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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 330, de 30/06/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 330
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 24 celebrada el martes 30 de junio de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana) para informar sobre las principales actuaciones desarrolladas en materia de sostenibilidad del mar. A petición propia 214/000093.)
- Los requisitos para la concesión de ayudas a los armadores que se encuentren acusados de pesca ilegal. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000401.)... (Página 2)
- Los retrasos en el pago de ayudas a la flota pesquera por paralización de la actividad pesquera en el año 2008 y 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000454.)...
La política de deslindes del dominio marítimo-terrestre, en aplicación de la Ley de Costas, que quiere desarrollar el Gobierno en lo que queda de Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
212/000518... (Página 2)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a la sesión número 24 de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca con la comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En primer lugar, comparece la
ministra a petición propia para informar sobre las principales actuaciones desarrolladas en materia de sostenibilidad del mar. También comparece a petición del Grupo Parlamentario Popular para que informe acerca de los requisitos para la concesión
de ayudas a los armadores que se encuentren acusados de pesca ilegal. También comparece a petición del mismo grupo para que informe de los retrasos en el pago de ayudas a la flota pesquera por paralización de la actividad pesquera en los años 2008
y 2009. Asimismo, en lugar de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, comparece la señora ministra a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la política de deslindes del dominio marítimo terrestre en
aplicación de la Ley de Costas que quiere desarrollar el Gobierno en lo que queda de legislatura.
En la reunión de Mesa y portavoces del pasado día 24 de junio se acordó la acumulación de todas estas peticiones de comparecencia. Una vez más
agradecemos a la señora ministra su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, le damos la bienvenida y la invitamos a que inicie su intervención.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señorías, Antes de iniciar mi comparecencia quisiera informarles de que esta madrugada se ha producido el hundimiento del buque arrastrero Peix Mar 30 tras
colisionar con el buque Río Huelva 1.
Esto se produjo en las aguas de Senegal, pero afortunadamente no hay víctimas y todos los tripulantes están a salvo. En cualquier caso, esta información está confirmada con las armadoras y posiblemente
Salvamento Marítimo a lo largo del día les transmita más información sobre el siniestro.
Inicio mi comparecencia, señoras y señores diputados, para informar sobre las principales actuaciones que estamos llevando a cabo en materia de sostenibilidad de la costa y del mar desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, y también para dar respuesta a otros temas, como señalaba la presidenta, relacionados con las competencias marítimas y costeras de comparecencias solicitadas por ustedes. Señorías, hace más de un año el Gobierno, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, asumió el reto de liderar una política de desarrollo y conservación, esto es de desarrollo sostenible, en la idea de desarrollo para progresar hoy y conservar para poder progresar mañana. En ese marco
desarrollamos nuestras competencias, entre otras, sobre planificación y ejecución de las políticas en materia de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo terrestre, de uso sostenible de la costa y de los recursos naturales y
biodiversidad en el medio marino, de pesca marítima en aguas exteriores y de acuicultura, de ordenación básica del sector pesquero. En definitiva, el reto que asumimos desde el inicio de la legislatura es definir y consolidar un nuevo modelo de
gestión integral del territorio y del medio marino que, garantizando y asegurando su protección, haga posible y se corresponda con una idea de crecimiento basado en la utilización racional y sostenible de nuestros recursos. La preocupación por las
interrelaciones entre el consumo de recursos naturales y su sostenibilidad, la producción y el riesgo de extinción de especies y ecosistemas vitales, unida a la necesidad de implantar mecanismos de protección medioambiental, son consustanciales a
nuestra actividad gestora. En nuestro objetivo de alcanzar un modelo de desarrollo económico sostenible no puede quedar al margen el sector pesquero, como tampoco puede ser ajeno a ese modelo el uso de la costa y de los recursos naturales en el
medio marino. Señorías, el modelo de desarrollo económico sostenible que impulsa el Gobierno español encaja en las líneas que marcan las políticas de la Unión Europea tanto en materia de pesca como en materia de costa. A modo de ejemplo podríamos
señalar los principios de gestión integrada de las zonas costeras contenidos en la Recomendación 413/2002/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea.
Las ideas fuerza que han primado y priman en este periodo de legislatura se han centrado en lo siguiente: primero, luchar contra el doble fenómeno que supone la destrucción física y la privatización de nuestro litoral para lograr la
integridad de ese medio y la garantía del uso y disfrute público del dominio público marítimo terrestre; segundo, desarrollar las actuaciones dentro de un planteamiento general de política marítima que trata de hacer compatibles las políticas de
conservación de la biodiversidad con las políticas de aprovechamiento pesquero sostenible del medio marino y diversificación de la actividad económica. No es la primera vez que digo que esta visión integral y equilibrada de la política marítima
debe estar respaldada en criterios científicos. Por esta razón, tenemos la firme voluntad de dar un impulso a la investigación científica en todos los campos relacionados con el medio marino, en estrecha relación principalmente con el
Instituto Español de Oceanografía, del Ministerio de Ciencia e Innovación y otros organismos que puedan prestarnos su apoyo. Como tercera línea, el esfuerzo del Gobierno se basa en la búsqueda de soluciones contra la pesca ilegal, que nos lleva
también a reforzar la cooperación multilateral. En este sentido, como SS.SS.
conocen, el próximo 1 de enero del año 2010 entrará en vigor el reglamento comunitario para la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, conocida entre
todos nosotros como pesca IUU, de la que saben que España ha sido el principal impulsor. El compromiso de España en esta materia queda demostrado no solo por lo que ya hemos dicho sino también por la voluntad de integrar la lucha contra la pesca
IUU en nuestro ordenamiento legal de una forma clara y rotunda. En este sentido, les anuncio que estamos elaborando un anteproyecto de ley de pesca sostenible. Esta ley, que derogará la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, supone un auténtico
salto cualitativo al articular la actividad pesquera en su conjunto bajo el vector de la sostenibilidad. A esta estrategia se suma la modernización del sector pesquero a través de la investigación, desarrollo e innovación para hacerlo más
competitivo, así como el apoyo necesario para afrontar el difícil contexto económico por el que atravesamos; modernización, innovación y competitividad, incluyendo los aspectos de la comercialización y de la mejora de la calidad de la pesca y
acuicultura, que tienen que llevar al sector a encarar su futuro en un modelo de economía sostenible. Puedo asegurarles que las políticas del ministerio en relación con estos retos están diseñadas a partir del debate con todos los agentes y
administraciones implicadas para favorecer la búsqueda de consensos en beneficio del sector pesquero.
Señorías, voy a desarrollar este conjunto de temas empezando primero por la gestión de nuestras costas y posteriormente trataré de darles la mayor información posible sobre los asuntos que anuncié del sector pesquero. En España, en la
gestión de costas nos enfrentamos a la necesidad de superar dos grandes retos: detener o al menos controlar el proceso de deterioro físico que sufre la costa española y armonizar las diferentes políticas sectoriales que convergen sobre la costa.
Todos sabemos que nuestras costas soportan una elevada presión humana y urbanística, al menos hasta la fecha, y sufren graves problemas de regresión litoral y erosión costera, con pérdida de biodiversidad de los ecosistemas naturales y marinos. Al
mar siempre le hemos tenido respeto y hemos conocido episodios extremos, pero no olvidemos que los efectos del cambio climático añaden perspectivas nuevas, como la elevación de la temperatura, la subida del nivel medio del mar o la mayor frecuencia
de situaciones extremas. Es por ello por lo que todos los aspectos deben analizarse y abordarse desde perspectivas mucho más amplias; de la misma forma, tenemos que hacer coherentes o al menos compatibles entre sí las diferentes políticas
sectoriales para lograr sinergias en el nuevo modelo económico basado en el desarrollo sostenible. Los recursos y las costas no son nuestros, no son nuestro patrimonio particular o nuestra propiedad exclusiva, no nos pertenecen solo a nosotros.
Por ello, tenemos el deber y la obligación de conservarlos para que puedan ser disfrutados por las generaciones venideras, y solo será posible con modelos, prácticas, fórmulas y pactos que nos permitan, por una parte, hacer buen uso de los
beneficios que los capitales naturales producen y, por otra, evitar que las externalidades negativas de nuestra actividad dañen los mecanismos que regulan los flujos de la biosfera. En esta línea se sitúa la Directiva-marco sobre la Estrategia
Marina, que define objetivos y principios comunes a escala europea y crea la Unidad espacial región marina y el instrumento estrategia marina para abordar la planificación y protección de los mares europeos. Actualmente estamos trabajando en otra
norma, también con rango de ley, sobre protección del medio marino, mediante la que se llevará a cabo la trasposición al ordenamiento interno español de dicha directiva comunitaria y con la que se contribuirá en buena medida a definir un conjunto de
elementos relevantes del modelo de economía sostenible.
Tendrán SS.SS. oportunidad de aportar ideas y enriquecer el texto que actualmente se está elaborando pero que, en definitiva, tiene como base una planificación que garantice un crecimiento económico equilibrado a través de una explotación
racional de los recursos naturales y de la instauración de sistemas de protección del ecosistema del medio marino.
No les oculto que estamos ante una gran labor, compleja y apasionante, que exige el trabajo, la implicación, la corresponsabilidad y
la aportación de todos: grupos políticos, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones profesionales, sindicatos, sectores específicos, ONG, en definitiva, la participación de la ciudadanía y del tejido social. Quiero manifestar mi
absoluta convicción sobre la necesidad de que la colaboración, el diálogo y el debate sean los instrumentos que nos permitan avanzar en las políticas que pretendemos llevar a cabo. Sin duda, su correcto desarrollo nos permitirá, y de hecho ya nos
permite, responder positivamente a las situaciones y nuevos desafíos a que nos enfrentamos y que la sociedad nos demanda, y aunque queremos ser más ambiciosos no podemos olvidar que hoy en día ya disponemos de una legislación que protege nuestras
costas y que -les recuerdo- tiene dos objetivos básicos: la defensa de la integridad del medio litoral mediante la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y el aprovechamiento racional de sus recursos; la garantía de su
uso y disfrute público, con excepciones justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración. Estamos hablando de nuestro
dominio público marítimo terrestre, que ha sido y es agredido en más ocasiones de las deseadas y que debe ser defendido ante los más variados intentos de privatización. Sobre el dominio público marítimo terrestre confluyen multitud de
intereses, en principio todos ellos legítimos, a menudo contrapuestos e incluso recíprocamente excluyentes, pero no olvidemos algo muy importante, y es que es uno de nuestros mejores patrimonios naturales de titularidad estatal. Si alguien
decidiera hacer una actuación privada sin autorización alguna en un museo nacional o en una biblioteca nacional, estoy convencida de que serían muchas voces las que se levantarían en contra. Sin embargo, respecto a determinadas actuaciones
asimilables en nuestras costas se llega a hacer una utilización partidista y se realizan comentarios con muy poco rigor.
Aun a sabiendas de que SS.SS. tienen conocimiento de qué hablamos cuando nos referimos al dominio público marítimo terrestre, permítanme que gráficamente lo visualicemos con la proyección que en estos momentos tenemos en pantalla y que
además facilitaremos para su transcripción.
Sobre el dominio público marítimo terrestre confluyen además diferentes competencias en manos de distintas administraciones en las que la conciliación, armonización y coordinación son una prioridad
absoluta.
Como pueden observar, y es la parte que está marcada en el fondo con un color azul, el dominio público marítimo terrestre lo constituyen las playas, las zonas de humedales, los acantilados verticales y demás bienes que determina la Ley de
Costas en sus artículos 3, 4 y 5 y que ha sido muy similar incluso a lo que estaba definido en legislaciones anteriores a la actual. Me gustaría reseñar que en la actual Ley de Costas, además de definir la línea de ribera del mar de forma más
acorde con su realidad natural, se vuelve a los orígenes de nuestra tradición recogida en el derecho romano y medieval al reafirmar la calificación del mar y su ribera como un patrimonio colectivo, siguiendo el mandato constitucional, en
concordancia con el artículo 339.1 del Código Civil, de que resulta incompatible la pervivencia de titularidades privadas en dicha zona. Para identificar qué terrenos reúnen las características descritas de dominio público marítimo terrestre se
practica el correspondiente deslinde sobre los 10.100 kilómetros aproximadamente. Me gustaría aclarar que en los 10.100 kilómetros se incluyen las líneas de costa más las entradas de ríos más los humedales. Si cogemos la línea de costa de la
Península, Baleares y Canarias, alcanzaríamos casi 8.000 kilómetros. Insisto, los 10.100 kilómetros es la longitud total del deslinde.
En la actualidad se encuentran deslindados unos 8.850 kilómetros, lo que supone un 87 por ciento del total de nuestra costa, tal y como aparece en la diapositiva que también contiene los datos desagregados por cada una de las provincias.
Desde el inicio de la legislatura presente se han deslindado 933 kilómetros, lo que nos lleva a afirmar que nuestro objetivo es conseguir el deslinde total de la costa española en esta legislatura. Permítanme, señorías, que me detenga un poco más,
dado que una de las comparecencias pedidas por el Grupo Parlamentario Popular se centraba en estos temas. Quiero responder a una de las primeras preguntas: ¿Qué pasa con una finca que antes podríamos considerar como privada, entiéndanlo entre
comillas, o al menos que así era considerada por su titular, que pueda ser declarada como dominio público marítimo terrestre? En estos casos los particulares ven transformado su derecho de propiedad en derecho de uso o aprovechamiento, ya que la
existencia de enclaves privados sobre el dominio público resulta incompatible con el mandato constitucional. Esto no quiere decir en modo alguno que los propietarios afectados sean ilegales o infractores, sino simplemente que deben someterse al
régimen jurídico que se despliega tras la aprobación del deslinde y que se contiene en las disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su reglamento; un régimen además declarado expresamente constitucional por sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1991.
Avanzando un poco más hacia tierra, la legislación de costas establece diferentes limitaciones a la propiedad privada colindante con el dominio público marítimo terrestre, a efectos de protección del mismo, con
diferentes grados de incidencia sobre las propiedades privadas a las que afecta. Es lo que ven en la parte baja marcado en línea roja, donde pone dominio privado. En primer lugar, tenemos la primera franja vertical que ven, la llamada servidumbre
de tránsito, que recae sobre una franja de 6 metros sobre los terrenos de propiedad privada, cuya finalidad es la de permitir el tránsito por el litoral. A continuación tenemos la servidumbre de protección, que también afecta a los terrenos de
propiedad privada, en la que se mantiene la titularidad privada de las parcelas y sus edificaciones, aunque con limitaciones que suponen la imposibilidad de ejecutar nuevas obras o construcciones contrarias a la ley, en la que se prohíben nuevos
usos residenciales o habitacionales. En este caso podemos estar hablando de 20 metros en terrenos que tenían consideración de suelo urbano antes de la Ley de Costas, o de 100 metros en terrenos que no habían sido urbanizados y no tenían derechos
urbanísticos adquiridos. Después tendríamos la servidumbre de acceso al mar, que viene determinada por los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Señorías, tenemos que ser conscientes -creo que todos nosotros lo somos- de que la costa es un espacio de extrema sensibilidad y fragilidad, lo que nos obliga a dotar medidas encaminadas a su conservación y protección. A modo de ejemplo
quiero mostrarles unas fotografías de algunas de nuestras realidades que debemos cambiar. (Se proyectan varias fotografías en pantalla.) Creo que muchas veces la imagen vale más que mil palabras. La aplicación, por tanto, de la Ley de Costas ha de
hacerse con la máxima rigurosidad, como lo ha sido desde su entrada en vigor. A algunos hoy puede extrañarles, pero, a título de ejemplo, en el año 1999 se aprobaron más de 800 kilómetros de deslinde de costa, cuantía similar a la que estamos
planteando hoy en día.
Otra muestra de ello es que de los recursos planteados ante los tribunales por los afectados únicamente el 3 por ciento son estimados. En pantalla tienen un gráfico representativo de la realidad a fecha de hoy. Por este motivo, y al estar
avanzada la delimitación de la costa española, es necesario impulsar el programa de reconocimiento de derechos para determinar la situación en que quedan las propiedades afectadas por los deslindes, conforme a lo que establece el régimen transitorio
de la Ley de Costas; reconocimiento de derechos que nos ha llevado a una modificación, como saben SS.SS., incorporada al proyecto de ley de navegación marítima. Es una modificación que responde a la necesidad de los afectados por la Ley de Costas
de agilizar estos trámites, aunque algunos han intentado también utilizarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno, haciéndoles un flaco favor a la resolución de la situación y a los propios afectados.
Vinculado directamente con el dominio público marítimo terrestre, continuaremos con el desarrollo del programa de gestión del dominio público marítimo terrestre, cuyo objetivo es garantizar sus usos y aprovechamientos así como la utilización
de los terrenos colindantes con este para que de esta forma sean conformes a lo establecido en la citada Ley de Costas. Para ello, anualmente, y también en el primer año de legislatura que acabamos de completar, se realizan del orden de 4.000
intervenciones por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, entre informes e instrumentos de planeamiento urbanístico, autorizaciones, concesiones demaniales y procedimientos sancionadores. Aprovecho para agradecer la
labor desarrollada del grupo de trabajo para la gestión integral del litoral, creado en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el CAMA, en el que participan los representantes de asociaciones ecologistas, sindicatos, patronales, etcétera, que
por su objeto pudieran estar interesados o resultar afectados. En este grupo de trabajo se someten a su consideración y se han sometido los textos de distintas instrucciones de deslindes de tratamiento de costas y de bordes costeros, y se ha
informado en detalle de los proyectos que hay que acometer como el contenido en la Directiva-marco de la estrategia marina, entre otras.
Complementario a lo descrito están las actuaciones previstas dentro del programa de adquisición de fincas, que se articula a través de diferentes proyectos de incorporación de terrenos de elevado valor ecológico o sometidos a presión
urbanística, colindantes con el dominio público marítimo terrestre. A lo largo de lo que va de legislatura se han adquirido ocho fincas por un valor superior a los 24 millones de euros.
No quiero concluir este apartado sin referirme a la polémica
creada con las instalaciones de playa denominadas en algunas zonas chiringuitos. El ministerio no ha pretendido nunca eliminar los chiringuitos, todo lo contrario, y así lo hemos dicho ante el Pleno de esta Cámara, lo he dicho yo y lo he repetido
en diversas ocasiones ante los medios de comunicación. Nuestro objetivo ha sido y es regular las diversas situaciones que existen para hacer compatible la actividad económica de estos establecimientos con el respeto al medio ambiente. En este
espíritu, alejado de todo interés partidista, el ministerio aborda el estudio de la situación de cada tramo de litoral, provincia a provincia, municipio a municipio y caso a caso, si hace falta, con el objetivo de encontrar las fórmulas que permitan
dar la máxima seguridad jurídica a estos establecimientos y garantizar su desarrollo futuro. En este proceso hemos estado, estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo con el sector y con las administraciones implicadas.
Hasta aquí les he hablado de la gestión integrada del dominio público marítimo terrestre, pero el programa de sostenibilidad de la costa se quedaría corto sin tener en cuenta las actuaciones que enmarcamos en el ámbito de actuaciones para la
sostenibilidad de la costa que persiguen cuatro objetivos estratégicos. El primero es el control de la regresión de la costa, que se presenta como uno de los problemas más graves del litoral español y que ahora se ve agravado de forma notable como
consecuencia de los efectos del cambio climático, como ya les señalaba.
