CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009IX LegislaturaNúm. 220

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 13

celebrada el lunes

16 de marzo de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial (Dívar Blanco):


- A fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2005 (corresponde al número de expediente 245/000004 de
la VIII Legislatura). (Número de expediente 245/000001.) ... (Página2)


- A fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2006 (corresponde al número de expediente 245/000005 de
la VIII Legislatura). (Número de expediente 245/000002.)... (Página2)

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A fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2007. (Número de expediente 245/000003.)... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para que informe sobre política disciplinaria del Consejo y de inspección de los tribunales. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000407.) ... (Página2)


- Para informar sobre la situación actual de la justicia y de los acuerdos alcanzados en el marco de la comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. A petición del Grupo Parlamentario de Ezquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000423.) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Bono Martínez): Señorías, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, la tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea el
presidente del Congreso de los Diputados quien dé la bienvenida a la Comisión de Justicia al presidente del Consejo General del Poder Judicial y sitúe la razón y el contenido de su comparecencia. En primer lugar, por tanto, sea bienvenido,
excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, bienvenida que hago extensiva también a las señoras y señores vocales del consejo presentes en esta sala.


Declaro, por tanto, abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del señor presidente, a fin de presentar las memorias sobre el estado, funcionamiento y actividades del citado consejo y de
los juzgados y tribunales de justicia referidas a los años 2005, 2006 y 2007. En esta ocasión, como una especialidad del debate, y por acuerdo de la Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia del día 3 de febrero, las memorias se van a tramitar
de modo acumulado, con otras dos solicitudes de comparecencia de los grupos parlamentarios Socialista y Esquerra Republicana- Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, referentes a política disciplinaria del consejo y de la inspección de los
tribunales, así como de la situación de la justicia y de los acuerdos alcanzados en el marco de la Comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia respectivamente.


De conformidad, por tanto, con lo establecido en la resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984, corresponderá intervenir en primer lugar y sin límite de tiempo al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial para presentar
las memorias. A continuación, se concederá un turno de intervenciones a los grupos parlamentarios para que formulen preguntas o hagan observaciones por el tiempo máximo de quince minutos por cada uno de los grupos. El orden de intervención será de
menor a mayor. Posteriormente se producirá una nueva intervención del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial para contestar a los portavoces parlamentarios y estos podrán intervenir en turno de réplica, si así lo desean, por un
tiempo de diez minutos. Esto es lo que han acordado SS.SS. en la Comisión.


En el supuesto de que la Comisión lo entienda conveniente y oportuno, podrá designar una ponencia que informe en un plazo de quince días sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia contenidos en las memorias, y en el caso
de que la Comisión no decidiera constituir una ponencia, la Presidencia anunciará a través de la Presidencia de la Comisión que se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión, y esta admitirá las
propuestas que sean congruentes con las memorias objeto del debate, referidas al servicio público de la justicia y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional. Admitidas a trámite y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efecto de su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.


Señor presidente, este es el formato del debate y, habiendo concluido mi presentación ritual, me permitirá que me ausente y que sea el señor presidente de la Comisión de Justicia, como ya es tradición, quien dirija los debates. De nuevo,
bienvenido, y ruego al señor presidente de la Comisión de Justicia ocupe la Presidencia y ejerza sus funciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, reitero la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a todos los miembros del mismo en nombre de la Cámara y de todos miembros de la Comisión de Justicia. Quiero también dejar
constancia de que estamos en un acto parlamentario, en un acto de normalización de las relaciones y de la cooperación entre los poderes del Estado, concretamente entre el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados. En ese
espíritu constructivo y expresando la satisfacción de toda

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la Cámara, sin más rodeos le cedo el uso de la palabra al señor don Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Lo primero que tengo que decir, en atención a las palabras que nos han dirigido el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Justicia, es mi
satisfacción por encontrarme en el Parlamento, en esta Comisión de Justicia, en esta sede de la soberanía popular y, en consecuencia, expresar el paralelismo que existe entre la Administración de Justicia y los tribunales, y el comportamiento de
esta Cámara al hacer las leyes. Quiero, como hecho fundamental, decir que vengo a esta Cámara como representante del Consejo General del Poder Judicial, presidiendo el mismo, como un alto honor para mí -vuelvo a insistir- y que además vendré
cuantas veces se me pida y sea necesario, contestando siempre a cuestiones que afectan al Consejo General del Poder Judicial y a la organización de los tribunales. Por tanto la fluidez de la comunicación entre el consejo y las Cámaras -en este caso
el Congreso a través de su Comisión de Justicia- es algo que estimo fundamental.


