CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 321

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 21 celebrada el miércoles 17 de junio de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias, para informar en relación con el proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley
2/2009, de 6 de marzo). (Número de expediente 121/000022.)... (Página 2)


- Del señor secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, CC.OO.
(Górriz Vitalla). Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración.
(Número de expediente 219/000280.) ... (Página 2)


- Del señor secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores, UGT (Ferrer Sais). Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración. (Número de expediente 219/000281.) ... (Página 13)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
2/2009, DE 6 DE MARZO). (Número de expediente 121/000022.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO.
(GÓRRIZ VITALLA). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
(Número de expediente 219/000280.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración, con la celebración de comparecencias en relación con el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Y en primer lugar tenemos la comparecencia de don Ramón Górriz Vitalla, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras.



Don Ramón, muchísimas gracias por su comparecencia y por aceptar la invitación de esta Comisión de Trabajo y, cuando usted quiera, es suya la palabra.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO.
(Górriz Vitalla): Gracias, señor presidente. Les agradezco mucho su invitación para comparecer ante la Comisión de Trabajo e Inmigración y exponer la posición de
Comisiones Obreras en relación con el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.



El fomento del empleo y su estabilidad, la calidad del mismo y la protección social son aspectos centrales en la política de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. A ellos venimos dedicando todos los esfuerzos que han sido
necesarios para hacer avanzar los objetivos que nos hemos marcado en las distintas etapas del período democrático, especialmente cuando la normalización e institucionalización del diálogo social ha permitido que las organizaciones sindicales sean
parte activa de las reflexiones, de las propuestas y de las soluciones sobre los problemas económicos, sociales y laborales que aquejaban al país. Venimos por tanto de una ya larga tradición de concertación social para el abordaje de situaciones
que nos afectan como trabajadores y trabajadoras y como ciudadanos y ciudadanas y en cuya solución nos interesa participar y cooperar. Comisiones Obreras valora el diálogo social como un instrumento estratégico para avanzar en el desarrollo social
y económico del país, con políticas concertadas que sin duda pueden alcanzarse desde la defensa legítima de los intereses que cada interlocutor representa. En nuestro caso, desde la función de representantes de la clase trabajadora, de las personas
afiliadas a Comisiones Obreras y de quienes, sin serlo, nos vienen otorgando con su voto en los centros de trabajo el carácter de sindicato más representativo a nivel del Estado. Lo que importa subrayar es que esta valoración del diálogo social es
compartida, además de por la Unión General de Trabajadores, por las organizaciones empresariales más representativas del país, CEOE y CEPYME, y por el Gobierno de la nación y que la aportación que el diálogo social ha hecho a la estabilidad, a la
cohesión social, al desarrollo económico y de los sistemas de protección social, ha sido reiteradamente reconocida por el Poder Legislativo, del que ustedes forman parte, así como por instituciones de todo rango. Desde esta valoración, es obvio
que, ante la actual crisis en que está inmersa nuestra economía y la dimensión de los tremendos efectos negativos que recaen sobre las personas, las empresas y las administraciones públicas, los interlocutores sociales y el Gobierno hayamos
recurrido, y seguiremos haciéndolo, al diálogo social para buscar las mejores soluciones y las soluciones posibles a esta situación. Como todo proceso de negociación, no está exento de confrontación y desacuerdos y el proyecto de ley sobre el que
vengo a pronunciarme estuvo precedido de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno, tras una negociación culminada sin acuerdo en el ámbito del diálogo social.



Antes de exponer la opinión de Comisiones Obreras sobre el contenido de aquel real decreto-ley y, por ende, del actual proyecto de ley, quiero trasladar a esta Comisión nuestro deseo de que los trabajos que realice en el desempeño de sus
funciones y el resultado del debate parlamentario en torno a este proyecto de ley se circunscriban a la mejora del contenido del mismo, en atención a las causas y objetivos que lo motivan.
Es decir, consideramos muy inconveniente que en este
proceso de tramitación parlamentaria pudieran introducirse modificaciones de calado, que en todo caso deben ser abordadas en el ámbito del diálogo social, enmarcadas en un debate más global y de mayor amplitud en su contenido.
No se trata de eludir
ni de menoscabar el ejercicio del Poder Legislativo, que reconocemos y valoramos, sino de situar la ordenación de procesos de diálogo, el diálogo social, el parlamentario, que deben complementarse en beneficio del interés general. Es cierto que,
desde que los efectos de la crisis se proyectaron con toda crudeza, el diálogo social ha pasado por un período de estancamiento, pero, aunque no haya producido acuerdos, no debería tampoco confundirse con paralización. El cambio radical del
escenario nacional e internacional obliga a todas las partes a una reflexión profunda para interpretar correctamente la naturaleza de la crisis, desentrañar sus claves internacionales y su dimensión nacional, como paso previo a proponer aquellas
medidas más adecuadas,


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para superarla con el menor coste social posible, para salir de la misma más reforzados y con garantías de no mantener en el futuro aquellos factores que son causa determinante o relevante en la crisis actual.



En Comisiones Obreras no estamos paralizados, hemos aprovechado este tiempo para analizar, debatir y elaborar una línea de actuación para la concertación adecuada a la situación, a las necesidades de presente y de futuro, y estamos
convencidos de que nuestros interlocutores en el diálogo social habrán hecho lo propio. También hemos mantenido siempre abiertas las vías de interlocución, intercambiando reflexiones y explorando posibilidades de encuentro de las posiciones, que,
como en otras ocasiones, aparecen muy distanciadas. No hemos renunciado ni lo vamos a hacer en el futuro a construir el consenso social; es necesario, es posible, y esperamos que pronto se empiece a vislumbrar, una nueva senda de concertación, que
tiene un amplio escenario sobre el que proyectarse, para atender las necesidades inmediatas de las personas y las empresas que están pasando por las mayores dificultades, para fortalecer sectores estratégicos desde el punto de vista de la economía y
de la sociedad del bienestar que propugnamos y queremos desarrollar y para producir cambios significativos en el modelo productivo y en el modelo social. Confiamos en que la capacidad política de quienes ostentan el poder de legislar les llevará a
entender que el proceso de tramitación de este proyecto de ley de medidas urgentes no es el vehículo adecuado para proyectar reformas laborales ni de otra índole.



Hechas estas consideraciones, paso a trasladarles la opinión de Comisiones Obreras en torno al proyecto de ley, empezando por situar nuestra posición sobre las medidas contenidas en el real decreto-ley. En la exposición de motivos se dice
que el Gobierno y los interlocutores sociales han analizado y valorado, en el marco del diálogo social, estas medidas y, aunque no ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre las mismas, sí que ha habido coincidencia en la necesidad de ponerlas en
marcha con carácter urgente. Pues bien, debo señalar que en modo alguno se ha producido tal coincidencia en la necesidad de ponerlas en marcha, pues Comisiones Obreras en todo momento manifestó su total oposición a la aprobación de las medidas
introducidas por los artículos 5 y 6, consistentes en bonificaciones a la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo y en incrementar las bonificaciones cuando la contratación indefinida o temporal sea a
tiempo parcial. La oposición a tales medidas se fundamenta en las siguientes razones: las bonificaciones a la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo puede incurrir en inconstitucionalidad, al infringir
los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 14 de nuestra Constitución, en tanto que no están dirigidas a la contratación de grupos específicos de trabajadores con dificultades especiales para acceder al empleo y en
concreto a la contratación de desempleados de larga duración.



Esta medida produce el efecto contrario, ya que el empresario obtiene mayor bonificación cuanto mayor sea la prestación que le quede por percibir al trabajador desempleado, por lo que le interesa contratar a los parados con mayor protección,
en perjuicio de los más desprotegidos, lo que conlleva en la práctica aumentar la situación de no empleabilidad de los parados de larga duración, incurriendo la medida en una discriminación indirecta para este colectivo, en tanto que las
bonificaciones establecidas por el artículo 5 del real decreto-ley van a poner a este colectivo en una situación de desventaja en su empleabilidad frente a trabajadores con más prestación sin consumir. El incremento de las bonificaciones, cuando la
contratación indefinida o temporal sea a tiempo parcial, supone una discriminación indirecta para las mujeres trabajadoras. Los datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística referidos al cuarto trimestre de 2008
revelan que, del total de asalariados, el 12,9 por ciento son asalariados con contrato a tiempo parcial. De este porcentaje, el 82,2 por ciento son mujeres que declaran que no tienen este contrato de forma voluntaria, sino porque es el que
mayoritariamente se ofrece a mujeres en los sectores feminizados. Es evidente también que la contratación a tiempo parcial sigue presentando importantes diferencias con respecto a la contratación a tiempo completo, en relación con la protección
social, con la garantía de recursos económicos suficientes y con las posibilidades de desarrollo de la carrera profesional en la empresa.



En consecuencia, en tanto que se incrementan las bonificaciones a estos contratos se intensifica su utilización por los empresarios, en perjuicio de la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad con los
hombres, a quienes se les sigue ofreciendo preferentemente contratos a tiempo completo. De esta manera, las mujeres que quieran o que necesiten trabajar a tiempo completo se ven abocadas a empleos fraccionados en dos o más contratos a tiempo
parcial, con lo que ello conlleva de repercusión negativa en la calidad de vida, de empleo y de protección social, aspectos todos ellos que difícilmente concuerdan con los objetivos declarados por la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de igualdad en el ámbito laboral y de promoción de la conciliación de la vida personal y laboral. Por otro lado, en tanto que el contrato a tiempo parcial se dirige especialmente a las mujeres, se
refuerza en la práctica el papel de cuidadoras preferentes del ámbito familiar, lo que supone una regresión especialmente sorprendente a dos años de la entrada en vigor de la mencionada ley. Por estas razones, Comisiones Obreras se opuso a que el
Gobierno incluyera estas dos medidas en el Real Decreto-ley 2/2009 y por las mismas pide su derogación en su tramitación como proyecto de ley.



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Respecto a las otras medidas contenidas en el real decreto-ley, si bien estamos de acuerdo con las mismas, consideramos que presentan insuficiencias que las hacen poco efectivas para el cumplimiento de las finalidades para las que han sido
aprobadas, que son mantener el empleo, mejorar la protección social e incentivar el empleo de las personas desempleadas, insuficiencias que a continuación exponemos. Una, respecto a la bonificación en la cotización empresarial a la Seguridad Social
en los supuestos de regulaciones temporales de empleo, el compromiso de mantener en el empleo a los trabajadores afectados por la reducción temporal de la jornada o por la suspensión solo es de un año, con posterioridad a la finalización de la
reducción o suspensión autorizada, por lo que proponemos la ampliación de este período. Dos, las bonificaciones no se pierden, aunque se extingan los contratos de otros trabajadores no afectados por la regulación, por lo que proponemos que esta
eventualidad conlleve la pérdida de las bonificaciones obtenidas.
Tres, no hay obligación de reintegrar las bonificaciones si el empresario extingue el contrato por despido reconocido, entre comillas, como procedente. Introducir la posibilidad de
un reconocimiento de procedencia permite una utilización fraudulenta de la medida, pues bastará que el empresario obtenga del trabajador ese reconocimiento para poder extinguir el contrato antes de su transcurso sin perder las bonificaciones
obtenidas. Proponemos eliminar esta posibilidad y que quede limitada a cuando se declare la procedencia por sentencia judicial, posibilidad ya contemplada en el real decreto-ley.



Respecto a la modificación de la regulación del convenio especial de la Seguridad Social, a suscribir en determinados expedientes de regulación de empleo para fomentar la actividad de los trabajadores en ellos incluidos, pensamos que, en los
términos en los que ha sido aprobada, cumple la finalidad de fomentar la actividad de los trabajadores. No obstante, la eficacia puede ser limitada en tanto que se mantenga la actual regulación de dicho convenio contemplado en la orden TAS
2865/2003, de 13 de octubre, que establece la extinción del convenio en los casos en los que el trabajador ejerza actividades por las que se cotice por una base igual o superior a la del convenio especial. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo
debería modificar dicha orden ministerial. Con relación a la reposición del derecho a la prestación por desempleo, el corto alcance de la medida de reposición la hace notablemente insuficiente para conseguir los objetivos para los que ha sido
aprobada y que se recogen en la exposición de motivos: mejorar la protección social de los trabajadores y favorecer también el mantenimiento de los contratos a través de expedientes de regulación temporal, evitando la destrucción de puestos de
trabajo.



Para ayudar a conseguir estos objetivos, el artículo 3 debería modificarse en los siguientes términos: Uno. Debería ampliarse el período de referencia en que se han de dictar las resoluciones administrativas o judiciales que autoricen la
suspensión de contratos o reducción de jornada temporal, pues teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro, el que actualmente contempla la norma, hasta el 31 de diciembre del 2009, es muy corto, por lo que debería
ampliarse hasta el 31 de agosto de 2011. Dos. Se ha de contemplar la posibilidad de reponer la prestación consumida, no solo en el expediente o procedimiento concursal anterior, sino en los distintos expedientes o procedimientos concursales de
suspensión de contratos o reducción de jornada temporal, aprobados en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de agosto de 2011. Tres. El número de días a reponer en los supuestos de posteriores expedientes de regulación de
empleo o procedimientos concursales de suspensión de contratos o reducción de jornada temporal ha de ser de 120 días, en lugar de los 90 días que actualmente establece la norma. Cuatro. En los supuestos de reposición por posteriores expedientes de
regulación de empleo, o procedimientos concursales de suspensión de contratos, o reducción de jornada temporal, no debe condicionarse la reposición a que se haya agotado la prestación de desempleo y a que no se haya generado derecho a nueva
prestación. Cinco. Se debe permitir al trabajador, cuando se haya generado derecho a una nueva prestación, a que opte entre reponer el período consumido en la prestación percibida en el período de suspensión o reducción de la jornada, esté o no
agotada, o reponerlo en la nueva prestación general. Seis. Debe suprimirse la incompatibilidad entre la reposición en los supuestos de posteriores resoluciones administrativas o judiciales que autoricen la suspensión de contratos o reducción de
jornada y la reposición, cuando finalmente se autorice la extinción de los contratos por resolución administrativa en expediente de regulación de empleo, o por resolución judicial en procedimiento concursal, o se extinga el contrato al amparo del
artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores. Siete. La reposición de la prestación siempre debe hacerse de oficio por la entidad gestora.



Respecto a la eliminación del período de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo, artículo 4, la medida se propone con carácter temporal, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2009, cuando debería hacerse con carácter
indefinido, pues la finalidad para la que fue establecido el período de espera, incentivar la búsqueda de empleo tras agotar la presentación de desempleo, está suficientemente garantizada con la propia cuantía del subsidio de desempleo por lo que
carecería de sentido su supresión sólo con carácter temporal.



Sobre la modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, para el impulso de los contratos a tiempo parcial, artículo 6, hemos señalado anteriormente nuestro rechazo a esta medida, por lo que
se incrementan las bonificaciones a la contratación a tiempo parcial -es la primera


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vez en la historia de este país que se bonifica un contrato, no un colectivo- y no obstante así consideramos adecuada la medida introducida en el apartado 1 del artículo 6, en tanto que mejora las expectativas de empleo de aquellos
trabajadores con un contrato a tiempo parcial cuya jornada sea inferior a un tercio de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Y la consideramos adecuada en tanto que se extienden las bonificaciones a la contratación
indefinida de estos trabajadores, que, aunque no están técnicamente desempleados, tienen contratos con jornadas tan reducidas que difícilmente les permiten satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. Si rebuscamos en la tipología de los
contratos, se están haciendo contratos de este tipo que van adheridos a franjas horarias. Ya no es el contrato a tiempo parcial, sino que hay empresarios que contratan a trabajadores por franjas horarias, sobre todo en los servicios.



