CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 289

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 14 celebrada el martes 26 de mayo de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme (Aparicio Bravo), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente
de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000244.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos del Pacto de Toledo, con un punto único del orden del día, que es la comparecencia del secretario general de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, don Elías Aparicio Bravo, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión.



Querido amigo, querido Elías, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Aparicio Bravo): Señor presidente de la Comisión, señorías, mis primeras palabras de verdad que no son protocolarias, sino que son hondamente
sentidas, son de gratitud hacia esta Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo por darme una vez más la oportunidad de transmitir y explicar, en representación de Cepyme, la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa, las reflexiones, los análisis y las propuestas de nuestra organización sobre un área que afecta a nuestra convivencia y a nuestra economía de un modo absolutamente prioritario y estratégico.



Desde el mismo nacimiento de Cepyme en 1978 y a lo largo de toda nuestra trayectoria, bien lo conocen SS.SS., la Seguridad Social española y nuestro sistema de protección social han sido objeto de prioritaria atención, y no solo atención
sino también dedicación para nuestra confederación. Son ya décadas de participación activa y constructiva en los procesos de diálogo, de negociación y de concertación, mediante los correspondientes acuerdos sociales, en los que hemos traducido o
hemos intentado traducir nuestra actividad y nuestro compromiso en esta materia. El sistema de Seguridad Social español es importante para Cepyme, no solo por la magnitud del mismo, por su enorme dimensión en términos económicos, no solo porque la
financiación de este gigantesco sistema de transferencias sociales se financia mayoritariamente por cotizaciones empresariales, sino que la Seguridad Social española es especialmente importante para Cepyme por el valor que este sistema de protección
social tiene como instrumento esencial de cohesión social, de estabilizador estructural y por su imprescindible papel en la vertebración de la sociedad española.



No voy ya insistir más de lo preciso en los datos que SS.SS. conocen sobradamente. Para 2009 el presupuesto total de gastos del sistema asciende a más de 120.000 millones de euros, de los cuales las pensiones representan el 76,3 por ciento
del mismo, esto es, más de 95.000 millones de euros. Estos gastos se atienden con un montante total de cotizaciones sociales que ascienden, según el presupuesto de ingresos del presupuesto para este año, a más de 112.000 millones de euros, lo que
supone casi el 90 por ciento del total de los ingresos de la Seguridad Social. Tampoco me extenderé necesariamente sobre ello, pero sí he de recordar en justicia de una manera muy precisa la valoración especialmente positiva que merecen para
nuestra confederación las estrategias y los instrumentos, consolidados y contrastados por su eficacia a lo largo de los años precedentes, para abordar de manera permanente los análisis, el seguimiento y las propuestas de adaptación del sistema con
el objetivo de hacerlo sostenible y viable de futuro. Creo que también merece la pena destacar la eficacia contrastada y la potencia de las instituciones y de los instrumentos de gestión del sistema de Seguridad Social, lo que permite, nos permite
a todos, tener un conocimiento fiable, preciso y en tiempo muy útil tanto para tener un buen diagnóstico de la situación como para ayudarnos a todos a hacer los necesarios pronósticos para emprender las pertinentes reformas o soluciones. Igualmente
creo que es especialmente valioso el compromiso social y político de hacer coincidir una observación permanente del funcionamiento del sistema al servicio de una voluntad de adecuación y de reforma permanente del mismo, desenvuelto en un marco de
consenso amplio o muy próximo a la unanimidad, lo que permite llevar a cabo los elementos de corrección imprescindibles para asegurar la viabilidad del sistema. Me estoy refiriendo en especial al valor que aporta esta Comisión de seguimiento y
evaluación del Pacto de Toledo como factor fundamental para conseguir ese perfeccionamiento permanente del sistema de Seguridad Social, cuya importancia creo que ha quedado ya suficientemente destacada.



Hay quien dice que el presente no existe, que solo hay pasado y futuro.
Desde luego, a día de hoy tengo personalmente por bien cierto que el pasado inmediato es bien diferente del futuro más próximo. Venimos de una década de crecimiento
económico y de empleo sin precedentes históricos conocidos, y respecto al futuro estamos inmersos en una crisis que tampoco tiene precedentes homologables y que va a dejar huella en nuestro sistema productivo, como en el resto de Europa y
probablemente en el resto del mundo. Los elementos determinantes del equilibrio, y por tanto de la viabilidad futura de los sistemas de protección social de reparto puro, como es el caso español, se asientan en la estructura demográfica de la
población protegida y en el empleo capaz de financiar las prestaciones de la población pensionista que exista en cada momento. Las posibilidades de actuar para modificar la estructura demográfica son seguramente necesarias, y aunque se pudieran
considerar de alcance limitado, deben examinarse. Asimismo, puede existir más margen de maniobra para actuar en los elementos de ajuste en las prestaciones del sistema; y aunque las probabilidades de actuación al respecto también puedan tener un
recorrido más o menos limitado, y de ello somos conscientes, también deben explorarse e intentarse seriamente. A nuestro juicio, la sostenibilidad a medio plazo de nuestro sistema público de Seguridad Social debe


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fundamentarse en el empleo, en el crecimiento del empleo, para ser más exactos o más precisos, fruto de un crecimiento económico sano y sostenido sobre la base de una estructura económica y social competitiva que permita, que nos permita a
todos, seguir afrontando el nivel de prestaciones creciente derivado del envejecimiento de nuestra sociedad.
La viabilidad de futuro de nuestro sistema de protección social va a depender, por tanto, a mi juicio, de la capacidad que debe alcanzar
nuestro sistema productivo en su conjunto para generar un crecimiento económico equilibrado y sólido en el concierto de la competencia internacional en la que estamos inevitablemente desenvolviendo nuestra actividad cotidiana.



Quisiera resaltar que cuando me refiero a la competitividad del sistema económico español no hablo solo de la necesidad que tenemos las empresas de que se genere o se mejore un marco que favorezca y potencie nuestra capacidad competitiva;
creo que es el conjunto de la sociedad española la que tiene que hacer un esfuerzo por ser más competitiva dentro del concierto de concurrencia global en el que desenvolvemos nuestra actividad. Este camino y este esfuerzo es cada vez más necesario
afrontarlo y definirlo como esfuerzo del conjunto de la sociedad, sector público y sector privado, porque en realidad ya no solo competimos entre empresas, ni siquiera principalmente entre empresas, competimos países y sistemas económicos más
amplios que las propias naciones, y más complejos, entre nosotros mismos y hacia el exterior, en una economía globalizada. Por lo tanto, a mi juicio es fundamental definir políticas económicas, presupuestarias, fiscales, educativas, laborales,
políticas estructurales al fin, que orienten a ese fundamental objetivo y propósito que es aumentar el grado de competencia de nuestro sistema socioeconómico en su conjunto.



Dejando ese plano de enfoque más general para acercarnos más a las medidas concretas, creo que podemos tener en cuenta como elemento de reflexión dos ámbitos bien claros. El primero es el que se refiere a lo que están haciendo y lo que
proyectan realizar países de nuestro entorno socioeconómico con sistemas o modelos de seguridad social similares o parecidos al nuestro. Las medidas experimentadas por otros, ya en curso o en proyecto, nos pueden resultar útiles e ilustrativas para
acomodar nuestras propias estrategias de reforma. El segundo, y no menos importante, es proseguir con el cumplimiento y ejecución de las medidas y recomendaciones previstas ya en la renovación del Pacto de Toledo de 2003, a las que en muchos casos
aún les queda un importante recorrido y por lo tanto merece la pena continuar con las mismas. Me referiré en concreto a las recogidas en su numeración original con los siguientes contenidos resumidos. En la número 1, cuyo contenido se refería a la
separación y clarificación de las fuentes de financiación, queda pendiente de cumplir la completa asunción de la financiación de los complementos de mínimos por los Presupuestos Generales del Estado.
Respecto al punto 6, que se refería a las
cotizaciones orientadas al empleo, a nuestro juicio estratégico y básico, las bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones siguen siendo un instrumento muy útil para favorecer la incorporación y la permanencia en el mercado de trabajo de las
personas con especiales dificultades, así como incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación y para estimular el empleo indefinido. Por otra parte, estamos convencidos de que la equiparación
progresiva de nuestros costes salariales indirectos con nuestros principales competidores pone un horizonte de necesaria reducción de las cotizaciones empresariales, al servicio del crecimiento del empleo. El punto 10 se refería al carácter
contributivo del sistema, y pensamos que sigue ese principio también en vigor. Es necesario seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado individualmente.



Respecto a la edad de jubilación -punto 11-, nos parece que todavía tienen bastante recorrido las medidas ahí anunciadas. Hay que proseguir en la consecución del objetivo de que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal, y
continuar avanzando en la incentivación para que se produzca la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Respecto al sistema complementario -punto 14-, creemos que sigue siendo preciso impulsar efectivamente el
mayor desarrollo de la previsión social complementaria, fundamentalmente, como tendré ocasión de exponer un poco más adelante, incorporando a este sistema complementario voluntario y libre determinadas contingencias sociales y prestaciones más
coherentes con la naturaleza complementaria que con las características propias del sistema público contributivo.
Debemos estar muy atentos a las nuevas formas de trabajo y de desarrollo profesional; por lo tanto, tal y como se contenía en el
número 15 de las propuestas del Pacto de Toledo renovado, habrá que estar muy atentos al desarrollo de estas nuevas exigencias para hacer las adaptaciones necesarias. Los puntos 17 y 18 de las recomendaciones del Pacto de Toledo renovado abrían las
posibilidades y retos a lo que supone el desarrollo de un sistema integrado de la dependencia y la discapacidad, capítulos en los que solamente me quedo en el enunciado debido a su importancia y su estratégica capacidad de desarrollo.



