CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 240

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

Sesión núm. 6 celebrada el martes 24 de marzo de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado para la Administración Pública (Del Palacio Tascón), para informar sobre:


- Las modificaciones legislativas que el Gobierno pretende realizar sobre la Ley del Gobierno, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley que regula el régimen de la Administración y el
procedimiento administrativo común, anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate de investidura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000067.) ... (Página 2)


Los estudios y planes realizados por el Gobierno en orden a la reducción de cargas administrativas, simplificación de los procedimientos o utilización de medios telemáticos en la Administración

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General del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000068.)... (Página 2)


- Los estudios y trabajos realizados por la comisión de estudio, creada al amparo de la orden APU/11529/2006, de 11 de mayo, sobre la situación actual y perspectivas de la Administración General del Estado y, en particular, sobre todos
aquellos que más recientemente se hayan efectuado sobre los recursos humanos y su planificación para la Administración General del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000422.) ... href='#(Página3)'>(Página 3)


Preguntas:


De la Diputada doña Maria José Sánchez Rubio, en sustitución del Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Medidas para facilitar el acceso al empleo en las administraciones públicas para las personas con discapacidad. (Número de expediente 181/000059.) ... (Página 19)


- Previsiones para impulsar la presencia de personas con discapacidad en los tribunales que evaluán las oposiciones al empleo público. (Número de expediente 181/000060.) ... (Página 19)


De los Diputados señor Merino López y señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:


- Previsiones acerca de la creación de la agencia estatal de la inspección de trabajo y Seguridad Social. (Número de expediente 181/000462.) ...
(Página 21)


- Control realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre el contenido y requisitos de las oposiciones que convocan los distintos ministerios. (Número de expediente 181/000468.) ... (Página 21)


- Control realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas para que los ministerios en sus convocatorias de plazas mantengan los principios de igualdad, mérito y capacidad. (Número de expediente 181/000469.) ... href='#(Página21)'>(Página 21)


Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón) PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE EL GOBIERNO PRETENDE REALIZAR SOBRE LA LEY DEL GOBIERNO, LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE DE INVESTIDURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000067.)


LOS ESTUDIOS Y PLANES REALIZADOS POR EL GOBIERNO EN ORDEN A LA REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS, SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS O UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000068.)


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SOBRE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE ESTUDIO, CREADA AL AMPARO DE LA ORDEN APU/11529/2006, DE 11 DE MAYO, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y, EN PARTICULAR, SOBRE TODOS
AQUELLOS QUE MÁS RECIENTEMENTE SE HAYAN EFECTUADO SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS Y SU PLANIFICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000422.)


El señor PRESIDENTE: Bienvenidos a esta sesión de trabajo de la Comisión de Administraciones Públicas. Damos la bienvenida a la secretaria de Estado para la Administración Pública, doña Mercedes del Palacio, protagonista de la sesión que
hoy vamos a sostener a la vista del orden del día. De acuerdo con lo conversado en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces procede plantear la acumulación de las tres comparecencias que figuran en el orden del día, las tres de la secretaria de
Estado para la Administración Pública. La primera de ellas, para informar sobre las modificaciones legislativas que el Gobierno pretende realizar sobre la Ley del Gobierno, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado y la ley que regula el régimen de la Administración y el procedimiento administrativo común, anunciadas por el presidente del Gobierno en el curso del debate de investidura. La segunda, para informar sobre los estudios y planes realizados
por el Gobierno en orden a la reducción de cargas administrativas, simplificación de procedimientos o utilización de medios telemáticos en la Administración General del Estado. Y la tercera de ellas, para informar con carácter general sobre los
estudios y trabajos realizados por la comisión de estudio, creada al amparo de la Orden de la Secretaría de Estado para la Administración Pública 11529/2006, de 11 de mayo, sobre la situación actual y perspectivas de la Administración General del
Estado y, en particular, sobre todos aquellos que más recientemente se hayan efectuado sobre los recursos humanos y su planificación para la Administración General del Estado. Las tres comparecencias han sido solicitadas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. De manera que para acometer su turno de exposición tiene la palabra la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Muchas gracias presidente y muchas gracias a la Comisión por prestar atención al trabajo que desenvuelve la Secretaría General para la Administración
Pública, Siempre es estimulante someterse a controles, incluso cuando los controles son internos, pero en este caso es mucho más motivador puesto que los controles proceden nada menos que de la instancia parlamentaria, de ahí que insisto en mi
agradecimiento y en mi satisfacción por comparecer en esta Comisión.



Las tres comparecencias que sustanciamos conjuntamente las interpretamos como un control general a la actividad que ha desenvuelto el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Suponemos que este control general trae causa de mi anterior comparecencia, el 29 de octubre del año 2008, en la que expuse las líneas fundamentales del trabajo de la secretaría de Estado.
En mi comparecencia anterior afirmamos el compromiso del
Ministerio de Administraciones Públicas con el objetivo de lograr una Administración más eficiente y más eficaz, que contribuyera, de manera decisiva, a la productividad de nuestra economía. Hoy reafirmamos este compromiso, el compromiso con una
Administración que sea un factor positivo que contribuya a la recuperar de la senda del crecimiento económico. Ello nos ha llevado a poner el foco sobre aquellos proyectos, aquellas iniciativas que, desarrolladas desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, van a tener, creemos, un impacto más decisivo en la recuperación de nuestro sistema económico, de nuestra economía. Estas tres iniciativas, que hemos identificado como más sustantivas en esta dirección, son la aplicación
y desarrollo de la Ley de Administración electrónica, la Ley 11/2007, ley que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios y procedimientos públicos; en segundo lugar, el proyecto de reducción de cargas
administrativas y mejoras de la regulación; y, en tercer lugar, la trasposición de la Directiva de Servicios. Son tres iniciativas que están íntimamente imbricadas, como intentaré exponer a lo largo de esta disertación, coadyuvan unas al
desenvolvimiento de las otras y, en definitiva, ninguna de ellas tendrá un resultado exitoso sin las otras dos.



En cuanto a la Ley de Administración electrónica, cuestión a la que en la petición de comparecencia se refieren de una manera colateral al hablar de las herramientas telemáticas que se están poniendo en marcha, me remonto a mi intervención
en mi anterior comparecencia, en la que les informé que estábamos siguiendo puntualmente el plan de desarrollo de la ley que aprobó el Gobierno en diciembre del año 2007. Ese plan contemplaba varias líneas de trabajo, líneas que afectaban
fundamentalmente al fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas comunes, al desarrollo jurídico de la Ley de Administración electrónica, desarrollo desde un punto de vista jurídico formal, al desarrollo de los servicios ofrecidos a los
ciudadanos por vía telemática y a la adaptación de los procedimientos a la ley. En estos cinco meses, como bien se pueden figurar, hemos trabajado intensamente en las tres líneas que he reflejado para cumplir el plan aprobado por el Gobierno y
también como requerimiento inexcusable para el cumplimiento de este plan, en el fortalecimiento de la cooperación institucional. En este tiempo teníamos la certeza, pero


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la hemos ratificado, de que la aprobación de la Ley que llamamos de Administración electrónica introduce cambios enormemente sustantivos en el paradigma del funcionamiento de las administraciones y en el paradigma de la consideración de las
nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración Pública. Ha dejado de ser un instrumento vinculado a la estrategia para fomar parte de la estrategia misma; con ello quiero decir que los procedimientos que se automatizan hay que pensarlos, hay
que repensarlos, hay que rediseñarlos, con lo cual ya estamos eliminando aquellas cargas administrativas, aquellas obligaciones de información en terminología de la Unión Europea que se consideran reiterativas, obsoletas o perfectamente
prescindibles. Además de esta reingeniería se están incorporando nuevas herramientas que van dirigidas a la plena trasposición de la Directiva de Servicios.



Antes de detallar o de hacer un repaso de cuál ha sido el balance provisional de estos cinco meses, me voy a detener en mencionar una buena práctica, y adelanto que considero que es una buena práctica, que es un reflejo del estado de la
Administración electrónica en nuestro país; yo creo que en una cultura cristiana como la nuestra, por sus obras los conoceréis, y por nuestras obras pretendemos que se nos conozca. Esta buena práctica a la que me he referido no es otra que la
gestión y tramitación del Fondo estatal de inversión local, que se aprueba, como ustedes saben, en el Real Decreto-ley de 2 de diciembre del 2008, que está dotado con 8.000 millones de euros, destinados a la realización de obras de hasta 5 millones
de euros en los municipios españoles. Pues bien, en el corto periodo de tiempo que va desde el 10 de diciembre hasta el 24 de enero se gestionan 31.000 expedientes de la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles y se gestionan 8.000
millones de euros, y tengo que decir que por procedimientos exclusivamente electrónicos. Sin entrar en otras consideraciones, y desde el punto de vista de la estricta gestión administrativa, creemos que es un hito y que este hito no hubiera sido
posible alcanzarlo sin que en España se hubiera desarrollado, de manera muy importante, la sociedad de la información, y en el ámbito de la Administración Pública el aspecto de la sociedad de la información que afecta a la administración no es otro
que la Administración electrónica.
Hay elementos que, naturalmente, han hecho posible la realización de esta práctica positiva, de esta buena práctica, por supuesto el trabajo, el esfuerzo, la profesionalidad y la buena dirección de las personas
que han estado directamente involucradas en este proyecto, pero, sin duda también, como decía, porque se han desarrollado infraestructuras tecnológicas comunes, porque la sociedad de la información ha avanzado y porque ha avanzado la Administración
electrónica.



Las infraestructuras tecnológicas comunes a las que me voy a referir son fundamentalmente las siguientes: por una parte, el propio DNI electrónico, del cual en este momento se han expedido más de nueve millones de unidades, ya hay nueve
millones de ciudadanos españoles que tienen este nuevo documento de identificación en el cual electrónicamente se acredita, por una parte, la identidad, y por otra, parte también la firma. Además, otra plataforma, otra herramienta, otra
infraestructura tecnológica común, es la plataforma arroba firma, ámbito en el cual, en el reconocimiento de firmas, lideramos en Europa el desarrollo de las especificaciones para el reconocimiento mutuo de firmas. Tengo que decir que ya se están
practicando con éxito experiencias piloto de reconocimiento de firmas entre Portugal y España, experiencias que son absolutamente exitosas y que además son los dos primeros países europeos que han establecido este reconocimiento mutuo de firma, si
bien, como digo, es una experiencia todavía piloto. En el año 2008 se practicaron 13 millones de transacciones, 13 millones de validaciones de firmas digitales, y en lo que va de año llevamos una media de 2 millones de firmas al mes, lo cual en una
proyección anual, que es verdad, que con escasamente dos meses y medio es difícil de hacer, podríamos llegar a más de 20 millones de validaciones de firmas. Además, tenemos una segunda plataforma que valida los datos de identidad y de residencia,
que en el año 2008 realizó 4 millones de validaciones y en los meses de enero y febrero el número de validaciones está en torno a 1.700.000, con lo cuál la proyección a final de año es de un crecimiento exponencial. Para el año 2009 pretendemos
extender su uso a otros certificados administrativos que en este momento se siguen solicitando a los ciudadanos y a las empresas y que esperamos y tenemos previsto que a lo largo del año esta petición se vaya eliminando. También hay que hablar de
la red de comunicaciones interadministrativas que denominamos Red SARA, cuya evolución más importante que ha experimentado en estos últimos cinco meses ha sido la extensión en el ámbito de las entidades locales; si a finales de octubre eran en
torno a 1.070 las entidades locales vinculadas a la red, en este momento son 1.654, es la más extensa de Europa, es la columna vertebral de la cooperación administrativa, tiene una extraordinaria importancia en un Estado como España, con una
distribución de poder territorial compleja, con un Estado que establece una gobernanza multinivel, aspecto este que, como saben, fue uno de los más tratados por el estudio que se propuso en la Orden ministerial APU del año 2006, que configuraba esta
comisión de expertos, presidida o dirigida por el profesor Joan Prats, y que es denominada en el argot interno como Comision Prats. Esta comisión focalizaba buena parte de sus trabajos en el estudio de los Estados con una gobernanza multinivel, en
línea con las tendencias más novedosas en el contexto internacional, y una de las recomendaciones era la utilización masiva de las nuevas tecnologías en estos Estados multinivel, cosa que, como digo, estamos haciendo.



Otra de las infraestructuras tecnológicas comunes, que yo considero infraestructura tecnológica común, es la Red 060, aunque además del componente tecnológico tiene el componente físico, y lo considero porque esta red es una red multicanal
que sirve de punto de acceso


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único para todos los ciudadanos españoles a los servicios y procedimientos que las distintas administraciones han puesto en funcionamiento. En el año 2009 estamos trabajando muy intensamente en lo que sería la integración o profundizar en
la integración de los tres canales. En el portal web en este momento se ofrecen 1.225 servicios on line, a finales de octubre, en mi anterior comparecencia, eran 889, tiene una media de visitas en los últimos cuatro meses que se sitúa en torno a
las 600.000 mensuales, en octubre estábamos en las 220.000, y en lo que se refiere al portal web estamos trabajando en este momento en el rediseño y en la reordenación de sus contenidos y en la revisión de la plataforma tecnológica que lo sustenta.
El nuevo despliegue se va a realizar en dos fases, en las próximas semanas veremos el resultado de la primera. No me comprometo a decir una fecha fija porque la tostada cae siempre del lado de la mantequilla y luego me dicen mis colaboradores que
soy un gafe y que no avance ninguna fecha concreta, pero lo cierto es que en las próximas semanas estoy segura de que veremos la nueva fase del nuevo portal web. En lo que se refiere al canal telefónico, en este momento el número de llamadas
mensuales se ha estabilizado en torno a 155.000, 160.000 para este año 2009; estamos trabajando en la ampliación de utilidades, de tal manera que la tramitación básica de los expedientes más comunes se pueda realizar también por vía telemática. En
lo que se refiere a la actividad presencial, en este momento hay 1.617 oficinas 060 y los trabajos a los que nos estamos dedicando son, en primer lugar, a realizar la interconexión telemática de mil de estas oficinas para que al menos mil
municipios, y por supuesto comunidades autónomas y otras entidades, tengan sus registros telemáticamente conectados. Estos trabajos se iniciaron a finales del año 2008 y esperamos que se prolonguen en el año 2009 y, al menos, hasta el primer
trimestre del año 2010. Una segunda línea de actuación, que veremos en las próximas semanas o meses, es la conversión de las actuales oficinas de información, de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en oficinas 060 de primer nivel, esto
es, de las oficinas que no sólo registran e informan, sino que también realizan la tramitación de las distintas administraciones públicas.