Finalmente, dedicaré una parte de mi intervención a exponer la opinión de Comisiones Obreras sobre el alcance de la crisis y sobre las iniciativas que deberían acometerse para afrontar sus causas y sus efectos. Las causas de la situación
que vivimos en España -lo reiteramos- no residen en el mercado laboral y por lo tanto no se solucionan con reformas laborales. Las razones últimas de la profundidad de la crisis no hay que buscarlas ahí. La crisis española tiene características
propias, se produce por el agotamiento de un modelo de producción que ha servido, aprovechando unas determinadas ventajas competitivas propias de nuestro país, para el impulso del crecimiento económico y la modernización de España en las últimas
décadas. Pero este impulso ha llegado a su fin, se ha alargado durante excesivo tiempo la explotación de esas ventajas competitivas, muy vinculadas a los costes de trabajo, incluida la protección social, descuidando la necesaria e imperiosa
transformación del patrón de crecimiento. Las reformas parciales que se han venido sucediendo han puesto el acento donde no había necesidad, con el propósito de estirar el mantenimiento de esas ventajas a las que antes aludía. Esas reformas que
pretendían seguir explotando la misma veta y privilegios son defendidas por sectores muy influyentes y sus altavoces mediáticos. Según ellos, para aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas hay que modificar el Estatuto de
los Trabajadores. Comisiones Obreras ha rechazado y rechaza esta tesis porque nos parece una fuente exhausta y ya exprimida hasta la última gota. En este contexto también hemos rechazado la tesis de una reforma laboral que flexibilizara aun más
nuestro mercado de trabajo. Las estadísticas recientes avalan nuestra posición de que la flexibilidad sin más no crea puestos de trabajo ni estables ni temporales.



En España el despido no es caro ni el mercado laboral es rígido, como tampoco lo hace rígido el requisito de autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, pues son insignificantes numéricamente los expedientes de
regulación de empleo no autorizados. Son mitos que se nos quiere imponer en un discurso ya superado por la realidad. Hay una cultura de empresa, muy extendida en nuestro país, que dice que la temporalidad, con tasas que han venido oscilando entre
el 27 por ciento y el 35 por ciento, ha sido la causa de nuestro despegue económico y del crecimiento espectacular del producto interior bruto, lo que nos ha llevado a crear el doble de empleo que la media europea en la zona euro. Esta es una
afirmación que se puede responder con otra: la economía española en estos momentos duplica la tasa de destrucción de empleo de la media europea y lo hace con mayor velocidad. Un ejemplo de lo que acabo de afirmar lo encontramos en los recientes
indicadores sobre la evolución del producto interior bruto en el primer trimestre de 2009 en los países de la Unión Europea y su repercusión en el empleo. Mientras España es uno de los países en que menos cae la economía, en comparación con
Francia, Alemania o Italia, es sin embargo el país en que más empleo se destruye. De los empleos perdidos en España, únicamente el 6 por ciento lo ha sido a través de expedientes de regulación de empleo. El 35 por ciento vienen del despido
individual y casi el 60 por ciento se originan por la no renovación de los contratos. Por el contrario, los expedientes de regulación y la negociación que se produce en torno a ellos facilitan nociones alternativas a la destrucción de empleo, como
es la suspensión temporal o la reducción de jornada, aunque esta última opción es aún muy poco utilizada y en ocasiones conlleva la presentación de planes industriales o inversiones empresariales para garantizar el futuro de la empresa y del empleo.



Conviene recordar que el 90 por ciento de los expedientes de regulación autorizados ha contado con un acuerdo previo entre la empresa y las organizaciones sindicales o la representación legal de los trabajadores.
Es el uso y abuso de la
temporalidad, el continuo fraude de ley en la contratación, la ausencia de controles administrativos, fruto de una inspección de trabajo infradotada, lo que hace que en nuestro país se destruya empleo tan masiva y rápidamente. Por otra parte, el
coste del despido objetivo en España es de 20 días por año, como también lo es el del despido colectivo, al margen de que, por acuerdo libremente aceptado entre empresa y representantes de los trabajadores y ratificado por la autoridad laboral,
pueda alcanzar un importe superior. Solo el despido declarado improcedente por un juez recibe una indemnización de 45 días, y siempre que la contratación no se haya hecho con la última modalidad acordada con los sindicatos en 1997, en cuyo caso es
de 33 días por año.
La inmensa mayoría de los despidos que se producen en nuestro país mediante la extinción de contratos temporales no suponen ningún coste para el empresario o se limita a 8 días por año trabajado.



Esta es la clave del rechazo sindical a la propuesta del contrato único.
El contrato único supondría un paso más en la ruptura del principio de causalidad en la contratación, en este caso acompañado de la eliminación


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de causa en la extinción del contrato de trabajo, puesto que son solo la voluntad unilateral del empresario y su libre valoración de las circunstancias que aconsejan su acción las que posibilitarían la extinción del vínculo contractual, cuyo
efecto más grave no sería la reducción del coste del despido, sino la descausalización de la contratación y del despido y la eliminación de la tutela judicial. Por tanto no estamos ante una nueva figura contractual para superar la dualidad
existente en nuestro mercado laboral, algo que a Comisiones Obreras también le preocupa, sino ante una fórmula que, con la apariencia de nueva, no persigue otra cosa que recuperar la tasa de ganancia perdida en esta crisis por la vieja vía de seguir
presionando a la baja sobre los costes laborales y al alza en la discrecionalidad empresarial. Si lo que realmente se quiere es enfrentar el problema de la productividad y de la competitividad de las empresas, las soluciones no pueden buscarse,
como sistemáticamente reclaman determinados sectores, en reformas regresivas del mercado laboral, que no dejan de suponer una suerte de flexibilidad externa que acaba siempre acarreando más desregulación, más temporalidad y, al final, más desempleo.
Por el contrario hay que impulsar medidas que incrementen la eficacia en la utilización de los factores productivos, superando la brecha que mantenemos todavía con respecto a la media de la Unión Europea, en asuntos como la dotación de
infraestructuras, las inversiones en investigación, desarrollo e innovación, el esfuerzo tecnológico, que hoy no lo es en la mayoría de las empresas, la baja difusión de las tecnologías de la información y la comunicación o los niveles relativamente
más bajos de la cualificación de la fuerza de trabajo, que vemos reflejados en el menor desarrollo de la formación profesional o en ser el país con los índices de mayor abandono escolar.
En definitiva, incrementar los niveles de productividad de
nuestra economía exige cambio tecnológico, más formación y estabilidad en el empleo y una eficaz organización del trabajo. Y para ello el papel de la negociación colectiva es crucial.



Comisiones Obreras está dispuesta a participar del debate sobre la reforma de la negociación colectiva en España. Desde nuestro punto de vista, esta reforma debería afectar fundamentalmente a la estructura de la negociación; a la
articulación entre los distintos ámbitos, en especial el de empresa y el sector nacional; a las reglas de concurrencia; a la determinación y especialización de las materias a negociar en cada ámbito y a los sujetos legitimados para negociar y
acordar, reforzando el papel del sindicato en la empresa. Sería una reforma que potenciara la negociación colectiva como instrumento para garantizar seguridad y flexibilidad a los trabajadores y a las empresas. Porque Comisiones Obreras, frente a
la flexibilidad externa, apuesta por la flexibilidad interna en la empresa, gobernada entre sindicatos y empresarios desde el seno de la misma y desde los sectores productivos. La combinación ponderada de seguridad y flexibilidad, junto a una mayor
inversión en innovación y desarrollo tecnológico llevaría aparejado un incremento de la productividad muy necesario para garantizar una mayor capacidad competitiva de nuestros bienes y servicios. En esta misma dirección es necesario también abrir
un espacio de reflexión y negociación sobre la participación institucional de los agentes sociales. Aprovecho para plantearles que desde 1977 ha habido más avances de la participación sindical en la negociación colectiva entre empresarios y
organizaciones sindicales y, sin embargo, no ha habido ningún avance en la legislación y tenemos la misma legislación hoy que hace treinta años en todo lo que tiene que ver con los derechos y la participación sindical. Sería una cuestión a
reflexionar en estos momentos.



Comisiones Obreras ha señalado a los interlocutores (y esperemos que antes del próximo agosto se pueda concluir un buen acuerdo) que en esta situación son necesarios en nuestro país cambios urgentes y trascendentales, que en esos cambios
urgentes lo primero es mirar por los intereses de las personas. En ese sentido tenemos que mejorar, y ampliar las prestaciones por desempleo y evitar que ningún trabajador o trabajadora quede sin prestación social y corra el riesgo de caer en la
marginalidad del mercado de trabajo y en la sociedad. Es necesario esa mejora de las prestaciones por desempleo; mejoras en las rentas activas de inserción; en las comunidades autónomas son necesarias mejoras en la suficiencia y cobertura de las
rentas mínimas de inserción; es necesario mejorar la legislación de los expedientes de regulación de empleo; es muy importante que los servicios públicos de empleo sean reforzados para que hagan de verdad políticas activas de empleo; también es
necesario un programa de empleo y formación, además de reformar la legislación concursal que en el espacio de tiempo corto que lleva ya, ha demostrado sus insuficiencias en todas las situaciones a la hora de garantizar los derechos de los
trabajadores.



Quiero manifestarles que Comisiones Obreras considera que la estrategia de diálogo social que se concibió en julio del 2008 debe reorientarse y venimos reclamando que para enfrentar la crisis y sus efectos negativos, es necesario dar un
impulso a la concertación social y hace falta más pronto que tarde un gran acuerdo que plantee esa salida y esas medidas frente a la crisis. Acuerdo que en un Estado fuertemente descentralizado como el español, en donde las comunidades autónomas
tienen importantes competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo por lo que el Gobierno central deberá coordinar las medidas ya adoptadas con las que se puedan acordar en el ámbito nacional.



Comisiones Obreras (no me alargo) espera, como decía antes, presentar antes del mes de agosto a la sociedad española un acuerdo entre los interlocutores sociales y que el Gobierno permita poner en marcha las medidas necesarias para salir de
la crisis en las mejores condiciones y, sobre todo, para que la situación de crisis


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económica no repercuta y paguen las personas con menos poder en la sociedad.



El señor PRESIDENTE: A continuación en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Quiero dar las gracias, en primer lugar, al secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. El Grupo Popular quiere darle la bienvenida y decirle que estábamos deseosos de que comparecieran tanto
Comisiones Obreras como UGT, al igual que han hecho la patronal CEOE y la Cepyme, porque, como muy bien ha dicho, damos un enorme valor a lo que supone el diálogo social como base de estabilidad, de concertación, un modelo que efectivamente ha dado
muy buenos resultados desde la transición. Estábamos un poco desencantados porque, como usted sabrá, habían sido convocados en dos ocasiones, si no me equivoco los días 20 y 26 de mayo, y habían sido desconvocadas estas asistencias por parte de
ambos sindicatos. Celebramos que por fin se hayan podido celebrar en el día de hoy en esta sesión que a continuación hará también UGT. Celebramos que hayan rectificado y que al final hayan encontrado un hueco en la agenda para venir a esta
Comisión, al Parlamento, a dar su opinión. Me gustaría que nos diera su opinión sobre el real decreto. Le quiero agradecer porque ha sido muy conciso en decirnos exactamente qué es lo que opinan. El Grupo Popular coincide con la percepción que
tienen de este real decreto, pero no así en otras cuestiones puntuales a las que usted se ha referido.



Me ha dejado algo preocupada -no le he oído referirse a este punto- la situación por la que atravesamos en este momento de crisis. Es indudable que tenemos una crisis, constatada básicamente en la destrucción de empleo que se venía
observando ya desde final del año 2007, fecha en la que ya perdíamos empleo y se incrementaba el número de parados. Dice S.S.
que siente mucho que no haya diálogo social, pero es que el Gobierno les convocó en el año 2008 y hasta ahora no ha
habido ningún fruto de ese diálogo social. No como acuerdo en este real decreto, que ya ha dicho usted que ha habido importantes desacuerdos para no firmarlo, es que el diálogo social todavía no ha dado ningún fruto. Tal como les hemos dicho a los
representantes de la CEOE, en un momento de dramática crisis, quizá una de las crisis más importantes por no decir la más importante que hemos tenido en España, exceptuando la que se superó con los Pactos de La Moncloa, los agentes sociales parecen
que no han sido capaces de dar una respuesta a esta situación. En este campo tenemos que decir que efectivamente es muy importante el diálogo social. El Grupo Popular cree profundamente, y lo ha demostrado en sus años de Gobierno, que es
fundamental firmar acuerdos pero que cuando hay ausencia de esa posición en el diálogo social es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de gobernar, y esta Cámara también la responsabilidad de legislar. En este caso el Gobierno ha tomado las
decisiones y esta Cámara, en cumplimiento de sus responsabilidades, hará una tramitación parlamentaria a través de las posiciones de los diferentes grupos plasmadas en enmiendas. Creo que eso es legítimo sobre todo cuando desde que se les convocó,
que ya para el Grupo Popular fue tarde, no ha habido frutos. Recuerdo que le hice la primera pregunta como diputada en esta Cámara al señor Ministro de Trabajo, señor Corbacho, en el mes de mayo. Entonces insistí en la necesidad de que consiguiera
un acuerdo nacional respecto a la situación de crisis que se nos venía, y convocara a los agentes sociales y también a alguien que ha mencionado al final de su intervención y a las que yo también me referiré, a las comunidades autónomas. En una
situación de descentralización, donde gran parte del presupuesto a través de las políticas activas y de la formación lo gestionan las comunidades autónomas, es indudable que hay que llamarlas al diálogo para ponerse de acuerdo en las medidas que van
a tener que aplicar, sin ningún lugar a dudas, en el ámbito de sus competencias. Puede comprobarlo en el 'Diario de Sesiones'. Me referí a la importancia de aquello. Todavía el Presidente del Gobierno no había convocado la mesa de diálogo social,
el Grupo Parlamentario Popular ya venía diciendo que estábamos en una situación muy complicada de crisis, de desempleo, que nos preocupaba profundamente por la situación social que se iba a generar y que era urgente conseguir acuerdos. Y se
constituyó la mesa en julio del 2008, como, muy bien a dicho usted, pero a día de hoy seguimos sin ningún acuerdo.



La situación actual es que tenemos más de 4 millones de parados; según Eurostat estamos ya en el 18,1 por ciento de parados -lo conoce usted muchísimo mejor que yo-, las previsiones son absolutamente desoladoras y el Gobierno aprobó unos
presupuestos en esta Cámara, desde luego con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría saber (es una de las preguntas que le formulo) la opinión de Comisiones Obreras respecto al presupuesto que se trajo a esta Cámara, donde
se hacía una previsión de que íbamos a acabar el año 2009 con el 12,5 por ciento de parados. Les dijimos que era una previsión absolutamente falsa y que eso hacía caer el contenido del presupuesto porque estaba mal planteado tanto en ingresos como
en gastos, hasta el punto de que la previsión de prestaciones por desempleo era de 19.000 millones y, como bien sabe usted, el viernes pasado se han aprobado otros 17.000 millones y ha cambiado el cuadro macroeconómico por lo que hemos pasado a que,
según el Gobierno, terminaremos el año que viene en unas cifras cercanas al 18 por ciento, y este año en el 17 coma algo por ciento. Nosotros diferimos, creemos que, desgraciadamente -que conste, desgraciadamente-, no se va a cumplir. S.S.
convendrá


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conmigo probablemente en que 3 millones de parados ya son un problema económico. También se lo he dicho al Ministro en el Pleno, figura en el 'Diario de Sesiones'. De 3 a 4 millones, podemos considerarlo un problema social gravísimo.
Pasando de 4 millones nos encontramos ya en una situación, como dicen algunos catedráticos de derecho del trabajo, de problema de orden público.



Quiero saber qué le parece a usted tener en este momento en España más de 4 millones de parados. No hemos oído en exceso la voz de Comisiones Obreras para decirle al Gobierno que esto es intolerable. Lo digo porque curiosamente sí hemos
oído la voz de la secretaria de Relaciones Laborales de Comisiones Obreras en Madrid, que ha dicho textualmente que con 140.000 parados que no tienen ningún tipo de prestación, la situación en la Comunidad de Madrid es una indecencia y una
inmoralidad. ¿Entonces qué pasa con el millón de personas a nivel nacional que no cobran prestaciones? Coincido plenamente con ustedes en el documento que han aprobado después no de no firmar este real decreto. Imagínese el calificativo que le
podemos poner. Coincido con ustedes mucho más que en sus silencios, en sus escritos. Este documento recoge en gran parte lo que está pasando. Reconocen que hay una situación social muy conflictiva, que la caída de la economía ha supuesto
destrucción de 800.000 empleos en el último trimestre, que se ha quedado antiguo y acumulan derechos de cerca de 1 millón de personas que no cobran ninguna prestación del sistema público. Ahí es donde nos tenemos que centrar para ver qué podemos
hacer. Coincido con ustedes también en una cuestión que a mí me parece muy importante, que este real decreto intenta fomentar la contratación de una manera absolutamente discriminatoria. No parece razonable que la ecuación se haga al revés, es
decir, más prestación para cobrar, más bonificación para contratación.



