CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 264

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 9 celebrada el martes 28 de abril de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (Almunia Amann), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los
acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000222.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Iniciamos la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y con el mayor cariño, con el mayor respeto y con el mayor afecto recibimos a un antiguo amigo, a don Joaquín Almunia
Amann, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión.



Señor Almunia, tiene la palabra. No necesito explicarte el funcionamiento, porque lo sabes mucho mejor que yo.



El señor COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS (Almunia Amann): Muchísimas gracias, presidente -muchísimas gracias, Juan-, y muchas gracias a la Comisión del Pacto de Toledo por invitarme a estar aquí esta mañana.



Obviamente no les voy a descubrir lo que es el Pacto de Toledo, simplemente, ya que me invitan, voy a recordar que en una sala de este mismo edificio del Congreso se empezó a fraguar el Pacto de Toledo, allá por el año 1993, en la Comisión
de Presupuestos, como consecuencia de una proposición no de ley presentada por Minoría Catalana, por el entonces diputado don Francesc Homs. En aquel entonces yo era el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presupuestos. Pactamos una
moción para que la proposición no de ley saliese adelante, pero vino la disolución de la legislatura en el año 1993, y al empezar la siguiente legislatura retomamos la idea. De nuevo en la Comisión de Presupuestos se constituyó una ponencia, de
cuyos trabajos salió lo que todos conocemos como Pacto de Toledo, en 1995.



¿Por qué se inició aquello? Si me lo permiten, por si acaso alguno de ustedes no estaba, lo recordaré hoy. La idea que teníamos entonces era evitar que los temas de las pensiones de la Seguridad Social, de las reformas necesarias, del tipo
o del plazo de las mismas fuesen objeto de batalla política. Pensábamos que la Seguridad Social española, y en particular el sistema de pensiones -pero no solo el sistema de pensiones-, después de un largo periodo de tiempo, tenían necesidad de
reformas; que por supuesto se iban a producir cambios en el Gobierno; se iba a producir alternancia, como de hecho se produjo en el año 1996 y de nuevo en 2004, y queríamos llegar a un grado de consenso que estuviese por encima o al margen de los
cambios de estrategia que pudiesen suponer cambios en la composición política del Gobierno. Por supuesto, luego cada Gobierno tiene su forma de ver las cosas; cada mayoría parlamentaria tiene sus preferencias y sus prioridades, pero entonces
queríamos mantener un corpus común, unos pilares de un modelo de Seguridad Social, y en particular de un modelo de sistema de pensiones que no fuesen alterados en lo sustancial cada vez que había un cambio de signo político de la mayoría
parlamentaria. Creo que se consiguió a la perfección con el Pacto de Toledo del año 1995.



Desde entonces se han producido toda una serie de ajustes, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Se produjeron los acuerdos del Pacto de Toledo del año 1995, con varios paquetes de medidas, tanto en épocas de gobierno del Partido Popular
como en épocas de gobierno socialista, y pienso que todos los cambios introducidos desde entonces -vistos ahora, que he tenido la oportunidad de volver a recordarlos y analizarlos para preparar esta comparecencia- van en la buena dirección y son
coherentes y coincidentes con el espíritu y con las recomendaciones del Pacto de Toledo, tanto las de 1995 como las que se produjeron en la revisión o en la proyección hacia el futuro de ese pacto hace unos pocos años. Por lo tanto, como ciudadano
y como político, antes de hablar como comisario europeo, me siento totalmente identificado con el espíritu y con lo que el Pacto de Toledo significa: un modelo de Seguridad Social y un modelo de sistema de pensiones como los que tenemos en España;
la necesidad de tener una visión a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de ese sistema de protección social, y en particular del sistema de pensiones; y un compromiso de perseguir el consenso para tomar decisiones en el marco de
las grandes orientaciones sobre las que se basa el modelo respaldado por los grupos políticos que asumen y comparten el Pacto de Toledo. Todo ello está muy bien, es algo que se sigue manteniendo como plataforma no solo de los grupos políticos, sino
de muchos actores e interlocutores sociales y sectores de opinión. En España es un gran activo, pero a la vez no puede ser esgrimido por nadie como un activo que impida las reformas. El consenso, la ratificación de un modelo y la necesidad de
contemplar una visión a medio y largo plazo es algo que requiere ser puesto en funcionamiento, ser llevado a la práctica a través de reformas que se deben seguir produciendo por los elementos estructurales a los que me voy a referir, y también por
algunos elementos más de actualidad aportados por la crisis económica, que está afectando a todas las economías europeas y a todas las economías del mundo prácticamente.



A partir de ahí paso a decirles cómo vemos desde la Comisión Europea, los temas que atraen la atención de esta Comisión. En primer lugar, para hablar del futuro del sistema de pensiones y del sistema de protección social hay que mirar a la
demografía. Como ustedes saben, en agosto del pasado año, Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, publicó proyecciones de población actualizadas con un horizonte máximo del año 2060. Esas proyecciones indican -simplemente voy a
referirme a las cifras principales, ya que estoy seguro de que SS.SS. las han visto y las han debatido desde agosto del año pasado hasta hoy- que en la Unión Europea a veintisiete la población va a incrementarse desde 495 millones de personas el 1
de enero de 2008 hasta 521 millones en 2035, y que a partir de ahí la población de la Unión Europea a veintisiete, según las proyecciones -que no son profecías, son proyecciones basadas en hipótesis-, a partir de 2035 la población de la Unión
Europea se reducirá gradualmente hasta una


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cifra de 506 millones en el año 2060. Es decir, teniendo en cuenta ese pico en el año 2035, y de una tendencia después a la baja gradual, desde el año 2008 hasta el 2060 -durante 52 años-, estimamos que la población europea va a aumentar en
11 millones de personas, lo cual no es mucho.



El número anual de nacimientos, según estas proyecciones, caerá a lo largo del periodo 2008-2060, y el número anual de defunciones seguirá aumentando, con lo cual desde el año 2015, según las proyecciones, el número de defunciones va a
superar al número de nacimientos. Por lo tanto, el crecimiento natural de la población a partir del año 2015 en la Unión Europea va a ser negativo. Pero va a haber un hecho positivo que añadirá dinamismo a la evolución de la población, que es la
inmigración, como lo ha sido en los últimos años, y gracias a la cual se van a producir esos crecimientos de población a los que me acabo de referir.
Tengo que decir que estimar en unas proyecciones demográficas los flujos netos de inmigración es
algo extremadamente difícil; es una hipótesis basada en la extrapolación hacia el futuro -una extrapolación inteligente, no simplemente automática- de las tendencias que se han venido observando en el pasado. Pero es posible que esa hipótesis sea
desmentida por lo que vaya a suceder, ya que en la práctica va a depender de muchos factores, algunos de los cuales están en manos de los actores políticos aumentar o reducir, en otros casos son factores que no están en manos de los actores
políticos de los países europeos, sino que estarán en manos de quienes decidan buscar una oportunidad para su trabajo y para su vida en la Unión Europea viviendo en países con menos bienestar y menos oportunidades que los de la Unión Europea.



La población en la Unión Europea no solo va a aumentar y luego disminuir gradualmente, sino que a lo largo de todo el proceso va a envejecer; es un hecho conocido. Según las proyecciones, el porcentaje de población de más de 65 años pasará
del 17,1 por ciento en el año 2008 al 30 por ciento en el año 2060. Por lo tanto, es un aumento sustancial de la población mayor de 65 años. Incluso las proyecciones han hecho una estimación de la evolución de la población de mayores de 80 años,
que pasarán, según Eurostat, del 4,4 por ciento en 2008 al 12,1 por ciento en 2060; se triplicará la población mayor de 80 años.



Por países, obviamente la situación no es la misma. No me voy a referir a todos los países, solo haré alguna referencia, en algún caso, a datos relativos a España. En cuanto a España en el año 2060, según estas estimaciones, la población
será -si se cumplen las hipótesis- de 52 millones de personas. Debo decirles que en una conversación reciente que mantuve con don Octavio Granado, secretario de Estado para la Seguridad Social, me comunicó algo que creo que ha transmitido a esta
Comisión hace unos meses, y es que así como las anteriores proyecciones demográficas de Eurostat, del año 2002, tenían unas hipótesis de crecimiento neto debido a la inmigración que quedaron muy por debajo de lo que en realidad ha sucedido en España
en estos años, según las autoridades españolas -según el secretario de Estado para la Seguridad Social- en este caso las hipótesis sobre flujos netos de inmigración de Eurostat son excesivamente elevadas, porque lógicamente la situación económica
actual ha cambiado radicalmente el panorama, y por lo tanto las proyecciones que pueden hacer los demógrafos españoles relacionadas con el Gobierno y con la administración de la Seguridad Social en particular llevarían a unas cifras de población
menos elevadas que las que da Eurostat para España en el largo plazo.



Con esta evolución de la población y las cifras de envejecimiento la tasa de dependencia -es decir el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar- aumenta -cosa que ya hacía en las proyecciones
anteriores, por cierto; no es algo nuevo-, y según estas proyecciones pasaría del 25 por ciento en 2008, es decir que cada persona dependiente está sostenida en 2008 por cuatro personas en edad de trabajar, al 53 por ciento, es decir que cada
persona mayor de 65 años sería dependiente de dos personas en edad de trabajar; se reduce a la mitad esa relación y aumenta en un cien por cien la tasa de dependencia.
Esto por lo que se refiere a los principales elementos de las proyecciones
demográficas, que son públicas y por lo tanto no descubro ningún secreto.



Ante esto en la Unión Europea la Comisión, a instancias del Consejo y también por propia iniciativa por supuesto, lleva años analizando las consecuencias del envejecimiento y la estrategia que deben seguir los países para hacer frente al
fenómeno del envejecimiento, fenómeno que por un lado es positivo, la gente vive más y llega en mejores condiciones físicas, intelectuales y de disfrutar de la vida a los 65 años, que ha sido la edad promedio tradicional de jubilación, pero también
hay consecuencias negativas desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas, a las que hay que hacer frente con tiempo suficiente como para que las decisiones de corrección de esos riesgos de sostenibilidad tengan efecto.
Mañana en el Colegio de Comisarios vamos a aprobar una comunicación sobre el impacto del envejecimiento de la población en la Unión Europea, actualizando nuestro análisis e incorporando algunos elementos en relación con las posibles consecuencias de
la crisis económica sobre la estrategia que ya fue definida la vez anterior, en el año 2006. Estas consecuencias del envejecimiento son conocidas; simplemente les voy a referir lo que dice la comunicación que vamos a aprobar mañana. Los objetivos
de una estrategia para afrontar el envejecimiento a medio y largo plazo, tal como los establece la Comisión, son cinco: en primer lugar, promover la renovación demográfica en Europa, creando mejores condiciones para las familias; en segundo lugar,
promover los niveles de empleo en Europa, con más empleos y mayores periodos de vida laboral, con una mejor calidad a lo largo de ese ciclo de vida activa; en tercer lugar, tratar de conseguir una economía europea con mayores niveles de
productividad y mayor dinamismo; en cuarto lugar, la necesidad de profundizar a escala europea en una estrategia de recepción e integración de


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los inmigrantes, dado que el dinamismo demográfico necesita contar con una tasa de inmigración determinada, y en quinto lugar, asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, y en particular asegurarla garantizando los niveles adecuados
de protección social y de equidad intergeneracional. No voy a entrar en los detalles, los van a conocer mañana cuando se haga pública esta comunicación, pero sí les quiero decir que lo que persiguen esta comunicación y el informe sobre las
consecuencias del envejecimiento en las cuentas públicas, que acompaña a esta comunicación, que es un amplio informe realizado por la Comisión Europea, en cooperación directa y estrecha con todos los Estados miembros, lo que persiguen, digo, es una
estrategia integral. Normalmente cuando se habla de envejecimiento hay quien tiende a focalizar exclusivamente la respuesta ante el envejecimiento en los problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas, o en los problemas que plantea la
sostenibilidad del sistema de pensiones como un elemento principal, dentro de esas cuentas públicas, pero según la Comisión Europea, con el respaldo de los Estados miembros, la estrategia para hacer frente en las mejores condiciones posibles al
envejecimiento debe ser mucho más amplia, que no tenga que ver solo con los aspectos de equilibrio presupuestario de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social, sino que tenga que ver también con elementos tan cruciales como la
estrategia para incrementar el potencial de crecimiento de nuestras economías de ahora en adelante.



Solo por el efecto del envejecimiento demográfico, según las estimaciones de la Comisión, el potencial de crecimiento de las economías europeas se puede reducir, de aquí al año 2060, en un punto del PIB aproximadamente.
En la medida en que,
como consecuencia de la evolución demográfica, de seguir así las cosas -con las hipótesis incorporadas en las proyecciones demográficas-, los niveles de empleo a partir de un determinado momento no van a seguir aumentando, sino que por el contrario,
por carencia de oferta de fuerza de trabajo, de población en edad de trabajar dispuesta a acudir al mercado de trabajo, se puede reducir ese nivel de empleo, y como consecuencia de los niveles de productividad que tienen las economías europeas
-sumando esos dos elementos, empleo más productividad-, la tendencia del crecimiento potencial de nuestras economías se reduciría en un punto de aquí al año 2060, de aquí a mitad de este siglo.



