CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 272

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 12 celebrada el miércoles 13 de mayo de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de Unión General de Trabajadores, UGT (Méndez Rodríguez) para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de
los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000231.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión de hoy de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. El punto único del orden del día es la comparecencia de nuestro amigo don Cándido
Méndez Rodríguez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, que ya ha venido varias veces. Señor secretario general, tiene la palabra por el tiempo que quiera.



El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Méndez Rodríguez): Señoras y señores diputados, quisiera que mis primeras palabras fueran de gratitud por haber invitado de nuevo a nuestra organización a pronunciarse sobre
el sistema de pensiones y la necesidad de preservarlo y mejorarlo. Esta es la cuarta vez que intervengo en esta Comisión y quiero hacer extensivo ese reconocimiento a todos cuantos desde su responsabilidad política, institucional, académica o
social han hecho del Pacto de Toledo un patrimonio colectivo y han situado el consenso social y político como una de sus principales virtudes, lo que hace de él una herramienta plenamente vigente.



Esa vigencia obedece a tres hechos que considero importantes. El primero es que sobre todo en la pasada legislatura sus recomendaciones no han sido un corsé que haya dificultado la puesta en marcha de otras políticas sociales, sean estas a
iniciativa del Gobierno o fruto del diálogo social, como han sido, por citar solo unas pocas, la Ley de Igualdad, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la importantísima mejora de las
pensiones mínimas, del salario mínimo y otras rentas; avances sociales que en UGT hemos valorado como una de las etapas más importantes en nuestra historia social reciente. El segundo hecho es la ampliación del ámbito de las reformas vinculadas a
las recomendaciones del Pacto de Toledo en el acuerdo de 2006, ya que las reformas abarcan prácticamente el conjunto de prestaciones y su dinámica. No solo nuestra Seguridad Social se ha adaptado mejor a las nuevas realidades sociales, como, por
ejemplo, con el reconocimiento de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho, sino que además se han puesto las bases para una mejor sostenibilidad del sistema. El tercer hecho y consecuencia de los anteriores es el amplio consenso social
alcanzado en el último acuerdo, que ha sido mayor que en los dos que le precedieron. Este consenso sigue siendo uno de los valores más apreciados, incluso más allá de nuestras fronteras, porque es uno de los principales instrumentos de legitimación
social.



El consenso existente sobre nuestro modelo de pensiones público y de reparto no ha impedido, sin embargo, que sigan latentes las aspiraciones de quienes preferirían un cambio de modelo hacia un sistema de capitalización o, alternativamente,
una mayor extensión de las pensiones complementarias privadas, para cuyo fomento sería imprescindible un debilitamiento de las pensiones públicas. La reciente crisis ha puesto en evidencia la inmensa injusticia de dejar al albur de los mercados
financieros el núcleo principal de la protección de los pensionistas.
Según datos de la OCDE, entre enero y octubre de 2008 las pensiones privadas de la zona OCDE registraron una pérdida real de cerca del 20 por ciento de su capital. En algunos
países de América Latina la crisis financiera se ha llevado en un solo año el ahorro de seis o más años de los fondos. Resulta curioso que después del batacazo que la crisis económica ha dado a los sistemas privados de pensiones, algunos quieran
centrar la atención exclusivamente en el futuro de las pensiones públicas, cuando, por el contrario, en algunos países que vieron reformados estructuralmente sus sistemas de pensiones se demanda la vuelta a los modelos anteriores de reparto o al
menos que se establezcan fuertes dosis de solidaridad. En muy poco tiempo el horizonte económico se ha ensombrecido, y no desearíamos que esta situación coyuntural, que todos esperamos remita pronto, pueda determinar las recomendaciones del Pacto
de Toledo, pues la misión de este -y esta es una de sus principales virtudes- es proponer reformas pensando fundamentalmente en el medio y largo plazo. Por ello, nos parece inaceptable el alarmismo infundado e interesado sobre la viabilidad de
nuestro sistema de pensiones; nos parece inaceptable jugar con los sentimientos de inseguridad de un buen número de ciudadanos. Por los datos que conocemos, no hay riesgo de déficit a corto plazo y en cualquier caso quiero recordar que el Fondo de
Reserva tiene como finalidad precisamente el equilibrio presupuestario en fases bajas del ciclo económico, y por último, es responsabilidad de todos transmitir la confianza a los pensionistas actuales y futuros de que sus pensiones están aseguradas.



Creo que es justo recordar que entre las recomendaciones de 2003 del Pacto de Toledo se encontraban las dos siguientes. La primera era la conveniencia de que los complementos de mínimos se financiasen mediante aportaciones públicas en el
plazo de vigencia de aquellas recomendaciones; por tanto, nada impediría que se acortasen los plazos acordados en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de la Seguridad Social. En 2008, con las cotizaciones sociales se
financiaban más de 3.700 millones de euros, prácticamente el 64 por ciento del importe total de dichos complementos a mínimos. La segunda recomendación que se mantiene desde 1995 dice textualmente que la fiscalidad general debe hacer frente a la
bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos
pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema. Nada impide tampoco que estas actuaciones se financien


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mediante recursos fiscales. En todo caso, la actual situación de crisis económica debe servirnos para afianzar el modelo de protección social público y sobre todo para resolver aquellas lagunas protectoras más notables que la crisis ha
agudizado, en primer lugar la protección por desempleo. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal sobre paro registrado, el primer trimestre de 2009 mantenía una tasa del 27 por ciento de desempleados sin cobertura. El desempleo es,
sin duda, el riesgo social más importante en la actualidad y su gravedad se ve acentuada por la inexistencia de mecanismos a nivel estatal de garantía de rentas de subsistencia que corrijan las limitaciones del seguro por desempleo, especialmente
las relativas a los periodos mínimos que dan derecho a las prestaciones y a la duración y cuantía de estas. Este riesgo se intensifica en los supuestos de desempleo en familias con hijos a cargo dada la insuficiente protección económica por hijo
que concede la Seguridad Social, sin duda la menos generosa de Europa. Esta situación de insuficiencia protectora no puede subsistir eternamente, por lo que mi organización desearía que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se diera entrada a
las tres siguientes: la primera, la necesidad de mejorar las prestaciones económicas y de servicios dirigidas a las familias con hijos; la segunda, la mejora de la cobertura por desempleo; por último, y coherentemente con las competencias de las
comunidades autónomas en la materia, es necesario armonizar y mejorar las rentas mínimas para dar solución a los problemas que antes he mencionado. La protección de las personas sin trabajo y en situación de vulnerabilidad incumbe tanto al Gobierno
de España como a las comunidades autónomas; en nuestra opinión, además de mejorar la cobertura por desempleo, es necesario establecer mecanismos de coordinación entre administraciones en orden a la instauración de garantías de rentas cuando se
agoten las prestaciones y subsidios por desempleo.



En otro orden de cosas, si la caída de la fecundidad es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones al no garantizar el reemplazo generacional -situación, en cualquier caso, es verdad, matizada por el
importante volumen de inmigración que ha recibido nuestro país en los últimos años-, creemos, y así lo hemos venido repitiendo desde 1994 en esta Comisión, que debe ponerse en marcha cuanto antes una política social coherente y seria de protección a
las familias que reduzca los costes directos, indirectos y de oportunidad de tener hijos para que estas puedan ejercer la libertad de tener los hijos que deseen.
Para UGT, la protección a la familia debe tener un doble objetivo: por un parte, la
compensación pública a las familias por los gastos que supone el cuidado de los hijos; por otra, hacer compatible el cuidado de los hijos con la actividad laboral de hombres y mujeres. En la medida en que las responsabilidades familiares son
asumidas fundamentalmente por las mujeres, ello se traduce en ausencia de servicios y del marco laboral y social adecuado, en una merma de las oportunidades para su promoción profesional, cuando no en el abandono definitivo o temporal del mercado de
trabajo, lo que implica también una merma en sus derechos de Seguridad Social. Si bien no ocultamos nuestra satisfacción por los avances que en estos últimos años se han producido en este ámbito, especialmente por medio de la Ley de Igualdad y
otras reformas en la Seguridad Social, es evidente que la protección a las familias en España sigue estando muy alejada de lo que es común en los países más avanzados de Europa.



En el ámbito de las pensiones, al reto demográfico se ha unido el de la crisis económica, con su corolario de reducción del empleo y, por tanto, de los ingresos por cotizaciones. La huella de la crisis sobre el mercado de trabajo es
profunda y todavía no conocemos cuál será la que deje en la protección social. En este difícil contexto, consideramos preocupante cualquier posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Resulta sumamente
contradictorio señalar, un día, el apoyo al sistema público de pensiones para, el día siguiente, socavar su base financiera mediante la propuesta de reducir las cotizaciones y los impuestos. Para asegurar la viabilidad financiera de la Seguridad
Social caben dos opciones: reducir la intensidad de sus prestaciones, que sería la consecuencia inexorable de reducir los ingresos, o incrementar los recursos. Rechazamos el planteamiento que sitúa las prioridades exclusivamente en la reducción de
la cuantía media de las pensiones.
Reiteramos nuestra propuesta de que se recupere la recomendación de 1995 del Pacto de Toledo de estudiar nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social, entre las que se encontraba aquella consistente en
aplicar una contribución universal sobre todas las rentas, a imagen de la contribución social generalizada francesa, destinada únicamente a la financiación de ciertas prestaciones sociales, impuesto que en ese país se aplica a la mayor parte de los
ingresos, sea cual fuere su naturaleza: rentas profesionales, pensiones y prestaciones sociales, ingresos no salariales de los trabajadores autónomos, ingresos patrimoniales y de inversión, entre otros. Sería una buena señal para la opinión
pública, indebidamente alarmada sobre la viabilidad de sus pensiones futuras, que de esta Comisión saliese el compromiso de analizar fuentes alternativas para incrementar los recursos. En UGT seguimos defendiendo que las pensiones públicas han de
contar con otras fuentes de financiación además de los ingresos por cotizaciones. Como sabrán, las aportaciones públicas a la financiación de la protección social en España son de las más bajas de la Unión Europea. Además, con cotizaciones se
siguen financiando prestaciones que en puridad deberían financiarse mediante recursos públicos. Me refiero en este caso en concreto a las bonificaciones al empleo que en 2007, por ejemplo, supusieron en torno a 3.500 millones de euros, el
equivalente a 1,3 puntos de cotización.



En lo relativo a las pensiones y las recomendaciones principales del Pacto de Toledo, paso a exponer algunos criterios de nuestra organización. En primer lugar,


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creemos necesario que para convalidar y reforzar el consenso social ha de darse satisfacción a aquellos aspectos del acuerdo de 2006 todavía no desarrollados, en concreto la integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el
régimen general y la reforma del régimen de empleados del hogar. Asimismo, deben abordarse aquellos compromisos relativos al procedimiento general para rebajar la edad de jubilación en sectores con mayor siniestralidad, así como las condiciones de
jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos y personal estatutario de los servicios de salud. En lo relativo a la edad de jubilación, este no es el mayor problema que tiene nuestro sistema de pensiones dado que por la fuerte
penalización de la jubilación anticipada la edad media de jubilación se sitúa en 63 años y 10 meses, muy por encima de muchos países europeos. Las propuestas de aumentar la edad legal de jubilación, es decir, trabajar más años para recibir la misma
pensión que en la actualidad, supondría en realidad una reducción adicional de las pensiones para aquellos asegurados que no puedan seguir trabajando a partir de una cierta edad, generalmente los peor situados en el mercado de trabajo. En nuestra
opinión, debe seguir fomentándose la prolongación voluntaria de la vida laboral y buscar otros mecanismos para incentivar que la edad media de jubilación se acerque más a los 65 años de edad, situando el eje de las políticas no en el trabajador sino
en las empresas, mediante el refuerzo de las políticas activas dirigidas a aumentar el empleo de los trabajadores de edad -quisiera recordar a SS.SS. que en nuestro país la tasa de empleo de los mayores de 55 años es más de 30 puntos inferior a la
media de la tasa de empleo de nuestro país-, mediante la mejora de sus condiciones de trabajo y la adecuación de los puestos de trabajo y mediante el reforzamiento de la protección contra el despido de estos colectivos y contra la discriminación por
razones de edad.