Usted ha dicho que lo que ocurre es que se beneficia al empresario, pero se le ha olvidado una cuestión, y es que el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado elimina las prestaciones más costosas. Aquí se ha hecho simplemente por
una cuestión de ahorro, se da una bonificación para que me quiten de en medio al parado que tiene más tiempo para cobrar una prestación, pero nos hemos olvidado del que ya no recibe prestación alguna, que sería, como muy bien ha dicho usted, al que
habría que atender a la hora de fomentar su contratación.



Ha vuelto a insistir en ampliar las rentas de inserción y yo quiero plantearle otra pregunta: ¿Ustedes apuestan por elevar este tipo de rentas activas de inserción de una manera más generalizada para atender a todas estas personas que se
están quedando muy rápidamente sin empleo? En alguna ocasión le dije al ministro, y lo reconocen en su documento, que había muchas personas que ni siquiera tenían todo el período de prestación de desempleo, que habían muchas mujeres y jóvenes que
habían cotizado poco tiempo, por lo tanto se han ido pronto al desempleo y tenían una prestación seis meses como mucho un año, con lo cual están en este momento fuera del sistema de prestación.



Le pregunto: ¿Ustedes prefieren de verdad esa renta activa que, como ha dicho, es desincentivadora porque su cuantía no es como para permanecer en esa situación o apuestan más por las políticas activas? No ha hablado para nada de políticas
activas y, sin embargo, en su documento sí hablan y muy bien de lo que se puede hacer con ellas. El Grupo Parlamentario Popular apuesta por incentivar las políticas activas. Lo dijimos en los presupuestos cuando se redujo el presupuesto para las
políticas activas y lo volveremos a plantear también en las enmiendas que hagamos. En las políticas activas, que evidentemente hay que coordinar con las comunidades autónomas, se dan unas circunstancias muy positivas, que podemos unir formación y
retribución con cobertura social. Si da lugar, con ayuda para guarderías y con ayuda a transporte, si la formación y la tarea laboral se realizan fuera de donde reside el afectado. Tenemos una figura que nos permite algo que usted ha referido y
que compartimos, nueva formación para parados que podamos reciclar en nuevas actividades, que a la vez tengan una retribución y no tengan que acudir al subsidio, y que además tengan protección social. Es una figura que está recogida en la página 3
de su documento, a la que S.S. no se ha referido aquí, pero con la que estamos muy a favor.



Dicen cosas muy importantes en este documento al que usted se ha referido de una manera tangencial, y es que hay que incidir en un nuevo modelo de desarrollo, mucho más tecnológico y basado en el I+D+i. Y hablan de dos cosas. En la página 8
se refieren a incentivar, crear un marco regulador de la política energética, y lo uno con lo de nuevas tecnologías, nuevas fuentes o nuevos nichos de trabajo. Es indudable que este puede ser uno de ellos. Ahí podríamos diseñar con las comunidades
autónomas políticas de formación, insisto, acompañadas como son las figuras que hay en las políticas activas, de esa parte retribuida, para formarlos en temas tan importantes como las energías alternativas y todo lo que supone un modelo energético,
que sin duda apuntan y que tenemos que renovar. Lo dicen muy claramente: Apostar por un modelo tecnológico de desarrollo para el sistema energético que haga que se reduzca nuestra dependencia energética del exterior. Coincidimos plenamente.



Le pregunto por dos cuestiones muy puntuales: qué va a hacer Comisiones Obreras respecto a los trabajadores de la central nuclear de Garoña, que han dicho claramente que no se cierre y son trabajadores...(Rumores.-El señor Membrado Giner:
Si todavía ni se ha pedido.) Han dicho que no. Esto forma parte del empleo, señores diputados. (Protestas.) A ustedes les puede parecer bien o mal, pero los trabajadores (el Grupo Popular está con los trabajadores, no sé el Grupo Socialista) han
dicho claramente, ellos y todos los alcaldes de la zona, que si se cierra Garoña va a


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haber muchos parados; no voy a dar una cifra, porque unos dicen unas y otros otras, pero seguro que el representante de Comisiones Obreras coincide conmigo en que va a haber muchos, y que se va a perder una fuente muy importante de trabajo.
Quiero saber cuál es la posición, si Comisiones Obreras va a estar con estos trabajadores o no, es una simple pregunta que hago, y además cuál es la posición que tiene Comisiones Obreras respecto a este documento que viene a colación de este real
decreto (lo tengo aquí y, como todos los documentos que llegan a mis manos, me lo estudio con muchísimo interés) en el que hablan de un nuevo modelo energético que haga que España sea menos dependiente; cuál es su posición respecto a empezar a
estudiar las posibilidades de la energía nuclear en España, que insito, su anterior presidente, señor Fidalgo lo dijo. (El señor secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Górriz Vitalla: Nosotros no tenemos presidente.) Perdón,
secretario general.



El señor PRESIDENTE: Un momento. Le ruego al compareciente que no interrumpa a la diputada, y a la diputada que vaya terminando porque lleva veinte minutos en el uso de la palabra. Le recuerdo que queda otro compareciente.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Estoy de acuerdo, lo que pasa es que como el compareciente se ha alargado mucho, voy a intentar terminar.



El señor PRESIDENTE: Esos son los privilegios del compareciente, no nuestros.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Le pido disculpas porque tiene usted razón, es secretario general. El señor Fidalgo dijo algo interesante y a mí me gustaría saber si Comisiones Obreras sigue en esa línea o no, relativo a estudiar las
posibilidades que puede ofrecer. Y no es en vano, porque aquí estamos hablando de medidas para reactivar la economía y el empleo, y esta puede ser una fuente de innovación, de apoyo a la I+D+i y de generación de puestos de trabajo. Yo quiero saber
cuál es la posición de Comisiones Obreras al respecto.



Voy terminando. Le hemos escuchado con mucha atención lo que ha dicho respecto a los eres, le he escuchado poco o nada cuál es la posición que le merece este real decreto en relación con tantísimos empresarios que son autónomos en este
país, la inmensa mayoría, son prácticamente el 80 por ciento de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas con menos de 5 trabajadores a los que este real decreto no les beneficia en nada, ni como empresarios ni como trabajadores. Quería oír
cómo ve ese punto, porque en esta alternativa sí hablan mucho del autoempleo. Por cierto, también me gustaría saber qué opinan respecto a la posibilidad de la capitalización del desempleo al cien por cien o no como está en este momento y por cuál
de esta situación se decantan.



Por último, y termino señor Presidente muy rápidamente, habla usted del sistema educativo. Es una fuente fundamental para el crecimiento económico y para el empleo, sin ningún lugar a dudas, coincidimos con ustedes. Lo que sí me gustaría
es saber cuál es su opinión (la nuestra creo que la conocen) respecto al actual modelo, porque con el actual modelo educativo que tenemos sabemos que tenemos una tasa de fracaso escolar del 36 por ciento, y los datos que ayer mismo han salido otra
vez respecto a los 27 países de la Unión Europea, donde tenemos la mayor conflictividad en las aulas, la pérdida de mayores horas por la organización del sistema en las aulas, y estamos en el puesto 24 respecto a la calidad y a los contenidos de la
educación. A nosotros eso nos preocupa. Queremos saber si Comisiones Obreras cree que habría que introducir modificaciones en el sistema educativo para alcanzar una mayor calidad en el mismo y evitar ese abandono escolar.



Termino, señor presidente, dentro de las medidas para mejorar el empleo, hablan aquí de la atención hacia las políticas sociales. Me gustaría saber qué opinión le merece el recorte que los presupuestos para el año 2009 introdujo en esas
políticas de 165 millones de euros cuando en el presupuesto el Gobierno volvió a recortar la partida en otros 65 millones. Son temas que nos interesa conocer. Le agradezco enormemente la claridad con la que ha hablado respecto a todos los
artículos del real decreto, que vamos a estudiar para elaborar nuestras enmiendas. En unas cosas estamos de acuerdo con sus posiciones y en otras no. Lo verán plasmado en las enmiendas que presente el Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista doña María del Mar Arnaiz.



La señora ARNAIZ GARCÍA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia y la interesante exposición que nos ha brindado el señor Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras y que seguro nos va a ser de gran utilidad en
la tramitación por esta Comisión de Trabajo e Inmigración del proyecto de ley que nos ocupa.



Tengo que contestar a las palabras de la portavoz del Grupo Popular porque ha hecho referencia a un centro de trabajo que está en mi provincia, Burgos, a la central nuclear de Garoña. Tengo que llamar la atención sobre el tremendo cinismo
de la portavoz del Grupo Popular, porque tengo la absoluta certeza de que si se decide el cierre y la no continuidad de la central nuclear, habrá un plan alternativo económico para la comarca, para la zona, lo que no hubo cuando el Gobierno del
Partido


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Popular decretó el cierre de de Zorita. Por eso el cinismo puesto de manifiesto por la portavoz del Grupo Popular. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-La señora Álvarez-Arenas Cisneros: A mí no me importa lo que diga ese señor.)


Entrando en el tema que nos ocupa, porque ha habido aquí mucho batiburrillo de cosas que no entran en el lugar ni es el momento de su discusión y del debate del proyecto de ley, quiero decirle que el conjunto de medidas que recoge este
proyecto de ley, como también indica la exposición de motivos, ha sido analizado y valorado muy positivamente en el marco del diálogo social. Aunque no se materializó en acuerdo en estos momentos de difícil situación económica. A pesar de ello,
siempre es necesario poner en valor la fortaleza del diálogo social que en la legislatura pasada consiguió más de veinte acuerdos a tres bandas, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Unos acuerdos apreciados por el conjunto de la
sociedad, porque por sí mismos son garantía de eficacia, que hicieron posible el mayor período de nuestra democracia de paz social y record histórico de creación de empleo y también en tasa de desempleo.



En esta legislatura está siendo más ralentizado, como ha reconocido el ponente, pero es obligado destacar que es la primera que en el marco del diálogo social se acuerda discutir sobre políticas económicas y sectoriales, lo que se ha
denominado diálogo reforzado y que es la primera vez en la historia de este país que en una situación de crisis no se recorta la protección social. En este sentido, el último Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito al Ministerio
de Trabajo e Inmigración por una cuantía de 16.898 millones de euros, destinados fundamentalmente al servicio público de empleo estatal, para atender los mayores gastos en prestaciones y compensar así la pérdida de ingresos en sus cotizaciones. Con
este suplemento de crédito se va a hacer frente a las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 2/2009, del que deriva el proyecto de ley que hoy estudiamos. Es una evidencia más del compromiso reiterado por nuestro Gobierno de estar al lado de las
personas más vulnerables por la crisis.



Por sus palabras, parece que pronto se va a llegar a un acuerdo que proteja a los parados sin subsidio ni prestación. Por ello aprovecho la ocasión para preguntarle cómo contempla su sindicato que pueda compensarse a los desempleados que
han agotado sus percepciones. Y también si considera que en estos momentos de crisis económica el diálogo social es un instrumento estratégico para enfrentarnos a la crisis y salir fortalecidos de la misma. Me gustaría preguntarle cómo pueden las
distintas comunidades autónomas arrimar el hombro en la lucha contra la pérdida de puestos de trabajo.



Como SS.SS. conocen, el Gobierno socialista ha puesto en marcha una batería de medidas para impulsar la economía y para la creación de empleo, recogidas en el PlanE y hemos visto recientemente cómo han dado sus primeros frutos en el pasado
mes de mayo, cuando el paro bajó en casi 24.800 personas, mal que les pese a algunos, me estoy refiriendo al principal partido en la oposición que no ha mostrado ninguna satisfacción por ello. Con todas las cautelas, el Banco de España se ha sumado
también a la teoría de los brotes verdes, reconociendo indicios de mejora en el mercado laboral.



La profunda crisis mundial está mostrando su cara más amarga y más dramática en nuestro país en pérdidas de empleo, principalmente entre los asalariados temporales, y en gran medida también en los sectores de construcción e industria. Nos
ha indicado el ponente que ello se debe a la alta tasa de temporalidad, donde se están produciendo esas pérdidas de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de acometer actuaciones inmediatas en el sentido que recoge el proyecto de ley, medidas para
el mantenimiento del empleo; medidas para mejorar la protección de los desempleados y medidas también de fomento del empleo, medidas que protegen a los trabajadores en los distintos escenarios en los que pueden encontrarse cuando tienen empleo,
cuando dejan de tener trabajo y también cuando están en búsqueda del mismo.



En el caso de las medidas de protección de las personas desempleadas, dado el número tan elevado de eres autorizados, me gustaría conocer su opinión sobre cómo valora las medidas de reposición del derecho a la prestación por desempleo, ya
que, como es sabido, un número elevado de eres, el 86 por ciento son de suspensión de empleo y no de extinción, y provocan en algunos trabajadores el agotamiento de su prestación careciendo de protección cuando se ven afectados de nuevo por otro
expediente de regulación.



En esta Comisión quería comentar que se han celebrado un gran número de comparecencias sobre este proyecto de ley. Recuerdo las declaraciones del secretario general de la CEOE, el señor Lacasa, que indicaba la necesidad de abrir un debate
en profundidad sobre la estructura de la negociación colectiva. ¿Considera que es necesario una reforma de la negociación colectiva o por el contrario cree que no se saca todo el jugo que se podría obtener en los procesos de negociación colectiva?
También han intervenido organizaciones de trabajadores autónomos. ¿Piensa que este proyecto debe recoger alguna cuestión para los trabajadores por cuenta propia?


Para terminar, me gustaría que me indicara qué otras medidas propondría para mejorar el contenido de este proyecto de ley. Le agradezco de nuevo sus reflexiones y sus propuestas para la tramitación del proyecto de ley.
Le reconozco todas
las indicaciones que nos han hecho sobre las causas y efectos de la crisis, sobre el rechazo a cualquier reforma laboral, que han sido extensamente argumentadas en esta Comisión.



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El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas por las portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor Górriz.
Cuando usted quiera, don Ramón.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO.
(Górriz Vitalla): Hace muchos años una persona escribió que a veces la historia se repite como farsa, otras como tragedia y que a las personas, a las organizaciones
sociales y políticas no hay que reconocerlas tanto por lo que dicen sino por lo que hacen en sus momentos concretos. El libro se llama: El dieciocho brumario, de Luis Napoleón.



Con esto contesto a algunas cuestiones. Voy a intentar responder una a una algunas cosas; otras las concentraré porque se han dicho muchas cosas, algunas de las cuales no tienen que ver con la comparecencia del real decreto. Cuando se
hizo la declaración del diálogo social de 2008 Comisiones Obreras planteó la crisis y ninguno de los interlocutores de la Administración ni de la CEOE quisieron reconocer que estábamos en crisis. En noviembre de 2007 Comisiones Obreras presentó un
documento sobre el modelo productivo de este país en donde algunas de las cuestiones que luego se han planteado, de las necesidades de cambio del modelo productivo, de reforzar la red de protección social, del I+D+i, venían recogidas ahí. Se hacía
un análisis en profundidad desde principios del 2000, no del tiempo que estamos ahora. Si entramos en cuestiones, podemos decir que el director del Fondo Monetario Internacional, tres o cuatro meses antes de que la crisis financiera internacional
estallara, afirmaba que no iba a haber ninguna crisis económica internacional, y que gozaba de buena salud. (La señora Arnaiz García: Era Rodrigo Rato, ¿no?) Era el señor Rodrigo Rato, como decía la señora diputada. En estas cuestiones mejor
conocer todo y no sacar datos de unos contra otros, porque la hemeroteca está para todos.



Yo lamento que S.S., no haya oído la voz en exceso de Comisiones Obreras, pero debemos vivir en otro país, porque el rosario de movilizaciones convocadas por Comisiones Obreras y UGT en toda la geografía del Estado español con las últimas
movilizaciones el 19 de abril en Madrid, el 1 y el 15 de mayo en la euromanifestación, el movimiento sindical planteaba claramente cuáles debían ser las propuestas que hacía el movimiento sindical en esta situación de crisis.