En lo que se refiere a otros aspectos contenidos en el plan de desarrollo de la ley que hacían referencia al desarrollo formativo, en este momento está en periodo de información pública el real decreto que desarrolla la Ley 11/2007 y están
en avanzado estado de elaboración las piezas normativas que tendrán igualmente rango de real decreto y que recogerán el esquema nacional de seguridad y el esquema nacional de interoperabilidad. Los trabajos, como digo, avanzan a buen ritmo aunque
es un hándicap que en esta materia no haya mucha experiencia ni en España ni en el mundo, incluso el esquema europeo de interoperabilidad ha retrasado su aprobación y su publicación, no obstante lo cual nosotros seguimos avanzando en estos trabajos
que contribuirán, ambos esquemas, el esquema nacional de seguridad y el esquema nacional de interoperabilidad, a apoyar al sector de las nuevas tecnologías o al subsector de las nuevas tecnologías en el que España es puntero, que es el sector de la
seguridad informática. Una pieza también importante que tiene relación directa con la Directiva de Servicios, que entra de lleno en el terreno de la Administración electrónica y que cuando lo expuse en mi anterior comparecencia, en octubre, generó
un cierto escepticismo entre SS.SS., es la ventanilla única de la Directiva de Servicios. Decían SS.SS., y seguramente con razón, que llevábamos años oyendo hablar de ventanillas únicas y que no se había visto realmente en la práctica ninguna de
ellas.
El 060 es una ventanilla única pero en lo que se refiere a la ventanilla única de la Directiva de Servicios, que se traducirá en un portal de Internet. Esta ventanilla única tendrá una funcionalidad completa desde el punto de vista de ser
el punto, valga la redundancia, de información de España para todos los Estados miembros y, además, permitirá el inicio de los trámites, que serán proseguidos por la autoridad administrativa competente. Esta ventanilla única es también una
manifestación de aquello a lo que antes aludía, la cooperación interadministrativa propia de un Estado multinivel y que fue recomendada, como digo, por el informe de la comisión que denominamos Comisión Prats. Los hitos más importantes que se han
verificado en este periodo han sido la aprobación, a finales de octubre, de las bases para el modelo de la ventanilla única en el ámbito de la Administración General del Estado; a finales del mes noviembre a esta aprobación se sumaron las
comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y se determinó un programa piloto, que abarcaba a tres actividades profesionales del ámbito de los servicios: las agencias inmobiliarias, los arquitectos y las agencias de
viajes. Además, se incorporaron a la experiencia piloto siete comunidades autónomas, si recuerdo bien eran la Comunidad Autónoma de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de Castilla la Mancha, Castilla y León, Asturias y Andalucía. Recientemente,
el 4 de febrero, se aprobaron las guías que determinan el contenido de estas tres experiencias piloto y se determinó incorporar a dichas experiencias otras siete actividades adicionales. Se han iniciado ya los trabajos para el diseño del portal, en
lo que se refiere a los aspectos informativos, y se está trabajando intensamente en los criterios de interoperabilidad para los sistemas de tramitación en lo que afecta a las comunidades autónomas. La participación del Ministerio de
Administraciones Públicas en la trasposición de la Directiva de Servicios es también importante en su aspecto formativo. Saben que la trasposición de la Directiva de Servicios lleva, al menos, dos piezas normativas con rango de ley, una, la que
hemos denominado Ley paraguas, ley que traspone los principios generales de la Directiva de Servicios y que en las próximas semanas será aprobada en su segunda lectura por el Consejo de Ministros y pasará a su análisis en las Cortes Generales, y
otra, la que llamamos Ley ómnibus, que recoge la modificación de las leyes más significativas


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de los ámbitos sectoriales afectados por la Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios afecta, muy directamente, al programa de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, porque, como saben ustedes, uno de los
puntos o de las piedras angulares de la Directiva de Servicios es la sustitución de determinadas tipologías, de intervenciones administrativas previas al ejercicio de una actividad económica del sector de los servicios, como son las autorizaciones
administrativas previas, por otras intervenciones que tienen un nivel de menor presión sobre la actividad de los ciudadanos, como son las declaraciones responsables o las meras comunicaciones; intervenciones que, por otro lado, no se pueden
considerar estrictamente intervenciones administrativas, puesto que son actuaciones proactivas de los ciudadanos.
Una de las leyes afectadas por la Directiva de Servicios es la Ley 30/1992, a la que me referiré un poco más adelante.



Entrando ya de lleno en el tercero de los proyectos a los que hice referencia al principio, el proyecto de reducción de cargas administrativas, para su desarrollo se aprobó en el mes de mayo del año 2008 por el Consejo de Ministros un plan
que tenía como objetivo reducir el impacto que estas cargas administrativas tienen en el funcionamiento del sistema económico en un 30 por ciento en términos de producto interior bruto. Se determinaron las seis áreas prioritarias sobre las que se
iba actuar, que eran, como recordarán: contratación administrativa, entorno laboral, derecho fiscal, derecho de sociedades, ámbito estadístico y contratación pública, y además se determinaba en este plan que había dos ejes de actuación, un eje que
se dirigía a la contemplación de la normativa vigente, esto es, que se orientaba sobre el pasado, y otro eje que se orientaba sobre el futuro, puesto que era un conjunto de actuaciones que tendrían una naturaleza preventiva. El objeto fundamental
de estas actuaciones era que la nueva normativa que se apruebe, no sólo por el Gobierno, sino también en otras instancias, no incorporara nuevas cargas administrativas o que las que incorporara estuvieran absolutamente justificadas. La metodología
era la misma metodología europea, el modelo de medición que se llama costes estándar, que aplicamos en España con una doble formulación, por una parte, lo que denominamos autoevaluación, esto es, las propias administraciones públicas examinamos
nuestra normativa y nuestros procedimientos, los evaluamos y determinados cuáles son aquellas cargas administrativas que creemos que son susceptibles de eliminar, y por otra parte, una segunda fórmula, un segundo método de actuación es el de
recurrir a consultores externos, y en este sentido se está trabajando con dos consultoras a las que, lógicamente, se ha contratado por los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, que son la consultora KPMG y, si recuerdo
bien, la consultora Capgemini. La primera de ellas tiene como materia de su trabajo la medición de los dos primeros paquetes aprobados por el Consejo de Ministros para la reducción de cargas administrativas, que se aprobaron el pasado verano, y la
segunda consultora -Capgemini- tiene como cometido el de la identificación y medición de cargas administrativas en la normativa de las seis áreas prioritarias que he mencionado, normativa que hemos circunscrito al nivel de rango legislativo y al
nivel de rango reglamentario. Además, en este momento se han detectado en torno a 988.000 cargas administrativas en estas seis áreas prioritarias, que estamos en fase de análisis para reducirlas y determinar cuáles serían aproximadamente las 300 de
mayor impacto. También estamos preparando, en este aspecto que afecta a lo que sería la normativa vigente, un tercer paquete de medidas que verá la luz en las próximas semanas.



En lo que se refiere al segundo eje de actuación, que iba dirigido hacia el futuro, tenemos que decir que está esperando informe del Consejo de Estado un proyecto de real decreto que regula la memoria de análisis de impacto normativo. Este
real decreto se plantea como un desarrollo normativo del artículo 24 de la Ley de Gobierno y tiene como objetivo mejorar la calidad de los proyectos normativos al menos en tres ámbitos.
Por una parte, el impacto jurídico, cosa que ya se hace ahora
eficientemente; en segundo lugar, el impacto de género, que se hace actualmente, pero con una metodología que creemos que es susceptible de mejorar y en ese sentido va regulado este proyecto de real decreto; y, por último, los impactos económicos,
en tres aspectos, el meramente presupuestario, que ya se hace, y los dos que resultan novedosos, que son el impacto en materia de cargas administrativas y el impacto en materia de competencia. En este aspecto de futuro y normativo es de
extraordinaria importancia y está determinado también por la trasposición de la Directiva de Servicios y por el programa de reducción de cargas administrativas, la reforma de la Ley 30/1992. Esta ley, como saben, se aprueba en el año 1992 y el
objetivo de esta reforma es el de actualizar y modernizar la actual normativa, incorporando los nuevos principios que han sido desarrollados por la doctrina, por las organizaciones internacionales o en el contexto europeo en estos últimos años,
incorporar nuevos principios que básicamente giran en torno a lo que se ha denominado el buen gobierno público. En este sentido, está resultando igualmente iluminador el trabajo realizado por la llamada Comisión Prats.
La reorientación de la ley
sobre la base del principio del buen gobierno público nos lleva a considerar a los ciudadanos como el eje de la actuación administrativa y a considerar el procedimiento administrativo no tanto en su concepto clásico, puramente procedimental, de
cauce formal que han de seguir, en el que se concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin, sino, sobre todo, pensamos que el procedimiento administrativo es el conjunto de reglas que regulan y encauzan las relaciones de la
Administración con los ciudadanos y con las empresas.
Como he dicho, para la elaboración de este proyecto está siendo importante el trabajo que ha realizado la Comisión Prats y las aportaciones que ha realizado


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la jurisprudencia en estos 17 años de vigencia de la Ley 30/1992, las aportaciones doctrinales y la experiencia nacional e internacional.



Los criterios fundamentales que sustentan la reforma de la ley son los siguientes. En primer lugar, hay un cambio en la orientación y estructura de la nueva norma, en la que los aspectos dedicados a la regulación interna de las
administraciones públicas, a sus relaciones internas entre ellas, quedan postergados -desde un punto de vista sistemático- al final de la ley. El ciudadano, como decía, pasa a ser el protagonista de la norma y, como tal, sus derechos y sus
obligaciones pasan a configurar el núcleo fundamental y primigenio de la ley. Además, se potencia el título preliminar donde se reordenan y se amplían los principios de actuación que deben informar la actividad de las administraciones públicas.
Entre estos nuevos principios destacan el principio de la buena administración, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia, participación, igualdad de trato, cooficialidad lingüística, eficiencia, calidad, simplificación
administrativa, accesibilidad y lealtad institucional. Además, se introduce un nuevo título primero, en el que se configura una auténtica carta de derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. Además, se
desarrolla con amplitud, en un título específico, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, con lo cual creemos que se colma un vacío que existe en la actual regulación. Es esta una manifestación del principio de
transparencia y además es condición sine qua non para permitir el ejercicio real del derecho de petición de responsabilidad que ya reconoce la actual legislación. Además, la nueva regulación del procedimiento administrativo se diseña sobre la
Administración electrónica y los principios consagrados en la Ley 11/2007, de tal suerte que el procedimiento electrónico será la norma general, naturalmente los ciudadanos no verán menoscabados sus derechos ni su posibilidad de tramitar los
procedimientos por las vías tradicionales y, naturalmente, con todas las garantías. Se refuerza también el principio de actuación responsable de las administraciones públicas frente a los ciudadanos, lo que se traduce en una nueva ubicación del
actual título dedicado a la responsabilidad de las administraciones públicas y en un mayor desarrollo del derecho de los ciudadanos a exigir un funcionamiento diligente y eficaz de los poderes públicos y sus funcionarios y empleados. Además, por
influencia sin duda, de la Directiva de Servicios, se introduce un nuevo título, en el que se regulan con carácter restrictivo las intervenciones administrativas previas al ejercicio de la actividad por parte de los ciudadanos, de actividades
privadas y ejercicio de derechos Es una expresión del principio de confianza legítima y, como decía, una consecuencia de la Directiva de Servicios. Como contrapartida, se refuerzan los mecanismos de exigencia de responsabilidad a los ciudadanos en
el caso de que esta confianza sea defraudada y, además, se regulan figuras que son nuevas en nuestro derecho, a las que anteriormente me referí, como son la declaración responsable y la comunicación por parte de los ciudadanos, regulándose también,
como es lógico, las consecuencias que se derivan de la perversión de confianza, que podría manifestarse en esas declaraciones responsables o en esas comunicaciones por parte de los ciudadanos. Se refuerza también el silencio administrativo
positivo, sobre todo en los procedimientos que se inician a solicitud de los ciudadanos. Además, se amplia la participación y la audiencia pública de los interesados aprovechando en este ámbito todas las potencialidades de las nuevas tecnologías al
objeto de que no se dilate excesivamente el procedimiento. También se diseña un procedimiento básico para los llamados actos complejos, esto es, aquellos en los que intervienen varias administraciones competentes en la materia. Se incrementan las
garantías en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, con la inclusión de un nuevo título donde quedan reunidos los principios y la forma de elaborar estas disposiciones de carácter general. Se exigirá
siempre la motivación y la notificación de los actos y se simplifica el sistema de recursos y reclamaciones previas.
Además, se potencian los mecanismos que faciliten el intercambio de información entre los distintos niveles administrativos que
existen en España y la colaboración entre las distintas administraciones públicas.



En este ámbito del proyecto de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, ha sido también extraordinariamente importante la cooperación institucional. Así las cosas, ya se ha constituido y se ha reunido dos o tres veces
el grupo de trabajo que, con presencia de la totalidad de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se ha configurado a tal efecto. De igual manera, se ha suscrito un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias,
en el que, en su segunda cláusula, se preveía la realización de experiencias piloto en el ámbito de reducción de cargas en once ayuntamientos distribuidos en todo el territorio nacional y ya se ha constituido también este grupo de trabajo para la
experiencia piloto con estos once ayuntamientos. Además, se han suscrito dos nuevos convenios, con la CEOE y con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, dirigidos ambos a configurar paneles estables de empresas que nos permitan realizar
por nosotros mismos la medición de las cargas administrativas que impone la legislación y a consultar en estos paneles cualquier medida que se pretenda poner en marcha y que afecte a la actividad empresarial. En el ámbito de la actuación preventiva
querría subrayar la puesta en marcha de un programa formativo en esta materia, en el que también ha participado el Ministerio de Justicia en su momento y que se ha traducido en la realización de cuatro cursos de formación, tres de ellos en el
Instituto Nacional de Administración Pública y el otro en el Ministerio de Justicia. El total de personas que han asistido a estos cursos se sitúa en torno a las 200 y en los próximos meses tendremos también un formato on line de los cursos de
reducción de cargas administrativas.



