CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 312

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 7 celebrada el miércoles 17 de junio de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) para informar sobre:


- El Plan de Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008. A petición propia. (Número de expediente 214/000055.) ... (Página 2)


- El Plan de Derechos Humanos recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000233.) ... (Página 2)


- Las tareas de coordinación que piensa llevar a cabo en materia de inmigración. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000122.) ... (Página 19)

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Las labores de coordinación ministerial en política de inmigración y control de fronteras, ante la continua llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas y la tragedia que supone la muerte de muchos de ellos.
A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000162.)... (Página 19)


- Lo sucedido con la repatriación de los 101 inmigrantes en Gambia el pasado 19 de septiembre. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000183.) ... (Página 19)


- Sus funciones de coordinación en materia de inmigración. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000341.) ... (Página 19)


Comparecencia del señor director de la Agencia Española de Protección de Datos (Rallo Lombarte) para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2008, así como remisión de un ejemplar de
dicha memoria. A petición propia. (Número de expediente 212/000568.) ... (Página 35)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ) PARA INFORMAR SOBRE:


- EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000055.)


- EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS RECIENTEMENTE APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000233.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional con arreglo al orden del día que ustedes conocen: Comparecencias. En primer lugar, comparecencia de la señora vicepresidenta del
Gobierno, a petición propia, para informar sobre el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros, y solicitada también por el Grupo Parlamentario Popular.



Doy la bienvenida a la señora vicepresidenta y le agradezco su presencia.
Ahora tiene la oportunidad de dar su explicación y luego los grupos parlamentarios podrán hacer sus intervenciones correspondientes. Cuando la señora vicepresidenta
lo crea pertinente tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes con el propósito de presentar el Plan de Derechos Humanos
aprobado por el Gobierno de España. Hace ahora poco más de un año me comprometí ante esta misma Comisión a aprobarlo siguiendo, de ese modo, no solo nuestra propia voluntad política sino también las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, así como la propuesta que en 1993 realizara la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reunida en Viena. En aquella comparecencia dije también que no existe sociedad que se considere así misma democrática que ponga
en duda la universalidad de los derechos humanos. Igualmente, dije que el gran reto consiste en hacer que la efectividad de esos derechos sea la realidad cotidiana de todos los seres humanos sin excepción. España asumió ese reto hace ya treinta
años. Los pueblos, como las personas, se conocen por la calidad de sus aspiraciones. En ese sentido, nuestro país demostró en aquel momento -pese a las dificultades- un importante grado de madurez, cuya vigencia continuada ha sido la responsable
de muchos de los logros que como sociedad hoy disfrutamos. La historia de la España democrática, sin duda, es la historia de una actitud social y de un anhelo colectivo; es la historia de la voluntad decidida de construir una sociedad justa,
moderna y plural, donde la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas sean el fundamento de todo lo demás. Para ello contamos hoy con un completo sistema constitucional de garantías de los derechos fundamentales, garantías normativas,
institucionales y jurisdiccionales.
Este es un sistema que a lo largo de estos años ha demostrado ser eficaz, protector y garantista. Contamos


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con instituciones que han funcionado y funcionan como un equilibrado dispositivo de separación y control de poderes; una separación que es la máxima garantía de la libertad de los ciudadanos, tanto a nivel estatal como a nivel territorial,
pues España, a partir de la Constitución de 1978, ha conseguido encajar las piezas para organizarse como un Estado descentralizado atento a las reivindicaciones históricas de sus territorios, que con un alto nivel de autonomía han sido y son
responsables de la promoción y protección de los derechos de las personas. Contamos, además, con una sociedad civil atenta, crítica, activa, que fiscaliza el funcionamiento de los poderes públicos y la dirección de sus políticas; una sociedad que
hace uso de los derechos que el pacto constitucional y los tratados internacionales le confieren. Los convenios internacionales y sus órganos de vigilancia, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Estrasburgo, en fin, el
sistema internacional de salvaguardia en este ámbito, completan la que debe constituir una red protectora de la dignidad y la justicia, que para cada uno de nosotros significa ver reconocidos y poder ejercer nuestros derechos.



Señorías, esta suma de fuerzas a la que acabo de referirme ha conducido a España a ser un país crecientemente comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos. El Gobierno socialista ha demostrado desde un principio que es
un factor activo de esa suma de todos a favor del respeto de los derechos de las personas dentro y fuera de nuestro país. En los últimos tiempos el Gobierno ha tratado de hacer de los derechos humanos una seña de identidad propia. La Ley integral
contra la violencia de género, la Ley de Igualdad, la reforma del Código Civil que permite el matrimonio a personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, la Ley de Identidad de Género, al Plan director de la cooperación internacional, la firma y
puesta en marcha de prácticamente todos los convenios internacionales universales y regionales que regulan la promoción y protección de los derechos humanos, estas y otras medidas son expresión clara y concreta de la convicción del Gobierno español
a favor de los derechos de las personas. Sin embargo, los que estamos aquí sabemos que todo el trabajo realizado en pos del cumplimiento de aquel reto del que les hablaba, hacer que la efectividad de los derechos sea la realidad cotidiana de todas
las personas, es un trabajo siempre inacabado. Hoy mismo nuestro país ha comenzado a negociar el traslado a España de presos de Guantánamo, porque creemos que en la protección de los derechos humanos es necesario ser activo en la denuncia, pero
también en los hechos. Por ello, España es favorable a la acogida dentro del mecanismo pactado en la Unión Europea, y la llevaremos a cabo con todas las condiciones; eso sí, en el marco de la legalidad internacional y nacional, en el marco de los
acuerdos de la Unión Europea y garantizando, por supuesto, todas las medidas necesarias para la seguridad. Sabemos que junto a lo hecho está lo que queda por hacer y que junto a ello siempre surgirán, a su vez, nuevos retos, nuevos problemas y
nuevas situaciones, porque la sociedad evoluciona con rapidez, somos cada vez más complejos y más plurales, a cada paso se plantean nuevos conflictos y riesgos para la garantía de los derechos de los más débiles.



Alguna de SS.SS. me preguntaba en mi anterior comparecencia en esta Comisión por qué este plan, para qué este plan. Pues bien, señorías, la respuesta está en la certeza de que siempre hemos estado haciendo camino; la certeza de que la
democracia nunca termina de perfeccionarse; de que es preciso estar siempre vigilantes para no dar un paso atrás; la certeza de que en un tiempo tan vertiginoso, como el que hoy vivimos, necesitamos marcar claramente el camino por el que debemos
avanzar en la defensa activa de la humanidad y de la ciudadanía. A diario vemos a nuestro alrededor cómo a veces se desdibujan los límites de ese camino; cómo incluso países con una tradición garantista de los derechos humanos -recordábamos antes
Guantánamo- pierden en ocasiones ese norte que su respeto debe marcar para todos los demócratas. Por eso, el 12 de diciembre de 2008, coincidiendo con la conmemoración del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Gobierno español aprobó un plan que hoy les presento, poniendo, consecuentemente, en marcha un mecanismo vivo y dinámico para la defensa y promoción de los derechos de las personas; una brújula que siempre nos señale claramente el objetivo de
nuestra acción política; un objetivo que, en definitiva, no puede ser otro que la realización efectiva de los derechos que asisten a todos y cada uno de los ciudadanos. De este modo, el plan está llamado a ser una herramienta de impulso, de
coordinación y de evaluación de acciones en muy distintos campos, que tienen como finalidad la mejora de estos derechos. El funcionamiento de la Administración, en su vertiente interna e internacional, la política legislativa y la actividad
jurisdiccional son, todos ellos, objeto de actuación del plan. Con ese empeño, el Plan de Derechos Humanos adopta una larga lista de compromisos de acción de Gobierno; compromisos de muy distinta naturaleza y alcance, cuyo primer objetivo es la
consecución de los dos ejes sobre los que descansa y actúa el propio plan: de una parte, el principio de igualdad y no discriminación de las personas; y de otra, la garantía de los derechos humanos. Después, el plan se estructura en dos grandes
áreas: las relativas a la acción exterior y a la acción interior del Gobierno en materia de derechos humanos. Evidentemente, se trata de una división artificial, pues no cabe duda de que ambos espacios, el exterior y el interior, están
directamente relacionados, y muchas veces hasta se confunden. En todo caso, es una división recomendada por la propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde -como todos ustedes saben- también hemos presentado este plan, uniéndonos
así a los pocos países que en el mundo lo han hecho.



Con respecto a la denominada acción exterior, el plan recoge compromisos derivados de la vinculación de


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España con las Naciones Unidas y con el Consejo de Europa. La firma y ratificación de instrumentos internacionales como el Protocolo facultativo del pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre municiones en
racimo, el Convenio europeo sobre blanqueo, embargo y comiso de los productos del delito y de la financiación del terrorismo o los protocolos 4, 7 y 13 del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales son compromisos del Gobierno
de España enunciados en el plan y que se encuentran hoy en un muy avanzado estado de cumplimiento. Otros ya han sido cumplidos. Este es el caso de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la trata de personas. El 2
de abril de 2009, la representante permanente de España en el Consejo de Europa depositó el instrumento de ratificación en la sede de la organización. Igualmente, objetivos como la abolición de la pena de muerte, la igualdad de género, la
eliminación de toda forma de discriminación, la promoción de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, el apoyo a la Corte Penal Internacional, los tribunales y otros organismos internacionales contra la impunidad forman parte, entre otros,
de la cartera española de trabajo en el plano internacional, una condición que se subrayará especialmente en la Presidencia española de la Unión Europea.



El plan no es menos ambicioso en lo que respecta a la acción interior, pues parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales deben tener
esa consideración. Por eso contempla acciones que afectan a la igualdad de trato, a la integración y la lucha contra el racismo y contra la violencia de género; incorpora medidas dirigidas a promover los derechos de los españoles en el exterior;
plantea compromisos que afectan al ejercicio democrático e igual de la libertad religiosa de todas las personas que viven en nuestro país; incluye acciones destinadas a fortalecer el derecho a la tutela judicial y a mejorar la atención a las
víctimas, a todo tipo de víctimas; prevé medidas comprometidas con la garantía de los derechos de las personas privadas, del derecho a la libertad personal. Igualmente se ocupa de los derechos sociales, de la educación, de la vivienda, del derecho
a la salud, de la atención a las personas con discapacidad, del derecho a un medioambiente adecuado para el desarrollo de las personas, etcétera.



Como decía antes, más allá de las medidas de diferentes ámbitos y de distinta naturaleza que incorpora, la virtualidad del plan reside en el marco de atención que dibuja, el marco de los derechos humanos. Un marco para su realización y para
el control de su realización, porque, señorías, lo que hace el plan que hoy les presento es poner en sus manos y en las de toda la sociedad una herramienta más de fiscalización de la acción del Gobierno y de los poderes públicos. Lo que hace este
Plan de Derechos Humanos es, en definitiva, profundizar en la idea misma del sistema democrático como un sistema de límites y controles a la acción del Ejecutivo. Al Parlamento le da otro elemento con que perfilar la función de control que la
Constitución española le atribuye, pues prevé la comparecencia anual del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios ante esta misma Comisión para dar cuenta del estado de cumplimiento del plan. En cuanto a la sociedad civil,
crea para ella un espacio de comunicación con el Gobierno que debe ser especialmente valorado, y es que el plan contempla la creación de una comisión de seguimiento formada por miembros del Ejecutivo y por representantes de los distintos institutos
universitarios y de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Una comisión encargada de intercambiar información, de evaluar la ejecución de las medidas contenidas en el plan y de elaborar propuestas para ser
incluidas en el mismo. La comisión ya creada por orden ministerial, presidida por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y que tendrá su primera reunión en la próximas semanas, incorpora la participación de las personas a las que he
hecho referencia antes y tendrá esas dos reuniones anuales a las que me he referido así como todas aquellas que sean necesarias o sean solicitadas por alguna de las partes que forman parte de la Comisión o por alguna petición externa.



Además, el plan incorpora el compromiso adquirido por España de poner en marcha el mecanismo nacional para la prevención de la tortura. La intención del Gobierno, que hoy les adelanto, es que ese mecanismo que nos hemos comprometido a poner
en marcha se integre en la institución del Defensor del Pueblo, ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo mecanismo nacional, el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura. Les adelanto
que el mecanismo contará con un consejo asesor en el que estará representada la sociedad civil y que se establecerá un acuerdo con los grupos parlamentarios aquí presentes antes de ponerlo en marcha. Así pues, esperamos que si al compromiso del
Gobierno le sumamos la implicación de los grupos parlamentarios y la dinámica iniciativa de la sociedad civil, entre todos vamos a lograr construir un plan vivo, que sin duda irá implementándose y mejorando con el paso del tiempo, y de eso se trata,
de ir ganando en derechos de ciudadanía y, por tanto, de ir ganando en calidad democrática.



Señorías, el Plan de Derechos Humanos ha iniciado su andadura. A mi entender, este plan tendrá éxito si promueve -como creo que hemos conseguido en materia de género- una actitud activa y precisa en torno a ellos, creando legítimamente
expectativas, promoviendo la crítica constructiva si más allá de la realización de las propias medidas que incluye tiene una auténtica repercusión social. En primer lugar, en su vertiente pedagógica promoviendo la ambición colectiva de promocionar
los derechos humanos y, en segundo lugar, en su vertiente estrictamente democrática y constitucional favoreciendo el intercambio de información y pareceres


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así como el control de la acción del Gobierno por parte del Parlamento y de la sociedad civil. En definitiva, todo este planteamiento configura una apuesta política relevante, y relevante para todos, seamos Gobierno o seamos oposición.
Porque interesa a todos, porque sinceramente creo que es un plan de Estado, porque los derechos humanos no pueden tener color político, espero poder contar con su crítica constructiva y con su apoyo sincero.



El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno de las intervenciones de los grupos. En primer lugar, lo hará el grupo que ha sido demandante de esta comparecencia, el Grupo Popular. El señor Gil Lázaro tiene la palabra.



El señor GIL LÁZARO: Señora vicepresidenta, coincidimos todos en que la cultura de los derechos humanos es la mejor aportación doctrinal de la que se dotó el mundo libre tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Coincidimos también todos
en que la Constitución española de 1978 se vertebró plenamente sobre esa cultura, y hemos dicho siempre que la Constitución es el auténtico plan de derechos humanos sobre el que se construye la arquitectura política, institucional y jurídica de la
democracia española. Su letra obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos de manera expresa.



Dicho esto, a nuestro juicio conviene hacer una distinción previa. Hoy no hablamos en este acto de derechos humanos; no hablamos de la doctrina de los derechos humanos; no hablamos del compromiso que a todos los grupos inequívocamente nos
vincula en orden a la defensa interior y exterior de esa cultura y de esos principios. Hoy hablamos de otra cosa; hablamos específicamente del plan que ha presentado el Gobierno, llamado precisamente Plan de Derechos Humanos. Conviene, por tanto,
dejar distinguidas plenamente a priori esas dos categorías. Pues bien, desde esta perspectiva, el plan elaborado por el Gobierno no aporta a nuestro juicio ninguna novedad. Es un plan que carece de fuerza jurídica; es estrictamente un programa de
gobierno en el orden interior y una fijación de objetivos generales en materia de acción exterior. Esa es su verdadera dimensión y desde esta perspectiva conviene analizarlo en este acto y desde luego seguirlo, como va a hacer este grupo
parlamentario, en el futuro.



Nosotros pensamos -dicho con todos los respetos- que la iniciativa respondió quizá en su origen una vez más a una cierta tendencia publicitaria, por no decir propagandística, del Gobierno. Probablemente en su origen no tuvo más pretensión
que poder ser presentado por la señora vicepresidenta en el acto que tuvo lugar en las Naciones Unidas el pasado 15 de diciembre. Una presentación que el Gobierno justificó entonces y ha vuelto a justificar hoy en esta sesión tomando como
referencia una propuesta surgida en la Conferencia mundial de derechos humanos celebrada en Viena en el año 1993; en el año 1993, señorías. Por eso, en ese contexto, la primera pregunta es casi, casi obvia, por qué el Gobierno ha tardado cuatro
años -desde el año 2004 hasta diciembre de 2008- en tomar en consideración la conveniencia de asumir esta iniciativa, es decir, de elaborar este plan, si realmente el Gobierno consideraba que este plan tenía una dimensión necesaria y que no bastaba,
stricto sensu, con el imperativo jurídico, claro, rotundo y expreso de nuestra Constitución y de toda la legislación que la desarrolla en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales. Por otra parte, la segunda cuestión también es casi,
casi obvia y conexa con esta.
¿Hubiera tomado cuerpo esta misma iniciativa sin la coincidencia de los actos previstos por la ONU para la conmemoración del 60º aniversario de la declaración universal a la que antes he hecho referencia?


Sea como fuere, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario extraña esa demora; extraña la demora de cuatro años de Gobierno en el convencimiento de la necesidad de poder disponer de este instrumento. Por eso, ya inicialmente hemos
llevado a cabo una discreta labor de control. Hemos presentado una batería de preguntas escritas, 223 preguntas escritas, sobre todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha propuesto como objetivos ahora del plan. Si el Gobierno, por
ejemplo, nos dice en el texto de este plan que quiere llevar adelante una gestión forestal sostenible, y nos lo dice ahora como objetivo de este plan, nosotros le hemos pedido que explique qué medidas concretas ha adoptado hasta la fecha -es decir,
cuatro años de gestión- en materia de gestión forestal sostenible, ya que ahora se fija este objetivo como un objetivo casi ex novo en el Plan de Derechos Humanos. Y así en el conjunto de esas 223 medidas, sobre todo las de alcance de política
interior, que, vuelvo a repetir, ahora se tratan de presentar como una novedad de impulso en el contexto de este plan.



El plan, como ha señalado la señora vicepresidenta, tiene una doble dimensión: tiene una dimensión exterior, en la que viene a formular una serie de compromisos y a enmarcar cuáles van a ser las líneas estratégicas principales del Gobierno
español en los diferentes foros y escenarios internacionales en materia de promoción, universalización y defensa de los derechos humanos, una parte que probablemente hubiera justificado en sí misma y exclusivamente la dimensión del documento a
presentar, si es que se quería presentar ese documento, en la antedicha sesión de Naciones Unidas con ocasión del 60º aniversario de la misma, y otra dimensión que responde básicamente a lo que son esas líneas estratégicas de la política exterior,
que prácticamente compartimos todos los grupos de la Cámara, a excepción, desde la perspectiva de mi grupo, de lo que entendemos sigue siendo una política perfeccionable, por no decir equívoca, en materia de relaciones con Cuba o esa persistencia
-legítima desde la opinión del Gobierno, como no podía ser de otra forma, pero tan legítima también, desde la posición de mi grupo, como nuestra discrepancia-


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en ese instrumento confuso y difuso llamado la Alianza de las Civilizaciones.



Pero lo que importa señalar, señorías, por lo menos a mi grupo, en este acto, aprovechando el hecho de la presentación formal del plan ante el Congreso de los Diputados, es la dimensión interior del plan, lo que el plan determina como
señalamiento de objetivos de la acción del Gobierno en este periodo de tiempo que resta de la legislatura, sea cual sea. Dice el plan literalmente: La igualdad abre la puerta de la Constitución española. En su realización, el principio se muestra
como igualdad de oportunidades y como justicia social y obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para hacerlo real. Fin de la cita. Pues bien, ¿cree la señora vicepresidenta que la política económica llevada a cabo por el Gobierno y
que ha traído como consecuencia más de cuatro millones de parados hace real ese principio de igualdad? ¿Cree la señora vicepresidenta que ese principio es compaginable con la realidad que supone hoy la existencia de más de un millón de hogares con
todos sus miembros en paro, 200.000 familias a punto de perder su casa por imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, o con un millón de trabajadores carentes de ingresos al haber agotado todas sus prestaciones? ¿Cree la señora
vicepresidenta que haber ocultado en su momento la existencia de la crisis contribuyó a remover los obstáculos que esta iba a generar en materia de efectividad de esos derechos sociales y económicos para la inmensa mayoría de los ciudadanos y para
su igualdad de oportunidades ante los efectos destructivos de aquella?


Dice el plan literalmente: La aplicación del principio de igualdad se proyecta sobre las libertades y sobre los derechos sociales impidiendo que el territorio y las consideraciones económicas o sociales de las personas limiten su ejercicio.
Pues bien, ¿cree la señora vicepresidenta que la política territorial llevada a cabo por el Gobierno garantiza de verdad esa igualdad o, a sensu contrario, supone ciertamente un límite a aquélla en función de los errores y discriminaciones
cometidos? ¿Cree la señora vicepresidenta que hoy todos los españoles pueden ejercer por igual sus derechos según vivan en uno u otro territorio, por ejemplo, en lo que concierne a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado? ¿Cree la señora
vicepresidenta que el Gobierno ha fortalecido la cohesión de las prestaciones en educación, vivienda, sanidad y servicios sociales básicos, como dice el plan, cuando ha sido incapaz de resolver el asunto clave de la financiación autonómica y de la
financiación de los ayuntamientos y cuando anunciaba ayer el presidente Zapatero un modelo para Cataluña que va a ser claramente desigual en relación con el resto de las comunidades autónomas?


Dice el plan literalmente: Los instrumentos para hacer realidad los compromisos en política interior son fundamentalmente normativos, presupuestarios, de coordinación interministerial e interinstitucional y de diálogo con la sociedad civil.
Pues bien, ¿cree la señora vicepresidenta que el Gobierno utiliza adecuadamente esos instrumentos a la vista de los hechos? ¿Cree la señora vicepresidenta que el ficticio presupuesto del Estado vigente ha servido para garantizar el principio de
igualdad, remover obstáculos y fortalecer la cohesión interna de la sociedad española? ¿Cree la señora vicepresidenta que la coordinación interministerial de este Gobierno es un valor acreditado a tenor de las contradicciones continuas entre unos y
otros departamentos en cuestiones que son básicas para asegurar la efectividad de los derechos sociales y económicos? ¿Cree la señora vicepresidenta que el Gobierno ha promovido una verdadera cooperación interinstitucional cuando sistemáticamente
carga contra ciertas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o contra instituciones representativas de las creencias de una gran parte de la sociedad española? ¿Cree la señora vicepresidenta que el diálogo con la sociedad civil ha
sido real, por ejemplo, en el proceso de elaboración de su pretendida reforma sobre la legislación del aborto, reforma que además contradice flagrantemente la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional sobre el alcance y límite del artículo
15 de la Constitución?


Dice el plan literalmente: Un plan de derechos humanos debe fijarse fundamentalmente en aquellos aspectos que afectan de modo más directo a la protección y promoción de los derechos de las personas ante la justicia. Pues bien, ¿cree la
señora vicepresidenta que este Gobierno está mejorando el funcionamiento de la justicia? ¿Cree la señora vicepresidenta que la generalización impune de prácticas como la violación del secreto sumarial contribuye a proteger los derechos del
ciudadano y sus garantías de defensa? ¿Cree la señora vicepresidenta que la utilización política del orden jurisdiccional refuerza los valores del Estado de derecho? Por cierto, ¿cree la señora vicepresidenta que la voluntad de un ciudadano, sea
hombre o mujer, está por encima de la ley y del juez, como recientemente ha dicho un miembro del Gobierno?


En conclusión, dice el plan literalmente: La realización y el perfeccionamiento del sistema de derechos de un país depende del compromiso cotidiano que adopten los poderes públicos, y ese compromiso significa estar atentos a los nuevos
desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico. Desde el momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse. Pues bien, juzgue usted, señora vicepresidenta, si el estado de cosas de la realidad
nacional es o no coincidente en términos de opinión pública con el triunfalismo y autobombo permanente del que hace gala este Gobierno.
Apenas unos días atrás, los españoles dejaron claro en las urnas el sentido de su dictamen. Esta debería ser
para el Gobierno la hora de la reflexión. No es verdad, como dice...



El señor PRESIDENTE: Y también es la hora de acabar.



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El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señor presidente.



No es verdad, como dice pretenciosamente el plan, que cada medida de este plan sea una garantía en sí misma. Eso no es verdad. No lo es en términos dialécticos, y desde luego, no lo es en términos políticos ni desde el planteamiento
auténtico de la realidad. La garantía real vendrá determinada por lo que haga o deje de hacer el Gobierno, en la observancia de la Constitución y de las leyes. La garantía real vendrá determinada por el planteamiento de sus políticas sectoriales.
La garantía real vendrá determinada por el respeto a la pluralidad intrínseca de la sociedad española y la garantía real vendrá determinada por el servicio a los intereses generales y por su lealtad a la verdad, porque, por ejemplo, no sirve a la
verdad decir antes del pasado 7 de junio que no habría subida de impuestos y hacerlo inmediatamente después de las elecciones. Esta es la cuestión clave, señora vicepresidenta.



Nosotros vamos a seguir puntualmente la suerte práctica que se dé a los contenidos de este texto, aunque mucho nos tememos que la gestión del Gobierno lo convierta, como otras tantas cosas, en mero papel mojado. Por cierto, nos ha
sorprendido que la señora vicepresidenta haya dicho literalmente que en las próximas semanas se reunirá por primera vez la comisión de seguimiento prevista en el plan. Es decir, han transcurrido algo más de seis meses desde la aprobación del plan y
ni siquiera se ha producido la primera sesión constitutiva de dicha comisión. Pero le digo, señora vicepresidenta -y con esto concluyo, señor presidente-, que ojalá esa hora de la reflexión a la que antes hacía referencia pueda servir al Gobierno.
Desde luego en este grupo parlamentario encontrará siempre la lealtad de decir la verdad, el respeto en las formas para establecer nuestros criterios y nuestro compromiso y nuestra voluntad de que sepamos trabajar juntos para mejorar las condiciones
reales de vida de los españoles -esa dimensión interior del plan-, la proyección exterior de España -esa dimensión exterior del plan- y, en definitiva, el valor y la efectividad real de esa doctrina de los derechos humanos. En eso nos encontrará
siempre con la mano tendida. Hace falta, señora vicepresidenta, que el Gobierno quiera y sepa recibir esa mano.



El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Señora vicepresidenta, bendita coincidencia que hoy, día en el que usted comparece para presentar el plan, se haya aprobado en la Comisión de Interior la nueva Ley de asilo y refugio del Estado español que, a nuestro
entender, significa si no un paso atrás muy importante, al menos tampoco significa poner a la democracia española un esmoquin, el esmoquin que correspondería a un Estado avanzado de la Unión Europea que debe mucho a la solidaridad internacional -la
historia del Estado español es una muestra de necesidades de solidaridad- y, en cambio, hemos legislado una ley que navega al pairo de los aires conservadores europeos actuales. El Estado español ha perdido la oportunidad de ser el mascarón de
proa, el ariete de la resistencia que desde Europa habría que impulsar, máxime las democracias jóvenes como la posfranquista española. Por un lado, existe su compromiso pero la realidad es mucho más prosaica. La verdad es que la ley que hoy se ha
aprobado es, a nuestro juicio, lamentable; lamentable si tenemos en cuenta lo que estaríamos obligados a hacer, porque si no lo hacemos nosotros no lo hará Berlusconi. Debe hacerlo la izquierda española y no Berlusconi.



Dicho esto, usted conoce nuestro compromiso, como el del Grupo Socialista y el del resto de grupos parlamentarios de esta Cámara, con los derechos humanos, pero también debo decirle que nuestras iniciativas muchas veces se han topado con el
muro del Partido Socialista. Por ello, ante este plan de derechos humanos lo que vamos a hacer es utilizarnos a nosotros mismos como espejo para reflejar las apreciaciones que al respecto ha considerado Amnistía Internacional. Paso a relatarle
algunas de ellas, matizadas, lógicamente, porque todo está pasado por el tamiz de nuestro grupo parlamentario, puesto que somos nosotros los que hablamos y somos propietarios de nuestras opiniones. Respecto a la lucha contra el racismo y la
xenofobia, faltan medidas que impulsen investigaciones sistemáticas con recogida y publicación periódica de datos sobre las actuaciones con motivación racista y xenófoba, tanto por parte de particulares como de agentes del Estado. Usted sabe que
existe una proposición no de ley nuestra a la espera de ser debatida pero que ya tiene precedentes de agresiones múltiples por parte de los fascistas -repito, por parte de los fascistas- con colaboraciones de la policía en, por ejemplo, el País
Valenciano. Esto es lamentable. Se le ha dicho al señor Rubalcaba por activa y por pasiva. Existe una complicidad entre la policía y los grupos fascistas para golpear y atropellar a ciudadanos de tendencia izquierdista o ciudadanos inmigrantes.
Ustedes lo saben. Supongo que algún día tomarán medidas más allá de las buenas palabras.



Respecto a la estrategia nacional integral de lucha contra el racismo y la xenofobia que debería contar en su elaboración con las organizaciones y expertos de la sociedad civil, se deben incorporar mecanismos de coordinación con los
gobiernos autonómicos y locales. Hay que ir hacia un funcionalismo radical, incluir medidas aplicables en los medios de comunicación, lugares de trabajo, etcétera. Además, se deben contemplar medidas específicas para combatir la discriminación de
la comunidad gitana y la múltiple discriminación de mujeres gitanas e inmigrantes.
Volver a hablar de esto debería darnos vergüenza. Ahora se está tramitando entre los grupos parlamentarios una declaración institucional de apoyo, solidaridad y
-digamos- una cierta catarsis sobre cuál ha sido la historia del Estado español respecto al pueblo gitano. Una cosa es, repito, las grandes declaraciones, a las cuales todos -a veces hipócritamente-


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nos sumamos, y otra es la realidad que continúa siendo muy dura para estos colectivos. También debe contemplarse un capítulo dedicado a prever la tortura y los malos tratos con motivación racista por parte, repito, de las Fuerzas de
Seguridad del Estado y en el ámbito de la Administración de Justicia.