La crisis añade más dificultad todavía a ese desafío de elevar el crecimiento potencial de nuestras economías. La crisis tiene un impacto que no sabemos todavía si será permanente, en qué medida será un impacto permanente, cuánto durará el
impacto negativo, pero en todo caso tiene un impacto sobre el crecimiento de nuestras economías que se puede trasladar, si no le damos la respuesta adecuada, a una pérdida de potencial de crecimiento, lo cual agravaría todavía más la capacidad de
las economías europeas para contribuir, con más crecimiento, con más empleo y con más productividad, a la solución de los desafíos que nos plantea la evolución demográfica que proyectamos hacia el futuro. Por lo tanto las políticas capaces de
fomentar el empleo y de elevar los niveles de este, las políticas para alargar la participación en la vida laboral activa de la fuerza de trabajo, las políticas de mejora de la productividad desde la política educativa, de formación profesional, de
investigación y desarrollo, de las reformas necesarias para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajos, todas ellas son políticas que necesariamente hay que integrar, en una respuesta seria, profunda y
estratégica, a los desafíos del envejecimiento. Sin duda hay un segundo elemento sobre el que también hay que discutir y que conecta con la tarea precisa de esta Comisión, y es que hay que adaptar las políticas sociales, el sistema de protección
social, el Estado del bienestar a una nueva estructura social, entre otras cosas a una nueva estructura de edades de la población que genera demandas sociales diferentes, que genera situaciones de necesidad o demandas de protección distintas a las
que hemos conocido hasta ahora.
Todo ello debe ser parte integral de una estrategia para hacer frente en las mejores condiciones posibles al envejecimiento. Y en tercer lugar por supuesto las políticas de sostenibilidad de las cuentas públicas a
corto, a medio y a largo plazo.



Me voy a referir ahora a la sostenibilidad de las cuentas públicas desde el punto de vista europeo. Se han analizado también desde un punto de vista estratégico, y en particular se partió en el año 2001 bajo Presidencia sueca con la
definición de una estrategia de desarrollo sostenible que incorporaba, dentro del concepto de desarrollo sostenible, no solo las preocupaciones de tipo medioambiental, sino también las preocupaciones en cuanto a la situación de las cuentas públicas
y de los sistemas de protección social como una parte esencial de las cuentas públicas. En esa estrategia, que viene desde el año 2001, se definen tres pilares principales sobre los cuales hay que operar para mejorar la sostenibilidad de las
cuentas públicas, a medio y largo plazo. En primer lugar, la consolidación presupuestaria con una visión de medio plazo, que tiene como objetivo la reducción de los niveles de endeudamiento público en el medio plazo, aunque se admita que, por
evolución del ciclo, como en este caso, en momentos de presión, de recesión, o como se le quiera llamar a una situación como la actual, es obvio que es necesario, en la medida en que haya margen, utilizar la política fiscal de una forma activa, como
se está haciendo, teniendo en cuenta que además los estabilizadores automáticos van a aumentar los déficits por reducción de ingresos y aumento de determinados gastos. Esto es obvio que sucede y es bueno para compensar la falta de demanda
procedente del sector privado.
Pero eso tiene que ser compatible con una estrategia a medio plazo para consolidar las deudas públicas, es decir, para reducir los niveles de endeudamiento a lo largo del ciclo, aprovechando los momentos positivos del
ciclo, los momentos de crecimiento y expansión para absorber los niveles de endeudamiento que se hayan generado en los momentos bajos del ciclo, y evitar que la carga de la financiación


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de los compromisos que se atienden con las cuentas públicas sea transferida a las generaciones futuras de manera acumulada año tras año, periodo tras periodo, década tras década. Ese es el primer elemento.



El segundo elemento, que es el que tiene que contribuir a esa capacidad de consolidar las cuentas públicas y de reducir el endeudamiento de manera estructural a medio y largo plazo, es el aumento del nivel de empleo; elemento que aparece en
toda estrategia europea, porque Europa, a pesar de la intensa creación de empleo que se ha registrado durante los últimos quince años, todavía ha tenido niveles de empleo por debajo de los que han tenido nuestros competidores o los países con los
cuales nos podemos comparar entre las economías avanzadas, y en particular con Estados Unidos, y ha habido niveles de empleo por debajo de lo deseable, por debajo de los objetivos fijados por ejemplo en la estrategia de Lisboa, entre las mujeres.
En la mayoría de los países europeos la tasa de actividad y de participación en el mercado de trabajo de las mujeres, a pesar de la intensa creación de empleo que ha habido en el último decenio, se ha quedado por debajo de la tasa de los hombres, y
el segundo colectivo claramente discriminado en cuanto a su participación en el mercado de trabajo son las personas mayores. Le podemos poner el inicio que queramos al concepto de personas mayores en la vida laboral activa, pero normalmente se
suele empezar por los 55 años -lo siento por quienes superamos este nivel; el señor De la Rocha y yo lo superamos, sin duda, y quizá alguna otra de SS.SS. también-, y por encima de 55 años, aunque ha habido mejoras en el nivel de empleo, como
consecuencia, entre otras, de reformas en los sistemas de prejubilación, a pesar de todo ello esos niveles de empleo siguen estando muy por debajo de los deseables; la tasa de participación en el empleo de las personas mayores de 55 años en Europa
es del 50 por ciento, es decir, 15 puntos por debajo del nivel alcanzado en promedio por la población ocupada.



El tercer elemento es el de las reformas necesarias de los sistemas de protección social, no solo de los sistemas de pensiones, pero en particular de los sistemas de pensiones, sino también de los sistemas de provisión de asistencia
sanitaria y de los sistemas de servicios sociales para ponerlos en una senda sostenible de manera que puedan hacer frente, garantizando prestaciones y niveles de protección suficientes y adecuados, a las consecuencias, desde el punto de vista de su
financiación y de las demandas que van a recibir, de esa evolución del envejecimiento de la población que nos avanzan los demógrafos.



A partir de estas decisiones estrategias se ha establecido un sistema de vigilancia y de análisis, y hacemos cada tres años informes sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. El último se publicó en el año 2006, y el
siguiente se va a publicar este otoño, en el año 2009, sobre la base en el caso de 2006 de las proyecciones demográficas disponibles entonces, y en el caso del informe que vamos a publicar en otoño de este año sobre la base de las proyecciones
demográficas a las que antes me he referido, que son de agosto de 2008. A través de la información disponible, con la colaboración de los Estados miembros y con la utilización de algunas técnicas en las que no me voy a detener y de algunos
indicadores de sostenibilidad, se estima que hay un desfase, en el caso de que no se adopten medidas, entre ingresos y gastos a largo plazo. Y ese desfase, en el caso de la Unión Europea, según las últimas estimaciones, es del 4,7 por ciento y no
afecta por igual a los diferentes países. Por supuesto se analizará en el informe de noviembre la situación no solo del conjunto de la Unión Europea, sino país por país; se producirá toda la información necesaria acerca de los indicadores
aplicados a la situación particular de cada uno de los países, se establecerá una comparación entre los diferentes países, y se establecerán una serie de recomendaciones generales que después serán integradas en la vigilancia presupuestaria a medio
plazo, que es la que realizamos a través de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como saben ustedes en este pacto está la parte correctiva, que entra en funcionamiento cuando se registran déficits excesivos, por encima del 3 por
ciento, en los países miembros de la Unión Europea, y ahí se producen unas recomendaciones para la corrección en un plazo de tiempo determinado de esos déficits excesivos. Pero también el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene una parte que es
preventiva, que consiste en la vigilancia presupuestaria a medio plazo, que se basa en los programas de estabilidad que envía cada país a la Comisión Europea, y esta los analiza. Estos programas de estabilidad incorporan una perspectiva de medio
plazo en la evolución de las cuentas públicas; explican en qué se basan esas previsiones a medio plazo, y anuncian el tipo de medidas que los países pretenden poner en marcha para incidir sobre la evolución de las cuentas públicas a medio plazo.
Esos programas son analizados por la Comisión Europea y después discutidos por el resto de los países, en el marco del Consejo Ecofin, con lo cual se produce una vigilancia que no es solo de la Comisión Europea respecto de cada país, sino que el
resto de los países opinan sobre cada uno de ellos, y se ejerce una discusión en la que los colegas no solo aplauden lo que hacen los respectivos ministros, sino que a veces critican, aconsejan o recomiendan. Este es un mecanismo que nos permite, a
través de esa visión a medio plazo, integrar las preocupaciones de largo plazo en las decisiones concretas que se van tomando por parte de cada uno de los Estados miembros, no solo en un presupuesto anual, que sería incapaz de empezar a resolver con
cierta credibilidad problemas que por naturaleza, por definición requieren estrategias de largo plazo, pero sí con esa visión de medio plazo somos capaces de integrar estrategias de duración de una legislatura con la respuesta a desafíos que van por
encima de la duración no solo de una o de dos, sino de varias legislaturas. Esto en cuanto a la vigilancia presupuestaria.



¿Qué es lo que resulta de esa vigilancia de la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas? En el año 2006, en el último informe ya publicado, según los


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indicadores disponibles establecimos una distribución de los entonces veinticinco Estados miembros en tres categorías de riesgo respecto del largo plazo. Países con alto riesgo de no sostenibilidad de sus cuentas públicas en el largo plazo,
en el caso de que no adoptasen estrategias adecuadas, había 6 -si no recuerdo mal- de los 25 en aquel grupo; países con un riesgo intermedio, que eran la mayoría, entre otros España; y países con bajo riesgo, que no quiere decir países sin riesgo
porque todos los países, todas las cuentas públicas tienen riesgo de no sostenibilidad. Por ejemplo, los países escandinavos figuran en ese grupo de países con bajo riesgo de tener que afrontar problemas de insostenibilidad con sus cuentas
públicas, a pesar de ser los países escandinavos, por cierto, los que tienen los Estados de bienestar más potentes; o sea, que no hay que establecer ninguna correlación entre el tamaño del sector público o el tamaño del Estado de bienestar con
problemas de sostenibilidad o no, porque precisamente parte de los más sostenibles, desde el punto de vista de sus cuentas públicas y de sus sistemas de protección social en Europa son aquellos países que tienen los sistemas de protección y los
sectores públicos de mayor dimensión en relación con su PIB.



Por supuesto, y paso al tema de las pensiones en concreto, dentro de esos análisis de sostenibilidad el elemento más importante -no el único, pero sí el más importante- de cara al futuro es la evolución del sistema de pensiones de cada uno
de los países, por eso hay estimaciones precisas de cuánto creemos que va a aumentar el gasto en pensiones en los países de la Unión Europea en función de las perspectivas demográficas y del punto de partida, es decir, en función de la situación y
de las decisiones, de las reformas adoptadas por cada uno de los países en el año de partida.
Hay diferencias notables entre los países de la Unión Europea, no exactamente clasificados de la misma forma que cuando analizamos la sostenibilidad del
conjunto de las cuentas públicas, pero también establecemos tres grupos. Les puedo decir qué tres grupos establecemos, en la comunicación que vamos a aprobar mañana, en relación con el impacto de los gastos públicos ligados al envejecimiento. Por
tanto, yendo un poco más allá de las pensiones, aunque estas son el elemento principal, pero incluyendo también gastos de protección de la salud, gastos de servicios sociales, de desempleo, de educación, proyectándolos hacia el futuro, teniendo en
cuenta la evolución demográfica, el potencial de crecimiento, etcétera, vemos que en el conjunto de la Unión Europea el gasto, como he dicho antes, relacionado con el envejecimiento aumentará el 4,7 por ciento del PIB de aquí al año 2060, según las
proyecciones, algo más en los países de la zona euro, el 5 por ciento. Hay notables diferencias, el gasto será más significativo, será del 7 por ciento del PIB o más, en nueve países: Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Holanda, Rumania,
España e Irlanda. Habrá un segundo grupo de países en los que el coste del envejecimiento o el aumento del gasto público ligado al envejecimiento de aquí al año 2060 será elevado, pero no tanto como para superar el 7 por ciento; este segundo grupo
de países, digamos, en posición intermedia son: Bélgica, Finlandia, la República Checa, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania y Hungría. Finalmente está el grupo de los países en mejor posición relativa, en los que, según nuestras
estimaciones, el gasto público ligado al envejecimiento aumentará menos de cuatro puntos del PIB de aquí al año 2060, que son: Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia. Hay que decir que no todos
pero sí buena parte de estos países tiene una posición más favorable que la media gracias a las reformas que han introducido en sus sistemas de protección social y, en particular, en sus sistemas de pensiones. Pero también debo decirles que, en la
medida en que parte de esas reformas de pensiones en algunos países, sobre todo en los nuevos Estados miembros que he citado en el grupo de menos del 4 por ciento, se han basado en pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, es
posible que en un periodo de tiempo corto, dada la situación de los sistemas de capitalización como consecuencia de la crisis en los mercados financieros, es posible que esta clasificación cambie. Por tanto, esta clasificación es la que se basa en
el informe sobre las consecuencias del envejecimiento de la población, basado en datos que llegan hasta el año 2008.



