CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 269

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 10 celebrada el miércoles 29 de abril de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de Comisiones Obreras (Fernández Toxo), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del
Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000223.)... (Página 2)

Página 2


Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Vamos a dar comienzo a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos para el Pacto de Toledo. Tenemos un punto único del orden del día, que es la comparecencia de don
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, para informar sobre temas relacionados con el objeto de esta Comisión. Señor Fernández Toxo tiene la palabra, bienvenido a la Comisión.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (Fernández Toxo): En primer lugar quiero agradecer, en nombre de mi organización, la invitación a comparecer ante ustedes con un tema de gran trascendencia como es la Seguridad Social en
nuestro país. Hemos enviado por correo electrónico un documento, que es el que voy a leerles, con el contenido de la comparecencia, y en unos días lo haremos acompañar de un documento de análisis de la situación, más global y más pormenorizado, de
la Seguridad Social y en particular del sistema público de pensiones en nuestro país, que nos parece que puede ser de su interés para el trabajo tan importante que están realizando. Paso por lo tanto a leer la intervención que hemos preparado para
esta ocasión.



El acceso a prestaciones sociales para las personas en situación de necesidad, mediante prestaciones económicas o en especie, gratuitas o por precio inferior al de mercado, mejora sensiblemente la calidad de vida de las personas y puede
afectar positivamente a la estabilidad de la economía al limitar los efectos negativos de los ciclos que de forma periódica afectan a la actividad productiva. Su implantación con carácter general en la mayor parte de los países europeos, entre
ellos España, ha colaborado activamente en los actuales niveles de cohesión social y económica. En nuestro caso este conjunto de medidas económicas o en especie, articuladas a través de las distintas administraciones, central, autonómica o local,
es un factor determinante de nuestro modelo social, que debemos reforzar aún más.



En esta comparecencia quiero comenzar por trasladar a esta Comisión nuestra convicción de que preservar el consenso político y social sobre la evolución del sistema de pensiones es la mejor receta para mantener su fortaleza actual, y adoptar
con la serenidad y anticipación suficientes las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad y mejorar sus niveles de protección social. El papel de los representantes políticos, a través de los grupos parlamentarios con representación en
las Cortes, para determinar la línea de actuación y objetivos básicos compartidos es esencial para mantener los compromisos del acuerdo de 1995. También lo es la función de los interlocutores sociales con el Gobierno, en el marco del diálogo social
tripartito, para definir de manera consensuada cambios y ajustes concretos en el sistema, cumplen con ello el papel que les asigna la Constitución española y sostienen además, no en exclusiva, el sistema a través de las cotizaciones sociales.



En este marco, el compromiso de mi sindicato de Comisiones Obreras con el sistema de pensiones es sobradamente conocido, y está suficientemente acreditado, en nuestra opinión, hasta la fecha. Hemos participado de todos los acuerdos
suscritos desde el año 1996, estamos orgullosos de ello, y reiteramos nuestro compromiso de contribuir, en el marco del diálogo social, al objetivo de mantener la sostenibilidad del sistema al tiempo que se refuerza su capacidad como herramienta
básica de protección social. Los objetivos fundamentales, en opinión de Comisiones Obreras, deberían ser: alcanzar la máxima cobertura de la población con un sistema de pensiones que constituya su renta principal y suficiente en un marco de
sostenibilidad financiera, presente y futura, compatible con una mejora sensible de la calidad de vida de la población española, y concretamente de los pensionistas del sistema. Para ello creemos que deben mantenerse actuaciones permanentes, con
perspectiva global, criterios de anticipación y previsión de largo plazo, huyendo de análisis cortoplacistas o coyunturales y atendiendo a la función social básica y a las necesidades a las que está llamado a responder el sistema de pensiones en su
configuración actual; es decir, pagar más pensiones, más altas y durante más tiempo. No podemos obviar la diferencia de esfuerzo en protección social que aún mantenemos en relación con nuestro entorno más próximo. En 2006 dedicábamos 6,6 puntos
porcentuales menos -medido en porcentaje de producto interior bruto- que la media de la Unión Europea- 20,9 frente a 27,5 -y en este sentido conviene señalar que nuestro sistema de protección social no se limita únicamente a las pensiones, aunque
estas son su espina dorsal; las políticas públicas de protección social para dar una atención integral deben también articular medidas en la línea de mejorar la protección sanitaria, los servicios sociales, etcétera.



En cuanto al sistema de pensiones propiamente dicho nuestro retraso respecto a Europa es igualmente considerable, en 2006 dedicábamos un 8,8 por ciento del producto interior bruto frente al 12,1 de la Unión Europea a quince o el 11,9 de la
Unión Europea a veintisiete. Conviene recordar los datos anteriores en unos días en los que el sistema de pensiones vuelve a ser presentado con poco rigor, en nuestra opinión como un factor de preocupación como consecuencia de la crisis económica
que padecemos.
Nuestro sistema de pensiones goza de buena salud, lo que no impide reconocer que su estabilidad financiera, el mantenimiento del superávit actual por el mayor periodo posible, las dotaciones al Fondo de Reserva, son circunstancias
que precisan mantener un número de cotizantes suficientes a la Seguridad Social. La disminución de las inaceptables cifras de desempleo que hoy padecemos, el incremento de la tasa de ocupación de las mujeres, y la creciente aportación de la
población inmigrante, son herramientas fundamentales


Página 3


para mantener la actual buena salud del sistema, que es una consecuencia clara del proceso que se abrió con la firma del Pacto de Toledo y los sucesivos acuerdos posteriores alcanzados en el marco del diálogo social.



El déficit del sistema no es un problema a corto plazo, los datos que proporciona la Seguridad Social apuntan a un mantenimiento del superávit en 2009 en el sistema de pensiones, pese a la reducción de cotizaciones y al menor crecimiento de
las bases de cotización, parcialmente compensadas por el incremento de las cotizaciones derivadas de las prestaciones por desempleo por parte del Estado. Por otra parte, la fuerte moderación de la inflación también significa menores compromisos de
revalorización de pensiones. No debemos por lo tanto mezclar esta situación de desequilibrio positivo del sistema de pensiones con la situación de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional, es decir, incluyendo la protección social
por desempleo en su integridad; y con los recursos destinados a políticas activas que padecen en estos momentos con intensidad la necesidad de proteger al creciente número de trabajadores desempleados. También debemos tener en cuenta que los
superávits del sistema de pensiones no arrancaron en 1999-2000, desde hace tres décadas los mismos han sido absorbidos por otras partidas del gasto, sanidad universal hasta 1997, complementos a mínimos hasta la actualidad. Hay estudios que estiman
que si esos superávit anteriores se hubieran llevado al Fondo de Reserva este superaría el 34 por ciento del producto interior bruto, en lugar del importante pero claramente menor 5,28 por ciento de nuestro Fondo de Reserva actual. Por otra parte,
el retraso en la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación, así como la asunción con cargo a cotizaciones sociales de otras partidas que razonablemente deberían financiarse con impuestos, costes de personal de la Seguridad
Social, por ejemplo, dan todavía un margen de mejora en los ingresos por encima de los 7.000 millones de euros, con datos de 2008.
Por tanto el déficit inminente que algunos predican, bien por desconocimiento, bien por convicción de que ese
argumento ayudará a llevar al sistema de pensiones a niveles de cobertura inferiores, tiene aún palancas más que razonables para ser evitado.



La Seguridad Social es una de nuestras más potentes herramientas anticíclicas y debemos reforzar nuestra confianza en ella. Las afirmaciones anteriores son plenamente compatibles con una serena valoración de las evidentes tensiones
demográficas a medio y largo plazo.
Somos un país del pelotón de cabeza en cuanto a nuestra esperanza de vida, y eso tiene un efecto indudable sobre las pensiones que deben abonarse durante más años. Asimismo la evolución demográfica hace prever
periodos de mayor tensión en cuanto al número de personas con acceso a pensiones en diferentes periodos, pero con impactos irregulares en el tiempo. Tras la jubilación de la generación que nació en la guerra y años inmediatamente posteriores,
llegarán generaciones nacidas en coyunturas de fuerte incremento de la natalidad, y por tanto exigirán una política rigurosa para seguir controlando la salud financiera del sistema. No obstante, a continuación llegarán otras con menor número de
pensionistas, como consecuencia de la caída de la natalidad de las últimas décadas. A todo lo anterior habrá que añadir el impacto de la incorporación de la población inmigrante, que está ayudando a financiar el sistema en la actualidad, y que en
lógica correspondencia se beneficiará de derechos de pensiones posteriormente.



