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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 223, de 17/03/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 223
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 13 celebrada el martes 17 de marzo de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé), para:
- Tratar de las prioridades de la Presidencia española en el Consejo de Europa. A petición propia. (Número de expediente 214/000050.) ... (Página 2)
- Tratar de la situación en el Sáhara Occidental. A petición propia.
(Número de expediente 214/000069.) ... (Página 11)
- Informar sobre la posición expresada por el Gobierno español en la reunión celebrada el 16/12/2008 en Madrid con el primer ministro marroquí, de apoyo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. A petición del Grupo
Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expedien- te 213/000232.)... (Página 11)
- Explicar la postura y las gestiones del Estado español en relación con la situación actual del Sáhara, habida cuenta de las declaraciones del presidente del Gobierno a este respecto el mes de diciembre de 2008. A petición del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000268.) ... (Página 11)
- Informar sobre las declaraciones públicas del presidente del Gobierno en relación al conflicto del Sáhara Occidental tras la reunión mantenida de alto nivel con el primer ministro del Reino de Marruecos el 16 de diciembre de 2008. A
petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000285.) ... (Página 12)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (MORATINOS CUYAUBÉ) PARA:
- TRATAR DE LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA EN EL CONSEJO DE EUROPA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000050.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión.
Para sustanciar el punto primero del orden del día, comparecencia a petición propia del ministro de Asuntos Exteriores para tratar de las prioridades de la Presidencia española en el Consejo de Europa, tiene la palabra el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señorías, es para mí una satisfacción comparecer hoy en esta Comisión para informarles sobre la Presidencia española del Consejo de Europa que nuestro país
ostentará hasta mayo de 2009, de este año. En noviembre pasado España asumió la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es la máxima instancia decisoria y uno de sus órganos fundamentales, junto con la Asamblea Parlamentaria,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Congreso de Poderes Locales y Regionales. Inicié mis funciones como presidente del Comité de Ministros y presenté las prioridades de la Presidencia española el pasado día 27 de noviembre, en una
ceremonia en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo. El anterior presidente, el ministro de Asuntos Exteriores sueco, realizó un repaso de sus seis meses de Presidencia, y yo tuve la oportunidad de presentar las prioridades y los ejes
básicos de la nuestra. También he tenido la ocasión de dirigirme dos veces a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la primera en la reunión que su Comisión permanente tuvo en Madrid, en el Palacio del Senado, al día siguiente, el 28 de
noviembre, y la segunda en el Pleno de la Asamblea durante su sesión de invierno en Estrasburgo, el pasado 27 de enero.
Como bien saben, ya a lo largo del pasado año 2007 nuestro país ejerció la Presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, y durante el primer semestre de 2010 asumiremos la Presidencia de la Unión Europea.
Todo ello supone, señorías, que en el breve periodo de tres años y medio nuestro país tendrá la responsabilidad de dirigir el rumbo de tres organizaciones internacionales europeas de especial importancia para nuestro continente. Se da además la
circunstancia de que la Presidencia española del Consejo de Europa coincide con dos señalados aniversarios en esa organización: el 60.º aniversario de la creación del propio Consejo de Europa en mayo de 2009, y el cincuentenario de su institución
más emblemática, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en abril del mismo año 2009.
Señorías, durante estos meses de su Presidencia España guía los trabajos del Consejo de Europa, dándoles el impulso político propio de toda Presidencia y asegurando el eficaz desempeño de las actividades de todos sus órganos e instituciones.
El fomento del diálogo con todos y entre los 47 Estados miembros del Consejo constituye un instrumento esencial en el modo de hacer de la Presidencia española. Desde el punto de vista geográfico, teniendo en cuenta la relevancia de los
acontecimientos que allí se han producido, la Presidencia española ha prestado especial atención al seguimiento de la situación en el Cáucaso, con el objetivo de asegurar la acción del Consejo de Europa para recordar los valores que deben unir a los
Estados participantes y parar a tiempo la situación humanitaria creada por el conflicto de Georgia. Ese ha sido el mensaje que como presidente del Comité de Ministros he transmitido a mi homólogo georgiano, cuando visitó el mes pasado Madrid, y al
ministro Lavrov en los encuentros que he mantenido con él en Moscú y en Madrid. El pasado 6 de febrero la
Presidencia española solicitó un informe completo al secretariado general del Consejo sobre todas las actividades que nuestra organización había realizado hasta el momento. Dicho informe va a ser la base de conjunto de medidas concretas,
específicas, que el Comité de Ministros del Consejo va a impulsar en relación con Georgia. En este contexto, la Presidencia española ha apoyado las iniciativas y acción del comisario de Derechos Humanos del Consejo, Thomas Hammaarborg, quien ha
viajado cuatro veces a la zona y a quien recibí en Madrid justo antes de iniciar nuestra Presidencia en noviembre pasado para coordinar nuestros esfuerzos.
La Presidencia española ha seguido también con muy especial atención las relaciones entre el Consejo de Europa y Bielorrusia. Desde el principio nuestra intención ha sido impulsar, siempre que las circunstancias lo permitan, el proceso de
acercamiento de Bielorrusia al Consejo de Europa.
Desde el pasado año el Consejo de Europa ha venido considerando que la apertura de un centro de información del Consejo de Europa en Minsk era un gesto necesario por parte de las autoridades
bielorrusas para que este proceso de acercamiento al que me he referido pueda continuar. Pienso viajar a Minsk para seguir fomentando el acercamiento de este país al Consejo de Europa. En ese sentido el pasado día 10 el representante permanente de
Bielorrusia en el Consejo de Europa informó a nuestra embajadora del acuerdo del Gobierno de Bielorrusia, adoptado el día 3 de marzo, que permite la apertura de dicho centro. En estas circunstancias, a fin de consolidar dicha presencia, tengo
intención, como he señalado, de realizar un viaje a Bielorrusia en las próximas semanas.
Como ustedes saben, la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia fueron y son el fundamento del Consejo de Europa, lo que lo identifica y distingue de manera esencial frente a otras organizaciones
internacionales. Este es también para la Presidencia española un campo de especial interés. España ha asumido la Presidencia en un momento en que nuestro país se distingue por haber realizado trascendentales avances en muchas de estas cuestiones,
y por eso es también nuestra intención dar la mayor difusión posible a este progreso.
De hecho, en algunos casos, como en el de la igualdad de género, la experiencia española es una referencia en el Consejo de Europa.
Señorías, como es tradicional, cada país que asume la Presidencia del Comité de Ministros selecciona determinados temas de actividad de la organización, a los que dará tratamiento prioritario durante su gestión.
España tiene un interés
prioritario en sectores tales como la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, la lucha contra el terrorismo, la promoción del diálogo intercultural, la igualdad de género, las migraciones y el reforzamiento de las
relaciones del Consejo de Europa con otras organizaciones internacionales. Además de prestar atención a estas áreas, desde el inicio de nuestra Presidencia he manifestado nuestro deseo de potenciar la importante dimensión parlamentaria del Consejo
de Europa y el diálogo fluido y enriquecedor entre ambas instituciones del Consejo de Europa. De hecho, estamos estudiando mecanismos para canalizar estas ideas. La promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia
constituyen, como he dicho, los tres objetivos fundamentales originales del Consejo de Europa. A pesar de las nuevas tareas y mandatos que los países miembros han ido encomendando a la organización, estos tres objetivos básicos siguen constituyendo
la esencia del Consejo de Europa. En este ámbito, hay dos cuestiones de especial interés para nosotros, el aumento de la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la lucha por la abolición de la pena de muerte. La Convención y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituyen el eje central para el sistema de protección de los derechos humanos establecido por el Consejo de Europa. El tribunal es una de las instituciones más conocidas y valoradas por los ciudadanos
europeos. Precisamente su propio éxito está dificultando su viabilidad, ya que el número de demandas recibidas se ha cuadruplicado en los últimos diez años, poniendo al tribunal en una situación muy difícil. Entre las diversas medidas de reforma y
mejora de su funcionamiento que se han propuesto en los últimos años destacan el conocido Protocolo número 14 a la Convención Europea de Derechos Humanos, que pretende dinamizar el funcionamiento del Consejo y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y el informe del grupo de personas eminentes redactado por decisión de la cumbre de Varsovia del Consejo de Europa, en 2005.
El Protocolo número 14 no ha entrado aún en vigor por la falta de ratificación de un Estado miembro, en definitiva Rusia. De hecho, consolidar la eficacia a largo plazo del sistema de protección de los derechos humanos es hoy uno de los
principales desafíos del Consejo de Europa. La Presidencia española tiene entre sus objetivos prioritarios contribuir en todo lo posible a garantizar dicha eficacia, y trabaja en el Comité de Ministros a fin de tener resultados tangibles antes de
la próxima sesión ministerial. Para ello está dialogando con todos los miembros y promoviendo la búsqueda de soluciones que permitan resolver la situación actual. Se han realizado intensas gestiones, también bilaterales, para intentar superar el
estancamiento que en relación con la entrada en vigor del Protocolo número 14 estamos sufriendo desde hace años. Paralelamente estamos trabajando en otras varias posibles soluciones para esta situación. En este momento el Comité de Ministros está
a la espera de dos informes que deben emitir respectivamente el Comité director de derechos humanos y el Comité ad hoc de derecho internacional. Este último debatirá los próximos 19 y 20 de este mes su proyecto de informe sobre las diversas formas
de aplicación del protocolo que se han barajado. España está participando activamente en todos estos procesos, y paralelamente promueve la aplicación eficiente por los Estados miembros de las decisiones del tribunal.
Nuestro país ha votado a favor de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 y 2008 por una moratoria universal de la pena de muerte, y ha tomado la iniciativa de promover la creación de una comisión internacional que
vele por la abolición universal de la pena de muerte, tal y como se refleja en el Plan de Derechos Humanos, aprobado el 12 de diciembre de 2008, con ocasión del 60.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde la
Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa España impulsa esta iniciativa del presidente del Gobierno. Ello está facilitado por el hecho de que el Consejo de Europa viene luchando desde hace más de treinta años por la abolición de la
pena de muerte. Todos los países miembros del Consejo de Europa, menos uno, la han abolido, aunque en dicho país se respeta una moratoria indefinida, de tal modo que actualmente en el ámbito geográfico del Consejo de Europa esta pena no se aplica.
Por ello el Consejo de Europa en esta materia es un modelo para otras organizaciones internacionales.
Partiendo de la base de que la cooperación internacional contra el terrorismo es para nuestro Gobierno una prioridad esencial en todos los foros internacionales, España considera que el Consejo de Europa puede y debe cumplir un papel
prioritario a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo. La pertenencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a esta organización, su carácter de centro de producción legislativa en el ámbito internacional, y su aportación esencial a
la promoción de los derechos humanos está en la base de su consideración. El pasado 27 de febrero España terminó el proceso de ratificación del importante convenio para la prevención del terrorismo del Consejo de Europa, y desde su Presidencia está
promoviendo que el mayor número posible de Estados se adhieran al mismo. De hecho, está previsto que próximamente España convoque la primera conferencia de Estados parte a fin de evaluar su aplicación. La llegada del siglo xxi, recibida con
esperanza por toda una generación de europeos deseosos de pasar página definitivamente a un siglo xx especialmente convulso en nuestro continente, viene sin embargo acompañado de una proliferación de discursos y actitudes extremistas. España se ha
situado en una posición de vanguardia en la promoción del entendimiento. La importancia de la iniciativa para la creación de la Alianza de Civilizaciones está entre los mejores ejemplos de ello, y en el ámbito del Consejo de Europa es para nosotros
de especial interés la promoción del diálogo intercultural, y de hecho ya se ha destacado nuestra participación en la elaboración del libro blanco sobre el diálogo intercultural del Consejo de Europa. Desde la Presidencia del Comité de Ministros
del Consejo de Europa España impulsará la puesta en práctica de las recomendaciones y compromisos incluidos en el citado libro blanco. La Presidencia española ha financiado su traducción al español y está promoviendo su difusión.
Además, España ha
impulsado mecanismos de cooperación entre el Consejo de Europa y la Alianza de Civilizaciones, de tal modo que la labor conjunta de ambas instituciones aporte un valor añadido a la aplicación de las recomendaciones del informe del grupo de alto
nivel sobre la Alianza de Civilizaciones. En este marco está previsto, en el mes de abril, en Sevilla, una reunión sobre medios de comunicación y no discriminación.
En los últimos años España ha realizado profundos avances en materia de igualdad de género, hasta el punto de que nuestro país es hoy considerado con frecuencia como una referencia y un ejemplo a seguir. El Consejo de Europa estableció el
Comité para la igualdad entre hombres y mujeres en 1979, es decir, hace casi treinta años. Mucho se ha avanzado desde entonces, pero mucho también queda por hacer. España está prestando especial atención en su Presidencia a la aplicación práctica
de las diversas medidas y recomendaciones emanadas de las conferencias ministeriales celebradas por el Consejo de Europa sobre igualdad entre hombres y mujeres. Estrechamente vinculada a la política de igualdad de género está la lucha contra la
violencia ejercida hacia las mujeres. El Consejo de Europa lleva años dedicando atención también a este tema. En su III cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en Varsovia, en 2005, acordó la creación de un grupo de trabajo específico para
examinar a fondo el fenómeno de la violencia hacia las mujeres y hacer propuestas de acción al respecto. Una de las principales recomendaciones del grupo de trabajo consiste en la elaboración de una convención europea para la prevención y la lucha
contra la violencia hacia las mujeres. Tal convención, cuando entre en vigor, supondrá que las medidas de protección y de prevención que actualmente existen en el ámbito europeo en forma de recomendaciones se convertirán en medidas de carácter
obligatorio para los Estados. España apoya la elaboración de esta convención y participa activamente para su consecución desde la Presidencia del Comité de Ministros.
Esforzándose por conseguir una Europa más inclusiva y cohesionada, la Presidencia española prestará también atención a las migraciones. La experiencia española a este respecto es quizá más significativa que la de otros países europeos, al
haber recibido un gran número de inmigrantes en un breve periodo de tiempo. Dado que se trata de un fenómeno global, no puede ser abordado exclusivamente con medidas nacionales, más bien requiere una respuesta conjunta a nivel internacional.
España seguirá prestando atención al impulso de una mayor cooperación en esta área entre el Consejo y la Unión Europea, en colaboración con los países de origen, sobre la base de unos principios guía ya anunciados por el presidente del Gobierno,
como son la protección de las personas que se ven en la necesidad de desplazarse desde sus países de origen, la elaboración de las políticas en esta materia contando con los países de origen, la protección de las fronteras nacionales y la lucha
contra el tráfico de inmigrantes.
La Presidencia española considera importante el reforzamiento y mejora de las relaciones del Consejo de Europa con otras organizaciones internacionales. Durante los últimos años ha ido aumentado el intercambio de información y cooperación
entre el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales tales como Naciones Unidas y especialmente las dos grandes organizaciones de ámbito europeo: la Unión Europea y la OSCE. Ya en la cumbre del Consejo de Europa de Varsovia, en 2005,
el plan de acción adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la organización para los siguientes años estableció unas líneas directrices sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, y encargaba al primer ministro de
Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, la elaboración de un informe específico sobre las relaciones entre las dos organizaciones. El informe Juncker, publicado el año siguiente, contiene una serie de recomendaciones dirigidas unas a cada una de las dos
organizaciones, y otras a ambas conjuntamente. Como cristalización de estos trabajos, el pasado año se firmó un memorándum de entendimiento entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. La Presidencia española se propone velar por la puesta en
práctica del memorando, así como por las recomendaciones del informe Juncker.
Antes del final de nuestra Presidencia está prevista la celebración de la llamada reunión cuatripartita, en la que nos reunimos representantes de la Presidencia española, de la Secretaría General del Consejo de Europa y de la Presidencia
checa de la Unión Europea y de la Comisión Europea, y será un momento importante para impulsar nuestra cooperación. De modo similar, respecto a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, la cumbre de Varsovia adoptó una
declaración sobre la cooperación entre ambas organizaciones. Esta cooperación se centra en cuatro áreas prioritarias: lucha contra el terrorismo; protección de los derechos de personas pertenecientes a minorías nacionales; lucha contra la trata
de personas y promoción de la tolerancia, y la no discriminación. El pasado día 13 de marzo la Presidencia española y los representantes de la Secretaría del Consejo de Europa se reunieron en Viena con los países de la troika OSCE para fomentar
esta colaboración.
Señorías, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la más antigua del continente europeo, cumple una importante función dentro del Consejo, tanto como caja de resonancia de las preocupaciones de nuestros parlamentarios como instancia
inspiradora de la actividad del Consejo en muchos asuntos, y decisoria en el nombramiento de algunas altas instituciones, como la del propio secretario general o la del comisario de Derechos Humanos, entre otros. Es para mí una intención firme
continuar el diálogo abierto por mis predecesores con la asamblea. Como presidente del Comité de Ministros estoy haciendo todo lo posible para que ese diálogo sea útil, fructífero y lo más intenso posible. España, desde la Presidencia del Comité
de Ministros está intentando contribuir a potenciar, dentro de sus competencias, una mayor y mejor integración con la Asamblea Parlamentaria. Se ha creado un grupo de trabajo para intensificar aún más el papel de la Asamblea Parlamentaria, y la
fortuna ha hecho que España ostente además esta Presidencia del Consejo de Ministros cuando la Asamblea tiene a su frente a un español, al senador don Lluis María de Puig.
Señorías, desde la asunción de la Presidencia, del 27 de noviembre en Estrasburgo hasta su término en mayo de 2009, ésta fomenta, organiza y acoge toda una serie de actividades relacionadas con las funciones del Consejo de Europa y con
nuestros sectores de interés. Se ha garantizado un calendario nutrido y útil de actividades durante estos seis meses.