Vamos a tener que observar cómo se comportan factores que en tiempos relativamente recientes tuvieron una repercusión relevante en el cambio de la estructura demográfica española, como es el caso de la inmigración, o de la importante y
valiosa incorporación de la mujer a la actividad laboral, junto con otros elementos como pueden ser la incidencia de las prestaciones médicas y asistenciales en la prolongación de la expectativa de vida de nuestra sociedad. Hace unos momentos me
acabo de referir a la necesidad de desarrollar la previsión social complementaria. Y como último bloque de mi intervención, y con el permiso de SS.SS., voy a terminar


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haciendo una referencia con algún detalle a un intento que todavía es teórico, pero que juzgamos desde Cepyme muy poco consistente y bastante negativo, de ampliación del sistema público de protección social mediante la pretensión de
establecer una prestación por cese de actividad para los autónomos que se integraría como contingencia protegida por la Seguridad Social. Con el permiso de SS.SS., pondré a disposición de esta Comisión el texto de nuestras consideraciones sobre el
informe en su día encargado por el Ministerio de Trabajo sobre esta materia, y me ceñiré ahora solo a un resumen de las mismas. A nuestro juicio, este informe intenta dar cobertura a un planteamiento apriorístico y demagógico del llamado desempleo
para los autónomos. Los problemas creemos que van a venir cuando ciertos contenidos teóricos quieran convertirse en textos normativos e intentar acomodar o forzar la realidad a los mismos para así poder aplicarlos. Alguna parte de la doctrina
jurídica viene calificando este tipo de iniciativas como de legislación de propaganda. Esto es peligroso. Si hay algo que está de sobra en nuestro sistema de Seguridad Social son experimentos o propuestas de este tipo, probablemente poco pensadas
y poco elaboradas con una visión de futuro.



Las principales críticas que dirigimos a este informe son las siguientes.
Rechazamos el establecimiento de esta nueva contribución en la configuración propuesta porque supone la creación de un nuevo impuesto que gravaría la actividad de los
autónomos, en contra de las directrices de la Unión Europea, de las de nuestro propio Gobierno y de las que exigen la situación económica y las expectativas en estos momentos para mal atender una necesidad también malentendida. Los autónomos no
necesitamos más impuestos. Valoramos negativamente que el informe de los expertos no haya dedicado una sola línea a estudiar alternativas técnicas de financiación de esta prestación mediante aportaciones voluntarias, con beneficios fiscales y
sistemas de gestión equiparables a los sistemas de previsión social complementaria. Desde la perspectiva comparada es necesario destacar que la gran mayoría de los países de la Unión Europea no regulan ninguna modalidad de cese de actividad de los
autónomos, tal y como se propone en ese informe, y los pocos países de la Unión que lo hacen, además de que la voluntariedad es común a muchos de ellos, no son países en absoluto homologables al nuestro ni en su estructura socioeconómica, ni en sus
sistemas de protección social ni en su tradición laboral. Aun así, algún modelo que podría resultar interesante y de utilidad, como es el caso de Dinamarca, no ha sido ni siquiera estudiado. Asimismo, valoramos negativamente el contenido del
informe porque los fundamentos de financiación del mismo suponen una gran desproporción entre el universo de cotizantes y los posibles beneficiarios, una desproporción de los gastos de gestión previstos y una gran desproporción del remanente
estructural que el modelo establece, con la agravante de que en la propuesta gran parte de los autónomos cotizantes no podríamos ser nunca destinatarios de la prestación, no podríamos nunca acceder a la prestación, con lo que la cotización para esta
grandísima mayoría de autónomos tendría carácter confiscatorio. Del mismo modo, consideramos desproporcionada la ampliación del ámbito de la gestión pública asociada a una mayor burocracia, cuando habría alternativas más eficientes y eficaces en el
ámbito del aseguramiento privado y la capitalización individual, con control público por supuesto, y con las adaptaciones precisas para ajustar este modelo general vigente de planes de pensiones individuales a las características específicas de la
inactividad sobrevenida de los autónomos.



En fin, creo que debo finalizar mi intervención reiterando a SS.SS. mi gratitud y mi reconocimiento una vez más y quedando a su disposición para atender, en la medida de mis posibilidades, las cuestiones que tengan a bien plantearme.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Elías.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor Aparicio, bienvenido a esta Comisión en su condición de secretario general de Cepyme. Mi grupo quiere agradecerle expresamente la disposición a comparecer desde el primer momento en esta Comisión de
seguimiento del Pacto de Toledo y agradecerle el reconocimiento que ha hecho en su intervención del papel que esta Comisión y que el propio pacto juegan en la sociedad española; un activo, como usted mismo ha dicho, que ha de ser actualizado y
adecuado a las nuevas necesidades que vivimos, a la situación económica y social en la que nos encontramos y al perfil de nuestro tejido empresarial y productivo, que está basado, obviamente, en el peso de la pequeña y la mediana empresa en España.
Para el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, su presencia aquí hoy es muy importante, fundamentalmente para dar voz a un colectivo que ha sido clave en nuestro reciente desarrollo económico y que constituye la clave de la recuperación y de la
superación de la crisis económica en que estamos embarcados. Compartimos con usted que no hay protección sostenible en nuestro país ni en ninguno sin crecimiento económico, sin creación de empleo, sin ampliación de la base de cotizantes, y no hay
crecimiento ni creación de empleo sin pequeñas y medianas empresas activas y productivas.



Según los datos de Cepyme, en datos interanuales el primer trimestre de 2009 reflejó un total de 88.310 pequeñas y medianas empresas que tuvieron que colgar el cartel de cerrado por cese de actividad. Probablemente hoy estaremos por encima
de las 100.000 de esas pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar su actividad, con el consiguiente rosario de altas en la lista de paro. En este contexto de crisis se produce esta comparecencia, y sin duda las consecuencias de la
crisis


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sobre el paro han sido suficientemente puestas de manifiesto en los trabajos de esta Comisión hasta el momento. Quizá menos lo haya sido la trituración de nuestro tejido empresarial, que es la urdimbre sobre la que se puede asentar la
recuperación. Un crecimiento económico trasladado a la creación de empleo es la mejor política social, sin ninguna duda, que puede existir, y además es la que más equitativamente y mejor distribuye los beneficios que produce.



Le agradecemos, por tanto, su exposición y los elementos que contiene; sin duda, en especial la referencia a su disconformidad con el tratamiento que se pretende dar a la prestación por desempleo de los autónomos, aunque excede en alguna
medida de los trabajos de esta Comisión, pero su aportación nos ayudará a establecer con mayor claridad las posiciones ante la renovación del pacto. Nosotros siempre hemos defendido que protección social y crecimiento económico son las dos caras de
una misma moneda y que por tanto es el crecimiento de la tasa de actividad en nuestro país, relacionada con el factor demográfico, como usted ha mencionado, junto al crecimiento económico, la clave de la sostenibilidad futura del sistema de
pensiones. Parece haber una coincidencia general en los principales agentes sociales en relación con esta cuestión. Claro, es de sentido común, y por tanto es evidente que tiene que existir esa coincidencia. Pero necesitamos para el futuro
incrementar de forma muy importante el número de cotizantes al sistema. Cada año se jubilan alrededor de 130.000 personas en este momento; esa cifra va a ir aumentando progresivamente por razones demográficas, y por tanto necesitamos que al menos
2,3 ó 2,5 veces más que esa cifra de cotizantes se incorporen al sistema cada año para mantener la ratio de sostenibilidad en el futuro. Es decir, lo cierto es que ahora hemos retrocedido prácticamente todo lo ganado desde 2005 y la Seguridad
Social sigue realmente en caída libre, por lo que revertir esta situación es la principal prioridad de nuestra economía y lo es también de nuestro sistema de protección social. En ese sentido, el incremento de la tasa de actividad, que es
claramente el principal objetivo, y en el que evidentemente coincide el sector de la pequeña y mediana empresa, puede conseguirse a través de muchos mecanismos de todo orden: usted ha hablado de reformas estructurales, de reformas fiscales, de
modernización de nuestro sistema laboral, pero me interesaría preguntarle por la aportación que desde el propio sistema de Seguridad Social se puede realizar con ese objetivo.



En concreto, nos gustaría conocer sus opiniones sobre varios aspectos. El primero en relación con las cotizaciones sociales. Es bastante evidente que los ciudadanos y los empresarios hacen un esfuerzo ingente con sus cotizaciones, que la
cotización en España es de un 28,3 sobre los salarios brutos inferiores a la base máxima de cotización, que de todas maneras resulta superior al salario efectivo de la mayor parte de los trabajadores, que resulta de sumar las cuotas de empresarios y
del trabajador. Es decir que casi un tercio de los salarios o impuestos o ahorro equivalentes son necesarios para adquirir los derechos de pensión por parte del trabajador. Es evidente que estamos, por tanto, ante un esfuerzo ingente, ingente; y
es hasta cierto punto lógico que desde instancias empresariales se clame por revisar la cuantía de esa aportación, se abogue por su reducción y se planteen iniciativas para su sustitución por elementos, por ejemplo el IVA, que no planteen tanto
coste sobre el factor trabajo. En el Partido Popular creemos que lo relevante no es tanto un debate sobre la reducción de las cotizaciones sociales; en este país se ha creado mucho empleo con las cotizaciones actuales y se destruyó mucho empleo en
ocasiones anteriores en las que gobernaba el Partido Socialista (Rumores.), con cotizaciones singularmente más altas; por tanto no hay una correlación directa entre ambos factores. Desde nuestro punto de vista, quizá lo que sí cabría sería
solicitar un mayor compromiso en el sistema con la cotización efectiva y con la contributividad. Usted ha hablado de la necesidad de ir estableciendo una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones. Que el sistema refleje
mejor que en la actualidad en las prestaciones el esfuerzo contributivo realizado, como mecanismo de transparencia y de eventual resguardo frente a desviaciones del sistema, nos parece que es un elemento sin duda muy importante. Hay muchos aspectos
en nuestro sistema actual por los cuales no se establece la adecuada correlación entre la contribución y la prestación; aspectos que tienen que ver con el periodo de cálculo de la pensión, sobre el que me gustaría conocer su opinión. Si
contemplamos tan solo los últimos quince años para calcular la pensión vemos que da igual la cantidad cotizada durante la mayor parte de la vida laboral, y especialmente, como en el caso de los autónomos, si además las cotizaciones se hacen por
bases mínimas en gran medida, como sigue ocurriendo. De alguna manera, este avance en las políticas de contributividad y en las políticas de mayor transparencia en la cotización también serían elementos muy positivos para incrementar el grado de
sostenibilidad y el grado de identificación de todos los colectivos con nuestro sistema de protección social. Me gustaría conocer su opinión sobre en qué medida se puede trabajar para aumentar esta mayor correlación entre las cotizaciones y las
prestaciones, y cuál es la reflexión que desde el mundo de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios se hace sobre esta cuestión.