Sobre todo en los nuevos Estados miembros se han hecho reformas basadas en pasar a sistemas de capitalización; hay varios de ellos, Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia y un país que no es de los nuevos Estados miembros, Suecia, que pasaron
en los últimos años a sistemas de capitalización, si no en todo sí en parte de sus mecanismos de financiación de pensiones, pero también en países con sistemas de reparto, como es el caso de España, sin duda se han producido reformas.
El tipo de
reformas lo conocen ustedes: de un modo u otro, casi todos los países han modificado los criterios para decidir cuándo y bajo qué condiciones se tiene acceso a una pensión, modificando los sistemas de jubilación anticipada, en algunos casos
alargando la edad de jubilación.
Ese es el primer grupo de reformas, el más habitual: modificación de los sistemas de jubilación anticipada y en algunos casos prolongación de la edad de jubilación. Son reformas que tratan de alargar la vida
laboral activa y de establecer una diferente proporción entre vida activa y periodo de jubilación teniendo en cuenta, entre otras cosas, el aumento de la esperanza de vida.



Un segundo grupo de reformas trata de modificar la relación entre las remuneraciones de activo y la cuantía de la pensión, y básicamente se refiere a reformas en las que los países han modificado el tipo de indiciación de las pensiones. En
bastantes países que tenían indiciación esta se refería a la evolución de los salarios y no a la de los precios, y la tendencia, prácticamente generalizada, es pasar de indiciar las pensiones o su revalorización por la evolución de los precios en
vez de hacerlo con los salarios. Eso en España no tiene lugar porque ya se hizo la indiciación con arreglo a la evolución de los precios. Tercer grupo de reformas. Una serie de países ha introducido pensiones complementarias a través de sistemas


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de capitalización; ya he dado antes la lista de los que lo habían hecho.
Esto es por lo que se refiere a las reformas, ya que cada país parte de sus circunstancias específicas y de sus preferencias.



En general, el sistema de reparto en los países de la antigua Europa de los Quince sigue siendo básico, solo Reino Unido, Irlanda y Holanda tienen un volumen de pensiones financiadas por sistema de capitalización muy elevado; en los demás
casos, el sistema de reparto prevalece. Pero en todos los países, en algunos casos con más intensidad y en otros con menos, el tema de la reforma del sistema, jugando sobre los diferentes parámetros del sistema de reparto o, en algunos casos a los
que me he referido, decidiendo pasar y cambiar de modelo hacia la capitalización, se trata de un debate actual y no es un debate que se acaba de un día para otro sino que se prolonga a lo largo del tiempo, igual que existe un debate sobre la
evolución de los sistemas sanitarios o de los sistemas de servicios sociales, a los que no me voy a referir.



Por último, antes de pasar al debate, hablaré del impacto de la crisis.
Todavía es pronto para saber en qué medida esta crisis va a afectar de manera estructural o solo de manera temporal a los sistemas de protección social. No sabemos
cuánto va a durar la caída del potencial de crecimiento como consecuencia de la crisis; sí sabemos que la recesión es muy profunda, pero no sabemos cuánto va a durar el periodo durante el cual las economías europeas van a estar creciendo por debajo
de lo que hasta ahora considerábamos que era su potencial y sobre el cual están diseñados sus sistemas de financiación y de gasto público. En todo caso, sí sabemos que hay un impacto directo de la crisis: es obvio que menores niveles de empleo
afectan a la financiación de las cuentas públicas por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos y, en particular, afectan a los sistemas de protección social en el corto plazo más por el lado del gasto que por el lado del ingreso, en la
medida en que los desempleados también cotizan al sistema. Pero teniendo en cuenta la visión global de las cuentas públicas, integrando la Seguridad Social en sentido estricto o en sentido amplio con desempleo en el conjunto de las cuentas de un
país, el impacto es evidente en el corto plazo, genera endeudamiento y ese endeudamiento cuesta después absorberlo en un periodo de tiempo, ya que normalmente es más largo el periodo de absorción del endeudamiento que el periodo de generación de esa
deuda. Eso restringe el margen de maniobra de los sistemas públicos de financiación a lo largo de los primeros años de la recuperación, incluso aunque la recuperación se produzca en un plazo de tiempo corto. Por supuesto, el impacto en el
desajuste de las cuentas públicas es mayor si la recesión dura más y si la caída de crecimiento es más prolongada de lo que es normal en los ciclos económicos.



Hay un elemento que no es posible predecir, que hay que ver cómo evoluciona, pero que no es posible predecir, no hay ninguna técnica que permita predecir cómo se va a comportar en el futuro el flujo de inmigración. Va a seguir habiendo
inmigración. Con las previsiones demográficas, la evolución de la tasa de fertilidad y la referencia que he hecho antes a la evolución de la población es obvio que vamos a seguir necesitando importar fuerza de trabajo para atender las necesidades
de la demanda de fuerza de trabajo en el funcionamiento de nuestras economías, pero no sabemos si los flujos van a ser los que fueron, una vez que volvamos a una situación de crecimiento, o si va a haber cambios estructurales que van a ajustar la
oferta y la demanda del mercado de trabajo de una forma diferente a como se ha producido en el ciclo expansivo anterior, que ha sido un ciclo largo de tiempo. Por otro lado, tampoco sabemos qué va a suceder entre los países de origen de la
inmigración y cuáles van a ser las posibilidades para los ciudadanos de esos países de encontrar oportunidades y trabajo en su país de origen o cuál va a ser el incentivo o la imperiosa necesidad de buscar oportunidades en los países más avanzados.
Ese es un interrogante que tiene que ver con la evolución demográfica, que tiene que ver con la evolución de nuestros sistemas de empleo, que tiene ver con nuestros sistemas de protección social, aunque es un interrogante que no sirve para decir no
tengo respuesta al desafío principal, que es el envejecimiento de la población, porque ese se produce en todo caso. La inmigración, si es muy intensa en sus flujos netos, pospone la necesidad de atender los requerimientos imperiosos del
envejecimiento pero no elimina el desafío del envejecimiento, simplemente lo traslada en el tiempo.



Concluyo. Esta es la situación europea -no solo europea, pero en particular europea- en cuanto al envejecimiento en países industrializados, en países avanzados y en países con sistemas de protección social y de bienestar muy elevados;
este es un caso único europeo, Los Estados Unidos no tienen el sistema de bienestar que tenemos nosotros y tienen menos presión demográfica que nosotros. Hay países emergentes que tienen presión demográfica y perspectivas de envejecimiento peores
que las nuestras, pero no tienen ni el grado de desarrollo económico ni el grado de desarrollo social que tienen los países europeos. Por tanto, el desafío del envejecimiento desde el punto de vista de la protección social y de los sistemas de
protección social es un desafío peculiar europeo, que tenemos que resolver los europeos y lo tenemos que hacer con una visión a medio y largo plazo. No estamos hablando de problemas de corto plazo, no estamos hablando de reacciones inmediatas para
atender situaciones coyunturales; estamos hablando de una perspectiva de largo plazo y como en las decisiones políticas no existe el largo plazo, hay que saber traducir en estrategias políticas de medio plazo. Es la única forma de abordar un
desafío de esta naturaleza, tener una estrategia de políticas, de objetivos, de instrumentos y de reformas a medio plazo. Y como las reformas son necesarias, hay que volver a recordar -y con esto ya concluyo definitivamente- la necesidad de
consensuar al máximo posible las reformas necesarias, porque son reformas que requieren una proyección temporal que va más allá del periodo de una legislatura y son políticas y estrategias que requieren de una estabilidad, con independencia


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de la velocidad mayor o menor con que se produzca la alternancia o con la que cambien las preferencias o prioridades políticas de quienes tienen en un momento determinado una mayoría parlamentaria.



Por último, les decía que no se trata de una cuestión a corto plazo, pero en este momento el corto plazo está exigiendo a todos nuestros países una visión de medio también para salir reforzados de la crisis. Se está hablando simultáneamente
de la necesidad de utilizar activamente las políticas, fiscales, monetarias y de apoyo a sectores para hacer frente a los problemas inmediatos, a los problemas de hoy, pero necesariamente se está poniendo también encima de la mesa la necesidad de
una estrategia de reformas a medio plazo para salir reforzado y para crear confianza en que los desajustes actuales no se van a traducir en desajustes estructurales.
En esa estrategia de salida de la crisis sobre la que se empieza a hablar -lo
hemos hablado en las reuniones de la semana pasada en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en las reuniones del G-7 y del G-20, se va a hablar en Europa en junio en el Consejo Europeo, se va a hablar durante la
Presidencia española el primer semestre del año que viene, se va a hablar durante todo el periodo de la legislatura actual en España-, necesariamente estos elementos deben ocupar un lugar. La estrategia de salida de la crisis no es solo -o no debe
serlo- una estrategia de políticas estructurales en sectores productivos -que debe serlo-; no debe ser solo una política de refuerzo de las políticas de innovación y desarrollo o de educación y formación -que debe serlo-; no deber ser solo una
política de reformas en el funcionamiento de los mercados -que debe serlo-, sino que también tiene que incorporar necesariamente la dimensión social, y la dimensión social requiere concentrarse sobre todos estos asuntos de los que estamos hablando.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor Almunia, mi grupo quiere darle la bienvenida más sincera a esta Comisión y agradecerle enormemente su presencia aquí. Es un gesto que sabemos valorar en su justa medida. Un comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios de la Unión Europea es una personalidad de relevancia mundial y su presencia hoy aquí creo que es una deferencia, primero, con este Parlamento que ha sido su casa durante muchos años, respondiendo a la invitación cursada.
Creo que ello le honra y nos gustaría que su presencia en esta Cámara, como la de otros comisarios con independencia de su vinculación nacional, comience a ser una constante en la labor parlamentaria y no solo, como es el caso, una afortunada
excepción. Hoy que es un gran día europeo para esta Cámara con la presencia del presidente de la República Francesa, también lo es con la presencia de un comisario europeo especialmente significado. Es un reconocimiento su presencia en esta
Comisión también con los parlamentarios que la componen y a la labor que realizan. Creo que estamos aquí para escuchar y para que quien asista además se exprese con total libertad, faltaría más. Además es una muestra de su implicación especial con
esta problemática asociada a las pensiones en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea, que es sin duda para los ciudadanos uno de los elementos de preocupación más relevantes que podemos encontrar en el panorama político. Le agradecemos,
por tanto, que haya hablado con esta claridad en esta Comisión. Conoce usted perfectamente el ruido ambiente que se ha creado alrededor de otras comparecencias realizadas en el seno de la misma, quizá porque algunos no han acabado de entender del
todo lo que significa escuchar, valorar, contrastar y conocer para poder decidir, para poder elegir. Para poder conformar políticas adecuadas y compartidas es bueno escuchar a todos y es bueno mantener en esta Comisión el rigor y la pertinencia en
los debates que corresponde. Viene, como decía usted, de intervenir en la reunión semestral conjunta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, celebrada en Washington, en medio de la recesión global más importante en nuestro mundo desde
la Segunda Guerra Mundial y donde parece que ha imperado la cautela respecto a las perspectivas futuras. Usted mencionó allí que estamos en medio de una recesión severa, que las perspectivas son excepcionalmente inciertas con la mayoría de los
indicadores mostrando todavía un panorama sombrío.



Hoy mismo en esta Comisión nos plantea ese panorama de incertidumbres que se han hecho extensivas a la demografía, que ha sido un elemento que, no sé por qué razón, siempre se pone en cuestión en cuanto se debate sobre la evolución de la
sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. (El señor De la Rocha Rubí: Es que siempre se equivoca.) Parece que la demografía es el hermano pobre en estos asuntos y que todos damos por hecho que se va a equivocar. Lo que ocurre es que a veces
se equivoca para bien, como ha sido la evolución de la inmigración en España en los últimos años, pero eso no tiene por qué ser necesariamente siempre así.
Las posibles incertidumbres en torno a la demografía no solo han de servirnos para tomar
decisiones cautelosas y adecuadas, sino que hemos de tener en cuenta que la demografía no es siempre un elemento positivo en la evolución de países tan envejecidos como van a ser los europeos. Aquí, en España, en este entorno de claras
incertidumbres demográficas y ahora ya económicas y sociales, hay gente que se permite garantizar las pensiones, ni más ni menos que garantizar las pensiones para 2025, para 2030 o para 2020, dependiendo del día o de la semana en que uno se levanta
y hace las declaraciones. Con las proyecciones efectuadas hace más de un año y que España remite a la Unión Europea de forma habitual es imposible hacer esa previsión y establecer esas garantías en la medida en que esas proyecciones consideraban
otros escenarios, otra realidad y otra evolución. Consideraban que España iba a crecer el año pasado un 3 por ciento, que este año iba a crecer un 2,7 y que el año siguiente iba a crecer un 2,9. Hacer unas proyecciones sobre estos elementos, que
ya podemos


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acreditar que no solamente son irreales sino que están absolutamente desfasados por negativos en nuestra situación, hace del todo improcedente establecer ese tipo de análisis. Es la suerte que tenemos en España: en medio de la
incertidumbre más acusada de la historia económica aquí hay quien sigue abogando por que no pasa nada, por que todo está garantizado y que la crisis no afecta. Ello pese a que no ha habido indicador económico en los últimos meses que
desgraciadamente no se haya visto afectado por la evolución de la crisis. Si algo se ha puesto de manifiesto es que en el caso español no es estrictamente una crisis coyuntural, sino que ha hecho aflorar problemas estructurales muy serios de
nuestra economía que son los que deben ayudarnos también a orientar nuestras políticas en relación con las pensiones de forma paralela a otros elementos que no pueden estar ausentes de este debate.