En relación con la revalorización de las pensiones, se debe recordar que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2003 se encontraba aquella de que las ganancias de poder adquisitivo que se deriven de una inflación real inferior
a la prevista se consoliden con carácter permanente. Dado el actual nivel de las pensiones mínimas, aunque notablemente superior al de hace algunos años, estas deben seguir mejorando con el fin de situarlas por encima del umbral de la pobreza. En
cuanto a las bases de cotización, a día de hoy el 24 por ciento de los afiliados, es decir, más de 4.200.000, cotizan por bases únicas y mínimas, los trabajadores agrarios y los empleados del hogar, o bien pueden elegir la base por la que cotizan,
los trabajadores autónomos, muy cercana a la base mínima de este régimen. Por tanto, debe seguir siendo un objetivo prioritario generar bases de cotización más amplias que redunden en unas mejores prestaciones. En el mismo orden de cosas, debe
replantearse la actualización de las bases máximas de cotización, cuando menos siguiendo los criterios fijados en el acuerdo de 2006 y, de ser posible, con mayor intensidad, ya que la no incorporación de los incrementos de productividad en la
actualización supone un menor esfuerzo contributivo por parte de las rentas más altas. Debe prestarse especial atención a los trabajadores peor situados en el mercado de trabajo con el fin de mejorar sus derechos futuros, especialmente los
trabajadores de mayor edad expulsados prematuramente del mercado de trabajo, así como aquellos otros con contratos precarios, concretamente los de tiempo parcial. A pesar de las mejoras incorporadas mediante el acuerdo de 13 de noviembre de 1998
sobre trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad, este tipo de contratos, del que más del 79 por ciento de los ocupados en esta modalidad son mujeres, está doblemente penalizado respecto a las prestaciones de la Seguridad Social por la
aplicación del principio de doble proporcionalidad, lógicamente, en la determinación de la base reguladora, al ser menores sus salarios, pero también en los periodos de carencia para el acceso a las prestaciones. Eso me lleva a una conclusión:
entendemos que la dimensión de género debe estar siempre presente en cuantas recomendaciones se puedan producir.



En relación con las pensiones complementarias, no conviene olvidar que su objetivo es complementar las prestaciones de un sistema público, obligatorio, general y solvente. Por razones diversas, el 82,4 por ciento de los partícipes en los
fondos de pensiones son de la modalidad individual, al idearse estas como un producto financiero utilizado más para obtener beneficios fiscales que como dispositivo de previsión para complementar la pensión futura. En nuestra opinión, debe
mejorarse el tratamiento de los sistemas colectivos frente a los individuales; potenciarse los instrumentos de ahorro finalista frente al ahorro generalista, y favorecerse las prestaciones que mejor se adapten a las del sistema público, es decir en
forma de renta, frente a las que permiten el consumo inmediato del ahorro generado. En definitiva, deben potenciarse los aspectos sociales frente a los meramente económicos. Para desarrollar estos criterios deben abordarse reformas normativas que
busquen la extensión de los sistemas complementarios de empleo a través de la negociación colectiva. También es necesario adaptar la gestión de los fondos comprometidos a las nuevas circunstancias de los mercados financieros, reorientando las
inversiones hacia activos más seguros y reformando los criterios de valoración para reducir los efectos de las fluctuaciones financieras. Desde el punto de vista del apoyo institucional, se deben reordenar los incentivos fiscales para potenciar los
instrumentos colectivos sobre los meramente individuales.



Aparte del reto demográfico y de la crisis, existe un reto más al que debemos prestar mayor atención, y no es otro que el cambio del modelo productivo, que los sindicatos nos hemos planteado como prioridad. Una sociedad como la española no
puede permitirse el actual volumen de desempleo, pero tampoco puede soportar un modelo laboral basado en la precariedad, en el cual uno de cada tres trabajadores tiene un contrato temporal, que


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hace del empleo la principal variable de ajuste del sistema económico, y con una proporción de bajos salarios muy superior al de nuestro entorno, lo que, además de enormemente injusto, es disfuncional para el sistema productivo y, por
añadidura, también para la Seguridad Social. Tampoco es admisible que, ante la actual situación de crisis, desde ciertos sectores se insista en las mismas recetas que han hecho del mercado laboral español uno de los más desregulados de Europa, como
lo demuestra el fuerte ritmo de destrucción de empleo.



Quiero concluir, tal y como empecé en mi intervención, con palabras de gratitud. En este caso gratitud hacia los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social que han hecho de esta una de las instituciones públicas mejor valoradas y
más eficientes y no solo de España.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Ana Pastor.



La señora PASTOR JULIÁN: Don Cándido Méndez, bienvenido a esta Comisión y muchas gracias por su intervención.



Yo voy a procurar, como usted, ser breve pero, teniendo la oportunidad de tenerle aquí, usted que representa a muchos trabajadores en nuestro país y sin ánimo de que yo sea la que dé hoy la explicación de lo que desde mi grupo político hemos
analizado y venimos proponiendo para las mejoras en el mercado laboral y, sobre todo, en el sistema de protección social, que no es el caso, sino lograr de usted más aportaciones a las que ya ha puesto sobre la mesa, me gustaría compartir con usted
y con SS.SS.
algunos comentarios a su intervención y algunas preguntas que me ha suscitado la misma. Uno de los asuntos que nos ha llevado al mayor grado de consenso en este país es que haya un pacto, como el Pacto de Toledo -que estamos todos
convencidos de que sigue vigente-, que ha logrado mayores cotas de bienestar en nuestro país, y soy una convencida de que no ha sido necesariamente un corsé lo que hemos tenido en el Pacto de Toledo. Como usted se ha referido a la Ley de Igualdad,
la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia y las pensiones mínimas, me gustaría preguntarle si no está de acuerdo con mi humilde opinión en que algunas de estas leyes que usted ha señalado no han sido corsé, pero no lo han sido porque
estamos ante leyes que han salido fuera del ámbito que estamos tratando en esta Comisión y que en este momento están en vigor con una financiación, o sin ella, que, a todas luces, es insuficiente.



Ha hablado de las reformas vinculadas a los acuerdos de 2006 y coincido con usted totalmente en la importancia que tuvieron esas reformas y la vinculación al origen del pacto, y desde luego estoy de acuerdo en el amplio consenso social que
ha sido tan beneficioso para todos y la legitimidad social que nos dio, como usted decía. Estamos ante un sistema de pensiones de reparto, que ha devenido en un sistema positivo para que la riqueza en nuestro país vaya de quien más tiene a quien
menos tiene, principio con el que estamos de acuerdo. También coincido en esa parte del análisis sobre la crisis financiera en la que estamos en este momento, que usted la ha definido en dos partes de su intervención; en un sitio ha dicho que es
coyuntural y en otro que ha ensombrecido.
Coyuntural y ensombrecer no son la misma cosa. Mi pregunta es: ¿Usted piensa que la crisis que está viviendo nuestro país, que no solo es financiera, sino que es económica, con más de 4 millones de
parados, no es solo coyuntural sino que está, además de ensombreciendo y oscureciendo, afectando al corazón -como dicen los modernos, al core- de nuestro sistema de protección social, entendiendo por él no solo el ámbito del empleo, de la prestación
por desempleo, de las pensiones, sino hablando, cómo no, de los grandes sistemas de protección social que, por acuerdo de todos, en el año 1999 desvinculamos las fuentes de financiación, que no son otros que el sistema sanitario y ahora el de
dependencia, que están en otro ámbito pero que, por cierto, cuando van bien las cosas se pueden financiar y cuando no van tan bien tendremos que pensar en alternativas?


Usted ha dicho que es positivo proponer reformas en este ámbito sobre todo de medio y largo plazo. Yo le preguntaría si usted no cree que tendríamos que proponer ya alguna de forma inmediata, con el acuerdo de todos, porque los datos que
tenemos no son nada optimistas. Usted ha hablado de que no hay riesgo de déficit a corto, que hay equilibrio presupuestario y que en ciclos a la baja tenemos el remanente que tiene el fondo de pensiones. Pero, ¿usted no cree que es ser muy
optimista pensar que nosotros en nuestro país, además de que estamos financiando complemento a mínimos, hemos aportado el 64 por ciento y todos los datos que usted ha dado, que además de ser objetivos han sido positivos, usted no cree que en este
momento, con la que está cayendo en términos de empleo, de envejecimiento de la población, que estamos incluso jubilando a gente muy joven y no dándole oportunidades, y con los datos de desempleo que tenemos en personas mayores de 50 y 55 años, no
nos tendríamos que plantear, no solo porque en este momento no tengamos déficit a corto y podamos tener equilibrio presupuestario para que en el momento que lo necesitemos tirar de él, algunas reformas que tienen que ver con que a medio y a largo no
tengamos problemas pero que hay que empezarlas a tomar ya, porque si no las tendremos a medio y a largo plazo?


Usted ha hablado de la familia. Coincido con usted en que en este momento nosotros tenemos uno de los sistemas de protección en términos cuantitativos y cualitativos de los menores de Europa, y coincido también en que hay que mejorar esas
prestaciones. Como organización que representan a muchos trabajadores, ¿nos podría decir alguna de las propuestas que van dirigidas a la mejora de las prestaciones en este momento? Ha hablado de cómo hacer compatible la vida laboral y familiar,
tema que nos importa mucho a todos, sobre todo a las mujeres, y de que a muchas mujeres se les expulsa del mercado laboral porque no es posible hacer compatible


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todo eso, y no le digo nada de la vida personal, que ya no existe para muchas mujeres en nuestro país, que lo tienen que abandonar casi todo.
Según los datos que tenemos, la familia en España está recibiendo prestaciones que, en muchos
casos, están ligadas al sistema de protección de la Seguridad Social y, en otros casos, están fuera del propio sistema de Seguridad Social, bien por ayudas directas o bien de las comunidades autónomas, y le pongo un ejemplo. Hay alguna comunidad
autónoma en la que una prestación consiste en que los medicamentos para niños de menos de 14 años sean financiados íntegramente. ¿Usted cree que a través de las ayudas a las familias, desde el ámbito de la protección de la Seguridad Social en
términos jurídicos, se deben abordar mejoras? Y, si es así, ¿qué tipo de mejoras y en qué ámbitos? Se lo pregunto porque tengo, no curiosidad -porque la curiosidad a estas alturas de la vida...-, sino interés legítimo por saber de qué tipo de
ayudas estamos hablando dentro de este ámbito de protección de la Seguridad Social.



Después ha hablado de las nuevas fuentes de financiación. Agradezco que haya sacado este tema porque es uno de los asuntos mollares, importantes, claves y, sobre todo, de planteamiento político. Cuando usted está hablando de nuevas fuentes
de financiación es porque debe tener dudas de cómo vamos a seguir adelante. Cuando uno se plantea nuevas fuentes puede ser por varios motivos, porque, desde el punto de vista cualitativo, uno quiera abordar o aproximarse a otras fuentes de
financiación, que, por cierto, no son otras que los Presupuestos Generales del Estado. Viene a ser lo de la pregunta anterior para la familia pero a la inversa. Esas fuentes alternativas, ¿cuáles son de los Presupuestos Generales del Estado? Con
el modelo de financiación autonómica que tenemos, ¿cómo plantearía abordarlo? Y si lo dice por lo que tiene de teórico o por lo conceptual actual, ya que estamos en una situación realmente preocupante con la pérdida de empleo y, sobre todo, con el
análisis cualitativo de cómo son las cotizaciones; o sea, cómo es la entrada al sistema, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del sistema.



También se ha referido en otra parte importante de su intervención a la integración de los trabajadores agrarios o de las empleadas del hogar, en lo que usted sabe que estamos totalmente de acuerdo. Ha hablado de la jubilación, que es
también uno de los temas capitales en nuestro sistema actual. Le hablaba antes de las entradas y ahora le hablo de las salidas.
Me gustaría saber cuál es su criterio y su opinión -además de plantear con un dato objetivo cuál es la edad de
jubilación que tienen los españoles- y qué planteamientos harían ustedes en este campo con respecto a una jubilación más flexible. Porque usted ha hablado, ciertamente -y me alegro además-, de la flexibilidad y ha dicho una cosa que es -no solo
porque la diga usted, que sabe que le tengo una gran simpatía- que decirle a la gente que se va más tarde en las mismas condiciones es a veces un poco complicado. La gente normalmente está dispuesta a dar más, pero si tiene algún retorno. Coincido
con usted porque aquí somos todos parecidos. Pero yo le preguntaría qué plantarían ustedes, por dónde deberíamos trabajar y llegar a acuerdos en este campo. Algunas cosas le he leído, pero ya sabe, debe ser de políticos y de sindicalistas de años
hablar de forma encriptada y, a veces, a algunos se les entiende un poquito menos o a lo mejor el desencriptador -que soy yo- entiende menos de lo que debería haber entendido cuando le escucha.



Ha hablado también de otro tema muy importante. En este sí que me he quedado yo encriptada del todo, porque no he sido capaz de descifrar su mensaje. Es en el tema de la revalorización de las pensiones. Me gustaría conocer, cuando está
hablando de la inflación real y estamos en un momento de deflación, cuál es su criterio, en el que seguro que coincidimos, pero por conocerlo. Con respecto al tema de la dimensión de género, le felicito por la parte que me toca. En este momento
tenemos gran preocupación por cómo siguen siendo las pensiones de las viudas -digo viudas, pero hay viudos, como todos conocemos, que tienen mi aprecio y afecto-. ¿Cómo son las pensiones de viudedad en este momento? ¿Cómo están y cómo abordarlo
desde el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y en el futuro? Por otro lado -y voy terminando ya-, se ha referido a todos los aspectos que tienen que ver con las reformas de la negociación colectiva. Seguro que usted, por falta de
tiempo, no nos ha dicho más. Nos hemos quedado en ascuas porque no sabemos qué podríamos recoger después en esta Comisión en el ámbito de los aspectos a mejorar, que son muchos, sin duda. Usted de esto sabe no mucho más que yo, sino infinitamente
más que yo de lo que nos puede aportar en este campo.