Sobre la política de bonificaciones; usted ha citado que el Pacto de Toledo, en su recomendación 6, hace una expresa manifestación de lo relevantes que son las cotizaciones orientadas al empleo, y constata precisamente que estas
bonificaciones pueden ser un instrumento muy útil para favorecer la incorporación o la permanencia en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de acceso o en situaciones de riesgo de expulsión. Esta recomendación establecía
claramente una hoja de ruta en relación con los objetivos y las prioridades de la política de bonificaciones. Sin embargo, en mi grupo parlamentario creemos que a día de hoy parecen haberse


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diluido completamente, y nos gustaría conocer su opinión, porque se ha establecido tan amplia panoplia de bonificaciones sin orden ni concierto y dirigida a todo tipo de sectores variados (grupos de edad, trabajadores, parados, situaciones
específicas), que en estos momentos cabe hablar de un mapa de bonificaciones completamente desestructurado, un tanto caótico y sin criterios comunes identificables. Cada mes, además, aparecen nuevos anuncios de nuevas bonificaciones y a día de hoy
ya es muy difícil entender qué es lo que se quiere favorecer exactamente con las bonificaciones. Lo último que hemos escuchado han sido globos sonda sobre el hecho de utilizar las bonificaciones para incentivar incluso la jubilación parcial, o que
las bonificaciones se dirijan no solamente a contratar sino también a cualificar personal. Nos gustaría conocer su opinión, con cierto grado de desarrollo, sobre esta cuestión, porque nos parece que es muy importante para esta Comisión establecer
sobre qué bases, sobre qué objetivos y sobre qué prioridades se establecería en este país una política eficaz de bonificaciones orientada precisamente a generar empleo. Es verdad que no se está utilizando el recurso de las bonificaciones ni
cualitativa ni cuantitativamente de la manera adecuada. En estos momentos dedicamos un solo euro para fomentar el empleo por cada cuatro que dedicamos a prestaciones; no parece que en tiempo de crisis y cuando la prioridad es la reactivación
económica y el mantenimiento del empleo, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, estemos dedicando los esfuerzos necesarios en esta dirección. ¿Qué podemos hacer, desde el punto de vista de Cepyme, para mejorar las bonificaciones orientadas a
incorporar más personas a nuestra actividad? Sobre todo mujeres, que como todos sabemos es donde cabe hacer aún un importantísimo avance para acercar e igualar sus tasas de actividad a la media europea; pero también en relación con las personas
mayores.



Han señalado, lo ha vuelto a hacer usted hoy aquí y en alguna ocasión anteriormente también, que ahora no es el momento de incrementar la edad de jubilación como en otros países. El Partido Popular comparte esa opinión; pero nos preocupa
mucho el elemento que tiene que ver con la prolongación de la vida laboral y la evitación de la expulsión anticipada del mercado de personas de cierta edad. Hay en España 4.824.000 personas mayores de 50 años. Esto es casi el 21 por ciento del
total de nuestra población activa. Creemos que es muy importante actuar selectivamente sobre este segmento de edad, porque además, según la última Encuesta de Población Activa, en España hay más de 540.000 personas mayores de 50 años en paro, y
esto, evidentemente, tiene una consecuencia lógica: la mayoría, la inmensa mayoría de estas personas no van a volver al mercado de trabajo en las condiciones actuales. Nuestro sistema económico, nuestro sistema empresarial no gestiona
adecuadamente el factor edad en las empresas, y tampoco en las pequeñas y medianas empresas, y en este momento la salida de personas de más de 50 ó 55 años del mercado de trabajo por jubilaciones anticipadas, por expedientes de regulación de empleo
o por despidos convencionales es muy superior, es infinitamente superior a los contratos nuevos que se generan en el mercado para estas personas mayores.



Desde luego, en este momento de debate absolutamente viciado en nuestro país sobre la conveniencia de una reforma laboral conviene recordar que nos enfrentamos ante un fenómeno específico del envejecimiento general de nuestra población, que
es también el envejecimiento de nuestra población activa. En ese sentido, aunque deberían primar otras consideraciones, incluso de orden ético, tal vez sea la conveniencia económica con la que nos vamos a encontrar, con la que nos estamos
encontrando ya, el detonante real para impulsar nuevas políticas de estímulo a la participación laboral de los mayores. Esto implica hacer más protagonista al trabajador de edad avanzada en el sistema económico. Nos gustaría conocer cómo
incrementar la orientación del mercado laboral en este sentido y cómo hacer compatibles marcos más flexibles con el respaldo a la permanencia de trabajadores de mayor edad en el mercado. Porque ciertamente evitar la expulsión anticipada del empleo
y reducir la especial vulnerabilidad de los mayores ante las exigencias de una economía globalizada y en crisis no son solo objetivos de justicia social de primer orden, es que van a ser una exigencia de nuestra propia eficiencia económica, porque
nuestra sociedad empieza a adolecer, ya lo hace en estos momentos, de trabajadores adecuados en algunos sectores y se produce, como decía antes, un envejecimiento gradual de nuestra población activa. ¿Es posible hablar de nuevos incentivos para las
empresas? ¿Es posible hablar de nuevas bonificaciones? ¿Es posible hablar de incentivos fiscales? ¿Cuál sería su opinión en relación con esta cuestión? Nosotros pensamos que la lucha contra la discriminación por edad en el sistema laboral será
sin duda alguna el gran hito de las políticas de igualdad en nuestro país. Debemos empezar a actuar en ese sentido, porque además nos va mucho en ello, si tenemos en cuenta, como usted decía también, nuestra estructura demográfica y la previsible
evolución de la misma.



Por otra parte -y voy apurando el tiempo, señor presidente, no me mire con cara inquisitorial (Una señora diputada: Está de moda.)-, respecto a la convergencia de regímenes especiales, nos gustaría saber cuál es su valoración en este
momento sobre la equiparación del régimen de autónomos básicamente al régimen general, y si tienen establecidas prioridades de actuación en relación con la subsistencia en nuestro país de diferentes regímenes todavía, la integración de los
trabajadores agrarios u otros regímenes.



Respecto a las relaciones entre la empresa, entre el mundo de la pequeña y mediana empresa y la propia Administración de la Seguridad Social, hemos asistido en los últimos meses a un debate sobre la morosidad de la pequeña y mediana empresa,
de la empresa en general, en relación con las administraciones públicas, en relación con la Administración tributaria, en relación también con la Administración de la Seguridad Social. Nos gustaría


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conocer qué valoración hace de la situación de morosidad con la Seguridad Social de las pequeñas y medianas empresas españolas, si dispone de datos, si han planteado alguna propuesta destinada a facilitar las relaciones entre la Seguridad
Social y las empresas, y si comparte el criterio esgrimido por el Gobierno de que la culpa de la no incorporación de los recursos provenientes del superávit del año 2008 (más de 8.000 millones de euros, que deberían haber sido ya incorporados al
Fondo de Reserva) está sirviendo para cubrir la morosidad de las empresas. Nos gustaría saber si eso es compatible con la existencia de altos niveles de liquidez de tesorería en la Seguridad Social, y cuál es la valoración de que se les culpabilice
de alguna manera a ustedes y a su morosidad de que el Fondo de Reserva no disponga de los recursos de los que en condiciones normales debería disponer, con los intereses además que esa disponibilidad generaría en nuevos recursos adicionales para el
Fondo de Reserva.



En último lugar, le preguntaría si tiene usted alguna comunicación o han participado de alguna manera en el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes por el que se mejora el procedimiento recaudatorio de la Seguridad
Social, y que parece ser que pretende agilizar los procesos de embargos y apremios de la Seguridad Social; si han participado de alguna manera en el diseño de ese real decreto y si coincide con sus preocupaciones en estos momentos. Me da la
sensación de que no, de que probablemente ustedes buscarían algo más de flexibilidad, y no precisamente procesos de agilización de los embargos fruto de impagos o de retrasos en los cobros de deudas establecidas con la Seguridad Social.



En todo caso, quiero agradecerle su presencia hoy aquí. Hay aspectos como los sistemas complementarios, en los que sin duda podríamos coincidir y en los que claramente hay que seguir avanzando, pero me parece que el debate está situado en
el ámbito de la labor que las cotizaciones sociales pueden seguir desarrollando y la propia justificación que estas pueden tener en el sistema en el futuro; esas bonificaciones sociales que mi grupo juzga en estos momentos caóticas; esa
convergencia de regímenes, en la que sin duda los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios tienen que tener mucho interés; y esas nuevas relaciones entre las empresas y la Seguridad Social en un entorno de crisis, donde
claramente hay que trabajar para mejorar las condiciones de financiación y el margen de maniobra de las pequeñas y medianas empresas, y no probablemente al contrario.