Decía que existe un paralelismo en nuestros trabajos porque, por una parte, tanto la Comisión de Justicia y el Parlamento en general -en sus dos Cámaras- como, por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial tenemos un mismo mandato y
un mismo depositario de nuestras voluntades expresadas a través de nuestros distintos sistemas. Ese destinatario es el pueblo español, al que tenemos que servir con transparencia, con claridad en todos los sentidos y con eficacia. Ese paralelismo
se muestra en el caminar constitucional de España, concretamente en la Constitución de 1812 y en la creación del Tribunal Supremo en 1812, de modo que son dos fechas muy significativas en el mismo año porque empieza el constitucionalismo en nuestra
patria y también el Tribunal Supremo como tal, aunque ya habían existido otros órganos jurisdiccionales anteriores al Tribunal Supremo como tal constituido.


Decía Baldo hace ya bastantes años que las leyes que se imparten y se enseñan en las universidades son las leyes que luego se digieren en los tribunales. Hablando en este sentido podríamos decir que las leyes que se elaboran en el
Parlamento son luego desarrolladas en sus partes correspondientes -en su interpretación nunca extensiva-, son interpretadas por los tribunales. De ahí que, teniendo un mismo fin -servicio al pueblo español-, un mismo nacimiento constitucional -el
origen del constitucionalismo aunque haya habido sus más y sus menos en estos doscientos años de existencia-, y teniendo, por tanto, que interpretar y aplicar las leyes que aquí, por otro lado, se hacen, no podemos más que tener una buena relación,
una relación fluida y estar siempre, en cuanto me sea posible y ustedes, señorías, lo quieran, al servicio de esta Cámara en la medida en que me corresponde como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Quiero dar las gracias a los demás
miembros de la Mesa, a los miembros de los diferentes grupos políticos o partidos y asociaciones que me han sido presentados antes y que van intervenir en este momento, y también me siento muy feliz por estar acompañado en estos instantes por
vocales del Consejo General del Poder Judicial, por el secretario y, por supuesto, mi asesor y aquellas personas que me han ayudado a preparar esta presentación de las memorias que desde luego las hemos hecho con toda pulcritud y con el mayor deseo
de colaborar y ofrecer esa fluidez a la que me he referido.


En primer lugar, la presentación de la memoria. Cumplo hoy, en mi calidad de presidente del Consejo General del Poder Judicial, con la invitación de esta Cámara para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del
Consejo General del Poder Judicial, de los juzgados y tribunales de justicia. El consejo general tiene el deber, por imperativo de su ley reguladora, de elevar dicha memoria con una periodicidad anual a las Cortes Generales. Aun habiendo sido
satisfecho dicho mandato dentro de plazo, no ha sido posible hasta este momento por diferentes circunstancias proceder a su presentación ante esta Comisión de Justicia, razón por la cual -igual que ha ocurrido en años anteriores- se procede a
acumular en esta comparecencia la presentación de las memorias de los años 2006, 2007 y 2008 correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. Esto significa que los datos contenidos en los documentos que están en su poder están cerrados en su fecha
más próxima al 31 de diciembre de 2007. Ha pasado un tiempo significativo desde entonces y con objeto de otorgar a esta comparecencia la máxima utilidad, así como de ofrecer una visión sobre el estado de la justicia española y su problemática lo
más actualizada posible, esta intervención tratará de centrarse en la situación de nuestros tribunales en el momento presente. No se debe olvidar que esta comparecencia tiene también como objeto, según la ley, la exposición de las necesidades que
existen en materia de personal, instalaciones y recursos en general para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. La aportación de datos actualizados otorga a mis palabras un valor añadido,
pues permite debatir sobre el vigente estado de nuestros tribunales, poniendo al día además la información que SS.SS., que cuentan ya con las memorias que se han remitido a estas Cámaras, puedan manifestar a lo largo del posterior debate.