En cuanto al cambio de modelo productivo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ha descrito no el estado de la nación sino el estado del mercado laboral de nuestro país cuando ha dicho que tenemos un modelo que nos ha dado que 1 de cada 3
trabajadores sean temporales; cuando nos ha dicho que tenemos unos salarios bajos; cuando nos ha dicho que estamos en este momento con disfuncionalidades para la Seguridad Social -cuando dijo al principio de su exposición el ensombrecimiento-. A
lo largo de su intervención vamos viendo que hay muchas disfuncionalidades y que, desde luego, tenemos que abordar muchos y grandes problemas. Por eso, don Cándido Méndez, le agradezco mucho su intervención y espero que sea una de las muchas que
tengamos la oportunidad de escucharle. Pero lo que sí le diría es que en una situación en la que el envejecimiento de la población hace que seamos los que más vivimos después de los japoneses -nosotras, las mujeres, más; en algo teníamos que
mejorarles-; que tenemos unas cotizaciones con muchos contratos en precario; que tenemos una destrucción de empleo -mientras estamos hoy aquí se están destruyendo miles de puestos de trabajo-; que tenemos un descenso de la ratio
afiliación/pensionista importantísima y que estamos en una crisis económica de un gran impacto, me gustaría que cuando menos en


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esos cuatro ámbitos que le he señalado, si puede, nos aproxime alguna propuesta concreta en relación con las entradas y salidas a nuestra caja de la Seguridad Social. Algunos, o muchos, la llaman la caja de pensiones; yo la llamo la caja
de todos, la caja común, y esa caja tiene entradas y salidas. ¿Puede darnos propuestas en ese camino, con alguna concreción, de cómo mejorar las entradas y las salidas? Sólo hay mejores salidas si hay mejores entradas.



Gracias por su paciencia.



El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la comparecencia de don Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores y, además, hacerlo por su representatividad y autoridad en relación con
la materia, porque estamos tratando de una materia a la que contribuyen fundamentalmente trabajadores y empresarios y, por tanto, en la que tiene muchísimo que decir. Además, estoy convencido -y me grupo lo ha estado siempre- de que la labor del
Parlamento es en este caso complementaria, en el marco del Pacto de Toledo, de la labor que se realiza por parte de los agentes sociales y de los sindicatos en la concertación social. Es decir, nunca hemos considerado disminuido el papel de los
sindicatos por el papel legislativo del Parlamento, al igual que tampoco consideramos disminuido nuestro papel por el papel de los sindicatos y de la concertación social.
Eso me viene a plantear una reflexión que ha hecho el secretario general de
la Unión General de Trabajadores en el sentido de que, para dar más consistencia a nuestra labor en esta materia, sería bueno que se aclararan también esas fuentes públicas de financiación del sistema de Seguridad Social, por aquello de que quien
contribuye también tiene más autoridad en relación con la materia, aunque sea una materia legislativa de este Parlamento. Si además hubiera fuentes de financiación adicionales a la fuente de financiación de las cuotas, seguramente también el
sistema sería no solamente mucho más sólido -con lo sólido que es- sino que tendríamos también más autoridad, a veces, para esa dinámica complementaria entre el papel de los agentes sociales y el papel del Parlamento o de lo público.



Coincido con don Cándido Méndez en relación con la defensa del modelo público y de reparto; un modelo que, en mi opinión, si en algunos momentos es objeto de cuestionamiento queda engrandecido en estos momentos de crisis financiera
internacional, aunque solo sea por comparación con otros modelos que se han reformado muy recientemente y que ahora se ven obligados a buscar la garantía pública para volver al modelo público y de reparto. Me refiero en concreto a los recientes
modelos o reformas del modelo sueco, que ahora se ve con dificultades y recurre de nuevo al sistema público para recuperar el sentido del reparto y no de la capitalización.



En segundo lugar, estoy de acuerdo también respecto a la viabilidad y a la fortaleza de nuestro sistema. Si nos atenemos a las ratios, una fortaleza muy importante, y si nos atenemos al superávit, una fortaleza también en momentos de
dificultad o de crisis como los que vivimos. Por tanto, lo que llama la atención en estos momentos es el ataque al sistema de pensiones públicas, que no solamente proviene del ámbito más interesado en ese ataque, de quienes quieren entrar en ese
mercado, sino también desgraciadamente, y para mi grupo es especialmente doloroso, de los entornos del Gobierno o de las instituciones del Estado, que deberían ser prudentes, especialmente prudentes, respecto al sistema de pensiones. En esta
materia, por desgracia, no hemos logrado uno de los objetivos del Pacto de Toledo, que era alejar esta cuestión de la confrontación política. Podemos decir que en torno a la confrontación política respecto a la crisis y a la atribución de
responsabilidades respecto a la crisis ha entrado un nuevo factor, las pensiones y la Seguridad Social, y de alguna manera se ha menoscabado, se ha retrocedido con relación al Pacto de Toledo para mantener esta cuestión fuera de la confrontación
partidaria. Pero además tengo la impresión, tiene la impresión mi grupo parlamentario, de que se trata, como ha dicho don Cándido Méndez, de tapar los deficientes resultados, muy deficientes, que los fondos de pensiones privados han tenido en los
últimos tiempos, y resulta curioso también que los principales ataques al sistema público de pensiones se produzcan por parte de aquellos que tienen más intereses en los fondos privados y, por tanto, más responsabilidades en sus magros resultados,
en su situación en algunos casos delicada en esos fondos.



Yo quisiera abordar dos problemas de fondo que ha apuntado don Cándido Méndez, que no se valoran respecto a dar mayor solidez y mayor fortaleza a nuestro sistema de pensiones. Uno de ellos es nuestro modelo económico y nuestro modelo
laboral, es decir, en qué medida el cambio del modelo económico hacia un modelo más valorado o establecido en torno a criterios de eficiencia en organización, en investigación y también en calidad del empleo, puede suponer un modelo laboral mucho
más sólido y de calidad y garantizar también una más sólida situación del sistema de pensiones o una mejora sustancial del sistema de pensiones. Por otra parte, otra reflexión en relación con el modelo social en general -también se ha apuntado en
la cuestión de genero-, porque normalmente no se valora que nuestra pensión media contributiva es todavía el 65 por ciento aproximadamente de la pensión media contributiva de la Unión Europa y nuestra pensión media no contributiva no llega al 50 por
ciento de la pensión media no contributiva europea. Por tanto, nos queda un largo camino de convergencia en gasto social respecto a la Unión Europea. Por tanto, cuando se hacen estas reflexiones sobre el sistema de pensiones, deberían hacerse a la
luz también


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del modelo laboral que se desea, del modelo laboral por el que se trabaja, que en la medida en que mejore su calidad mejora también el sistema de Seguridad Social y el sistema de pensiones, y también del modelo social, que tiene impacto no
solamente en las condiciones de vida de los ciudadanos sino también en el propio modelo económico. En ese sentido -y pasando ya a los tres últimos temas-, nosotros estamos de acuerdo con el mantenimiento de las cotizaciones. Estamos convencidos de
que sería un mal mensaje, y en ese sentido hemos sido críticos con la utilización de las cotizaciones en muchas ocasiones para incentivar la economía. No estamos de acuerdo, creemos que es muy importante el mantenimiento de las cotizaciones en
nuestro actual sistema de la Seguridad Social. Estamos igualmente de acuerdo con que nuestra edad de jubilación efectiva es muy alta y, por tanto, no es en estos momentos un debate el incremento de la edad de jubilación, que además sería, como se
ha dicho, un incremento injusto. Todavía en nuestro país hay esperanzas de vida muy diferentes entre sectores económicos y sectores sociales, hasta diez años de diferencia de esperanza de vida en distintos sectores y, por otra parte, también
todavía queda un camino por recorrer en la separación de fuentes y en fuentes adicionales de financiación del sistema de Seguridad Social.



Terminaré refiriéndome a dos cuestiones. Una de ellas, desgraciadamente, no se ha aclarado en este debate sobre el estado de la Nación, yo espero que se aclare en próximas fechas, y es que en el marco de la concertación social sepamos dar
respuesta a la falta de cobertura de los desempleados que no tienen en estos momentos ninguna cobertura social. Creo que es un tema de la mayor importancia y eso, en nuestra opinión, como se ha dicho, se hace a través de la mejora de la prestación
por desempleo y eso se hace asimismo, en otros casos, con políticas de inserción y de formación y empleo que están en manos de las comunidades autónomas. Todas esas medidas son necesarias en momentos de crisis como los actuales y nos hubiera
gustado que eso se aclarase en este debate y esperamos que se aclare en próximas fechas.



Por otra parte, en cuanto a los sistemas complementarios, siempre ha sido por parte de mi grupo parlamentario un tema de enmienda y de propuesta buscar un sistema complementario que no sea únicamente una fuente de inversión, que vaya más
allá de esa fuente de inversión individualizada y que tenga que ver más con lo colectivo, con la negociación colectiva y mucho menos con inversiones y algunas veces con inversiones muy inseguras, como se está viendo en estos momentos en los fondos
de pensiones privados. Esas preocupaciones las hemos visto representadas en la exposición del secretario general de la UGT. Le agradezco su comparecencia en esta Cámara y quiero expresar nuestra coincidencia respecto a la viabilidad y a la
seguridad del sistema de pensiones, a la necesidad de transmitir confianza y no incertidumbre en relación con el sistema de Seguridad Social y también la coincidencia respecto a los retos de fondo que tiene nuestro sistema de Seguridad Social y más
allá del sistema de Seguridad Social nuestro sistema social.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Méndez, le saludo y le doy la bienvenida a esta Comisión. Ya sé que no es necesario porque usted y yo tenemos una luenga relación, que se puede convertir casi en compañerismo, privando al término de todo
tipo de connotaciones político-sindicales. Hemos discutido muchas veces sobre estas cuestiones y esto me permite hablar con usted con cierta desinhibición, si el presidente me lo permite, porque es un presidente particularmente tolerante para estas
cosas.



El señor PRESIDENTE: Se lo permito.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le voy a decir lo que me parece razonable de su intervención, que yo agradezco, porque ha sido particularmente ilustrativa y quizás lo que me pueda sorprender. En primer lugar, me ha sorprendido la ovación cerrada
del Grupo Socialista a una organización sindical que no forma parte de los usos y costumbres ni del parlamentarismo ni de las relaciones del parlamentarismo con los sindicatos ni de relaciones de los sindicatos con las instituciones públicas o
poderes públicos del Estado, donde parecen relativizarse un poco los paradigmas de contrapoder que han caracterizado siempre las organizaciones sindicales. No sé hasta qué punto nos estaríamos aproximando a esos que llamaba el profesor Persiani de
la Escuela de Bari -por cierto, una escuela dilecta para algunos miembros del Partido Socialista- paradigmas del sindicalismo, en tanto en cuanto son instituciones de contrapoder o deben tener un punto de institución de contrapoder y no de adhesión
a las políticas públicas articuladas por los poderes públicos del Estado. También puede deberse esa ovación a que su intervención ha sido particularmente brillante (Risas.), eso lo dejo a su capacidad de discernimiento. Pero yo no he visto en
ningún parlamento del mundo -y he conocido muchos y visto muchas comparecencias de organizaciones sindicales- que estas sean ovacionadas por los representantes de la soberanía popular. Esto es algo que se ve in audita parte, utilizando la expresión
jurídica. Cosas más extrañas veremos seguramente ahora, en los tiempos contemporáneos y todavía más extrañas en el futuro.



Dicho esto, don Cándido Méndez, ha puesto el dedo en la llaga en algunas de las cuestiones que a todos nos preocupan y le agradezco la sinceridad y, sobre todo, la honestidad y la ilustración en algunos casos que ha demostrado. En primer
lugar, ha hecho una referencia a los valores y ha puesto en valor la virtualidad del Pacto de Toledo. En esta legislatura sí; comparto su opinión absolutamente. Pero sabe lo que era en anteriores legislaturas


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el Pacto de Toledo; era una benemérita institución abocada a amortizar, diluir y hacer desaparecer, mediante procedimientos cuasiparanormales jurídica e institucionalmente, todas las iniciativas legislativas que eran objeto de toma en
consideración por la institución parlamentaria.
¿Por qué ha adquirido de repente una gran relevancia política ex post, de naturaleza sobrevenida? No sé si usted puede compartir este diagnóstico, porque la negociación entre interlocutores sociales,
las mesas de negociación, la capacidad de interlocución entre asociaciones empresariales, sindicales y de estas con el Gobierno en este momento sinceramente no existe o existe muy quebrantada o en términos muy relativos. Utilice la expresión que
quiera utilizar, pero no me podrá negar que no están en condiciones en este momento de consensuar prácticamente nada con la CEOE y la Cepyme -probablemente CCOO también, el señor Toxo lo dijo con meridiana claridad, digna de encomio-. Ambos, desde
una perspectiva y desde la simétricamente contraria, tienen con el Gobierno severas dificultades para consensuar las reformas estructurales.
Esta es una palabra que se ha cargado de connotaciones peyorativas cuando es una palabra técnicamente de
una corrección y de una pulcritud absoluta; las reformas estructurales que la estructura productiva y el mercado de trabajo necesitan. Además, aquí se hacen trampas dialécticas que usted conoce perfectamente. ¿Por qué se separa el mercado de
trabajo de estructura productiva? Pero si es lo mismo. ¿Cabe concebir una estructura productiva desvinculada de su mercado de trabajo? ¿O cabe concebir un mercado de trabajo desvinculado de la estructura productiva? ¿Y cabe incidir sobre la
estructura o el modelo de crecimiento sin afectar al mercado de trabajo? ¿O cabe afectar al mercado de trabajo sin articular un modelo de crecimiento ex novo? Los grandes profetas que en este momento comandan el mundo, en donde pueden estar entre
otros el presidente Obama y, no sé en qué lugar del ranking, el presidente Zapatero, lo preconizan sistemáticamente.



