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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 258, de 21/04/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 258
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 9 celebrada el martes 21 de abril de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria general de Empleo (Rojo Torrecilla) para explicar el Plan de acción 2009-2010 para el impulso y ejecución de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad. A petición del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000552.)... (Página 2)
De la diputada doña Concepción Sanz Carrillo, en sustitución del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Variación de los contratos fijos en personas con discapacidad desde marzo de 2004. (Número de expediente 181/000274.) ... (Página 15)
- Variación de los contratos temporales en personas con discapacidad desde marzo de 2004. (Número de expediente 181/000276.) ... (Página 15)
De la diputada doña María Virtudes Cediel Martínez, en sustitución del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar el empleo para las personas con discapacidad. (Número de
expediente 181/000275.) ... (Página 17)
De la diputada doña Inmaculada Bañuls Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área IV relativa a 'Empleo'. (Número de expediente
181/0000407.) ... (Página 18)
Del diputado don José Vicente Muñoz Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre evolución de las políticas de prevención de accidentes laborales en los años 2003 a 2007. (Número de expediente 181/000549.) ...
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (ROJO TORRECILLA) PARA EXPLICAR EL PLAN DE ACCIÓN 2009-2010 PARA EL IMPULSO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000552.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados tengo la satisfacción de dar la palabra a la secretaria general de Empleo, doña Maravillas Rojo, comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar el Plan de
acción 2009-2010 para el impulso y ejecución de la estrategia global de Acción para el empleo de personas con discapacidad.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Muchas gracias, señorías, por invitarme a presentar en esta Cámara una cuestión tan relevante y de tanto interés para el conjunto de la ciudadanía como es la situación y el avance
del empleo de las personas con discapacidad. En ocasiones anteriores ha comparecido la secretaria de Estado responsable del ámbito de bienestar social y de cuestiones sociales; yo hoy voy a hacer una referencia al ámbito en el que tiene
competencia la secretaría general que represento, que es el ámbito del empleo. Por eso, quisiera hacer una descripción, en primer lugar, de algunos elementos de situación en relación con las personas con discapacidad y las fuentes de medición de
que hoy disponemos. A continuación les voy a hacer una breve descripción de cuál es la situación con relación al mercado de trabajo: voy a pasar a describir las actuales medidas de fomento del empleo, cuál ha sido su evolución con relación a los
resultados que se han conseguido en el último periodo de tiempo y resumiré el contexto de la estrategia y del Plan de Acción de empleo para las personas con discapacidad.
Finalizaré, si ustedes me lo permiten, haciendo algunas propuestas con
relación a cómo afrontar la actual coyuntura en el marco de este plan de acción.
En estos momentos todos y todas compartimos que la situación económica, sin duda, está afectando muy negativamente al empleo en general. Pero precisamente porque somos conscientes de la destrucción de empleo que está generando la crisis
financiera internacional y la situación de retracción de la actividad económica, también lo somos de que en momentos en los que la situación general es difícil hay que estar especialmente atentos y atentas a la situación de terminados colectivos,
sobre todo de aquellas personas más vulnerables, como son los discapacitados. Por eso quiero comenzar esta comparecencia instando, y ofreciéndome en primer lugar, a contribuir y a sumar todos los esfuerzos para que las personas que están dispuestas
a trabajar y que tienen una preparación no encuentren más barreras que las imprescindibles para acceder al mercado de trabajo. Hemos de conseguir que, identificando las barreras que existen en situaciones de normalidad para acceder a los puestos de
trabajo disponibles, podamos eliminarlas, crear pasarelas para que las empresas conozcan las potencialidades de las personas que pueden desarrollar cierto tipo de trabajos y que las personas con discapacidad puedan también contrarrestar sus propias
barreras desde el punto de vista de accesibilidad o capacitación ante el empleo. Sabemos que el acceso al empleo es de vital importancia para todas las personas, pero también, y muy especialmente, para la integración social y el desarrollo de las
personas con discapacidad. La sociedad no debe ni puede permitirse que existan personas que estén al margen, que no se cuente con la aportación y con la fuerza de trabajo de un colectivo que es cuantitativa y cualitativamente significativo.
Los datos disponibles -saben que los que tenemos no están muy actualizados y que una de las cuestiones prioritarias
será disponer con regularidad de datos actualizados- nos muestran que aproximadamente un 5 por ciento de la población en edad de trabajar presenta alguna discapacidad. Las personas discapacitadas tienen que ser también un elemento en la
configuración de este nuevo modelo productivo que todos reclamamos y que queremos construir, y precisamente cuando estamos atravesando una crisis de especial relevancia sabemos que tenemos que salir de la misma afrontando la coyuntura, pero también
construyendo y poniendo las bases de un nuevo modelo productivo en el que se tenga presente de manera relevante la aportación de estas personas. Las tasas de empleo y de desempleo de las personas con discapacidad no limitante son similares a las
del conjunto de la población, y eso que aparentemente puede parecer una contradicción, porque realmente es un colectivo que tiene grandes dificultades, es posible desde el punto de vista de tasa y, por tanto, de proporción porque en los últimos años
se ha dispuesto un conjunto de medidas, de recursos, de políticas que hace que se haya incorporado a la vida laboral un mayor número de personas con discapacidad. Hemos de seguir profundizando en ello, hemos de seguir desarrollando políticas de
discriminación positiva, además de incorporar en las políticas generales a personas con discapacidad y analizar qué tipo de medidas es necesario adoptar para aquellas personas que tienen discapacidad limitante, porque probablemente es el colectivo
que hoy tiene grandes dificultades para normalizar en algo su situación laboral.
También tendremos que tener en cuenta que las situaciones varían en el tiempo y que las medidas se tienen que actualizar de manera permanente, no solo por las cuantías
y los presupuestos sino también por la tipología de las medidas. Es evidente que una atención singular, preferente, a las mujeres que tienen una doble, o una triple discriminación en este caso, requerirá de nosotros permanentemente la sensibilidad
imprescindible para tener constancia de que existen y para adoptar aquellas medidas que vayan mejorando en lo posible su situación; al menos, es imprescindible hacerlo visible para tener posibilidad de afrontarlo. Pero también hay otras
situaciones, además de la de las mujeres que tienen discapacidad, como el grado de discapacidad, como he dicho anteriormente.
Consciente de todo ello, el Gobierno socialista ha impulsado en los últimos años -permítanme, señorías, que insista-, por primera vez en este país, una estrategia global; por primera vez disponemos de un plan del Gobierno, de un plan
transversal que afecta a un conjunto de ministerios y que tiene la vocación, la misión, la voluntad de afrontar el conjunto de situaciones que inciden de una manera o de otra en el empleo de las personas con discapacidad. Por eso, esta estrategia
global de Empleo para las personas con discapacidad y el Plan de acción 2009-2010, que están ya aprobados, son un avance sin precedentes en la integración social y laboral de este colectivo, porque permiten desarrollar políticas globales, porque son
un ámbito de consenso permanente que contempla el diálogo social y la concertación territorial. En ningún caso podemos dejar de tener presente que nuestra Constitución desarrolla el Estado de las autonomías y que en este tema, como en muchos otros,
la gestión de las políticas relativas a las personas con discapacidad es competencia de las comunidades autónomas; es decir, política global, políticas de participación con los agentes sociales y con las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad, políticas con participación activa de las comunidades autónomas, dirigidas, en definitiva, a lograr de manera efectiva la no discriminación, la mayor igualdad -quisiéramos la plena igualdad- de oportunidades y la
equiparación en derechos de las personas con discapacidad. Por eso seguimos planteando políticas de discriminación positiva, si bien el objetivo final es que en el conjunto de las políticas activas de empleo se pueda normalizar la presencia de este
amplio colectivo.
Me voy a referir a continuación, muy brevemente, señorías, a las actuales fuentes de medición de la discapacidad. Ustedes saben que una de las primeras tareas para poder analizar la situación es disponer de datos, es estimar su tamaño, y
las bases de datos disponibles son la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud, que es del año 1999; además existe otra fuente, que es el módulo que en 2002 se incorporó a la encuesta de población activa para hacer el análisis de
este colectivo, un módulo especial. De todas maneras, quiero decirles que en septiembre de 2009 está previsto incorporar otra vez este módulo especial en la encuesta de población activa y confío en que nos aportará datos actualizados para que
efectivamente podamos disponer de una medición más adecuada. Pero tener una información estadística estructural es muy importante, y una de las cuestiones que les voy a proponer en el marco el plan de acción es desarrollar uno de sus mandatos, que
es precisamente esta cuestión. Pero hablaremos más adelante.
En relación con los datos, quería decir que esta encuesta se considera de una alta fiabilidad; si bien en los datos cuantitativos está muy desajustada en el tiempo, en lo que es la tendencia se puede considerar rigurosa. Por eso, en
algunos análisis es imprescindible referirse a estos datos de 1999. También de la encuesta de 2002 se deduce que la tasa de prevalencia de discapacidad de la población en edad de trabajar en España es del 8,7; 8 por ciento para las mujeres y 9,4
por ciento en el caso de los hombres. Si lo analizamos en la Unión Europea de los Doce, la tasa de prevalencia en la misma época era del 14,1 y en la de los Veinticinco del 15,7. La tasa de España, si seguimos este indicador de la EPA, supone que
en nuestro país habría 2.339.000 personas que tienen alguna discapacidad en edad laboral. Sin embargo, la EDDES de 1999 señala que la tasa de prevalencia en España sería del 5,6 por ciento, lo que representaría a 1.337.000 personas con
discapacidad. Como pueden ustedes comprobar, hay una gran diferencia. Las dos referencias estadísticas son importantes, pero todos los expertos coinciden en destacar que la EDDES es la encuesta especializada y la que realmente indica con rigor la
tendencia y hace la valoración más ajustada teniendo en cuenta las metodologías internacionales. Si
seguimos con la EDDES y analizamos por edades podemos ver la que evolución entre hombres y mujeres es distinta, pero sobre todo podemos constatar que hoy en España la mitad de las personas con discapacidad tienen más de 50 años, es decir,
hay un envejecimiento de la población con discapacidad y es preciso tenerlo muy presente a la hora de elaborar políticas.
En relación con el nivel educativo, el bajo nivel de cualificación es una nota destacada. Según este estudio, el 72 por ciento de las personas con discapacidad entre 16 y 64 años no tienen más que el nivel de estudios primarios. En
síntesis -porque ustedes me han reclamado en esta comparecencia para que esencialmente explique proyectos para abordar el futuro-, quiero destacar como primera cuestión que las personas con discapacidad suponen alrededor del 5 por ciento de la
población en edad de trabajar, que aproximadamente la mitad tiene más de 50 años y que la inmensa mayoría tiene un nivel bajo de estudios.
En relación con el mercado de trabajo - y nos vamos referir a la EPA 2002-, el número de personas con discapacidad ocupadas era de 670.300, es decir, el 4,1 por ciento del total de ocupados del segundo trimestre de aquel año. La tasa de
empleo es menos de la mitad de la que alcanza la población en general; el 28,5 por ciento para personas con discapacidad y el 59,5 para la población en general. Sin embargo, la tasa de actividad entre las personas con discapacidad es la mitad que
en la población en general, lo que tiene una fácil explicación: el nivel de personas inactivas es muchísimo más alto entre las personas con discapacidad, porque no pueden o porque se desaniman y se muestran como inactivas. La tasa de paro es
superior entre las personas con discapacidad que en la población general - refiriéndonos siempre a los datos de 2002-, 15,3 por ciento frente al 11,3. En este caso, es superior en las mujeres que en los hombres con discapacidad, como ocurre con la
población en general aunque, como ustedes saben, en este momento la crisis equipara la situación de mujeres y hombres. Me gustaría más poderla equiparar en otras circunstancias. El dato más actualizado es el que se refiere a los registros de los
servicios públicos de empleo. El conjunto de los servicios públicos de empleo autonómicos registran un número de demandantes en paro con discapacidad que ha pasado de 73.497 a finales del año 2007 a 89.735 a finales de 2008 y 105.850 a 31 de marzo
2009. Es la única cifra que les puedo dar rabiosamente actualizada. En el conjunto de los servicios públicos de empleo están inscritas y manifestadas como personas con discapacidad 105.850 personas. La gran diferencia está especialmente en las
tasas de inactividad. Es un rasgo característico.