Hay una cuestión que para Comisiones Obreras va a quedar bastante clara y es que no somos la infantería de nadie. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Como no somos la infantería de nadie, también en estos meses nunca habíamos
oído a tantos empresarios pedir la convocatoria de huelga general. (Risas.) Son cuestiones que nos hacen reflexionar sobre estos temas. Claro que en el documento planteamos prestaciones por desempleo ligadas a formación, a empleo y estoy casi
seguro de que antes de que finalice el mes de julio algunas de estas cuestiones van a estar por ahí. Prestaciones por desempleos a personas paradas ligadas a itinerarios de formación y a itinerarios de salidas alternativas al empleo. En esas
cuestiones podemos plantear la situación real, la crisis financiera internacional, la situación propia de la economía española, que tiene que ver más con el patrón de crecimiento, un patrón de crecimiento obsoleto y, como he dicho en mi
intervención, con ventajas competitivas que ya están exhaustas, que no vienen de ahora, de los últimos años, vienen ya desde hace bastantes años y que siempre se han querido combatir con cuestiones que poco tienen que ver con las necesidades reales
para enfrentar la crisis. Porque en la crisis, desde el punto de vista de los sindicatos, nos jugamos una cuestión, quién la paga y cuáles son las mejores condiciones para salir de ella. En esa situación Comisiones Obreras junto a UGT hemos
descrito estas medidas que S.S. ha leído.



Respecto al anterior secretario general, no sé lo que diría sobre Garoña.
Seguramente sería su posición personal, sobre la tecnología nuclear, la posición del sindicato se debate, se aprueba y se discute en los congresos y sobre este tema
hay posición. Ayer mismo venía la posición de este sindicato sobre el tema de Garoña, de su federación de industria y de su confederación, y está en algunos medios de comunicación. El problema de Garoña en estos momentos, aquí y ahora, no es tanto
el tema nuclear sino el buscar una salida alternativa y un pacto entre todos los interlocutores sociales a la situación de empleo de cohesión social y de cohesión territorial que se puede dar en esa zona, porque no es tanto cuantitativamente el
empleo que da por sí la central de Garoña, sino el empleo alrededor de las industrias auxiliares y la desertización que está habiendo con cierres de empresa en esa zona de otros sectores. Estamos muy preocupados por la situación y por eso queremos
que pase aquí lo que no pasó en Zorita. Ayer un medio de comunicación se refería a las consecuencias de no haber hecho un acuerdo institucional que resolviera el tema del empleo y la cohesión social y territorial en la zona.



Cuando en ese documento conjunto hablamos de la necesidad de un modelo energético, nos referimos a que se planteen cuáles son las tecnologías del conjunto de ese modelo energético, que sea un modelo energético que sirva para que este país
sea el país europeo con menos coste en la energía, no como ahora, o que los costes de la energía no vayan a beneficios de las grandes empresas y beneficien al conjunto de los ciudadanos y del empleo. Claro que es necesario un modelo energético,
porque sin modelo energético claro se pueden realizar escasas políticas industriales.



Respecto a las cuestiones por las que nos preguntan en la declaración que se hizo en el 2009, es cierto lo que se decía: que por primera vez en el diálogo social se incorporaba el que se pudiera hablar de políticas económicas y sociales,
pero también Comisiones Obreras y UGT hemos afirmado en las mesas del diálogo social


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que esa cosa que se llama diálogo social reforzado no vale, porque no se trata de hablar sino de negociar, porque los sindicatos no estamos para escuchar o para que se nos consulte, sino que se tienen que acordar políticas que nos permitan
sentar las bases para un nuevo modelo o un nuevo patrón de crecimiento. Y esas son todas las políticas que están dentro de ese diálogo social reforzado.



Es cierto que en el último Consejo de Ministros se aprobaron esos 16.848 millones de euros, pero ese fue uno de los acuerdos de este decreto que hoy traemos aquí, y un compromiso de las partes que estábamos allá, para que ninguna de las
personas que pudiera no tener prestación o caer en situaciones de exclusión, pudiera ser abandonado por el Estado, porque las prestaciones por desempleo también juegan un papel anticíclico en las crisis. Nosotros pensamos que el diálogo social es
estratégico para enfrentar la crisis, para defender el empleo, para plantear salidas, pero el diálogo social es estratégico si sirve, si es un diálogo social devaluado no es estratégico. Podremos ponerle los adjetivos que queramos pero el
movimiento se demuestra andando y tendrán que ser los frutos de ese diálogo social los que realmente lo puedan convertir en una estrategia que nos permita enfrentar la crisis y estar preparados para salir de ella en una situación más competitiva de
la economía española.



¿Cómo pueden arrimar el hombro las comunidades autónomas? También se ha planteado en ese documento conjunto de Comisiones y UGT en el sentido de que se necesita realizar con el Gobierno Central y creo, los presidentes de las comunidades
autónomas y los interlocutores sociales una concertación en la que evitemos repeticiones o busquemos la complementariedad en la situación de la prestación contributiva, de la renta activa de inserción, pero también en los salarios mínimos de
inserción que hay en algunas comunidades. En este sentido, aun con dificultades, hay que buscar un mínimo común denominador para evitar precisamente esto de que en función del sitio que se sea, se tenga más salario mínimo o menos salario mínimo,
inserción. Por eso consideramos que es importante en el tema de las prestaciones, pero es importante en el tema de las políticas sanitarias, de las políticas de educación, de las políticas energéticas o de las políticas industriales que hoy están
transferidas en su mayor parte a los gobiernos autonómicos. Por eso es necesaria esta coordinación.



Para poner en marcha todas estas medidas urgentes son trascendentales dos cuestiones que también hemos planteado en este texto, una regulación y transparencia del sistema financiero. Ayer dijeron Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo: No
aceptaremos cuotas participativas en las cajas de ahorros, sabemos dónde empieza eso y dónde puede acabar, por tanto estaremos. Pensamos que si hay intervención pública y fondos de recapitalización tendrá que haber compromisos claros sobre empleo,
compromisos claros de participación y compromisos claros de seguimiento.
El dinero no se puede regalar, igual que si a los trabajadores se nos exigen una serie de cuestiones, creo que a las entidades financieras hay que exigirles otras, y a lo
mejor haría bien el señor gobernador del Banco de España en dedicarse a esos menesteres y no pontificar sobre lo que no sabe o le queda muy lejos. Porque si alguien está abajo y bajo del todo son los trabajadores, que tenemos los salarios muy
bajos.
Posiblemente algunos de los que pontifican sobre el contrato único o el mercado de trabajo tienen contrato blindado e incluso algunos de ellos salarios muy por encima de lo que son las necesidades que tendría que haber. Haría falta otra
cuestión que también planteamos, y es que hace falta darle una sacudida a la política fiscal, que hay que recuperar el impuesto sobre el patrimonio, que hay que recuperar el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, porque no es posible
hacer políticas sociales ni políticas activas de empleo, ni políticas de una sanidad universal, ni una política educativa como la que se plantea aquí esta tarde si no hay una política fiscal correcta que sustente esa situación. Mal se puede reducir
impuestos y permitir un gasto social, o hay dinero o no habrá gasto social. Y en este sentido están también las propuestas de los sindicatos de plantear esta cuestión.



Sobre cómo valoramos la reposición de las prestaciones en los ERES le digo que las valoramos positivas con las enmiendas que planteamos en cuanto a cómo tiene que ser el funcionamiento en la reposición de las prestaciones, pero en empresas
que en estos momentos, desde octubre para acá, sobre todo en el sector de automoción, han sufrido esta situación se valoran positivamente. Tenemos que evitar planteamientos como el de la famosa vulgarmente llamada mochila, que pensamos que habría
que darle una vuelta y mejorarla, u otras cuestiones como lo que hemos planteado con el tema del contrato a tiempo parcial. En este país también hemos hecho las experiencias. Con bonificaciones no se crea empleo, con bonificaciones se enriquecen
unos y cuando acaban las bonificaciones aumenta el desempleo.



No fue el señor Lacasa -seguramente aquí fue el señor Lacasa- el que planteara la reforma de la estructura de la negociación colectiva, han sido los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, ante la cerrazón de no querer negociar el acuerdo
interconfederal de negociación colectiva, que al cabo de la calle casi ha sido igual en el sentido de que la gente de los distintos sectores industriales y de las fábricas está consiguiendo los mismos incrementos salariales que habíamos planteado
los sindicatos, incluso por encima de este tema; hemos sido los sindicatos, porque en una salida a la crisis de este país hay que hablar de una vez de la reforma de la estructura de la negociación colectiva. En concreto sobre todo para un tema del
que les gusta hablar mucho pero del que solo dicen una parte, el mal llamado tema de la flexiseguridad.



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Yo quiero flexiseguridad interna, con participación sindical, y no me basta comparar Dinamarca, Austria u Holanda con este país cuando se habla de flexiseguridad. Con los ojos cerrados, los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, firmamos
ahora mismo la legislación laboral, la protección social y la presión fiscal que hay en Dinamarca y Austria. El señor Lacasa no dice esto, dice solo una parte. El señor Díaz Ferrán también dice solo una parte. Por tanto, creo que en estos temas
es importante que se pueda conseguir un acuerdo, una declaración en la que los interlocutores sociales se emplacen a una negociación colectiva que signifique tener más empresas, más empleo, de más calidad y más competitividad.



¿Qué otras medidas propondríamos? Pues nosotros propondríamos que hay que ampliar la cobertura contributiva en el desempleo, que hay que ampliar las rentas activas de inserción y eliminar algunos requisitos, que hay que adelantar todo lo
que tiene que ver con equipamientos públicos, sanidad, enseñanza, que hay que poner en marcha de una vez por todas el cuarto pilar del Estado de bienestar, la Ley de Dependencia y evitar que se abra a situaciones de precarización del mercado y de
precarización del empleo en este sector, que hay que alentar un pacto educativo, como ha dicho el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en el que sepamos ligar formación profesional, formación para el empleo con la universidad, con el sistema
educativo sobre todo para evitar que exista abandono escolar, que exista esa situación de fracaso o que las universidades sean fábricas de parados y paradas. Creemos que se puede plantear. Hemos ganado la batalla de la generalización de la
educación en estos años, ahora toca ganar la batalla de la calidad en estas cuestiones. Este es un proyecto que han negociado los sindicatos y está para los trabajadores por cuenta ajena. No creo que en este proyecto de ley tengamos que hablar del
tema de los trabajadores autónomos. En el tema de los trabajadores autónomos, por lo que decía S.S. doña Carmen, tendríamos que diferenciar los trabajadores autónomos de verdad de los autónomos que son empresarios, o una cosa u otra, las dos no, y
hay una mesa de negociación, hay un grupo en el diálogo social que trabaja sobre todos estos temas.



Creo haber respondido todas las cuestiones, agradezco sus preguntas y su atención y que nos hayan dejado comparecer en esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Górriz, por su visita, por su comparecencia y por las aportaciones que ha hecho a la Comisión, en nombre de todos los grupos, y sabe usted que nos tiene a su disposición en la Comisión de Trabajo.



Suspendemos la sesión durante dos minutos para despedir al señor Górriz y recibir al representante de la Unión General de Trabajadores. Dos minutos. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (FERRER SAIS). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. (Número de expediente 219/000281.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos la sesión de hoy de la Comisión con la comparecencia de don Antonio Ferrer Sais, secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores. Don Antonio, Toni para los
amigos que te conocemos hace muchísimos años, y se me permite la confianza, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta petición de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, y tiene usted la palabra cuando lo desee.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Ferrer Sais): En primer lugar agradezco la amable invitación a participar en la Comisión de Trabajo e Inmigración con motivo del proyecto de ley de medidas
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.



Para fijar nuestra posición y que sea más comprensible, me permitirán tres cuestiones previas, una de las cuales es situar el valor y la importancia del diálogo social. En nuestro país, es conocido y no siempre reconocido, si se me permite
decirlo, el valor que han tenido el diálogo social y la concertación, es decir, prácticamente es una seña de identidad desde el advenimiento de la democracia y a partir de la promulgación de nuestra Carta Magna el papel que ha desarrollado el
diálogo social, diálogo social autónomo de los interlocutores sociales o diálogo social tripartito. Se podría afirmar sin exageración que en todas las legislaturas de una u otra manera se han producido procesos de diálogo social. Evidentemente,
han sido procesos que han estado claramente condicionados por la situación política, por la situación económica, por la situación social. Esos procesos, más allá del propio valor que da nuestra Carta Magna, la Constitución, al papel de los
interlocutores sociales, han tenido una característica, y es que han venido guiados por el valor y la consideración que los poderes públicos han depositado en el diálogo social, en lo bueno y en lo mano, es decir, en un periodo ese valor ha
producido que propiciara acuerdos y en otros momentos, desafortunadamente, ha producido desacuerdos, pero desacuerdos que a su vez han servido para retomar el diálogo social, que es otra de las características. Hasta en los momentos más álgidos de
confrontación social en nuestro país se ha derivado un proceso de diálogo social, es decir, todas las huelgas generales se han saldado en la administración de un diálogo social. Cuando observamos nuestros países vecinos y por lo menos para nosotros
cuando lo explicamos a nuestros socios europeos y fundamentalmente con los compromisos que tenemos con nuestros socios


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latinoamericanos, a veces no acaban de entender cómo pasamos de la confrontación al diálogo. Quizás haya que conocer nuestras señas de identidad, y es que somos sindicatos, como en el caso de la UGT, que apuestan por la negociación y a su
vez por la movilización para producir la negociación.



Por abreviar, sacaré dos conclusiones de estos procesos. La primera es que el grado de diálogo, el grado de consenso que se ha producido y las materias que han derivado, sean materias que tuvieran transposición normativa o transposición, ya
por ser más concretos por la sede en la que estamos, en la sede parlamentaria, legislativa. Si han venido de un proceso de acuerdos son materias que se han demostrado eficaces y útiles.
Cuando las materias no han venido de un proceso de acuerdo,
aunque fuera incluso con acuerdos parciales, cuando ha habido desacuerdo, aunque fuera solo con alguno de los interlocutores, se han demostrado complejas de aplicar y generadoras de dificultades, yo me atrevería a decir que en algunos casos se han
manifestado hasta ineficaces. No voy a poner ejemplos. Nuestro pasado, y no por irnos a los orígenes que he situado sino a nuestro pasado reciente, tiene ejemplos de ambas situaciones, y me centraría más en el pasado más reciente, es decir, el que
se origina a partir de la declaración de diálogo social que suscribíamos en el año 2004 las organizaciones empresariales CEOE-Cepyme, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT y el Gobierno de la nación en la que nos planteábamos un
triple objetivo: mejorar la competitividad de nuestra economía, mejorar y fomentar el empleo estable y reforzar la cohesión social, evidentemente en un periodo de crecimiento económico y de creación de empleo. Fue un proceso que de todos es
conocido que ha dado resultados importantes desde el punto de vista cualitativo. Yo resaltaré, en función de lo que ocupa en la tramitación parlamentaria este proyecto de ley, los resultados que se alcanzaron en el acuerdo de mejora de crecimiento
en el empleo y a su vez la directa relación que tiene con la Ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nosotros entendemos que hablar del mercado de trabajo sin tener una posición central el papel y la situación de las mujeres es
un olvido que nos lleva a veces, cuando hablamos de segmentación o cuando hablamos de dualidad en el mercado de trabajo, a hacer un reduccionismo en ese terreno.