Estos días hemos leído en algunos medios que se retrasaba el informe de la Unión Europea sobre el impacto del envejecimiento, que estaba previsto que se diese a conocer, por temor a añadir nuevas incertidumbres.
Evidentemente, las
incertidumbres están ahí con independencia de que el informe se haga público una semana antes o después. Además, usted ha tenido la deferencia de dejarnos claro que en ese informe España está en la primera división de los problemas. España está en
estos momentos en primera línea de los problemas asociados al envejecimiento de la población. Quiero recalcar lo que usted ha dicho que es un factor positivo que la gente viva más, que tenga mayor calidad de vida y de bienestar en los años que van
añadiéndose a la esperanza de vida de los ciudadanos europeos, pero plantea unos desafíos evidentes. Si usted mismo y el conjunto de la Unión Europea venían manifestando la conveniencia de las reformas en nuestro país, estos nuevos elementos de
incertidumbre económica claramente inciden en la conveniencia de hacer lo que usted ha dicho al final y que tantos disgustos le han costado al gobernador del Banco de España. Las reformas son necesarias, pertinentes y probablemente van a ser
imprescindibles y a medio plazo conviene que las reformas se encaren ya.



Insisto en que la Unión Europea lleva mucho tiempo reclamando reformas a España en materia de pensiones, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como la OCDE. Ni se sabe la cantidad de veces que desde instancias nacionales e
internacionales se nos ha instado a asumir reformas que prevengan el envejecimiento de nuestra población y su incidencia en las finanzas públicas. Tengo aquí informes del Comité de Política Económica de la Unión Europea, que ya hablaba en el año
2003 de la conveniencia de reforzar nuestras políticas en materia de pensiones.
El informe conjunto sobre pensiones adecuadas y sostenibles del año 2006 incidía en ello. El informe conjunto de 2007 sobre protección e inclusión social ponía en
evidencia nuestra situación de riesgo en relación con la sostenibilidad del sistema. En el informe anual sobre protección e integración social de este mismo mes de marzo de 2009 la Unión Europea recomienda a España que refuerce el vínculo entre las
contribuciones y las prestaciones y que mejore los incentivos para permanecer durante más años en el mercado laboral. Esta es una de las líneas claras de reforma y me gustaría conocer alguna opinión más sobre los mecanismos destinados a
desincentivar las prejubilaciones; sobre cuáles son las orientaciones que se manejan en la Unión Europea -probablemente con mayor conocimiento de causa después de las reformas efectuadas en otros países- que nos permitan ver por dónde podemos
acometer uno de los problemas más relevantes de nuestro sistema laboral como es la expulsión anticipada de los trabajadores mayores de 55 años, que alcanza ciertamente límites muy relevantes; y sobre qué incentivos considera usted que podríamos
articular para facilitar la prolongación voluntaria de la participación activa en el mercado laboral. La Unión Europea en alguno de sus grupos de trabajo específicos considera que este es uno de los elementos esenciales en cualquier política de
sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones. Conseguir que la sociedad española pudiera avanzar en uno o dos años la edad de jubilación real nos daría un margen de maniobra muy significativo respecto a estos elementos de la
sostenibilidad.



Usted hoy en su intervención abunda en la idea de que España está en esa primera división de los problemas del envejecimiento de nuestra población y claramente tenemos que adoptar reformas que no pueden ir en otra dirección que la que están
tomando el resto de los países europeos. No sé si suprimir, pero en todo caso habría que restringir de forma importante las prejubilaciones e incorporar elementos de simplificación, de mejora de los regímenes, de los servicios y de las dotaciones
de nuestro sistema de protección social. Incluso usted ha hablado en alguna ocasión -y me gustaría conocer su opinión al hilo de los debates que se están produciendo en la sociedad española- de la reducción de los impuestos sobre el empleo y la
elevación de los impuestos sobre el consumo, mejorando de esa manera la calidad del gasto y contribuyendo a elevar esa sostenibilidad presupuestaria de la Unión Europea.



Hay un elemento evidente que la crisis ha puesto también en entredicho con todas las previsiones que ya hemos citado, que es el déficit público excesivo. Ayer los Veintisiete han aprobado formalmente abrir expediente a España por su déficit
excesivo. En el caso español es muy, pero que muy excesivo, y previsiblemente lo va a ser mucho más si se cumplen los anuncios del Gobierno en relación con el recurso a ese déficit público; incluso se podría alcanzar el 10 por ciento del déficit
público en nuestro país. Esta preocupación por el déficit público, por el incremento de la deuda, por el desequilibrio presupuestario, no es una incursión de este portavoz ni de esta Comisión en un territorio ajeno al Pacto de Toledo, aunque
obviamente relacionado, en absoluto, forma parte integral del propio Pacto de Toledo, es una exigencia del propio Pacto de Toledo, porque a veces olvidamos que entre las recomendaciones del pacto, además de la edad de jubilación, además del Fondo de
Reserva, además de los regímenes especiales


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y además de otras recomendaciones, hay un conjunto de recomendaciones muy específicas dirigidas claramente en esta dirección y, por tanto, el incumplimiento de las líneas de acción en materia de estabilidad y de equilibrios presupuestarios,
de las cuentas públicas saneadas, de la estabilidad de los precios y del crecimiento sólido y sostenible, no solo infringen compromisos europeos establecidos en el Plan de estabilidad y crecimiento, incumplen flagrantemente el propio Pacto de
Toledo, que establece entre sus recomendaciones la necesidad de mantener estos criterios como una exigencia de sostenibilidad del sistema de pensiones.
Por eso me gustaría ahondar con su intervención en esta dirección de que el déficit abrumador,
el desequilibrio presupuestario, el descontrol en el gasto, no es solo un riesgo evidente para nuestras posibilidades de recuperar pronto, como usted ha dicho, la senda de crecimiento y de creación de empleo, es que constituyen una falta de
coherencia con las propias recomendaciones del Pacto de Toledo y, desde luego, un riesgo cierto para la viabilidad financiera futura del sistema de pensiones.
Este es para nosotros un asunto nuclear, es decir, no es un aspecto colateral ni es un
aspecto marginal del Pacto de Toledo, es uno de sus elementos nucleares, y yo creo que en esta Comisión tenemos que prestar también atención a esta cuestión. ¿Cree usted que estos objetivos siguen plenamente vigentes en el actual contexto o han de
quedar sustancialmente arrumbados en el nuevo escenario económico? Creo que de su intervención se deduce que usted tiene que ser un luchador activo frente al déficit excesivo que, en todo caso, debe ser extremadamente coyuntural -usted le ha dado
un plazo a España para recuperar ese déficit razonable-, pero, francamente, no sé si estamos en el horizonte de que eso pueda ser así, porque o superamos muy rápido esta crisis, en muy pocos años, y no la superamos además de forma tranquila sino con
un crecimiento enormemente relevante, o ese margen que España va a tener para recuperar esa senda de equilibrio presupuestario va a ser enormemente largo.



Para finalizar, nos gustaría conocer su impresión sobre aquellos procesos de reforma emprendidos en otros países de la Unión Europea que han suscitado algunas declaraciones favorables en el propio Gobierno español, como puede ser la reforma
de Suecia o la reforma de Alemania. Es decir, ¿qué podemos plantear en relación con reformas que han adoptado otros países? ¿Cuál es la valoración que hace la Comisión, que hace su persona, sobre qué elementos de esas reformas podrían ser, con las
cautelas obvias, trasladados a la realidad española con ciertas garantías de apoyar esos elementos de sostenibilidad? Nos parece que hay que fijarse en algunas de esas reformas, aunque, evidentemente, en España todos los grupos de esta Cámara
apostamos por el mantenimiento de un sistema de reparto, un sistema esencialmente contributivo y un sistema de solidaridad intergeneracional y, por tanto, los pilares básicos en los que se asienta nuestro sistema de Seguridad Social no se van a
tocar y no se deben tocar. Pero eso es lo que nos debe hacer mucho más factibles las reformas precisas para garantizar una mayor sostenibilidad en el futuro y, como usted bien ha dicho, el Pacto de Toledo no puede ser un obstáculo para la reformas,
sino que si no vamos a tocar lo esencial y lo que podemos tocar son elementos que pueden ayudar a la consolidación del sistema para mucho tiempo, esas reformas son perfectamente posibles y, además, de manera consensuada entre todos.



Finalmente, ¿qué podemos plantear en relación con uno de los temas que más nos preocupan y que, además, queremos que tenga hueco en este Pacto de Toledo, en su reforma y en su renovación, como es la acción contra la discriminación por edad
en el mercado laboral europeo y las políticas destinadas a poner en valor la experiencia y el conocimiento acumulado con la edad, el reciclaje profesional y la formación continua, ligados a la continuidad laboral de los mayores? Yo le pedía
incentivos respecto a la prolongación voluntaria de la vida laboral en un contexto de envejecimiento del envejecimiento, porque nuestra sociedad no solo va a envejecer en su conjunto, sino que va a envejecer también porque el grupo de edad que más
va a crecer va a ser el de los mayores de 80 años, pero sobre todo, en este plano de lo económico, lo que va a envejecer va a ser nuestra población activa, nuestra mano de obra, nuestro personal en disposición de trabajar, y eso va a exigir que en
las políticas europeas se considere de otra manera el elemento envejecimiento en las políticas laborales, en las negociaciones colectivas, en los elementos de actuación en las propias empresas, porque ya no va a ser posible elegir un joven en
sustitución de un mayor, sino que probablemente haya que elegir un mayor mejor formado en sustitución de un mayor mejor preparado.



Le reitero nuestro agradecimiento por su presencia. Mi grupo parlamentario da por concluida su intervención.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del señor comisario de Economía de la Unión Europea porque, por un lado, nos parece un lujo que aporte a esta Comisión la información que nos acaba de proporcionar
hoy desde la perspectiva de toda la Unión Europea y, por tanto, de acuerdo a los trabajos que desde su departamento se están haciendo, y, por otro lado, porque es una aportación que está complementada por el conocimiento que usted tiene de lo que
fueron los debates del Pacto de Toledo, lo que dio origen al referido pacto. (El señor vicepresidente, Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.) También entendemos, señor comisario, que usted tiene conocimiento de la situación de nuestro sistema
de pensiones en la actualidad, es decir, la salud de nuestro sistema en estos momentos. Por eso, le agradecemos doblemente su presencia en esta Comisión.



En esta Comisión se plantea en un momento como este la necesidad de modificaciones o no al pacto que en su momento se acordó, sobre todo en el sistema de pensiones y en el sistema de la Seguridad Social. Hago referencia al momento porque,
como usted dijo en


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algunas ocasiones, no puede ser un momento con más incertidumbres, dada la crisis económica que tenemos en este momento, y que no sabemos -usted lo decía también- en qué tiempo puede vislumbrarse una solución o un empeoramiento de la misma.
Todo posicionamiento que algunas personas podemos tener en relación con cualquier tipo de modificación en la Seguridad Social va a estar motivada también con la evolución económica y, sobre todo, con la evolución que a la crisis económica se le dé
en la sociedad en la que vivimos, que seguramente no va a ser la misma en todos los Estados. Si la crisis se mantiene dos o tres años más, las fórmulas para salir de la misma o para crear un sistema económico que nos permita garantizar el mismo
nivel de protección social o el mismo nivel de sociedad del bienestar serán diferentes a las que hoy podemos entender.
Por eso hablaba de las incertidumbres, a las que usted mismo también hacía referencia.



Hay aspectos de los informes de los que usted nos habla que son irrefutables, como el de la proyección del envejecimiento. Es algo en lo que no queremos actuar. Es decir, no queremos evitar que las personas tengan más tiempo de vida y que
esta vida sea en las mejores condiciones de salud. No obstante, hay otras cuestiones de esa proyección hacia el año 2060 que en materia demográfica significarían la renovación generacional, en consecuencia los niveles de natalidad, en los que sí
podemos intervenir -cuando usted habla de los proyectos que tiene la Unión Europea así lo indica- en el sentido de que se mejoren los índices de natalidad y, por tanto, puedan darse mejores condiciones para -en la hipótesis que acabamos de hacer en
relación con la proyección demográfica del año 2060- afrontar también la cuestión de las pensiones. Quiero decir que hay una variable en la que podemos intervenir, que es el incremento de la natalidad y por tanto tener más garantías de protección
social a los mayores, pero evidentemente no en la anterior, y lo mismo ocurre con la variable de la inmigración y con la variable del modelo económico.
Hago referencia a esto porque en este debate de la Comisión del Pacto de Toledo hay discursos en
los que nos planteamos diferentes ritmos respecto a las reformas que seguramente es necesario hacer en el sistema de pensiones. Hay quien piensa que es necesario hacer las reformas ya y otras personas pensamos que -con proyección de futuro-
respecto a las necesidades de reforma hay que tener en cuenta si efectivamente en el trascurso del tiempo la hipótesis tal y como en estos momentos se está valorando se produce exactamente así o con pocas variaciones. Por tanto, nos parece
importante el análisis y la proyección de futuro, pero también es importante el modelo social que queremos ofrecer a nuestras personas mayores para saber qué hacer con nuestro sistema de pensiones en este momento. Si queremos un modelo social con
una protección acorde con la sociedad del bienestar que defendemos habrá que hacer unas modificaciones, y si es otro modelo el que queremos se tendrán que hacer otras modificaciones. Digo esto porque a veces al mismo tiempo que se plantean
modificaciones en el sistema de pensiones se plantean modificaciones en el sistema fiscal rebajando diferentes impuestos así como una mayor protección del Estado a las empresas. Desde mi punto de vista son cuestiones bastante incompatibles para
plantearlas desde una misma óptica política, lo cual es algo que está ocurriendo en estos momentos. El problema está en que la diferencia radica en el modelo social que queremos para el futuro desde el punto de vista de bienestar social, de
Seguridad Social, de pensiones, etcétera.