Esta tasa de inactividad es muy superior en la población de personas con discapacidad en relación con la población general y sigue aumentando. De todo ello se deduce que uno de los mayores
problemas que afectan a las personas con discapacidad es precisamente esta elevada inactividad.
Podríamos decir, con los datos disponibles, que la inactividad más el desempleo podría afectar a un millón de personas, siendo el colectivo, el universo
al que se deben dirigir las políticas de empleo que están en la base del plan de acción. Acabo esta breve descripción de la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo comparando la EPA del año 2002 con la situación de la
Unión Europea de los Quince. La situación en España es que alrededor del 10 por ciento de las personas con discapacidad reciben asistencia para trabajar y en la Unión Europea el 15,7 por ciento. Es decir, tenemos un recorrido y tenemos la voluntad
de continuar en esa línea para que nuestra homologación con Europa sea efectiva en todos los sentidos.
En resumen, señorías, siempre es bueno recordar que los hombres y mujeres con discapacidad tienen unas tasas de empleo y de actividad que son inferiores a las del conjunto de la población en edad de trabajar y una tasa de paro más elevada.
Y el rasgo más distintivo es la elevada tasa de inactividad.
Vamos a hacer un breve repaso para poder entrar en las propuestas de medidas. ¿Cuál es la situación de las medidas de fomento del empleo hoy vigentes en nuestro país? La contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario es
el primero de los ámbitos. El presidente de la Comisión y ustedes, señorías, conocen bien -porque la trabajaron- la Ley 43/2006; una ley que recoge el acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo y que ha tenido una amplísima repercusión en
materia de contratación. Pues bien, la ley establece catorce tipos de bonificación para las personas con discapacidad, ya sea en contratación indefinida o temporal, en función del género, la edad y el grado de discapacidad. Así mismo, los catorce
tipos de bonificación recogen la transformación de los contratos temporales en indefinidos. Algunos pueden pensar que catorce tipos de bonificación es una dispersión de medidas que quizás, lejos de concentrar la atención en el estímulo, pueden
distraer esa atención. Es una cuestión que evidentemente SS.SS. tendrán que analizar en el ámbito de la Cámara porque estamos hablando de una ley, pero quiero dejar constancia de que son catorce tipos y de que han evolucionado muy positivamente.
Señorías, la evolución del número de contratos de personas con discapacidad a partir del año 2006 ha entrado en otra velocidad, en otra situación. La entrada en vigor de estas medidas fue especialmente importante para el colectivo al que nos
referimos. En concreto, la cifra de contratos de personas con discapacidad en el año 2004 se situaba en 44.551; en el año 2008, en 55.714. Esta última cifra representa el 0,34 por ciento del total de los contratos y la cifra a la que me referido
del año 2004 era el 0,27 por ciento. Queremos más. Estoy convencida de que todos los grupos y todos los ámbitos queremos que sea más, pero quiero destacar que ha ido avanzando significativamente. Si analizamos la contratación desde el punto de
vista contratación indefinida y temporal -teniendo presente que en este colectivo también se incentiva la contratación temporal-, ambos tipos de contratación se van incrementando.
En concreto, se puede decir que las políticas de bonificación de la
contratación de personas con discapacidad no ha variado la estructura de temporales e indefinidos. También ha habido
mucha contratación temporal, prácticamente en el mismo porcentaje que en situación normal. Les voy a dar la cifra. El número de contratos acogidos a bonificaciones establecidas en la reforma laboral de 2006 pasó de 21.607 en el segundo
semestre de 2006 a 51.159 en 2007 y a 48.515 en 2008. Pues bien, del total de contratos acogidos a bonificaciones, 13.808 fueron indefinidos. Por lo tanto, estamos hablando de 48.000 en total y de 13.000 en el conjunto de los indefinidos. Estoy
convencida de que la extensión de la responsabilidad social de las empresas, el desarrollo del ámbito de gestión que están aplicando las distintas comunidades autónomas y los procesos de atención más personalizados a las distintas situaciones de
desempleo pueden contribuir, además de estas medidas, a que las personas con discapacidad encuentren una mejor integración en el mercado ordinario de trabajo.
En segundo lugar, me voy a referir a la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Ustedes saben que los centros especiales de empleo son uno de los instrumentos sino el instrumento clave, para poder
ofrecer un trabajo productivo remunerado que se adecue a las características personales y que facilite la integración laboral de personas con discapacidad. Estos centros, como ustedes saben, precisan tener el 70 por ciento de la plantilla de
personas con discapacidad, y tienen distintos tipos de subvenciones, básicamente tres: la financiación parcial de proyectos generadores de empleo, que es una orden ministerial del año 98; el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo, que
incorpora bonificación del cien por cien a la cuota de la Seguridad Social y subvenciona el coste salarial para adaptación de los puestos de trabajo y mantenimiento -también hay otras medidas de equilibrio financiero y de saneamiento financiero de
los centros-; y, la tercera línea de apoyo, las ayudas para las unidades de apoyo a la actividad profesional, real decreto-ley del año 2006.
Quiero dejar constancia de que la gestión de todas estas subvenciones está transferida a las comunidades autónomas y eso significa que la aplicación es diversa; es decir, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias,
legislan complementariamente y por lo tanto podemos encontrar en el mapa del conjunto del territorio comunidades que están en este momento subvencionando el 70 por ciento en vez del 50 por ciento del salario mínimo para el mantenimiento de puestos
de trabajo, comunidades que están incorporando medidas adicionales a las que he citado o que han modificado los actuales baremos de subvención para ajustarse a los requerimientos o a aquello que consideran adecuado. Por lo tanto, cuando analizamos
las medidas de las políticas referidas a las personas con discapacidad, sería interesante -y es una de las cuestiones que vamos a plantear en el plan de acción- disponer del mapa de aquellas medidas de carácter estatal, que emanan de la
Administración General del Estado, que puedan ser complementadas, ampliadas si cabe, como está sucediendo, con aquellas medidas que en cada uno de los ámbitos autonómicos se están desarrollando. Sería bueno en aras de la transparencia y de la
complementariedad de la acción de los gobiernos que pudiéramos avanzar en este mapa de la identificación de las medidas que se están desarrollando en cada una de las autonomías.
El conjunto de personas que se han beneficiado de estos centros especiales de empleo ha crecido de manera continuada y de hecho se ha duplicado en los últimos años. En el año 1999 había 25.824 personas beneficiarias de estas medidas y en
2008 había 51.408 personas. El tipo de contrato que más utilizan los centros especiales de empleo son los contratos indefinidos, y mayoritariamente de varones; de hecho suponen más del 60 por ciento de los contratos de los centros especiales de
empleo excepto en los centros de discapacidad severa, donde hay más mujeres, como ustedes saben. El flujo de contratación de los centros especiales de empleo refleja también en esta medida que la contratación temporal y la indefinida son un reflejo
de la política general. La contratación en los centros especiales de empleo pasó de 26.000 contratos en 2006 a cerca de 30.000 en 2008, con un porcentaje del 11 por ciento de indefinidos, es decir, que es el mismo porcentaje.
Ahora, es interesante que destaquemos la ampliación del número de centros especiales de empleo, porque han pasado de 824 centros en el año 99 a 1.760 en el año 2008; 1760 centros en el conjunto de España. Estos centros acogen una media de
30 trabajadores y trabajadoras en cada uno de ellos, si bien diríamos que hay algunos lugares, el País Vasco, Navarra y Cantabria, que tienen una media muy superior, tienen una masa crítica en su actividad más amplia: 70 personas de media; sin
embargo, en otros lugares, Canarias, Galicia o La Rioja, están en niveles de 20 personas de media, es decir, no es una situación homogénea.
Por último, en referencia a la evolución del gasto en el empleo protegido a través de la subvención también ha habido un crecimiento continuado: 87 millones en el año 1998 y 222 millones en el año 2009 es lo que se ha asignado. Se ha
multiplicado por tres el gasto entre 1998 y 2009 como consecuencia evidentemente del incremento del número de trabajadores y también de la actualización de los incrementos salariales.
Señorías, quisiera destacar que las subvenciones para los centros especiales de empleo se han ejecutado más del cien por cien. En concreto, en 2007 se ejecutó el 105 por ciento y en 2008 el 111 por ciento. ¿Cuál es el motivo? Sus señorías
conocen cómo funcionan los centros especiales de empleo y la gestión autonómica. La explicación es evidente y clara: cuando en el Servicio Público de empleo se procede a hacer la asignación presupuestaria se hace una distribución por programas de
empleo, pero no es una distribución rígida, sino que permite que cada comunidad autónoma pueda flexiblemente, sin salirse del importe total del presupuesto de programas de empleo, adecuar ese presupuesto para unos programas de empleo o para otros.
Esa es la explicación por la que podemos constatar que el nivel de asignación presupuestaria adjudicado al ámbito de los centros especiales de empleo ha sido mayor que el inicialmente previsto.
Respecto a las cantidades de la Seguridad Social, que
forman
parte también, junto al presupuesto que he mencionado anteriormente, del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2007 se dedicaron 148.801.000 euros y en el año 2008, 156 millones hasta el mes de noviembre, que es el
último dato disponible.
Por último, quiero decirles en relación a los centros especiales de empleo que el 14 de enero en la Conferencia sectorial de asuntos laborales se distribuyó -por primera vez por cierto- el presupuesto del Servicio de Empleo Estatal -digo por
primera vez el 14 de enero, porque no era habitual por distintas razones que se distribuyera a principio de año- con un objetivo muy claro, y es que no hubiera ningún motivo para la no ejecución inmediata. En esta conferencia sectorial se
distribuyó un conjunto de 222.596.000 euros para centros especiales de empleo, siempre con la característica que les he mencionado de que las comunidades autónomas tienen flexibilidad, a partir de cumplir unos mínimos objetivos asignados, para poder
pasar de unos programas de empleo a otros. Lo que sí es cierto es que la situación actual es una situación de dureza económica, que está afectando a muchas empresas y también a muchos centros especiales de empleo; no tienen suficiente demanda y,
si no tienen demanda, no tienen actividad, lo cual está repercutiendo en su funcionamiento y en su actividad. Por eso hemos de seguir trabajando para ver con qué medidas afrontamos la coyuntura y la situación de viabilidad.
Hay otra cuestión a la que los centros especiales de empleo pueden acogerse, que son las bonificaciones para la formación de demanda, es decir, aquella formación que se puede hacer en la propia empresa teniendo en cuenta la bonificación de
la Seguridad Social, que está recogida en la Orden de 27 de julio de 2007. Tengo que decir que la participación de los centros especiales de empleo es mínima, es muy reducida, es prácticamente testimonial, cuando es posible, y vamos a hacer -estoy
convencida- un esfuerzo para que puedan identificar los centros especiales de empleo cómo pueden utilizarlo. En el ámbito de los centros especiales de empleo es importante que tengamos presente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Esa
ley tiene que ser uno de los ámbitos que nos debe permitir utilizar sobre todo dedicar una parte del presupuesto a lo que llamamos el mercado cautivo, que es una de las esperanzas y de los incentivos con los que deberíamos ampliar la actividad de
los centros especiales de empleo.
Refiriéndome a la estrategia, que, como les he dicho, es un plan global y es la primera vez que existe en un programa de Gobierno, ustedes saben que en la pasada legislatura se plantearon tres ejes para abordar la integración sociolaboral
efectiva de las personas con discapacidad: la atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia, la implantación efectiva de la accesibilidad universal y el empleo de las personas con discapacidad. Me voy a referir al tercer
eje, que es el que corresponde en este ámbito y en esta comparecencia. He hecho referencia a la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo, por su repercusión, pero esta ley ha permitido medidas de gran calado en el ámbito de la
discapacidad: la reserva efectiva del 5 por ciento de las plazas en la Administración pública para personas con discapacidad; la regulación del empleo con apoyo para facilitar la inserción laboral a través de preparadores laborales, que está en
marcha, aunque es bueno ampliarlo, o mejorar las subvenciones a las empresas por la contratación, como he descrito anteriormente. Es un conjunto de medidas que han hecho posible que en los últimos cuatro años la contratación de las personas con
discapacidad haya aumentado un 10 por ciento, lo cual es importante.
Pero, para avanzar, tanto en tasa de actividad como de ocupación, el Gobierno procedió a un mandato para que, previa consulta con los interlocutores sociales y con las
organizaciones representativas, así como con las comunidades autónomas, se aprobase la estrategia global y un repertorio de medidas y de iniciativas.