El acuerdo de mejora de crecimiento de empleo tiene como finalidad fomentar un equilibrio entre la norma y la consagración del diálogo social, la cooperación entre las partes interesadas, entre las organizaciones empresariales y sindicales,
entre empresarios y trabajadores; plantea como un elemento prioritario y central fomentar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad. Quiero llamarles la atención, especialmente por los debates actuales, sobre que es la primera vez que
en nuestra legislación, dentro de un sistema de contratación que los distintos autores denominan como sistema de contratación que obedece a causa, causal, se establece un límite temporal para evitar los encadenamientos. Es fruto de ese acuerdo y
está en estos momentos. Hay mejoras en la protección social y un tema que se olvida, que son mejoras en la competitividad de las empresas vía reducción de costes. No más lejos de julio del año pasado se redujo la cotización a la Seguridad Social
en la contingencia de desempleo y de Fondo de Garantía Salarial en ese terreno. Y todo ello enmarcado dentro de un objetivo, que aparentemente ahora parece novedoso pero que les quiero recordar que ya aparecía en el acuerdo para la mejora de
crecimiento de empleo, que es cambiar el modelo productivo. El acuerdo produjo resultados. No les voy a cansar con datos, sino simplemente plantearles que en el momento del acuerdo en el año 2006 la tasa de temporalidad a nivel de Estado estaba en
el 34 por ciento y al 31 de diciembre del año 2007 bajó al 31,6, la cuota más baja de temporalidad de la serie histórica. Me voy a detener en el año 2007 porque creo que todas y todos ustedes convendrán que analizar el año 2008 y el año 2009 sería
no ya una osadía por mi parte sino más bien estraperlo intelectual al quererlo asociar al acuerdo, es decir, estaríamos hablando de la recesión económica y de la destrucción de empleo. Pero quiero centrar ese periodo, esos prácticamente dieciocho
meses, porque a la vez apareció entonces un nuevo proceso de conversión de contratos temporales en indefinidos, y demostró su eficacia en ese terreno. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo una referencia, está en vigor. ¿Qué es lo que hemos
hecho esta legislatura? Volvimos a suscribir una declaración, el próximo día 29 de julio se cumple un año, con un triple objetivo de impulso de la economía y el empleo y el progreso social. ¿Qué características tiene este acuerdo? Diametralmente
opuestas a las del año 2004. El año 2004 teníamos viento a favor, seguíamos siendo líderes en la creación de empleo, y a partir de la última parte del año 2007 y concretamente ya en 2008 hemos pasado a lo contrario, a ser líderes en la destrucción
de empleo y, siguiendo con el ejemplo ciclista, tenemos no ya viento de cara sino un huracán encima. Por lo tanto, esta es una de las primeras dificultades que tiene el diálogo social en este periodo. Con esa declaración pretendimos hacer una
triple orientación o un triple compromiso. Uno es establecer un diagnóstico compartido, con las dificultades que eso tiene, es decir, creo que es difícil hoy en día encontrar entre los autores y la opinión pública un diagnóstico sobre la naturaleza
de la crisis internacional y de la crisis nacional. Quiero llamarles la atención sobre el hecho de que es el primer documento que suscribía el Gobierno de la nación en el que aparecía la palabra crisis.
Es un aspecto que no menciono por recordar
una cuestión que puede parecer más o menos anecdótica, sino porque el diagnóstico ya apuntaba que estaba directamente ubicado en una crisis que, por situar dos elementos, se caracteriza por el carácter internacional, sistémico y fundamentalmente en
el sector financiero y el elemento del agotamiento


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de nuestro modelo de crecimiento en nuestro país. Como no podía ser de otra manera, el segundo de los pilares u orientaciones es qué hacer, es decir, hacer el diagnóstico tiene dificultad pero también hay que plantear qué hacer. En primer
lugar había que actuar en materia de reactivación de la economía, de impulso y protección al empleo, a través de garantizar la cobertura social, y resolver lo que en aquel momento se nos representaba como un problema de los mayores que nos estábamos
encontrando en el tejido productivo, que era la falta de liquidez hacia las empresas, hacia las familias y hacia los autónomos. En aquel momento nuestra agencia pública de crédito no tenía líneas de crédito para liquidez. Las líneas de crédito que
existían, como conocen ustedes mejor que yo, estaban destinadas a la inversión, no a dotar de liquidez, y fruto del debate se empiezan a establecer esas líneas de crédito.



En cuanto a orientar el diálogo social, no descubro nada si digo que el diálogo social se preveía como una parte de continuidad de la derivada del proceso 2004-2008, gran parte de las normas están en vigor: el acuerdo de mejora de
crecimiento del empleo que les he mencionado, el acuerdo de medidas sobre la Seguridad Social, el desarrollo de la Ley Orgánica de Igualdad, etcétera. Por otro lado había un elemento novedoso en la medida que veíamos que para el diagnóstico, junto
con las medidas en el corto, había que actuar en la perspectiva de un nuevo patrón de crecimiento, y es lo que en la declaración se da en llamar el diálogo social reforzado, abordar las políticas industriales, en materia energética o
infraestructuras o políticas de vivienda, sanitarias, en ese terreno. Sobre estos dos pivotes se ha intentado organizar el proceso de diálogo, y junto con las dificultades objetivas no creo que descubriré nada si les digo que han aparecido
dificultades subjetivas, sobre las que evidentemente todos tenemos responsabilidad, que han sido debidas a que frente a la coincidencia de objetivos que mantuvimos las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales en anteriores
procesos, en este ha aparecido una figura familiar, un divorcio en ese tipo de actuaciones. Evidentemente, tomaré posición de parte, ya que las organizaciones han tenido oportunidad anterior, y les diré dónde yo creo que está ese divorcio de
objetivos.



En primer lugar, no ha habido una identidad hacia donde se pretende actuar. Si en la declaración se sitúa que el origen de la crisis no es de carácter laboral, y por eso si ustedes examinan la declaración verán que no se plantea ninguna
medida con carácter urgente, de carácter laboral, si quieren residenciar las actuaciones en el corto plazo con medidas laborales, además sobre lo que desafortunadamente somos el país que también somos líderes. Si contamos las reformas que se han
adoptado desde marzo del año 1980 cuando se promulgó el Estatuto de los Trabajadores, yo lo sintetizo en siete, son realmente quince, las que han tenido una cierta entidad. Básicamente todas han estado orientadas en la misma dirección de la
regulación laboral, en la denominada flexibilidad externa, la entrada y la salida. O realmente somos un país en que todos hacemos muy mal nuestro trabajo o es que el problema no está en la regulación laboral, es decir, es una duda metodológica.
Hoy mismo, nuestro secretario general, que venía de un encuentro con empresarios, expresaba su insatisfacción sobre el trabajo en ese terreno, es decir, nunca podemos estar satisfechos pero se han hecho esas reformas. Por lo tanto, persistir, como
las organizaciones empresariales en el corto han planteado, en la flexibilidad interna en desregular la contratación y desregular el despido nos parece un error y es parte de las dificultades.
A la vez apareció otro problema, es decir, nuestros
servicios públicos estaban preparados, y además todo el mundo conveníamos que con deficiencias, para atender un paro. Aun cuando hemos creado 8,5 millones de empleos en todo el periodo anterior de crecimiento, nunca hemos bajado de
1.700.000/1.800.000, y nuestros servicios públicos de empleo estaban preparados para atender a esos parados. Por eso, en el acuerdo de mejora del crecimiento del empleo se planteaba como un objetivo el reforzamiento y la mejora de las dotaciones de
los servicios públicos.



Cuando eso no se ha hecho, plantear la entrada de operadores de agencias privadas con ánimo de lucro nos parece bastante preocupante; nos parece que lo que se plantea es renunciar ya a que haya servicios públicos de empleo que puedan
generar atención, orientación, ofrecer alternativas de formación, y cubrir esos déficits con la actuación privada. Por lo tanto no sé si seré capaz de transmitirlo -y espero que sean comprensivos conmigo- pero no hay un rechazo ideológico, hay una
cuestión puramente de interés general. Estamos hablando no de literatura, no de ideología sino de aritmética; una simple operación: poner en el numerador el número de parados y en el denominador el número de empleados públicos que se dedican a la
atención, y veremos de qué estamos hablando. Por eso cuando se nos plantea decimos que no es el momento; no estamos cerrando ninguna puerta a la discusión que está prevista sobre el papel de los distintos actores en la intermediación, sino que nos
estamos planteando en qué momento y en qué circunstancia. Y para plantear entre otras cuestiones una rebaja de cotizaciones, en primer lugar, hay que ver cuál es el resultado en esta sede parlamentaria del Pacto de Toledo, y en función del Pacto de
Toledo ver qué ocurre.



Luego tenemos una cuestión que quizá es subjetiva, y también por eso he querido calificar las dificultades subjetivas. Nosotros estamos abiertos a debatirlo y a que nos convenzan de lo contrario, lo que no quiere decir que no tengamos
firmeza, estamos dispuestos a debatir todo lo que haga falta, pero estamos abiertos a aprender. ¿Que el problema de nuestro sistema productivo no es un problema de costes? Tenemos ventajas competitivas de costes con nuestros socios, que es donde
van mayoritariamente nuestra producción y nuestras exportaciones. Los problemas que tenemos


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son de productividad, y por lo tanto rebajando las cotizaciones no se va a mejorar la productividad. Ese es el problema central y real.



Ahí están las dificultades; como pueden ver esto ha generado una situación en este período anterior de bastante alejamiento en las posiciones; no asumimos, porque no es así, que se quiera decir que nuestro sistema de relaciones laborales o
nuestro mercado de trabajo es rígido, el mismo sistema ha producido 8,5 millones de empleos, como he citado antes, en el período de crecimiento, y es el mismo que ha destruido un millón de empleos en lo que va de año en ese terreno. En ese periodo
es cuando hemos tenido que abordar, por ir aterrizando ya sobre el tema, la discusión del real decreto-ley del mes de marzo. No es el mejor de los climas y cualquiera de ustedes que participa en procesos de negociación sabe que la clave fundamental
para cualquier negociación es la confianza, y si no se da la confianza no existe la condición necesaria. La otra parte es la condición suficiente, que son los contenidos, pero no los hemos encontrado, y eso en qué se ha traducido. En primer lugar
no se ha producido una verdadera negociación, la propia organización empresarial no quiso negociar, y quiero matizar esto, no es que no acudiera a las mesas de negociación, no es que no hiciera propuestas, que las ha hecho.
Quiso darle naturaleza
consultiva; eso en el diálogo social tiene dos resultados distintos: cuando negociamos -en nuestro lenguaje- nos dejamos plumas, y cuando se nos consulta simplemente escuchamos al que propone y hacemos observaciones. Este es un dato importante y
eso es lo que ha llevado, primero, a que no estemos ante un decreto-ley resultado de un acuerdo del diálogo social, plantear eso sería falsear la realidad, y evidentemente estamos ante una serie de medidas que a nuestro entender son escasas y
limitadas, son insuficientes ante la gravedad de la crisis; cualquiera que pretenda examinar el decreto-ley y comparar con la destrucción de empleo dirá que esto se queda corto, pero las razones por lo menos yo estoy intentando explicarlas.



De las medidas que se han tomado a nuestro entender una parte importante tiene una dirección correcta, insisto en la idea de que son claramente insuficientes, y luego hay un aspecto que a nuestro entender hace que el decreto-ley tenga un
carácter relativizable, que es el carácter temporal y que está sometido a evaluación por los propios interlocutores, lo cual permitiría hacer correcciones sobre el mismo. Y quizá la cuarta cuestión, en la medida en que el diálogo social
afortunadamente continúa vivo, sería poder resolver esa falta de potencia de las medidas a través del diálogo social, y por lo tanto la afirmación que he hecho de insuficiencia poderla transformar en ese terreno.



Ya sobre aspectos concretos que a nuestro entender son mejorables en la medida en que ustedes los distintos grupos lo estimen, me ceñiré a algunas de las cuestiones más importantes, y no sé si luego ya cuando ustedes quieran preguntar podré
matizar. Nosotros vemos tres cuestiones que son mejorables, y sobre todo para dar seguridad jurídica al propio decreto-ley. La primera es respecto a la bonificación en la cotización empresarial a al Seguridad Social en los supuestos de ERE;
aparece un término jurídico que es más que preocupante, por no decir de falta de rigor, que es cuando se intenta trasladar de la Ley 43/2006, del acuerdo de mejora de crecimiento del empleo, que allí hace referencia a que no se tenga en cuenta a
efectos de las bonificaciones la pérdida de empleo por el reconocimiento de despido improcedente, cuando se refiere al reconocimiento del despido procedente. Realmente es una cuestión que, por lo menos a mí, se nos presenta como un verdadero
dislate; es uno de los temas que habría que corregir. Y a su vez habría que incorporar las mismas cautelas que recoge la Ley 43 para el conjunto de bonificaciones.



La segunda de las cuestiones que quisiéramos resaltar ante el eventual o posible tratamiento por ustedes sería respecto a las bonificaciones por contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo. Aquí me
gustaría ser lo más claro y preciso; esta es una medida que no nos gusta nada, nosotros la rechazamos. Creemos que aquí se ha pretendido con buena intención resolver un problema coyuntural, pero que pone en cuestión el conjunto del programa de
fomento de la contratación indefinida, e intentaré justificar el porqué. En primer lugar dejaría en una posición de agravio comparativo -prefiero no utilizar un término jurídico- a los distintos grupos a efectos de tener la misma oportunidad de ser
contratados; nadie paga precio caro por algo que tiene un precio más barato, es decir, el mercado de trabajo funciona de esta forma tan elemental. Por eso creemos que este es un tema que hay que reconsiderar, y de hecho en el proceso de
elaboración nosotros planteamos que lo que había que hacer era revisar el conjunto del programa, por dos razones claras: el programa está diseñado en el acuerdo de mejora de crecimiento del empleo en el 2006, como he dicho en una etapa de
crecimiento y creación de empleo, y tenemos un programa en una etapa de recesión, donde lo primero que habría que apuntalar sería el mantenimiento del empleo y el estímulo; no sé si esta idea se podría tener en cuenta. A su vez quizá adolece,
igual que he referenciado anteriormente con las bonificaciones empresariales, de las cautelas que tiene el programa de fomento de la contratación indefinida a la hora de percibir el empresario estas bonificaciones; me estoy refiriendo a lo que he
dicho antes: el que no haya despido colectivo, el que no se hayan producido despidos improcedentes, etcétera. Se me podrá decir que si, en un periodo de despidos pones esa cautela no se va a contratar; se nos hace difícil creer que una misma
empresa que hace un expediente de extinción esté contratando por otro lado, y a su vez estemos bonificando para que no haga expedientes de extinción, es decir, creo que es una cautela que por lo menos habría que tener.



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La última de las cuestiones es puramente de clarificación, respecto al impulso de la contratación a tiempo parcial. Si bien la exposición de motivos del decreto-ley deja claro que los estímulos son para la contratación indefinida, en la
regulación sustantiva aparece una cierta confusión: no se sabe muy bien si se quiere estimular la contratación indefinida y la temporal; no quiero llevarles a ustedes a ninguna confusión, no me estoy refiriendo a la contratación a tiempo parcial
temporal, que está establecida para las personas con discapacidad, centros especiales, no me estoy refiriendo a eso; me estoy refiriendo a la contratación ordinaria a tiempo parcial. Parecería un sinsentido que mientras todo el programa de fomento
está orientado a la contratación indefinida, aquí se quisiera hacer lo contrario. Simplemente pedimos que se clarifique.



Estas son las tres cuestiones. Podríamos plantear mucho más, pero ese ya es un trabajo que evidentemente corresponde al Parlamento y sobre el que somos respetuosos.



Me permitirán resaltar, antes de concluir, tres ideas. Nosotros entendemos que esta es una oportunidad para la tramitación, en la medida en que, por definición, este es un proyecto de ley de carácter urgente, así se define, para mejorar,
para poder precisar, pero evidentemente desde el pleno respeto a la soberanía del Parlamento, a la soberanía popular quiero hacerles ver que nos preocuparía si alguien tuviera la tentación de utilizar el trámite del proyecto de ley para hacer una
reforma laboral. Desafortunadamente en nuestro país, cuando se habla de reforma laboral ya todo el mundo entiende dos cosas: desregular la contratación y el despido; nadie piensa en si estamos hablando de flexibilidad interna o de organización
del trabajo. Por lo menos con todo el respeto quisiera plantearles que, si es posible, intenten evitar esto porque realmente cegaría las posibilidades de ese valor estratégico, y sobre todo esa aportación al interés general que ha tenido el diálogo
social. Creemos que el diálogo social se puede recuperar en ese terreno. Hay una última cuestión. Es una etapa muy difícil para todos, en primer lugar evidentemente para las personas que pierden el empleo, pero también es muy difícil para los
sindicatos. A veces cuando hacemos estas afirmaciones que acabo de decir hace unos segundos se nos imputa inmovilismo: ustedes no quieren reformar nada, ustedes prefieren que las cosas se queden como están, o sea, ver a las personas que pierden el
empleo y ver a las personas, sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes, en situación temporal. Nosotros en el proceso de diálogo social que hemos conseguido recuperar después -precisamente ahora estamos inmersos en un proceso de diálogo social- nos
hemos planteado un objetivo; yo no sé si seremos capaces de alcanzar, antes de finalizar julio, elementos concretos y sobre todo útiles, pero hemos planteado la necesidad de reformar nuestro sistema de negociación colectiva, o sea, las reglas y el
sistema de negociación colectiva; pero más allá de la reflexión jurídica que puede suponer cómo se vertebra, cómo se articula la negociación colectiva; a qué niveles se le atribuyen competencias, a mí me gustaría resaltar tres ideas básicas. Lo
que pretendemos es que la negociación colectiva sea un instrumento potente sobre el que se asiente un cambio en nuestro patrón de crecimiento; no se puede hablar de cambio de modelo productivo si no modernizamos nuestras instituciones laborales, en
este caso desde la autonomía colectiva, sin un debate y una negociación bilateral entre la patronal y los sindicatos. En esto me permitirán que sea muy celoso; hemos tenido confrontaciones con gobiernos de todo color que han intentado regular la
negociación colectiva.