El segundo de los objetivos estratégicos es la protección y recuperación de los sistemas litorales dirigidos a zonas del litoral degradadas por factores naturales o
artificiales. Merecen especial atención los humedales costeros y las zonas dunares. El tercer objetivo lo constituyen las acciones encaminadas a conseguir dotaciones para el acceso y el uso público de la costa. Con él se pretende hacer efectivo
lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Costas en lo referente a la utilización libre, pública y gratuita del dominio marítimo terrestre. A fin de cumplir ese objetivo, se incluye la realización de itinerarios y senderos naturales litorales que
se integran en la Red nacional de senderos naturales y vías verdes. Por último, quiero mencionar las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de la costa y de los ecosistemas litorales mediante la realización de estudios que permiten una
mejor preservación de los valores naturales y de las intervenciones en el medio ambiente. La asignación presupuestaria para las acciones previstas, según los objetivos citados, es de 272 millones de euros, a los que debemos añadir 55 millones del
Plan E. El 23 por ciento está destinado al control de la regresión, protección y recuperación de la costa, y el 77 por ciento para dotaciones para su acceso y uso público. También en materia de sostenibilidad de la costa quiero recordar que
promovemos acciones encaminadas a la elaboración de un atlas de sensibilidad y riesgo del litoral español y un estudio sobre la vulnerabilidad de la bahía de Algeciras y su entorno frente a derrames de hidrocarburos, cuestión esta última que me
consta que a todos nos preocupa. Asimismo, quiero resaltar las actividades que desarrollamos relacionadas con la protección del medio marino en el ámbito internacional. El ministerio ostenta la representación española y la coordinación
administrativa en los convenios y acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente marino y costero. Es de destacar nuestra intensa participación en
el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste, conocido como Ospar, en el Convenio para la protección del medio marino y de la zona costera del Mediterráneo y sus protocolos, en el Convenio de Barcelona y la
ya citada Directiva-marco sobre la Estrategia Marina y en las actuaciones de Naciones Unidas relacionadas con la biodiversidad marina.
En resumen, señorías, me gustaría recordar, por una parte, que en nuestra política de sostenibilidad de la costa muchos usos y actividades del litoral español son fundamentales desde el punto de vista económico y social. Pero para que
puedan seguir siendo fundamentales debemos actuar, no podemos seguir con una degradación de nuestra costa que a la larga se nos vuelva en contra y, como consecuencia, sea negativa desde el punto de vista económico y social para esa propia región
litoral. Es crucial, señorías, proteger la franja litoral toda vez que se trata de un espacio caracterizado fundamentalmente por su alta sensibilidad y por presentar una difícil recuperación de su equilibrio físico si no aplicamos el criterio
preventivo, que debemos hacer también extensivo al sector pesquero. La sostenibilidad de los recursos pesqueros marcó la prioridad del Gobierno al comienzo de la anterior legislatura y lo sigue siendo en esta. Hemos de llevar los recursos de
interés pesquero a límites biológicos seguros para su explotación sostenible, duradera y rentable a lo largo del tiempo. Para ello contamos con los planes de gestión y de recuperación de reservas marinas, las áreas marinas protegidas, el cierre de
zonas donde la cartografía de los fondos marinos ha puesto de manifiesto la existencia de ecosistemas vulnerables y nuestra decidida lucha contra la pesca ilegal. Muchos de los planes de gestión los conocen y no voy a detenerme en ellos, como son
el Plan integral del Mediterráneo, los del golfo de Cádiz, los planes de gestión y recuperación del Cantábrico y el Plan de gestión en el caladero de Canarias que se acaba de presentar, si bien quiero destacar que con el fin de adaptar la
legislación española a la normativa ICAP se ha modificado el Plan de gestión del Mediterráneo al objeto de recoger el nuevo periodo de veda establecido para la captura del pez espada. De igual forma, haré una breve referencia en cuanto a las
figuras de protección como medida de conservación y gestión de los recursos marinos vivos. En este campo vamos a ampliar la Red de reservas marinas del Estado y la implantación de arrecifes artificiales y áreas marinas protegidas. Como conocen,
actualmente tenemos diez reservas marinas de las cuales cinco son de gestión exclusiva del Estado y cinco de gestión compartida con las comunidades autónomas. Para finales de 2009 o comienzos de 2010 se iniciarán los primeros trabajos previos a la
definición de la reserva de Palamós. En esta línea de protección, de la que es un ejemplo la primera área protegida creada, la del Cachucho, hay una actuación especialmente relevante: la puesta en marcha del proyecto Indemares, aprobado por la
Unión Europea para el inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas de España, que cuenta con una inversión de 15,5 millones de euros, siendo además el primer país de la Unión Europea que presenta un proyecto de este tipo.
En el ámbito comunitario e internacional hemos impulsado varias líneas de trabajo, tanto en el campo de los planes de gestión como de la conservación de la biodiversidad de los fondos marinos en aguas internacionales, a las que daremos
continuidad en esta legislatura. En este ámbito, quiero mencionar las acciones más relevantes llevadas a cabo en este primer año: el Plan de recuperación del atún rojo, el Plan de acción de la Comisión Europea para la conservación y gestión de los
tiburones y las medidas de ordenación de la flota de palangre de superficie. Nuestra voluntad es completar y desarrollar los planes de gestión que se han ido forjando desde la pasada legislatura en los diferentes caladeros elaborados en
coordinación con todas las comunidades autónomas del litoral y el sector pesquero, compartiendo principios y alternativas de la misma forma que lo hacemos con las directrices de la política pesquera común de la Unión Europea. Se trata de
desarrollar la explotación de los recursos vivos renovables siguiendo cánones que aseguren la sostenibilidad de la actividad como único medio para lograr un aprovechamiento duradero. Pero sin duda lo más destacable en este ámbito comunitario
internacional es el control de la actividad pesquera y la eliminación de la pesca ilegal, que ha sido, como les decía, uno de los grandes ejes de la acción de este Gobierno. Nuestro objetivo es lograr la adopción de medidas homogéneas de control en
los distintos Estados miembros de la Unión Europa contra los buques de terceros países implicados en actividades ilegales, y disponer de normas unificadas claras y mecanismos de respuesta eficaces frente a los incumplimientos.
Ya conocen el papel activo de España en la adopción del Reglamento CE 1005/2008, de medidas de control de la pesca IUU. Es una norma importante que satisface la necesidad reclamada con insistencia desde el propio sector pesquero para evitar
la obtención de ventajas ilegítimas aprovechando, precisamente, la falta de regulación. Ante la próxima aplicación del citado reglamento comunitario, se hace necesario reforzar nuestro ordenamiento jurídico ya que si bien dispone de muchas
herramientas para combatir la actividad ilegal, debe incorporar los avances significativos en esta materia en el ámbito internacional. En este contexto, como señalaba al inicio de mi intervención, nace la necesidad de la ley de pesca sostenible,
dando también respuesta a una proposición no de ley del Grupo Socialista para evitar la pesca ilegal, no declarada y no regulada. La ley debe recoger las líneas básicas del Plan de acción nacional de lucha contra la pesca ilegal, objetivos,
instrumentos, medidas de seguimiento y control y responsabilidad de las distintas administraciones en el cumplimiento de la citada estrategia, pero también deberá contener mecanismos de control y coordinación en frontera para hacer efectivas las
prohibiciones de importaciones de pesca IUU. Pretendemos
subsanar problemas actuales, como la falta de competencias para actuar fuera de las aguas de nuestra jurisdicción o medidas cautelares cuando haya sospechas de la existencia de pesca IUU. En definitiva, se trata de un marco legal que nos
permita ofrecer una respuesta eficiente que sea capaz de garantizar la viabilidad socioeconómica de las empresas pesqueras, porque se trata de una actividad cuya planificación es compleja. La lucha contra la sobreexplotación pesquera y contra la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ha de garantizar una pesca sostenible y adecuada y un consumo responsable, conciliando los distintos intereses.
Coincidiendo con la celebración en Vigo, en el próximo mes de septiembre, de la World Fishing Exhibition, plantearemos también una reflexión y un debate de dimensión internacional sobre la sostenibilidad de las pesquerías en el marco de las
políticas de gestión de la pesca, contando con el respaldo de las principales organizaciones internacionales del sector pesquero, de la FAO, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, etcétera. A esta cita acudirán países no comunitarios donde
nuestra flota opera y en los cuales nuestro objetivo es el mantenimiento de la actividad empresarial pesquera española. Como saben SS.SS., nuestra flota trabaja prácticamente en todos los mares del mundo; por ello quiero señalar la importancia de
la renovación del Protocolo de pesca, del Acuerdo con Mauritania, del Acuerdo con Guinea Conakry y del Acuerdo de pesca entre España y Portugal relativo a la actividad de la flota artesanal de Canarias, Azores y Madeira. Pero muchos de los países
fuera del entorno europeo no tienen medios suficientes para proteger sus ecosistemas vulnerables ni medios de investigación para determinar medidas de protección que marquen las directrices políticas para sus propias aguas; en este campo nuestra
labor de cooperación es imprescindible. Y también coincidiendo con la celebración en Vigo de la World Fishing entrará en funcionamiento el buque escuela de cooperación pesquera del ministerio, llamado Intermares, que supondrá un salto cualitativo y
revolucionario en la cooperación pesquera de España con terceros países. El Intermares se unirá así a la flota de investigación oceanográfica y pesquera del ministerio, compuesta por el Vizconde de Eza, el Miguel Oliver y el Emma Bardán. Me
gustaría dejar constancia del prestigio de nuestras investigaciones. Por ello se nos ha confiado la responsabilidad, junto a Canadá, de la identificación de ecosistemas en alta mar, en el marco de la Organización de Pesca del Atlántico Norte, más
conocida por sus siglas NAFO.
Finalmente, quiero referirme a los medios de inspección y a la actividad sancionadora, independientemente de su futuro en la ley de pesca sostenible. Hemos puesto en marcha una serie de proyectos para mejorar el control y la vigilancia
pesquera que se desarrollarán durante la legislatura, como son: el refuerzo de los recursos humanos y medios materiales para el desarrollo de estas actividades; el Plan de acción para la vigilancia e inspección pesquera en el Golfo de Cádiz; la
renovación y ampliación de los medios técnicos de control que deberán dar cobertura a las nuevas áreas que se van a proteger por motivos de carácter medioambiental; el intercambio de inspectores con otros Estados miembros en el marco de los planes
de despliegue conjuntos y las iniciativas dirigidas a mejorar el control de capturas, por ejemplo, el proyecto de colaboración con el laboratorio de sanidad genética animal para la identificación de especies.
Señorías, soy consciente de que debemos hacer una política que nos lleve a consolidar una política marítima integral y equilibrada en un modelo económico de desarrollo sostenible, pero muchas veces el modelo descrito exige también
solidaridad con las gentes del mar que, en aras de preservar los recursos, tienen que parar su actividad o en otras ocasiones, como se ha pactado con el sector, tomar medidas específicas por motivos económicos, y también tenemos la parte contraria,
la parte que llamaríamos negativa, la apertura de expedientes a aquellos que pudieran ser presuntos incumplidores de la ley. Esto enlaza con las otras dos peticiones de comparecencia para informar sobre los requisitos para la concesión de ayudas a
los armadores que se encuentren acusados de pesca ilegal y de los retrasos en el pago de las ayudas a la flota pesquera por paralización de la actividad pesquera en los años 2008 y 2009.
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece en el artículo 103.2 apartado e), como sanción accesoria para determinadas infracciones muy graves, la imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas
públicas durante un periodo máximo de cinco años.
En concreto, en el mencionado artículo 103, se contempla la posibilidad de sancionar a un armador que haya cometido una infracción tipificada como muy grave, además de con la multa correspondiente,
con otras sanciones accesorias, tales como la inhabilitación para el desarrollo de actividades pesqueras durante un periodo no superior a cinco años; la incautación de artes, aparejos o útiles de pesca; el decomiso de productos o bienes obtenidos
en la comisión de las infracciones; la suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones para el ejercicio de la pesca durante un periodo no superior a cinco años; la incautación del buque; y, por último, la mencionada imposibilidad de
obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas durante un plazo máximo de cinco años. Esta última se refiere a la imposibilidad de obtener ayudas a partir del momento en que se impone una sanción, y no es aplicable, por tanto, a ayudas que
se hayan percibido con anterioridad a la citada sanción. Es decir, la devolución de ayudas percibidas no está contemplada hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico como sanción por infracciones de pesca marítima. Esta devolución de ayudas
únicamente está contemplada en la actualidad en una obligación de reintegro por incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de Subvenciones, que podría llevar aparejada asimismo una sanción por infracciones relacionadas con
la percepción de estas ayudas. No obstante lo anterior, en la propuesta del
ministerio del anteproyecto de ley para la pesca sostenible se contemplan, entre las modificaciones del régimen sancionador en materia de pesca ilegal, la inclusión, además de la multa y de las sanciones accesorias descritas, de las
siguientes sanciones específicas: amonestación pública y reintegro de las cantidades obtenidas de subvenciones o ayudas públicas en los últimos cinco años.
En cuanto al pago de ayudas por paralización de la actividad pesquera en los años 2008 y 2009, es conocido por SS. SS. que está regulado por el Reglamento (CE) número 744/2008 del Consejo, de 24 de julio, que establece una acción
específica temporal para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la CE afectadas por la crisis económica. Para su desarrollo, desde el ministerio establecimos contactos con el sector pesquero español manteniendo infinidad de
reuniones y llegando a acuerdos con el fin de conceder ayudas a los armadores, propietarios y tripulantes de los buques pesqueros afectados por el cese de actividad establecido en los correspondientes planes de recuperación y de gestión de recursos
elaborados por la Secretaría General del Mar. Se establecieron con el sector los calendarios de parada, así como el modo y forma de realizar los diferentes periodos de parada en las flotas de la merluza Sur y cigala y merluza del Norte, llevándonos
a la publicación el 26 de diciembre de 2008 de las respectivas órdenes de ayudas a armadores o propietarios, en concreto, la Orden 3810/2008, correspondiente a las flotas de merluza del Sur y cigala y la 3811/2008, a las de merluza del Norte. A
fecha actual, en el caso de la flota afectada por el Plan de recuperación de la merluza Sur y cigala, han sido tramitados ya para el pago 166 expedientes de todas las modalidades afectadas: arrastre de fondo, palangre de fondo, volantas y en aguas
de Portugal, por un valor de 2,8 millones de euros, lo que representa más del 69 por ciento del total solicitado. De estos 166 expedientes, 113 han sido ya resueltos y ordenado el pago y otros 64 están a la espera de que los armadores completen y
presenten la documentación que se requiere. En relación con la flota afectada por el Plan de recuperación de la merluza Norte, se han tramitado ya para el pago 182 expedientes, por un valor de 5,9 millones de euros, lo que representa el 73 por
ciento del total solicitado. De estos 182 expedientes, han sido ya resueltos y ordenado el pago de 65 armadores que han solicitado las ayudas, estando aún pendientes de remitir la documentación para tramitar la solicitud.
Para atender de la misma manera a los tripulantes afectados por las paradas, se han publicado las órdenes de 3 y 18 de julio de 2009, con una financiación de 1,5 millones de euros para la merluza Norte y de 2,1 millones de euros para la
merluza Sur y cigala, gestionadas y tramitadas por el Instituto Social de la Marina, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, mediante fondos transferidos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Asimismo, el 21 de enero de 2009 se publicó la orden de ayudas por paralización temporal de actividad durante el año 2008 a los propietarios o armadores y tripulantes de los buques españoles con puerto base en Ceuta y Melilla que ejercen la
pesca de arrastre, cerco, y palangre de superficie en el caladero Mediterráneo en 2008. Con una dotación de 408.000 euros, se han tramitado la práctica totalidad de los expedientes presentados. Con posterioridad, el 20 de mayo de 2009, se ha
publicado la orden que establece las ayudas a armadores o propietarios afectados por la paralización de los buques españoles de palangre de superficie que capturan pez espada y tiburón en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, dotada con 4,7
millones de euros para 30 días de parada. Hasta la fecha solo se han recibido 13 solicitudes de ayuda sobre un total de 209 buques. En la misma fecha, 20 de mayo, se publicó otra orden para ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros
españoles afectados por la paralización en la zona del Atlántico noroccidental, con una dotación de 9 millones de euros para paradas de hasta 180 días. Esta mañana se han presentado en el registro los primeros expedientes de NAFO y, aunque lo he
apuntado en un papel cuando venía hacia aquí, no puedo decirles en este momento si son seis o nueve expedientes los presentados.
En cualquier caso, intentaré buscarlo y contestando a sus preguntas se lo aclararé. De todas formas, insisto, son seis
o nueve expedientes de NAFO.
También hemos publicado las órdenes de ayuda a tripulantes de los buques, el 3 de junio de 2009, para los de palangre de superficie que capturan pez espada y tiburón en las aguas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, dotada con 3
millones de euros, y la de 18 de junio de 2009, para los tripulantes afectados de la zona del Atlántico noroccidental, dotada con 2 millones de euros. Está próxima la publicación de nuevas órdenes de ayudas a los propietarios o armadores y
tripulantes de buques con puerto base en Ceuta y Melilla, tanto de arrastre como de cerco y palangre de superficie en el caladero mediterráneo, de acuerdo también al Reglamento de la Unión Europea 744, las correspondientes al año 2008 y establecer
también las del año 2009. Sin olvidarnos, por supuesto, de las que ejercen la pesca del voraz en determinadas zonas del Estrecho de Gibraltar, por importe de un millón de euros. Perdonen por darles todas las órdenes pero prefería que la
información quedara absolutamente clara.
Como resumen, en la actualidad se está gestionando un tercio de las ayudas correspondientes a las primeras paradas, continuándose con la tramitación de las segundas, terceras e incluso cuartas paradas, que terminarán en el último trimestre
del año 2009.
Señoras y señores diputados, con esto he tratado de resumir todo lo máximo posible, dado que eran comparecencias que nos podían llevar a una desagregación muy concreta de información o datos. En la réplica podré dar respuesta a inquietudes
de carácter mucho más concreto, pero esta es la política que mueve al Gobierno, una
política que tiene que llevarnos a ese desarrollo sostenible de nuestra costa y de nuestro sector pesquero.
La señora PRESIDENTA: Abrimos ahora un primer turno de intervenciones para los distintos grupos parlamentarios por un tiempo máximo de quince minutos, que pueden distribuir entre los portavoces. Comenzamos este turno de intervenciones con
el grupo que ha solicitado las comparecencias y después intervendrán, como es habitual, de menor a mayor. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Intentaré ceñirme a ese tiempo aunque también apelaré a su generosidad, que siempre ha demostrado, debido a las comparecencias de que se trata y a la cantidad de temas que ha tratado aquí la señora ministra. Antes de
nada, decirle que compartiremos mi compañero Carlos Floriano y yo esta primera intervención; el intervendrá al final para referirse a los asuntos relacionados con temas no pesqueros, por decirlo gráficamente, y yo me referiré a estas dos
comparecencias solicitadas, una en relación con las ayudas a armadores que están acusados de practicar pesca ilegal y otra la correspondiente a los retrasos en las ayudas por la paralización de la flota. Antes, me sumaré a las palabras de la señora
ministra, mostrando nuestra alegría porque ese incidente que nos ha comentado la señora ministra haya quedado en un incidente sin víctimas.
Voy a entrar en materia con la primera de las comparecencias solicitadas por mi grupo parlamentario, diciéndole, señora ministra, que está muy bien que usted promueva proyectos de ley, pero no es prioritario el proyecto de ley que ustedes
están promoviendo de una pesca sostenible y tratar de enmascarar bajo ese proyecto de ley problemas que se pueden resolver ya hoy, inmediatamente, como es el de la pesca ilegal, sin tener que esperar a tener una nueva ley de pesca. Me referiré
siempre que diga pesca ilegal -a los efectos de facilitar el trabajo de los servicios de la Cámara- a la pesca no declarada y no reglamentada que bajo las siglas Indnr es internacionalmente conocida como pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Nuestro grupo parlamentario y nuestro partido siempre han estado radicalmente en contra de estas prácticas pesqueras por muchas razones que ahora no voy a reiterar, pero lo cierto es que ustedes -y hoy mismo lo ha hecho aquí, señora
ministra- han hablado del papel activo de España en la lucha contra la pesca ilegal. Hay muchos anuncios, pero lo que hay en este momento es un desprestigio internacional y la amenaza de un procedimiento legal contra España por parte de la Comisión
Europea.
Señora ministra, me estoy refiriendo a un procedimiento legal que el 29 de enero de este mismo año la Comisión le trasladó al secretario general del Mar, en el que entre otras cosas le decía que la Comisión seguirá de cerca este dossier.
La Comisión se está refiriendo a un dossier abierto a un armador bajo la denominación de Vidal Armadores -del que hablaré a continuación-, reservándose la posibilidad de emprender cualquier acción legal para asegurar que se respete e implemente la
ley. Este es parte del comentario que se le hace en esa carta al secretario general del Mar, repito, el 29 de enero de este mismo año. Por lo tanto, ese desprestigio internacional es aprovechado por otros países que quieren que únicamente se
autorice pescar en aguas propias jurisdiccionales y así lanzar su artillería -y ya lo han hecho en varias ocasiones- contra nuestro país.