En cumplimiento de este mandato, el Gobierno aprobó el 26 de septiembre de 2008 la estrategia global de empleo para personas con discapacidad, que tiene 93 líneas de actuación, y también aprobó recientemente, en el mes de marzo, el plan de
acción. La estrategia, que, como he dicho, tiene 93 líneas y está prevista para 2008-2013, ha contado con la participación activa de los interlocutores sociales, Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme, del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad, Cermi, y de las comunidades autónomas y es nuestra auténtica hoja de ruta. Es la primera vez que hay este planteamiento global, que tiene dos objetivos generales: aumentar la tasa de actividad y de ocupación, así como la
inserción laboral de personas con discapacidad, y mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación. Además de los dos objetivos generales, la
estrategia describe siete objetivos operativos. No los voy a analizar, porque ustedes los conocen bien, pero vamos a recordar que estos objetivos operativos comportan remover barreras de todo tipo que aún dificultan el acceso al empleo de las
personas con discapacidad; potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su empleabilidad; diseñar nuevas políticas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad; promover una
mayor contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo; renovar el empleo protegido, es decir, favorecer el tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario; mejorar la calidad del empleo y de las condiciones
de trabajo de las personas con discapacidad, en particular combatiendo activamente su discriminación en el mercado de trabajo; y el séptimo objetivo específico es mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en
materia de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las administraciones públicas. Además de los dos objetivos generales y de los siete específicos, se añaden dos objetivos de
naturaleza transversal, que tienen una gran importancia y que son: utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo y prestar especial atención a variables que permitan personalizar
la intervención, como es el tipo de discapacidad, la edad, el género, el lugar de residencia, etcétera.
Para la ejecución de todas estas directrices -y quisiera insistir en que contaron con el apoyo unánime y con un amplísimo consenso- se aprobó en Consejo de Ministros el 13 de marzo el Plan de acción 2009-2011 y este plan, que es plan de
Gobierno y que está previsto para dos años, vuelve a tener el protagonismo de quienes han participado, agentes sociales, Cermi y comunidades autónomas. Además, este plan de acción supone el desarrollo de un conjunto de grupos de trabajo
específicos, cuya constitución está prevista la última semana de este mes de abril. Estamos por lo tanto en la rabiosa actualidad del pleno desarrollo del mandato de la estrategia del plan de acción y de su desarrollo. La estrategia y el plan de
acción están en marcha, se van a poner en funcionamiento antes de final de mes los grupos de trabajo específicos y estoy convencida de que, con el consenso y la participación activa del ámbito del diálogo social, del ámbito de las organizaciones
representativas y del ámbito territorial, se va a avanzar en la concreción imprescindible para el colectivo al que nos estamos refiriendo, que representa este progreso significativo de disponer de un plan global de Gobierno, de una estrategia y de
un plan de acción.
Me voy a referir ahora, señorías, para finalizar -y quedo a su entera disposición en esta ocasión y en todas las ocasiones que ustedes lo crean oportuno- a algunos ámbitos que van a ser objeto de un análisis prioritario en el desarrollo del
plan de acción, siempre en el conjunto del marco de los planes de trabajo con los interlocutores citados. En primer lugar, seguiremos planteando la flexibilidad en la gestión del presupuesto; es decir, que las comunidades autónomas tengan en el
presupuesto asignado la obligación de cumplir con unos objetivos mínimos, que nos permitan, en el conjunto del Estado, unos objetivos generales, pero que puedan decidir, como se viene planteando, una asignación presupuestaria que tenga flexibilidad
entre programas de empleo.
Evidentemente, los centros especiales de empleo y los recursos para la inserción laboral de personas discapacitadas son, sin duda, un programa de empleo. La gestión autonómica del presupuesto también va a llevar esta
petición que he expresado anteriormente de que construyamos un mapa de medidas en el conjunto del Estado relativo a todo el desarrollo que cada una de las comunidades autónomas está aplicando en los programas de empleo en general, pero muy en
concreto en cuanto a las medidas en relación con el colectivo de personas con discapacidad.
La segunda cuestión es analizar y actualizar con carácter general la cuantía de las subvenciones. Sin duda alguna es imprescindible abordar esta cuestión porque los tiempos están cambiando, y los requerimientos también, y porque
probablemente sea bueno generalizar elevando los mínimos, aunque antes he mencionado que en este momento en gran parte del Estado ya se amplían estas cantidades. La tercera cuestión es profundizar en la aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, porque SS.SS.
saben muy bien que la Administración pública, con toda la transparencia que se le requiere, actúa normalmente mediante concursos, pero ustedes saben muy bien lo que significa para un centro especial de empleo, por ejemplo,
acceder a un concurso público, desde el punto de vista de la Administración, imprescindible, pero también de la competencia a la que accede. Por eso esta Ley de Contratos del Sector Público, que permite que una parte del gasto público esté
destinado en mercado cautivo a estos colectivos, tiene que ser nuestro ámbito de acción para ampliar la efectiva actuación de estos centros. Una de las cuestiones que se ha propuesto es disponer de un portal que ofrezca productos y servicios de
todos los centros especiales de empleo del conjunto de España, de forma que de manera inmediata, prácticamente del pliego de condiciones, se pase a identificar quiénes ofrecen servicios de cáterin, quiénes ofrecen servicios de mensajería o quiénes
ofrecen servicios de jardinería en cualquier lugar de España, porque hoy evidentemente esta tecnología es imprescindible. Solo si se identifica con rapidez y con absoluta transparencia será mucho más accesible el producto o servicio de estos
centros especiales de empleo y entre todos y entre todas insistiremos en el cumplimiento de esta Ley de Contratos del Sector Público, que está aprobada desde 2007.
La siguiente cuestión, a la que ya me he referido, pero en la que quiero insistir, es la fiabilidad y la disponibilidad de estadísticas más actualizadas. El Ministerio de Trabajo va a proponer -y espero que en el ámbito de los grupos de
trabajo se refuerce- que el Instituto Nacional de Estadística incorpore de manera normalizada, especialmente en la EPA y en la encuesta de calidad de vida, indicadores que muestren la situación de este colectivo. Yo, como secretaria general de
Empleo, quiero insistir en que el Ministerio de Trabajo, aunque expresa las estadísticas, no es quien elabora la EPA ni la encuesta de calidad de vida, aunque a veces se identifican las dos cosas. También hay otra cuestión coyuntural en la que es
posible avanzar con urgencia y es que los centros especiales de empleo hagan uso de la formación de demanda, utilizando las bonificaciones, porque, tal como está previsto en la ley, las bonificaciones no están solo en relación con lo que se paga a
la Seguridad Social, sino que incluso pueden tener un saldo negativo; por tanto, la Seguridad Social puede estar en deuda con los centros especiales de empleo si se bonifica en aquello en lo que están cubiertos, porque están bonificados al cien por
cien. Vamos a hacer con la fundación tripartita una campaña especial intensiva, para acercar lo máximo posible este ámbito de formación de demanda a los centros especiales de empleo, además de cumplir lo que la formación ya prevé de reserva
prioritaria de plazas.
Aunque estoy convencida de que no voy a agotar ni de lejos el conjunto de propuestas y de acciones que los grupos de trabajo en el desarrollo del plan de acción van a proponer, hay una cuestión que estos días está de especial actualidad y es
afrontar la morosidad, entre otras la de las administraciones públicas. Ustedes conocen que el Gobierno ha propuesto recientemente, y esta Cámara también, que se apliquen las medidas, que serán inmediatas, para que el ICO avale la posibilidad de
que los
ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan pagar o puedan avalar estos pagos, porque uno de los clientes más importantes de nuestros centros especiales de empleo, no el único, evidentemente, son las administraciones públicas.
Pido excusas si me he alargado un poco. Creo que este colectivo de personas con discapacidad, que conozco bien porque en mi etapa de concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante doce años fui miembro del Instituto Municipal de Personas
con Discapacidad, ha avanzado muchísimo, pero queda todavía muchísimo por avanzar; además, fui miembro y vocal del patronato de algunos centros especiales de empleo, por lo que puedo decirles, señorías, que no hablo de memoria. Por otra parte,
estoy convencida de que en esta Cámara y en esta Comisión coincidimos todos en que en realidad no es fácil, en que es difícil, hay un recorrido amplio, pero este precisamente es un momento, cuando el ciclo económico tiene dificultades y es bajo,
para que todavía pongamos más de relieve que no queremos, ni podemos, ni debemos en ningún caso dejar al margen y no tener muy presentes las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad tengan el lugar que tienen que tener en el
conjunto de la sociedad.
Quiero finalizar reiterando que estoy convencida de que saldremos de esta crisis y de que lo haremos con mejores oportunidades para todos y para todas. Pero si queremos que eso sea así, además de reactivar la actividad económica, tendremos
que poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento que incorpore otros valores y entre esos valores, además de la responsabilidad de las personas directivas, de la implicación de los que trabajan, de la transparencia de las empresas, habrá
valores muy vinculados a la incorporación de la diversidad como un valor que refleje efectivamente la situación de normalidad del conjunto de la sociedad.
Somos plenamente conscientes de que este es un reto difícil, pero precisamente por eso es tan
importante que aunemos esfuerzos y que lo compartamos. Es el momento para aprovechar el talento, las cualidades y las capacidades de todas las personas y es también el momento de reforzar nuestra capacidad para eliminar barreras y para superar
prejuicios, ambos todavía muy presentes en nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, señorías, por su atención y quedo a su entera disposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria general de Empleo, por su exhaustiva y profunda intervención.
Damos ahora paso al turno de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Socialista, autor de la solicitud de comparencia, y en su nombre su portavoz la señora Sánchez Rubio tiene la palabra.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Muchísimas gracias por su comparecencia, señora secretaria general de Empleo. Su información ha sido amplia y exhaustiva y ha puesto muchas cosas en evidencia, pero para mí hay una muy importante que es la
sensibilidad que el Gobierno y, en concreto, el área de Trabajo e Inmigración y la suya tienen respecto a las personas con discapacidad. Enfrentarnos a esta legislatura hace un año con una situación de crisis tan importante y, además, desde el
ámbito de las personas con discapacidad, ensombrecía la acción política y la verdad es que tenemos una gran preocupación porque sabemos, somos conscientes de ello, como usted ha manifestado, que las personas que tienen alguna dificultad añadida,
como en este caso es la situación discapacidad, lo iban a tener especialmente difícil. La acción política debe reforzarse para colectivos vulnerables y el de las personas con discapacidad lo es.
Ya en la legislatura anterior había entendido el
Gobierno que había que destacar la importancia de la inserción laboral de las personas con discapacidad.
En los datos que nos ha dado, la baja actividad del colectivo de personas con discapacidad es preocupante y, como bien ha dicho usted, tiene que hacernos reflexionar sobre temas tan importantes como son la formación, la accesibilidad y la
escasa utilización de alguna modalidad de contrato como el trabajo a tiempo parcial para este colectivo de personas con discapacidad. Es decir, hay que hacer un análisis global de esta situación. No se genera, a pesar de que se ha incrementado
sensiblemente con las medidas de bonificación contempladas en la Ley 43/2006, suficiente empleo para el sector de personas con discapacidad. De igual manera, hay deficiencias en el cumplimiento de la cuota de reserva y creo que es muy importante
trabajar también en ese sentido. Ha destacado usted la importancia de incidir positivamente en el empleo de las personas con discapacidad, de las mujeres fundamentalmente, que tienen añadida una discriminación más. Por tanto, es un tema
apasionante en el que estamos todos implicados, y el Gobierno en particular, como lo ha puesto usted en evidencia.
Me ha parecido muy interesante lo que ha planteado en primer lugar en su intervención, relativo a los indicadores que nos permitan conocer los datos de la situación de empleo de las personas con discapacidad. Creo que los portavoces de
todos los grupos en esta Comisión hemos valorado que lo diga, porque ya en la anterior legislatura y en esta se han tomado algunas iniciativas en este sentido y que han apoyado todos los grupos, porque entendemos que es fundamental; el conocimiento
de la realidad es imprescindible para poder abordar las medidas necesarias. También me ha parecido muy interesante lo que ha dicho respecto a la coordinación con las comunidades autónomas de ejes básicos de intervención en materia de empleo de
personas con discapacidad, incluso para los productos, porque va a hacer mucho más efectiva, más eficiente y más eficaz la gestión del empleo de las personas con discapacidad. Le pregunto, y me gustaría que insistiera un poco más en ello, si se ha
planteado desde la Secretaría General de Empleo abordar el incremento del apoyo económico, la subvención, a las plazas de centros especiales de empleo -lo ha mencionado y me gustaría que pudiera matizarlo-, así como el desarrollo de lo que contempla
la que conocemos
normalmente como Ley de Contratos del Estado, la Ley de Contratos de la Administración Pública, porque creo que es muy importante. La ley lo contempla así, pero no de una forma totalmente vinculante, y ahí conviene establecer los mecanismos
de control para que se dé cumplimiento al espíritu de la ley, que queda claramente reflejado en el texto legal de 2007.