La segunda de las cuestiones, se refiere a que lo que entendemos que puede ser bueno para trabajadores y empresas es trabajar sobre la flexibilidad interna, frente a la gran demanda que hay ahora de reducir derechos a través de la
flexibilidad externa. ¿A qué me refiero? Ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo: a atender los problemas reales que existen, de organización del trabajo, de distribución de la jornada, de movilidad funcional y geográfica, de carreras
profesionales, de formación. Y la tercera cuestión es que esta reforma de la negociación colectiva esté vinculada, como decía, a la introducción de innovación en las empresas, a mejorar los sistemas de formación de manera que la resultante sea un
empleo más estable y más productivo, y por lo tanto la búsqueda de la competitividad de las empresas. Esto es lo que hemos planteado; no sé si es suficientemente explícito para ver que nuestra voluntad no es dejar las cosas como están, porque como
están no nos gusta. Pretendemos producir cambios pero nuestra experiencia si vale para algo es que los cambios que son útiles son los cambios que salen desde dentro, no los que nos publican de una manera fácil de vez en cuando en el Boletín Oficial
del Estado.



El señor PRESIDENTE: Y en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Concepción Bravo.



La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor Ferrer, muchas gracias por su presencia aquí hoy. La verdad es que creo que ha sido muy didáctico, claro, no ha sido además demasiado largo ni prolijo, y como le estábamos esperando hace tiempo, no está el
portavoz de esta Comisión, me toca a mí llevar esta comparecencia, pido disculpas en su nombre, yo no sé si algún compañero mío de algún otro grupo no le apetece debatir con una mujer, le voy a tocar un poco la fibra machista, y así ya empezamos
bien. Creo que no, porque ya se está enfadando. Únicamente quiero disculpar la presencia del portavoz, y como le digo yo estoy encantada de hablar con usted, porque además yo no tenía pensado empezar por el tema del diálogo social, pero sí que
usted ha empezado por ahí en su intervención, y era una pregunta que yo sí que tenía.Si le quería presentar en qué momento está el diálogo social hoy. Usted lo ha ido diciendo, poniéndole unas


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veces un sustantivo y otras veces un objetivo; usted ha hablado de un huracán, ha dicho que el diálogo social está vivo; también en la comparecencia anterior el responsable de Comisiones ha dicho que a finales de julio habrá resultados, y
ya lo vamos viendo por la prensa, sabemos que algo hay, ya se le había adelantado, y sobre todo acaba de decir que de ese diálogo social una de las cosas que más les interesa es la reforma de la negociación colectiva. Yo creo que es muy importante
que ese diálogo social se mantenga, creo que además el diálogo es el valor de la democracia, yo creo que estamos aquí, estamos ahora solamente políticos, sindicatos, prensa también, y si todos estamos aquí en este momento es porque creemos en el
diálogo, en unos casos un tipo de diálogo, en otros casos en el diálogo. Esa sería una primera reflexión, ya me ha dicho en qué momento encuentra usted que está el diálogo, y si hay alguna apreciación más que me pueda hacer se la agradecería.



A continuación usted ha hablado también de la crisis. Lógicamente yo quería empezar por ahí, y les voy a decir también a mis adversarios políticos que yo personalmente, aunque sea del Partido Popular, me alegro de que el pasado mes de mayo
estuvieran trabajando 24.000 personas más en este país, aunque haya sido con contratos temporales, aunque haya sido con unos contratos que se van a acabar, pero me alegro profundamente, y ojalá esa cifra que tenemos hoy de 3.620.139 parados se
mejore entre todos, porque yo creo que un país se construye entre todos, no se construye diciendo: yo más o yo menos, o vosotros más y vosotros menos; no, yo creo que en este país la evolución de los últimos treinta años la hemos hecho entre todos
los españoles, gracias a Dios. (El señor Membrado Giner: Gracias a Marx.) Bueno, en mi caso gracias a Dios, entre el trabajo de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, en base a eso que ha dicho usted: que un día aprendimos a ser
demócratas, porque en este país no éramos demócratas, no sabíamos lo que era ese concepto, pero un día lo aprendimos.



Esta mañana el señor presidente del Gobierno, el señor presidente del Gobierno Socialista, con ese optimismo que le caracteriza, nos decía que lo peor de la crisis ya ha pasado, pero ahora está un poco más cauteloso, ahora dice que lo peor
de la crisis ya ha pasado, pero a pesar de todo hay que ser prudentes y cautelosos, y así lo reiteraba también el ministro Corbacho este fin de semana en una entrevista que concedía a ABC, donde iba en la misma línea. Y en la misma línea iba
también el gobernador del Banco de España; no les gusta últimamente nada lo que dice el gobernador del Banco de España. (El señor Membrado Giner: ¡Claro!).
Viene al Pacto de Toledo y prepara una bronca que para qué; vaya donde vaya y ustedes
están diciendo: este señor por qué no se quedará en su casa. Yo algunas mañanas también me digo: por qué no me habré quedado hoy en casa. Bueno, pues eso le debe estar pasando al gobernador del Banco de España. Pero aunque evidentemente hay
indicadores que dicen que la situación empieza a mejorar algo, la verdad es que una de las preocupaciones más importantes de los españoles sigue siendo por desgracia el paro. Las últimas encuestas del CIS del mes de mayo indican que para el 73 por
ciento de la población la mayor preocupación, es el paro dato que a todos los que estamos aquí nos tiene que hacer pensar.



Insisto, es importante que esto se vaya solucionando, que esto vaya empezando a mejorar, pero creo que todavía queda mucho para que esa situación de paro cambie; hablemos de 3.600.000, hablemos de 4.000.000 de parados, usted lo ha dicho,
son personas, son situaciones muy concretas.



Yo creo que sí que es importante abordar una reforma del mercado de trabajo con claridad, con seriedad, y tocando una serie de aspectos muy importantes. Yo me voy a referir sobre todo un poco a la última parte de su intervención, que era
además en la línea que yo la había preparado, no porque yo hubiera leído la comparecencia, sino lógicamente por la trayectoria del sindicato que usted representa en este momento, y por los colectivos con los que ustedes trabajan. Colectivos que a
además, también para esta diputada, son muy representativos y de hecho también el Banco de España vuelve a decirlo; el señor gobernador del Banco de España vuelve a decir, en el informe que presentó ayer: a mí me preocupan esos colectivos que
llamamos más vulnerables; esos colectivos a los que hemos dado un montón de nombres muy eufemísticos; de difícil inserción, vulnerables, usamos montones de palabras para no enfrentarnos a la realidad. Y entre esos colectivos hace unos años
estábamos las mujeres inmersas, estaban los mayores de 45 años, pero hoy también en esos colectivos están los jóvenes, aunque a mí los jóvenes no me preocupan tanto; sí me preocupan los jóvenes que no tienen una cualificación, que los hay, que el
sistema los está produciendo, y es un tema que lo conozco bien porque he trabajado toda la vida con esos alumnos, con ese tipo de escolares. Pero como le digo, no me preocupan esos jóvenes de la formación profesional, que luego hablaré de ella
también, porque esos sí que están cualificados y esos encontrarán trabajo. Me preocupan los otros; pero como le digo me preocupan las mujeres, me preocupan los mayores de 45 años, me preocupa el colectivo de inmigrantes, ese colectivo tan
importante en este momento en España, y que como le digo no solamente es la apreciación de todos nosotros, sino que también el gobernador del Banco de España decía que son los colectivos que más están padeciendo la crisis, y esa es la realidad, esa
es la triste realidad: los que más la están padeciendo y los que más difícil lo tienen para salir de ella.



Usted ha hablado de que están sufriendo los sindicatos, de que están sufriendo los parados, de que están sufriendo los empresarios, pero evidentemente todos esos colectivos tienen una situación muy difícil. Las mujeres y los jóvenes vuelven
a ser los grupos más vulnerables; su secretario general lo recalcaba hace poco en la última comparecencia en el Pacto de Toledo, y decía:


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en la medida en que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas fundamentalmente por las mujeres, ello se traduce en ausencia de servicios y de un marco laboral y social adecuado, en una merma de sus oportunidades para su
promoción profesional, cuando no en el abandono definitivo o temporal del mercado de trabajo. Pero también ustedes lo reconocían en fechas pasadas en la prensa; hoy en día hay colectivos de mujeres que están accediendo al empleo que sea, al empleo
del tipo que sea para ayudar a la economía familiar, porque hay muchas familias todavía tradicionales en este país donde solamente trabajaba el hombre -además en esos colectivos más desfavorecidos- y esas mujeres han accedido al mercado del empleo a
costa de lo que sea.



Ustedes también hablaban de otro colectivo muy importante, y que es nuevo en esta situación de crisis que padecemos, que son los hombres mayores de 45 años. Muchas veces ustedes señalan en sus informes que proceden del sector de la
construcción, hombres que tenían un empleo estable, bien remunerado, y que de repente se encuentran en una situación de paro, y que además son personas con escasa cualificación de nuevo; a mí es lo que más me preocupa: las personas que no tienen
cualificación, porque todo el que tiene cualificación al final discurrirá para encontrar trabajo. Yo creo por encima de todo en la capacidad de los emprendedores de este país, realmente es una capacidad muy importante; hay gente muy innovadora,
muy creativa, y esos saldrán adelante, pero el que no tiene cualificación lo va a tener muy difícil.



Todo este preámbulo sobre estos colectivos más desfavorecidos lo estoy haciendo para llegar al apartado de la formación, que es un apartado del que no hemos hablado hoy absolutamente nada. Ya ven que no me estoy refiriendo a las
bonificaciones, porque además eso lo ha dejado usted muy claro aquí, sino que realmente me interesa ver qué opinan y cómo van a hacer en estos temas. El tema del paro juvenil -ya lo he dicho- está en este momento en una tasa del 36 por ciento pero
esperemos que todos los jóvenes salgan adelante, que toda esta situación mejore y que ellos encuentren empleo de calidad.



Como le digo he identificado un poco estos colectivos de difícil inserción laboral: mujeres, hombres mayores de 45 años, jóvenes, inmigrantes, y esto lo vinculo a la formación. En este país hacemos mucha formación; mi compañera antes ha
hablado del sistema educativo en general. El sistema educativo evidentemente necesita una serie de reformas, hablo desde la infantil hasta arriba, pero lo que a nosotros en este momento, vinculado al tema del empleo, nos interesa sobre todo son
tres grandes aspectos: la formación continua, la formación reglada y la formación ocupacional. De estos tres ámbitos llevamos hablando desde el 92, ya no me acuerdo desde cuando, yo no estaba ni siquiera en política, yo me dedicaba a eso en aquel
momento, lo que llamábamos entonces, la unificación de los tres subsistemas; yo me acuerdo que venía aquí a Madrid, porque no había transferencias todavía educativas, para ver cómo esa formación ocupacional la certificábamos, cómo esa formación
continua la certificábamos, porque la única que tenía su titulación era la formación reglada, la formación que se daba en la formación profesional.



Y como usted también lo menciona en su informe, yo creo que la formación profesional, todo es mejorable, pero hoy en día goza, esa sí que le voy a decir que goza de muy buena salud, y ojalá salgan adelante esos centros integrados que también
tratamos; no me acuerdo ahora qué subsecretario era, era en de la época de Felipe González, pero me acuerdo que fue a Logroño, el centro en el que yo era jefe de estudios, que era un centro de formación profesional, y dijo: esta es la locomotora
de La Rioja, este es el futuro centro integrado (El señor Tabuxo Romero: Y acertó.) Creo que yo estaba embarazada de mi hija, es decir, hace veinte años. La locomotora de La Rioja, que ahora ese mismo centro sí que se va a convertir en un centro
integrado; esperemos que al final de esta legislatura yo tenga en La Rioja un gran centro integrado, que es mi centro de trabajo, y encima yo pueda trabajar en él como Dios manda, porque sí que creo en esa formación profesional. Pero la pregunta
va a la otra, sobre todo a la formación continua. En este país gastamos mucho dinero en la formación continua, y ustedes los sindicatos lo saben muy bien, porque son una parte muy activa en ella, pero mi pregunta es: ¿estamos usando bien ese
dinero? Entre los parados -el tema lo conozco también en profundidad- estamos haciendo muchísima formación, planes regionales, el Plan FID, pero nos encontramos -y yo me remito a mi comunidad porque es la que conozco- muchas veces con que seis o
siete entidades diferentes ofrecen la misma formación, y resulta que además para esa formación en ese momento no hay empleo.



¿Qué es lo que falla? Este además sería un canto para todo el país, para las 17 comunidades autónomas, porque además los planes regionales los diseña cada comunidad autónoma, y entonces habría que ver de verdad, habría que pensar en qué es
lo que el mercado demanda, porque claro, que hay que hacer un cambio está claro, que hay que hacer muchos cambios también, que hay que hacer una formación igual a veces más básica, y dos sugerencias sólo porque además no quiero extenderme en el
tiempo, podría estar hablando de formación diez horas, pero no es el tema. Por ejemplo yo he hablado de un colectivo muy preocupante en este momento, que son los inmigrantes. Les haría falta de momento a determinados colectivos una formación en
español, de entrada, porque le voy a poner además un ejemplo, yo creo que las cosas como mejor se entienden es con ejemplo: colectivo pakistaní en La Rioja; se han dedicado normalmente a la construcción hasta este momento; no les hacía falta
mayormente conocer la lengua, no les hacía falta puesto que en ese sector se han entendido, pero en este momento se empiezan a quedar en el paro, y no pueden acceder ni siquiera a la


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formación, que alguien que creo que lo hace muy bien, como es la Fundación Laboral de la Construcción, que ha elaborado un carné como debe de ser, como tiene que ser, donde cada trabajador va anotando su formación, y con esa formación va a
ir recibiendo sus cualificaciones, y con eso se va a poder ir haciendo. A estos señores, por ejemplo, habría que darles simplemente castellano, no haría falta mucha más formación para ir adaptándolos a otras cosas.



Usted también ha apuntado la movilidad de los trabajadores; es otra cuestión que los españoles no llevan bien; cada uno vive tan a gusto en su región, y si se le dice a alguien que se vaya a Andalucía casi prefiere seguir en el paro,
porque es así; yo lo he visto en el aula, pero lo sigo viviendo también fuera del aula. Le preguntaría también por esos itinerarios de inserción personalizados que aparecen en ese Plan extraordinario de medidas de orientación, de FP y de inserción
laboral.
¿Hemos conseguido con ellos los objetivos que pretendíamos? Se están haciendo; ustedes tienen las acciones Opea, hay muchas asociaciones que tienen acciones Opea; pero se están realizando, pero ¿estamos consiguiendo el objetivo final
que es la inserción laboral de esos colectivos que lo tienen más difícil, que lo tienen mucho más difícil? Esta formación tiene que ir unida a la innovación; toda esta reforma tiene que ir unida a la innovación, es la palabra de moda en este
siglo, en este momento todos hablamos de innovación, además se nos llena la boca, yo hablo de innovación y parece que he quedado de maravilla. Fue algo que nos enseñó Europa, fue algo que el Fondo Social Europeo, si tú presentabas un proyecto que
no era innovador, adiós. Yo llegaba un momento que decía: qué más vamos a innovar, si aquí hay poco más. Pero lo triste es que los indicadores de innovación española en este momento están por debajo de la media comunitaria. España se sitúa en el
vigésimo puesto de los países europeos con mayor potencial innovador, y esto significa estar por debajo de la media de la Unión Europea, está superado por Chipre, indicando un poco más de innovación que Malta y Lituania, por lo tanto es preciso
invertir más en esta palabra mágica que se llama innovación.