Señor comisario, usted decía -o eso he creído entender- que las modificaciones que sería necesario implementar a nuestra Seguridad Social o a nuestro sistema de pensiones no lo eran tanto a corto como a medio y a largo plazo, en el sentido
de que en estos momentos seguramente la salud del sistema no está como para exigir unas modificaciones urgentes.
En todo caso, nos gustaría que ahondase un poco más en relación con aquellas cuestiones que usted considera que sería conveniente
modificar o, si no modificar, al menos tener en cuenta en el mediano y largo plazo para que el sistema no tuviera ningún problema. Tampoco quiero hablar, como decía usted, de agujeros porque al final podemos confundirnos, pero evidentemente
-barajando las hipótesis demográficas que tenemos- son cuestiones que sería necesario tener en cuenta siempre y cuando todo se desarrolle de acuerdo con la situación económica y social que tenemos en estos momentos. Esto por un lado. Por otro
lado, teniendo en cuenta su conocimiento sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, sobre cómo se fueron desarrollando los acuerdos, nos gustaría que nos dijera -aparte de lo positivo que fueron en cuanto a la separación de fuentes- si considera que
en esta cuestión es necesario seguir profundizando o si cree que es suficiente lo hecho hasta ahora, así como también en ese sentido y respecto a cuestiones aún no debidamente desarrolladas -lo poco que queda sin desarrollar del Pacto de Toledo- si
considera urgente abordarlas.



Hay otra cuestión que nos preocupa, y es cómo plantearnos el problema de la ampliación de la edad de jubilación, aunque sea de manera voluntaria, y esto no solamente debido a una cuestión de salud del sistema sino también de salud de
aquellas personas que, por ejemplo, a los 65 años puedan estar en perfectas condiciones para mantener su actividad profesional y laboral. Nos gustaría saber cómo se puede compatibilizar este hecho en los casos en que sea así con los de personas que
no puedan llegar a ese mismo nivel de salud porque las actividades laborales sean diferentes. Hay actividades insalubres, peligrosas, etcétera, que a lo mejor en la actualidad tendrían que tener un reconocimiento de mayor protección que la que
tienen. También nos gustaría que nos dijera cómo se puede compatibilizar esto -el portavoz del Grupo Popular hacía mención a esta cuestión aunque en otra dirección- con la situación de empleo. Es decir, cuando hablamos de jubilaciones parciales o
jubilaciones anticipadas también estamos pensando en la necesidad de incorporar a la gente joven a los puestos de trabajo. Por tanto, las alternativas de las prejubilaciones o jubilaciones


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parciales no solamente son para resolver el problema puntual de una empresa en concreto sino también de facilitar o procurar la incorporación de jóvenes al empleo. Nos gustaría saber cómo se podría compatibilizar eso, desde su punto de
vista, o si cree que en nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social se podrían compatibilizar estos asuntos, que son una realidad de nuestro mundo laboral y de nuestro mundo social, teniendo en cuenta sobre todo a las personas mayores.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Almunia, bienvenido otra vez a esta casa, que me otorga la posibilidad de debatir con usted, cosa que ha sido muy recurrente a lo largo de nuestras vidas. Yo todavía no he llegado al umbral de lo que usted
ha calificado como viejo trabajador, pero le aseguro que tampoco me falta demasiado. En cualquier caso, hay viejos trabajadores que mantienen una lucidez digna de encomio y jóvenes trabajadores que distan mucho de estar a la altura de las
circunstancias.
Tampoco vamos a mitificar estos conceptos.



Le saludo y le agradezco su pormenorizada intervención desde la privilegiada atalaya que usted ostenta y sus responsabilidades políticas actuales, pero también porque usted históricamente ha sido un reformador del sistema español de
pensiones. Recuerdo que es usted el padre -no sé si putativo-, con otros, de una ley cuya denominación en el Boletín Oficial del Estado era nada menos que Ley para la reforma y racionalización de la cobertura del sistema contributivo de la
Seguridad Social, ley que no podría ser utilizada por los ciudadanos con un rótulo tan extenso y tan complejo y que se terminó calificando como Ley de Reforma de Pensiones y que algunos con peor intención llamábamos Ley de Recorte de Pensiones. Es
decir, usted, como ministro de Trabajo a la sazón en el año 1985, acometió una reforma que no resultó sencilla y en la que algunos ubican poco menos que la salvaguarda o la salvación del sistema de pensiones, sobre el que en aquel momento gravitaban
severos peligros, incrementando el periodo de carencia de diez a quince años para causar derecho a la pensión de jubilación. Esto fue objeto de debates encendidos y polémicos, de intervenciones del Tribunal Constitucional valorando si el incremento
del periodo de carencia del período de cotización obligatoria para causar derecho a determinada contingencia -en esta ley no solo las pensiones de jubilación sino también determinadas pensiones de incapacidad- afecta al principio de irregresividad
que forma parte del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Se lo digo a usted porque sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Me pregunto si en este momento nos encontramos en una situación parangonable a aquella del año
1985, porque algunas de las reflexiones que usted ha hecho no son particularmente tranquilizadoras ni proyectan un panorama halagüeño.



La primera reflexión que nos ha preocupado de forma especial es la relativa a la tasa de dependencia que deriva de las proyecciones hechas hasta 2060. Usted ha sido cauteloso al utilizar el concepto de proyecciones, sobre todo cuando son
hasta 2060. ¿Dónde estaremos los que aquí nos encontramos en 2060? Es mejor no especular sobre esta circunstancia. Estas especulaciones requieren matizaciones finas, hay circunstancias que no son previsibles ni por los economistas o los expertos
actuariales más avezados, pero hay una que es indiscutible y que yo no estoy en condiciones de refutar, que es la de la tasa de dependencia. En este momento tenemos una tasa de dependencia del 25 por ciento, es decir, cada cuatro personas en activo
sostienen a un dependiente, pero si en el año 2060 cada dos trabajadores en activo tienen que sostener a un dependiente, me gustaría saber cómo se puede hacer esto desde la perspectiva de su opinión personal y desde su opinión institucional. El
problema es gravísimo. Usted ha afirmado que la fórmula -que a todos se nos ocurre que es la pertinente- de resistir o prevenir estas proyecciones que rayan en el dramatismo en cuanto a la sostenibilidad financiera o las prospectivas que se pueden
hacer de la situación financiera es incentivar las políticas de empleo, y en el Estado español no estamos bien en esto tampoco. Me gustaría saber su opinión sobre una circunstancia llamativa y que genera debates encendidos y polémicos en la
actualidad. La crisis económica azota a todos los países de la Unión Europea, y particularmente a países como Holanda y Alemania, que han sufrido exactamente la misma pérdida de producto interior bruto, por los requerimientos de la crisis, que el
Estado español, un 1,2 aproximadamente. Sin embargo, en Alemania no se ha perdido un solo puesto de trabajo y en Holanda se inicia una incipiente recuperación del empleo. En cambio, la perspectiva del Estado español en materia de empleo no puede
ser más dramática. Imagino que usted habrá conocido los datos de la EPA publicados la semana pasada y habrá visto que ya superamos ampliamente los 4 millones de desempleados en relación con una población activa de 23 millones de personas. Es un
dato dramático. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Las perspectivas son peores. Parece que la situación de recesión va a continuar y el incremento del desempleo en el Estado español va a aumentar notablemente provocando situaciones
lacerantes: un millón de hogares en los que ninguna persona ingresa ningún tipo de retribución o renta, un incremento espectacular en el tiempo, la cantidad y la cualidad de la destrucción del empleo, y sobre todo rápido, pues en el último
trimestre se han perdido 800.000 puestos de trabajo y en el trimestre anterior ya fueron 700.000. Da la impresión de que nadie puede parar esto a corto plazo, salvo que sus proyecciones auguren una situación más favorable en relación con la
evolución del empleo.



Esto hay que considerarlo desde la perspectiva de que el sistema público de pensiones del Estado español es de reparto puro. Los sistemas complementarios voluntarios no son estas estructuras de capitalización complementaria que algunos
países han incorporado a su ordenamiento jurídico, son voluntarios en el sentido más estricto del término, o bien dimanantes de la negociación


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colectiva si estamos hablando de PSV, o de fondos de pensiones de empleo o dimanantes de acogimiento a alguna de las fórmulas de fondos de pensiones no de empleo, o de entidades de previsión social voluntaria que se pueden crear al margen de
la negociación colectiva. El artículo 41 de la Constitución establece que hay un sistema complementario libre y voluntario exclusivamente y de escasa cuantía todavía en el Estado español, con el quebranto en relación con el ahorro público que esta
circunstancia puede provocar. Luego la perspectiva del empleo no es favorable, y yo no sé si en las proyecciones del plan de estabilidad o de otros estudios que ustedes están realizando en la actualidad en relación con el Estado español vamos a
seguir viviendo con esta distorsión que tampoco sabemos muy bien a qué se debe. Hay quienes hablan de rigideces que configuran nuestro mercado de trabajo, hay quienes hablan de debilidades estructurales de una economía que ha crecido muy vinculada
a determinados sectores económicos que tienen una capacidad intensiva de creación de empleo pero también una capacidad intensiva para su destrucción, como pueden ser el de servicios o el de la construcción particularmente. No sabemos muy bien qué
ocurre, pero habiendo perdido Holanda y Alemania el mismo porcentaje de producto interior bruto que España, estos países no han perdido un solo empleo, y en cambio en el Estado español tenemos ya 4 millones de desempleados.



Las otras perspectivas de análisis tampoco son halagüeñas. Me estoy refiriendo al déficit de las cuentas de la Seguridad Social. Hoy hemos conocido que el déficit del sistema contributivo se ha incrementado esta semana en relación con la
misma semana del mismo mes del año pasado en un 24,16 por ciento. El incremento del mes anterior a este mes ha sido del 2,51 al 8,56. Si seguimos con unas proyecciones -vamos a utilizar esa expresión- de decrecimiento o de déficit de los ingresos
derivados de las cotizaciones, que son las que financian el sistema público de pensiones, vamos a tener que dar la razón al gobernador del Banco de España y va a ser muy difícil mantener que el año que viene el sistema público de pensiones acabe con
el superávit que preconiza el Ministerio de Trabajo con un optimismo digno de mejor causa, en mi opinión. Salvo que usted tenga una opinión mejor o haya unas perspectivas o estudios de prospectiva más razonables, la situación es particularmente
inquietante en este ámbito.



Usted ha comentado también, al igual que el señor Burgos, con lucidez que hay que luchar contra la anticipación de las jubilaciones: hay que mantener una edad de jubilación de 65 años, sic, y con interrogantes.
Sobre esto se puede discutir
también, pero hay que evitar sobre todo la perversión de la anticipación de jubilación. ¿Cómo se hace esto cuando los ERE se han multiplicado por quince este año en relación con el año pasado? La decisión más habitual o sistemática que se toma en
los ERE, la que ayuda a resistir la competitividad de las empresas afectadas por ERE, es la anticipación de jubilación de trabajadores. Estamos expulsando cada vez más trabajadores anticipadamente, antes de la edad legal de jubilación, del mercado
de trabajo.



Permítame que no le llame señor comisario porque no me sale por las connotaciones que tiene. (Risas.) Yo sé que es el rango institucional que a usted le corresponde, pero como usted y yo somos viejos amigos le puedo seguir llamando señor
Almunia sin ninguna dificultad. Son muchos problemas. Compareció la semana pasada el gobernador del Banco de España, cuya intervención hemos seguido glosando durante el resto de la semana en los medios de comunicación todos los aquí presentes, y
citó cosas que no creo que fueran particularmente extravagantes. Usted conoce el servicio de estudios del Banco de España, y creo que estamos en condiciones de decir que es más eficiente y tan bueno como el de cualquier ministerio.
Ya no lo voy a
comparar con el servicio de estudios del ministerio del señor Corbacho porque me parece que hay cosas que no se deben comparar por una simple razón de decoro. Al margen de esta circunstancia, lo que dijo él es un poco lo que usted ha insinuado, y
es preocupante porque estamos de nuevo, como cuando usted era ministro en el año 1985, planteándonos severamente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, pero no para 2060, sino para plazos mucho más inmediatos, perentorios, para el
año que viene, para el año siguiente y para los sucesivos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Usted preconizó en una ley, a la que se le atribuye la salvación financiera de un sistema de pensiones en el año 1985, incrementar los periodos de carencia.
Puede ser una solución. Podríamos barajar esta situación. El señor Zubiri, que compareció la semana pasada, ya comentaba que en el año 2050 el sostenimiento del sistema de pensiones va a comprometer el 17 por ciento del producto interior bruto del
Estado español. Yo considero que esto es, desde una perspectiva macroeconómica, peligroso; es peligroso desde cualquier perspectiva comprometer para el sostenimiento del sistema de pensiones el 17 por ciento del producto interior bruto. Si no
alargamos los periodos de carencia, en sus reflexiones relativas a las políticas de empleo usted ha comentado de forma un tanto perifrástica y saliendo con mucha rapidez, sin profundizar conceptualmente -lo que me ha sorprendido porque usted es un
hombre muy preciso y riguroso a la hora de realizar análisis de naturaleza conceptual, y creo haber copiado literalmente- la posibilidad de alargar la vida activa. Ya nos gustaría alguna concreción sobre qué debemos entender por la posibilidad de
alargar la vida activa.
¿Alargar la vida activa de forma voluntaria, negociada colectivamente, de forma obligatoria, como ha ocurrido en Alemania recientemente y se está planteando en otros países?