Por otro lado, esta estrategia que se contemplaba en la Ley 43/2006, la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, me ha parecido muy interesante. Adquirimos el compromiso de la estrategia y valoro mucho
que exista en esta situación de dificultad importante desde el punto de vista económico, que está repercutiendo de manera directa en la destrucción de empleo, que además el Gobierno haya considerado importante dar prioridad a su desarrollo con el
Plan de acción 2009-2011 y que la estrategia se plantee con el criterio de globalidad, porque no solo afecta, como usted había comentado anteriormente, al ámbito laboral sino también a otros ámbitos, como el educativo o el sanitario, es decir, se
plantea con una visión transversal que afecta a todas las áreas de Gobierno. Por tanto, hay que insistir en esos aspectos que se ven con más necesidad de ser reforzados, que tienen cierta debilidad en materia de coordinación, de información y de
datos respecto al empleo, y hay que empezar con el plan de acción, cuyo grupos, como bien nos ha comentado, se constituyen a lo largo del mes de abril.
Creo que estamos de enhorabuena, a pesar de las dificultades. Nos tiene que coger bien
preparados, bien articulados y, además, con el acuerdo de los interlocutores sociales, empresarios, sindicatos, del sector de la discapacidad y de las comunidades autónomas, porque son competentes en esta materia. Algunas de ellas están realizando
un trabajo fundamental, que supera incluso los compromisos adquiridos en los distintos textos normativos. Por tanto, hay que felicitar el esfuerzo que desde las comunidades autónomas se está haciendo en esta materia.
Solo me resta darle las gracias y decirle que con toda seguridad contaremos con usted en más ocasiones, puesto que el empleo es uno de los pilares básicos de la inserción de las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora secretaria, solo dos cuestiones, para que me pueda ilustrar. En primer lugar -y he tenido que salir de la Comisión, además, por una urgencia-, no sé si usted ha dado datos sobre la memoria económica. ¿Los ha
dado? (La señora secretaria general de Empleo, Rojo Torrecillas, hace signos afirmativos.) Entonces ha debido ser justo en el momento en que he tenido que salir; ya lo leeré en el 'Diario de Sesiones'. En segundo lugar, ahora que estamos
tramitando, que estamos en pleno debate -de hecho estamos en el periodo de presentación de enmiendas- del proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento de la ocupación y la protección de personas desocupadas, ¿cree usted que
sería interesante incluir como medida de choque alguna cuestión de las más prioritarias, atendiendo al contexto en que estamos? Porque ciertamente usted ha hablado de esta ecuación perversa de los inactivos más los desocupados que afecta a este
universo de las personas con más números para caer en la exclusión social, máxime en el momento en que estamos. Se lo digo ahora porque me interesa su opinión. Primero, no había medidas específicas y creo que hubiera sido un buen guiño a ese
sector más frágil de la sociedad. Nosotros habíamos previsto la creación -de hecho vamos a someterlo a debate- de dos fondos, uno destinado a las entidades del tercer sector, que son las que tienen que dar el do de pecho en este contexto en el que
estamos, precisamente para combatir la exclusión social, y otro para que estas políticas que ya están anunciadas en el plan tuvieran una inmediatez en la ejecución. ¿Usted cree que esto tiene sentido? De hecho ya tomará cuerpo en una enmienda que
tenemos elaborada, pero, aprovechando que usted está aquí, no estaría mal saber cuál es su opinión, si es que puede dárnosla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora secretaria de Estado, estoy muy agradecido también por su exposición tan exhaustiva y aclaratoria. Yo no me he ausentado, como el señor Tardà, pero tampoco he sido capaz de discernir la cuantía con la que
está consignado este plan global. Si lo ha dicho, yo no he podido captar la cifra, el guarismo y le agradecería que nos proporcionara información sobre este pormenor.
Señora secretaria de Estado, ha comentado la señora Sánchez, la portavoz del Grupo Socialista, que estamos de enhorabuena. Me parece una expresión un tanto optimista, un desiderátum. No creo que la propia exposición o radiografía que usted
ha diseñado merite un calificativo de estas características. No podemos estar de enhorabuena con los datos que usted ha comentado y con las dificultades que este plan global pretende afrontar, entre otras cosas por las características, la etiología
del problema, que usted ha descrito perfectamente. En primer lugar, nos encontramos con que habría que ver a qué colectivo se va a dirigir el plan. Con relación a la determinación de la población activa, trasladando el concepto de población activa
a los discapacitados, tenemos dos fuentes o dos referencias cuantitativas que son sustancialmente diferentes: una, la cifra en unas 2.335.000 personas en condiciones y con voluntad de trabajar, y otra, en 1.336.000. Me gustaría saber cómo puede
haber tales discrepancias, discrepancias tan notables, en las cifras. No es sorprendente en materia de desempleo. También nos encontramos con la sorpresa de que las cifras que manejan los servicios públicos, la EPA y otros
institutos de medición, son manifiestamente diferentes, pero es que estamos hablando de un millón de personas más, según se utilice una referencia o la otra. Por otra parte, usted nos ha comentado -por eso a mí me sorprende mucho que se
pueda hablar de que estamos de enhorabuena, este optimista desiderátum manifestado por la portavoz del Grupo Socialista- que, sumando la tasa de inactividad a la tasa de desempleo, nos encontramos con un millón de personas discapacitadas que no
acceden al mercado de trabajo. Si la cifra que configura la población activa de ese sector es la menor de las dos citadas, la de 1.336.000, más del 80 por ciento -si no he entendido mal las referencias cuantitativas que usted ha utilizado- de las
personas que desean trabajar no pueden acceder al mercado de trabajo, más en una situación del mercado de trabajo que está sufriendo de forma particularmente virulenta los lastres, los azotes y los quebrantos de la crisis económica que nos acompaña.
Si a eso añadimos además el perfil que usted ha diseñado perfectamente de la población discapacitada que quiere acceder al mercado de trabajo, y si es cierto que la mitad de la misma tiene más de 50 años, que es una edad en la que ya las
dificultades de empleabilidad crecen espectacularmente para personas dispacitadas y para personas no discapacitadas, y además tienen un bajo nivel de cualificación, que es otra dificultad con relación a la empleabilidad específica y manifiesta, los
elementos para el optimismo no los termino yo de percibir analizando ninguno de los ítems, de las ratios y de la etiología del problema que estamos analizando.
Usted, por otra parte, se ha referido al plan global. Le vuelvo a pedir que consigne la cifra con la que está presupuestado, porque yo no he sido capaz de oírsela. Usted ha comentado que el plan global es el primer plan que existe en el
Estado español de carácter transversal y que concierne a las competencias de numerosos ministerios. Lo que pasa es que, cuando usted desagrega los objetivos del plan global, todas son competencias que conciernen a su ministerio, al que usted
representa. Le puedo citar si quiere los siete objetivos estratégicos que ha mencionado y todos -los siete objetivos- hacen referencia a las competencias del Ministerio de Trabajo e Inmigración. A mí me gustaría saber en qué nivel y en qué ámbitos
de sus competencias o de sus políticas sectoriales este plan global concierne a otros ministerios, o a otro, con que me diga otro es suficiente; en tanto en cuanto solo estamos analizando u observando los objetivos que corresponden a su propio
ministerio, con que me diga otro ya podríamos considerar un plan global.
Señora secretaria de Estado, ya para ir acabando esta exposición, me gustaría hacerle solo dos preguntas. Se las puede hacer el señor Caldera también, pero prefiero hacérselas yo. La primera se refiere a algo que no es infrecuente en su
ministerio, ni cuando el señor Caldera lo gestionaba, eficientemente -por qué no decírselo-, ni durante la gestión del señor Corbacho en esta legislatura, que es una cierta propensión a pactar todo tipo de planes de actuación pública desde el
ministerio, políticas de naturaleza jurídico-pública en el sentido más estricto del término, con los interlocutores sociales, normalmente solo con los interlocutores sociales, planes a los que luego se les da formato de proyecto de ley por su
ministerio, por el Gobierno, se remiten aquí y de forma virginal pasan el iter legislativo. De tal manera que en la legislatura pasada nos hemos encontrado con lo que alguna vez he calificado yo de verdadera usurpación de funciones legislativas.
Aquí quienes legislaban no era el Congreso ni el Senado, las Cortes Generales; eran cuatro interlocutores sociales, más el Gobierno, que negociaba con ellas. Este plan parece también de alguna forma consensuado con las comunidades autónomas -no sé
si con todas, quizás falte alguna entre las que han prestado su conformidad o consentimiento al plan-, con el Cermi y también con los interlocutores sociales. Recurrentemente se olvidan de que también es conveniente y razonable negociar estos
planes con los grupos parlamentarios que estamos aquí representados y que ostentamos la representación de la soberanía popular. Hay una cierta propensión -sin ninguna acritud se lo comento- por parte de su ministerio a olvidarse de que también los
grupos parlamentarios tenemos propuestas que hacer y opiniones que pueden ser relevantes para la articulación e incluso la posibilidad de participar en estos grupos de trabajo, salvo que por la configuración de estos grupos de trabajo, por su propia
naturaleza, sea manifiestamente imposible penetrar en ellos o participar en la elaboración de los planes sectoriales que en estos grupos de trabajo se van a diseñar.
Por otra parte, la mayoría de las medidas que usted ha explicado, objetivos estratégicos, de este plan que usted denomina global, aunque es un plan que gravita sobre las competencias exclusivamente del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
son medidas que se pueden incardinar dentro de la competencia genérica de políticas activas de empleo, en sus dos vertientes, la de la subvencional directa y la de las bonificaciones. Le quiero recordar, señora secretaria de Estado, que una
comunidad autónoma y dos ciudades autónomas en este momento -la Comunidad Autónoma del País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, todavía no han tenido el honor de que esta competencia les sea transferida. No sé si tiene alguna
reflexión que hacer al respecto.
Señor presidente, este es un problema que nos concierne a todos y que hay que abordarlo desde la perspectiva del consenso. Lo que pasa es que también el consenso a veces se debe propiciar desde la Administración, señora Secretaría de
Estado, y los grupos parlamentarios sencillamente no hemos sido llamados para consensuar algo tan importante como la empleabilidad de las personas que sufren discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Tarruellas.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Quiero agradecer a la secretaria general de Empleo esta comparecencia y esta exposición, creo que buena exposición que nos ha hecho del Plan de acción 2009-2011 de su departamento.
A mí me han quedado también algunas dudas y algunos pequeños comentarios, a algunos de los cuales ya se han referido mis compañeros, los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Sin embargo, quiero recalcar y volver a
insistir en algunos, porque me preocupan de una manera especial. Usted ha hablado de este plan de acción y ha dicho que es una estrategia global de empleo y lo que yo quería pedirle es que sea realmente global. Creo que ha sido la señora Sánchez
quien lo ha dicho también. Y para ser realmente global tiene que estar muy bien coordinado, muy bien pactado con los otros ámbitos; aparte del suyo, del que le corresponde -el de trabajo-, tiene que estar coordinado con los ámbitos sociales,
educativos y también, y mucho, con los ámbitos sanitarios. En este apartado, la unión de los ministerios de Sanidad y Política Social me ha alegrado, porque esto va a poder favorecer mucho algunas de las políticas sociosanitarias, pero también
políticas que van destinadas a las personas con discapacidad derivada de enfermedades crónicas que hoy en día quedaban descolgadas o mal coordinadas y que en este caso también afectan a las políticas de empleo. Hay muchas modalidades de
bonificación para los trabajos, para las plazas con discapacidad, pero algunas no están autorizadas y yo creo -es mi forma de pensar y quizá esté equivocada- que no se utilizan porque están mal coordinadas. Por ejemplo -y ahora voy a hablar de
estas enfermedades crónicas que derivan en discapacidad-, muchas de estas personas tienen que dejar su empleo o tienen dificultad para acceder a estos empleos por la falta de coordinación, porque necesitan unos horarios o unas interrupciones
especiales en su ámbito de trabajo ordinario que se podrían lograr con un poquito de flexibilidad, con un buen entendimiento entre diferentes ministerios y aplicándolos de una manera especial.
