CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 308

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 19 celebrada el miércoles 10 de junio de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias, para informar en relación con el proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley
2/2009, de 6 de marzo, número de expediente 121/000022):


- Del señor presidente de la Asociación de grandes empresas de trabajo temporal (Aranda Manzano). Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración. (Número de expediente 219/000272.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión de Trabajo e Inmigración con la comparecencia en relación con el proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de
las personas desempleadas. Hoy tenemos a don Francisco Aranda Manzano, presidente de la Asociación de grandes empresas de trabajo temporal. Don Francisco, muchas gracias por su comparecencia y por atender la invitación de la Comisión de Trabajo.
Tiene usted la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GRANDES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (Aranda Manzano): Muchas gracias señor presidente, quiero agradecerle su invitación para comparecer en esta Comisión y contribuir de forma constructiva a los
debates sobre una materia que es de la mayor relevancia para nuestras empresas, para los ciudadanos y para el desarrollo más justo e igualitario de nuestro país. Ello, en el marco parlamentario del proyecto de Ley de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.



El mercado laboral español ha pasado en muy poco tiempo de mostrar excelentes registros a protagonizar los peores datos de la Unión Europea.
En el último trimestre de 2008 hemos pasado de una tasa de paro del 13,9 por ciento al 17,4 por
ciento en el primero de este mismo año. Según los propios datos de Eurostat esta tasa de paro alcanza ya el 18,1 en el mes de abril, siendo la más elevada de la UE a Veintisiete, sin embargo hace dos años escasos nuestra tasa de paro era la más
reducida de la historia de España, 7,95 por ciento en el segundo trimestre de 2007. Ahora estamos en tasas que no se alcanzaban desde hace más de 10 años, desde 1988. El aumento del paro del último año, 1.800.000 personas, se debe en un 71,4 por
ciento a la destrucción de empleo y en un 28,6 por ciento al crecimiento del número de activos. Hace un año el cien por cien del incremento del paro se explicaba por el aumento de la población activa sin que se destruyesen puestos de trabajo. Por
tanto, el problema actual no es tanto evitar que siga creciendo la población activa sino crear empleo. Ya son más de un millón los hogares en los que todos sus miembros están en el desempleo, situación especialmente complicada que tiene
implicaciones en el ámbito social; pero creemos que no solo hay que fijarse en la dimensión del problema desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo. Los colectivos más perjudicados son los más vulnerables, especialmente jóvenes
y desempleados de larga duración. En cuanto a los jóvenes 36 de cada 100 menores de 25 años que buscan empleo no lo encuentran, es decir su tasa de paro es del 35,7 por ciento y la más alta desde el primer trimestre de 1998. El nivel de
ocupabilidad de este colectivo no es bajo sino todo lo contrario, el 75 por ciento de los desempleados menores de 25 años tienen un nivel de ocupabilidad medio o alto según los propios datos del Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que el
problema viene no solo de una menor demanda de trabajadores por parte de nuestro tejido productivo sino de la existencia de disfunciones en la intermediación laboral. Sobre los parados de larga duración, actualmente 23 de cada 100 parados lleva más
de un año buscando un empleo, su tasa de crecimiento es del 91 por ciento en el último año, pasando de 485.000 a 926.000, sin embargo fuimos los primeros en detectar algunas novedades que ya pusimos de manifiesto en nuestro AML del mes de marzo,
avance del mercado laboral que editamos todos los meses y que hemos tenido el honor de que sea utilizado por la propia Comisión Europea para evaluar los datos del empleo en nuestro país. Esas novedades hay que ponerlas encima de la mesa para tener
una fotografía verdaderamente real de nuestro mercado de trabajo. Los últimos registros de afiliación y paro muestran un posible cambio de tendencia, que en ningún caso podemos ahora confirmar con datos econométricos como herramienta.



Podemos decir que hemos dejado atrás los peores momentos de la crisis, pero en ningún caso podemos garantizar una recuperación ni rápida ni consolidada. Además, dando por hecho que el potencial de crecimiento de nuestra economía es muy
inferior a la del último ciclo, los esfuerzos a llevar a cabo deberán ser intensos y especialmente bien coordinados. Por lo tanto, para que el desempleo se reduzca tienen que suceder tres cosas muy concretas, porque no es lo mismo creación de
empleo que reducción de la tasa de paro. Estas tres cosas son las siguientes: en primer lugar, que se recupere la producción, y para ello debe reactivarse el consumo; en segundo lugar, que ese mejor comportamiento de la producción empiece a
generar empleo, y esto se correspondería con crecimientos del PIB aproximadamente para España del 1,5 o el 2 por ciento; y, en tercer lugar, que esa creación de empleo sea mayor que el crecimiento de la fuerza laboral, es decir de la población
activa, y esto suele producirse en nuestro país cuando el PIB crece entre el 2,5 y el 3 por ciento. Por lo tanto, es necesario aunar esfuerzos y apostar por la mejor combinación de todos los recursos de calidad, y con su eficacia testada, que estén
disponibles.



El Ministerio de Economía junto con el de Fomento están buscando fórmulas que con la colaboración del sector privado permitan ejecutar obra pública. El sector de las ETT sería un elemento que debería complementarse con el sistema público
-bajo su tutela y coordinación- para generar más empleo, facilitar su búsqueda y -muy importante- garantizar la formación continua de carácter finalista, es decir basada en las necesidades del mercado laboral. Déjenme decirles que la formación del
capital humano es una herramienta muy estratégica para el empleo, y no se le está dedicando la importancia que exige. Por ejemplo, Finlandia tiene un gran recurso natural, la madera, pero Rusia también lo tiene y compra


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muebles y casas prefabricadas a Finlandia, es decir la prosperidad de su industria del mueble no procede del recurso natural sino del buen hacer de sus empresas y de sus trabajadores. Actualmente en nuestro país sólo el 15,7 por ciento de
los parados está recibiendo formación y solo el 10,3 por ciento recibe formación ocupacional, lo que sin duda merma las posibilidades de encontrar empleo y además dificulta que nuestro sistema productivo se transforme hacia una economía más
competitiva y con un capital humano más cualificado.