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Estamos en fase de realización de cursos presenciales en distintos departamentos comenzando por el Ministerio de Interior. Estamos realizando también, como es lógico, un seguimiento periódico del estado de las distintas medidas que ya han
sido aprobadas por el Gobierno. Se realiza un cuadro de mando con periodicidad, creo recordar, en este caso quincenal, a diferencia del cuadro de mando que nos permite el seguimiento del desarrollo y aplicación de la Ley de Administración
electrónica, cuya periodicidad es semanal. Este cuadro de mando pone de manifiesto que de las 81 medidas aprobadas que se desplegaban en los años 2008-2009, incluso 2010, hay 31 que ya están cumplidas en su totalidad, 27 que están parcialmente
cumplidas y 23 que están ya iniciadas.



Estamos trabajando también en otros proyectos legislativos que indicó el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, en concreto en la Ley de Gobierno, en la Lofage y en el desarrollo del Estatuto básico del empleado público.
Decía al principio de mi exposición que la actual coyuntura mandaba y que ello nos había obligado a poner el foco de nuestra atención en estos tres proyectos a los que me he referido, y, además de que la coyuntura manda, hay razones de sistemática y
de orden que aconsejan empezar por la Ley de procedimiento administrativo y régimen jurídico común a todas las administraciones públicas, y es que la propia Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado prevé en su
artículo 1 que la regulación del funcionamiento de la Administración Pública se entiende hecha en el marco del régimen jurídico común a todas las administraciones públicas, esto es, la Ley 30/1992. Por otra parte, además nos estamos autoaplicando
el principio de mejorar la regulación, que pasa necesariamente por regular lo justo y por explorar y explotar todas las posibilidades normativas y legislativas que la legislación vigente ofrece. Por ello, les decía, uno de los aspectos que estamos
desarrollando de la Ley de Gobierno es el real decreto o la memoria que acompaña a las disposiciones de carácter general y a la actividad o la iniciativa legislativa del Gobierno. Esto quiere decir que, sin haber abandonado estos trabajos, en
concreto están bastante avanzados los trabajos en el ámbito del desarrollo del Estatuto básico del empleado público y estamos retomando en estas semanas la negociación con las organizaciones sindicales, que han sufrido un parón o un estancamiento,
más material que formal, por el hecho de los procesos congresuales en los que han estado involucradas -y todavía están- algunas de las organizaciones sindicales más representativas.



Señor presidente, me someto ya a las preguntas porque creo que me he excedido, he abusado de la paciencia y de la atención de SS.SS., y, como es normal y lógico, quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que consideren y,
por supuesto, para las preguntas que se sustancian en esta comparecencia.



El señor PRESIDENTE: Ya sabe la secretaria de Estado que el uso parlamentario es la administración muy flexible del turno de comparecencias cuando corresponde al Gobierno, pero agradecemos este ejercicio de autorrestricción que acaba de
imponerse para poder liberar el mayor tiempo posible para las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzando por la portavoz del grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, doña Celinda Sánchez.



La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Quiero empezar dándole las gracias a la señora Del Palacio por esta exhaustiva exposición que ha hecho, más adelante hablaremos de parte de lo que ha dicho en esta primera intervención.
Quiero decirles que me
agrada muchísimo el tono y la forma, porque tengo que comentarles como anécdota que escuchando las declaraciones de la ministra del ramo, señora Salgado, el otro día, pidiendo que no hicieran caso a los del Partido Popular, porque nosotros
crispábamos y boicoteábamos y además creábamos un clima de tensión, pues yo, haciendo las anotaciones pertinentes, pensé dos cosas, una, decir que han sido ustedes magníficos en este año, que han hecho las cosas muy bien y que han sido prolijos en
los temas legislativos, pero claro, estaría mintiendo, estaría faltando a la verdad a esta Cámara y a SS.SS. Por ello, brevemente, porque vamos a acumular, y yo lo agradezco, los tres temas, voy a repasar un poco lo que el Gobierno en estos meses
ha hecho y, sobre todo, el incumplimiento de muchos, numerosos puntos a los que se había comprometido en la anterior y en esta legislatura.



Al hilo de esto, quiero decirle que ustedes, en materia legislativa, en la pasada legislatura anunciaron reformas constitucionales o que llevarían a cabo un nuevo marco legal para los ayuntamientos en su triple vertiente electoral, pero hay
que poner aquí de manifiesto que después de una legislatura y doce meses de gobierno no han hecho absolutamente nada sobre la materia. Alguna iniciativa sí presentaron -como usted se ha referido- como el Estatuto básico de la Función pública, que
buena parte de su aplicación está durmiendo el sueño de los justos al estar pendiente la ley que concreta la aplicación de la Administración General del Estado. O cuando aprobaron normativas referidas a la ética y transparencia de la vida pública y
la gestión de los altos cargos en la que, como usted sabe, algunos de sus preceptos claves están todavía por desarrollar después de haber transcurrido tres años desde su aprobación.
O aspectos tan importantes para la protección de los ciudadanos en
lo que se refiere a en la Ley de acceso electrónico, a los servicios públicos, a la que usted se ha referido y de la que también hablaremos, como la propuesta de nuestro grupo de la figura del defensor del usuario. Por tanto, señora Del Palacio,
coincidirá conmigo en que los resultados legislativos de su ministerio son manifiesta y públicamente mejorables.



En esta legislatura, el PSOE ha presentado un programa en materia de administraciones públicas que se


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ha basado exactamente en lo mismo que tenía en la anterior, por tanto, no le podemos destacar nada como novedoso en relación con el año 2004.Quien ha dado la verdadera dimensión de los objetivos de la materia en administraciones públicas, y
muy claro, fue cuando en el discurso de investidura, el señor presidente de Gobierno se refirió, con esa peculiar idea que tiene de España, a la reforma de varias leyes y anunció el propósito de revisar tres: la Ley de Gobierno, la Ley de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, ambas leyes polémicas, por lo que en esta legislatura ha supuesto un alto incremento de cargos en la Administración y la incorporación de directores generales que no cumplían con
la condición de ser funcionarios públicos. Después de estas dos se refirió a que va a haber una revisión en la Ley que regula el régimen de las administraciones y el procedimiento administrativo común, al que usted se ha referido. He creído
entender que las dos primeras van a dormir el sueño de los justos y la última a lo mejor tenemos suerte y viene aquí. En cuanto a esas otras dos leyes, son tres aspectos precisamente por los que hemos solicitado su presencia. Nos ha dicho algo,
pero a mí me gustaría que usted fuese un poco más explícita, cómo y de qué manera se va a llevar esta reforma, porque en toda la legislatura pasada hemos hablado de esto, pero no se ha hecho nada. Es verdad que llevamos doce meses, y en este tiempo
yo sólo me congratulo porque acaba de decir usted ahora que va a presentar una ley a Consejo de Ministros, pues de verdad que nos satisface porque, sinceramente, ha pasado un año desde esta legislatura y, fíjese, tengo que decirla que en el
Parlamento se han presentado 20 proyectos de ley y 11 reales decretos por parte de todos los ministerios, ni una sola de estas iniciativas tiene origen en su ministerio, por tanto digo que nos congratulamos porque ya por lo menos anuncia una después
de un año de gestión. Es verdad que a lo que se refiere el presidente del Gobierno -lo deja muy claro- es a una reforma, y puede suceder dos cosas, que esa reforma sea para perfeccionarla -así lo esperamos-, evitando con ello que el Gobierno mire
para otro lado cuando se producen conductas que vulneran los compromisos éticos, o se refería al necesario desarrollo para la eficacia de esa ley en la regulación de los conflictos de intereses en los miembros de Gobierno y altos cargos de la
Administración General del Estado. Digo esto porque los artículos 11 y 12 prevén la declaración de actividades y la de bienes y derechos de los altos cargos. Esta ley, en su artículo 14, dispone que el contenido de dichas declaraciones de los
miembros del Gobierno y los secretarios de Estado se tiene que publicar en el BOE, cosa que no se ha llevado a cabo desde hace tres años por falta de ese preceptivo desarrollo reglamentario. También esperamos que esta modificación de la
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, a la que se refirió -y usted también se ha referido- el presidente en su discurso de investidura, no sea única y exclusivamente con la intención de flexibilizar la exigencia para
el nombramiento de directores generales entre funcionarios de carrera, tal y como dispone la Lofage en su artículo 18, porque, como todos saben, nosotros apostamos por la profesionalización y no la politización de esos funcionarios directivos.
Tenemos antecedentes de ello en el primer Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en el que tuvieron que corregir varias de las normas que dieron para no entrar de lleno en conflicto con las sentencias judiciales, optando por el nombramiento de 10
directores que no cumplían la condición de funcionarios. Según datos del ministerio, en esta legislatura ya vamos por los 15 directores, que se pueden haber incrementado, y la verdad es que no sabemos qué decir al respecto porque depende del día y
a quién preguntemos; en unos momentos nos dicen que hay 21 directores generales que no son funcionarios, según pregunta escrita del día 3 de noviembre, con lo cual no sé qué pensar, porque ustedes mismos reconocen que a fecha 28 de julio del año
pasado había 21 directores generales que no eran funcionarios. Igual es un error en sus apreciaciones, pero ahí está la contestación del ministerio.



También hay que decir, señora Del Palacio, que en estos momentos de crisis que atraviesa España, que es uno de los momentos más duros y difíciles para este país, cómo es posible que se haya incrementado en más de un 20 por ciento el número
de altos cargos en relación con la pasada legislatura. Según nuestras cifras, estamos hoy ante 463 nuevos altos cargos, desde los ministros hasta los asesores, sin contar los de organismos autónomos o agencias estatales porque si los sumamos
llegaríamos a los 547. Nos parece reprobable ya que en estos momentos no atravesamos por una situación en la que se pueda llevar a cabo ese incremento de casi un 20 por ciento. Estos son datos de la Intervención General de la Administración del
Estado.



Señora Del Palacio, creo que estos resultados, en materia de modernización de la Función Pública y en materia de conflictos que tienen que ver y están ligados al desarrollo del Estatuto básico de la Función Pública, a lo que usted se ha
referido ahora, habrá que esperar qué es lo que nos dicen los meses venideros, pero mi grupo considera que entre lo que desconocemos, entre lo que no se nos dice y entre lo que presumimos que no va a hacer el ministerio, tenemos nuestras dudas, y ya
le anunciamos que vamos a tener que llamarla más veces a lo largo de este año para que nos explique muchas cosas. Entendemos que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y, en definitiva, la Función Pública y su modernización, no se merecen que
este ministerio tenga una inactividad de esta naturaleza. Es una ineficacia incomprensible en estos momentos de dura crisis y donde, de verdad, todos necesitamos dar solución a todo tipo de problemas, sobre todo -como usted se ha dicho- a los
administrativos y de gestión que nacen en su ministerio.



Al hilo de lo que usted ha dicho sobre la trasposición de la Directiva de Servicios y todo lo que están haciendo en temas telemáticos, como lo que nos acaba usted de anunciar del reconocimiento de firma como experiencia


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piloto con Portugal, la validación de los certificados, la Red SARA, las nuevas tecnologías, la Red 060 de la que ya hemos hablado, la revisión del portal web..., todo esto está muy bien y es un trabajo estupendo, pero vamos a ser sinceros,
es un trabajo que tienen que hacer los expertos en tecnología, no los responsables políticos de este ministerio, que tendrán que dirigir y coordinar, pero también tendrán que hacer un trabajo con carácter legislativo y de cara a las Cámaras.



Ha hablado de simplificar, regular y facilitar el procedimiento electrónico a todos los ciudadanos, y he de decirle que en estos momentos es lo mínimo que se puede pedir a la Administración General del Estado, porque hay muchas comunidades y
muchos ayuntamientos que, con unos medios paupérrimos, están intentando hacerlo. Sinceramente le felicito, pero creo que esto entra dentro de lo que realmente se espera de su ministerio.



Por seguir la línea marcada en el orden del día, vamos a entrar en el tema de la reducción de cargas administrativas. Quizá es uno de los temas más esperados y solicitados, y esperemos -aunque tengo mis dudas- que esto llegue en un momento
determinado para las empresas, porque ahora estamos acudiendo al cierre de empresas y no a la apertura de nuevas empresas.
Vamos ver si entre todos somos capaces de animar a estos emprendedores con esa reducción que usted ha anunciado.



Señora secretaria de Estado, usted conoce perfectamente que en los estudios comparados sobre la calidad de regulación pública en los países más desarrollados se desprende que la situación de España en materia de racionalización y
simplificación de los procedimientos administrativos es claramente mejorable, pues nos hallamos entre los países europeos donde las cargas administrativas son más numerosas y costosas. Por eso decimos que ya es hora y que nos congratulamos. Todo
ello supone una negativa incidencia en la productividad de las empresas y por tanto en su competitividad -hasta ahora ha sido así-, por lo que estas deficiencias pueden considerarse como un obstáculo para el progreso y mejora de la situación
económica en general y de la micropyme y autónomo en particular.