También quiero hacer referencia a las mujeres con discapacidad. Usted ya ha hablado de que en este plan de acción hay unas normas dirigidas, pero si en estos momentos hay una gran dificultad para encontrar trabajo en el ámbito laboral
normal, mucho más complicado es hacerlo en el mundo de la discapacidad. Usted nos ha dado unas cifras que conocíamos y que son muy preocupantes y confiamos en que usted desde su secretaría ayude a estas personas, pero conocemos esta dificultad.
Además, muchas veces el hecho de ser mujer es una dificultad añadida. Me gustaría saber -no sé si ha dado las cifras en el momento en que me he tenido que ausentar- si hay más mujeres con discapacidad demandantes de empleo que hombres o si están
igualados. También le han preguntado mis compañeros -es una pregunta que quería hacerle y voy a insistir en ella- por el presupuesto económico que tiene este plan -no he podido coger en su conjunto la cantidad que se va a destinar para desarrollar
este plan- y el tiempo en que piensa que puede implantarse. Ya sabemos que es para 2009-2010, pero hay una gran necesidad de que este plan se implante de una forma rápida para poder ayudar a estas personas dentro de las grandes dificultades en que
nos encontramos. Sabemos que hay más de dos millones largos de estas personas demandantes de empleo y que el 50 por ciento no lo van a encontrar por mucho que hagamos. Son personas mayores de 50 años que tienen además discapacidades y que van a
tener una gran dificultad, pero en todo lo que podamos hay que hacer un mayor esfuerzo, si cabe, para que las demás por lo menos puedan acceder a este derecho al trabajo; es un derecho de todos y no lo es menos para estas personas con algún tipo de
discapacidad.
Señora secretaria, le agradezco su comparecencia y le deseo que este plan sea puesto en marcha rápidamente y, si puede ser, con éxito.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Bañuls va a intervenir.
El señor BAÑULS ROS: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la señora secretaria general, las explicaciones que ha ofrecido sobre la estrategia general de acción para el empleo de personas con discapacidad y también su
predisposición para la eliminación de barreras laborales para un colectivo tan vulnerable. Desde nuestra posición le tomamos la palabra de todos los compromisos a los que ha hecho referencia.
No digo nada nuevo si afirmo que desde el Partido Popular siempre hemos mantenido que la mejor política social es conseguir un empleo estable para cualquier ciudadano, máxime si es en el caso de personas con discapacidad, porque además de
acceder a un empleo se consigue con ello una integración social a través de la integración laboral. Nuestra preocupación por ese tema -y déjenme, señorías, que refresque la memoria- lo demuestran los dos planes de empleo para las personas con
discapacidad que se llevaron a cabo en las dos legislaturas en las que gobernó el Partido Popular, con resultados importantes dentro de la dificultad que había para acceder al empleo en aquella época. Una vez sentadas las bases, creemos que el
Gobierno debió seguir incidiendo para mejorar la situación de este colectivo tan vulnerable, y esa estrategia de empleo para las personas con discapacidad que llevaba el Partido Socialista en su programa en la pasada legislatura para promover,
facilitar y ayudar en el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad debió haberse llevado a cabo hace ya mucho tiempo en cumplimiento de su compromiso. En cualquier caso, aunque con demasiado retraso, usted ha venido hoy a presentar
por fin esa estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad. Lo que ocurre es que hoy por hoy tenemos un grave problema, y es una crisis económica con una brutal destrucción de empleo que sobrepasa peligrosamente ya los
3.800.000 parados. Dada la coyuntura actual, a nosotros nos preocupa, igual que al resto de los grupos, cómo está afectando la crisis económica en la destrucción de empleo de las personas con discapacidad. A instancias de nuestro grupo, ya se
aprobó una proposición no de ley en la que pedíamos que se incluyeran en los indicadores de la EPA todos estos datos. Como usted ha dicho anteriormente que se estaban elaborando, que se estaba trabajando para dar esa información
que se pondría en marcha en los próximos datos que nos proporcionaría la EPA, esperaremos a que el Gobierno nos los remita porque tenemos mucho interés en saber el número de parados con discapacidad en estos momentos, el incremento desde
marzo de 2008 a marzo de 2009, el número de contratos celebrados con personas con discapacidad en el primer trimestre de 2009 y la comparativa con el primer trimestre de 2008.
La crisis es especialmente virulenta en el empleo protegido, el constituido por los centros especiales de empleo, y la pregunta es: ¿Dispone el Gobierno de datos sobre expedientes de regulación de empleo que afecten a los centros especiales
de empleo en el último año? Y si los tiene, ¿cuántos trabajadores con discapacidad han perdido su empleo o están en riesgo de perderlo por verse inmersos en este tipo de expedientes? Por otro lado, el Gobierno aprobó en septiembre de 2008 esta
estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad y en marzo de 2009 el plan de acción. ¿Por qué no se han constituido todavía los grupos de trabajo previstos en este plan de acción? ¿Por qué, si la situación es tan grave, no
acelera el Gobierno el trabajo de implementar la estrategia y constituir estos grupos de trabajo? Del mismo modo, el Gobierno ha aprobado al menos diez planes de estímulo económico y del empleo en los últimos meses, pero ¿por qué ninguno de estos
planes ha incluido medidas eficaces dirigidas a promover seria y decididamente el empleo de las personas con discapacidad y ayudar a las empresas que integran a estos trabajadores? Usted ha apuntado que existen tres subvenciones de los centros
especiales de empleo, las bonificaciones de la Seguridad Social, pero el sector de la discapacidad representado por el Cermi ha pedido un plan de choque contra la destrucción del empleo en el ámbito del trabajo protegido. Se reclama del Gobierno un
fondo extraordinario de ayuda a la sostenibilidad del empleo en los centros especiales de empleo. ¿Asume el Gobierno esta reivindicación? ¿La va a llevar a efecto? Desde nuestro grupo hemos presentado una proposición no de ley en este sentido y
esperamos que este compromiso se plasme con su aprobación. Nos gustaría que respondiera en la medida de lo posible a estas preguntas, pero, sobre todo, que esta estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad se implementase
con la mayor celeridad y rigor posible porque, señora secretaria general, hay situaciones que no admiten mucha más demora.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra la señora secretaria general de Empleo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Voy a contestar, si le parece al presidente, comenzando por la última intervención.
Intentaré responder a las distintas cuestiones. En primer lugar, quiero agradecer el tono y las
aportaciones y decirles que con toda seguridad van a estar presentes en nuestras propuestas y en el diálogo, que es donde surgen las propuestas de verdad de los grupos de trabajo en donde participan los diferentes agentes que tienen que intervenir
en este tema.
Quisiera decirle a la representante del Partido Popular, señora Bañuls, que efectivamente es un norte para todos luchar permanentemente, porque esta es una cuestión en la que dudo mucho que podamos bajar la guardia en ningún momento,
para eliminar las barreras de todo tipo, físicas, de situación, de prejuicios que afectan al acceso al empleo de las personas con discapacidad. Este es un momento, como he dicho reiteradamente en mi comparecencia, en el que hay que estar
especialmente atentos. Creo que hay que insistir en todo momento porque la discapacidad tiene muchas expresiones, una gran diversidad y muchos matices y siempre descubres que hay nuevas barreras que quizás no habíamos tenido en cuenta. Permítame
decirle que el Gobierno socialista, del que formo parte, no solo ha seguido incidiendo en aquellas medidas que en su momento se plantearon, sino que ha ido más allá. Un plan global significa la voluntad de un plan de Gobierno, eso es lo que
significa la estrategia, un plan de Gobierno.
El señor Olabarría me ha preguntado si este es un plan del ministerio.
No, es un plan de Gobierno; afecta a Educación, a Asuntos Sociales, a Sanidad, a Vivienda, al Ministerio de Economía y Hacienda,
al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Fomento. El Plan de acceso al empleo de las personas con discapacidad tiene un amplio espectro. Pero el Gobierno ha ido mucho más allá compartiéndolo con los interlocutores sociales, con las comunidades
autónomas y con los representantes. Vamos a seguir en esta línea. Por eso mi comparecencia hoy aquí es para dejar clara constancia de que el Gobierno no ha parado y no piensa pararse en este caso. Quizás lo que hay que hacer en un momento como el
actual es redoblar, si cabe, aquellas propuestas que en el ámbito de la estrategia se plantearon y se aprobaron en el mes de septiembre. Permítame decirle que no hemos llegado a 3,8, que estamos en 3,6 millones de parados. Ya sé que a lo mejor a
ustedes les va bien que esto suba. (Rumores.) En todo caso, déjenme decirles que estamos en 3.600.000 personas sin empleo y que todos queremos que esta situación mejore.
El número de personas demandantes de empleo con discapacidad -lo he citado, 105.000- está a su disposición en la web del Servicio Público de Empleo Estatal. Es un dato que aparece mensualmente, incluso por comunidades autónomas, por hombres
y mujeres y por tipo de discapacidad.
El único dato actualizado es el de los servicios públicos de empleo de demandantes y contratos, si bien del dato de los contratos, como es un tema relativo a bonificación, se dispone con tres meses de retraso
y, por lo tanto, el dato de este trimestre no se lo puedo dar, pero está siempre a su disposición porque la mejor transparencia es que ustedes puedan acceder de manera inmediata y directa a través del portal, que es donde está toda la estadística.
Con relación a los ERE, sabe S.S. que la autoridad laboral reside en cada una de las comunidades autónomas, excepto en el caso de los ERE plurirregionales porque quien aprueba y dispone de la estadística de dichos ERE son las comunidades autónomas.
En este momento nos están dando cuenta de los ERE aprobados en el conjunto de 2008, y si bien
disponemos de la cantidad general, el detalle también está disponible porque se puede saber perfectamente a cuántos centros de empleo corresponde. Quedo a su disposición, pero insisto en que este tema no hace falta requerirlo especialmente
porque es habitual ponerlo a disposición del conjunto de la ciudadanía y, evidentemente, de sus señorías. Usted piensa que los grupos deberían haberse puesto en marcha ya. No sé si entre marzo y abril le parece una eternidad, probablemente porque
los tiempos requieren una aceleración, pero estoy hablando de que se aprobó el 30 de marzo y que la constitución de los grupos de trabajo está prevista antes de finales de abril, es decir, en el escaso tiempo de tres semanas. Señoría, he comprobado
la complejidad de la combinación diálogo social-diálogo territorial. No sé si ustedes lo pudieron comprobar en su momento. Esa complejidad, que supone una gran riqueza, necesita unos mínimos de respeto y de tiempo. Creo que estamos hablando de
unos tiempos tan mínimos que podemos hablar de inmediatez. Puedo asegurarle, y eso es lo importante, que antes de finales de abril los grupos estarán constituidos y las medidas en marcha.
Efectivamente, yo di cifras relativas al ámbito de la Secretaría General de Empleo. Por cierto, muchas gracias por elevarme a secretaria de Estado. Quizás no estaría mal ser secretaria de Estado en un ámbito tan complejo como este, pero la
responsable del ámbito del Partido Popular ha dicho secretaria general, que es lo que soy hasta el momento. En el ámbito de la Secretaría General de Empleo se han promovido un conjunto de medidas para todos los colectivos, que son las que se han
citado. Medidas como la reposición de las prestaciones por desempleo afectan a todos los ERE, sean de centros especiales de empleo o no. Por cierto, es una medida de alto interés. Medidas como las bonificaciones que afectan a todos, en este caso
afectarían solo a los colectivos de personas que no tienen la bonificación del cien por cien. Pero todas las medidas que se han propuesto y que hoy están en el ámbito de la aprobación como ley, como ha citado el representante de Esquerra
Republicana, afectan a todos los colectivos. También las medidas del ICO y todas las medidas relativas a los avales, a los créditos. No estamos hablando de que no se hayan aplicado las medidas, sino que afectan a todos los colectivos.
Con relación a la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), recojo la importancia que tiene una efectiva coordinación. La coordinación entre ámbitos ministeriales y ámbitos territoriales nos
tiene que llevar a que sean más efectivas.