Vamos ahora con el mandato del nuevo Consejo y los principios que inspiran su situación. En este momento quisiera renovar los compromisos asumidos al tiempo de su elección por este Consejo del Poder Judicial, cuya andadura ha comenzado con
respeto máximo al principio constitucional de garantía de la independencia de jueces y magistrados para el que fue concebido. Vuelvo a repetir que el primer principio es garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Esa es la primera
concepción

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que se tuvo del consejo. Su actuación -la del consejo- está siendo inspirada por la predisposición al consenso como forma natural para la toma de decisiones y por la vocación de servicio a la justicia y, desde este servicio, a la sociedad
española. El imperio del consenso en la toma de decisiones, en la medida en que ello es posible, responde al interés de poner de manifiesto una forma de ejercer la potestad de gobierno del Poder Judicial que enlace con el espíritu latente en la
sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que ya alertó de los riesgos que se cernían sobre el consejo si se trasladaba a su seno una lógica de contraste de intereses partidistas.


Debe ser destacada aún más la relevancia de esta filosofía de llegar a acuerdos consensuados si tenemos en cuenta las circunstancias en que se produjo el nacimiento del presente mandato de esta institución. No resulta exagerado afirmar que
ningún consejo nació en medio de un clima tan polémico como el que resultó designado nada menos que el pasado mes de septiembre, es decir, hace poco más de cinco meses. Desde antes de su toma de posesión por parte de sus miembros se recibieron
muchas críticas, no siempre muy constructivas. La recuperación de la credibilidad se tornaba de este modo no solo en principal aspiración consustancial a toda estructura de gobierno, sino además en una excelente plataforma para demostrar que, con
independencia de las distintas procedencias de cada uno de los miembros del consejo, procedencias que deben ser respetadas y que son necesarias, debe pesar la responsabilidad institucional al servicio de la mejora de la justicia. Para ello, dada la
legitimidad de puntos de vista sobre toda cuestión gubernativa, el acercamiento de posturas y la prioritaria ubicación del interés general redundarán en beneficio del funcionamiento de la jurisdicción desde el valor esencial de la independencia.


Es preciso señalar que la extensión en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial no ha significado en este tiempo paralización de sus actividades y funciones de gobierno, conforme está establecido en las leyes. A lo
largo de estos años ha habido continuidad en las acciones del consejo al margen de la pervivencia del proceso de renovación del mandato. Desde el punto de vista estadístico -voy a referirme muy brevemente a puntos de este carácter- puede
constatarse que el Pleno, a lo largo de 2008, dictó un total de 1.375 acuerdos. De estos, 978 corresponden al V mandato y 397 se produjeron en el actual mandato.


Por destacar algunas de las acciones más significativas del actual consejo, apunto tres asuntos: En primer lugar, el ejercicio de la política de nombramientos, en donde el consejo ha incorporado, en virtud de la reforma reglamentaria
aprobada por acuerdo del plenario de 25 de junio de 2008, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de discrecionalidad técnica y motivación de las decisiones de nombramiento de determinados cargos judiciales. Esta reforma ha sido
completada con un acuerdo de la comisión de calificación de 26 de noviembre de 2008, que dispone la invitación a los candidatos a este tipo de puestos a exponer ante una misma comisión su proyecto de actuación y los méritos en que funda su
solicitud. Sobre estas bases se han abordado ya dos nombramientos de presidencia de los tribunales superiores de Justicia de Galicia y Madrid. También en algunas presidencias de sala y de audiencias provinciales se ha aplicado este mismo criterio
y este sentir de la jurisprudencia dicha por el Tribunal Supremo. El segundo asunto que quisiera poner de relieve es la aprobación en el pleno de 12 de noviembre del Plan de modernización de la justicia (casi cuando había comenzado su andadura este
consejo y cuando, por otra parte, tenía que constituirse internamente en sus diferentes comisiones, ya la preocupación fundamental estuvo en el Plan de modernización), en el que se proponen algunas medidas para la implantación de la oficina
judicial, reestructuración de la planta judicial y aplicación de nuevas tecnologías, seguimiento y mejoras de la actividad de los órganos jurisdiccionales en otras actuaciones. Un tercer asunto, también importante, señorías, porque se refiere a un
aspecto humano, es la adopción de aquellas medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral en respuesta a las sugerencias de los integrantes de la carrera judicial. Son de destacar en este punto el acuerdo de reforma reglamentaria,
que afecta al modo de disfrute de los permisos por asuntos propios, y la propuesta que se hizo al ministerio, y que tendría que verse posteriormente en ley, de reformar con sus matices y con sus condiciones, el artículo 311 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que supone la supresión del ascenso forzoso entre los jueces de la carrera. Ya he dicho que con matices habría que considerarlo. Actualmente, se encuentran en proceso de desarrollo la reforma del reglamento de organización y
funcionamiento del consejo, que data de 1986 y que necesita ser adecuado al actual mapa de competencias generales que se asumen tras sucesivas reformas de la ley orgánica que desarrolla, y el impulso de las relaciones con las comunidades autónomas y
los demás poderes públicos, entre otras actuaciones. Ya me referiré a esta cuestión más adelante.