En nuestro país, con un modelo de poder político descentralizado, la mejora de la regulación pública no puede hacerse solo desde el Estado; es imprescindible la implicación de las comunidades autónomas y de las administraciones locales
según sus respectivas competencias. Además, esta regulación puede hacer más atractiva para los inversores la eliminación de toda esa burocracia de cargas administrativas. Esta es la línea para cumplir los objetivos de la estrategia de Lisboa; por
ello, el Consejo de Ministros, tomando como origen el acuerdo de mayo de 2007 sobre ese impulso para la reducción de cargas administrativas, aprobó un plan para la reducción de esas empresas según reunión del 20 de junio de 2008. Con dicho plan se
pretendía eliminar y revisar la simplificación de trámites o la realización por medios telemáticos -como usted ha puesto de manifiesto- para hacer esas gestiones más rápidas y de manera menos costosas para todos los profesionales y ciudadanos en
general. Pero esto, no lleva dos ni tres años, es mucho más reciente, y según consta además en la propia referencia, ustedes pretenden reducir en un 30 por ciento, antes de 2012, las cargas derivadas de esa normativa vigente. Usted ha dicho que
ese plan tiene seis áreas: derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente y entorno laboral y relaciones laborales. Pues bien en Consejo de Ministros de 23 de enero, la ministra de Administraciones
Públicas informó a los ministros sobre el citado plan y afirmó haber cumplido 51 de las 81 medidas aprobadas, así como que las 30 restantes estaban en fase de cumplimiento. En este escaso tiempo, me gustaría saber cuáles son esas 51 medidas que ya
han sido cumplidas. A todo esto, tengo que decirle que es verdad que el ministerio ha creado un enlace dentro de su página web para facilitar información y recibir sugerencias. ¿Por qué no se ha dado ninguna información a los miembros de la
Comisión? ¿Por qué no nos ha contado -o no pensaba contarnos- los convenios firmados, si es que se han firmado, con las comunidades autónomas? Porque en estos momentos, que yo sepa, las comunidades autónomas, excepto Cantabria, no tienen ninguna
firma con el ministerio. Es verdad que el día 17 de febrero ustedes firmaron con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se han elegido -como usted ha recordado aquí- 11 municipios con proyectos piloto dentro de ese acuerdo.
Dentro de esos 11 municipios vemos que está el de nuestra provincia -la suya y mía- Palencia. Están Marchamalo, Miguelturra, Castellón, Logroño, Villanueva..., en fin, municipios que no son grandes ciudades y que entiendo que por eso han sido
elegidos para hacer esta experiencia piloto. Me gustaría preguntarle cuáles son las relaciones que el ministerio ha mantenido con las grandes ciudades o de mayor población en este tema, porque son muy importantes, y cómo se prevé con este convenio
reducir estas cargas para hacerse efectivas. Ustedes aprobaron este plan y me consta que ha habido varias comunidades que han estado tratando con ustedes llegar a un acuerdo desde julio del año pasado, incluso sé que han tenido reuniones,
personales o a través de esta Secretaría de Estado, para poder llegar a firmar un borrador. ¿Por qué no se ha llegado a esos acuerdos? Me consta que han tenido reuniones con las comunidades autónomas hace unos días, pero no están de acuerdo y nada
se ha dicho. Ni las comunidades ni mi grupo entienden cómo es que solo se ha firmado con una comunidad autónoma, ¿qué tiene de extraordinario que no tengan las demás? Me gustaría saber por qué los grandes ayuntamientos, si ustedes han tenido
reuniones con ellos, no han respondido o qué es lo que han respondido. A partir de enero de este año todas las normas que se sometan a la consideración del Consejo de Ministros deben llevar incorporado en su tramitación el informe que valore el
impacto de su aprobación en cuanto a las


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cargas administrativas y usted ha dicho que tienen varias. La del impacto jurídico, ya estaba, la de igualdad, ya estaba, la de economía, ya estaba, veo que hay dos nuevas, el impacto de cargas administrativas y el impacto competencial,
pero tengo mis dudas. Todavía no están firmados estos convenios y no sabemos desde enero cuáles son las normas y cómo se están informando antes de su presentación al Consejo. Me gustaría que me dijera en qué medida va a depender el éxito de este
plan con el desarrollo de la Administración electrónica. También quisiera que incidiera en si están ustedes cumpliendo el cronograma que marcará el desarrollo de la Ley 11/2007, sin cuya concurrencia sería ineficaz su aplicación.



Señora Del Palacio, espero que tenga la amabilidad de hacer alguna de estas aclaraciones. Y vuelvo a incidir en lo que decía anteriormente; en un momento grave y duro de crisis económica, se están cerrando empresas y las que quisieran
implantarse viven un complejo y enmarañado tema burocrático administrativo, aunque tengo que decir que muchos municipios y comunidades autónomas están haciendo lo que no se imagina para captar esas pocas empresas que puedan venir a instalarse. Por
tanto, debemos hacer un esfuerzo, reduciendo todos estos procedimientos para facilitar a cualquier emprendedor o empresa su implantación. Y muy importante, esto no tendrá éxito si usted no cuenta con el respaldo de las comunidades y de los
ayuntamientos, que es la primera piedra de choque del mundo empresarial. No lo digo yo, lo dice la propia ministra, en fecha 19 de junio de 2008, en comparecencia en esta Cámara, cuando aduce que el plan prevé canales de colaboración estrecha con
comunidades y entidades locales. Lamentamos que desde el día 19 de junio de 2008 hasta hoy, esos canales, excepto el acuerdo que ustedes han firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias, es como si las comunidades no existieran,
excepto una. Es obvio que la ministra diga y piense esto, como lo pensamos todos, puesto que las cargas administrativas, en cuanto a las empresas se refiere, competen en gran medida a estas dos administraciones, por eso necesitamos que usted nos
conteste qué han hecho para alcanzar el objetivo que todos deseamos, que es la implantación de empresas en nuestro país en un momento que pinta en bastos y que no está muy claro.



Cierro esta primera intervención con el tema, más complicado, de los recursos humanos. Fue creada una comisión en el año 2006 para hacer un estudio sobre las perspectivas y la situación actual de la Administración General del Estado, hasta
ahora lo único que sabemos es que está presidida por don Joan Prats Catalá, que está compuesta por once vocales y que fue constituida como un grupo de trabajo de los regulados en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997 con el objetivo de hacer un estudio
y diagnóstico sobre la situación actual y las perspectivas en la Administración General del Estado. Yo reconozco aquí hoy que nuestro grupo no tiene ni idea de lo que ha hecho esa comisión; no tenemos conocimiento de sus resultados ya que, según
parece, tenía que presentar al ministerio un informe con las propuestas derivadas de dicho trabajo.
Todo ello, sobre la base del contexto de globalización en el que se están desarrollando las nuevas sociedades y las relaciones entre el Estado y la
sociedad civil, así como los procesos de descentralización en el interior de los Estados y florecimiento de organizaciones internacionales y supranacionales, y en consecuencia con las nuevas funciones a las que se enfrenta la Administración General
del Estado. Como he dicho, poco o nada sabemos sobre los avances que hayan experimentado los trabajos en esa comisión, solo conocemos tres reflexiones elaboradas por estos vocales y publicadas en la página web sobre los procesos de reforma de las
administraciones públicas. Esto es bastante sorprendente, viene como una noticia en esta página, que nos remite al Plan de publicidad y comunicación institucional para 2007 y al Informe sobre valoración de delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, también de 2007; es una recopilación incompleta, y en la mayoría de los casos desfasada, sobre legislación, que se publica en esa página web del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Visto esto, desconocemos si alguno de los
trabajos elaborados por esta comisión tiene algo que ver con los recursos humanos, que es la cuestión que nos ocupa y para la que fue creada.
Reconociendo una vez más nuestra decepción por la actitud que su ministerio está manteniendo en estos
aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos, esta decepción está pasando a convertirse en una gran preocupación. Y no solamente por esta apatía de la que hace gala su ministerio, sino que en múltiples asuntos relacionados con la
Función Pública, a juzgar por lo que estamos viendo en los desarrollos legislativos relacionados con la Administración General del Estado no están, y hasta ahora el único que va a estar es el que usted ha anunciado hoy aquí. Hasta el día de hoy se
han limitado a dar unas instrucciones, que datan del mes de abril de 2007. Me gusta que retomen el tema, se lo digo de verdad, señora Del Palacio, sobre la aplicación del Estatuto básico del empleado público y a insinuar que este no es el mejor
momento para desarrollar sus contenidos. Aunque nosotros no votamos ese estatuto, esto tiene que desarrollarse por los problemas que está originando tenerlo paralizado desde hace dos años.



Señora secretaria de Estado, ¿podría explicarnos cuáles son las razones tan fundamentales que tiene este ministerio por lo que, transcurridos dos años desde que fue aprobado este estatuto, no hayan presentado la Ley de la Función Pública de
la Administración General del Estado y las correspondientes normas reglamentarias para su desarrollo? ¿O acaso es como consecuencia de esta crisis que hemos aludido; o de los propios excesos contenidos en la ley, que ya dijimos en su día, y que
ahora están reconsiderando? Creo, con toda sinceridad, que, por un mínimo de respeto a esos trabajadores públicos que se ven afectados por este tema a la hora de desarrollar esta norma, deben explicar cuáles son los planes y plazos sobre los que
trabaja el ministerio para su aprobación. Hay muchos trabajadores


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preocupados por las dificultades que existen para la movilidad interadministrativa; tienen preocupación sobre el teletrabajo, sobre las prejubilaciones, la función directiva y otros aspectos más sobre los que tanto publicitaron en la
anterior legislatura, y están esperando que alguien de su ministerio retome este tema. Incluso los trabajadores laborales están insistiendo en una respuesta clara sobre la posibilidad de llevar a cabo la integración funcionarial de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda, que contempla la posibilidad de que ese personal laboral fijo que desempeña puestos clasificados como propios del personal funcionario, puedan participar en procesos selectivos de promoción interna
que se convoquen por el sistema de concurso-oposición. Un planteamiento que ya ha sido hecho ante ustedes por los representantes de la Asociación de titulados laborales superiores y los medios de la Administración General del Estado. ¿De verdad
están ustedes convencidos que con su silencio van a dar la respuesta que merecen estos colectivos? Ustedes son los causantes de esto puesto que, vuelvo a repetir, nosotros no votamos favorablemente esa ley.



Somos conscientes de que la Administración General del Estado ha experimentado una profunda transformación en el transcurso de estos años; ha habido traspaso de competencias a las comunidades autónomas, también ha habido transferencia de
empleados públicos a dichas comunidades. En definitiva, estamos hablando de una realidad organizativa y social en la que los recursos humanos, para gestionar a día de hoy las competencias del Estado, no deben ser el resultado residual del proceso
de transferencia a dichas comunidades. ¿No cree usted que los recursos humanos de la Administración General del Estado, como los de cualquier otra Administración, deban ser consecuencia de un estudio riguroso y pormenorizado que permita saber
cuántos son necesarios para gestionar las competencias propias, y que esta comisión no ha dado ninguna respuesta al respecto? ¿De verdad creen ustedes que con una reducción temporal y porcentual sobre las tasas de reposición para el año 2009, o una
reducción de vacantes, con un máximo del 8 por ciento del total de cada puesto -como se desprende del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros sobre la Oferta de Empleo Público para este año- se ajustarán las necesidades de recursos humanos en la
Administración General del Estado? ¿No consideran que es más necesario elaborar un plan que contenga un diagnóstico y un conjunto de propuestas que respondan a la realidad de este Estado descentralizado, como en varias ocasiones hemos propuesto y
estaríamos dispuestos a llevarlo adelante con ustedes?


Termino diciendo que desde nuestro grupo consideramos ineludible que sin mayor dilación se nos hagan llegar las conclusiones de esos estudios iniciados en el año 2006. Se lo pido porque no sabemos qué es lo que ha hecho realmente esta
comisión. Creo que es una petición razonable, porque los grupos parlamentarios tenemos derecho a saber qué es lo que ha hecho.
Después de tres años, supongo que habrá hecho algo, y además supongo que le habrá costado dinero al erario público.
¿Para qué ha servido este grupo de trabajo?


Sinceramente, espero su respuesta, pero todo es mejorable. Yo espero que a lo largo de esta legislatura su ministerio dé pruebas de que realmente está en la línea que le marca la sociedad y los tiempos actuales. No puede estar durante un
año en stand-by, es como si no existiera. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero no tienen ustedes trabajo legislativo en esta Cámara, no presentan absolutamente nada que pueda mejorar el tema de las administraciones en su conjunto. Espero su respuesta
y le agradezco que hoy esté aquí para hablarnos de estos temas.



El señor PRESIDENTE: Durante un tiempo de esta Comisión nos ha acompañado el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, pero ahora no está presente en la sala, por tanto, damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el
diputado Alfredo Arola.



El señor AROLA BLANQUET: Bienvenida, señora secretaria de Estado. Voy a empezar por una frase que dijo alguien al que creo que conocemos todos. Y yo que pienso que no estamos tan mal (Rumores.-La señora Sánchez García: ¡Qué bien!) Creo
que puede haber un error de concepto, pero ni siquiera afirmo que lo haya. A veces, cuando uno lleva un tiempo en esta casa, o cuando lo llevemos, tenemos la sensación que hay logorrea legislativa; es decir, cada tres jueves del año durante siete
u ocho meses se aprueba algún número de leyes. Ello tiene que llevarnos, a continuación, a un futuro de aplicación, desarrollo, etcétera, de esas leyes. Pasa como con la ventanilla única, que decía el señor Nasarre que llevaba oyendo hablar de
ella desde que llevaba pantalón corto. Pues se nos van alargando los pantalones y lo que tenemos que pensar, cinco meses después de su comparecencia, es si estamos mejor o peor de lo que estábamos y si se van o no se van cumpliendo los proyectos y
enunciados que se hicieron en ese momento. Yo tengo la sensación de que sí se ha avanzado. No vamos a descubrir nosotros ahora la existencia de las comunidades autónomas, no vamos a descubrir la importante descentralización y no vamos a descubrir
la necesidad de la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y ayuntamientos a la hora de conseguir un objetivo sencillo, que es facilitar la vida a los ciudadanos y ciudadanas de este país, estableciendo
cosas de las que usted nos ha hablado en el pasado y que hoy se intuían, como por ejemplo que la Administración no le pida al ciudadano aquellos datos que ya tiene del mismo, que creo que es uno de los elementos por los que está caminando la
Administración en esta legislatura.