Para ello se han mantenido contactos interministeriales y se ha tenido en cuenta, considerando las competencias del Consejo de
Europa, la aportación que las varias instancias pueden realizar. En el momento actual se han realizado o están ya previstas más de veinte actividades en el marco de la Presidencia española, dentro y fuera de nuestro país. He pedido que les sea
distribuido un listado indicativo de las actividades previstas o ya realizadas. El Consejo de Europa ha aprobado la decisión de celebrar en Madrid una sesión ministerial del Comité de Ministros en el mes de mayo de 2009, que servirá como colofón de
la Presidencia española en el año en el que se conmemora el 60º aniversario del Consejo.
Se está ya trabajando en la preparación de esta importante reunión, que es de especial relieve, ya que usualmente las sesiones ministeriales se celebran
siempre en la sede del Consejo de Europa y no fuera de Estrasburgo. La Presidencia desea terminar la mencionada sesión ministerial con la adopción de una Declaración de Madrid sobre presente y futuro del Consejo y dar la máxima relevancia posible a
la celebración.
Señorías, el Consejo de Europa cumplirá sesenta años durante la Presidencia española, por ello deseo hacer hincapié en nuestra intención de realizar una Presidencia que mire hacia el futuro, y en ese sentido estamos preparando la Declaración
de Madrid. El Consejo de Europa, con su historia, su bagaje legislativo y su experiencia, posee los instrumentos necesarios para responder a los desafíos del siglo xxi. Vamos a reafirmar sus valores, porque estamos convencidos de que los
ciudadanos europeos miran hacia el Consejo como garantía y protección de sus derechos fundamentales, y porque organizaciones como el Consejo de Europa son necesarias para garantizar la arquitectura democrática de nuestro continente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparencia del ministro de Asuntos Exteriores con respecto a la Presidencia española del Consejo de Europa.
La verdad es que no corren buenos tiempos para las materias y para la propia institución del Consejo de Europa. En momentos de crisis económica como la que vivimos a nivel internacional parece que únicamente prima una sola materia, la
economía, que la deriva es la deriva de los ejecutivos, más que la deriva de los parlamentos, y que prima lo propio más que lo compartido, en el sentido de lo más cercano en relación con lo que podríamos denominar lo compartido a nivel
internacional. En todo caso, la crisis económica demuestra problemas de fondo que no solo tienen que ver con el orden económico internacional, sino también con el derecho internacional, y la recuperación del derecho y la revitalización del Consejo
de Europa son muy importantes, incluso desde el punto de vista de contribuir a superar la crisis con un mayor grado de igualdad y de sostenibilidad.
Saludamos la prioridad que se plantea por parte del Gobierno en relación con el Consejo de Europa y alguna de las medidas que ha hecho hoy públicas el ministro de Exteriores. Una de ellas es la Alianza de Civilizaciones. Nos parece muy
importante, frente a lo que en el marco de una crisis económica podría favorecer la desconfianza o, como decía antes, la preocupación únicamente por lo propio, poner el acento en lo compartido. Nos parecen muy importantes los avances en relación a
la Alianza de Civilizaciones dentro de las propuestas que ha hecho hoy el ministro de Exteriores. También es muy importante el relanzamiento de iniciativas compartidas en materia de derechos humanos, y dentro de ellas la lucha contra la pena de
muerte, así como que esa abolición sea generalizada, pero también es positivo que en estos momentos haya quienes acepten la moratoria en el camino de la abolición de la pena de muerte.
Nos parece igualmente muy acertada la prioridad de la igualdad
de género y la futura convención europea frente a la violencia de género.
Queríamos referirnos en esta materia relativa a la crisis económica a la importancia que tienen las políticas de igualdad, porque normalmente se olvida también en este caso la necesidad de la igualdad en el contexto de la crisis, y se ve
como símbolo de la crisis al varón sin trabajo en sectores productivos. Creo que en este caso la crisis afecta al conjunto de la sociedad, y de manera particular, por situaciones de desigualdad, a la mujer. En ese sentido nos parece muy importante
que se tenga una prioridad en materia de igualdad por parte del Consejo de Europa. Quería destacar en esta intervención, con respecto a las prioridades del Ministerio de Exteriores, lo que tiene que ver con las migraciones. En relación con las
crisis económicas suelen producirse respuestas xenófobas o racistas que buscan el adversario en lo más cercano y en lo más débil, y no en un esfuerzo compartido para la solución a los problemas. Llamo la atención del ministro de Exteriores con
respecto a la convención de Naciones Unidas relativa a los trabajadores inmigrantes, ya que esta Cámara ha mandatado en esta legislatura al Gobierno para que se firme esta convención y forme parte de nuestro acervo con respecto al trato de la
inmigración, al trato de la regularización y de la integración de los inmigrantes. Quiero preguntar al ministro de Exteriores cuál ha sido el trabajo del Gobierno en esta materia y cuál es el grado de prioridad del Gobierno. Desde luego es una
prioridad de esta Comisión de Exteriores, que fue una de las primeras proposiciones que aprobó a lo largo de esta legislatura. Quería resaltarlo.
Por último quisiera destacar la importancia del Consejo de Europa. Decía al principio que no corren buenos tiempos en marcos de crisis económica, que no salen bien parados los legislativos, que no sale bien parado lo compartido, que no sale
bien parado lo internacional o los organismos internacionales. Me gustaría que la crisis económica no fuera un argumento en esta Cámara para restringir el compromiso parlamentario con la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa. Es un
deseo que quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' porque considero que en estos momentos, cuando más se acentúa la crisis, es cuando más hay que acentuar la colaboración, la participación y una visión más global, en concreto en el marco del
Consejo de Europa, que tenga en cuenta factores tan importantes como los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: He sido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa durante más de una legislatura y además miembro de la Comisión de Derechos Humanos, que justamente elige al comisario de Derechos Humanos y
a los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, subrayo plenamente la importancia que usted le da al Consejo de Europa en esa materia, que creo que es lo que ha mantenido su relevancia en los momentos en que hubo una
indefinición en la relación del Consejo de Europa con otras instituciones que tienen el mismo ámbito geográfico de acción o parecido, OSCE, y, coincidente solo en parte, la Unión Europea.
De todo lo que he dicho, aunque repasaremos todos y cada uno de los puntos más relevantes que usted ha mencionado, voy a empezar mi intervención por el final, por la relación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea y la relación entre
el Consejo de Europa y la OSCE. Vivimos momentos convulsos en el corazón de Europa. Los Balcanes siguen sin estar completamente estabilizados y, para desgracia de todos, hemos visto la terrible volatilidad del Cáucaso este verano con el conflicto
de Georgia, y las incomprensibles e ilegales independencias de Osetia del Sur y de Abjasia, igual que este grupo parlamentario sigue considerando ilegal y unilateral la independencia de Kosovo. Dicho esto una vez más en sede parlamentaria queremos
subrayar la necesidad de definir el futuro del Consejo de Europa, puesto que en los años de pertenencia a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pudimos ver con demasiada
frecuencia la indefinición, y en demasiadas ocasiones que el Consejo de Europa se había convertido en una especie de antesala de ciertos países del centro y del este de Europa para aprender a ser europeos, convertirse en candidatos a la
Unión Europea, y finalmente acceder a la Unión Europea, y esa no era ni debía ser la función principal del Consejo de Europa. Por tanto recibimos con aplauso su proyecto de Declaración de Madrid. La esperamos con interés y con ansia para poder ver
exactamente por dónde van a ir los tiros en los próximos años y poder definir o redefinir la importancia que sin duda va a tener el Consejo de Europa, y vuelvo otra vez a la cuestión que usted ha mencionado como eje fundamental de su intervención,
que es la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia.
Yendo punto por punto a las cuestiones que usted ha mencionado, nos sigue preocupando especialmente la existencia de regímenes no suficientemente democráticos en el ámbito de acción del Consejo de Europa, especialmente Bielorrusia.
Obviamente los países que son miembros del Consejo de Europa son democracias, ya que si no no podrían formar parte del Consejo, como es evidente, pero el acercamiento a Bielorrusia, que es importante, tiene que ser exigente y firme y tiene que
producirse en el marco de pedir al presidente Lukashenko que flexibilice su mano de hierro, su puño de hierro sobre su país, sobre su pueblo, y que se convierta cuanto antes en una democracia digna de tal nombre.
Haciendo un repaso, la verdad es que nosotros tenemos especial preocupación por algunos temas. Puesto que no se trata de un debate excesivamente largo, queremos destacar la cuestión del terrorismo, el cual, tal y como está tratado en la
Unión Europea y en el Consejo de Europa, es bien distinto. Es importante que el Gobierno defina esa diferencia, que la Presidencia española también lo haga, y que sepamos cuál es el ámbito exacto de acción del Consejo de Europa en la lucha contra
el terrorismo, y cuál es el ámbito de acción de otras organizaciones de ámbito geográfico parecido. Por lo que al tráfico de seres humanos se refiere, volvemos a lo mismo. Exactamente en el año 1997 se comunitarizaron ciertas políticas europeas en
materia de asilo e inmigración, de forma precipitada según la modesta opinión de este diputado. Estaba yo en el Ministerio del Interior en ese momento y justamente participaban los consejos de los ministros de Justicia e Interior. Francamente, los
argumentos de unos y otros en este ámbito me parecían insuficientemente fundados. Creo que algunos países tenían prisa por quitarse la patata caliente de los crecientes problemas en esa materia, y ese no es el mejor consejero para este tipo de
medidas. En todo caso, ahora tenemos otra vez un ámbito posible de confusión o de tangencialidad que tiene que ser aclarado, y creo que la Presidencia española es un momento especialmente indicado. Somos un país que hemos sido y seguimos siendo
frontera de la inmigración, aunque la crisis económica ha cambiado un poco el esquema de comportamiento y de crecimiento en este terreno. En cualquier caso, agradeceríamos que el ministro en su turno de réplica nos diese algún tipo de explicación
adicional sobre las cuestiones relativas al terrorismo y al tráfico de seres humanos, y en consecuencia sobre los flujos migratorios.
Quiero concluir diciendo que seguiremos con interés la evolución de la Presidencia española. Agradeceríamos especialmente información y una interrelación lo más directa posible con el Grupo Parlamentario Popular, y obviamente con otros
grupos de esta Cámara. Durante demasiados años el Consejo de Europa ha sido el juguete roto, el patito feo de nuestro continente. Tiene una oportunidad única de relanzamiento y su 60.º aniversario bajo Presidencia española puede ser un momento
especialmente oportuno para ello.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: El Grupo Socialista también ha apreciado la detallada exposición de la agenda ambiciosa que el Gobierno de España se ha planteado durante la Presidencia del Consejo de Europa. Hablo en este turno como portavoz del
Grupo Socialista, pero también distinguido por el honor de haber sido elegido por mis compañeros y compañeras en este Congreso de los Diputados presidente de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y con
posterioridad vicepresidente de la Asamblea misma. Lo hago además desde la conciencia de que la experiencia de la democracia que hemos disfrutado en España a partir de la Constitución de 1978 está estrechamente vinculada a los objetivos y valores
que explican en la historia el surgimiento y el trabajo del Consejo de Europa: derechos humanos, democracia, Estado de derecho. España accedió al Consejo de Europa en 1979 pensando realizar un éxito colectivo. Convencidos de realizar ese éxito,
visualizábamos el acceso, la adhesión al Consejo de Europa en aquel momento como paso preliminar a lo que estimábamos nuestra inminente e inexorable adhesión a la construcción europea, a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, pero el Consejo de
Europa tiene su propia razón de ser, una organización distinta desde su ámbito geográfico y desde el punto de vista de los objetivos a los que sirve que arranca en el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949. Esto nos dice con claridad que España va
a tener el honor y la distinción de presidir esta organización cumpliendo sesenta años el Consejo de Europa y, como se ha recordado, cincuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo hace en un momento de cambios acelerados, que ha sido
calificado más de una vez no solo como era de cambios, sino como cambio de era. Lo ha puesto de manifiesto en el Consejo de Europa la intensidad del debate suscitado por el conflicto entre Rusia y Georgia, que sacudió al continente a finales del
verano pasado. Uno de los blasones que más teníamos a gala en la construcción europea era que a partir de la adhesión
al club de las instituciones europeas la guerra no había vuelto a reproducirse entre los Estados que pasaban a ser parte activa de esa construcción en derecho. En el Cáucaso este principio ha quedado dolorosamente desmentido y se ha puesto
de manifiesto en la Asamblea por la intensidad del debate, la división entre los representantes de los distintos Estados miembros, ya 47. Esto nos está advirtiendo con claridad hasta qué punto es importante perseverar en la agenda española en la
preservación de esos valores. Digo esto en relación con la referencia que se ha hecho a la incorporación de Bielorrusia porque, a partir del derrumbamiento del antiguo muro de Berlín y de la ampliación espectacular del Consejo de Europa que tuvo
lugar hacia el Este en los años noventa, es un hecho que los estándares de vigilancia y celo en la preservación de los derechos humanos, la calidad del Estado de derecho y de la democracia han sido sometidos a un creciente desafío. No debemos
consentir que los estándares del Consejo de Europa sean revisados a la baja. Por tanto, en esa visita que ha anunciado a Minsk y en esa interlocución con las autoridades bielorrusas y con el presidente Lukashenko, el Grupo Parlamentario Socialista
encarece a la Presidencia española a velar por el cumplimiento efectivo de los estándares que han distinguido al Consejo de Europa como una organización celosa de esos valores y de esos objetivos: derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
La agenda española, según le hemos escuchado relatar, pone el acento en toda una serie de activos, que lo son, del desarrollo de la propia democracia y del Estado de derecho en España. Uno de ellos es la abolición de la pena de muerte.
Aunque contemplada en el artículo 15 de la Constitución para tiempo de guerra, según lo dispongan las leyes penales militares, lo cierto es que en España fue erradicada de manera definitiva en los años noventa, y por tanto ponemos en valor ese
énfasis que se ha puesto en la erradicación en todo el espacio de acción del Consejo de Europa de la pena de muerte. Sólo un país de los 47 que integran el Consejo la contempla todavía en su derecho penal, aunque ha aceptado una moratoria
indefinida. Encarezco por tanto a la Presidencia española a poner el acento, tal y como lo ha hecho el presidente del Gobierno, en la erradicación definitiva de la pena de muerte del paisaje de la penología del derecho internacional. El diálogo
intercultural, que tiene un punto muy fuerte en la promoción de la Alianza de Civilizaciones, es otro activo del Gobierno de España. Lo es por supuesto la lucha contra la violencia de género; la violencia contra las mujeres está incluida en ese
informe surgido de Varsovia y que, a buen seguro, la Presidencia española va a continuar promoviendo. Lo es la integración de la diversidad, lo que significa una atención especial a los derechos humanos de los inmigrantes, de las minorías
culturales y nacionales marginadas o discriminadas, y por supuesto la lucha contra el tráfico de personas. Pero era imposible no hacer una referencia a la que ha sido la constante de política criminal española en democracia durante los últimos 30
años: la lucha contra el terrorismo. En este punto también hemos escuchado con interés y encarecemos a la Presidencia española a emplearse a fondo en la puesta en valor de este objetivo, a la espera del informe de desarrollo de las conclusiones
del Consejo de Europa en este punto.
Una referencia a la cuestión institucional. Le hemos oído hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sin duda es el vértice de la arquitectura de las instituciones obedientes al Consejo de Europa; es seguramente su pieza más
lograda. Tal y como le ha sucedido al Tribunal Constitucional en España, a la vista de la interiorización de los derechos por parte de sus titulares, de los ciudadanos, es muy entendible que la actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se
haya hipertrofiado en los últimos años; se ha multiplicado por 40 el número de demandas interpuestas -demandas individuales, como se sabe- aun a pesar de la motorización de su capacidad de respuesta y el funcionamiento que supuso la reforma
institucional que experimentó en los años noventa, que permite que una sección entienda del trámite de admisión, una sala pueda resolver el asunto, una gran sala entienda de la revisión definitiva, quedando reservado el plenario del tribunal
exclusivamente para los asuntos de gobierno interno y administrativos del propio tribunal. Pero somos conscientes de que todavía para mejorar su capacidad de respuesta y su rendimiento es decisiva la entrada en vigor del Protocolo 14, demasiados
años pendiente de su ratificación por un único Estado miembro del Consejo de Europa -todos lo sabemos, la Federación Rusa- que por el momento se resiste a hacerlo. Por eso le encarecemos a trabajar muy en serio a partir de ese informe del comité de
sabios de derecho internacional que puede desbloquear la situación con alguna solución imaginativa, que no haga pender de la unanimidad la entrada en vigor de un protocolo que, sin embargo, es fundamental para que el tribunal europeo pueda continuar
siendo una referencia, una luminaria, en la inspiración de los tribunales constitucionales de los Estados miembros del Consejo de Europa, y en definitiva, de la jurisdicción protectora y garante de los derechos humanos en el continente europeo.
La segunda institución a la que le hemos escuchado hacer referencia, la Asamblea Parlamentaria -es la asamblea a la que me he incorporado como presidente de la delegación española-, se muestra como un laboratorio de ideas muy fecundo para
alimentar el trabajo de inspiración mutua, recíproca, de los parlamentarios de los distintos parlamentos de los 47 Estados miembros pero también para trabajar de manera concienzuda y pormenorizada en asuntos que lo merecen en relación con los
objetivos del Consejo: derechos humanos, resolución pacífica de los conflictos, fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones democráticas. Por tanto, esperamos también con mucho interés ese seguimiento de la puesta en común de la
interlocución de la Asamblea Parlamentaria, de la Comisión europea, del secretario del Consejo de Europa y de la Presidencia
de turno de la Unión Europea, que está contemplada en la agenda española.