El problema del envejecimiento es difícil de evitar. Las políticas natalistas o familiaristas se han empezado a aplicar en el Estado español en fecha muy reciente, no ha habido una especie de prevención de que estas políticas son
necesarias. Quizás ese es un elemento diferencial, es un gap que tenemos con otros países, particularmente con los escandinavos, donde las políticas familiaristas y natalistas siempre se han considerado


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progresistas, no como en el Estado español, donde ha habido una especie de estigmatización de estas políticas calificándolas como semiconservadoras o próximas a ciertos grupos religiosos. Los países escandinavos siempre han practicado
políticas que han posibilitado mantener índices de reposición de natalidad suficientes como para que la población activa esté en condiciones de atender y tener una tasa de dependencia adecuada.
Señor Almunia, ¿qué quiere que le diga? Yo venía con
preocupaciones que nos ha inoculado en el cuerpo -una especie de pandemia con la que estamos conviviendo- no solo el gobernador del Banco de España sino todos los catedráticos de Hacienda pública que comparecieron, y sus palabras, que me parecen muy
puestas en razón, no han contribuido desde luego a tranquilizar mi ánimo en relación con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Le agradecería que en su última intervención nos hiciese una pormenorización un poco más concreta, un poco
más clara de estas cuestiones que usted ha realizado como una especie de obiter dicta, pasando muy rápidamente sobre ellas, sin mayor profundización. Quisiera que nos hiciera una concreción un poco más específica de cómo -como en el año 1985 hizo
usted- podemos salvar un sistema de seguridad público de pensiones sobre el que gravan, sobre el que penden incertidumbres mucho más que fundadas.



El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señor Llamazares?


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del señor comisario -esta vez sí- y quiero hacerlo también en relación con lo que he podido oír de manera parcial -desgraciadamente estoy compatibilizando otras comisiones al
mismo tiempo-, y me preocuparía que sacáramos como conclusión de esta Comisión del Pacto de Toledo que nosotros, los componentes de esta Comisión, trasladamos nuevas incertidumbres a los ciudadanos. Eso me preocupa. Alguien ha hablado de pandemia.
Yo lo situaría en el ámbito psiquiátrico. No vayamos a pasar de la euforia a la depresión. La euforia, cuando la economía iba bien, todo estaba garantizado, no había ningún peligro, ningún nubarrón sobre nuestro futuro, y ahora que hemos llegado a
la depresión todo va mal, hay riesgos de viabilidad para todo, y por lo tanto tenemos que transmitir a los ciudadanos, más que incertidumbre, preocupación y temor. Tengo la impresión de que ese no es el cometido de esta Comisión. Creo que el
cometido de esta Comisión y de los responsables políticos es abordar los puntos débiles que sin lugar a dudas tiene nuestro sistema de pensiones para fortalecerlos y reconocer, al mismo tiempo, la importancia y la viabilidad de nuestro sistema de
pensiones públicas. Estoy convencido de ello. No estamos transmitiendo la imagen de necesarias reformas. No, estamos transmitiendo la imagen de derribo y frente al derribo el apuntalamiento. Creo que eso no tiene nada que ver con la realidad.
Me parecería negativo que transmitiéramos desde esta Comisión, que tiene por obligación sostener el sistema público de pensiones, consolidarlo y ampliarlo, la impresión de que ese sistema es inmodificable y perfecto.
Sería un error. Pero de la
misma manera transmitir la impresión que estas últimas reuniones del Pacto de Toledo transmiten a los ciudadanos me parece absolutamente imprudente. Es la transmisión, además animada por los grupos parlamentarios, de que nuestras cuitas
parlamentarias se transforman directamente en cuitas que debilitan al sistema público de pensiones. Creo que eso es una política alicorta, que servirá para desgastar a determinado gobierno pero que, en definitiva, a quien desgasta es a nuestro
propio electorado y a nuestra propia ciudadanía, que cada vez desconfían más incluso de aquello que tienen de forma más sólida, como es su sistema social. Por decir algo, resulta que nosotros tenemos en estos momentos una edad de pensiones en el
rango superior de la media europea. No nos estamos jubilando por los ERE a los 59 años de manera general. No, no se está produciendo así en nuestro país. Me parece que está por encima de 63,8 años, que es un rango superior a la media de la Unión
Europea. Por tanto, tampoco hay que transmitir ideas que en mi opinión se corresponden muy poco con la realidad. En relación con esta materia, aunque sea al final algo parecido al sermón, yo reconvendría para que situemos y centremos los debates,
y sobre todo la transmisión pública de los mismos, para que los ciudadanos no crean que ahora estamos deprimidos -porque parece que antes estábamos eufóricos-, que crean que somos gente eutímica, que diríamos en deformaciones profesionales como es
mi caso.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo Socialista al -hay que decir- comisario señor Almunia.
Es evidente que aquí la palabra comisario se usa en otras cosas... (El señor comisario europeo
de Asuntos Económicos y Comunitarios, Almunia Amann: Si me permite el presidente, solo una introducción: comisario europeo.) Ya queda bien. Bueno, le diremos comisario europeo. No solo quiero darle la bienvenida y agradecerle la comparecencia y
su intervención, que es significativa no solo por ser el comisario europeo -que ya de por sí sería muy significativa- sino también por ser quien es el señor Almunia, a mi entender uno de los grandes conocedores del sistema de protección social de
nuestro país y especialmente del sistema de pensiones. Por lo tanto, el valor es doble y quería agradecérselo.



Tenemos un problema en esta Comisión y en este país -que sé que usted conoce, pero me gustaría decirlo aquí- cuando hablamos de pensiones: unos hablamos de pensiones y otros usan el mismo término para hablar de pensionistas; se usa el
término de déficit del 24 por ciento para hablar de la bajada de cotizantes y se asimila con las pérdidas del déficit.
¿Qué le quiero decir con esto? Quiero decir que cuando decimos cosas no todos sabemos realmente lo que decimos. Ese es un gran
problema que a veces a la hora de hablar del sistema público


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de pensiones. Con eso tenemos que trabajar; como dice aquel, con estos mimbres tenemos que hacer estos cestos, y como eso ya lo sabemos, con eso trabajamos. Yo comparto una cosa con don Emilio Olabarría -y le puedo asegurar que comparto
pocas cosas, pero en esta ocasión comparto una-, que es que la Ley 26/1985, de la reforma de pensiones, fue la gran reforma, el inicio de la garantía del sistema público de pensiones tal y como hoy lo conocemos. Posteriormente, el Pacto de Toledo
fue a apuntalar aquella reforma para seguir en esa dirección con el objetivo -que usted bien decía en su intervención- de sacar del debate público especialmente lo que parece que estamos olvidando que ha conseguido el Pacto de Toledo hasta ahora,
aunque en estos momentos estamos sufriendo un pequeño sarampión.



El señor Burgos decía que España es un país donde se hacen pocas reformas.
Tengo aquí cuatro o cinco apuntadas. En lo que hace referencia al sistema de protección social y sistema de Seguridad Social, desde la reforma de 1985, en 1986, la
Ley de Sanidad; en 1989, la reforma financiera del sistema; en 1990, las pensiones no contributivas; en 1997, el Pacto de Toledo; en 2001, acuerdo de pensiones; en 2002, reforma de la jubilación gradual y flexible; en 2006, Ley de Dependencia;
entre medias, Ley de reforma del IRPF; Ley del Estatuto del trabajador autónomo e introducción, como manda el Pacto de Toledo, del régimen agrario en el régimen por cuenta propia, y ahora estamos en el momento de incluir el régimen agrario por
cuenta ajena en el régimen general; en 2007, la Ley de Igualdad y en 2008, la reforma de la Seguridad Social. Podemos decir que esas reformas nos gustaron más o menos, pero lo que es evidente es que salieron con el apoyo de los grupos, pero
especialmente de los dos grupos mayoritarios, que son los que en su día pueden ser alternancia de Gobierno. Por tanto, desde mi corta experiencia esto me hace concretar que las reformas que hemos hecho las hemos hecho en la dirección adecuada, pero
además con una particularidad, que es que por estas leyes -por otras sí ha habido- para la reforma de la Seguridad Social en ningún caso ha habido grandes convulsiones sociales porque se han hecho de forma consensuada. El Grupo Socialista espera y
desea -y contribuirá a ello- que en el futuro sigan siendo así las reformas que hagamos.



Por tratar otro tema, hablamos de sostenibilidad del sistema, hablamos de coste de futuro y de proyecciones de futuro. No diré yo que las proyecciones no sean necesarias -que lo son-, y las proyecciones al año 2060 me va a permitir usted
que las tenga en cuenta porque las han hecho personas con muchos más conocimientos que yo, pero recuerdo que en el año 2000 nos decían que en 2005 en España tendríamos una población de 39 millones y que el sistema de la Seguridad Social habría
quebrado. Pues bien, nadie fue capaz en 2005 de adivinar siquiera la población ni el crecimiento de la inmigración que íbamos a tener y nadie fue capaz tampoco de hacer una proyección que pudiera acercarse a los datos reales de los últimos
superávits de la Seguridad Social que hemos tenido. Pero yendo a cifras que están encima de la mesa y que son reales, en 1985, cuando se afrontó la reforma de la Seguridad Social -esa reforma que usted hizo-, la ratio entre pensionistas y
cotizantes estaba en el 2,11.
En 1993, 1994 y 1995 estaba en el 2,07 y ahí sí había peligro, por lo que se hicieron una serie de reformas como la separación de fuentes, con la que se vio una mejora. Ahora, en 2008, descontada ya toda la reducción
de cotizantes de la Seguridad Social, estamos en el 2,61. Si convenimos todos - no yo sino los que saben de esto- que el sistema solo puede tener una situación de riesgo por debajo del 2,1, diría que estamos en una situación que nos permite, con
serenidad, analizar las reformas que haya que hacer pero con el consenso suficiente para que sean asumibles por la población, por los ciudadanos, por los que pagan el sistema y por los que reciben la protección del sistema. Me encanta que esté
ahora aquí el señor Olabarría, porque dice que hay un 24 por ciento de déficit en la Seguridad Social, y si fuera así ya nos podríamos pegar un tiro algunos.
(El señor Olabarría Muñoz: No, en los ingresos.) Está hablando usted de los cotizantes
que han disminuido, en ningún caso del superávit. Para este año está previsto a estas fechas -y teniendo en cuenta eso- 8.000 millones de superávit que van a ir al Fondo de Reserva. Fíjese si eso da una tranquilidad. Además, en el año 2003 la
ratio entre cotizantes y pensionistas -no estoy hablando de hace veinte años- era del 2,44, y el Gobierno de entonces nos decía que estábamos en el cielo de la mejoría de la Seguridad Social, que estábamos en el no va más de la mejoría y de la
garantía de futuro. Yo sé que soy una obrera, pero algo sé sumar, y si en este momento tengo una ratio del 2,61, por la cuenta de la vieja, por calculadora o por lo que quieran hacerlo me sale que estoy bastante mejor que en el año 2003, porque
además de esta ratio bastante mejorada tengo un Fondo de Reserva de 56.000 millones que digo yo que no lo tengo para hacer bonito. Lo tengo para si en un año se produce un desfase entre las cotizaciones y las pensiones tirar de él para cubrir ese
déficit. Mi grupo siempre ha sostenido que el Fondo de Reserva es para los problemas coyunturales, nunca para los problemas estructurales. Entonces, ¿tenemos que hacer reformas? Sí, pero tenemos una Seguridad Social que goza de salud; no
generemos desconfianza en los ciudadanos. A mí me da un poco de vergüenza decirle a alguien que se haga un fondo de pensiones, aunque sea complementario, cuando están perdiendo entre el 15 y el 30 por ciento en estos últimos años. Eso sí que me da
vergüenza, que un señor o una señora que haya ahorrado 10.000 euros ya haya perdido 4.000 ó 5.000 euros; no que vaya a mantener lo que tiene y no gane, sino que ha perdido. Eso sí que da vergüenza. Por tanto, digamos que tenemos que hacer
reformas, como lo dice el Pacto de Toledo, continuadas, las mismas reformas que hace la sociedad española y que nos obligan a adaptar todas nuestras estructuras y nuestras leyes a esos cambios. En cuanto al gasto en pensiones, usted dice que en
2060 España estaría en el grupo del incremento del 7 por ciento. Yo no lo discuto porque ni me atrevo, pero digo una cosa: en estos momentos España tiene el 8,1 de gasto