Yo querría poner en valor algunas de las consecuencias de los hechos que usted ha citado. Me parece que con la Administración electrónica y con la reducción de cargas administrativas -usted hablará después de las consecuencias de la oferta
de empleo y de los estudios que se han hecho- se han producido una serie de hechos que son avances. Se está facilitando la vida de los ciudadanos y la de las empresas, su desarrollo y su creación, con la reducción de cargas administrativas. Se ha
producido la cooperación


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con otras administraciones, ha sido un elemento que ha estado en todo su discurso a lo largo de los distintos enunciados que usted ha hecho, no solo con las comunidades autónomas, también con la Federación Española de Municipios y
Provincias, que algunos creemos que es quien representa al conjunto y con quien hay que realizar los convenios para no caer en el individualismo. Creo que de lo que usted ha hablado a lo largo de su intervención se extrae que se están aplicando
técnicas modernas de evaluación interna y externa; que se están aplicando conceptos de calidad a la hora de la realización cotidiana y diaria de la Función Pública, sea o no legislativa; que se han dado pasos muy importantes en lo de la sociedad
telemática, por ejemplo, que el Fondo Estatal de Inversión Local se haya podido realizar a través de la red telemática; que en estos momentos su ministerio es un impulsor importante de la gestión del conocimiento, y eso también se puede medir, pero
no es materia habitualmente de una ley; que, ante una sociedad cambiante, estamos ante una Administración que intenta cambiar al ritmo y a las exigencias nuevas que plantea esa realidad; y que, por supuesto, ante una nueva realidad, hay que
cambiar de ideas y de prioridades porque cuando la realidad cambia hay que plantearse cambiar al ritmo de los tiempos y adecuarse al tiempo que nos toca vivir para preparar mejor el futuro al que vamos a llegar.



Usted ha hablado de la importancia de la trasposición de la Directiva de Servicios y de la cadena legislativa; ha hablado de una ley paraguas y de una ley ómnibus, por tanto, ha hablado de dos. Ha comentado también que esta reducción de
cargas administrativas, con esta interpretación de las TIC -tecnologías de la información y la comunicación- está modulando una nueva relación entre la sociedad y la Administración, entre las administraciones, las que existen en este país, y conozco
los ejemplos que usted ha puesto. Ha hecho usted un enunciado sobre las posibles modificaciones de la Ley 30/1992. Ha dicho, en referencia a la primera parte, que cambiar la estructura de la ley supone poner como objetivo principal y sujeto de
derecho al ciudadano. Por tanto, no es una Administración que se mira el ombligo, sino que mira por las necesidades del ciudadano e intenta conseguir, no solo que sea protagonista, sino que las relaciones sean de confianza, que sea efectivo el
derecho a la información pública, la actuación responsable de las administraciones, las reducciones previas de intervenciones. A veces parece que no haya una decisión política detrás de un cambio de sistema de la Administración; pues no, hay una
decisión política y necesita de un impulso político.
Todos los que hemos estado relacionados de una u otra manera con la gestión pública lo conocemos bien.



Haciendo un poco de memoria, creo recordar que estamos celebrando el bicentenario del nacimiento de Mariano José de Larra, al que llamaban el pobrecito hablador. Voy a ir acabando para que no me denominen así, pero creo que estamos
dibujando una sociedad en la que vamos a enterrar el vuelva usted mañana. Ojalá consigamos ese objetivo.



El señor PRESIDENTE: Para el turno de respuesta tiene la palabra la Secretaría de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Con la cita traída a colación de Mariano José de Larra, en esta coyuntura, no me puedo reprimir, por aquello de que uno de sus vástagos inventó la estafa
piramidal tan en boga en estos días, hacer esta mención por ser el precursor de Madoff y otros sujetos por el estilo.



En primer lugar, responderé a la portavoz del Partido Popular. Discrepo radicalmente del concepto que ha expresado usted de la política. Yo no establezco la ecuación entre política y actividad legislativa. Además, no establezco la
ecuación de que las nuevas tecnologías son cosa de los técnicos, porque si hago esto mal nos va a ir. Las nuevas tecnologías no son un instrumento políticamente neutro, son un instrumento cargado de futuro, de progreso y de política de la buena, de
la que de verdad incide en la vida de ciudadanos y empresas mejorándola y facilitándola, y a esa política, señora portavoz, es a la que creo que merece la pena dedicarse; a la política que cambia la vida de la gente, la vida de nuestros
conciudadanos, y sinceramente creo que pocas cosas transforman más la vida de los ciudadanos y la vida de las empresas que un despliegue intenso, extenso y masivo de nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración Pública. Por eso, no puedo
por menos que estar en desacuerdo con esa formulación tan apriorística. Consideramos que hacer política no es solo legislar, sino que hacer política es ubicarse en el contexto social y económico de una coyuntura concreta, que es justamente donde
estamos y donde nos hemos ubicado, y esta ubicación nos exige y nos impulsa a revisar nuestras prioridades, porque, si no lo hubiéramos hecho, usted habría hecho muy bien en echarme hoy en cara no haber revisado las prioridades del programa que se
presentó en la primavera del año 2008, después de lo que ha caído en los meses sucesivos. Naturalmente que hemos revisado esas prioridades, porque no haberlo hecho habría sido directamente irresponsable, por ello, hemos puesto el foco de nuestra
actividad en los proyectos que creemos tienen un impacto más inmediato, más directo y más positivo en la actividad de nuestro sistema económico que, en consecuencia, contribuirán de manera más decidida a recuperar la senda del crecimiento económico.
Estos proyectos son los tres a los que me he referido: la implantación y desarrollo de la Ley de Administración Electrónica; el proyecto de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación y la trasposición de la Directiva de
Servicios, con el impacto que eso tiene para la actividad de las administraciones públicas.
Usted, en un momento determinado, me ha preguntado cómo se imbrican estos tres proyectos, qué conexiones tienen unos con otros. Seguramente no lo he
expuesto con la claridad que debía e intentaré hacerlo con mayor detenimiento y minuciosidad.



La Ley 11/2007 obliga a las administraciones públicas a tener todos los procedimientos, procesos y servicios


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dispuestos o accesibles en línea antes del 31 de diciembre de 2009. Para hacer esto hay que revisar toda la legislación, toda la normativa y todos los procedimientos, que es exactamente lo mismo que hay que hacer para reducir cargas
administrativas y para trasponer la Directiva de Servicios. Y en ese análisis de la legislación de los procesos y de los procedimientos para su automatización, para su puesta en línea, hay que eliminar aquellos trámites y procesos que son
innecesarios, están obsoletos y son reiterativos. Tengo que decirle que, por ejemplo, en enero, el repertorio de procedimientos del que dispone la Administración General del Estado tenía prácticamente 2.500, y hoy tiene algo más de 2.300, y eso es
una buena noticia porque se han eliminado 120, lo que quiere decir que se está facilitando la vida a ciudadanos y empresas. Y esto, insisto, es político, porque cuando tiene un impacto muy fuerte, un impacto macro, en la cultura de una organización
-como es el caso-, estamos haciendo política. Y la conexión entre la Directiva de Servicios, el programa de reducción de cargas y la Administración electrónica es evidente, porque la Directiva de Servicios reduce a sus límites mínimos las
intervenciones administrativas previas que condicionan el ejercicio de la actividad de servicios por parte de empresas y ciudadanos; con esta eliminación se están eliminando cargas administrativas y, además, prevé que toda la información y todos
los trámites sean accesibles on-line, no solo para los nacionales de un determinado país, sino para los nacionales de todos los Estados miembros. En consecuencia, con esa integración de información, de procedimientos y de servicios, se está
incidiendo en la Administración electrónica y en el programa de reducción de cargas administrativas. Por eso están los tres directamente implicados e imbricados.



Refiriéndose más concretamente al programa de cargas administrativas, dice que no hemos implicado a las comunidades autónomas o hemos implicado solo a una. Creo haber dicho en mi intervención que se ha constituido un grupo de trabajo con
las comunidades autónomas, cuya primera sesión yo presidí y a la que acudieron secretarios generales y directores generales de las consejerías implicadas. Es decir, no hemos implicado a una, hemos implicados a las 17 y a las ciudades de Ceuta y
Melilla, y naturalmente, a los municipios. La selección de municipios en la firma del convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias se realizó a propuesta de la misma y, se escogieron de distinto tamaño y ubicación precisamente
para que el escenario fuera el más amplio posible; no se incluyó ninguna gran ciudad porque se estima que las grandes ciudades serán objeto de un tratamiento singular y porque, además, las grandes ciudades tienen recursos organizativos materiales y
humanos suficientes, cosa que los municipios de tamaño reducido seguramente no tienen, y además porque es más fácil establecer experiencias piloto en municipios de tamaño más reducido que en grandes municipios.



Usted, en otro momento de su intervención, ha hablado del desarrollo del estatuto básico vinculándolo a la planificación de recursos humanos y al diagnóstico de esa planificación. Tenemos un encargo de esta Comisión de realizar un estudio
específico de diagnóstico, que estará preparado en el mes de julio de este año, y en eso estamos, pero la actividad planificadora de la Administración es estructural y permanente, al menos en el ámbito de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.
El instrumento fundamental de planificación del que se dispone es la Oferta Pública de Empleo, que es un instrumento de publicación anual para cuya elaboración se tiene en cuenta la proyección de los últimos años en lo que a
empleo público se refiere, la proyección de reducción de efectivos por razones de jubilación, excedencias, renuncias, etcétera, y como la de un año concreto puede darnos un resultado incoherente con los años anteriores, por eso se considera el
último trienio, es decir, las ofertas públicas anuales son un capítulo de una planificación plurianual.
Naturalmente, la planificación plurianual está sometida a los vaivenes de una coyuntura concreta, y en la elaboración de la Oferta Pública de
Empleo para este año -como no puede ser de otra manera- se ha tenido en consideración la coyuntura económica y se ha tenido como horizonte, por una parte, la restricción del gasto público al que tenemos que estar sometidos y, por otra parte, el
mantenimiento de los servicios básicos que los ciudadanos demandan. Para fijar la tasa de reposición de efectivos en un 30 por ciento se han tenido en consideración, como es lógico, las ofertas realizadas en los últimos años durante la anterior
legislatura, y durante ese tiempo, las ofertas públicas de empleo contemplaron incrementos sustantivos en la oferta de puestos para, por ejemplo, la Administración General del Estado. Si comparamos la legislatura 2000-2004 con la 2005-2008 vemos
que el número de plazas ofertadas ha pasado de 15.630 a 28.508, con un incremento del 82 por ciento. En el capítulo de entes públicos se ha experimentado un incremento del 53 por ciento, y en el capítulo de personal al servicio de la Administración
de Justicia de más de un cien por cien, pasando de 9.181 en la legislatura 2000-2004 a 18.811. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han pasado de una oferta en el cuatrienio anterior 2000-2004 de 29.500 a 44.474, con un incremento en torno
al 44-45 por ciento. Con estos incrementos, nos encontrábamos con unos recursos humanos más rejuvenecidos y más abundantes de lo que había en el año 2004, con lo cual teníamos margen para esta reducción, porque la coyuntura así lo exigía, y por
ello así se ha aplicado. No tenga duda que en el momento procesal oportuno remitiremos el diagnóstico a la Cámara.



Por lo que se refiere a la comisión Prats, esta comisión se crea el 11 de mayo por orden del ministro de Administraciones Públicas, y entregó su estudio a finales del año 2007. Este estudio consta de cinco partes; la primera, referida a
objetivos y metodología; la segunda, sobre el papel y la capacidad de la Administración General del


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Estado en la actualidad; la tercera, del estado del arte en la Administración General del Estado; la cuarta, de respuestas; y la quinta, de propuestas. Desarrollando un poco el contenido, tras el establecimiento de los objetivos, la
metodología y los hilos conductores del informe, en la segunda parte se repasan las últimas décadas de la historia de España y su impacto en la historia institucional y en la pequeña gran historia de la Administración General del Estado. Así, se
analiza la evolución demográfica del país, la evolución de las estructuras familiares, de la educación, de los servicios que ofrece el mercado del bienestar, del mercado de trabajo, de la integración y convergencia con Europa, de la
descentralización territorial, la revolución tecnológica, etcétera. En la tercera parte se realiza un análisis de la Administración General del Estado que incluye el estudio de sus efectivos y estructuras y una revisión de su historia reciente, y,
como dije a lo largo de mi exposición, se analiza el rol de la Administración General del Estado en una estructura de gobernanza multinivel, es decir, de un sistema político que se caracteriza por una amplia descentralización de sus competencias.
La cuarta parte del estudio presenta los distintos esfuerzos de modernización que se han realizado desde el año 1977 hasta 2007, con especial incidencia en proyectos como la Ley 11/2007. Y en la quinta y última parte se presentan las propuestas
sobre cómo la Administración General del Estado debe orientarse hacia el futuro. Estas propuestas se disponen en tres partes; la primera señala la importancia de enfatizar el carácter estratégico de la Administración General del Estado, que debe
reforzarse mediante la aplicación sistemática de la evaluación de políticas públicas y una adecuada política de directivos o de dirección pública; en la segunda se propone la creación de unidades de políticas públicas en las distintas instancias
administrativas; y en la tercera, la necesidad de mejorar los procedimientos de elaboración de las normas, haciéndolos más transparentes y racionales. El informe, en su metodología, sigue lo establecido por el Comité de Gobernanza Pública de la
OCDE, al que España pertenece, con los objetivos de mejorar los mecanismos de gobernanza multinivel, de desarrollar la Administración electrónica, de aumentar la transparencia, de establecer mecanismos de prevención de la corrupción y de tratar la
dirección de las políticas públicas. Estos son los objetivos que la OCDE trata en sus estudios y el Gobierno en su conjunto, y el Ministerio de Administraciones Públicas ha hecho suyos los contenidos de este informe. No obstante, tengo que decir
que los acontecimientos de los últimos meses, además de una profunda revisión de las prioridades del Gobierno en su conjunto y del Ministerio de Administraciones Públicas en particular, han supuesto una necesaria revisión de cualquier análisis sobre
el papel de la Administración Pública en la sociedad contemporánea.
Ahora ya no nos estamos cuestionando o interrogando acerca de cómo articular la gobernanza pública en los gobiernos multinivel, sino que nos estamos cuestionando el papel del
sector público en su conjunto en esta coyuntura de crisis y en el papel que el sector público debe jugar en la salida de la crisis y en la recuperación de la senda del crecimiento económico.



También se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular al desarrollo de la ley de conflicto de intereses, en lo que se refiere a la ética pública y al desarrollo de esta ley. Estamos trabajando en ello, como comprometió la
ministra en su comparecencia, y no me gustaría tener que decir esto pero, en cuestiones de ética pública, no saquen mucho pecho; a juzgar por lo que se lee en la prensa en las últimas semanas, no creo que estén en situación de sacar mucho pecho.