Violencia de género. Paso rápidamente a comentar algunas cuestiones que, a nuestro juicio, son importantes. El plan contempla medidas para la investigación del fenómeno para evaluar la idoneidad de las medidas hasta ahora adoptadas, pero
es necesario articular mecanismos para obtener un conocimiento exhaustivo del fenómeno, dando voz a las víctimas. Hay una moción aprobada por unanimidad en la anterior legislatura con un texto transaccional del Partido Popular y Esquerra
Republicana en la que se instaba, entre otras muchas cosas, a realizar informes de observación con la participación de las víctimas y de las asociaciones de mujeres, así como la observación y la evaluación continua, con el establecimiento de
indicadores que sirvieran para el análisis. Pues, oiga, esto está en el éter. El plan no incluye indicadores específicos, como recomienda el informe de la redactora especial para la evaluación de la ley integral.
En ese sentido, no hay pasos
significativos para la eliminación de los obstáculos que muchas mujeres inmigrantes, víctimas de la violencia de género, encuentran para acceder a la protección, justicia y reparación.
El plan debería garantizar que el plan integral de lucha contra
la trata con fines de explotación sexual no condicione la protección de las mujeres y niñas víctimas de trata. Asimismo, deberían flexibilizarse los mecanismos de acreditación de las víctimas de violencia de género, de modo que se reconozcan,
además de la orden de protección, otros mecanismos para acceder a todos los derechos previstos en la ley integral.



Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. En este apartado hay un importante vacío al no incluir a las víctimas de tortura y malos tratos infligidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debo recordar que en la
anterior legislatura, Esquerra ya presentó una proposición no de ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU para la prevención de la tortura y se aprobó. Esto está donde está.
En esta misma línea, debería incluirse la prohibición
de prescripción de los actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extralegales, aun cuando no alcancen la calificación de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, de acuerdo con el compromiso de ratificación de la Convención internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas prevista en el plan, ésta debería recoger el compromiso del Estado español de cooperar con el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o
involuntarias, con el fin de esclarecer los casos pendientes.



Respecto a derechos humanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este plan de derechos debería ser el marco para la eliminación del régimen de incomunicación carcelaria. Lo dejo aquí porque si no, no me va a dar tiempo a todo.
Déjenme que apunte otros déficits. Si bien el plan incluye la medida relativa a la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, este organismo todavía no se ha creado ni se ha establecido un calendario de consulta de expertos
de la sociedad civil respecto al modelo de composición propuesto por el Gobierno para este órgano. Asimismo, se debería garantizar la puesta en marcha de investigaciones rigurosas y eficaces de las denuncias de torturas y malos tratos a manos de
agentes estatales en España, evitando así que queden impunes. En este ámbito, debo recordarles que en la anterior legislatura se aprobó una moción de Esquerra en la que se reclamaba la adopción de medidas concretas para la prevención de la tortura,
la depuración de las correspondientes responsabilidades y la protección y reparación de las víctimas. Lamentablemente, esas medidas no se han cumplido. Si usted hoy me ilumina, estaré muy agradecido y, además, manifestaré públicamente nuestra
rectificación.



Inmigración y asilo. El plan no aborda la identificación de los problemas con los que se encuentran las personas inmigrantes. Antes ya he hecho referencia a la ley que se ha aprobado hoy. El plan no hace referencia alguna a la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes. Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, usted sabe que se deben garantizar estos derechos como derechos subjetivos, plenos, y asegurar su
tutela judicial efectiva con una verdadera protección jurídica. Estamos ahora a las puertas de la aprobación de la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería. La verdad es que viendo lo que hemos visto esta mañana empezamos a tener una cierta
inquietud sobre el alcance de la ley. La ecuación presentada por el ministro Corbacho de adecuar inmigración a coyuntura económica puede ser en parte válida siempre y cuando quede muy garantizado que donde no se llega en cuanto a la solidaridad por
imperativo económico, al menos sí queda firmemente blindado respecto a los derechos humanos. Por esto, nos duele tanto la ley de asilo que se ha aprobado esta mañana.



Respecto a la promoción de los derechos humanos en las relaciones bilaterales con otros países, aquí sí que con la Iglesia hemos topado, porque ahí están Colombia, China, Marruecos, Israel, Guinea Ecuatorial, etcétera. En Guinea Ecuatorial
ustedes saben qué pasa con el cumplimiento de los derechos humanos respecto a la población bubi, hablemos de Marruecos respecto a saharauis, o en Israel los crímenes de guerra llevados a cabo por el ejército israelí. Y ustedes, en la medida que
puedan, siempre mirando hacia otro lado y buscando miles de excusas para no encarar de verdad, no con la mentalidad de izquierdista progre sino de verdad, lo que tiene que ser un firme compromiso en contra de la violación de los derechos humanos.
Le he hablado de Colombia, y la verdad es que los republicanos catalanes ni nos levantamos ni aplaudimos al señor Uribe cuando lo trajeron aquí, al Congreso de los Diputados.
Ustedes saben que en Colombia en estos momentos se está asesinando a


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sindicalistas y están desapareciendo y están asesinando a dirigentes indígenas. Creo que en el apartado de la promoción de los derechos humanos en las relaciones bilaterales con otros países hace falta un compromiso de verdad y condicionar
las relaciones, incluso económicas, al cumplimiento de los derechos humanos, y repito los casos de Guinea Ecuatorial, Colombia, Israel, Marruecos, China y otros países. Hay que apostar por países que a pesar de todos los condicionamientos
económicos, como India por ejemplo, son países con una voluntad democrática y de perfeccionar sus instituciones democráticas y no por otros países que presentan formas de gobierno inaceptables en el siglo xxi, máxime vistos desde una democracia
europea, vistos desde la delicatessen europea.



Respecto a la seguridad y derechos humanos en el mundo, el plan hace referencia a la necesidad de combatir el terrorismo desde el respeto a los derechos humanos, y omite mencionar acciones concretas para responder a las distintas
recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa por la participación europea en las llamadas entregas extraordinarias a través de aviones de la CIA Esto lo hemos debatido la pasada legislatura y ustedes hicieron lo que pudieron, y
aquí a veces, se ven las coincidencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista porque los intereses prevalecen en muchos casos, casi siempre, por encima de los derechos humanos.



Respecto al apartado 9, Unión Europea y derechos humanos, creo que luego podremos seguir hablándolo cuando la vicepresidenta trate de los temas relacionados con la inmigración. Finalmente, en Corte Penal internacional y jurisdicción
universal, quién iba a decir que mañana vamos a aprobar la ley de implantación de la nueva planta judicial y quién iba a decir que el Estado español, la democracia española, iba a cerrar la puerta a la justicia universal. Ahora solamente será
posible perseguir los crímenes de lesa humanidad, los genocidios y los crímenes de guerra si la víctima es española o bien el genocida esté en territorio español. ¿Y quién va a luchar por la causa de la justicia universal? Dicen que no hay peor
rico que el nuevo y peor cristiano que el converso; efectivamente, la democracia española, como popularmente se diría, se ha pasado de frenada o realmente somos unos nuevos ricos que ya no recordamos que hace cuatro días éramos perseguidos. El
domingo se hizo un gran homenaje en México a los republicanos y a los exiliados españoles, hace cuatro días éramos perseguidos en todos sitios y, en cambio, ahora consideramos que somos el ombligo del mundo y vamos repartiendo solidaridad como aquel
que pone azúcar encima de un pastel. No cuenten con nosotros para ser sus cómplices y esperemos que podamos ir modificando a lo largo de esta legislatura su tendencia hacia no sé qué.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quiero pedir disculpas, pero los miembros del Grupo Mixto estamos en todas las bodas y en todos los bautizos.



No he podido terminar de escuchar la última parte de la intervención de la señora vicepresidenta, pero sí quiero decir que este es uno de los temas que hace que una se sienta orgullosa de este país, de los avances que estamos teniendo y del
papel que puede jugar el Congreso de los Diputados. Después de estar en sesiones de Pleno y de comisiones, donde priman cosas que no afectan a los ciudadanos, a los valores, creo que es bueno que en esta casa, en el Congreso de los Diputados, hoy
haya venido la vicepresidenta a explicar y a informar del Plan de Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros. Creo que es un orgullo y ojalá todos los países tuvieran ese momento. No soy una persona de echar flores sino todo lo
contrario, lo digo sinceramente. Quiero aprovechar la ocasión para decir a la vicepresidenta y al Gobierno que creo que es bueno que España haya sido de los primeros países que haya dado el paso para colaborar en el cierre de ese horror que es
Guantánamo, y sobre todo que pueda hacerse rápido y que, además, se haga con transparencia, con información política, con respeto a los derechos humanos y colaborando.
Es muy fácil a veces criticar, es fácil condenar, pero a veces es difícil asumir
las soluciones con un sentido de Estado, de responsabilidad y, sobre todo, haciendo llegar el sentir de la población civil. En este caso no quiero intervenir más porque lo haré de forma más extensa en el siguiente punto de inmigración, pero, por
una vez, quiero felicitar a la vicepresidenta por el Plan de Derechos Humanos y también por la acción decidida, pública y transparente del Gobierno español con respecto al cierre de Guantánamo.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora vicepresidenta, he de decir que estoy muy agradecido también por la información, quisiera comentar que prolija siguiendo una especie de inercia retórica en esta Cámara, pero no me ha parecido tan prolija,
más bien lacónica.



Señor presidente, tengo que comentar que estoy un tanto desorientado, quizá por mi no pertenencia a esta Comisión en condición de titular. Aquí se nos presenta un Plan de Derechos Humanos que tiene cuatro epígrafes y 28 números a
desarrollar y la vicepresidenta no ha glosado ninguno de ellos, por tanto, no se puede aludir o invocar una explicación exhaustiva de las características y objetivos del plan. Esa desorientación se incrementa notablemente oyendo otras reflexiones
de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en unos casos muy alusivas a problema domésticos o internos de partido -por qué no decirlo- y en otros casos dando una dimensión omnicomprensiva al problema de los derechos humanos, de
una forma voluntarista


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pero con una ordenación vamos a dejarla en discutible. Me gustaría preguntarle en su condición de presidente de esta Comisión quién nos va a glosar y a explicar el contenido material del Plan de Derechos Humanos que presenta el Gobierno hoy
-imagino que alguien lo hará-, y, en todo caso, quién va a hablar de derechos humanos. Si es menester lo hago yo con toda la humildad del mundo y sin mayores pretensiones, pero me imagino que por no desnaturalizar el trámite de esta comparecencia
alguien debería preocuparse de esta cuestión. Yo, en la medida de mis posibilidades, alguna reflexión voy a hacer atinente al plan que se nos ha presentado, que me imagino que es el aprobado por el Gobierno puesto que es la vicepresidenta primera
la que nos honra con su presencia y nos lo pretende explicar.



En cuanto a su legitimación o su origen, la vicepresidenta, señora Fernández de la Vega, nos ha comentado que son requerimientos de organismos internacionales, de derecho internacional público. Le quiero recordar que hay una resolución
aprobada en el último debate sobre el estado de la Nación por unanimidad y presentada por el grupo parlamentario al que represento que tiene tres puntos. Insta al Gobierno a presentar antes del 30 de junio del año 2009 un Plan de Derechos Humanos.
Este primer punto está cumplido; lo han hecho antes del 30 de junio.



Tiene un segundo punto, que hace referencia a presentar ante la Cámara antes del 1 de octubre de 2009 un programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias para dicho plan. Me gustaría saber si
ustedes van a estar en condiciones en esa fecha, el 1 de octubre de 2009, de atender a esta indicación, a este requerimiento, en definitiva, porque es una proposición aprobada por unanimidad, también con los votos de su grupo parlamentario, el grupo
parlamentario que sostiene al Gobierno. Y hay un tercer punto que invoca la necesidad de explicitar cómo y en qué términos piensan articular el mecanismo de seguimiento previsto en dicho plan y la participación de las Cortes, que en todo caso
incluirá la entrega a los grupos parlamentarios de un informe semestral -este es el requerimiento concreto- sobre su desarrollo, que será presentado ante la Comisión Constitucional. Esta es una propuesta de resolución aprobada -es una resolución
ya-, no disponible para el Gobierno, en el debate sobre el estado de la Nación, y la primera pregunta que le haría, señora vicepresidenta, es si está el Gobierno en condiciones de atender el triple requerimiento que dimana de esta propuesta de
resolución aprobada por unanimidad en el último debate sobre el estado de la Nación.



Ya ha sido indicado por algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que también hay invocaciones o requerimientos de organizaciones prestigiosas que pertenecen al Estado español o de ámbito internacional, pero que tienen
sus delegaciones o secciones en el Estado español, particularmente Amnistía Internacional. Dentro de estos 28 números que configuran el plan y de los cuatro epígrafes, Amnistía Internacional les requiere que atiendan específicamente y con prioridad
tres puntos. En primer lugar, la creación de una estrategia nacional e integral de lucha contra el racismo y la xenofobia, impulsando investigaciones sistemáticas y con recogida y publicación periódica de datos sobre actuaciones con motivaciones
racistas. Este es un problema creciente en nuestra sociedad, señora vicepresidenta -usted lo conoce-, y me gustaría saber si usted comparte esta diagnosis de Amnistía Internacional y si están dispuestos a comprometerse con el seguimiento de este
pedimento suyo, muy razonable y muy fundado en opinión de mi grupo parlamentario. En segundo lugar -este es un tema importante también-, la puesta en marcha de un mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Cuando Amnistía Internacional hace
una invocación sobre la tortura, no lo hace carente de legitimidad y con ausencia de fundamentos. De hecho, usted conoce perfectamente que dos relatores contra la tortura de la ONU, de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, uno de ellos
prestigiosísimo, el doctor Schilling, han realizado reflexiones muy críticas sobre el ordenamiento jurídico español en relación con la tortura, no tanto porque haya prácticas de tortura, que las hay, pues si no los tribunales, los órganos judiciales
del Estado español, no hubiesen condenado con sentencias firmes a 75 funcionarios policiales por prácticas de tortura, lo cual acredita, primero, la patología, que existen torturas, y luego algo que genera más satisfacción, que la Administración de
Justicia puede resultar eficiente en la represión de esta patología. Le digo esto porque también el doctor Schilling y los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas hacen una doble crítica, una doble invocación. La legislación
antiterrorista española posibilita estas prácticas aberrantes, sobre todo la legislación antiterrorista y particularmente los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -usted, que es una avezada e ilustre jurista, sabe de lo que le estoy
hablando- que posibilitan periodos de internamiento de presos de cinco días, el periodo de tiempo de internamiento más alto de los países de la Unión Europea, por lo menos de la Unión Europea de los Quince; periodos de internamiento sin ningún tipo
de control, sin ningún tipo de protocolo, de garantías, como el que ya existe en el Gobierno vasco, implementado por el anterior departamento de Interior y por la Ertzaintza mediante la instalación de instrumentos de videograbación de las prácticas
que se realizan en los centros de internamiento de detenidos preventivos, que han sido solicitados por algunos jueces, como el juez Garzón y algunos otros.
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desde el Ministerio del Interior
parece observarse cierta reticencia o renuencia a la implantación de estos procedimientos. Señora vicepresidenta, cuando el relator de derechos humanos de Naciones Unidas preconiza que va a elevar a la Asamblea de Naciones Unidas una denuncia
contra el Estado español por prácticas de tortura, porque existen espacios de impunidad posibilitados por su legislación antiterrorista, esto debe ser objeto de una debida consideración


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en un plan que se denomina Plan Nacional de Derechos Humanos. Esta no es una cuestión irrisoria, no es una cuestión baladí, sino terriblemente relevante.



Amnistía Internacional, por último, solicita incorporar un compromiso en la Agenda de derechos humanos en la próxima Presidencia española de la Unión Europea, durante el año 2010, donde se dé especial atención, entre otras cosas, a la
protección de los derechos humanos en las políticas de asilo y refugio. Señora vicepresidenta, el señor Tardà ha dicho una cosa muy relevante, y es que se ha hablado más de derechos humanos esta mañana en el debate del proyecto de ley de asilo en
la Comisión de Interior que esta tarde en esta Comisión, a la cual yo profeso un gran respeto, Comisión terriblemente de gran relevancia en el entramado institucional, del Congreso de los Diputados, de esta institución. Se ha hablado mucho más de
derechos humanos que esta tarde en la presentación del Plan de Derechos Humanos, infinitamente más, no mucho más, infinitamente más. Se ha hablado del derecho de asilo desde las múltiples perspectivas analíticas que el derecho de asilo y el derecho
al reconocimiento de la condición de refugiado meritan. Se ha hablado de los dos tratados internacionales de derechos humanos aprobados en el año 1966, ya ratificados por el Estado español; se ha hablado de la Convención contra la tortura del año
1974; se ha hablado del concepto de apátrida por la Convención de Naciones Unidas del año 1954; se ha hablado de cosas terriblemente relevantes que deberían formar parte ínsita, inevitablemente, del Plan de Derechos Humanos aprobado por usted en
el ámbito de la transversalidad que un Plan de Derechos Humanos como el que ha presentado en la tarde de hoy debería poseer.



Le denuncio y le anuncio las invocaciones del relator de derechos humanos de Naciones Unidas. No son invocaciones que uno deba tomarse o relativizar en demasía, sino que son críticas solventes, críticas acreditadas en virtud de una
indagación muy prolija y de una interlocución de estos relatores de derechos humanos con todas las instituciones del Estado español de ámbito estatal y autonómico. Por cierto, también critican la política penitenciaria y la existencia de penas que
coinciden con la pena de muerte o que contravienen la Declaración de Derechos Humanos europea en relación con lo que se consideran penas degradantes, humillantes y prohibidas por dicha convención en virtud de la jurisprudencia interpretativa del
propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a la imposición de cuarenta años de cumplimiento íntegro de condenas a los comitentes de determinados delitos, no solo de terrorismo; de terrorismo y de otros.



Dicho esto, querría preguntarle sobre algunas cuestiones atinentes a esta materia y sobre algunas cuestiones de actualidad, que yo creo que no...



El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.



Dada la desorientación que glosé en el frontispicio, si se puede utilizar esta expresión, de mi intervención, la verdad es que no tengo mucho más que decir. Nadie ha hablado de derechos humanos y, en la medida de mis humildes posibilidades,
voy a intentar hacerlo yo.



Hay un problema de terrible actualidad que hace referencia a la posible extradición de dos personas detenidas en la ciudad de Melilla, Mohamed El Bay y Ali Arras, al Estado de Marruecos. No sé cómo se encuentra esta situación, puesto que no
tenemos más noticias con las que ilustrarnos que las de los medios de comunicación. En la Ley de Asilo se hace una proclamación inequívoca -el señor Tardà podrá en este momento validar mis palabras- y es que no se puede extraditar a una persona
detenida en el Estado español a un país o a un Estado donde el cumplimiento inequívoco de los derechos humanos prescritos en los tratados internacionales, declarativos de los derechos humanos internacionales, no sean objeto de estricto y total
respeto. Me gustaría saber cuál es en este momento la situación de estos dos detenidos en Melilla, de estos dos presos pretendidamente pertenecientes a Al Qaeda, y cuando digo pretendidamente lo hago con mucho énfasis, porque pretendidamente todos
los de Guantánamo eran también pertenecientes a Al Qaeda hasta que se ha demostrado lo contrario, que solo una mínima parte de esos detenidos pertenecía a Al Qaeda, como las circunstancias posteriores que hemos conocido han provocado.



Le podría preguntar muchas más cosas, como la situación de justicia. Usted es una persona que nos podría ilustrar, por la profundidad de sus conocimientos, sobre la situación de justicia. No se va a aprobar la ley de planta judicial, se va
a aprobar la ley de oficina judicial a la que se han incorporado preceptos de naturaleza jurídico-formal orgánicos, entre otras cosas, los nuevos delitos que pertenecen a la jurisdicción universal. Me gustaría conocer -y termino, señor presidente-
si la determinación de esos delitos que pertenecen a la nueva jurisdicción universal en esta ley son los que se corresponden con este plan que usted nos ha presentado. En definitiva, señor presidente, nos gustaría preguntarle tantas cosas sobre
algo tan esencialmente democrático como un Plan de Derechos Humanos, en un Estado en que, en opinión de mi grupo parlamentario, sincera y honestamente se lo digo, existen manifiestos déficits democráticos que deben ser explicitados. Me gustaría
preguntarle muchas cosas para, quizá no en este trámite pero sí en trámites posteriores y mediante una desagregación más profunda, poder seguir cumplimentando esta información.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.



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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la comparecencia y la información de la señora vicepresidenta del Gobierno. Lógicamente todos los grupos seguro que nos alegramos de la existencia de este Plan de Derechos Humanos.
Era evidente que el Gobierno español había asumido determinados compromisos en esta materia que se debían de concretar y finalmente eso se han concretado. Quizá, la sensación que a uno le queda de la lectura de este Plan de Derechos Humanos es que,
por un lado, es de una enorme amplitud ya que incorpora multitud de cuestiones; desde la política exterior, la política de asilo, la de medio ambiente, la discapacidad, la autonomía personal, el cambio climático. Es casi un programa de
legislatura. Y en aquellas cuestiones que están más directamente vinculadas al núcleo duro del debate de la política de derechos humanos, tanto en su dimensión exterior, como interior, echamos en falta concreción.



El señor Olabarria, muy acertadamente, le ha recordado esa resolución que se aprobó hace muy pocos días en el Pleno de la Cámara, que pone en evidencia que este plan no va acompañado de un calendario de implementación de esas medidas, de un
presupuesto en relación con las mismas y de algún mecanismo que nos permita poder evaluar ese conjunto de compromisos tan amplios que el Gobierno asume en el mismo y por eso da esa sensación. Yo creo que son 172 medidas concretas las que
constituyen ese plan. Hubiese sido más acertado un plan más centrado en los núcleos duros del ámbito de derechos humanos y con mayor capacidad de concretar calendario, presupuesto y mecanismos de evaluación.



En mi intervención, que necesariamente debe ser corta, voy a intentar centrarme en algunas preocupaciones de las cuestiones más directamente vinculadas al ámbito de los derechos humanos en el sentido estricto de la palabra. En primer lugar,
se habla de garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros. Como usted sabe, este es uno de los elementos polémicos desde hace años en nuestro ordenamiento legal, avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Ustedes ahí plantean dos medidas; una de ellas, la elaboración de un protocolo sobre servicios mínimos y aspectos esenciales de funcionamiento de los CIES.
Ahí me parece observar una contradicción con las previsiones del anteproyecto de Ley de
Extranjería, donde se prevé un desarrollo reglamentario de esas cuestiones. Le quería preguntar si el Gobierno va a optar por elaborar un protocolo de funcionamiento de los CIES o reglamentar el conjunto de la actividad de los centros de
internamiento, tal como me parece recordar que figura en el anteproyecto de ley de la reforma de la Ley de Extranjería y el calendario que tiene en relación con el despliegue de esa reglamentación o ese protocolo de los centros de internamiento. Un
tema que no es menor en un momento en el que precisamente ese anteproyecto que va a debatir este próximo otoño la Cámara amplía el periodo de retención en los centros de internamiento. Mi grupo va a apoyar esa ampliación del periodo de retención en
los centros de internamiento, pero eso exige mejor funcionamiento de los mismos; en materia de servicios mínimos, aspectos esenciales en su funcionamiento, régimen interno, colaboración con ONG que trabajan en aspectos sociales.
Por tanto, aclare
esa contradicción y díganos el calendario que tiene el Gobierno en relación con el mismo.



En segundo lugar, el plan contempla también la creación de un mecanismo para la prevención de la tortura, asumiendo los compromisos internacionales que España tiene en esa materia. Este no es un tema menor. La preocupación que creo que
todos compartimos sobre malas prácticas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este campo exigen la existencia de esos mecanismos, pero el plan ni concreta calendario ni concreta presupuesto previsible y articulación concreta de este
mecanismo para la prevención de la tortura. Me gustaría conocer con un poco más de detalle lo que incorpora ese epígrafe.



En tercer lugar, política exterior. Seguramente una de las cuestiones donde la dificultad de hacer compatibles los discursos con las prácticas de los gobiernos se pone más en evidencia, no tan solo en España sino en el conjunto del mundo, y
ahí el plan es muy poco concreto. En paralelo vivimos situaciones específicas que a mi grupo le preocupan y que han suscitado algunas iniciativas parlamentarias de control. Por ejemplo, ciudadanos de Rusia que España extradita hacia ese país con
denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch respecto a las condiciones en las que se deba producir esa extradición. Recuerdo el caso de un ciudadano de origen checheno y Human Rights Watch y Amnistía Internacional
denunciando la decisión que el Gobierno tomó en este ámbito. La semana pasada activistas de los derechos humanos visitaron a diversos grupos parlamentarios y nos trasladaron la preocupación por la falta de iniciativa política de la diplomacia
española en México frente al asesinato de defensores de los derechos humanos en el Estado de Guerrero. Durante la Presidencia checa, el Gobierno checo y diversos diplomáticos europeos, ninguno de ellos español, se trasladaron a Guerrero para
conocer esos asesinatos y la diplomacia española estuvo ausente en esa acción. ¿Adónde voy? Necesitamos que una materia que es compleja, que es difícil, en la que junto con la apelación de los derechos humanos es evidente que figuran otros
elementos, deberíamos de ser capaces de articular medidas concretas que nos permitiesen discutir si en estos casos específicos nuestra política exterior responde al compromiso en los derechos humanos. En este sentido creo que el plan es
extremadamente flojo.



Ley de igualdad de trato y no discriminación. ¿Es un compromiso político del Gobierno en el terreno legislativo? ¿Va a tener una trascendencia importante? Tenemos en materia de extranjería y en materia de discapacidad algunas
legislaciones hechas, por cierto, en tiempos del Gobierno del Partido Popular que no se han desarrollado en la práctica.
El capítulo de medidas antidiscriminatorias


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de inmigración -el señor letrado de la Comisión las debe recordar perfectamente porque nos apoyó en aquel trámite parlamentario- no ha tenido ningún desarrollo, o la Liundau, que en materia de discapacidad tampoco ha tenido un desarrollo.
Si nos anuncia esa ley de igualdad de trato y no discriminación, nos gustaría conocer en más detalle el contenido que el Gobierno prevé en ese futuro proyecto de ley.



En cuarto lugar, nos ha sorprendido la ausencia de cualquier referencia a la incorporación de los derechos humanos en los convenios de readmisión con terceros países de inmigrantes en situación irregular. Digo esto porque desde la crisis de
los cayucos, donde el Gobierno impulsó, y ahí la vicepresidenta tuvo un papel activo, una presencia muy importante en países africanos, especialmente de África occidental, de promover que se asumiesen compromisos para que aceptasen a los nacionales
de esos países en los supuestos de expulsión, hemos vivido situaciones como la de Mauritania, país que ha readmitido a nacionales de Mauritania y a nacionales de terceros países y donde es discutible que esa readmisión haya garantizado el pleno
respeto de los derechos humanos en Mauritania, que vivió un golpe de Estado y con el que se mantuvieron esos compromisos que el Gobierno había firmado con el Estado de Mauritania. En la previsión de que vamos a continuar necesitando impulsar
convenios de readmisión con terceros países que acojan a sus nacionales o a nacionales de terceros países en supuestos de expulsión, reforzar la dimensión de los derechos humanos en estos procesos nos va a parecer absolutamente fundamental.



Último comentario que le querría trasladar. Efectivamente, el plan incorpora un mecanismo de comparecencia anual ante esta Comisión del presidente de la comisión de seguimiento del plan, y nos parece correcto.
Pero yo le sugiero, señora
vicepresidenta, trasladar en este trámite lo que creo que nos está funcionando bien en otros trámites parlamentarios.
Por ejemplo, en el informe anual que el Gobierno traslada a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados sobre comercio de
armas, que se debatió hace quince días, o en el dictamen que la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo realiza del Plan Director de Cooperación o de los planes anuales de cooperación. En esa línea, creo que sería bueno que junto con
esa comparecencia del Gobierno, posteriormente, el conjunto de los grupos parlamentarios pudiesen elevar recomendaciones al Gobierno en relación con la política a realizar en el año siguiente. Creo que mejoraríamos sustancialmente el debate
político en esta Comisión sobre esa política concreta del Gobierno.



Termino, señor presidente. Tan solo trasladarle que Convergència i Unió comparte el compromiso del Gobierno de apoyar a la Administración norteamericana en el cierre de Guantánamo y asumiendo sus responsabilidades, de acoger a presos que
provengan de esa cárcel. Nos parece que es una decisión que la Unión Europea debía tomar y que España debería comprometerse con el resto de socios de la Unión en este campo.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Elviro Aranda.



El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señora vicepresidenta, señorías, mis primeras palabras tienen que ser un doble agradecimiento a la vicepresidenta y al Gobierno de España. En primer lugar, por haber elaborado este Plan de
Derechos Humanos, dejando constancia de que es un plan abierto, transversal, para poner en marcha un nuevo instrumento de protección de los derechos humanos en nuestro país. Y, en segundo lugar, agradecimiento también porque este plan se esté
presentando en esta Comisión, en el ámbito parlamentario, y además que en el propio plan se establezca que habrá una comisión de seguimiento del mismo que informará periódicamente sobre los trabajos que desarrolla. Por tanto, un instrumento más
para la protección de los derechos humanos en nuestro país, un instrumento abierto, un instrumento transversal de las políticas que se desarrollan por parte del Gobierno y que se realizan también en el ámbito legislativo, en la Cámara, y un plan que
además se va a conocer por parte del Parlamento y se va a supervisar en esta Comisión. Creo que son dos elementos importantes que había que señalar.



Señorías, esta tarde hemos vuelto a escuchar en esta sala argumentos minusvalorando el documento que se nos ha presentado. Casi se ha declarado la inutilidad de este documento. Se ha dicho que es un programa político del Gobierno, un
instrumento publicitario, incluso se ha dicho que no se ha aprobado hasta ahora cuando la Convención de Viena se aprobó en 1993. Y yo diría ¿y oor qué no se hizo de 1996 a 2004? También se podía haber hecho y no se hizo. Es importante decir esto.
No son argumentos nuevos la minusvaloración de este tipo de documentos en esta Comisión. Es más, yo diría que si no fuese algo tan importante como son los derechos fundamentales, incluso me atrevería a decir que se considere no relevante aprobar un
documento de derechos humanos por parte del Gobierno y que se vea en esta Comisión, casi sería una muestra de lo que hemos avanzado en este país en los últimos años. Que ya no se considere prioritario por parte de algunos grupos parlamentarios o
algunas personas la defensa de los derechos fundamentales podría ser esto. Pero, señorías, no soy de los que piensan así. Creo que los derechos fundamentales, los derechos humanos, necesitan un cuidado, un desvelo y una atención diaria por parte
de los ciudadanos y de los poderes públicos. Es más, los derechos humanos son la esencia de las democracias modernas y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que es muy difícil conquistar los derechos, es mucho más difícil poner en marcha los
instrumentos para la protección de esos derechos en el ámbito interno y en el ámbito internacional y es muy fácil perderlos, y es mucho más fácil


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también que queden en papel mojado. Por tanto, me parece que es muy importante este tipo de documento. Por eso me felicito porque el Gobierno de España, aprovechando la circunstancia del 30º Aniversario de la Constitución, la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Viena y el 60º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos haya abierto esta nueva vía para la protección de los derechos fundamentales.