El efecto diferencial que la crisis internacional está teniendo sobre el desempleo en España, además de un saldo de más de cuatro millones de desempleados, ha dejado al descubierto históricas ineficiencias estructurales en nuestra economía y
mercado laboral. Más allá de la patente volatilidad del empleo en nuestro actual modelo productivo esta crisis ha puesto de manifiesto la fuerte segmentación que caracteriza nuestro mercado laboral y que ahonda en las desigualdades sociales.

Cuando hablamos de segmentación no nos referimos a la típica de trabajadores con empleo indefinido y trabajadores con empleo temporal, sino que hay otras segmentaciones: por género, por edad, por origen -autóctono o extranjero- y -una que cada vez
es más importante- por formación. El desempleo afecta de forma diferencial a colectivos, zonas geográficas y sectores económicos, evidenciando que existe una brecha importante entre demanda y oferta de empleo, es decir se destruye empleo pero no de
forma homogénea sino focalizada en ciertos segmentos de la población que generalmente son los más desfavorecidos. Al mismo tiempo coexisten vacantes que no se cubren, por lo tanto el mercado de trabajo actual tiene un alcance restringido y local en
el que no hay apenas movilidad en el empleo porque no hay suficiente información ni recursos para fomentarla. Por ello, la búsqueda de una mayor eficacia de nuestro mercado de trabajo exige nuevos mecanismos que garanticen la existencia de un
verdadero mercado de oportunidades amplio y transparente. Para ello resulta ineludible introducir nuevas fórmulas que ayuden a dinamizar políticas activas claras dirigidas al pleno empleo, incrementando la eficiencia y el mercado de trabajo y
mejorando y ampliando las oportunidades de incorporación al mismo, pero también de mejora dentro de él, es decir de fomento de las propias transiciones. Los mercados laborales eficientes cuentan con agentes de intermediación que facilitan el nexo
entre ofertas y demandas de empleo mediante su colaboración y la puesta en común de la información necesaria. Por ello, la apertura de la intermediación a operadores privados, gratuitos y de acceso universal para todos los ciudadanos, ya es una
realidad en toda Europa y parece un paso lógico para alcanzar esta mayor eficacia también en España. Dicha apertura conllevaría desarrollar nuevos escenarios de colaboración en la intermediación laboral a través de instituciones privadas con ánimo
de lucro, en los que muy probablemente la importante estructura actual de las todavía llamadas en España empresas de trabajo temporal y la eficiencia y garantías demostradas convierte a estas empresas en las principales y primeras candidatas para el
desarrollo de esta cooperación ordenada. Para ello es necesario definir el papel global que las ETT pueden desarrollar en la intermediación laboral como instrumentos de apoyo en una política de empleo consensuada, garantista con los principios
constitucionales y de compromiso con respecto a criterios de universalidad, eficacia y gratuidad para los trabajadores.



Les voy a informar en primer lugar del rol que han desempeñado hasta ahora las ETT en España y del que podían desempeñar simplemente en función de la realidad ya europea. Hoy en nuestro país la competencia exclusiva de la intermediación
laboral la tienen los poderes públicos, y esta es entendida como la cadena de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. Precisamente en eso consiste la única actividad
de las ETT: casar oferta y demanda de empleo. Si bien en la práctica nadie puede negar este hecho, jurídicamente estas empresas no intermedian. A pesar de que su experiencia y profundo conocimiento del mercado de trabajo las convierte en agentes
naturales de colocación, como ya son en Europa, las ETT tienen la obligación legal de dedicarse exclusivamente a la cesión temporal de trabajadores, no pudiendo ejercer otras actividades propias de la intermediación laboral tales como la selección,
la formación, la colocación o la recolocación, tanto para un puesto indefinido como temporal, para las que están perfectamente capacitadas. Además de la limitación del objeto social, las ETT tienen restricciones sectoriales en España que nos
impiden ejercer la actividad en los denominados por un lado sectores de riesgo y por otro en el sector público, salvo para ceder trabajadores para realizar encuestas. A pesar de todo ello su desarrollo ha sido significativo en cuanto a la dimensión
comparada de los servicios realizados. Actualmente las ETT superan tanto en número de oficinas como en la magnitud de colocaciones a los servicios públicos de empleo. En concreto, por darles una cifra, en el año 2008 nuestro sector realizó más de
2.200.000 colocaciones. En cuanto a la estructura y capilaridad, el sector de las ETT cuenta con una red de 1.600 oficinas y 7.000 profesionales trabajando en ellas. La colaboración entre las agencias globales de empleo -en estos momentos aún ETT
en España- y los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral supondría, como mínimo y de forma inmediata, duplicar -a coste cero para el Estado- el número de oficinas de colocación para ofrecer servicios de empleo a los ciudadanos y a
las empresas, especialmente a las pymes. Quiero subrayar que estas consideraciones no tienen en ningún caso ánimo de desvirtuar la labor imprescindible, central y primordial que se realiza desde el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios
regionales de empleo. No estamos en una competición; estamos en una suma de recursos para el empleo, porque lo importante es fortalecer el sistema sumando para darle solidez a la red de seguridad


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de la intermediación en España, lo que en Europa llaman la malla de seguridad del empleo. Los resultados de la distribución geográfica son síntoma de la capilaridad que las empresas de trabajo temporal han desarrollado en todo el
territorio, lo que permite obtener resultados globales de mejora en la empleabilidad en el mercado de trabajo, obteniendo de esta forma una red de canalización de la información para beneficio de las empresas usuarias y de los propios trabajadores
que acuden a las agencias. Es decir, estas empresas han colaborado en la socialización de la actividad de la búsqueda de empleo, y lo han hecho especialmente para los colectivos que presentan más dificultades para acceder a un empleo (jóvenes,
mujeres y mayores de 45 años), que suponen el 69 por ciento de los 750.000 trabajadores que encontraron un empleo a través de estas empresas en 2008. De todos ellos, uno de cada tres ya tiene un puesto indefinido en la empresa usuaria, lo cual es
un claro ejemplo de que la atención personalizada presencial y profesional de los desempleados debería considerarse capital en las políticas activas de empleo.