Me decía que no hemos presentado el desarrollo del estatuto básico. Tengo que decirle que estamos trabajando con las centrales sindicales en este desarrollo, aunque en las últimas semanas ha habido una cierta ralentización de los trabajos
que esperamos recuperar inmediatamente.



En lo que se refiere a la mención que ha hecho de que queríamos modificar la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado en lo que se refiere a -entre comillas- relajar la exigencia de la condición de
funcionario para ser director general, simplemente le diré que nos parece correcta la regulación actual, que nos sentimos confortados con ella y que es verdad que ha habido que rectificar en algún real decreto de estructura el contenido del mismo en
aquellos casos en los que se abría uno de estos puestos a personal no funcionario. Es verdad que se ha rectificado porque hemos acudido a la sentencia que los tribunales emitieron con ocasión de algunos puestos que el anterior Gobierno del PP abrió
a personal no funcionario. Me estoy refiriendo a algunos puestos del extinguido Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre el cual recayó una sentencia que nos ha obligado a rectificar algunos nombramientos. Respecto a las cifras, en la actual
estructura hay 43 puestos de directores generales abiertos a personal no funcionario; de ellos, 21 están ocupados por personal funcionario -estoy hablando de datos del mes de julio, que es a los que usted se ha referido-, 21 estaban ocupados por
personal funcionario y una vacante. Con esto quiero decir que creo que hemos hecho un uso razonable de esa posibilidad y simplemente se pone de manifiesto que los funcionarios públicos compiten también con ventaja cuando los puestos directivos, de
altos cargos de la Administración General del Estado, se abren a personal no funcionario.



Creo haber respondido a casi todo lo que se me ha planteado, pero con mucho gusto responderé a lo que consideren oportuno.



El señor PRESIDENTE: Abrimos un turno de réplica por parte de los diputados que han intervenido en el primer turno. Tiene la palabra la señora Sánchez.



La señora SÁNCHEZ GARCÍA: No tengo inconveniente en ceder la palabra antes de mi intervención.



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El señor PRESIDENTE: Antes hice referencia a la presencia del diputado Jané, en representación del Grupo de Convergència i Unió, de manera que toma ahora la palabra.



El señor JANÉ I GUASCH: Agradezco la deferencia de los otros grupos parlamentarios. Convergència i Unió, grupo que tengo el honor de representar como portavoz en esta Comisión de Administraciones Públicas, no había pedido la comparecencia
de la secretaria de Estado, doña Mercedes del Palacio, pero agradecemos la información que ha dado a esta Comisión y demostramos la colaboración de nuestro grupo parlamentario en lo que debería ser. Sería positivo que en esta legislatura estas
Cortes Generales tramitaran el desarrollo del Estatuto básico del empleado público, ley aprobada en la anterior legislatura y que mandata a los distintos parlamentos autonómicos a hacer su estatuto para su comunidad autónoma, pero también mandata a
estas Cortes Generales a hacer el Estatuto de la AGE. Por tanto, sería positivo que las conversaciones y negociaciones que ha iniciado el Gobierno llegaran a buen puerto. Sería oportuno que el modelo que se definió en la pasada tuviera su
culminación por lo menos en lo que a la Administración General del Estado le toca. En eso va a tener el Gobierno la colaboración de nuestro grupo parlamentario; como la tuvo al aprobar la ley vigente en la pasada legislatura. Quiero recordar una
vez más la buena predisposición negociadora que en su día tuvo el ministro Jordi Sevilla y que llegamos a un acuerdo globalmente positivo en el Estatuto básico del empleado público. Están aquí colaboradores directos de la anterior etapa de Sevilla
y quiero agradecérselo. Creo que se hizo una buena labor en aquel estatuto, pero debe ahora concretarse en cada ámbito respetándose los ámbitos competenciales que tienen las comunidades autónomas y, evidentemente, buscando el desarrollo con la
Administración General del Estado.



En su comparecencia había aspectos puntuales relativos a si se modificaría -tal y como el presidente del Gobierno había anunciado en el debate de investidura- o no la Lofage. Quiero recordar en esta Comisión de Administraciones Públicas, y
ahora ante la secretaria de Estado, que la Lofage tiene asignaturas pendientes. Si leemos la exposición de motivos de la Lofage vemos que hay un modelo de Administración única que debería cumplirse, más aun en los tiempos que corren, para evitar
duplicidades, que la administración ordinaria en un territorio pueda llegar a ser la Administración autonómica, que era el germen de la Lofage en sus inicios; sería bueno que pudiera llegar a ser así. Mi grupo parlamentario le pide al Gobierno que
cualquier reforma de la Lofage se dirija en el horizonte de intentar conseguir esa Administración única, evitando duplicidades y buscando un funcionamiento más armónico.



En cuanto a la reforma de la Ley 30, quiero poner de relieve que en estos momentos las Cortes Generales están legislando una excepción a dicha ley, veremos qué frutos da. Sabemos que el Ministerio de Administraciones Públicas ha colaborado
activamente con el de Interior y con la Dirección General de Tráfico para lo que debe ser un procedimiento sancionador en materia de Tráfico y Seguridad Vial que se va a apartar del modelo de la Ley 30, va a buscar una excepción. Veremos si
conseguimos finalmente que esta reforma llegue a buen puerto, pero sobre todo que pueda ser útil ese nuevo procedimiento administrativo sancionador. Desde Convergència i Unió pedimos la máxima colaboración del Ministerio de Administraciones
Públicas. Sabemos que la ha tenido la Dirección General de Tráfico en el proceso de elaboración del proyecto y ahora la pedimos en lo que va a ser un desarrollo no fácil, porque cada vez que se quiere salir del procedimiento global de la Ley 30 se
comprueba que no es nada fácil, pero en ocasiones entendemos que para la ciudadanía es positivo tener procedimientos más ágiles, más rápidos y que puedan cumplir esa función vehicular que todo procedimiento administrativo debe tener, que es
conseguir la resolución en tiempo y forma lo antes posible, evidentemente con las garantías del ciudadano que quiere recurrir. Quería ponerlo de relieve porque está encima de la mesa.



No me voy a poder quedar a escuchar las respuestas, las leeré en el 'Diario de Sesiones', porque los grupos minoritarios tenemos el peaje o la virtud de compartir diversas comisiones a la vez, y en mi caso esta mañana he tenido también Junta
de Portavoces y Mesa del Congreso, por lo cual le pido excusas por no poder presenciar las respuestas, y agradezco a los otros grupos parlamentarios la deferencia que han tenido al permitirme alterar este turno.



El señor PRESIDENTE: Correspondiendo a la Presidencia ordenar con flexibilidad el debate en Comisión, la secretaria de Estado ofrece la respuesta individualizada a sus consideraciones, y después procederíamos a finalizar el trámite
parlamentario de este punto ofreciendo un turno de réplica a los grupos parlamentarios que han intervenido con anterioridad.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Intentaré ser muy breve para no obstaculizar su agenda de trabajo. Muchas gracias por la oferta de colaboración, y me gustaría hacerla extensiva al
conjunto de proyectos que estamos desarrollando, no solo al EBFP. En lo que se refiere a la idea de Administración pública que incorpora la Lofage, lo cierto es que las nuevas tecnologías superan ese concepto. Sería más lógico hablar de
Administración integrada puesto que la generalización de puntos de acceso único, de ventanillas únicas, hace que los ciudadanos no tengan por qué conocer cuál es la Administración competente, sino simplemente que se pueda acceder telemáticamente a
ellas.



En lo que se refiere a la excepción que la actual Ley de Tráfico supone respecto al procedimiento sancionador general, es verdad que antes de esta ley que regula las sanciones en materia de tráfico había dos excepciones al


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proceso sancionador general, por un lado la tributaria y por otro la Inspección de Trabajo. Esta tercera excepción creemos que se justifica por el volumen de sanciones que hay en este ámbito, por la importancia económica de estas sanciones
y por el objetivo que se persigue con esta norma, que es la protección de un bien supremo por encima de cualquier otro, cual es la seguridad vial, y las consecuencias que de no existir esta seguridad vial se ocasionan para las personas y para los
bienes. De lo que no estoy tan segura, y es uno de los temas en los que estamos trabajando, es de que este modelo excepcional deba incorporarse al procedimiento general sancionador. La excepción de que las sanciones leves no puedan ser recurridas
es un tema que, con carácter general, hay que contemplar con mucho cuidado, porque la tentación de que todo sean sanciones leves es muy fuerte. ¿Tiene justificación en este procedimiento sancionador concreto? Yo tengo más que dudas razonables de
que deba extenderse a un procedimiento sancionador con carácter general, sobre todo porque la Ley reformada de procedimiento administrativo y régimen administrativo común establece un criterio de corresponsabilidad y de confianza entre
Administración y ciudadanos, de tal suerte que a la palabra de los ciudadanos en forma de comunicación o de declaración responsable se le va a dar un valor jurídico que actualmente no tiene.
Porque al final una declaración responsable de un
ciudadano tiene una especie de presunción juris tantum de legalidad, y en consecuencia hay que regular y asegurar muy bien las consecuencias que tiene defraudar esa confianza. De ahí que yo crea, aunque no me atrevo a formularlo de manera rotunda
porque es un proceso que estamos analizando en este momento, que no se deba ampliar excesivamente la excepción del proceso sancionador en materia de tráfico. Por lo demás, agradezco su colaboración y, si me permite, yo la ampliaría a los otros
proyectos que está desenvolviendo el departamento en general y en concreto la Secretaría de Estado.



El señor PRESIDENTE: Visto lo avanzado de la hora y que hay un punto 2.º en el orden del día que incluye cinco preguntas parlamentarias, reabriremos un turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios que se han pronunciado
con anterioridad y sugiero que se haga con la mayor brevedad, por espacio de tres minutos.



La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señora secretaria de Estado, sinceramente, ha querido ser usted convincente diciéndome que no es solamente trabajo de los políticos traer a esta Cámara temas legislativos, y yo tengo que discrepar. Porque
entonces, por esa regla de tres tan simple que usted ha hecho tengo que entender que durante doce meses el Ministerio de Administraciones Públicas, con todos los recursos humanos y económicos que tiene, se ha dedicado exclusivamente al tema de las
nuevas tecnologías, a modernizar la Administración y única y exclusivamente a tratar de dar visto bueno a los 31.000 expedientes, que según ha dicho usted ha ido todo a través de los sistemas electrónicos, de esos 8.000 millones de euros del Fondo
estatal para ayuda de los entes locales.
Perdóneme, todos hemos tenido responsabilidades, y si solo y exclusivamente los responsables de la Administración, sea la que fuere, se dedicara durante doce meses a esto, teniendo personal cualificado para
tener que dar el visto bueno y aprobar, algo estamos haciendo mal, porque no puede estar inmerso exclusivamente en eso. Voy a decirle algo. Llevo quince años en este Parlamento, Senado y Congreso, y la primera vez como parlamentaria que he tenido
que pedir amparo al presidente de este Congreso -y estoy segura de que usted lo desconoce- ha sido a través de unas respuestas que su ministerio ha dado a esta que les habla. Si el trabajo que tienen es tan exhaustivo y no les permite contestar en
condiciones, repito que algo se está haciendo mal. Yo pregunto en cuanto al número de altos cargos, asesores y personal no funcionario adscrito a los diferentes departamentos y ustedes me remiten en las dos a los presupuestos generales de cada año,
y a la otra al número que viene fijado por el artículo 18 del Real Decreto de 14 de abril de 2008. Ya sabemos que los presupuestos contemplan estas cifras, pero nuestro trabajo como parlamentarios es preguntar a todos los ministerios para que nos
den la contestación adecuada a fin de poder hacer, con mejor o peor fortuna, el trabajo en esta Cámara, por el que nos pagan todos los españoles. Eso es lo que tenemos que hacer, y ustedes no me han contestado. Estoy segura de que usted desconoce
este tema, no puede estar en todo, pero le pido que no me diga que un político se tiene que dedicar exclusivamente a unas tareas que puede encomendar y delegar en otras personas, que para eso están dentro del ministerio.



Usted ha comentado algo que he subrayado, y en lo que estoy de acuerdo: esta Cámara no puede tener tantas iniciativas legislativas como en la anterior legislatura, que era una barbaridad. Usted se ha referido a legislar lo justo, frente a
no legislar nada sobre lo que se promete -y cito textualmente- por un presidente de Gobierno en el discurso de investidura, donde anuncia su propósito de revisar la Ley de Gobierno, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado y la Ley que regula el régimen de Administraciones. ¿Por qué? Porque así se permite adecuar las estructuras a las realidades, y la última estará destinada a revisar los procedimientos para ofrecer a los ciudadanos una respuesta
más rápida basada en sus peticiones y reclamaciones. Por tanto, vamos a tener un término medio entre lo que usted puede decir y lo que yo en estos momentos estoy comentando. Usted se ha referido también a las comunidades autónomas en el tema de
reducción de cargas administrativas. Solamente voy a poner un ejemplo. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León -mi comunidad- están trabajando desde julio con ustedes en un texto que tienen ambos, y se ha mantenido la última reunión, no la
última que ustedes han tenido hace unos días, el 29 de enero, cuando se les ha reclamado


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a ustedes la firma de este convenio. Si no tiene cargo económico para ninguna, ¿por qué no se firma? A eso es a lo que yo me refería. Mi comunidad está desde el mes de julio intentando negociar con ustedes para firmarlo, y ustedes han
dicho que no hay nada que hacer de momento. Lo habrán firmado con otra comunidad porque tendrá alguna finalidad, no entro en eso, solo quiero que me responda por qué unas sí y otras no. (El señor vicepresidente, Román Guerrero, ocupa la
Presidencia.)