Voy a tratar ahora otro tema de capital importancia. La justicia como valor superior es responsabilidad de todos los poderes del Estado; insisto, de todos los poderes del Estado. Son diversos los nexos que unen a las cámaras y a los
jueces dentro del orden constitucional; ya me he referido a ellos en la primera salutación. Es mi intención destacar en este momento el elemento que constituye nuestra fuente común de legitimidad. Me refiero al pueblo español de quien el
Parlamento ostenta el poder de representación política y del que emana, conforme establece nuestra Carta Magna, la justicia. Por ello, he dicho que era un alto honor comparecer en esta Cámara, representación del pueblo español más genuino. Al
pueblo español le servimos las dos instituciones, la Justicia y el Parlamento, pues el juez no puede ejercer la jurisdicción sin leyes y las Cámaras se sirven de la interpretación de las leyes que los jueces hacen en sus sentencias. Esta

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apreciación se hace con el fin de poner de relieve ante esta Comisión algo que por otra parte es de conocimiento general, y me refiero a que el objetivo de la justicia, que en nuestro ordenamiento jurídico constituye un valor superior y para
cuya consecuencia la judicatura desempeña un papel esencial, no atañe exclusivamente a los jueces. Los jueces y magistrados procuramos la justicia en el caso concreto, pero para la obtención de la tutela judicial efectiva en los términos marcados
por nuestra Constitución actúan otros factores que implican a los poderes del Estado en su conjunto. La justicia efectiva, lo digo desde la convicción forjada a lo largo de toda mi vida dedicada al derecho y a la justicia (40 años), atañe, repito,
a todos los poderes: al juez desde luego, que es el titular de la función jurisdiccional y la cabeza visible, según expresión clásica pronunciada por palabras de la ley. Se decía antes que cuando el juez habla en la sentencia es la voz del Estado
la que en esos instantes está hablando. Es grave la responsabilidad de que el Estado hable por boca de los jueces y tribunales. También atañe al legislador, que está encargado de crear las normas que los jueces y magistrados aplicamos; y al Poder
Ejecutivo, a quien incumbe desde el Estado o desde las comunidades autónomas la dotación de los medios personales y materiales que los tribunales necesitan para otorgar a los ciudadanos una justicia adecuada a un exigible Estado moderno.