Precisamente es en la eficacia, las garantías, la estructura y la capacidad de universalizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones donde radica una de las claves para evaluar las características e implicaciones futuras del régimen
legal de la intermediación laboral en España y del papel a desempeñar por la iniciativa privada garantista y los servicios públicos de empleo. En este sentido, mantener la exclusividad de las ETT a la mera puesta a disposición temporal de
trabajadores es, sencillamente, amputar la capacidad de interacción en el mundo laboral de quien, según los resultados objetivos y la calidad de sus trabajos, más cualificado está en estos momentos para hacerlo. Esto perjudica a estas empresas y a
sus propios trabajadores, pero también a los colectivos de difícil inserción, que son precisamente quienes según los datos oficiales más se benefician de su labor, a los que la ley -tal y como sigue diseñada actualmente- nos obliga a negar
oportunidades de empleo indefinido, algo que, como entenderán, me parece absolutamente antisocial especialmente en estos momentos.



La situación de las ETT desde su regulación en España en 1994 hasta ahora ha evolucionado de forma sustancial, y hoy es un sector cuya presencia se encuentra consolidada y legitimada gracias a la negociación colectiva, gracias al diálogo
permanente con las centrales sindicales. La evolución de nuestro sector puede presumir de ser fruto del diálogo social. Esto se ha conseguido gracias a que desde el consenso de Gobierno, sindicatos y empresas se ha construido un operador adaptado
a la realidad de nuestro mercado laboral y una herramienta de intermediación eficiente para las empresas, hipertransparente para la Administración y con las máximas garantías para los trabajadores. El modelo de ETT que opera actualmente en España
poco o casi nada tiene que ver con el que se reguló en el año 1994 y la colaboración y la implicación de los principales agentes sindicales (UGT y Comisiones Obreras), con los que hemos firmado ya cinco convenios colectivos, ha sido un elemento
clave. Las ETT fueron implantadas en España por el Gobierno hace quince años en medio de una crisis económica y de empleo y con un modelo que no encajaba en nuestra realidad sociolaboral, lo que motivó que su nacimiento no fuera bien recibido en
determinados ámbitos (El señor vicepresidente, Azpiroz Villar, ocupa la Presidencia.). La conflictividad generada llevó al sector a centrar todos sus esfuerzos en la negociación colectiva con los sindicatos para normalizar la situación adaptándola
a nuestra realidad sociocultural. La evolución del sector experimentó ya un cambio profundo en el año 1999, cuando se logró la equiparación salarial, que cumple diez años este mismo año, y que supuso la primera gran reconversión del sector; desde
entonces un trabajador de ETT cobra al menos lo mismo que un trabajador de la plantilla de la empresa usuaria. En este sentido déjenme que les cite las consideraciones de la propia comisión de expertos para el diálogo social de 2005, previa a la
última reforma laboral. El progresivo perfeccionamiento de las garantías legales impuestas a las ETT permite afirmar que la seguridad de las condiciones de trabajo de los trabajadores en misión hoy en día es superior comparativamente a la de los
temporales contratados por las empresas. En particular, la regla de la paridad salarial introducida a finales de los años 90 ha propiciado un saneamiento del mercado de las ETT: Desde dicha regulación su funcionamiento ha experimentado importantes
cambios que han ido en la línea de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores puestos a disposición. Persistió, sin embargo, la percepción de que las ETT eran las responsables de gran parte de las disfunciones del mercado laboral, lo que
provocó que se acotara su actividad al máximo para limitar sus efectos en el mercado de trabajo y en una hiperimposición de requisitos para poder ejercerla. Estas limitaciones que han ido moldeando el marco de actuación de las ETT han afectado a la
propia fisonomía del sector que, tras unos primeros años de proliferación, han sufrido un proceso de depuración aun no finalizado.



Desde un punto de vista retrospectivo, y de manera breve, durante los últimos quince años las empresas de trabajo temporal han demostrado su eficiencia, su profesionalidad como intermediarios del mercado de trabajo, permitiendo la mejora de
la visión social del sector y recorriendo un camino en el que otros países europeos han invertido muchos más años. Pese a su corta trayectoria en España estas empresas han mostrado que existe un enclave en la contratación temporal, especialmente
profesionalizado y que supone numerosas ventajas en términos de garantías y eficacia, tanto para el trabajador como para la empresa. El sector ha encontrado ya su propio espacio en el mercado de trabajo y se ha convertido en el paradigma de la
gestión de la temporalidad justificada, causal y por lo tanto necesaria en cualquier economía globalizada. Ha demostrado empíricamente su capacidad de racionalizar el uso abusivo del contrato


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temporal en aquellos sectores en los que se le permite trabajar -servicios e industria- y cuyas tasas de temporalidad son muy inferiores o tienen un menor ritmo de evolución que aquellos en los que no pueden ejercer su actividad, lo cual
vuelve a suceder del mismo modo en las comunidades autónomas donde mayor grado de penetración tenemos. Realmente no es nada nuevo, es lo que lleva sucediendo en toda Europa desde hace muchos años.