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en pensiones. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, cualquier país que busquemos, ahora mismo gasta mucho más en pensiones que nosotros. Con este 7 por ciento, una vez sumado al actual con los que usted dice que quedarían con el 4 por
ciento, ¿dónde quedaríamos? ¿Por debajo o por arriba? Ese es un punto interesante, porque si uno parte del uno y le suma un 7, y el otro parte del 8 y le suma un 7, ha crecido mucho más.
Por tanto, digo: ¿Las proyecciones son importantes? Sí.
¿Necesarias? Sí, pero son las que nos obligan a hacer las reformas con serenidad, asumidas por la población, perfectamente explicadas y admitidas por todos. Todos estamos de acuerdo en incentivar la prolongación de la edad de jubilación de forma
voluntaria. Aquí ya están hartos de oírme decir que no podemos tener a un albañil con 65 años en una obra ni a un policía en moto persiguiendo a un delincuente, pero podemos tener a un diputado, a un comerciante o a un abogado trabajando con 70
años sin ningún problema.
Por tanto, creo que la forma es hacer lo adecuado en razón de los sectores. ¿Hay que acabar con la jubilación forzosa? Si cualquier miembro de este Gobierno pudiese salir a decir: a partir de hoy, se acaba, nadie se va
a ir a la jubilación hasta los 65 años, todos permanecerán en el puesto de trabajo, le aseguro, señor comisario europeo, que en las próximas elecciones arrasamos. No habría color en este Parlamento, porque hay un millón y pico de personas que han
sido obligadas a jubilarse. El otro día, una señora a la que con 52 años han despedido y han mandado al Fondo de Garantía Salarial, me dijo: ¡Y a mí me dices que tengo que seguir trabajando!, dime dónde, que ya voy. Tenemos que tener todas esas
cosas en cuenta; ver qué garantías podemos ofrecer para adecuar la edad real de jubilación a la edad legal que, últimamente y teniendo en cuenta todos los datos actuales, está en el 63,7 por ciento. Hemos avanzado bastante. Recuerdo cuando
hablábamos en este Parlamento de que estábamos en el 62 por ciento. Creo que realmente estamos en la buena dirección.
Ahora mismo tenemos constituida una ponencia sobre qué hacer con las pensiones de viudedad. Es una parte importante del sistema;
2.300.000 personas con un incremento de ciento y pico mil anualmente. Tendremos que decidir cómo lo hacemos, pero lo vamos a hacer con garantías para el sistema y en ningún caso lanzando un mensaje de que vamos a desproteger o quitar, sino de que
vamos a reformar, a mejorar, esa pensión de forma que vaya bien para el sistema pero que además proteja realmente a la persona que no tiene protección. Es cierto que en nuestro país -yo no sé si en todos los países pasa lo mismo- los problemas del
mercado de trabajo se trasladan inmediatamente al sistema de protección, y eso genera muchos problemas. La baja tasa de actividad de las mujeres genera muchos problemas. No estaríamos diciendo lo mismo si todas las mujeres viudas que tenemos en el
sistema a su vez supieran que a los 65 años tendrán su propia pensión; pero no es el caso porque aunque las tasas de actividad de la mujer en los últimos años han subido mucho, realmente todavía tardará muchos años en trasladar eso a la realidad de
la protección por jubilación a los 65 años. Por tanto, creo que tenemos la herramienta adecuada, que es el Pacto de Toledo y que nos da las posibilidades de hacerlo. Tenemos voluntad de hacerlo y, por tanto, soy realmente optimista con nuestro
sistema. Creo que yo cobraré pensión -que ya estoy en la edad que usted decía, en los 55-, y creo que no solo tenemos garantizado nuestro sistema para los que tenemos que dar sino para los que están entrando hoy al mercado de trabajo; que los que
hoy estamos aquí dejaremos un sistema mejor que el que dejaron ustedes cuando estaban aquí, y que los que vengan detrás de nosotros lo mejorarán igualmente porque creo en las reformas continuas, adecuadas y en la buena dirección sin generar grandes
problemas. Le agradezco de nuevo su comparecencia.
Realmente es un placer escucharle. Si en algún momento volvemos a abusar de usted (Risas.), espero que nos haga caso y venga, porque su comparecencia va a ser uno de los documentos base para las
próximas resoluciones y recomendaciones del Pacto de Toledo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor comisario europeo, puede usted decir lo que le parezca oportuno, que siempre será interesante.



El señor COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS (Almunia Amann): En primer lugar, muchas gracias a todas las señorías que han intervenido por las palabras iniciales de acogida y de agradecimiento.
Estoy encantado de
comparecer aquí. Lo hice hace relativamente poco en esta misma sala, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Alguna vez, en mis anteriores años de comisario, me había quejado de que todos los parlamentos, menos el de mi país,
llamaban al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. En general, los parlamentos llaman a todos los comisarios; a unos más que a otros según los temas, pero parece normal que los comisarios europeos, y no solo el comisario del país
correspondiente, estén en contacto con el Parlamento, discutiendo, informando, compareciendo y atendiendo muchas de las ideas que yo he tenido el placer de escuchar esta mañana de todos ustedes.
Quiero hacer un comentario. Estaba poniéndome en la
piel de mis colegas de la Comisión que no han sido antes parlamentarios de este Congreso, es decir, todos menos yo. No sé en sus parlamentos nacionales -los que hayan sido parlamentarios y hayan tenido que comparecer ante sus parlamentos-, pero en
el Parlamento Europeo, que es el que nos llama todos los meses a comparecer y a discutir, normalmente las intervenciones en Comisión de los parlamentarios duran un minuto (Risas.); las de los portavoces, que siempre mandan un poco sobre los demás,
duran tres minutos; en el Pleno, en los grandes debates, los líderes de los grandes grupos tienen cinco minutos; los líderes de los grupos intermedios tienen tres, y los de los de los grupos más pequeños también uno. Se le he dicho a mi buen
amigo Juan Fernando López Aguilar para que se vaya preparando (Risas.)


Vamos a los temas que ustedes han abordado. No podré referirme a todos pero voy a tratar de comentar por lo


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menos los principales. El valor de las proyecciones demográficas. He dicho en mi intervención inicial -el señor Llamazares no la ha escuchado, o sea, que su intervención no estaba dirigida a mí sino a otros u otras- que esto son
proyecciones demográficas que tienen unas hipótesis, que luego se verifican o no, y hay que saber en qué hipótesis están basadas y tomarlas como lo que son: proyecciones sobre la base de esas hipótesis.
Incluso hay quien hace proyecciones
demográficas con diferentes escenarios de sensibilidad a la variación de tal elemento o de tal otro.
Por ejemplo, como ya sabemos por la experiencia pasada -lo he dicho antes y lo repito ahora-, los flujos netos de inmigración son imposibles de
predecir. No hay quien sepa predecir los flujos netos de inmigración. Se toma una hipótesis basada en lo que se escucha de los Veintisiete países y en lo que se conoce de lo que ha sido el pasado más o menos inmediato y se proyecta hacia el
futuro, suponiendo que las cosas puedan ir en esa dirección, pero los demógrafos saben que eso es una hipótesis y nada más que una hipótesis. No tiene nada de científico, es una estimación a ojo de buen cubero. En cambio, sí hay algo absolutamente
cierto en las proyecciones demográficas, que es el número de personas mayores -en eso no se equivocan-, y hay algo que sí se puede modificar, pero que es muy difícil de hacer, sobre todo es imposible de modificar en el corto plazo.
Para modificarlo
-algunas de SS.SS. se ha referido a ello y yo soy muy partidario de ello-, hay que tener una estrategia de medio plazo como mínimo y probablemente de largo plazo, que es la tasa de fertilidad de las mujeres y la tasa de natalidad de nuestras
sociedades. Eso se puede cambiar, se debe cambiar. Requiere políticas -ha dicho el señor Olabarría políticas familiares o familiaristas, no sé cómo las ha llamado-, pero no las quiera hacer solo en el Estado, sino también en el sector público, en
la sociedad civil y entre los ciudadanos normales, no solo entre funcionarios. Usted se ha referido siempre al Estado y hay que mirar en estas cosas a la sociedad y al Estado, o sea, a España y a Europa.



¿Cómo se cambia? Nuestra estrategia -está en la comunicación que aprobaremos mañana y en muchas otras comunicaciones anteriores- es una estrategia basada en algo que no va a sonar original en este Parlamento, que es la conciliación entre
vida familiar y vida profesional. Sin esa conciliación no hay política posible de aumento de la fertilidad y de la natalidad. Son políticas que toman su tiempo, como también saben SS.SS., y que requieren una actuación por el lado del gasto público
y por el lado de reformas que no suponen gasto público, sino que tienen que ir convergentes. Los países escandinavos -me parece que se ha referido a ellos el señor Olabarría- hace mucho tiempo que optaron por una política de servicios sociales que
hace posible la conciliación y por eso los países escandinavos tienen tasas de actividad en el mercado de trabajo de las mujeres prácticamente iguales a las de los hombres. Es verdad que no se soluciona al cien por cien la igualdad de oportunidades
en el mercado de trabajo por tener una política que iguala las tasas de actividad, porque también en los países escandinavos se ve que hay más mujeres en determinadas actividades y más hombres en determinadas actividades, pero, aunque no es la
solución a todos los problemas de género o de igualdad de género, sí es claramente una estrategia ganadora en materia de conciliación y por lo tanto de incremento de las tasas de fertilidad y de las tasas de empleo a la vez.



Déjeme que me refiera un momento al caso de España, porque ha salido el caso de España, prácticamente todos ustedes lo han citado. Decía la señora López i Chamosa: Es verdad que se parte de diferente nivel. Señora López i Chamosa, voy a
referirme a un argumento que usted ha expuesto.
Según nuestros datos y luego nuestras previsiones, que están basadas -insisto- en la información que viene de cada país -no nos lo inventamos nosotros-, por ejemplo el gasto en pensiones en el año
2007 -son los últimos datos en este cuadro que tengo delante, comparados con todos los países- en España era del 8,4 por ciento del PIB y en la Unión Europea a Veintisiete del 10,2 por ciento. Por lo tanto, tiene usted razón, España está por debajo
de la media. En la proyección hasta el año 2060, la parte de gasto ligado a envejecimiento, que es gasto en pensiones, incorporaría en el caso de España 6,7 puntos de PIB, o sea, que en total las pensiones quedarían en el 16,1 por ciento -son
proyecciones y habrá que ver qué pasa entre medias, pero con todas las cosas igual y con las hipótesis llegaría ahí-; en cambio, en la Unión Europea a Veintisiete el gasto en pensiones solo aumentaría el 2,4 por ciento. Por lo tanto, en el año
2060 el porcentaje del PIB asignado a gasto en pensiones, con estas proyecciones y de seguir las cosas como están, en España sería muy superior a la media. Esto no se distribuye por igual a lo largo del tiempo y ese es un elemento muy relevante no
solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, porque en la primera parte de estas proyecciones, hasta la mitad de ese largo escenario que es necesario para cualquier proyección demográfica, en España la evolución del
envejecimiento de la tasa de dependencia y por lo tanto los gastos públicos ligados al envejecimiento es una evolución moderada, pues España parte de un nivel de edad media de la población o de un dato de edad media de la población y de una
estructura por edades de la población que todavía es una estructura más joven en términos relativos que la de la media europea. El problema en términos españoles cuando nos comparamos con la media europea a lo largo de estas proyecciones, es decir,
utilizando para todos los países europeos las mismas hipótesis, de crecimiento, de evolución de la productividad, de evolución demográfica, etcétera, no se plantea al principio, como es el caso de algunos países, que tienen ya una estructura más
envejecida y que van a empezar a sufrir la presión fuerte del envejecimiento de la población ya. Están empezando ya, ya se notan las cifras y la próxima década es clave para ellos. En España eso se produce en la década entre el año 2020 y el año
2030, en algún momento de esa década. Es verdad que los flujos migratorios de los últimos años han desplazado en el tiempo esa fecha, en la que el envejecimiento


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empieza a presionar de forma más sensible en el caso español y por encima de lo que va a presionar en otros países europeos. La inmigración que hemos recibido en la última década, 5 millones de personas aproximadamente, además con una
estructura más joven, incluso con tasas de fertilidad de las mujeres inmigrantes mayores por lo menos durante un primer periodo, ha permitido desplazar en el tiempo, pero antes de 2030 llega y la dificultad española en términos de cómo hacer frente
al envejecimiento, con problemas de gasto público aumentando rápidamente, se producirá en esa década. Ese es el análisis económico.



¿Cuál es el análisis político? España tiene más tiempo que otros países, pero en estas cuestiones, si no se actúa ya, cuando se empiece a actuar costará más y será más penoso actuar. Eso es lo que siempre sucede, es decir, no hay que
esperar, por decirlo con sus palabras, señora López i Chamosa -comparto muchas de las cosas que ha dicho, como es obvio-, a estar en el 2,1 de ratio. Si se espera hasta estar en el ratio 2,1 entre cotizantes y pasivos en el sistema para actuar, hay
que hacerlo de forma más exigente, por no utilizar otros adjetivos; en cambio, si se actúa ahora, que hay margen, las actuaciones con visión de largo plazo son prácticamente indoloras, es decir, no hay que hacer ningún drama por hacer reformas con
el tiempo que tiene la Seguridad Social española, no hay que hacer ningún drama. El drama es no hacer nada y, para evitar esa tentación de no hacer nada, el grado de consenso del Pacto de Toledo es clave y hay que preservarlo y mantenerlo.