Le recordaré brevemente dónde está el origen de esta cuestión.
Cuando llegaron ustedes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se concedió por parte de su Gobierno una campaña millonaria de pesca experimental a este armador que he citado hace unos segundos. Al poco tiempo, este armador fue
procesado en Estados Unidos, y escasos meses antes, cuando todavía había un gobierno del Partido Popular, se le habían denegado por parte de los entonces responsables del ministerio ayudas por considerar que ya había indicios de que este armador
practicaba la pesca ilegal. Todo esto lo sabe muy bien el secretario general del Mar, que por entonces todavía no lo era, pero que acompañaba en varias visitas a este armador para interesarse por sus solicitudes de subvenciones. Qué casualidad que
con la llegada de ustedes y su equipo al ministerio se le concede esta ayuda y se destituye a los pocos días al director general de Recursos Pesqueros que era un diplomático de reconocida experiencia -por cierto, también el actual director general
no sé si ha sido cesado o se ha marchado hace pocos días, creo que más bien esto último-; pero, de forma muy concreta, trataré de recordarle los hechos más relevantes en todo este devenir, que usted no ha citado aquí.
En julio de 2004, se imponen
sanciones al armador del buque Galaecia, Vidal Armadores, por 60.000 euros por manipulación del sistema de control de satélite y otros 60.000 euros por obstrucción a la inspección. Ese mismo año ustedes conceden ayudas por campañas experimentales
de pesca al buque Galaecia. En agosto de ese año, el barco Galaecia realiza transbordo de suministros o, para que nos entiendan todos, transbordo de pescado ilegal con buques de pabellón extranjero, el Hammer y el Magnus, con bandera de
conveniencia. Al año siguiente, en 2005, vuelve su ministerio nuevamente a conceder ayudas por campaña experimental de pesca a este buque Galaecia. En marzo de 2006, una carta del señor Borg a usted, fechada el 16 de marzo de ese año, le comunica
que la Comisión le insta a usted a que se tomen medidas y que el barco Galaecia vuelva a puerto y se recuperen las subvenciones concedidas con fondos europeos para esas campañas experimentales. En el año 2006, Vidal Pego, administración de Viarsa
Cartera, Sociedad Anónima, empresa que posee el cien por cien de Vidal Armadores, fue condenado por la justicia estadounidense por pesca ilegal. Ese mismo año vuelve a concederse por parte de su ministerio licencia de pesca al Galaecia para pescar
en el Índico. En el año 2007 se le renueva la
licencia de pesca al Galaecia para pescar en el Índico. En abril de 2008 se conceden ayudas de campaña experimental a la empresa pesquera Zumaya S. L., y me gustaría que usted, si lo sabe, nos aclare la vinculación entre ambas empresas. En
el año 2008 se firma un acuerdo de charteo con el Gobierno de Namibia para que el barco español Belma, también de Vidal Armadores, se abandere en Namibia y así pueda pescar ilegalmente en dicha zona -voy a referirme a la zona, lo digo para los
servicios de taquigrafía, tal y como se la conoce habitualmente, que es Ccamlr, que es la Comisión Para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos-. En enero del año 2009, se produce una comunicación de la Comisión poniendo en
evidencia la situación del Paloma V y relación de este buque con Vidal Armadores. En marzo de este año se presenta una denuncia por Greenpeace ante la Audiencia Nacional y Asamblea de la FAO por el proceder del Gobierno español. En abril de este
año, este diputado que está hablando solicita toda la documentación e información relacionada con los expedientes sancionadores y las ayudas concedidas a Vidal Armadores y todavía espera respuesta. Para decirlo más claro: el modus operandi de esta
empresa es un cambio continuo de nombres de los barcos y países de bandera. Así, por ejemplo, el barco Black Moon, perteneciente a este grupo, en los últimos siete años ha tenido siete nombres diferentes y bandera en cuatro países. Tras las quejas
emitidas por los miembros del Ccamlr por el comportamiento de los barcos de Vidal Armadores, toda la respuesta de su ministerio fue abrir un expediente al buque Galaecia, que había realizado dos campañas experimentales con fondos públicos en la
Antártida, expedientes de los que tampoco sabemos nada.
Por lo tanto, señora ministra, ¿por qué, a pesar de ser conocidas las prácticas de pesca ilegal, se le siguen concediendo ayudas millonarias que en muchos casos multiplican por tres las que se le conceden a otros buques y armadores
españoles? Nos ha hablado algo de los expedientes sancionadores -muy poco-, pero a mí me gustaría que aclarara qué va a hacer con la petición de la Comisión de que este armador devuelva las ayudas, además de decirnos que nuestra normativa no
permite la devolución de ayudas. No creo que el señor Borg pida cosas que son de imposible cumplimiento a un Estado miembro.
Voy terminando este apartado y le puedo decir que aquí ha mencionado muy de pasada, también relacionado con la pesca ilegal, los problemas de los inspectores de pesca. Creo que están totalmente desmotivados, no cobran la prima de
peligrosidad, siguen en huelga y todavía tienen pendiente de cobro las primas de hace más de doce meses. Con esa desmotivación es muy difícil que una plantilla que no ha cubierto todavía las vacantes que tiene pueda ser eficaz en la lucha que usted
nos comentaba de evitar desembarcos e importaciones de pesca ilegal.
Es el momento de actuar. Ha hablado de la World Fishing internacional que se va a celebrar en Vigo, y yo le propondría en nombre de mi grupo dos cosas. La primera es que convoque la mesa de trabajo para el seguimiento de la pesca ilegal en
Vigo. Usted ha hecho mención a una proposición no de ley del Grupo Socialista enmendada por el Grupo Popular y apoyada con los votos del Grupo Parlamentario Popular, y en ese sentido se pedía la creación de esa mesa de trabajo. Que conozcamos
nosotros, no ha sido convocada hasta la fecha. Puede ser una buena ocasión que se convoque esa mesa de trabajo para el seguimiento de la pesca ilegal en Vigo con motivo de ese evento al que usted se ha referido y de la cumbre de ministros. La
segunda, que se presente a la cumbre la aprobación de una resolución que yo le sugiero que puede ser algo así como que aquellos países que tengan barcos en listas negras de pesca ilegal no puedan comercializar no solamente las especies procedentes
de esos barcos que están en la lista negra sino también otras especies que vienen mezcladas -empaquetadas, por decirlo gráficamente- de esos países que tienen barcos en listas negras.
Y que las transacciones económicas -esto es una novedad que le
sugiero estudien en el ministerio- que tengan como referencia comercial la venta o compra de pescado vayan acompañadas por el certificado de origen del pescado y la bandera del buque; lo mismo que ocurre con las exigencias del Reglamento 1105, que
a partir del 1 de enero va a exigirse a todas las mercancías. Esto para las transacciones financieras.
Me referiré ahora a la otra comparecencia, a los retrasos en las ayudas.
Ha citado todas o casi todas las órdenes que amparan estas ayudas. Quería decirle, señora ministra, que cuando el secretario general del Mar compareció hace unas
fechas -en febrero- en esta misma Comisión, nos hablaba de estas ayudas, de la preocupación del ministerio y de la propuesta de que pudieran continuar en los años 2009 y 2010. Lo cierto es que el Reglamento que usted ha citado, el 744/2008, es de
aplicación entre agosto de 2008 y diciembre de 2009. No entendíamos entonces, cuando el señor Fragueiro nos hablaba de aplicación en 2010, por qué hablaba de ello, y ahora ya lo hemos entendido, el retraso que ya se ha padecido en el pago por
paralizaciones en los años 2008 y 2009 lo van a prolongar hasta el año 2010. Lo importante ya no es cuándo se ha empezado a pagar sino cuándo se va a terminar de pagar; no es solo el retraso en el pago de las ayudas lo que genera indignación en el
sector sino también un trato discriminatorio hacia ciertas flotas, y pondré un ejemplo. La flota palangrera del Atlántico, Índico y Pacífico, a la vista de la aprobación de este Reglamento 744 y de las declaraciones que usted hizo en su momento,
decidió parar después de agosto de 2008 por dos o tres meses.
Cuando después se publica la orden del cese temporal de la actividad pesquera para estos buques -se hace en diciembre del año pasado-, la orden contempla como periodo de parada
subvencionada dos meses; pero ahí no acaba la
película: cuando realmente se ha empezado a pagar -una vez que se ha publicado la orden-, se contemplan periodos de pago exclusivamente por un mes. Tres, dos, uno, ninguno. Le hago algunas preguntas por si me las quiere contestar y puede
en la réplica. Los agravios son continuos a nuestro juicio. ¿Por qué a las flotas del Mediterráneo les tienen que pagar las comunidades autónomas con sus fondos propios -comunitarios y autonómicos- las ayudas por las paradas de este Reglamento
744, y a las flotas que tienen puerto base por ejemplo en el Cantábrico o en el noroeste se les paga con fondos comunitarios pero con las partidas de la Administración General del Estado, es decir de su ministerio? Entendemos que esto último es
como habría que hacerlo pero no generando agravios comparativos entre comunidades autónomas. ¿Por qué discriminan a los propietarios embarcados según se trate de una flota de volanta, de palangre o de arrastre? ¿Piensa usted que un tripulante
puede permitirse cobrar a los 8, 10 ó 12 meses de haber realizado su paro? ¿Qué le dicen al del supermercado, que la ministra les ha dicho que tienen derecho a cobrar con arreglo al Reglamento 744 y que ya les pagarán? Creo que esta es una
situación que requiere reflexión, que requiere que empleen todos los medios a su disposición y si hace falta contraten medios externos, como pueden ser -y ya se ha hecho en el ministerio- Tragsa-Tragsega, para dar agilidad y pagar en tiempo y forma.
Aquí hemos aprobado una proposición no de ley hace muy poco tiempo -y se aprobó en esta Comisión- en la que se establecían unos plazos para que el pescador o el marinero cobrara a mes vencido, un mes después de la parada, y el armador como máximo en
un periodo de tres meses. Señora ministra, le recuerdo que se están pagando en este momento con retrasos de hasta doce meses algunas de estas órdenes de ayuda. Y usted lo ha dicho, faltan todavía algunas por publicar, como la de Ceuta y Melilla o
también la de armadores y tripulantes, y no solamente afecta a barcos con residencia en Ceuta y Melilla, sino que hay mucha flota gallega, y usted lo sabe mejor que yo, que tiene puerto base allí. Por eso, le quería pedir un esfuerzo; se lo
agradecerá el sector, se lo vienen demandando desde hace tiempo.
Termino, para que mi compañero pueda completar la intervención diciéndole, señora ministra, que nos parece muy bien que ustedes traten el problema de la sostenibilidad, pero yo veo incómodo su papel como ministra en asuntos pesqueros porque
quedan todos detrás de los problemas medioambientales, bajo la capa del medio ambiente y, sin embargo, la pesca es algo más que respeto por el medio ambiente, es un problema social, económico, es un grave problema en este momento y me gustaría
escuchar otro tipo de prioridades. Han abierto el melón de una nueva ley de pesca. Yo creo que no era mala la que había, se podía actualizar y modernizar, pero a juicio del Grupo Popular equivocan las prioridades.
Dejo lo que me pueda quedar para la siguiente intervención. Gracias, señora presidenta, por la benevolencia.
La señora PRESIDENTA: Realmente le quedan cuarenta y ocho segundos para cumplir los quince minutos del primer turno de intervenciones.
Señor Floriano, tiene la palabra.
El señor FLORIANO CORRALES: Como sé de su benevolencia, sé que puedo contar con algo más de cuarenta y ocho segundos, pero intentaré no excederme en el tiempo.
Quiero dar las gracias a la señora ministra por su comparecencia y por la información que nos ha facilitado. Estaba intentando pensar cómo resumir la intervención para no excederme en el tiempo y creo que las fotografías que usted ha puesto
resumen muy bien el planteamiento de lo que yo quiero decir y de lo que usted quiere hacer. No sé si sería posible -veo que está apagada la pantalla- recuperar las fotos pero todos tenemos en la cabeza la imagen de las casas y las sombrillas
ocupando el mar y la gente bañándose. Todos los que la hayamos visto podemos imaginar esa fotografía.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señora presidenta, yo la tengo en pantalla, pero voy a intentar que se proyecte.
El señor FLORIANO CORRALES: Ahora cuando salga, para quien no la tenga en la cabeza, pediría a todos los miembros de la Comisión, como se lo pido a la ministra, que intentemos ver de cuándo son esas construcciones, cuándo se hicieron esas
casas, antes de la ley de 1988 o después de la ley de 1988. ¿Cómo se puede permitir que se construya tan cerca del mar? Porque, da igual que fuera con la legislación anterior o con la actual, eso no estaba permitido. ¿Quiénes dieron las
autorizaciones para que eso se hiciese? ¿Cómo se pudo estar construyendo allí sin que nadie dijese nada? ¿Cómo pudo pasar eso? Sin embargo, pasó y ahora nos encontramos con esa realidad en muchas zonas de la costa española, con muchas
construcciones que se han hecho con anterioridad a la ley y con muchas construcciones que se han hecho con posterioridad a la ley en situaciones que yo me atrevo a calificar en muchos casos de irregulares. Yo quiero que el Ministerio, usted y todas
las autoridades cuenten con el apoyo de este grupo parlamentario para terminar con todo lo ilegal. Hay que terminar con todo lo ilegal, con todo lo que se construyó a sabiendas de que se estaba invadiendo el dominio público, con todo lo que se hizo
sabiendo que se estaban incumpliendo las normas, y hay que buscar responsables, pero en principio terminemos con ello, porque yo creo que proteger el dominio público marítimo-terrestre, además de ser de sentido común, tiene el respaldo
constitucional.
Hay una diferencia básica entre la ley de 1988 y toda la legislación anterior, que otorgaba al deslinde solo un efecto de carácter administrativo, es decir, se deslindaba pero no se discutía la propiedad.
El Estado, para poder reclamar la
propiedad del espacio de dominio público,
tenía la obligación de acudir a los tribunales a solicitarla, de tal manera que solo a través de sentencia judicial favorable al Estado la propiedad se convertía en dominio público. ¿Qué pasó? Pues que muchas veces el Estado no deslindó en
muchas zonas de la costa española, y en otras ocasiones deslindó pero, como no acudió a los tribunales, el propietario, el privado, siguió disfrutando de una propiedad indiscutida.
Como nadie se la discutía, la consideraba legítima, como lo era,
porque no tenía sentencia judicial que determinara lo contrario. Por tanto, el Estado no deslinda o deslinda pero no acude a los tribunales y, por tanto, la propiedad sigue siendo indiscutida. El artículo 132 de la Constitución y toda la
jurisprudencia posterior tienen establecido que, a partir de la ley de 1988, con el deslinde se constata una realidad, es decir, que el deslinde funciona como un instrumento expropiatorio, quita la propiedad. Esa es la diferencia fundamental. No
es necesario que el Estado acuda a los tribunales, sino que inmediatamente el deslinde actúa como un instrumento expropiatorio y la concesión administrativa que se entrega a los propietarios funciona como compensación. Por consiguiente, desde 1880,
ó 1912, después del reglamento de la ley de 1880, hasta 1978 el Estado incumplió su obligación, que era deslindar o acudir a los tribunales, y los privados construyeron.
Yo no sé si esas construcciones de la fotografía son anteriores o posteriores a 1988, pero la costa española está llena de ejemplos en los que se ha construido, o bien porque no se ha deslindado o bien porque se deslindó pero no se acudió a
los tribunales antes de la Constitución de 1978, y ahora se les dice: esta casa se construyó porque no estaba deslindada, o se construyó porque, aun estando deslindada, no se acudió a los tribunales, y por tanto la propiedad seguía siendo
indiscutiblemente suya; ahora sigue usted viviendo aquí pero dentro de treinta años la tiene que dejar, usted ya no es propietario, sino concesionario. Yo les pido que se pongan en esa situación, casa que es suya porque la han heredado de sus
padres o porque es suya antes de que se haya practicado deslinde -y hay ejemplos a lo largo de toda la costa española-, que ha contado con todos los permisos, que paga el IBI, ahora resulta que les dicen: aquello que era suyo ya no lo es, es del
Estado. Lo podemos llamar expropiación a efectos jurídicos, pero eso tiene otro nombre, que es confiscación, desde mi punto de vista. Puede ser discutible, pero yo creo que es una confiscación, que el Estado sencillamente lo quita y cambia esa
propiedad por una concesión, por un derecho de uso.
Yo quisiera llamarles la atención sobre tres situaciones que se dan. Una, propiedades en las que no se practicó deslinde, y por tanto la gente construyó. Dos, propiedades en las que se practicó deslinde pero que no se demandó por parte del
Estado, por lo que los propietarios siguieron utilizándolas de forma indiscutida. Tercera situación, propiedades en las que se practicó deslinde con arreglo a leyes anteriores y quedaban fueran del dominio público. Con la nueva ley se practica
deslinde, se las incluye, y se les dice: ya está en zona de dominio público, esto que era suyo ya solamente lo es durante los próximos treinta años, ampliable a otros treinta. No sé si me han entendido esta tercera situación; el deslinde hecho
hasta un límite, la gente construye de ese límite para atrás porque estaba fuera del dominio público, con arreglo a nueva leyes o nuevos deslindes se les incluye y se les dice: ahora esto ya no es suyo. Y, cuarta situación, zonas de interés
cultural. Fíjese, son las comunidades autónomas, como la gallega, las que han tenido que recurrir ante el Tribunal Constitucional, y precisamente usted lo conocerá, para proteger construcciones de zonas culturales realizadas con anterioridad a la
ley de 1988. También las casetas varadero de Ibiza, posiblemente hay zonas de la costa ibicenca que no serían lo mismo sin las casetas varadero.
Una última cuestión: las arbitrariedades, señora ministra. Sé que esto es difícil, lo sabemos, y nosotros estamos dispuestos a hacer lo posible para resolverlo, si ustedes quieren resolverlo razonablemente, como creo que hay que hacerlo;
las arbitrariedades, señora ministra, como hoteles que también podrían haber salido en las fotos, que están construidos en zonas en las que nadie sabe cómo se puede contar con todos los permisos para construir de la manera que se construyó; en
zonas de dominio público, encima de un acantilado, ustedes lo saben tan bien como yo. Con las casas ocurre exactamente igual. Las actuaciones de costas van según la provincia, señora ministra; si tienen suerte, en unas zonas de la costa española,
en una dirección provincial de costas, las cosas van bien, pero en otras no van bien. En Andalucía, en Málaga, por ejemplo, los chiringuitos en este momento cuentan con un año de prórroga mientras por ejemplo en el Levante español no hay prórroga
posible, cuando con los gobiernos de Felipe González, con los gobiernos de Aznar, después de la reforma de 1991 y de las adaptaciones que hizo el sector ese año hicieron un gran esfuerzo y ahora estarían también dispuestos a hacerlo. Yo le
invitaría a ver la sustitución del chiringuito que se ha hecho en la playa de los Infantes, en Rota, que era de madera, fuera de la arena, y se ha sustituido por una cosa que es un monumento al hormigón, que está cerrado siempre, que es para ocupar
cuestiones de servicio público, sencillamente porque dependiendo de la dirección provincial se va en una dirección o en otra.
Creo que debemos hacer un esfuerzo, y esto lo comparto con usted, para evitar la presión sobre la costa, que es nuestra obligación de cara a las generaciones futuras. Señora ministra, igual que cuando hemos ampliado las carreteras y hemos
pasado a una red de autovías que yo creo que es envidiada en muchos países, lo que hemos hecho ha sido actuar, intervenir y expropiar con el justiprecio oportuno, creo que aquí debemos hacer lo mismo, pero nos debemos poner en la situación de los
miles de personas que se ven afectadas por esto y de la actividad económica que generan para ser capaces de entender lo que podemos hacer. Es la Unión Europea,
son las comunidades autónomas, independientemente de quien las gobierne, y son los ayuntamientos los que están pidiendo que nos planteemos seriamente una aplicación de la Ley de Costas o una reforma de la Ley de Costas que tenga en cuenta
todo esto.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Antes de nada quiero decir que no sabemos por qué no fue incluida nuestra solicitud de comparecencia presentada el 21 de mayo, también en relación con las órdenes de pago o de ayudas a los propietarios de buques
o trabajadores del mar. En definitiva, y dado que la ministra ha comparecido, solamente quiero recordar que nosotros también hemos hecho esa solicitud de comparecencia. Solo quiero agradecer a la señora ministra esta comparecencia y las diferentes
informaciones que nos acaba de exponer, tanto en relación con la Ley de Costas como en relación con la pesca.
