y Partido Popular. El nuevo modelo supone autonomía financiera, incremento notable de los
recursos, y no solo con mayores porcentajes, sino con mayor capacidad normativa sobre sus tributos; incremento notable de los ingresos, se avanza hacia la suficiencia; se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal o, dicho de otra manera, la solidaridad
no servirá para eliminar impuestos de los que más tienen. Y eso es positivo, ¡claro que es positivo! Habrá solidaridad, pero con el objetivo de que todas las comunidades puedan asumir un nivel similar en la prestación de servicios. Y eso para
nosotros


Página 13


es claramente una buena noticia. No hay nadie que pierda, y si eso es posible es porque la Administración General del Estado aporta más. Ese era un elemento fundamental.



Tenemos ejemplos como el caso de Cataluña: con una media de aportaciones de más del 120 por ciento -hasta ahora quedaba en el 95 por ciento-, ese era el pacto entre el Partido Popular y Convergència i Unió, y ahora aportará a la
solidaridad, claro que sí, pero acabará por encima del 100,5 por ciento en porcentajes de salida y finales, similares a lo que pasa con el Länder de Hesse. Lo cierto es que el modelo se revisará regularmente teniendo en cuenta los criterios de la
población. Sí, de la población. Aquello que no tuvo presente el acuerdo entre Convergència y el Partido Popular. Se distribuirá el Fondo de garantía para servicios básicos. La población por tanto tendrá en cuenta el factor de la inmigración; y
se tendrán en cuenta, por ejemplo, las personas dependientes, los costes adicionales de tener lengua propia. Si algo sobra en este acuerdo son algunas dosis de falta de responsabilidad, sobra precisamente la falta de responsabilidad del Partido
Popular y de Convergència i Unió. Podríamos decir que en las calles de Barcelona hay una gran representación teatral. Está dirigida por el señor Mas, y parece que el señor Sánchez i Llibre se ha añadido al reparto. Podríamos decir que se titula
la historia de las diez cifras o como criticar lo que es mejor que lo que tu pactaste. Una historia de las diez cifras que podríamos resumir en las cifras dadas en enero de 2006, febrero de 2006, agosto de 2008, septiembre de 2008, ¿continúo? Y
esa es una de las representaciones teatrales que se dan en las mejores calles de Barcelona.
Por contra, cuando uno va al cine en Madrid se encuentra con otra reposición cinematográfica: Coge el dinero y corre. ¿Se acuerdan de esa película del año
1969, de Woody Allen? Lo que pasa es que ahora no la dirige Woody Allen, la dirige el señor Rajoy, y parece que con peor fortuna. Ya no es una comedia. No sabemos qué es, pero ya no es la comedia de Woody Allen, es otra cosa. En ese reparto de
Coge el dinero y corre participan Esperanza Aguirre o Francisco Camps. Eso es lo peor del acuerdo de financiación.



Como conclusión, y para ceñirme al tiempo que compartimos los dos portavoces del grupo, podemos decir que sí, que hemos dado un salto adelante importante, imprescindible, y además urgente en un contexto de crisis como el actual. Sin
financiación autonómica justa, solidaria, equitativa y suficiente se condena a quien tiene la primera responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a la asfixia financiera, a las demandas sociales que existen como nunca en la
sociedad española. Con la nueva financiación se va a dar una respuesta a eso que no se daba hasta el momento. Las cifras lo que ponen de manifiesto es que se incrementan de forma notable las cifras que se daban en el año 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 y las cifras que se dan ahora.
Ahora viene la segunda parte. Hemos pactado cómo repartir los recursos, pero aún queda la asignatura pendiente de la financiación local, que no se podrá demorar más allá del año 2010. Queda sobre todo cómo
conseguimos más recursos, cómo nos parecemos más en ingresos públicos y gasto social a aquellos países con los que queremos converger en renta per cápita, y que por tanto están saliendo mejor de la crisis, dada la fortaleza de su Estado del
bienestar. Estos días el ministro Corbacho decía: cada mes que tiremos atrás la medida de los 420 euros cuesta 120 millones de euros adicionales. Pues bien, digamos que esa cifra es anecdótica comparada con las reformas fiscales que se hicieron
con la eliminación del impuesto de patrimonio, 1.500 millones de euros; con el cheque de los 400, más de 4.000 millones de euros anuales. Nosotros lo que tenemos claro es que hay que abordar claramente la reforma fiscal para que haya más recursos.
Las rentas altas hoy no representan un porcentaje mínimo desde el punto de vista recaudatorio, como ha llegado a decir la vicepresidenta, no. Sí, en porcentaje sí, pero todos sabemos que esas rentas altas, por ejemplo los que tributan por ganar más
de 150.000 euros, representan un 17 por ciento de la recaudación. No es un tema menor, señora ministra. Entendemos que este es el tema a abordar, porque si se dice que estos no pagan impuestos, tendremos que abordar los instrumentos elusivos por
los que no lo hacen. Por ejemplo, la Sicaf, ese instrumento por el que pagan las rentas altas un uno por ciento. Creemos que esa es la asignatura pendiente, señora ministra, y así se lo queríamos trasladar.



Ya para acabar -ahora sí- quiero decir que, si queremos continuar avanzando habiendo acordado el modelo de financiación, lo que habrá que abordar ahora es cómo conseguimos más recursos, si de quien tiene más o de quien se puede apretar más
el cinturón, y eso significa abordar la reforma fiscal justa, equitativa y necesaria que necesita el país. Porque no basta con decir que no a la CEOE, sino que es necesario decir que sí a una estrategia de progreso.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Quiero decirle de entrada, señora vicepresidenta, que a nosotros, como al señor Montoro, esta comparecencia se nos antoja extemporánea básicamente porque viene tarde, la prueba es que ni el PP se acordaba ya de esta
cuestión porque había estado templando su actitud durante semanas; a finales de julio pasó del 'a por ellos, que son pocos y cobardes' a otro plan que fue el de 'bueno, a nosotros que nos den lo mismo, alargando la mano por la puerta de atrás, y a
otra cosa mariposa', que por lo visto ha sido esa trama truculenta de espionaje estilo Mortadelo que han montado este verano. (Risas.) Tiempo habrá entonces para hablar, señora ministra, sobre todo porque no hay nada que ocultar.
Además habrá que
hablar porque habrá que tramitar en esta Cámara una Lofca y una ley de cesión de tributos, porque este es un acuerdo político cuya letra


Página 14


pequeña está por ver y nosotros no estamos, como usted sabe perfectamente, para hacer ningún acto de fe.



Hablando de trajes, señor Montoro, parece que usted se ha convertido en un redomado especialista, como algunos en su partido, en este tipo de temas.
Francamente este no es un traje a medida para Cataluña, lo que pasa es que a usted no le
gustará, pero nosotros hemos cambiado de sastre y de indumentaria porque sencillamente el acuerdo que ustedes alcanzaron en su día con Convergència i Unió fue un auténtico desastre, un acuerdo indecoroso por injusto, por opaco y además por
auténticamente expoliador, y eso es lo que usted debería conocer. Tiempo habrá, insisto, para desenmascarar a los que todavía hoy se dedican a fustigar irresponsablemente un acuerdo razonable en materia de financiación autonómica para ver si pescan
en el río revuelto de las tensiones territoriales, aunque hoy todavía se llenan la boca de que están por un Estado autonómico que garantice la igualdad de oportunidades; unas tensiones entre territorios que el Partido Popular crea de forma
interesada y partidista. Igual que en el tema del Estatut, mutatis mutandis en el tema de la financiación ustedes hacen lo mismo que con el Estatut, forma parte de una estrategia de erosión y de desgaste en todo caso para conseguir el poder a
cualquier precio y ese precio es volver a atizar nuevamente hoy, por ejemplo, el fuego de la catalanofobia, volviendo a acrecentar esa sensación de que los catalanes son casi, casi unos sospechosos habituales, clamando al cielo ante presuntos y
supuestos privilegios -le recuerdo que algún consejero de Economía de su partido llegó a decir que un catalán vale el doble que un madrileño-, incluso haciendo ver que el Gobierno es poco menos que una especie de consentidor claudicante que está
amagando con un truco insolidario.



En todo caso, insisto, más allá de las consideraciones que haya hecho el principal grupo de la oposición, este es un acuerdo razonable tanto en cuanto al modelo como en cuanto a las cifras, y también -quiero decirlo- un acuerdo razonable a
pesar de los aspavientos, de los esfuerzos homéricos y de la vehemencia que hoy ha exhibido en esta casa el portavoz de Convergència i Unió, porque él sabe perfectamente -lo digo con toda cordialidad y con todo el cariño- que en Cataluña este ha
sido un buen acuerdo visto por todo el mundo, me refiero a agentes sociales, instituciones económicas, a la sociedad civil común, hasta el punto de que el señor Mas, a la sazón presidente de Convergència i Unió y líder de la oposición en Cataluña,
afirmó hace muy pocas semanas en un debate monográfico en el Parlament que estaba dispuesto a aceptarlo en nombre de Convergència i Unió si el Gobierno catalán admitía que no cumplía al cien por cien el Estatut. Consiguientemente hemos acabado un
partido de ida, si se quiere, y queda por tanto el partido de vuelta y hasta ahora CiU ha estado en el banquillo o calentando la banda, me da igual, y estamos convencidos de que en el partido de vuelta se va a sumar al equipo que conviene, y ese
equipo que conviene es el que forman el Gobierno catalán, la sociedad civil, las instituciones económicas. Estamos convencidos de que incluso si Convergència i Unió puede y quiere podremos mejorar este acuerdo, pero como mínimo que Convergència i
Unió nos dé el beneficio de la duda, porque es indudable que en derecho como en política y en economía yo diría que todo es interpretable, es como una especie de circo romano con vomitorios de entrada y de salida y consiguientemente nadie se puede
erigir aquí en el árbitro exclusivo, nadie ostenta el monopolio de lo que es bueno, de lo que no es bueno o de lo que es malo, etcétera.



Porque, en definitiva, este es un cuerdo, en primer lugar, solidario, porque garantiza -y en eso estaremos todos de acuerdo- que todas las comunidades autónomas dispongan de idénticos recursos por habitante para atender algunas necesidades
básicas, por ejemplo, las que van vinculadas al Estado del bienestar. Porque este es un acuerdo ampliamente solidario, y eso no se puede discutir, porque con los números que el señor Montoro cuestionaba abiertamente, Cataluña recortaría
eventualmente solo un tercio de su actual déficit fiscal, cifrado en la diferencia entre el gasto público que hace el sector público central en Cataluña y lo que recibe a cambio a través del volumen de ingresos fiscales y en inversiones del Estado;
y utilizo datos de la propia balanza fiscal que en su día hizo públicos el Gobierno español. En segundo lugar, este es un modelo justo y equitativo, evidentemente mucho más que el actual, porque es indudable que el mayor esfuerzo fiscal que hacen
los ciudadanos se ve compensado. En el caso de Cataluña, pasan a ocupar una posición relativa mucho mejor que la actual, evidentemente por encima de la media, porque lo que no es justificable desde ningún punto de vista es que Cataluña, después de
aplicar la nivelación o la solidaridad, perdiera hasta 27 puntos en esa escala o jerarquía de recursos por habitante. Eso era un drenaje fiscal insólito y nunca visto en el mundo mundial. Por tanto, desde ese punto de vista este es un modelo más
justo y más equitativo.
Finalmente, es un modelo más transparente, porque por primera vez en democracia vamos a conocer algunos criterios y sobre todo vamos a conocer la aportación solidaria que hace cada uno de los territorios. Ya sé que el
acuerdo y el modelo no son perfectos -ya decía Goethe que si todo fuera perfecto nada lo parecería-, pero este es un modelo y un acuerdo mucho mejor que el que hay actualmente y otorga mayor poder de decisión a las comunidades autónomas y, por
tanto, mayor suficiencia financiera, mayor autonomía tributaria e incluso mayor capacidad normativa, teniendo en cuenta el cesto de tributos cedidos, mayor corresponsabilidad fiscal y además continúa siendo un modelo claramente solidario.



Aquí lo relevante, y con esto acabo, señora ministra, señor Montoro, es que el partido se ha acabado; insisto, al menos el partido de ida. De hecho, me gustaría que cesaran ya algunas críticas que tildan el acuerdo como un acuerdo que va a
generar más déficit, más impuestos,


Página 15


más paro y más crisis, entre otros cataclismos globales. Incluso me gustaría que cesara esa polifonía en el Partido Popular, por cierto, muy poco armónica, porque mientras unos juzgan claramente insuficiente este acuerdo -algunos dirigentes
autonómicos del Partido Popular-, otros, como hoy se ha visto, anuncian una quiebra de la banca. Es obvio que habrá que dejar de lado ya el tacticismo, el partidismo e incluso el miedo y demostrar, aunque sea por una vez, señor Montoro, la nobleza
y la utilidad de la política.