Señorías, los derechos fundamentales, los derechos humanos, no son un sumatorio de artículos que están en las constituciones o en los tratados internacionales. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, son la expresión de la
dignidad de las personas, son la conquista que hemos conseguido después de muchos años las democracias avanzadas mediante la limitación de la intolerancia, del despotismo, del totalitarismo y de los fascismos. Eso ha sucedido durante mucho tiempo,
con mucho trabajo y la vuelta atrás es muy fácil en cualquier momento, también en el momento en el que nos encontramos. Por tanto, la defensa de los derechos fundamentales día a día es una exigencia -yo diría- para una sociedad democrática
avanzada. Solamente de esa manera se puede fortalecer la libertad, la igualdad, la lucha contra la discriminación, la democracia participativa y el desarrollo de los valores de dignidad.



Señorías, durante estos cinco años, el Gobierno socialista ha estado trabajando para los derechos fundamentales, ha implementado políticas para el desarrollo y el fortalecimiento de los derechos fundamentales. La señora vicepresidenta lo
decía y yo se lo recuerdo ahora al señor Gil Lázaro, que nos interrogaba sobre qué se había hecho en esta materia.
Pues, señor Gil Lázaro, yo le digo, Ley contra la violencia de género, Ley de igualdad entre hombres y mujeres, lucha contra la
discriminación por razón de sexo o por razón de orientación sexual, Ley de Dependencia, Plan de ciudadanía e integración, ampliación de derechos de sufragio de los nuevos ciudadanos, lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual,
ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de personas. Todo eso y muchas otras medidas políticas que se han tomado durante este año en el ámbito interno, pero también, señor Gil Lázaro, en el ámbito externo, en las relaciones
internacionales: Plan director de cooperación internacional; objetivo del 0,7 por ciento del producto interior bruto para la cooperación internacional en los próximos años, y hemos llegado al 0,5 por ciento en la legislatura pasada: impulso y
ampliación en la Alianza de Civilizaciones, nuevamente se minusvalora la idea de la Alianza de Civilizaciones y tengo que recordarle al Partido Popular que está reconocida en Naciones Unidas y se está trabajando ya en esta línea; cumplimiento de
los objetivos del desarrollo del milenio; Carta de Derechos Fundamentales para la Unión Europea. Señoría, creo que se ha trabajado mucho y bien a lo largo de estos años en ese desarrollo transversal de los derechos fundamentales.



Una declaración, un documento de esta naturaleza, sienta las bases y abre la puerta para su protección, pero, evidentemente, los derechos fundamentales -estoy de acuerdo con otros intervinientes- también se desarrollan en las políticas
concretas. También se ha hecho, apoyando los valores de la Corte Penal Internacional y reconociendo la jurisdicción universal, señor Tardà. La modificación que se va a discutir mañana en la Comisión de Justicia lo que hace es ampliar y ajustar el
artículo correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las previsiones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
Además, este plan va a ser un instrumento para la firma y ratificación de otros instrumentos
internacionales, pendiente para la defensa de los derechos humanos. Este plan señala la aprobación de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación o una estrategia nacional integral de lucha contra el racismo y la xenofobia. Alguno de
los intervinientes que me han precedido han hecho mención velada a algún informe de organizaciones no gubernamentales, y esos documentos de las organizaciones no gubernamentales no solo han señalado en términos generales lo positivo de este Plan de
Derechos Fundamentales, sino que además han señalado la oportunidad de este tipo de acuerdos.



Concluyo, señorías. Como decía, el Grupo Socialista se felicita por la presentación de este plan porque identifica los derechos humanos como un espacio abierto, como un espacio de modernización, porque los derechos humanos no solo son los
derechos de libertad, los derechos políticos, los derechos sociales, sino que aparecen nuevos derechos -el derecho a la paz; el derecho al medio ambiente; el derecho a unas condiciones sanitarias; etcétera- sobre los que hay que pensar y
reflexionar todos los días. Es un instrumento nuevo -de carácter político, efectivamente- para la protección -sería bueno que esta Comisión lo recogiese de buena lid-, un instrumento abierto que recoge una comisión para su análisis, para determinar
los objetivos, para determinar el calendario de trabajo, para determinar las prioridades. Esta comisión -termino ya, señor presidente- de seguimiento del plan, cuya orden que tiene que constituirla se ha aprobado recientemente, será la encargada,
señorías, de determinar todos esos elementos que preocupaban a algunos miembros de esta Comisión -calendario; objetivos; prioridades-. Por tanto, no adelantemos acontecimientos. Lo que se está haciendo es poner en marcha, en manos de los que van
a constituir esa comisión, los recursos para hacer efectivo este Plan de Derechos Humanos.



El señor PRESIDENTE: La señora vicepresidenta del Gobierno tiene la oportunidad ahora de contestar.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Quiero empezar por agradecer las intervenciones,


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las aportaciones y el tono de todos los portavoces, de las señoras diputadas y los señores diputados. Voy a tratar de responder a los temas fundamentales que han planteado en sus intervenciones y dar cumplida respuesta a sus inquietudes o a
las inquietudes que haya podido plantear mi intervención o bien el plan que he presentado antes SS.SS. y por el que he comparecido.



En primer lugar, quiero señalarle al representante del Grupo Popular, el señor Gil Lázaro, que no me ha sorprendido mucho su intervención, porque recoge la posición, desde que se anunció en esta Cámara, que ha mantenido el Partido Popular
sobre la existencia del Plan de Derechos Humanos.
Afirma que es un plan que no tiene contenido, que carece de virtualidad, que 172 medidas contenidas en el plan no sirven para aportar mucho, que es un plan para hacer propaganda. Respeto su
posición, pero nada más lejos de compartirla. No hay ni una sola organización no gubernamental que se dedique a los derechos humanos ni una sola fuerza política que forme parte de Naciones Unidas y del Comité de Derechos Humanos que no crea en la
conveniencia y en la bondad -por eso se ha recomendado- de promover planes nacionales de derechos humanos. Creemos en los organismos multilaterales, creemos en Naciones Unidas, creemos en el liderazgo de Naciones Unidas en la defensa de los
derechos humanos y creemos que en los derechos humanos, por muy avanzado que sea el sistema que tengamos.
Como he dicho al inicio de mi intervención, se puede catalogar entre los sistemas más avanzados de los países democráticos que tienen
constituciones con todos los mecanismos incorporados, pero eso no significa que no sea conveniente establecer también en los países desarrollados mecanismos de vigilancia ante los nuevos retos, porque la obra de los derechos humanos es siempre una
obra inacabada, y solo por el hecho de quedarse parada se producirán en muchas ocasiones retrocesos.



Desde esa perspectiva, el planteamiento es muy claro. La discrepancia y su posición en torno en este tema ha sido muy claro desde el primer día, y hoy hemos visto ratificada esa posición. Me alegra saberlo, porque a partir de ahí toda su
intervención ha estado dirigida a hablar de un plan en el que no cree: no cree que sea bueno ni cree que sea conveniente ni cree que las medidas que están puestas en marcha, que suponen claros avances, sirvan para nada. Dice usted: Es un plan
político.
Evidentemente, es un plan político y un plan de acción de este Gobierno, comprometido por este Gobierno y comprometido por el presidente en el discurso de investidura y presentado en el primer año, a los ocho meses de haber llegado al
Gobierno. Señor Gil Lázaro, probablemente no lo sepa, pero detrás de este plan hay mucho trabajo. Han trabajado muchísimas personas, ha habido muchísimas reuniones, nos hemos entrevistado y hemos consultado el plan con todas las organizaciones de
los derechos humanos de este país. Durante tres años hemos estado trabajando y consensuando el plan. Es un plan que ha recibido el apoyo -a algunas organizaciones les puede haber parecido insuficiente- de todas las organizaciones de los derechos
humanos que trabajan en nuestro país, desde la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hasta los institutos de derechos humanos, CEAR; Justicia y Paz, el MPDL, han apoyado, han aportado cuantiosas medidas y han
contribuido al debate. Es un plan que se ha realizado desde la participación de la sociedad civil.



No voy a entrar a comentar todos sus comentarios sobre ese plan en el que no cree, simplemente le voy a hacer dos matizaciones. En cuanto a lo que ha dicho respecto de la política exterior, me alegra mucho saber que comparte los compromisos
que contiene el plan en cuanto a la acción exterior del Estado. Eso supone que su grupo ha avanzado muchísimo en la defensa de muchos de los derechos humanos, que nunca habían compartido y que, desde luego, cuando estuvieron en el Gobierno nunca
ejecutaron. Por tanto, bienvenido a compartir esa parte que, desde la perspectiva de los derechos humanos, aborda este plan en política exterior. Ya sabemos que la Alianza de Civilizaciones les pone un poquito nerviosos y que todavía no han
llegado a aceptarla, pero espero que la terminen aceptando. La ha aceptado ya Naciones Unidas y cada día hay más países en todo el mundo que la han aceptado, la aceptan y consideran que es un valiosísimo instrumento la Alianza de Civilizaciones, y
como he visto que han avanzado tanto en materia de política exterior tengo gran esperanza en que lo hagan pronto respecto a la Alianza de Civilizaciones.



En cuanto a la política interior, se ha centrado fundamentalmente en tratar de preguntarse, a través de lo que dice el plan en relación con la igualdad y los derechos sociales, si eso es una respuesta a lo que está ocurriendo hoy en España.
Mi respuesta es sí. En un momento como el que estamos viviendo hoy en nuestro país, donde tenemos una crisis económica -es una crisis que está enmarcada en el ámbito internacional-, una situación de dificultad, con muchas personas que están en el
paro y familias que lo están pasando mal, precisamente es cuando más hacen falta medidas de esta naturaleza. De ahí el esfuerzo de este Gobierno en, primero, no recortar mucho los derechos sociales; segundo, hacer una política de incremento y
protección de los derechos sociales; tercero, no dejar abandonado a ningún trabajador a su suerte; y, cuarto, interponer, promover reformas y medidas precisamente para ayudar a las personas y a las familias que se encuentran en peor situación,
algo que no ocurrió en otras épocas cuando hubo situaciones de dificultad, sino que lo primero que se hizo fue recortar los derechos de los trabajadores. Por tanto, en un momento como el actual hay que aplicar, más que nunca, determinadas medidas
de derechos humanos que inciden en el ámbito social.
Precisamente, en estos momentos se están aplicando. Nunca podía plantearse mejor o tener en vigor un plan que viene a coincidir con la política que está desarrollando el Gobierno en materia de
desarrollo


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y protección de los derechos sociales de todas las personas que en estos momentos son más vulnerables.



Señor Tardá, le agradezco su intervención, y en cuanto a los planteamientos -que ha hecho declaraciones de todo tipo con relación a los temas que más le preocupaban-, hay algunas cosas en las que seguro que coincidimos y en otras que no.
Sinceramente, en la Ley de Asilo y Refugio se dan pasos importantes en orden a la protección de aquellas personas que se encuentran en esa situación, y a las que se les aplica también el estatuto del refugiado. En la ley se avanza en derechos y
garantías. Es verdad que puede haber alguna discrepancia que no hemos podido superar. Lo siento, pero de verdad es una ley que progresa con respecto a la situación en la que nos encontramos en la actualidad.
Coincido con usted en que hay
muchísimas medidas que, en estos momentos, están contenidas en el plan; que algunas están en fase de desarrollo y otras no; que se centran en un tema sobre el cual usted ha expresado su preocupación y que comparto, entre otras cosas, porque el
plan contiene nueve medidas en relación con la lucha contra el racismo y la xenofobia que se van a ir ejecutando, desde un plan de acción hasta -y lo ha planteado también algún otro portavoz- un proyecto de ley que nos hemos comprometido a traer a
esta Cámara para luchar contra la discriminación, garantizar el principio de igualdad y luchar contra la xenofobia y todo tipo de discriminación. Ese es el compromiso más importante desde el punto de vista legislativo. Además está ese compromiso
de traer a esta Cámara la ley y nos gustaría poderlo hacer antes de finales de este año 2009, y seguro que tendremos ocasión de hablarlo con los grupos políticos antes, incluso, de traerla aquí. Es una ley importante y difícil, porque hay que
establecer los límites de hasta dónde se quiere llegar. En estos momentos estamos trabajando intensamente y viendo todo lo que hay en el ámbito del derecho comparado, y tendremos ocasión de establecer un debate con ustedes, si así lo desean, sobre
los límites y los contenidos que deberíamos dar a esa disposición. Hay otras medidas contenidas en el plan relacionadas con la lucha contra el racismo y la xenofobia y contra otros temas que ha mencionado el señor Tardà, como la violencia en
relación con las víctimas, que coincide con algunas de las mociones que han presentado en la lucha contra la violencia de género, en el sentido de incorporar la voz de las víctimas. Este es un asunto sobre el que está trabajando mucho la Delegación
del Gobierno para la lucha contra la Violencia de Género, dando más protagonismo a las víctimas, ya que siempre han sido las grandes olvidadas del derecho penal. También aquí, en el ámbito de la violencia de género, han sido las personas más
olvidadas o peor tratadas, desde la perspectiva de escuchar su aportación para poder prevenir mejor las situaciones que tratamos de combatir.



Varios portavoces han hablado sobre la prevención de la tortura. Quería decir varias cosas, no solo al señor Tardà sino a todos ustedes, porque todos han expresado la preocupación con relación a la tortura y a las garantías en orden a la
libertad, la seguridad y los derechos de las personas cuando se producen situaciones de falta de libertad previstas en la ley. El Plan de Derechos Humanos produce unos avances muy importantes en esta materia. Hay diversas medidas que van desde el
tratamiento de la incomunicación en los supuestos de menores -que se adquiere el compromiso de suprimirlos por ley- hasta el establecimiento de mecanismos de distinta naturaleza en relación con las situaciones de incomunicación, que son todos los
que ha recomendado y recomienda Naciones Unidas, como la instalación de cámaras, la instalación de modificación de los libros registro o la instalación de los reconocimientos médicos. Todo eso está contenido en el plan. Lo digo porque el señor
Olabarría decía que no hemos hablado de derechos humanos. Yo he tratado de hacer una intervención para explicar el contenido fundamental del plan, ya que es un plan que tiene 172 medidas y no habría acabado nunca. Cuando me planteé cómo hacer esta
intervención me pareció que explicar y enumerar las medidas no tenía mucho sentido. Esta es una primera intervención para presentar las medidas y para presentar un plan que pretende ser vivo y abierto. Es un plan muy ambicioso con un plazo de
legislatura de cuatro años. Por eso, ahora respondo a los temas sobre los que ustedes han expresado más preocupación, pero este plan da para comentar mucho, incluso por áreas. El plan despliega no solo la acción exterior e interior, sino que
dentro de esta acción están los derechos tradicionales liberales y derechos humanos, los derechos de segunda o tercera generación y los derechos de cuarta y quinta generación, que son los derechos humanos sociales, medioambientales, es decir, los
nuevos derechos.



El plan, por tanto, es muy ambicioso y comprende todas las áreas. Desde esa perspectiva es un plan político muy ambicioso de este Gobierno que quiere tenerlo como línea de acción de todas sus políticas, por lo que hay cuestiones que están
en este plan y hay otras que están en otro ámbito de la acción del Gobierno, pero el plan atraviesa toda la acción política del Gobierno. Y ese es el sentido de los planes de derechos humanos de Naciones Unidas; planes que marcan una acción
política de forma transversal y que a veces tienen un frontispicio genérico, señor Campuzano, y a veces descienden en medidas concretas. Es verdad que precisamente por la distinta naturaleza de las medidas del plan, en algunos casos no son muy
concretas y en otros casos tiene medidas más concretas y específicas. Eso lo tenemos que ir completando con el tiempo, ya que se trata de un plan abierto, y en la medida en que vayamos cumpliendo las medidas concretas iremos definiendo las que no
son tan concretas.



Retomo la cuestión sobre la tortura y la falta de libertad. Para establecer todas las garantías en relación con la libertad, hay un montón de medidas que están en el plan en el ámbito de justicia e interior.
Algunas tienen que hacerse por
ley y otras como, por ejemplo, los libros registro tienen que hacerse con una nueva instrucción de


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la Secretaría de Estado de Seguridad. Sé que ya hay un borrador y que en algunas comisarías se va a poner en práctica el funcionamiento. En cuanto al mecanismo de la prevención de la tortura que han señalado, España ha firmado el Protocolo
de prevención de la tortura. Señor Tardà, hemos estado durante un año -desde mediados de 2007 hasta mediados de 2008- reuniéndonos con todas las organizaciones no gubernamentales para abordar las distintas posibilidades que hay para poner en marcha
ese mecanismo.
Todavía no ha habido un acuerdo, pero se han ido despejando diversas alternativas. La opción que en estos momentos baraja el Gobierno es incardinar el mecanismo de prevención de la tortura, es decir, el mecanismo que prevé el
protocolo en el ámbito de las competencias del Defensor del Pueblo, creando una unidad específica en el ámbito del adjunto segundo. Pero el desarrollo de esta cuestión la tenemos que retomar, porque es un tema que estuvimos tratando la pasada
legislatura y lo tenemos que volver a hacer de inmediato con las organizaciones, para definir cuál va a ser el mecanismo y, desde luego, con los grupos políticos. La idea es que desde los Ministerios de Justicia e Interior, que son los que están
trabajando fundamentalmente en el tema, se pongan en contacto con los portavoces para buscar un mecanismo que, además, si se incardina en el ámbito del Defensor del Pueblo tendría un gran protagonismo en esta Cámara, puesto que el Defensor del
Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales. Por lo tanto, estamos trabajando para hacerlo en ese ámbito, siempre que estuviera rodeado de las garantías de independencia suficientes y de los asesores necesarios.



Para terminar con el señor Tardà, además de todos los temas que ha enumerado, como el de la prevención de la tortura, quiero señalarle que en el de inmigración este Gobierno ha estado trabajando desde hace cinco años por promover una
inmigración legal y ordenada, y desde luego esa inmigración legal y ordenada ha pasado siempre por el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. Usted sabe que nosotros recurrimos la anterior Ley de Extranjería, que negaba esos derechos, y
que ganamos la sentencia en el Tribunal Constitucional, así como que el proyecto de ley en el que se está trabajando en estos momentos va a reconocer los derechos que en su día se les había negado a todos los inmigrantes.
Señorías, los inmigrantes
que están en situación regular en nuestro país tienen que tener igualdad de derechos que los inmigrantes españoles y reconocemos todos los derechos humanos, también a los inmigrantes sea cual sea la situación en la que se encuentran. Eso está
reflejado y recogido en la Ley de Extranjería y se va a ver más garantizado en el proyecto que vamos a traer a la Cámara.



Señora Oramas, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por sus palabras. Tenga la seguridad de que este Gobierno tratará de trabajar muy activamente en el cumplimiento de este plan y en el cumplimiento de la filosofía del mismo,
que es seguir con un plan abierto -que es instrumento de control- y seguir ampliando el plan para afrontar todos los retos y todos los huecos que pueda haber por en medio, por supuesto siempre con la participación de la sociedad civil y, como no
podía ser de otra manera, con la participación de SS.SS. y de esta Cámara, así que muchas gracias, señora Oramas, por su intervención.



Todos nos congratulamos en el tema de Guantánamo. Creemos que es una buena decisión. Sabe que España desde el primer momento hizo una declaración positiva, junto con la Unión Europea, alegrándonos de la decisión adoptada por la nueva
Administración de Estados Unidos. Desde entonces el Gobierno de España ha tenido, además de las reuniones que se han producido en el ámbito de la Unión Europea, contactos bilaterales preliminares con Estados Unidos para considerar las peticiones
concretas de acogida en nuestro país de personas que están en la prisión de Guantánamo. Precisamente el último de esos contactos se ha producido hoy mismo en Madrid entre representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia
y el enviado especial norteamericano para el cierre de Guantánamo, señor Fried, que también ha mantenido una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Hemos expresado al Gobierno de Estados Unidos que estamos dispuestos a ayudar en
el cierre de Guantánamo en la medida de nuestras posibilidades, y que vamos a examinar las solicitudes que se nos planteen en todos sus términos así como a evaluar en ese análisis las implicaciones que pueda plantear, tanto en relación con la
deseable colaboración con el Gobierno de Estados Unidos como con el respeto pleno a la legalidad internacional, a nuestra legalidad nacional y los derechos humanos así como a las garantías suficientes de seguridad.



Por otra parte, como sabe, la Unión Europea y Estados Unidos publicaron el pasado lunes 15 un comunicado conjunto sobre el cierre de Guantánamo, y en el mismo la Unión Europea respaldaba el compromiso norteamericano de cerrar la prisión y
establecía un marco compartido para la eventual acogida en países europeos de determinados individuos que actualmente están en dicha prisión. Hemos participado activamente en esta definición.
Fundamentalmente lo que se contiene es un mecanismo de
información en el ámbito de la Unión Europea, pero vamos a seguir trabajando en ese marco común y en el desarrollo de los principios que en el ámbito trasatlántico deben ser referencia compartida para la lucha contra el terrorismo. Este es un
asunto en el que se está trabajando -lo vamos a hacer con toda transparencia- y SS.SS. tendrán cumplido conocimiento de cada una de las decisiones que adopte el Gobierno, tanto en esta materia como en las conversaciones con Estados Unidos respecto
a las personas que se puedan acoger y las medidas que en su caso hubiera que adoptar.



Señor Olabarría, lamento haberle despistado con mi intervención; no era mi intención. Es verdad que probablemente podría haber optado por una intervención descendiendo más al terreno. He intentado explicar la


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filosofía del plan sabiendo que el plan tiene muchísimo recorrido; tiene toda la legislatura por delante puesto que ha empezado a funcionar ahora.
También quiero que sepan -lo pondremos a su disposición- que de las 172 medidas hay unas 40
que están casi cumplidas, y otras están en fase de cumplimiento porque tienen un cumplimiento prorrogado en el tiempo.
Asimismo le puedo decir que cada medida tiene una ficha, un procedimiento, un responsable y un plazo. Eso lo aprobamos cuando
aprobamos el plan y se lo podemos dar a conocer también a sus señorías.
La comisión de seguimiento que se va a constituir pronto -estábamos pendientes de la designación por parte de las organizaciones de las personas que van a integrarse en esa
comisión-, va a estar en contacto con ustedes y su presidente es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Como le decía, en la comisión de seguimiento el compromiso es que comparezca una vez al año o cuantas veces SS.SS. lo requieran.
Se me ocurre que a lo mejor hay que hacerlo semestralmente, puesto que en la moción que han presentado hablaban de hacerlo semestralmente y no hay ningún inconveniente al respecto.



Por supuesto, hemos presentado el plan porque ya lo teníamos hecho, si no no lo habríamos podido presentar porque lleva muchísimo trabajo. Estamos en condiciones de cumplir lo que se nos exigía en octubre porque prácticamente lo tenemos
hecho y, como digo, en octubre podremos hacer una presentación más avanzada con el comité constituido y una elaboración más detenida del estado de cada una de las medidas. Por otra parte, el tercer elemento que contenía era explicitar el mecanismo.
Hemos votado esa moción y puedo decir que estamos en condiciones de poder cumplir los tres objetivos.



Decía el señor Campuzano en relación con este tema del seguimiento, que nos recomendaba lo que se ha hecho en otros ámbitos, por ejemplo, respecto al control de armas, como es enviar informes previos para que el debate se pueda tener aquí,
en esta Cámara. No hay ningún problema; estamos abiertos a cualquier planteamiento que hagan SS.SS., de forma que podamos facilitar también la labor de SS.SS. respecto al plan como instrumento de garantía y de control de la acción política del
Gobierno y de las administraciones. Por tanto, desde esa perspectiva no vamos a tener ningún problema.



Me interesa destacar algún tema importante más que ha salido a colación aquí en relación con las denuncias que a veces se han hecho o se hacen desde los organismos de Naciones Unidas respecto a la tortura o denuncias que ha habido. Señor
Olabarría, le puedo decir que el Gobierno siempre ha colaborado con el relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, siempre, ofreciéndole toda la información que ha pedido y dándole acceso a todas las cuestiones que ha
solicitado; ha tenido todo tipo de facilitación en su labor y así ha sido reconocido por él mismo.
Ciertamente el relator hace afirmaciones críticas, pero no son tan categóricas como algunas que hace su señoría. Las que hace el relator a veces
son menos categóricas que las usted hace. El relator critica lo que él llama vaguedad de algunas disposiciones del Código Penal sobre los delitos de terrorismo. Lo que es cierto y él mismo reconoce, es que la definición del delito de terrorismo es
discutida a nivel internacional; no solo es una cuestión de España. Es más, en muchas ocasiones nuestros delitos han sido predecesores de unificación -usted lo sabe bien- y de armonización de determinados delitos en otros ordenamientos europeos.
Por tanto, desde esa perspectiva nuestro derecho penal ha sido un referente a nivel internacional para armonizar tipos penales que han servido para luchar de forma eficaz contra el terrorismo y, desde luego, nuestro ordenamiento no contradice en
absoluto el derecho internacional. El relator pide la creación del mecanismo de prevención de la tortura, y ya les he dicho que lo vamos a poner en marcha de forma inmediata porque es un compromiso. Por último, debo decirle que el Gobierno no
comparte algunas cuestiones del informe del relator pero que siempre atendemos todas las recomendaciones que nos hace, las compartamos o no. A veces se puede tener una discrepancia, pero de lo que se trata es de llevarlas a cabo siempre que sean
medidas viables, como siempre hemos hecho en esta materia.



En relación con el tema que también planteaba el señor Campuzano de dos extradiciones a Marruecos y otra a Rusia, donde había habido alguna denuncia por parte de Amnistía Internacional o de alguna organización no gubernamental, le puedo
decir en relación con los temas marroquíes que ha habido una solicitud de extradición por parte de Marruecos, ha habido un trámite judicial y está pendiente de decisión. El Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión. Lo que sí le puedo decir
es que siempre, en todas nuestras decisiones en materia de extradición, se cumplen la legalidad internacional, la legalidad nacional y las resoluciones de nuestros tribunales. Esas tres cuestiones siempre las cumplimos. En el caso más concreto que
planteaba, que sí se ha resuelto, le puedo decir que hemos cumplido absolutamente el compromiso contenido en la medida 109 del Plan de Derechos Humanos, según la cual el Gobierno garantizará el cumplimiento del principio de non-refoulement
impidiendo la entrega de cualquier persona a un país en el que corra peligro su vida o su integridad física. Respecto de este señor le puedo decir que la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición. La entrega quedó supeditada a que Rusia
presentase garantías suficientes de que al reclamado en ningún caso le podrá ser aplicada la pena de muerte ni pena de cadena perpetua, que significaría privación de libertad indefectible de por vida. El Gobierno de España ha asumido la resolución
jurisdiccional de la justicia española y ha llegado a asumir transitoriamente, a través de nuestra embajada en Moscú, funciones de supervisión del estado del detenido, algo que otros organismos no asumen. A nuestro entender, este esfuerzo es
perfectamente compatible con el respeto al Estado de derecho, el cual también exige que el señor Gasayev responda ante la justicia por los


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hechos que se le imputan. Se han respetado todos los procedimientos y tenemos todas las garantías puestas en marcha y reflejadas en la resolución de entrega. Por tanto, reitero: cumplimiento de la legislación internacional, de la nacional
y de las resoluciones de nuestros tribunales para no entregar nunca a nadie que pueda estar sometido a alguna decisión que fuese incompatible con los derechos humanos.



Muchas gracias al portavoz socialista por su intervención. Quiero decir a SS.SS. que seguimos a su disposición, como no puede ser de otra manera, para continuar hablando de este ambicioso Plan de Derechos Humanos todas cuantas veces
ustedes lo deseen, que cumpliremos la resolución del Parlamento en relación con los plazos y que estamos dispuestos a establecer los mecanismos de intercambio de información que SS.SS. nos propongan y que consideren más oportunos, incluso abriendo
la posibilidad de que se hagan sugerencias después del debate en un plan que tiene esa finalidad: ser un plan abierto, dinámico y que sirva para que nuestros ciudadanos vean reforzados cada día más sus derechos en un país y por parte de un Gobierno
que ha hecho de la extensión de derechos a los ciudadanos una de sus señas de identidad. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: No tenemos réplica, señor Gil. Ahora tienen la oportunidad de volver a intervenir, pero el Reglamento no da réplica, como saben, en las comparecencias.



El señor GIL LÁZARO: Ya lo sé, señor presidente. Se la solicitaba, si lo tenía a bien, muy brevemente.



El señor PRESIDENTE: No.



- LAS TAREAS DE COORDINACIÓN QUE PIENSA LLEVAR A CABO EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000122.)


- LAS LABORES DE COORDINACIÓN MINISTERIAL EN POLÍTICA DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE FRONTERAS, ANTE LA CONTINUA LLEGADA DE INMIGRANTES IRREGULARES A NUESTRAS COSTAS Y LA TRAGEDIA QUE SUPONE LA MUERTE DE MUCHOS DE ELLOS.
A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000162.)


- LO SUCEDIDO CON LA REPATRIACIÓN DE LOS 101 INMIGRANTES EN GAMBIA EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000183.)


- SUS FUNCIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000341.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente asunto, que además es a propuesta del Grupo Popular en los cuatro expedientes. Comparecencia de la señora vicepresidenta para explicar las tareas de coordinación que piensa llevar a cabo en
materia de inmigración; para explicar las labores de coordinación ministerial en política de inmigración y control de fronteras ante la continua llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas y la tragedia que supone la muerte de muchos de
ellos; para explicar lo sucedido con la repatriación de los 101 inmigrantes en Gambia el pasado 19 de septiembre, y para informar sobre sus funciones de coordinación en materia de inmigración. Las cuatro solicitudes de comparecencia están hechas
por el mismo grupo, el Grupo Parlamentario Popular.