Quiero ir terminando, pero me tiene que dejar el señor presidente decir dos o tres cosas más que me interesan muchísimo. Los servicios públicos de empleo; los servicios públicos de empleo estos días están en el debate, lo ha dicho también
la secretaria de Estado, y además usted acaba de decir que vienen de algún sitio donde lo habían hablado. Hasta ahora los servicios públicos de empleo son públicos, son gratuitos; por otro lado estaban las ETT, que estaban sin regular, que han
tenido, que tuvieron en el anterior momento de crisis mucha fuerza, y que ahora, no lo digo yo, ahora la secretaria de Estado también este fin de semana señalaba que hay que regular esas agencias privadas, y que debería irse en la línea de las
fórmulas aplicadas en otros países, argumentando que reforzar la intermediación laboral no sólo es necesaria para afrontar la coyuntura actual, sino para contribuir al cambio de modelo productivo; eso lo dice la secretaria de Estado del Gobierno
del Partido Socialista (El señor Membrado Giner: No exactamente.)


Usted ha hecho un cálculo aritmético antes, ha dicho que es cuestión de número, y yo estoy de acuerdo con usted. Hoy los servicios públicos de empleo están desbordados; se habló de 1.500 orientadores, a nosotros creo que nos han tocado 8
en La Rioja; siento circunscribirme a mi región otra vez; están desbordados por el número de parados, y además porque esos orientadores tienen que hacer esos itinerarios de inserción, tienen que sellar las tarjetas del paro, en fin, la tarea es
inmensa. Pero la pregunta es ustedes qué opinan de que esas agencias de contratación aparezcan ahí, qué valores van a dar, porque además dice el Partido Socialista, dice la secretaria de Estado que su labor va a ser especializada, pero bajo el
control de los servicios públicos; qué cosa más complicada. Es como si a mí me dicen: tú diriges un centro público y para ese otro, el privado, que sí depende por ejemplo para algún título o ha dependido, yo te voy a dar las pautas. El ejemplo
creo que me lo entienden perfectísimamente.



Voy terminando. Otro tema que no se ha tocado para nada es que los servicios públicos de empleo tenían que estar en Internet; el portal más visitado a la hora de generar empleo es Infoempleo; no señor, tenía que ser el servicio público, y
yo parada, usuaria, no puedo ser una analfabeta digital si estoy en el paro, aunque no tenga ninguna titulación; ahí tendríamos que gastarnos el dinero también de la formación continua, en formar a los usuarios de paro, porque en Internet se están
moviendo muchas ofertas de empleo, y si yo estoy en el paro, por eso he dicho que no me preocupa tanto la gente cualificada ni los jóvenes cualificados, ni las mujeres si están cualificadas; me preocupa la gente que no está cualificada, porque una
persona formada, una persona que tiene herramientas, al final encuentra trabajo, de una cosa o de otra; por eso, insisto, esos servicios públicos tenían que ser líderes en Internet, no como Infoempleo, por ejemplo, o cualquier red social, que es la
que realmente mueve, lo que pasa es que hablamos ya de otros niveles mucho más altos.



Termino y les agradezco su consideración, (El señor Tabuxo Romero: Y su paciencia.) (Risas.) Tras el día 1 de mayo pedían un pacto por el empleo y un cambio de modelo económico basado en las personas, y yo he estado hablando de personas, de
colectivos que necesitan una reforma; muchos necesitan un trabajo urgentemente, pero yo creo que también necesitamos una reforma a corto, a medio y a largo plazo, y se puede hacer. Ustedes señalaban también que la salida de esta crisis tiene que
ser consensuada y no tiene que ser impuesta. Yo creo que como en época de bonanza no hemos hecho los deberes, ahora nos toca lo que nos toca: nos encontramos con lo que nos encontramos, pero yo creo que en este marco es el camino que hemos
iniciado; de nuevo quiero agradecerle lo que usted ha dicho,


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podríamos seguir hablando mucho más, pero tampoco se trata de hablar por hablar, sino que se trata de aportar.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bravo, por su intervención y por el tono de la misma, lo cual no quiere decir que haya sido menos dura. Desde luego se agradece el tono en el que lo ha hecho, y sobre todo gracias por esa preocupación
por los hombres de más de 45 años, porque yo me doy perfectamente por aludido. (La señora Bravo Ibáñez: Y por las mujeres que estamos llegando a esas edades.)


A continuación hará uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, en principio quisiera comenzar la intervención agradeciendo la presencia del representante de la Unión General de Trabajadores, y agradeciendo también las palabras de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Doña María Concepción Bravo, yo estoy convencido de que los ERE no se aplican en los grupos parlamentarios, porque si no, después de una parte de su intervención, no sé si no le iban a aplicar un ERE, (Risas.) porque
sinceramente, ha sido la primera vez que un representante de su grupo en esta Comisión ha hecho una expresión sincera de congratulación por el hecho de que, en los últimos meses, en el mes de mayo hayamos reducido el paro. Y la verdad es que eso es
de agradecer. No sé si usted va a continuar mucho tiempo teniendo una participación activa en esta Comisión, pero la verdad es que por nosotros sería enormemente grato, porque sabemos que usted no es más blanda en la discusión, pero sí por lo menos
es altamente reflexiva en sus intervenciones. (La señora Bravo Ibáñez: Muchas gracias.)


Al mismo tiempo quiero plantearle que traslade -y que quede también constancia en el 'Diario de Sesiones'- que me hubiese gustado que el señor Echániz, que desde hace siete sesiones nos viene recordando la no comparecencia de los sindicatos,
y poniendo en duda que viniesen a comparecer, estuviese hoy presente por lo menos para agradecer que, después de sus reiteradas peticiones, estén aquí los representantes sindicales compareciendo. Seguro que tiene otras ocupaciones más importantes
que le hacen que no esté aquí presente para reiterar ese agradecimiento.



No obstante, ya entrando en materia sí que me gustaría hacer dos reflexiones, una de ellas sobre un tema que a lo largo de estos últimos días venimos viendo en las comparecencias en Comisión: el diálogo social; qué pasa con el diálogo
social que para unos está muerto, para unos está a punto, para otros está revivido, y para otros sigue su dialéctica normal, propio de un diálogo entre partes. Yo creo que tanto en la intervención del representante de Comisiones Obreras, en menor
parte en la de CEOE, aunque también se puede inscribir en ese ámbito, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales están hablando del diálogo social, están haciendo reflexiones positivas a pesar de la dureza y de las dificultades
para poder avanzar en él. Y lo están haciendo a pesar de la que está cayendo en el conjunto de la sociedad, con lo cual los sindicatos y los empresarios en gran parte nos están dando, a los políticos que nos dedicamos a esta cosa, una lección, y es
la de que muchas veces anteponen los intereses del conjunto de la sociedad a los suyos propios, que probablemente sería dar un puñetazo en la mesa y salir a la calle a defender otro tipo de intereses, porque igual los aclamaban más. Yo creo que
están anteponiendo esos intereses y es un ejercicio de responsabilidad que hay que reflejarlo, porque, vuelvo a decir, no somos nosotros los que más estamos avalando con muchas de nuestras intervenciones en el diálogo social la dinámica del mismo,
las dificultades para llegar a acuerdo y la cantidad de tiempo que tienen que intervenir. Y cuando digo todos nos incluimos también el Grupo Parlamentario Socialista, que somos defensores del diálogo social pero tenemos algunos compañeros de viaje
que cada día ponen un palo en la rueda a ver si eso no tira, igual que los suyos.



Por lo tanto, creo que eso sí es importante reflejarlo, de la misma manera que también me parece que es importante reflejar de las intervenciones de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores una cuestión, que han hecho aquí
una intervención basada fundamentalmente en el proyecto de ley. Y no hemos venido aquí a escuchar hablar de churras y de merinas que no venían absolutamente al caso; han hablado del proyecto de ley, se han remitido a eso y han entrado en harina,
que es de lo que se trataba. Porque ese es un tema importante cuando tenemos comparecencias de este tipo, con las que intentamos clarificar nuestra posición para poder hacer enmiendas a partir del día 23, y resulta que aquí nos han bombardeado con
cantidad de cuestiones, como si fuésemos en estos momentos casi un campo de tiro semejante al de las Bardenas, que todo el mundo puede echar por allí bombas a ver qué es lo que cae. Pues no, esta es una comisión en la cual se plantea que vengan y
que comparezcan para opinar de unos temas, y para opinar de otros ya habrá otra Comisión o ya tendrán el espacio correspondiente, porque si no la clarificación que nos plantea un proyecto de ley como este indudablemente nos sirve de poco. Yo se lo
quiero agradecer porque han tenido que hacer un ejercicio de síntesis y han venido aquí y se han retratado, y se han retratado los que negocian, porque es muy fácil para los que no negocian venir aquí y echar soflamas. Y lo digo fundamentalmente
por alguno de los comparecientes que hemos tenido la suerte de escuchar, aunque muchas veces lo de la suerte es un eufemismo.



Yo quiero plantear una serie de cuestiones para que el representante de la Unión General de Trabajadores me clarifique algunos extremos.



Primera cuestión, algo que nos han estado diciendo estos días, mercado de trabajo. Yo creo que la intervención de Toni Ferrer ha dejado muy claro que los temas


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de la reforma del mercado de trabajo pertenecerán al ámbito de la negociación, como mínimo, y que hablar de la reforma del mercado de trabajo como elemento recurrente es la forma más fácil de no decir nada, es decir, de provocar. Es un tema
que por parte de la Unión General de Trabajadores me gustaría que se dejase claro, como se ha dejado claro anteriormente por parte de Comisiones Obreras y en otro sentido por parte del señor Lacasa, que ahora mismo creo que está interviniendo en
Pacto de Toledo.



Otro tema, la negociación colectiva. Han venido aquí y nos han planteado permanentemente ese tema como un tema de reforma, cuando el otro día el representante Luis Valero, de Anfac, tuvo que reconocer al final que él tiene un marco para
resolver muchos problemas de funcionamiento de esas empresas en base a lo que actualmente se circunscribe a la negociación colectiva, pero en otros sectores que pueden afectar colateralmente al suyo necesitaría que se hiciera una reforma de la
negociación colectiva para introducir elementos de flexibilidad. Esto es inabordable, es decir, si en mi sector eso lo tengo resuelto pero resulta que hay uno que me toca ya colateralmente que no lo tienen resuelto, yo hago una proclama diciendo
que hay que reformar la negociación colectiva. No lo entiendo.



La siguiente cuestión, el tema de los autónomos. Aquí han venido los autónomos a decir que esto es un proyecto de ley que se queda cojo porque no están recogidas las aspiraciones de los autónomos. En ningún caso han hecho referencia al
acuerdo del 5 de mayo de los autónomos, simplemente han venido a volcar una parte importante de ese acuerdo aquí, como si estuvo tuviese que ser un proyecto de ley que recogiese las aspiraciones de los autónomos. Quiero saber también qué es lo que
pasa con eso para ir despejando. Fiscalidad, lo mismo, aquí ha venido la gente, ha planteado problemas de reforma fiscal como si aquí tuviésemos que introducir reformas fiscales para los tramos de empresas de menos de 10 trabajadores, para los
tramos de empresas de menos de 5 trabajadores y para los tramos de empresas de autónomos sin ningún trabajador a cuenta.
Lo digo por dos comparecencias que hemos tenido. En el tema de la intermediación privada, hemos tenido también comparecencias
en las cuales nos han planteado que era necesaria la intermediación privada, y usted mismo hoy, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha hecho una loa a eso, no sé si directamente como partido o escudándose en un artículo de opinión de un
responsable ministerial que, desde mi punto de vista con escasa fortuna, se retrató el otro día de forma innecesaria.



Este es un tema que me parece que debería de quedar claro por parte de la organización sindical aquí presente, igual que el tema de la reforma de la formación profesional. ¿Qué pasa con el tema de la reforma de la formación profesional? Es
un tema recurrente, pero no es materia de este proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma estructural de la formación profesional, que los tres subsistemas conviviendo como autistas no tienen sentido, es un gasto
superfluo y tienen una escasa rentabilidad. Yo estoy seguro de que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, más que el problema de la reforma del mercado de trabajo es cómo dejamos a nuestros jóvenes sin la formación adecuada y, cuando
la tienen, los dejamos en la puerta de la empresa para que les metan un palo en forma de una sobreexplotación que no les guste trabajar en la vida. Eso es lo que hay que resolver, porque el trabajo no solamente consiste en trabajar, sino en
vincularse con la empresa, con el trabajo y tener un elemento de promoción interna. En caso contrario es un castigo; para los que nos hemos tenido que educar en una sociedad judeo-cristiana el trabajo era un castigo, para los luteranos el trabajo
es una forma de promoción. Esa es nuestra desgracia y desde mi punto de vista eso sí que es un elemento importante que no cabe aquí, sin embargo sí que nos han planteado el tema del absentismo como un elemento fundamental y para que se incluya en
este proyecto de ley, pero eso no nos lo dice, nos lo dicen representantes de la patronal también, y también nos están diciendo que las reducciones de cotización tienen que ser un elemento a introducir aquí, y también nos están diciendo que la
cobertura de desempleo con el tema del salario de inserción debería ser un tema a contemplar, pero eso no es materia de este anteproyecto de ley, eso será un problema que tendrá que discutirse en otro ámbito distinto.
Porque, claro, si ustedes al
final el día 23 me plantean una serie de enmiendas en las cuales recogiendo la intervención de un señor de aquí piden una ampliación de la cobertura de desempleo a los parados que en estos momentos tenemos, quién le va a decir que no si todos
estaremos de acuerdo, sin embargo, eso es materia de discusión y de debate en otro ámbito, y tendrá que haber una propuesta que tendrá que, sustentarse en una memoria económica y tendrá que haber algo detrás. Es decir, yo quiero llamar la atención
a la Comisión de esta tarde, que solamente le queda una sesión, la del día 23, en que hemos hecho comparecencias muy diversas pero muchas de las cuales no han respondido a la razón por la cual nosotros les habíamos pedido que viniesen. Por ejemplo,
el tema que estamos tratando aquí sobre la cobertura de desempleo.



Hay un tema, por centrarme en las preguntas, que yo le quería plantear al responsable de la Unión General de Trabajadores. Yo quiero saber cuál es la posición respecto del contrato a tiempo parcial, aparte del eufemismo ese de que sea la
bonificación al contrato de tiempo parcial fijo o no.
Al margen de lo que diga el texto, usted sabe bien que en el preámbulo del anteproyecto de ley queda definido perfectamente qué es un contrato fijo a tiempo parcial, y que posteriormente esto no
tiene delimitación.
Quitando esa parte, cuál es la valoración que hace y cuál es su valoración sobre la bonificación de los contratos a tiempo parcial y el incremento


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de los mismos, teniendo en cuenta el escaso desarrollo que tiene en nuestro país. Otro tema que me gustaría dejar claro. Si el tema de los ERE está relativamente bien centrado en el anteproyecto o si consideran que hay algún elemento que
no está en estos momentos suficientemente contemplado. Por último, un tema en el que yo entiendo que Comisiones y UGT están en desacuerdo, algunos de ellos lo plantean como un problema anticonstitucional y tú me parece que no llegas a tanto, me
refiero al tema de las bonificaciones, lo que nosotros llamamos la mochila, para la ampliación de empleo derivadas de hacer suyo el desempleo por parte de los trabajadores que estén en esta situación. Me gustaría saber si el rechazo a este punto
llevaría consigo un rechazo al posible proyecto de ley si esto siguiese incluido en términos parecidos a los que actualmente figuran.



El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos parlamentario, el señor Ferrer tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Ferrer Sais): En primer lugar quiero agradecer a la señora Bravo sus palabras. Yo creo que ha planteado una intervención lo suficientemente amplia que
intentaré responder de una manera sintética, porque hay cuestiones que más que una contestación necesitarían abrir una reflexión y un debate, que creo que el presidente nos llamaría mutuamente la atención en ese terreno.