El crecimiento de la actividad económica es una variable esencial a considerar; la evolución del producto interior bruto es clave, y aun abordando distintos escenarios el juego combinado de envejecimiento de la población -a mediados de
siglo el número de pensionistas se habrá incrementado notablemente- y bajas tasas de natalidad nos hacen tener la convicción de que deberemos seguir actuando en el medio y largo plazo para mantener el equilibrio financiero del sistema. No obstante,
incluso aunque la profundidad de la crisis y su duración en el tiempo provocasen algún momento coyuntural de déficit, este sería puntual. Los sistemas de reparto como el nuestro son sostenibles en cualquier circunstancia; si las cotizaciones no
fuesen suficientes el Estado ha de garantizar el sistema; se trata de derechos subjetivos. En este escenario no hay margen para la rebaja de cotizaciones sociales, cuyo coste está en la medida de los países de nuestro entorno, y por tanto no
disminuye nuestra competitividad, ya que cada punto de cotización supone 3.800 millones de euros en cotizaciones devengadas; por tanto, un recorte del 3 por ciento significaría perder 11.400 millones de euros de recaudación, un 2 por ciento 7.600,
y un 5 por ciento -como se ha llegado a plantear en algún momento de euforia incontrolada- simplemente 19.000 millones de euros. La Seguridad Social, en términos de sistema de pensiones, no está en déficit, pero si se toman las decisiones
equivocadas puede hacerse que entre en dificultades en el corto plazo.



El objetivo de estas pretensiones de reducción de las cotizaciones es transferir garantías de rentas de los futuros pensionistas, a través del Fondo de Reserva, a las cuentas de resultados de las empresas, sabiendo que las causas del alto
desempleo en nuestro país tienen poco que ver con los costes laborales. El incremento de la tasa de actividad y de los ingresos medios de los asalariados son medidas estructurales para el mantenimiento del sistema; incrementar la tasa de ocupación
y la productividad pasan por un cambio de nuestro modelo productivo, hacer lo necesario para que el modelo productivo de nuestro país se base en las oportunidades competitivas que ofrecen los empleos de alto valor añadido, en lugar de depender de
las fracasadas ventajas comparativas de actividades intensivas en mano de obra y los recortes sociales, es una apuesta estratégica también para el sistema de pensiones. Un modelo productivo basado en bajos costes salariales afecta al diseño de un
sistema de pensiones, si los costes salariales, como consecuencia del mayor valor añadido del factor trabajo, son más


Página 4


elevados, las posibilidades de financiación del sistema y de la mejora de sus prestaciones son asimismo mayores.



Entre las medidas concretas que se pueden considerar hay que incluir la mejora de coberturas y las prestaciones que lo precisen, así como seguir dificultando el fraude y la compra de prestaciones. Por otra parte, cada medida adoptada en
materia de ingresos y gastos del sistema debe pasar el test de proyección a medio y largo plazo. Estaremos por lo tanto muy pendientes de las conclusiones de esta Comisión, cuyos trabajos seguimos con el máximo interés. No obstante, nos permitimos
apuntar algunos criterios en relación con diversos apartados. Entre otras cuestiones para Comisiones Obreras no es una prioridad abordar el retraso obligatorio en la edad de jubilación; hemos sido capaces de crear novedosas figuras como la de la
jubilación flexible, que puede aún desarrollarse para permitir la plena voluntariedad en el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años; esta jubilación flexible da salida a necesidades diversas, al combinar la posibilidad de jubilación
anticipada con la de alargar voluntariamente la vida laboral. Debemos seguir estimulando ese alargamiento voluntario al tiempo que actuamos sobre el equilibrio financiero de las prestaciones de jubilación anticipada, cuyos coeficientes reductores
mantienen un margen de actuación a la baja, situados actualmente en el 6/7,5 por ciento cuando su punto de equilibrio permitiría establecerlos entre el 5 y el 6,5 por ciento. La jubilación anticipada en los términos expresados puede generalizarse
desde los 61 años sin que ello grave financieramente al sistema, e incluir a los empleados públicos que hoy no tienen acceso a ella. La reducción de la edad mínima de jubilación para personas que trabajen en actividades penosas, tóxicas, insalubres
o peligrosas debe ser desarrollada para los sectores en los que se justifique; en este sentido es conocida la petición de las organizaciones sindicales de abordar esta cuestión para el personal de obra de la construcción.



Estudiar con detalle las tendencias de las nuevas pensiones y las características del mercado laboral, la evolución en este de la tasa de actividad y de las bases de cotización medias son elementos que determinan las fórmulas paramétricas de
acceso y cálculo de las prestaciones. En esas reformas paramétricas, de producirse, debe protegerse mejor a las personas expulsadas del trabajo con 50 o más años; pese a contar con carreras de cotización largas ven fuertemente penalizada su
pensión como consecuencia del peso específico de los últimos años, en los que se concentran frecuentemente sus cotizaciones más bajas, derivadas de la percepción de la prestación y subsidios de desempleo. Anticipar el proceso de separación de
fuentes, y financiar con cargo a la imposición general los costes de personal de la Seguridad Social, son medidas en nuestra opinión adecuadas para mejorar la calidad y cantidad de la estructura financiera del sistema. Mantener la garantía legal de
incremento de pensiones en el IPC real tiene un doble interés: el de mantener y reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas para su propio bienestar, y al mismo tiempo para reforzar la demanda interna de bienes y servicios. Continuar con el
proceso de equiparación del salario mínimo interprofesional hasta situarse en el 60 por ciento del salario medio neto supone un incremento de cotizaciones, con ellas un refuerzo financiero al sistema y un fuerte incremento de las pensiones medias,
hemos realizado en este sentido una propuesta de equiparación del salario mínimo de forma progresiva al valor del 60 por ciento de los salarios medios negociados, que aspiramos a poder alcanzar entre esta legislatura y la próxima. Valorar el
impacto para el sistema, en cuanto a incremento de recaudación y mayor compromiso de pertenencia al mismo por parte de las personas con renumeraciones superiores a la media, de un incremento razonable de las bases de cotización máximas; el mismo
debe guardar relación con la evolución de la pensión máxima a percibir del sistema, de manera que una franja creciente de personas no se sientan motivadas a exigir su abandono. Debe desbloquearse el proceso de convergencia de regímenes que, pese a
la reiteración de los compromisos de abordarlo, sigue sin hacerse de manera efectiva.



Especial mención hacemos a la situación del régimen especial agrario para los trabajadores por cuenta ajena, que aún no han comenzado a ver cumplidos los compromisos establecidos en el acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social
suscrito en 2006. La mejora en las tasas de natalidad que nos permita un estructura poblacional más equilibrada en el futuro debe ser un objetivo básico. El desarrollo de políticas sociales y económicas en este ámbito es aún una asignatura
pendiente en España, medidas como las ayudas directas por hijo a cargo, las deducciones fiscales ligadas al número de hijos, atendiendo al mayor nivel de gastos de las personas con mayor número de ellos, es aún materia que nos hace mirar con envidia
a los principales países europeos que tienen políticas asentadas y estables para financiar las prestaciones que se causen por este motivo. Existen situaciones que deben analizarse para valorar la conveniencia de su mantenimiento o corrección, se
trata de la regulación en torno a figuras como la jubilación parcial o la compatibilidad entre prestaciones de viudedad y del SOVI, en ambos casos se trata de prestaciones económicamente más elevadas que las de referencia comparativa, y a las que no
acceden, de hecho o de derecho, la totalidad de las personas que se jubilan. La jubilación parcial ha sido abordada en la última reforma, variando sus características por acuerdo unánime en el marco del diálogo social, sus ajustes, tendentes a
imponer mayores condiciones de acceso a estas prestaciones, exigen el transcurso de periodos transitorios de aplicación; tras ellos podremos analizar su impacto y la conveniencia o no de adoptar otras acciones.