Voy a empezar por la primera parte que usted ha expuesto, la cuestión concreta del litoral. Tengo que decirle que nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, comparte enunciados que usted acaba de exponer como la necesidad de trabajar por
un modelo económico sostenible, tanto en la cuestión marítima como en la terrestre, por ese modelo integral del territorio y medio marino, pero, evidentemente, aun compartiendo todo esto, nosotros tenemos la obligación de manifestar algunas
cuestiones que es conveniente plantear dentro del desarrollo de la Ley de Costas.
Valoramos muy positivamente que nos haya informado de que tienen previsto finalizar con los deslindes que se contemplan en la Ley de Costas del año 1988 antes de
acabar la legislatura. Nosotros somos partidarios, desde el punto de vista de ese modelo integral de sostenibilidad de la costa, de que se lleven a cabo los deslindes. En este caso, señora ministra, y usted sabe que no es un tema que tratamos por
primera vez, entendemos que sería necesario hacer algunas consideraciones.
Con anterioridad, el portavoz del Grupo Popular hacía referencia a una fotografía que yo también retengo en la retina. Entendemos que el ministerio debería evaluar algunas cuestiones que, a lo mejor, necesitan algún tipo de modificación;
no sé si se puede resolver desde el punto de vista reglamentario o es necesario hacer alguna modificación legislativa.
Sería conveniente hacer una diferenciación entre aquellos núcleos o edificaciones que están a la orilla de la costa o de la
playa, como las que se veían en la fotografía, dependiendo de si son anteriores o posteriores a 1988, que fue cuando se aprobó la Ley de Costas en vigor.
Valorando la fotografía que nos sirve de referencia, entendemos que hay situaciones, como las
que se manifiestan en la misma, que pueden tener un valor cultural, histórico o propio de la actividad pesquera de núcleos urbanos e incluso localidades singulares en relación con la pesca que se deben tener en cuenta a la hora de hacerse efectivos
esos deslindes.
Esto, como usted sabe, tiene un retraso, y no es responsabilidad de su Gobierno y, mucho menos de usted que está ahora al frente de este ministerio, pero lo que es cierto es que de 1988 hasta ahora han pasado muchos años. En la
medida en que las decisiones del deslinde se fueron retrasando, la aparición de los problemas que suscita la Ley de 1988 también se fue retrasando en determinadas poblaciones. Y usted sabe, señora ministra, que muchos de estos problemas son
consecuencia de la falta de responsabilidad o de la desidia de aquellos responsables municipales que, en su momento, no hicieron las alegaciones correspondientes, porque hay otros núcleos de población singulares que sí las hicieron y están
reconocidas en la ley. Podemos poner como ejemplo el caso de Combarro y la singularidad cultural que tiene. Esto nos trae a colación otra singularidad en el tema urbanístico desde el punto de vista histórico y cultural, algo de lo que ya hablamos
en otras ocasiones, que son los núcleos de población situados, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Marín, que tienen esa misma singularidad y que, en cambio, la falta de responsabilidad de las autoridades municipales hizo que no se tuvieran en
cuenta. Pero como entendemos que la responsabilidad no es obsoleta, corresponde asumir aquellas cuestiones que en otra ocasión no hayan sido asumidas. Por tanto, señora ministra, vuelvo a manifestarle otra vez nuestra preocupación y la necesidad
de resolver los problemas que, como el que le he comentado de los núcleos de población del Ayuntamiento de Marín, puedan darse a lo largo de la costa de todo el Estado español y, de manera específica, de la costa de Galicia, porque son los que
nosotros mejor conocemos. Creemos que precisamente porque son núcleos no solo anteriores al año 1988, sino que, desde el punto de vista cultural e histórico, tienen esa singularidad de la que le hablaba, es necesario corregir los errores del pasado
y actualizarlos.
Señora ministra, también sabe que, además de estos lugares singulares, hay otros problemas que afectan a viviendas de uso habitual en muchos puntos de la costa, edificaciones construidas no solo antes de 1988, sino, a lo mejor, 50, 60 ó
incluso cien años antes, y que, otra vez, por la desidia de las autoridades municipales en su momento no fueron reconocidas y ahora tienen problemas. Ha hecho referencia a la búsqueda de soluciones que desde su ministerio tratan de llevar a cabo a
través de esa disposición adicional de la Ley de Navegación Marítima. Aunque puedo reconocerle la voluntad de resolver el problema, quiero manifestarle nuestra preocupación porque, tal como recoge esa disposición adicional en esta Ley de Navegación
Marítima, puede no resolverse adecuadamente el problema de deslindes y tampoco el de los propietarios de esas viviendas que le comentaba antes. A lo mejor habría que ahondar en otras soluciones que podrían estar relacionadas con permutas o,
incluso, expropiaciones.
En definitiva, una solución que no permita continuar con edificaciones que
no son ni históricas ni viviendas habituales y que, finalmente, para la costa representan un inconveniente y un agravio en relación con la necesidad de recuperación de la misma, así como de efectuar ese trabajo de sostenibilidad y
medioambiental en la costa. Por tanto, aunque la ley se discutirá en su momento -parece que va para largo-, le plantearía la conveniencia de ahondar un poco más en la solución que dan a estos problemas a través de esa disposición adicional. En
relación con esta cuestión, señora ministra -y usted sabe nuestra preocupación por los núcleos históricos- nos gustaría que nos dijera algo al respecto, ya que en el mes de mayo manifestó, en una respuesta suya en el Pleno, la disposición de su
ministerio a buscar una solución. Pero a estas alturas no sabemos -los vecinos lo dicen- si ustedes han avanzado en la dirección de procurar una solución a este problema.
En cuanto a la pesca, que fue el motivo por el que solicitamos la comparecencia, existe el tema de las ayudas del que acaba de informarnos puntualmente y, orden por orden, con la fecha en que fueron aprobadas las distintas disposiciones para
el pago de las mismas, tanto a propietarios como a armadores y tripulantes. El hecho de que pidiéramos la comparecencia estaba justificada en que en el mes de abril se aprobó en esta Comisión, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, y después
con un amplio consenso en la transacción, una proposición no de ley con el fin de que el ministerio no solo elaborara en el menor tiempo posible las órdenes destinadas al pago de las ayudas a los tripulantes y aquellas otras órdenes que ya estaban
aprobadas para los armadores y propietarios, sino que se extendiera también a todos los sectores que tuvieran que plantear paros por cuestiones biológicas o de sostenibilidad. En ese sentido, podemos decir que tenemos cierta satisfacción por la
información que conocemos de las órdenes emitidas por el ministerio. Usted sabe que quedan algunas y nos gustaría que nos dijera el plazo en el que tienen previsto aprobarlas. Pero en esta cuestión también queremos decir una cosa. No es solo el
hecho de que las órdenes estén aprobadas, de que la disposición económica esté debidamente contemplada en las mismas, sino que el hecho fundamental de nuestra preocupación en estos momentos es el retraso en el pago de las ayudas aprobadas. Y no
solamente de las últimas -ya que en estas nos encontramos, incluso, en fase de solicitud por parte de los afectados-, porque desgraciadamente hay órdenes que llevan meses aprobadas por el ministerio y en cambio, por las noticias que tenemos, hay
muchísimas personas, tanto tripulantes como propietarios de embarcaciones, que aún no han cobrado estas ayudas. Usted misma y otras personas responsables del ministerio relacionadas con la cuestión pesquera -incluso la portavoz del Grupo Socialista
en esta Comisión, cuando aprobamos la proposición no de ley a la que yo hacía referencia- dijeron que el compromiso del Gobierno era pagar estas ayudas a mes vencido del paro que se establezca. Por ello, señora ministra, le decimos que ese
compromiso no se está cumpliendo. Tenemos que plantear algo que usted conoce perfectamente, que es la situación económica tanto de armadores como de tripulantes. Incluso nos pararíamos más en la cuestión de los tripulantes, porque una vez que
dejan de trabajar, dejan de percibir algún emolumento económico. Partiendo de que son economías precarias ya por sí mismas, evidentemente esto supone un perjuicio tremendo para estas familias. De ahí que nosotros no solo tengamos que manifestarle
nuestra preocupación sino instarle a que se lleve a cabo ese compromiso de que las ayudas se paguen a mes vencido de los paros que se establezcan. Entendemos que el mes vencido no es el mes vencido del total de los paros que se establecen para ese
periodo de año y medio, entre agosto de 2008 y diciembre de 2009, sino a mes vencido del paro en cada periodo concreto. Por eso, nos parece importante esta cuestión.
Para finalizar, señora ministra, porque creo que me queda poco tiempo, quiero referirme a una cuestión que nos parece importante y que usted trató en su comparecencia, que es el tema de las inspecciones de pesca.
Este tema también lo hemos
tratado en esta Comisión en otras ocasiones a propuesta del Bloque Nacionalista Galego, con motivo de alguna proposición no de ley o de preguntas, y está relacionado -lo decimos con toda claridad- con la falta de operatividad o eficacia de la
inspección pesquera, tanto en lo que se refiere a los buques que puedan estar pescando de manera ilegal como a la pesca que ilegalmente pueda llegar a nuestras lonjas. El conocimiento de esta situación se ha planteado aquí por información de los
propios inspectores de pesca que en su momento plantearon la situación; una situación de deficiencia en relación con el número de inspectores con los que cuenta la referida inspección y, por lo tanto, con grandísimas dificultades para llevar a cabo
su misión. De hecho, incluso parte del trabajo se está desarrollando en jornadas laborales excesivas, independientemente de la responsabilidad salarial que el ministerio tenga con estos profesionales. La cuestión no es que la inspección pesquera
se lleve a cabo con esta precariedad sino que, entendiendo que desde la Unión Europea se ha instado en diferentes ocasiones al Estado español a activar esta inspección, y teniendo en cuenta que el Gobierno español, a través incluso de su ministerio,
ha planteado que es de su máxima preocupación llevar a cabo estas inspecciones para acabar con todo tipo de ilegalidad pesquera, no podemos entender cómo esas palabras no están acompañadas con la incorporación de los debidos o suficientes
inspectores a este servicio para que se pueda mantener la inspección que corresponda, no solamente la inspección de la pesca que llega a puerto sino la inspección de aquellos barcos que puedan estar navegando ilegalmente.
Aprovecho, señora ministra, para preguntarle por un problema importante, sobre todo para las embarcaciones gallegas, el plazo del 30 de junio para que todas estas embarcaciones estuvieran registradas, de acuerdo con la última Ley de registro
de buques que se aprobó en las
Cortes Generales. En su momento planteamos a través de una enmienda que en las embarcaciones gallegas generaría un problema, por la potencia de motores que se establece...
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, le ruego que finalice.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo con esto, señora presidenta.
Por sus peculiaridades, las embarcaciones gallegas no estarían preparadas para el registro el 30 de junio. La pregunta que le hago es si tienen previsto no solamente la ampliación del plazo sino alguna modificación legislativa para que las
embarcaciones gallegas -al menos por lo que conocemos- puedan adaptarse a ese registro de buques, al que nosotros consideramos conveniente que se adapten todas las embarcaciones que faenen en las aguas tanto del litoral como de altura.
Pido disculpas, señora presidenta, porque me he excedido en el tiempo y agradezco su benevolencia.
La señora PRESIDENTA: Como manifestaba al inicio de su intervención una duda sobre por qué no aparecía incluida en el orden del día su petición de comparecencia de la ministra, tengo que manifestarle que en la reunión de Mesa y portavoces
del pasado día 24 el Grupo Mixto no solicitó su inclusión. De todas formas, si considera S.S. que la ministra le ha respondido con el resto de las comparecencias, la podemos dar por retirada del listado de actividades pendientes.¿Está de acuerdo
su señoría? (Asentimiento.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Señora ministra, gracias por su comparecencia y por las explicaciones tan didácticas que nos ha dado. Le voy a plantear tres cuestiones concretas: La primera, referida al proyecto Castor; la segunda,
inevitablemente referida a los deslindes, centrados en este caso en una zona geográficamente bien conocida por ser mi circunscripción, y la tercera, referida a una problemática específica derivada de la pesca.
En cuanto al proyecto Castor, quiero decirle que la ubicación de una planta de tratamiento de gas cerca del término municipal de Alcanar, en Cataluña, pero situada en el término municipal de Vinaroz, en la Comunidad Valenciana, ha provocado,
como sabe, movilizaciones, la constitución de una plataforma, la demanda por parte de la Generalitat de determinados informes al Gobierno, que parece ser que no se han recibido todavía, y que se plantee por parte de nuestro grupo, como hipótesis que
puede tener bastantes visos de realidad, que quizá pudiera ser que una parte de la superficie de la concesión de explotación, más o menos 600 metros, pudieran estar en zona de competencia de la Generalitat. En relación con esta hipótesis que acabo
de lanzar realizaré dos preguntas.
En primer lugar, si su ministerio puede determinar con seguridad que las coordenadas geográficas de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre donde se emplazará la planta marina del proyecto Castor no
afectan zonas de competencia de la Generalitat de Catalunya, más concretamente en materia de medio ambiente. En segundo lugar, si por parte de la Generalitat se ha solicitado a su ministerio algún informe, alguna reclamación competencial, etcétera.
Una segunda cuestión respecto al mismo tema es que se están realizando trabajos relacionados con el proyecto tanto en la zona marítimo-terrestre, donde parece ser que ya se ha incoado expediente sancionador a una empresa por falta de
permisos, como en la zona de tierra adentro, donde se han producido afectaciones a terrenos de particulares y a carreteras de diferente titularidad administrativa. Le pregunto, señora ministra, qué valoración hace su ministerio y si piensa
emprender alguna acción para solucionar este u otros problemas que puedan aparecer en un futuro, para evitar afectaciones importantes o actuaciones de legalidad más que discutible, antes de empezar las obras o antes de la emisión de la declaración
de impacto ambiental del proyecto. Por cierto, en esa línea, ¿qué calendario tiene previsto el ministerio para poder emitir o hacer efectiva la declaración de impacto ambiental del proyecto Castor?
El segundo tema -no me excederé del tiempo con toda seguridad- es el tema de los deslindes, que ya ha sido muy tratado en determinados momentos de esta legislatura, recordando el malestar, sobre todo en el caso de Ampuriabrava, Santa
Margarita y, posteriormente, en San Pere Pescador y otras zonas en el deslinde; en el último caso, por la intención de llegar hasta más de 4 kilómetros río arriba, hasta donde lleguen los efectos de las mareas. Usted es consciente de que esto ha
planteado diferentes situaciones de malestar en propietarios, afectados, incluso -como usted conoce perfectamente- con los consistorios que están dando apoyo, en la mayoría de los casos, a las reclamaciones de los particulares afectados.
En el tema
de Ampuriabrava, somos conscientes de que el señor secretario general del Mar ya contestó en otra reunión de la Comisión de Medio Ambiente que los propietarios de Ampuriabrava, en concreto, no deberían sentirse demasiado preocupados que quedaría la
servidumbre de protección, pero que las casas podrían ser modificadas, se podrían hacer obras en los terrenos, pidiendo el permiso a la Generalitat por tratarse de una marina interior. Pero esa tranquilidad no acaba de ser total y cada día llegan
nuevas situaciones de zozobra para los afectados, por ejemplo, problemas en la transmisión de fincas, los registros de la propiedad están suspendiendo algunas transmisiones en función de los deslindes. En cualquier caso, estamos en una problemática
que todo el mundo ha identificado, tanto el ministerio, como la Generalitat y los afectados, que es la aplicación o no. La Generalitat parece ser que considera, y todos los informes que tenemos van en esa línea, que no se debería aplicar en el
interior de la marina ese
régimen de servidumbre en los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, al no ser un dominio público natural sino artificial.
Por tanto, le pregunto si ha variado la posición de su ministerio o está a la espera de
estudiar alegaciones, en definitiva, cuál sería su posición en estos momentos y, sobre todo, también en el caso, como le he comentado, del río Fluvià y otros riachuelos. Eso de llegar hasta donde las mareas hayan dejado alguna vez sus efectos ha
creado -creo que usted está al corriente- una sensación de desatención en los propietarios de la zona que afecta a muchísimas actividades. También quiero preguntarle si se están estudiando las alegaciones presentadas por la Generalitat de Catalunya
y, en ese caso, cuál sería el plazo que se prevé para resolver estas alegaciones.
Un tercer asunto que le quería proponer es el relacionado con el Real Decreto 638/2007, en el que se reforzaron las competencias de las capitanías marítimas. Entre otras problemáticas, este real decreto concentró la capacidad de decisión en
las capitanías marítimas y a la hora de aplicarlo nos encontramos con determinadas situaciones que han creado en algunos casos zozobra y preocupación. Concretamente, la derivada de la aplicación del artículo 10, punto k), de ese real decreto,
relativa a la resolución de los expedientes en materia de tripulaciones mínimas de seguridad para embarcaciones de eslora inferior a 24 metros.
Dicho artículo determina que cada capitanía marítima tiene la potestad de resolver el número de
tripulantes con los que debe navegar una nave de esta categoría, lo que ha supuesto que se estén aplicando criterios no homogéneos. La capitanía marítima de Palamós, en junio de 2007, resolvió endurecer las condiciones que se exigían a las
embarcaciones de este tipo de eslora para salir a faenar, reduciendo de 8 a 7,5 metros aquellas que precisan de más de un tripulante. Ello supuso que numerosas barcas que hasta esa fecha cumplían con la normativa vigente se hallaran de pronto en
una situación de ilegalidad. Creo que el contexto de crisis hace especialmente grave esta situación; barcas construidas hace solamente dos años, con sus respectivas licencias, actualmente se ven privadas de salir a faenar. Además, en la bahía de
Rosas no se tiene constancia de accidentes desde hace muchos años, por tanto, la apelación a la seguridad creemos que no tiene fundamento estadístico, ni tan siquiera lógico. Por tanto, le pregunto si cree su ministerio, usted en particular, que se
debe encontrar una solución a esta situación o sencillamente se va a mantener la actual.
La señora PRESIDENTA: El señor Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia. Mi grupo no la había solicitado pero considera interesante todo lo referido a cuestiones de pesca, de sostenibilidad del mar y de las costas. Aunque no la
hayamos pedido, tengo bastantes cuestiones que comentarle, algunas referidas en su intervención, otras omitidas pero creo que necesarias a la hora de aclarar ciertas cuestiones.
Como andamos justos de tiempo y a mí no me gusta desobedecer a la presidenta, intentaré centrarme al máximo en la materia pesquera, que es lo que más me incumbe en estos momentos. Empezaremos por el tema de la anchoa; es una cuestión que
usted no ha citado pero, como bien sabe, ayer mismo se dio a conocer la decisión de la Unión Europea en torno al cierre de la costera de la anchoa en el sentido de que en la nueva veda se está considerando que en estos momentos la biomasa está en
unas 21.000 toneladas. También es verdad que otros estudios, como los franceses, daban una cifra de 33.000 toneladas; AZTI, el Centro de Investigación Tecnológica Marina del País Vasco, dio una cifra de 28.000 toneladas.
Basándonos en esa
cantidad de 21.000 toneladas que ha decretado la Unión Europea, yo tampoco defiendo la apertura de la costera de la anchoa; lo único que le pedimos es un poco de diligencia ya que usted sabe perfectamente que el sector ha quedado muy tocado con
esta decisión. El sector no está dispuesto a ir a la mar a saquear nada y sabe perfectamente que si la cifra es 21.000 evidentemente no se puede iniciar una costera, pero déjeme que le pida no que dude pero sí que se considere que quizá no sea
21.000. Con todo el respeto que me suscitan las entidades científicas que han determinado esta biomasa, le pediría que se haga el esfuerzo de por lo menos revisar cómo está esto en diciembre para ver si en 2010 se puede abrir basándonos en nuevas
cifras y en nuevos datos. Solamente le pido, señora ministra, que esté un poco encima del asunto, que esté con el sector para que quizá se pueda determinar que existe otra cifra. Usted sabe que esta medida está basada en una serie de cuestiones
que se plantean y se hace una especie de media. Vamos a ver cómo están los juveniles de la anchoa -que no los alevines- para poder revisarlo en diciembre y ver si verdaderamente estas cifras de biomasa son las mismas a fin de año. Solamente le
estoy pidiendo eso.