Hemos recorrido un largo camino y ahora, más que nunca, es el momento de una segunda reconversión del sector, que no es nueva ni experimental, y que ha sucedido ya prácticamente en todos los países de nuestro entorno europeo. Solo hay que
converger y decidir a través del diálogo social cómo lo concretamos, es decir cómo construimos nuestro propio modelo de agencia de empleo capaz de colaborar, de complementar a los servicios públicos. Las tendencias en Europa apuntan a medidas
dirigidas a otorgar una mayor responsabilidad a las ETT en el marco de las políticas de empleo y especialmente en la ejecución eficiente de las políticas activas. Este proceso ya ha sucedido en la mayoría de los países de la Unión Europea,
permitiendo la reconversión ordenada y tutelada de las ETT en agencias globales de empleo. Las últimas tres reformas en este sentido ha sido la austriaca en 2002, la reforma Biagi en Italia en 2003 y la más reciente, la Ley de Cohesión Social en
Francia aprobada en 2005. Esta última no solo ampliaba el objeto social de las ETT a la colocación, sino que establecía la colaboración de estas entidades con los servicios públicos de empleo. No existe en este momento ningún país avanzado de
nuestro entorno en el que no exista colaboración entre las agencias globales de empleo y los servicios públicos. Al realizar la función de intermediación en el mercado de trabajo de manera eficaz la cooperación, la complementación entre agencia de
empleo y servicio público contribuye a que el mercado laboral sea más dinámico, pues favorece las transiciones seguras en el empleo. Esa movilidad permite que conceptos como carrera profesional o empleabilidad sean una realidad en esos países
porque existe un seguimiento del trabajador que asumen una, otra o las dos de forma simultánea. Por supuesto que ese dinamismo reduce la segmentación, permitiendo más oportunidades de empleo a jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga
duración.



Les voy a mencionar algunos de los resultados de dicha colaboración, por ejemplo en Francia. En promedio, la mayoría de los desempleados enviados por ANPE, que es el servicio público de empleo, a las agencias privadas de colocación para
seguir programas personalizados de vuelta al empleo, encontraron trabajo en menos de tres meses; en concreto 480.000 vacantes de empleo fueron enviadas a ANPE por las empresas de trabajo temporal, el 86 por ciento fueron cubiertas por candidatos de
ANPE mediante el seguimiento personalizado a través de estas agencias. En Alemania están trabajando conjuntamente en esquemas de recualificación y colocación de los desempleados, y cerca del 70 por ciento de los trabajadores que siguen estos
programas encuentran un empleo. En Holanda, entre otras cosas, el 65 por ciento de las ofertas que se publican en el servicio público de empleo proviene de las agencias privadas. Por último les hablaré del Reino Unido donde, valorando la
renovación anual del acuerdo entre la Asociación de agencias privadas de empleo y el servicio público, el ministro de Trabajo declaró que todos tenemos el mismo objetivo, encontrar trabajo a los desempleados. Por lo tanto tiene sentido que unamos
nuestros esfuerzos y nos apoyemos en la experiencia de cada uno de nosotros, lo que redundará en multiplicar las oportunidades de encontrar un empleo para nuestros ciudadanos. De hecho, el propio convenio 181 de la OIT, que está ratificado en
nuestro país desde 1999, establecía que todo miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el Servicio Público de Empleo y las agencias de empleo privadas. A esto se suma que el pasado 5
de diciembre se publicó la Directiva Europea de las ETT, que insta a los Estados miembros a revisar y eliminar aquellas restricciones o limitaciones injustificadas que afecten a la actividad de este sector en el plazo máximo de tres años. Es una
directiva que la propia Confederación Europea de Sindicatos calificó de positiva porque demuestra que la Unión Europea puede llegar a acuerdos que suponen mejoras para todos los trabajadores. Es decir, que la evolución ordenada y tutelada del
modelo de ETT hacia la agencia global de empleo y su libre colaboración, leal y transparente, con aquellos servicios públicos que lo requieran, no solo es una realidad en Europa sino que España tiene un plazo máximo de tres años para adaptarse a
ella. Parece que no tiene sentido agotar dicho plazo cuando ahora más que nunca se necesita sumar todos los recursos de calidad para el empleo de nuestro país. La colaboración entre ambos servicios de empleo, públicos y privados, es una de las
respuestas naturales a la situación actual del mercado de trabajo y como tal son numerosos los documentos de propuestas que lo incluyen. El más reciente, de la semana pasada, es la comunicación de la Comisión Europea, basado en las principales
conclusiones de la cumbre de Empleo en Praga, preparatoria para la cumbre de jefes de Estado del 18 de junio, que incluye entre las medidas para fomentar el acceso al empleo la colaboración público-privada de los servicios de empleo. Por otro lado,
el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo dijo en su reunión del pasado 5 de diciembre de 2007 que nuestro sector es visto como un factor clave para lograr los objetivos de Lisboa, porque contribuye
tanto a la creación de empleo como al incremento de la competitividad. De la misma forma, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea solicitó a nuestro sector que aportara información
cuantitativa y cualitativa para reflejar el importante papel que estamos jugando en el mercado de trabajo. Ya en nuestro


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país, el Consejo Económico y Social ha señalado en su memoria de 2008 -que acaban de publicar- que sigue vigente la necesidad de regular el papel de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo y su ámbito de actuación: Servicio
Público de Empleo, entidades colaboradoras y agencias privadas de colocación.