Por último, los sistemas complementarios de pensiones deben seguir siendo fomentados; su función es la


Página 5


de complementar un sistema público suficiente, de modo que sirva para alcanzar una tasa de sustitución próxima al último salario, y como instrumento de ahorro a largo plazo. Son estos elementos, ligados a la mejora de la protección social,
los que justifican las políticas de apoyo a estos instrumentos. Por ello es preciso, en nuestra opinión, avanzar en la separación entre los sistemas de empleo que garantizan esta función social -y los únicos con capacidad de generalización de estos
sistemas en el conjunto de la población- y los individuales. Debe darse mayor estabilidad a los sistemas de empleo, atendiendo a las restricciones a la movilidad que les caracterizan, con criterios de valoración más estables y apropiados que
reduzcan el impacto de la alta volatilidad de los mercados financieros. Las prestaciones en forma de renta han de ser incentivadas para cumplir adecuadamente con el objetivo de estos sistemas los incentivos fiscales deberían ser reordenados,
teniendo en cuenta que la actual estructura dual del impuesto sobre la renta, diferenciando el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital mobiliario, ha reducido el atractivo comparativo de estos instrumento de previsión social
complementaria.



Hasta aquí mi intervención en esta comparecencia, a la que tan amablemente nos han invitado, y a partir de este momento quedo a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Se inicia la intervención de los grupos parlamentarios con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Alfonso Alonso. Que tiene la palabra.



El señor ALONSO ARANEGUI: Quiero dar la bienvenida al señor Fernández Toxo al Congreso de los Diputados. Es la primera vez que acude a la Cámara en un momento que es importante, y también para tratar sobre un asunto que es particularmente
relevante. Yo comparto algunas de las cosas que ha expresado, y creo que por tanto podemos compartir objetivos comunes. Eso es razonablemente positivo, y quiero por tanto comenzar reconociendo el papel y la aportación del sindicato al que
representa, Comisiones Obreras, en la búsqueda de los consensos políticos y sociales en torno a nuestro sistema de pensiones, y la responsabilidad de que ha hecho gala en el pasado. Por ello quiero decirle que desde nuestro grupo es bienvenida la
intención que usted ha manifestado de seguir ejerciendo ese papel que ustedes mantuvieron en el pasado, cuando fueron protagonistas de la firma de los distintos acuerdos que han dado soporte y sustento al Pacto de Toledo y a la continuidad de la
garantía del sistema de pensiones de España. No esperábamos que hubiera otra posición por parte de Comisiones Obreras, y ustedes tienen efectivamente el respaldo de su actuación pasada.



Este es un momento de preocupación, pero no es un momento de preocupación porque haya nadie que no desee que avancemos en un consenso político y en un consenso social, ni tampoco porque haya nadie que desee utilizar el asunto de las
pensiones con ánimo partidista o con un ánimo electoral; yo creo que eso felizmente quedó fuera de lo que es el debate político. Sin embargo es un momento en que es muy importante hablar con claridad, hablar desde el realismo y hablar con absoluta
sinceridad sobre lo que está pasando, y que es un momento también en el que tenemos que estar preparados para poder asumir reformas y poder tomar decisiones de calado y decisiones de fondo.



En este turno de comparecencias se han dicho cosas importantes, no las hemos dicho nosotros, las han dicho personas que tienen autoridad y que tienen posición para que su opinión se tenga muy en cuenta, y para que su opinión sea considerada
de una manera especialmente atenta y cautelosa.
Es conocido que el gobernador del Banco de España nos alertó de la desaparición próxima, o de la previsible desaparición del superávit de la Seguridad Social, y que sus palabras de alguna manera se
han visto corroboradas por los datos que hemos venido conociendo, y especialmente por esa caída superior al 24 por ciento, el 24,16 por ciento del superávit en el primer trimestre de este año. Esto contrastaba visiblemente con la proyección de
ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, de acuerdo con el documento de estrategia nacional de pensiones que se remitió a la Cámara, que preveía que la Seguridad Social no arrojaría números rojos hasta el año 2020. Yo no sé si esto se va
a producir en el ejercicio 2009 o se va a producir en el ejercicio 2010, pero es evidente que esto supone un cambio sustancial respecto de las previsiones que estábamos manejando, y que la consecuencia lógica está recogida también en las palabras
que dijo ayer aquí el señor Almunia: cuanto antes acometamos las reformas que es necesario emprender, menos penoso será el proceso y en mejores condiciones estaremos para actuar.
Por tanto el compromiso de responsabilidad de búsqueda del consenso
y de garantizar el sistema de pensiones nos tiene que mover a actuar ya y a acreditar la necesidad de acometer reformas, y yo espero que en eso nos podamos encontrar, porque esa sinceramente, es nuestra disposición.



Es evidente que lo que no está previsto es la evolución de los datos económicos, que son los que están completamente descuadrados, de acuerdo con las previsiones que se nos habían remitido en esa estrategia nacional, y también es verdad que
naturalmente la salud de la Seguridad Social depende muy directamente de la salud del sistema financiero y de la economía en general, y yo comparto la necesidad de abordar reformas estructurales, modificar el modelo productivo, mejorar la
productividad o incrementar el valor añadido del trabajo, y eso es algo en lo que tendremos que trabajar. Pero para obtener ese objetivo que se enumeraba, y que es el objetivo también del Partido Popular, que es pagar más y mejores pensiones, en
cantidades más altas y durante más tiempo -que en cualquier caso es lo que estamos obligados a hacer- es evidente que el esfuerzo que realiza nuestro país, ahora cifrado en el 8,8 por ciento


Página 6


del PIB, en los próximos diez o veinte años se va a tener que duplicar, y por tanto nosotros tenemos que ir tomando ahora decisiones sobre cuál es la mejor manera de abordar esta cuestión.



Hablando de cuestiones concretas, algunas de las cuales han sido esbozadas en su intervención y que preocupan a mi grupo, a mí me ha agradado la apelación que se ha hecho a la separación de fuentes; todavía se siguen pagando los
complementos a mínimos con cargo a la Seguridad Social, seguramente este es un asunto perentorio en un momento en el que vislumbramos en el horizonte que podemos entrar en una situación de déficit. Esa separación está prevista ahora en un horizonte
del año 2012, pero me gustaría saber cuál es la posición concreta de la organización a la que usted representa sobre la separación de fuentes entre los gastos que tienen que ser financiados con cargo a la Seguridad Social y los que corresponden a
los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, cuándo se debería asumir definitivamente el quitar la carga de los complementos a mínimos de la Seguridad Social.



En relación con algunas propuestas que se han venido recogiendo aquí, me gustaría saber cuál es la posición y cuáles son los límites de lo que considera Comisiones Obreras que se puede hacer en torno al retraso de la edad de jubilación.
Hemos escuchado una posición contraria, y en eso viene a coincidir con nuestro grupo, a un retraso obligatorio de la edad de jubilación. Estamos siempre hablando de incentivos y de retrasos voluntarios, parece que los incentivos que ahora mismo
están en marcha no están siendo eficaces, ¿qué tipo o propuesta de incentivos concretos para poder fomentar la continuidad y ampliación de la vida laboral se plantean desde Comisiones Obreras? O ¿qué se puede proponer a esta Comisión para que pueda
analizarlo? En cuanto al periodo de cotización, se ha hecho una referencia a aquellos casos en que se ha tomado en consideración solamente los últimos quince años, que puede perjudicar a algunos trabajadores. Yo también quisiera conocer su
opinión. Somos prácticamente dos o tres países los que estamos considerando un periodo de cotización tan corto a la hora del cálculo de la pensión, y me gustaría saber si hay un posicionamiento favorable a la extensión del periodo de cotización
para el cálculo. En ese sentido, qué es lo que se piensa y si se puede concretar un poco, si se está pensando en quince años -que es la situación actual-, en veinte, treinta, treinta y cinco, quizá toda vida laboral, y cuál es el posicionamiento
que tiene en relación con la sostenibilidad del sistema y en relación también con hacer un reparto más justo.