Hablemos ahora del atún rojo. En este tema creo que tenemos que volver a hacer el relato de una injusticia que mi grupo no voy a decir que ha denunciado pero sí citado, añadido y cuestionado más de una vez tanto en las comparecencias en
esta Comisión como en otros niveles. Se hizo mal el reparto en el año 2008. Usted conoce perfectamente la queja no solamente de este grupo parlamentario sino de la Administración vasca, del sector pesquero vasco sobre el reparto que se hizo, con
una cuota inicial de 5.378 toneladas. En un principio en abril de 2008 el Consejo de la Unión Europea acordó incrementar en 49,7 toneladas la cuota de España para traspasar así a su flota la parte del cupo que tenía en 2007 y que no pudo capturar
porque el caladero se cerró de forma anticipada por el sobrepasamiento de las cuotas por parte de Francia e Italia. En primavera de 2008 se obtienen 250 toneladas adicionales por intercambio con Portugal. La flota de cebo vivo del Cantábrico,
fundamentalmente la flota vasca, partía en 2008 con una
asignación del 21,76 por ciento de la cuota inicial para España. Tras una fuerte presión y sobre todo porque no podía ser de esa manera, esa flota obtuvo además 116 toneladas procedentes de sobrantes de cuota de la almadaraba y 120
toneladas de la cesión de cuota portuguesa, es decir, un total de 236 toneladas más, pero el ministerio se comprometió a revisar este reparto por medio de un estudio independiente haciendo una serie de baremos equilibrados; baremos verdaderamente
basados en la realidad, no en la ficción, en los que se estimara la repercusión social, la parte económica, cuánta gente dependía de eso, etcétera, es decir, se adquirieron compromisos para hacer un estudio y que eso fuera verdaderamente real.
Llega el año 2009, tenemos en estos momentos 895.757, esa es la totalidad, y la cuota inicial del Estado baja un poco, se queda en 4.116.530 kilos, a partir de la decisión del Consejo de la Unión Europea de diciembre de 2008. De alguna
manera, ese compromiso no se cumple. Seguimos con el 21,76 por ciento. No se hace ese estudio al que comprometió el ministerio y el reparto sigue siendo injusto, es más, no llega nada de lo negociado con las autoridades portuguesas. La flota de
cebo vivo del Cantábrico, la flota vasca, parte en 2009 con una asignación del 21,76 por ciento, como el año pasado. Frente al compromiso de una asignación mayoritaria de las 180 toneladas de cuota cedida por Portugal, del reparto que hace el
ministerio, a la flota vasca de cebo vivo del Cantábrico no le llega nada, por mucho que la nueva consejera del Gobierno vasco diga lo que quiera, a la flota de cebo vivo no le ha llegado nada de esa cuota de Portugal. Por tanto, sigo siendo
crítico con esta cuestión. Creo que se está siendo injusto, por segundo año consecutivo, con el tema del atún rojo y no se están cumpliendo los compromisos adquiridos, cosa que mi grupo repetirá todas las veces que haga falta en todos los sitios
que haga falta.
Hay otra cuestión que creo que es importante y, como el tiempo se me está acabando, iré abreviando. Voy a hablar ahora de piratas. Usted sabe perfectamente, como todos nosotros, que cuando hace dos o tres años mi grupo parlamentario citaba
aquí piratas la gente se reía y decía: Bueno, ya están los vascos con sus aventuras. Pues no, se vio claramente que los piratas existían, que eran muy malos y que producían muchos daños. El año pasado con el Playa de Bakio se comprobó que no era
ficción ni novelas de Emilio Salgari, era una realidad. La flota de atuneros congeladores que está en el Índico, en las costas cerca de Somalia, ha padecido esta situación. Visto lo ocurrido, se tomaron medidas, más de propaganda que de realidad
en muchos casos -pero dejémoslo en que se tomaron medidas-, pero con esas medidas usted sabe perfectamente que, o por la extensión del territorio o porque los piratas están mejor formados de lo que esperábamos, no es que estén cumpliéndose a
rajatabla los objetivos que se habían perseguido. La realidad es que, en estos momentos, la piratería en el Índico sigue siendo una realidad y los atuneros están muy preocupados, tienen miedo. Ahora, que el atún ya está subiendo hacia el norte, la
zona de peligro se incrementa, por lo que los armadores están pensando en buscar nuevas soluciones. No estoy diciendo que no esté allí la fragata, evidentemente. También hay otros destacamentos militares y de otros países también, pero mi grupo ya
ha solicitado, por medio de la Comisión de Defensa, las cuestiones relativas de defensa. Yo ahora le estoy hablando de cuestiones relativas a pesca. Usted sabe que esta situación no puede proseguir. Algunos armadores están pensando que quizá
tengan que abandonar esos caladeros. Por eso, le solicito que las autoridades ministeriales sean flexibles en este tema con las soluciones que se puedan proponer. Por una parte, le solicito hacer las gestiones oportunas ante la Unión Europea para
ampliar las posibilidades de pesca existentes para la modalidad atuneros congeladores en los actuales acuerdos de pesca suscritos por la Unión Europea con países ribereños del océano Atlántico.
Por otra parte, usted sabe también que el Real Decreto 1040/1997 establece que los barcos construidos al amparo de ese real decreto tienen que hacer renuncia de los derechos de pesca en el océano Atlántico para trasladarse al océano Índico.
Yo le diría que esto no es una cuestión de capricho ni de que se quiera saltar la ley. La situación del Índico es una situación excepcional, es una situación de peligro. Por lo tanto, la decisión que ciertos armadores puedan tomar de querer
trasladar su flota o parte de la misma al océano Atlántico no se produce a raíz de un capricho, es porque no se puede seguir pescando en el océano Índico. Usted sabe que el Real Decreto 1040/1997 establece que estos barcos tengan que renunciar a
esos derechos de pesca en el océano Atlántico. Yo le pediría un poco de flexibilidad para poder ver hasta qué punto se puede, por medio del diálogo, llegar a un acuerdo para que esta situación de excepcionalidad tenga una respuesta y estos barcos
puedan acceder a caladeros del océano Atlántico, sobre todo por el tema de la piratería y también porque los stocks en el océano Atlántico van mejorando y no se produce la situación anterior.
También le quiero comentar que el tema de la pesca ilegal sigue siendo una de nuestras preocupaciones y más de una vez le hemos solicitado aquí que se tomen medidas verdaderamente oportunas. No sé si es que la inspección no funciona, o no
llega, o los recursos son muy limitados, o los ilegales son mucho mejores que los inspectores -que conste en el 'Diario de Sesiones' que cuando digo que son mucho mejores me refiero a que funcionan saltándose las inspecciones-, pero la situación es
que más de una vez se producen problemas. Por otra parte, usted anteriormente ha hecho referencia a que el ministerio ha dado respuesta a una proposición no de ley del Grupo Socialista aprobada en esta Comisión. Me parece fantástico. Solamente le
pediría que hiciera el mismo caso a todas las proposiciones no de ley aprobadas en esta Comisión y a todas hiciera referencia porque, además de la que usted ha citado, otras muchas proposiciones
no de ley han sido aprobadas en esta Comisión y no sé si ustedes las hacen el mismo caso según de quien procedan. También le pediría -y permítame la expresión- un poquito de respeto a los miembros de la Comisión y a los grupos
parlamentarios, sobre todo cuando se formulan preguntas de respuesta escrita, en las que la demora es inmensa. Por mucho que se queden estancadas -no sé dónde- las preguntas, solicitaría mucha mayor diligencia y un poquito de respeto porque somos
diputados y porque tenemos todo el derecho del mundo a que se nos responda cuando se nos tiene que responder y no al albur de lo que ocurra en la burocracia de no sé dónde. Y segundo, cuando se pregunta, por ejemplo, en qué situación está el
proyecto de reconstrucción de una dársena o de lo que fuere, no se puede responder diciendo: requiere reparación. Punto. Eso ya lo sé, si no, no lo hubiera preguntado. Por favor, tengan un poquito más de respeto...
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, una llamada a la cuestión.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: ¿Por qué me dice usted eso?
La señora PRESIDENTA: Porque estamos en una comparecencia de la señora ministra y no en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente relativa a preguntas. ¿De acuerdo?
El señor AGIRRETXEA URRESTI: No, no. Me estoy refiriendo a la diligencia del ministerio a la hora de responder.
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, vaya finalizando.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Quiero decirle que en cuanto a esa materia se atengan a las solicitudes de los grupos parlamentarios.
Por último, me gustaría saber hasta qué punto se va a seguir en materia pesquera con esta situación de no cumplir los acuerdos a los que se llega con los grupos parlamentarios, sobre todo porque es un sector que en estos momentos está
demandando una actuación mucho más responsable porque están pendientes de situaciones externas a ellos mismos, y no solamente por el tema de la crisis económica, que evidentemente está afectando a todos y de la misma manera, sino también porque
ciertas decisiones ministeriales pueden afectar mucho al futuro de muchas artes tradicionales que no tienen muchas posibilidades de poder reciclarse a nuevas situaciones. No es una actividad económica como cualquier otra en la cual se puede cambiar
o reciclar. Yo creo que en estos momentos la pesca y la pesca tradicional están en una situación no voy a utilizar el término de vida o muerte, pero sí en una situación en la cual deben tomarse medidas que verdaderamente valgan para que la
viabilidad sea posible. Para que la viabilidad sea posible tenemos que creernos que queremos que sea viable y queremos que sea viable porque el producto que ofrecen y la forma en la cual ellos pescan no es una forma masiva. Creo que hay que
acostumbrar a la gente a pensar en lo que supone consumir el pescado que ha sido capturado artesanalmente y en ese sentido debemos trabajar todos para este tipo de concienciación.
Tendría más cuestiones pero, ya que me he excedido del tiempo y que la presidenta me ha llamado incluso al orden, me voy a callar y lo dejamos aquí.
La señora PRESIDENTA: A la cuestión, señor diputado. Hay una diferencia.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene, en primer lugar, la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, desde Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queríamos agradecer la comparecencia hoy aquí de la ministra, si me lo permite, de los medios: de medio ambiente, de medio rural y de medio
marítimo. Pero más que ministra de los medios hoy está aquí como ministra de pesca. Su comparecencia hoy aquí está muy centrada en temas relativos a la pesca, también en temas relativos a la ordenación del litoral, como son los deslindes, pero a
Convergència i Unió le preocupan especialmente los temas de pesca. Le agradezco la información que nos ha dado.
Ante ese anuncio que usted como ministra y como miembro del Gobierno ha hecho en relación con la presentación y elaboración de un proyecto de ley de pesca sostenible, desde Convergència i Unió no le decimos que no haga ese proyecto de ley,
pero sí le pedimos ya de entrada que en la elaboración de ese proyecto de ley se tenga en cuenta de manera clara el marco competencial, un marco en el que además, con los estatutos de nueva generación, queda muy claro cuáles son las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas en este ámbito. Por tanto, le pediríamos desde Convergència i Unió que ese proyecto de ley ayude a la protección de la pesca pero que tenga en cuenta ese escrupuloso respeto al ámbito competencial. Estamos,
señora ministra, en un momento económico difícil, que afecta a diversos sectores, pero en los sectores más directamente involucrados con su ministerio en ocasiones esa crisis económica es más dura aun. De ahí que le pidamos desde Convergència i
Unió la máxima protección a la pesca, en todo su aspecto poliédrico de la palabra y sectorial. Otros diputados han hecho referencia a temas que no son estrictamente de su ministerio, que son más bien del Ministerio de Fomento. Usted puede
responder después que no son de su ministerio, pero le pedimos desde Convergència i Unió que desde su ministerio interceda en otros ámbitos -en este caso Fomento- para cuestiones que se le han planteado, que están perjudicando a la pesca y que no
son responsabilidad suya. Por lo tanto
no es una crítica hacia usted pero, como miembro de un Gobierno colegiado donde un real decreto se discute o debería discutirse en Consejo de Ministros, hay aspectos que perjudican a los pescadores y por lo tanto a la pesca. Me refiero por
ejemplo -se hacía antes referencia- a la imposición de unas tripulaciones mínimas. Esto perjudica a muchos pescadores que se encuentran en la sensación de ilegalidad. La propia revisión de los ejes de cola. ¿Qué tengo que ver yo -me dirá usted-
como ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con la revisión de los ejes de cola? Pero según qué criterios en la revisión de las embarcaciones o en los ejes de cola, determinadas exigencias de manera muy clara en el Mediterráneo no
deberían tener el mismo nivel porque el número de horas que salen no es el mismo y a veces se imponen unos periodos homogéneos de revisión que perjudican a la pesca. Por tanto son aspectos, señora ministra, que le queremos destacar. Incluso a
veces desde las capitanías se impusieron sanciones cuando los pescadores protestaban y me refiero a sanciones del año 2006. A Las cofradías de pescadores y a muchos pescadores a título individual que se encuentran en plena crisis económica les
llegan cuantiosas sanciones que deben recurrir y cuyos recursos están ganando en los tribunales. No deberíamos llegar hasta ahí. Por tanto, aunque no sean temas directamente de su ministerio, le pedimos desde Convergència i Unió esa sensibilidad y
esa protección a un sector que -y estoy convencido que lo comparte con nosotros- lo necesita.
Nosotros necesitamos reordenar y modernizar el sector pesquero, necesitamos unas flotas competitivas y modernas y garantizar unas buenas condiciones de trabajo a bordo. Para hacerlo, toda ayuda es poca. Se han recordado por parte de otros
portavoces proposiciones no de ley aprobadas en esta Comisión. Todas deben cumplirse, sean del grupo que sean y se hayan aprobado con los votos que se hayan aprobado, porque en alguna ocasión hemos hecho mayoría sin el grupo mayoritario -valga la
redundancia, pero es así-, mayoría de la Comisión sin el voto del grupo que tiene mayoría de votos en la Comisión, que es el Grupo Socialista.
También deben cumplirse esas proposiciones no de ley. Deberíamos aumentar las ayudas compensatorias
durante las paradas estacionales biológicas para pesca marítima destinadas a conservar y proteger los recursos pesqueros en el Mediterráneo y deberíamos hacer compatible ese periodo de parada con la realización de actividades turísticas durante los
periodo de veda. Aquí quiero enlazar con una proposición no de ley aprobada el 19 de mayo del año 2009 en esta misma Comisión, en la que pedíamos una mejor regulación de las actividades turístico-pesqueras. Ahí también hay una alternativa para el
sector y debemos ponerle la máxima imaginación para hacerlo totalmente compatible, evitar exigencias a veces inadecuadas y permitir que aquello que ya se está realizando tenga plena cobertura legal en todos los casos, que en ocasiones puede ser una
buena salida para el propio sector.
En cuanto a las administraciones que intervienen en el ámbito de la pesca, quiero recordar que hay una competencia exclusiva en algunos casos pero también compartida. El artículo 119.4 del Estatuto de Cataluña establece un ámbito compartido
de responsabilidades en el que está todo lo que hace referencia a la ordenación del sector pesquero, a la ordenación y condiciones profesionales para el ejercicio de la pesca, a la construcción, la seguridad, el registro oficial de barcos, cofradías
de pescadores y lonjas de contratación. Señora ministra, ese ámbito compartido deberíamos hacerlo de forma que proteja al sector y en el caso de Cataluña que proteja la pesca mediterránea. Aquí también es importante una especificidad porque en
ocasiones no se puede regular de manera homogénea para todos los territorios cuando hay una especificidad para lo que es el Mediterráneo, y también en ese ámbito de las cofradías de pescadores venimos reclamando un estatuto fiscal favorable, porque
desde su ministerio, aunque sean temas de política fiscal, se podría y debería regular de alguna manera en ese marco que nosotros también pedimos de regulación específica de la pesca mediterránea.
Como voy a compartir turno con la diputada por Girona Montserrat Surroca, termino esta primera intervención no sea que fuera más allá de esos quince minutos dados al grupo e impidiera después que la diputada pudiera intervenir.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jané, por su comprensión.
Señora Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias por la comparecencia, señora ministra. Me voy a centrar en dos de los puntos que la señora ministra ha tratado hoy aquí: en primer lugar, la gestión de costas y, en segundo lugar, la
sostenibilidad de la costa. Así, en cuanto al primer aspecto compartimos la necesidad de actuar contra el deterioro físico de la costa, en la protección del litoral y en la economía sostenible, pero ello, como muy bien ha dicho mi compañero señor
Jané, debe hacerse en muchos de esos casos concretos no solo con el consenso de las comunidades autónomas, sino por las comunidades autónomas, por ser competencia exclusiva de ellas.
Independientemente de esta reflexión competencial genérica, quiero plantearle varias cuestiones concretas, principalmente en mi condición de diputada por Girona. Así, le quiero preguntar sobre el deslinde del dominio público marítimo
terrestre en zonas concretas de la costa de Girona. Le estoy hablando de Santa Margarita, en Rosas, y Empuriabrava.
Creo que las fotografías que usted nos ha exhibido hace unos momentos para nada reflejan el caso de Empuriabrava. Ahí estamos en
un caso bien singular que estoy convencida que usted conoce. Empuriabarava es una marina artificial interior que fue construida antes de los ochenta, por tanto plenamente consolidada. Estamos en una marina residencial, que por
cierto es la más grande de Europa, que dispone de unos 5.000 amarres. Por tanto, estamos hablando de unas dimensiones considerables. Las edificaciones que se construyeron allí para nada se ajustan a las que hemos visto en las fotografías,
sino más bien todo lo contrario. Si aquí hubiera estado presente alguno de los representantes de la asociación de propietarios de Empuriabrava creo que se habría sentido bastante ofendido, porque nada tiene que ver con eso. Las edificaciones de
Empuriabrava son completamente legales, con sus escrituras, están en el Registro de la Propiedad, han pagado sus impuestos durante todos estos años y nada tienen que ver con la situación que antes se ejemplificaba.
Pues bien, mi grupo parlamentario
siempre ha defendido que el caso de Empuriabrava era un caso singular, que se trataba de una marina interior que es competencia de la Generalitat de Catalunya, que la normativa que debe aplicarse es la normativa catalana y que en el interior -estoy
hablando siempre del interior de la marina, o sea, en los canales- no debería aplicarse la ley estatal, la Ley de Costas, sino la ley catalana.
Anteriormente, el compañero de Esquerra Republicana se ha referido a la comparecencia del señor Martín
Fragueiro en esta Comisión. Sus palabras intentaron ser tranquilizadoras para los propietarios, pero yo le puedo asegurar que aún están preocupados porque no tienen la seguridad de qué es lo que va a suceder con sus propiedades. Creo que ese caso
singular de Empuriabrava no se ajusta muy bien al gráfico que usted nos ha exhibido anteriormente aquí, que es muy ilustrativo, y se lo agradezco, pero estamos en un caso peculiar, distinto, porque estamos en una marina interior, es una urbanización
donde las calles son de agua salada.
Pretender delimitar aquella zona entendemos que por lo menos revela cierto desconocimiento de lo que aquello representa. Yo le pediría, señora ministra, que por favor dijera a los propietarios claramente, si es
posible hoy, qué es lo que va a suceder con aquellas propiedades y qué es lo que podrán hacer o no los propietarios en los terrenos y edificaciones que forman parte de su propiedad. También le quiero hacer mención a una proposición no de ley que se
aprobó en esta Comisión. Era una proposición no de ley de mi grupo parlamentario a la que los demás se sumaron, excepto el Grupo Socialista. Esa proposición no de ley, que fue aprobada, en su primer punto pedía que se paralizara ese proceso de
deslinde. Por lo tanto, nosotros también exigiríamos aquí el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en esta Comisión hace poco tiempo.