Usted sabe que no es verdad, que es todo lo mismo. El mercado de trabajo está tan incardinado en la estructura productiva como la estructura productiva depende del mercado de forma absolutamente indisociable.
Cuando se simplifican los
debates desde una perspectiva tramposa vinculando las reformas estructurales del mercado de trabajo al abaratamiento del despido, se están haciendo trampas en el solitario.
Sabe que las estructuras del mercado de trabajo no están vinculadas al
precio del despido, están vinculadas a muchas otras cosas. Quizás el precio del despido sea lo menos relevante, o de lo menos relevante, que hablar de servicios públicos de empleo; de formación profesional; del salario mínimo interprofesional;
del Iprem y de su vinculación a otro tipo de estructuras económicas como las pensiones o los incrementos salariales; de la estructura de la negociación colectiva; de la movilidad geográfica y funcional; de los ERE, cuando estos son pactados -que
yo no sé qué pinta la autoridad laboral autorizando ERE pactados entre organizaciones sindicales y organizaciones patronales-; de la transformación, muchas veces querida por algunos trabajadores, de contratos indefinidos en contratos temporales
porque esa es la única garantía para mantener su empleabilidad y, además, optan voluntariamente por ello, y de tantas y tantas otras cosas que están desvinculadas del precio del despido.



Lo que pasa es que cuando aquí se hacen trampas dialécticas de esta dimensión, vinculando las reformas estructurales del mercado de trabajo de la estructura productiva solo al precio del despido, a todos nos desubican, nos colocan en fuera
de juego colectivamente. Alguna reflexión sobre esto -usted que sabe de estas materias y que conoce perfectamente de lo que estoy hablando- más pormenorizada querría. Hemos tenido -no sé si lo ha seguido por la televisión- un debate del estado de
la Nación donde se ha producido una especie de identificación prácticamente petrificada entre reformas laborales y precio del despido provocada por el presidente del Gobierno (Varios señores diputados: No, no.), entre otros. Cuidado con estas
trampas dialécticas. La reforma laboral no es el precio del despido; la reforma laboral son muchas cosas y, sobre todo, el precio del despido es la menos relevante o de las menos relevantes. Aquí hay recomendaciones de la OCDE, del Fondo
Monetario Internacional y de las organizaciones transnacionales sindicales que preconizan cosas que en este momento parece que provocan un efecto de exorcismo automáticamente por parte de las organizaciones sindicales más representativas, y usted
dirige la más representativa del Estado; bueno, no sé si usted o CCOO, están más o menos a la par y se alternan en esta benemérita condición.
Alguna concreción menos rituaria y menos vinculada a lo políticamente correcto o a lo sindicalmente
correcto, sí me gustaría escuchar por su parte.



Siguiendo con las cuestiones que nos preocupan, ha hecho una reflexión muy cualificada -no sé por qué la ha hecho- que me interesa mucho sobre la reforma de la contingencia de viudedad acometida por la Ley 40/2007, sobre todo en relación con
las parejas de hecho. Si le parece bien y al sindicado que representa le parece bien, no me alegro; honestamente se lo tengo que decir, no me alegro porque, entre otras cosas, se coloca en una posición de manifiesta discriminación en esta ley a
las parejas de hecho frente a las uniones matrimoniales en relación con el acceso a la pensión de viudedad, mediante elementos de acreditación de la circunstancia de la convivencia que, entre cosas, consisten en aberraciones de la magnitud de
acreditar el alumbramiento de hijos en común. Me sorprendería mucho que a un sindicato como el que representa le parecieran correctas estas determinaciones. Sucede lo mismo con la exigencia de que las parejas de hecho se tengan que inscribir en
los registros públicos de parejas de hecho y no puedan acreditar su relación de convivencia mediante cualquier otro medio de prueba existente en derecho, y tantas otras. Pero, bueno, como usted lo ha comentado yo se lo gloso


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porque, entre otras cosas, hemos presentado una proposición no de ley para intentar remover las injusticias, las desigualdades y discriminaciones que afectan al acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho frente a las uniones
matrimoniales.



Ha hablado del efecto pánico que algunas declaraciones de algunos portavoces políticos están realizando. Este otro elemento anfibológico -permítame que utilice esa expresión- que se utiliza contra los que criticamos cualquier cosa, es
decir, aquí se dice cualquier reflexión de naturaleza crítica -aunque sea críticamente leve o marginal- y automáticamente a unos se les califica de antipatriotas, a los otros de alarmistas, a otros de generadores de pánico. A usted qué le parece,
sin crear pánico -cosa que no le deseo a usted ni a nadie-, que la Seguridad Social haya perdido 1.300.000 afiliados en el último ejercicio económico.
Sobre todo, ya que está aquí para ilustrarnos sobre estos pormenores, ilústrenos también sobre
qué elementos necesitamos, desde la organización sindical tan relevante que representa -a la que sabe que respeto y a usted personalmente también-, para evitar esta sangría que resulta en particular lesiva para el sostenimiento financiero del
sistema. Y perdón, señor presidente, no quiero alarmar, a ver si estoy creando pánico de forma innecesaria y antipatriótica incluso; yo no diría antipatriótica y vasca, diría antipatriótica española. Quiero que se me entienda bien y no se me
desfiguren las reflexiones que estoy haciendo. Son 1.300.000 las pérdidas de afiliados del sistema público de pensiones.



¿No hemos quedado en que estamos en un sistema público que se genera mediante la existencia de personas que reciben prestaciones, prestatarios -se llaman personas en situación pasiva, que es una expresión que a mí particularmente no me
resulta placentera-, y personas que cotizan y financian, pero estas además cada vez son menos en tanto en cuanto el desempleo está creciendo espectacularmente? Ya le adelanto que algún día voy a pedir su comparecencia también para hablar de los
problemas del desempleo, porque honestamente le digo que su opinión nos parece relevante.



Los datos del último trimestre de la EPA nos preocupan. Sé que le preocupan a usted porque he leído declaraciones públicas suyas, y yo no sé quién ha dicho que nuestro sistema no es de reparto, que no sigue siéndolo y en este momento
alguien está preconizando la creación o la sustitución del sistema de reparto por sistemas de capitalización.
Conozco dos sistemas de capitalización, señor presidente. Si alguien conoce más, ya me gustaría que me los glosara. Yo conozco el de
Singapur y el de Chile, los dos en periodo de tránsito hacia un sistema mixto de reparto y de capitalización. Hay sistemas de complementación del sistema de reparto con sistemas de capitalización privada en muchos países, también en el nuestro. Me
gustaría saber si usted también comparte ciertas reflexiones vinculadas a la estigmatización de los planes y fondos de pensiones o entidades de previsión social voluntaria. ¿Por qué? Porque estigmatizar esto es estigmatizar la recomendación
decimocuarta del Pacto de Toledo suscrita por todos los que estamos aquí presentes, que piden a los poderes públicos del Estado que potencien los sistemas complementarios libres o privados de Seguridad Social. Que yo sepa son fundamentalmente dos,
fondos de pensiones y acciones de previsión social voluntaria.



Yo también preconizo lo que usted decía, las de empleo. Me gustan las de empleo, no me gustan las privadas; ahora, yo no me considero legitimado para decir a un ciudadano que no destine su capacidad de ahorro a ubicarla en un sistema de
capitalización complementario de la Seguridad Social de los que ofertan las entidades de crédito o de seguros. No sé si alguien tiene legitimidad para hacer una recomendación o una invocación de esta naturaleza, pero el artículo 41 de la
Constitución establece o utiliza dos locuciones: estos sistemas serán complementarios y serán libres. (Rumores.) Ya sé que estas reflexiones, que son de constitucionalidad, provocan aquí murmullos y miradas un tanto atónitas.
Me he leído -se lo
aseguro y usted me conoce- la jurisprudencia constitucional que desarrolla el contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la Constitución. Si estoy diciendo algo incorrecto, usted me lo podrá reprochar y además se lo agradeceré, porque invocar
la Constitución, además un partido al que no se le considera particularmente constitucionalista, resulta chocante, señor presidente, pero son cosas de la vida y circunstancias contingentes que no sé a qué se deben, o las intuyo; sí puedo saber a
qué se deben.



Otra reflexión -y voy acabando, señor presidente- que ha hecho y que me parece muy pertinente es la protección de las personas que han agotado la prestación y el subsidio de desempleo. Estamos hablando de un 1.010.000 personas, y
seguramente el mes que viene más, y el siguiente más, y el siguiente van a ser más. ¿Cuándo van a dejar de ser más? Usted no lo sabe y yo tampoco y nadie de los que va a hablar a continuación lo sabe tampoco. Hay que recurrir a procedimientos
paranormales. Si hay algún adivino o quiromántico, seguramente nos lo podrá glosar. (Risas.) Nadie lo sabe en este momento. ¿Qué fórmula preconiza usted para proteger a estas personas a las que la Constitución española en su artículo 41 les
otorga la condición o el derecho subjetivo, porque es un derecho subjetivo el derecho a la protección, a una cuantía determinada de prestación, de ser protegidos? Es el contenido esencial del artículo 41.
Aquí se ha hablado de eso pero con tales
perífrasis que es imposible, aunque se recurra a la hermenéutica más fina, adivinar qué es lo que se quiere hacer, buscar una especie de complementación o de prolongación de esta protección a través de los servicios sociales de las comunidades
autónomas. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la Administración Central del Estado y algunos sindicatos estatales? ¿No es tan celosa la Administración Central del Estado en relación con el ejercicio de su competencia de gestión del régimen económico de


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la Seguridad Social como para ahora endosar esta responsabilidad, prescindir de esta competencia sacrosanta que reclaman pertinentemente para sí misma en virtud del concepto de caja única que la jurisprudencia constitucional ha ido
consagrando de forma perversa en su interpretación, luego en derecho positivo, para que ahora ya se prescinda de estos principios tan esencialistas en cuanto quiere ser competente para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y se
endosen competencias a las comunidades autónomas? ¿No sería mejor, si tan saneado está el régimen económico de la Seguridad Social, que fuera el Estado el que duplicara la duración del tiempo de la prestación de desempleo y de la subvención de
desempleo? ¿O es que la competencia ya no es del Estado? ¿O no es tan seguro que la competencia sea del Estado? ¿O tras el Real Decreto legislativo 1/1994 ya no es el Estado el que realiza prestaciones que están ubicadas solo desde esta fecha en
el régimen económico de la Seguridad Social, en el régimen de pensiones? ¿Ahora por qué tienen que ser las comunidades autónomas, si a las comunidades autónomas se les ha negado el pan y la sal en materia de gestión de régimen económico de la
Seguridad Social? ¿Ahora todos somos confederales de forma sobrevenida, o es que ahora creemos en la independencia o en el federalismo asimétrico o simétrico? Si tan saneado como el ministro de Trabajo dice que está el sistema público de
pensiones, hay dinero para duplicar la duración de la prestación de desempleo que establece el artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, y hay dinero para duplicar la duración de la subvención de desempleo que prevé el artículo 212 de
la Ley General de Seguridad Social. ¿O es que ahora nos van a reconocer a las comunidades autónomas -por cierto, cuyos estatutos de autonomía nos la reconocen- la competencia para proteger a estos colectivos? Me sorprendería mucho. He estado
luchando por esta competencia desde que estoy aquí, hace muchos años; tantos como usted en el sindicato no, más incluso. Siempre se me ha dicho que no, y ahora se me regala. ¿Estas disfunciones y estas paradojas a qué se pueden deber? Me
gustaría una reflexión por su parte sobre esta cuestión.