El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Mixto habrá dos portavoces. En primer lugar intervendrá la señora Oramas, de Coalición Canaria.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora vicepresidenta, muchas gracias por su comparecencia. Permítame, en primer lugar, hacer una serie de consideraciones generales sobre la forma en que se ha definido el nuevo modelo de financiación, para
comentar después algunos aspectos sobre el caso particular de Canarias que, como SS.SS. saben, es una comunidad que se mueve a caballo entre el modelo de régimen común y su propio régimen económico y fiscal. Analizar el nuevo sistema implica
necesariamente partir de los resultados del todavía vigente sistema, negociado en el año 2001 -donde, por cierto, estaba el señor Montoro de ministro- y aceptado por la práctica totalidad de las comunidades. Con el paso de los años, la principal y
unánime crítica a ese modelo fue su falta de actualización anual en base al crecimiento de la población. Ese era el principal y casi único agujero negro del sistema, y Coalición Canaria lo dijo desde el principio, tanto en esta Cámara como en aquel
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ayer mismo el entonces vicepresidente económico Adán Martín me recordaba que quedó reflejado en acta y le advirtió a usted del problema de la actualización de la población. Al final, sucedió lo que le había
advertido Coalición Canaria en aquel Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Sin embargo, si el actual Gobierno hubiera resuelto este defecto durante la pasada legislatura seguramente no hubiera hecho falta renegociar el modelo y se hubieran ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Pero no lo hicieron y ahora han
tenido que tejer con gran trabajo un acuerdo que ha dejado de ser multilateral para convertirse en una suma de acuerdos bilaterales que difícilmente resolverán las tensiones territoriales a medio y largo plazo, por mucho que ahora todas las
comunidades se hayan visto obligadas a aceptar el reparto para no ver más mermadas sus arcas todavía en una coyuntura de recesión recaudatoria. Haber actualizado el cálculo de población año a año, como planteó entonces Coalición Canaria, hubiera
permitido reducir al mínimo o eliminar los fuertes déficits en que han incurrido las comunidades para proveer sobre todo de servicios sanitarios y educativos, ya que estos son los que más se han visto afectados por la evolución demográfica de esta
país; déficits que ahora lastran a regiones y nacionalidades para afrontar la crisis y que han estado en el origen de la presión para cambiar el modelo.



Una de las evidencias que demuestran las fuertes limitaciones del nuevo sistema es que no se han hecho oficialmente públicas las cifras de financiación teórica estimadas para todas las comunidades afectadas. Es entonces cuando se podrá ver
qué regiones avanzan o retroceden en su financiación de media por habitante. Al portavoz de Convergència i Unió, que preguntaba qué comunidades iban a estar por debajo de la media, le digo que Canarias es una de ellas de forma importante.
Históricamente, y más en concreto desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías, se aceptó que Canarias tenía unos sobrecostes diferenciales por su insularidad y lejanía que había que reconocer. Ese reconocimiento se logró en el sistema de
financiación de 2001 al alcanzarse una financiación por habitante semejante a la media en aquel año, que se mejoraba además por ese plus de insularidad creado para ajustar el modelo a las necesidades de los dos territorios archipielágicos. Con el
actual modelo ni siquiera ese plus de insularidad permite a Canarias estar en la media de financiación por habitante. Es por ello que en el futuro Canarias apostará por la revisión del nuevo sistema si no quiere ver cómo sus servicios públicos se
deterioran respecto a la media española. Porque para ir cerrando los acuerdos bilaterales a los que me refería al principio el Gobierno ha tenido que ir creando sucesivos índices de ponderación nuevos en los que no se ha tenido en cuenta la
singularísima situación de Canarias. El más claro y evidente, señorías, y me gustaría que lo entendieran, se refiere a la dispersión territorial. ¿Por qué a Canarias a estos efectos solo se le computa su extensión de tierra y no toda su amplia
extensión marítima? ¿Por qué no se tiene en cuenta que las distancias entre sus puntos más extremos superan a las de cualquier otra comunidad? ¿Por qué no se es consciente de que ello conlleva ciertas duplicaciones de servicios sanitarios y
educativos como ocurre en otras regiones territorialmente extensas?


Frente a lo que alguno pudiera pensar, Canarias no es una comunidad insolidaria con el resto. Su pirámide poblacional la ha convertido en las dos últimas décadas en aportante neta -la mayor aportante neta proporcional- al Sistema Nacional
de Seguridad Social. Y eso no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de balanzas fiscales y de compensaciones interterritoriales. Por ello, Canarias no puede estar cómoda en el nuevo sistema. Y no solo eso, se puede llevar al conjunto de sus
administraciones a una situación absolutamente insostenible si los defectos del nuevo sistema no se compensan por dos vías. Por una parte, la supresión de las ya anacrónicas devoluciones al Estado derivadas de la compensación por el antiguo ITE que
no tiene base jurídica ninguna.
Cuando el conjunto de las comunidades ven cómo crecen sus ingresos derivados del IVA, los ingresos del Estado por un impuesto que era absolutamente residual en Canarias, pero vital para su financiación por su
condición


Página 16


de puerto franco, constituyen un anacronismo absurdo, absolutamente alejado del espíritu y la letra de los tratados de la Unión Europea que consagran a Canarias como uno de sus siete territorios ultraperiféricos mucho antes de que el propio
Estado español lo haya hecho en su bloque constitucional. Y, señora ministra, la segunda vía para la compensación de los negativos efectos del nuevo sistema de financiación es la efectiva y correcta aplicación del régimen económico y fiscal de
Canarias, soslayado año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Desde mucho antes de que en los estatutos de autonomía se establecieran obligaciones presupuestarias al Estado otra ley orgánica, la del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias -para nosotros parte sustancial del bloque constitucional-, obliga al Estado a mantener en Canarias la inversión media por habitante. Bloque constitucional y legislativo de este país.
Sostener unas islas en medio del Atlántico es toda una
ventaja estratégica para España y para Europa y no es algo que se pueda hacer sin coste. Hacer entender las implicaciones de esta afirmación es la tarea permanente de los diputados y senadores de Coalición Canaria en Madrid y en Bruselas.
Recordarlo aquí y ahora ante la titular y el nuevo equipo económico del Gobierno de este país es y será una obligación inexcusable para Coalición Canaria. Esperemos que se llegue a un acuerdo en las negociaciones de los próximos meses en relación a
esos flecos, en esas negociaciones bilaterales, siempre con respeto a los compromisos políticos adquiridos respecto al grado de cumplimiento del régimen económico y fiscal y la devolución del extinto ITE, y así la comunidad de los dos millones de
canarios que viven a 3.000 kilómetros pueda tener la financiación adecuada y la gente del Hierro pueda tener derecho a contar con la misma sanidad y la misma educación aunque tengan que coger un avión para hacer revisiones normales que en otra
comunidad cualquier persona puede hacer fácilmente, ya sea cogiendo una guagua, un taxi o un coche. Sin embargo, en Canarias los desplazamientos suponen una hora de avión, otra hora de avión y hacer noche con el acompañante, ya que resulta que la
gente del Hierro tiene que salir a las 15:30 de la tarde de Tenerife para llegar otra vez a su casa sencillamente para hacerse una revisión médica rutinaria.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, vicepresidenta, por su comparecencia y sus explicaciones, aunque le anticipo que al BNG no le convencen. Tenemos discrepancias profundas con los contenidos de este acuerdo por razones que procuraré
exponer a lo largo de mi intervención. Pero antes de entrar en la valoración del contenido de este acuerdo permítame que exprese, al igual que otros portavoces, mi coincidencia en que el proceso de negociación se ha caracterizado por una gran falta
de transparencia. Es evidente que en primera instancia la negociación se tenía que sustanciar entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, eso no lo negamos, pero desde nuestro punto de vista eso no justifica el papel total y
absolutamente secundario concedido al Congreso de los Diputados y la tardanza a la hora de explicar los contenidos de este acuerdo.



Además, desde nuestro punto de vista el Gobierno adoleció en todo este proceso de una total falta de claridad en sus planteamientos por sus continuas contradicciones y por actuar arrastrado por las circunstancias y necesidades políticas.
Hasta cierto punto, esto es lógico, porque no puede tener planteamientos claros quien carece de un proyecto definido, y no hay un proyecto definido cuando se defiende dogmáticamente que el Estado se tiene que reservar para sí mismo por lo menos el
50 por ciento del gasto público, cuando se le atribuye al Estado un falso papel de garante de la solidaridad y de la cohesión y al mismo tiempo se dice atender todas las demandas de las comunidades autónomas, muchas de ellas contradictorias entre
sí. Su predecesor en el cargo, el señor Solbes, se refirió a la reforma del sistema de financiación como un auténtico sudoku, y desde nuestro punto de vista sus palabras resultaron proféticas. El resultante es un sudoku exclusivamente complejo,
excesivamente opaco, falto de claridad y lleno de contradicciones. A lo largo de este proceso algunos han hablado irónicamente del famoso teorema de Zapatero, en virtud del cual con la reforma del sistema todas las comunidades autónomas iban a
estar por encima de la media, pero le aseguro, señora vicepresidenta, que el teorema de Zapatero no se cumple en el caso de Galicia. Permítanme que aporte algunos datos.



Uno de los ejes básicos de la reforma parece ser que es el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria. Pues bien, según nuestras estimaciones, y dado que siempre nos movemos en cifras
estimativas ya que ustedes no aportan ninguna, la participación de Galicia en el Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales será inferior en casi 382 millones de euros a las necesidades de gasto liquidadas en los presupuesto de la
comunidad autónoma del año 2007 en lo que se refiere a la educación, sanidad y servicios sociales. Si hablamos de los 4.900 millones de euros de recursos adicionales del año 2009 que tienen como objetivo específico el refuerzo del Estado del
bienestar, según nuestras estimaciones solo algo más de 168 millones de euros, el 3,43 por ciento, corresponderá a Galicia, es decir, la mitad de nuestro porcentaje de población ajustada.
Con la reforma Galicia seguirá perdiendo posiciones
relativas. En el año base del anterior sistema, 1999, la participación de Galicia en los recursos del régimen común era del 7,8 por ciento; en el año 2007, un 7,1 por ciento, y ahora, tomando como base la liquidación de este año y los 11.000
millones de euros adicionales, no llegará al 7 por ciento. Es decir, se beneficia tan solo en un 5,5 por ciento del incremento de recursos. Este menor peso relativo se va a acentuar con el paso de los años debido


Página 17


a que se concede a la población el principal factor de ponderación. Este, desde nuestro punto de vista, es uno de los principales problemas. No negamos que el importante incremento de población de otras comunidades deba de ser compensado,
pero Galicia arrastra un problema de fondo que la actual reforma no subsana: la infraponderación que factores como la dispersión, el envejecimiento poblacional o la inmigración tienen a la hora de evaluar el coste de los servicios. Nosotros no
entendemos qué razones técnicas avalan que la población superior a los 65 años pondere un 8,5 por ciento y la población de 0 a 16 años un 20,5 por ciento.
Aunque es cierto que ahora la dispersión se pondera en el conjunto de los servicios públicos
fundamentales, creemos que la ponderación del 0,6 por ciento es totalmente insuficiente. Tampoco entendemos qué razones técnicas avalan -y me gustaría que nos las explicase en el turno de réplica- esta ponderación, mientras la superficie -por poner
un ejemplo- lo hace en un 1,8. Si la dispersión, señora vicepresidenta, estuviese bien ponderada, ¿qué razón de ser tiene que se destinen 50 millones de recursos adicionales del año 2009 a comunidades con una dispersión superior a la media? ¿Por
qué razón, señora vicepresidenta, no se pondera la población emigrante? Muchas veces el Bloque Nacionalista Galego en esta Cámara ha suscitado este debate. Si Galicia tiene un censo llamado de residentes ausentes de más de 300.000 personas que
votan en unas condiciones de dudosa calidad democrática, se entiende que estas personas también tienen derecho a la prestación de determinados servicios. En cambio, esto no es reconocido ni en el sistema anterior ni en la reforma del actual
sistema.