Pasando ya a otra cuestión, la de la sostenibilidad de la costa, también le quiero hacer varias preguntas sobre la zona de Girona. En primer lugar, usted se ha referido a la reserva pesquera de Palamós, y le agradezco también la información
que se ha ido facilitando en los últimos meses tanto a los sectores implicados como a los distintos grupos políticos. Nosotros en concreto lo habíamos solicitado así. Por lo tanto, le agradecemos enormemente ese esfuerzo de información, que ha
sido efectivo y me consta que desde los distintos sectores se ha agradecido también. Pero quiero preguntarle sobre dos cuestiones concretas, dada la gran relevancia del sector turístico en esa zona donde se pretende aplicar la reserva pesquera de
Palamós. ¿Se nos facilitará en breve el informe socioeconómico, que nos consta que se está elaborando? Para nosotros ese informe es fundamental para poder determinar la viabilidad o no de esa reserva pesquera que se pretende llevar a cabo. Por lo
tanto, desde mi grupo parlamentario le solicitaríamos que cuando se dispusiera de ese informe nos lo hiciera llegar a nosotros y también a los sectores que pueden resultar afectados. En segundo lugar, para nosotros es también fundamental la
implicación y participación de los sectores y administraciones afectadas en el plan de usos, si finalmente se decide llevar a cabo esa reserva marina. ¿Será posible esa participación activa en la elaboración del plan por parte de todos los sectores
implicados, sobre todo de las distintas administraciones implicadas? Nosotros creemos que esa participación es fundamental porque desde la proximidad, por lo tanto desde el conocimiento del territorio, se pueden hacer importantes aportaciones en el
diseño de ese plan. Por ello sería conveniente, desde nuestro punto de vista, que se aceptara esa participación por parte de su ministerio. Compartimos también la preocupación que ha manifestado mi compañero, don Jordi Jané, por la actuación de
otros ministerios, en concreto el de Fomento, en ámbitos que afectan directamente a la pesca.
No voy a insistir más en esta cuestión. Termino aquí mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión por tres minutos. (Pausa.)
Reanudamos la sesión con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señora ministra por su comparecencia y por el planteamiento comprensivo de la problemática del sector. Tenemos que constatar que algún grupo hizo una simplificación que creemos que no es coherente, aunque ellos
pueden pensar que es lo que les interesa más del problema. Nosotros pensamos que el problema del sector en este momento no es un caso puntual de pesca ilegal, y no es, aunque compartimos el tema, la problemática de los retrasos en los pagos al
sector por las paradas biológicas. El problema del caso singular que se resalta, que empieza a ser reiterativo por parte del Grupo Parlamentario Popular, al que contestará la señora ministra, si no tiene la solución que quiere el señor diputado en
unos casos es por problemas de legalidad y en otros porque los expedientes de los que nos habla el señor diputado no están en poder del ministerio porque en muchos casos las actas de infracción no se remiten al Gobierno de España. Por ello, no
entendemos por qué se ignora el alcance que puede tener la Ley de sostenibilidad de la que habla la señora ministra, porque esa ley es la que va a permitir que casos como este no puedan repetirse porque va a habilitar al Gobierno de
España para intervenir fuera de nuestras aguas jurisdiccionales cuando se den situaciones como la presente. En todo caso, prefiero que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si tiene pruebas de irregularidades continuas en las
que está implicado el ministerio, acuda a donde hay que acudir en estos casos, que denuncie las ilegalidades y deje de reiterar aquí sospechas de ilegalidades que creo que no existen.
En todo caso, este Gobierno no sería cómplice de las mismas.
Entrando en el planteamiento que nos hace la señora ministra, que creo que es muy interesante, tenemos que agradecer que por parte del ministerio en el momento presente se reafirme el compromiso con la pesca sostenible.
¿Por qué? Porque es
la única pesca que tiene futuro si hay recursos, si se mantiene la biodiversidad. La pesca tiene futuro si hay biodiversidad porque habrá recursos para que se siga practicando la actividad de extracción de los mismos. La garantía de los recursos
exige que se pongan unos límites biológicos seguros que garanticen estos recursos en el futuro. Estos recursos biológicos seguros son los que van a permitir una pesca sostenible, una pesca rentable económicamente y una pesca duradera.
Para ello,
estamos claramente de acuerdo con los planes que se presentan, unos planes de gestión y recuperación de determinadas especies que ya están en marcha, la potenciación de las reservas marinas como hábitat protegido para la recuperación de especies, el
cierre de fondos de ecosistemas vulnerables, medida tomada a nivel internacional, la lucha contra la pesca ilegal, que nos parece fundamental, y la buena noticia que se confirma de que no vamos a modificar aspectos puntuales de la ley actual, sino
que vamos a ir a una ley de pesca sostenible que permita la modernización e innovación de nuestra flota, que la haga más competitiva y que contemple una lucha efectiva contra la pesca ilegal donde se atienda el control de nuestro mercado, el control
de los mercados de la Unión Europea y se habilite a nuestra inspección para perseguir la pesca ilegal allí donde se pueda producir, con independencia de a quién pertenezcan las aguas jurisdiccionales.
Para nosotros el problema de la pesca, ya se dijo aquí, es muy importante económica y socialmente. Nosotros pescamos mucho, tenemos una gran flota y tenemos también un gran mercado. Por ello, nos felicitamos de los avances en la renovación
de acuerdos pesqueros internacionales y nos felicitamos también de la puesta en marcha de ese buque de cooperación Internares, que va a permitir que los pescadores españoles enseñemos a otros países el aprovechamiento racional de sus recursos, el
aprovechamiento racional de sus aguas con una pesca sostenible y que al mismo tiempo sirva para abrir posibilidades de pesca sostenible para nuestra industria pesquera. En este esquema de pesca sostenible entra la política de inspección; esta
política es positiva no solo para perseguir la pesca ilegal sino también para ordenar nuestra pesca, porque para tener pesca sostenible hoy día es obligado respetar las cuotas de pesca, y respetarlas por todos, porque aquellos que no las respetan
están atacando la sostenibilidad del resto de la flota. Por ello, la inspección tiene que ser eficiente y tener medios. Sabemos que se está trabajando en dotarla de medios, pero también nos sumamos a las peticiones de mayores medios para que esta
actividad de inspección sea cada vez más efectiva.
Por último, señora ministra, quiero recordar que estamos en un tiempo difícil también para la pesca y creemos que se está trabajando en buena línea. Esperamos que el Libro Verde sobre la pesca sea también una oportunidad de seguir
trabajando en la misma línea, que no es otra que la pesca sostenible que permita la sostenibilidad de las empresas pesqueras y de las poblaciones que viven dependientes de la pesca porque los recursos del mar están en niveles de sostenibilidad que
permiten su aprovechamiento industrial. Pensamos, señora ministra, que es mucho el trabajo hecho pero que quedan temas por consolidar. La pesca sostenible es una demanda pero, en muchos casos, aún no es una realidad. Por otra parte -dentro del
sector, que hoy no se ha nombrado aquí-, nos preocupa cuando se habla de la rentabilidad del sector. Se está hablando siempre de rentabilidad empresarial, pero nosotros también queremos que la pesca sea una actividad rentable para los trabajadores
del mar y que la rentabilidad de las empresas no se haga nunca a costa de la precarización del trabajo de la gente que se juega la vida en el mar.
Reitero nuestro agradecimiento por su comparecencia y por su planteamiento global y comprensivo de la problemática del sector.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar este turno tiene la palabra don Hugo Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Me sumo a los agradecimientos con carácter general hechos por mi compañero y entro en materia. Los 8.850 kilómetros deslindados de los 10.100 que aproximadamente tenemos de costa en este país supone el 87 por
ciento de costa deslindada. No creo que sea razonable plantearnos a estas alturas modificar los criterios para el 13 por ciento restante. Estableceríamos un marco de discriminación en el cual, todos aquellos que hayan superado este proceso hasta
ahora, podrían sentirse agraviados si en la recta final de este recorrido se introdujesen modificaciones que al final, probablemente, a lo único a lo que contribuirían sería a generar más inseguridad jurídica. Se hacía un exhaustivo repaso
histórico -concretamente por el portavoz del Grupo Popular- de cuáles son las circunstancias que nos han llevado a la situación actual. Creo que deberíamos contribuir en los términos en los que él manifestaba y establecer mecanismos de cooperación
suficientes para intentar paliar los problemas suscitados por esa forma malentendida de gestionar -si es que se puede llamar así- el territorio de dominio público marítimo terrestre y no implementar nuevas complicaciones hacia el futuro. Creo que
se debería trabajar para concluir el proceso de deslinde del dominio
público marítimo terrestre hasta el cien por cien, como han manifestado casi todos los grupos que han intervenido, y hacerlo solamente con una limitación, que ha de ser el criterio de las condicionantes sociales que en determinados momentos
puedan producirse y que pudiesen dar lugar a situaciones casi de irreversibilidad. En ese sentido, creo que a medida que vamos viendo cómo se va tratando algún caso puntual en el que se plantean cuestiones que afectan a materias sensibles, en el
sentido social, se van encontrando soluciones de cooperación entre las administraciones y los propios afectados; me parece que ese es el único límite que se puede poner en el proceso. Desde luego, no se debe establecer ningún mecanismo de
paralización, que a lo único que conduciría sería a generar falsas expectativas, ni ningún proceso de modificación en los criterios hasta haber concluido todo el trámite.
Es evidente que en este país no fue necesario esperar a constatar las consecuencias del cambio climático en espacios tan sensibles como son las zonas costeras para empezar a tomar conciencia de que lo que se estaba haciendo era un verdadero
abuso de determinados recursos que si no se regulaban nos conducían hacia una catástrofe, una catástrofe que en último término iban a pagar, en la mayoría de los casos, los sectores más desfavorecidos, aquellos que estaban haciendo uso de recursos a
los que no podrían tener acceso por vías de normalidad, pero a los que, evidentemente, la dejación de las administraciones les estaba colocando en un callejón sin salida. Creo que el tiempo ha ido demostrando que esto era así. En esta situación,
si no se producía una toma de decisión por parte de las administraciones, solamente había dos vías en las que se iban a producir esas tomas de decisiones: por una parte, por la vía judicial, que por cierto va en paralelo a las actuaciones que está
llevando a cabo la Administración, donde prácticamente no hay ninguna posibilidad de establecer mecanismos de minoración de las consecuencias de la toma de decisiones, y estamos asistiendo a derribos, a demoliciones de viviendas por decisiones
judiciales sin posibilidad de establecer ningún otro mecanismo paliativo en la intervención; por otra parte, por aquello de que el tiempo todo lo arregla, sencillamente esperar a que el mar arreglase las situaciones en determinados ámbitos. En
esta cuestión creo que se ha actuado y se está actuando con la prudencia que aconseja la labor de cualquier Administración, teniendo en cuenta las situaciones específicas que se dan en cada uno de los territorios, pero sobre todo manteniendo una
premisa que es la de no generar discriminación entre iguales, entre administrados. En estos momentos, aprovechando el hecho de que ha de producirse una trasposición a la legislación española de la Directiva marco sobre la estrategia marina se puede
habilitar un marco en el cual, en cooperación con el ministerio y desde la colaboración entre los grupos parlamentarios, podamos intervenir para elaborar, en la medida del conocimiento real de cuál es la situación concreta de cada uno de los
espacios afectados en este país, un marco legislativo que pueda ser el mejor de los posibles. En este sentido, lo que hace desde ya el Grupo Socialista es ofrecer al Gobierno su colaboración para que esa trasposición se produzca en los términos más
beneficiosos para nuestro país.
Como el tiempo tiene las limitaciones que tiene, no voy a ir más allá, porque veo que la luz roja se me ha encendido. Agradezco a la señora ministra la exposición de los datos que ha realizado y, en último término, quedo a la espera del
turno siguiente para intentar aclarar alguna otra cuestión puntual.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la señora ministra para responder a las cuestiones que se han formulado por los distintos grupos parlamentarios.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Voy a intentar dar respuesta a la mayor parte de los temas que han planteado cada uno de ustedes, empezando por el señor García Díez.
Me gustaría recordar que desde la pasada legislatura el Gobierno ha estado insistiendo en que la pesca ilegal era una lacra para nuestro sector. Lo hacíamos, además, en una doble perspectiva, en la perspectiva, de que es una competencia
desleal hacia la gente que practica la pesca legal y además en la perspectiva de que era la que estaba esquilmando los recursos naturales de nuestros océanos. Hay datos orientativos que publica FAO, que supongo que todos ustedes conocerán, respecto
a los porcentajes que puede suponer la pesca IUU en nuestro océanos. Desde luego, siempre hemos mantenido un papel activo. Aquí me gustaría que hiciéramos una reflexión, señor García Díez. Usted me está hablando de un caso concreto, de una
presunta irregularidad de un armador, es decir, estamos hablando de una, frente a más de 13.000 o casi 14.000 barcos en España, y yo le digo que el sector pesquero español es muy responsable, creo que está dando ejemplo en todos los mares donde está
actuando de su responsabilidad, y no podemos generalizar por una persona que pueda cometer una infracción.
Respecto al tema concreto que usted plantea, que son las ayudas a la empresa Vidal Armadores, S.A., coincido con lo que decía el diputado del Partido Socialista. Si tiene datos, por favor, preséntelos en los juzgados y no deje en esta
comparecencia determinadas insinuaciones; insinuaciones; además, que nada tienen que ver con la realidad, porque hablaba de un diplomático que yo tenía como director general y me dice que lo cesé, pero lo cesé para nombrarle consejero del
ministerio en FAO.
Si eso es un cese, no sé qué será un ascenso. Puede aprovechar también para felicitar a don Fernando Curcio, que ya es el embajador en Vietnam.
Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos cortar la carrera profesional de
nadie, sino, al contrario, ayudarlos en los caminos que libremente decida cada uno de ellos. Solamente le doy
un dato: a la empresa a la que usted se refiere -para que tenga toda la información y no cuente solamente aquí una parte- se le conceden dos ayudas, la primera para una nueva construcción en noviembre del año 2002 -no sé quién gobernaba en
el año 2002- y la segunda, posteriormente, para un proyecto piloto de pesca experimental en septiembre del año 2004, proyecto, por cierto, presentado antes de que gobernara el Partido Socialista. Quiero dejar muy claro que cuando el Partido Popular
gobernaba tampoco tenía ninguna información, como no la tiene el Partido Socialista, de las presuntas irregularidades de esta empresa. Estábamos en iguales condiciones, señor García Díez, y de repente alguien nos alerta de una información, se han
abierto expedientes y se están revisando todos y cada uno, incluyendo, por supuesto, este al que yo hacía referencia del año 2002. Aplicaremos la ley con toda la contundencia que haya que aplicar, y si además estamos hablando de una única persona o
de una única empresa que pudiera infringir, procuraremos que efectivamente también nos sirva de ejemplo para todos los demás.
Espero que una vez que se cierren los expedientes, que lógicamente la legislación nos obliga a hacerlo, usted también esté
de acuerdo en que lo apliquemos tanto para el proyecto de pesca experimental al que usted hacía referencia como para la construcción del buque, al que yo hacía referencia, dado que también son cuantías bastante importantes. Quiero dejar muy claro
que en el momento en que se aclare y tengamos toda la información se actuará con toda la contundencia que podamos. Creo que le he dado una explicación de todas las órdenes. Es cierto -y tengo que reconocerlo- que en algunos casos concretos ha
habido retrasos en el pago de las ayudas, pero también es cierto que en la situación que hoy tenemos no quiero decir que culpo a los armadores ni muchísimo menos pero sí que se está mucho más del lado de la obligación de presentar determinadas
informaciones por parte de los armadores que por parte de la Administración. Decía al inicio de mi intervención que había nuevos expedientes presentados en el registro esta mañana respecto a NAFO y que no recordaba la cuantía. Pues bien, son seis
exactamente; puede que en el momento en que le estoy dando la información haya entrado alguno más.
Estos datos son exactamente de las 10:45 horas.
Como la señora Fernández Davila se preocupó también sobre esto, insistiré -y también le vale la respuesta para usted- en los temas que quedan más o menos pendientes. Seguramente discrepamos, pero yo creo que no equivocamos las prioridades
cuando estamos ayudando al sector en una época de crisis, en una época delicada, cuando le hemos ayudado en todas las situaciones, desde incremento del precio de los combustibles hasta defensa para que pudiesen seguir pescando en algunos sitios
donde incluso las condiciones eran muy complejas, como en Namibia. La defensa del sector desde el punto de vista económico no es incompatible -y se lo decía al inicio de mi intervención- con la normativa de pesca IUU que queremos sacar. Al
contrario, les va a ayudar, les va a fortalecer y les va a asegurar su viabilidad a medio y largo plazo. Tampoco estamos hablamos de tratos discriminatorios. Cuando se tienen que activar determinadas ayudas para las flotas -da igual que estemos
hablando del Mediterráneo, del Cantábrico o de cualquiera de ellas- se negocian con el sector y con todas y cada una de las comunidades autónomas. Así se ha venido haciendo y así se seguirá haciendo. Y cuando llegan a conferencias sectoriales o a
consejos consultivos no se detecta ninguno de los problemas a las que usted hace referencia, precisamente porque ha venido pactado. Sabe que los recursos son escasos, en muchos casos hay obligatoriedad de cofinanciar por parte de las comunidades
autónomas, y ahí es donde muchas veces nos encontramos con determinadas dificultades.
Respondiendo ahora al señor Floriano, me parece que aquí también hay un tema de principios. Efectivamente, usted hablaba continua y permanentemente de la ley del año 1988, de la legislación anterior.
Primero, la ley está ahí, y ahora
ustedes están proponiéndonos en cierta medida determinados cambios en la ley que ustedes pudieron hacer porque la ley existía cuando gobernaron durante ocho años. Lo único que le pido es que respete, como no podía ser de otra forma, la normativa
que tenemos. Entiendo que es muy compleja y aunque usted se está especializando en ella hay determinados aspectos concretos o puntuales que pueden llevarnos a interpretaciones falsas, o incluso desconocimiento, que entra también dentro de la más
absoluta normalidad.
Voy a aclarar alguna de ellas. Le ruego que cuando dé respuesta a compañeros de otros grupos vea los temas tan concretos que existen y que a veces llevan a errores. Hablaba de los chiringuitos en Valencia. En Valencia, en la
playa de Malvarrosa, se está tramitando la prórroga de las concesiones, que ha sido aceptada por los titulares de los chiringuitos. Pero en Málaga se están tramitando las concesiones de los que ya han presentado las solicitudes y muchos de ellos en
exactas condiciones que las de Valencia; no hay diferenciación. En otros van más avanzados, porque están presentando una prórroga por más años. Insisto en que no siempre podemos creer todo lo que publican los medios de comunicación. Le aseguro
que no hay discriminación alguna entre unas situaciones y otras.
Ha hablado también de otros conceptos, como la recuperación posesoria del dominio público. Aquí también tenemos que pensar que la Dirección General de Costas cuando actúa lo hace en relación con viviendas que se han construido en dominio
público y que ya estaba deslindado. (El señor Floriano Corrales: No siempre.) Sí, es así, por favor. Ojo con esto porque en cualquier otra situación también podríamos estar hablando de un error. En los demás casos de lo que estamos hablando es
de la transformación de la propiedad anterior en concesión administrativa. Esto está ratificado por el Tribunal Constitucional, como creo que ya he dicho en mi intervención. Diferenciemos mas entre
una figura y la otra, dicho de otra forma o en términos más coloquiales, entre los que cumplen la ley o están afectados pero cumplían la ley y los que no la cumplen por otras circunstancias. Hay que diferenciar -quiero dejárselo muy claro-
entre la recuperación posesoria del dominio público y la transformación de una propiedad anterior en concesión administrativa. Como este ejemplo que le pongo podríamos entrar en muchos más. Hablaba usted también de hoteles, y como se refería a
determinadas arbitrariedades, quiero insistir: arbitrariedad cero. Repito lo que le decía al señor García Díez: si alguien considera que la Administración no está actuando conforme a ley, existen los tribunales. Hay gente que así lo entendió, y
les he puesto una proyección que refleja que de todos los recursos presentados, solamente el 3 por ciento han sido estimados.