Identificar dónde no son efectivas nos va a obligar a profundizar mejor en esa coordinación. Ha apuntado el tema de los horarios y probablemente esta sea una cuestión. No es la única, hay otras
cuestiones que también afectan. Le agradezco la intervención y lo transmitiré a los grupos de trabajo, especialmente la relevancia de la presencia de las mujeres con discapacidad.
En relación con la edad, hay una cuestión a la que no me he referido porque me parecía que me alargaba pero que vale la pena que subraye, que es que en el ámbito de la Seguridad Social se está analizando y se va a proponer a los grupos de
trabajo una posible anticipación de la edad de jubilación para algunos colectivos de personas con discapacidad.
Precisamente constatar la edad nos parece más relevante porque algunos centros especiales de empleo tienen también un problema de
envejecimiento, y no se puede poner en el mismo ámbito una situación general y un colectivo de personas en el que la edad agrava la adecuación a la coyuntura del puesto de trabajo.
Señor Olabarría, representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), creo que usted ha confundido hoy algunas cuestiones. No me ha parecido entender que la portavoz del Grupo Socialista estuviera optimista o de enhorabuena por que ya lo
tuviéramos todo hecho, sino que me ha parecido entender que creía que era oportuno y que había que congratularse de haber llegado a consensos tan amplios y de disponer de un marco de acción, que es la hoja de ruta colectiva en la que nos vamos a
basar para seguir trabajando con eficiencia y eficacia en un tema como del que estamos hablando. Déjeme decirle también que creo que ninguno de nosotros tiene confusión alguna respecto a las diferentes metodologías y fuentes estadísticas. Usted
sabe perfectamente -porque también está en la Comisión de empleo- que la EPA es una encuesta y que los servicios de empleo son registros. Por cierto, cada vez la sincronía entre ellos es mayor, pues los números se aproximan mucho. Pero una
encuesta es una encuesta y otra cuestión es un registro, y eso hace años y años que se viene destacando. Además, la encuesta también tiene mucho que ver con la percepción del que responde y el registro con el contexto en el que se produce, y en
este sentido son dos fuentes diferentes, pero sigue siendo cierto que la encuesta de población activa es el indicador estadístico que nos muestra la tendencia del empleo y que nos equipara a la Unión Europea. Nosotros tenemos una encuesta
especializada, que es a la que me he referido, para las personas con discapacidad y un módulo específico en la EPA. Está previsto que este módulo específico -perdone porque no me he referido a ello y usted lo ha pedido como representante del Grupo
Popular- se incorpore en el próximo mes de noviembre en la encuesta y por lo tanto saldrá en el último trimestre. Sin duda lo que vamos a requerir -y espero tener el consenso de todos, y esta Cámara así lo ha manifestado- es que se incorpore
habitualmente en la EPA este módulo específico. Creo que ese es el acuerdo y este supone que sea el grupo de trabajo el que lo asuma y que, a partir de ahí, el INE arbitre los recursos y las medidas necesarias para que se incorpore en la encuesta
este módulo específico. Seguro que nos va a proporcionar mayor rigor en relación con los datos que le preocupaban, pero déjeme decirle especialmente que el plan es global. Aunque yo he hecho referencia al ámbito en el que tengo más responsabilidad
directa, evidentemente el empleo es un elemento transversal que recorre siempre todas las cuestiones porque además es un plan global de empleo, pero la accesibilidad, la movilidad, el transporte público, la sanidad, las cuestiones relativas a las
políticas sociales son cuestiones que también afectan a la posibilidad de ejercer con eficiencia
las medidas relativas al empleo. Están a su disposición la estrategia y el plan aprobado el 30 de noviembre. Si por la razón que fuere lo quiere yo se lo hago llegar directamente, pero insisto en que Internet es un instrumento magnífico
para que en directo y sin ningún intermediario todos y todas tengamos la información, y está a su disposición en el portal del ministerio. Las políticas sociales, la educación, la igualdad, el Ministerio de Agricultura, el de Fomento, el de Sanidad
están presentes en este plan.
No he dado la cifra del plan global. Señor Tardà, me va a perdonar porque le he dicho que sí, pero he dado las cifras relativas a la Secretaría General de Empleo para el año 2009, que es algo más de 400 millones de euros entre
bonificaciones y apoyo a la inserción laboral. El plan tiene previsto destinar 3.700 millones de euros a lo largo de cinco años, de los que 740 millones de euros es lo que se asigna cada año y 440 corresponden a la parte que he citado para
bonificaciones, ayudas a los centros especiales de empleo y medidas de apoyo a la inserción laboral.
Señor Olabarría, sobre la transferencia hemos hablado muchas veces y usted tiene un diálogo fluido con el ministro sobre esta cuestión. Estoy convencida de que ahora sí se hará la transferencia, pero lo estoy porque habrá las condiciones
necesarias para que se pueda hacer realmente con sentido de Estado. Por último, quisiera referirme también al representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Tardà. Le acabo de
mencionar el montante. En relación con el proyecto de ley también he descrito que el decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros el 6 de marzo y que fue convalidado en el Congreso, pero que está abierto a ser tramitado como proyecto de ley,
efectivamente afecta a todos los colectivos, también a este. Cualquier centro especial de empleo que haga un ERE es beneficiario de las mismas medidas, como cualquier persona con discapacidad que acceda a un servicio público de empleo es
beneficiario de los 1.500 orientadores cuyos servicios hemos prorrogado durante dos años para que acompañen itinerarios personalizados a lo largo de este tiempo. Es decir, el conjunto de las medidas aprobadas el 6 de marzo no son de discriminación
positiva sino generales pero también lo incorporan.
Usted plantea una cuestión de alto interés: ¿es posible incorporar alguna medida de choque de discriminación positiva en la convalidación de este decreto? Yo creo que es posible; es más, estoy
convencida de que con el consenso de los grupos -y estoy segura de que el Grupo Socialista tendrá una propuesta- habrá alguna medida de discriminación positiva de choque y, por tanto, de urgencia para abordar la coyuntura especialmente de los
centros especiales de empleo. He citado una cuestión que usted también ha recogido que es la actualización y mejora de los mínimos de subvenciones que en este momento dispone la normativa, pero efectivamente eso podría requerir una actualización
presupuestaria. Quiero recordarle una vez más -a usted que sé que tiene una sensibilidad autonómica que está bien demostrada- que la gestión de las políticas activas de empleo está transferida, excepto en el País Vasco -aunque estoy segura de que
lo hará próximamente- y en Ceuta y Melilla. El hecho de que esté transferido significa que desde el ámbito general del Ministerio de Economía se transfiere sin sentido finalista una financiación autonómica; cuestión que, por cierto, está sufriendo
un amplio debate en este momento. Pero eso es lo que corresponde a lo que en su momento se pactó que eran las transferencias, también la transferencia de las políticas activas y del mantenimiento de los servicios públicos de empleo, porque a veces
no nos acordamos de que con la trasferencia hay un paquete que son las políticas activas de empleo. Pero junto a esa partida presupuestaria no finalista, porque va la sanidad, la educación, las políticas activas en el conjunto de la financiación
autonómica, cada año el Servicio Público de Empleo Estatal distribuye al conjunto de las comunidades autónomas una parte importantísima de los recursos de que dispone en sus programas de empleo para que sean gestionados por las comunidades
autónomas. En el caso de los programas de empleo, el 82 por ciento. En el momento además en que el País Vasco, Ceuta y Melilla también estén transferidos, será prácticamente el cien por cien. Pues bien, en el ejercicio de la transferencia de esos
recursos que, como he dicho antes, se distribuyeron el 14 de enero, cada año las comunidades autónomas conocen cuál es el importe de programas de empleo y cuáles son los programas de empleo con los que pueden trabajar. En este sentido tienen y
piden la flexibilidad para poder transferir, a partir de unos mínimos, de unas partidas a otras. Se lo comento porque efectivamente un plan de choque que comportase una mayor asignación presupuestaria podría no conllevar necesariamente una
limitación de esa flexibilidad, que con los números que he dado he demostrado que supone mayor ejecución en la práctica de la inicialmente asignada. Es importante tener presente esta cuestión.
Asimismo es muy importante recordar -lo han hecho
SS.SS.- que la coordinación efectiva requiere que dispongamos de un mapa actualizado del conjunto de medidas que, en el ejercicio de la gestión que les corresponde, cada comunidad autónoma está aplicando en materia de políticas de empleo para poder
tener mayor capacidad de complementariedad y adecuación en las políticas generales.
Por último, en relación a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, deseo agradecerle sus palabras. Efectivamente tenemos un recorrido importante de aplicación de medidas que todavía pueden dar mayor eficiencia en materia de
formación, de accesibilidad, de utilización de la contratación bonificada, de presencia de mujeres en el ámbito de las medidas que se han tomado. Tenemos un compromiso de mejora de los indicadores estadísticos y de coordinación con las comunidades
autónomas. Pero usted ha dicho muy bien que lo más importante en este momento es tener estrategia global, que esta refuerce el conjunto de los aspectos y que no vayamos a medidas individualizadas, aisladas, sino que cada medida que tomemos en la
Administración General del Estado como Gobierno y en las comunidades autónomas nos permita ver cómo incide globalmente en la mejora de este
colectivo. Esta cuestión creo que es muy importante y avanzará cuando dispongamos de la estrategia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria general de Empleo. (La señora Sánchez Rubio pide la palabra.)
¿Para qué solicita la palabra?
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Creo que el señor Olabarría me ha interpretado mal y quería hacer una puntualización.
El señor PRESIDENTE: Con la máxima brevedad porque luego tendrá que intervenir, en su caso, el señor Olabarría y todavía nos quedan varios puntos del orden del día. Le concedo la palabra de forma muy rápida, por favor.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente, no tiene mayor importancia; bueno, la tiene para mí porque no me he debido explicar bien. No creo que haya habido ninguna mala interpretación por parte del señor Olabarría, seguro que me
he explicado mal. Estamos de enhorabuena por la puesta en marcha del plan, evidentemente. Estamos preocupados por la situación de empleo de las personas con discapacidad. No obstante, estamos satisfechos por las medidas que se han ido adoptando y
de los resultados. Por tanto estamos de enhorabuena porque el plan se ponga en marcha, creo que ha habido ahí una pequeña confusión por su parte.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ¿quiere pedir la palabra, ya que ha sido citado?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, es a la secretaria general a quien me gustaría preguntarle.
El señor PRESIDENTE: De modo muy breve, si es posible.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, es una reflexión obiter dicta de escasa profundidad, ligera, parafraseando también a la señora Sánchez. Se ha referido a la transferencia en materia de políticas de empleo y me ha parecido percibir que era
conocedora de lo que pro futuro va a suceder en relación a esta vidriosa cuestión y a las características y condiciones de dicha transferencia. Yo no sé qué arcanos han podido provocar el desbloqueo de una transferencia que no ha sido transferida
secularmente por discrepancias en cuanto a cuestiones de mucha relevancia, de importante relevancia política. Parece que usted conoce lo que va a suceder en el futuro en relación a esta transferencia y sí me gustaría, si es tan amable, que me glose
cuáles son las razones que en este momento van a posibilitar el desbloqueo de una transferencia que ha encontrado tradicionalmente tantos reparos en negociaciones que han sido recurrentes, pertinaces y siempre abocadas al fracaso; cuáles son estas
situaciones nuevas que posibilitan su desbloqueo.
El señor PRESIDENTE: De forma muy breve, señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Sí, señor presidente, solo quiero decirle que cuando he hecho esta afirmación es porque tengo la esperanza razonable de que a partir de las declaraciones que he escuchado y que todos
conocemos del próximo lehendakari, las condiciones del diálogo y de la negociación lo hagan posible.DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN SANZ CARRILLO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VARIACIÓN DE LOS CONTRATOS FIJOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE MARZO DE 2004. (Número de expediente 181/000274.)
- VARIACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE MARZO DE 2004. (Número de expediente 181/000276.)
El señor PRESIDENTE: Todavía tenemos cinco preguntas. Si me lo permiten, y debido a la concreción de las mismas, deberíamos intentar una orientación de tiempos de alrededor de un máximo de cinco minutos por pregunta e igual para las
respuestas, a efectos de poder acabar a una hora razonable; si les parece a ustedes bien así operaremos. Además se va a producir una acumulación de dos preguntas, las números 2 y 4, sobre variación de los contratos fijos en personas con
discapacidad desde marzo de 2004 y sobre variación de los contratos temporales en personas con discapacidad desde marzo de 2004, formuladas originalmente por don Miguel Ángel Heredia Díez a quien sustituye doña Concepción Sanz Carrillo. Para
formular las dos preguntas en un solo turno, con lo cual también nos ahorrará tiempo, tiene usted la palabra.