El señor PRESIDENTE: Don Emilio Olabarría, por el Grupo Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya sé que resulta meritorio intervenir e inquirir al compareciente sobre cuestiones que nos interesan sin haberle escuchado (Risas.); incluso comprendo que resulte un uso parlamentario irregular y no sé si
ajustado al Reglamento.



Utilizando las lúcidas reflexiones del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, ya puedo intuir algunas de las cuestiones que el compareciente ha comentado o ha glosado. Nos interesa una en concreto, y es la denunciada -ahí con
fundamento por el señor Burgos- del desorden en materia de bonificaciones de cuotas, las bonificaciones en materia de Seguridad Social, utilizadas en nuestra opinión incorrectamente como política de fomento del empleo, que es lo que está sucediendo
con algo que pertenece al tronco de la Seguridad Social o al sistema público de pensiones, por lo menos desde el real decreto legislativo de 1994. Sobre esto no le voy a preguntar, esto lo comento yo. Esto forma parte de las políticas activas que
a alguna comunidad autónoma no han sido transferidas todavía; forma parte del tronco de las políticas activas, junto con las subvenciones gestionadas, junto con la formación profesional, junto con la Inspección de Trabajo. No le voy a preguntar
sobre esto ni sobre cuál es su opinión por la no transferencia a determinada comunidad autónoma ni en qué términos se debería transferir.
Este desorden de las bonificaciones es absolutamente contradictorio con el argumento que se ha utilizado
tradicionalmente por la Administración central del Estado para la no transferencia a una comunidad autónoma concreta de las políticas activas, invocando que si se transferían las políticas activas y dentro de ellas las bonificaciones de cuota, como
parte de las actuaciones destinadas al fomento del empleo, se habría producido un gran desorden normativo, un gran desorden que iba a configurar las bonificaciones de cuotas como un instrumento difícilmente gestionable, incluso para conseguir el fin
para el que estaban destinadas, que es la generación de empleo por esta peculiar vía.



Solo me gustaría -es la única pregunta que voy a hacer, obviamente, señor presidente, porque sin haber podido escuchar al compareciente, no estoy en condiciones, porque harían falta casi competencias o destrezas paranormales para poder hacer
otras- preguntarle si usted comparte realmente que las bonificaciones de cuotas están configuradas de forma tan desordenada como glosaba el señor Burgos, opinión que yo comparto, y si realmente la transferencia de las bonificaciones de cuotas a las
comunidades autónomas dentro de la competencia general en políticas activas no sería más un instrumento de orden que de mantenimiento del desorden que de forma tan dramática el señor Burgos comentaba. Esto es lo que está impidiendo particularmente
a la Comunidad Autónoma del País Vasco la transferencia de esta competencia, por lo menos hasta hoy.
Veremos a partir de hoy qué ocurre.



El señor PRESIDENTE: Don Carles Campuzano por CiU.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero agradecer la comparecencia del señor Aparicio. Yo simplemente le voy a plantear cuatro cuestiones en


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las que me gustaría que pudiésemos profundizar en el debate; pocas o muchas han aparecido en las anteriores intervenciones. Una primera es todo lo que afecte al debate sobre la edad de jubilación. Ahí estamos viviendo una enorme
contradicción. Todos sabemos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por hacer más real la edad real de jubilación con relación a la edad legal, e incluso superar las previsiones de la misma. En cambio, las dinámicas
individuales de los trabajadores de buena parte de todos los sectores van orientadas a intentar jubilarse antes de los 65 años y las prácticas concretas de las empresas pasan también, en situaciones de crisis o cuando hay reajuste empresarial, por
expulsar a sus trabajadores más maduros. El discurso público es uno, la práctica individual de empresas y trabajadores, de sindicatos y organizaciones empresariales es otra. Hay que hacer ese esfuerzo de superar esa enorme contradicción, si de
verdad estamos convencidos de que un sistema público de pensiones de reparto, que dé respuesta a un nuevo escenario demográfico, al envejecimiento de nuestra sociedad, exige que la gente trabaje más allá de los 65 años. Mi grupo le plantea a Cepyme
qué políticas concretas, quizás en el marco de la responsabilidad social de la empresa, ustedes pueden promover para avanzar en una permanencia más efectiva de los trabajadores maduros en el seno de sus empresas. Tenemos algunas experiencias
interesantes en otros países de nuestro entorno, por ejemplo las legislaciones que se han aprobado en algunos países como Gran Bretaña, orientadas a evitar la discriminación en el empleo por razones de edad, o algunas prácticas concretas que han
desarrollado algunas empresas en Alemania, orientadas precisamente a construir la carrera laboral para sus trabajadores más maduros. Ahí nos parece que las pequeñas y medianas empresas tienen también su responsabilidad para garantizar que esos
trabajadores de más de 50 años, de más de 55 años, en plenas facultades físicas y mentales, puedan continuar participando del tejido productivo.



Segunda cuestión en la que me gustaría que pudiese profundizar respecto a su primera intervención, el papel que van a jugar los sistemas complementarios en la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. En otros debates algunos
comparecientes se han planteado el papel que tanto los planes de pensiones colectivos como los fondos de pensiones individuales pueden jugar en ese contexto. Nos gustaría conocer qué propuestas concretas plantea Cepyme precisamente para que los
sistemas complementarios, tanto por la vía colectiva como por la individual, sean capaces de consolidarse como una efectiva complementación de nuestro sistema público de pensiones. Comparado con el desarrollo que los sistemas complementarios han
tenido en el resto de la Unión Europea, es evidente que en el caso español hay aún un muy importante camino por recorrer. También es cierto que las políticas fiscales promovidas hasta ahora no han sido útiles para potenciar ese sistema
complementario.
Quizás en la negociación colectiva aún quede mucho camino para recorrer para implementar con mayor fuerza esos sistemas complementarios en ese caso de la negociación colectiva, de carácter bipartito en la negociación
sindicatos-organizaciones empresariales.



Tercera consideración. El señor Burgos ha abierto un debate sugerente e interesante, que es el papel que juegan las bonificaciones en nuestra política de empleo. Yo creo que más que un problema de desorden lo que hay es necesidad de
preguntarnos si esas bonificaciones al empleo han sido útiles a los objetivos que nos marcábamos. Dentro de pocos días se va a hacer público un informe de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que quizá va a cuestionar la utilidad de las
bonificaciones como un instrumento de generación de empleo indefinido, va a cuestionar esa utilidad. Y el otro debate es, en el contexto de la crisis que estamos viviendo, si tiene sentido mantener ese tipo de bonificaciones a la contratación de
empleo indefinido, y quizás ese conjunto de recursos importantes que estamos gastando en bonificación al empleo debe destinarse a otras prioridades de carácter público. Ahí había un debate, y mi grupo no quiere entrar en ello en esta Comisión,
porque quizá correspondería más al trámite parlamentario por ejemplo del Real Decreto-ley de Medidas Laborales; pero le quería plantear con relación a su reflexión sobre las cotizaciones sociales dos cuestiones: si lo que nos plantea usted es una
medida extraordinaria en un contexto extraordinario de reducción de cotizaciones para mantener empleo, en un contexto de dos o tres años, para el conjunto del sistema, tan solo para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas, o una
forma distinta de financiar el sistema público de pensiones, incorporando la necesidad de que no todo vaya financiado por cotizaciones sociales, sino que una parte de ella esté financiada por la imposición de carácter general. Yo creo que son dos
escenarios distintos: una situación de crisis que quizás exige una idea de choque para dar liquidez, oxígeno al tejido productivo y un cambio en el modelo de financiación del sistema de pensiones. Me gustaría saber su posición en esas dos
cuestiones.



Mi último comentario es relativo a la regulación del cese de actividad.
Simplemente quiero recordarle -usted lo conoce perfectamente, como yo, pero para que todos lo recordemos- que esta no es una cuestión nueva.
Desde que en esta Cámara
en la legislatura 2000-2004 se creó una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para estudiar la situación del autónomo y la microempresa se viene planteando la necesidad de regular de alguna manera la situación de paro o de
cese de actividad de los autónomos. Esa subcomisión se tradujo en algunas iniciativas de aquel Gobierno del Partido Popular, pero no resolvió la cuestión del cese de actividad. En 2004-2008 se aprobó en esta Cámara el Estatuto del Trabajo
Autónomo, que incorporaba un mandato de regulación por parte del Gobierno, a través de un proyecto de ley, de ese cese de


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actividad. Fruto de una moción que se aprobó en esta Cámara se encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe. Todo ello en el marco del consenso de las principales organizaciones que afirman representar a los autónomos y que,
en principio, en esta Cámara los grupos que asistimos estaríamos de acuerdo en que representan al mundo del trabajo autónomo; estoy hablando de ATA, de UPA, de CEAT, que son las organizaciones que previsiblemente en el Consejo Estatal del Trabajo
Autónomo van a tener presencia.



En su intervención le encuentro muy crítico respecto a ese cese de actividad. Me ha parecido entender que nos va a hacer llegar ese informe, que le agradecería. Lo cierto es que llevamos muchos años con esa convicción de que existe un
colectivo de personas que cuando las cosas les van mal en su vida no tienen red social que les ampare, y más de 300.000 personas se han dado de baja en el régimen de autónomos en este periodo de crisis. Ya existe una cierta demanda social que
plantea protección social ante esta situación. ¿Que quizás el sistema privado lo podría haber resuelto? Seguramente sí; lo que ha sucedido hasta ahora es que las compañías que ofrecían productos de estas características seguramente no han
encontrado un mercado suficiente para darle salida.
¿Que la solución quizá pasaba por un sistema de incentivos fiscales que lo permitiese? Quizá sí; en todo caso vamos a conocer sus propuestas, que seguramente van a ser interesantes, sugerentes y
que van a inspirar nuestros trabajos en la tramitación en los próximos meses, espero, de ese proyecto de ley que regule el cese de actividad.