Usted ha hablado de la oferta de empleo público y ha dado unos datos.
Estando de acuerdo en que en un momento económico duro y difícil hay que sopesar el dinero que es de todos los españoles y que tiene que servir para unas prioridades, hay
prioridades en estos temas laborales, estamos totalmente de acuerdo, pero usted acaba de decir dos cosas que repruebo y que mi grupo rechaza. En el año 2008 había 10.156 plazas en la oferta de Policía Nacional y este año se reducen a más de la
mitad. A todos se nos llena la boca diciendo que la justicia necesita más medios económicos, personales y de toda índole para acabar con lo que está pasando en los diferentes juzgados de España. Pues bien, nos parece inadmisible que en estos
momentos las 6.113 plazas convocadas el año anterior para la Administración de Justicia las hayamos reducido a 2.883 plazas para este año. Se puede reducir de muchas áreas, pero en estos casos y en estos temas nosotros no estamos de acuerdo.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Señora diputada, ha duplicado el tiempo concedido.



La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Termino, gracias por su consideración, señor vicepresidente.



El grupo que me ha precedido, CiU, ha pedido que se ponga manos a la obra sobre el desarrollo del Estatuto básico del empleado público. No sé si usted lo conoce, pero ya se lo adelanto yo, que el día 15 de abril está prevista una
manifestación en toda España para exigir este desarrollo. No lo dicen los grupos políticos sino que en estos momentos los funcionarios, empleados y sindicatos quieren que esto se lleve a efecto.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Arola.



El señor AROLA BLANQUET: Simplemente quiero dar las gracias a la señora secretaria de Estado por su intervención y recordar que no solo de legislación vive el Parlamento, y hoy es un buen ejemplo, hay labor de control y de impulso a la
acción del Gobierno y también hay labor de crítica. Creo que el pulso de un gobierno no se puede tomar única y exclusivamente por la capacidad legislativa que desarrolla, entre otras cosas porque es el de la iniciativa, porque legisla este
Parlamento, que no es el negociado legislativo del Gobierno. Solo voy a plantear un aspecto. He sido ponente en alguna otra ley, por ejemplo del Estatuto marco en el Sistema Nacional de Salud, creo que vale más un buen acuerdo con las fuerzas
sindicales que correr demasiado y hacer una legislación poco pensada y en todo caso muy contestada. Por lo tanto, este grupo impulsaría el acuerdo, un buen acuerdo, y estará satisfecho cuando se alcance este acuerdo y se produzca la legislación
pertinente. Ya saben que Gracián, el de la brevedad, era aragonés.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Damos la palabra a la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Como decía Gracian que más valen quintaesencias que fárragos, voy a intentar ir a la quintaesencia y eludir los fárragos. En primer lugar responderé a la
portavoz del Partido Popular. Dice usted que se dedicó exclusivamente a las nuevas tecnologías y a modernizar la Administración. Es que es una parte muy sustantiva de lo que me cumple, y si el día que yo abandone la Secretaría de Estado para la
Administración Pública el epitafio de mi cese es que modernizaré la Administración, créame que me sentiré profundamente satisfecha, más de lo que imaginarse podría. Si de verdad ese es el epitafio es que pienso vivir muchos más años después del
cese, por eso el epitafio va con el cese. De verdad, me encantaría que ese fuera el resumen de mi actividad: modernizó la Administración. Ya me daría por contenta con que este objetivo lo cumpliera en su totalidad por encima del de inundar de
leyes este Parlamento. Me daría por muy satisfecha. En todo caso, en ningún momento he dicho que me dedique exclusivamente a las nuevas tecnologías, he dicho simplemente que yo no establezco una ecuación en virtud de la cual hacer política
equivale exclusivamente a legislar, y como es de segundo grado la ecuación, la segunda incógnita sería que las nuevas tecnologías no son políticas. Rechazo los dos componentes de la ecuación de segundo grado y vuelvo a reiterar que las nuevas
tecnologías no son neutras políticamente, es más, están cargadas de política. En segundo lugar, hacer política es legislar y muchas más cosas, en mi caso concreto hacer política es modernizar la Administración.



Respecto a la participación de las comunidades autónomas en el programa de reducción de cargas administrativas, la colaboración es intensa y particularmente con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque los responsables políticos de
esta materia son personas muy proactivas y colaboradoras, por lo que es muy fácil establecer mecanismos de colaboración.



Respecto a los datos de la oferta pública a los que se ha referido, en concreto a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los de la Administración de Justicia, la Ley de Presupuestos vigente establecía distintos porcentajes
de tasa de reposición en función de los distintos colectivos. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la tasa de reposición


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no era del 30 por ciento, sino del cien por cien, esto es, 4.352 efectivos, que por cierto es una cantidad en torno a un 25 por ciento superior a la que el Partido Popular incorporó en la oferta pública de empleo del año 2000, que eran
3.400. Insisto en una cuestión, en que este incremento de 14.839 efectivos que se verificó para el periodo 2005-2009 supone alrededor del 50 porciento de la oferta de plazas que se produjo entre los años 2000 y 2004, que estaba en torno a 25.500;
otro tanto de la Administración de Justicia, 18.800 frente a 9.100, más del cien por cien del número de plazas. Y si esas 2.883 le parecen pocas, tengo que decirle que durante la última legislatura de su gobierno el número de plazas ofertadas -y no
es que la Administración de Justicia brillara en aquel momento por su modernización, ya que parece que es un componente poco político el de la modernización de la Administración pública- osciló entre 2.184 en el año 2002 y 1.251 en el año 2004;
2.883 son menos que 6.113 del año 2008, pero, insisto, partimos de un periodo en el que se ha duplicado la oferta pública de empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia, y por cierto este personal estaba absolutamente exento
de la tasa de reposición.



No tengo más que añadir salvo dar las gracias a todos por su atención en lo que a la comparecencia se refiere.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Muchas gracias.



PREGUNTAS:


DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/000059.)


- PREVISIONES PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS TRIBUNALES QUE EVALUÁN LAS OPOSICIONES AL EMPLEO PÚBLICO. (Número de expediente 181/000060.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Pasamos al turno de preguntas, que son cinco. En el punto 4.º, sobre medidas para facilitar el acceso al empleo en las Administraciones públicas para las personas con discapacidad, cuyo autor es
Miguel Ángel Heredia Díaz, y en el punto 5.º, sobre previsiones para impulsar la presencia de personas con discapacidad en los tribunales que evalúan las oposiciones al empleo público, de la que también es autor don Miguel Ángel Heredia Díaz.



Tiene la palabra la señora Sánchez.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Estoy encantada de compartir hoy en esta Comisión este espacio con la secretaria de Estado, que ha comparecido en la Comisión de políticas integrales de la discapacidad en otras ocasiones y me consta su sensibilidad
respecto al tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración pública, y tengo que decir que para mí es fundamental la participación activa que han tenido los colectivos de personas con discapacidad en
todas las medidas que desde el ministerio se han venido adoptando para este tema.



Para mí es fundamental destacar que estamos hablando de un colectivo muy importante de personas, 3,8 millones, lo que supone un 8,5 por ciento de la población de nuestro país, de las cuales más de dos millones de individuos están en edad
laboral, y por lo tanto tenemos un reto importante para la inserción laboral, en una situación, además, como la que tenemos actualmente, de crisis particularmente compleja. Estamos hablando de un colectivo con una baja tasa de actividad, con
problemas de formación, con problemas de barreras y accesibilidad al empleo, y estamos hablando de unas dificultades de creación de empleo para las personas con discapacidad en todo el ámbito laboral. Asimismo, las dificultades que está habiendo a
veces para el cumplimiento de la cuota de reserva, en ocasiones debido a que algunas empresas incumplen esa reserva, y en otras, a las dificultades añadidas que tiene el acceso por las razones que antes he mencionado en según qué escalas, y usted lo
sabe perfectamente porque nos lo ha manifestado en alguna otra ocasión.
También hay especial dificultad en este acceso para las mujeres con discapacidad, que es una dificultad añadida, sobre todo en la demanda de empleo, que es muy baja en el
colectivo de mujeres, las tasas de actividad son bajísimas y las de paro muy elevadas. La calidad del empleo tampoco es la adecuada. Es decir, estamos hablando de muchas medidas que hay que adoptar y abordarlas desde las distintas áreas de la
Administración. Ha habido un compromiso muy serio por parte del Gobierno en la anterior legislatura en esta materia, en el ámbito de su ministerio así lo han venido poniendo de manifiesto, y yo quiero reseñar desde el punto de vista global del
empleo lo que han sido, desde mi punto de vista, dos medidas fundamentales: la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y el empleo, en la que se adoptaron una serie de medidas de bonificación para el empleo de las personas con discapacidad,
fundamentalmente en situación de contrato indefinido, y todo lo que tenía que ver con colectivos de especial vulnerabilidad dentro del sector de la discapacidad, como pueden ser las personas con mayor grado de discapacidad o el colectivo de mujeres,
especialmente discriminadas en esta materia. Se ha hecho también un esfuerzo en la compatibilización de la pensión no contributiva


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de invalidez con el empleo remunerado para las personas del sector de la discapacidad que cobran esto, y se ha trabajado en el marco de los servicios de ajuste personal y en la integración laboral en los centros de empleo protegido, como son
los Centros Especiales de Empleo. Ahora tenemos un reto, que la secretaria de Estado conocerá, como es la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, que se ha concretado hace un par de semanas en el Consejo de
Ministros con el Plan de acción para el empleo del colectivo de personas con discapacidad. Creo que ése es el hilo conductor que aborda estas políticas con un carácter global, como no puede ser de otra manera, porque los problemas de acceso al
empleo de este colectivo tienen que ver con muchos factores que inciden en este tema. Para nosotros fue muy importante la regulación que se hizo en el Real Decreto de 3 de diciembre de 2004, sobre el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y cómo quedó reflejado este tema en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. Me gustaría que la señora secretaria de Estado nos informara de temas tan importantes
como pueden ser las medidas que, en este marco legal, tiene previsto el Gobierno para favorecer el acceso al empleo en las administraciones públicas para las personas con discapacidad. Dado que el ministerio siempre ha sido muy proclive a la
participación del colectivo en todo lo que va dirigido a mejorar su situación laboral en el marco de las administraciones públicas, me gustaría saber las previsiones para impulsar la presencia de personas con discapacidad en los tribunales que
evalúan las oposiciones al empleo público.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Le damos la palabra a la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Muchas gracias por su consideración inicial de que soy persona sensible con estos temas; yo creo que lo soy o hago un esfuerzo por serlo, pero sobre todo
lo que soy es egoísta, porque yo creo que el mejor horizonte que nos espera en la vida a todos es formar parte del colectivo de personas discapacitadas. De verdad, es por sensibilidad, sin duda, pero sin duda también por egoísmo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)


Como sabe S.S., un real decreto del año 2004, de 3 de diciembre, reguló el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo del personal con discapacidad. El estatuto básico también se refiere a las personas con discapacidad,
las define por referencia a la Ley 51/2003, y además establece como criterio básico y general de aplicación a todas las administraciones públicas una reserva mínima del 5 por ciento de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad.
El propio Estatuto de empleo público refiere que cada Administración adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos, y una vez superados los mismos, las adaptaciones
a los puestos de trabajo que estas personas que padecen alguna discapacidad consigan o logren. Los últimos reales decretos de oferta pública, el del año 2008, ya elevaba a un 7 por ciento el cupo de reserva en el ámbito de la Administración General
del Estado en aquellos colectivos que cubrieran el porcentaje establecido con anterioridad, que era del 5 por ciento. Estos colectivos son básicamente los cuerpos general auxiliar y general administrativo, que, como saben, están adscritos al
Ministerio de Administraciones Públicas y son los colectivos con una mayor afluencia de personas con discapacidad. El real decreto de oferta pública para el año 2009, aprobado el 27 de febrero, establece una novedad que creemos que es importante e
histórica para las reivindicaciones de los colectivos que representan a las personas con discapacidad. En primer lugar, se generaliza la tasa de reserva al 7 por ciento, y este 7 por ciento tiene dos componente, un 5 por ciento para discapacitados
físicos y un 2 por ciento -y esta es la novedad- para discapacitados intelectuales. Además, sabe usted que la regulación vigente establece la posibilidad de que las convocatorias para las personas que sufren alguna discapacidad se produzcan
conjunta o separadamente como ocurre con el turno libre, y, además, cuando las personas con discapacidad se presentan al turno de reserva, superan los ejercicios y su nota no les permitiría entrar por el cupo de personas discapacitadas pero sí por
el de personas libres, inmediatamente acceden por el cupo de personas libres. Además, se permite la acumulación de las plazas reservadas a personas con discapacidad hasta un 10 por ciento.
Estas medidas nos han permitido, tomando como base la
oferta pública del año 2003, que el acceso por turno libre de las personas con discapacidad se incrementara desde el año 2004 y hasta el año 2007 en un 347 por ciento. Si consideráramos la oferta de empleo público que está concluyendo del año 2008,
este porcentaje se elevaría a un 386 por ciento. En el turno de promoción interna estaríamos hasta el año 2007 en un 188 por ciento y hasta el año 2008 en un 261 por ciento. No obstante, y estamos sólo razonablemente satisfechos, creemos que hay
un amplio ámbito para profundizar en estas medidas. Las nuevas medidas que estamos analizando tienen que ver sobre todo con el desarrollo de la carrera profesional de las personas con discapacidad, con el acceso a cuerpos pertenecientes a grupos
superiores -al grupo A1 y A2-, que son los grupos en los que la presencia de personas con discapacidad es inferior. Para ello, estamos en contacto con las organizaciones representativas de estos colectivos y también con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), porque tienen un colectivo importante de personas con discapacidad que en un futuro obtendrán un título superior, y sobre este colectivo queremos trabajar para que estas personas puedan tener acceso a un empleo público
más cualificado del que tienen en este momento. Es decir, nuestro trabajo va dirigido a romper el techo de cristal que en este momento


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tienen las personas con discapacidad una vez que acceden al empleo público, y a diversificar el empleo público de las personas con discapacidad, que no se concentre sólo en los cuerpos general auxiliar y general administrativo. Uno de los
obstáculos que estamos analizando y que tenemos que resolver es el hecho que en el Registro Central de Personal, por razón de la protección de los datos que afectan a la intimidad personal y a la salud, una vez que un ciudadano accede a la condición
de empleado público en este registro no se refleja su situación de persona discapacitada, y, al faltarnos la base de datos, no es fácil acometer estos proyectos que queremos realizar. Del mismo modo, éste es un obstáculo para identificar a las
personas discapacitadas que podrían estar presentes en los tribunales que juzgan las pruebas selectivas. Como sabe, la legislación garantiza que la participación en estos tribunales respete los criterios de paridad, no dice nada respecto a la
participación de personas con discapacidad, pero tiene mi compromiso de que vamos a analizar todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, para que estas personas tengan alguna representación, en el bien entendido que el Estatuto básico
del empleado público establece que los integrantes de los tribunales que juzgan los procesos selectivos lo son a título individual, esto es, no representan a ninguna central sindical ni a ningún colectivo. Ello no obsta para que veamos y analicemos
todas las posibilidades para que este criterio de paridad se extienda también a las personas que presentan algún tipo de discapacidad.