En su misma memoria, pero de 2007, ya dijo que se debería haber abordado una reforma global de las políticas activas de empleo en busca de una mayor eficacia de las mismas, con especial atención a las mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, así como población inmigrante, diseñando medidas en este último caso para favorecer su integración laboral. Y para ello, este documento planteaba la necesidad de regular el papel de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo
y su ámbito de actuación: servicios públicos de empleo, entidades colaboradoras, agencias de colocación. El Plan nacional de reforma de España, hoja de ruta de nuestro país para alcanzar los objetivos de empleo de la estrategia de Lisboa, señala
como una de las medidas revisar el marco jurídico-laboral de las ETT. El informe económico de la Presidencia del Gobierno de 2008 expone, en las medidas de apoyo al empleo -página 65-, que a estas medidas podrían unirse otras de cooperación entre
los servicios públicos de empleo y las empresas privadas de intermediación laboral. Y por último, el programa electoral de varios partidos políticos avala también esta tesis. Destaco, si me lo permiten, el del partido que ganó las elecciones
generales en 2008 cuando apunta que la ley reforzará el papel central de los servicios públicos de empleo, también ordenará las actuaciones de los distintos sujetos e instituciones que ya vienen actuando en la colocación y se regularán las empresas
de intermediación.
En la última reforma laboral de 2006 se adquirió el compromiso explícito de crear un grupo de trabajo tripartito en el ámbito del servicio público de empleo estatal en el que deberían analizarse, entre otras cuestiones, el papel
de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo y su ámbito de actuación. De nuevo, servicios públicos de empleo, entidades colaboradoras, agencias de colocación, etcétera.



Ante la actual crisis de empleo es acuciante dotar a los servicios públicos de empleo de mayores recursos para ampliar y mejorar su capacidad de atención tanto a trabajadores como a empresas, y, en el caso de las oficinas de empleo privadas,
ampliar su campo de actividad de forma ordenada para optimizar los recursos de los que ya disponen. Y ambas acciones son complementarias puesto que una vía de modernización y obtención de recursos de los servicios públicos de empleo es poder acudir
a la colaboración de agencias globales de empleo -ETT en España-, como ya ocurre en toda Europa. Por lo tanto, además de dotar de más recursos propios a los servicios públicos de empleo, debe permitirse la reconversión voluntaria de las ETT en
agencias globales de empleo bajo el tutelaje de la autoridad laboral y en función de unos criterios superiores de calidad y de garantías. Si en algún momento existían reticencias a potenciar la intermediación, parece que ya están superadas y que ha
llegado el momento de contribuir todos a solucionar los desajustes laborales del sistema productivo en el que coexisten desempleados que no encuentran trabajo y empleadores que no encuentran los trabajadores que precisan. Nadie debe olvidar que la
mejor protección social sigue siendo el empleo.



Para terminar me gustaría animarles a todos ustedes en su trabajo. Estamos en un momento difícil, pero tenemos los ingredientes suficientes para salir de ello si sabemos combinarlo de la forma adecuada. También nos gustaría ayudar a
concienciarles de que estamos ante un momento estratégico para el futuro de nuestro país. Se ha acabado un ciclo y comienza otro nuevo cuyos mimbres hemos de construir entre todos, sin olvidar que si favorecemos un crecimiento productivo sin un
incremento del empleo no estaremos construyendo una sociedad justa e igualitaria. Al mismo tiempo, vienen épocas difíciles y hay que transmitir que, igual que exigimos derechos, no podemos olvidar nuestras responsabilidades.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Muchas gracias, don Francisco Aranda, por su amplia y extensa exposición, que agradecemos.



A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por el del Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz, para que formule las preguntas, aclaraciones y comentarios que entienda pertinentes.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de agradecimiento a don Francisco Aranda por su exposición, clarísima, yo diría que incluso demoledora, de los datos del desempleo del mercado laboral
español y de las aportaciones que las agencias globales de empleo están realizando en todo el territorio de la Unión Europea. Quiero aprovechar, como he hecho en las últimas intervenciones, para poner de manifiesto que todavía continuamos a la
espera de que dos invitados a estas comparecencias de la Comisión de Trabajo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, den respuesta a los miembros de esta Comisión para que manifiesten sus opiniones en relación con esta ley en tramitación del
mercado laboral. (El señor Membrado Giner: ¡Pero qué pesado! Dile cuándo vienen que no se ha enterado. Es el último que se entera.)


Señorías, en España tenemos más de cuatro millones de desempleados.
Eurostat, como ha dicho el compareciente, ha puesto de manifiesto en las últimas semanas que nuestro país tiene una tasa de paro registrado superior al 18 por ciento y la
Seguridad Social está en estos momentos en una tasa de afiliación en torno a los 18 millones de afiliados, cifra que aumenta o disminuye en función del mes del que hablemos, con una caída muy importante del producto interior bruto, en la medida en
que se ha puesto de manifiesto por distintas agencias


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internacionales que nuestra economía solo será capaz de crear empleo si supera tasas de PIB superiores al 1,5 ó 2 por ciento, en el caso de que pueda incluso incorporar los incrementos de población activa tendría que crecer por encima del
2,5 ó 3 por ciento. Tenemos una situación realmente complicada en términos de futuro en el ámbito del empleo en nuestro país.
Todo esto aderezado con una caída muy importante del consumo, de la producción industrial, de la creación de empresas,
etcétera, que complica ese cuadro macro de una forma muy importante. Estos últimos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunos representantes de los autónomos de las pequeñas y medianas empresas españolas, que han puesto de manifiesto
que cerca de 350.000 pequeñas y medianas empresas se han destruido en el último año en nuestro país.



Señorías, esta situación es muy grave, por mucho que a este Gobierno parezca no importarle la situación que estamos viviendo, y lo que es más importante, el mercado laboral español no está respondiendo adecuadamente a estos datos que estamos
soportando desde el punto de vista del empleo.
El Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas, algunas ocurrencias -diría yo- o parches que no están respondiendo a las necesidades en la medida en que el desempleo sigue aumentando y entendemos que
se ha perdido un año muy importante en materia de solución de los problemas endémicos y coyunturales que tiene la sociedad española en este momento.
Quizá ese es uno de los elementos que ha hecho que los resultados electorales de hace pocos días
hayan puesto de manifiesto que los españoles no están muy contentos con la gestión del Gobierno socialista, especialmente en esta materia. (El señor Membrado Giner: Ese es el añadido que faltaba.)