El señor PRESIDENTE: Don Emilio.



El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer la comparecencia de don Elías Aparicio Bravo en un momento muy importante para nuestro país para el sistema de la Seguridad Social,
para el sistema de pensiones, en el que se están revisando, tal y como estaba acordado, los acuerdos tomados en su día en el Pacto de Toledo. Le quiero agradecer su presencia, y después de sus primeras palabras mucho más aún por la valoración que
ha realizado del sistema de la Seguridad Social, sobre el que ha señalado que es incluso un elemento de cohesión social, algo que compartimos totalmente.
Ha resaltado también la eficacia de la gestión del sistema de la Seguridad Social para
diagnosticar, incluso para tratar de ver las soluciones posibles; ha reconocido también el valor de esta Comisión en la que nos encontramos, que creo que compartimos; y ha señalado también algo interesante al afirmar que la sostenibilidad debe
fundamentarse sobre todo en el empleo, y principalmente en el crecimiento del empleo.



Llevamos ya una serie de sesiones escuchando a personas cualificadas, a expertos en la materia que están tratando de orientarnos para tomar la decisión que haya que tomar en su día sobre la reforma de estos acuerdos del Pacto de Toledo. Nos
parece que era importantísima la comparecencia de usted hoy aquí, como representante de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, que tanto empleo han creado en una época de bonanza en nuestro país, y que quizá son los que
también están sufriendo más la situación de crisis en estos momentos. Aunque también me gustaría decir que, como ya ha señalado alguno de los comparecientes, con mucha más autoridad que yo en esta materia, no deberíamos vincular la situación actual
de crisis a las reformas que haya que introducir en el sistema de la Seguridad Social y de las pensiones, porque eso sería mirar a corto plazo y no nos dejaría ver realmente el problema. Ha señalado también usted la necesidad de que se haga un
esfuerzo conjunto de la sociedad para poder hacer una sociedad y una economía más competitiva, definiendo políticas estructurales que se orienten sobre todo a incrementar el grado de competencia. Por último hay que agradecerle también que después
de un planteamiento más o menos general o teórico, totalmente fundamentado, haya pasado a enumerar una serie de medidas concretas, algunas de las cuales, según ha señalado usted, han sido aplicadas también en otros países; medidas que según usted,
-efectivamente así era- estaban previstas en el Pacto de Toledo en 2003, por ejemplo una de ellas -así lo ha señalado- la separación de fuentes de financiación.



En este sentido, entremezclando ya lo que puede ser mi exposición y mi valoración de lo que usted ha dicho con las preguntas que quisiera hacerle, en el tema de separación de fuentes me queda una duda. Ha hablado usted de que hay que
terminar el proceso de separación de fuentes en la Seguridad Social, pero tengo la duda de si esto no es contradictorio con la propuesta hecha por otra organización patronal de disminuir 3 puntos las cotizaciones sociales y sustituirlas por un
incremento del IVA, porque esto -a lo mejor estoy equivocado- puede que signifique no separar fuentes, sino volver a la confusión de las mismas.
Ha hablado usted también de reducción de las cotizaciones. No hace mucho el presidente del Gobierno
recordaba que ya se han rebajado las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,7 puntos desde mediados de 2006, y es verdad que el único precedente de una rebaja de las cotizaciones sociales lo sentó también un gobierno del Partido Socialista en el
año 1995; sin embargo una bajada de las cotizaciones supondría inevitablemente compensarla con una subida de impuestos. No sé si usted estaría de acuerdo también con ello. Lo cierto es que teniendo en cuenta la situación actual, la recesión
económica sobre el empleo, y que esta recesión está afectando sobre todo a sectores como el sector inmobiliario, en estas circunstancias el Gobierno ha adoptado una serie de medidas en una doble dirección, como son por ejemplo el aplazamiento de las
cotizaciones a las empresas y las bonificaciones a las cuotas, de las que se ha hablado también aquí. Yo no quisiera entrar en el debate con el portavoz del Grupo Popular, porque creo que no es este el lugar en el que se debe establecer este debate
entre dos opciones diferentes,


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por deferencia precisamente al compareciente, porque creo que lo que aquí nos interesa es lo que usted nos pueda decir y contrastar nuestra opinión con la de ustedes, y no contrastar la de mi grupo con la del Grupo Parlamentario Popular, que
como en otras ocasiones yo creo que presenta también una serie de contradicciones que luego intentaré resumir muy brevemente. También ha hablado de que habría que tener mayor proporcionalidad entre lo que aportan los trabajadores y lo que se puede
percibir después, que es uno de los aspectos que se están barajando. Se ha tocado también el tema de la edad por la jubilación.



Señalaba también que no estaba de acuerdo con el informe del Ministerio de Trabajo de que hubiera más impuestos a los autónomos y proponía algún modelo interesante, como el que pudieran haber aplicado en Dinamarca, evitando la burocracia en
la gestión y otra serie de cuestiones secundarias.



También me gustaría recordarle o reflexionar sobre el Estatuto de los autónomos, que como usted bien sabe ha sido negociado, está negociado con los representantes legales de los autónomos, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista
pensamos que nadie mejor que ellos para hacer sus propias reivindicaciones. Creo que fue, si mal no recuerdo, el 5 de mayo de 2009 cuando se consiguió un acuerdo global entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos que fue votado por
unanimidad. Yo creo que el Gobierno cumple siempre con sus compromisos, y con este también, de común acuerdo con las asociaciones de autónomos. Me cuesta entender que aumentar la protección social de los trabajadores autónomos, como ha señalado
también usted en otro momento, pueda perjudicarles o pueda ser malo y no más bien necesario. Sobre el tema de la convergencia del régimen de autónomos con el régimen general me gustaría también hacerle otra pregunta. Si no cree que habría que ir
hacia una base de cotización que se acercara a la renta real de los autónomos, dado que la diferencia tanto en un sistema como en otro no es lo mismo, puesto que las cotizaciones de los autónomos en este momento son voluntarias. La pregunta sería
si no cree que habría que ir hacia una base de cotización que se acercara a la renta real.



También me gustaría saber su opinión sobre diferentes aspectos que se vienen desarrollando en esta Comisión por distintos comparecientes. Hace no mucho Luis Martínez Noval decía en un artículo periodístico que vaticinar la quiebra de la
Seguridad Social era todo un clásico pero que la realidad acababa desmintiendo siempre a los agoreros; citaba a un reputado columnista, periodístico también, que en 2005 ya hablaba sobre las alarmas que se estaban creando, y comentaba que
probablemente eran intencionadas. Me gustaría saber lo que opina usted, si realmente piensa que una retirada de las prestaciones por pensiones del sector público, como están planteando algunos, podría crear un flujo de capital en el mercado de
valores que beneficiaría a determinadas instituciones financieras. Me gustaría saber si cree que esto puede ser real y que se esté exagerando realmente, o que alguien esté poniendo en duda el sistema de pensiones y que estén pretendiendo que se
basen más en la capitalización que en el reparto precisamente para este tipo de beneficios. En estos momentos estamos estudiando en esta Comisión las posibles reformas, como decía antes, del Pacto de Toledo. Nos parece que sus opiniones son
sumamente interesantes, pero no quiero extenderme más.



Aunque no quería caer en la tentación de contestar al portavoz del Grupo Popular (Risas.), caeré muy brevemente, porque ya digo que, por deferencia al compareciente, será a él a quien se dirijan mis preguntas y no al señor Burgos, por
supuesto. Ha señalado, hablando de esas cantidades y de que no le cuadran las cuentas de la Seguridad Social, que se está poniendo como parapeto, como disculpa, a los autónomos. El señor Granado el otro día contestó a su compañero el señor
Barrachina que no había nada de real en este sentido, que se estaba haciendo en los plazos acordados; por tanto, no parece que sea aceptable que el señor Burgos vuelva a plantearlo -quizá él lo entendió mal-. Yo creo que no tiene razón y que el
tema quedó suficientemente aclarado. El Partido Popular creo recordar que no hace mucho criticaba aquí, en una comparecencia de otra de las personas que han venido a exponer su opinión, la eficiencia de la Seguridad Social, y sin embargo ahora que
se toman medidas para mejorarla parece que tampoco está de acuerdo, por la crítica que he entendido que hacía al real decreto. Ya digo que estos serían unos comentarios que no me parece que sea este el lugar para realizarlos, porque habría otros
sitios, otros foros donde poder discutirlos con el Partido Popular.



Termino ya para que don Elías Aparicio pueda contestarnos a todas estas preguntas.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Aparicio Bravo): Yo voy a intentar responder primero a las personas y agradecerles sus intervenciones, que realmente yo creo que dan un valor
añadido a mi intervención inicial, precisamente gracias a las propuestas en último término que me dirigen ahora.
Intentaré hacerlo así para que cada uno de ustedes se vea respondido -intentaré-; pero en todo caso aceptaré la correspondiente
indicación del presidente o de ustedes mismos, por si algo se me olvida, en los bloques temáticos en los que me gustaría tratar de agrupar las respuestas, insisto, a todos ustedes, pero en las que quiero que se vean personalmente reflejados.