Finalmente se ha hecho una referencia pormenorizada a la puesta en conexión de la organización del Consejo de Europa con otras organizaciones que operan en el continente europeo y más allá de sus fronteras, como por ejemplo la OSCE, cuya
presidencia ostentó España en 2007, la Unión Europea, cuya presidencia ostentará España en el primer semestre del año 2010, pero también otras organizaciones regionales, internacionales como la Unión Africana, SEAM, y, por supuesto, Naciones Unidas,
que ha apadrinado la Alianza de Civilizaciones como expresión del diálogo intercultural y que ha estado presente en la Asamblea Parlamentaria en la exposición de la agenda de la Alianza de Civilizaciones que tuvo lugar en la comparecencia ante la
Asamblea Parlamentaria de Jorge Sampayo, antiguo presidente de la República de Portugal. Por tanto, le animamos desde el Grupo Parlamentario Socialista a que todos estos elementos estén presentes en ese Comité de ministros con el que finalizará la
presidencia, y en el impulso, el relanzamiento, a esta organización que a nuestro juicio no ha decrecido un ápice en su interés ni en su mérito en la Declaración de Madrid, con la que finalizará la Presidencia española. Por tanto, todo el ánimo,
toda la suerte y todo el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista a los trabajos de la Presidencia española del Consejo de Europa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias a todos los portavoces por sus intervenciones y sobre todo por el apoyo y la comprensión de la importancia del momento que está viviendo esta destacada
organización. En un momento -como decía el señor Llamazares- de crisis económica, de cambio y de transformación de las distintas instituciones internacionales es muy importante que aquellas organizaciones que tienen su razón de ser -como decía el
diputado don Juan Fernando López Aguilar- en defender esos valores que nos son comunes -derechos humanos, democracia, Estado de derecho- se refuercen y sean nuestra plataforma para construir ese espacio de convivencia en todo el continente europeo.
Quiero por lo tanto agradecer las intervenciones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios y su apoyo para que la Presidencia española concluya de forma satisfactoria, y les puedo garantizar que el Gobierno hará todo lo que esté
en su mano para que esta presidencia sirva para mostrar un antes y un después, ese punto de inflexión al coincidir con la conmemoración del 60.º aniversario de la creación del Consejo de Europa. En ese sentido, dada la atención que estamos
prestando a la elaboración de la denominada Declaración de Madrid, quisiera pedir a esta Comisión que participase y conociese el contenido de la misma. Aprovecho la oportunidad para invitar, con ocasión del 60.º aniversario, a que una
representación de esta Comisión esté presente durante los actos y reuniones que celebremos los días 11 y 12 de mayo en nuestra capital. Es un momento histórico significativo y, por tanto, es lógico y razonable asociar al Congreso de los Diputados y
a esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Quisiera contestar a las preguntas e interrogantes de cada uno de los portavoces, empezando por el señor Llamazares. Un Gobierno, un ministro siente una gran satisfacción al presidir el Comité de ministros del Consejo de Europa en estos
momentos, conociendo cuál ha sido la historia, el nacimiento y el desarrollo de esta organización. Cuando uno llega como presidente en ejercicio del Comité de ministros y visita las distintas instituciones, tanto el Comité de ministros, como la
Asamblea Parlamentaria, como, sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entiende la historia de la construcción europea, entiende los trabajos y las dificultades que todos los ciudadanos europeos tuvieron para construir esa arquitectura
en defensa de los principios y valores que les unen. Es el corazón, es el alma de Europa la que está representada en este Consejo de Europa, y por tanto hay un sentimiento de responsabilidad política e histórica, una visión de consolidar y
proyectar la organización y su propio desarrollo en este siglo xxi. El Gobierno ha asumido esta presidencia consciente de los retos y desafíos que tiene el Consejo de Europa, precisamente -contestando al señor Arístegui- en relación con sus señas
de identidad. Hay que ver cuál es el trabajo y el valor añadido que cada organización, dentro de la arquitectura general europea, puede aportar en esta conjunción de actuaciones, tanto de la OSCE, de la Unión Europea, como del propio Consejo de
Europa. Conociendo las dificultades de la crisis económica, hoy más que nunca, señor Llamazares, es necesario defender, como bien ha dicho S.S., los valores, los derechos humanos. No hay que olvidar la esencia y los principios que nos han hecho
avanzar a los europeos a lo largo de las últimas décadas y nos han llevado a alcanzar esas cotas de libertad y de defensa de todos nuestros valores y principios, que son tan deseados por tanta gente, por tantos ciudadanos en el mundo. Se da la
paradoja de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una de las instituciones más conocidas por los ciudadanos europeos, una institución a la que se acude de manera muy intensa, pero el Consejo de Europa no es conocido. La gente se confunde y
habla del Consejo Europeo y del Consejo de Europa. Falta pedagogía.
Sinceramente, la Asamblea Parlamentaria y sus diputados hacen una labor extraordinaria, pero en lo que nos corresponde a nosotros, como diplomacia española, tendríamos que hacer
una mejor y mayor proyección de las funciones y actividades del propio Consejo de Europa. Tiene un espacio, que ha alcanzado por sus propios méritos, y el ciudadano europeo debería conocerlo y utilizarlo mejor en su nueva andadura en el este siglo
xxi.
Respecto a las medidas prioritarias que ha incluido el Gobierno en su presidencia, agradezco las diferentes referencias que ha hecho el señor Llamazares. La idea de la Alianza de Civilizaciones, una vez lanzada, fue recogida por Naciones
Unidas como una iniciativa que el Consejo de Europa entendía muy apropiada para ir creando un nivel de convivencia, de tolerancia y de entendimiento entre países distintos con culturas y religiones diferentes. En este sentido, cubre un espacio
particular. De ahí que durante la Presidencia española hayamos querido dar prioridad a la relación entre Consejo de Europa y Alianza de Civilizaciones y celebrar varias actividades en relación con este asunto. Hemos puesto énfasis en la abolición
de la pena de muerte. La iniciativa del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de crear una comisión internacional que promueva la abolición definitiva de la pena de muerte o la moratoria pueden vincularse al impulso que
desde el Consejo de Europa se le pueda dar. Les puedo señalar que el propio presidente del Gobierno tiene prevista su intervención en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a finales de abril. Su iniciativa de defender la abolición de la
pena de muerte y de crear esta comisión internacional de vigilancia e impulso de la abolición será prioritaria. Lo mismo puedo decir de la igualdad de género. Son 47 países. A la Presidencia española le hubiera gustado avanzar incluso más
rápidamente para que durante ella se hubiese podido alcanzar la firma de la convención de la violencia contra las mujeres. Se ha avanzado mucho y se sigue avanzando. No desesperamos de alcanzar, en un esfuerzo último, la conclusión definitiva de
la convención, pero le garantizo que haremos todo lo necesario para dejarla prácticamente ultimada para que, en el caso de que no logremos cerrarla durante nuestra presidencia, pueda cerrarse durante la siguiente.
En cuanto a migraciones, hay que identificar claramente el campo de actuación del Consejo de Europa. Lo que más preocupa a los Estados miembros y a las naciones del Consejo de Europa en materia de migraciones es la convivencia e integración
social de los migrantes en sus respectivos países y las medidas particulares para favorecer la integración, para que no haya discriminación racial ni laboral por la presencia de migrantes en el espacio europeo. En relación con la firma del Convenio
de trabajadores migrantes de Naciones Unidas, el Gobierno lo está estudiando. Todavía no ha firmado, pero tiene intención de hacerlo.
Ningún país de la Unión Europea lo ha firmado por el momento. Creemos que los derechos que la legislación
nacional otorga a los trabajadores migrantes extranjeros son suficientes; no obstante, somos conscientes de esa falta de firma por parte del Gobierno del Convenio de trabajadores migrantes de Naciones Unidas. Por tanto, señor Llamazares, creo que
estamos en un momento muy importante del Consejo de Europa. En ese sentido, le garantizo que haremos todo lo necesario, al concluir nuestra presidencia, en esa Declaración de Madrid, para buscar ese antes y después y para consolidar el proyecto del
Consejo de Europa.
Quiero agradecer al señor Arístegui su intervención. En cuanto a la Asamblea Parlamentaria, tanto él, en su época de parlamentario en el Consejo de Europa, como don Juan Fernando López Aguilar, que nos representa como vicepresidente de la
Asamblea Parlamentaria, han contado y están contando con el apoyo del Gobierno y del Comité de ministros del Consejo de Europa. En ese sentido, estamos trabajando con el presidente de la Asamblea Parlamentaria, Lluis María de Puig. Se ha formado
un grupo de trabajo para integrar y reforzar todavía más el papel de la Asamblea Parlamentaria dentro del conjunto general del Consejo de Europa.
La gran pregunta que hacía el señor de Arístegui, que es la pregunta que nos hacemos todos cuando asumimos una responsabilidad y sobre todo la presidencia de una organización tan importante como es el Consejo de Europa, es el papel, el
lugar, el espacio, el cometido, las funciones, el desarrollo de la propia organización. Hoy día la arquitectura europea se está definiendo de forma adecuada. Lógicamente la Unión Europea en ese proceso de integración europea tiene su propia
dinámica. Cuando el tratado de Lisboa se ratifique, y esperemos que sea rápidamente, cuando los electores irlandeses lo hagan en el otoño de este año, se pondrá en marcha lo que es la Unión Europea del siglo xxi, con toda esa dimensión política,
económica y social prácticamente general que afecta a la ciudadanía europea, pero las otras dos organizaciones, la OSCE y el Consejo de Europa, cumplen y van a seguir cumpliendo objetivos y cometidos bastante esenciales. La OSCE es el gran marco,
con 56 países, de cooperación y diálogo en ese espacio euroatlántico, donde Canadá y Estados Unidos participan con todos aquellos que fueron los viejos países del pacto de Varsovia, y al mismo tiempo se está ampliando a ese espacio euroasiático de
Asia Central donde la seguridad y la cooperación van creando, primero, toda una base de valores y principios que reflejan esa construcción política necesaria del Estado de derecho y la democracia, pero también van llevando a cabo acciones o
cometidos de garantía de la seguridad general de ese espacio euroatlántico; mientras que al Consejo de Europa debemos centrarlo y sobre todo impulsarlo en lo que es su esencia principal, que son los valores propios de lo que denominamos protección
de derechos humanos, protección del Estado de derecho y protección de la democracia, de esos grandes valores que hacen grande a la Unión Europea y a todos los europeos. Por lo tanto, la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos es uno
de los pilares esenciales al que el Consejo de Europa debería prestar máxima atención.
En esa futura Declaración de Madrid estamos trabajando no solamente para recordar los logros y los avances que en sesenta años, desde el Tratado de Londres de
1949, se alcanzaron en el espacio europeo y en el propio Consejo de Europa, sino, como decía durante la entrevista que mantuve con el actual presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, monsieur Costa, para hacer una agenda de derechos
humanos del siglo XXI.
Esa nueva agenda de derechos humanos del siglo xxi es la que merece una mayor creatividad, un mayor esfuerzo por parte de todos nosotros. En ese sentido, para que esto funcione tiene que funcionar el tribunal, y de ahí, como bien decía Juan
Fernando López Aguilar, la necesidad de hacer mucho más eficaz la tarea del tribunal y para ello la aplicación del Protocolo 14 ha sido uno de los objetivos principales de la Presidencia española. No es fácil, no es la primera presidencia que lo
intenta y que no logra convencer a los legisladores de la Duma rusa, y estamos precisamente buscando alternativas para hacer una aplicación del Protocolo 14 que pueda ser lo más consensuada posible y, al mismo tiempo, que facilite el trabajo del
propio tribunal, sin ignorar posibles nuevas iniciativas, para ir buscando nuevas vías con creatividad, como decía el señor López Aguilar, del propio Consejo de Europa para adaptarse a las nuevas necesidades que puede tener el tribunal.
En relación con Bielorrusia, estamos en un proceso de acercamiento. No se trata de anunciar ya el ingreso de Bielorrusia en el Consejo de Europa, pero incluso ayer mismo en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ya se debatió
la revisión de las sanciones de la posición común de Bielorrusia y se acordó a nivel de 27. Hay un sentimiento general, incluso dentro del propio Consejo de Europa, de tender la mano a Bielorrusia, de acercarla a lo que es el compromiso y el
respeto de todo el acervo ideológico y político, de valores y de principios. Ese acercamiento a través del diálogo ha dado mejores resultados, mejores actitudes y actuaciones de las propias autoridades bielorrusas que la sanción y el aislamiento.
Es un sentimiento general incluso de países que habían mantenido posiciones mucho más radicales y excluyentes y que han cambiado posiciones precisamente en estos momentos para acercarse a Bielorrusia e involucrarla en lo que son sus compromisos y,
por lo tanto, en aceptar las reglas del juego establecidas por el propio Consejo de Europa. En ese sentido, mi viaje a Minsk tratará precisamente de valorar el grado de compromiso político que tendrán las autoridades bielorrusas de seguir
acercándose al Consejo de Europa. La apertura de una oficina del Consejo de Europa en Minsk ya es un dato positivo. Va a haber una visita de la comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero, a Minsk.
Es decir, hay toda una serie de actitudes
por parte de los distintos responsables europeos de acercar Bielorrusia a lo que es el conjunto de valores y principios que defendemos dentro del espacio europeo.
El terrorismo es lógicamente un terreno donde el Consejo de Europa tiene también mucho que decir, no en materia policial o de seguridad, pero sí en conciliar ese enfoque que nunca se tiene que abandonar en la lucha contra el terrorismo, que
es la defensa del Estado de derecho y el reforzamiento de los derechos humanos y, por lo tanto, es una salvaguardia fundamental la aplicación de la Convención de derechos humanos y terrorismo que se ha suscrito. De ahí que la Presidencia española
esté buscando precisamente celebrar una reunión para que los Estados miembros de la convención podamos debatir, aplicar y desarrollar esa propia convención. Por lo tanto, señor de Arístegui, ese 60.º aniversario del Consejo de Europa, en un momento
clave de definición de lo que han sido sesenta años de trabajo de esta organización, merece que hagamos ese balance de éxito sin lugar a dudas, del Consejo de Europa, pero sobre todo asumamos un compromiso político de futuro de cara a este nuevo
siglo.
Señor López Aguilar, le agradezco toda su intervención. Precisamente, gracias a la Asamblea Parlamentaria y a su liderazgo podemos hoy día contar también con orientaciones y propuestas de enorme interés. Tomo nota de sus pretensiones y
recomendaciones. Vamos a tener un trabajo muy importante de aquí al mes de mayo para combinar esfuerzos compartidos entre la Asamblea Parlamentaria y el Comité de ministros. Tendremos que resolver el problema de la elección del nuevo secretario
general del Consejo de Europa, en la que la Asamblea Parlamentaria tiene mucho que decir porque en último término es la que lo elige a propuesta del Comité permanente de ministros. Vamos a seguir insistiendo en el momento político que está viviendo
el Consejo de Europa en este 60.º aniversario y espero poder contar con todo su apoyo y buscar soluciones que nos den satisfacción a la hora de mejorar tanto lo que es la aplicación del Protocolo 14 como esa campaña a favor de la abolición de la
pena de muerte y la conciliación de toda la pirámide de defensa de los derechos humanos de la democracia y el Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: ¿Desean los grupos parlamentarios hacer uso de la palabra? (Pausa.)
- TRATAR DE LA SITUACIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000069.)
- INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN EXPRESADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL 16/12/2008 EN MADRID CON EL PRIMER MINISTRO MARROQUÍ, DE APOYO A LA PROPUESTA MARROQUÍ DE AUTONOMÍA PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000232.)
EXPLICAR LA POSTURA Y LAS GESTIONES DEL ESTADO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SÁHARA, HABIDA CUENTA DE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A ESTE RESPECTO EL MES DE DICIEMBRE DE 2008. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000268.)
INFORMAR SOBRE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL TRAS LA REUNIÓN MANTENIDA DE ALTO NIVEL CON EL PRIMER MINISTRO DEL REINO DE MARRUECOS EL 16/12/2008. A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000285.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, que vamos a acumular con el tercero, cuarto y quinto, que es comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para tratar de la situación en el Sahara
Occidental. Esa misma comparecencia a petición propia se hace también a requerimiento de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario Mixto.
Consecuentemente tendría en primer lugar la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señorías, en mi primera comparecencia en esta misma Comisión al inicio de la legislatura aludía a la cuestión del Sahara Occidental como una de las que más preocupan
al Gobierno y a la sociedad española en su conjunto debido a la especial vinculación de ese territorio con España y a la persistencia de una situación de conflicto irresuelto después de más de treinta y tres años. En aquella ocasión dije que iba a
trabajar como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para forjar entre todos los grupos políticos una política de Estado, apoyada en el máximo consenso posible entre los parlamentarios que representan la voluntad popular. Me referí
entonces al Magreb diciendo que seguirá constituyendo el escenario prioritario para la diplomacia española al ser una de las zonas en las que nuestro país tiene mayores intereses y con la que compartimos una serie de retos de importancia global.
Quisiera, por tanto, que esta comparecencia sirviera para reforzar mi compromiso con la búsqueda de un consenso de esta Cámara sobre esta cuestión. En este contexto renuevo hoy el compromiso de seguir trabajando sin descanso ni desaliento para
superar esa barrera hasta ahora infranqueable que impide avanzar en la articulación de un Magreb en el que la integración regional no sea un mito sino un proceso en marcha y una futura realidad.
Pero para lograr la integración del Magreb, señorías, no basta con la voluntad de España o de terceros países, también tienen que desearlo los principales países protagonistas. Desgraciadamente vemos que todavía persisten las diferencias
políticas entre los dos países de esta región, que son los dos principales por el tamaño de su población y su dimensión económica. Esas diferencias obedecen a varias causas, pero, sin duda, uno de los principales obstáculos es la falta de solución
del conflicto del Sahara Occidental. En efecto, la integración regional del Magreb pasa por la restauración de una relación positiva entre Argelia y Marruecos que depende en último término de una solución definitiva de este contencioso.
A su vez,
una mejor relación entre ambos países contribuiría a que las dos partes pudieran avanzar hacia una solución justa, duradera, en las negociaciones que auspicia las Naciones Unidas.
Señorías, el contenido de esta solución debe cumplir con una serie de elementos, casi, diría yo, requisitos, que son precisamente los que ha definido claramente el Consejo de Seguridad en uso de las competencias que le atribuye la Carta de
Naciones Unidas. El mandato que reitera dicho órgano de Naciones Unidas constantemente en las distintas resoluciones es alcanzar -y lo subrayo- de manera definitiva una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la
autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. Así pues, hay un objetivo bien definido por Naciones Unidas que debe reunir todos esos elementos sin que falte ninguno de ellos.