En cuanto al dato demográfico, comparto sus opiniones y sus reflexiones vinculadas a la pertinencia de las políticas familiaristas, pero son ex novo también. Yo no he oído nunca en las organizaciones sindicales que sean particularmente
apologetas de las políticas familiaristas, ni siquiera a la izquierda sociológica del país donde se dan las políticas familiaristas -acabo ya, señor presidente- se le atribuía una especie de vitola conservadora que los países escandinavos, -las
socialdemocracias que gobernaban estos países- estaban practicando desde la década de los treinta y de los cuarenta. No, aquí era conservadora, aquí cuando se advino a la transición democrática española esto era cuestión de personas vinculadas a
organizaciones religiosas. Ahora todos preconizamos la bondad de las políticas familiaristas, pero ¿cuáles tienen que ser? Me gustaría que alguna previsión sobre la más importante en mi opinión, que es la conciliación de la vida laboral y
familiar.



Por último -y con esto acabo de verdad, señor presidente-, usted ha hablado de una recomendación que yo compartí en el año 1995 en el Pacto de Toledo, que es la de la creación de algún tipo de exacción nueva para la financiación cuya
naturaleza no se pudo o no se quiso determinar. No sé si estamos hablando de una exacción de naturaleza parafiscal, no sé si estamos hablando de una cotización de Seguridad Social privada complementaria o pública complementaria, no sé si estamos
hablando de algo que genere recursos para el sistema pero que, en definitiva, no quebrante tampoco los equilibrios financieros con los que debemos trabajar los que tenemos responsabilidades políticas.



Señor Méndez, estas son las preguntas que me gustaría hacerle, no sin felicitarle por la valentía, por la sinceridad y sobre todo por la lucidez que caracterizan siempre sus reflexiones políticas, lo cual -y se lo voy a decir con toda
honestidad y con el permiso también del señor presidente- puede constituir un verdadero espejo en el que mirarse para muchos responsables políticos y algunos de ellos ubicados en esta Cámara también. (La señora López i Chamosa: ¡Muy bien!-El señor
Olabarría Muñoz: Sí, pero tú has estado hablando sin parar mientras yo intervenía.)


El señor PRESIDENTE: Don Emilio, es un placer.



Señor Campuzano tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He de empezar excusándome con el señor Méndez. He llegado tarde a su intervención y no la he podido escuchar.
Los ecos de mis colegas -la señora Pastor, el señor Llamazares, el señor Olabarría- me han
indicado las cuestiones que usted ha planteado y eso me va a permitir plantearle también por mi parte algunas reflexiones y algunas preguntas.



Me gustaría también felicitarle por su recientísima reelección como secretario general de la Unión General de Trabajadores y desearle éxitos en esta nueva etapa. Asimismo quiero felicitar al señor Monell, que no sé si está participando de
esta Comisión, al final de la sala, por su nueva responsabilidad en la UGT a nivel confederal. Su sindicato ha hecho una buena elección con esa -me atrevería a decir- promoción del señor Monell en su organización. Dicho esto, más allá del ruido de
estas semanas hay tres elementos que debemos valorar y que no son menores. Si uno levanta la cabeza y observa cómo se han producido los debates y las aproximaciones en materia de pensiones en el resto de Europa, estos deberían darnos más motivos de
tranquilidad que motivos de preocupación.



Uno es la existencia del Pacto de Toledo. Es muy obvio y lo expresamos siempre en esta Comisión, pero en el debate de ayer parecía como si en España hubiese alguien que estuviese cuestionando el sistema público


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de pensiones. No me consta que en esta Cámara ningún grupo cuestione el sistema público de pensiones. No hay un debate abierto como quizá sí existía en los primeros noventa sobre los límites, las insuficiencias y los riesgos de los
sistemas públicos de reparto. Precisamente el Pacto de Toledo de 1995 se fundamenta en la defensa del sistema público de pensiones. Partimos de ese consenso principal y enorme. Eso nos debería permitir a todos -a los grupos políticos, a los
agentes sociales, al presidente del Gobierno, a los medios de comunicación- abordar el debate con tranquilidad. Todos coincidimos en las virtudes y en las necesidades del sistema público de reparto.



En segundo lugar, y esto forma parte también del Pacto de Toledo, el mantenimiento de un sistema público de pensiones exige reformas. Es lo que se ha hecho en el año 1995, en los sucesivos acuerdos sociales que se han producido desde el año
1995 y en las sucesivas reformas legales que se han producido desde el año 1995. La esencia del Pacto de Toledo es la defensa del sistema público de pensiones y las reformas para garantizar el sistema público de pensiones. Quizá unos pongamos el
acento en unas medidas y otros en otras, y va a ser legítimo que cada uno exprese sus posiciones. Unos van a defender más los intereses de un sector de la sociedad y otros pondrán el acento en otros intereses de otro sector de la sociedad, pero
precisamente el Pacto de Toledo pretende equilibrar esas posiciones en la defensa de un sistema de protección social frente a la cuestión del envejecimiento. Por tanto, démosle ese valor y démonos cuenta de que, más allá de la expresión de
diferencias que son pequeñas, en el fondo compartimos mucho más que aquello que nos separa. A no ser que pretendamos volver a antes del debate de 1995, cuando se ponía en riesgo el sistema de pensiones en función de quien podía gobernar. No nos
interesa volver a antes del año 1995. Eso quiere decir que las reformas también forman parte de este consenso. Ustedes no han participado, si no recuerdo mal, en esos acuerdos, pero me parece que tampoco los cuestionan. Desde el año 1995 hasta
ahora se han impulsado una serie de reformas que han ayudado a la sostenibilidad del sistema.



¿Riesgo que tenemos en la renovación de esta legislatura del Pacto de Toledo? Un riesgo muy claro, que se nos mezcle el debate sobre la crisis económica y la coyuntura sobre las reformas en el medio y largo plazo.
Esta Comisión de hoy ya
esta siendo un ejemplo de eso, y yo voy a caer también en alguna consideración en esas contradicciones, porque la situación del mercado de trabajo es la que es, la reflexión de qué medidas debemos impulsar para garantizar la legalidad de las
empresas abre la discusión sobre el papel que juegan las cotizaciones sociales, desde el punto de vista de las capacidades del sector productivo de resistir la crisis, etcétera. Hagamos ese esfuerzo de diferenciar el debate vinculado a la crisis
del debate vinculado a la renovación del Pacto de Toledo, porque si no difícilmente vamos a entendernos. Por tanto, confianza en el Pacto de Toledo, confianza en que todos compartimos la defensa del sistema público de pensiones y confianza en que
todos compartimos la necesidad de que haya reformas.



Hay algunas cuestiones para concretar. Leeré con mucha atención el 'Diario de Sesiones', pero quizás le planteo alguna cuestión que usted ya ha expresado. El aspecto central es cómo abordamos la gestión de la edad de la jubilación si
estamos convencidos de que lo que nuestro sistema público de pensiones necesita es que haya más personas de 64, 65, 66 y 67 años incorporadas al mercado de trabajo. Porque más allá de la coyuntura actual sabemos que el principal riesgo de todos los
sistemas públicos de reparto es precisamente el envejecimiento de la población, con las características especiales que tiene la pirámide demográfica española, y en la que en el corto y en el medio plazo no toda la sustitución de los trabajadores que
abandonan el mercado de trabajo por razones de edad va a poder depender de la inmigración, y sabiendo, además, que los efectos de las políticas de natalidad tienen efecto en el medio plazo. Los niños que se hagan hoy no van a incorporarse al
mercado de trabajo hasta dentro de 20 o 25 años. Por tanto, un aspecto fundamental es cómo movilizamos más personas en el mercado de trabajo. Eso, en mayo del año 2009 -suena, iba a decir irónico, pero no es la palabra- podría sonar dramático,
pero si somos capaces de superar esta crisis sabemos que nuestra pirámide demográfica va a necesitar que haya más gente de 65 años trabajando. A nuestro entender, ese es el principio. A partir de ahí, discutamos si hay sectores profesionales que
quizás merezcan algún tratamiento especial.



Esta mañana he estado en Barcelona -cosas que te comprometes a hacer- en una asociación que trabaja con personas con inteligencia límite y personas con discapacidad intelectual que te plantean los problemas derivados del deterioro físico de
discapacitados intelectuales a partir de los 55 años, y que sus carreras de cotización cortas no se ven beneficiadas de una pensión de carácter contributivo a pesar de su esfuerzo, del esfuerzo de sus familias, y de los sitios donde trabajan.

Abordemos esas discusiones, pero partamos del principio de que necesitamos más ayuda de la que existe ahora en función de nuestra pirámide demográfica, más gente trabajando en las franjas maduras de edad. Eso plantea un reto enorme a las empresas y
a los sindicatos. La segunda consideración que quería hacerle aparecía en el debate. Usted va a comparecer dentro de pocas semanas en la Comisión que está aquí al lado reunida, que es la Comisión de Trabajo e Inmigración, precisamente para
discutir sobre el real decreto que estamos tramitando como proyecto de ley de medidas laborales, que la Cámara convalidó y decidió tramitar como proyecto de ley hace pocos días. Pero la cuestión es el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo.
Es evidente que tenemos un mercado de trabajo terriblemente segmentado y, por tanto, con muchas personas. Si avanzásemos hacia una mayor contributividad del sistema público en el cálculo de la pensión, con carreras laborales


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muy irregulares, con entradas y salidas, con contratos temporales, con contratos a tiempo parcial, con empleos con poca remuneración, etcétera, todo eso configuraría unas pensiones futuras no demasiado buenas. (El señor vicepresidente,
Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.) No son trabajadores hombres que han trabajado toda la vida en la fábrica, con carreras laborales construidas desde abajo hasta arriba. Nuestro mercado de trabajo es otro. Y ahí, junto con las
discusiones que se van a abrir en los próximos meses, y algunas que aparecieron en el debate de ayer, ¿es nuestro modelo productivo el que explica esa precariedad?, ¿es nuestro sistema de relaciones laborales el que explica esa precariedad? Yo
estoy convencido de que son las dos cosas: el sistema productivo y el sistema de relaciones laborales.



Mi grupo quiere preguntarle si usted entiende que la actual configuración legal del seguro de desempleo, de las políticas activas de empleo, del funcionamiento de los servicios públicos de empleo, etcétera, está suficientemente bien
orientado para permitir que esos trabajadores con empleos precarios, con poca formación, que van cambiando de empleo a lo largo de su vida puedan, en esos periodos de cambio y transición, ver mejorada su empleabilidad como garantía futura de mejorar
sus propios empleos. Mi convicción es que nuestro actual sistema de seguro de desempleo, de servicios públicos de empleo, de políticas activas de empleo no ayuda a eso. Vamos a ver ahora -y ahí entro en la coyuntura- con esa mayoría de personas
que pierden el empleo, con educación primaria, cómo somos capaces en esos periodos de desempleo de formarles para que puedan incorporarse a empleos productivos que mejoren sus propias pensiones. Esta me parece una cuestión absolutamente esencial.



Tercera cuestión que me parece muy relevante, que el señor Olabarría con mucho acierto ha recordado. No podemos tampoco caer en la simplificación de descalificar los sistemas complementarios, ni a los de carácter colectivo evidentemente,
que han sido impulsados en el marco de la negociación colectiva por los sindicatos, pero tampoco a los sistemas individuales de pensiones privadas, entre otras cosas quizá porque uno de los problemas que tenemos es un débil ahorro privado. Esta
economía, y en general muchas de las economías europeas, necesitarían un mayor ahorro privado. Que la gente pueda ahorrar para su pensión y que ese ahorro tenga una orientación que nos haga depender menos del ahorro exterior sería una buena
política, desde un punto de vista macroeconómico, diría yo. Seamos capaces también de pacificar la discusión sobre el papel que tienen los sistemas complementarios. Si uno observa en el resto de Europa la relación entre pensión pública, pensión
derivada de acuerdo colectivo, o pensión privada vemos que tenemos un camino muy importante para recorrer. No es cuestión de derechas ni de izquierdas; es cuestión de reglas del juego, que quizá eviten lo que está pasando en Suecia, pero que
también permitan, como en Suecia, que no tan solo los ricos puedan construir su propio sistema de capitalización, sino el conjunto de los trabajadores. Discutamos sobre qué reglas pueden evitar lo que ha sucedido en Suecia. Hay que hacer ese
esfuerzo de pacificación.



Finalmente, y termino, quiero señalar dos últimas cuestiones, señor presidente. Una, nos gustaría conocer su opinión sobre la necesidad de reformar la pensión de viudedad. Usted sabe que la Cámara está tramitando una proposición de ley
sobre esta materia. Yo soy optimista respecto a la capacidad que podemos tener todos los grupos parlamentarios de ponernos de acuerdo en esta legislatura en una reforma integral de la pensión de viudedad. Ahí le pido también el apoyo y el
compromiso de la UGT para hacer posible en esta legislatura esa reforma, que afecta a la pobreza en el colectivo de mujeres mayores que viven solas.



Al hilo de esta cuestión, también le hago una última reflexión que le quería trasladar, y es nuestra preocupación sobre las cuestiones vinculadas a la pobreza infantil. En España, como en otras muchas sociedades europeas, parte de los
núcleos de pobreza se concentran en familias con niños pequeños, especialmente en mujeres que viven solas, y a veces en los debates sobre nuestro sistema de protección social esa dimensión de la pobreza infantil la tenemos muy poco considerada. Es
evidente que un niño en un hogar en condiciones de pobreza es un niño que va a tener más dificultades para, en la construcción de su proyecto vital, alcanzar las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos.
Nuestro sistema de protección
social, sobre esa dimensión de la pobreza infantil, debería ser capaz de prestarle más atención.