El señor compareciente ha puesto en la mesa datos que son absolutamente demoledores: un nivel de intermediación en el trabajo temporal siete veces superior al de los servicios públicos de empleo; unos servicios públicos de empleo saturados
en estos momentos en la medida en que existe prácticamente un trabajador, una funcionario por cada 400 desempleados, es evidente que hace imposible una labor fina de orientación, de intermediación y de reubicación de todos estos ciudadanos que han
perdido su empleo en un nuevo trabajo, lo cual significa una pescadilla que se muerde la cola y que retroalimenta los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo. Por otra parte, tenemos un problema con casi un millón de inmigrantes, el 28 por
ciento de los inmigrantes que viven o residen en nuestro país están en este momento en el desempleo. La primera pregunta estaría relacionada con este ámbito, si considera que la labor de las agencias globales de empleo puede ser útil en esta
medida, en la contratación en origen, dado que, a pesar que hay una importante bolsa de inmigrantes que han perdido su empleo en nuestro país, hay sectores singulares de nuestra economía que siguen demandando empleo específico, y en muchos casos,
así como las grandes empresas no tienen esas dificultades, las pequeñas y medianas empresas sí tienen dificultades a la hora de contratar personas con una especial cualificación en países de origen en virtud de los expedientes administrativos y de
las normativas que hay que cumplir. Quizá este tipo de agencias globales de empleo pudieran hacer un trabajo importante en esta materia.



La segunda pregunta que haría es por qué cuando un parado francés o británico cae en el desempleo puede tener el derecho y la oportunidad de dirigirse a una agencia global de empleo para reubicarse en el mercado laboral, y en España, que es
un país más de la Unión Europea a Veintisiete, no puede hacerlo. Más allá de lo que ha puesto de manifiesto el compareciente, me gustaría conocer cuáles son los elementos que hacen que esta directiva no solo no se haya traspuesto, sino que haya
determinados impedimentos en el ámbito político o sindical de nuestro país que están limitando sectorialmente esta posibilidad de intermediación más allá de lo que en este momento hacen las empresas a las que usted representa, y en concreto, cuál es
el motivo, desde su punto de vista, de esa beligerancia de determinados sindicatos en esta materia. Toda vez que existe una tutela de la Administración pública; que los sindicatos de otros países, incluso de la Unión Europea, han dado el visto
bueno a la participación de este tipo de agencias en sus mercados laborales; que ustedes mismos han firmado cinco convenios colectivos -creo haberle escuchado- y que su labor en el ámbito en que trabajan es absolutamente gratuita para la
Administración y los trabajadores, me gustaría conocer cuál es su opinión respecto de los motivos que genera la beligerancia que hemos tenido la oportunidad de escuchar y contemplar por parte de determinados sindicatos en los últimos tiempos. Ya
sabemos que el presidente Zapatero no conoce bien esta materia. De hecho, no tuvo la gallardía de acudir a la cumbre de Empleo de Praga y probablemente por eso no se enteró de que sus socios comunitarios en esta materia hace ya mucho tiempo que han
dado el paso adelante. Quizá tampoco se ha leído el programa electoral de su propio partido, con el que se presentó a las últimas elecciones. Es un elemento que me encantaría conocer del compareciente.



Más allá de estas materias, me gustaría conocer también otras cuestiones.
(El señor Membrado Giner pronuncia palabras que no se perciben.- Rumores.) Señor presidente, me gustaría que el señor Membrado dejara de molestar a la persona que
está en el uso de la palabra.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Señor Echániz, el señor Membrado está hoy más calmado que en otras ocasiones. (El señor Membrado Giner: ¡Muy bien, presidente!) No se exceda en su pretensión.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Remitiéndome a la tramitación del real decreto como ley, en la que estamos trabajando en este momento en la Cámara,


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quisiera conocer la opinión del compareciente respecto del articulado de esta ley, de todos y cada uno de los elementos que configuran este real decreto, especialmente en aquellas cuestiones referidas a la contratación laboral; cuál es su
opinión respecto el número de modalidades que existen en el ámbito de la contratación laboral en nuestro país; en el ámbito de las bonificaciones; en el ámbito del tiempo parcial; cómo está funcionando la negociación colectiva en nuestro país;
amén de conocer también su opinión respecto a dos elementos muy importantes en este momento: uno es el nivel de absentismo del mercado laboral español, y, en segundo lugar, el funcionamiento del diálogo social.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): A continuación tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero decirle al señor Aranda que no podré leer la respuesta que dé a los distintos portavoces porque dentro de un rato he de coger un transporte hacia Barcelona, pero sí le quiero trasladar algunas
reflexiones.



En primer lugar, deseo felicitar a Agett por el trabajo que viene realizando desde hace tiempo, y muy especialmente por los informes a los que hacía referencia en su intervención, de previsión mensual de la relación del mercado de trabajo
que constituyen un excelente instrumento de trabajo para todos los miembros de esta Comisión. Es una información detallada, precisa, trabajada, que nos permite -si queremos- hacer un debate más elaborado sobre las políticas de empleo en un contexto
tan difícil como el que estamos viviendo. Aprovechando su comparecencia, les pedimos que continúen en esa dirección.