Finalmente, me gustaría preguntar también por algún asunto muy concreto, por ejemplo, cuál es la posición que tiene Comisiones Obreras respecto al régimen especial de empleadas del hogar, en un sector que frecuentemente recala en la economía
sumergida y se sitúa fuera de la cotización. Quiero decir que el propio Pacto de Toledo hace una recomendación respecto del déficit público y respecto de la necesidad de ser contenidos en el déficit del Estado. Este año las previsiones son malas,
hablan de que podemos superar -lo dice el Banco de España- el 8 por ciento, algunos dicen que podemos llegar a un 10 por ciento de déficit. Creo que tiene mucha relación con la Seguridad Social y también con la cobertura del gasto social en
general. Si estamos abogando por una separación de fuentes inminente, por que se asuman los complementos a mínimos y por tanto se alivie de esa carga a la Seguridad Social, en un momento en el que el Estado está agobiado por la carga de las
prestaciones por desempleo y en un momento también de un fuerte incremento del déficit público, ¿no le parece a usted que una política de déficit y una política, por tanto, que incremente el gasto en tiempo de merma de ingresos no supone también una
amenaza para la futura estabilidad del sistema y para la garantía de la cobertura social en España?


Yo espero que nosotros podamos tener una colaboración fructífera, que sea una colaboración que vaya en los términos de la que tuvimos en el pasado, cuando ustedes fueron firmantes de los sucesivos acuerdos en torno al sistema de pensiones.
Es el ánimo con el que trabajamos, mantenemos los mismos objetivos y espero que usted también comprenda que el momento efectivamente sí es de preocupación, que aquí nadie está haciendo alarmismo, que las previsiones con las que trabajábamos han sido
desmentidas por los hechos y que por tanto seremos capaces de trasladar un mensaje claro, de garantía del sistema de pensiones y que los españoles tengan garantizadas las pensiones en la medida en que seamos capaces ahora de acometer con toda
serenidad las reformas que son urgentes.



El señor PRESIDENTE: Por CiU tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Damos la bienvenida al secretario general de Comisiones Obreras en su primera comparecencia ante esta Cámara, coincidimos con él en ese compromiso acreditado de su organización a lo largo de estos años en el
desarrollo del Pacto de Toledo. Convergència i Unió valora de manera positiva esa trayectoria de su organización desde 1996, que ha estado en todos los acuerdos, demostrando un enorme sentido de la responsabilidad y, en su momento, asumiendo
decisiones que seguramente en el corto plazo tenían un riesgo político y social evidente. Ahí Comisiones Obreras demostró su sentido de país, de responsabilidad y de apuesta por defender mediante reformas el sistema público de pensiones.



Su comparecencia esta tarde se produce en el contexto del inicio de comparecencias en esta Comisión en una legislatura en la que precisamente la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe analizar la implementación de los acuerdos
tomados en 2003 y plantear las reformas para el propio quinquenio. Quizás este debate, en estos momentos, ha empezado de la peor manera posible. A nuestro entender, y a pesar de que no


Página 7


pudimos participar de aquella Comisión, de la lectura de la intervención del gobernador del Banco de España mi grupo no deduce nada que sea excesivamente novedoso respecto a aquello que poco o mucho el conjunto de organismos internacionales
han venido analizando respecto a la situación del sistema público de pensiones en España y de las reformas que en el conjunto de la Unión Europea la mayoría de los gobiernos han estado adoptando. Seguramente el Gobierno cometió el error de entrar
en una discusión pública con el gobernador del Banco de España innecesaria, es bueno que el gobernador del Banco de España juegue un papel exigente desde el punto de vista de la lógica financiera del sistema público de pensiones, por su repercusión
desde el conjunto macro económico de nuestro sistema, y quizás la oposición ha buscado con mucha facilidad, con base en esa reacción del Gobierno, intentar desgastar al propio Gobierno. Por ello es bueno recordar que aquello que caracterizaba el
espíritu del Pacto de Toledo en 1995 era precisamente situar la discusión de las pensiones fuera de la lógica del desgaste entre Gobierno y oposición o fuera de buscar los réditos a corto plazo que el debate de pensiones puede tener para todos. El
debate es legítimo y son legítimas las posiciones que formuló el gobernador del Banco de España o las que usted hoy puede formular o las de otros grupos sociales. Es bueno que tengamos ese debate, es bueno que la sociedad sepa de lo que estamos
discutiendo y es bueno que el Gobierno sea capaz -si discrepa de las opiniones que formula el Banco de España- de plantear cuáles son sus alternativas. Insisto, tengo la sensación de que hemos empezado el debate social sobre las reformas del
sistema de pensiones de la peor manera posible.



Es evidente que hay tres cuestiones que habrá que resolver en esta legislatura. Primera, si la crisis económica en marcha afecta estructuralmente al sistema de pensiones, lo que nos abriría discusiones muy relevantes; segunda, cuál es la
urgencia de las reformas que se deben poner en marcha; y tercera, cuál es el sentido de las reformas que se deben activar. ¿Debemos poner el acento en aquellas reformas que refuercen la sostenibilidad a medio o largo plazo del sistema? ¿Debemos
poner el acento en aquellas reformas que refuercen la mayor cobertura del sistema y la solidaridad del mismo? Esas tres discusiones son básicas en esta legislatura, cómo afecta la crisis, la urgencia que tenemos y el sentido de las reformas. Desde
la posición de Convergència i Unió estamos convencidos de que la crisis, si no va acompañada de un conjunto amplio de reformas del sistema productivo, puede afectar estructuralmente al sistema de pensiones. Estamos convencidos además que en esta
legislatura esta Comisión debería ser capaz de alcanzar un acuerdo parlamentario de recomendaciones, que ese acuerdo parlamentario en esta legislatura debería poder trasladarse a un acuerdo social entre el Gobierno y los agentes sociales, y que ese
acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno, fruto de esas recomendaciones, debería convertirse en un proyecto de ley que se tramitase durante esta legislatura.



Mi grupo tiene un mal recuerdo, por lo que hace a los calendarios, de la renovación del anterior Pacto de Toledo. Entre 2000 y 2004 esta Comisión tuvo cuatro años largos de comparecencias y de reuniones, que alcanzaron un acuerdo que se
trasladó a los agentes sociales en la siguiente legislatura y a finales de aquella legislatura ese acuerdo, fruto de las recomendaciones de 2003, se convirtió en un proyecto de ley que discutimos en esta Cámara y que, eso sí, pactamos entre todos.
A mi grupo le parece que no estamos en condiciones de repetir ese periodo tan dilatado de tiempo para poner en marcha esas reformas. En relación a esto, me gustaría conocer si desde la perspectiva de Comisiones Obreras consideran que en la
legislatura en marcha deberíamos ser capaces de alcanzar esos tres acuerdos: acuerdo de recomendaciones, acuerdo social y proyecto de ley.



Sentido de las reformas. De su intervención me ha parecido entender que usted ha puesto más el acento -y me parece bien porque en definitiva es la posición del sindicato- en aquellos aspectos que empleen cobertura del sistema, refuerzo de
la solidaridad del sistema. En este sentido, ¿cómo aborda Comisiones Obreras la reforma de la pensión de viudedad? Usted sabe que la Cámara está tramitando un proyecto de ley en relación con esta cuestión y nos gustaría conocer su opinión,
recordando que ustedes protagonizaron un acuerdo importante que permitió que la base reguladora de la pensión de viudedad pasase del 45 por ciento al 52 por ciento y que, poco o mucho, ese acuerdo que alcanzaron ustedes con el Gobierno en aquella
legislatura inspira las posiciones de Convergència i Unió en esta materia. En el terreno del grado de cobertura del sistema de protección social, ayer mismo en la Comisión de Trabajo e Inmigración se aprobó la creación de una subcomisión
parlamentaria para analizar la renta básica.
Mi grupo en el debate de ayer se mostró poco entusiasmado con el planteamiento de la renta básica, nos parece que tenemos debates más inminentes y más urgentes: la situación de las pensiones no
contributivas, el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, la relación entre políticas pasivas y políticas activas, la cobertura de la situación de los cientos de miles de personas que no van a cobrar o no están cobrando prestación de
desempleo. Me gustaría conocer la posición de Comisiones Obreras frente al debate sobre la renta básica.