Señora vicepresidenta, otro de los objetivos básicos de esta reforma en los enunciados del Gobierno es lograr una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal. Esto tampoco se cumple con Galicia si hablamos en términos cualitativos. Según
el propio documento del Gobierno, con el incremento de la participación de las comunidades autónomas en los principales recursos tributarios, es decir, el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, se dará cobertura al 90 por ciento de la financiación
autonómica. Pero esto no es así en el caso de Galicia, tan solo se cubre el 66 por ciento de nuestras necesidades. El BNG piensa que la igualdad tiene que darse en el punto de llegada, no en el punto de partida. O, si me permite que lo exprese de
otra manera, la igualdad tiene que producirse en la resultante, no en los instrumentos que presuntamente se implementan para llegar a esa resultante. En ese sentido, ¿por qué se generalizan a todas las comunidades autónomas los porcentajes de
cesión contemplados en el Estatuto catalán? ¿Por qué Galicia no puede tener una cesta propia de impuestos propios y cedidos que cubran sus necesidades financieras, unos porcentajes de cesión, en definitiva, que se ajusten realmente a sus
necesidades? Desde nuestro punto de vista sería mucho más justo y además mucho más transparente.
Permítame que le aporte unos datos. En el año 2007 el Estado recaudó en Galicia por los distintos conceptos impositivos 12.500 millones de euros,
mientras que Galicia obtuvo 8.100 millones del sistema de financiación autonómica. Esta es la capacidad tributaria real de Galicia. Los gallegos soportamos cargas impositivas del Estado superiores en casi 4.500 millones de euros a lo que el Estado
nos transfiere para nuestra financiación. Sin embargo, si medimos la capacidad tributaria de Galicia tomando como referencia tan solo los porcentajes cedidos de los impuestos a los que he hecho alusión, se crea la imagen falsa de que somos
deficitarios y receptores de la solidaridad. Una solidaridad, señora vicepresidenta, que no es tal por las razones antes apuntadas y por otras nuevas que le resumiré muy brevemente. ¿Cómo es posible que los refuerzos al margen del sistema como,
por ejemplo, el Fondo de competitividad tenga una dotación sensiblemente superior a la del Fondo de cooperación, el destinado específicamente a la corrección de las desigualdades en el nivel de desarrollo de los distintos territorios? ¿Cómo es
posible que el Gobierno en su propuesta inicial -aunque después la modificase- estableciese que la dotación del Fondo de competitividad tenía que ser equivalente a la del Fondo de cooperación y a los fondos de cooperación interterritorial, único
instrumento que dota de recursos instituido por la Constitución en su artículo 150.2 para asegurar la solidaridad y el equilibrio territorial?


Concluyo, señor presidente, señora vicepresidenta, diciendo que estas son las razones principales de nuestra discrepancia, aunque sabemos que en esta resultante la responsabilidad no es por supuesto única y exclusivamente de su Gobierno.
También tiene una importante cuota de responsabilidad el nuevo Gobierno gallego que, desde nuestro punto de vista, participó en el proceso de negociación con una actitud totalmente acomplejada y a la defensiva, incluso diría que provinciana.
Difícilmente se puede defender con eficacia aquello en lo que no se cree, y permítame que le ponga un ejemplo. El Parlamento gallego definió una serie de parámetros que tenían que orientar la negociación en el caso de Galicia en este proceso, y ahí
se incluía el hecho de que tenía que ponderarse la existencia de una lengua propia. Saludamos -esto sí lo valoramos positivamente- que se incremente la dotación para la normalización lingüística, pero yo me formulo en voz alta una cuestión, y es
que si hay que ponderar la existencia de una lengua propia es porque ello conlleva gasto, y ello conlleva gasto porque son necesarias políticas de promoción que normalicen su uso en todos los espacios; exactamente lo contrario de lo que está
haciendo el Gobierno gallego que, sin embargo, apela en este caso a la necesidad de que se pondere la lengua propia.



Dejo para el final un último argumento. En el propio documento aportado por su Gobierno, ustedes en el preámbulo hacen mención a las distintas comunidades autónomas que se dotaron de nuevo Estatuto en la pasada legislatura y dicen
explícitamente que las disposiciones relativas a los regímenes de financiación incluidas en los mismos se constituyen en referentes básicos para orientar


Página 18


la reforma del sistema de financiación. Pues bien, el actual Gobierno gallego tiene una gran responsabilidad histórica en que Galicia en este proceso participase en clara inferioridad de condiciones por haber bloqueado en la pasada
legislatura autonómica la posibilidad de que Galicia se dotase de un nuevo Estatuto. En cualquier caso, señora vicepresidenta, me gustaría que aclarase todos estos aspectos en el turno de réplica y sobre todo que concretase las cifras. Sabemos que
hay aspectos que están pendientes de la tramitación parlamentaria de las reformas legales, y después de la negociación con cada comunidad autónoma en el marco de las comisiones mixtas, pero en su exposición ha habido una total y absoluta
inconcreción de cifras, por lo que al menos nos gustaría que nos explicase cuáles son las cifras para las distintas comunidades autónomas de cara al año base, el año 2007.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Fernández Marugán, del Grupo Socialista.



El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, la construcción del Estado autonómico ha sido una de las mejores cosas que se han hecho en España en los últimos treinta años para consolidar
la democracia y para consolidar el Estado del bienestar. Como consecuencia de ello, se han puesto en responsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas una cantidad importante de políticas públicas que lo son en una magnitud tal que uno
puede decir que estamos viviendo un proceso que va más allá de la descentralización administrativa. El ex ministro Sevilla, en un ensayo recientemente publicado, habla de un proceso de gestión política de una envergadura histórica importante. Ese
proceso requiere una adecuada financiación, y no es menos cierto que la literalidad del documento constitucional en materia de financiación es relativamente escueta. No dio tiempo a adecuar los ritmos de cómo había que organizar la financiación y
cómo había que hacer la descentralización política.



Han sido leyes posteriores -la Ley de Financiación o la Ley de Cesión- y acuerdos políticos suscritos con distintas formaciones políticas los que han tejido un abanico de principios y de reglas que nos han sido útiles a lo largo de los
últimos treinta años. Si no estoy equivocado, cinco han sido los acuerdos de financiación autonómica, entre acuerdos en el seno de consejo o modificaciones legislativas, que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años, y el último, el que
alcanzó el Gobierno de España en julio del año 2009, desde nuestro punto de vista -como voy a tratar de demostrar- es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo que tendremos que debatir ampliamente en esta Cámara a lo largo del próximo periodo de
sesiones, del cual se han cubierto dos fases, la fase de negociación intergubernamental entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y la fase de la ratificación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y quedan otras dos, las modificaciones normativas que den origen a la propuesta que va a hacer el Gobierno y que afectaran a las piezas integrantes del modelo, y una posterior y última, que es la materialización en las comisiones mixtas de estos
acuerdos en cada uno de los casos a la vista de la legislación existente. Por lo tanto, va de soi. En los próximos meses discutiremos mucho de cesiones, discutiremos mucho de participaciones, discutiremos bastante de nivel de prestación de
servicios públicos. Pero decía antes, y me ratifico ahora en ello, que este es un buen sistema, en primer lugar, porque aumenta la autonomía financiera de las comunidades autónomas y su responsabilidad fiscal. Se eleva el porcentaje de
participación en los grandes tributos del Estado, se incrementan las competencias normativas de las comunidades autónomas al límite casi de donde lo permite la legislación comunitaria y la unidad de mercado, y se establecen unos mecanismos de
colaboración entre las administraciones para ser capaces de gestionar un sistema tributario. Se da un paso más en un sistema de financiación donde se quiere que las necesidades de gastos sean cada vez menos dependientes de las transferencias
intergubernamentales. Alguna experiencia histórica he adquirido sobre esa cuestión. Me atrevería a decir que hay un giro cualitativo en aras de un modelo en torno al ingreso. Este proceso que se inició en los años ochenta y que tenía una
componente que basculaba en torno al gasto y donde establecía una íntima relación entre la competencia, el coste efectivo y la transferencia, en este momento gira hacia un sistema en virtud del cual se da un paso más al paso que se dio en el modelo
de 2001, y el sistema va a depender más de la capacidad económica y de la voluntad de quienes lo gestionen en cada uno de los territorios. Esta es la primera característica.



La segunda característica que le parece bien a mi partido político es que garantiza a todas las comunidades autónomas igual financiación por habitante en la prestación de los servicios públicos fundamentales -en educación, en sanidad y en
servicios sociales-, y que ese acceso en condiciones de igualdad se hace sin que tenga que soportar ningún ciudadano en ninguna parte del territorio español una carga fiscal distinta. En tercer lugar, el sistema no solo se preocupa de lo que
podríamos llamar igualdad y suficiencia, sino que también entra en el territorio de la solidaridad. Digo esto porque gobernar es gestionar servicios públicos, pero es algo más que gestionar servicios públicos. La Constitución española encomienda a
las Cortes Generales, a nosotros, y al Gobierno de España que garantice el principio de igualdad entre los españoles y la solidaridad territorial en todas las partes del mismo.
Esto implica competencias y recursos. El Gobierno de España tiene unas
competencias, unas obligaciones y ha de tener unos recursos para hacer frente a muchas políticas, y una de las que está señalada en el texto constitucional es la garantía de


Página 19


igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Serán, como bien ha dicho la señora vicepresidenta, los Presupuestos Generales del Estado quienes nos digan cuán solidarios somos los unos con los otros, que es algo distinto a cuán
solidario está uno dispuesto a ser motu proprio con los demás. Desde mi punto de vista, esos tres elementos cualifican y caracterizan este modelo que hoy nos ha presentado la señora Salgado, y al servicio de este objetivo hay un conjunto de
recursos adicionales que se incorporan gradualmente. En este contexto los beneficiarios del modelo son los ciudadanos. Eso lo que queremos decir con reiteración una y otra vez porque creemos que este modelo da respuesta a un problema que está ahí
en este momento y que se le plantea a la Hacienda pública española, y es en qué medida la población es uno de los factores fundamentales en el reparto de los recursos públicos. Tengo que decir honestamente que esta es una cuestión importante porque
si la población no se constituye en el factor primordial y fundamental del reparto de los recursos públicos, puede ocurrir que vayamos a una anómala distribución de los recursos a lo largo del territorio. También puede ocurrir que si persiste esa
situación, esa anomalía, al cabo del tiempo nos encontremos con un empobrecimiento de la calidad de la prestación de algunos servicios públicos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.



Estoy seguro de que ninguno de nosotros, ninguno, va a querer la depauperación de los servicios públicos. No, yo parto del hecho de que en las Cortes Generales no hay ninguna formación política que quiera que se presten de forma depauperada
determinados servicios públicos en el territorio nacional, pero también es posible que nos encontremos con que, no queriéndolo, los acontecimientos evolucionen de alguna manera. Y tengo que decir que tengo la sensación -mejor dicho, tengo la
seguridad- de que se ha truncado ese proceso de convergencia en la financiación per cápita a lo largo de los últimos años, y tengo que decir además que se ha roto, como consecuencia de haberse vulnerado y abierto una brecha importante, la
estabilidad del modelo que se acordó en el año 2001. En el año 2001 se hizo un acuerdo razonable, pero quedaron claras algunas cosas, como que cabía la posibilidad de que el talón de Aquiles de aquel modelo que se aprobaba por unanimidad fuera que
se ampliara la brecha en la financiación por habitante. Cabía esa posibilidad y también tengo que decir que es verdad que esa brecha adquirió una magnitud no pensada por lo legisladores en aquel momento y, como consecuencia de ello, cuando se
fueron conociendo las aplicaciones del modelo a lo largo de años sucesivos, lo que se vio es que en lugar de cerrarse se ampliaba esa diferencia y, además, se constató que el modelo carecía de mecanismos de adaptabilidad para corregir este fenómeno.



Por tanto, la situación era compleja, era difícilmente sostenible y lo dicen los datos, lo dicen los datos: en el año base del modelo todavía vigente, en el año 1999, la diferencia entre las comunidades con mayor y con menor financiación
per cápita era de 407 euros y en el año 2007 la diferencia es de 880 euros. Por consiguiente, aquí nos encontramos con una vieja dialéctica que se les plantea a los materialistas, que es en qué medida lo cuantitativo en algún momento se puede
transformar en cualitativo. Y ocurrió eso, ocurrió que de alguna manera la evolución de las necesidades fue y creció a un determinado ritmo y la evolución de las capacidades fue y evolucionó a un determinado ritmo. Eso se ha producido de una
manera muy intensa y ha obligado a analizar desde una perspectiva conjunta el ingreso y el gasto, la necesidad y el recurso y, de alguna manera, a tratar de ver en qué medida se podía corregir esa situación.
Ahí había dos actitudes, como casi
siempre en la vida: la actitud de cruzarse de brazos o la de tratar de diseñar un nuevo modelo. Y cuando uno se ve abocado a la necesidad de diseñar un nuevo modelo tiene que hablar de autonomía, de suficiencia, de nivelación, de igualdad, de
solidaridad y de estabilidad. Esa es la secuencia de acontecimientos que se ha producido. No tengo una gran antinomia con el modelo del 2001, fíjense, no la tengo. Creo que el modelo de 2001 ha sido, como otros modelos que arrancan del año 1980,
un modelo que avanza, que permite más autonomía y que tiene el valor de meter en un bloque aquello que llamaban entonces las competencias comunes. Ahora, también es un hecho que es un modelo total y absolutamente agotado, total y absolutamente
agotado, y si el modelo está agotado era un error pretender darle vida.



¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque el modelo no era capaz de hacer frente a los problemas y en lugar de resolver, achicar y reducir la entidad de los mismos, el modelo ampliaba la existencia del problema.
(El señor Arias
Cañete: Pues prepárate ahora.) El modelo tenía un desajuste fundamental y en cuanto se fue conociendo la evolución del mismo aparecieron las reivindicaciones. Lo hicieron a lo largo de la última legislatura y está Cámara tendrá que reconocer que
los parlamentos regionales se adelantaron a nuestra iniciativa y que en ellos se aprobaron unas modificaciones del modelo que trajeron aquí y que nosotros ratificamos en forma de los nuevos estatutos. Por lo tanto, nos encontramos ante una
situación a la que de alguna manera teníamos que hacer frente, y que la reforma del sistema tenía que hacerse tomando en consideración una serie de hechos económicos y demográficos que habían ocurrido en la sociedad española desde 1999, 2000, 2001
hasta nuestros días. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de medir mejor, con más precisión las necesidades de gasto de las comunidades autónomas y hemos tomado como variable de referencia la población ajustada. Hemos computado la población
que había y que no se había computado entre los años 1999 y 2007, y además hemos procedido a una actualización de la misma ajustándola a aquellos renglones que mayor incidencia tienen en el coste de prestación de los servicios transferidos: la
educación, la sanidad, el envejecimiento


Página 20


de la población. Eso es lo que nos ha llevado a decir que este es un buen modelo.



Señora vicepresidenta, la mayoría de los españoles, creemos nosotros, aceptan actuaciones gubernamentales destinadas a alcanzar mayores tasas de igualdad en servicios tan esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales. Por
tanto, nos parece bien reforzar los recursos que se ponen al servicio de estas políticas. Creemos además que este modelo incrementa la equidad y la suficiencia en el sentido de que identifica mejor las variables representativas de las necesidades
de gasto, que respeta el statu quo. Ninguna comunidad autónoma va a perder con el cambio de modelo y todas van a ganar gracias a la inyección de un volumen cuantioso de recursos por parte del Gobierno central. Además, se sostienen los servicios a
través de correctas unidades de necesidad -cosa que no se había hecho antes- y aporta fondos estatales para la convergencia autonómica. Consiguientemente, esas son dos cosas importantes en nuestra valoración positiva del modelo. Pero, ¿por qué no
decirlo?, este modelo sitúa a las comunidades autónomas en la mayoría de edad fiscal. Continúa la trayectoria del modelo de 2001, pero la sitúa en la mayoría fiscal en el sentido de que les concede más autonomía y más poder tributario, poder
tributario. Esto tiene una importante significación política y, en último lugar, mejora la dinámica y la estabilidad del sistema a través de una correcta evaluación de su evolución con análisis cada cinco años. Para nosotros el modelo es
consistente y puede serle útil a la sociedad española en el próximo futuro.



Hemos oído posiciones de distintos grupos. Ha habido una posición que no ha entrado tanto en esta cuestión como las demás porque le afecta menos, que es la voz de quienes representan aquí a los sistemas forales frente a los sistemas de
régimen común. Todas las posiciones que planteemos aquí son legítimas, pero tengo que agradecer al señor Azpiazu algunas de las palabras que ha dicho, otras no tanto, pero sí le agradezco algunas de las que ha dicho. Cuando se ha acusado al
Gobierno y al partido que le defiende de que este modelo lo utiliza para sostenerse políticamente en la vía de los presupuestos, el señor Azpiazu dice que él está dispuesto a hablar con nosotros -cosa que le agradeceré siempre- de los presupuestos,
y no es precisamente la suya una comunidad autónoma de régimen común sino que es de régimen foral. Es decir, lo que estamos discutiendo le afecta mucho menos que a los demás, no se siente concernido por esa hipotética compulsión, y ofrece la
colaboración al Gobierno de España y al Grupo Parlamentario Socialista en un momento difícil para la economía española.
Por tanto, como tantos otros años, no tengo más que manifestar mi satisfacción por los mismos.



Más interés tengo en hablar de las posiciones del Partido Popular. El Partido Popular ha perdido la perspectiva, la han perdido todos y la han perdido en todo. Perder la perspectiva en materia territorial tiene algún problema porque a
veces uno tiende a no ver la situación en su complejidad. En la mañana de hoy, una vez más, el señor Montoro ha descarrilado. El señor Montoro descarrila en esta Cámara con bastante frecuencia (El señor Arias Cañete: Pero acierta.), en la
Comisión de Economía y en la Comisión de Presupuestos estamos muy acostumbrados a sus descarriles, también en más sitios, pero de esto no se ha enterado Rajoy y no voy a ponerle yo al cabo de la calle de estos descarriles. Pero sí tengo que decir
que hay una cosa del señor Montoro que me sorprende siempre, que es el lenguaje que emplea. Por el mundo hay dirigentes conservadores que se acercan a la realidad de la política, a la distribución del poder, a la asignación de los recursos con otro
lenguaje distinto al del señor Montoro. Ayer oía a un señor conservador -a unos compañeros míos les gusta y a otros no-, el señor Barroso, que era capaz de hablar de algunas de las cosas que ocurren en la política económica y de los mecanismos que
uno emplea para salir de la crisis. Cuando uno escucha al señor Montoro piensa: ¿de qué esta hablando el señor Montoro? ¿En qué se parece a lo que dice el señor Barroso? El señor Montoro se pronuncia políticamente como un extraterrestre y
resulta bastante difícil entender alguna de las cosas que dice. Hoy ha vuelto a hacer -lo han dicho otros compañeros- una exhibición del lifting de lo antiguo, que realmente es el territorio en el que él se siente cómodo. (El señor Montoro Romero:
Al pobrecillo no le queda más que la descalificación personal.) Es decir, no ha hecho ni una sola aportación positiva a un debate de la intensidad y de la importancia que este tiene; se ha limitado a poner de relieve algunos fallos, más o menos a
divertirse y a analizarlo superficialmente. Nos ha repetido la letanía de esa visión apocalíptica que va a ocurrir, pero tampoco la pone en una secuencia temporal, porque si lo hace es más fácil de rebatir. (El señor Montoro Romero: No te
enteras.) El cree que el modelo va a crear más impuestos, que va a elevar la tasa de endeudamiento, que va a crear más déficit y que nos va a seguir clavando en la crisis. La verdad es que en los momentos normales los déficits son malos pero en los
momentos difíciles son bastante buenos. Y tengo que decir que a pesar de sus cosas este es un Gobierno que ha realizado una actuación crucial y muy destacada para hacer frente a la crisis.



Tengo que decir algo más, a lo que también ha aludido en alguna medida el señor Ridao. Cuando uno escucha al señor Montoro se pregunta: ¿este ciudadano, este diputado y este señor a quién representa? (El señor Montoro Romero: A unos
cuantos.- El señor Nadal Belda: A 10.300.000 personas.- El señor Montoro Romero: Dice tonterías; es una cosa...) Los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y los consejeros de Hacienda que van al Consejo de Política Fiscal
y Financiera no piensan lo mismo que el señor Montoro -y esto lo dicen una y otra vez-; piensan que el sistema no les proporciona el suficiente volumen de recursos y lo que dicen es que tienen que dar más recursos a cada una de sus comunidades
autónomas.



Página 21


Por tanto, la consecuencia que se derivaría de los arreglos que querrían ver plasmados el conjunto de los poderes territoriales no es menos recursos, como dice el señor Montoro que tiene que haber, sino más recursos de los ya abundantes que
ha puesto el Gobierno de España a su disposición.



En segundo lugar, tengo una sensación, pero es que en política conviene no adoptar posiciones absurdas, no es bueno adoptar posiciones absurdas.
Pretender dar vida al modelo del año 2001 no tiene sentido porque no se sostiene en pie.
Además, hay una cosa que me resulta paradójica: esta mañana hemos oído decir al señor Montoro que puede entender que el Gobierno de España pierda recursos, pero que no puede entender fácilmente que el Gobierno de cada una de las comunidades pierda
recursos. ¡Ya me dirá usted cómo arreglamos esta situación cuando compartimos todos el mismo sistema tributario, cuando la crisis ha supuesto un latigazo en el ingreso público de la magnitud y de la importancia que ha supuesto en este caso! ¿Solo
tiene que afectar al Gobierno central? ¿No va a afectar a los gobiernos territoriales? Pero, ¿qué sentido tenemos de la corresponsabilidad? ¿Cómo jugamos aquí con las piezas del modelo?


Por último -y ya termino-, una vez más al borde del abismo; una vez más delante de la bofetada que se va a producir en esta sociedad. Soy de los que cree que estiran demasiado argumentos tópicos y casi siempre los mismos argumentos.
Cuando les oigo hablar de la dictadura me irrito, me irrito. A la gente de mi edad, de mi condición y de mi ideografía política les duele la banalización que alguno de ustedes hace de aquel fenómeno del cual yo no me siento orgulloso. Creo que
nosotros hemos hecho realidad un fenómeno que tiene mucha importancia, que es el sueño de la España constitucional y en ese sueño hemos aprendido a vivir, a progresar y lo hemos hecho de una manera extraordinaria, y de eso nunca les oigo hablar.
Nunca les oigo hablar a ustedes de las cosas buenas que ha hecho esta sociedad a lo largo de los últimos treinta años. Tengo la sensación y la seguridad de que lamentan por dónde han ido las cosas, la tengo, y además lo hemos vivido ayer y hoy.
Ayer quisieron descalificar la actuación de un gobierno con acusaciones falsas sobre cuestiones que ni había hecho ni había propuesto. Hoy continúan con esa misma descalificación sobre cuestiones relativamente importantes, producto de un diálogo,
de una negociación y de un acuerdo. La imagen que usted transmite mejor que nadie en esta casa es la imagen de una derecha rabiosa. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra la señora Salgado.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Quisiera comenzar dando las gracias a todos los portavoces por sus intervenciones y por supuesto por el tono siempre correcto de las mismas.
Quisiera dar las gracias al señor Marugán por su intervención. (El señor Erias Rey: Te ha ayudado.) Por supuesto que el señor Marugán siempre ayuda al Gobierno socialista, pero además de eso ha contribuido a poner todavía más en claro de lo que yo
lo había hecho algunos aspectos importantes de este buen modelo de financiación autonómica. En ese sentido, señor Marugán, muchas gracias.



Voy a contestar brevemente las observaciones que han hecho los distintos grupos de manera sintética, en el convencimiento además de que, como ya se ha dicho aquí, seguiremos hablando de este tema en distintas ocasiones; en primer lugar, con
motivo de la presentación del proyecto de ley de modificación de la Lofca, por supuesto del modelo que regule la modificación del régimen fiscal, de los proyectos de cesión de tributos a las comunidades autónomas y con cada comunidad autónoma en la
comisión mixta correspondiente. En todo caso, es importante que haga algunas observaciones en el día de hoy. Comenzaré por el Bloque Nacionalista de Galicia. Está usted en su derecho de que el modelo no le convenza. Creo que podría reconocer
conmigo que es un modelo mejor que el anterior, también para Galicia, puesto que también va a aportar recursos adicionales para Galicia. En toda esta dinámica de la negociación del sistema de financiación nos hemos movido siempre entre aquellas
comunidades autónomas cuya población ha aumentado mucho y que entienden que necesitan más recursos, sobre todo para la prestación de los servicios públicos fundamentales, y aquellas comunidades autónomas cuya población ha crecido muchísimo menos y
que consideran que también necesitan más recursos, y se los hemos dado.



Lo que no parece fácil es que los porcentajes de participación en los recursos totales y en concreto en los recursos adicionales sean iguales en un caso y en otro; y me explico con un ejemplo que es claro. Si la población de Cataluña entre
el año 1999 y el año 2009 ha crecido en más de 1.200.000 personas, mientras que la población de Galicia ha crecido en el mismo periodo de tiempo en el entorno de las 65.000 personas, parece difícil considerar que la participación, entendida como
porcentaje, en los recursos adicionales en el caso de Cataluña y en el caso de Galicia tenga que ser la misma. Hay otra forma de verlo. En una estimación -y me refiero a las estimaciones que han hecho ambos presidentes- del presidente de Galicia,
con referencia a los recursos adicionales que el sistema entiende que le va a proporcionar, esos recursos adicionales estarían en el entorno a los 10.000 euros por habitante adicional, y en el caso de Cataluña, con las cifras que ha dado el
presidente de la Generalitat de Cataluña y considerando ahí incluidas competencias que no son homogéneas, es decir, incluso con esa cifra que incluye todo tipo de competencias, estaríamos hablando de menos de 3.000 euros por habitante adicional.
Esas dos consideraciones nos permiten decir que es muy difícil conseguir aportar más recursos


Página 22


para aquellas comunidades autónomas donde la población ha crecido más y, al mismo tiempo, mantener el trozo, en términos porcentuales, para aquellas comunidades autónomas donde la población ha crecido muchísimo menos.