En segundo lugar, coincidimos con el diagnóstico que realiza del mercado de trabajo, con esos problemas definidos como estructuralmente endémicos de formación, de segmentación, de movilidad, de afectación a los jóvenes, a parados de larga
duración, dificultades de operatividad del sector privado. Nos parece muy relevante la referencia que ha hecho comparativa con el resto de la Unión Europea. El resto de países comunitarios, en esta materia, en la colaboración entre el sector
público y sector privado, en políticas activas de empleo, en políticas de intermediación y de colocación, lleva unos cuantos años en una dirección muy determinada, y sin embargo en España estamos instalados en una concepción vieja, anticuada, poco
adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Quiero trasladarle la absoluta convicción de Convergència i Unió de que una movilización del sector privado en colaboración con el sector público en materia de colocación, de selección, de recolocación
de trabajadores sin oportunidades de empleo nos parece esencial para salir de la crisis. El trámite parlamentario en el que estamos inmersos debe servir para dar un impulso e incorporar esa visión que el resto de socios de la Unión Europea desde
hace unos cuantos años ha plasmado en sus políticas públicas. Todos los grupos vamos a trabajar de manera responsable en las próximas semanas y meses para avanzar en esa dirección.



Finalmente, no le planteo ninguna pregunta concreta porque su exposición ha sido muy clara e, insisto, la comparto. Quizá la pregunta se la deberíamos formular al conjunto del diálogo social, al Gobierno, a la patronal y a los sindicatos:
por qué razón en tantos años, en los que el resto de Europa ha avanzado en esa dirección, en el caso español no hemos podido equiparar nuestro tratamiento de las agencias privadas de empleo a aquello que el resto de socios de la Unión Europea tiene
ya legislado, regulado y articulado. No le pido que me responda a esa cuestión, es retórica; tendremos ocasión con los agentes sociales y con el propio Gobierno de discutir por qué no ha avanzado.



Insisto en lo que decía al principio, le agradezco su comparecencia y el trabajo realizado.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Rafael Herrera.



El señor HERRERA GIL: Bienvenido, señor Aranda, en calidad de presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal. Agradezco, en nombre de mi grupo parlamentario, su comparecencia en esta Comisión de Trabajo e Inmigración
por lo que puede aportar para mejorar el desarrollo de este proyecto de ley, analizándolo desde una amplia óptica desde su sector de trabajo temporal. Nuestro grupo quiere contar con la opinión de su organización. Esa opinión redundará en el
desarrollo del proyecto de ley en mejoras que se tramitarán a través del Parlamento. Debemos recordar que son medidas y objetivos concretos: mantenimiento del empleo existente, mejorar la protección social de los trabajadores e incentivar el
empleo de las personas desempleadas. Imitando a un compareciente, la filosofía que subyace en este real decreto-ley, ya convalidado, radica en no abandonar a su suerte a los desempleados, incluso arriesgando gasto público, que pudiera parecer
excesivo en otro momento mucho menos crítico. Ello, fundamentalmente en términos de ética social, pero también en términos de egoísmo social, o invertimos en ayuda social o habrá que gastar en orden público.



El objetivo de las comparecencias solicitadas por el Grupo Socialista en estos días era que los distintos sectores que pueden tener una implicación directa en la creación de empleo hiciesen una valoración sobre el proyecto de ley, en el cual
se aportan unas medidas de choque que tienen fecha de finalización a 31 de diciembre de 2009; tienen como objetivo detener la caída del desempleo y, al mismo tiempo, reactivar algunos sectores. Este es el frontispicio sobre el cual hemos trabajado
y hay distintos sectores sociales que nos han hecho llegar sus apreciaciones.



Al principio de su intervención hizo un análisis constructivo sobre el real decreto -eso entendía yo-, pero al final yo no he entendido nada en cuanto al real decreto.



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No voy a entrar ni salir, -porque hoy no toca-, en la política que se debe seguir con las empresas de trabajo temporal. Mi opinión personal es una.
He sido secretario general de Empleo en Andalucía y he hecho determinados gestos. Pero la
legislación es antigua, obsoleta, del año 1994; después se aprobó una ley de artículo único que se modifica en el año 1999.
Posiblemente estemos en el momento idóneo para pensar hacia el futuro, pero eso no tiene que ser con un real decreto-ley
sino en los términos de diálogo social, donde la patronal y los sindicatos discutan hacia dónde quieren ir. Ya digo que no voy a enunciar mi opinión personal respecto a las empresas de trabajo temporal. Sí entiendo que si todos remamos en la misma
dirección, sería mucho más oportuno.



He leído alguna entrevista suya en Diario directo y puedo comulgar con usted en algunos términos, pero me saldría del orden del día de la Comisión: celebración de la siguiente comparecencia en relación del proyecto de ley de medidas
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Me gustaría, para terminar, que se pronunciase -a nivel personal o de organización- sobre el real decreto. Por aquí han pasado catedráticos,
representantes de autónomos, etcétera; unos opinan una cosa y otros otra, pero la dirección parece acertada. La profundidad puede ser discutible y yo querría saber es su opinión personal a este respecto. No voy a centrarme en el discurso del
portavoz del Grupo Popular porque lo llevo oyendo todos los días y parece un jarro diario al Grupo Socialista, al Gobierno.
No; vamos a ser constructivos. Lo que quiero es conocer su opinión ante este proyecto de ley.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): A continuación, tiene la palabra el señor don Francisco Aranda, que como invitado por esta Comisión tiene plena libertad para expresarse en los términos que le parezcan convenientes.