Hablaba de hoteles, y voy a ponerle, como decía hace un momento, dos ejemplos concretos para que vea en qué situaciones
tan diferentes nos encontramos. Voy a hacerlo, además, con algunos de los que han salido en los medios de comunicación. Un hotel posiblemente conocido, es el Papagayo Arena en Lanzarote. Este hotel se sitúa en terrenos de propiedad privada, fuera
del dominio público y fuera de la servidumbre de protección, pero la construcción se ha ejecutado incumpliendo la obligación de abrir una vía de acceso al mar. Estamos ante un caso muy concreto que solamente afecta a esa zona. Tema diferente es
que tenga o no licencia urbanística o de otras administraciones y que eso haya llevado también a confusión en la información que muchas veces se ha transmitido hacia la opinión pública. Podemos poner otro ejemplo, como el famoso Algarrobico, en
Almería, que está construido en terrenos de propiedad privada, no de dominio público, y sobre los que recae la servidumbre de protección. Respecto a este caso, todos conocerán que está en estos momentos en un proceso judicial que se está alargando
más allá, de lo que a lo mejor todos quisiéramos. No quiero que entiendan estos ejemplos como publicidad sino todo lo contrario, ya que muchas veces los efectos visuales que tenemos no coinciden después con la realidad en la aplicación del deslinde
o al aplicar la Ley de Costas.
Siguiendo con la Ley de Costas, la señora Fernández Davila planteaba una preocupación que viene desde hace tiempo y que también compartimos en el ministerio, que son los denominados núcleos rurales, que afectan mayoritariamente al noroeste y
norte de España y en los que estamos trabajando desde hace tiempo para buscar una solución. Quiero decirle que desde la ocasión en que le contesté una pregunta en el Pleno se han mantenido reuniones en el ayuntamiento. Han sido reuniones de
carácter eminentemente técnico con los técnicos del ayuntamiento y con los de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. También en algunos casos estaban presentes representantes de los afectados para recopilar toda la
información sobre el estado de los terrenos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y la señora diputada ha reconocido que había habido omisión de presentar información por parte de los ayuntamientos, concretamente del Ayuntamiento de Marín. Se
está analizando toda la información, y tienen que entender que es complejo porque nos estamos situando hace muchos años y recuperando planos de los que incluso se necesitan copias compulsadas, tratando de buscar a una solución con la mayor rapidez
posible dentro de la complejidad. Pero este es otro tema diferente y otro escenario diferente. Quiero dejar muy claro que en esta zona a la que se refería la señora Davila los propietarios conservan en esos casos las viviendas tal y como están,
pueden realizar obras de reparación, de conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen de las edificaciones así como, por supuesto, contar con las licencias preceptivas del ayuntamiento o de la autoridad competente.
Estamos, por tanto, ante otro escenario que recoge la propia ley y que tiene un tratamiento muy específico.
Aunque podría seguir enlazando con los temas de costas, permítame que aproveche para contestar a la señora diputada respecto a otros temas a los que aludió y que están más relacionados con la actividad pesquera.
Insisto en que nosotros
cumpliremos con nuestras obligaciones y pagaremos a los afectados por las paralizaciones, pero lo que en estos momentos no se está pagando se debe a que en algunos casos no hemos recibido la documentación correspondiente. Esto vale también para el
diputado del Partido Popular señor García Díez.
Repito, respecto al Plan de recuperación merluza sur y cigala, de los 166 expedientes, para 113 se ha ordenado el pago y están resueltos y otros 64 están a la espera de que los armadores complementen y presenten la documentación que se les
ha requerido. En cuanto al Plan de recuperación de la merluza del norte, estamos hablando de 182 expedientes, 43 de los cuales han sido resueltos y se ha ordenado el pago, y 65 armadores están pendientes de recibir la documentación de su solicitud.
De la misma forma, podríamos estar reclamando hoy el pago de NAFO, cuando hoy mismo se recibieron algunos de los expedientes. Trataremos de que el retraso que se ha producido en algunos casos por tener que intervenir varias administraciones no
suceda, sobre todo cuando ya se ha creado una dinámica de publicación de órdenes y además ya se ha adquirido el consenso de todos los sectores, incluso para más allá de esta primera fase de las ayudas, a la paralización de las flotas. Otro tema que
también le preocupaba a la diputada está relacionado con una ley que se aprobó en la pasada legislatura y que nos permite la regularización de determinadas embarcaciones. De nuevo nos encontramos con una situación en la que, después de haber dado
cuatro meses para las solicitudes -simplemente las peticiones- y dos años de tramitación, todavía no están todos los expedientes. Vamos a buscar alguna salida para poder dar solución a estos expedientes que están sin presentar a fecha de hoy, pero
en cualquier caso estamos hablando en concreto de cuatro meses más dos años de tramitación, y seguimos sin recibirlos en el ministerio.
El señor Canet me hacía varios planteamientos, algunos de los cuales están relacionados con la Ley de Costas, otros con cuestiones de pesca y algún expediente muy concreto. Como este mismo tema lo han sacado los dos diputados de CiU, he de
decirles que en cuanto a las cuestiones de capitanías marítimas que están vinculadas con tripulaciones, yo hablaré tanto con el ministro como con el director general de Marina Mercante para que mire bien los expedientes a los que ustedes se
refieren, aunque también es cierto y tengo que decirle que tanto en la pasada legislatura como en la que nos encontramos tenemos una colaboración total y absoluta, como no podía ser de otra forma, entre la Dirección General de Marina Mercante y en
aquellos momentos la Secretaría General de Pesca -hoy Secretaría General del Mar- cuando se producen modificaciones respecto a la legislación vigente. Otro punto que planteaban tanto el señor Canet como con posterioridad la señora Surroca es el
relacionado con Ampuria Brava. Volvemos a la complejidad de la Ley de Costas. En este caso concreto es un punto muy específico que tienen razón que puede llevar a una cierta confusión. Estamos ante una marina donde lo único que afecta es la zona
de tránsito, que, como veíamos en mi primera exposición, tiene 6 metros delimitados. El resto, como ustedes decían -no sé quién de los diputados o los dos-, tiene un carácter artificial y como tal no tiene la misma aplicación de la ley. Cuando el
secretario general del Mar estuvo aquí les dio información, pero en cualquier caso también se puede tratar de contactar con algún representante para que no existan mayores dudas.
Hay otra petición sobre el proyecto de Santa Margarita, y aunque no es del señor Canet, estamos hablando de Cataluña y también vale para que todos ustedes completen la información unos con otros. El proyecto del que me hablaba el señor
Canet, el proyecto Castor, es de almacenamiento de gas en un antiguo pozo petrolífero frente a las costas de Vinaròs. Si no me equivoco, es el proyecto al que usted ha hecho referencia. Son temas que van a ser cada vez más habituales en el
contexto marítimo. Hoy en España debemos estar hablando de unos seiscientos proyectos más o menos de este tipo que están funcionando correctamente. Hay varios temas que afectan al ministerio que me toca presidir: por una parte, la declaración de
impacto ambiental, que ya se ha hecho, es positiva y está pendiente exclusivamente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado; por otra parte, está la concesión del dominio público. El proyecto se está revisando y tendrá que adoptarse la
resolución que proceda, cumpliendo por supuesto con la normativa vigente. Insisto en que son proyectos que van a ser cada vez más habituales. El nombre puede llevar a una cierta confusión, porque muchas veces se habla de yacimientos, pero
normalmente son antiguos yacimientos de petróleo que se quieren utilizar ahora para reservas de gas. Posiblemente el señor diputado recuerde que incluso hay algún proyecto anterior en el que se hizo un sondeo en el año 2004 aproximadamente, pero
que tenía su autorización correspondiente de impacto ambiental, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Hay alguno más que está ya en información pública, aunque sería complementario porque se referiría a la conexión correspondiente
que necesita este tipo de actividades. Les pediría que cada vez que sale un proyecto de estos nos hicieran llegar en el periodo de información pública todas las alegaciones que consideren oportunas. Es más, saben que en este momento están todas
las declaraciones de impacto ambiental colgadas en la página web del ministerio y pueden acceder a ellas por provincia o por su nombre exacto y que les puede facilitar determinada información complementaria en tiempo real.
Aunque seguimos hablando de costa y pesca, voy a alternar para que no se me olvide la mayor parte de los temas que han planteado. El tema de la anchoa está preocupando al ministerio, y me gustaría hacer alguna aclaración previa porque el
señor diputado nos daba varios datos, pero hay que saber cómo se tratan esos datos. Primero, las campañas para la evaluación del stock de la anchoa que se hacen son dos: una que se lleva a cabo en primavera, que es la que se conoce como campaña
Bioman, y la segunda, que se realiza en otoño, que es la que se conoce con el nombre de Juvena. La evaluación de primavera por parte de la Secretaría General del Mar, que se encarga a los científicos de AZTI, determinó que la biomasa era de 28.000
toneladas. Esta cifra, que mejora la situación con respecto a las que teníamos del año pasado, en cualquier caso sigue estando por debajo de la biomasa de precaución situada en 33.000 toneladas. Al mismo tiempo que España realizaba esta campaña
Bioman, el instituto francés Ifremer hacía también su evaluación de primavera, y los resultados de la misma nos indicaban que la biomasa se situaba en 33.000 toneladas. Los dos informes, tanto el español como el francés, se someten a la evaluación
del CIEM, que es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, informe que se hace público la semana pasada, si mal no recuerdo, y establece que la biomasa de la anchoa se encuentra por debajo de la biomasa límite situada en 24.000
toneladas. Alguien que no sea experto puede decir: y esta diferencia de números ¿a qué nos lleva? Las posibles diferencias tienen una explicación. ¿Por qué? Porque la evaluación del CIEM hace referencia a las clases de edad de una especie que
tiene una vida muy corta, como es la anchoa, y se observa que la talla 1 de anchoa, que es la que se incorpora al reclutamiento anual, es muy baja comparada con la de los años anteriores. Para hacerlo utilizan una formula científica para determinar
la biomasa de la anchoa, y es el resultado definitivo que sale de los estudios anteriores. Una vez que el CIEM tiene estos informes se presentan para evaluación al Comité Científico y Técnico de la Pesca, que es el órgano asesor de la Comisión, y
este órgano es el que ayer mismo confirmaba -lo que ya todos temíamos- la recomendación de mantener la veda de la anchoa. A nosotros nos preocupa este tema por dos motivos. Primero, porque llevamos cinco años con el caladero cerrado y no hemos
sido capaces de
recuperarlo y, por supuesto, porque esto genera una situación socioeconómica delicada en las zonas que dependen de la anchoa. Vamos a transmitir a la Comisión Europea que, con los medios que sea y que necesite, tiene que profundizar en las
causas de que sigamos en una situación como la que estamos cuando con actuaciones mucho más leves de gestión hemos recuperado las especies en tiempo récord. También quiero anticiparle que vamos a empezar la evaluación de la campaña Juvena en el mes
de septiembre, a ver si tenemos más información que nos lleve a poder recuperar una especie muy importante para todo el norte de España y el País Vasco en concreto.
Ya que también planteaba el tema de la situación de nuestros pesqueros de atún en Somalia, no creo que se deba hablar de publicidad. Venimos manteniendo reuniones que se alternan, unas se hacen en el Ministerio de Medio Ambiente y otras en
el Ministerio de Defensa, pero siempre con participación cruzada y con representantes de las dos asociaciones. Lo que allí detectamos es el gran esfuerzo que ha hecho España liderando lo que es hoy conocido ya como la operación Atalanta, con unos
medios que creo que todo el mundo debe reconocer. Otro tema -y esto se le ha dicho en muchas ocasiones al sector- es que determinadas informaciones que a lo mejor a ellos les vendrían bien porque se dan una cierta cobertura conjunta de seguridad,
nunca pueden ser públicas. De lo contrario, estaríamos entregándoles toda esa información a los que conocemos ya como los piratas de Somalia y poniendo en mayor riesgo el sector pesquero.
Esto lo conoce el sector, lo asume, aunque también es
entendible que teniendo que realizar esa actividad en unas aguas con esa problemática, siempre intenten tener más medios y tratar de que las administraciones nos volquemos, como creo que nos estamos volcando en los últimos días.
Incluso hay otros
temas más de carácter general en los que se está trabajando, como alguna de las asociaciones, en concreto Anabac, que solicitó el apoyo directo a la flota atunera cuando se desplace desde el canal de Mozambique hacia la zona norte del océano Índico
frente a la costa de Somalia y fuera de las 200 millas, aunque no creo que hoy proceda entrar en detalles muy concretos, que al final son peticiones que nos transmiten las asociaciones como representantes de los sectores pesqueros. Usted también
planteaba el tema del atún rojo, que es una de las especies que tenemos que cuidar, que tenemos que tratar de recuperar; no nos podemos encontrar con una situación como la de la anchoa.
Posiblemente tampoco tenga toda la información, pero hacía
una referencia, por ejemplo, a Portugal, y puedo decirle que 54 toneladas de las que hemos intercambiado con Portugal van para el País Vasco. De ahí las afirmaciones que está haciendo la consejera, que sí coinciden con la realidad. El estudio
también lo hemos hecho, independientemente de que nos confirma más de lo que había sido consensuado con la mayor parte del sector, en este caso sí había una pequeña discrepancia, pero tiene que entender que si hay discrepancias yo tengo que hacer
ver la mayoría del sector y no alguna parte que a usted, como puerto de base, le pueda quedar geográficamente más cerca.
El señor Jané hacía referencia a un tema del Ministerio de Fomento, al que creo que ya le he respondido, y a dos temas que desde luego creo que tenemos que tener todos muy claros. Por un parte, ese marco competencial que compartimos y que,
desde luego, desde el Gobierno tratamos de que no haya la más mínima interferencia. Aquí quiero decirle también lo que muchas veces se hace; muchas veces se hacen reuniones de carácter técnico, que llamamos de carácter técnico, a las que acuden
los directores generales de las comunidades autónomas, pero previamente a esas reuniones, cuando se va a tratar algún tema de normativa, yo personalmente informo en los consultivos o en las conferencias sectoriales a los consejeros correspondientes.
¿Para qué? Para que aquellas instrucciones que consideren más prioritarias se les transmitan a los directores generales. A partir de ahí se abre ese proceso de consulta colectiva, pero también individual con cada una de las comunidades autónomas
hasta que se aprueba. Creo que los resultados son buenos para las dos partes; yo estoy muy agradecida al comportamiento y a la colaboración general que tenemos por parte de las comunidades autónomas, como creo que ellos también muestran su
confianza en esta comunicación continua y permanente de cualquier normativa que hacemos.
Cuando estamos hablando de una ley, mucho más. Aquí es donde tenemos que ir incluso más allá del marco competencial y lo tenemos que hacer en ese ámbito que
usted también comentaba de modernizar el sector, de darle buenas condiciones con la participación del propio sector y de todos los agentes que nos puedan aportar ideas. Cuando hablo de sector siempre me estoy refiriendo a un concepto amplio, porque
tendremos que tratar desde la pesca extractiva hasta la transformación en cualquiera de las vías que queramos utilizar.
Me hablaba también de las actividades turísticas. En este tema, en el que hay alguna experiencia piloto con muy buenos resultados que se ha hecho también con fondos de la Unión Europea, nos estamos encontrando con alguna dificultad más de
tipo jurídico-legal a la hora de desarrollar estas actividades, por ejemplo, en el tema de seguros que estamos viendo qué solución se puede dar. Porque un barco que realiza una actividad pesquera tiene un seguro equis para sus tripulantes,
etcétera, pero en el momento en que pasa a realizar una actividad turística y lleva embarcadas otras personas, las compañías son muy reacias y las pólizas no existen.
Con esto lo que le quiero transmitir no es que no lo queramos hacer, sino que
para dar esa seguridad de que la actividad puede funcionar no nos podemos equivocar y de ahí que tengamos que entrar muchas veces en temas absolutamente concretos y de detalle, modificando o incluso incentivando que parte de la iniciativa privada
abra una posibilidad que hasta ahora no existe. Pero si coincido en que pueda ser, y de hecho está siendo en alguna zona concreta, una actividad que pueda complementar los
ingresos e incluso yo iría más allá, que pueda empezar a poner en valor la actividad que hacen nuestros pescadores. Porque muchas veces, cuando no se aprecia la labor del sector pesquero es porque se desconoce o porque la información que
nos llega es cuando desgraciadamente tenemos un accidente, pero no de ese trabajo de esfuerzo que realizan nuestros pescadores en el día a día. Si conseguimos hacer esa actividad turística pesquera podemos también generar una imagen y una
valoración mucho más positiva de una actividad que creo que es digna de admirar por todos nosotros.
La señora Surroca me preguntaba por el tema de Ampuria Brava y por la reserva de Palamós y Santa Margarita. Voy a empezar por la reserva de Palamós porque no dista tampoco de lo que le decía a su compañero. Cuando hacemos una reserva
primero hay que hacer unos estudios que llevan mucho tiempo, porque no se puede hacer si no va a cumplir la labor para la que la estamos diseñando y queremos. Una vez que se tiene esa información, esta se comparte con la comunidad autónoma -y decía
en mi exposición que hay reservas que gestiona solamente la Administración General del Estado pero hay otras que se gestionan conjuntamente con las comunidades autónomas- y se debate, primero, cómo lo hacemos, qué delimitamos y después tratamos los
planes de uso; planes de uso en los que siempre interviene el sector y en algunos casos incluso se marcan como períodos más o menos de experiencia para mejorarlos o cambiarlos. Aquí quiero hacerle una sugerencia de algunas de las que ya están
funcionando, por ejemplo en Baleares. En estos momentos el sector es el máximo defensor de la reserva marina. Le aseguro que no hace falta que pase ningún inspector a ningún metro por allí, porque se han convertido en los mejores guardas y los en
mejores vigilantes que tiene. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de las ventajas que tiene para ellos el que tengan esa reserva, cómo se está recuperando la pesca y también los ingresos adicionales que puedan sacar. En cualquier caso, si tiene
interés, le podemos dar el nombre de la persona que lleva esa reserva para que pueda contactar y ampliar su información. En el tema de Ampuria Brava creo que le he dado la respuesta cuando contestaba a su compañero. Quiero insistir en que son
temas concretos, en el caso de Ampuria Brava, porque estamos hablando de marinas artificiales, de que la Administración General del Estado lo que deslinda son los canales que son de dominio público y esto sí que está perfectamente coordinado con las
competencias que tiene la Generalitat.
Con un plano lo veríamos mejor, pero sin un plano no quiero causarle a S.S., y quiero que lo entienda así, mayores confusiones. No obstante, me ofrezco, si usted también lo admite, a explicarle con un plano
delante cómo afecta y cuáles serían las competencias de una administración y de otra. Por encima de cualquier cosa, quiero transmitirle tranquilidad y que en ningún momento invadiremos competencias ni iremos más allá de lo que la propia normativa
nos dice.
Para finalizar y no detenerme mucho más, quiero agradecerles a todos el tono y decirles que estamos hablando de temas muy sensibles -lo decía el señor Díaz y lo decía el señor Morán- pero que con la colaboración de todos podemos hacer un
país mejor en ese doble sentido de que podamos seguir potenciando nuestras actividades económicas y también nuestros recursos naturales y nuestra riqueza natural. Hoy nos ha tocado hablar de nuestras costas y de la pesca, pero si pensamos que esa
riqueza es una de las que nos trae la mayor parte de la riqueza turística a España, estaríamos hablando también de otras connotaciones económicas y sociales muy importantes. Si no lo hacemos desde la perspectiva de tener una visión de futuro, de
tener una visión de sostenibilidad, no generaremos esas perspectivas de crecimiento y desarrollo a medio y largo plazo.
Quiero agradecer, de nuevo, al señor Díaz y al señor Morán sus intervenciones. Desde el ministerio contamos con todos ustedes
para estos retos, sobre todo estas dos leyes que sí van a suponer un antes y un después en los sectores que van a verse afectados.