Cuando la señora vicepresidenta esté preparada, tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, el pasado lunes conmemorábamos el aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la
dictadura, las elecciones del 15 de junio de 1977.
Poco tiempo después y en esa oleada de cambios y de ilusión que fue la transición, el hoy presidente de esta Comisión Constitucional vaticinaba -y estoy segura de que muchos de ustedes lo
recordarán- que España iba a ser, por así decirlo, difícil de reconocer. La verdad, presidente, es que tres decenios después de lo que estoy totalmente segura es de que los hijos de aquella España de la transición, los jóvenes que hoy tienen 30
años, no se reconocerían en la España gris, triste e intolerante que en aquellos años dejamos atrás. Y es que el progreso de nuestro país realmente ha sido enorme. España hoy es otra, y posiblemente uno de los mayores cambios que hemos
experimentado en estos años es que en un periodo muy corto de tiempo hemos pasado de ser un país de emigrantes a serlo de inmigrantes. La inmigración ya es una parte cotidiana de nuestro paisaje social, una realidad, no obstante, enormemente
compleja que es necesario abordar de manera integral desde el conocimiento de sus múltiples implicaciones. No en vano se trata de uno de los grandes retos que enfrenta nuestro mundo globalizado. Conscientes de ello, y siempre con el objetivo de
contar con una inmigración legal y ordenada, ya en la pasada legislatura adoptamos un nuevo modelo de gestión de la inmigración, un enfoque integral estructurado en torno a cuatro ejes fundamentales: la gestión ordenada de los flujos migratorios,
la lucha contra la inmigración ilegal, la integración y la plena ciudadanía de quienes aportan su trabajo y su esfuerzo a nuestra


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sociedad y la cooperación con los países emisores. Es un modelo que nos está permitiendo avanzar notablemente en una de las asignaturas que teníamos pendientes y que no creo pecar de falta de humildad si digo que está dando buenos
resultados.



Comparezco ante esta Comisión para exponer cuál ha sido el desarrollo más reciente de esta política y darles cuenta de estos resultados. España, por su situación geográfica, es uno de los países de la Unión Europea más expuestos a los
flujos migratorios. Por proximidad cultural o geográfica, somos la frontera natural de Europa con dos de las regiones que más emigración generan a nivel global: África e Iberoamérica. Cuando llegamos al Gobierno, la inmigración era un tema
colateral para la acción de la Unión Europea, no existía una política de inmigración común y apenas prácticas de concertación en esta materia. Por eso, una de nuestras principales líneas de actuación ha sido reforzar la implicación de nuestros
socios europeos en un tema que a todos nos afecta. Y lo hemos hecho con buenos resultados. Ya en diciembre de 2005, el Consejo Europeo adoptó como documento base para gestionar la inmigración el llamado Enfoque global de migraciones, presentado a
instancias del presidente Zapatero en la cumbre de Hampton Court y que adoptaba como propios los ejes de la política de inmigración que les he mencionado hace un instante.



Desde entonces y en muy poco tiempo hemos asistido a una multiplicación de las acciones de la Unión en este ámbito y hemos logrado avances sin precedentes, avances como la puesta en marcha en un tiempo récord de la Agencia Europea de
Coordinación y Gestión de Fronteras, Frontex, para luchar sobre el terreno contra la inmigración ilegal, un operativo que demuestra que España supo hacer valer la idea, el hecho más exactamente, de que las fronteras que había que salvaguardar no
eran fronteras españolas, sino fronteras de la Unión. Avances que hoy se ven en otros países también, como Italia, que están sufriendo el fenómeno de la inmigración, como toda la frontera sur de Europa. Avances como la adopción del Enfoque global
de migraciones en África y el Mediterráneo, extendido ya hacia el este y hacia la migración circular. Avances como el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo adoptado a iniciativa de Francia, Alemania y España, o la creación de la Red europea de
migraciones, que nos va a permitir facilitar la comunicación de datos y el análisis conjunto del fenómeno migratorio en toda la Unión.



También quiero destacar el liderazgo de España en el fortalecimiento de la colaboración de la Unión Europea con África que se ha producido en los últimos años. Fruto de este trabajo han sido las conferencias euroafricanas sobre inmigración
y desarrollo de 2006 y 2008, el denominado proceso de Rabat, impulsado por España, o la apertura del Centro de Información para la Gestión de las Migraciones en Bamako. Pero si es mucho lo que hemos avanzado a nivel de políticas públicas, también
quiero destacar los enormes progresos que hemos obtenido en un ámbito, que es el de la adopción de instrumentos normativos comunitarios, en el que también partíamos prácticamente de cero. Instrumentos como la reciente Directiva sobre sanciones
contra la explotación de mano de obra irregular; la denominada tarjeta azul, que regula las condiciones para el acceso a puesto de trabajo altamente cualificados o la normativa de retorno que, pese a elementos sin duda polémicos, ha introducido
garantías de control administrativo judicial inexistentes hasta el momento en varios países de la Unión sobre situaciones de falta de libertad que se consideran intolerables. También creo que supondrán un notable paso adelante las tres directivas
sobre desplazamiento de trabajadores, admisión de temporeros y trabajadores en prácticas, que se negociarán durante la Presidencia española, o el permiso único de trabajo y residencia y el establecimiento de un marco europeo de derechos de los
inmigrantes, que se encuentran en fase de negociación.



También en el ámbito bilateral, trabajamos con nuestros socios europeos para racionalizar la inmigración procedente del este de Europa.
Recientemente, en el pasado mes de mayo, hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Rumania que vamos
a ampliar a Bulgaria, que contempla iniciativas e incentivos para facilitar el retorno a su país de origen a aquellos inmigrantes que así lo deseen. Dichas iniciativas van, desde la difusión de las ofertas de empleo que se generen en los países de
origen entre las comunidades de inmigrantes, pasando por estrechar la colaboración entre las inspecciones de trabajo, el apoyo a los procesos de selección de las empresas rumanas que deseen contratar trabajadores en España y la presentación al Fondo
Social Europeo de proyectos estratégicos conjuntos para facilitar la recolocación de los inmigrantes retornados.



Finalmente, en lo que respecta a la política europea, quiero destacar el trabajo que el Gobierno de España está realizando en la sensibilización e incorporación de la problemática de los menores inmigrantes no acompañados en la revisión del
programa de La Haya, que se abordará durante la próxima Presidencia sueca y el consejo informal JAI de Estocolmo. En este sentido, creo que la sensibilidad y la receptividad que sobre este tema ha mostrado el comisario europeo de Justicia, Libertad
y Seguridad, Jacques Barrot, en su visita a Canarias esta misma semana junto al ministro del Interior, es una excelente noticia. Yo tuve la ocasión de hablar con él hace unos meses y plantearle el tema y la verdad es que ha tenido bastante
sensibilidad en el desarrollo del programa que ha puesto en marcha. Me van a permitir que me detenga unos minutos en este tema.



Como saben, ante la afluencia de menores no acompañados a Canarias en 2006, el Gobierno inició un programa de colaboración para trasladar a diferentes comunidades autónomas a una parte de los menores allegados en las islas. Como resultado
de este programa, entre 2006 y 2008 fueron trasladados unos 500 menores. Posteriormente, en diciembre de 2008, se suscribió un nuevo convenio de colaboración para posibilitar el traslado de otros 500 menores desde el 1 de enero de 2009


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hasta final de año. Sin embargo, este programa se ha visto afectado por un problema de carácter jurídico -que conoce muy bien la portavoz de Coalición Canaria- relativo a la tutela del menor. Puedo señalarles que esta situación podría
encontrarse en vías de solución, estamos trabajando en ello. Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y Política Social han emitido ya un informe donde se apunta la viabilidad del cese de la tutela en Canarias de los menores que pasen a
otra comunidad autónoma y la asunción de la tutela por esta última. Este informe está pendiente en estos momentos de confirmar por la Abogacía General del Estado y es un tema en el que, evidentemente, estamos trabajando para darle una solución que
comprendemos que es urgente. En resumen, de acuerdo con la información disponible, las comunidades autónomas en estos momentos han ofertado 339 plazas para los menores; 70 ya han sido trasladados, 83 se encuentran con posibilidades de traslado
inmediato, 78 podrían ser tutelados por la comunidad de destino y otros 108 serían trasladados a entidades colaboradoras si su comunidad da el visto bueno.
Saben de mi compromiso personal y del compromiso de todo el Gobierno para tratar de
solucionar este tema. En definitiva, solo quiero que sepan, señorías, que en cinco años hemos pasado de la práctica inexistencia de políticas de inmigración coordinadas -y más en un tema tan sensible como este- a una Unión Europea que ya asume como
propio el enfoque integral promovido por el Gobierno de España y que acoge los problemas específicos que en cada ocasión le planteamos, que avanza en la cooperación con los Estados miembros y que se está dotando de políticas públicas e instrumentos
legales que pueden considerarse las grandes líneas de una gran política concertada de inmigración, en la que siempre habrá que estar atento y vigilante para que se respeten todos los derechos y para que demos una solución adecuada y acorde a un
fenómeno tan complejo como el de la inmigración, ya que afecta a seres humanos. Por tanto, el balance de las iniciativas emprendidas a nivel comunitario por el Gobierno es satisfactorio y el contraste con el punto desde el que partíamos es sin duda
notable.



Señoras y señores diputados, apenas diez kilómetros nos separan de África, sin embargo, durante demasiados años hemos vivido de espaldas a ese continente. Desde que llegamos al Gobierno decidimos cambiar esa situación, volver la mirada
hacia África e inaugurar una nueva etapa de cooperación entre nuestros países y continentes. Esta cooperación tiene en la inmigración uno de sus principales vectores. Cooperación para trabajar con los países emisores en combatir la inmigración
ilegal y las mafias de seres humanos, cooperación para establecer juntos mecanismos de inmigración legal y ordenada en función del mercado laboral y cooperación para que en el futuro estos países ofrezcan a sus jóvenes el mañana que buscan en Europa
y no tengan que renunciar a su capital humano. Sabemos que en este aspecto no hay soluciones a corto plazo, pero es que la inmigración tampoco es un fenómeno a corto plazo, sino que es una carrera de fondo. Trabajar de manera sostenida con esos
países, incidiendo en sus principales factores de desarrollo, promoviendo una mayor articulación y democratización de sus sociedades y abriendo oportunidades de progreso económico y social, es trabajar por el futuro y el bienestar de todos.
Ese es
el principio fundamental del Plan África, del aumento de la cooperación al desarrollo y de nuestra presencia institucional mediante la apertura de nuevas embajadas, consulados y oficinas consulares. En estos cinco años hemos conseguido establecer
un nuevo marco de colaboración con los países africanos, un marco basado en la multiplicación de la cooperación al desarrollo en línea con los objetivos del milenio, en la apertura de escuelas taller y programas de desarrollo local y en el
establecimiento de estrategias conjuntas de lucha contra la inmigración ilegal. Me gustaría destacar el esfuerzo que, en materia de capacitación profesional y desarrollo social, estamos realizando. El programa de escuelas taller en África
occidental, que entró en pleno funcionamiento en el año 2008, abarca a siete países y está dando notables resultados. En Senegal, Mali, Cabo Verde, Ghana y Gambia ya hemos abierto un total de diez escuelas taller y ya está formulado el programa
para la apertura de centros similares en Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mauritania. Con proyectos como estos ofrecemos a los jóvenes alternativas de trabajo digno en sus propias comunidades y contribuimos a alcanzar el doble objetivo de frenar la
descapitalización del país de origen y el aumento de la presión migratoria sobre nuestras fronteras. Es un paso necesario, habida cuenta de que, como resultado de la coordinación con los países del norte de África, los flujos de inmigración han
comenzado a partir del África sub- sahariana. Hemos respondido con celeridad a esa modificación de los flujos migratorios y, junto a la ayuda al desarrollo, en apenas unos meses hemos tejido una extensa red de relaciones y acuerdos de cooperación y
readmisión -acuerdos de cooperación y readmisión, señor Campuzano, que siempre llevan la perspectiva de los derechos humanos-. Acuerdos de cooperación y readmisión con países como Senegal, Mali, Ghana, Camerún y Costa de Marfil, que se suman a los
acuerdos ya concluidos con Marruecos, Mauritania, Argelia, Nigeria, Guinea Bissau, Cabo Verde, Guinea Conakry y Gambia.



Quiero aprovechar que he citado este último país para responder a una de las cuestiones que plantea el Grupo Popular en esta comparecencia. Me refiero a los incidentes sucedidos con la repatriación de los 101 inmigrantes a Gambia el pasado
19 de septiembre. Puedo decirles, señorías, que fue un incidente aislado y que hoy nos unen las mejores relaciones, en especial en materia de inmigración. Quiero destacar que en diciembre del año pasado se celebró en Madrid la primera comisión
mixta del acuerdo de cooperación sobre migraciones y desarrollo, y que aquel incidente se solventó en unos días.



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Como resultado de la reunión que hubo con posterioridad a raíz del incidente que se había producido y de las posteriores gestiones entre ambos gobiernos, hemos suscrito un acuerdo para la mejora de la cooperación en materia migratoria, que
ya es muy fluida con Gambia pero que ambos países queremos profundizar, tal y como pude constatar personalmente en mi reciente visita a este país y me señaló el propio presidente de Gambia, con una actitud absolutamente comprometida en el tema de
inmigración, en la lucha contra la inmigración irregular y con la petición correspondiente de ayuda para hacer que los jóvenes no sean, digamos, captados por las mafias sino que tengan la posibilidad de desarrollar futuros proyectos tanto de
educación como de trabajo en sus países -de ahí vienen los proyectos de las escuelas taller y los acuerdos de cooperación-. Lo de Gambia no es un hecho excepcional. En estos cinco años no solo hemos situado a África en el mapa de la política
exterior de la ayuda al desarrollo y de la política de inmigración española, sino que podemos afirmar con toda seguridad que nunca antes las relaciones con los países del otro lado del Estrecho, y en especial en materia migratoria, han sido tan
fructíferas como en este momento. Y debo señalarles que los resultados no se han hecho esperar. La llegada de inmigrantes en pateras se ha reducido en más del 50 por ciento durante el primer trimestre del año. Si nos fijamos solo en Canarias, en
2006 llegaban a las islas más de 31.000 inmigrantes, en 2008 llegaron 8.300 y en el primer trimestre del 2009 la cifra ha caído hasta 1.300. Por primera vez en abril no ha llegado ningún cayuco a las islas. Por tanto, creo que puedo decir que con
mucho trabajo, con mucha ayuda y, sobre todo, con una política justa, coherente y eficaz estamos aprobando -creo que con nota- esa asignatura pendiente que teníamos con África. Pero habrá que seguir trabajando y mucho porque, como les decía, el
fenómeno de la inmigración es un fenómeno de largo recorrido, es una carrera de fondo.



Similar valoración de la que hago con África puedo hacerla también de nuestras relaciones con América Latina. Como SS.SS saben, Iberoamérica es una de las regiones del planeta con mayor potencial de crecimiento y, por primera vez en la
historia, prácticamente todo el subcontinente ha optado por las soluciones democráticas. El papel del Gobierno de España ha sido y es el de la lógica defensa de los intereses españoles, pero también el del acompañamiento a estos países en el
proceso de estabilización y consolidación de las, en muchos casos, jóvenes democracias iberoamericanas. En todo caso, este nuevo mapa político, así como los profundos lazos económicos, sociales y culturales que unen a nuestros pueblos, ha
facilitado el fortalecimiento de una agenda común iberoamericana de la que ya forma parte la gestión concertada de las migraciones. Algo imprescindible para nuestro país si tenemos en cuenta que los iberoamericanos censados en España -1.400.000-
constituyen el colectivo más numeroso de inmigrantes. Por eso, en la cumbre iberoamericana de Salamanca de 2005 conseguimos que se enunciase el propósito de colaborar en esta materia, y el fenómeno de las migraciones fue el tema central de la
cumbre iberoamericana de Montevideo en 2006. En el encuentro de la capital uruguaya aprobamos el compromiso de Montevideo sobre migraciones y desarrollo, que constituye el documento fundacional de la concertación en política migratoria
iberoamericana y que por primera vez asume el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral. También en esa cumbre se reconocía la aportación económica, social y cultural de los emigrantes a los países de llegada. Una realidad que
a estas alturas ya casi nadie pone en duda y que tiene como principales protagonistas tanto a los inmigrantes que llegan a nuestro país de una forma legal como a los casi 800.000 españoles que residen en Iberoamérica. Y si la inmigración ayuda a
construir país, es justo seguir avanzando en el reconocimiento de esa contribución a través de la igualdad de derechos. La iniciativa de reformar la Ley Electoral para que los inmigrantes regulares que viven en España puedan votar en las elecciones
municipales, bajo el principio de reciprocidad, supone un nuevo paso en el reconocimiento recíproco de derechos. En lo que respecta a Iberoamérica ya se han firmado acuerdos con Colombia, Perú, Argentina y Ecuador; el proceso está muy avanzado en
el caso de Chile y Paraguay, y seguimos negociando con Bolivia, Uruguay y Venezuela.



También el plan de retorno voluntario tiene una especial incidencia en los inmigrantes iberoamericanos, que concentran más del 90 por ciento de las solicitudes. Como saben, el objetivo de este plan es dar a los inmigrantes que hayan perdido
su empleo y que deseen retornar a su país de origen la posibilidad de percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida. Con datos actualizados a 3 de junio, puedo decirles que son casi 7.000 los
inmigrantes que han regresado a su país en condiciones de iniciar allí una nueva actividad. Y a este respecto conviene ser prudente a la hora de hacer valoraciones.
Nunca se esperó que este plan produjese una avalancha de peticiones, ni el sentido
común ni la experiencia lo indican así, pero sí pretendíamos abrir una oportunidad a quienes, como consecuencia de la prolongación en el tiempo de las dificultades económicas, deseasen volver a su país en las mejores condiciones. Y, efectivamente,
el tiempo está demostrando que fue una iniciativa acertada. El ritmo de solicitudes aumenta constantemente. En estos momentos estamos en una media de 180 expedientes semanales, y puedo señalarles que solo en el último mes el número de peticiones
ha sido de 905.



Señoras y señores diputados, como ven, es mucho lo que hemos avanzado en política migratoria y en cooperación con los países de origen, de tránsito y con la propia Unión Europea. Pero, tal y como les señalaba el comienzo de mi intervención,
afrontar de manera eficaz el tema de la inmigración exige mucho más; nos exige mucho más a todos y nunca ante este fenómeno se puede tener una actitud autocomplaciente. Creemos que una


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política de inmigración eficaz no debe conformarse con lograr resultados en la lucha contra inmigración ilegal o avanzar en la ordenación de los flujos migratorios. Tenemos que conseguir que los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro
país se sientan una parte integrante de España, y un paso fundamental para ello es garantizar sus derechos. Ese es uno de los objetivos que, como les decía, contempla el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se encuentra
en el Consejo de Estado.
Un texto equilibrado y garantista que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y supone también la trasposición de las directivas europeas en esta materia. Un texto necesario porque, tal y como creo haber
puesto de manifiesto en esta intervención, la realidad actual de la inmigración en España difiere mucho de la que teníamos hace tan solo cinco años y demanda un marco normativo actualizado.



También en esa misma línea se orienta el plan estratégico de ciudadanía e integración que pusimos en marcha en la anterior legislatura. Un plan que no está dirigido exclusivamente a los inmigrantes sino que debe ser de todos y para todos,
españoles y extranjeros, para que a todos nos interese avanzar en cohesión y convivencia. Por eso, este plan es fruto del más amplio consenso social y cuanta con el concurso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con las asociaciones de
inmigrantes y con las organizaciones no gubernamentales. Porque, en definitiva, todos integramos, y lo hacemos en prácticamente todos los campos en los que se puede favorecer la cohesión, desde el laboral hasta el educativo, la vivienda, el
acogimiento, la salud y la infancia o la igualdad de género. En este mismo momento el plan está siendo evaluado y próximamente tendrán a su disposición SS.SS los resultados de los dos primeros años de aplicación. Pero creo poder avanzar que serán
resultados positivos.



Señoras y señores diputados, termino ya. España es un país que ha tenido que hacer frente a la gestión de la inmigración cuando los países de nuestro entorno ya llevaban décadas trabajando en ella. Sin embargo, en apenas unos años nos
hemos convertido en la vanguardia europea en esta materia. Somos los principales impulsores de la política europea de inmigración y en cinco años hemos puesto en pie una política adecuada de colaboración con los países origen y de tránsito, con las
diferentes regiones de las que procede la inmigración, haciéndolo desde una acción integrada y coordinada de todo el Gobierno. Y lo hacemos no solo en África, Iberoamérica o la Unión Europea. Estamos dispuestos a avanzar allí donde sea necesario y
donde lo exijan las circunstancias. Somos conscientes de que resolver problema como el de los inmigrantes asiáticos en los centros extranjeros de Melilla no es sencillo, pero por primera vez en la historia hemos logrado la visita de dos comisiones
de identificación y la repatriación de inmigrantes irregulares a países como India o Pakistán. Nuestra actuación es global, porque global es el reto y en todos los ámbitos estamos obteniendo resultados. En 2008, el aumento de nuevos inmigrantes
empadronados en nuestro país ha sido del 6 por ciento. Es, y con mucha diferencia, la menor cifra de toda la década.
Menos de la mitad que el año anterior, seis veces menos que en 2003 y ocho veces menos que en 2001, cuando el aumento de inscritos
superaba el 48 por ciento. Si a ello sumamos la reducción a la mitad de la llegada de pateras y el descenso hasta en un 75 por ciento de la llegada de cayucos a Canarias en el último año, creo que los resultados son suficientemente expresivos. La
inmigración que recibimos cada vez se adecua más a las necesidades de nuestro mercado de trabajo; es indudable que la crisis está teniendo un efecto en esta reducción, pero a tenor de las cifras y viendo que antes de comenzar la crisis económica se
estaban produciendo reducciones considerables, podemos concluir que las medidas que hemos adoptado y estamos adoptando están dando resultados. Sin embargo, vuelvo a repetir, no quiero acabar sin decir que no es nuestra posición la de la
autocomplacencia. La política de inmigración ha sido desde el comienzo, tal como les he expuesto en esta intervención, una prioridad para este Gobierno y no les quepa duda de que va a seguir siéndolo. Nuestro país y nuestro mundo lo demandan y
vamos a cumplir con nuestro deber.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, el grupo proponente, el señor Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: Señora vicepresidenta, hemos tardado un año desde que hicimos la primera formulación de petición de comparecencia para que usted nos explicara cómo estaba coordinando la política de inmigración hasta que usted ha
venido aquí. En términos pajinianos habría que decir que estamos ante un hecho histórico que usted comparezca hoy aquí un año después y lo haga con cuatro peticiones de comparecencia.



Usted, señora vicepresidenta, el pasado 19 de junio, hace un año, creó la Comisión delegada de Gobierno para la política de inmigración. Allí pretendía agrupar el trabajo de los ministerios de Interior, Exteriores, Trabajo, Fomento e
Igualdad -este último no sabemos cuál era el papel que tenía-, pero desde entonces lo que sí es cierto es que no hemos tenido conocimiento de reuniones, de conclusiones o de actividades de esa comisión hasta el día de hoy; de hecho, tan solo fue
una foto, la misma foto que usted se hizo con el delegado del mando único en la lucha contra la inmigración ilegal, sobre el cual tampoco tenemos dato alguno de cuáles han sido sus trabajos, si eso ha seguido existiendo o qué ha pasado con ello. Lo
que sí sabemos es que la situación de los inmigrantes en nuestro país es peor cada día y que mientras ustedes están empeñados en la propaganda, la inmigración ha pasado de ser hace cinco años solo la novena preocupación para los ciudadanos españoles
a convertirse en el tercer problema para ellos. Eso, señorías, lo dice el CIS; y la inmigración es en estos momentos el


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tercer problema por delante de asuntos como el terrorismo, la vivienda, la delincuencia o las drogas y tan solo superado por el paro o los problemas económicos de las familias, todos ellos problemas que se han incrementado de forma
consistente e insistente gracias al fracaso de su política económica y al fracaso en su política de inmigración. Yo no sé qué reflexión le merece a usted esto pero a mí me haría reflexionar. Lo único que le he oído aquí ha sido un discurso
absolutamente triunfante, pero me parece, señora vicepresidenta, que nada tiene que ver ese triunfalismo con la realidad.



Ustedes, señora vicepresidenta, han hecho una política que ha favorecido la inmigración desordenada y descontrolada, eso ha sido así. En el año 2004 iniciaron un proceso de regularización masiva que tuvo y sigue teniendo todavía un efecto
llamada y que ha convertido a España en el paraíso de las mafias que trafican con personas inmigrantes. El señor Zapatero manifestó en su día que pondrían legalidad donde había ilegalidad, pero España sigue siendo el país que más inmigrantes ha
recibido en menos tiempo, eso que el señor Rubalcaba define como avalanchas. En 2004 había en este país 3 millones de extranjeros empadronados, hoy hay 5.700.000, el 12 por ciento del total de la población. Países con larga tradición en acoger
inmigrantes como Alemania está en el 8,9, Francia en el 8,1, Gran Bretaña en el 9,3. Según Eurostat, en el año 2008, en un año de crisis económica galopante, entraron en España 464.000 inmigrantes más. En Francia, 62.000; en Gran Bretaña,
200.000; en Alemania, 4.700 personas más. España sigue siendo, por tanto, el coladero de Europa de la inmigración ilegal, y es imposible frenarla, porque los inmigrantes ilegales que llegan a nuestros aeropuertos saben que al final el Gobierno los
va a regularizar. En 2004 había 1.700.000 permisos de residencia y trabajo en nuestro país, hoy hay 4,5 millones. Solo en 2008, en plena época de crisis, ustedes han dado 550.000 nuevas tarjetas de trabajo y residencia, 200.000 en el último
trimestre de 2008. ¿Es esto sostenible, señora vicepresidenta? ¿Es esta su política y va seguir siendo su política de inmigración? ¿Cree usted que esto es sostenible?


Ustedes decidieron retorcer vía reglamento la ley del año 2003 para proceder a regularizaciones masivas, hicieron saltar por los aires la política común de la Unión Europea que se había iniciado no cuando ustedes llegan al Gobierno sino
mucho antes, señora vicepresidenta, con las reuniones en Sevilla, a iniciativa del señor Aznar y bajo nuestra presidencia. Y, señora vicepresidenta, la política de la Unión Europea lo que busca es que las personas que vienen a nuestro entorno
europeo lo hagan con un empleo y eso no está sucediendo desgraciadamente desde hace ya mucho tiempo aquí en España. La mejor política de integración es la que se realiza a través del empleo y en la destrucción del mismo ustedes siguen batiendo
récords. Hace cinco años el número de parados extranjeros era de 250.000 personas, el 7 por ciento según la EPA. En estos momentos supera el millón de personas extranjeras, el 28,39 por ciento, señora vicepresidenta, según los datos de la EPA.
Quiero insistirle, porque el señor Corbacho ha cuestionado este dato esta mañana, que es un dato de la EPA, y se lo voy a dar exactamente: 1.057.000 parados extranjeros según la EPA del primer trimestre de 2009. Esto es así porque lo dice la EPA y
usted sabe que la EPA es el primer elemento de medición del paro que está homologado por la Unión Europea. El señor Corbacho dice que yo exagero con estas cifras pero ahí están, son cifras oficiales de su Gobierno. Por tanto, yo tengo que
preguntarle, señora vicepresidenta, ¿dónde están los planes de recolocación que anunciaron en su momento? ¿A qué ha venido durante 2008 una polémica estéril en torno al llamado contingente cero cuando las personas que entran en nuestro país por
contingente no superan apenas las 1.000? ¿A qué viene que el ministro esté diciendo constantemente que España no necesita más extranjeros si luego en el año 2008 dieron solo en materia de trabajadores para empleados de hogar y restaurantes más de
120.000 nuevos permisos de trabajo?


Señoría, ¿qué vamos a hablar del retorno? Usted está muy satisfecha y dice que evolucionan cada vez más las peticiones. No me extraña, si aumenta galopantemente el paro, ¡cómo no va a haber cada día más peticiones! Hace un año había 86.000
posibles receptores de un plan de retorno que ya les dijimos que iba a ser un fracaso, porque aquí el retorno se debe intentar buscar no en las personas que están ya arraigadas en nuestro país, sino en las que están en situación de ilegalidad, las
personas extranjeras que están en situación de precariedad. Eso es lo que tiene que favorecer un gobierno, no el retorno de aquellas personas que han tenido la desgracia de encontrarse temporalmente en el desempleo; a esas lo que se les tiene que
plantear es una política económica que sirva para crear empleo y para que recobren el empleo que han perdido, y en esto ustedes hacen absolutamente aguas.



Ustedes iban a liderar la lucha contra el hambre en el mundo, porque ustedes son estos de las grandes frases, pero han llenado de gente los comedores sociales de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, siguen dando papeles de forma masiva a
personas a las que solo ofrecen el paro y la economía sumergida, y ahí tiene usted los datos de economía sumergida y los datos de la EPA otra vez. En nuestro país hay, según la EPA, 2.600.000 personas extranjeras ocupadas, solo 1.800.000 cotizan a
la Seguridad Social, otras 800.000 no pueden hacerlo porque están en la economía sumergida o porque están en condiciones laborales que no les permiten cotizar de forma regular a la Seguridad Social. Esto, señoría, supone el 59,2 por ciento del
total de los ocupados. Cuando hace cinco años nosotros dejábamos el Gobierno, era el 84,5. Entonces, señoría, la inmigración estaba vinculada al mercado laboral, a las oportunidades y al empleo, no como ahora, señora vicepresidenta, que está
vinculada, desgraciadamente, a una situación de desempleo.