Evidentemente, la secuencia que hemos tratado de hacer es que en términos de financiación per cápita se produzca una cierta convergencia. Las diferencias, por supuesto, no se han reducido en su totalidad, pero se han reducido en un 25 por
ciento con respecto a las diferencias que existían antes de este acuerdo de financiación. Esa es la estimación que hacemos de acuerdo con los datos que podemos tener. Seguramente los datos confirmarán -cuando los tengamos- esta estimación.
También ha hablado el representante del BNG de la inmigración. Sobre esto hay que decir con toda claridad que la asistencia a los españoles en el exterior no es una competencia transferida, por mucho que las comunidades autónomas tengan todo el
derecho de proporcionar asistencia a sus residentes en el exterior, pero no es una competencia transferida. El Estado, la Administración General del Estado, también presta asistencia a los españoles en el exterior, a través de la dirección general
correspondiente. Por tanto, esa es una competencia que reside en el Estado, en términos competenciales. En definitiva, es un buen sistema para Galicia, incrementa el peso de la dispersión, incrementa también la consideración de la población de
mayor edad, porque la población de más de 65 años tiene ese peso del 8,5 por ciento, pero también tiene su peso la población mayor en los dos tramos de más de 65 años y de más de 75 años en la consideración de la población a efectos del gasto
sanitario.
En esos siete grupos de población hemos introducido un tramo más para las personas de más de 75 años, por entender que el coste sanitario se incrementa mucho cuando la edad crece. Por consiguiente, aunque entiendo que no le parezca un
sistema perfecto, le pido al representante del BNG que si es posible entienda que es un sistema mejor que el anterior, que proporciona más recursos para Galicia y para sus habitantes.



En el caso de Canarias, sabe la señora Oramas que la situación y sus especificidades son para nosotros un asunto de especial relevancia. Sabe que el sistema de financiación no puede dar respuesta a todos sus problemas por el distinto
régimen fiscal tributario de Canarias, y que parte de la solución a las dificultades de financiación de Canarias hay que buscarla en estas conversaciones bilaterales específicas de Canarias que atiendan a su régimen. En este sentido, sabe que ya
estamos trabajando y dispuestos a seguir haciéndolo. La señora Oramas ha dicho que es algo que hay que explicar en Madrid y en Canarias -por supuesto-, y también en Bruselas. Sé que entiende que esta necesidad de autorización por parte de las
autoridades comunitarias de la Comisión en determinadas cuestiones es algo que también tendremos que tener en cuenta. En todo caso, estoy segura de que podremos seguir trabajando para llegar a acuerdos que sean favorables para los residentes en
Canarias.



A los señores Herrera y Ridao quiero agradecerles sus palabras en cuanto a la mejora que supone este modelo respecto al anterior. Tanto Iniciativa per Catalunya como Esquerra Republicana de Catalunya forman parte del Gobierno de la
Generalitat, con el que hemos llevado el grueso de las conversaciones bilaterales en lo que se refiere al sistema de financiación. Por supuesto, es un sistema que incorpora muchísima más corresponsabilidad fiscal, con lo que eso tiene de incentivo
para lo que el propio señor Montoro ha definido como uno de los motores de nuestra economía y de nuestro progreso económico. Quiero decir al señor Herrera, que ha abordado el tema fiscal -tendré oportunidad de exponerlo con mayor claridad cuando
conteste a algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Montoro-, que evidentemente nuestros ingresos tributarios se han reducido mucho por efecto de la crisis económica. Eso es lo que ha motivado que en el año 2008 nuestra presión fiscal
haya sido tan baja, 5 puntos inferior a la del año inmediatamente anterior, un 32,8 por ciento, que la sitúa entre las más bajas de los países de nuestro entorno.
Evidentemente, sería bueno disponer de más recursos. La primera condición para
conseguirlo es recuperar la senda del crecimiento económico, y por tanto a esa recuperación van dirigidos nuestros esfuerzos en primer lugar. La recuperación de la senda del crecimiento económico nos va permitir también que los estabilizadores
automáticos disminuyan y, por tanto, con ello también las necesidades de gasto de las administraciones públicas en esa cuestión. Por supuesto, coincidimos en que, además de las medidas de austeridad, de medidas de mayor eficiencia y de medidas que
contribuyan a una dinamización de nuestra economía, tendremos que seguir haciendo esfuerzos fiscales importantes -el señor Barroso se ha referido a ello en el día de ayer diciendo que no es todavía tiempo de retirar los estímulos fiscales, que no
debemos retirarlos hasta que la senda de crecimiento no se haya recuperado-, y por supuesto, austeridad en los presupuestos, mantenimiento del gasto social y consideración a la hora de elaborar los presupuestos de todas las figuras impositivas, sin
apriorismos y teniendo en cuenta la situación de nuestro país y el hecho de que nuestra principal preocupación debe ser, como he dicho, recuperar la senda del crecimiento económico.



Al representante del Partido Nacionalista Vasco quiero decirle en primer lugar que, igual que cuando se llegó a un acuerdo sobre el sistema de financiación anterior, por supuesto reuniremos la Comisión del concierto y del convenio, en el
caso de Navarra. También tendremos oportunidad en los próximos meses de debatir sobre cuál es la forma de recuperar el crecimiento de nuestros ingresos sobre la base de recuperación de nuestro crecimiento económico, y por supuesto sé que podré
contar con su colaboración.



Página 23


Convergència i Unió ha planteado un conjunto de preguntas, y si me lo permite, señor Sánchez i Llibre -y puesto que se ha hecho aquí también alguna consideración de oportunidad política, espero que no me lo tome a mal-, creo que ustedes
pensaban que no se iba a llegar a un acuerdo en cuanto a la negociación del sistema de financiación, y a pesar de que cada vez que una persona de su grupo me lo preguntaba yo le decía que creía que estábamos en la senda de poder llegar a un acuerdo,
no pensaban que se iba a llegar a un acuerdo en el sistema de financiación y, de alguna manera, si me permite la expresión coloquial, eso les ha descolocado. No puede entenderse de otra manera que ustedes a lo largo de este proceso de negociación
hayan llegado a dar hasta once cifras distintas, como recordaba el señor Ridao. Algunas de esas cifras quedaban por cierto bastante por debajo de lo que después va a ser con toda seguridad el conjunto de recursos adicionales con los que puedan
contar Cataluña y sus ciudadanos. Quisiera decirle que en nuestra opinión el sistema de financiación cumple respetuosamente el Estatuto, incluso en los plazos, porque es verdad que el incumplimiento formal o aparente de un plazo no puede achacarse
solo a una parte de la negociación, y yo quiero recordar que antes de dos años de la aprobación de Estatuto el señor Solbes ya había presentado las bases del sistema de financiación en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por
tanto nosotros entendemos que sí cumple el Estatuto en lo que se refiere a la dimensión temporal. Ha hecho referencia a cuestiones como, por ejemplo, la inmigración. Quiero recodarle aquí que la expresión específica de la inmigración fue objeto de
un debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de los trabajos de un grupo que se creó a tal efecto, que no llegó a conclusiones precisas y que, por el contrario, podría llegar a conclusiones que tuvieran un claro tinte discriminatorio.
Creo recordar que allí también se puso de manifiesto que si bien la inmigración puede suponer algunos gastos en algunos conceptos, no es menos cierto que en lo que se refiere al gasto sanitario, por ejemplo, la población inmigrante tiene un gasto
per cápita inferior a la población nacida en la comunidad autónoma. Así es que en este sentido no fue posible llegar a conclusiones y por tanto no era fácil incluir ese aspecto en el sistema. Hablaba usted también de la lealtad institucional, y
creo que hemos dado repetidas muestras de lealtad institucional. Me referiré únicamente al caso de la deducción de los 400 euros, que, como sabe, ha sido asumida en su integridad por las cuentas del Estado, y por supuesto no hay nada en ese
artículo que usted ha leído del acuerdo firmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que suponga poner contadores a cero ni nada distinto.
No hay en este momento reclamaciones importantes a este respecto, pero en cualquier caso ya le digo
que la frase final está puesta en todos los acuerdos de financiación y no hay ninguna intención aviesa, como usted parece interpretar.



Hay un buen conjunto de sus preguntas -que ha hecho también algún otro grupo- que se refieren a las cantidades que van a corresponder a cada comunidad autónoma. Tendré oportunidad de hacer una comparación con sistemas anteriores en mi
contestación al señor Montoro, pero ya le digo que los recursos adicionales son adicionales respecto a los recursos del sistema anterior en el año 2009. En el año 2009 hay muchas variables que todavía no conocemos y por tanto es difícil dar las
cifras en este momento; es imposible, no difícil, dar las cifras en este momento. Sobre la base de ese acuerdo que usted entiende como ininteligible y que yo admito que también veo complejo -en fin, es un lenguaje este de los sistemas de
financiación que los consejeros de Economía y Hacienda de cada comunidad autónoma entienden perfectamente pero que para quien lo lea no estando en esa responsabilidad desde luego es muy complicado de entender-, las comunidades autónomas que tienen
ya sus datos en la cabeza, los parámetros relativos, creo que han podido llegar con bastante exactitud a la determinación de los recursos adicionales que ese sistema va a producir, pero desde el Estado tenemos que hablar con certezas y por tanto
cuando tengamos la liquidación del año 2009 será cuando podamos decir con seguridad qué cifra ha correspondido a cada una de las comunidades autónomas. Lo que sí le puedo decir es que ninguna de las manifestaciones que haya hecho ningún presidente
de comunidad autónoma que ha hablado de las cifras de los recursos adicionales, ninguna de ellas nos ha sorprendido o nos ha parecido inexacta. Por tanto, tanto la cifra que ha mencionado el presidente de Galicia como la que ha mencionado el
presidente de Castilla-La Mancha como por supuesto la que ha mencionado el presidente de la Generalitat de Catalunya son cifras para nosotros perfectamente posibles. Lo podremos comprobar cuando tengamos los datos definitivos del año 2009, pero
nuestras estimaciones dan cifras aproximadas o parecidas.



En cuanto al ranquin de las comunidades autónomas, sabe que nosotros no solemos hacerlo. En todo caso, también le digo que eso corresponderá cuando tengamos la liquidación definitiva del año 2009, porque en el sistema anterior se tomaba
como base el año 1999, pero nunca se hizo una actualización real al año 2001, por lo que nunca pudimos saber de verdad cuantos recursos adicionales se habían puesto sobre la mesa. Dicen algunas crónicas que fue en el entorno de los 1.800 millones
de euros, pero ese extremo tampoco se ha podido comprobar puesto que aunque el señor Montoro lo vendía como una gran conquista por parte de las comunidades autónomas, a muchas les sorprendió saber en el plazo de veinticuatro horas que la aceptación
del sistema de financiación llevaba incorporada la aceptación de las transferencias de la sanidad con unas cantidades que en ese momento desconocían. Como ya he dicho, dicen las crónicas que en ese momento se pusieron unos recursos adicionales de
1.800 millones de euros, pero no ha sido posible comprobarlo porque el sistema


Página 24


nunca se actualizó, es decir, nunca tuvimos para un mismo año nuevo sistema y antiguo sistema. En el caso de este nuevo sistema de financiación vamos a tener para el año 2009 las cifras del anterior sistema y las del nuevo sistema y, por
tanto, ahí se podrá comprobar que la cifra adicional para las competencias homogéneas es algo superior a los 11.000 millones de euros que siempre hemos mencionado. En todo caso, quiero decirle que el sistema prevé la actualización quinquenal, como
establece el Estatuto, y lo dice expresamente: estructuralmente se va a proceder a una revisión cada cinco años y anualmente se va a actualizar la población en lo que se refiere al Fondo de prestación de los servicios públicos fundamentales. De
todas maneras, estoy segura de que tendremos ocasión en las próximas semanas y meses de continuar hablando sobre este sistema de financiación y sobre las modificaciones legislativas que ello comporta. Por supuesto, en cuanto a lo que me decía de
que contrastara un cifra ya incorporada no en euros constantes y que, por tanto, tenía en cuenta un incremento de la actividad económica, entenderá que, en la medida en que es una previsión del incremento de la actividad económica, difícilmente
puedo yo garantizar esa cifra, pero, como le digo, no hay nada en la cifra de euros constantes que nos sorprenda. (El señor Arias Cañete: Aquí no sorprende nada.)


Por último, el señor Montoro tiene una excelente cabeza y una excelente memoria, por lo que no entiendo muy bien la amnesia repentina. Primero, ha empezado por algo que ya se ha convertido en un clásico, que es la queja en la tardanza en
comparecer. En el año 2001 el acuerdo de política fiscal y financiera se aprobó en julio y usted compareció en el Senado, que no en el Congreso, en el mes de septiembre -cincuenta días más tarde, y he contado los días-; ahora, yo he comparecido
cuarenta y dos días más tarde. (El señor Arias Cañete: Hemos ganado por ocho.) Entiendo que le parezca que es tarde, pero desde luego no es para quejarse de cuando he comparecido. (El señor Montoro Romero: Es que no querían que fuera.) En todo
caso, como sabe, yo ofrecí otra fecha que tal vez a S.S. no le venía bien.