Finalmente, dos últimas consideraciones coincidiendo con algunas preguntas que el señor Alonso le planteaba y que no las repito por no gastar más tiempo, pero sí me gustaría plantearle dos cuestiones concretas. Primera, su posición sobre
cómo la migración afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿cree usted que vamos a continuar necesitando trabajadores de origen extranjero para garantizar el sistema de pensiones en razón de la pirámide demográfica que existe en España?
Y segunda, usted, por lo que he entendido, se ha mostrado claramente contrario a una rebaja de las prestaciones sociales


Página 8


por su efecto de redisminución de los ingresos al sistema, pero usted sabe que quienes plantean también la propuesta de reducción de cotizaciones ponen encima de la mesa que se vea compensada esa disminución de las prestaciones sociales por
el incremento del impuesto sobre el valor añadido. Su posición contraria a la reducción de las prestaciones sociales, ¿también implica una posición contraria a compensar las reducciones de cotizaciones sociales por el correspondiente incremento de
IVA para evitar precisamente esa disminución de ingresos en los sistemas financieros?


En todo caso, mi grupo está convencido de que todos -los grupos parlamentarios, el Gobierno y los agentes sociales- tenemos una enorme responsabilidad para impulsar las reformas, que todos tenemos una enorme responsabilidad para mantener el
consenso que ha sido posible desde el año 1995 hasta la fecha, que pocos Estados europeos pueden tener un currículo en materia de reformas en sus sistemas de protección social con el alto grado de acuerdo social y político que hemos vivido desde
1995, y que por tanto Convergència i Unió, en este debate, se posiciona desde la convicción de que el consenso es imprescindible; pero también de que el consenso no puede impedir las reformas que se necesitan para que el sistema sea sostenible y
que su nivel de cobertura y de solidaridad aumente en aquello que sea necesario. Estoy seguro de que en las cuestiones de fondo vamos a poder entendernos con Comisiones Obreras.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Antonia García.



La señora GARCÍA VALLS: En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos agradecer la comparecencia del señor Fernández Toxo ante esta Comisión de Pacto de Toledo, que seguro será muy importante para el trabajo que tenemos
entre manos y que vamos a desarrollar en los próximos meses. También le agradezco la responsabilidad y rigor del sindicato Comisiones Obreras en apoyo del Pacto de Toledo, incluso en estos momentos en los que se alienta una polémica -a nuestro
parecer- en algunos momentos innecesaria. Coincidimos con usted en que estamos hablando de un tema de gran trascendencia, y creo que esto es compartido por todas las fuerzas políticas, el Pacto de Toledo no es cualquier cosa.
Y coincidimos con
usted y con los demás grupos políticos que han manifestado en esta comparecencia y en las demás la necesidad del consenso. Creo que el consenso es el gran valor del Pacto de Toledo y también lo que da seguridad y confianza a la ciudadanía, ese
compromiso de las fuerzas políticas, manifestado ya en el año 1995 y que se ha mantenido a lo largo del tiempo a favor de los diferentes signos políticos que han gobernado nuestro país. Quiero manifestar el compromiso del Grupo Socialista con el
sistema público de pensiones y también nuestro compromiso con contribuir al objetivo de mantener la sostenibilidad del sistema. Coincidimos con usted en que hay que actuar con carácter permanente, también a medio y a largo plazo, y que hay que huir
de esas actuaciones o manifestaciones que se basan en la coyuntura porque esto no es bueno para el Pacto de Toledo. Se ha creado una alarma social, sobre todo en la última semana, y pensamos que esto no es positivo para la ciudadanía porque, como
antes he comentado, el sistema que tenemos se basa en un sistema de reparto en el que las prestaciones que recibe la población pasiva es con cargo a las cotizaciones de los que ahora trabajan y que a su vez esperan en el futuro -a veces muy lejano-
percibirlas. Entonces, crear ese desasosiego con mensajes apocalípticos no resulta nada positivo para lo que yo creo que todos queremos. Por eso, agradezco también su mensaje sobre que el Pacto de Toledo goza de buena salud.



Estamos de acuerdo en cuanto a la separación de fuentes. Eso ya es la primera recomendación del Pacto de Toledo, pero hay que tener en cuenta que aunque no es la primera vez que estamos en una situación como la de ahora de revisión y
reformulación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, sí es la primera vez que lo hacemos en una situación de dificultad económica, de crisis económica e, incluso me atrevería a decir, de incertidumbre económica. Por eso creo que se tiene que
demostrar aún más en estos momentos la responsabilidad que a todos se nos presupone. Creemos que además del tema de la financiación es importante -y usted así lo ha manifestado- la demografía, y en ese sentido se ha de hacer un análisis riguroso.
Se ha comentado que hay que desarrollar políticas sociales que incrementen la natalidad, con nuevas prestaciones, pero atendiendo a la conciliación, de modo que aumente la natalidad y se permita al tiempo que la mujer se incorpore al mercado de
trabajo con más facilidad que la que tenemos en estos momentos. Ha hablado de ayudas directas y yo quiero manifestar que en la anterior legislatura el Gobierno hizo un esfuerzo en este sentido con la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido y también
con la introducción del permiso de paternidad en la Ley de Igualdad.



Por supuesto, es muy importante el cambio del modelo productivo y creo que ese es un trabajo del Gobierno pero sobre todo de los agentes económicos y sociales. En ese sentido, agradecemos el esfuerzo que siempre ha hecho Comisiones Obreras
en el marco del diálogo social porque el diálogo social es lo que nos hace avanzar a todos a la vez y en el buen camino.
Ahora que nos encontramos con una barrera importante creo que los esfuerzos de todos son necesarios para derribarla en el menor
tiempo posible y con la mayor eficacia.



También ha comentado que hay que dificultar el fraude. En los últimos tiempos -y no sólo lo reivindico para la última legislatura sino también en épocas anteriores- desde la Seguridad Social se ha hecho un esfuerzo importante por ir
dificultando la posibilidad de fraude, porque, al final, los que perdemos somos todos. Desde mi grupo consideramos, y es el momento idóneo,


Página 9


que hay que hacer reformas, no nos cerramos en banda porque eso sería de una irresponsabilidad absoluta, pero también manifestamos que las reformas serán con consenso o no serán, no puede darse la situación de hacer reformas unos contra
otros porque eso no sería eficaz ni bueno para el sistema.



Se ha comentado aquí el tema de alargar la edad de jubilación obligatoria y hemos conocido su opinión. Desde mi grupo pensamos que hay que flexibilizarla e incluso se podría hablar -y esto también puede ser materia de discusión en la
Comisión- de ver diferentes edades de jubilación según el trabajo y las funciones que se desarrollen. Como usted ha dicho, no es lo mismo trabajar en condiciones de insalubridad, toxicidad, peligrosidad que en otras situaciones que no tienen esas
características.



El diputado Carles Campuzano ha comentado el tema de la viudedad, queremos conocer su opinión en relación con ello. Hemos constituido una ponencia en esta Comisión con el ánimo de tratar con profundidad la cuestión de la pensión de
viudedad, teniendo en cuenta que las circunstancias por las que se creó dicha pensión no son las mismas que en la actualidad y queremos saber su opinión. También se ha mencionado por parte del señor Alonso el tema de las empleadas de hogar y nos
gustaría saber su opinión con relación a esta cuestión ya que en mi grupo piensa que tenemos que avanzar y reflexionar.