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¿Cuál es su política de inmigración, que usted no nos lo ha dicho, o su política para los inmigrantes que están aquí? ¿En qué consiste? ¿Son 20 millones más los que necesita nuestro país, como dice el señor ministro Sebastián? ¿Son más?
¿Son menos? ¿Es frenar las avalanchas que dice el señor Rubalcaba? ¿Es que, como dice usted, los inmigrantes ilegales tienen que regresar a sus países de forma inmediata? ¿Cuál es? Ha hablado de la ordenación de los flujos migratorios y es
básico y elemental en una política de inmigración, pero el control de fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana ha sido también otro fracaso. ¿Tiene usted, señora vicepresidenta, un cálculo aproximado sobre el
número de inmigrantes que residen ilegalmente en este momento en España? Le digo esto porque en el año 2004, el señor Zapatero justificó su proceso de regularización basándose en que había 800.000 inmigrantes ilegales en España. Usted dijo,
además, hace pocos días en el Parlamento, concretamente el 18 de febrero, que ustedes habían reducido la inmigración ilegal en un 30 por ciento. Dígame en qué se ha basado, porque cada vez que le preguntamos por el número de inmigrantes ilegales,
ustedes nos contestan que como son ilegales es imposible determinar el número. ¿En qué se basa usted para decir que se ha reducido en un 30 por ciento? ¿En qué se basó el señor Zapatero para decir que eran 800.000 hace cinco años? Lo que es
cierto y evidente es que Comisiones Obreras ha calculado esa cifra en un millón, y es más de los que han existido nunca.
Ustedes, como en esto de la delincuencia, han decidido que lo mejor es ocultar la información. El señor Rubalcaba, al que creo
que coordina, da los datos como le viene en gana, ya se trate de devoluciones en frontera o de expulsiones de extranjeros. Y cuando los datos no le cuadran, organizan u ordenan desde su ministerio redadas de ilegales contra extranjeros, eso sí,
selectivas, en función de la nacionalidad para mejorar las estadísticas y con fines única y exclusivamente propagandísticos. ¡Qué vergüenza, señora vicepresidenta! Mientras, las mafias de delincuentes extranjeros se asientan en nuestro país, la
delincuencia crece y, además, lo estamos viendo estos días, se vanaglorian de que en España es más cómodo, más fácil, más barato delinquir que en el resto de los países de la Unión Europea. Resulta patético que sea el Ministerio de Asuntos
Exteriores rumano quien nos determine el número de bandas mafiosas de rumanos que están operando en nuestro país y no pueda hacerlo el Ministerio del Interior. Señor vicepresidente, le pediría un poquito de generosidad en el tiempo porque son
cuatro comparecencias y al haber decidido unificarlas, no quiero pedirle cuatro veces el tiempo, pero sí que fuera un poco más generoso.



El señor PRESIDENTE: Seré más generoso que usted que me llama vicepresidente y soy presidente.



El señor HERNANDO FRAILE: Perdón, eso ha sido el pasado.



El señor PRESIDENTE: Eso de estar en el pasado es cosa peligrosa.



El señor HERNANDO FRAILE: Lleva usted razón.



El señor PRESIDENTE: Son cuatro, pero bien sabe usted que son iguales.
Tiene un par de minutos más.



El señor HERNANDO FRAILE: Lleva usted razón.



En 2008 el control de fronteras ha seguido siendo un fracaso, señora vicepresidenta. Como lo demuestran los datos del padrón, han seguido entrando inmigrantes. Hay 700.000 nuevas altas en padrón. Luego han bajado los netos porque han
aumentado las bajas. Han hecho ustedes una buena tarea en esto.



Como me queda muy poco tiempo, querría hacerle una reflexión sobre un asunto que hemos venido conociendo estos días. Ha hablado del Plan África. Le deseo el mayor de los éxitos. El anterior Gobierno inicio los acuerdos para la devolución
de personas a esos países y para formular repatriaciones. Parece ser que usted está muy contenta con el resultado, pero si estuviera tan contenta no sería necesario que en la nueva ley aumentaran de 40 a 60 los días que se necesitan dentro del
internamiento de los CIE para devolver a esas personas a sus países. En este asunto del Plan África no sé cuál ha sido el papel del Centro Nacional de Inteligencia en esos países en los últimos días. Confío que sea el de colaborar con las
autoridades locales para detectar a los que trafican con seres humanos y que los fondos que esté usando el Gobierno los esté usando adecuadamente. Sería terrible enterarse que esos fondos se usan para comprar a traficantes y no para favorecer su
detención y detección.
Lo que sí es grave y preocupante es que el director del Centro Nacional de Inteligencia, el señor Saiz, haya convertido el Plan África en un justificante de un planazo particular para la práctica de actividades deportivas
privadas en países como Senegal. Usted es quien ha patrocinado, al parecer, la reelección del señor Saiz y usted tiene que dar hoy aquí oportunas explicaciones ante lo que, de confirmarse, sería un grave escándalo. Sé que el señor Saiz ha pedido
comparecer en el Parlamento en la Comisión de Secretos Oficiales. No sé por qué tiene que comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales si de lo que tiene que dar cuenta es de gastos que son transparente porque él dice que son privados.



El señor PRESIDENTE: Yo tampoco creo, señor diputado, que sea este el sitio para decir eso.



El señor HERNANDO FRAILE: Tiene que ver con el Plan África.



El señor PRESIDENTE: Nada.



El señor HERNANDO FRAILE: Sí, sí.



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El señor PRESIDENTE: Nada, nada. No le llamo al orden, pero termine.



El señor HERNANDO FRAILE: Entiendo que no le guste que se hable de estas cosas.



El señor PRESIDENTE: No es cuestión de gustos. Es cuestión de la pertinencia del orden del día. Si no se atiene usted a ella...



El señor HERNANDO FRAILE: Lo digo porque como la señora vicepresidenta es tan aficionada a pedir y a exigir las facturas a los demás, espero que le exija y le pida las facturas al director del CNI que demuestren que esas actividades las ha
pagado de su bolsillo, tal como dice.



El señor PRESIDENTE: No insista.



El señor HERNANDO FRAILE: Señor vicepresidente, no insisto más. (Risas.)


Para finalizar, señora vicepresidenta, lecciones sobre derechos humanos, a mi grupo no hace falta que se los dé. Nosotros no hemos hecho un proyecto de ley que puede provocar en un momento dado que a una persona se le interrumpa el plazo de
estancia en un centro de internamiento, como ustedes hicieron en el anteproyecto de ley que ahora, afortunadamente, han corregido, ni multas a los familiares que no denuncian a los inmigrantes ilegales que conviven con ellos. Eso lo hacen ustedes.
Lo que sí han hecho ustedes es convertir a nuestro país en el récord de las regularizaciones masivas de toda la Unión Europea, en récord de inmigración ilegal, en récord de paro entre inmigrantes, en récord de economía sumergida entre inmigrantes,
en récord en precariedad laboral, en récord en fracaso con las expulsiones y pronto, como auguran los informes del Ministerio de Trabajo, que coordina usted, en problemas de conflictividad social. Por lo tanto, señoría, le pido que modifique su
triunfalismo, que modifique su discurso, que se dé cuenta de que tenemos problemas muy serios, de que esto se ha convertido en un grave problema para las ciudadanas y los ciudadanos españoles y que, por lo tanto, hay que actuar. Hasta ahora en esta
legislatura solo han tomado una iniciativa legislativa. Esperemos que cuando llegue la ley se dejen aconsejar por los que en otras ocasiones les hemos dicho que las cosas no se estaban haciendo bien y a los que ustedes no han querido escuchar en
ningún caso.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Conocí a la señora vicepresidenta cuando no era diputada aún, en agosto de 2006, en el centro de retención de Los Rodeos, con 8.000 seres humanos que estaban en aquel campamento que se había previsto para 500
personas hacía tres meses. Cuando hemos vivido directamente el tema de la inmigración, hemos sufrido lo que es el drama humano, cuando has estado en un centro de menores con pibes y con chicos que han visto morir a gente, que son lo mejor de
África, que vienen con la ilusión, que han dejado todo detrás, con 14, con 12, con 13 con 15 años, uno no puede mezclar las cosas ni frivolizar. Te produce una sensación de que hay gente que no sabe de qué se está hablando. Lo quiero decir porque
en la inmigración hay dos temas. El Gobierno socialista tuvo una primera época de: esto es grande, las puertas abiertas, el mundo existe, mestizaje, que venga todo el mundo. A todos los que opinábamos otras cosas, cierre de fronteras, control, a
los que decíamos en determinado momento que había que patrullar en la subsahariana y no solo en puertos y aeropuertos, los líderes socialistas nos acusaron de todo.
Pero creo que ese discurso se ha cambiado y que ya el control de puertos y
aeropuertos es otro mundo. Creo que hay que seguir haciéndolo, pero no con los espectáculos que hemos sufrido hace veinticuatro horas con un niño en el aeropuerto de Barajas. Con la ley en la mano no se tenía que haber hecho. Resulta que para
todos los menores inmigrantes que recogemos ahora en aguas internacionales la tutela es inmediatamente del Estado y cuando toca tierra un niño en Barajas, que tenía a sus padres detrás de una puerta, no se ejerce la tutela en veinticuatro horas sino
que los padres que estaban fuera tienen que ir a la vía judicial para que no se devuelva a ese niño. Ese tipo de cosas no puede ser un espectáculo porque al final distorsiona lo que puede ser un control serio de puertos y aeropuertos y de la
entrada reglada de inmigración. En eso habrá que seguir profundizando.



Le quiero decir aquí que en Coalición Canaria compartimos en este momento el discurso del Gobierno y del ministro, que la gente que venga en este momento a España tendrá que venir a un puesto de trabajo que la gente que vive en España -no
solo los españoles, sino la gente que vive en España, también los inmigrantes que vinieron en su momento y que están en España actualmente- no pueda ocupar o que no haya demanda para eso. Nuestra prioridad es que la gente que esté en España consiga
un puesto de trabajo.



Paso al otro tema que, como verán, por ser canaria y de Coalición Canaria me parece prioritario. La señora vicepresidenta fue la responsable de la coordinación en aquel momento de crisis -como digo yo- del año 2006, donde hubo pocas
palabras y muchas actuaciones, se hizo menos política y hubo más unión y convencimiento y funcionó. Creo que cuando ella quiere, la dejan y puede coordinar, las cosas se pueden resolver. Hoy ha dado una primera esperanza al problema de la tutela
de los menores inmigrantes.
Usted ha dicho que ha disminuido drásticamente la llegada de inmigrantes, pero es que se ha triplicado el número de menores que ha llegado. Habrá bajado en un 50 o un 60 por ciento el número de adultos, pero ahora
vienen tres veces más menores, y pronto empezarán a venir otra vez. A mí me gustó mucho una


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cosa que dijo ayer el señor Rubalcaba: A esos que están diciendo que no vienen porque hay crisis económica les diré que si ahora hay crisis económica en el primer mundo -no lo dijo así exactamente, pero yo lo desarrollo-, en el tercer mundo
dentro de unos meses habrá más hambre y habrá más crisis económica. Las mareas buenas o malas, los momentos de cambio, los traslados o la replanificación de las mafias que están detrás de todo esto, son temas temporales. Esto no se acaba. En ese
sentido, por primera vez se está buscando una solución a algo que era absurdo. Dos comunidades están dispuestas -después de mucho convencimiento a lo largo del último año- a contribuir a la integración de menores inmigrantes.
Pero una comunidad
dice que si se le da el acogimiento también quiere la tutela, porque sería una irresponsabilidad otra cosa. En este momento, con la ley en la mano -o la interpretación que se hace de ella- no se puede hacer, aún estando de acuerdo las dos
comunidades en transferir la tutela. Me alegro mucho que usted hoy haya dicho que por fin los servicios jurídicos del Estado han podido ver el cese de tutela que pueda viabilizar la salida al menos de esos 500 menores para que puedan dejar los
centros de Canarias con 1.100 ó 1.200. Y, sobre todo, me alegro de que pueda empezarse a trabajar, porque ese criterio también servirá para la tutela de los menores con familia en otras comunidades autónomas y coincide con el planteamiento que se
está haciendo en la Unión Europea.
Usted sabe que Coalición Canaria fue la primera que habló aquí en el debate de investidura del presidente, y después a lo largo de este año, de la inclusión de la problemática de los menores en el programa de
Estocolmo. El presidente lo recogió y lo analizó y me alegro mucho de que se vaya avanzando en eso.



Ya en materia de su comparecencia de hoy, quería avanzarle algunas cuestiones sobre la coordinación. Nosotros creemos que hay que mejorar la información y la coordinación en el ámbito del Centro de Coordinación Regional de Canarias, que,
como usted sabe, afecta a varios ministerios, donde también está integrada la comunidad autónoma, donde está el dispositivo de operaciones del Frontex, junto con la Armada española, en la operación Noble Centinela, donde se hace todo el control de
Senegal y Mauritania y con el papel que juegan los SIVE, que fue en parte lo que pasó. Porque se dice: desde abril no vienen, pero en marzo llegó un cayuco a Canarias con 60 personas muertas, de las cuales 30 eran niños. A mí no me vale el número
cuando al final estamos hablando del factor humano. Todavía no sabemos qué paso con los SIVE. Se quedó en que se iba a celebrar una reunión en Canarias después de las elecciones europeas. Se ha retrasado a raíz de la visita del comisario, que ha
sido muy importante y muy oportuna y por la cumbre del presidente, pero es bueno que en los temas de coordinación del Centro Regional de Canarias, con los dispositivos de Frontex, con la amenaza de una reducción de su presupuesto, con el
funcionamiento o no de los SIVE, con el mantenimiento o no de los mismos, con la cualificación o no del personal que está al frente de los mismos, haya una reunión comunidad autónoma-Gobierno de España para poder tener todos una información
transparente del funcionamiento de los elementos básicos en lo que usted ha dicho de reducción del número de personas venidas en un tema que es un drama humano, no es un tema de invasión laboral, como quizás se plantea en otros ámbitos, esto es
fundamentalmente un drama humano.



Por otra parte, hay que mejorar la interlocución respecto a la planificación de las actuaciones en materia de centros de internamiento de extranjeros. Cuando ha habido coordinación e información entre el ministerio correspondiente, el
cabildo, el Gobierno y el ayuntamiento respectivo, las cosas han funcionado. Cuando se hacen sin criterio, sin información, sin coordinación y sin consenso las cosas no funcionan. Hay que volver a recuperar el diálogo en la claridad, en la
política que se va a seguir, en la coordinación y en la interlocución en estas materias.
Asimismo, creemos que es fundamental la implicación del Gobierno de Canarias en las políticas de cooperación en los países emisores y de tránsito de
inmigración clandestina. Nosotros creemos que es fundamental, que Canarias puede jugar un papel importante en el desarrollo de África como plataforma logística, donde hay experiencia en temas de formación.
Creemos también que se debe hacer un
protocolo para la unificación de criterios -esto es muy importante, señora vicepresidenta- en la tramitación de los permisos de residencia de los menores extranjeros no acompañados en todas las delegaciones del Gobierno del territorio español en la
línea recomendada por el informe del Defensor del Pueblo, porque sigue sin haber un criterio uniforme respecto a los mismos. También hay que promover y seguir fomentando las campañas informativas y de sensibilización en los países africanos e
incluir las políticas de atención a los menores extranjeros no acompañados en un fondo para la acogida y acción social para inmigrantes cofinanciado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y no como un tema
voluntarista que al final sería: le voy a ayudar con una cantidad. El tema de la inmigración no es en función de la comunidad autónoma, sino por ser frontera, y los gastos añadidos por ser frontera de España y de Europa tienen que ser financiados
al cien por cien por la Comunidad Europea y por la comunidad española.



Termino. Nosotros creemos que se debe promover de una vez el endurecimiento del tratamiento penal de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de personas cuando las víctimas sean menores de edad. Eso hay que hacerlo. Todavía los
canarios tenemos el cayuco de marzo con 30 niños muertos en nuestras aguas, y ahí hay personas responsables. En este momento, con el Código Penal en la mano, no se está llegando adonde se debería llegar en un país donde no la venganza sino la
justicia debe funcionar. Me gusta que diga que hay que trabajar todavía largo y mucho y que no es autocomplaciente. En el tema de la inmigración, en el tema de las tragedias


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humanas y en el tema de África, donde antes de ayer Novartis ha dicho -termino, señor presidente- que no piensa financiar ni dar gratuitamente las vacunas de la gripe A a los países del tercer mundo, es una vergüenza para este mundo
desarrollado y para este tipo de empresas. Vamos a tener que trabajar mucho, pero no cerremos los ojos y no demos facilidades a los únicos que pueden sacar África adelante, que son las nuevas generaciones, los jóvenes, para que no puedan tener la
oportunidad de formarse y vivir en su país, pero más allá de los 30 ó 40 años, en paz y de tener una oportunidad. Los canarios quisiéramos ser copartícipes de los proyectos de cooperación de ese posible desarrollo de África, porque también será el
desarrollo de nuestra tierra.



Muchas gracias, señor vicepresidente. (Risas.) Vicepresidenta. Y gracias, señor presidente. Yo no vivo en el pasado, don Alfonso.



El señor PRESIDENTE: Ni yo en la degradación del puesto. (Risas.)


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Creo que utilizo bien la alocución. En todo caso, nunca consideraría una degradación que acceda usted a la Vicepresidencia del Gobierno, aunque es una cuestión opinable.
No vamos a
entrar en derroteros que nos deriven a reflexiones casi metafísicas.



El señor PRESIDENTE: Mejor no enredar. (Risas.)


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En relación con lo que aquí nos convoca, señor presidente -ya uno tiene una propensión a confundirse-, le quiero comentar a la señora Oramas que en el proyecto de ley de oficina judicial se han tipificado -es una
ley curiosa para tipificar esta cuestión, porque tiene carácter orgánico el precepto- los crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad, y figura, entre otros, el tráfico de seres humanos. No sé si esto puede contribuir a la solución del
gravísimo problema que ella tan bien y tan dramáticamente ha glosado, pero es un avance que me gustaría significar en esta Comisión. Esperemos que eso sirva para algo. Yo creo que sí. La jurisdicción y la Corte Penal Internacional, cuando esté
configurada adecuadamente, puede atender a este tipo de delitos. (El señor vicepresidente, Pérez Castell, ocupa la Presidencia.)


Hecha esta reflexión, señor presidente, quiero indicarle que a nosotros nos preocupan dos cosas. Hemos sido informados ya del contenido del anteproyecto de ley de extranjería por parte del Gobierno, y hay cuestiones dudosas, en opinión de
nuestro grupo, que ya le adelanto, señora vicepresidenta, cautelarmente, ad cautelam. Nosotros siempre hemos tenido dudas de esa identificación tan estricta que se hace entre el contingente de extranjeros que se pueden regularizar y las necesidades
del mercado de trabajo en el Estado español, sobre todo en un contexto de crisis económica donde estas necesidades han decrecido espectacularmente, salvo en determinados sectores de actividad. Este es uno de los principios ontológicos o filosóficos
que inspira este anteproyecto de ley que nos gustaría discutir con ustedes. De la misma manera, se limitan terriblemente las posibilidades de reagrupamiento familiar. Se pretende acabar con lo que se considera una patología en materia de
extranjería, que es el denominado reagrupamiento familiar en cadena, pero para esto se llega a una limitación extraordinaria del reagrupamiento, limitando sus posibilidades prácticamente a la familia nuclear, a los descendientes y al cónyuge o
pareja. Parece que es un movimiento pendular excesivo, que me gustaría también glosar y discutir con ustedes cuando la ley se empiece a debatir.



Por último, también hay otras cuestiones atientes a los menores y una cuestión que provoca una terrible inseguridad jurídica, que es la posibilidad de que una persona que ha regularizado su situación en España pueda ser expulsada, no se sabe
por qué razones, porque no se especifica en los preceptos, cuando se nova la regularidad obtenida por una posibilidad que poco menos que raya en la arbitrariedad administrativa.
Le puedo citar el precepto en concreto donde se consigna esto. Y otro
tema es el de los procedimientos en la tipificación de las infracciones.
Alguna de las infracciones calificadas como muy graves coinciden con tipos delictivos, con injustos penales, con lo cual manifiestamente se incurre en un problema de non bis
in idem y habría que buscar algún tipo de rectificación en esos preceptos. Si no se hace desde el Gobierno, nosotros presentaremos las correspondientes enmiendas, pero ya le estoy adelantando alguno de los déficits que nos hemos encontrado en el
anteproyecto que han elaborado ustedes, de forma bien intencionada, sin ninguna duda. Respecto a los menores, solo le voy a comentar una cosa. La señora Oramas ha glosado la situación dramática de las islas Canarias.
Hay otra comunidad autónoma
que está absolutamente desbordada en cuanto a sus capacidades de acogimiento de menores, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, además con un problema que es políticamente incorrecto decirlo y hay que usar siempre perífrasis para no ofender a
determinadas sensibilidades. Hay un problema de doble victimización con la saturación de los menores acogidos por comunidades autónomas. Estos menores son víctimas de su vida, son víctimas de su situación, son víctimas de las mafias y son víctimas
de la necesidad de tener que buscar fuera de su país unas perspectivas de vida. Pero muchos de estos menores provocan víctimas también una vez que son acogidos y están en centros de internamiento, porque su conducta no se caracteriza con los
requerimientos de la probidad que son exigibles a un ciudadano, y vamos a dejarlo ahí, porque no quiero incurrir en el discurso políticamente incorrecto, pero usted entiende perfectamente


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a lo que me estoy refiriendo. En este momento hay movimientos ciudadanos que están practicando actuaciones que rayan la xenofobia, porque no pueden resistir que todos los fines de semana se produzcan determinadas actitudes minoritarias en
relación a estos menores, que provocan una terrible alarma social en aquellos lugares donde están estos centros de acogimiento, normalmente en pueblos pequeños. Nosotros hicimos una propuesta de resolución en el debate del estado de la Nación, que
no fue aceptada, solicitando al Gobierno que estableciera un criterio razonable de ubicación o distribución de los menores en los centros de acogimiento de todo el Estado español. Proponíamos como elemento de referencia el número de habitantes de
cada comunidad autónoma. Se podría utilizar algún otro, pero me gustaría saber si este problema de una distribución absolutamente desigual del acogimiento de menores, hasta el punto de que los centros de acogimiento de la Comunidad Autónoma vasca
están absoluta y manifiestamente desbordados -lo pueden comentar ustedes con sus compañeros del Gobierno vasco y de las diputaciones forales-, es un problema que deberíamos tomarnos en serio y sobre el que deberíamos adoptar algún tipo de solución.
Estas son las reflexiones que quería hacer, señor presidente, presidente en funciones en este caso y sin lugar a equívocos ni errores.



El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Castell): Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora vicepresidenta, le agradecemos su comparecencia, que ha sido muy amplia y ha dado una visión global del enfoque de la política del Gobierno en materia de emigración. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Coincido con usted en la enorme transformación que la sociedad ha vivido en estos últimos 10 ó 12 años a raíz del fenómeno migratorio. Creo también que todos coincidiremos en entender que hemos entrado en una fase extremadamente nueva
del fenómeno migratorio. Hasta ahora, España ha vivido esa explosión del fenómeno migratorio en tiempos de crecimiento económico y podemos explicar buena parte de ese impacto tan importante de la inmigración en función de nuestra pirámide
demográfica, pero también de nuestras necesidades o demandas del mercado de trabajo. La cuestión que se nos plantea ahora es si esa sociedad que se ha transformado de manera tan importante por ese flujo migratorio, convirtiéndonos en uno de los
principales Estados receptores de inmigración, siendo Cataluña uno de los territorios del Estado con mayor impacto del fenómeno migratorio, va a saber gestionar bien esa realidad de una crisis económica con una alta tasa de inmigración. Debido a lo
que ha pasado en el resto de Europa, sabemos que en otros momentos las sociedades europeas han vivido mal estos procesos.
Yo creo que ahí está el principal reto que tiene planteado no el Gobierno del Estado, sino el conjunto de la sociedad: cómo
gobernamos el fenómeno migratorio en tiempos de crisis. Vamos a ver si esas llegadas de inmigrantes tienen relación directa con el mercado de trabajo, si se explican en función de las necesidades, de las situaciones de los países de origen, o si la
pirámide demográfica de nuestra sociedad es el factor que explica ese empuje. Mi intuición pasa por entender que en la situación de crisis económica que vamos a vivir el flujo migratorio va a disminuir considerablemente. Por tanto, la presión
migratoria que va a recibir España va a ser extremadamente menor que la que hemos recibido durante estos años. Eso nos plantea cuatro oportunidades muy claras para avanzar en cuatro políticas concretas en las que creo -si me lo permite la señora
vicepresidenta- que, entre todos, no hemos hecho suficientemente bien las cosas. Necesitamos clarificar qué tipo de inmigrantes necesita nuestra economía en los próximos años. Es razonable pensar que si superamos esta crisis, en función de nuestra
pirámide demográfica, España necesite más inmigrantes. Sería razonable pensar si nuestra política de inmigración responde -como casi responden hoy ya buena parte de las políticas de inmigración de países europeos, pero también de otros países de la
OCDE- a los perfiles de esas personas adecuadas a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Formalmente, nuestra política de inmigración en estos años ha respondido a la situación nacional de empleo: la inexistencia de españoles o de
residentes extranjeros que quisiesen ocupar determinados puestos de trabajo era lo que permitía la entrada de trabajadores de origen extranjero; digo formalmente, porque eso en la práctica no ha funcionado exactamente de esa manera.



La pregunta es: ¿Queremos determinar los perfiles de las personas que necesita nuestro mercado de trabajo en función de su formación, en función de la existencia de mujeres o hijos ya en España o en función del conocimiento del castellano
y, en función de eso, orientamos nuestra inmigración? ¿Queremos dar respuesta a determinadas necesidades del mercado de trabajo en sectores que tan solo requieren trabajadores de temporada y reforzar, por tanto, las campañas de temporeros y dar más
sentido, en la práctica, al concepto de migraciones circulares? ¿Queremos competir por el talento global en el mundo, como buena parte de las sociedades europeas nos están planteando hoy? Es hora de clarificar esa política. Seguramente no va a
ser en el marco del próximo proyecto de ley, es un debate que nos exige mayor complejidad, pero me parece que una menor presión migratoria nos debería permitir abordar esa cuestión.



En segundo lugar, ¿damos suficiente valor al esfuerzo de integración de las personas de origen extranjero en la orientación de nuestras políticas? ¿Tenemos incentivos legales que permitan a los ciudadanos de origen extranjero tener el
conocimiento de las lenguas que se hablan en España, para evitar que se reproduzcan en España algunos problemas que han vivido sociedades como Holanda, Gran Bretaña o Francia en estos últimos veinte años? ¿Las políticas que se han impulsado en los


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últimos años en Austria, en Holanda, en Francia, en Gran Bretaña, en Dinamarca y la propia filosofía del Pacto europeo de asilo e inmigración, donde se enfatiza ese esfuerzo de integración, ese conocimiento de las lenguas, podemos
incorporarlas en nuestra legislación de extranjería? Hay algunas cuestiones interesantes que se han abordado en el resto de la Unión Europea que deberíamos de incorporar y que figuran en ese Pacto europeo de la inmigración.



En tercer lugar, ¿tenemos suficientemente adaptada la política de inmigración al modelo de Estado autonómico, más aún cuando Andalucía y Cataluña, en sus nuevos estatutos, incorporan expresamente nuevas competencias en este ámbito? ¿No
habría que dar un paso más adelante para adaptar esa política de inmigración al Estado autonómico con una mayor participación de las comunidades autónomas, que tienen reconocidas en sus estatutos esas mayores competencias en flujos, en acogida y en
la vinculación entre flujos y acogida? Finalmente, ¿tenemos suficientemente claro todos, no tan solo el Gobierno central, sino el conjunto de las administraciones públicas, que la inversión en jóvenes y niños es la inversión más importante para
evitar tener los problemas que sociedades como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda o Bélgica han padecido en estos últimos años en materia de integración?


Señora vicepresidenta, son cuestiones sobre las que sería bueno que discutiésemos a fondo y sería bueno que alcanzásemos un amplio acuerdo político con todos los grupos de la Cámara. Creo que todos hemos fracasado en los intentos de
construir una visión común sobre la política migratoria y en la construcción de la política que, gobierne quien gobierne, podamos compartir, porque esos retos van a durar más allá de una legislatura. Invito al señor Hernando y, lógicamente, al
Gobierno y a los portavoces socialistas, y a los portavoces del Grupo Vasco y del Grupo de Coalición Canaria, a que hagamos ese esfuerzo de construir sobre esas materias ese acuerdo de fondo, porque la cuestión lo merece. ¿Qué inmigración queremos?
¿Qué esfuerzo de integración planteamos en los inmigrantes? ¿Qué papel deben de tener las comunidades autónomas? ¿Cómo priorizamos la inversión en jóvenes y niños de origen extranjero?


Permítame trasladarle dos cuestiones concretas. En primer lugar, el problema que nos vamos a encontrar con esta crisis en materia de inmigración irregular quizá no venga tanto por un incremento de las entradas irregulares, sino por un
incremento de la inmigración irregular sobrevenida. Por ello, le quiero plantear si el Gobierno tiene previsto tomar alguna medida para evitar la irregularidad sobrevenida. Si eso nos pasa, quiera o no quiera el señor Hernado, un gobierno del PSOE
o un gobierno del PP, dentro de tres o cuatro años, deberá plantear una regularización importante. Por lo tanto, seamos capaces de evitar la irregularidad sobrevenida. En segundo lugar, mi grupo apoyó la política de retorno del inmigrante a su
país de origen. Éramos conscientes de que era un pacto limitado, pero en todo caso son siete mil personas que quizá encuentren oportunidades en su país de origen; y bienvenido sea un acuerdo con Rumanía. Pero todo eso va a tener unos límites muy
evidentes.
Lo sabemos por políticas comparadas y por esas cifras que, en el conjunto de flujo migratorio español, representan lo que representan. Pero lo que no vemos es un esfuerzo en las políticas activas, en las políticas de desempleo, de ser
capaces de invertir en la formación de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, y especialmente en el conocimiento de las lenguas que se hablan en España. Le quiero recordar que el último informe de la OCDE sobre retos de futuro de
los mercados de trabajo en su ámbito insiste mucho en el carácter esencial de buenas capacidades lingüísticas de los desempleados de origen extranjero para su reincorporación al mercado de trabajo básico.