El tema creo que es importante respecto al peso de las cotizaciones sociales en nuestro país, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, y el elemento de futuro que pensamos al respecto desde Cepyme.
Insisto, para nosotros la
clave fundamental es que la orientación de las cotizaciones sociales debe dirigirse


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hacia mejorar y hacia el crecimiento del empleo. El peso específico de las cotizaciones sociales en nuestro conjunto del sistema de Seguridad Social es -lo recuerdo porque es que es muy importante- el 36,25 por ciento del conjunto de las
contingencias comunes que financian este peso. El 36,25 por ciento es el porcentaje de cotización sobre las bases para financiar las contingencias comunes, pero hay que añadir el 2,75 por ciento de media que tiene el peso de los accidentes de
trabajo -en las anteriores, el 36,25 por ciento ya incluido Fogasa y desempleo-; en el conjunto del aseguramiento para los trabajadores por cuenta ajena, en último término el impuesto sobre la nómina, que es lo que juega, estamos yéndonos a un 39
por ciento en concepto total. Nosotros desde el punto de vista empresarial lo que decimos es que las pymes soportan un excesivo peso de las cotizaciones empresariales sobre la nómina, y tendremos que marcarnos un horizonte, que juzgamos inexorable,
para acomodarnos a lo que es en último término el peso que puedan tener como referencia de competencia el conjunto de los países con los que competimos, y muy especialmente los de la Unión Europea.



Yo no he hablado ni de puntos ni de esfuerzo concreto. Lo que digo con claridad es que es excesivo, bastante excesivo, y tendremos que recorrer un horizonte temporal, tampoco fijo -yo creo que eso son los trabajos que exceden del ámbito de
este debate muy de tipo general-, para concretar cómo, cuánto y cuándo se podría reducir. Ahí quedo en mi reflexión, pero creo que es importante reconocer que no es muy sostenible para el futuro un sistema de empleo que se base en esta carga
contributiva tan fuerte; por lo tanto habrá que tratar de reducirla, insisto, para mejorar nuestra competitividad.



Se me ha preguntado también en el ámbito de la simplificación del mapa de bonificaciones o el conjunto de las bonificaciones precisamente si es útil o no. Ahí haría también dos reflexiones de aproximación. Uno, la simplificación del mapa
de bonificaciones, a nuestro juicio muchas de las veces tiene que ver con el confuso, profuso y demasiado complejo mapa de contrataciones; y eso forma parte del ámbito laboral; es verdad que son dos ámbitos totalmente distintos. Distingo
claramente lo que es el ámbito laboral del de la Seguridad Social, pero está claro que algunos aspectos hacen referencia a modalidades de contratación -es conocida nuestra posición muy explícita y muy clara- demasiado complejas, demasiado
disfuncionales, y eso habría que racionalizarlo elaborando un mapa de contratación laboral más accesible, probablemente más eficaz, sobre todo para las pequeñas empresas, que no están en condiciones muchas veces de conocer las herramientas
disponibles, que son un auténtico libro con muchísimas modalidades y con enorme riesgo incluso de seguridad jurídica en su aplicación, máxime cuando evidentemente la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas no tenemos sistemas internos
potentes, suficientemente potentes, para gestionar esa complejidad normativa y hay que recurrir regularmente a aspectos externos. Es un mapa complicado el de las contrataciones, así como el de las reducciones o el de las exenciones de cuotas.
Nosotros no vamos a criticar que existan exenciones o deducciones, porque al fin y al cabo es un alivio sobre esa carga excesiva de cotizaciones que pesa sobre el conjunto de la contratación, pero evidentemente habría que racionalizarlos, habría que
sistematizarlas, insisto, para poner el acento en los ámbitos en los que he dicho, fundamentalmente el de inserción de contratos o de segmentos sociales de difícil contratación, y muy especialmente para evitar salidas inconvenientes por razones de
edad. Ahí habría que establecer una prioridad clara: dentro de la general, insisto, que se fomente la creación, el aumento del empleo.



Yo creo que hay dos ámbitos -en este sentido me referiría a don Emilio Olabarría- que deberían clarificarse: uno son las competencias de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en relación con lo que es la caja de
la Seguridad Social, y que hay que deslindarlo de otro tipo de políticas. Estamos en el debate que ordena nuestras reflexiones con el objetivo de la sostenibilidad del sistema público de Seguridad Social, y muy especialmente en cuanto se refiere a
las pensiones. Yo no voy a criticar -vuelvo a decirlo- el que existan elementos de bonificación, de exención o de reducción, sino que iría por el camino de que se simplificara y se pudiera coordinar o hacer coherente con el propio mapa de
contrataciones, que buena falta hace también que se sistematice, se simplifique y se haga más operativo para el objetivo común de los dos sistemas. Tanto el marco de contratación, el marco de relaciones laborales, como el marco potentísimo de
cotizaciones sociales tienen que converger en el objetivo común de que se potencie y se mejore la capacidad de contratación de nuestro sistema económico.



Don Carles Campuzano también me hacía alguna reflexión en cuanto al tema de cotizaciones, si yo hablaba de reducción extraordinaria o coyuntural en función de crisis o de reducción estructural. No, no; mis reflexiones van hacia horizontes
de futuro, van hacia una reducción estructural. Lo que ocurre es que probablemente en las coyunturas negativas, si tuviéramos un mecanismo menos gravoso desde el punto de vista social, probablemente anduviéramos más ligeras las empresas para mejor
acomodarnos a las situaciones de mayor dificultad. En definitiva, la carga más pesada normalmente se siente más en la ascensión que en el llano o en el descenso, y ahora estamos en plena cuesta; claro que los temas de coyuntura yo creo que van por
otros derroteros. Sinceramente, mi reflexión la hacía sobre todo mirando al horizonte de sostenibilidad a medio y largo plazo. De todas maneras está claro que en los incentivos prácticos para tratar de mejorar la permanencia de los trabajadores
maduros, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, probablemente los instrumentos vayan a tener que ser diferentes, porque realmente la estructura profesional, la patrimonial y la de mosaico jurídico sobre la que operamos es bien distinta. En todo
caso, yo lo que resalto


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es el objetivo en último término, donde debemos coincidir. El debate sobre las medidas concretas, yo creo que será en un momento posterior.



Acerca de la práctica de las prejubilaciones yo creo que es uno de los elementos -lo aporto como positivo de la sugerencia que hacía el señor Campuzano- que debe observarse si es así ahora, si las expectativas sociales de la prejubilación se
siguen manteniendo en relación con valores o con expectativas que hacía unos años pudieran ser. Yo creo que es necesario observar muy bien cómo evolucionan los estados de opinión social respecto a la actividad laboral y saber por qué lo hacen, por
qué la gente toma ciertas decisiones del abandono o no abandono, o si eso se mantiene estable en el tiempo. Yo tengo alguna percepción -no es nada relevante que mi percepción no la tengan ustedes en cuenta- de que eso ha cambiado, eso está
cambiando. El enfoque de la población española, sean jóvenes, no lo sean tanto o sean maduros, ahora mismo socialmente -yo por lo menos lo percibo así- es de una gran inconformidad con la situación y muchas ganas de superar la presente. No lo he
percibido igual en otras crisis, no lo he percibido lo mismo; pero es una percepción, insisto. En todo caso creo que lo importante sería montar algún dispositivo de observación social que nos dijera qué es lo que se está produciendo y algunas de
las razones por las que esto sucede, si es que hay cambio, para a partir de ese momento actuar en consecuencia. Si no hay un buen diagnóstico es difícil que tengamos un buen pronóstico y por tanto que le pongamos remedio.



Acerca del tema de separación de fuentes, que también tiene que ver en último término con financiación, sobre la que ha preguntado don Emilio Álvarez, y si era contradictorio el elemento de financiación con impuestos, o lo que nosotros
pedíamos de que en último término se finalice el proceso comprometido para la clarificación de fuentes de financiación, pienso que no hay contradicción por su carácter finalista.
Hay un consenso muy generalizado en que las cuotas van destinadas a
financiar el sistema contributivo, las prestaciones contributivas, y los impuestos van a financiar los aspectos que no son propiamente contributivos. ¿Que hubiera en el futuro una mayor participación de impuestos dentro del tema de Seguridad
Social? Aseguro que hay que tomar decisiones, evidentemente, que se acomoden a esa estructura. Naturalmente que tendrían que adoptarse determinados elementos de garantía, no la garantía de mínimos para complementar, que es lo que ahora estamos
financiando, y se supiera por los españoles, por todos los españoles, que una parte -la que fuera-, proporcional, se está financiando con el esfuerzo de impuestos y no solo con el de cuotas; sería necesario hacerlo, pero no veo que sea ni mucho
menos contradictorio. El examen que debe hacerse es de utilidad; tampoco yo vengo en ese sentido con un apriorismo. Probablemente, insisto, tenemos herramientas desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, de los órganos de gestión del
Ministerio de Trabajo y de la participación de los elementos doctrinales de la academia, en definitiva de la universidad, que nos pueden arrojar luz acerca de cómo mejor hacerlo. Desde luego, insisto, para nosotros la base fundamental de petición,
la que les dirigimos a ustedes, es que nos alivien de una carga que consideramos excesiva y que no tiene parangón con nuestros competidores del resto de la Unión Europea. Ahí nos quedamos. En cuanto a cómo se articula, cómo se concreta y cómo se
estructura deberemos ser coherentes, pero en la separación de fuentes yo no veo ninguna contradicción, porque las cotizaciones financian prestaciones contributivas y los impuestos deberían -que es lo que no hacen ahora- financiar la parte no
contributiva, que es lo que se complementa para que lleguen a esos mínimos determinadas prestaciones.
¿Sería necesario redefinir conceptos cara al futuro? Por supuesto.