Solución política. En primer lugar, la solución, señorías, ha de ser política. Saben SS.SS. mejor que nadie que la política es en esencia contraste de ideas, diálogo y negociación. Una solución política de una controversia debe conducir
a un acuerdo, lo que, a su vez, impone la necesidad de dialogar para negociar y alcanzar una conclusión pactada.
Esa negociación debe ser protagonizada no por terceros, sino por las partes realmente implicadas. A partir de la Resolución 1754, de
abril de 2007, el Consejo de Seguridad ha identificado claramente la necesidad de hacer participar a las partes como protagonistas de la búsqueda negociada de un arreglo, siempre bajo el auspicio y dentro de los marcos señalados y acordados por el
Consejo de Seguridad. Por eso, la actual fase de negociación del conflicto en el marco de Naciones Unidas es novedosa, al otorgar a las partes, Marruecos y Frente Polisario, el papel central, frente a la fase anterior en la que la iniciativa recaía
en la Secretaría General de Naciones Unidas y en sus enviados. Sin embargo, hay que recalcar que se mantiene la centralidad de la ONU, pues la negociación, fuera del ámbito de Naciones Unidas, no podría ofrecer las garantías necesarias a las partes
y a la propia comunidad internacional. El grave y tenso impasse provocado en 2005 por la ausencia de una actuación de Naciones Unidas demostró esa necesidad. Recordemos que James Baker dimitió en el verano de 2004 y el siguiente enviado personal
del secretario general de Naciones Unidas no fue nombrado hasta agosto de 2005, y solo por la insistencia, entre otros y sobre todo, de España. Ese convencimiento llevó al Gobierno español a volcarse en hacer posible que hubiese un nuevo horizonte
de solución con un marco de negociación en Naciones Unidas. Ese marco de diálogo directo y sin precondiciones fue posible gracias a la activa implicación del secretario general de Naciones Unidas y de su enviado personal y se abrió con la
Resolución 1754, de abril de 2007. El mes de junio siguiente
se celebró la primera de las cuatro reuniones de Manhasset habidas hasta ahora. En ellas las partes, junto a los países vecinos, Argelia y Mauritania, han podido por primera vez tomar contacto directo bajo un mandato de negociación del
Consejo de Seguridad. Esa resolución no fue una más, a pesar de que ha habido ya muchas desde que en 1991 el Consejo de Seguridad comenzara a ocuparse más activamente de la búsqueda de una solución para este largo conflicto que lleva abierto más de
treinta y tres años. Con esa decisión se abrió una nueva fase, un nuevo horizonte político en el marco de Naciones Unidas, tal como ha venido preconizando de forma comprometida este Gobierno desde que asumió sus responsabilidades en abril de 2004.
Pero esa resolución no habría sido posible si las partes no hubiesen mostrado una disposición a dialogar, dando el paso de presentar una iniciativas con propuestas concretas de negociación. Las iniciativas que presentaron los días 10 y 11 de abril
de 2007 el Frente Polisario y Marruecos representan un paso adelante, pues supone presentar sus aspiraciones políticas en un marco amparado por Naciones Unidas. La propuesta marroquí suponía la concreción de un paso anunciado desde hacía tiempo
pero hasta entonces no realizado: una oferta de negociación y un esquema de autonomía sustantiva. El Frente Polisario también tendió la mano, incluyendo en su propuesta no solo los elementos principales del denominado Plan Baker II, centrado en un
referéndum que incluye las tres opciones básicas, integración en Marruecos, autonomía o independencia, sino también la disposición a alcanzar en el futuro una relación positiva con Marruecos.
Por encima de las diferencias profundas entre las posiciones esenciales de las partes, el hecho más relevante y positivo es que a partir de abril de 2007 ambas se han mostrado dispuestas a sentarse en la mesa de negociación. Esta
disposición sigue vigente hoy, a pesar de las diferencias surgidas por las dificultades en hacer avanzar las conversaciones de forma sustantiva. En efecto, tanto Marruecos como el Frente Polisario han saludado el nombramiento de Cristopher Ross, el
14 de enero pasado como nuevo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, y le han renovado su disposición a continuar en el proceso de conversaciones de Manhasset en los encuentros que ha mantenido en Rabat y los campamentos de
Tinduf a mediados de febrero, durante su primera gira por la zona.
Desde la Resolución 1813, de 30 de abril de 2008, que renovó por un año el mandato de la Minurso e hizo un llamamiento a las partes para continuar la negociación directa, se ha producido lamentablemente una pausa demasiado larga en la
continuidad de estas negociaciones. Esto fue debido principalmente al tiempo que ha llevado la renovación del enviado del secretario general, el señor Van Walsum. Sin embargo, a pesar de las conocidas diferencias de fondo seguimos pensando, como
ya dije en mayo en esta sede parlamentaria, que el diálogo directo entre las partes en el marco de Naciones Unidas es la vía más adecuada, por no decir la única, para alcanzar un acuerdo satisfactorio que cumpla con esas premisas reiteradas por el
Consejo de Seguridad.
La segunda de las condiciones que debe cumplir un arreglo es que la solución, además de ser política, sea justa; es decir, no cabe cualquier solución. España se ha mostrado siempre firme en la defensa de un objetivo que sea conforme a los
parámetros de la legitimidad internacional de Naciones Unidas. Lamentablemente es muy difícil, si no imposible, restañar el daño y las oportunidades perdidas para todos los pueblos de la región en un conflicto de tan larga duración. Pero lo más
apremiante sin duda es la situación en la que se hallan las poblaciones más afectadas directamente por la falta de solución, tanto en los campamentos como en el territorio del Sáhara. También de forma indirecta el conflicto afecta a las poblaciones
de los demás países del Magreb, que precisan de un entorno de cooperación e intercambio. Según han subrayado varios estudios específicos, un Magreb abierto a la cooperación y al comercio añadiría hasta un 1,5 por ciento al crecimiento del PIB en
una región en la que el desempleo y la falta de oportunidades limitan gravemente las aspiraciones vitales de millones de personas. Ese es el llamado coste del no Magreb, que también nos afecta a los países europeos vecinos, pues nuestras empresas
no pueden contar con un espacio magrebí integrado donde realizar inversiones de mayor alcance. También nos afecta porque esa falta de crecimiento en la región supone que las tasas de formación y de creación de empleo son menores, y porque, por
ello, la juventud magrebí se ve abocada a un futuro muy difícil e, incluso, a buscar vías nocivas de escape de esta realidad, como la inmigración irregular.
En tercer lugar, el Consejo de Seguridad insiste en que la solución, además de política y justa, ha de ser duradera. Esto nos lleva a considerar de nuevo el crucial e insustituible papel de Naciones Unidas en la búsqueda de un arreglo.
Solo la legitimidad política y jurídica de Naciones Unidas, como representante de la comunidad internacional organizada, puede ofrecer la garantía de durabilidad que precisa la solución de un conflicto de esta naturaleza. Por eso el Gobierno ha
insistido siempre en la importancia de encuadrar cualquier diálogo para la solución del conflicto dentro de las competencias que la Carta de Naciones Unidas tiene atribuidas al Consejo de Seguridad, como órgano competente para preservar la paz y
seguridad internacionales. Para ser duradera, esta solución tiene que dar respuesta a los principales factores que han mantenido el conflicto abierto durante más de treinta años. Detrás de un contencioso de tal duración necesariamente hay
intereses o razones de peso suficiente que llevan a las partes a soportar el gran coste humano, económico y político que representa el conflicto.
Una vez más, insistimos en que la negociación es la única manera de abordar esos factores que
sostienen la determinación de una y otra parte durante tanto tiempo, a pesar de los grandes costes que deben soportar, pero siempre negociación en ese marco de amparo político-jurídico que solo puede ofrecer la legitimidad de
Naciones Unidas. Por ello, estamos muy satisfechos de que haya comenzado su misión recientemente el nuevo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, una persona que conoce a fondo la zona, el alma y la lengua árabe y que
viene con la voluntad de hacer una contribución positiva al largo esfuerzo internacional en este contencioso. En su gira por la región, el nuevo representante especial del secretario general de Naciones Unidas, en febrero, ha podido constatar el
apoyo de todos sus interlocutores y el compromiso renovado tanto de Marruecos como del Frente Polisario con el proceso de negociación. Su intención es avanzar sin pausa pero con la cautela de evitar que una ronda de negociación convocada de forma
apresurada traiga consigo una decepción de expectativas. Por ello, su misión es lograr una renovación, a finales de abril, de la Minurso por un plazo lo suficientemente amplio como para concentrar el esfuerzo, no en la negociación, con frecuencia,
del texto de las resoluciones -cosa que no hace cambiar la realidad- sino en el propio proceso de conversaciones para hacerlo productivo.
La cuarta premisa que exige el Consejo de Seguridad es que la solución sea, además de política, justa y duradera, mutuamente aceptable para sus principales protagonistas. Esto refuerza la necesidad de hacer posible una solución a la vez
justa y duradera por la vía de la negociación.
Alude también a un principio implícito: buscar un arreglo que no suponga una demora completa de uno y otro, porque de otra forma no sería aceptable para quien se viera obligado a sufrirla y sería, en
definitiva, una solución precaria. La solución no vendrá por la vía de la imposición política o militar. En los tres largos decenios transcurridos se han superado ya esas fases. Desde 1976 a 1991 hubo un conflicto armado que causó mucho
sufrimiento y cuyas secuelas, en forma de prisioneros de guerra y otras calamidades, se han hecho presentes hasta hace muy pocos años. A partir del alto el fuego y de la intervención activa del secretario general de Naciones Unidas y de sus
enviados, el peso de la búsqueda de un arreglo se puso sobre los hombros de Naciones Unidas. Sin embargo, la sucesión de esfuerzos y de planes de solución chocaron siempre con la ausencia de ese requisito imprescindible: que la solución sea
aceptable para las partes aunque no represente la culminación de todos sus objetivos.
Como quinto y último requisito, el Consejo de Seguridad establece una cláusula de garantía de legitimidad y legalidad. Ninguna solución será completa y aceptable si no permite respetar el principio de autodeterminación. La coherencia de
Naciones Unidas y la necesidad de anclar un arreglo consensuado entre las partes incluye la necesidad de integrar ese principio. Las fórmulas para hacerlo deben ser acordes con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, tal como
establecen las resoluciones, pero también aquí cabe aplicar el método de la negociación para definir los contornos precisos de la manera en que una solución negociada entre las partes pudiera reconocer que este principio de autodeterminación se ha
alcanzado.
Señorías, a pesar de que al analizar los elementos que debe contener este arreglo concluyamos que hay un denominador común que es el diálogo y la negociación, la solución de un conflicto tan enquistado es muy difícil.
Sin embargo, no es
imposible. El Gobierno español así lo cree y por ello está comprometido de forma activa con la búsqueda de esa solución, que solo puede darse en el ámbito de Naciones Unidas y a través de la negociación. Desde 2004 venimos aportando nuestra
contribución política a Naciones Unidas a través de nuestra actuación en el Grupo de amigos del Sáhara Occidental y en los contactos regulares con Marruecos, el Frente Polisario, así como con Argelia y Mauritania y otros países interesados en el
arreglo del conflicto. Este compromiso político del Gobierno español está acompañado por un claro compromiso humanitario en el que la sociedad española en su conjunto es también protagonista. La ayuda oficial al desarrollo de la cooperación
española a la población refugiada saharaui no solo se ha incrementado de manera muy significativa sino que también ha consolidado un cambio cualitativo, a fin de mejorar el impacto sobre la población beneficiaria. De la cantidad de 1,5 millones de
euros de la cooperación del Gobierno en 2003 se ha pasado a 9,7 millones de euros en el pasado 2008, con un incremento sin precedentes. Con este incremento, sumado al que también han experimentado las ayudas de las comunidades autónomas y entidades
locales, España ha pasado a ser el primer donante a partir de 2008, por delante de la Agencia ECO de la Comisión Europea.
Volviendo a nuestra acción política, señorías, debo recordar que hemos prestado nuestro apoyo material y político a los sucesivos secretarios generales de Naciones Unidas así como a sus enviados personales y lo vamos a seguir haciendo con el
señor Christopher Ross. Tuve ya ocasión de reunirme con él en Nueva York en septiembre pasado cuando su nombramiento se daba ya por muy probable, y hace poco lo recibió, en mi ausencia de España, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores al
término de su primera gira por la zona. En esos encuentros le hemos pedido que trabaje para que las partes se mantengan comprometidas con las negociaciones del proceso de Manhasset. La Resolución 1813, de abril pasado, dio el plazo de un año hasta
la próxima renovación del mandato de Minurso y queremos que pronto se haya retomado este proceso porque nada hay más dañino en esa cuestión que el impasse político y la ausencia de un marco de búsqueda de solución. En dichas conversaciones se
deberá retomar el mandato que tiene establecido el Consejo de Seguridad, en última instancia en su Resolución 1813, que hace un llamamiento a las partes para avanzar en una negociación sustantiva, con buena fe, realismo y espíritu de compromiso.
Esos son elementos nuevos de la última resolución del Consejo de Seguridad: la buena fe, el realismo y el espíritu de compromiso. Por todo ello, para superar los
obstáculos a que se enfrenta este proceso es indispensable mantener una actitud de tenacidad y de esperanza. Si creemos que una solución duradera es posible debemos insistir sin desmayo en la vía trazada para mantener un diálogo
estructurado entre las partes. Para que tenga éxito es imprescindible que, con apoyo de los países vecinos interesados, ambas partes aborden de buena fe este objetivo reiterado de lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable
que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. En este sentido también parece ineludible que los tres países más interesados en la búsqueda de una solución definitiva, Francia, Estados Unidos y España, se coordinen y actúen
conjuntamente para forjar una voluntad única de las partes, exigiéndoles una mayor responsabilidad ante los múltiples desafíos de seguridad que vive la región magrebí. En mis últimos contactos con la nueva Administración norteamericana expresé mi
deseo de incluir en nuestra agenda bilateral esta cuestión, que será también prioritaria con ocasión de la visita de Estado del presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, a finales de abril. Estos tres actores, Estados Unidos, Francia y
España, no podemos continuar asistiendo a un bloqueo en el norte de África y al cierre de fronteras entre dos países amigos y vecinos como son Marruecos y Argelia. Es también preciso exhortar y ayudar a las partes a que se den pasos para ir creando
una menor animadversión y propiciar un ambiente adecuado para el diálogo, y por ello las medidas de estímulo y de confianza que propone el secretario general de Naciones Unidas han recibido siempre el apoyo de España.
También es importante el papel de los parlamentarios, señorías, que puede ser de enorme utilidad. Esta Comisión conoce mi compromiso con la diplomacia parlamentaria. Por ello ha sido motivo de satisfacción conocer la reciente decisión de
la Mesa del Congreso de constituir los grupos de amistad con Marruecos y Argelia, como también lo fue comprobar que una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el diputado español Carlos Iturgaiz, ha viajado recientemente al territorio del
Sáhara desde Marruecos, visitando El Aaiún y entrevistándose no solo con las autoridades sino también con representantes de diversas asociaciones saharauis e incluso con activistas de derechos humanos. Eso supone una novedad positiva. Desde 2005
venimos sosteniendo activamente que sería muy deseable que delegaciones parlamentarias, tanto españolas como del Parlamento Europeo, pudieran tener un contacto directo con la realidad del terreno y los principales interlocutores de uno y otro lado.
Creemos que mientras más apertura y transparencia haya en todo el territorio y en los campamentos, menos difícil será ir desmontando poco a poco y grano a grano ese muro de desconfianza y animosidad que impide crear un ambiente propicio de diálogo y
negociación.
Señorías, antes de terminar quisiera referirme a las solicitudes de comparecencia de diversos grupos en relación con el posible respaldo de España al Plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara. Las declaraciones del presidente del
Gobierno no dejan lugar a dudas, la posición de España es la de animar a las partes a la negociación directa para alcanzar una solución en el marco de Naciones Unidas. Invito a SS.SS. a que lean con detenimiento las declaraciones. La pregunta a
la que da respuesta el presidente del Gobierno se refiere al Plan marroquí de regionalización del país, a lo cual el presidente responde indicando que la experiencia española sobre el desarrollo autonómico ha sido una experiencia de éxito.
Concluyo, señorías. El camino por recorrer es complejo, difícil y quizá más largo de lo que todos desearíamos pero será primordial mantener claro el objetivo fijado por el Consejo de Seguridad, de forma que en todo momento contemos con la
implicación activa de las partes en la negociación. Será muy importante que el facilitador elegido haga uso de su reconocida experiencia para propiciar poco a poco un mayor clima de confianza en las partes y que países vecinos interesados también
puedan participar en este esfuerzo colectivo. En ese empeño el Gobierno español no escatimará esfuerzo alguno para apoyarle y hará todo lo necesario para tratar de movilizar a todos los actores esenciales para alcanzar esa solución tan anhelada.
El señor PRESIDENTE: Atendiendo el orden de presentación de las solicitudes de comparecencia del ministro por parte de algunos grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores, por su comparecencia. Desde la cercanía con respecto a la política exterior del Gobierno, debo mostrar nuestra discrepancia absoluta en relación con la política para
el Magreb y en concreto para el Sáhara porque -y lo resumiré al principio e intentaré explicarlo-, en primer lugar, los hechos niegan la voluntad de consenso del Gobierno en relación con el Sáhara y el Magreb. En segundo lugar, la historia de la
política del Gobierno desde el anuncio de 2004, la historia de esa rectificación y de ese cambio de estrategia que iba a facilitar un acuerdo en seis meses -en palabras del presidente del Gobierno en París- es la historia de un fracaso. Hay que
decirlo así, hemos dado un amplio margen de tiempo para esa nueva estrategia, pero esa estrategia ha fracasado: ni seis meses ni cinco años, señoría. Y en tercer lugar, quiero que esta comparecencia signifique una rectificación por parte del
Gobierno y la recuperación del equilibrio en relación con el Magreb y por tanto de las posibilidades de consenso en esta Cámara. Esta es la posición de mi grupo parlamentario.