El Pacto de Toledo es -se ha dicho esta mañana en una jornada en la que hemos participado representantes del Partido Popular y yo- el único gran consenso a nivel económico, social y político que ha tenido este país y que no ha servido de
controversia política ni de arma electoral desde que se firmó. Me gustaría que en este proceso de revisión y reformulación de las recomendaciones siguiéramos valorándolo así y que el consenso no deba ser entendido solo como consenso entre las
fuerzas políticas, aunque al final, en el Parlamento, los que votamos somos los representantes de los diferentes grupos políticos, sino que debe ser entendido también como un consenso con la ciudadanía y, sobre todo, con los agentes sociales y
económicos. En ese sentido, le agradezco una vez más su comparecencia en esta Comisión y le pido que si en algún momento volvemos a necesitar de usted, nos atienda porque es muy importante que los sindicatos estén trabajando con nosotros.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Toxo.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (Fernández Toxo): Entro en el terreno de las coincidencias. Coincidimos en la idea de preservar el valor del acuerdo por encima de los desencuentros que puntualmente o sobre otras materias,
de naturaleza seguramente muy importante, puedan producirse. El Pacto de Toledo ha tenido grandes virtudes, a pesar del esfuerzo con el que nació, en una controversia sobre la viabilidad a futuro de nuestro sistema público de pensiones en un
momento, el año 1995, incluso muy superior a la que se da en estos momentos. El debate era de otra naturaleza afortunadamente algunos estudios que la propia acción del Parlamento y los trabajos que esta Comisión en su día realizó y que dieron lugar
a la primera edición del Pacto de Toledo han permitido configurar un marco de debate en relación con el futuro de la Seguridad Social y las pensiones en nuestro país de naturaleza distinta al que se produjo en aquellos momentos, afortunadamente,
porque si no la deriva hubiera sido mucho peor. Tuvo la virtud de negociarse en un contexto político y empezar a desarrollarse en otro, lo cual implica que todas las fuerzas con presencia en el Parlamento terminaron comprometidas de verdad con
aquellos objetivos que se planteaban de forma común pero con muchas dudas porque el escenario era el que era. De aquellas quince primeras recomendaciones ha salido una dinámica de acuerdos y una trayectoria de trabajo que se va sustanciando a lo
largo de los años en opinión de mi sindicato, y por eso la apuesta que realizamos en aquel momento ha sido tremendamente útil para la sociedad española. Estas recomendaciones se ampliaron, creo que a veintidós, en la segunda edición que también han
tenido una importancia muy grande. Nosotros, que hemos participado -lo decía en mi primera intervención- en el conjunto de los acuerdos que se han suscrito alrededor del Pacto de Toledo, seguimos en la idea de continuar con esa línea de
compromisos, de rigor en el análisis y de rigor en lo posible en las propuestas, partiendo de la base -como no podía ser de otra manera- de que de ideas diversas pueden salir líneas de actuación y de trabajo también distintas, aunque conviene
tenerlas todas en cuenta para intentar llegar a los mayores consensos posibles. Creo que sería un tremendo error perder el consenso que se ha establecido alrededor del Pacto de Toledo, porque el escenario de debate en relación con el futuro de la
Seguridad Social cambiaría radicalmente.



Si nos atenemos a la coyuntura, las circunstancias no son las mejores para un debate de esta naturaleza, pero es el momento en el que toca y no se puede salir de él. Lo ideal sería situarse en un escenario de superación de la crisis con
algunos deberes hechos y una recuperación económica que nos permitiera situar la discusión en otras circunstancias, pero lo cierto es que el escenario de crisis contamina el debate; menos, por lo que he podido escuchar a lo largo de las
intervenciones entre SS.SS., que el ruido que se produce fuera y que a veces se traslada aquí, porque esta es una Cámara de resonancia de primera magnitud. Nosotros no compartimos el enfoque global que sobre las soluciones a aportar en cuanto a la
salida a la crisis, o al menos para paliar los efectos de la misma, están haciendo determinados sectores. No seré yo quien venga a criticar aquí a personas que han comparecido ante esta Comisión porque no es el campo para hacerlo, sin embargo, la
línea de reflexión que a nosotros nos gustaría introducir para intentar marcar -en la medida


Página 10


en que sea posible- el rumbo y las conclusiones del debate difiere bastante de algunas de las cuestiones que aquí se han dicho.



Es posible que en algún momento aparezca una situación de déficit puntual en las cuentas de la Seguridad Social pero no parece que vaya a ser este año ni el siguiente, ni más allá, hasta un escenario más avanzado; depende también de las
previsiones de crecimiento de la economía con las que se trabaje. No es lo mismo tomar referencias de crecimiento sostenido o medio del producto interior bruto del 1,5 que hacerlo con el 2,5 o con el 2 por ciento, porque nos coloca en escenarios de
trabajo distintos.
Haciendo un ejercicio puramente teórico, que no es el caso, una situación de déficit puntual ahora, de uno o dos años, en las cuentas de la Seguridad Social no debiera implicar un cambio de rumbo en las reflexiones y fijar
objetivos radicalmente distintos a los que se podrían establecer a partir de constatar lo que es una realidad: no hay déficit en las cuentas de la Seguridad Social y no parece que lo vaya a haber durante el año 2009 ni el año 2010, aun en el peor
de los escenarios imaginables de evolución de la crisis económica. Pero, aun así, hay márgenes de actuación, y trataba de situarlo en la primera intervención.



Entro en alguna de las cuestiones que se han ido planteando a lo largo de las diversas intervenciones. Nosotros creemos que la separación de fuentes de financiación debería anticiparse y llevarse a cabo antes del año 2012. Ese era, además,
el primer compromiso cuando se suscribe el primer acuerdo derivado del Pacto de Toledo. ¿Cuánto? A ustedes les corresponde tomar la decisión pero cuanto antes se realizase más disponibilidad de recursos tendríamos para atender la demanda de
prestaciones en materia de pensiones en nuestro país. Nosotros seríamos partidarios de anticipar el proceso de separación de fuentes. Como seríamos partidarios de que, de forma inmediata, a ser posible en la próxima Ley de Presupuestos, los costes
de personal cargasen a impuestos y no a cotizaciones sociales como se están cargando en este momento. Es un departamento más de la Administración General del Estado y, por lo tanto, en nuestra opinión no tiene sentido que sus salarios se sigan
pagando con cargo a las cotizaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que tienen una finalidad y es sostener el sistema público de pensiones.



Lo mismo, pero en otro orden de reflexión, ocurre con lo que propusimos en su día y seguimos insistiendo más tarde con escaso éxito hasta el momento, sobre las políticas activas. En opinión de Comisiones Obreras, no deberían financiarse con
cargo a las cotizaciones de desempleo, deberían financiarse con cargo a impuestos, en el caso de mantener el esquema de políticas activas que está en vigor en este momento en nuestro país. Esto no serviría de forma automática para acabar con el
déficit de caja del Inem, pero paliaría en parte este y la necesidad de dotarlo de recursos que el Estado tiene que aportar, diferentes a las cuotas, en una cuantía -se ha anunciado- de hasta 10.000 millones de euros, aunque probablemente tengan que
ser más en la línea de evolución que está teniendo el desempleo en nuestro país.



Aprovecho esto para situar el tema de los sistemas asistenciales, complementarios y demás. Los datos del paro del mes de abril -a lo mejor nos dice alguna cosa distinta a la Encuesta de Población Activa pero no lo sé- dan como cierto que
sean 3.700.000 o 4.010.700 las personas paradas. Tenemos un problema de tremenda envergadura y nuestro sistema público de protección al desempleo no cubre el crecimiento de la demanda, y, además, en la medida en que la crisis alarga su duración,
sus efectos se notan mucho más en la cantidad de personas que no perciben prestaciones procedentes del sistema público de protección al desempleo.
Además de que como tampoco la economía española es capaz de absorber el crecimiento de la población
activa, hay muchas personas que quisieran trabajar pero no pueden hacerlo y no tienen derecho a prestaciones porque no han trabajado en ningún momento. Nosotros queremos poner la atención sobre las prioridades de actuación en este terreno en las
personas. Lo ideal sería poder desarrollar políticas que pudieran derivar que se facilite el acceso a un puesto de trabajo a todas estas personas que están en situación de desempleo, pero no es así, no hay dietas milagro.
En tanto esa situación se
mantiene, creemos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo a costa del déficit, evidentemente, no queda otra alternativa en nuestra opinión. Afortunadamente este país tiene hoy una capacidad de endeudamiento que no tenía en el pasado relativamente
reciente, estamos -respecto a los últimos datos, probablemente esto haya cambiado ya un tanto- en un margen de veinte puntos de capacidad de endeudamiento en relación con el Plan de estabilización de la Unión Europea y las referencias de Maastrich.
Digo que es probable que en los últimos meses esto haya cambiado un tanto, pero hay un margen de capacidad de actuación que debería ser utilizado, en nuestra opinión, en una doble dirección.
Por una parte, proteger a las personas, y aquí el papel
de los sistemas asistenciales nos parece fundamental como elemento complementario. Algún elemento de mejora habría que introducir en el sistema de prestaciones por desempleo en algunas franjas de edad, facilitando el acceso a subsidios para grupos,
para colectivos. En estos momentos no hablo de ampliar un año de forma universal el acceso al subsidio, porque esto no es posible, pero sí habrá que seleccionar algunos grupos de población parada que necesitarían de alguna actuación complementaria
a las que se derivan de la situación actual de nuestro sistema de protección al desempleo en términos de edad, de rentas, etcétera. Por otra parte, nos gustaría que se realizase una actuación concertada entre la Administración General del Estado,
es decir, el Gobierno central, y los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas, en materia de rentas básicas, en materia de salarios de inserción, en programas de formación, etcétera, que sirviesen de paliativo a esas situaciones que amenazan
con hacer crecer la pobreza, la marginación y la exclusión social en nuestro