Me han preguntado, o han comentado requiriendo mi opinión SS.SS., algunas cuestiones concretas a las que me quiero referir. Primero, el impacto del desajuste presupuestario actual sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Como he
dicho antes en mi intervención inicial, no sabemos cuánto va a durar la crisis, no sabemos cómo va a afectar la crisis con una visión de medio y largo plazo a la sostenibilidad de las cuentas públicas, todavía es pronto para saberlo. Sabemos que
está afectando en el corto plazo, pero, si la recuperación se produce en un periodo de tiempo razonable y hay una estrategia de salida adecuada, se absorberá el endeudamiento creado para financiar las actuales políticas fiscales y para financiar el
desajuste provocado por los estabilizadores automáticos y las cosas volverán a su ser. Ahora bien, si la crisis tiene como consecuencia un grado de endeudamiento que se enquista en el sistema a niveles más altos que el actual y si la crisis tiene
como consecuencia una caída del potencial de crecimiento que impedirá tener más margen para financiar ese nivel de endeudamiento, para aumentar el denominador del ratio deuda sobre el PIB, habrá un estigma de esta crisis que quedará ahí marcado
durante una parte del periodo que estamos contemplando y eso depende de decisiones políticas. No hay nada determinista en lo que son estas proyecciones. Estas proyecciones son un escenario. Dice: Si las cosas siguen como están y con las
hipótesis que estoy empleando claramente -no escondo ninguna de ellas-, si todo es así y no se modifica nada del cuadro que le pinto, esta es la evolución. La política está para modificar ese cuadro en lo que se considere conveniente y necesario
modificar, y para eso están este tipo de ejercicios.



España tiene una ventaja desde el punto de vista del nivel de endeudamiento, a pesar de que está aumentando mucho el mismo con esta crisis, igual que en otros países. España tiene la ventaja de que parte de un nivel muy saneado, cosa que
otros países no tienen. No es lo mismo afrontar esta crisis con un nivel de deuda sobre el PIB en el año 2007 del 33 ó 34 por ciento -no me acuerdo exactamente cuál era el español en 2007- y con un superávit aquel año del 2,2 por ciento, que
afrontar esta crisis como lo hacen dos países de la zona euro, Italia y Grecia, con aproximadamente el cien por cien de deuda sobre el PIB; el margen es completamente diferente. Dicho esto, es verdad que la deuda aumenta como consecuencia de la
crisis de forma muy rápida, porque hay que financiar los déficits y porque hay que financiar los paquetes de apoyo al sistema financiero, porque si no apoyamos al sistema financiero no hay PIB en el futuro. Para tener PIB en el futuro hay que
apuntalar aquellas partes del sistema financiero que necesitan ese tipo de apoyo.



Las prejubilaciones y la edad de jubilación son algunos de los elementos que se conocen en la jerga de los llamados técnicos en esta materia como reformas paramétricas del sistema de reparto. Entre los ajustes en los mecanismos del sistema
de reparto el más evidente es mover la edad de jubilación. Es verdad que otros países, como decía usted, tienen una edad de jubilación efectiva que es más baja que la española, pero es verdad también que todos los países -y desde luego España- con
una perspectiva a largo plazo tienen que mover la edad de jubilación efectiva porque es un elemento de ajuste del sistema clave sobre todo en un modelo de inserción en el que los jóvenes entran más tarde en el mercado de trabajo -entre otras cosas
porque reciben más y mejor educación- y en un sistema de mercado de trabajo, de vida laboral activa, en el que hay muchos trabajos que no requieren un esfuerzo físico que no se pueda abordar a los 55, a los 60 o a los 65 años y que incluso producen
una gratificación -no solo en salario, sino también humana, intelectual y personal- a quienes desarrollan ese trabajo y que prefieren seguir en la vida activa antes que pasar a la jubilación. Además hay un tercer elemento: la esperanza de vida
está aumentando. Desde que empezamos a hablar de reformas de la Seguridad Social en la democracia española hasta hoy, desde el inicio de la transición hasta ahora la esperanza de vida ha podido aumentar cerca de diez años. Ahora no tengo el dato
en la cabeza, pero ha aumentado bastante y va a seguir aumentando, en España y en Europa. Por tanto, hay que establecer una conexión.



Me preguntaban qué hacen los países. Hay una serie de países europeos que establecen una cierta conexión, a través de diferentes mecanismos, entre la proporción vida laboral activa y vida de jubilado o perceptor de pensión y la evolución de
la esperanza de vida. Es decir, el modo en que se mueve la esperanza de vida juega en los incentivos


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que se ofrecen por parte del sistema a un trabajador cotizante en activo para seguir en activo de forma voluntaria en vez de pedir la jubilación.
No ocurre en todos los países. Alguien ha citado a Alemania, que ha decidido elevar la edad
de jubilación a 67 años. Pero, en general -y, desde luego, la Comisión siempre que ha reflexionado por escrito y en público sobre estos temas-, se prefieren sistemas flexibles, crear incentivos y que cada uno decida. Eso nos obvia esa dificultad
de decidir en qué sectores, en qué actividades, en qué puestos de trabajo el esfuerzo físico requeriría una jubilación anticipada y en qué otras actividades se puede ir hasta los 70 años, como ya ocurre en el caso de los funcionarios del Estado y de
los jueces y no sé si en el caso de los militares también. Por tanto, incentivos; incentivos tanto durante los últimos años del ciclo de vida laboral activa para permanecer en activo -incentivos que se pueden imaginar y discutir y muchos de ellos
seguro que los van a discutir ustedes aquí- como en cuanto a la cuantía de la pensión en función del momento en que el trabajador decida solicitarla y pasar a la vida pasiva. Algunos incentivos se han aprobado en la legislación española, pero hay
otros que todavía no se han contemplado.
Hay uno muy sencillo y no hay que ser Pitágoras para descubrirlo. Se puede pagar más del cien por cien de la pensión que corresponde a los 65 años si alguien decide seguir trabajando hasta los 70. Si no
recuerdo mal, ahora hay un elemento que es que la empresa no cotiza. (La señora López i Chamosa: No, no, aumentos también.-El señor De la Rocha Rubí: Mejoras y aumentos.) ¿Hay también una mejora de la cuantía? Esos son buenos incentivos. Creía
que solo existía en el tipo de cotización.



Otro elemento es la extensión de los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base reguladora. Esto lo hemos discutido en varias ocasiones desde la Ley 26/1985 que recordaban, entre otros, el señor Olabarría y también la señora
López i Chamosa. Se pasó en la Ley 26/1985 de dos a ocho años, o de dos a diez, no me acuerdo ya si fue a ocho o a diez. No fuimos a más porque entonces no había ordenadores y había que ir a buscar los boletines de cotización físicos a los
archivos y era un lío.
Si no, hubiésemos ido a más entonces. Después se pasó a quince -creo que era un acuerdo explícito del Pacto de Toledo- y, luego, en la Ley 40/2007, se hizo ese ajuste en el sentido de que fueran quince años efectivos. Hay
muchos países europeos que han aumentado más allá. Algunos van a toda la vida laboral -entre otras cosas porque ya no todo el mundo va a tener sus mejores remuneraciones en los últimos años de la vida laboral activa-, otros van a cuarenta años,
otros van a veinte; en fin, hay diferentes modelos, pero ese parece un sistema seguro. Según todas las estimaciones que he visto de economistas españoles sobre el impacto de sensibilidad en el sistema español, eso tiene un efecto mayor que otro
tipo de reformas paramétricas. Es una discusión. Ustedes tienen que decidir. No es un tema de expertos. Es un tema político. Los expertos han analizado el asunto por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Hay que tomar
decisiones que ustedes sabrán, incentivos de la edad de jubilación y mejorar la contributividad. Todavía quedan algunos elementos de financiación con recursos estatales o, mejor, con cotizaciones de parte de la prestación que no es estrictamente
contributiva. Creo que ahí se debe seguir avanzando hasta la separación total de las fuentes de financiación, que es también un principio del Pacto de Toledo.



Varias de SS.SS., aparte de a la natalidad -que ya he comentado antes y coincido en la importancia que tienen las políticas integrales de mejora de las condiciones capaces de aumentar la tasa de fertilidad y de natalidad-, se han referido al
empleo. Sin duda tiene relación lo que pasa en el mercado de trabajo con lo que sucede en el sistema de protección social, por todas las esquinas. Como antes he dicho en la intervención inicial, nosotros, desde la Comisión y mañana en la
comunicación que aprobemos, preferimos tener siempre una visión integral que no hable solo del sistema de protección social. Hay que hablar de las reformas en el sistema de protección social, pero hay que hablar también del mercado de trabajo, hay
que hablar del resto de las finanzas públicas, hay que hablar de la educación, hay que hablar de todas las políticas capaces de mejorar la productividad y de incrementar la capacidad de crecimiento de nuestras economías, en concreto aquí de la
economía española. Por ejemplo, esa aparente dicotomía o disyuntiva de si hay que apoyar a los jóvenes para que tengan empleo o hay que apoyar a los mayores de 60 años para que sigan en el empleo se resuelve con crecimiento. En los años en que ha
habido crecimiento, eso no se discutía. Se empieza a discutir ahora, cuando hay que ajustar, aquí y en cualquier país. O se discutía a finales de los años setenta y principios de los ochenta, al principio de la transición, porque había una pérdida
de empleo muy fuerte. El crecimiento es clave. El crecimiento disuelve los aparentes problemas y los enormes cuellos de botella que aparecen cuando uno mira hacia el futuro. Si somos capaces de introducir más dinamismo y más crecimiento en la
economía a través de más empleo y más productividad, eso disminuye. Es como las rocas cuando sube la marea en el mar Cantábrico o en el Atlántico, desaparece. Usted se ha referido al modelo económico y al modelo social. Estoy totalmente de
acuerdo. No hay que perder de vista eso y uno de los elementos del modelo económico es la capacidad del crecimiento potencial para asegurar una base que permita, a través de la productividad, compensar un menor crecimiento del empleo -que va a
venir en todo caso- y, a través del crecimiento de empleo y de la productividad, financiar un sistema que necesita una economía dinámica para no tener cada vez más problemas.



Voy a hacer un comentario en general, pero ya que el señor Llamazares se ha referido explícitamente a eso, me dirijo a su señoría: del optimismo al temor. Al principio he dicho, señor Llamazares, que estos temas de los sistemas de
pensiones y de los sistemas de protección social hay que verlos, considerarlos y tratarlos, en términos de políticas y de estrategias, con una perspectiva de medio a largo plazo. Por eso en el análisis, en lo que


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he contado de nuestras estimaciones, proyecciones demográficas y traslación de esas proyecciones demográficas como un input para estimar el impacto del envejecimiento sobre el gasto público en pensiones y en otros, hay un ejercicio que
permite demostrar que en nuestras estimaciones y en nuestras consideraciones no hay un movimiento pendular del optimismo exuberante al temor reverencial. Si comparamos las proyecciones demográficas que hizo Eurostat en el año 2002 con las del año
2008, son prácticamente iguales, no han variado gran cosa. Si comparamos las estimaciones del estudio de consecuencias demográficas sobre las cuentas públicas del año 2006 con el estudio del año 2009, no han variado gran cosa. Hay algo más de
urgencia en tomar conciencia de cuáles son los desafíos, algo más, pero en lo sustancial estos desafíos están ahí desde hace tiempo.



¿Qué es lo que varía ahora? Lo que varía ahora, desde el año 2007 y, en particular, en los últimos seis o siete meses, es que ahora estamos en una crisis muy profunda de nuestras economías, en una recesión como no habíamos imaginado que
íbamos a estar, en una recesión que es, según alguien ha dicho, me parece que ha sido el señor Burgos, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, pero no solo aquí en España sino en todo el mundo: en Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, en
Alemania, aquí, en China, en Japón, en todos los sitios. En estos momentos la perspectiva acerca de la necesidad de tomar decisiones ante desafíos que ya conocíamos es una perspectiva distinta. Creo que desde la perspectiva en la que necesitamos
mirar las cosas, porque estamos en una crisis, la necesidad de las reformas aparece como algo más urgente, no solo porque, en un grado marginal, los problemas de largo plazo parecen más difíciles -ya parecían difíciles antes-, sino porque esas
reformas que en todo caso son necesarias -eran necesarias hace cuatro años y serán necesarias dentro de cuatro años- ahora nos sirven además para salir antes y mejor de la crisis. Eso es lo que creo que la situación actual añade a la perspectiva
que ya se tenía cuando empezó a funcionar el Pacto de Toledo, en la primera mitad de los noventa, o que se tenía hace cuatro años cuando vivíamos en un crecimiento impresionante y con unas cifras de superávits por todos los sitios. Por tanto, creo
que todos estamos de acuerdo en la necesidad de las reformas, ese no debe de ser nunca el debate.



Aquí tienen ustedes la suerte, en esta Comisión, de tener un lugar donde discutir, a partir de unos principios comunes y de unas bases comunes, qué reformas en concreto son necesarias en cada momento y cuál es el ritmo y la adecuación de
esas reformas a las demandas sociales, al proceso de diálogo social. Este es el enorme activo, el enorme valor del trabajo que ustedes tienen encomendado y están haciendo, y esa es la confianza que despierta desde Europa ver que un país que en
algunos indicadores pueda aparecer en situación peor en el año 2050 ó 2060, pero que ahora parece en situación mejor, desde muchos puntos de vista, que otros países europeos, además de los números, de las proyecciones y de las estimaciones, tiene
una base de consenso sobre un modelo que otros países no tienen. Hay países que, como decía antes, cambiaron en los últimos cinco a diez años las bases mismas de su modelo de sistema de pensiones y que ahora, como consecuencia de la crisis,
probablemente tengan que repetir ese debate pero en sentido contrario.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Joaquín Almunia, consejero...
Perdón...



El señor COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS (Almunia Amann): Si me nombras consejero de algo...



El señor PRESIDENTE:. ...comisario europeo, querido amigo, querido Joaquín, un abrazo muy fuerte.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y veinte minutos de la tarde.