En primer lugar, quiero lamentar que esta comparecencia que se había pactado en la Diputación Permanente y que había tenido su principal motivación en las declaraciones
del presidente del Gobierno, haya tenido que esperar desde diciembre hasta la fecha de hoy. Creo que nos hemos retrasado en exceso y nos parece que la cuestión motivaría una mayor agilidad. Señorías, el 16 de diciembre se celebra en Madrid
la IX reunión de alto nivel entre el presidente del Gobierno y el primer ministro de Marruecos, Abbas el Fassi, al término de la cual el primer ministro arremete contra el Gobierno de Argelia, acusándole de mantener secuestrados a los refugiados
saharauis, insiste en que los saharauis son marroquíes y confunde el nombre del presidente del Gobierno, en vez de José Luis le llama José María, y no es una cuestión menor. En ese sentido, las declaraciones del presidente del Gobierno continúan en
esta tónica, en nuestra opinión, no precisamente favorable al acuerdo y sí a los desacuerdos. Por parte del Gobierno se asume que Marruecos ha hecho esfuerzos serios y creíbles para la solución del contencioso -palabras textuales-, que la propuesta
de autonomía para el Sáhara es una contribución positiva -palabras textuales- y que además se aboga por un acuerdo entre las partes en el que hay que tener capacidad de ceder posiciones y que la experiencia autonómica española es una muy buena
experiencia para la resolución del conflicto del Sáhara. En conclusión, el presidente del Gobierno ha vuelto a inclinarse a favor de la tesis marroquí, reiterando el apoyo al Plan marroquí de autonomía limitada que ya había anunciado en la anterior
reunión hispano-marroquí celebrada en Rabat el 6 de marzo de 2007 y que provocó un debate en esta Cámara, que desembocó en una resolución del Congreso de los Diputados que decía lo siguiente: Promover todas las iniciativas políticas que contribuyan
a conseguir un acuerdo consensuado entre las partes que respete la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y su ejercicio mediante referéndum, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y las
resoluciones del Consejo de Seguridad. El Gobierno no solamente se reitera en su posición sino que desoye de nuevo la posición del Parlamento. Parece evidente que el Gobierno incumple la recomendación parlamentaria, convierte en papel mojado los
esfuerzos de consenso de esta Comisión sobre la cuestión saharaui -que no son nunca fáciles- y rompe, con su anuncio del principio de legislatura, el poder conseguir un acuerdo y un consenso de los grupos parlamentarios en esta materia, porque
considerar que Marruecos está haciendo esfuerzos serios y creíbles en este conflicto parece un alarde de optimismo desbordante, ya que hasta ahora lo que ha hecho ha sido poner trabas a la celebración del referendo, incumpliendo de forma sistemática
más de cincuenta resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Defender una propuesta de autonomía cuando todavía no se conoce el texto no solamente es aventurado sino que podría ser diametralmente opuesto al derecho de
autodeterminación, por cuanto presupone una premisa falsa, reconociendo este planteamiento de autonomía la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental y su pertenencia a Marruecos, algo que no está acreditado por ninguna decisión
jurídica internacional.
Mohamed VI, el 6 de noviembre de 2008, anunció lo que él denomina regionalización del país, y sobre esa base, la autonomía para lo que llama provincia del sur. España, en ese sentido, mantiene -es lo que nos preocupa de ese cambio de
estrategia- una actitud asimétrica. Reconoce al Gobierno de Marruecos, incluso habla del problema de Marruecos y Argelia -que más parece un problema de contexto que un problema de los actores fundamentales-, y si acaso, al pueblo saharaui le
corresponde únicamente el carácter de relación humanitaria; es decir, trata al pueblo saharaui como a una ONG. Esa es la posición asimétrica -nos parece- del Gobierno español. Tratamiento lógico de Estado al Gobierno de Marruecos, tratamiento
asimétrico, únicamente humanitario, al pueblo saharaui y a sus legítimos representantes. Este giro en materia de política para el Magreb y de solución al conflicto, en nuestra opinión, nos ha alejado más de la solución de lo que nos ha acercado.
El Gobierno parece que tiene sobre todo prioridades de relaciones económicas, de relaciones políticas, con el Gobierno de Marruecos. Su prioridad con el pueblo saharaui, es una prioridad que reconocemos como prioridad humanitaria, pero no es para
el Gobierno una prioridad política. El Gobierno se ha negado hasta ahora a reconocer a la RASD como lo han hecho 80 Estados del mundo. Ni siquiera reconoce el estatus diplomático a la representación de España del Frente Polisario, por aquello de
equilibrar las relaciones políticas. Tampoco -y nos parece más grave todavía- hemos escuchado la voz de España en defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos, donde los activistas saharauis son víctimas de detenciones
arbitrarias, torturas, juicios, encarcelamientos con cargos falsos, por manifestarse únicamente a favor de la independencia.
¿Qué piensa hacer el Gobierno en relación con los informes de Human Rights Watch, el informe de Naciones Unidas del año 2006 y el informe de la delegación de parlamentarios del Parlamento Europeo, que proponen a los gobiernos algo muy
concreto y sobre lo que quiero preguntar al ministro de Exteriores en esta ocasión. Proponen a los gobiernos que favorezcan un acuerdo que amplíe las competencias de Minurso también en materia de derechos humanos para permitir las libertades
básicas hoy negadas en los territorios ocupados. (El señor vicepresidente, Benegas Haddad, ocupa la Presidencia.) ¿Cuál es la posición del Gobierno en esa materia que, entre otros, firma Carlos Carnero, que firma un diputado de su posición política
además de otros diputados europeos? A nosotros nos gustaría saber qué piensa hacer el Gobierno en esa materia. España tiene intereses en Marruecos, pero también responsabilidades. Es hora de que la diplomacia no sea solamente la diplomacia de los
intereses, sino la diplomacia de los valores y del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de
Naciones Unidas, dictaminó en 1975 que el conflicto del Sáhara era una cuestión de descolonización, que debía ser resuelto mediante un referéndum de autodeterminación libre y auténtico, organizado por el Consejo de Seguridad. El Sáhara
Occidental es el último proceso de descolonización, junto con Palestina, pendiente en el continente africano y eso es algo que no debemos olvidar. No se trata de buscar una solución que contente a las dos partes por igual, esta solución no existe.
La justicia no se creó para contentar a todas las partes por igual. En el caso de la ocupación militar marroquí del Sáhara hay que hacer justicia haciendo el referéndum de autodeterminación y acabando, en nuestra opinión, con una ocupación que es,
a todas luces, ilegal en relación con el derecho internacional.
Sea como sea, el Gobierno tiene hoy la oportunidad de rectificar su error, dar un golpe de timón y establecer su compromiso con la legalidad internacional, restableciendo el consenso en esta Cámara. No le pedimos la retirada de embajadores
ni la revisión de acuerdos comerciales, ni siquiera le pedimos que actúe a favor de los saharauis como hizo Portugal cuando apoyó la independencia de Timor Oriental, su antigua colonia. En primer lugar, le pedimos que acate y apoye la legalidad
internacional, las resoluciones de Naciones Unidas que defienden el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui mediante referéndum; en segundo lugar, que paralice cualquier venta de armas o de cualquier instrumento que pueda tener
doble uso a Marruecos; en tercer lugar, que promueva la competencia de la Minurso en materia de derechos humanos en los territorios ocupados; en cuarto lugar, que reconozca el estatus diplomático del Frente Polisario; y, en quinto lugar, que
intensifique la colaboración con Naciones Unidas.
Termino ya, señor presidente. La diplomacia española, por razones morales y políticas, debería implicarse a fondo en la solución del conflicto, abandonando la sordina cuando se vulneran los derechos humanos o cuando se niega el derecho
internacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández. (El señor Salvador Armendáriz pide la palabra.)
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Compartimos el turno.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): O el señor Salvador.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No nos poníamos de acuerdo sobre quién empezaba.
En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia del señor ministro.
Esperábamos que esta comparecencia se produjera en la primera semana de febrero, como así parecía que quedó acordado este compromiso cuando fue debatido en la
Diputación Permanente. De todas maneras, agradecemos la comparecencia dado que la pedimos en aquella ocasión en que las manifestaciones del presidente del Gobierno crearon una determinada polémica, y sobre todo, preocupación no solamente en el
sector de los saharauis del Estado español y del propio Sáhara, sino en todos aquellos que compartimos la idea del derecho del pueblo saharaui a defender sus destinos y, sobre todo, a crearse como Estado propio. En ese sentido, quiero decir que
después de oír su exposición, no podemos sentir el mismo optimismo que usted trataba de dar a la misma en relación con los últimos acuerdos internacionales, y de manera especial los últimos de la Unión Europea y de Naciones Unidas, porque tras 35
años de conflicto sin resolver, es lógico que seamos escépticos a una solución inmediata.
Pensamos que ese largo camino, que usted incluso denominaba el largo esfuerzo internacional después de tantos años trabajando en relación con este conflicto,
no tiene solución porque, desde nuestro punto de vista, y ateniéndonos a la formalidad con que usted nos expone aquí la posición del Gobierno y a declaraciones que en ocasiones se hacen por parte de responsables del Gobierno, y por su parte en este
momento, así como la comparecencia del presidente del Gobierno, es una demostración de que esos esfuerzos no pueden tener una solución inmediata en la medida en que existen grandes contradicciones que, desde nuestro punto de vista, ponen de
manifiesto la falta de voluntad para resolver el problema. Usted dice que cuando el presidente del Gobierno hace las declaraciones no se refiere al apoyo por parte del Gobierno español a la postura de Marruecos en relación con la autonomía del
Sáhara, sino que se circunscribe a la postura respecto del plan de regionalización. En el plan de regionalización que propone Marruecos está el Sáhara como uno de esos territorios que tendrían su autonomía. Por lo tanto, si el presidente no hace
el matiz de que queda excluida de ese plan la cuestión saharaui, es lógico que se piense que desde el Gobierno se está dando apoyo al Estado marroquí en su postura en relación con esta cuestión. Por tanto, señor ministro, la necesidad de esta
comparecencia, desde nuestro punto de vista, sigue siendo oportuna.
Nos gustaría plantear algunas cuestiones a este respecto, porque se habla de los múltiples trabajos, de las resoluciones de Naciones Unidas y del ímprobo esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, pero lo cierto es que desde que
Naciones Unidas se hizo cargo de la búsqueda de soluciones al problema, después del alto el fuego del año 1991 y de las resoluciones 658 y 690, han pasado quince años. Han pasado quince años sin resolver un problema que en principio parecía que iba
a ser más fácil. Es necesario decir que esos acuerdos de Naciones Unidas, que dieron como conclusión las resoluciones que acabamos de mencionar, fueron firmados tanto por el Estado marroquí como por el Frente Polisario como parte representativa del
pueblo saharaui. En aquel momento había que ser optimistas, pero en este momento, dado que Marruecos ha hecho y sigue haciendo grandes
esfuerzos para que no puedan prosperar las decisiones de la comunidad internacional y que los saharauis han hecho grandísimos y escrupulosos esfuerzos para que eso se pudiera llevar a cabo, tenemos que cargar las tintas en el Estado marroquí
como responsable de que no se haya llevado a cabo. Además, tenemos que cargar las tintas en la comunidad internacional porque no ha hecho la suficiente presión ante el Estado marroquí para que esto tenga una solución.
El hecho de que seamos más duros -por así decirlo- con el Estado español es porque entendemos que tiene una responsabilidad fundamental en el conflicto, dado que en el año 1975 abandona a los saharauis a su suerte sin una solución.
Evidentemente, señor ministro, usted no era ministro ni el señor Zapatero era presidente del Gobierno, pero estamos hablando de responsabilidad del Estado no de responsabilidad del ministro o del Gobierno, estamos hablando de la responsabilidad del
Estado con un pueblo que fue hasta ese momento colonizado por este Estado y, por tanto, deberíamos tener una actitud de más responsabilidad. Estoy convencida de que esta responsabilidad que tiene el Estado con el pueblo saharaui es una cuestión
compartida por la mayoría de los ciudadanos del Estado español, porque así se ha manifestado en diferentes ocasiones. Nos gustaría que el Estado español -y en este momento quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones es su Gobierno- asumiera
responsabilidades no solamente, como ya se ha dicho, en el reconocimiento del estatus del Frente Polisario como el peso político de los saharauis, sino también que se dieran pasos para reconocer a la república saharaui, dado que se están haciendo
grandísimos esfuerzos, incluso de territorios liberados, como ellos mismos denominan, para crear una estructura que permita visualizar a la comunidad internacional no solo la vocación del pueblo saharaui a crear su propio Estado, sino también la
capacidad de los saharauis a hacerlo.
Nosotros instamos al Gobierno a que dé pasos en esa dirección, del mismo modo que le instamos a que facilite y procure esas visitas que usted comentaba al Sahara -en estos momentos en manos de la Administración marroquí- para comprobar esos
niveles de falta de libertades que diferentes estudios han puesto de manifiesto, pero sobre todo la vulneración de los derechos humanos. En distintas ocasiones se ha manifestado por parte de diputados, entre ellos yo misma, en esta Cámara la
necesidad de hacer esas visitas formales, oficiales para comprobar in situ esas situaciones y no solamente en cuanto a los derechos humanos como pueden ser situaciones de maltrato físico, sino también en relación con presiones políticas como obligar
a los saharauis a abandonar sus domicilios y sus propiedades para que estas queden en manos marroquíes.
Señor ministro, son dos cuestiones que le planteamos y nos gustaría que nos respondiera, tanto en relación con el reconocimiento del Frente Polisario como de la república, así como la necesidad de visitar el Sahara, hasta ahora en manos de
la Administración marroquí, para hacer esas comprobaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor ministro, en primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia, sus palabras y sus informaciones sobre este tema. Le haré una confesión. Yo esperaba una intervención más ambigua, más etérea, menos
comprometida, menos clara, pero no tengo empacho en decirle que la música me sonó bien. Se lo digo porque en anteriores ocasiones me da la sensación de que el Gobierno estaba en una mayor indefinición y en una posición de menos equilibrio que la
que ahora usted nos ha trasladado. Por eso doy la bienvenida a esas palabras. Creo que todos somos conscientes de lo sensible que es este problema, este conflicto y cómo nos afecta a nosotros también como país. Es un conflicto en el que se habla
de principios. Cuando usted hablaba antes de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de Europa hablaba, entre otras cosas, de nuestros principios, de nuestros valores y de la defensa de todos ellos. Yo creo que esto es para nosotros
esa piedra de toque en la que están en juego la defensa de los principios y la defensa de los intereses, y el conflicto entre la defensa de unos y otros. Para nosotros, para España, este es uno de esos problemas, de esas situaciones en las que
ambos están en la balanza. ¿Qué ganamos y qué no ganamos situándonos en la defensa de una u otra cosa? Aunque seguramente muchos pensaran que en este caso los intereses de España situados en un sitio puedan ser más fuertes que realmente los
principios que yo creo que todos vemos claros cuáles deben ser y que muy bien aquí usted ha marcado en la medida en que las condiciones de ese hipotético, de ese esperable acuerdo justo, duradero, mutuamente aceptable y que permita el derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui se concrete finalmente.
Quiero agradecerle igualmente el ofrecimiento que nos hace a los parlamentarios para obtener un consenso básico sobre este tema. Yo creo que es recuperar una posición centrada. Respecto a mi grupo, usted sabe que la Comunidad Foral de
Navarra ha tenido a través de su Parlamento múltiples posicionamientos y claridad sobre este tema, y mi grupo, aunque pequeño, va a colaborar, a ayudar y a desear que así sea, y a contribuir en la medida de nuestras posibilidades a participar en
aquello que pueda requerir el Gobierno en esta posición. En todo caso, quería pedirle en la medida de lo posible que si podemos pasar del deber ser a lo concreto, a cómo debemos ayudar, tal vez eso nos ayudará para saber exactamente en donde
estamos y no quedarnos solo en lo que nos parece deseable, sino en cómo podemos nosotros ayudar. Hasta ahora -y los hechos no me llevan la contraria- se puede ser escéptico con la solución a futuro. Por un lado, está la actitud de Marruecos y, por
otro lado, está el que no esté este tema en la agenda
internacional, el que no haya muchos intereses económicos puestos en juego por la solución de este tema. Yo soy escéptico y pesimista hasta el momento sobre cuál pueda ser el futuro de esta solución, pero en todo caso recogemos el guante de
su ofrecimiento y nos ponemos a su disposición para que eso sea así.
Únicamente querría formularle una pregunta puntual y es cómo el Gobierno español va a establecer o tiene establecido contactos o canales de información o si pudiera ocurrir que alguna presencia diplomática española pudiera estar colaborando,
informando o asesorando al representante especial del secretario general designado. Esta sería una pregunta puntual de cara al futuro. En todo caso, le agradezco sus palabras.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Permítanme que empiece lamentando no haber podido asistir al debate completo sobre el primer punto, referido al Consejo de Europa. Como miembro de la Asamblea Parlamentaria y comisionado de estas Cortes Generales en
el Consejo de Europa, me pongo a disposición de la Presidencia española del Consejo de Ministros para contribuir al desarrollo y al buen hacer de la agenda planteada. Lamento no haber intervenido por estar en la Comisión Mixta de la Unión Europea
en otro debate que se ha alargado bastante más, no con horarios europeos sino con horarios más bien mediterráneos. Voy a centrarme propiamente en el conflicto del Sáhara, a partir de su intervención, que es la conjunción de una comparecencia del
Gobierno a petición propia, para exponer la posición española y los buenos oficios sobre el conflicto del Sáhara, y de otras dos a petición de dos grupos parlamentarios, de Izquierda Unida, un grupo parlamentario de nombre muy largo, y del Grupo
Mixto, a la luz de unas declaraciones formuladas por parte del presidente del Gobierno.