Página 11


país. Y si fuese posible, de forma un tanto más homogénea a como se está produciendo, partiendo de la base del respeto absoluto -yo creo que esto ha sido una evolución positiva de nuestro país- a las competencias que las comunidades
autónomas tienen en estas diferentes. No se trata de que sustituyan la acción de los sistemas de protección social pero, ante la realidad de una situación excepcional, deberían tomarse algunas decisiones excepcionales en esa materia.



Señor Alonso, nosotros no somos de la opinión de que vaya a desaparecer a corto plazo el superávit de la Seguridad Social, al menos con los datos disponibles, que supongo que son los mismos que los que dispone esta Cámara, esta Comisión y de
los que dispondría el gobernador del Banco de España cuando vino aquí, porque imagino que los habrá extraído del mismo lugar de donde nos llegan a nosotros los datos, que es de la Tesorería de la Seguridad Social. Es más, el último dato público de
evolución del superávit en el último periodo indica que aunque hay una reducción -lo extraño sería que no se produjese- del superávit de la Seguridad Social, estamos en márgenes más que aceptables que permiten hablar de la buena salud del sistema de
Seguridad Social gracias al trabajo que ustedes han realizado y gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad española, incluidos los acuerdos que suscribió mi sindicato con otras organizaciones en relación con las pensiones y en diversas etapas,
no creemos que se vaya a producir un cambio sustancial en la evolución de las cuentas de la Seguridad Social a lo largo del año.



Creemos que es necesario abordar las reformas durante la legislatura, pero esta Comisión debería terminar antes de producir ninguna iniciativa. Sé que el Parlamento tiene la capacidad de la iniciativa y puede ir aprobando elementos
legislativos que puedan tener que ver con el futuro de la discusión que tengamos que hacer o condicionarla en todo o en parte, pero a nosotros nos gustaría que no se tomasen decisiones en materias que afectan al futuro de la Seguridad Social antes
de que ustedes terminasen el trabajo, antes de que ustedes nos inviten a intentar un nuevo acuerdo en el espacio tripartito de diálogo social y que, en todo caso, fuese el resultado de este. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que están
planteadas encima de la mesa. No me refiero a la situación de la viudedad, nosotros ya planteamos esa discusión en el último acuerdo para la reforma de las pensiones. Se comprometió un trabajo a fondo que intentase atender los cambios que se han
producido en nuestro país en relación con estas situaciones; ni la familia es la misma, ni la familia española está en las mismas circunstancias, ni las posibilidades actuación tampoco son las mismas que cuando nació el sistema de viudedad en
nuestro país. Parece que es aconsejable hacer una reflexión de fondo. Nosotros estamos dispuestos a acompañarles en esa reflexión y a hacer las aportaciones que ustedes nos pidan para que las conclusiones del trabajo sean lo más útiles posible,
pero, insisto, ustedes tienen la responsabilidad de gestionar el mandato que les ha dado la ciudadanía en las elecciones, y si de alguna decisión se derivase una situación que pudiera afectar de forma importante al gasto en términos de atención a un
colectivo concreto, muy necesitado de elementos de mejora o de alguna corrección, esto podría condicionar el conjunto del debate. En todo caso, a ustedes les corresponde tomar la decisión. Nos gustaría que esta vez sí, después de las conclusiones
que ustedes extraigan, el tema de la viudedad formase parte del paquete de discusión global que pudiera derivarse del conjunto de las reflexiones y, si es posible, de la renovación de compromisos actualizando lo del Pacto de Toledo.



Había otra cuestión muy concreta que se planteaba en relación con el régimen de hogar. Creo que todos en nuestro país estamos interesados en una cuestión, que es hacer aflorar la economía sumergida, erradicar determinadas prácticas en
nuestro país, entre otras cosas porque perjudican a las personas pero reducen la capacidad de actuación del Estado al reducir la capacidad de recibir ingresos. Además, dignificar el trabajo en el hogar nos parece una cuestión fundamental, y esto,
en nuestra opinión, está bastante relacionado con las posibilidades complejas de integración del régimen de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, que es una aspiración casi desde el principio en el debate que se ha realizado después
del primer acuerdo del año 1996 con el Pacto de Toledo y los subsiguientes acuerdos establecidos. Sabemos que es un tema complejo por la peculiar relación laboral que se establece fundamentalmente entre las familias, las personas, y la persona que
acude al domicilio al trabajo. Entre todos tenemos que intentar buscar la manera de resolver estos problemas y entre todos podemos buscar ideas en las propuestas alternativas a una situación que afecta a más de 700.000 personas en nuestro país que,
por otra parte, están alejadas de la negociación colectiva y más necesitadas de elementos de protección que otras.



En relación con la urgencia de las reformas, nosotros creemos que las reformas son necesarias, que hay que hacerlas periódicamente y que sería conveniente que ustedes terminaran su trabajo en las mejores condiciones en tiempo útil para poder
alcanzar algún acuerdo que sustituya a los actuales durante la legislatura. Está en sus manos y en lo que podamos cooperar nosotros. Sí creo que el futuro de nuestro sistema de protección social podría y debería formar parte de lo que en mi
sindicato venimos denominando la necesidad de un gran pacto de Estado por la economía, el empleo y -añadiría- la cohesión social en nuestro país. De la situación actual deberíamos salir de manera distinta a como hemos entrado. La transformación de
nuestro modelo productivo no se va a realizar si no se logra un gran consenso social con respaldo político suficiente que pudiera actuar durante un periodo de tiempo, en principio lo que queda de legislatura. En primer lugar, podría venir de la
mano de una especie de plan de choque para la coyuntura, que atendiese a la situación de las personas, para reactivar en lo posible la economía, en segundo lugar, induciendo


Página 12


ya los factores de transformación de la misma, y, en tercer lugar, en relación con la viabilidad futura de nuestros sistemas de protección social.



La Seguridad Social y el sistema de pensiones deberían ser una pieza fundamental para ese gran pacto. No hablo de reeditar los Pactos de la Moncloa, porque estamos en otro escenario distinto de desarrollo político de nuestro país; aquellos
pactos nacieron en unas circunstancias excepcionales en España, se trataba de consolidar la democracia, con organizaciones como los sindicatos, todavía sin el reconocimiento suficiente como para formar parte activa de los mismos, pero hoy creo que
necesitamos de un gran pacto que incluya como pieza fundamental el futuro de la Seguridad Social y, en particular, de nuestro sistema de pensiones.
Cuanto antes se pudiera abordar, mejor. No es necesario -o al menos no es esta nuestra opinión-
hacer todas las reformas en el mismo momento, se puede iniciar un camino de trabajo para durante un periodo de tiempo acometer el conjunto o la gran parte de las reformas que necesita nuestro sistema de Seguridad Social. Partimos de considerar que
no hay una sola manera de sostener el sistema futuro, o al menos deberían incorporarse a la reflexión algunas piezas que hasta ahora han estado bastante ausentes de la misma. La calidad del empleo es la primera. Uno de los elementos que determinan
algunos de los problemas que tiene nuestro sistema de Seguridad Social, y de pensiones en particular, tiene que ver con esa franja de temporalidad que se sitúa estructuralmente en el 30 por ciento de la población asalariada de nuestro país con
carreras laborales discontinuas, con una alta rotación y, normalmente, asociados a empleos de baja calidad en términos de salarios y en otras cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo, pero como los niveles retributivos determinan la
calidad de las cotizaciones que entran al sistema, un esfuerzo absolutamente imprescindible a realizar en nuestro país es el que pudiera llevar a la mejora de la calidad del empleo, reduciendo sensiblemente los niveles de temporalidad y de
precariedad que aquejan al mercado laboral español. En esa dirección avanzaba la reforma que consensuamos en el año 2006, pero han fallado algunas piezas y se nos ha caído la economía. Ahora tenemos que actuar con otros horizontes temporales y
probablemente con alguna pieza nueva.