La señora SANZ CARRILLO: Señora secretaria general de Empleo, gracias por su comparecencia y por la profundidad y claridad de su exposición.
Señora secretaria, señorías, la estructura común creada desde la Comisión Europea para fomentar las políticas de empleo descansa en el principio de reducción de la discriminación existente en el mercado de trabajo en los colectivos en clara
desventaja. Este es el marco en el que debe entenderse el impulso actual dado a las políticas de empleo dirigidas hacia las personas con discapacidad. Ahora bien, no debe olvidarse que este cambio no se produce únicamente a instancias de las
instituciones europeas, sino que responde también a un cambio de
sensibilidad entre las propias personas con discapacidad y sus organizaciones. La integración social plena solo puede conseguirse a través de la integración laboral en el mercado de trabajo normalizado y esto supone un cambio de ruta
respecto del pasado, apreciándose con claridad en la salida de los temas de empleo de los tradicionales recintos de atención médica y la asistencia social, donde primaban las políticas de mantenimiento de ingresos, para entrar en los planes
nacionales de acción para el empleo que promueve la Unión Europea, sin que ello impida la aplicación de medidas de discriminación positiva. El caso español es tal vez una de las mejores ilustraciones de este proceso, alejándonos de la política
tradicional centrada en las transferencias de renta, los subsidios y el empleo protegido hacia una política de empleo que ve a ésta como la principal herramienta de integración social. Desde la extensión del Estado de bienestar en España en la
década de los ochenta y la puesta en marcha de una política integrada con la Ley de integración social de los minusválidos, de 1982, hasta la nueva política de empleo, han transcurrido muchos años y diversos planes y medidas de acción hasta llegar
al actual plan.
Como usted muy bien nos ha referido, así como el resto de parlamentarios que me han antecedido, el Consejo de Ministros ha aprobado el I Plan de acción 2009-2010 para el impulso y ejecución de la estrategia global de acción para el empleo de
personas con discapacidad. Este es un plan del Gobierno pero con participación tanto de los agentes sociales, asociaciones de empresarios, sector de la discapacidad y las comunidades autónomas, quienes, debemos recordar, tienen atribuida la gestión
para redistribuir las cantidades asignadas para los programas de empleo. Esta estrategia busca promover el acceso al mercado laboral de los trabajadores con discapacidad, mejorando la empleabilidad e integración de un grupo que representa el 8,6
por ciento de la población entre 16 y 64 años y solo el 4,1 por ciento del total de ocupados. Y responde, primeramente, a una necesidad social, y en segundo lugar, a la necesidad de actualizar la Lismi y dar cumplimiento a un mandato legal
contenido en la Ley 43/2006. Así se articula una estructura coherente para una nueva estrategia de empleo, con un elevado énfasis en las medidas antidiscriminatorias y en la promoción del empleo de los colectivos que se encuentran en situación de
desventaja.
No obstante, para diseñar una política coherente que satisfaga este ambicioso objetivo, necesitamos nuevos análisis sobre la participación laboral de los trabajadores con discapacidad que incidan en el estudio de los mecanismos del mercado
de trabajo y sus instituciones. Por eso, el análisis económico del mercado de trabajo puede proporcionar información muy relevante para el diseño de tal política. Delimitar el tamaño del grupo beneficiario y los problemas laborales más acuciantes
será de extraordinaria utilidad. Recordemos, como ya se ha dicho previamente, que las personas con discapacidad suponen alrededor del 5 por ciento de la población en edad de trabajar, con tasas de paro más elevadas y tasas de empleo inferiores al
conjunto de la población en edad de trabajar, pero el rasgo más distintivo y el mayor problema, al que deben dirigirse las políticas de empleo actuales y futuras, es su elevada tasa de inactividad y falta de participación. Por lo tanto, no estamos
solo ante un cambio de rumbo de la política de empleo, sino que este giro es también el fruto de la evolución reciente de las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea.
En este sentido, se explican también las medidas llevadas a cabo por nuestro Gobierno, plasmadas en la Ley 43/2006, que pretende disminuir los índices de desempleo y elevar las tasas de actividad de las personas con discapacidad,
estableciendo, como también se ha repetido, diferentes tipos de bonificación en función de la edad y el género, además de bonificaciones a la transformación de los contratos temporales en contratos indefinidos. Este conjunto de medidas suponemos
que ha hecho posible que en estos últimos años la contratación de personas con discapacidad haya aumentado, especialmente con la entrada en vigor de las medidas de apoyo a la contratación indefinidida y temporal. Confiamos también en que en un
futuro próximo la ampliación de las políticas de responsabilidad social de las empresas permitan mejorar la contratación ordinaria de personas con discapacidad. Además, la ley modificó también el sistema de bonificación mediante porcentajes de las
cotizaciones sociales por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, lo que ha permitido -suponemos- que su contratación muestre un incremento, especialmente respecto a la contratación temporal.
Aunque usted ya ha hecho clara alusión a ello, en este contexto se comprende mi motivación para que responda a las preguntas que constan en el 'Diario de Sesiones y que hacen referencia a cuál ha sido la variación de los contratos fijos y
temporales, desde marzo de 2004 hasta la actualidad, en personas con discapacidad. Para finalizar, únicamente quiero hacer hincapié en sus propias palabras. Tenemos un reto difícil de alcanzar pero no imposible. Si utilizamos la inteligencia y la
capacidad de trabajo de todas las personas, sin exclusiones, podemos conseguirlo.
Con todo, todavía queda por hacer y mucho por conocer.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación tiene la palabra la señora secretaria general de Empleo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Contesto brevemente porque ya he hecho referencia en mi intervención a algunas de las cuestiones, por lo que voy a sintetizar, especialmente a efectos del 'Diario de Sesiones'.
Señoría, los contratos realizados a personas con discapacidad han ido aumentando anualmente desde el año 2004. En ese año se realizaron 44.551, hasta el año 2007 en que los registrados fueron 58.616, es decir, el aumento es del 31,6 por
ciento. En el año 2008 ha habido un pequeño descenso respecto al 2007, porque la cifra de contratos que se han realizado con este colectivo es de 55.714, cifra que aun así es superior a la de los años
comprendidos entre 2004 y 2006, pero es algo inferior en el año 2008 respecto al 2007. Por tanto, podemos decir que las medidas de apoyo a las personas con discapacidad han tenido una traducción relativamente positiva, que han contribuido a
la evolución del empleo en este colectivo, y eso ha afectado a los contratos indefinidos y a los temporales. En los contratos indefinidos la evolución ha sido ascendente.
De los 15.653 contratos que se registraron en el año 2004 a los 21.090 que
hubo en 2007, supone un 34,7 por ciento de incremento, y la cifra de 2008 es de 18.544. Por tanto, incluso un poquito más que en lo general, los contratos indefinidos en este colectivo han tenido una sustancial mejora. Los contratos temporales
pasaron de 28.898 en el año 2004 a 37.526 en 2007 y 37.170 en 2008; es decir, un aumento del 29 por ciento.
Así pues, en el periodo al que usted hace referencia el incremento de los contratos indefinidos fue de un 34,7 y el de los temporales de un
29 por ciento.
Quisiera concluir afirmando que en los cinco años transcurridos desde 2004 hasta marzo de 2009 el número de contratos registrados efectuados con personas con discapacidad ha sido de 267.366. De estos 267.366, 93.605 fueron indefinidos y
173.761 temporales.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VIRTUDES CEDIEL MARTÍNEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de
expediente 181/000275.)
El señor PRESIDENTE: Punto del orden del día número 3. Medidas para impulsar el empleo para las personas con discapacidad. También estaba formulada originariamente por el señor Heredia Díaz y ha sido sustituido por la señora Cediel.
Tiene usted la palabra.
La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Señora secretaria general, quiero agradecer su presencia en esta Comisión y felicitarla por su comparecencia, desde mi punto de vista rigurosa y exhaustiva, como merece un tema tan importante como el empleo. Me
ha tranquilizado enormemente su sensibilidad y en cierta medida ha contestado a mi pregunta, pero voy a seguir incidiendo en ello. Sin duda, la evolución del empleo en personas con discapacidad ha avanzado bastante en los últimos años. La entrada
en vigor en el año 2006 de las medidas de apoyo a la contratación ha fomentado la incorporación de este colectivo a la actividad laboral, pasando, como nos ha referido, de 44.551 contratos en 2004 a 55.714 en 2008.
Nos parece muy importante la aprobación por el Gobierno por primera vez de la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad a desarrollar entre 2008 y 2012 y el Plan de acción 2009-2011. Estos resultados favorables
obtenidos en los últimos años se pueden ver amenazados por la coyuntura económica de la grave crisis que padecemos.
La caída de los contratos indefinidos en 2008 debe alertarnos. El desempleo afecta a todos los sectores, pero la gravedad siempre
es mayor en los colectivos más vulnerables, y este lo es. Nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a paliar el impacto de la crisis y a proteger al máximo el empleo de las personas con discapacidad. Importante atención merece la situación del empleo
en la mujer con discapacidad limitante, pues contempla los mayores índices de desempleo y de inactividad, lo mismo en el mercado ordinario que en el mercado protegido. Como ha hecho mención, que el 60 por ciento de las plantillas de los centros
especiales de empleo sean varones no es un buen indicador para la mujer con discapacidad.
Respecto al empleo público, merece la pena resaltar la importancia de la reserva mínima del 5 por ciento de la oferta de empleo público para personas con discapacidad. En los últimos reales decretos de oferta pública, el de 2008, se eleva
al 7 por ciento el cupo de reserva en el ámbito de la Administración del Estado en aquellos colectivos que cubrieran el porcentaje establecido con anterioridad, que era del 5 por ciento. En el Real Decreto de Oferta Pública para el 2009, de 27 de
febrero, se establece una novedad, creemos que histórica, para las reivindicaciones de los colectivos que representan a las personas con discapacidad: la generalización del 7 por ciento en la tasa de reserva, con dos componentes. Uno es el 5 por
ciento para personas con discapacidad física y la novedad del 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual. Esto es un gran logro. Mi grupo valora muy positivamente los progresos realizados en materia de empleo de las personas con
discapacidad, pero también cree que tenemos la obligación de seguir avanzando en esta materia, por lo que le rogamos nos informe sobre la medidas que va a adoptar para impulsar el empleo para las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la secretaria general de Empleo para contestar.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecillas): A lo largo de mi comparecencia he intentado responder ampliamente a las cuestiones que usted plantea, y que comparto. Especialmente comparto la obligación y la voluntad de seguir
avanzando. Hemos hecho muchos progresos. Hay un conjunto de medidas de carácter legislativo y también de carácter de gestión que están vigentes, y que todavía no tienen una aplicación efectiva suficiente para optimizar su propia concepción como
medidas y como políticas. Por eso, en el marco de la estrategia y, sobre todo, en el marco de los grupos de trabajo que, como he citado, se van a constituir inmediatamente, será posible desarrollar la aplicación efectiva del conjunto de las medidas
vigentes; actualizar y ampliar las subvenciones que hoy están disponibles y que requieren de esa actualización; profundizar en algo imprescindible, que es el incremento de la demanda real de actividad en los centros especiales de empleo para que
mantengan su actividad, y eso supone que ese mercado cautivo que prevé la Ley de Contratos lo hagamos efectivo, porque todas las administraciones públicas estamos
implicadas en ello; y avanzar la posible edad de jubilación para este colectivo, además de que las medidas que se están aplicando y se van a aplicar para evitar la morosidad y, sobre todo, para hacer posible el pago efectivo de los encargos
de las administraciones, especialmente a los centros especiales de empleo y tengan una repercusión inmediata.
Estoy convencida de que este conjunto de cuestiones coyunturales que forman parte del plan global nos permitirán seguir progresando, y
cuento con sus señorías. Quedo a su disposición, y así lo haremos, para que en el periodo de tiempo de razonable de aplicación de este plan de acción podamos venir a esta Cámara no solo, si les parece oportuno, esta secretaria general sino quienes
son protagonistas realmente de este plan de acción, para dar cuenta del avance del mismo.
DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA BAÑULS ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD, EN EL ÁREA IV RELATIVA A 'EMPLEO'. (Número de expediente
181/0000407.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. Medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área IV relativa a empleo, formulada por doña Inmaculada Bañuls Ros. Tiene usted la palabra.
La señora BAÑULS ROS: Señora secretaria general de Empleo, como ya sabemos a estas alturas -ha surgido también a lo largo de esta sesión-, la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres con discapacidad, que en España
representan el 58 por ciento del total de personas con discapacidad y el 9 por ciento del total de mujeres, no se soluciona suficientemente en el diseño de políticas de intervención, ni con la introducción de la perspectiva de género en las
políticas de discapacidad ni con la introducción de la perspectiva de discapacidad en las políticas de género. Esto es así, como quedó desvelado en el manifiesto europeo de las mujeres con discapacidad, ya que los papeles atribuidos por la sociedad
a las mujeres con discapacidad son distintos a los que les asignan a las mujeres en general. Por tanto, la doble discriminación produce una situación diferente y especial que hacía necesario disponer de un instrumento operativo para responder a las
necesidades de esta situación específica de este colectivo de mujeres, y es con este objetivo cuando el Plan de acción para las mujeres con discapacidad de 2007, diseñado en colaboración con el Cermi, fue aprobado por el Consejo de Ministros en
diciembre de 2006. Este plan incluía dos tipos de medidas: medidas de acción positiva, que deben reducir la brecha entre hombres y mujeres con discapacidad, y medidas de carácter transversal, que se adoptan en las políticas generales dirigidas a
la ciudadanía y en las políticas de carácter sectorial. En este contexto queremos saber qué medidas concretas, tanto de carácter positivo como transversal, se han adoptado hasta la fecha en el área IV del citado plan relativa a empleo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria general de Empleo para contestar.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Muchas gracias por su pregunta. A lo largo de mi intervención he dejado evidente que la especial preocupación y sensibilidad por la doble discriminación que en muchos casos -más de
los que quisiéramos- sufren las mujeres debe estar muy presente en el diseño de nuestras políticas. Como usted ha mencionado, el 1 de diciembre de 2006 se aprobó en el Consejo de Ministros el Plan de acción para las mujeres con discapacidad. El
punto de partida fue este 58 por ciento de mujeres que forman parte del total del colectivo, y que en algunos casos tienen agravantes singulares, como el dato del 39 por ciento que en aquel momento eran viudas, en relación a los hombres que era del
9 por ciento, por citar algunos elementos que todavía hacen más compleja la situación. Los datos de empleo más significativos tienen que ver con este porcentaje, como usted ha referido, muy elevado de mujeres con discapacidad, tanto sin estudios
como con estudios primarios, que accede a un 74,8, una tasa de actividad mucho más baja y a una tasa de paro más alta de las mujeres con discapacidad con respecto a los hombres. Por eso coincidimos en que el plan aprobado tenía un objetivo -en el
que estamos implicados-, que es remover los obstáculos que ocasionen este fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con discapacidad, y proveer de medidas que garanticen el ejercicio y disfrute de esos derechos. En el contexto de este objetivo, el
plan se basa en una serie de principios transversales que usted ha mencionado: No discriminación, igualdad de oportunidades, acción positiva, transversalidad, vida autónoma, participación, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos y
para todas. Por eso se habla de ocho áreas de actuación, imágenes y prejuicios, vida familiar, relaciones y maternidad, educación, empleo, ejercicio del poder y participación, violencia, salud, protección social y jurídica.
Usted me solicita en la pregunta -y así lo voy a hacer- que me refiera al objetivo cuatro que es promover su acceso al empleo. En este objetivo -supongo que lo recuerda porque veo que lo conoce muy bien-, había cuatro objetivos operativos:
fomentar la adecuación de competencias básicas y profesionalidad de las mujeres con discapacidad que no han accedido a la educación formal; promover su incorporación en el mercado de trabajo a través de política y de medidas activas; adecuar las
políticas de empleo a la situación de doble discriminación; y promover el acceso al empleo público. En relación con estos objetivos, algunas de las medidas que se han puesto en marcha son las siguientes: en el ámbito de la formación, que es el
primer objetivo operativo, el Real Decreto 395/2007, que es el que regula el subsistema de formación profesional para el empleo, considera a las mujeres con discapacidad colectivo
doblemente prioritario para el acceso a estas acciones, por la condición de mujer y de discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad pueden solicitar becas para participar en los cursos, aunque no sea lo general.
En lo que respecta al
empleo, los incentivos a la contratación que se establecieron en el programa actualmente vigente de la Ley 43 -esos 14 a los que me he referido- contemplan específicamente esta doble discriminación en cuantía y en tiempo de bonificación. Por tanto,
los incentivos a la bonificación se han modulado teniendo en cuenta la doble situación, mujeres y discapacidad, y por eso las bonificaciones son más altas no solo respecto al resto de las mujeres sino respecto al conjunto de personas con
discapacidad. En el ámbito de la capacidad emprendedora, también las mujeres con discapacidad tienen discriminación positiva, con subvenciones más elevadas para el establecimiento por cuenta propia y para el desarrollo del programa de autónomos,
según estableció la Orden TAS 1622/2007, que actualmente está en vigor. En relación con el empleo público, que es el cuarto objetivo operativo, se reservan al menos el 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en
acceso libre y en promoción interna, pero está prevista la adaptación de tiempo y medidas para la realización de las pruebas, de forma que se asegure la igualdad de condiciones de participación. En cualquier caso, estas medidas que le he resumido
en aras de la brevedad y cuya realización está dispuesta, están contenidas en la estrategia y en el plan de acción, y estoy convencida, porque así lo requieren, que seguirán teniendo desarrollo y ampliación.
DEL DIPUTADO DON JOSÉ VICENTE MUÑOZ GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES EN LOS AÑOS 2003 A 2007. (Número de expediente 181/000549.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, sobre evolución de las políticas de prevención de accidentes laborales en los años 2003 a 2007, formulada por don José Vicente Muñoz Gómez, que tiene la palabra.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señorías, señora Rojo, secretaria general de Empleo, para mí es una satisfacción poder dirigirme a usted, ya que nos conocemos desde hace mucho tiempo por haber coincidido en la política municipal.
Hoy le voy a
preguntar sobre un tema que nos preocupa a todos en general, que es el de los accidentes laborales y las políticas de prevención. Una de las responsabilidades de un buen gobierno es proteger a sus ciudadanos, proteger su integridad como personas,
tanto la física como la intelectual y la educativa y, cómo no, su integridad como trabajadores y trabajadoras. En esta faceta, el Gobierno que usted representa ha hecho gala de sensibilidad y de preocupación, impulsando campañas de prevención,
concienciación y sensibilización social de forma permanente, contando siempre, como no puede ser de otra forma, con los interlocutores sociales, con el Cermi, con los sindicatos, con los empresarios y con los responsables en estas materias, que son
los gobiernos de las comunidades autónomas.
Los años 2003 a 2007 fueron, como todos conocemos, años de una expansión importante desde el punto de vista del empleo. Se dio una bajada considerable en los accidentes laborales de nuestro país, pero al mismo tiempo hubo un número nada
desdeñable de accidentes con resultado de baja de los trabajadores y de las trabajadoras, que dejaron a muchos de ellos -esa es nuestra gran preocupación- en situación de discapacidad. Ante estos resultados, nos gustaría saber cuál ha sido la
evolución de las políticas de prevención de accidentes laborales en estos años y cuáles son las expectativas presentes y futuras de la prevención de accidentes que el Gobierno impulsará o está impulsando, para seguir luchando contra la
siniestralidad laboral que provoca, señora secretaria general de Empleo, tantas desgracias personales, familiares y colectivas en España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la secretaria general de Empleo para la contestación.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Sin duda, este aspecto que usted plantea es estratégico en la calidad del empleo. El Gobierno tiene muy claro que la estrategia española para la seguridad y salud, que en el ámbito
de esta Cámara tuvo un unánime consenso, tiene un desarrollo en este momento.
Quisiera empezar comentando que ayer, que presidí la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hicimos un primer balance de los datos de 2008. En esa comisión pude constatar que el índice total de accidentes de trabajo en el año
2008 disminuyó un 10,3, es decir, tanto los accidentes leves como los graves y mortales han descendido a lo largo de 2008, si bien este ha sido mayor en los accidentes leves y graves que en los mortales. Quizás sea importante comenzar la respuesta
a su pregunta con este dato, porque es una parte del resultado de la aplicación de unas políticas. La estrategia de seguridad y salud es fruto de un diálogo permanente con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas porque, como he
dicho en mi comparecencia, esa es la complejidad y la riqueza de la situación actual del diálogo. En el contexto de este diálogo se han desarrollado varias iniciativas que han dado resultados. En primer lugar, se ha dado cumplimiento a compromisos
que se habían adquirido antes como el Reglamento de habilitación de técnicos de las comunidades autónomas para el desempeño de funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo. Se ha efectuado el desarrollo reglamentario de la Ley 54/2003, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, en temas como la integración de la prevención en la empresa, la identificación de las actividades peligrosas y las auditorías de los sistemas de prevención.
En segundo lugar, se han reforzado instrumentos para mejorar el funcionamiento del sistema de prevención. Por
ejemplo, fortalecimiento de medios de la Inspección de Trabajo; desarrollo de un plan de acciones prioritarias para reducir la siniestralidad, dirigido prioritariamente a empresas y actividades con índices más altos de accidentes laborales
-el Plan Prevea sería un ejemplo-; el índice de la redefinición del papel clave que tiene que desempeñar el actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; o los pasos que se han iniciado hacia la mejora de la calidad del mercado
de la prevención, mejorando el papel de las mutuas de los accidentes en la acción preventiva. En tercer lugar, se ha aumentado la coordinación y el trabajo compartido de todas las administraciones e instituciones implicadas en la prevención de los
riesgos laborales. Se han creado grupos de trabajo en los que participan el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas, y se ha iniciado una dinámica compartida entre las diferentes instituciones. En cuarto lugar, se han incrementado
considerablemente los recursos económicos y materiales destinados a apoyar estas políticas preventivas y, en particular, los dedicados anualmente a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que en este momento tiene una
estabilidad financiera que antes carecía para este ejercicio.
Y en quinto lugar, se han desarrollado actuaciones de política laboral que propician en mayor medida la mejora de las condiciones de trabajo. En este sentido, conviene destacar que las políticas realizadas a favor de la estabilidad del
empleo, que por cierto, todos coincidimos en que es de altísimo interés, tienen una incidencia en la reducción no solo de la precariedad laboral sino muchas veces de la precariedad y de la siniestralidad. Asimismo, se ha aprobado la Ley reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, que está teniendo una altísima importancia en este aspecto que está usted reclamando.
En definitiva, hay resultados positivos en la evolución de la cifra de accidentes de trabajo que es el indicador al que nos hemos de referir. En concreto, el índice de incidencia -sé que ustedes lo conocen, pero a veces confundimos valores
absolutos e índice de incidencia, que es el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas- descendió de 6.387, que era el índice en el año 2003, a 5.220, cifras de 2008 según el primer balance, que
está por acabar de ajustar. El índice de incidencias de accidentes graves bajó desde el 81,2, en el año 2003 al 44,5 en el año 2008, y el número de altas en las pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidentes de trabajo se ha mantenido
en cifras similares a lo largo del periodo, con oscilaciones, unas veces al alza y otras a la baja. En concreto fueron 5.868 en 2003 y 5.824, en 2007. No obstante, si se calcula sobre la población sujeta a riesgo, veremos que el número de altas en
pensiones por incapacidad ha pasado del 4,28 por cada 10.000 afiliados en 2003 al 3,63 por cada 10.000 afiliados en 2007. Al mismo tiempo se ha puesto en marcha el conjunto de la estrategia española, en este caso 2007-2012, que se aprobó el 29 de
junio de 2007 en Consejo de Ministros, y que es un instrumento importantísimo para combatir la siniestralidad laboral de forma integral, no solo porque tiene el consenso de todas las partes implicadas, sino porque además la estrategia aspira también
a transformar actitudes, valores, comportamientos que tienen mucho que ver con los resultados de la siniestralidad laboral. Quedo a su disposición por si requiere una mayor ampliación de las cifras, y esta sería brevemente la respuesta a su
pregunta.
El señor PRESIDENTE: Con esta última respuesta acabamos. Gracias por su presencia, señora secretaria general de Empleo.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.