Voy a hacer referencia a los dos extremos.
Para empezar, quiero constatar que usted, señor ministro, viene hoy al Parlamento a informar sobre el conflicto del Sáhara, teniendo como tiene este Parlamento una posición reiteradamente discutida y votada por consenso, por unanimidad. Por
tanto, a ella me remito. Este debate tiene en el fondo un buen punto de partida, que es el consenso parlamentario, sabiendo como sabemos que la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno, y sabiendo también que existe una posición
común del Parlamento español. Nos ha hablado de la necesidad de afrontar el conflicto del Sáhara buscando una solución política e interpretando, como yo lo interpreto también -estoy convencido de que no se puede interpretar de ninguna otra forma-,
que la misma es un complemento o una solución en la línea del cumplimiento de la legalidad internacional. No interpreto la expresión encontrar una solución política como la otra cara de la moneda del cumplimiento estricto de la legalidad
internacional, del marco definido por las resoluciones de Naciones Unidas y por un mensaje muy claro de la comunidad internacional hacia este conflicto, que es la presencia sostenida en el tiempo de la misión de Minurso. La cronificación del
conflicto requiere plantear nuevas propuestas para salir de la situación de enquistamiento. Usted habla de política y de legalidad internacional. Seguramente el Plan Baker y el Plan Baker II fueron los momentos de máxima aproximación a una
solución, a una salida a la vez legal y política, pero esto ya es pasado. Aquella fue una propuesta que conllevaba la elaboración del censo y la celebración de un referéndum en el horizonte de cinco años, propuesta que no fue aceptada por las
partes, pero que expresa lo que usted quiere decir cuando habla de política. Ha hecho referencia a la Resolución 1813. Cuando una resolución habla de buena fe, de realismo y de espíritu de compromiso, tácitamente dice mucho sobre aquello que no ha
sido posible en los últimos años. Para hacerlo posible nos plantea el impulso del nuevo enviado del secretario general de Naciones Unidas. Recuerdo una entrevista que tuvimos representantes de la Comisión de Exteriores con el que fue representante
del secretario general de Naciones Unidas, Álvaro de Soto, que seguramente es una de las personas que tuvo una de la responsabilidades más difíciles, que fue endosar el diálogo entre las partes después del fracaso del Plan Baker y del Plan Baker II.
Usted nos plantea básicamente dos escenarios. El primero, el diálogo entre las partes a partir del principio de prudencia: es mejor no concretar este diálogo entre las partes hasta que no haya una ronda completa con algunos elementos que
permitan evolucionar favorablemente. También nos ha introducido la importancia de la integración regional del Magreb y, en la medida de lo posible, de las posibilidades que nos plantea el nuevo impulso de la Unión por el Mediterráneo, esta segunda
entrega del proceso de Barcelona, que ya no habla de algo quimérico, que se planteó en el año 1995, que era la libre circulación de personas y mercancías, de un espacio económico integrado para el año 2010, sino que nos habla de objetivos bastante
más realizables, como agua potable en la ribera sur del Mediterráneo, impulso de la energía solar en la ribera sur del Mediterráneo y construcción de grandes infraestructuras que comuniquen, por ejemplo, Egipto con Marruecos a partir de una gran vía
de comunicación convencional; todo esto acompañado de otros mecanismos que ayudarían a evitar lo que usted planteaba en una parte de su intervención, la pendiente de marginalización de colectivos importantes del Magreb. La dimensión cultural y de
intercambios universitarios sería muy importante en este sentido. Nos plantea la integración regional del Magreb y del sur del Mediterráneo como una parte de la solución junto con el diálogo entre las partes. Pues bien, una vez más nos tenemos que
remitir al deseo del cumplimiento estricto de la resolución de Naciones Unidas. Su posición ha sido correcta.-El diputado Carlos Salvador decía valiente.-Citar las resoluciones de Naciones Unidas y desear su
cumplimiento es simplemente un acto de corrección, y no me duelen prendas al decir que el cumplimiento estricto de la legalidad internacional tiene que ser también compatible con un diálogo fluido y estructurado con el Gobierno de Marruecos
por la necesidad de seguridad -no hablo de intereses económicos, sino de seguridad-, de hacer compatible este punto y esta dimensión.
Entro en la segunda y última parte. Haré una breve reflexión sobre el porqué de su comparecencia de hoy. Comparece para exponer las líneas de fondo de la posición del Gobierno sobre el conflicto del Sáhara, pero también para dar cuenta, a
petición de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, de unas declaraciones del presidente del Gobierno. En la anterior legislatura, algunos representantes de la Comisión de Asuntos Exteriores tuvimos la oportunidad de reunirnos, en una reunión informal,
para conocer con profundidad la propuesta de autonomía del Gobierno marroquí.
Una delegación de parlamentarios marroquíes nos expuso la propuesta de autonomía del Gobierno marroquí, una propuesta de regionalización de Marruecos, que en la práctica
es una solución de ingeniería interna dentro de Marruecos ante el conflicto del Sáhara y una alternativa a la resolución de Naciones Unidas. Escuchar a las partes es apropiado. Esto forma parte de los buenos oficios diplomáticos. Esta Comisión
conoció el punto de vista de aquella delegación y constató que su propuesta no se ajustaba estrictamente al mandato de Naciones Unidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Una cosa es conocer la propuesta de una delegación, porque, como
decía, hay que escuchar a las partes, y otra cuestión -y este es el objeto de la discusión- es interpretar si las declaraciones del presidente del Gobierno, hablando del modelo autonómico español, eran o no una opción que decantar o tomaban parte
respecto a la propuesta del Gobierno marroquí. Usted mismo, en su primera intervención, sin esperar al turno de respuesta, ha leído las declaraciones del presidente del Gobierno. Convendría conocer más el contexto de la entrevista. También son
relevantes las declaraciones hechas en rueda de prensa conjunta con el primer ministro marroquí hablando del sistema autonómico español. Hablando simplemente en nombre del sentido común, señor ministro, el modelo autonómico español tiene una
génesis y un origen que no se puede exhibir para nada como ejemplo para la resolución del conflicto saharaui. En la medida en que esto hubiera sido expuesto como tal, habría sido -y le hablo en condicional- inapropiado, pero este es uno de los
elementos de discusión que ha planteado la petición de comparecencia de Izquierda Unida y del Grupo Mixto.
Con esto termino, señor presidente. He centrado mi intervención básicamente en hablar de la posición del Gobierno, del consenso parlamentario que existe al respecto, gracias a resoluciones reiteradamente aprobadas por unanimidad en Pleno y
en Comisión, pero también he querido hacer una referencia a las eventuales declaraciones de un presidente del Gobierno que, a los buenos oficios que reiteradamente hace en materia de política exterior, algunas veces quizás suponen una interferencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Me uno al agradecimiento de quienes me han precedido en el uso de la palabra al señor ministro por su comparecencia de hoy. Se trata, en efecto, de una de las cuestiones de la política exterior española
fundamentales y de más largo y profundo arraigo. Todos los gobiernos de España han intentado mantener posiciones equilibradas respecto de este conflicto y, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, es una política de Estado. Como política
de Estado requiere, en primer lugar, de la responsabilidad de los actores, de la responsabilidad de quienes son amigos del proceso para tratar de buscar la solución justa, política, duradera y que sea aceptable para las dos partes dentro del marco
de Naciones Unidas y de la legalidad internacional. Para eso se requiere de claridad, que no haya ambigüedad, se requiere de sinceridad, de transparencia y de un intento de llegar a acuerdos razonables con todas las partes implicadas, incluso
aquellas que no se sientan en las negociaciones. El consenso político es fundamental y en algunos momentos de la legislatura pasada en esta Cámara no hubo consenso en torno al Sáhara, porque creemos que la política del Gobierno en ese momento
carecía quizá del equilibrio necesario; ese equilibrio hemos visto hoy que está claramente restaurado. Hace falta una diplomacia activa porque España tiene unas responsabilidades muy claras. Fue un territorio colonizado por España y, en
consecuencia, nuestra responsabilidad es la que es y sería absolutamente absurdo, irresponsable, injusto y un gravísimo error político negarlo. Tenemos que buscar una solución, coadyuvar y catalizar esa solución, y tenemos que tener una posición
equilibrada.
En efecto, el Magreb es una de las regiones del mundo prioritarias para todos los gobiernos de España, pero tengamos en cuenta, como ha dicho el ministro en su discurso, en su intervención, los problemas de inestabilidad potencial que
existen en la región, y tengamos en cuenta lo que ha pasado recientemente, que creo que es necesario que se mencione en esta Comisión. En la región del Sahel, en Chad, en Níger, en Mali, en Burkina Faso ha crecido el islamismo radical de forma
exponencial. La presencia de Al Qaeda y otras redes terroristas está comprobada no ya solo por organismos de inteligencia sino incluso por ONG y centros de análisis internacional, como denunció un informe hace ya bastante años, el International
Crisis Group, sin que tuviese la necesaria repercusión en los medios de comunicación. Como dice el Gobierno, la integración regional será un paso para tratar de difuminar y de resolver las tensiones que hasta ahora se han dado.
Vamos a diseccionar la posición que un Gobierno de España y que la comunidad internacional en su conjunto deben mantener respecto de este conflicto. Obviamente, el marco de la legalidad internacional es irrenunciable, el marco de las
Naciones Unidas es igualmente irrenunciable y la solución -esto es algo que venimos diciendo ya desde hace muchos años- debe ser viable. Es decir, las soluciones utópicas no solo llevan a la nostalgia sino a que sean inaplicables. Esto requiere de
un esfuerzo de sacrificio por todas las partes: renunciar, como hemos dicho más de una vez, al maximalismo, a todos los maximalismos. Es evidente que el Polisario tiene que renunciar al suyo como Marruecos debe renunciar al suyo. Hemos dicho que
el plan de autonomía es un paso importante y un punto de discusión positivo -la señora Valenciano lo mencionaba en su reciente visita, de hoja de ruta, a Marruecos y nos parece correcta esa clarificación-, pero si el plan de autonomía se inscribe en
un plan de autonomía general y perfectamente paralelo al del resto de Marruecos, ahí el Partido Popular no estaría de acuerdo, porque eso entraría en conflicto con el espíritu necesario de la solución, que tiene que renunciar al maximalismo, y darle
un carácter general igual que a la descentralización del Reino de Marruecos sería tanto como disfrazar la autonomía de una integración total en el reino, y eso no sería una solución que renunciase al maximalismo.
En efecto, también una de las características que siempre se mencionan es el respeto al derecho de autodeterminación, pero eso no significa necesariamente la independencia. Lo hemos dicho en Marruecos y lo decimos en sede parlamentaria.
Hay que tenerlo muy claro, y decir lo contrario es no tener suficiente idea de lo que jurídicamente significa la autodeterminación y sobre todo echar más leña en un fuego que ya ha ardido casi treinta y cuatro años.
Es evidente que en las negociaciones de Manhasset ha habido voluntad de las dos partes, pero permítame que diga que quizá un poco más por una de las dos. El anterior representante especial de Naciones Unidas, el señor Van Walsum, dijo que
el Polisario tenía posiciones pétreas e inmutables muchas veces en las negociaciones de Manhasset, y eso hay que reconocerlo, es así. Es bueno que desde España, donde todos los gobiernos hemos exigido a las partes que renunciaran a su maximalismo,
esto se reconozca porque es bueno y justo. Vayamos a pedir también a las partes que como hemos dicho antes no se sientan, que también aporten la catalización necesaria para que el proceso llegue a buen fin, porque de lo contrario aquí no haremos
ningún tipo de avance. Por tanto, debemos lograr que todas las partes implicadas diseñen una solución que sea de verdad aceptable para las dos partes no solo para una, y ahí discrepo de lo que ha dicho el señor Llamazares. Pues sí, en un conflicto
de esta naturaleza sí hay que buscar una solución que sea aceptable para las dos partes, y no solo porque lo dice Naciones Unidas sino porque lo dice la lógica. Una solución que no fuera aceptable para las dos partes sería poner un parche y poner a
contar la bomba de relojería que inevitablemente volvería a estallar al poco tiempo de firmar esa solución. Hemos seguido con muchísimo interés el viaje del Parlamento Europeo. Yo hablé con Carlos Iturgaiz a su vuelta de allí y la impresión que se
me transmitió fue muy positiva, porque decía que se habían logrado avances muy sustanciales. Recordemos que esta Cámara intentó mandar una delegación de diputados y que hubo ciertas reticencias y dificultades.
Hemos visto que el Parlamento Europeo
ha ido allí y se ha entrevistado con todo el mundo sin ningún tipo de restricción, y eso también hay que reconocerlo. Sería injusto no hacerlo.
Francamente -y concluyo-, en esta Cámara el logro de un consenso en torno al conflicto del Sáhara Occidental no siempre ha sido fácil ni pacífico.
Va siendo hora de que, ahora que se vislumbra una pequeña luz al final del túnel, esa luz
llegue cuanto antes a ser una claridad del día del sol que baña el desierto del Sáhara, y de que por fin tantas personas que han sufrido de una y otra parte durante casi treinta y cuatro años puedan reunificar familias, puedan por fin volver a sus
casas y contribuir de forma activa a la imprescindible estabilidad de una de las regiones más importantes no solo para España, no solo para el Mediterráneo, no solo para los europeos del sur. Porque creo que algunos países mediterráneos europeos
hemos conseguido convencer al resto de nuestros socios de la Unión Europea y de otras instituciones de la importancia de la paz, de la estabilidad, de la seguridad, de la prosperidad, de la democracia, de la libertad y del respeto a los derechos
humanos en una región fundamental, en consecuencia para el mundo entero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Señor ministro, en primer lugar, quiero agradecerle la claridad de su exposición y de su trabajo. El Grupo Socialista está totalmente de acuerdo con su argumentación sobre que este asunto debe ser una política de
Estado y también con la intensidad y dedicación que usted dedica a este tema. Porque, señor ministro, negar el trabajo que hace el Gobierno español o desautorizarlo, solo contribuye a debilitar la causa saharaui, porque somos su principal valedor.
Esto lo reconoce todo el mundo, supongo que también lo reconocen todos los grupos de la Cámara, y es lógico que así sea. Este es uno de los intereses fundamentales de la ciudadanía española, en primer lugar, porque es de justicia, y también porque
hay muchas asociaciones que se dedican solo a este tema. Hay una gran cantidad de familias de acogida de niños del programa de Vacaciones en Paz. Por poner una cifra, cuando el Instituto Elcano pregunta a los españoles sobre cuál es el principal
tema entre España y Marruecos, el 10 por ciento responde que es el Sáhara, aunque es verdad que están por encima de este 10 por ciento temas como
terrorismo, inmigración, etcétera, y a algunos les puede parecer poco. Me parece muchísimo, porque es una cuestión que la ciudadanía lo ve como un tema de derecho humanitario, de justicia, muy cercano a los españoles que responden una y
otra vez con una gran solidaridad a cualquier tema que se presente en este aspecto. También es una responsabilidad de España como antigua potencia colonial y ha sustanciado el esfuerzo de todos los gobiernos para que se cumpla la legalidad
internacional. Han podido variar las estrategias, el grado de esfuerzos -eso es cierto- y la implicación, pero siempre se ha coincido en los objetivos. Prueba de ese nivel de consenso es que en el Congreso de los Diputados siempre se ha
conseguido, aunque a veces con cierta dificultad. Prueba de ese compromiso es la ayuda humanitaria que se presta a los campamentos y que hacen de España el primer país donante como bien ha resaltado el ministro. Evidentemente también es un
objetivo estratégico para España y para la Unión Europea. Porque la consecución de un Magreb árabe que tantos esfuerzos ha concitado en las distintas iniciativas españolas, desde el proceso de Barcelona, el proceso de vecindad de la Unión Europea,
hasta la Unión por el Mediterráneo, es una continua obsesión para conseguir el desarrollo político y económico de nuestra orilla sur.
En cuanto a la actuación de la Administración socialista, España heredó, como país principalmente implicado y responsable del tema, en el año 2004 una situación compleja; compleja porque estaba paralizada. España, repito, es un país
principalmente responsable e implicado, y todos los gobiernos lo han sido, pero no es el país determinante. Nos gustaría que lo fuera pero esa no es la realidad. En cambio, sí ha sido determinante en todos sus esfuerzos en mantener el interés de
Naciones Unidas en la resolución del conflicto. Sin España Naciones Unidas no habría seguido implicada al nivel que está en la resolución de este conflicto como consideramos que así debe ser. En 2004 la solución era de parálisis total. Por eso,
la resolución 1754 del Consejo de Seguridad salvó una grave inactividad, y las siguientes, y centró el problema en la negociación de las partes que son quienes tienen que ponerse de acuerdo en alcanzar una solución. No podemos olvidar que las
resoluciones son jurídicas y deben ser aplicadas, pero tienen que ser aplicadas por alguien, por los Estados, por las partes. Lo que no parece posible es que esas soluciones se sustancien por arte de magia ni tampoco parece que el Consejo de
Seguridad se haya implicado nunca en hacer una imposición política y, mucho menos, militar. Entre otras cosas, porque no sería una solución duradera ni justa ni mutuamente aceptable. Estas tres condiciones solo pueden derivar de una negociación
política, y es esta la que implementa las resoluciones de Naciones Unidas. Si esperamos que se implementen de otra manera haríamos un flaco favor a todo el mundo, a todas las personas implicadas e incluso también a nosotros. Tener en cuenta el
proceso de autodeterminación saharaui ha estado siempre en todas las actuaciones de este Gobierno y también de todos los demás.