La segunda cuestión en la que desde luego demuestra una amnesia repentina es en lo que se refiere a las cifras. Como usted lo conoce, seguro que le basta con que se lo enseñe desde aquí. Estos fueron todos los datos que se aportaron en el
nuevo sistema de financiación del año 2001, el total de la restricción inicial de cada comunidad autónoma, con la diferencia, como le digo, de que llevaba incorporados los costes de la sanidad, que algunas comunidades autónomas no sabían hasta
veinticuatro horas antes que se les iban a trasferir. Total restricción inicial, 8,575 billones de pesetas en ese momento; esa fue la única cifra. En su sistema de financiación no hay ni tan siquiera las ponderaciones de los distintos parámetros
con toda exactitud, como las tenemos nosotros; ni tan siquiera hay las cifras adicionales en cada una de las masas, como también las tenemos nosotros y que permiten decir que los recursos adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas
estarán por encima de los 11.700 millones. (El señor Arias Cañete: Eso será según vaya la recaudación.) No pasa nada. Es verdad, no es posible hacerlo en el mismo momento en el que se aprueba un sistema de financiación porque se tiene que tomar
como año base el último liquidado y porque el sistema de financiación entra en vigor y no se liquida hasta dos años después, que es cuando se conocen de verdad las cifras. Pero eso, que era verdad para usted en su caso, también es verdad en este
caso. Así es que le ruego que recupere la memoria y que coincida conmigo en que este sistema y su negociación han sido mucho más transparentes que el anterior, porque no incluye ni pactos de desplazados ni modulaciones peculiares y porque todo lo
que hemos podido acordar en términos de la valoración de cada uno de los criterios está incorporado en el texto que hoy sometemos a la Cámara, que ha sido aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que traeremos en forma de proyecto
de ley en el momento correspondiente. (El señor Erias Rey: El proyecto no está redactado.)


Como le digo, hay otra cuestión más sobre la que usted ha intentado introducir una cierta confusión, que es la consideración de que con este sistema, a pesar de todo y de los recursos adicionales, las comunidades autónomas van a tener
finalmente en el año 2009 menos recursos que en el año 2007. Evidentemente. Con el nuevo sistema y con el suyo muchísimo más. ¿Cuánto más? O, mejor dicho, ¿cuánto menos? Casi 11.700 millones de euros. Es que la diferencia en los tributos
recaudados se produce con su sistema igual que con el nuestro. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho -y por eso era urgente- ha sido tratar de hacer dos cosas. En primer lugar, aportar recursos adicionales a las comunidades autónomas que pudieran
compensarles de la disminución de los ingresos previstos para el año 2010 sobre la base de la disminución prevista de los ingresos tributarios. (El señor Erias Rey: ¿De dónde?) Y en segundo lugar, y eso también es parte del acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, permitir una moratoria en el pago de esas liquidaciones negativas; liquidaciones negativas de las que ya le puedo dar una estimación de la cifra correspondiente a 2008, que estará cercana para el conjunto de las
comunidades autónomas a los 6.000 millones de euros, y que permitiremos que las comunidades autónomas periodifiquen en cuatro años a partir del año 2011. Por tanto, señor Montoro, los datos son muchos más de los que estaban en el sistema anterior,
hay muchos más recursos adicionales de los que hubo en el anterior sistema, la transparencia y el número de reuniones han sido mucho mayores y, por supuesto, todas las comunidades autónomas han celebrado la corresponsabilidad fiscal -yo he terminado
por no saber si a usted le gusta o no que aumentemos las corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas- y están perfectamente convencidas de que es un avance en su autogobierno.



Página 25


Como digo que tendremos oportunidad de seguir debatiendo sobre este tema cuando presentemos los proyectos de ley correspondientes, presidente, si me lo permite, terminaría mi intervención aquí.



El señor PRESIDENTE: ¿Desean hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Les ruego que no más de cinco minutos.



Señor Montoro.



El señor MONTORO ROMERO: Señora vicepresidenta, yo trato también de resumir, como es lógico desde la óptica de la formación política a la que represento en esta Comisión, una situación que ha quedado visible para todos los españoles y, en
definitiva, para todos los que hayan seguido este debate. Creo que quienes esta mañana están satisfechos con lo que llaman el nuevo sistema de financiación son el señor Herrera y el señor Ridao, que son los que lo han hecho, está claro quién está
por ello, por elaborar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de España, y hemos visto también una posición del Grupo Parlamentario Socialista que dista muchísimo del equilibrio y que ha llegado a unos extremos de descalificación
personal; pero allá él, algo le pasará al señor Marugán, que es un veterano. Quiero decir que ya se templará con argumentos muy sólidos sobre lo que representa el Partido Popular en esta Cámara, es decir, sobre lo que está representando y a quién
representa el Partido Popular en esta Cámara. No voy a insistir más sobre lo que significa esto, no estamos en una lección primera de democracia, pero es bueno que quienes se representan aquí durante tanto tiempo sepan ejercerla en cada momento y
de acuerdo con esa titularidad.



Dicho esto, señora vicepresidenta, insisto en que usted y el presidente Zapatero han llegado a decir que jamás se había dotado tanto al sistema de bienestar de España, a lo que es todo el sistema de protección, y lo que usted acaba de decir
es lo contrario. Usted acaba de decir que ha puesto algo más de 11.000 millones de euros precisamente para compensar la caída de ingresos de las comunidades autónomas y del Estado. Eso es lo que usted acaba de decir como resumen. Efectivamente es
así, y lo que no puede ser es que todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas de España de régimen común quede pendiente de la consecuencia de la crisis económica, señora vicepresidenta. Quien ha falseado los presupuestos de las
comunidades autónomas no ha sido la crisis, ha sido el Gobierno, que ha traído a esta Cámara dos presupuestos, 2008 y 2009, que falsean las consecuencias de esa crisis en términos presupuestarios; por tanto, es quien está dando en forma de
anticipos a las comunidades autónomas unas cantidades que después tendrán que devolver de acuerdo con el sistema, y eso hace que los españoles tengamos un problema de financiación de nuestro sistema de protección social. Eso es lo que tiene España
en este momento, señoría, y ustedes lo están confundiendo nada más y nada menos que con un nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas. Usted no ha sido capaz de dar otra cifra más sencilla que yo le he reclamado, que es la media del
anticipo a cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda ha facilitado a las comunidades autónomas el día 31 de julio por la tarde para que hagan su presupuesto. ¿Cuál es la media para el nuevo presupuesto del año 2010? Esa cifra va a hacer,
señorías, teniendo también en cuenta la cifra adicional que entrará del nuevo sistema -no del nuevo sistema, sino la adicional, que viene de deuda pública-, que el presupuesto de ingresos de todas las comunidades autónomas y de Cataluña el año que
viene sea inferior, porque es imposible, no sale otra cuenta, señoría, y si no desmiéntamelo usted con cifras. Desmiéntamelo, señoría, lo tiene fácil, tiene aquí a los funcionarios, saque las cifras.



A la sociedad española hay que contarle lo que está ocurriendo, señoras y señores. Esto es así. ¿Cuándo le ha dicho usted a una comunidad autónoma que va a caer su ingreso el próximo año? Y ahora vendrá la aprobación del nuevo sistema y
usted añadirá ese recurso adicional. Lo que les estoy discutiendo es que no hay más dinero para la financiación autonómica, señores autores del sistema, que parece que han descubierto la pólvora.
No, no hay más dinero, y lo vamos a ver año tras
año, porque estamos pagando la tragedia de la peor crisis económica que ha vivido España, señor Marugán, la peor. Hemos perdido un millón y medio de puestos de trabajo; Cataluña ha perdido 344.000 puestos de trabajo en un año y medio de
legislatura; es decir, Cataluña ha perdido casi un 24 por ciento del total de los puestos de trabajo que se han perdido en España. Eso es lo que está haciendo que se hunda, no el sistema de financiación, lo que se está hundiendo son los ingresos
del Estado y, en definitiva, el sistema de las comunidades autónomas. Y yo no estoy aquí defendiendo el anterior sistema o que no sea perfeccionable, por supuesto, como todo en la vida, si no, no estaríamos sentados haciendo esta labor de oposición
que lo que quiere es reformar, revisar y mejorar cualquier elemento fundamental de la vida de los españoles, incluida la financiación de sus prestaciones básicas, que radican en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que son los realmente
perjudicados y perdidos en esta situación, cuando sobre ellos descansa buena parte de esa prestación social. Por tanto, señorías, de eso estamos hablando. No son cifras de presupuestos frías.
Estamos hablando de la financiación de esos recursos
públicos. Y como este es un gobierno que no reconoce nada, que no reconoce la realidad ni siquiera cuando tiene la crisis peor encima -¡qué le voy a contar a usted!-, su credibilidad, señora ministra, está en la elaboración de esas cifras. Pero
¿dónde está su credibilidad si no es capaz de decir realmente lo que está ocurriendo a los españoles en términos cuantitativos? Lo que les está diciendo a las comunidades autónomas, que las tiene contra la pared..., no él, sino la consecuencia de
esa crisis, insisto. ¿Y no hay responsabilidad política en esta crisis? ¿No la tiene un gobierno a la hora de


Página 26


prevenir y de anticipar? ¿Por qué confunde a los españoles? ¿Por qué hace esa mezcla de elementos fundamentales que pueden condicionar enormemente la salida y la solución de esa crisis? Estas son las grandes cuestiones que desde el Grupo
Parlamentario Popular estamos planteando sobre la mesa. Esta es la gran cuestión en un momento en el que la sociedad española está viviendo esa situación crítica; la sociedad española e, insisto, la sociedad catalana. Y eso es lo que está
haciendo que el mapa político español esté cambiando, lo que pone tan alegre al señor Marugán; que yo lo comprendo. Comprendo también que el señor Marugán haga de ponente en un día como el de hoy y no lo haga ningún miembro del Partido Socialista
de Cataluña; también lo entiendo en clave política. (La señora López i Chamosa: ¡Es que sabe más!)


Señorías, estamos en un momento crítico, un momento en el que lo importante es salir de esta crisis, y es imposible dar agua si se están reparando las tuberías y si se está enmascarando la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país.
Este es el resumen de ese sistema que se nos está planteando aquí como la virtud de la nueva definición de lo que es el Estado de las autonomías y la capacidad de ello. Lo que me ha hecho mucha gracia -y ya acabo, señor presidente- es eso de las
crónicas. Las crónicas las escribirán los historiadores, sin duda alguna. Pero lo que dicen las crónicas es que cuando hay voluntad política por negociar, la otra parte puede decir que no, como cuando en un gobierno del Partido Popular el Partido
Socialista, por supuesto en el ejercicio de su voluntad libre -faltaba más-, le dijo al Gobierno del Partido Popular que no quería ese sistema. Bien, correcto. Segundo punto, en cada comunidad autónoma el sistema era tan claro que podía calcular
cuál era la consecuencia. Eso es imposible con el suyo. Han conseguido tal grado de opacidad y falta de transparencia que es literalmente imposible. Por tanto, la negociación que hizo el Gobierno del Partido Popular en aquel momento con cada
presidente de comunidad autónoma no era de regateo del sistema. No estamos regateando ninguna cifra. Ustedes han hecho un sistema al revés, a base de: ¿tú qué necesitas, un poquito más de aquí o de allá? Y eso ha producido una división entre
españoles, por lo que este sistema sale hoy quebrantado, sin apoyo suficiente, sin voluntad de continuidad y, por tanto, es un sistema que tendrá que ser revisado por un gobierno diferente en un próximo futuro, precisamente para superar esa división
que se está produciendo entre los españoles, que es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para superar la crisis económica y la crisis de empleo que tiene España. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, la verdad es que este diputado que representa al grupo de Convergència i Unió ha intentado escuchar atentamente todo
lo relativo a las preguntas que he planteado en esta comparecencia y, sobre la base de sus contestaciones, ha de saber que la sensación que tenemos y que tengo es de una gran perplejidad, sinceramente, y de una gran preocupación, porque pienso que a
lo largo de toda su intervención no me ha contestado absolutamente -absolutamente, repito- a ninguna de las cuestiones relevantes que le he hecho durante mi intervención, absolutamente a ninguna. Si yo antes había dicho que teníamos muchísima
preocupación porque dudábamos de la voluntad del Gobierno para que este fuera un proceso que contara con la máxima transparencia, que no fuera opaco, la sensación que tenemos en estos momentos es que probablemente ahora existe más opacidad que la
que inicialmente teníamos. Asimismo creo sinceramente que en su contestación hay una gran contradicción entre sus afirmaciones y las afirmaciones que en sede parlamentaria han hecho el presidente de la Generalitat, señor Montilla, y el conseller de
Economía y Finanzas, señor Castells, así como en una entrevista concedida a La Vanguardia el domingo 9 de agosto de este año a bombo y platillo.