El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GRANDES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (Aranda Manzano): Quiero darles las gracias por sus apreciaciones, me parecen todas muy interesantes y me ayudan a profundizar aún más. Mi falta de experiencia en
estas lides me ha hecho hablar exclusivamente de lo que sé, de mi sector, que está incluido en ese real decreto como una pieza importante. En líneas generales, S.S.
quiere que yo le dé mi opinión sobre este proyecto de ley. Creo que ya lo hizo el
secretario general de la CEOE y no hago más que ratificar sus palabras, me parece que va en la dirección adecuada. Podríamos hablar de la velocidad o de la profundidad, pero la dirección me parece la adecuada. Avanzar en esa línea puede restar
incertidumbre a la población, que es el gran problema que tenemos en este momento. El hecho de que se tomen medidas en la dirección adecuada que va a tranquilizar a muchos ciudadanos. Estoy de acuerdo con la idea de que hay que remar en la misma
dirección. Nosotros tenemos los remos, las piraguas y el traje, pero aquí no nos dejan remar todavía todo lo que podemos, y podemos mucho; solamente se tienen que fijar en lo que está pasando con nuestro sector en el resto de los países de Europa
y lo que está diciendo la Comisión Europea. Sobre mejorar la protección social a través de las prestaciones, no puedo estar más de acuerdo, como usted bien ha dicho por egoísmo; yo también mañana puedo estar en el paro y lo quiero es que mi país
me proteja al máximo nivel. No me gustaría convertirme en un parado de larga duración. Además de esas prestaciones, que deben ser lo más generosas posibles, me gustaría que me ayudaran a salir de ese pozo, que no simplemente me dieran agua o
mantas para no pasar frío; quiero que me tiren una cuerda para salir y eso también me parece igual de social. Eso es lo que nosotros podemos aportar.



Efectivamente, hay que trabajar en dos líneas, en medidas de choque, a corto plazo, y en medidas a medio y largo plazo. Y debe hacerse de manera simultánea. Hay determinadas medidas cuyos frutos no vamos a ver hasta dentro de cinco, ocho o
diez años, pero hay otras que podemos verlas de forma mucho más rápidas. Implementemos ambas. Sobre el diálogo social, no es que seamos unos convencidos, es que nuestro sector solo puede avanzar a través del diálogo social. De hecho,
originariamente en el consejo de administración de alguna de nuestras empresas, se sentaban tres colectivos: los sindicatos, los empresarios independientes y la Administración. Por lo tanto, el origen social de nuestro sector es importante. A
veces no sabemos si estamos más en la parte social o en la parte empresarial porque tenemos dos públicos, por un lado los ciudadanos, los trabajadores y los desempleados, para los que somos absolutamente gratuitos, y por otro lado las empresas.
Estamos en tierra de nadie o en tierra de todos. Por tanto, soy un convencido del diálogo social.



Respecto a los comentarios del señor Echániz, no es el momento de posturas beligerantes por parte de nadie; yo, al menos, no he detectado eso en los sindicatos. Ellos a veces, en buena lógica, probablemente tengan incertidumbres. Me
parece humano y legítimo. Lo que queremos es que eso se ponga encima de la mesa y en el diálogo social lo solucionemos, como lo hemos hecho a nivel europeo. La directiva de ETT que aprobó Europa fue fruto de un diálogo social anterior y de una
declaración conjunta que hicimos la patronal europea -de la que tengo la suerte de formar parte de su comité ejecutivo- y Uni-Europa, declaración que desbloqueó esa directiva. Se decían cosas como que UNI-Europa y Eurociett tenían conciencia de que
la actividad de nuestras empresas puede, bajo las condiciones apropiadas, jugar un rol muy positivo en el mercado laboral, o que reconocen que la actividad de las agencias de trabajo temporal satisfacen necesidades tanto para las empresas como para
los trabajadores y tienen el objetivo de complementar otras formas de empleo. Nosotros les preguntamos por las incertidumbres para ponerlas encima de la


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mesa y solucionarlas porque fuera hay mucha gente esperando que le podamos ayudar.



Respecto a las garantías que ofrecemos, creemos que es un tema superado pero estamos encantados de volver a repetirlo. La garantía que ofrecemos es, probablemente, el sistema más garantista de toda la Unión Europea en nuestro sector.
Tenemos obligación de garantías y avales financieros; la exigencia de una autorización administrativa y de un registro; mensualmente tenemos que reportar a la autoridad laboral todos los contratos que hacemos; la ley establece que nuestras
empresas deben tener doce trabajadores contratados de forma indefinida en estructura por cada mil trabajadores cedidos; desde 1999 tenemos equiparación salarial.
Además de todo esto, tenemos una doble representación sindical; tenemos un
imperativo legal en formación, somos el único sector empresarial en España obligado por ley a invertir, como mínimo, un uno por ciento de su masa salarial en formación, más un 0,25 que complementamos a través del convenio colectivo. Y en prevención
de riesgos laborales, somos el único sector -junto con el de la construcción- con un desarrollo reglamentario específico en prevención de riesgos laborales que, entre otras cosas, impide ceder a un trabajador si la empresa usuaria no ha presentado
su plan de prevención de riesgos laborales.



Los inmigrantes son un colectivo especial para nosotros porque son probablemente los que más nos necesitan porque no tienen una malla social de apoyo como podemos tener los nacionales. Respecto a la contratación en origen, es lo que venimos
haciendo desde hace muchos años, especialmente para las pymes. Las grandes empresas se pueden desplazar fuera de nuestras fronteras pero las pymes normalmente no pueden hacerlo, con lo que acuden a nosotros pidiendo perfiles que, cuando no los
encontramos aquí, lo que hacemos es una captación, una selección y una contratación en origen, de tal forma que el trabajador llega a nuestro país con el contrato laboral debajo del brazo, sabiendo exactamente dónde va a trabajar y sabiendo nosotros
qué formación tiene y qué experiencia ha tenido durante su vida laboral.



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Don Francisco Aranda, muchas gracias presencia y por sus aportaciones, que valoramos en la Comisión.
No sé si hay alguna apostilla por parte de alguno de los portavoces intervinientes. (Pausa.)


Se levanta la sesión.



Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.