Como importante es intentar elevar el suelo de cotización en nuestro país.
Esto tiene que ver con el modelo productivo, pero también tiene que ver con algo que apuntaba en la primera intervención y es la función que puede jugar el salario
mínimo interprofesional. España se puede y debe permitirse un salario mínimo interprofesional sensiblemente superior a los 624 euros actuales. No se corresponde nuestra situación en este terreno, en términos comparativos, con la situación de otros
países -no digo ya Luxemburgo- pero la productividad de la economía española no es la mitad de la economía francesa y sin embargo tenemos un salario mínimo interprofesional que es la mitad del salario mínimo interprofesional francés. No estoy
pensando ahora en las retribuciones, que también, de los trabajadores y trabajadoras que están en el umbral del salario mínimo interprofesional, estoy pensando en los efectos que el suelo de cotizaciones tiene para la solidez del sistema de
Seguridad Social y del sistema de pensiones públicas en particular. Creo que es una tarea urgente, no se puede dilatar más y no es incompatible con la pelea por el crecimiento del empleo. Nosotros partimos de considerar, a salvo de mejor opinión
pero dispuestos a contrastarla con cualquier otro actor del escenario económico y político de nuestro país, que la subida en los términos que estamos planteando la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras del salario mínimo
interprofesional no pone en riesgo ningún empleo en ninguna empresa. Y, en sentido contrario, tal vez valdría la pena hacerse la pregunta de si merece la pena sostener algunos empleos que solo son capaces de ofrecer 500 ó 600 euros a las personas
que trabajan en los mismos.



Esto tiene que ver con la situación de nuestro modelo productivo, con los elementos que han determinado el desarrollo de nuestro país en el último periodo, que son insostenibles. Nosotros estamos en crisis condicionados por la crisis
internacional pero no solo por esta, la crisis española es la crisis de nuestro modelo productivo, y estaríamos en crisis aun sin crisis internacional. Esta es nuestra opinión. Por eso es tan urgente acometer algunos elementos de reforma que luego
tienen su traslación a la calidad de nuestros sistemas de protección social. En estos momentos, como a nosotros nos parece que lo más importante es incrementar la capacidad de dotar de recursos al sistema, el problema para nosotros no es tanto como
aplanar la curva de crecimiento de las pensiones. En España no hay pensiones de lujo, las pensiones mínimas necesitan seguir creciendo, claro, pero no pueden seguirse haciendo las cosas así, en nuestra opinión y es una pequeña crítica que hemos
hecho también en el momento: que los partidos políticos o el Gobierno de turno anuncie las mejoras de las pensiones y a nosotros se nos subcontrate el aplanamiento de la curva de crecimiento del resto de las pensiones. Hay que mejorar las
pensiones mínimas de forma sustancial, sostenible y asimilable por el sistema en nuestro país, de ahí la importancia de acelerar la separación de fuentes de financiación, y, al mismo tiempo, hay que dar una expectativa de una pensión lo más próxima
posible al último salario percibido al resto de las personas. Porque, de otro modo, estaremos desanimando la presencia en el sistema sobre todo de los colectivos que están en los niveles más altos, fuera de topes de cotización y, por tanto,
percibiendo pensiones al final de su vida laboral muy por debajo de sus últimos salarios. Los sistemas complementarios pueden jugar un papel, pero no cubrir totalmente ese diferencial. Por esa vía también podríamos incrementar los ingresos de la
Seguridad Social.



En cuanto al sistema de jubilación flexible, esta es una apuesta del último acuerdo de pensiones. Nosotros partimos de considerar que el sistema de jubilación


Página 13


flexible mejorado -tiene margen de mejora- evita entrar en una discusión como la que se suscitó a partir de la comparecencia del gobernador del Banco de España aquí. En España, la edad de jubilación a los 65 años no es obligatoria, es la
edad ordinaria de jubilación y se puede prolongar.
Hasta hace muy poco tiempo no compensaba a las personas, más allá de mantener una actividad que siempre es gratificante, permanecer en el trabajo cuando tenía posibilidades de hacerlo. Introducir
algún factor de mejora y mejorar los factores de mejora que existen actualmente sería una forma de animar la permanencia en el empleo de personas en edad superior a los 65 años, compensando de esa manera el efecto de la salida anticipada, que, en
nuestra opinión, salvo otra mejor, es neutra en términos de caja para la Seguridad Social. Otra cosa es lo de la jubilación parcial, en la que se han hecho correcciones y ha sido un instrumento muy importante. Otra cosa es que puede haber habido
-no sé si se mantienen- situaciones de abuso en su uso, pero ha sido muy importante para promover en determinados sectores, que de otra manera no lo habrían hecho, el rejuvenecimiento necesario de las plantillas en las empresas, no amortizar los
puestos de trabajo y, aunque con un diferencial, seguir permitiendo la entrada de cotizaciones al sistema de Seguridad Social.
Nos parece que sería importante poder seguir utilizando la combinación de esos tres elementos e incentivar un poco más la
permanencia en el empleo de las personas mayores de 65 años.



He dicho antes, que eso nos permitiría abordar otro de los compromisos que no se han desarrollado de los acuerdos anteriores: el estudio necesario de las situaciones de posible anticipación de la edad de jubilación en los sectores de
riesgo. Sería muy importante disponer de los informes convenientes y adecuados de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, para poder determinar cuáles podrían ser susceptibles de ser tratados. En la minería y en el mar hay
coeficientes reductores de la edad de jubilación pero se compensa, si no en todo al menos en parte, con una sobrecotización. Podría explorarse alguna posible actuación en esa misma dirección y para los mismos efectos en algunos otros sectores. Por
ejemplo, los niveles de accidentalidad. En el sector de la construcción son tan altos que exigen pararse a pensar un poco en qué condiciones en determinadas edades se permanece en el puesto de trabajo. Estoy pensando en transportes por carretera
de camiones de gran tonelaje o de transportes de viajeros, con el riesgo que comporta para la persona que trabaja y para las personas que transporta por las vías españolas. Creo que es urgente analizar estas cuestiones e intentar canalizarlas. Yo
sé que no se pueden dar muchas alegrías, esto es de todos, hay que cuidarlo, merece la pena cuidarlo, pero conviene analizar algunas situaciones concretas y ver si estamos en condiciones de hacer un esfuerzo para poder actuar en esta dirección que
estoy comentando y que, además, es una demanda creciente entre determinados sectores de la producción en nuestro país.



Creo que se me queda alguna cosa más de las que se han planteado pero, en todo caso, estamos en disposición de enviarles dentro de unos días un documento de análisis de detalle y de propuestas de alternativa en línea con la intervención que
he realizado que creo puede ser de su utilidad.



El periodo de cálculo. Por eso he hecho la incursión en lo de buscar maneras para incrementar los ingresos. Creo que no es urgente incrementar el periodo de cálculo. Es un tema que nosotros hemos abordado en otros debates, sabemos que es
un tema que quedó pendiente de desarrollo del último compromiso de pensiones y no nos parece que la urgencia esté ahí.
En todo caso, dentro de esa idea de reformas paramétricas en el sistema, es posible discutir de todo, obviamente, pero convendría
analizar las repercusiones que tendría la ampliación del periodo de cálculo para el establecimiento de las pensiones, ahora nos parece más urgente y posible actuar en otros campos que son más necesarios y de mayor urgencia.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a don Ignacio Fernández Toxo, al que despedimos con el mismo cariño con que le recibimos y le reiteramos la oferta: le llamaremos. Mándanos el documento porque puede ser muy interesante.



Se levanta la sesión.



Eras las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.