Una de las primeras cuestiones que plantea es el término de reforma de trabajo. Luego, cuando usted lo define, le tengo que decir que tenemos una gran superficie de coincidencia, porque usted se está alejando de lo que todo el mundo está
hablando, de reforma del mercado de trabajo, que es abaratar el despido, facilitar el despido y desregular la contratación. Estamos hablando, como hemos escrito la Unión General de Trabajadores en nuestro reciente congreso en el mes de abril y
Comisiones Obreras en el documento conjunto del 20 de mayo, de la necesidad de reforzar tres cuestiones básicas. Una es que tenemos un millón de personas que no tienen protección por desempleo, por distintas razones, unas porque la han agotado,
otras, como bien se ha planteado, porque ante la situación de desempleo está aumentando el número de personas que en este momento no estaban activas y que están acudiendo al mercado de trabajo. Por lo tanto, tenemos que reforzar.



Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es un tema que estamos tratando en el diálogo social, es un tema que estamos abordando, sobre todo en la medida en que uno de los compromisos, lo he situado en mi exposición, que se
establecía en la declaración del diálogo social del 29 de julio del año pasado, es que se garantizaba la cobertura social. No más lejos de este viernes pasado se ha aprobado un crédito de aproximadamente 16.900 millones para garantizar, pero para
nosotros es insuficiente, fíjese lo que le digo, unas cifras tan enormes que prácticamente estamos hablando de 3 millones, pero hay que atender a ese millón y en eso estamos.



La segunda de las cuestiones que afecta a los grupos que ha situado, no solamente es cobertura, es que hay que desarrollar programas de empleo y formación. Cuando nosotros hablamos de fortalecer y modernizar los servicios públicos es que
hay que extender programas de empleo y formación. Afortunadamente un país descentralizado como el nuestro permite ya estar viendo experiencias en estos momentos. Hay comunidades autónomas que han puesto en marcha ya programas de empleo y
formación, las dos Castillas, para que nadie pueda plantear que tenemos preferencia por un color o por otro, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha han puesto en marcha estos programas. Por tanto, se puede actuar en ese terreno.



Y el tercero de los aspectos -aunque nos estemos alejando, luego atenderé lo de proyecto de ley- es la necesidad de aumentar la formación ocupacional. No podemos estar satisfechos del volumen de formación ocupacional. No voy a repetirme,
se puede hacer la misma operación que dicho con los servicios públicos y el ratio de empleado por desempleado.
Estoy hablando de la cantidad, luego tendríamos que hablar de la calidad.
Yo creo son tres de las cuestiones a tener en cuenta.



Hay un tema que no me resisto a plantear. No es que le tengamos una inquina especial al gobernador del Banco de España, es que nos sorprende constantemente que el gobernador del Banco de España pondere sobre todo menos sobre lo que
realmente es la misión del regulador del sistema financiero. O sea, nos preocupa cuando hemos pasado de lo que que era una falta de liquidez a estar hablando ya de problemas de solvencia y un día hable del sistema público de pensiones y otro día
del mercado de trabajo con esa visión reduccionista del contrato y del despido. Particularmente de etapas anteriores tengo una magnífica relación con él y me consta que también la tiene con nuestro secretario general. No es una afición que
tengamos en especial.



Respecto al tema de formación, creo que nuestra gran apuesta en términos de país, por los intereses generales del país, es apostar por un nuevo patrón de crecimiento, esto que se ha dado en llamar modelo productivo, y ahí la pieza central va
a ser la educación, la educación y la formación.
De hecho, entre las propuestas que hemos establecido en el diálogo social está el hablar de estos temas, es decir, hemos planteado la necesidad de un pacto educativo en el que se hable del conjunto
de los sistemas atendiendo dos cuestiones que usted ha situado y compartimos la preocupación, una es el abandono escolar. Es verdad que la crisis está produciendo el efecto contrario, se está produciendo un efecto retorno a las aulas. Yo tengo un
amigo que


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trabaja en una ONG de voluntario en un barrio popular de aquí de Madrid, en Vallecas, y están dando formación para los chavales y las chavalas que no han terminado la secundaria. En el año 2007 empezaban 13 y terminaban 4; el año 2008 ya
empezaron veintitantos y terminaron con cerca de 50.
Sólo les pongo un ejemplo. Pero lo que me interesa de esa reflexión es por qué se produce el abandono escolar, porque si no tenemos un diagnóstico compartido nos podemos equivocar. Habrá
razones en el sistema educativo, pero el problema está en el modelo productivo que tenemos, que hace un efecto llamada a nuestros jóvenes, a nuestras chicas y a nuestros chicos, para que trabajen sin formación porque lo que necesita es mano de obra
barata sin cualificar y mal pagada. Ese es el problema que nos tenemos que plantear, por eso el tema del cambio de modelo productivo no es una entelequia en ese terreno.



La movilidad. ¿Es verdad que los españoles tenemos resistencia a movernos? Yo creo que es relativo, con unos precios de la vivienda como hemos tenido realmente a muchas personas a la hora de moverse es que no les salían los números en la
economía doméstica. Hay experiencias sindicales donde hemos trabajado y el presidente de la Comisión lo conoce muy bien.
En el sector bancario históricamente no ha habido problemas de movilidad porque había un sistema de compensaciones, o en mi
sector tampoco había problemas en la movilidad porque había compensaciones, pero moverte sin compensación es complicado. Lo digo porque a veces hacemos análisis muy globales y si no rompemos el cascarón no podemos hacer tortilla.



Me hace usted una pregunta y yo creía que le había contestado, pero veo que no, pese a que usted ha dicho que he sido pedagógico veo que no lo he conseguido. Se refiere al tema de las agencias privadas. Más allá de lo que haya dicho la
secretaria general de Empleo, yo le puedo decir que no lo comparto, me parece un completo error. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos aquí no es un problema de actores en la intermediación, eso podía ser una razón; el problema que tenemos
aquí es, primero, organizar una intermediación. En estos momentos lo único que está funcionando en este país es lo que estaba funcionando hace 18 meses prácticamente ya, o sea, antes del inicio de este maremoto. Por lo tanto, habrá que invertir en
eso.



Y no me gustaría tener que asistir, porque la Unión General de Trabajadores en ese debate va a ser claro y contundente hacia nuestros representados y hacia la opinión pública, a que lo que realmente se quiere es no invertir en lo público y
justificarlo con lo privado. Por desgracia, si usted viene del sector de enseñanza, algo de eso hemos vivido. En estos momentos se están construyendo demasiadas frases fáciles, como que las agencias privadas descubran empleos. Nosotros es que
somos un país kafkiano, es que hay nichos de empleo que no encuentra nadie, hay 4 millones de parados y hay empleo, o sea, que no somos capaces de casar una demanda de empleo con una oferta que está sin cubrir, no creo que ese sea el problema en ese
terreno. Por eso nosotros entendemos que en este periodo no encaja para nada el papel de las agencias privadas, hay que hacer lo que se pactó en el diálogo social, que era fortalecer los servicios públicos, abrir un examen pero con datos sobre el
papel de los distintos actores, porque no están las agencias privadas como se pretende. A mí me suena bastante a cuenta de resultados solamente, es decir, hay otros actores, hay empresas de recolocación, y usted ha situado las nuevas tecnologías en
el tema de empleo. Uno de los temas de modernización de los servicios públicos es la necesidad de tener una red telemática, de hecho en el diálogo social estamos trabajando y estamos a la espera que se ponga en marcha una red estatal que se llama
la Red Trabaja, en la que evidentemente, en un Estado descentralizado, tienen que integrarse las comunidades autónomas.



Yo tuve la oportunidad -digo la oportunidad por decirlo en términos de cortesía- de asistir a la cumbre de empleo de Praga y una de las conclusiones es que hay que crear una agencia europea y uno de los instrumentos es tener una plataforma.
Eso es necesario aquí, aquí se ha avanzado ya, de hecho a los interlocutores sociales ya se nos ha hecho por parte del Ministerio de Trabajo, concretamente de la Secretaría General de Empleo, una primera presentación de la Red Trabaja. Yo creo que
eso que hay que tenerlo en cuenta.



En cuanto a lo que plantea el señor Membrado, por concretar, yo creo que la definición de reforma del mercado de trabajo ha quedado clara en mis dos exposiciones. Aprovecharé para añadir una cuestión, cuando se habla de mercado de trabajo
también en nuestro país hay una especie de construcción técnica falsaria, porque solamente se mira una de las partes del mercado que es el empleo, no se mira otra parte que son las empresas.
Para nosotros hablar de reformas del mercado de trabajo
evidentemente no es hablar solamente del empleo sino de una serie de problemas que estamos viendo y que estamos observando. Por ejemplo ¿por qué en España estamos destruyendo más empleo que nadie? Alemania tiene el doble de recesión que nosotros,
tiene 6 puntos y nosotros estamos en 3. Pues uno de los problemas, que lo hablamos con los colegas de la DGB alemana y con investigadores, es de estructura y tamaño empresarial. En un país en que todo el empleo está metido en la microempresa si
hay un cierre de la liquidez, no tiene capacidad de aguante. No es la única razón pero es una de las razones. Cuando hablemos de mercado de trabajo tendremos que hablar de qué política se lleva a cabo por parte de los poderes públicos para
incentivar la cooperación empresarial, las fusiones y tener tamaño.
Este es un problema histórico que tenemos, es decir, un país no puede tener futuro, y de hecho en el modelo productivo, si no hay masa crítica, una pyme no va a tener acceso. No
quiero abundar más en esa idea.



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Reforma de la negociación colectiva. Nosotros vemos tres cuestiones, una es la condición necesaria, que tiene que ser un proceso de discusión y negociación de carácter bilateral, algo que se reconoce en la Declaración del Diálogo Social de
julio del año pasado. La otra es qué es lo que hay que afrontar. Lo que hay que afrontar es una mejor vertebración de la negociación colectiva, no podemos seguir teniendo este sistema de negociación colectiva. A diferencia de algunas
instituciones de carácter internacional, llámese Fondo Monetario o la OCDE, por situar dos que hablan de que este es un sistema centralizado, realmente el nuestro es un sistema atomizado, tenemos 5.000 y pico unidades de negociación. Por lo tanto
hay que vertebrar. Y a su vez hay que articular de una manera que se puedan establecer los ámbitos de negociación donde hay que aplicar las materias. ¿Eso qué supone, para resolver la pregunta que le hacía a ustedes el representante de la patronal
del automóvil, Anfac? Que la vertebración tiene que hacerse en el sector estatal para evitar esas situaciones, para que haya unidad de mercado y haya cohesión, y la articulación tiene que producirse en los ámbitos donde se aplican las materias, ya
sea en el territorio y evidentemente en la empresa, pero siendo conscientes que el tamaño de empresa que tenemos es el que es. En España se habla mucho de que hay que dar más atribuciones a la negociación colectiva en la empresa, pero solo a las
empresas que tengan capacidad de gestión en ese terreno.



No voy a abundar en una idea que ya hemos expresado y está escrita.
Evidentemente seremos completamente respetuosos con lo que decida el Parlamento y en concreto el Congreso de los Diputados, pero creemos que el proyecto de ley se debería
de ceñir a las materias para las cuales salió el decreto ley, pero no sé si hasta cuando lo expreso puede ser una especie de desiderátum.



Posición ante el tiempo parcial y, sobre todo, ante la escasa utilización.
Este es un viejo problema surgido de algo que suele ocurrir, ocurre en más campos de la vida, pero ocurre en las relaciones laborales, que es que se tiende a
utilizar el método de visitante a un centro comercial para las relaciones laborales. A todo el mundo le gustaría tener el sistema danés de flexibilidad, el sistema de protección sueco, el modelo de organización alemán. Pues, oiga, no, que el
modelo que usted tiene es fruto de su historia, de su economía, de su política y de su sociedad.
Entonces ahí apareció la idea sobre el tiempo parcial. ¿Tenemos un problema? Viene de la anterior crisis. Es llamativo que hayan pasado 17 años y
volvamos a hacer las mismas reflexiones. Una manera de crear empleo es el tiempo parcial, el empleo no se crea por los contratos, el empleo se crea por la inversión que genera actividad, porque hay consumo y hay demanda. O sea, el tiempo parcial
en España ¿por qué no se ha desarrollado más? Por dos razones, tiene una protección social completamente discriminatoria respecto al tiempo completo y la persona que va al tiempo parcial, desafortunadamente la mayoría mujeres, van
involuntariamente. Cuando se fue al centro comercial y se quiso traer el tiempo parcial no se quiso ver lo que había, no era la prenda lo que se traía, ahí había habido un acuerdo social con un rejuvenecimiento de plantillas -me refiero a Holanda-
en el que se prejubilaba a hombres y se abría el mercado de trabajo a las mujeres a través del tiempo parcial, aparte del nivel de rentas y garantizando una sustancial mejora en la protección social. Y el segundo de los factores es una cuestión ya
puramente de ese sentido que es el menos común, que es el sentido común.
Lo que no puede haber es un bien principal y otro sustitutivo que estén operando a la vez. Es decir, si el empresario tiene lo fácil que es la contratación temporal,
sustituye el tiempo parcial por contratación temporal. Ahí están los factores, y no sé si con eso contesto a este tema. Nosotros no estamos en contra pero vemos estas dificultades. En cuanto al proyecto de ley, yo veo una incoherencia porque creo
que está bien en el preámbulo, en la exposición de motivos, pero está mal en la redacción; en la redacción es que da pie a una mala interpretación.



En cuanto a si los ERE está bien o no, sería intentar venir aquí a buscar una cierta ventaja a nosotros lo que se aprobó en el decreto ley no nos satisface. Nosotros planteamos la reposición total de las prestaciones y lo que se ha hecho es
una reposición parcial, 90 días, si no me falla la memoria para la suspensión y 120 días para la extinción, pero no vamos a venir a buscar ventaja, cuando estamos pidiendo que los temas se traten en el diálogo social, y pedirles a ustedes que de
paso en vez de 120 días suban a 160. Me parecería muy poco coherente, y bastante tiene uno para ser incoherente sin tener voluntad hacerlo de manera voluntaria. Por lo tanto, lo dejaré ahí, siendo conscientes de que nuestro objetivo es la
restitución total. También les digo que ese no es el primer problema que tenemos con el desempleo, como ya he indicado anteriormente.



Sobre la última de las cuestiones que plantea el señor Membrado, es decir, la bonificación a la contratación indefinida de los desempleados perceptores de prestación, me parece que no es un problema de calificativos. Yo prefiero decir que
hay un agravio comparativo, que hay una desigualdad de trato. Creo que significa exactamente lo mismo, pero nuestro sindicato prefiere instalarse en que ustedes corrijan y no en que esto termine siendo una batalla jurídica, es decir, no creo que el
tema nos sirva para dirimir. Verán que solamente les hemos sometido tres cuestiones a consideración, por ir a lo concreto. Pensamos que lo interesante de este proyecto de ley, si no pierde su naturaleza de urgente y se adentra en caminos para los
que inicialmente no estaba previsto el decreto ley, es reorientar hacia la necesidad de revisar el conjunto del programa de fomento de la contratación indefinida, porque si se mantiene esta figura, -de hecho ya empieza a haber problemas- este debate
cada vez va a generar más problemas ya que lo que hemos hecho ha sido subir, no es una mochila, es una montaña, hemos


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subido hasta aquí arriba una bonificación y el resto se ha quedado aquí debajo. Claro, eso nos va a llevar a poner ojos y cara. ¿Quién tiene menos prestación? Pues los jóvenes, porque han tenido contratos más cortos. ¿Quién tiene menos
prestación? Las mujeres. ¿Y quién está en peor posición de ser contratado? Estamos planteando, para ser precisos y concretos, pero no era nuestra intención hacer una propuesta tan de detalle, que del proyecto de ley se derivara la obligación del
Gobierno con los interlocutores de discutir y revisar el programa de fomento, y sobre todo que esa figura no continuara en vigor más allá de para lo que fue pensada, que es el 31 de diciembre de este año.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ferrer, por su comparecencia, por el escrito que nos ha dejado y por las consideraciones que acaba de hacer en su respuesta. Ya sabe usted que estamos a su disposición en la Comisión de
Trabajo. Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y cinco minutos de la tarde.