DE LOS DIPUTADOS SEÑOR MERINO LÓPEZ Y SEÑORA PASTOR JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:


- PREVISIONES ACERCA DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 181/000462.)


- CONTROL REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES QUE CONVOCAN LOS DISTINTOS MINISTERIOS. (Número de expediente 181/000468.)


- CONTROL REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA QUE LOS MINISTERIOS EN SUS CONVOCATORIAS DE PLAZAS MANTENGAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD. (Número de expediente 181/000469.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el turno de preguntas, concretamente las formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. La 6.ª, sobre previsiones acerca de la creación de la Agencia Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, cuyos autores son los diputados del Grupo Popular don Rafael Merino y doña Ana María Pastor; la 7.ª, sobre el control realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre contenido y requisitos de las oposiciones que convocan los
distintos ministerios; y la 8.ª, sobre el control realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas para que los ministerios en sus convocatorias de plazas mantengan los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la misma autoría, los
diputados don Rafael Merino y doña Ana María Pastor. Formulará la pregunta numerada con el número 6 y después agrupará la 7 y la 8. Tiene la palabra el señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Voy a formular la pregunta con mucha brevedad para que se dé una respuesta muy concisa y directa por parte de la secretaria de Estado. Se está oyendo hablar y hay peticiones sobre la creación de la Agencia Estatal de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que queremos saber es si por parte del Gobierno hay esa voluntad. En segundo lugar, que para mí es lo importante, nosotros entendemos que la Inspección de Trabajo debe ser un cuerpo para toda España,
hay distintas propuestas y planteamientos de algunas comunidades autónomas para crear y tener su propio cuerpo de Inspección de Trabajo y nosotros queremos saber si el Gobierno está en ese planteamiento de que las comunidades autónomas tengan su
propia Inspección de Trabajo o está en la línea de mantener el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo para toda España y dependiendo de la Administración General del Estado. Por completar la pregunta, me gustaría saber si se va a mantener el
sistema de oposición para la incorporación al Cuerpo de Inspección de Trabajo o se están estableciendo otros sistemas de acceso a dicho cuerpo.



El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Agradezco al portavoz, don Rafael Merino, las preguntas que me ha realizado. En primer lugar, respecto a la Agencia Estatal de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, como sabe, la Ley de Presupuestos, aprobada en la Cámara para el año 2009, establecía un máximo de cinco agencias cuyos estatutos se iban a aprobar a lo largo de este año 2009. Actualmente estamos trabajando sobre tres y en éstas
no se incluye la Agencia Estatal de la Inspección de Trabajo, por el momento, porque como sabe es un colectivo que está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y es este ministerio el que tiene que tener la iniciativa en la propuesta de
creación de la agencia. En cuanto al carácter estatal o autonómico del colectivo, hay una comisión de coordinación con las comunidades autónomas en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo, en


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la que están tratando los procesos de selección y formación de este personal. Creemos que este personal debe seguir teniendo la condición de funcionario público y de personal estatal. Por lo que se refiere a los procesos de selección para
este personal, la legislación es muy clara, el procedimiento general es el de oposición, el procedimiento más excepcional es el de concurso oposición y el más excepcional todavía es el de concurso, cuya aplicación ha de preverse por ley específica.
Desde luego, creemos que el sistema de oposición funciona razonablemente bien y no hay por qué proceder a su sustitución, proceso de oposición que muy posiblemente, si los proyectos concluyen satisfactoriamente, será completado con un periodo de
formación en una escuela específica creada ad hoc y cuyo proyecto se está tramitando.



Respecto al proceso de control por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, y más concretamente de la Dirección General de Función Pública, efectivamente se vigila
que todas las convocatorias de acceso contenidas en la oferta pública de empleo, exceptuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, digamos los colectivos específicos, y Fuerzas Armadas, tengan que ser informadas por la dirección general,
informe que es preceptivo y vinculante. En este informe se vigila que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y el desarrollo que de estos principios hace el Estatuto básico y las normas reglamentarias que resulten de
aplicación, se respeten. Pero, más allá del informe preceptivo y vinculante, la propia norma que regula el procedimiento de selección y de provisión de puestos de trabajo es extraordinariamente rigurosa y establece una serie de criterios que
garantizan la objetividad, la igualdad y el mérito. (El señor vicepresidente, Román Guerrero, ocupa la Presidencia.) Estos criterios son, entre otros, que el tribunal tiene soberanía; que no depende de ningún órgano administrativo; que el órgano
que juzga, que en este caso es el tribunal, es distinto del órgano que convoca y distinto del órgano que informa las convocatorias, porque las convocatorias las realiza cada ministerio para los colectivos que tiene adscritos, y es el Ministerio de
Administraciones Públicas el que informa la totalidad de las convocatorias. Además, se proscribe lo que sería la cooptación, esto es, que el número de integrantes del tribunal perteneciente al colectivo cuyo acceso se evalúa, siempre tiene que ser
minoritario respecto al conjunto de integrantes. Asimismo, los procedimientos de selección son públicos en el sentido de que se convocan con publicidad y son públicos en su realización, cuando la tipología del proceso lo permite, esto es, los
procesos que tienen un número de aspirantes que posibiliten que los exámenes se juzguen públicamente y que los aspirantes sean interrogados públicamente. En aquellos procesos que por su carácter masivo este hecho público de la prueba no puede
verificarse individualmente con cada candidato, por ejemplo, los procesos mediante los cuales se selecciona el cuerpo general auxiliar o el cuerpo general administrativo, son procesos anónimos en el sentido que no se identifica nunca a la persona
que ha realizado el ejercicio y, además, la corrección de las pruebas se realiza por procedimientos telemáticos. Esto es así desde hace muchos años; el reglamento de provisión vigente es del año 1995, pero buena parte de estos principios ya
dimanan de la Ley 30/1984. Creo que en el ámbito de la Administración General del Estado no se discute la limpieza de los procesos, como además lo demuestra el hecho de los recursos que se producen, que son muy pocos y normalmente sobre las
convocatorias; por ejemplo, en las convocatorias de promoción interna, si se pueden valorar más o menos unos méritos. Hay personas que estiman que sus méritos se valoran poco y lo recurren, normalmente con resultado poco exitoso. Pero yo no
recuerdo en la Administración General del Estado ningún recurso al resultado de un proceso selectivo, lo habrá, no lo dudo, pero yo no lo he encontrado en nuestros archivo. Yo creo que esto es un síntoma de que los procesos son objetivos,
igualitarios y se desarrollan con limpieza.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Agradezco a la secretaria de Estado que se haya adelantado y me haya contestado a las dos últimas preguntas antes de mi intervención. Al hilo de la respuesta que usted ha dado, que era lo que yo quería saber en esta
pregunta, usted dice que todas las plazas están visadas por el Ministerio de Administraciones Públicas.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): No las plazas, las convocatorias.



El señor MERINO LÓPEZ: Sí, las convocatorias, efectivamente, que es lo que me importa. Eso me preocupa mucho más, o sea, si estaba preocupado antes ahora lo estoy enormemente. Señora secretaria de Estado, le voy a pedir formalmente el
informe de la Dirección General de la Función Pública emitido favorablemente para la plaza de mayordomo para el ministro de Asuntos Exteriores. Con la que está cayendo en este país, que el Ministerio de Administraciones Públicas dé el visto bueno a
que se saque una plaza de mayordomo para el Ministerio de Asuntos Exteriores me parece una falta de respeto a los cuatro millones de parado que hay en este país, pero quiero conocer los argumentos del Ministerio de Administraciones Públicas que
justifican el que salga esta plaza. Creo que sería mucho más productivo, ya que ustedes han bajado un 51 por ciento las plazas de Policía Nacional o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hubieran dedicado ese dinero a una plaza de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a una plaza de Administración de Justicia, que han reducido en un 53 por ciento en esta oferta pública de empleo del año 2009.



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Pero claro, no entendemos que el Gobierno de España se gaste el dinero en un mayordomo para el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el visto bueno del Ministerio de Administraciones Públicas, que debe velar por que nuestra Administración,
además de ser moderna, electrónica y todo lo que queramos, sea eficaz y necesaria. Por lo tanto, le pediré formalmente el informe.



También me preocupa y por eso le voy a enviar -y me gustaría que usted estuviera al tanto de ese documento que le voy a remitir- una convocatoria de plazas donde yo creo que se está incumpliendo el artículo 14 de la Constitución Española.
(Rumores.) Sí, sí, el de discriminación por razón de edad. Me preocupa muchísimo, y le pediré también, que supongo que habrá, un informe de la Dirección General de la Función Pública, el que el Ministerio de Administraciones Públicas dé el visto
bueno a esa convocatoria de plazas. Ya se la haré llegar, señora secretaria de Estado. Me preocupa mucho, porque si usted lleva toda la mañana con el argumento...



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Señor Merino, las preguntas son las que constan en el orden del día. Lo digo para que también la secretaria de Estado sepa que tiene que contestar a las preguntas que constan en el orden del día.



El señor MERINO LÓPEZ: No, si ya me ha contestado la señora secretaria de Estado.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Pero usted tiene derecho a hablar porque tenía dos preguntas unificadas; tiene la palabra pero para las preguntas que constan en el orden del día.



El señor MERINO LÓPEZ: Señor vicepresidente, no le voy a permitir que usted me diga a mí, como parlamentario, lo que tengo que decir y le ruego que se lea usted bien las preguntas, porque las preguntas hablan de contenido y requisitos de
las convocatorias, y yo estoy hablando aquí de convocatorias y de contenidos de los requisitos y en algún caso de incumplimiento de la Constitución española por parte del Gobierno socialista, en mi humilde opinión jurídica, evidentemente. Seguro
que hay juristas de mucho más prestigio que a lo mejor me dicen que no llevo razón. Por lo tanto, yo le ruego, señor presidente, que usted se limite a su función y no me diga lo que tengo que decir, porque estoy hablando, precisamente, del
contenido de las preguntas. Comprendo que haya cosas que a ustedes les duelan, pero si ustedes contratan un mayordomo, es su problema, y el de todos lo españoles, no el mío, queremos una explicación porque se trata de una convocatoria de una plaza
de un Ministerio de Asuntos Exteriores de este país. Por lo tanto, señora secretaria de Estado, yo le voy a pedir esos dos informes de la Dirección General de la Función Pública y, a partir de ahora, y ante la respuesta que usted me ha dado de que
ustedes vigilan todas las convocatorias de plazas, le anuncio que vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo de todas las convocatorias de plazas porque nos han provocado una gran preocupación. Y lo que más me preocupa es que usted, señora
secretaria de Estado, lleva toda la mañana justificando el que no es importante legislar sino que es muy importante también la tarea administrativa que ustedes están haciendo en el ministerio y, claro, a raíz de toda esa justificación de su labor
administrativa y no legislativa, que estemos viendo casos como los que le estoy comentando y que le haré llegar formalmente a través de esta Cámara, la preocupación es enorme, porque ni están legislando y encima me da la impresión que el trabajo que
ustedes están haciendo deja bastante que desear en el ámbito administrativo, aunque haya algún ilustre colega del Grupo Socialista que diga que esto está de maravilla y que todo va fenomenal.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Con independencia de que me formule o envíe el documento, me permito anticiparle algún dato sobre las dos cuestiones que ha planteado.
En lo que se refiere
al mayordomo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como usted sabe, este ministerio tiene una profunda tradición y raigambre en la historia de las instituciones españolas y, además, es un ministerio que se está modernizando, pero que también hace
gala de conservar y preservar esta tradición. Esta tradición le lleva también a la semántica, y la denominación de mayordomo es una denominación con raigambre en el ministerio. Piénsese que todas las embajadas tienen un mayordomo en su plantilla y
el ministerio también lo tiene. Es un puesto de trabajo con contenido fundamentalmente protocolario; no obstante, si formula la pregunta y solicita el informe, por supuesto que se le facilitará.



En lo que se refiere a la grave vulneración del artículo 14 de la Constitución española, me gustaría que me hiciera llegar el documento, porque no me puedo pronunciar sin saber a qué se refiere. Sí le puedo decir que con carácter general
nuestra legislación, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, no discrimina a los ciudadanos que quieren acceder al empleo público por razón de su edad ni por ninguna otra razón. Ítem más, se adoptan medidas de acción positiva para
que las eventuales situaciones discriminatorias se corrijan. Quiero concluir afirmando y reafirmando que los procesos selectivos de personal en el ámbito de la Administración General del Estado, que es el de mi responsabilidad, se verifican con
absoluto respeto a los principios contenidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, con absoluto respeto, insisto, y la mejor prueba es la escasísima ligitiosidad que se produce en este ámbito, que además le puedo decir que está
sometido a un control sindical extremo y a un control interno de los propios


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empleados públicos muy exhaustivo, porque siguen con gran minuciosidad las convocatorias que periódicamente se producen y que afectan a su propio colectivo, por eso, no puedo sino ratificar otra vez que en la Administración General del
Estado se cumplen escrupulosamente los principios que la Constitución declara y proclama y que afectan al empleo público. Seguramente no es predicable de todas las administraciones públicas, porque en otros ámbitos ha habido más ligitiosidad e
incluso anulación de los resultados de las propias pruebas, pero afortunadamente no ha sucedido en el ámbito de la Administración General del Estado. Me estoy refiriendo a los tristemente famosos procesos que se desenvolvieron años ha en la
Diputación Provincial de Orense. Insisto, en la Administración General del Estado se respetan escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad y su desarrollo en las leyes de aplicación a estas materias.



El señor VICEPRESIDENTE (Román Guerrero): Señoras diputadas, señores diputados, habiendo sido agotado el orden del día se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta minutos de la tarde.