Yo le he preguntado: ¿Está usted en condiciones de afirmar en esta Cámara que son ciertas y exactas las cifras que dieron el presidente Montilla y el conseller de Economía Castells de que las cifras que va a recibir incrementadas la
Generalitat con el nuevo sistema de financiación van a ser, para el año 2012, de 3.687 millones de euros? (La señora Colldeforns i Sol: 2011.) 2012, 2012. Porque, según ellos, no son unas cifras que obedecen a estimaciones sobre el posible
incremento de los ingresos, sino que son cifras pactadas entre la Generalitat y el Ministerio de Economía.
Usted ha dicho en su contestación que no son cifras exactas; ha dicho que podrían ser cifras posibles, que podrían ser cifras aproximadas.
Señora vicepresidenta, si usted no da veracidad en estos momentos a estas cifras, uno puede tener la sensación de que alguien miente; que miente el tripartito de Cataluña, planteando mediáticamente una serie de cifras para el año 2012, cifras que
según usted podrían conseguirse o no podrían conseguirse; según el presidente de la Generalitat y el conseller de Economía, señor Castells, ustedes han pactado para el año 2012 una cifra de 3.687 millones de euros. Nos gustaría saber si esto es
cierto o no.
Usted ha dicho en su contestación que podrían ser cifras posibles o cifras aproximadas, pero no ha dado veracidad, no ha autentificado estas dos declaraciones, que para nosotros son muy importantes.



Otro tema que le he planteado es la lealtad institucional. Señora vicepresidenta, usted dice en su intervención que no dinamitan el principio de lealtad institucional. Nosotros pensamos que, a través de este artículo 4.9 de la página 72,
dinamitan el principio de lealtad institucional y usted me ha contestado que no. ¡Cuidado! Esta contestación no está en concordancia con lo que dice este artículo, con lo cual aquí también existe una contradicción importante. ¿Se dinamita o no se
dinamita el principio de lealtad institucional? Según este


Página 27


documento, sí; usted ha dicho que no. Tendrán que rectificarlo. Respecto a la actualización quinquenal, usted dice que está en el documento. Le aseguro que yo lo he leído de pe a pa y en ningún momento dice que se actualizará
quinquenalmente. (La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Salgado Méndez, hace gestos afirmativos.) ¡Cuidado! Entre el Estado y la Generalitat de Catalunya; otra cosa es la comisión permanente. El Estatuto
dice entre el Estado y la Generalitat de Catalunya. Y así le podría ir citando toda una serie de cuestiones a las que usted no me ha contestado, absolutamente a ninguna, cuestiones que estaban perfectamente especificadas en el Estatuto de Autonomía
y a las que no me ha dado ninguna contestación. Estamos por tanto ante un nuevo acuerdo de financiación que es mejor que el anterior, eso también lo reconocemos, pero que no tiene nada que ver con la financiación prevista en el Estatuto de
Cataluña, con lo cual me reafirmo en lo que he dicho, que ha sido que, cuando los catalanes fuimos a votar el Estatuto adquirimos un edificio con un sistema de financiación potente, solvente y duradero en el tiempo, y a cambio ustedes, a la hora de
la verdad, nos han entregado una caseta ferial o un gran decorado de cartón piedra. Después de su contestación, me reafirmo en mis declaraciones: no tiene nada que ver el nuevo Estatuto de Cataluña en su aspecto de la financiación con el sistema
de financiación que nos ha planteado en estos momentos.



Hay otra cuestión que también está en el ánimo de la mayoría de los diputados de esta Cámara, al menos de la mayoría de medios de comunicación que nos vienen siguiendo en esta comparecencia. Quisiera que nos dijera si el culebrón fiscal de
este verano, que hace referencia a si las declaraciones del señor Blanco, en el sentido de que el Gobierno va a plantear de forma inminente una subida de los impuestos directos -básicamente creo que se refirió al impuesto sobre la renta de las
personas físicas-, es un culebrón de verano, una serpiente de verano, o fuegos de artificio, desde un punto de vista electoral, para desviar la atención de las pobres familias que están en el paro. Quisiéramos saber si esto es cierto o no lo es.
Sabe usted perfectamente que, en temas fiscales, hay un acuerdo entre Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, por el que no se plantearían subidas de impuestos directos a lo largo del próximo período de sesiones, que va
a comenzar dentro de pocos días. Lo conoce todo el mundo y nosotros quisiéramos saber si usted confirma estas declaraciones o si son una broma pesada, yo diría que de muy mal gusto, un culebrón de verano.
Si esto fuera así -y ojala que fuera un
culebrón de verano, una broma de mal gusto-, a usted, que es una ministra de la que nosotros siempre hemos mantenido que es una persona seria, le pediríamos que en temas económicos las declaraciones que se puedan hacer sean serias, planteadas con el
máximo rigor y con la máxima solvencia, porque hay muchísimas familias en España y muchísimas empresas que están en una situación delicada, que no llegan a final de mes y que lo que necesitan no son declaraciones intempestivas, cohetes, fuegos de
artificios, sino planteamientos que lideren, como ha dicho, por ejemplo, mi compañero el señor Azpiazu, esta situación económica delicada, repito, con un gran plan de anticrisis, solvente y fehaciente.



El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu. (Pausa.) Señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: En primer lugar quería volver a agradecer sus explicaciones y comentar que si esto es una caseta de feria, no sé cómo podríamos calificar el modelo de 2001; si de barraca a la intemperie en medio de una riera,
también catalana, casi el Maresme, no lo sé. Lo que sí entendemos es que este modelo se ajusta al Estatuto, que es un modelo justo, digno, transparente, que es un modelo que da más capacidad normativa, más participación en rendimiento, que supone
que haya mayoría fiscal, sí, de las comunidades autónomas, y eso es una nueva noticia; que, además, sirve para Cataluña, pero también sirve para el conjunto del Estado. Lo que supone, en definitiva, es que las comunidades autónomas no van a tener
que estar a la intemperie en un contexto económico tan complejo y complicado. Por eso nosotros lo apoyamos y por eso entendemos que es positivo; pero es positivo precisamente porque los primeros modelos que presentó el Gobierno no servían y porque
el Gobierno tuvo que mover ficha, como no podía ser de otra manera, para alcanzar este buen acuerdo.



Segundo elemento. Hemos tenido suerte con el Estatuto, porque ha servido para que, finalmente, este acuerdo sea positivo y, sí, avancemos hacia un modelo más federalizante en materia fiscal en el conjunto del Estado. Es cierto que el
Estatuto cambia las reglas en el conjunto del Estado y que el nuevo modelo de financiación tiene más elementos federales que los que tenía anteriormente. Todos no, pero más, por supuesto que sí. Para nosotros este es un elemento claramente
positivo.



Tercer elemento. Creo que hay una gran disonancia entre las satisfacciones e insatisfacciones del Partido Popular que está en el Gobierno de las comunidades autónomas y el Partido Popular que está en la oposición en esta Cámara, que no
tiene nada que ver la actitud del Partido Popular que gobierna en las comunidades autónomas y asume y participa de ese modelo, aunque quisiera más recursos, con el discurso que hoy nos hace el señor Montoro. Por tanto, vaticino que el modelo no va
a cambiar cuando ellos entren en el Gobierno o cambiará cuando esté tan desajustado como lo estaba el modelo de 2001. No va a cambiar porque lo han asumido y lo que ha creado hoy división y desigualdad entre ciudadanos españoles ha sido el modelo
de 2001, que ha condenado a determinadas comunidades autónomas y a ciudadanos de las mismas a tener muchos menos recursos que otros ciudadanos de otras comunidades autónomas. Eso es lo que ha creado desigualdad.



Página 28


Señora ministra, la disminución de la presión fiscal se puede deber a la crisis, una parte, pero sobre todo se debe a las reformas fiscales que se han emprendido. La disminución de la presión fiscal en comunidades autónomas no llega a 1,7
puntos, mientras que la disminución de la presión fiscal en el conjunto de la Administración General del Estado supera los 3. Por una razón muy simple, porque las políticas fiscales que ustedes han hecho es lo más discutible que se puede hacer
desde un Gobierno que se reclama progresista: la política de los cheques; la eliminación del impuesto de patrimonio; las modificaciones en el IRPF, que favorecieron a las rentas altas. Eso es lo que hay que deshacer.
Celebro sus
manifestaciones, que tendremos que hacer esfuerzos fiscales importantes, pero espero que quien lo tenga que hacer sea quien más tiene, no quien menos tiene. Porque son las rentas más altas las que tienen que hacer los esfuerzos más importantes y
porque los esfuerzos fiscales se tienen que hacer en aquellos comportamientos o actitudes menos sostenibles social y ambientalmente. Sé que es una broma de mal gusto para los que tienen más dinero la posibilidad de que haya una reforma fiscal que
haga que las rentas más altas paguen más. Yo entiendo lo que dice el señor Sánchez i Llibre, es una broma de pésimo gusto para los más ricos que los más ricos tengan que pagar más; es una broma de mal gusto que a aquellos que pagan en la Sicav un
uno por ciento se les haga pagar más tras una reforma de la Sicav. Para ellos es una broma de mal gusto, pero creo que para el conjunto de la ciudadanía, para los que padecen más la crisis, lo que sería una broma de pésimo gusto es que un modelo
fiscal tan inequitativo como el nuestro continuase como si no pasase nada. Eso sí que sería una broma de mal gusto para la mayoría de los ciudadanos.



Por último, más o menos recursos, como decía el señor Montoro. Creo que con una presión del 32,8 por ciento no puede haber más recursos, porque es lo que tienen de presión fiscal las repúblicas bálticas y quien sale mejor de la crisis es
quien tiene mayor capacidad de hacer políticas públicas, políticas sociales, políticas anticíclicas; sí, los que tienen mayor musculatura. No es casual que sean España e Irlanda quienes padecen más la crisis y quienes salen peor de la crisis. No
tienen instrumentos para dar respuesta a la crisis y para tener esos instrumentos se tendrá que modificar esa premisa de que bajar impuestos, entre paréntesis, a los que más tienen, es de izquierdas. No, de izquierdas es una política fiscal
redistributiva y mayor margen para hacer esas políticas públicas, sociales y anticíclicas imprescindibles.



El señor PRESIDENTE: Señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Señora vicepresidenta, muy brevemente. Si me lo permite, voy a hacer una consideración última y una apostilla. Una consideración en la que me permito reiterar algo que le he dicho antes y es que, como sea que este
es un acuerdo político, el de financiación, sobre la base de algunos compromisos económicos adquiridos por el Gobierno y que deberán reflejarse no solo en la arquitectura del modelo sino también en la Ley de presupuestos, en la Ley de Economía
Sostenible, además de en la Lofca y en la Ley de Cesión de Tributos, evidentemente vamos a poner debajo de la lupa los cambios normativos que el Gobierno va a traer a esta Cámara, no vamos a bajar la guardia. De la misma forma que somos conscientes
de que han sido la coyuntura política, la ausencia de apoyos políticos y parlamentarios del Gobierno en esta Cámara y el nivel de exigencia y de determinación que han exhibido, entre otros, el Gobierno catalán, las que han hecho posible este
acuerdo, evidentemente esta misma circunstancia o condición es la que a partir de ahora va a presidir con toda lealtad nuestra actuación durante la tramitación y discusión de la parte final de este acuerdo de financiación.



En segundo lugar, es verdad, como decía el señor Montoro, que el azar ha querido que este nuevo acuerdo de financiación vaya a entrar en vigor en un contexto pavoroso de crisis económica, con la consiguiente disminución ostensible de
ingresos públicos. Por eso tiene usted razón cuando decía que cuanto antes recuperemos la senda del crecimiento económico, mucho mejor. Ha hablado muy poco de fiscalidad; tiene que comparecer el ministro de Fomento para hablar de este tema
próximamente. (Risas.) Esperaremos algunas explicaciones por parte de quien sea. En cualquier caso, ha dicho usted que no descarta reformas fiscales. Déjeme decirle que, mientras se vaya especulando con este tema, va a crecer la desconfianza
económica por parte de los ciudadanos, además de que se continúa poniendo encima de la mesa la desorientación o la improvisación de este Gobierno.