Quiero disculparme de nuevo por mi ausencia al inicio de esta sesión, y deseo reiterarle como siempre el reconocimiento de Convergència i Unió a la UGT en el campo de las relaciones laborales y del sistema de protección social. Las
aportaciones que ustedes han hecho en estos treinta años en la construcción del progreso colectivo es indiscutible, y Convergència i Unió siempre que tiene ocasión lo quiere recordar.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra la señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, permítame, señor secretario general de UGT, amigo y compañero Cándido, darle la bienvenida en nombre del Grupo Socialista. Siempre que usted ha venido aquí he querido intervenir en su
comparecencia, pero por circunstancias o casualidades de la vida nunca me ha tocado, porque mi compañero y amigo Griñán decía: no, no, la de Cándido la hago yo. Pues bien, he cogido la última, me he puesto a leer, y he comprobado que faltan diez
días para que lleve usted ocho años sin comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo. ¡Fíjese si ha pasado el tiempo y han pasado cosas! A veces en esta Comisión cuando contestas a alguien generas el derecho a réplica, y tengo que decir que yo voy
a contestar al aire y al 'Diario de Sesiones' y, como aquel, el que quiera coger


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alguna cosa que la coja, y el que no que se quede en el 'Diario de Sesiones'.



Comparto con ustedes y con todos los que han intervenido anteriormente que el Pacto de Toledo es el acuerdo más importante de nuestra democracia o el que hemos sabido mantener por más tiempo sin ningún tipo de avatar.
Hemos de reconocer que
la primera gran dificultad se presentó en 2003, ya que había que ver cómo se comportaba el partido que lo había hecho cuando estaba en el Gobierno, y ahora le tocaba revisarlo en la oposición.
Tuvimos nuestro debate, pero la sensatez nos hizo
valorar el Pacto de Toledo, y no solo contribuir con las recomendaciones, sino también estar de acuerdo en aquel consenso. En esta ocasión la renovación del Pacto de Toledo tiene dos retos fundamentales y dos muros que saltar. Uno es -estoy
totalmente de acuerdo con usted- que no podemos vincular la renovación del Pacto de Toledo a la situación actual, porque en nuestro sistema de protección, la Seguridad Social, los problemas no son para hoy ni para mañana, sino que son a futuro, y
por eso el objetivo del Pacto de Toledo era hacer reformas continuas cada cinco años. ¿Con qué efectos? A efectos de que sean reformas asumibles por los ciudadanos, reformas que no den saltos en el vacío y que podamos seguir todos adelante. Ahí
está el reto: cómo podemos hacer esas reformas pensando en el futuro, y no en el 2010 o en el 2012, sino más adelante, y que sean reformas en las que encontremos el punto en el que todos como mínimo nos podamos sentir cómodos. Otro reto que tiene
este Pacto de Toledo es el que tuvo en 2003, pero al revés. En 2003 la tentación era del Partido Socialista, si realmente acordaba el Pacto de Toledo, que se puede entender que esto siempre beneficia más al partido que está en el Gobierno.
Nosotros decidimos que la responsabilidad estaba por encima, y ahora ese mismo reto lo tiene el Partido Popular. De momento todos vamos en la buena dirección y decimos que queremos seguir manteniendo el Pacto de Toledo.
(El señor presidente ocupa
la Presidencia.) Ahora bien, cuando hay alguien que dice que el Pacto de Toledo ha cogido valor en esta legislatura, pero no en la pasada, es por una sencilla razón: en la legislatura pasada no teníamos que revisar nada del Pacto de Toledo, porque
se había revisado en el 2003, y en ese momento eran los agentes sociales y el Gobierno los que tenían que desarrollarlo. Y es a partir de 2008 cuando hay que volver a trabajar sobre ello. Fíjese que usted compareció el 23 de mayo de 2001, y
acordamos y pudimos votar las recomendaciones el 3 de octubre de 2003, o sea, más de dos años después; quiere eso decir que nos tomamos nuestro tiempo. Por eso espero y deseo que en esta ocasión transcurra menos tiempo, y que realmente podamos
abstraernos de la situación de crisis que hay en estos momentos.



Quería hacer una reflexión. Cuando alguien dice que la reforma laboral solo se tiene que limitar a la rebaja del despido, no es así, pero es que el documento que ha registrado en esta Cámara la CEOE, los empresarios de este país, la
patronal, solo habla de eso. Si además hay otra gente que habla de reforma laboral -reforma laboral, reformas estructurales-, pero no nos dice exactamente qué, yo solo tengo que tener en cuenta que la reforma planteada en este país de momento es la
propuesta de la CEOE, y esa propuesta significa nuevo contrato y rebaja del despido fijo, del despido fijo, y ya tendríamos que partir de que es difícil más flexibilidad de la que tenemos.



Yo siempre digo que en este país en los años ochenta se decía que el problema del paro se debía a que era muy rígida la entrada al mercado de trabajo; flexibilizamos la entrada al mercado de trabajo -que se puede entrar por una hora-, y
ahora sigue siendo rígido el mercado de trabajo por la salida. Pero, ¿por qué salida? Por la salida de que no haya ningún motivo de despido, porque si tienes contrato temporal -el 33 por ciento de la población- te vas a la calle, como se están
yendo, sin nada, sin apenas indemnización. Si estás en una empresa y se abre un expediente, salvo que estés en una gran empresa, te vas con veinte o veintidós días.
¿Qué tipo de despido es el que le duele a la patronal? El del empleo estable cuyo
despido no puede justificar, porque no tiene ningún motivo, es decir, ni tiene problemas económicos ni tiene problemas organizativos ni tiene problemas de ningún tipo, ni siquiera tecnológicos; le gustaría echar a ese personal porque le cuesta más
que si contrata a alguien a tiempo parcial. Pues bien, ahí tenemos que decir con absoluta rotundidad que no compartimos que haya que cambiar eso. En los despidos que ha habido en los últimos años, ese millón largo de personas que han ido al paro,
estamos hablando de una media de indemnización de diecinueve días, ¿qué más queremos rebajar? Por consiguiente, cuando hablemos de reformas estructurales y digamos que no es solo el despido, creo que tenemos que empezar a decir cuáles son las que
queremos, porque si no en esta Cámara solo conocemos la propuesta de la CEOE.



Hablamos de jubilación. Nosotros compartimos que la jubilación no se puede alargar en el tiempo; no podemos permitir que se alargue la jubilación obligatoria. Ahora bien, hay que trabajar con el elemento de que la jubilación sea flexible.
¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos una fórmula para aquellos colectivos para los que realmente no es posible que sigan trabajando a los 65 años -lo que hemos hecho con los bomberos, lo que habremos de hacer con los policías, y lo que hemos
de hacer por ejemplo con los de la construcción o con los transportistas-, y hemos de incentivar que la gente permanezca en el trabajo. Pero también hemos de hacer una reflexión importante. Los que estamos aquí, que somos quienes estamos
reflexionando sobre estos temas, somos gente con un empleo, aunque sea temporal, de bastante calidad y somos nosotros, que tenemos una realidad bastante estable, quienes hemos de buscar una fórmula para decirle a aquel trabajador, que a lo mejor
trabaja desde los 14 años o antes, que lleva ya a lo mejor 38 ó 40 años de cotización, que se


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quede trabajando, y ese es el problema. Seguramente dentro de veinte años hablar de que la jubilación no sea a los 65 años será normal, porque a lo mejor a los jóvenes que hoy tienen 20 ó 30 años, cuando ingresen a trabajar ya les resultará
normal que las expectativas de vida sean más altas, y por tanto será normal. Por lo tanto, como el Pacto de Toledo es hacer posible aquello que es posible, hoy no es posible que la sociedad española, que el mundo, que el mercado de trabajo, que los
trabajadores entiendan que tienen que trabajar más allá de los 65 años. Pero hay otras formas y reformas. Además la ventaja que tiene el Pacto de Toledo es que si primero está el acuerdo político, y este es ya no digo de todos los grupos, pero
sigue siendo del Partido Popular y el Grupo Socialista fundamentalmente, que son los dos partidos de alternancia en el Gobierno, CIU y alguno más, cualquier reforma que planteemos, si luego es refrendada por los agentes sociales, la sociedad no
tendrá ningún problema en asumirla, porque es el conjunto de la sociedad el que está recomendando esas reformas. Por lo tanto no tendríamos que plantear ningún problema en eso.



Los planes complementarios. Yo comparto con usted que los planes privados debían sobre todo fomentarlos los colectivos, a través de la negociación colectiva, pero también -esto lo entiende usted mejor que yo- tenemos un problema de
dispersión de la negociación colectiva. ¿A quién le es fácil hablar de convenios, de hacer planes colectivos de pensiones? A una empresa que negocie un convenio. Pero cuando estamos hablando de convenios provinciales, de convenios estatales o de
convenios de otro ámbito es más complicado. Aun así, yo soy de las que opinan -insisto- que tenemos que encontrar alguna fórmula a través de la cual podamos, en la negociación colectiva, destinar algo a los planes privados de pensiones, porque
según mi criterio y mi pensamiento -lo he dicho muchas veces aquí-, yo no puedo pedirle a un trabajador, de seguridad, a una cajera de un supermercado, a una señora que está limpiando o incluso a una persona que está en una oficina que gana entre
800 y 1.200 euros, que ahorre algo para un plan de pensiones, porque me dirá: qué quiere que ahorre para la pensión si no me llega para este mes. Por lo tanto, su única posibilidad de tener un plan complementario es que en la negociación colectiva
-en la que ya se hace difícil reducir horas, es muy difícil, y a veces la negociación colectiva acaba reduciéndose simplemente al IPC y alguna cosa más- haya una aportación por parte de la empresa a un plan colectivo.
Entonces sí tendremos que
adaptar la norma para que esos planes puedan ser realizables, que tengan una serie de condiciones, incluso que se pueda elegir, porque no es lo mismo un plan de pensiones para una persona como yo, que tiene 55 años, que para una que tiene 20; son
cosas distintas.



Eso no quiere decir que no se siga la fórmula del plan individual, ¿por qué? Porque yo comparto también lo que usted dice: que hay que subir el límite de cotización, pero a lo mejor también tenemos que mirar algo el límite de la pensión,
porque en este país hay gente que está cotizando por 3.000 ó 3.900 euros, que tiene un nivel de vida, y que sabe indiscutiblemente que cuando deje de trabajar se le van a reducir sus ingresos al 50 por ciento; entonces es razonable que pueda tener
la opción de hacer un plan individual para cuando se jubile mantener el nivel de vida que él quiera. Pero comparto con usted que si quiere incentivos ha de recoger el ahorro de la pensión en una pensión indefinida, no recogerlo a los 65 años y con
un descuento del 40 por ciento. En ese sentido ya hemos dado alguna idea.



La separación de fuentes es un tema que tenemos pendiente, se ha aportado bastante más dinero en los últimos años en lo referente a los complementos a mínimos, pero es verdad que todavía hay una parte importante que creo que debemos
culminar: todos los complementos a mínimos que todavía se están pagando.



En cuanto a los temas del desempleo y de la protección social de los que se ha hablado aquí, cuando voy a hablar con gente mayor sobre la Seguridad Social para explicarles lo que significa la separación de fuentes, les pregunto: ¿ustedes se
acuerdan de que cuando iban al médico decían que iban al médico de la Seguridad Social? Me dicen que sí, que van al médico de la Seguridad Social. Ya no, ustedes van al médico del sistema de salud correspondiente, en mi caso al sistema catalán de
salud.
Pues bien, si hemos hecho una separación de fuentes, cuando hablamos de pensiones y de viabilidad del sistema de pensiones tendríamos que hablar en ese sentido. No lo digo por lo que dice usted de que hay que ampliar las coberturas por
desempleo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decir que hemos de valorar si lo hemos de seguir haciendo así o lo hemos de hacer de forma totalmente separada.



Termino con el tema de la viudedad, y una cosa que no me resisto a contestarle al señor Campuzano es que comparto con él la preocupación de los jubilados discapacitados psíquicos. Es verdad que no le podemos pedir a una persona que tiene
una expectativa de vida muy inferior a la de la mayoría de los ciudadanos que tenga que tener los treinta y cinco años de cotización. Eso hemos de equipararlo en función de sus propias expectativas de vida; hay gente de esas características que
con 50 años ya es una persona muy mayor y no debería estar en el trabajo. Usted decía que hay que fomentar el ahorro privado y que en esto es igual la derecha que la izquierda; yo no puedo compartir en nada que la derecha es igual que la
izquierda. ¿Es igual de lícita la izquierda que la derecha? Sí.
¿Están al mismo nivel? Sí. ¿Defendemos cosas similares en el gobierno? Puede que sí. Pero, ¿iguales en la defensa de la protección social? ¿Iguales en la defensa del ahorro?
No. Podemos ser iguales en la defensa nacional, en lo militar podemos ser iguales, pero nada más. Yo creo que debe ser así, que el ciudadano debe tener dos ofertas de modelo de sociedad para que cada uno elija. Nos tenemos que sentir orgullosos
los que somos de izquierdas, perfectamente; también orgulloso el que sea de derechas, porque tan


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lícito es uno como el otro. Pero hemos de decir que planteamos modelos distintos, y por lo tanto defendemos modelos distintos.