Tengo dos cuestiones más. Comparto con la señora vicepresidenta ese entusiasmo que creo que tiene, esa vinculación entre las políticas de cooperación e inmigración. Mi grupo viene defendiendo desde hace siete u ocho años ese esfuerzo de
construcción de escuelas talleres en África. A veces nos gustaría que el ministro Moratinos tuviese el mismo entusiasmo que tiene usted en la defensa de esta política, porque yo he tenido algunas diferencias dialécticas en la misma, incorporando
esa visión de los derechos humanos. Nos parece que esto es fundamental. Sería bueno que, en materia de convenios de readmisión, esta dimensión de los derechos humanos la explicitásemos en la ley para que nadie tuviese ninguna duda. Finalmente, la
dimensión europea de esta política es esencial; al menos desde 1999 en Tampere forma parte de la agenda del conjunto de los Estados de la Unión Europea. Es evidente que la próxima Presidencia española de la Unión Europea va a tener un papel muy
importante en relación con esas cuestiones. Eso me permite plantearle la siguiente pregunta. Hay dos directivas, la directiva de la tarjeta azul y la directiva que aumenta las penas para empresarios que contratan a inmigrantes sin papeles.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno incorporarlas? ¿Van a estar incorporadas en el proyecto de ley que se remite a la Cámara a finales de este mes? ¿Se van a incorporar vía enmiendas de los grupos parlamentarios? ¿O quizá tengamos que hacer un
nuevo proyecto de ley dentro de un año para incorporar esas dos directivas que o ya se han aprobado o están a punto de aprobarse? En todo caso, señor presidente, señora vicepresidenta, les insisto en ese esfuerzo de consenso que en esta materia
sería bueno que todos alcanzásemos. El Gobierno de gran coalición en Alemania entre el Partido Socialdemócrata y la CDU fue capaz de construir una nueva política de inmigración que responde a un consenso de fondo. Creo que en esta Cámara y con el
concurso de todos sería bueno que también lo alcanzásemos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Quijano.



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El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señora vicepresidenta, por la información que nos ha proporcionado a lo largo de la tarde en relación con un tema como el de la inmigración, que tiene la dimensión y la complejidad que tiene, se quiera o
no reconocer, o se quiera o no simplificar el asunto con algunos eslóganes que no obedecen, en absoluto, a los resultados que está produciendo esa política.



En mi opinión, hay básicamente dos formas o dos estilos de abordar el problema. Uno es el que yo calificaría de actuación puntual expeditiva, que consiste en somnífero, avión rápido y 'aquí había un problema y se ha solucionado' -frase
célebre que creo que fue literalmente pronunciada por un célebre personaje-; otro es el de reconocer que es necesaria una verdadera política de inmigración, sabiendo que este es un problema de medio y largo plazo como mínimo, una política que tiene
que obedecer a unas características. A mí me parece que las básicas son las siguientes.
Primero, que sea una política coherente, esto es, que tenga en cuenta la verdadera dimensión del problema, porque el problema tiene una dimensión localizada en
el territorio donde se produce el fenómeno de la inmigración, pero originada en otro territorio que no está bajo nuestra soberanía y en el que por tanto solo se puede actuar mediante convenio y acuerdo. Segundo, que sea una política compartida.
Este es un problema con una dimensión tan global que solo se puede abordar si tiene una dimensión europea por un lado, pero verdaderamente nacional por otro, implicando por tanto a comunidades autónomas e incluso a ayuntamientos que en la aplicación
de determinadas políticas de inmigración son terminales imprescindibles, no solo necesarias, sino imprescindibles.
Tercero -me han salido así los calificativos, no es que haya querido elegir tres ces por hacer un eslogan-, además de coherente y
compartida, continuada. Quien piense que cualquier política de inmigración va a dar resultados a corto plazo está verdaderamente engañado.



No estoy convencido como algún otro portavoz me parece que ha querido afirmar, aunque me consta que es una afirmación cuando menos dudosa, que estemos cerca de una época en la que descenderá la presión migratoria.
No. Creo que este es el
signo de un largo tiempo y, por tanto, seguramente de un largo futuro, entre otras cosas porque tenemos que tener en cuenta el fenómeno del que antes se hablaba de desplazamiento hacia abajo de los efectos de la crisis, que incluso podrá tener
efectos de revitalización de movimientos migratorios a medio plazo. Además, en nuestro caso concreto, España no es solamente país de recepción sino también país de entrada y, por tanto, seguirá recibiendo la presión migratoria no solo de quienes
quieran venir aquí a quedarse sino también de quienes quieran venir aquí para aprovechar luego la libertad de circulación en el seno de la Unión Europea, por razones obvias. Por eso -aprovecho para decirlo-, me parece una cierta irresponsabilidad
comparar los datos de presión migratoria en términos de avalancha, como antes se hizo, entre España, Inglaterra o Alemania. No sé si por suerte o por desgracia, pero al puerto de Hamburgo está complicado llegar en patera desde el norte de África, y
a Londres también. Por tanto, utilizar estos datos como eslogan simplemente para hacer una comparación que no se sostiene no tiene ningún sentido. España seguirá teniendo una presión migratoria añadida a la que le correspondería como tal, por
razones geográficas, históricas, culturales, lingüísticas y todo lo que queramos, porque son circunstancias que solo concurren en España en el contexto de la Unión Europea. Esta es la realidad. De manera que yo, en nombre de mi grupo, animaría a
la vicepresidenta y, en su nombre, al Gobierno a mantener una política con las siguientes características. En primer lugar, que se impulse de verdad la dimensión comunitaria de la política de inmigración, no solamente la de control de acceso, sino
también la de aplicación de derechos a quienes están aquí, porque en eso hay todavía un tratamiento enormemente desigual entre los distintos países. En segundo lugar que se impulse una política de legalidad ordenada, esto es, que venga quien quiera
venir y tenga algo que hacer aquí de manera contrastada, poner puertas al campo no tiene mayor sentido, y una vez que esté aquí: acogimiento, integración, reconocimiento de derechos y lo que haga falta. Ahí es donde las comunidades autónomas y los
ayuntamientos tienen mucho que decir. Y en tercer lugar, cooperación al máximo posible y en todas las formas posibles. En esa línea se han dado pasos muy importantes en cooperación económica y en cooperación jurídica y policial porque
efectivamente hay que hacer ambas cosas en origen. Este es un problema -lo he dicho en muchas ocasiones- que en la medida en que no se pueda resolver en destino porque tiene aspectos irresolubles en destino, habrá que resolverlo en origen en la
medida en que las causas están claras. Por tanto, todo lo que se haga en materia de escuelas taller y todo lo que vaya en esa dirección me parecen pasos verdaderamente efectivos en esa línea y que sin duda deben de dar frutos concretos.



Termino con una última consideración. Algún portavoz ha dicho que este tema debiera ser tratado como asunto de Estado. De esto no me cabe ninguna duda, si es asunto de Comunidad Europea, con más razón es asunto de Estado. Sin duda la
política migratoria o el tratamiento del fenómeno de la inmigración debiera tener esa doble dimensión: comunitaria en sus bases y de Estado en su aplicación, en su desarrollo, etcétera; entendiendo por tema de Estado aquel que resulta compartido
no solo por fuerzas políticas de distinto signo, sino también por administraciones de distinto nivel. Digo esto porque si no podemos confundir la dimensión de un tema de Estado, dándole solo carácter político y no carácter administrativo, y este
necesita de ambos, del político y del administrativo. Por eso, añado -y con esto termino- que también me parece poco responsable en un momento como el actual jugar con este tema demagógicamente y usar cifras con alegría. La situación que
atravesamos desde el punto de vista económico y social hace cuando menos peligroso cierto tratamiento de este


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asunto, porque en este asunto es muy fácil excitar pasiones de forma inmediata. Por tanto, poner en relación alegremente las disputas por empleo, paro o delincuencia con inmigración me parece en este momento un serio peligro, no solo por lo
que pueda tener de alarma en muchas ocasiones innecesaria sino por lo que puede tener -entre comillas- de excitación de pasiones, y todos nos entendemos y sabemos a qué me estoy refiriendo. Por tanto, no contribuyamos a encender mechas que luego
resultan difíciles de apagar. Más bien procuremos buscar los aspectos de política de Estado que el tema puede tener en la línea que he tratado de indicar. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Voy a tratar de responder brevemente -ya sé que es muy tarde y están todos cansados- a los planteamientos que han
hecho porque la verdad es que es un debate muy interesante.



Al señor Hernando quiero decirle que ni complaciente ni satisfecha; responsable, preocupada y ocupada. Esa es la posición del Gobierno en relación con el tema de la inmigración. Efectivamente las encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas dicen que en estos momentos la inmigración es la tercera preocupación de los españoles. Es verdad y es cierto cuando usted lo dice, pero lo que no dice es lo que pensaban los españoles en los años 2001 y 2002, cuando ustedes
gobernaban. En los años 2001 y 2002... (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, era la tercera preocupación, pero no era el 16 por ciento como ahora, sino el 30 por ciento. Era la tercera preocupación y el 30 por
ciento. Ahora es la tercera preocupación y el 16 por ciento. Es decir, hay una preocupación del 16 por ciento de los españoles, la mitad de la preocupación que había en relación con la inmigración cuando ustedes gobernaban. En consecuencia, ha
habido un descenso en picado de la preocupación de los españoles por el fenómeno migratorio y probablemente porque este Gobierno ha dado más la cara en este sentido y ha explicado mejor los temas de inmigración, sin demagogia y con responsabilidad,
a pesar de la falta de ayuda por su parte, como en casi todos los temas importantes en los que deberían hacer un ejercicio de responsabilidad -como ya se ha dicho aquí-, cosa que no han hecho nunca, nunca; no lo han hecho nunca, señor Hernando;
usted no lo ha hecho nunca, nunca.



Por tanto, ¿que este Gobierno tiene una política de inmigración? Claro que la tiene. ¿Que qué ha hecho este Gobierno? Poner orden donde ustedes dejaron desorden; poner ley donde había ilegalidad; levantar las alfombras y colocar a los
inmigrantes irregulares que estaban debajo de las alfombras en situación de regularidad. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, y lo ha hecho como lo hicieron ustedes en el pasado, con regularizaciones; ustedes sí que hicieron regularizaciones
masivas.
Siempre están con la misma monserga. Ustedes regularizaron a la gente con un billete de metro y de autobús, mientras que aquí se hizo una regularización ordenada con los agentes sociales, con el mercado laboral, con los empresarios, con
los sindicatos y con información de la Unión Europea, cosa que luego han hecho en muchos países de la Unión Europea.
Es verdad que al principio hubo algunas críticas pero luego todos lo hicieron siguiendo precisamente el método español, porque se
había hecho con ley y con orden. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) A usted le puede hacer mucha gracia, pero es muy serio que usted haga gracias de un tema tan serio y tan grave. (El señor Hernando Fraile pronuncia
palabras que no se perciben.)


¿Que es problemático? Claro que es un problema, un problema para España y para todos los países, por eso ha sido una prioridad de este Gobierno y por eso hemos trabajado y hemos obtenido resultados. Por tanto, estamos satisfechos de los
resultados, pero no nos quedamos en la autocomplacencia porque sabemos que este es un problema, como he dicho al principio de mi intervención, de largo recorrido, es una carrera de fondo; y cuando solucionas un problema determinado en un momento
dado, aparece con otra cara. No desaparece el problema, aparece de otra manera y va a seguir apareciendo siempre.



Ustedes hacen una utilización de los datos que no es cierta; siempre hacen lo mismo con la EPA. Confunden -para intentar confundir- EPA, patrón y permiso de residencia, y usted sabe tan bien como yo que eso no es verdad. Lo hicieron en
2007, en 2008, en 2009; lo hacen cada vez. Ustedes hacen comparaciones que no son comparables; es un cálculo especulativo que carece de todo rigor. El padrón es una fuente estadística avanzada que no puede dar cuenta de quienes han abandonado el
país, y con probabilidad muchos de ellos han podido inscribirse viviendo fuera de España en algunas de las más de 8.000 bases de datos municipales sin residir en España, o incluso pueden hallarse duplicadas. Señoría, la cifra de personas
extranjeras que disponen de tarjeta de residencia no incluyen a muchas de ellas que carecen de esa tarjeta de residencia pero que viven en situación de perfecta legalidad. Todos los comunitarios, los estudiantes, los exilados... (El señor Hernando
Fraile hace gestos negativos.) Sí. Quienes se hayan pendientes de la renovación, que normalmente son entre 250.000 o 300.000; los trabajadores de temporada; los transfronterizos.



El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, usted tuvo su turno. Haga el favor de callar mientras está informando la señora vicepresidenta. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben) Le digo que haga el favor de callar, no
más.



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La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, presidente.



Les decía que suponen una franja de muchos cientos de miles de extranjeros que están en situación documental de regularidad pero que no disponen de tarjeta de residencia. A partir de esto, establecer esa comparación es imposible y lleva a
una situación de dar datos que no se corresponden con la realidad y que lo único que hacen es buscar una cifra demagógica.
Además, usted sabe muy bien que para un extranjero no resulta muy difícil empadronarse sin vivir realmente en España; de
hecho ocurre con muchísima frecuencia. El empadronamiento se produce hasta por Internet, esa es la realidad, y la conclusión a la que hemos llegado todos después de hacer muchos estudios sobre cómo funcionan los datos que tenemos, que desde luego
no son buenos, para reflejar una situación real del fenómeno -tendremos que mejorar esos elementos estadísticos-, es que no podemos comparar bases de datos distintas porque eso siempre carece de rigor. El padrón tan solo registra a quien se
inscribe en él y las tarjetas de residencia no dan cuenta de todos los que viven legalmente en España. Por lo tanto, si comparamos los dos, tenemos una cifra que no se corresponde para nada con la realidad, y ustedes lo saben; lo sabemos todos
pero ustedes, además de saberlo, lo utilizan porque así trasladan a la opinión pública una cifra presuntamente de ciudadanos irregulares para crear alarmismo, catastrofismo y miedo, y eso se llama irresponsabilidad, señor Hernando, y usted sabe que
eso no es verdad.



Por lo tanto, ¿qué hemos mejorado en el tratamiento de la inmigración? No voy a hacer declaraciones ni voy a utilizar calificativos, simplemente me voy a los datos, señor Hernando. Del porcentaje de inmigrantes que llegaban a los que
llegan, del porcentaje de inmigrantes que salen repatriados a los que salían, de cómo salían a cómo salen. Si no tiene usted más que irse a los datos. Esos datos usted no los utiliza porque no le interesan (El señor Hernando Fraile: Sí los
tengo.). Eso, como tampoco le interesa saber la duplicación de medios que ha hecho este Gobierno.
Simplemente efectivos policiales en fronteras e inmigración en los últimos cinco años, hemos aumentado efectivos en más de un 53 por ciento.
Han
pasado de poco más de 10.000 agentes a ser casi 16.000. Ese es un dato objetivo, como es un dato objetivo lo de Europa. No sé lo que haría el señor Aznar en Europa, pero le puedo decir que cuando yo fui en el año 2005 a Europa, Europa no había
aportado absolutamente nada ni se había puesto ningún mecanismo en marcha; la agencia Frontex estaba creada pero no estaba operativa, la pusimos operativa a raíz de aquel momento. Y no había ni una sola directiva en marcha. Hoy Frontex ha
multiplicado por dos la inversión destinada a África desde que inició su despliegue en el año 2006, de 12 a 24 millones, y España hoy sigue siendo, desde hace tres años, la primera beneficiaria de fondos de la Unión Europea en materia de
inmigración, en los fondos de frontera, en los fondos de retorno -que gestiona el Ministerio del Interior- va a recibir entre este año y el que viene 131 millones de euros, el 27 por ciento del presupuesto total de la Unión Europea. Cuando estaban
ustedes, ni un duro. Ni un duro, entre otras cosas, porque no existían esos fondos. Se han creado esos fondos, se han aumentado esos fondos y ahora España es perceptora de esos fondos.
Pero es igual, esos son datos que probablemente al señor
diputado no le interesen. Repito, inmigración legal y ordenada, grandes retos por delante. Tenemos que seguir avanzando y la verdad es que este es un tema en el que el Gobierno siempre va a buscar el consenso y el acuerdo con todas las fuerzas
políticas. El Partido Popular si algún día se decide a estar con el resto de las fuerzas políticas trabajando en los temas que afectan a todos los ciudadanos será bienvenido. Le seguiremos invitando pero la verdad es que por su actitud no parece
que en estos momentos esté en condiciones de dar un paso adelante. De todas formas, en cuanto quieran, trabajamos de una manera conjunta.



Señora Oramas, gracias por su intervención. Este no es un tema, desde luego, para utilizar la demagogia -lo comparto con usted- y menos para frivolizar. En cuanto a los menores, ha dedicado usted buena parte de su intervención a esta
cuestión. Se lo agradezco. Creo que es uno de los asuntos serios que tenemos por delante, encima de la mesa. Además tiene muchas vertientes. Existen razones para considerar que el incremento que se está produciendo en cuanto a los menores tiene
también relación con la mayor eficacia que se está produciendo en el control de las fronteras y en las expulsiones de inmigrantes irregulares. El efecto paradójico ha sido que las redes de tráfico de personas promueven crecientemente la entrada
irregular de menores al ser más problemática su repatriación debido a la legislación nacional e interncional que hace que prevalezca su condición de menor sobre la de extranjero irregular. En los últimos tres años tenemos un problema de unos 5.000
menores de media que anualmente están tutelados y acogidos por los servicios de protección de menores. Hay un problema muy serio en Canarias pero no solo en Canarias; estoy de acuerdo con el señor Olabarría en que hay un problema en el País Vasco,
en Andalucía, en Cataluña y en Valencia, por este orden, son las comunidades que en estos momentos más menores acogen. Es verdad que la problemática de cada comunidad es a su vez diferente porque tienen sus características propias y el agobio que
produce Canarias -yo lo he vivido, lo he visto allí- es muy especial por la llegada, que es muy dramática, y por todo lo que conlleva además un sitio pequeño como es una isla y la falta de infraestructura. Por lo tanto, este es un tema realmente
muy serio en el que tenemos que trabajar. Es muy importante que lo hayamos llevado a la Unión Europea porque nos desborda, incluso a todos, y tenemos que trabajar mucho con los países de origen. Los gobiernos de los países de origen, con los que
estamos estableciendo acuerdos en esta materia, también


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están muy concienciados porque saben que su futuro con la desaparición de los jóvenes es muy malo y, por tanto, tienen muchísimo interés en que esa inmigración de jóvenes y de menores no se produzca. Ahí tenemos, por supuesto, un largo
recorrido de temas para trabajar, no solo en cooperación y formación sino en mejora de la información, en campañas de sensibilización, en la lucha contra la inmigración, porque efectivamente van a captar ya no mayores sino menores, familias con
menores a los que les quedan pocos años para adquirir la mayoría de edad y son el cebo para luego hacer el reagrupamiento familiar. Ese es un tema que tenemos que analizar en profundidad. Desde luego, la señora Oramas sabe que por parte del
Gobierno vamos a hacer un gran esfuerzo no solo por abordar la situación concreta para aliviar y dar un tratamiento adecuado a todos esos menores sino de cara al futuro, a tratar de contener un fenómeno grave y serio. La verdad es que es un drama
humano ver a esos jóvenes teniendo que abandonar sus familias y sus países para tratar de buscar una vida mejor. A su vez hay que invertir en integración de los menores, en tratamiento, porque es verdad que no en todos los sitios hay dificultades,
pero en algunos sitios sí las hay, y eso contribuye, en la medida en que se produce, a crear situaciones indeseadas contra las que tenemos que luchar porque hasta ahora afortunadamente las hemos ido controlando bastante bien y no hay brotes de
racismo ni de xenofobia, pero se pueden producir a raíz de la acción de grupos minoritarios y, por tanto, como son minoritarios, son abordables y tratables. Eso ya se ha abordado, señor Olabarría, en conferencia sectorial con todas las comunidades
autónomas. Se abordó el tema del reparto, que es muy complicado y que plantea muchos problemas, y más en función de población, porque eso podría originar que determinadas ciudades como Madrid tuvieran -que ya tienen muchos problemas de menores- una
avalancha. Hay que buscar mecanismos y ver, antes incluso de reformar la ley, cómo lo vamos a abordar en España y en la Unión Europea en el corto, en el medio y en el largo plazo.



Desde luego, siempre hay que mejorar la coordinación. Hacemos un esfuerzo enorme por coordinar todos los elementos que intervienen en el fenómeno de la inmigración. La señora Oramas se ha estado refiriendo sobre todo a la coordinación de
Canarias con los organismos de Canarias y el centro de coordinación que está en las islas. En cuanto al mecanismo de información con el Gobierno y la delegación del Gobierno -sé que ya ha habido en otras ocasiones fallos-, vamos a tratar de
esforzarnos por mejorarlo, y que se reanuden las reuniones y el trasvase de datos que se venía produciendo. Me comprometo a seguir trabajando en ese tema. Vamos a procurar desde luego -ya lo hemos tratado con la Unión Europea- que no haya
disminución ni de los efectivos que están en los Sivex ni tampoco en Frontex, que el presupuesto de Frontex no se vea disminuido, y mejorar todo lo que usted decía, todas las sugerencias que ha hecho, tanto establecer una mayor planificación para la
distribución en los centros de internamiento de extranjeros como estudiar un protocolo para la tramitación de los permisos de menores. El tema de las campañas informativas en los países de origen lo estamos haciendo. Tenemos ya algunas campañas en
marcha en Senegal, en Mali y en Mauritania. Cuesta mucho ejecutarlas, pero las tenemos previstas y estamos en ello.



En el tema del Código Penal es verdad que hay alguna cosa en alguna reforma que se ha previsto y tenemos que seguir trabajando en todos los programas con África para tratar de solucionar el tema. Yo soy una absoluta convencida de que o la
comunidad internacional -no es solo un problema de España, y en este caso de la Unión Europea, y nosotros tenemos que hacerlo no solo como España, sino como Unión Europea- se implica en contribuir a la solución de la tragedia que vive el continente
africano o no solucionaremos nunca jamás el problema, ni siquiera lo reconduciremos, porque es una tragedia de tal calibre que solamente hay que ir allí y estar cerca de la gente para darse cuenta del drama humano que significa. Tenemos la
responsabilidad a nivel de comunidad internacional de contribuir a la solución de ese drama humano, que yo además creo que tiene solución. Lo que pasa es que hay que hacer mucho más de lo que hacemos todos.



El señor Olabarría ha hablado de la ley. Los temas que ha planteado los abordaremos en el ámbito del debate de la Ley de Extranjería, que por sí mismo creo que es un debate de bastante intensidad. Por tanto, no le he contestado a ese tema
porque quería remitirlo al debate que tengamos con la ley.



El señor Campuzano ha hecho unas reflexiones muy interesantes que yo le agradezco. No solo hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho, que siempre es bueno para tratar de mejorar lo que todavía son carencias, sino abrir una reflexión
sobre los retos que plantea la inmigración ante el nuevo panorama, la crisis económica, la salida de la crisis en este país... Vamos a seguir necesitando inmigrantes, creo que eso es algo cierto, y en la medida en que nos estamos preparando para
salir de la crisis con otro modelo productivo y otro modelo económico es razonable que dentro de esa reflexión esté incluido el fenómeno de la inmigración.
Probablemente, de los diversos tipos de inmigrantes que va a necesitar este país no se pueda
elegir solo uno, que es la política que se está haciendo en Europa, donde se está trabajando para establecer los criterios que hay que seguir con la inmigración de las personas altamente cualificadas, para los puestos de alta cualificación, pero
probablemente hay que diversificar. Creo que esa es una reflexión que tenemos por delante y habría que aprovechar el momento actual, al hilo de la reforma de la ley y de los debates parlamentarios que podamos tener, para ir reenfocando el fenómeno
de la inmigración, tanto en cuanto a la inmigración que necesitamos como en cuanto al tipo de integración que hay que ir haciendo cualitativamente, de forma más focalizada y más intensa en función del territorio donde se produce


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la integración y del origen del inmigrante, porque no es igual integrar ciudadanos iberoamericanos que ciudadanos subsaharianos, y no es lo mismo integrar en Soria que en Andalucía o Canarias. ¿Por qué? Porque los territorios tienen
peculiaridades y hay que hacer una adaptación muy concreta al lugar, al origen y al carácter de la persona. Eso es diversificar y hacer micropolítica en la integración, de la que yo soy muy partidaria, y además creo que hay que hacerlo, como ahora
en buena parte se viene haciendo, entre comunidades autónomas, ayuntamientos y en parte también con el Plan de Ciudadanía e Integración que ha promovido el Gobierno, pero creo que hay que abordar una mayor focalización de la integración y hacer
mayores esfuerzos en ese tema.



En cuanto a la inmigración irregular sobrevenida, estamos trabajando en todos los campos. Cuando al principio de mi intervención hablábamos del plan de retorno, hablábamos del plan de retorno voluntario, que es el plan que está previsto
para determinados inmigrantes, pero no todos los inmigrantes pueden acogerse a ese plan de retorno. También está el otro plan de retorno en el que estamos trabajando, que es el de retorno social, para personas a las que se les acaba el contrato o
están en desempleo y quieren retornar a sus países, pero no tienen medios; les pagamos el billete y vuelven a su país antes de devenir en inmigrantes irregulares. Esa es una vía, pero además de eso se está haciendo también un trabajo de formación
desde la micropolítica y desde la macropolítica; desde el ministerio de Trabajo e Inmigración, desde el ministerio de Educación, para jóvenes y para inmigrantes que pierden el empleo y que tienen que entrar en un proceso de readaptación o de
recualificación para no llegar a una situación de irregularidad. Por lo tanto, ese es un tema en el que vamos a seguir trabajando.



Le aseguro que el entusiasmo en las políticas de cooperación con la inmigración es un entusiasmo de todo el Gobierno; algunos lo expresamos de forma más pasional, por una cuestión de carácter, pero le aseguro que es un compromiso y además
una convicción profunda del Gobierno que hay que atacar el origen del problema y parte del origen del problema es actuar desde la solidaridad y desde la cooperación, incluso actuar desde la economía y el desarrollo sostenible desde el punto de vista
de la política internacional, ayudando a fomentar políticas económicas que son también rentables, invirtiendo en países como los africanos. Muchas gracias a todos por sus aportaciones.



El señor PRESIDENTE: Como saben ustedes, tenemos ahora otro punto del orden del día, la comparecencia del director de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a dar un pequeño descanso de dos minutos para que la señora
vicepresidenta pueda salir y para que recibamos al señor director de la Agencia. (Pausa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (RALLO LOMBARTE) PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, ASÍ COMO REMISIÓN DE UN EJEMPLAR DE
DICHA MEMORIA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000568.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar con la sesión de la Comisión Constitucional. Como saben ustedes, tenemos en el último punto del orden del día la comparecencia a petición propia del director de la Agencia
Española de Protección de Datos, don Artemi Rallo, para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2008, habiéndose efectuado, naturalmente, la remisión de un ejemplar de dicha memoria.



Cuando el señor director, don Artemi Rallo, quiera, tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Señorías, comparezco ante esta Comisión para dar cuenta de la memoria de la agencia correspondiente al año 2008. En la medida de mis posibilidades, intentaré
ser lo más breve posible, dada la hora del día.



Con el fin de que SS.SS. puedan tener una visión integral sobre el estado de la situación de la protección de datos, haré referencia, en primer lugar, a los temas más destacables de la memoria para informar a continuación sobre problemas
más recientes.



Comenzaré mi intervención afirmando una vez más que la prioridad de la agencia son los ciudadanos. Por ello consideramos imprescindible impulsar la información de forma que los ciudadanos sean cada vez más conscientes de los derechos sobre
sus datos, y así poder hacerlos efectivos. Para conseguir que los ciudadanos puedan tener más información, la agencia ha impulsados dos canales prioritarios: un servicio de atención al ciudadano que facilita información presencial, telefónica y
por escrito; y la difusión, a través de los medios de comunicación, de los riesgos más relevantes. La memoria de 2008 constata un incremento de más del 50 por ciento de las consultas. Los principales temas objeto de consulta persiguen, en primer
lugar, evitar la recepción de publicidad, fundamentalmente telefónica. En segundo lugar, resolver dudas sobre los ficheros de morosos relativas a la legalidad de la inclusión en los mismos y a las empresas de recobro de deudas. En tercer lugar, a
estas dudas se añaden las referidas a la historia clínica y a la negativa a facilitar información sobre las mismas.



En cuanto a la promoción de la difusión a través de medios de comunicación, permítanme unos breves indicadores. En 2008 se han duplicado las entrevistas y demandas de información a la agencia. La mayor sensibilidad


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de los medios de comunicación nos ha permitido conocer en mayor medida incumplimientos de la normativa de protección de datos que, por la alarma social que han suscitado, han propiciado investigaciones de oficio. La información difundida ha
permitido también focalizar las cuestiones que son más sensibles para el público: videovigilancia, documentación abandonada en la vía pública, filtración de datos sensibles a través de redes de intercambio de archivos en Internet, o las redes
sociales.
Quiero agradecer por ello a los medios de comunicación su contribución al objetivo de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y los puedan ejercer. Lo cierto es que la concienciación ciudadana en España en materia de protección de
datos se sitúa claramente por encima de la media comunitaria y, en particular, su principal inquietud reside en saber cómo ejercer sus derechos; no en vano cerca de un tercio de las consultas recibidas por la agencia afectan a cómo ejercerlos.
Además, las tutelas de derechos solicitadas a la agencia por los ciudadanos se han incrementado en un 88 por ciento en 2008. ¿Qué derechos son los que más preocupan a los ciudadanos? Primero, saber quién tiene sus datos y cómo los han obtenido -un
22 por ciento de las tutelas afectaron a este derecho de acceso- y, en segundo lugar, saber cómo cancelarlos -un 70 por ciento de las tutelas fueron referidas a la cancelación de los datos-, de lo que se desprenden dos conclusiones: que los
ciudadanos carecen de información o no son conscientes de los datos personales que facilitan y que, cuando son conscientes, tratan de impedir la utilización de sus datos solicitando su cancelación. Más tarde haré referencia al ejercicio de derechos
relacionados con los servicios de Internet, pero de entrada quiero apuntarles que las principales cuestiones sobre las que se ejercen los derechos de acceso y cancelación afectan, por un lado, a la información sobre solvencia en ficheros de morosos,
a la historia clínica, a las imágenes objeto de videovigilancia, a la cancelación de datos en ficheros de morosidad y en historias clínicas y también a las solicitudes de cancelación de datos que obran en poder de operadores de telecomunicaciones
una vez concluida la prestación de servicios contratados, y a la supresión de antecedentes policiales, penales y penitenciarios.