Las constantes de la política económica de este Gobierno son esa improvisación y esa política encaminada a minimizar los costes y la erosión política de imagen que tiene el Gobierno, lo cual es una visión cortoplacista más bien preocupante.
Desorientación, además, porque quiero recordar que ustedes dijeron, primero, que no había crisis y quien dijera que la había caía en una especie de derrotismo antipatriótico de la peor especie; luego dijeron: sí, sí hay crisis, pero de
importación, como la gripe A. Pero cuando hemos visto cómo evoluciona la economía en países como Francia o como Alemania, que empieza a repuntar, mientras nuestra economía continúa hundida y además augura un negro otoño, la verdad, señora ministra,
¿en qué quedamos? ¿Esta era una crisis exógena, una crisis interna, no lo es? Evidentemente, todo el mundo sabe que el virus estaba dentro, no tiene que venir nadie de fuera a inocularlo. Desde ese punto de vista, cuestiones como el exceso de
ladrillo, el turismo, o el hecho de haber vivido durante años por encima de nuestras posibilidades, evidentemente han contribuido al problema que tenemos, que no es estrictamente universal. Por tanto hay que aplicar algunos remedios y alguna cura
de caballo que este Gobierno no está dispuesto a aplicar.
Mientras ustedes van especulando sobre si incrementan o no


Página 29


impuestos, reforman la fiscalidad -de lo cual evidentemente tendremos que hablar-, o si se amplía o no la protección social para el desempleo, persisten, señora ministra, los factores internos que favorecen la crisis, aunque el detonante
haya podido ser la crisis financiera global.
Pero sobre todo, cuando llega la crisis -repito-, la preocupación de este Gobierno no es hacer reformas todavía, sino gestionarla políticamente o torear los síntomas ante la población, lo cual me parece
que no es una política adecuada.



Me permito decir, y con ello acabo, señora vicepresidenta, que, una vez cerrada la carpeta del tema de la financiación satisfactoriamente y a caballo de la negociación presupuestaria, este Gobierno cumpla con un mandato de esta Cámara en el
sentido de impulsar, particularmente después del fracaso del diálogo social, un gran acuerdo de Estado entre partidos políticos, comunidades autónomas, agentes sociales y económicos, acerca de cómo hacer frente a las reformas estructurales de
nuestro modelo de crecimiento económico.



El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera.



El señor JORQUERA CASELAS: Con la máxima brevedad, porque, como ha dicho la vicepresidenta, tendremos oportunidades de seguir debatiendo al respecto en la tramitación parlamentaria de las distintas reformas de carácter legal. Simplemente
voy a hacer una serie de puntualizaciones o precisiones con respecto a su réplica.



En primer lugar, emigración. Lo que es cierto es que la Xunta de Galicia tiene delegaciones en el exterior. Cuando hablo de emigración me estoy refiriendo obviamente a los residentes ausentes gallegos, residentes fuera del Estado español.
Existen organismos públicos gallegos desplegados en el exterior y hay prestaciones que corren a cargo de la comunidad autónoma. Pero además hay un acuerdo unánime del Parlamento gallego que fija los planteamientos de Galicia en el proceso de
negociación que ya se sustanció, donde se hablaba explícitamente de que esta variable tenía que ser contemplada. Acuerdo suscrito por el Partido Popular de Galicia, por el Partido do Socialistas de Galicia-PSOE y por el Bloque Nacionalista Galego.
En segundo lugar, quiero hacer una precisión. Usted ha dicho que el señor Feijóo estimaba que a Galicia le corresponderían 10.000 euros por habitante de los recursos adicionales y, en cambio, el conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña
hacía la estimación de que para Cataluña serían 3.000 euros. Si usted aportase las cifras, nos podríamos aclarar, pero en cualquier caso hay un equívoco en sus palabras, porque a lo que se estaban refiriendo tanto el uno como el otro era a recursos
adicionales por habitante adicional. Si el único parámetro que se tuviese en cuenta a la hora de distribuir los recursos adicionales fuese la población, a Galicia poco más o menos le corresponderían cero euros por habitante. Estoy haciendo una
simplificación, pero es que nuestra población permaneció prácticamente estancada en todo este período. Que se introduzcan otros parámetros es lo que da lugar a esa situación, pero no nos estamos refiriendo al conjunto de la población. Por tanto,
creo que es una precisión importante para evitar malas interpretaciones o equívocos, porque si por algo se caracteriza la reforma acordada, aunque en última instancia tendrá que pronunciarse al respecto el Congreso de los Diputados, es por primar
claramente la variable población sobre otro tipo de variables.



Yo quiero introducir una reflexión y es que si en muchas comunidades autónomas hubiese un incremento muy notable de la población ello tendría una repercusión en el gasto, y en mi intervención manifesté que consideraba que era lógico que
estas comunidades autónomas fuesen compensadas por eso, pero tiene una repercusión también en los ingresos; es más, hay estudios merecedores de toda fiabilidad -creo que usted también ha hecho alusión a eso en su intervención- que dicen que la
inmigración -que fue lo que provocó, sobre todo, el crecimiento de la población en muchas comunidades- tuvo una mayor repercusión en el incremento de los ingresos que en el gasto de determinados servicios públicos. Yo antes me refería a la
emigración y ahí, por ejemplo, eso no es así y esta variable no está contemplada. Todo esto por no hablar de la importancia de las economías de escala a la hora de prestar determinados servicios. No es lo mismo prestar servicios sanitarios,
servicios educativos, en una comunidad autónoma como Madrid, donde, de los 6 millones y pico de habitantes, más de 3 millones residen en la capital y el resto en el conjunto del área metropolitana, que prestarlos en un territorio como Galicia que
tiene 30.000 núcleos de población. Y un problema de la reforma es que, desde nuestro punto de vista, sigue mal ponderado el coste que determinadas variables tienen objetivamente en la prestación de servicios en Galicia, como la dispersión
poblacional en particular, pero también el envejecimiento de la población.



Para concluir, señora vicepresidenta, con toda cortesía, con todo respeto y también con todo cariño, le pido que no nos haga escoger entre Guatemala y Guatepeor. Es cierto que, si no se mantiene la caída de los ingresos tributarios, con
este acuerdo todas las comunidades autónomas van a tener más recursos, inyectarán más recursos en el sistema. Nosotros estábamos radicalmente en contra del anterior modelo, y en su momento, en su tramitación parlamentaria en el Congreso, nos
opusimos, pero creemos que aún así este acuerdo es total y absolutamente insatisfactorio, porque en lo que afecta a Galicia no garantiza, desde nuestro punto de vista, la suficiencia financiera, sobre todo si se examina en términos dinámicos, ni se
avanza suficientemente en términos de autonomía fiscal y financiera para alcanzar esa mayoría de edad a la que hacía alusión el señor Marugán.



El señor PRESIDENTE: Señor Marugán.



El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señora vicepresidenta, nosotros manifestamos


Página 30


nuestra satisfacción por la información que usted nos ha proporcionado a lo largo de la mañana de hoy. Creemos que el debate de política económica ni empieza ni se agota hoy y que a él nos tendremos que dedicar en las próximas semanas,
desde luego con la predisposición positiva que hemos mantenido en otras circunstancias y en otros momentos, esperando que por parte de todas las formaciones políticas se haga honor a las palabras que hemos pronunciado.



Centrándonos en la cuestión que nos traía aquí al final de la canícula, la verdad es que hemos expuesto todos nuestros puntos de vista. A nosotros nos parecía que el modelo podía y debía ser más justo y que podía y debía ser más
igualitario. Y, si podía y debía ser más justo y podía y debía ser más igualitario, nos hemos empeñado en buscar una expresión del mismo que responda a estos dos criterios. Lo hemos dicho, lo ratificamos en este momento y lo defenderemos así
cuando se tramiten en esta Cámara la Lofca y la Ley de Cesión.



El señor PRESIDENTE: Señora Salgado.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Señor presidente, voy a intervenir muy brevemente. Comenzaré, si me lo permiten, contestando al señor Sánchez i Llibre, que es a quien he
notado más preocupado por mis respuestas. Me ha hecho una pregunta muy concreta, que es si podía confirmar que la cifra que había dado el señor Montilla era una cifra correcta. Puedo confirmar que esa cifra es una cifra correcta, teniendo en
cuenta las competencias no homogéneas y por lo tanto competencias que solo son propias de Cataluña. Por supuesto que es una cifra correcta, como correctas son el resto de las cifras que han mencionado cada uno de los presidentes de comunidades
autónomas, cuando han tenido sus respectivas intervenciones en el Parlamento.



El acuerdo de financiación respeta el Estatuto. No podía ser de otra manera. Forma parte del bloque de constitucionalidad y por eso tanto el acuerdo como la ley en que se plasme van a ser absolutamente respetuosos con el Estatuto. En
cuanto a la inmigración, como le he dicho, es una cuestión que hubiera sido deseo del Consejo de Política Fiscal y Financiera hacer intervenir, pero simplemente no se pudo llegar a ninguna conclusión al respecto y como no se pudo llegar a ninguna
conclusión difícil es plasmar en la práctica algo sobre lo que no se ha podido llegar a ninguna conclusión cuantitativa. No descarto que en otro momento o en otro sistema de financiación eso pueda ser posible, pero en el momento actual no ha sido
así.



Sobre las consideraciones que he hecho en cuanto a la imposibilidad de dar en este momento cifras exactas, puesto que en algunos de los temas son cifras que tendremos que actualizar cuando tengamos datos de 2009, quisiera -y con ello también
creo que doy respuesta a alguna cuestión planteada por el señor Montoro- leer, brevemente, si me lo permiten, alguna intervención de la sesión del 10 de septiembre de 2001 del señor Montoro en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, sobre las líneas generales del nuevo sistema de financiación autonómica, posterior al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A esa reunión, como he tenido oportunidad de comentar anteriormente al señor Sánchez i Llibre,
asistió por parte de la Generalitat de Catalunya el señor Homs i Ferret, quien manifestó su absoluta aprobación y entusiasmo con ese sistema de financiación -como también ha sido mencionado aquí-, a pesar de que el consejero de Economía de la Xunta
de Galicia, el señor Orza Fernández, decía textualmente: Es evidente que no conocemos con detalle -el modelo no lo permite- la cuantía de los incrementos y su distribución. El señor Rambla Momplet, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana, también decía textualmente: Como saben, en este modelo no existen cifras cerradas y definitivas de la evolución del modelo, pues va a depender del comportamiento de la economía y por tanto de la recaudación de los tributos;
en este sentido, el modelo no es un convenio que se firma con una cifra cerrada, sino que la financiación resultante va a depender del progreso económico de cada comunidad autónoma. Podría continuar, porque todos los consejeros y los representantes
de los grupos parlamentarios hicieron manifestaciones similares y ello no impidió que, como digo, tanto el representante de Convergència i Unió como el de la Generalitat -en ese momento gobernada por su formación política- manifestaran su entusiasmo
por este modelo. Creo que le he dado respuesta a las dos cuestiones. En cuanto a la lealtad institucional, creo que tendremos oportunidad de comentarlo, porque la percepción que nosotros tenemos es completamente distinta a la que ustedes tienen.



No sé si hemos podido sacar la conclusión de si al señor Montoro le gusta este sistema de financiación o no, porque verdaderamente ha hablado muy poco de él. Ha hablado fundamentalmente de la crisis económica. Entiendo que, en su opinión,
no era el momento de aprobar un nuevo sistema de financiación en este contexto de crisis económica. Esa es una opinión que creo que mantiene únicamente su grupo y además su grupo en esta Cámara, no allí donde gobierna su partido. En todo caso, con
referencia a la crisis económica, este no era un tema específico de hoy, pero es verdad que, como no podía ser de otra manera, tiñe todas las actuaciones que hacen tanto el Gobierno como los gobiernos de las comunidades autónomas, y por tanto
constituye el elemento fundamental de preocupación de nuestra acción política. Por ello, en ese contexto tengo que decir que los planteamientos impositivos se harán en el marco de la Ley General de Presupuestos, en la presentación del proyecto de
presupuestos; en el marco de la Ley de Economía Sostenible, en el sentido de tratar de poner en marcha lo que se ha venido en denominar una fiscalidad más verde. En cualquier caso ya han sido anunciadas algunas medidas de modificación de nuestro
sistema


Página 31


impositivo. En el debate del estado de la Nación se habló de la modificación de la deducción por adquisición de vivienda; de la modificación del impuesto sobre sociedades, con determinadas características. Por tanto se van a hacer algunas
modificaciones fiscales, algunas de ellas ya están anunciadas, y otras, como digo, están en este momento siendo sometidas a estudio y a revisión. El marco para presentarlas es la Ley de Presupuestos, en primer lugar porque allí es donde podremos
poner de manifiesto que nuestra principal preocupación es la creación de empleo y la recuperación de la senda de crecimiento; en segundo lugar, medidas de austeridad; en tercer lugar, medidas que contribuyan a la dinamización de nuestra economía,
y por tanto a reformas muchas de las cuales ya están contenidas en la trasposición de la directiva de servicios; por supuesto también medidas de contención de la oferta de empleo público, por ponerles un ejemplo, y también habrá medidas de revisión
de nuestro sistema, porque la estabilidad en el medio plazo de nuestras cuentas públicas es una obligación impuesta por Bruselas, pero además es una condición para un crecimiento armónico y sostenido. Por todo ello, en el contexto de la
presentación de la Ley de Presupuestos espero que tengamos más oportunidades de hablar de este tema.



El señor PRESIDENTE: Con la intervención de la señora Salgado se levanta la sesión.



Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.