¿Con qué nos encontramos en la actualidad? Según el Partido Socialista, dentro de lo difícil de la situación pueden verse algunos puntos de esperanza que son bastante claros. El nuevo enviado especial Christopher Ross es un gran conocedor
de la región, habla perfectamente árabe y ha demostrado un gran empeño y trabajo en abordar el problema con el acompañamiento del ministro y del Gobierno de España. La situación de crisis económica puede ser una oportunidad para esta solución de
conflictos tan largos que impiden el progreso democrático y económico, así como la estabilidad regional. Es bastante posible que todo el mundo se dé cuenta -y los españoles lo sabemos- que es importante solucionar estos conflictos tan largos para
tener la posibilidad de arreglar el mundo en una situación muy difícil, pero siempre en la línea de la negociación. Aunque hay otros puntos de esperanza, también saludamos la visita que ha hecho la delegación del Parlamento Europeo, encabezada,
como no podía ser menos por un español, que ha podido visitar la zona con toda la libertad y con el mandato de valorar la situación de los derechos humanos de los saharauis donde viven y en sus distintas situaciones. Pues bien, las conclusiones de
esta visita del Parlamento Europeo también abren una puerta a la esperanza porque piden la implicación de todos los gobiernos regionales, lo cual nos parece que es fundamental como es fundamental en la resolución de cualquier conflicto largo, y la
implicación de Argelia que es parte muy importante en este tema.
Piden la ampliación del mandato de la Minurso a la protección de los derechos humanos. Eso puede ser positivo, pero también es fundamental conocer la opinión del enviado especial del secretario general, señor Christopher Ross, que parece
que encuentra la solución en otras formas más viables de proteger estos derechos humanos, puesto que cambiar el mandato de la Minurso supone un trabajo a nivel del Consejo de Seguridad, lo que es siempre bastante complicado. En cualquier caso es
algo sobre lo que habrá que trabajar. Por último, también piden la monitorización de los derechos humanos por parte de la Comisión Europea, tanto en el Sáhara Occidental, como en los campamentos de Tinduf. Recomiendan al Frente Polisario que
mejore la transparencia y la justicia en las cárceles de los campamentos, a las autoridades argelinas que sean responsables del bienestar de los refugiados políticos que tienen en su territorio, y a los marroquíes que sean más respetuosos con unos
derechos humanos en el sentido del derecho a la asociación, expresión y manifestación, en general para todos sus habitantes, incluidos los saharauis. Piden también, y esto me parece fundamental, mayores facilidades del Acnur para que se fomenten
las visitas entre las familias separadas. Este fue un acuerdo de la última ronda de Manhasset, donde se intentó construir un camino terrestre entre las dos partes que separan a las dos poblaciones saharauis que son los campamentos y el Sáhara
Occidental,
y España contribuyó a esta propuesta con más de un millón de euros. La ruptura del muro sería una imagen positiva para crear mayor confianza entre las partes y una gran ventaja para las familias que así podrán verse con más facilidad y
frecuencia.
Deseamos que cuanto antes, y con la mejor voluntad de las partes, se reanuden las negociaciones de Manhasset, bajo el auspicio de Naciones Unidas que es quien garantiza que esas negociaciones sean justas y equitativas para las partes, y se
termine un contencioso que se ha llevado por delante a más de dos generaciones y no siga inutilizando el potencial humano de las personas implicadas en un auténtico drama. El tema está enfocado, las partes deben hacer su trabajo y todos los demás
debemos contribuir desde este Parlamento y desde el Gobierno, tal como lo está haciendo, a la resolución de un tema que interesa tanto a todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias a todos los portavoces de todos los grupos políticos por su contribución. Inicio este turno de respuesta haciendo un nuevo llamamiento para lograr en la
jornada de hoy ese consenso necesario para defender una de las cuestiones tradicionales, permanentes y vitales para la política exterior española como es el Magreb y, en particular, la solución definitiva del problema del Sáhara Occidental. Creo
que lo vamos a conseguir, a pesar de las intervenciones críticas -para ellos es un poco decepcionante la actitud del Gobierno- de Izquierda Unida y del Bloque Gallego. Creo que les voy a convencer de que la posición del Gobierno no difiere de lo
que son sus preocupaciones y sus posiciones de principio. Lo hago con el sentimiento de búsqueda de ese espacio de entendimiento y de construir juntos una plataforma parlamentaria y política de Estado. Es cierto que la cuestión del Sáhara
Occidental -lo hemos dicho en distintas ocasiones todos los intervinientes- ha durado demasiado. Es un proceso largo, difícil, dramático, trágico que, sobre todo, coloca a una población, la saharaui, en una situación de desesperanza. Como ha dicho
la portavoz del Grupo Socialista, doña Fátima Aburto, en una situación de injusticia. Han pasado ya dos generaciones de ciudadanos que viven en los campamentos de Tinduf anhelando una solución definitiva a su problema y que reciben por parte de la
sociedad española un trato de atención, de humanidad, de acompañamiento con el que, año tras año, la sociedad española parece sentirse satisfecha. Recibimos a los niños saharauis todos los veranos, los acogemos y, posteriormente, regresan a los
campamentos sin una solución definitiva a este largo contencioso. Esa fue desde el principio la voluntad y el deseo del Gobierno español cuando en abril de 2004, y ya en las primeras comparecencias, en las primeras líneas directrices de su
actuación exterior, marcó el Magreb y el Sáhara Occidental como una de sus prioridades. Y se implicó. Es cierto que, por distintas razones -quizá no valga la pena mencionarlas- la posición del Gobierno no se entendió o no se quiso entender. Para
unos era romper el consenso -como hemos oído hoy-, para otros era cambiar de posición. Se habló de distintas fórmulas, de pasar de la neutralidad pasiva al compromiso activo -no quiero volver sobre distintas maneras de definir lo que fue la
posición del Gobierno-, pero lo que fue claro es que el Gobierno intentó y sigue intentando resolver y ayudar a resolver este largo contencioso. Lo hizo en situaciones difíciles, complejas que a todos nos afectaron en un momento de estancamiento en
Naciones Unidas, de una falta de presencia de Naciones Unidas sobre el terreno, de una falta de entendimiento entre las principales naciones y partes del Magreb y, por lo tanto, ante una clara dificultad. Dicho esto, como siempre en un proceso
histórico, hay momentos en los que cuando parece más difícil una solución es cuando quizá se puede alcanzar. Yo les puedo señalar que estamos hoy en condiciones de percibir una actitud de las partes, de los países involucrados y asociados y, sobre
todo, una actitud de la comunidad internacional decidida a lograr una paz y una solución definitivas del problema del Sáhara Occidental, por todos los factores que se han mencionado aquí. El señor Arístegui mencionaba, con toda razón, todos los
problemas de inestabilidad en el norte de África y en el Sahel, donde lógicamente los países están necesitados de cooperación e integración; no cooperan y no se integran en el Sáhara Occidental y están pagando con un precio muy elevado todas las
inestabilidades en materia de seguridad, de terrorismo, de emigración, de desempleo y, por lo tanto, hay una llamada de todos los actores regionales a una solución definitiva del problema.
Por ello, mi solicitud es de consenso. Voy a tratar de
convencer, tanto al señor Llamazares como a la señora Fernández, de que sus posiciones no están ni mucho menos alejadas de la posición del Gobierno, salvo algunas matizaciones y explicaciones donde creo que me darán la razón, porque se inscriben en
la aplicación clara de la legalidad y el derecho internacionales y en la posición de principio de actuación diplomática.
Que haya discrepancia lo puedo entender a nivel político, señor Llamazares, pero discrepancia, ¿en qué? ¿En qué busquemos una
solución definitiva, justa, duradera, que sea aceptable para las partes y que garantice el derecho de libre autodeterminación? Dígame usted, señor Llamazares, en qué discrepa con el Gobierno en esta fórmula. Quisiera que me lo explicase. Me dirá:
El referéndum. Es el único elemento que no figura en esa serie de criterios o requisitos para llevar a cabo la aplicación de una solución definitiva, pero es que el referéndum no está incluido en la resolución del Consejo de Seguridad. Puede ser,
las partes lo pueden decidir; no decimos que no, pero los esenciales son los que les he mencionado y los que el Consejo de Seguridad, la comunidad internacional, la legalidad internacional están reiterando de manera sucesiva todas las veces. ¿Está
en contra de que
sea una solución política? Me imagino que no, porque S.S. es un político y supongo que le gusta negociar y encontrar una solución. ¿Qué sea una solución justa? Tampoco. ¿Duradera? Tampoco. ¿Qué las dos partes acepten y que sea
precisamente el logro de una negociación y, por lo tanto, garantice esa duración? Tampoco. De todas maneras, si en algún momento dijésemos que no aceptamos el derecho a la autodeterminación, lo entendería.
Paso de manera muy rápida a la petición, tanto de la señora Fernández como de S.S. sobre el reconocimiento de España de la RASD. Es una contradicción in termino. Lo he dicho ya en múltiples ocasiones. Lo ha dicho el señor Arístegui; él
y todo aquel que conoce un poco el derecho internacional. Si están ustedes pidiendo el derecho a la libre autodeterminación dejen ustedes a la población saharaui que decida su futuro. No obliguen a un Estado a reconocer a un Estado cuando no se
sabe si los saharauis van a decidir crear un Estado, ser independientes, integrarse en Marruecos o tener una autonomía. Están ustedes negando todo el acervo del derecho internacional. (El señor Llamazares Trigo hace signos negativos.) Sí, sí. Si
reconocemos un Estado ya no hace falta derecho a la autodeterminación. Ya reconocemos que es un Estado. Hay que dejar al pueblo saharaui que decida por sí mismo, libremente, lo que quiere ser. Por lo tanto, nosotros no nos pronunciamos pero no
reconocemos a la República Árabe Saharaui Democrática, y lo hacemos con todas las consecuencias. Pero eso no significa que tengamos solamente un tratamiento humanitario con el Frente Polisario. No es verdad, señor Llamazares. Le puedo recordar
que en la última legislatura se produjeron visitas de miembros del Gobierno español a la zona, y nunca en los que en ese momento eran los últimos veintinueve o treinta años un miembro del Gobierno español había visitado los territorios saharauis.
No hablo de dirigentes políticos -porque sí fueron varios-, sino de miembros del Gobierno. Dos secretarios de Estado visitaron Tinduf y yo me entrevisté con el secretario general del Frente Polisario, el señor Abdel Aziz, y también el presidente
del Gobierno se entrevistó con el secretario general del Frente Polisario. Aquí hay un representante del Frente Polisario que tiene contactos normales con el ministerio. Yo me reúno en múltiples ocasiones en Naciones Unidas, cuando ellos lo
solicitan, con los representantes del Frente Polisario y hablamos en un apartado normal, pequeño, de ayuda humanitaria, de esos casi 10 millones de euros, que es un dinero muy importante para una población que necesita la ayuda de la comunidad
internacional, pero hablamos cinco o diez minutos, y de lo que más hablamos es de política y de buscar una solución definitiva. Por lo tanto, no les estamos negando la interlocución, pero lógicamente no tiene la misma relación con nosotros el
Frente Polisario que la que tiene Marruecos. Lógicamente no la puede tener porque no es un Estado, porque tienen que iniciar el proceso de negociación para alcanzar su libre autodeterminación. Creo que eso es lógico; por tanto, me tiene usted que
apoyar y entender que la actitud no solamente de España sino de todos los actores internacionales es la de darle un reconocimiento al Frente Polisario como parte fundamental en la negociación con Marruecos, pero Marruecos es un Estado reconocido por
toda la comunidad internacional y con el que España mantiene una posición muy positiva, como es lógico con un país vecino. Por lo tanto, señor Llamazares, en ese caso no creo que hayamos disentido de sus preocupaciones.
Dice que las declaraciones del presidente del Gobierno fueron desafortunadas. Tengo aquí la transcripción de la declaración del presidente del Gobierno y la verdad es que leyendo con detenimiento las preguntas -se puede distribuir- se ve
que no es así. Una pregunta para el señor presidente del Gobierno: Recientemente, Su Majestad el Rey Mohamed VI anunció un ambicioso programa de regionalización del país. ¿Usted cree que el modelo autonómico español puede servir de ejemplo para
Marruecos para resolver algunos problemas, como por ejemplo el problema del Sahara? El presidente contesta: Puedo decir que la experiencia española en estos treinta años de Constitución que acabamos de cumplir sobre lo que ha sido el desarrollo
autonómico es una experiencia de éxito. Compatibilizar autogobierno con proyecto común es un equilibrio muy positivo. Eso sirve, lógicamente, para la perspectiva española. En la perspectiva de lo que plantea como un proyecto en torno a la
cuestión, vamos a decir tradicional, del Sahara, he expresado antes y hoy al primer ministro marroquí, un convencimiento, y es que tiene que haber un acuerdo entre las partes, un acuerdo razonable entre las partes, auspiciado por Naciones Unidas, en
donde España siempre va a ser colaborador activo. Y seguramente en un acuerdo entre las partes hay que tener la capacidad de ceder posiciones y de flexibilizar. Esta es la primera respuesta que hace el presidente del Gobierno en esas famosas
declaraciones. A otra pregunta el presidente contesta: En relación con el Sáhara, España va a tener una posición constructiva en todo lo que afecta al mandato de Naciones Unidas para el Sáhara. Entendemos que más allá de cualquier otra
circunstancia lo determinante será en el futuro que pueda haber una solución final, un acuerdo que se centre en la raíz del problema y que tenga una alternativa de acuerdo entre las partes. Esa es la preocupación fundamental. Señor Llamazares, le
voy a distribuir la transcripción. (El señor Llamazares Trigo: La tengo.) En cualquier caso, es verdad que lo dijo, y hemos dicho en nuestro comunicado conjunto al término de la reunión de alto nivel -como también lo dice el propio Consejo de
Seguridad-, que la propuesta marroquí era una propuesta positiva y que alimentaba la negociación, y que por lo tanto era un elemento nuevo que hasta ese momento en Marruecos no se había producido. Cuando dice que tenemos una posición diferente
sobre Marruecos porque reconocemos el esfuerzo de Marruecos y la buena posición, es que no lo dice el Gobierno español; lo dice Naciones Unidas en su resolución. Lo dice en todas las resoluciones pero, por
ejemplo, en la Resolución 1754 dice: Tomando nota de la propuesta presentada al secretario general por Marruecos el 11 de abril y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una
solución... Eso lo recoge el Consejo de Seguridad; no lo dice el Gobierno de España. Lo dice el elemento esencial de la legalidad internacional y reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso. No quisiera
seguir discutiendo porque lo importante es que logremos un consenso y un compromiso de todos nosotros para avanzar a favor de esa posición consensuada de todos los grupos políticos.
Termino dándole mayores explicaciones sobre los derechos humanos. Se hace referencia al informe de Human Right Watch. Señor Llamazares, como es lógico siempre se pueden mirar las partes negativas pero no las positivas. El informe señala y
reconoce que ha habido una evolución relativamente positiva en la situación de los derechos humanos tanto en Marruecos como en los campamentos de refugiados en Tinduf. Si Human Right Watch hace una primera evaluación positiva de esfuerzos de
Marruecos hay que reconocerlo. ¿Que todavía hay que mejorar la situación de los derechos humanos? Desde luego, y en ese sentido en ese informe se hacen recomendaciones, como ha dicho Fátima Aburto, tanto a Marruecos como al Frente Polisario. Por
lo tanto, si queremos tener una posición equilibrada, como se dice -aunque no me gusta la palabra equilibrada, prefiero una posición comprometida y favorable a la solución- no digan que solo nos apoyamos en Marruecos ni se apoyen ustedes única y
exclusivamente en el Frente Polisario. Hay que animar a las dos partes a avanzar en la solución definitiva del problema. Y precisamente el tema de los derechos humanos ha sido uno de los elementos que ocupó parte de las discusiones y
conversaciones del representante personal, señor Ross, en su primera gira a la región. Y él mismo ha quedado, como nos comunicó en su conversación con nosotros en España, en que quiere estudiar la cuestión de los derechos humanos con las partes y
con el Consejo de Seguridad para no cerrarlo en falso. Por lo tanto, la posible implicación o no de Minurso dependerá del informe del propio representante especial, que quiere hablar con las partes de la mejor manera en que pueda favorecer el
diálogo y las conversaciones. En definitiva, señor Llamazares, no veo tantas diferencias entre su posición y la nuestra.
Tenemos un momento y una coyuntura política que pide a todas las partes un esfuerzo suplementario y urgencia en alcanzarlo.
Tenemos los marcos jurídicos y las garantías jurídicas internacionales necesarias y hace falta la voluntad política para llevarlo a cabo. Desde luego por parte del Gobierno así se hará.
A la señora Fernández deseo decirle, con todo cariño y respeto, que no ha sido falta de voluntad política. Es un conflicto muy difícil. Nosotros llevamos casi cinco años en el Gobierno y creemos que hemos avanzando en marcar la única vía
posible para una solución definitiva, que es la negociación bilateral. Durante muchos años hubo confrontación militar.
Después hubo decisión de alto el fuego pero estancamiento diplomático y ahora estamos en condiciones difíciles pero no
imposibles de alcanzar un acuerdo. No me preocupa que usted cargue las tintas contra Marruecos.
Aquí no se trata de cargar las tintas contra nadie, o contra el Gobierno, de lo que se trata es de que todos rememos en la misma dirección, que es la
dirección que Naciones Unidas y que las propias partes aceptan. No vamos a ser mas papistas que el Frente Polisario, y vamos a aceptar la negociación, vamos a aceptar a un mediador de Naciones Unidas y dar una solución definitiva, aceptada por
todos los miembros, incluidos los países más cercanos a la tesis saharauis que, año tras año, resuelven en el seno máximo de la autoridad internacional -que es el Consejo de Seguridad- la manera de enfocar y buscar una solución a esa situación.
Visitas parlamentarias. Hemos visto que la visita del Parlamento Europeo ha sido satisfactoria. No creo que haya ninguna dificultad en solicitarla. Esta Comisión y el Parlamento español, que tienen buenas relaciones con Marruecos, la
podrán solicitar, y el Gobierno, en la medida de lo posible, facilitará esas visitas. Se ha podido celebrar, ha habido contactos con las distintas partes y, por lo tanto, creo que se puede lograr esa visita y comprobar que hay voluntad de ser
transparente y ayudar a las partes a una solución.