Sobre el conjunto de estas reclamaciones quiero destacar un dato que me parece significativo. En 2008 las tutelas estimadas se han incrementado un 10 por ciento sobre 2007, año en que como informé también a esta Comisión se estimaron un 80
por ciento de las reclamaciones. Y las principales causas de este incremento residen en que los responsables de los ficheros ni siquiera contestaron a los ciudadanos o que lo hicieron ya durante la tramitación del procedimiento administrativo
iniciado por la agencia, es decir, se detecta una cierta desidia que solo desaparece cuando interviene la agencia. No obstante, quiero advertir que estos datos de la memoria de 2008 están condicionados por el importante volumen que supuso el
ejercicio del derecho de cancelación en los libros de bautismo de la Iglesia católica. Como ustedes saben, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre del año pasado -de 2008- y otras sucesivas han venido a considerar que la Ley Orgánica
de Protección de Datos no les resulta aplicable. Lo cierto es que la mejor forma de que los ciudadanos estén protegidos consiste en que quienes vayan a tratar sus datos lo hagan cumpliendo con las garantías de la ley, lo que exige de la agencia
facilitar de la forma más fluida y sencilla el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones. Por ello, la agencia atiende las dudas de los responsables de ficheros para ayudarles a resolver situaciones complejas propias de una actividad
económica globalizada y cambiante como consecuencia del desarrollo tecnológico. No debe olvidarse que la seguridad jurídica en la actividad económica es un factor que puede reducir costes organizativos, tecnológicos, de asesoramiento legal y de
minimización de riesgos.



Las consultas más complejas atendidas por el gabinete jurídico de la agencia se incrementaron en 2008 un 25 por ciento -60 por ciento en el sector privado y 40 por ciento en el público-. Los principales sectores privados que han demandado
el criterio de la agencia son el de asesoría y consultoría, telecomunicaciones, servicios de la sociedad de la información y asociaciones profesionales y empresariales. En particular, los sectores de las telecomunicaciones y de los servicios de la
sociedad de la información plantean nuevos retos e interrogantes sobre la protección de datos que, en la medida de lo posible, intentamos abordar con las empresas en una relación fluida y próxima. Las principales dudas planteadas en 2008 tuvieron
que ver con la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos, especialmente en materias como su ámbito de aplicación, las exigencias de información a los ciudadanos y el cumplimiento de medidas de seguridad. La actividad consultiva
de la agencia se ha traducido en la emisión de 79 informes preceptivos a disposiciones de carácter general. Todos estos informes abarcan un amplio abanico de actividades como la Administración de Justicia, el control de los precursores de drogas,
el reglamento de conductores y los seguros obligatorios de automóviles, la interrupción voluntaria del embarazo, el doping o la restitución, por ejemplo, a particulares de documentos incautados durante la guerra civil.



Para la mayor parte del tejido empresarial español constituido por Pymes, la incidencia de las normas de protección de datos no se traduce en problemas jurídicos sencillos. Lo que necesitan y demandan es lisa y llanamente saber de forma
sencilla, comprensible y detallada qué tienen que hacer para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para dar respuesta a esta necesidad la agencia ha editado diversas guías dirigidas a facilitar con un lenguaje claro, sencillo y fácilmente
comprensible los aspectos básicos de la protección de datos. La respuesta a las iniciativas de concienciación, información y simplificación del cumplimiento por la agencia se constata, al menos parcialmente, en el incremento de ficheros inscritos
en el Registro general de protección


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de datos. En 2008 se inscribieron más de 250.000 nuevos ficheros cuyos titulares son en su mayor parte Pymes, principalmente en sectores como el comercio, la contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, actividades inmobiliarias o la
construcción. A 1 de junio se han inscrito más de 166.000 nuevos ficheros en 2009, con lo que la cifra total hoy se aproxima al millón y medio. En conclusión, el alcance del conocimiento y cumplimiento de la ley en nuestro tejido empresarial
creemos que empieza a ser irreversible.



Junto a ello debo destacar el incremento del 300 por ciento en el Registro de ficheros de titularidad pública, con un peso muy importante de ficheros de la Administración de Justicia, casi 12.000, cuestión esta a la que me referiré
específicamente. A los que se añaden la inscripción de ficheros de otros órganos tan relevantes como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional.
Los datos que he expuesto a SS.SS indican -quiero
insistir en ello- una tendencia consolidada al mayor conocimiento de los ciudadanos, y a mayor nivel de cumplimiento por parte de los responsables de las bases de datos. Pero esta constatación no es óbice para que el número de denuncias por
infracciones siga incrementándose. Trataré de ofrecerles algunos indicadores ilustrativos al efecto. Las inspecciones crecieron en un 45 por ciento en 2008 y las resoluciones de procedimientos sancionadores casi se duplicaron, aumentando un 94 por
ciento. Los principales sectores afectados siguen siendo los de telecomunicaciones y entidades financieras, a los que se añaden las actividades de videovigilancia. En particular, los procedimientos sancionadores en los sectores de
telecomunicaciones y entidades financieras se han incrementado en porcentajes muy superiores al año anterior, 81 y 59 por ciento respectivamente. Quiero destacar como avance también datos de 2009. El número de reclamaciones junto con las
inspecciones de la agencia están protagonizando un incremento muy importante. A 1 de junio las denuncias se han incrementado en un 60 por ciento y las actuaciones posteriores en un 138 por ciento. En 2008, las sanciones ascendieron a 22,6 millones
de euros, con un incremento del 15 por ciento sobre el año anterior. Esta cifra se explica por el fuerte incremento del número de resoluciones sancionadoras, el 56 por ciento, pero está por debajo de las sanciones declaradas en 2006 que casi
alcanzaron los 24,5 millones de euros. En cuanto a las infracciones cometidas por las administraciones públicas, destaca un incremento cercano al 20 por ciento, mayor en las administraciones autonómicas -del 31 por ciento- que en la local -del 14
por ciento-, descendiendo en la Administración General del Estado aproximadamente un 4 por ciento. De las infracciones declaradas a las administraciones públicas debo llamar la atención sobre las referidas al hallazgo de documentación en la vía
pública o la publicación en webs corporativas de datos facilitados por los ciudadanos.



Para finalizar esta primera parte de mi intervención haré referencia a algunos datos sobre en qué medida los tribunales -Audiencia Nacional y Tribunal Supremo- han ratificado los criterios de la agencia y, con ello, sobre el nivel de
seguridad jurídica que proporcionan las resoluciones de la agencia. Un 72 por ciento de las sentencias de la Audiencia Nacional confirmaron en 2008 las resoluciones de la agencia. Un 6 por ciento de las sentencias estimaron parcialmente los
recursos interpuestos, en la mayor parte de los casos modificando la cuantía de la sanción. Y un 21 por ciento de las sentencias estimaron las pretensiones anulatorias de las resoluciones de la agencia. Aunque hay que tener en cuenta que casi la
mitad de estas sentencias, 22 sobre 48, afectaban a los libros de bautismo y asumían el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008. Por su parte, el Tribunal Supremo ratificó en todos los casos las sentencias que
confirmaban las resoluciones de la agencia, excepto las relativas a los libros de bautismo.



La segunda parte de mi intervención la dedicaré a informar a la Comisión sobre los que, a mi juicio, son los principales retos e interrogantes que se están planteando en la actualidad. Comenzaré refiriéndome a una cuestión directamente
vinculada con datos que acabo de exponer referidos a la memoria, en relación con la Administración de Justicia. En 2008 se han constatado algunos avances en este ámbito. En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial ha llevado a cabo una
inscripción masiva de los ficheros vinculados a órganos judiciales, casi 12.000. En las inspecciones realizadas se ha constatado qué órganos judiciales, en el ejercicio de su responsabilidad, han demandado, pero no han obtenido respuesta sobre la
implantación de medidas de seguridad, diligencia esta que lamentablemente no ha existido en otros casos. Por ello, y como se ha podido conocer en los últimos días, la agencia ha iniciado recientemente procedimientos por infracción de la ley a cinco
órganos judiciales de Madrid, Valencia, Sevilla, Galicia y a consejerías de Justicia de Valencia, Galicia y Andalucía. Junto a ello, se ha dado traslado de las actuaciones practicadas a las agencias de protección de datos de Madrid y Cataluña, por
si procede iniciar actuaciones contra sus respectivas consejerías competentes. En segundo lugar, la agencia ha intercambiado criterios con el Consejo General del Poder Judicial sobre cómo deben coordinarse en el ejercicio de sus respectivas
competencias de inspección, aspecto que constituye un presupuesto previo para evaluar el cumplimiento de la ley en los órganos judiciales. Por ello, puede realizarse una valoración positiva, pues se han articulado unas bases sólidas para resolver
esta cuestión. La agencia propondrá en este año una iniciativa a los poderes y administraciones implicadas para la constitución de un órgano de trabajo que permita impulsar el objetivo que les he señalado.



El segundo de los retos es el de la videovigilancia. La memoria de 2008 ratifica una conclusión que ya había anticipado en mis anteriores comparecencias: el incremento de la videovigilancia es un fenómeno imparable


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que exige garantizar un punto de equilibrio entre las necesidades de seguridad y la protección de la privacidad. Los datos de 2008 son también significativos: los ficheros de videovigilancia inscritos en el registro de la agencia se
duplicaron, alcanzando la cifra de 15.510; y a 1 de junio, también de este año, son ya casi 25.000. El 98 por ciento de los ficheros son privados, alcanzando su mayor implantación en el comercio, turismo, hostelería y comunidades de propietarios.
Un fenómeno que nos preocupa especialmente consiste en que en el sector educativo estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de ficheros de videovigilancia, que en 2008 fue ya del 270 por ciento. Esta tendencia se mantiene en 2009, con un
crecimiento del 58 por ciento. Muchas de estas inscripciones son iniciativas autónomas de centros educativos sin la intervención de las respectivas consejerías de Justicia, que deben dictar las disposiciones para su creación. De ahí que la agencia
se ha dirigido a algunas de ellas para que regularicen esta situación. Además, debo resaltar que la inspecciones sobre videovigilancia suponen el 15 por ciento del total de las realizadas y las resoluciones sancionadoras se incrementaron en 2008 en
más de un 600 por ciento.



En mi última comparecencia ya informé a SS.SS sobre la percepción de los ciudadanos acerca de este fenómeno; hoy lo haré sobre las iniciativas de la agencia respecto de la videovigilancia. La primera prioridad ha sido de naturaleza
informativa y preventiva. Existe un fuerte déficit de información, y por ello la agencia ha publicado una guía de videovigilancia que expone de forma clara y comprensible cómo puede desarrollarse esta actividad garantizando los derechos. Además,
hemos tramitado 44 procedimientos sancionadores relacionados con la videovigilancia y hemos ampliado el análisis sobre el uso de las cámaras a otras actividades que no siempre tienen que ver con la seguridad y que, según hemos podido constatar,
plantean importantes riesgos para la privacidad e incluso para la propia seguridad; es el caso de las videocámaras en Internet. Se trata de cámaras de vídeo conectadas a Internet que permiten un acceso remoto a través de la red al visionado de
imágenes en tiempo real. El uso de cámaras de vídeo se ha extendido de forma generalizada en los últimos años, a medida que su coste ha disminuido progresivamente hasta convertirse en dispositivos de alcance para el gran público. De cámaras
pensadas inicialmente para formar parte de circuitos cerrados de televisión muy localizados se ha pasado a las webcams capaces de conectarse directamente a redes públicas con alcance global. E inicialmente utilizadas con fines de seguridad han
surgido otros, como el control de la actividad laboral y la genérica difusión de una actividad con carácter abierto, cerrado, público o privado. Teniendo en cuenta la fuerte expansión que están teniendo las videocámaras en Internet y el potencial
impacto que para la privacidad presentan, la agencia ha concluido una inspección general, cuyas conclusiones puedo anticipar brevemente. Parte importante de las cámaras detectadas recogen imágenes de la vía pública, del lugar de trabajo o del
interior de establecimientos comerciales. Se difunden las imágenes en abierto, es decir, sin ningún tipo de control de acceso, lo que deriva en una situación de elevado impacto para la privacidad. Y las imágenes captadas en la vía pública suponen
un grave incumplimiento, pues la ley reserva dicha facultad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



También en el ámbito laboral el desarrollo tecnológico y de nuevas modalidades de control está condicionando las garantías de privacidad de los trabajadores. La integración de datos biométricos para el control del horario, el acceso al
correo electrónico que usan los trabajadores, la instalación de videocámaras y la grabación de voz por razones de seguridad, la geolocalización, el acceso a información médica sin garantías o la implantación creciente de sistemas de denuncia interna
y anónima de las empresas, son indicativos de este riesgo. Para alcanzar soluciones de equilibrio dentro de un enfoque global hemos incluido en esta memoria una recomendación dirigida a promover espacios de concertación social que permitan la
protección integral de la privacidad y de los datos en el entorno laboral.



En el marco de las inspecciones sectoriales de la agencia, ya informé a la Comisión sobre el inicio de una nueva inspección sobre llamadas telefónicas no solicitadas con fines comerciales y mensajes publicitarios a teléfonos móviles. En la
anterior comparecencia planteé la necesidad de poner límite al acoso al que se ven sometidos los ciudadanos a través de estos canales publicitarios y hoy resumiré las conclusiones más relevantes de esta inspección. Todos nos hemos preguntado alguna
vez de dónde se obtienen nuestros datos para hacer publicidad telefónica. ¿Qué podemos hacer para evitar el acoso publicitario a través de llamadas telefónicas? La primera opción es el derecho a no figurar en la guía o a figurar indicando que los
datos no pueden ser utilizados con fines publicitarios. Esta opción es eficaz para las llamadas a teléfonos fijos, pero no frente a llamadas aleatorias a móviles, donde las guías telefónicas son inexistentes. Sin embargo, la proporción de abonados
cuyos datos se publican en guías es bastante superior al 75 por ciento, y tan solo un uno por ciento han solicitado que sus datos se marquen para impedir su uso publicitario, de lo que se desprende o que los ciudadanos no son demasiado reticentes,
que no parece el caso, o que, más bien al contrario, no son conscientes de este derecho.



La segunda opción para evitar este fenómeno la contempla el reglamento de protección de datos: impulsar los ficheros de exclusión, en los que se incluyen los abonados o usuarios que se han manifestado en contra de la recepción de
publicidad, pero los ficheros de autoexclusión hoy existentes tienen una eficacia limitada, pues están dirigidos básicamente a impedir comunicaciones a través de correo postal. Para impulsar un fichero de autoexclusión que pueda ser un instrumento
eficaz para los ciudadanos que no desean recibir publicidad, la


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Agencia y la Federación Española de Marketing Directo estamos impulsando iniciativas que permitan garantizar este derecho. Sin embargo, cuando la publicidad a través de llamadas telefónicas realizadas a través de operadora no está asociada
a datos personales, como ocurre cuando se realizan de forma aleatoria a rangos telefónicos de operadores de la competencia, existe un vació legal, pues la Ley General de Telecomunicaciones no contempla infracción específica. Por eso la memoria de
2008 incluye una recomendación que va dirigida a cubrir este vacío legal. Y en cuanto a la inspección referida a los mensajes publicitarios y comerciales a telefonía móvil, se ha detectado la falta de claridad en la información que se facilita a
los clientes, el envío masivo de mensajes SMS con publicidad realizados por empresas que no tienen relación comercial previa con quienes los reciben, y la realización de altas sin informar al usuario de que se trata de servicios de tarificación
adicional, deficiencia sobre la que debe alertarse especialmente cuando la suscripción la realizan menores de edad. Pero los mayores retos hoy se plantean centrándose en Internet, especialmente para los usuarios menores de edad y ello a causa,
fundamentalmente, del dinamismo en la oferta de estos nuevos servicios y de que dichos servicios de Internet se prestan por entidades establecidas en terceros países, aunque vayan dirigidas a usuarios de cualquier lugar del mundo.



En anteriores comparecencias he ido informando a la Comisión sobre el mal uso de programas de intercambio de archivos que dan lugar a la difusión de datos personales en Internet por un gravísimo problema de desconocimiento e ignorancia en el
uso de estas tecnologías. La agencia ha resuelto ya un total de veintiocho procedimientos declarando infracciones de la ley orgánica. Pero para apreciar la gravedad de esta situación no bastan los datos, hay que hacer referencia a las
circunstancias, como las siguientes: entre los datos que se difunden involuntariamente hay datos muy sensibles como los de salud, ideología o afiliación sindical. Entre los infractores se encuentran entidades que deberían evidenciar una
sensibilidad cualificada como partidos políticos o sindicatos, e incluso las propias administraciones públicas permiten la difusión de estos datos de ciudadanos por el mal uso que hacen de estos dispositivos sus empleados públicos. Sobre la
difusión de imágenes en portales de Internet como por ejemplo YouTube, quiero reseñar que la agencia ha resuelto ya tres procedimientos sancionadores y ha impuesto las correspondientes sanciones. Como conocen SS.SS., uno de los defectos del
desarrollo de los motores de búsqueda de Internet ha sido la multiplicación universal de las posibilidades de acceso a informaciones publicadas, por ejemplo, en diarios y boletines oficiales. Basta con teclear en un buscador el nombre y apellidos
de alguien para que cualquier persona pueda conocer si ha tenido alguna incidencia sobre infracciones administrativas, si ha podido cometer un delito del que ha sido indultado, si tiene problemas con el consumo de drogas o si su solvencia económica
está en entredicho por existir procedimientos administrativos o judiciales sobre posibles deudas pendientes. Esta información puede afectar a la consideración de los alumnos sobre sus educadores, de los hijos sobre los padres, a la actividad
profesional de los ciudadanos, y en general a la valoración que perciba su entorno social; por ello un número creciente de ciudadanos ha reaccionado y reclama su derecho al olvido en Internet. Así lo afirma el Defensor del Pueblo, que en su
informe de 2008 hace referencia a un número especialmente significativo de quejas sobre esta materia y, al tiempo, nos recuerda que si bien la publicación de la información está amparada por las leyes procedimentales y no depende del consentimiento
de los interesados, cuando estas normas contemplaron la publicación de determinados actos o trámites no preveían ni pretendían la multiplicación y permanencia en el tiempo de dicha publicación, de la que pueden derivarse resultados que afectarían a
la integridad del derecho a la protección de datos. Por ello, el Defensor del Pueblo ha demandado de la agencia información sobre las soluciones normativas o de otra índole que puedan adoptarse y, en consecuencia, tras un amplio proceso de
consultas la agencia está ultimando un proyecto de instrucción sobre la publicación de información personal en diarios y boletines oficiales que pretende, primero, minimizar los datos personales que se publican sin afectar a los fines legales de la
publicación, ofrecer mecanismos para que sean los interesados los que accedan al contenido íntegro de los actos administrativos, ordenar los procedimientos y ejercicio de los derechos de protección de datos, y, por último, evitar la indexación por
parte de los motores de búsqueda de la información publicada cuando lesione los derechos individuales y según la tecnología disponible.



Sin embargo, el principal interrogante recogido en la memoria de 2008 y plenamente vivo en la actualidad se cierne sobre el ámbito de las redes sociales de Internet ante el importante impacto en la privacidad de sus millones de usuarios. La
agencia, anticipándose a las reclamaciones de ciudadanos, tomó en 2008 la iniciativa de analizar esta realidad junto con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información. Del estudio elaborado se desprende que los principales elementos de
riesgo, en relación con la información personal, residen en la carencia de políticas de privacidad y condiciones de uso que resulten de fácil comprensión, en que la mitad de los usuarios de las redes sociales tienen un perfil de usuario sin
restricciones de la privacidad y pueden ser vistos por cualquier persona, una situación que provoca no pocos riesgos para la privacidad. Este estudio analiza los riesgos para la privacidad en todas las fases de la vida de un usuario en la red, pero
quiero hacer una referencia destacada y particular a la protección de la privacidad de los menores y adolescentes en este ámbito.



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El estudio realizado indica que un 36 por ciento de los usuarios de redes sociales tienen entre 15 y 24 años. De ellos, todos los menores de entre 14 y 16 años son usuarios habituales y publican información personal y familiar. Hay que
tener en cuenta que los menores de 14 años acceden a estos servicios, a pesar de que nuestra normativa establece que el tratamiento de sus datos exige del consentimiento de sus padres o representantes legales. El estudio constata que los
responsables de redes sociales no han implantado mecanismos eficaces de comprobación de datos.
Los menores están expuestos además a riesgos específicos en las redes sociales, como son el acceso a contenidos inapropiados para su edad o la
posibilidad de entablar contacto con usuarios malintencionados. Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que el 77 por ciento de los menores que utilizan redes sociales tienen visible un perfil público. Otros estudios evidencian que el 52 por
ciento de las víctimas de ciber-bullying tienen entre 13 y 14 años; el 10 por ciento no ha cumplido los 10 años y el 60 por ciento son niñas.



Para abordar estos riesgos hay que partir de la premisa de que los menores y adolescentes son lo que ahora se denomina nativos digitales. La protección de nuestros menores es una preocupación de la sociedad y también de la agencia, y por
ello estamos evaluando las principales redes sociales para mejorar la aplicación de la normativa de protección de datos en estos servicios. Buscamos que se implanten medidas eficaces para controlar la edad de los menores y excluir como usuarios a
quienes tengan menos de 14 años a lo que de hecho ya se ha comprometido con la agencia una de las principales redes sociales existentes. Permítanme que les insista en la trascendencia del tema a la vista de las denuncias planteadas ya ante la
agencia, afectados que han empezado a reclamar la intervención de la agencia a través de 19 denuncias, en su mayor parte referidas a la difusión de imágenes o documentos con datos de terceros sin su consentimiento o a la suplantación de identidad.
Asimismo puedo anunciar que la agencia ha iniciado de oficio inspecciones referidas a sitios web de contactos como votamicuerpo.com, que prestan servicios al público sin contar con garantías para los menores, difundiéndose sin restricciones
fotografías de jóvenes que en una proporción importante sugieren una edad menor de 14 años. La ausencia de controles específicos en este tipo de servicios posibilita el contacto directo con menores, favoreciendo la comisión de delitos relacionados
con el acoso sexual, y muestra de ello son sin duda las informaciones conocidas durante este fin de semana relativas a la detención en España de un ciberacosador que chantajeaba a más de 250 víctimas tras convencerlas para que le enviaran vídeos y
fotografías.



La agencia ha tomado iniciativas de concienciación. En las guías elaboradas se incorporan recomendaciones básicas. Pero estas iniciativas, aun teniendo una buena acogida, no son suficientes, es preciso ir más allá. En el último debate
sobre el estado de la Nación esta Cámara ha adoptado una resolución en la que se insta al Gobierno, en colaboración con la comunidad educativa y las comunidades autónomas, a apostar por la modernización e innovación de nuestro sistema educativo
generalizando la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los sistemas de enseñanza y aprendizaje. No puede por menos que aplaudirse esta iniciativa, pero creo que en ella debe atenderse también el conocimiento y la
formación sobre la protección de datos personales y la privacidad ante las nuevas tecnologías. Como pueden ver SS.SS., el uso de servicios en Internet presenta aspectos complejos, y por ello quiero someter a la reflexión de los grupos la
oportunidad de constituir un espacio parlamentario de análisis y de reflexión en el que puedan evaluarse las principales problemáticas generadas por la revolución tecnológica que se cierne sobre la privacidad de los ciudadanos. Y quiero finalmente
insistir en la recomendación que ya formulamos a los medios de comunicación para que a través de su autorregulación alcancen un desarrollo de buenas prácticas en materia de privacidad.



Terminaré esta intervención haciendo una muy breve referencia a la actividad internacional de la agencia, en particular a dos temas de especial importancia. El pasado año anuncié a SS.SS. que la agencia presentaría su candidatura para
optar a la organización de la Conferencia internacional de autoridades de protección de datos y privacidad de este año. Nuestra propuesta fue unánimemente aceptada y así el próximo mes de noviembre Madrid será sede de la 31ª Conferencia
internacional de protección de datos. Para que puedan tener una idea aproximada del alcance de este evento, que constituye el mayor foro de privacidad a nivel mundial, destacaré tan solo que contará con la asistencia de más de mil participantes,
entre ellos los representantes de más de ochenta autoridades de protección de datos de los cinco continentes y de las principales compañías mundiales de tecnología. Además, en su última edición, celebrada en Estrasburgo, la agencia presentó,
conjuntamente con la agencia suiza, una propuesta de resolución cuyo objetivo era que la conferencia iniciara los trabajos para la redacción de unos estándares internacionales de protección de datos. Esta iniciativa partía de la constatación de que
las diferencias entre los sistemas de protección de la información personal y la privacidad existentes en las diferentes regiones del mundo suponen un obstáculo para los intercambios económicos y pueden conducir a situaciones de menor nivel de
protección. La propuesta española recibió un amplio respaldo y la agencia recibió el mandato de liderar un proceso de elaboración que debe culminar con la presentación de dicho documento en la conferencia de Madrid.



No quiero finalizar mi intervención sin una valoración positiva de los espacios de coordinación con las agencias autonómicas de protección de datos en la que destacan los intercambios en materia de videovigilancia, publicación de información
en diarios y boletines oficiales e impulso a la educación de los menores. Señor presidente, señorías, uno de los aspectos inherentes a cualquier


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política pública es hacer frente a la indiferencia, evitar que la repetición de un problema haga que nos acomodemos al mismo hasta convertirlo en crónico. Quisiera concluir esta intervención recuperando algunos titulares recogidos en los
medios de comunicación durante los últimos meses y que nos recuerdan la tarea pendiente. Por ejemplo, el caso Marta del Castillo desvela riesgos para los menores en las redes sociales; el 20 por ciento de los casos de acoso escolar se producen en
Internet; el maltrato a los profesores salta de la aulas a Internet; facebook se reserva el derecho a controlar los contenidos de sus usuarios de forma perpetua y mundial; el escáner corporal, que permite ver el cuerpo desnudo y que ya funciona
en algún aeropuerto de Europa, podría atentar contra los derechos fundamentales de los pasajeros; la Interpol quiere crear una base de datos de reconocimiento facial; asociaciones británicas piden el cierre de Google Street View; la desaparición
de datos íntimos pone en jaque al ejército británico; roban los datos personales de 4,5 millones de demandantes de empleo británico; roban un portátil con fotos íntimas de la familia real británica; un banco de Nueva York pierde datos personales
de 12,5 millones de clientes; roban el ordenador de un investigador estadounidense con los datos médicos de 2.500 pacientes, etcétera.



Confío en que la información que les he aportado haya sido de interés y utilidad y quedo a partir de este momento a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director.



Corresponde ahora a los grupos hacer las intervenciones pertinentes. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Elorriaga.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Trataré de intervenir con toda brevedad.



En primer lugar quiero agradecer, no solo al director sino incluso también al presidente de la Comisión, que, siguiendo la pauta que se había orientado en anteriores ocasiones, se haya adelantado esta comparecencia a este primer semestre.
Creo que es buena la cercanía entre el cierre de la memoria, la comparecencia del director y este debate, lo cual me parece que debemos celebrar todos. También celebro la asamblea mundial que ha tenido lugar en Madrid, porque creo que es una buena
noticia y que da muestra de la calidad del trabajo que viene desarrollando la agencia.
Por ello quiero expresar nuestra enhorabuena y nuestro apoyo a esta celebración.



Voy a hacer tres o cuatro preguntas de la forma más breve posible. La primera es con relación a los medios de la agencia, tema que hemos tenido que debatir en numerosas ocasiones anteriores y que hoy afortunadamente apenas ha salido;
querría algún dato. Veo en la memoria que se ha incrementado notablemente el número de efectivos, un 50 por ciento, y que efectivamente las dotaciones presupuestarias que venían siendo reclamadas han ido llegando. La pregunta es si, a pesar de eso
y dadas las cifras tan importantes de incremento en la actividad de las reclamaciones y de las inspecciones realizadas, podemos entender que están ya adecuados los recursos a las necesidades de la agencia o si sigue habiendo alguna distancia entre
unos y otras. En segundo lugar quería referirme solo a la parte de recomendaciones del informe, que me parece que es la que puede tener más interés para la Cámara. Hay una única recomendación normativa en torno al spam telefónico, al cual también
ha hecho referencia en la exposición, la necesidad de completar las garantías sobre la publicidad telefónica no solicitada. Parece claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, que hay que desterrar todas las prácticas intrusivas, especialmente en
este sector tan sensible de las telecomunicaciones, pero también es cierto que hay que hacerlo con un nivel de acuerdo suficiente con un sector del márquetin que está dispuesto a asumir prácticas responsables y por lo tanto a ser respetuoso con la
intimidad de las personas. La pregunta sería si ve el director algún punto de equilibrio entre ambas posiciones, ¿sería posible normativamente y sería suficiente establecer la obligación de identificación de llamadas a todas aquellas empresas que
se dedican al márquetin telefónico y establecer algún sistema de automatizado de baja en los ficheros para impedir que se repitiesen esas llamadas? Parece que esa es una tecnología disponible que no sería muy difícil y que podría ser, mediando una
reforma legislativa, una vía de impedir que se produjesen, como he dicho, acciones intrusivas.



La tercera se refiere a las pymes, que usted ha citado en la exposición.
Es verdad que la acción de divulgación y de información es esencial y se está haciendo un esfuerzo, que creo que es interesante y que además es donde más hay que
actuar, pero también es cierto, como se ponía de manifiesto en la memoria y en la misma exposición, que, a pesar de ello, aumentan las denuncias y aumentan las sanciones. Las pymes, y así lo manifiestan públicamente sus representantes sectoriales,
siguen viendo en el cumplimiento de las normas de protección de datos un peso excesivo, una dificultad de cumplimiento que en muchos casos está haciendo rehuir su transformación tecnológica y por lo tanto dar el salto a la sociedad de la
información, precisamente para no enfrentarse a la maraña legislativa y a las dificultades o incurrir en conductas no del todo ajustadas a derecho. Hay ahí alguna previsión normativa todavía no desarrollada y sobre ella es sobre la que quiero
preguntarle. ¿Cuál es la posición del director de la agencia respecto a la posibilidad contemplada en la ley orgánica de que exista una base de datos públicos, como el censo promocional, y que se pudiese canalizar a través de esos censos
promocionales ese tipo de actividades comerciales por la red por parte de las pymes? Por otro lado, ¿se ha evaluado en algún momento establecer algún tipo de proporcionalidad mayor en las sanciones para las pequeñas empresas? Existe una sensación
de que, para las grandes empresas, sobre todo para los grandes operadores de


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telecomunicaciones y financieros, que son los principales destinatarios de muchas de las infracciones, las infracciones siguen siendo insignificantes y probablemente no tienen el efecto coercitivo de evitar que se repitan esos
comportamientos; sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas esas sanciones pueden llegar a ser extintivas, es decir, llevan directamente al cierre de la pequeña empresa o del pequeño negocio. ¿No sería posible revisar la proporcionalidad
del sistema sancionador, para, manteniendo la vigilancia la agencia, que tuviese un cierto equilibrio en sus consecuencias sobre cualquier tipo de empresa con independencia de su dimensión?