Ayer el presidente del Gobierno hacía un planteamiento de cambio del modelo productivo y hablaba de las desgravaciones por vivienda a partir de una cierta renta; desde mi concepto ideológico tengo que decir que ya era hora de que en este
Gobierno alguien pensara en algo sensato.
(Rumores.-Risas.) ¿Por qué? Porque creo que deben eliminarse ciertas bonificaciones. A lo mejor les resulta gracioso cómo lo digo, pero a uno que gana 700 euros la bonificación no le sirve ni para una
botella de agua sin gas; en cambio, una bonificación a una persona que gana 3.000 ó 4.000 euros -no digo ya 12.000 ni lo que ganan los directivos de las empresas del Ibex 35- una bonificación le da para irse de viaje al Caribe. Por lo tanto, creo
que la obligación del Gobierno y de la fiscalidad es la de la distribución de la renta. Ese es uno de los objetivos que debemos tener. Le agradezco de nuevo su comparecencia.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Méndez.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (Méndez Rodríguez): En primer lugar les quiero agradecer el sentido y el contenido de sus intervenciones. Al señor Olabarría le querría decir que yo no he oído ninguna ovación
cerrada. He oído un ruido sordo y no me parecía una ovación cerrada, lo cual debe suponer que, como llevo tanto tiempo -desde el año 2001- sin comparecer en esta Comisión, ni siquiera sé entender la interpretación parlamentaria de la ovación
cerrada. En cualquier caso no se preocupe por eso, porque el sentido de contrapoder democrático de la organización está absolutamente intacto. Ha podido ser la expresión de militantes disciplinados de la Unión General de Trabajadores. (Risas.)
Usted podría empezar a preocuparse si hubiera sido yo el que aplaudiera a la bancada socialista. Como no lo he hecho, creo que puede usted estar perfectamente tranquilo.



Quería hacer algunas reflexiones de carácter general y luego intentaré contestar a las preguntas que se me han hecho. Aunque debo de decirles que siendo esta la cuarta vez que asisto a la Comisión, eso no me lleva a estar a título personal
investido de ninguna autoridad como técnico en absoluto en la materia. Yo vengo investido de la autoridad democrática que representa el ejercicio de mi cargo como secretario general de la Unión General de Trabajadores. Por tanto le quiero pedir
disculpas por anticipado si en algún elemento que tiene un perfil técnico o necesita de mayor profundidad soy incapaz de atender a sus interrogantes o a sus preguntas. Como digo, voy a hacer un par de reflexiones generales: Una, sobre el debate
actual en relación con el presente y el futuro del sistema de pensiones, y otra que a mi juicio está directamente ligada con el modelo productivo, el patrón de crecimiento económico, los problemas que tenemos con este tema, para luego pasar a
intentar responder a las preguntas que ustedes han tenido la amabilidad de hacerme.



Yo considero que el sistema de Seguridad Social en nuestro país es un sistema que merece mucha confianza; confianza que creo que debemos de transmitir. Estamos en una situación económica muy difícil y en esta situación no hay ningún ámbito
de la Administración pública ni de los sectores privados que se puedan escapar. Por tanto en esta situación coyuntural los problemas afectan, pero precisamente el renglón de las cuentas públicas que está en mejor situación en la crisis económica es
la Seguridad Social, y es muy importante resaltarlo. No tengo ningún tipo de prejuicio sobre las manifestaciones, las observaciones, los análisis y las críticas que se puedan hacer en cuanto a la situación de la Seguridad Social. Ahora bien, yo
tengo muy presente, en tanto en cuanto soy un representante de una organización que tiene cierta incidencia pública, algo que un conocido, prestigiado y veterano profesional de los medios de comunicación suele decir: lo importante, siendo
importante, no es lo que se dice. Lo importante, aun siendo importante, no es lo que se pretende decir, es lo que interpreta la gente que se ha dicho. Todos los que hemos comparecido en esta Comisión deberíamos tener en cuenta lo que se puede
interpretar de lo que se dice, si se dice con un sesgo o un matiz que no corresponde con el núcleo fundamental de lo que estamos tratando. En ese sentido quiero que entiendan algunas manifestaciones que yo haya podido hacer en el día de hoy aquí,
en el ejercicio de mi cargo. Lo fundamental que debemos transmitir es que nuestro sistema de Seguridad Social es un sistema sólido que merece confianza. A partir de ahí, que quede claro, yo no estigmatizo los fondos complementarios. Como decía el
señor Olabarría, tengo la libertad de opción y nosotros optamos por los planes colectivos de pensiones, que era uno de los interrogantes que planteaba la señora Pastor. Es en ese sentido en el que yo menciono la negociación colectiva, que tiene un
papel fundamental para definir los planes colectivos de pensiones que se vinculan al empleo. Normalmente también se denominan planes de empleo. Lo que sí creo que es importante resaltar es el hecho de que el Plan de Empleo tiene más congruencia
con la dimensión social de nuestro sistema de pensiones, que es la suma del sistema público y del sistema complementario, que, querámoslo o no, el fondo de capitalización privado, que se asemeja más a un producto financiero que a un instrumento de
protección social. En este sentido estricto de descripción y sin ningún ánimo de crítica ni de estigmatización es en el que planteamos este tema.



¿Qué es lo qué he intentado resaltar? Me llama poderosamente la atención que se haga hincapié en pretendidos problemas de nuestro sistema público de pensiones y no se analice qué está ocurriendo con los fondos de capitalización. En este
momento los que han experimentado una pérdida muy significativa en su valor han sido


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los fondos de capitalización privados. ¿Que probablemente se puedan recuperar en el futuro? Así lo deseo. Pero no cabe ninguna duda de que en la actualidad una persona que se jubile en el sistema público de pensiones mantiene incólume su
prestación, y aquel que dependa en mayor medida de un sistema de capitalización, si se está jubilando en el día de hoy ha perdido en relación con un año o poco más de un año un 15 o un 20 por ciento de la previsión que tenía de cobrar la pensión.
Es una reflexión que en este momento es muy pertinente y que quería compartir con todos ustedes.



Les pediría, y permítanme la impertinencia, que intente huir de la superstición actuarial. Tengo un amigo más que centenario que un día me recordaba que don Fernando de los Ríos le advirtió sobre la superstición académica. ¿Qué era la
superstición académica? Aquella tendencia que tenían los opositores en los tribunales de los años treinta del siglo pasado a repetir como un papagayo citas de autores que habían estudiado y habían leído. Esta personalidad más que centenaria, que
se llama don Francisco Ayala, huyó de la retahíla de citas y se expresó tal y como él pensaba que era la realidad o según la orientación que él quería dar al tema que presentaba y don Fernando de los Ríos, que ha sido dirigente de la Unión General
de Trabajadores, figura señera de nuestra historia, le dijo: Le felicito, siga así, huya de la superstición académica. A mí me gustaría que en la Comisión huyeran de la superstición actuarial. Tengo un enorme respeto a los estudios actuariales y
tengo un enorme respeto a las proyecciones, pero no hay que confundir las proyecciones con las previsiones. Se presentan como previsiones sobre lo que pueda acontecer estudios muy respetables que son simplemente proyecciones. Voy a mencionar,
porque me gustó la frase y por eso la quiero recordar, a don José Griñán. En el año 2003, cuando se estaba debatiendo sobre la renovación del pacto en la última fase, don José Griñán dijo algo así como que la ventaja que tienen aquellos que hacen
proyecciones a 20, 30, 40 ó 50 años es que cuando se verifican los errores normalmente suelen estar en la tumba. Creo que no debemos confundir proyecciones con previsiones. Les puedo manifestar que yo tengo experiencia por la cual un cuadro
macroeconómico a 20 ó 30 años se presenta de una determinada manera para rebajar los impuestos y ese mismo cuadro macroeconómico se altera en sus variables para justificar un recorte en el sistema de pensiones. Por lo tanto, démosle a cada cual lo
que le corresponde. Las proyecciones son proyecciones, las previsiones son previsiones y no le demos a las proyecciones más importancia de la que tienen -que la tienen-, pero que creo que no pueden marcar en el plano político, de una manera
inexorable, qué hacer.



Les solicitaba que hicieran un esfuerzo para abstraerse de la coyuntura.
Esta es una coyuntura muy difícil pero pasará, y ojalá que pase cuanto antes. Todos deberíamos remar en la dirección de que pasara cuanto antes.
En cualquier caso,
ninguno sabemos cuánto va a durar pero sí sabemos que va a pasar. Creo que una renovación de los contenidos del Pacto de Toledo, que se produce cada ocho o nueve años, debe intentar abstraerse de la coyuntura, huir del coyunturalismo. A mí me
parece que ese es un elemento que tiene bastante importancia. Creo -y es una opinión mía que, como ustedes comprenderán, se limita a ser eso, una opinión que no puede en ningún caso condicionar la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo- que
analizar en la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo medidas urgentes para el ya en el marco de la coyuntura no sería conveniente.
Porque -insisto en que es mi opinión- creo que en la Comisión -y en cualquier caso esa es la decisión soberana
de los parlamentarios- habría que definir un escenario de luces largas en relación con los contenidos de nuestro sistema de Seguridad Social. Ese es un elemento que yo me sentía en la obligación de comentar porque, además, se produce la siguiente
circunstancia: hay un acuerdo que entró en vigor el 1 de enero de 2008 que es el que ha tenido mayor consenso de los acuerdos sociales que hemos firmado los sindicatos y la patronal. El acuerdo que firmamos, allá por la segunda mitad de los años
noventa, no contó con la firma de la patronal, el acuerdo del año 2001 no contó con la firma de la Unión General de Trabajadores. El acuerdo que entró en vigor el 1 de enero de 2008 es el que mayor consenso parlamentario y social ha merecido y está
en proceso de desarrollo, donde hay reformas que mejoran la contributividad del sistema. En paralelo, efectivamente, se han tomado otras medidas para mejorar determinados ámbitos de la protección social en nuestro país que, o bien necesitaban de su
mejora o bien necesitaban de su implantación como es el caso de la Ley de Dependencia. Por lo tanto, creo que esta es una reflexión que merecería que se pudiera -si ustedes lo tienen a bien- tener en cuenta.



La otra reflexión de carácter general que quería hacer era la concerniente al modelo productivo, a las reformas laborales. Aquí tenemos un problema.
Cuando se habla de reformas estructurales siempre se habla de reformas laborales. Yo, por
ejemplo, les puedo enunciar cuáles son las reformas estructurales que defiende mi organización. Mi organización defiende dos reformas estructurales. Una, la mejora de nuestro sistema educativo dándole mayor valor e importancia a la enseñanza
secundaria postobligatoria que a la formación profesional y, la otra, la innovación.
Y la innovación, a mi juicio, debería vincularse a buscar fórmulas pactadas -sindicatos y patronal- que mejoren la flexibilidad interna de las empresas para
precisamente poder implantar mecanismos innovadores.
Esto para nosotros es muy importante; venimos exigiendo desde hace mucho tiempo el cambio del modelo productivo, y esa no es la expresión de un mantra sindical, aunque lo hayamos repetido como
si de un mantra budista se tratara. Para nosotros era fundamental el cambio del modelo productivo en nuestro país, ¿por qué? Porque el problema que hay en nuestro país, en relación con la grave capacidad de destrucción de empleo que tiene en
épocas de crisis, no tiene tanto que ver con las normas laborales sino con el tipo de


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empleo que genera nuestra estructura productiva, que es un empleo barato, precario, poco cualificado, poco productivo y de poco valor añadido, de manera tal que es una variable de ajuste que atrae a la empresa, porque es fácil de destruir y
luego, en el sector servicios o en el sector de la construcción, si levanta el ciclo es relativamente fácil de reconstituir.
Por tanto, el problema está en buscar un modelo productivo más diversificado, con mayor peso del sector industrial,
defendiendo una política energética que nos garantice el suministro, que sea eficiente, que nos proporcione la autonomía necesaria en el suministro energético, o políticas vinculadas al medio ambiente, al crecimiento sostenible. Estos son los
elementos sobre los que consideramos que se debe discutir y eso son reformas estructurales. Nosotros sí decimos lo que consideramos que son reformas estructurales y preconizamos nuestras reformas estructurales. Esto tiene relación con el sistema
de Seguridad Social, porque creo que el objetivo que se debería defender es establecer unos cambios en nuestro modelo productivo que nos permita generar empleo mejor pagado y que, por tanto, sobre él se pueda cotizar en mayor cuantía a las arcas de
la Seguridad Social, y ese es un tema de hoy pero era un tema del año 1995. Por tanto, creo que es importante que sigamos insistiendo en esta dimensión.