Me voy a referir al tema de autónomos porque hay unos cuantos ámbitos sobre los que les agradezco sus sugerencias, porque son de enorme interés; el primero es el de la contributividad. Punto uno. Todos sabemos que el régimen de autónomos
tiene el elemento de voluntariedad hasta una cierta edad para evitar situaciones indeseables en cuanto a la configuración de pensión futura, pero se basa en el principio de la voluntariedad entre bases mínimas y máximas. A nuestro juicio, es
importante mantenerlo, porque esa voluntariedad está unida a una actividad cuyas retribuciones, por decirlo de alguna manera, o sus rentas, en definitiva sus percepciones, son realmente inseguras. Acerca de quien en último término es responsable de
su propio empleo y además de asegurar el de los demás, no hay ningún elemento de fijeza sobre qué posibilidades de renta disponible va a tener para, finalmente, hacer frente a las cotizaciones sociales; por tanto la base de la voluntariedad, en el
sistema que es el propiamente empresarial, que es el de autónomos, debe seguir manteniéndose. Otra cosa es que se pueda y se deba, incluso, reforzar la contributividad, para evitar precisamente que luego este sistema, si no tiene contributividad
suficiente, sea un destinatario a lo mejor excesivo, no digo que no, de los complementos de mínimos. Bien, esa es una reflexión que debe hacerse, debe hacerse para garantizar. Y ya diría otra cosa que es imprescindible hacer: es imprescindible
hacer un esfuerzo importante de información. Lo hemos hecho desde Cepyme, y han sido campañas que han dado buen resultado con las entidades públicas de gestión, con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, pero habría que reforzar más la
información, porque sería, si se consigue, primero que por convicción los autónomos, como yo creo que es la realidad, la mejor inversión que pueden hacer, cotizar y cotizar bastante, y cotizar mucho en el régimen público y contributivo, porque eso
les va a asegurar una buena, una mejor pensión de futuro, pero eso hay que informárselo; hay que informárselo con datos concretos para que, dentro de sus posibilidades, y dentro, insisto, del esquema de libertad de opción, la gente sepa que eso le
conviene. No se puede ir, que es lo que rechazamos en la vía del cese de actividad, en las


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imposiciones, porque eso suele dar mal resultado, sobre todo si no se ha detectado bien la necesidad, no se ha detectado bien la cobertura, se ha malinterpretado en último término probablemente la contingencia que se puede proteger, y luego
los autores del informe se equivocan, que esto todavía no es más que un proyecto nonato a nivel gubernamental, no hay posición tomada, sino solamente un informe de expertos en el que no se da una solución adecuada. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


Dicho lo anterior, queda un gran recorrido en el ámbito del régimen especial de autónomos. Pondré también a su disposición un análisis que tenemos actualizado precisamente en mayo, informe que seguro que conocen bien y que está disponible
en nuestra página web; es el informe del análisis del régimen especial. Me relevarán de que haga una serie de conclusiones, pero nuestra posición está bastante explícita, a la vista de un análisis que tenemos permanentemente actualizado. Les
decía que ahí sí que hay recorrido para mejorar; de eso no les quepa ninguna duda, que para Cepyme es importante y prioritario mejorar el sistema y las coberturas que el sistema de autónomos ofrece a sus afiliados. Donde tenemos probablemente
alternativas, discrepancias o elementos de diferencia es en cómo, en qué instrumentos y de qué manera. Pero nosotros, lo que vaya por la vía de la voluntariedad, por la vía de la mejor información, que aumente la contributividad dentro del ámbito
de libertad de los autónomos, ya nos parece bien.



Me detendré con un poco más de detalle con el tema del cese de la actividad, especialmente delicado. Yo lo traigo aquí como una alerta temprana, porque el informe de los expertos lo quieren configurar expresa y explícitamente dentro del
sistema de Seguridad Social, además sin habérselo contado a ustedes. Es que yo creo que es cuestión previa, que antes de tomar una decisión de ese calado, nada menos que cuando estamos mirando el futuro de la Seguridad Social, antes de tener ese
tema hubieran manifestado de una manera menos tajante, yo diría un poco más flexible y un poco mejor construida, la prestación como la configuren.
Ellos lo intentan; en ese informe lo que dicen es que se incardina dentro del sistema público y
obligatorio de la Seguridad Social, y además atribuyen su gestión a las mutuas de accidentes de trabajo. Es por lo que lo he traído, para que tengan un elemento de reflexión; un elemento de reflexión y un elemento, digamos, coherente con lo que es
la posición de Cepyme.



La posición de Cepyme en este asunto, lo mismo que la posición de CEOE, es coherente con lo que dice nuestra organización de base de autónomos y representativa, que es CEAT. Les recuerdo a todos, antes de que se pronunciara el Parlamento,
porque fue en el momento de configurarse como anteproyecto de ley, y recordamos muy bien que este anteproyecto después recibió el consenso unánime de esta Cámara, y somos muy respetuosos con ese consenso y lo valoramos muy positivamente, que fue
desde el desacuerdo formal, explícito, escrito y argumentado de CEAT, la organización que es miembro de Cepyme y que es por la que nosotros tenemos esa valoración. Cepyme piensa lo que piensa con respecto al tema de cese de actividad porque así lo
piensa CEAT y así lo dejó explícito; y así lo piensa la CEOE porque Cepyme lo piensa. Por lo tanto, no es una opinión que viene de la cúpula hacia la base, no; es una opinión formada desde la base representativa de CEAT, de los autónomos, que
formaban ya parte de nuestra propia estructura de Cepyme. No tengan ninguna duda de que son nuestros afiliados, que han tenido que hacer el ejercicio de afiliación a este nuevo instrumento que la ley estableció, pero que su voluntad no fue
coincidente. Y no es verdad que fuera por unanimidad de las organizaciones representativas de autónomos como se construyó el anteproyecto que vino a esta Cámara y luego fue aprobado por unanimidad.



CEAT dejó clara su discrepancia, y la dejó clara por dos puntos. Les recuerdo: uno, por el elemento de dónde se resolvían los litigios que se pudieran suscitar a propósito de una normativa que tiene carácter sustantivo civil o mercantil;
y pensábamos que no era coherente que una legislación como es la del contrato del autónomo, incluso del dependiente -por supuesto, los otros no existen, no hay posibilidad de que fueran a Magistratura de Trabajo-, se sustanciara, que al fin y al
cabo, insisto, es una relación de naturaleza sustantiva mercantil, en el ámbito de la jurisdicción laboral. Nos parecía que era un contrasentido, era un contrasentido complicado, y no estábamos de acuerdo. Y el otro, la insuficiente, la
insuficiente definición -que le faltaban unas poquitas cosas, aunque quedaban unos elementos muy precisos- del cese de actividad. Tal vez con una palabra más, que era la voluntariedad, hubiera adquirido todo nuestro consenso, pero faltaba el de la
voluntariedad. Y como falta, haciendo una interpretación excesiva de lo que la ley dice, lo tenemos en nuestro argumentario, CEAT dijo que no estaba conforme con el informe de los expertos sobre los autónomos. Pero les insisto, no cuestionamos que
exista una mejora, que se aumente la protección social de los autónomos, no; todo lo contrario, queremos que se aumente, queremos que se mejore, desde los ámbitos de la libertad, desde los ámbitos de la coherencia de los mosaicos normativos, desde
el ámbito de la eficacia, y de acuerdo con las líneas vertebrales del sistema económico de la organización del trabajo y de los sistemas de Seguridad Social de autónomos. En definitiva, estamos de acuerdo en el principio de que se aumente la
protección social de los autónomos. No estamos para nada de acuerdo con el instrumento que se diseña, porque existen alternativas muy eficaces, muy próximas y muy sencillitas para configurar esa protección de manera coherente y consistente con la
naturaleza de la actividad económica de los autónomos y con las posibilidades que ofrece la previsión social complementaria.



En un ámbito donde va unido, precisamente en la disposición adicional de la Ley del Trabajo Autónomo,


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no sólo el elemento del cese involuntario de la actividad, sino también algunos elementos que tienen que ver con determinadas actividades que por su especial penosidad o por sus especiales circunstancias pudieran aconsejar una retirada
temprana de ese tipo de actividad. En último término hay herramientas, probablemente, pero lo sometemos a un debate.
El lamento que tenemos con el grupo de expertos es que hayan hecho un a priori y prácticamente hayan desarrollado una única línea
de pensamiento, cuando en esa fase a nivel de estudios de expertos es cuando procede explorar distintas vías para coger la que en último término mejor se acomode a lo que se intenta regular; no al contrario, porque como se intente un a priori y
hagas un intento normativo, y luego que la realidad se acomode a esto, suele tener malísimos resultados. Cuando es en términos exclusivamente legales hay menos problemas, pero cuando entras en números el tema se complica, y mucho.



Yo quisiera que no quedara nadie sin contestar. (Un señor diputado: Los sistemas complementarios.)


El señor PRESIDENTE: Los sistemas complementarios.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Aparicio Bravo): Los sistemas complementarios.
El problema de los sistemas complementarios es básico. Ya me dirán ustedes, con un 39 por
ciento de peso sobre la nómina qué queda para el sistema complementario. Probablemente el ámbito más propio sea donde los elementos de renta están menos predeterminados, que pudiera ser en este ámbito de los autónomos; ahí es donde probablemente
hubiera que hacer un especial esfuerzo, primero en aumentar el grado de contributividad al público, porque no tendría sentido que se genere, por decirlo de alguna manera, ámbito de complemento a mínimos donde tiene que entrar la solidaridad de todos
cuando hay otras herramientas. Pero ahora mismo, al fin y al cabo, para la generación presente, nuestra principal obligación y compromiso, por imperativo de la ley, y porque además es una reflexión social absolutamente unánime, es pagar las
pensiones a nuestros pensionistas, y reforzar los sistemas complementarios significa que tiene que haber un plus, tiene que haber un elemento de contribución añadido.
Porque además de pagar las pensiones de los que al día de hoy están pasivos,
desempleados y pensionistas, tendríamos, con los sistemas complementarios, que financiar nuestras propias contribuciones.