Una cuarta pregunta muy concreta: ¿cree el director que es necesario actualizar la Ley orgánica de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen? Aquí se está produciendo un
fenómeno un tanto peculiar y es que, a partir de las normas de protección de datos, estamos dando una reinterpretación estrictamente necesaria en la que todos coincidimos, pero a las normas de protección de la intimidad y de protección de datos.
Probablemente hay alguna carencia legislativa en la legislación original. Lógicamente, en el año 1982 no se contemplaban muchas de las situaciones que las nuevas tecnologías están produciendo ahora. ¿Cuál es el punto de vista del director en torno
a la legislación de 1982 y su conveniencia de adecuarla a la realidad, sobre todo a la realidad tecnológica actual?


Y dos últimas cosas muy concretas, ha hecho referencia a ellas en su intervención. Una es lo que ha llamado el derecho al olvido en Internet, en referencia al informe del Defensor del Pueblo y la reclamación de muchos ciudadanos para que se
supriman datos históricos sobre su biografía que no interesa que consten. También apareció este tema en la comparecencia del año pasado y se centró el asunto en los boletines oficiales, en el efecto que provoca la publicidad, digamos absoluta,
sobre sanciones impuestas, subvenciones a ciudadanos en situaciones de necesidad, que probablemente no tiene demasiado interés que se conozcan.
La estrategia era reclamar razonablemente a las propias administraciones públicas la no inclusión de
esos datos en los boletines o, en el caso de que esos boletines se hiciesen accesibles vía Internet, que los datos personales no figurasen de manera completa. Lo que no acabo de ver claro es que el resultado o la recomendación no sea exactamente la
misma cuando, en vez de hablar de publicaciones oficiales, hablamos de publicaciones privadas. Existen problemas con los motores de búsqueda a la hora de tratar de impedir desde la agencia -según he entendido- que se realicen búsquedas de datos
personales cuando se les reclama. Parece ser que técnicamente presenta numerosas dificultades y, además, por problemas de localización sobradamente conocidos, es imposible en última instancia, porque siempre va a haber un motor de búsqueda fuera de
nuestra jurisdicción que va a estar indexando las bases. No sé por qué no se insiste más en el soporte de la información. Por poner el ejemplo más obvio, si alguien estima conveniente que no aparezcan en los buscadores los datos referidos a un
delito que cometió hace cincuenta años y que ahora, porque un medio de comunicación ha decidido hacer disponible en Internet todas sus bases históricas, vuelve a la luz. Probablemente sería más razonable pedir al origen de la información, es decir,
a los medios de comunicación, que no hagan un vuelco indiscriminado de su información en las redes, sino que, antes de ponerlas a disposición en Internet, omitan o dificulten de alguna manera la localización de esos datos sin perder la información.



Por último, una aclaración sobre un debate que es conocido y que creo que es muy importante, pero sobre el que a veces me parece que buscamos o se pretenden soluciones fáciles o de desplazamiento de la responsabilidad, cuando no es posible.
Me refiero al problema de las redes sociales y el control de la edad de acceso de los usuarios. Es un problema sentido por todos y hay que buscar vías de solución, pero no termino de ver cuáles son los mecanismos eficaces del control de la edad de
los usuarios y no sé si es razonable trasladar a los titulares de las redes sociales la carga de ese control, que no es fácil ver y que, por ejemplo, la propia Administración pública tampoco sabría hacer. Eso tiene además un problema añadido,
puramente empresarial, y es que este tipo de obligaciones se traslada a aquellas empresas que están desarrollando tecnología o modelos de negocio desde territorio español, pero lógicamente no es posible proyectarlos sobre aquellos que desarrollan su
actividad desde fuera de la jurisdicción nacional, con lo cual de nuevo se persigue una causa perfectamente noble y deseable, pero podemos estar creando una distorsión en el desarrollo de determinados negocios y modelos económicos.



Estas son mis preguntas. Le agradezco una vez más su presencia hoy aquí, el contenido exhaustivo de la memoria, su completa intervención y su respuesta a estas preguntas.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Quijano.



El señor QUIJANO GONZÁLEZ: En esta evidente soledad en la que me encuentro, no tendré más remedio que ser breve al máximo, aunque la verdad es que es una pena tener que serlo en esta comparecencia. Es tal la cantidad de aspectos sugerentes
que la intervención del director de la agencia ha suscitado que probablemente, pensando en otras ocasiones, esta comparecencia merecería una sesión monográfica, con tiempo por delante para poder abordar el tema debidamente. En todo caso quiero ante
todo felicitar al director de la agencia y a la propia agencia como institución. Nos ha ofrecido lo que, a mi juicio, debo calificar como una comparecencia ejemplar, en claridad, en orden sistemático y, lo que es más importante, en sensibilidad,
porque se nota, sobre


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los temas que ocupan a la agencia; me parece que esa es una buenísima señal. Debo decirle que me voy satisfecho de la información recibida y satisfecho de haber comprobado, tanto por su intervención como por la consulta previa de la
memoria, que realizan un trabajo importante e ingente; supongo que a veces limitado por una cierta insatisfacción y lo entiendo perfectamente. Creo que los retos que ofrece la protección de datos en este momento son tales y los riesgos tienen
tantos orígenes y tanto alcance que necesariamente su papel tiene que notar esto que yo llamo una cierta insatisfacción por no poder llegar a tantos sitios y con tantos remedios como sería deseable. También salgo de esta comparecencia un poco
abrumado -se lo debo decir-, al comprobar la cantidad de riesgos y riesgos crecientes -porque la ciencia informática avanza a toda velocidad- a los que efectivamente estamos sometidos. Ahora he entendido algo mejor por qué me llegan a veces a
diario cientos de mensajes de las más variadas partes del mundo ofreciéndome negocios a mí, que no estuve nunca metido en ninguno; supongo que tienen el dato de que soy profesor de derecho mercantil, lo que no tiene nada que ver con la capacidad
para hacer negocios. Asimismo ofreciéndome determinados fármacos, lo cual me preocupa más, porque quiere decir que probablemente saben mi edad y otras cosas; si no, determinados fármacos seguramente no me los ofrecerían.
(Risas.) En fin, tómelo a
broma, pero en esta mezcla de abrumado y satisfecho me muevo al final de esta comparecencia.



Me importan también, como he visto que le ha pasado al portavoz del Grupo Popular, las recomendaciones en que la agencia resume el trabajo del año y por tanto las propuestas que formalmente hace la agencia. Me ha quedado la impresión de que
quizás se han quedado un poco escasos en recomendaciones normativas. Creo que probablemente ahí hay más cosas que hacer. Yo le sugiero una a bote pronto. Desde luego, la recomendación me parece prioritaria. En este momento es verdad que esta
publicidad telefónica no solicitada o el spam telefónico, como vulgarmente se denomina, es un problema real. Además, las técnicas para abordar al que comete el error de levantar el teléfono sin saber quién está al otro lado son verdaderamente
precisas, persuasivas, insistentes. A veces es difícil incluso cortar la conversación, porque las técnicas imagino que están muy bien pensadas para producir ese efecto y llegar a la conclusión al final de que es mejor terminar aceptando la oferta
que estar expuesto por tiempo indefinido a volver a recibir la misma llamada, a pesar de la negativa reiterada. Creo que hay ahí tarea normativa que hacer.



Le plantearía en ese asunto una cuestión bien concreta. En este momento va a iniciar el trámite -está ya presentada en la Cámara- una ley que, incorporando una directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales y agresivas -lo digo
porque esta es la gran novedad en la materia: este sector de las prácticas agresivas nunca estuvo tipificado en la legislación española de competencia desleal y de protección del consumidor-, da algunas bases en esta dirección. ¿Cómo lo ven desde
la agencia? ¿Y qué tipo de colaboración hay -lo digo porque veo que hay vías de colaboración abiertas con el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y muchas otras autoridades que tienen algo que ver con la protección de datos- con los tribunales
central y autonómicos en materia de defensa de la competencia? Creo que hay una tarea que hacer en ese sentido, sobre todo a partir de lo que tenga este nuevo marco legal de defensa del consumidor frente a prácticas agresivas. Me permito
anticiparle una opinión que podría complementar estas recomendaciones. En ciertos ámbitos de la protección del ciudadano como consumidor frente a determinadas intromisiones se ha ido generalizando una norma de legitimación de ciertas instancias
administrativas o institucionales, no solamente para abrir y en su caso culminar procedimientos sancionadotes, sino para ejercer de manera colectiva acciones de indemnización de daños y perjuicios que si no el ciudadano individual, dada la poca
cuantía, la inconveniencia de demandar a una gran empresa -que a veces ni sabe quién es esta que le ha llegado a molestar- no ejerce y da por perdido el asunto sin más. Instituciones administrativas de protección del consumidor tienen legitimación
para ejercer acciones colectivas en nombre de esto que se llaman los intereses difusos de colectivos que no están bien determinados, por ejemplo, los consumidores afectados por letra pequeña de cláusulas generales de la contratación que resultan
abusivas, etcétera. No sé si la agencia debiera plantearse en algún momento esta posibilidad de reclamar; lógicamente eso tendría que ser una recomendación normativa, porque solo por vía normativa podría tener alguna legitimación de este tipo.



El spam telefónico. y en su caso el spam informático, no son una cuestión menor, porque las llamadas de teléfono hay que hacerlas de una en una, pero el spam informático supone que, de una tacada y con una tecla, habiendo hecho previamente
un amplio archivo o directorio de direcciones informáticas, hay millones de personas que lo reciben inmediatamente.
Imagino que este es un problema más de ámbito internacional y de control de los grandes servidores, de los grandes operadores en
materia informática, pero creo que es otro de los problemas de actualidad para el que debería plantearse alguna solución en esa vía iniciada de la actuación internacional de la agencia.



Por último -las recomendaciones ejecutivas me parecen correctas, creo que están todas muy bien priorizadas-, le plantearía una cuestión. Creo que todos somos conscientes de que aquí hay una cuestión de conflictos entre principios, reglas,
incluso de ámbito constitucional, que en algún caso concreto a veces tienen difícil solución normativa. ¿Dónde está el límite de la privacidad de ciertos datos personales y de la libertad de información, por ejemplo, de un medio de comunicación que
perfectamente puede alegar que el delito de hace 50 años fue noticia en su momento, que se hizo público, que está en una hemeroteca y que lo rescata


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ahora en uso de su libertad de información? ¿Dónde está la frontera entre esas dos cosas o entre la libertad de competencia de las empresas y la protección de la privacidad de los datos personales del ciudadano? Creo que tiene difícil
solución normativa fijar eso y todos los presentes conocemos cómo jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Constitucional ha resuelto -dudosamente a veces- casi siempre a favor de la libertad informativa conflictos de intereses de esta
naturaleza. Ahí no hay solución más efectiva que esto que llamamos la autorregulación; esto es, que se vayan imponiendo códigos éticos que tengan luego algún tipo de sanción efectiva, deontológica, profesional, etcétera. ¿Ve ahí la agencia algún
campo de actuación? ¿Cómo ve este problema, estos códigos? Lo digo porque algo de esto ha pasado también en materia de gobierno corporativo de las empresas, que se empezó siempre recomendando y se ha terminado estableciendo normas imperativas,
cuando ya maduraba una recomendación que se iba generalizando. ¿Cree la agencia que este sería un camino que pudiera tener algún resultado efectivo al menos en el medio plazo, puesto que en el corto plazo y vistos estos riesgos crecientes a que me
refería, las cosas indudablemente son complicadas. Estas son las cuestiones que le quería plantear.



Termino agradeciéndole de nuevo la comparecencia y reiterando estas consideraciones que le he hecho sobre el interés objetivo que creo que ha tenido.



El señor PRESIDENTE: Señor director de la Agencia de Protección de Datos, tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Quiero dar las gracias muy sinceramente a los portavoces de los grupos por sus intervenciones, el contenido, el detalle y el enfoque amplio de las cuestiones
que han planteado, lo que es muy de agradecer dadas las horas en que estamos, aunque también tiene notables riesgos, porque me invita a explayarme extensamente sobre una relación de cuestiones que, no duden, ya forma parte de las pasiones personales
y que podrían dar para varias horas de reflexión, más que de información. No será este, obviamente, el caso y voy a intentar hacer el máximo ejercicio posible de síntesis en las respuestas, porque tengo que decir que no cabe esperar menos pero me
han parecido singularmente lúcidas e incisivas las cuestiones que se han planteado por parte de los portavoces respecto de cuestiones que forman parte nuclearmente de las preocupaciones vivas de la agencia y en algunos casos de preocupaciones que no
tenemos resueltas y que por tanto nos complace que sean compartidas por los principales grupos de la Cámara. Empezaré, como ha señalado el diputado Elorriaga, agradeciendo la posibilidad de comparecer antes de acabar este semestre, por primera vez,
en este mes de junio, que creo que puede ser una práctica feliz y sinceramente se lo agradezco, especialmente al presidente de la Comisión.



Sobre las distintas cuestiones planteadas, me referiré primero a si son suficientes o adecuados los medios actuales de la agencia para atender las necesidades de la realidad en su acción diaria. Voy a omitir una prolija descripción de los
esfuerzos presupuestarios o en recursos humanos que se han venido haciendo en los últimos tiempos para incrementar la plantilla y los medios de la agencia y, si lo que se me pide es una valoración, diré que, en el estado actual de la situación, de
las necesidades que la agencia tiene que atender en el momento presente, los medios creo que nos permiten atender con dignidad esa realidad. Desde luego, si tuviésemos más, haríamos, obviamente, muchas más cosas, pero, sin duda alguna, esa
situación no admite para el futuro la misma conclusión. Todos los indicadores de la agencia evidencian -y creo que la presentación de las memorias es un buen momento para verlo- una multiplicación o un incremento exponencial, progresivo, en todos
los ámbitos y la alternativa a ese crecimiento no pasa por el desistimiento, la no comparecencia en la garantía del derecho, sino que pasa por reforzar los medios que sean necesarios para atenderlo. La agencia no ceja en ese empeño. A pesar de que
estos son malos tiempos para demandar medios materiales y humanos para atender estas necesidades, con la máxima razonabilidad posible por nuestra parte intentamos trasladar a las administraciones y a los ministerios competentes las necesidades que
tenemos, las justificamos, las argumentamos y esperamos que puedan ser atendidas en el futuro más inmediato.



Se han planteado por ambos grupos varias cuestiones comunes y por tanto las comentaré también de forma conjunta. Una de ellas hace referencia al vacío legal actualmente existente para combatir una práctica que forma parte de los mayores
quebraderos de cabeza de los ciudadanos, que son las que hemos identificado perfectamente como las llamadas aleatorias que realizan las principales operadoras de telecomunicaciones a los operadores de la competencia, y con efectos muy intrusivos
para la realidad. Ese vacío legal debe analizarse en qué medida puede ser atendido o resuelto, pero la duda que planteaba el diputado Elorriaga era en relación con la necesidad del acuerdo y equilibrio con los sectores implicados, en este caso
económico, profesionales, que obviamente tienen en este ámbito intereses muy dignos de atención y de valoración. Porque a nadie escapa que la actividad económica en el marco actual de una economía de mercado tiene en el marketing y en la publicidad
un sustento y una base, un presupuesto más bien. Lo que sí puedo decirle es que no solo creo que es posible ese acuerdo, la búsqueda de ese equilibrio que admita y posibilite el acuerdo de este tipo de organizaciones, sino que esas mismas
organizaciones, a fecha de hoy, participan en gran medida de la necesidad de minimizar los efectos de estas prácticas intrusivas, porque ellas mismas son conscientes de que los principales


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perjudicados por este tipo de prácticas son los sectores profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito, en la medida en que los ciudadanos, sencillamente asqueados ante una situación masiva intrusiva, ya no distinguen grano y
paja, y acaban rechazando cualquier práctica de este tipo. Son conscientes de esa realidad y participan de la necesidad, hasta el punto de que la agencia y el organismo representativo a estos efectos, que es la Federación Española de Comercio
Electrónico y Marketing Directo, llevamos ya algunos meses trabajando en un proyecto propio de la federación, pero que la agencia está impulsando decisivamente, que es un fichero de autoexclusión que posibilite, gestionado por esta federación, de
forma generalizada y universal atender el derecho de esos ciudadanos que, de forma activa, quieran dejar constancia de su oposición a la recepción de publicidad a través de diversos canales -también del teléfono móvil, y por supuesto del fijo-, que
hoy no existen. Y tan posible es ese acuerdo en la búsqueda de ese equilibrio y la puesta en marcha de estos mecanismos que puedo anunciarles, puedo participar a la Comisión que, incluso antes de que acabe este mes, esperamos presentar
conjuntamente el servicio referido, que va a cubrir la principal laguna existente en este ámbito.



En segundo lugar, me permitiré añadir a esta cuestión planteada por don Jesús Quijano una reflexión en torno a la novedad, los efectos y el alcance del proyecto de ley de prácticas comerciales agresivas. Me pide opinión sobre hasta qué
punto pueden ser un entorno y una realidad que permitan atender esta problemática. La única reflexión que debo compartir con ustedes es que obviamente esa reforma normativa va a incorporar unas posibilidades de persecución, de represión de estas
conductas, residenciándolas en el ámbito del derecho de consumo. Es verdad que la experiencia de la agencia es que muchas de las denuncias, reclamaciones y quejas que le llegan tienen su origen precisamente en oficinas de consumo, tienen su origen
en organizaciones de consumidores, tienen su origen fundamentalmente en la percepción que tienen muchos ciudadanos y muchas de estas organizaciones de que en el régimen sancionador que ofrece el derecho de consumo no encuentran suficiente
persecución de muchas de estas conductas, frente a la que pueden obtener por otros canales, como es el de la garantía del derecho a la protección de datos.
Esta es la reflexión que dejo en el aire en torno a esta cuestión.



Hay una doble preocupación que ha planteado el diputado señor Elorriaga en relación con el censo promocional y el régimen sancionador, y quiero también dejar constancia de ello a efectos del 'Diario de Sesiones'.
Estas cuestiones me han
sido transmitidas por el diputado portavoz de Convergència i Unió, Jordi Jané, ya que aunque él no ha podido acompañarnos por otros compromisos ineludibles, tenía previsto intervenir en la Comisión. Me ha trasladado también esas dos mismas
cuestiones que me acaban de formular, a efectos de que en su caso pudiera también darles respuesta en esta Comisión. Una de ellas hace referencia a la pertinencia del régimen sancionador de la agencia en relación con la pequeña y mediana empresa y
la proporcionalidad del régimen sancionador, y otra al llamado censo promocional previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya fue objeto de un comentario en mi comparecencia del año pasado a partir de una pregunta similar planteada por
el diputado don Juan Luis Rascón. En aquel momento y ahora quiero hacer notar y constar que no se han disipado todavía las razones políticas que hasta la fecha han impedido la activación de ese censo promocional, en el que obviamente la agencia no
tiene otra participación que la de espectador, aplicador y garante, en su caso, y no parece que exista ninguna previsión de activación de un mecanismo de este tipo.



En relación con el régimen sancionador, que desde luego merecería una reflexión mucho más sosegada, detallada y rigurosa que la que en este momento pueda compartir con ustedes, es verdad que a la agencia le preocupa mucho la aplicación de
una de las reglas básicas, que es la proporcionalidad en la aplicación de un régimen sancionador. Es verdad que el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos ofrece un abanico de sanciones muy amplio, de 600 a 600.000
euros, en el que en ocasiones se puede producir algún efecto llamativo no deseable, en cuanto a lo gravoso de esas sanciones si tenemos en cuenta su destinatario, pensando en personas físicas o pensando en pequeñas o medianas empresas. En todo
caso, teniendo muy en cuenta esta situación, la agencia viene extrayendo de la propia ley orgánica todas las posibilidades que ofrece esta para modular la aplicación de ese régimen sancionador. Esas posibilidades están contempladas por dos vías:
una, la de atender a una serie de circunstancias, como la naturaleza de la infracción o el tipo de infractor, que se tienen en cuenta para aplicar las sanciones, dentro de los tres grados previstos de sanción, y existe otra posibilidad que es la de
aplicar una disminución significativa de culpabilidad que permite reducir el grado de la infracción. Esas posibilidades las está aplicando la agencia conforme a criterios objetivos previstos en la ley orgánica, y creo que la memoria de este año y
la del año anterior ilustran bastante el esfuerzo que está haciendo la agencia por modular ese régimen sancionador, en un contexto en el que la agencia considera que se ha producido un proceso progresivo de actualización, de puesta al día de las
empresas en la normativa de protección de datos y en el que la agencia considera que el mayor volumen de sanciones que se impone y de montante total de multas no tienen que ver directivamente con una mayor conducta infractora del mundo de la
empresa, sino precisamente de una mayor información, consciencia, denuncias, etcétera, que generan obviamente ese mayor volumen de procedimientos, y finalmente del montante total de multas, y es en ese contexto en el que venimos intentando
aprovechar al máximo las posibilidades de la ley para atender a todas las circunstancias objetivas que la misma ley orgánica prevé. En consecuencia, esa es


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nuestra tarea y en relación con la posibilidad de revisar el procedimiento sancionador, como digo, merecería una reflexión bastante más rigurosa, porque la agencia ha desarrollado algunas actividades de reflexión de este tenor. De hecho
acabamos de publicar un volumen que recoge unos seminarios celebrados por la agencia sobre este mismo tema, que desde luego gustosamente les trasladaré, porque creo que podrá ilustrar mucho más la complejidad del problema relativo a la revisión o no
del procedimiento sancionador.



En cuanto a la pertinencia o no de la revisión de la Ley orgánica de garantías del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, de 1982, ciertamente, como se ha comentado, se dan situaciones paradójicas.
La paradoja máxima es que
debiéndose suponer que en la persecución penal de determinadas conductas se produce la más gravosa represión de las mismas, y en menor medida desde luego la responsabilidad civil, y casi en última instancia la responsabilidad administrativa, lo
cierto es que hay muchos ciudadanos administrados que tienen la sensación contraria, y es la de que a través de la Ley orgánica de protección de datos encuentra una reparación más efectiva a determinadas invasiones o intromisiones especialmente
focalizadas en el derecho a la intimidad. Ahora sería muy prolijo ilustrarlo con ejemplos, pero creo que esa es la paradoja máxima con la que nos encontramos y que debería suscitar también algunas reflexiones adicionales.



Por supuesto también darían lugar a un seminario extenso las consideraciones relativas al derecho al olvido en relación con Internet, y en particular, por un lado, con los boletines oficiales; por otro, con las webs de naturaleza privada, y
por otro, con los medios de comunicación. Sobre los boletines oficiales en la comparecencia creo que ya he ilustrado suficientemente el criterio de la agencia, pero el diputado Elorriaga planteaba una potencial paradoja, la de focalizar nuestra
preocupación en relación con ese derecho al olvido en los boletines oficiales, y no hacer tanto lo propio con las webs de carácter privado. La respuesta es muy clara y es la siguiente: la agencia no tiene ningún problema para garantizar los
derechos de protección de datos en el ámbito privado, en el ámbito de las webs privadas o públicas, que no son boletines o diarios oficiales, donde se incorpora información personal por mandato de la ley, al amparo de previsiones legales. Cuando no
existe ningún amparo legal o constitucional, como ocurre en las páginas web de los medios de comunicación digital, a través del ejercicio del derecho de cancelación, es decir, una vez constatado que se ha incorporado una información personal no
consentida por un particular o que ha dejado de cumplir la finalidad para la que se cedió esa información personal, la cancelación no plantea ningún problema de carácter legal. Pero sí que lo plantean boletines oficiales y medios de comunicación.
Los boletines oficiales porque obviamente la información que se incorpora a los boletines, y concretamente la información personal se incorpora en base a unas previsiones legales específicas, y por lo tanto el ciudadano tiene que soportar la
publicación de esa información personal; y en el caso de los medios de comunicación -como se ha comentado también- por el juego del derecho constitucional a la libertad de información. Por eso es importante para nosotros que en el ámbito de los
boletines oficiales, sin menguar los efectos legales que otorga nuestra legislación a la necesidad de realizar determinadas publicaciones oficiales, se trabaje en la línea de la minimización de la información personal, que en muchas ocasiones de
forma innecesaria se incorpora a los boletines oficiales.



Por último, en cuanto a los medios de comunicación, planteaba también, estrechamente vinculado a ello, el diputado señor Quijano la misma problemática y la pregunta genérica sobre la pertinencia o utilidad de los procesos de autorregulación
en este ámbito. Los mismos problemas con los que nos hemos encontrado en relación con la publicación de datos y en la petición del derecho al olvido -del derecho de cancelación de esa información en boletines oficiales o en web privadas- nos los
hemos encontrado en varios medios de comunicación, y en diversos supuestos muy parecidos a los que ustedes han descrito. Hemos visto informaciones, con el proceso de digitalización de los medios de comunicación, recuperadas de hace veinte,
veinticinco o treinta años sobre informaciones concretas y determinadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la agencia a esas situaciones? Desde el punto de vista conceptual o teórico no constituye un tema suficientemente resuelto todavía, pero sí
puedo decir que es el criterio con el que las hemos resuelto. Las hemos resuelto entendiendo que el titular del medio de comunicación, en el uso legítimo de la libertad de información, identifica lo que es información o no, y por lo tanto a él
corresponde mantener o no ese tipo de información.



Ahora bien, en cada una de esas resoluciones hemos acompañado unos considerandos muy claros -y desde luego si existe interés trasladaré a SS.SS. esas resoluciones, para que las conozcan- sugiriendo o apelando al propio medio de comunicación
para que reconsidere la pertinencia, la oportunidad de incorporar esa información a esos medios digitales; y no solo la pertinencia del mantenimiento de esa información, sino al menos la pertinencia de la posibilidad de introducir mecanismos
técnicos -que existen y son posibles- que eviten la indexación por los motores de búsqueda de determinada información. Eso sí que es algo que la agencia en este momento está garantizando, y que forma parte de las preocupaciones reales de los
ciudadanos. Los ciudadanos no están preocupados porque en el Boletín Oficial del Estado o en el de la provincia de Castellón, por ejemplo, aparezca una referencia concreta a una multa determinada. A los ciudadanos les preocupa que Google recupere
esa información, y que por lo tanto pueda accederse. Esa es la principal de nuestras preocupaciones, y en esa misma dirección nos hemos dirigido a los medios de comunicación.



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Hay otra cuestión muy importante que va también a la médula de nuestras preocupaciones y de mi intervención, que ha sido planteada por el señor Elorriaga, en relación con la razonabilidad de la exigencia legal de incorporar medios en
Internet para la verificación de la edad de los menores en general, y en particular de las redes sociales. Plantea si es razonable e incluso añade, como reflexión, si no puede ser distorsionante para el desarrollo tecnológico de esas empresas o de
otro tipo. La respuesta más concreta, más útil y más clara que puedo darle es que creo que no solo es razonable, sino que se está haciendo y se va a hacer más.
En particular hace tres meses exactamente la agencia llegó a un acuerdo con la
principal red social de este país, Twenty, en virtud del cual se comprometieron, por un lado, a depurar las miles y miles de cuentas de Twenty cuyos titulares eran menores de 14 años, y por otro, a incorporar mecanismos de verificación de la edad.
Se comprometieron en ese momento, hace apenas tres meses, a establecer ese tipo de sistemas, a dar cuenta a la agencia de las previsiones que tenían para implementarlos y desarrollarlos, y no más tarde de hoy mismo hemos concertado una cita para
dentro de escasamente diez días en la que Twenty va a dar cuenta de ese compromiso, y nos consta a fecha de hoy que han empezado a establecer ese tipo de mecanismos.



Termino diciéndole que es verdad que existe la convicción general -en algunos casos más interesada, especialmente desde sectores determinados, en otros absolutamente legítima y honesta- de que no es posible establecer este tipo de mecanismos
de verificación de la edad en el ámbito de Internet, pero lo cierto es que la experiencia de la agencia evidencia que es posible, lo está siendo en otros países y continentes, y es un proceso que debe generalizarse entre nosotros, porque los efectos
perversos que se están produciendo por lo contrario son terribles. Desde luego no voy a hacer aquí un ejercicio de alarmismo, pero comprobar cómo se están utilizando muchos de estos servicios para acceder a menores -insisto, no solo jóvenes y
adolescentes, sino menores de catorce, de diez años- a los peores efectos forma parte del día a día. Ese es un compromiso que todos debemos apoyar.



Quedaba una última cuestión, y con ello termino. He querido dar respuesta a todo lo que había planteado el portavoz del Grupo Socialista, haciendo una reflexión sobre la posibilidad de que la agencia fuese de alguna forma más activa en la
defensa de intereses difusos, en vías incluso judiciales. Tengo que decirle que nosotros tenemos una convicción de que demasiadas veces lo hacemos, es decir, de que muchas veces obviamente actuamos a instancia de parte, a partir de denuncias,
etcétera, pero no son pocas las veces en que la agencia actúa de oficio para perseguir hechos de los que tiene conocimiento, y no solo de oficio, sino también con carácter preventivo para evaluar, como en este caso estamos comentando el tema de las
redes sociales, la adecuación de muchos de estos servicios a la legislación de protección de datos. Con ello termino y agradezco mucho su amabilidad.



El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer al señor director de la Agencia Española de Protección de Datos su información, su comparecencia; excusarme en nombre de la Comisión porque ha tenido que comenzar tarde, debido al alargamiento de la
anterior comparencia. Quiero mostrarle mi agradecimiento sobre todo a él, por su amabilidad, su información y su dedicación a la Comisión en el día de hoy; también a la Mesa, que ha resistido bien la hora; a los letrados, que son auténticos
estoicos, por parejas, aguantando en esta Comisión a esta hora; a los portavoces -estoy pensando en poner siempre a esta hora la Comisión, porque realmente el sosiego, la serenidad y la responsabilidad del debate hacen palidecer a los que hemos
tenido antes, y ha funcionado bastante mejor- (Risas.), y a todo el personal que nos ha atendido y nos ha acompañado; a los grupos y a todo el mundo.



Se levanta la sesión.



Eran las diez de la noche.