Al señor Salvador quiero agradecerle su apoyo y decirle que la política exterior de este Gobierno cuando se discute la alternativa entre principios e intereses -lo he dicho en varias ocasiones y en sede parlamentaria-, es la de defender los
principios, porque cuando así lo hacemos nuestros intereses están mejor defendidos. Por tanto, los principios son fundamentales en toda política exterior y cuando están bien defendidos, los intereses se pueden acomodar y pueden resultar más fáciles
de defender que si uno se olvida de ellos. Por tanto, los principios están muy presentes a la hora de abordar toda la cuestión del Sáhara Occidental. Sé que era escéptico y yo le he dado una visión más optimista. ¿Por qué? Porque en mis
conversaciones -lo he indicado en mi intervención, aunque ninguno de SS.SS. lo ha retenido en las réplicas- he mantenido que el papel regional de las partes es fundamental -el papel de Mauritania, de Argelia-, pero el papel de Francia, de Estados
Unidos y de España lo considero todavía más importante. Y ni Estados Unidos, ni Francia ni España se han puesto de acuerdo a lo largo de estos treinta y tres años sobre el futuro que deseaban contemplar en esa región denominada Magreb. Pero ahora
hay sintonía y voluntad de acercamiento, de análisis, de diagnósticos, de retos, de desafíos entre los tres países, los tres actores, que tienen capacidad de influencia en aquellos que pueden decidir una solución, coincidiendo en los riesgos y
desafíos que afectan a toda esa región magrebí. Por lo tanto, si en lugar de que cada uno vaya por su lado, nos unimos, coordinamos y consensuamos posiciones, estoy seguro
de que las partes escucharán mejor y responderán mejor a esa exigencia de una solución definitiva del problema del Sáhara Occidental. Por eso, soy menos escéptico que en el pasado. En el pasado, Francia tenía una posición, Estados Unidos
otra y España otra, y cada uno buscaba un desequilibrio en la relación bilateral con cada una de esas partes.
Formulaba una pregunta concreta: ¿Cuáles son los contactos? Son excelentes. Tenemos al representante especial del secretario general
que, como les he indicado, tuvo una primera reunión conmigo cuando ya sabíamos e intuíamos quien iba a ser el propio representante y que todavía no estaba nombrado. Hemos tenido distintas reuniones. Nuestro representante permanente en Nueva York,
el señor Yáñez, ha tenido bastantes contactos y estamos en una situación de fluidez de información y de cambio de impresiones cuando es necesario, pero es él el que crea su equipo y hace su política, y nosotros le apoyamos logísticamente y le damos
nuestros comentarios y orientaciones. Hay una muy buena relación y creo que, como todo el mundo ha señalado, es un buen representante personal del secretario general.
Señor Xuclà, claro que la resolución política tiene que recoger la legalidad internacional. Por eso hablamos de una solución justa, y cuando decimos justa es que tiene que ampararse y estar dentro de la legalidad internacional. Habla del
Plan Baker II. Es verdad que muchos hablan de este plan, pero si hablan de este plan es porque ha habido un Plan Baker I, y lo que no dice la gente es que el primero lo aceptó Marruecos y el segundo lo aceptaron los saharauis pero no los
marroquíes. Son esfuerzos diplomáticos. Baker empezó con un primer plan, lo rechazaron los saharauis; empezó con el segundo plan y lo rechazaron los marroquíes. Por lo tanto, el nuevo enviado de la Unión Europea tendrá que poner en la mesa las
dos partes y tratar de buscar una solución. La negociación directa y, junto a ello, el acompañamiento de los tres países principales y lo que es una política europea hacia el Magreb y el Mediterráneo, es fundamental para conseguir la solución
definitiva. España está trabajando en ese sentido. España tiene la presidencia del 5+5, del Mediterráneo Occidental. Vamos a celebrar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, donde estarán los ministros argelinos, marroquíes, del Magreb,
más los ministros de Europa del sur a principios del mes de abril, donde iremos construyendo ese marco de cooperación del Mediterráneo Occidental, del Magreb y de la Unión Europea y donde, lógicamente, haremos todo lo posible para mejorar la
relación entre las dos orillas. La Unión por el Mediterráneo cumplirá también parte de ese objetivo, como también las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera. La Presidencia española de la Unión Europea también nos
va a brindar una mayor posibilidad de movilizar todos los recursos europeos.
Señor Arístegui, la verdad es que últimamente coincidimos bastante en todas las comparecencias. Claridad y transparencia, sí. La verdad es que en la primera legislatura no hubo coincidencia en la presentación de nuestra posición, pero me
alegro de que en estos momentos hayamos logrado restaurar el equilibrio que el Partido Popular deseaba. Vamos a tener una diplomacia activa y vamos a buscar una solución. El Consejo de Seguridad lo ha señalado de una manera mas precisa en su
resolución, y una llamada a un mayor realismo, buena fe y compromiso y buscando, como decía el señor Arístegui, una solución viable creo que es importante. Vamos a trabajar y le agradezco que podamos contar con su apoyo porque, en definitiva, es
una cuestión de Estado, donde toda la sociedad española se siente comprometida y, por lo tanto, tenemos esa responsabilidad.
En cuanto a lo que decía la señora Aburto, es verdad que la preocupación por los saharauis no corresponde a uno o varios grupos políticos, sino que lo compartimos todos. Toda la sociedad española está apoyando a las asociaciones del pueblo
saharaui. Todos tenemos amigos comprometidos en ayudar al pueblo saharaui y todos nos sentimos comprometidos en darles un nivel de esperanza y de solución. Esto es lo que nos tiene que llevar a todos los grupos a lograr el consenso y conseguir ese
apoyo de todas las fuerzas políticas. Espero haber convencido a los que todavía no consideran que la posición de España y del Gobierno sea clara. He mencionado a la representante del Grupo Socialista en varias ocasiones, sobre todo señalando ese
compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con la causa saharaui, con la que nos sentimos muy identificados. Aunque en algunas ocasiones hemos recibido críticas de algunas asociaciones o de algunos grupos saharauis por lo que manifestaban,
cambio de posición del Gobierno en materia del Sáhara Occidental, vuelvo a reiterar que no ha habido cambio, que sigue el mismo compromiso y la misma voluntad de encontrar una solución política, justa, duradera, mutuamente aceptable, que garantice
el derecho de libre autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por el tono, señor ministro; lo que ocurre es que el tono y los hechos no coinciden. Desgraciadamente, en esta materia no coinciden las posiciones de esta Comisión y de este Parlamento con la política
del Gobierno, no coincide el tono de consenso, de diálogo, de acuerdo del ministro de Exteriores con las acciones del Gobierno. Tengo la impresión de que ustedes no han aclarado lo fundamental, por qué España en estos momentos ha desequilibrado su
posición. No aspiro al compromiso del Gobierno español con respecto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui -es evidente que está en el último lugar y que antes están todas las premisas previas-, pero sí aspiro a un cierto equilibrio y
no les he oído apoyar ninguna propuesta del Frente Polisario al mismo nivel que les oigo apoyar las del Gobierno marroquí. No es que no tenga explicación. Apoyar al más
fuerte tiene su explicación y en buena parte creo que el Gobierno marroquí ha logrado trasladar a las potencias, en este caso concreto a España, la prioridad de las relaciones comerciales y de la seguridad sobre la seguridad en el conjunto
del Magreb y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Creo que es así y no me ha convencido su explicación.
En segundo lugar, la situación es asimétrica en la interlocución y usted no puede ocultar solamente las organizaciones solidarias con los saharauis. Uno atiende a los comunicados del Frente Polisario y se ve que está dolido con el Gobierno
español continuamente, es decir considera que su nivel de interlocución con el Gobierno español se ha deteriorado de manera muy importante en los años de este Gobierno y en la misma medida se ha producido un reforzamiento de la interlocución del
Gobierno español con la parte más fuerte, que es el Gobierno marroquí. No lo digo yo, es algo evidente, y lo mismo ha hecho el Gobierno español en los organismos internacionales, ha desequilibrado su posición en dichos organismos. El Gobierno
marroquí lo anuncia en algunos de sus comunicados con satisfacción y el Frente Polisario en otros con insatisfacción, viendo que el Gobierno español se separa de ese equilibrio que he mencionado con anterioridad. Más allá de estas impresiones o de
estas valoraciones, si realmente todos estamos de acuerdo con que lo que se tiene que cumplir es el derecho internacional, y todos somos políticos y sabemos que tiene que haber una negociación política que dé una solución justa y duradera -en eso
estamos todos de acuerdo-, algo hay que hacer para que una de las partes no siga siendo cada vez más débil, más aislada y más reprimida.
Eso es así y para eso no basta únicamente con la ayuda humanitaria. Ahí tiene que haber un apoyo político para
que las relaciones sean más equilibradas y para que sea posible el diálogo. ¿O usted cree que es posible el diálogo en estos momentos con la situación que tiene el Frente Polisario? ¿Cree que es posible el diálogo con la falta de apoyo
internacional? ¿Cree que es posible el diálogo con la represión interna y la ocupación? Me parece muy difícil. Hay que restaurar el equilibrio y también el clima de confianza si es posible, medidas de confianza, y no veo ninguna. No me diga que
ha mejorado la situación de los derechos humanos. Freedom House dice: De los diez territorios del mundo con más represión... No me diga eso. Casi todas las organizaciones de derechos humanos están alarmadas por la situación y de hecho proponen
como una de las medidas que Minurso aumente su presencia también en materia de derechos humanos. Le traslado esas preocupaciones de mi grupo parlamentario, que creo que también tienen muchos ciudadanos. ¿En qué medida esta preocupación por la
seguridad, que es legítima por las relaciones con un gobierno como el marroquí, nos va a permitir llegar finalmente a un acuerdo? ¿No es necesario también enviar mensajes a la otra parte o no tiene obligación el Gobierno de enviar mensajes a la
otra parte además de los únicamente humanitarios; mensajes de diálogo político, de reconocimiento político y mensajes también que de alguna manera superen el aislamiento en estos momentos que la represión, la ocupación y demás están produciendo en
el Frente Polisario? Esa debería ser una reflexión que tendríamos que hacer para dar lugar a una posición más equilibrada y que favorezca un consenso que todos queremos en esta materia en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor ministro, por su segunda intervención explicando pormenorizadamente el tema, pero sobre todo respondiendo a las inquietudes que le manifestamos los que hemos intervenido con anterioridad. Empezó
usted diciendo que iba a tratar de mejorar nuestro optimismo en relación con el tema y, efectivamente, ha hecho esfuerzos porque ha sido más explicativo e incluso ha planteado cuestiones que pueden mitigar el escepticismo que nosotros planteábamos
al principio. Eso no quiere decir, señor ministro, que mantengamos el mismo optimismo que usted cuando dice que existen circunstancias diferentes porque hay más países o más Estados que están de acuerdo con lo que con anterioridad ocurría. Para
que nosotros fuéramos optimistas tendríamos que tener la idea de que eso va por el camino que usted nos está planteando y de momento es un objetivo que es necesario alcanzar.
Nosotros tratamos de exponer aquí no nuestra posición, una posición fuera
del territorio saharaui, no nuestra posición en el sentido de cómo queremos vivir los gallegos, sino que venimos aquí a exponerle una inquietud y una posición que nos transmiten aquellos que son representantes y representativos del pueblo saharaui.
Lo que planteamos no está en la dirección opuesta de lo que plantean ellos. Con esto quiero decir que si los acuerdos que se alcancen con esta mediación internacional y diplomática son, como dice usted, justos y duraderos y ambas partes van a estar
de acuerdo, también la parte que representa al pueblo saharaui, evidentemente no vamos a ser nosotros los que nos vayamos a posicionar en contra. No vamos en ningún momento a decir a los saharauis cómo tienen que plantearse el futuro ni cómo tienen
que vivir.
Lo que planteamos es la preocupación de ese pueblo en la medida en que ustedes reconocen como representación del mismo al Polisario. Ahí es donde manifestamos unas posiciones que no están en contradicción con lo que ellos plantean, pues
evidentemente no somos nadie para cambiar lo que ellos consideran. De ahí que entendamos que cualquier acuerdo para nosotros justo y duradero, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, va a ser por nuestra parte bien recibido -no acatado
porque no somos quién para acatar o no- y además con satisfacción. Efectivamente, el optimismo no puede ser al mismo nivel que usted nos quiere transmitir porque ese optimismo no lo tienen las dos partes a la vez. Es lógico que el Gobierno tenga
estas
actitudes, independientemente de lo que usted nos acaba de exponer, que las conocíamos desde que el intergrupo del Sáhara y el Parlamento nos mandara esa información, pero unas declaraciones como las del presidente del Gobierno en momentos
en que el Gobierno español llegaba a acuerdos con el Gobierno marroquí en materia de relaciones económicas, comerciales, etcétera, no pueden casar debidamente con lo que pueden ser los intereses del Frente Polisario o de los representantes
saharauis. De ahí que nosotros reiteremos nuestra preocupación. Respecto a lo que usted comentaba sobre que esos nuevos acuerdos no plantean el referéndum como una cuestión, sino otros temas para llegar a acuerdos y que no es imprescindible el
referéndum, hay una contradicción -probablemente lo he entendido mal- entre el planteamiento que se hace del reconocimiento de la RASD en relación con que eso significaría que no permitiríamos que el pueblo se definiera sobre si quiere Estado o no
quiere Estado y, por otro lado, que ustedes digan que los acuerdos que se puedan alcanzar no tienen que implicar necesariamente un referéndum, porque la pregunta es cómo se manifiesta ahí el pueblo saharaui sobre lo que quiere hacer en el futuro.
Nosotros entendemos que sí puede haber esas posibilidades, siempre y cuando quienes los representan, que en este caso sería el Frente Polisario...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando, por favor, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
También el Frente Polisario, como legítimo representante reconocido por todas las partes del pueblo saharaui, defiende la República Democrática Saharaui.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Catalán? (Pausa.) ¿Grupo Popular? (Pausa.) ¿Grupo Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Intervengo brevemente solo para decirle al señor ministro que continúe trabajando con optimismo, porque el pesimismo nunca ha construido ninguna posibilidad de acuerdo o de negociación ni ha solucionado ningún
problema. El trabajo fundamental que tenemos que hacer para que sean constructivas es insuflar ese optimismo a ambas partes.
Deberíamos llegar al consenso de que eso es lo que tenemos que hacer también en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Quisiera agradecer el último turno de réplica al señor Llamazares, a la señora Fernández y a la señora Aburto.
Hemos avanzado algo, porque al menos el señor Llamazares acepta que el tono era positivo. Faltan ahora las actuaciones del Gobierno para convencerle. Creo que podrá ser testigo de las actuaciones del Gobierno, que van a estar dirigidas a
demostrar el compromiso del Gobierno de favorecer una solución definitiva de este contencioso. Por tanto, nuestra voluntad es trabajar con todas las partes. Lógicamente, respetamos las declaraciones, los comunicados y los sentimientos que pueda
tener el Frente Polisario. No coincidimos con ellos en muchas de sus valoraciones.
Mantenemos una posición muy comprometida, y gracias al esfuerzo y a la diplomacia española hoy día el Frente Polisario está llevando a cabo su defensa y está
logrando que se puedan sentar en una mesa de negociaciones. De vez en cuando nos gustaría que reconociesen algún esfuerzo a la diplomacia española, pero respetamos que manifiesten su insatisfacción con la posición española; es su posición y
objetivamente no coincidimos con ella. Decía el señor Llamazares que están dolidos.
Como le he dicho, respetamos su posición. Tenemos los canales abiertos y toda nuestra mejor disposición de trabajar con todas las partes, con responsables del
Frente Polisario. Nuestra posición y la de los organismos internacionales es extremadamente rigurosa y cuidadosa. Igual que se recoge en las resoluciones del Consejo de Seguridad la propuesta marroquí, se recoge la del Frente Polisario con la
misma validez, como han hecho el secretario general y el representante especial del secretario general. No sé de qué se puede quejar el Frente Polisario de nuestra posición en Naciones Unidas. Hay otros países que podrían tener eso, pero nuestro
grupo de amigos siempre trata de defender una posición que permita avanzar en la solución definitiva del problema. Dice que necesita más apoyos, que necesita más refuerzos. España hace lo que considera que puede hacer. Su posición es la que
siempre ha defendido, que es esa solución justa, duradera y que respete el derecho de una autodeterminación. Creo que con esa posición el pueblo saharaui y el Frente Polisario se sienten satisfechos. La ayuda humanitaria es importante. Es cierto
que no es solo la ayuda humanitaria sino también la ayuda y el apoyo político. Nosotros le reconocemos como parte esencial del contencioso y tratamos de trabajar. Una cuestión que ha mencionado y que podría ser objeto de exploración y de mejora
son las denominadas medidas de confianza. España siempre ha estado a favor del establecimiento de medidas de confianza. Se lo hemos dicho a los polisarios y a los marroquíes. Cualquier medida de confianza que el nuevo representante, las partes o
el Polisario nos propongan estaremos dispuestos a apoyarla.
Respecto a los derechos humanos, hay informes de distintas organizaciones, pero todos creemos que Human Rights Watch es una organización relevante, importante y que hace una evaluación más positiva de la evolución de los derechos humanos en
Marruecos, y no solo eso sino que -cosa que me imagino debería sorprender al señor Llamazares- el representante de
Human Rights Watch ofreció una conferencia de prensa con toda la prensa internacional en Rabat para presentar su informe, que tenía partes positivas pero también partes críticas con las autoridades marroquíes.
Por tanto, algo se ha
avanzado, algo ha mejorado. El Gobierno siempre prefiere manifestar los avances y promover e incentivar que se vaya en esa dirección. En definitiva, señor Llamazares, creo que la voluntad de consenso existe. Hace falta todavía convencerle de que
en el tono y la forma de las actuaciones no hay asimetrías, y estoy seguro que en la próxima comparecencia que tengamos coincidirá conmigo en que los elementos que aquí hemos discutido y debatido son los que todos compartimos.
Señora Fernández, le agradezco el optimismo. Al fin y al cabo, todos tenemos que trabajar para que haya negociación entre las partes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor ministro.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran la una y veinte minutos de la tarde.