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar un turno de réplica, muy breve, con cinco minutos para cada grupo parlamentario en el mismo orden que anteriormente, y sin benevolencia. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Joaquín
García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, no voy a consumir más tiempo del necesario. Señora ministra, yo no he venido a hacer insinuaciones, ni acusaciones; he venido a pedir explicaciones políticas a quien tiene responsabilidad política,
que es la ministra del ministerio de cuya Comisión soy portavoz en nombre del Grupo Popular. No nos indiquen otros caminos que conocemos y sabemos cuáles son y cuándo se inician, pero no cuándo acaban. Dependerá de la forma en que el ministerio
actúe en este y otros casos para que haya o no que acudir a esas otras vías. De momento, en lo que estamos es no en insinuaciones sino en poner de manifiesto, como he tratado de hacer en mi primera intervención, hechos concretos, con fechas y
nombres muy concretos. Usted, señora ministra, ha tratado de mezclar lo que yo he contado aquí con una ayuda a la construcción de este armador en noviembre de 2002, tratando de decir que, por lo tanto, también tendría responsabilidades el Partido
Popular. Yo le voy a decir que nada más lejos de la realidad. En la carta a la que yo hacía mención en mi primera intervención, que le dirige a usted, señor ministra, el señor Borg, dice textualmente: La autoridad española de gestión -es decir,
su ministerio- deberá por tanto recuperar, proporcionalmente a las infracciones documentadas, toda ayuda pública concedida a este beneficiario desde el 1 de enero de 2003 por lo tanto, en noviembre de 2002 no había ninguna irregularidad. Ayudas
desde el 1 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento comunitario 2792/1999.
Por lo tanto, aquí tiene la vía articular y procedimental
por la cual se le puede exigir esto. Termina diciendo: y abstenerse de conceder nuevas ayudas, cosa que ustedes no hicieron. También me dice que cuando el PP gobernaba, igual que cuando ahora gobiernan ustedes, no teníamos ninguna
información de posibles ilegalidades. Ustedes sí que tenían información de ilegalidades porque en agosto de 2004 ustedes ya gobernaban, y fue cuando -antes lo dije textualmente y lo repito literalmente- el barco Galaecia realizó trasbordo de
suministros, es decir, pesca ilegal, con los buques de pabellón extranjero Hummer y Magnus, banderas de conveniencia. Y al año siguiente ustedes concedieron subvenciones al buque Galaecia por campañas experimentales. Hay una diferencia de matiz
importante, de fondo, de contenido. Al pan, pan y al vino, vino. En cuanto al cese del director de recursos pesqueros, al que cesaron cuando ustedes llegaron, que era al que yo me refería, se fue de consejero a Montevideo. Al que usted ha hecho
mención, que nombraron o elevaron -no sé cómo lo ha dicho- para la FAO es otro, que cesó tres años después del que yo me refería. Por lo tanto, quería matizarlo. Termino.
Creo que, desde este momento, si se quiere, hay herramientas e instrumentos
para luchar eficazmente contra la pesca ilegal. No esperen a esa nueva ley. Por cierto, le pregunto -ya que va a tener un último turno- si realmente esperan consensuar ese proyecto de ley lo más ampliamente posible con este arco parlamentario y
con el sector, porque la actual ley sí fue consensuada y dio satisfacción a las demandas del sector y de los demás grupos políticos.
La señora PRESIDENTA: Señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Seré lo más breve posible.
Señora ministra, es verdad que la ley se aplicó. Dice usted que es una cuestión de principios, que ustedes la están aplicando y la ley es la misma ahora que cuando gobernaba el Partido Popular. Efectivamente, en los diez primeros años de
vigencia de la ley, a partir del año 1991, prácticamente fueron 200 kilómetros anuales los que se deslindaron; en Valencia, Baleares y La Coruña no se empezaron los trabajos de deslinde hasta 1993; en Málaga no se hizo nada hasta 1996; Almería
hizo su primer deslinde en 1998; el año 1999 se deslindaron 810,5 kilómetros; en 2001, 628; en 2002, 518; en 2003, 332. Todos han deslindado. Imagino que también habría la misma conflictividad social que hay en este momento y que el portavoz
socialista le plantearía los problemas sociales que se derivaban de los mismos al ministro o ministra de Medio Ambiente del Partido Popular.
Desde luego, yo sí le digo los problemas sociales que se están derivando de la aplicación de los deslindes por parte de su ministerio: problemas sociales y problemas económicos. No se trata solamente de recuperación posesoria del dominio
público porque, insisto, en Santa Pola, por ejemplo, ha habido una modificación de la línea de deslinde que ha incluido muchas viviendas que se construyeron con un deslinde practicado delante, muy delante, de donde se hicieron esas construcciones
hace bastantes años. Solamente le digo, sin acritud, que hay problemas sociales graves que deben resolverse, en ese y en otros casos. En Asturias o en Cantabria hay arbitrariedades muy claras; por ejemplo, según el ministerio, los deslindes de
las marismas se hacen para recuperar una zona que hay que regenerar; sin embargo, estas mismas marismas en Cádiz se han recalificado en términos de suelo industrial, con la aquiescencia de Costas. Digo que hay arbitrariedades en las direcciones
provinciales que deben ser controladas por su ministerio.
Señora ministra, ha habido actuaciones con respecto a algún hotel, al que ha hecho usted referencia, en las que el ministerio ha desistido de la acción expropiatoria. Lo que digo es que hay
situaciones en las que las direcciones provinciales de Costas, que dependen de usted, actúan de una u otra manera.
Quiero terminar con una reflexión que hacía mi compañero: señora ministra, no nos manden ustedes a los tribunales, que no es la primera ministra que lo hace; no nos manden a los tribunales. El control político nos corresponde a nosotros,
que es el que ejercemos, y su obligación aquí es exactamente la misma que la que tendría en los tribunales. Imagino que los particulares que se vean afectados tendrán que exigirle en los tribunales las responsabilidades penales o administrativas
que se deriven de su acción, y en mi caso, y aquí, le debo exigir las responsabilidades políticas, y usted tiene aquí las mismas obligaciones -repito- que ante un tribunal, aunque las consecuencias sean distintas: aquí son responsabilidades
políticas, si las hubiere, y en los tribunales son responsabilidades penales o administrativas, en su caso, si las hubiere y hacia quien se las reclame. Por último, ya se han introducido modificaciones en la ley y, por tanto, se van a dar nuevas
situaciones que no se daban antes, por ejemplo, poder transmitir las concesiones. Por eso, daría igual que ahora se pudieran establecer otras concesiones u otras modificaciones en la propia ley si se ve que el coste social y económico del
mantenimiento empecinado en la aplicación de una ley en estos supuestos se sigue haciendo en los términos en los que se hace, como digo, con arbitrariedades y generando dificultades sociales. En todo caso, señora ministra, cuente con la
colaboración y con la ayuda de mi grupo parlamentario, porque sabemos que es un tema muy difícil, para que su labor sea más sencilla en este ámbito.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a la señora ministra toda la información que nos ha aportado, así como la respuesta que ha dado a las preguntas concretas que hemos planteado. Al hilo de las mismas, simplemente
haré dos apuntes. Señora
ministra, usted comenta, en relación con los núcleos de población rural o de costa que hay en el Ayuntamiento de Marín -es la segunda vez que nos lo dice, entre otras cosas, porque es cierto-, que los propietarios pueden seguir viviendo en
las mismas y, además, efectuar obras de conservación, sin cambiar el volumen de las edificaciones. Pues bien, quiero decirle que en estos momentos hay aproximadamente unos sesenta expedientes de sanción por arreglos de conservación tan normales
como puede ser la reparación de un tejado o el cambio de ventanas, sobre todo en un lugar de playa donde estas cosas se deterioran con una gran rapidez. Por eso, es importante y urgente resolver este problema por la vía que técnicamente se
considere oportuna.
En relación con el registro de embarcaciones, tengo que decirle que valoramos muy positivamente el hecho de que ustedes busquen fórmulas como la de la ampliación del plazo, o las que consideren oportunas, para que se puedan registrar
aquellas embarcaciones que no lo están, pero usted sabe que el problema es -por eso lo de los dos años que ya lleva en vigor la ley, a lo que usted hacía mención- que estas embarcaciones a las que se les exige una determinada potencia de motor, al
mismo tiempo tienen que tener un determinado tipo de eslora, precisamente por esa exigencia de potencia del motor de la embarcación. Esto es lo que ha hecho que muchísimos propietarios de este tipo de buques tengan grandes dificultades para poder
actuar en relación con lo que la ley exige.
Además, señora ministra -algo que dijimos en su momento-, nos parece discriminatorio respecto a aquellas otras embarcaciones que se han podido registrar al amparo del decreto del año 2000. Es una
cuestión que su ministerio debería tener en cuenta para tomar las medidas que consideren oportunas.
La señora PRESIDENTA: Señora Surroca, tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Agradezco las explicaciones que la señora ministra nos ha brindado sobre las preguntas que anteriormente hemos realizado. Solamente le voy a hacer unas cuantas puntualizaciones o insistirle en algunos aspectos.
En primer lugar, por lo que se refiere a la cuestión de la actuación de algunos ministerios que interfiere la actividad del sector pesquero, a la cual usted ha hecho referencia diciendo que hablaría con el correspondiente ministerio y con el
director general de Marina Mercante, se lo agradecemos enormemente y simplemente le significamos en este punto que, en el de las tripulaciones mínimas, hay un caso emblemático en mi provincia, el del pescador Miquel. Este señor ha conseguido más de
dos mil adhesiones a esta causa por la gravedad de la situación en la que se encuentra; no puede salir con su embarcación porque ahora estaría incumpliendo la normativa de la capitanía marítima de Palamós. Por tanto, agradecemos el gesto de
interesarse por esta cuestión y tratar de llegar a una solución aceptable con todas las partes.
En segundo lugar, por lo que se refiere al deslinde de la zona marítima de Ampuriabrava, la marina interior de Ampuriabrava, también quiero agradecerle la posibilidad de hablar de este tema y facilitarnos más información si cabe. Pero
insisto en una cuestión, el tema competencial.
En septiembre del año 2008, el departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat que, como usted sabe muy bien, dirige el conseller Joaquim Nadal, realizó un informe
pronunciándose se forma contraria a ese deslinde en el interior de la marina de Ampuriabrava.
Nosotros pensamos que ahí hay un conflicto de competencias. Usted me ha comentado que están coordinándose, pero a raíz de este informe, que es la última
información que tengo de las actuaciones que ha llevado a cabo la Generalitat de Catalunya en este sentido, me gustaría saber cuál es la posición de su ministerio en relación con las conclusiones del informe al que hago referencia. También con
respecto a Ampuriabrava ha hecho usted mención a que esta delimitación afecta solo a la zona de tránsito. ¿Aquí usted incluiría también los amarres? Esta es mi pregunta. Hay cinco mil amarres que estarían en esa zona. ¿Cómo quedaría la situación
de los amarres? Porque esto preocupa también a los propietarios, que disponen, como muy bien usted sabe, de su residencia y además de un amarre, además de toda la actividad que esto comporta en la zona, principalmente me estoy refiriendo al sector
náutico y turístico general.
Creo que nos ha contestado a todas las preguntas que anteriormente le he comentado y simplemente me gustaría que hiciera una breve mención a la zona de Rosas, en cuanto al área marina, que usted también ha sacado a relucir en su
intervención, pero sin profundizar en el tema. Me gustaría que diera unas breves pinceladas sobre esta cuestión, si es posible y si no en otra ocasión, para aclarar en qué situación está el área marina del cap de Creus.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor García Díez, hay una empresa implicada en pesca ilegal y está siendo investigada. Es una empresa gallega pero eso no contamina al sector pesquero gallego, que cumple escrupulosamente con los principios de la pesca
sostenible. Hay una empresa que está siendo investigada pero a veces la investigación no es tan fácil. Le contaré una pequeña anécdota: hubo un barco que fue perseguido desde Nueva Zelanda hasta cerca de nuestras costas, y de esa persecución no
hay un parte de incidentes, no se levantó ningún expediente. Hay muchas denuncias pero los expedientes fueron hechos en otras latitudes y esos expedientes tienen que constar en el ministerio para poder sancionar. Por lo que sabe este diputado,
esos expedientes aún no están a disposición del ministerio español. Una cosa que quería dejar muy clara en este tema, señor García Díez, es la siguiente. Hay una empresa infractora pero, por favor, no hay complicidad del ministerio.
No insinúe usted esto. No hay complicidad. Usted lo sabe pero pide que se demuestre. Espere usted que termine el expediente. Mientras tanto yo le diría que no siga usted insinuando complicidades que sabe que no existen.
La señora PRESIDENTA: Señor Morán, tiene usted la palabra.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Señora ministra, quisiera aprovechar -aunque sea brevemente porque en la primera intervención no hice mención a ello- para hablar sobre aquella única cuestión que de alguna forma podía condicionar el proceso de
aplicación de la ley. Me refería a cuestiones estrictamente sociales que permitirían modular los procesos de aplicación de la ley cuando le pedía que en ningún caso se introdujesen mecanismos de paralización o modificación de la ley que colocasen
en una situación distinta al 13 por ciento que queda por deslindar respecto al 87 por ciento que estaba deslindado. Lo introduzco aprovechando la intervención del portavoz del Grupo Popular, que hace referencia a alguna modificación que se ha
producido. Yo lo obviaba porque daba por hecho que cuando se produce una sentencia judicial que obliga a una modificación o adaptación de la ley esta debe hacerse; no debería colocarse la Administración en rebeldía. Es cierto que ha habido alguna
modificación, en cumplimiento del precedente de sentencias judiciales. Por lo tanto, evidentemente además de las sociales las judiciales deben ser automáticamente respetadas e incorporadas en los términos en los que sea preciso en la modificación
de la ley.
Debemos considerar que estamos obligados a construir un nuevo modelo de gestión asentado sobre la sostenibilidad de todo el medio con carácter general, pero en este caso, refiriéndonos al medio marino, si no diseñamos un nuevo modelo de
gestión sobre criterios de sostenibilidad sencillamente no tendremos modelo porque caminaremos hacia el agotamiento y con ello probablemente arrastraremos a la desesperación a algunos de los sectores que en estos momentos en este país sustentan
algunas de las vías de actividad que más empleo generan. Por lo tanto, debe ser la Administración en primer término quien traslade seguridad al propio sector, y yo creo que no hay seguridad sin sostenibilidad. El tiempo ha venido a demostrárnoslo
y en algunos casos lo ha hecho en términos bastante dolorosos. No creo que debamos correr el riesgo de cometer otra vez los mismos errores. A partir de ahí lo que le resta en este caso a la Administración o a las administraciones con carácter
general en la defensa de los bienes públicos y en su restitución cuando hayan sido hurtados a la titularidad pública -porque son de todos y no pueden ser objeto de aprovechamiento privado- es proteger esa titularidad pública en el futuro y habilitar
los mecanismos necesarios para que su conservación se haga en los términos más efectivos posible. Creo que esa es la obligación del ministerio. Como entiendo que esa es la invitación que se nos hace en el proceso de elaboración del nuevo marco
legislativo consecuencia de la trasposición de la directiva europea, una vez más reitero el ofrecimiento del Grupo Socialista para hacerlo en los términos en los que creo que la sociedad lo demanda.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tiene la palabra para contestar a las últimas observaciones.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Voy a intentar aclarar muy bien las cosas. Señor Díez -aquí podríamos tener una cierta confusión, me estoy refiriendo al diputado del Partido Popular-, aunque
sea utilizar una palabra un tanto casera, permítame que diga que es colmo que si hay un cambio de Gobierno porque los ciudadanos y las ciudadanas de este país así lo han decidido, que el nuevo Gobierno tenga que mantener a los directores generales
que tenía el anterior. Usted me está diciendo que he cambiado un director general al poco tiempo de llegar. Se supone que si hemos ganado, tendremos cierta libertad para hacer el equipo que consideremos oportuno. Perdone, pensé que se refería a
la otra persona, pero usted también lo aclaró.
Realizada esa aclaración más general, le insisto en que estamos revisando todos y cada uno de los expedientes de la empresa Vidal Armadores, S.A. Y todos significa desde la nueva construcción cuando gobernaba el Partido Popular hasta las
ayudas que ha dado la Comunidad Autónoma de la Xunta de Galicia cuando también gobernaba el Partido Popular, al que hemos pedido información. Quiero dar un dato muy concreto: el proyecto de pesca experimental presentó su solicitud el 30 de marzo
del año 2004. Fíjese de qué fechas estamos hablando: 30 de marzo de 2004. Centremos el tema en lo que desde luego a este Gobierno y creo que al sector pesquero les interesa: que nadie pueda cobrar ni un euro cuando no tiene derecho o pueda
cobrar un euro cuando además se están cometiendo determinadas irregularidades. Usted tiene que reconocer que cuando se dieron esas ayudas no existía esa información. Si la información la recibimos con posterioridad habrá que analizarla y habrá que
tomar decisiones.
Únicamente le pido dos cosas: Primero, como le decía en mi intervención, que por favor no generalicemos y que un tema concreto pueda salpicar a un sector pesquero que es responsable. Segundo, que si hay y se demuestra la
irregularidad que sea, actuaremos con total contundencia. No lo dude. Y para las ayudas que concurrieran, desde que se pueda demostrar y siempre que se pueda demostrar. Posiblemente me conoce demasiado poco para saber lo que pienso realmente
cuando se comete alguna actuación de este tipo por parte de una armadora que está en estos momentos siendo analizada con lupa por pesca IUU. De la misma forma quiero contestar a su compañero que no admito que se diga que se están aplicando
arbitrariedades. Niego la mayor. Arbitrariedades no. La Ley de Costas es muy específica y hay que conocerla bien. Sabe que cuando se hace un deslinde
hay que hacer unos estudios técnicos muy complejos y basándose en ellos se adoptan decisiones. Que le gusten o no, es otro tema. Desde luego, nosotros no cometemos arbitrariedades ni mucho menos con la alegría que usted lo dice, que parece
que lo estamos haciendo con alevosía.
Independientemente de estas dos cuestiones que quería separar, quiero agradecerles a todos ustedes, primero, determinadas preocupaciones que me han transmitido que intentaré, en el caso de que afecten a otros ministerios, agilizar sus
respuestas. Quiero que sepan que otros temas en los que no hemos entrado, como el del cap de Creus, siguen exactamente el mismo procedimiento que las otras marinas. Lo que pasa es que los estudios que se están efectuando en estos momentos pueden
estar más atrasados. Por eso decía, señora Surroca, que con un plano lo podríamos ver mejor porque los amarres no es un tema de costas, sino de puertos y en este caso sí que está transferido a la comunidad autónoma. Tiene que entender que, en una
comparecencia de este tipo, entrar en un tema tan concreto y puntual donde están actuando varias administraciones, es complicado. De la misma forma, diputada del BNG, las sanciones no las impone la Administración General del Estado, no las impone
Costas. Esas sanciones a esas viviendas tienen que proceder de la comunidad autónoma, en este caso concreto de la Xunta de Galicia.
Hay dos temas que para mí son de importancia y a los que hacía referencia el señor Morán en su segunda intervención. Él ha dicho que no hay seguridad sin sostenibilidad. En esa frase podríamos resumir prácticamente toda mi intervención, en
el sentido de que siempre he estado intentando unir temas medioambientales, temas de preservación de la naturaleza, con temas sociales y económicos, que afectan a muchísimos sectores, aunque en este caso hablamos de unos cuantos, pero que sobre todo
afecta a la posibilidad de tener un país que podamos transmitir en buenas condiciones a generaciones futuras. Desde luego, me abro a la colaboración que todos los grupos me han ofrecido para trabajar en pro de sacar los dos proyectos de ley con una
amplia mayoría de los grupos políticos. Solamente hay un asunto que todos tenemos que tener presente.
En los dos vamos a incorporar una trasposición de directiva comunitaria y ahí ya saben que no existe margen de flexibilidad. Queremos mejorarlo
y crear otros mecanismos como los que aquí salieron, por ejemplo, en la Ley de Pesca Sostenible en todo lo relacionado con control de fronteras y comercialización. Es ahí donde podemos aunar esfuerzos y sería para mí una satisfacción que pudiéramos
hacerlo en el plazo más breve posible y con el mayor consenso. Señorías, en definitiva, hablar de sostenibilidad es hablar de un futuro en el que todos estamos llamados por la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno de nosotros, a ustedes
como diputados o diputadas y a mí en esa condición y también como ministra.
Gracias por su colaboración y espero que podamos seguir teniéndola a lo largo de los próximos meses.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra, por su comparecencia una vez más en esta Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
A todos ustedes, señorías, gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.