Cuando yo planteo que habría que explorar nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social, ¿estoy planteando una duda respecto al sistema de Seguridad Social? No. Me quedo con la segunda acepción de la intervención de la señora
Pastor: es una ambición de mejora que ya se planteaba en 1995 en el Pacto de Toledo y no sé por qué regla de tres ha quedado en la cuneta, no lo sé. Lo que sí sé es que en la mayoría de los sistemas de Seguridad Social europeos su financiación es
una mezcla de aportaciones de trabajadores y empresarios y de aportaciones públicas, y que España tiene un nivel de aportaciones públicas claramente inferior al promedio de la Europa de los Veinticinco. Por tanto, creo que es un tema que
necesariamente hay que abordar, entre otras razones, porque pienso que hay que tender, y esa era la filosofía de la propuesta del Pacto de Toledo de 1995, a incorporar las ganancias de productividad, si queremos ir al cambio del modelo productivo, a
nuestro sistema de cotización, que todavía está muy basado en actividades intensivas en mano de obra, y es solvente y merece confianza, pero creo que ahí hay que ir incorporando paulatinamente las aportaciones públicas que reflejen las necesarias
ganancias de productividad del conjunto de la sociedad española. Hemos recuperado algo que no es una propuesta original de la Unión General de Trabajadores sino que es un elemento que se aportó en el año 1995 y que, insisto, no sé por qué regla de
tres ha quedado en el olvido.
Probablemente la coyuntura económica ha sido tan favorable que los responsables de las arcas públicas en nuestro país a lo largo de estos años no solo han podido con las cotizaciones sociales financiar el gasto directo
de protección por desempleo y el gasto de pensiones, sino que se siguen financiando los complementos a mínimos que se deben financiar en parte vía aportaciones del Estado o incluso se financian los gastos de personal. En este momento, vía
cotizaciones sociales en protección por desempleo de la Seguridad Social, si no me falla la memoria, hay financiados, y eso de nuevo respalda la salud y la solvencia del sistema de Seguridad Social, creo que en torno a 9.700 millones de euros, que
se financian impropiamente por cotizaciones sociales y que se deberían financiar por aportaciones públicas. Hay un margen en relación con lo que estamos comentando que se debe a mi juicio valorar por parte de los señores diputados, si lo tienen a
bien.



He hablado de mejora de la protección familiar. Tengo que decir que la vocación familiarista creo que la hemos hecho visible y se puede comprobar en los documentos de la Unión General de Trabajadores de hace bastantes años. Nosotros
consideramos que las políticas de protección a la familia también deben formar parte sustancial de la política social.
En ese sentido, para nosotros es una política de protección a la familia el hacer efectivo el compromiso de garantizar plazas de
escuelas infantiles entre 0 y 3 años o hacer efectiva la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad que tiene problemas de financiación. A mi juicio, contra los problemas de financiación hay problemas de coordinación entre los dos ámbitos de la
Administración que tienen competencias: el ámbito general de planificación y de diseño, que es el Gobierno de la nación, y quienes tienen depositadas las competencias, que son las comunidades autónomas.
Por tanto, yo quisiera que en ese sentido se
reforzaran en este momento -si me permiten haré una pequeña digresión- los mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación en esta y en todas las materias en una situación de crisis económica. Aquí va la
digresión, ustedes como son tan o más leídos que yo y además conocen el inglés (Un señor diputado: No todos.), o la mayoría de ustedes -en cualquier caso tienen traductores-, sabrán que no es inhabitual en los últimos tiempos que en periódicos de
información económica afloren lo que se dice que son críticas de inversores nacionales y de inversores extranjeros que dicen que en España las comunidades autónomas son una burocracia adicional, cosa que yo niego. Para que no quede ni el más mínimo
atisbo de duda, yo lo niego, niego la mayor, pero creo que hay una oportunidad en la situación de crisis económica muy buena para que las comunidades autónomas acrediten su utilidad a la sociedad, al igual que el Gobierno. Ese es un tema, sobre
todo en políticas sociales como la dependencia, la Ley de Igualdad, las escuelas infantiles, que además puede ser un buen acicate para la generación de empleo, puede ser el ámbito en el que se puedan definir esas políticas de cooperación. En este
sentido, creo que implícitamente despejo la duda del señor Olabarría. Yo no estoy de acuerdo con que se trocee la Seguridad Social, lo cual no es en absoluto incompatible con garantizar una coordinación entre las políticas que dependen de la
Seguridad Social, como es la protección por desempleo contributiva


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y asistencial, y las políticas de empleo, de formación y las rentas de inserción, que son competencia de las comunidades autónomas. Cada cual que ejerza su competencia, pero sería muy interesante que se remara por parte de las
administraciones en la misma dirección. Nosotros llevamos meses exigiendo que se convoque una conferencia de presidentes, presidentes de comunidades autónomas y del Gobierno de la nación. En el día de ayer el presidente del Gobierno -yo no tuve
oportunidad de oír el debate sobre el estado de la Nación por circunstancias personales y familiares- creo que anunció que se iba a establecer ese ámbito. A mí me gustaría que el debate supusiera una divisoria, un antes y un después para relanzar
el diálogo social, sindicatos, patronal y Gobierno, y para reforzar los mecanismos de cooperación de las comunidades autónomas.



En cuanto a cuál es la expresión de nuestro compromiso en relación con la protección familiar, ya he hecho algún comentario en esa dirección pero lo que puedo decir es que, a nuestro juicio, la función familia en el sentido en el cual se
expresa en las estadísticas de Eurostat y como se conoce la función familia en los países europeos -que es la suma de prestaciones económicas por hijo, prestaciones de maternidad y servicios a la familia- sería lo que habría que elevar. ¿En qué
dosis en relación con los tres componentes? Supongo que en las dosis acordes a las propuestas que se puedan plantear en la Comisión del Pacto de Toledo.
Nosotros consideramos que sería importante poder rescatar en la situación actual esa mezcla de
la función familia: mejora de la protección por hijo, mejora de los servicios de atención a la familia y otra serie de componentes.



En relación con la revalorización de pensiones, que es otra de las preguntas que se nos han hecho, nosotros consideramos que la revalorización de las pensiones se debe mantener como mínimo en los términos actuales, de manera tal que en el
caso -como puede ocurrir en el presente año- de que la inflación real sea inferior a la inflación prevista no se produzca una detracción de la cuantía de la pensión. No estoy diciendo nada que no estuviera reflejado en las recomendaciones del pacto
de 2003. En el año 1995-1996 sí se abrió esa posibilidad, que nunca aplicó el Partido Popular. Hubo tres años en los que la inflación real fue inferior a la prevista y nunca el Partido Popular lo aplicó y posteriormente aquello quedó sin efecto.
Como sé que en esta Comisión se ha hecho esa aportación quiero manifestar mi oposición, entre otras razones porque lamentablemente los pensionistas españoles -que siguen teniendo una baja cuantía de las pensiones en comparación con el promedio de la
Unión Europea- la única oportunidad que tienen para experimentar mejoras en la misma -salvo las pensiones mínimas que sí han tenido una mejora de su poder adquisitivo- es precisamente cuando se produce un desfase entre la inflación prevista y la
real. Por lo tanto, recortar incluso esa posibilidad, aunque sea esporádica, de mejora de la pensión nos parece tremendamente injusto, y por eso defiendo algo que, en definitiva, está en las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2003, que son
las últimas que ustedes discutieron.



En cuanto a la jubilación más flexible, nosotros pensamos que se debe seguir incentivando el alargamiento voluntario de la edad de jubilación.
No tenemos ninguna objeción. Ahora, yo comentaba en mi intervención -creo que el señor Campuzano
ha hecho alguna observación en este sentido y él mismo comentaba que no ha podido asistir al desarrollo de toda mi intervención- que los problemas relacionados con las jubilaciones anticipadas no se deben tratar solo desde el punto de vista del
trabajador sino también desde el punto de vista de la empresa. ¿Por qué? Porque la realidad demuestra -es una cifra que he utilizado y creo que está suficientemente contrastada- que la tasa de empleo de los mayores de 55 años en nuestro país está
30 puntos por debajo de la tasa media de empleo de nuestro país, y eso no se debe a la voluntad de los trabajadores sino a operaciones de rejuvenecimiento masivo de la empresa.
Por lo tanto, este es un problema que no debe ser observado
exclusivamente desde la óptica del sujeto paciente, a veces perjudicado, sino desde la del tratamiento de los excedentes por parte de la empresa.
Habría que buscar una fórmula que tuviera un cierto equilibrio pero que no pasara en ningún caso por
un alargamiento de la edad de jubilación cuando ese no es el problema en nuestro país ni por ningún tipo de procedimiento que, bajo el argumento de que se pretenden mejorar los niveles de contributividad, al final lo que produzcan sea un recorte de
la cuantía media de la pensión. ¿Qué hicimos nosotros en el último acuerdo de 2008? Lo que hicimos fue propiciar -y, lamentablemente, tengo que manifestar que se ha incumplido- y adquirir el compromiso de que se integren los regímenes que no son
el régimen general con los contenidos del régimen general de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque cualquier mecanismo que tienda a alargar la edad de jubilación con la misma cuantía de la pensión o a aumentar los años de periodo de cálculo viene
a perjudicar a aquellos que acreditan mayor nivel de contributividad, que son los del régimen general. ¿Por qué? Porque la mayoría del régimen de autónomos, del régimen de empleados de hogar o del régimen especial agrario están en mínimas, la
cuantía está en mínimas. Por tanto, ese es un mecanismo que se planteó en el acuerdo del año 2008 y que sería el que habría que desarrollar. Al igual que pienso que sería inconveniente e injusto establecer generalizaciones en relación con el
alargamiento de la edad de jubilación. No está en las mismas condiciones el director de un banco que un catedrático, un bombero o un trabajador de la construcción.
La situación de un trabajador dependiendo de su actividad económica no es la misma,
no se puede analizar su capacidad para poder seguir desarrollando el trabajo a los 60 años en una actividad como la construcción que en una actividad de otra naturaleza. Por tanto, estos son elementos que hay que analizar de manera particularizada.
En este sentido, considero que el compromiso que firmamos en el acuerdo de 2008 de analizar nuevos ámbitos para la jubilación


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anticipada primero se debería cumplir porque lo tenemos incluido en el acuerdo y se debería seguir contemplando, a mi juicio, en la renovación del Pacto de Toledo que ustedes tendrán que abordar a continuación de estas comparecencias.



Por último -seguro que me dejaré cuestiones en el tintero-, en relación con la pensión de viudedad pensamos que probablemente haya que hacer una reconsideración integral de la figura de la pensión de viudedad porque ya no corresponde
exactamente con los tiempos actuales y creo que aún menos va a corresponder con los tiempos futuros, sobre todo si conseguimos -y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver el volumen de personas que están trabajando en nuestro país- aumentar la
tasa de actividad de la mujer. En España sigue habiendo un ejército de reserva de mano de obra, es la mujer, en tanto en cuanto hay una tasa de actividad de la mujer inferior al promedio. Utilizo el término de ejército de reserva discrepando
profundamente de esa acepción, pero lo digo en estos términos porque probablemente pueden ser más comprensibles y directos. Hay un volumen de mano de obra a incorporar que es el que se refleja en las tasas de actividad inferiores de la mujer en el
mercado laboral. Todo esto tiene relación con la figura de la pensión de viudedad y ustedes tendrán que analizarlo, si la pensión debe o no ser vitalicia, si la pensión debe o no ser complementaria con otra renta. Aquí no se trata solo de un
debate social -que es el más importante-, sino que también es un debate político, un debate político de mucha envergadura sobre el cual les deseo lo mejor, que sean capaces de realizar una propuesta lo más equilibrada posible que resuelva y
satisfaga de verdad las necesidades sociales de las viudas y de los viudos de nuestro país. Es un debate que, a mi juicio, tiene bastante complicación. Ustedes saben que tomamos algunas medidas, como, por ejemplo, la de elevar el porcentaje de la
base reguladora para la pensión de viudedad, y nos encontramos con que en el caso de aquellas viudas o viudos que tenían hijos a cargo y cobraban la pensión de orfandad una medida se contrarrestaba en parte con otra porque impactaba negativamente,
en tanto en cuanto había un tope global de renta, con la pensión de orfandad. Saben también que al tomar esa medida muchas viudas que estaban en mínima no experimentaron ningún tipo de subida y en cambio otro porcentaje, las que tenían la pensión
en mayor cuantía, sí vieron mejorada merecidamente su pensión. Simplemente estoy poniendo encima de la mesa los problemas y las complicaciones que tiene un debate que, en cualquier caso, es necesario abordar.



Muchísimas gracias por su atención y por su gentileza. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Querido amigo Cándido, secretario general de UGT, ha sido un placer. Estamos a tu disposición, puedes venir cuantas veces quieras.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.