Hay algunos que ya no tenemos remedio, digo por edad. No, no, está claro: en mi caso, con cincuenta y tantos, pues lo tengo muy difícil, lo tengo muy difícil. Pero probablemente, a partir de los que se incorporan a la vida laboral, claro
que si hay un horizonte de futuro donde esto se potencie se puede en último término, en alguna medida, aliviar el elemento del puro reparto. Bueno, lo que es claro es que hay que empezar.
Cuándo y cómo, es lo que tendrían que determinar y
concretar otros que son mucho más expertos que yo. Yo vengo aquí a dar esa voz también de que es bueno, si no se empieza nunca lo haremos, que habrá que empezar en un momento dado. Y les diré otra cuestión: está claro que el sistema de empleo no
va a resolver la previsión social complementaria con la amplitud o con la magnitud que sería necesaria. Y no lo es, no porque lo digamos desde Cepyme, sino porque tanta gente no se puede equivocar y durante tanto tiempo. Me parece que ya son doce
o quince años, si no recuerdo mal, lo que ya lleva de recorrido la Ley de planes y fondos de pensiones. Y el sistema de empleo para las pymes no funciona, ni con los de promoción conjunta ni con otras ideas que se han intentado. No funciona porque
no funciona y porque no puede funcionar. Yo creo que por las razones que nos dice el mercado en último término; es que es algo que es voluntario, que es optativo, que es libre. Insisto, pesa, cómo no, y de manera muy importante el enorme gravamen
que ya supone la contribución pública, por lo tanto, deja pocos recursos disponibles para la complementaria.



En todo caso, lo único que constato es esa realidad: que en el sistema de empleo, hay otros que sí que funcionan, los de previsión complementaria, me parece que alguna autonomía tiene alguna experiencia en ese sentido, y no me quiero meter
yo en competencias, vuelvo a decir, Estado-comunidades autónomas. Pero probablemente tengamos que mirar qué cosas funcionan en algún sitio y por qué. Y las entidades me parece que se llaman de previsión social complementaria. (El señor Olabarría
Muñoz: Entidades de previsión social complementaria.) Esto es, esto es, que funcionan en Euskadi, son un elemento de observación y de funcionamiento que pudiera tener, a lo mejor, su interés.



No les sería del todo honesto si no les fuera muy sincero: es que no se hacen convenios colectivos que completen planes de empleo, y además nosotros no lo recomendamos, porque no nos parece tampoco que sea una idea. Les aseguro que si lo
hacen o si no lo hacen, no es por seguir nuestras recomendaciones, es porque los negociadores entienden que no hay espacio, no hay cantidad, y realmente hay problemas. Tampoco el sector público ha dado muy buen ejemplo ahí con los planes de
pensiones para el sector público. Tampoco creo que sea un elemento que se pueda mostrar como referencia de futuro. Hay que darle algunas vueltas más a ese tema, en las que nosotros creemos. Pero la principal es que, si tenemos una prestación en
la que todos estamos de acuerdo en que debe hacerse, por ejemplo el cese de actividad, pues no vaya a un sistema público, obligatorio y de reparto, que ya está suficientemente con problemas, y oriéntelo hacia esa vía de la previsión complementaria,
que puede ser una herramienta que con ligeras correcciones probablemente se ajuste con bastante precisión a ese tipo de contingencias de una manera solvente.



Yo les pediría que me echaran una mano también si les queda alguna cosa por aclarar.



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El señor PRESIDENTE: Yo creo que está muy bien todo. (Risas. El señor Burgos Gallego pide la palabra.)


Don Tomás, ¿qué quieres decir?, pero que sea muy bajito y muy corto.



El señor BURGOS GALLEGO: Muy brevemente, por cortesía parlamentaria con el Grupo Parlamentario Socialista y puesto que hay dos aspectos, que además son los que ha tocado el Grupo Socialista, a los que no ha hecho referencia en su
intervención el señor Aparicio.



El presidente del Gobierno presumió hace unas semanas de la existencia en la Tesorería de la Seguridad Social de una liquidez de más de 22.000 millones de euros como síntoma de buena salud del sistema. Según Octavio Granado, el pago
diferido de la deuda supuso en el primer trimestre 2.000 millones de euros, frente a un presupuesto total de 125.000 millones. Si hay liquidez en la Tesorería por valor de más de 20.000 millones, si la morosidad de las pequeñas y medianas empresas
sólo era de 2.000 millones, ¿por qué no se hace efectivo el ingreso del superávit en el Fondo de Reserva? No es que no casen las cuentas, es que el señor portavoz del Grupo Socialista se conforma con una explicación absolutamente simplista.
Es
decir, no se puede argumentar que es la morosidad de las pequeñas y medianas empresas la que justifica que este Gobierno no quiera ingresar en su momento, que es en el mes de febrero, el superávit de la Seguridad Social en el Fondo de Reserva. Es
trasladar la responsabilidad de una decisión del Gobierno, por las razones que considere oportunas, a las pequeñas y medianas empresas. Si hablamos de una morosidad de 2.000 millones, eso no justifica que se dejen de ingresar 8.000, si además se
está diciendo por otro lado que la liquidez de la Tesorería, que es sobre lo que supuestamente se ampara la decisión del Gobierno, es que existe por un margen de más de 22.000 millones. Eso es lo que no casa y eso es lo que no se justifica.



Por tanto, ¿qué valoración hace el señor Aparicio de la morosidad que se atribuye a las pequeñas y medianas empresas?, porque el 96 por ciento de la deuda aplazada con la Seguridad Social son cantidades inferiores a los 30.000 euros; es
decir, que claramente estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, sobre la que el Gobierno descarga la responsabilidad de no ingresar el Fondo de Reserva. Y en segundo lugar, me satisface que el señor portavoz sepa en qué consiste ese real
decreto y hable de eficiencia, porque no se ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado; probablemente él lo conozca por información privilegiada. Los que no lo conocemos nos limitamos a preguntar si ha sido objeto de consulta con las
organizaciones empresariales, porque si se habla de un procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva en materias como el embargo de dinero, el embargo de bienes muebles, la competencia para acordar la enajenación inmediata de bienes embargados, los
anuncios de subastas, etcétera, parece que va a afectar en gran medida a muchos autónomos y a muchas pequeñas y medianas empresas. Sería bastante razonable que en lugar de hacer una presunción de eficiencia que no sé sobre qué base se fundamenta,
nos preocupara si se ha establecido a la hora de regular ese real decreto un diálogo, un diálogo previo con las organizaciones empresariales, para ver si atiende realmente a las principales preocupaciones que tienen estas empresas.



Simplemente hacer este recordatorio porque son dos aspectos que me parecen importantes en este debate.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más? Don Emilio, ¿quieres intervenir, quieres decir algo? (Pausa.) No, don Emilio A; tú eres el B en este caso.
No era para ti.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Aparicio Bravo): Por contestar a don Tomás Burgos. La verdad es que no tengo los datos actualizados de la morosidad ni su descomposición
entre pequeñas, medianas empresas, sector privado o sector público en su conjunto. Por lo tanto, no los conozco. Seguro que si hay un proyecto normativo nos habrá sido sometido a información y consulta, y probablemente nuestros servicios técnicos
si no lo han recibido, lo recibirán. Yo vuelvo a decir que ahora mismo ese tema no lo tenemos ni se nos ha planteado como un elemento de la norma, la norma de reforma de los sistemas de ejecución forzosa de deudas; no lo tengo ahora mismo como
prioridad que me lo hayan pasado los servicios técnicos, y por lo tanto no lo conozco.



Con respecto a la morosidad sí tengo que decirles lo siguiente: vía gestión, vía de los instrumentos normales de gestión de la Seguridad Social, sí tengo conciencia, porque es una información que nos la mandan con mucha claridad muchas
pequeñas y medianas empresas, que se está haciendo un enorme esfuerzo de flexibilidad, un enorme esfuerzo de atención para que prepondere sobre todo la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo. Y ahí sí que hay, seguro, una respuesta
en los niveles profesionales muy eficaz. Lo que ya no entiendo, porque no tengo datos, sinceramente, es si se basa en la morosidad, que desconozco sus cuantías, en las excusas o los pretextos o en las explicaciones que haya dado en su caso el
Gobierno para que vaya a Fondo de Reserva o no a Fondo de Reserva.



Ahora, sí tengo que decir, porque esa sí que es una experiencia contrastada casi cotidiana, de hecho hay muy pocas veces que nos piden nuestra intervención a nivel de servicios centrales, porque lo resuelven normalmente en los ámbitos
descentralizados, porque sí que hay instrucciones muy claras de flexibilizar en lo posible, y creo que los servicios profesionales de la Tesorería de la Seguridad Social lo están haciendo con enorme diligencia, y con una eficacia digna de
reconocimiento, que eso sí lo hago, para que realmente no se ponga en peligro dentro de lo que quepa, siempre que quede un resquicio de que la actividad pueda; en definitiva, poner la Seguridad


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Social y esa morosidad al servicio de la continuidad de la actividad y del mantenimiento del empleo. Y hasta la fecha, eso sí que tengo que decirles que nos mandan informaciones casi unánimes, porque no hay protestas en este sentido.



Otra cosa es que la empresa haya desaparecido y exista ya concurso o algún tipo de problema jurídico que no esté. Pero cuando se actúa en términos todavía de ayuda, digamos, preventiva para evitar el cierre de la actividad, sí que hay un
comportamiento muy eficaz, muy profesional de los órganos, insisto, de gestión; esto no son términos políticos; los gestores de la Seguridad Social sí que nos mandan el mensaje de muchas pequeñas y medianas empresas de que son muy accesibles, de
que son muy eficaces y de que se están portando, vamos.



El señor PRESIDENTE: Antes de finalizar, señorías, se convoca la reunión de Mesa y portavoces. Una vez finalizada esta Comisión, nos reunimos. Me parece muy bien.



Querido Elías Aparicio, querido amigo y compañero, muchísimas gracias por tu comparecencia; como siempre ha sido un placer, estamos a tu disposición para cuando quieras volver.



Se levanta la sesión


Eran las doce y quince minutos del mediodía.