La imagen de la justicia. He considerado capitales estas premisas que he expuesto en unos momentos en que nuestra justicia se encuentra en entredicho en no pocos lugares de la opinión pública. Se formulan no con el fin de diluir la
responsabilidad que nos corresponde como jueces, como voz del Estado en las sentencias, sino -desde otro punto de vista y partiendo de la idea manifestada de la justicia como una tarea pública común- con el propósito de llamar la atención sobre la
necesidad de aunar nuestros esfuerzos individuales y de remar todos juntos en la misma dirección, coordinadamente pero cada uno desde su compromiso particular. Es toda una búsqueda de la mejora. Yo diría que es una exploración que tenemos que
alcanzar de las cosas buenas y bellas, y la justicia es en sí bella y buena. No es desde luego la primera vez que se habla de crisis en la justicia española. Una palabra que, como atestiguan los diarios de sesiones de esta Cámara, ha acompañado el
quehacer jurisdiccional a lo largo de décadas. Tampoco es la primera vez que se habla de la necesidad de una respuesta del Estado, desde el acuerdo de todos, que coloque a la justicia en el lugar que le corresponde, con estabilidad y alejada del
devenir marcado por la coyuntura política. No se trata de un tópico ni de retórica vacía sino de una exigencia moral de todo Estado de derecho que se precie de serlo y también de un clamor social. España es un Estado de derecho y es perfectible.
¿Qué es perfectible? Susceptible de hacerse cada día más perfecto. También, como digo, es un clamor social el que pide e insiste en una justicia que sea eficaz y transparente. La crisis de la justicia, sin descender de la abstracción general al
terreno de identificación de sus problemas y necesidades, no parece la vía más adecuada para afrontar sus retos con expectativas de éxito. Vuelvo a lo que antes he dicho. La justicia tiene en alguna forma que responder a la unión de todos los
poderes del Estado; los problemas y necesidades de la misma no nos son ajenos, aunque estemos en instituciones diferentes. Digamos de verdad que la justicia española ha sido tradicionalmente la gran olvidada del conjunto de poderes del Estado y
ello contrasta con su posición de clave de bóveda en nuestro Estado de derecho. A propósito de este asunto, es de justicia reconocer el compromiso asumido desde las Cámaras a lo largo del periodo constitucional para la modernización del
ordenamiento jurídico, para dotar a los jueces y magistrados de instrumentos legales adecuados a los fines constitucionales a los que servimos. También es de recibo destacar el esfuerzo presupuestario que se ha asumido durante este periodo por las
administraciones -lo que es lo mismo que decir por todos los españoles-, tanto en la dotación de medios humanos como en la puesta al día de las infraestructuras judiciales.


Con todo, y con esta gratitud y reconocimiento que me merecen las Cámaras, y pese a ello, es evidente que la tutela judicial sigue sin obtener el grado de efectividad esperado, así como que aún estamos lejos de alcanzar las cotas de
satisfacción ciudadana deseables a treinta años de la promulgación de nuestra Carta Magna.


El Poder Judicial aparece entre las instituciones públicas peor valoradas en términos absolutos y relativos. A esta percepción contribuye el hecho de que la justicia haya aparecido tradicionalmente a los ojos de los ciudadanos como una
institución lejana y opaca, cuyos mecanismos no son fáciles de asimilar, en una sociedad que exige cada vez mayor inmediatez a la respuesta del Estado en situaciones de controversia jurídica. Queremos una mayor comunicación y queremos también una
absoluta transparencia. Se trata de un factor relevante en la medida en que la imagen que el ciudadano tiene de la justicia no la obtiene directamente sino muchas veces a través de la percepción recibida de los medios de comunicación o de terceros
que actúan como intermediarios entre los tribunales y los ciudadanos, en ocasiones forjada a partir de tópicos alejados de la realidad. Así lo atestigua que la imagen de la justicia mejore entre quienes han sido sus usuarios con relación a quienes
solo mediatamente han tenido contacto con ella. Sobre este extremo parece oportuno recordar un dato interesante, cual es el bajo número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia que se produce cada año, en comparación con las decenas de miles de asuntos que anualmente ingresan en las oficinas judiciales; un número de reclamaciones que significativamente destaca por su tendencia negativa. Según datos de las
memorias que obran en su poder, en 2005 ingresaron 396 reclamaciones por un funcionamiento anormal de la justicia, de las cuales 181 obtuvieron informe favorable; en 2006, 389 con 302 informes favorables;

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en 2007, 241 con 173 informes favorables, y en 2008, 224 con 133 informes favorables, y en su mayoría eran por dilaciones y retrasos indebidos en la Administración de Justicia. No es un mal dato para evaluar el funcionamiento de la
administración desde la apreciación de sus usuarios, y habla muy bien de la calidad de la justicia española, por mucho que no siempre se desempeñe en condiciones ideales. Sin embargo, los problemas de la justicia no son de mera imagen. En los
órganos jurisdiccionales trabajan diariamente decenas de miles de profesionales cualificados, y también no cualificados, cuyo trabajo no se proyecta a los ojos de los ciudadanos. Esta realidad no debe servir de excusa para reconocer que gran parte
de la percepción ciudadana se fundamenta en la realidad de una Administración de Justicia necesitada de reformas profundas en algunas de sus estructuras. Es ahí donde se debe poner el acento si se quiere devolver a los ciudadanos la confianza y
satisfacción en los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de la justicia es especialmente sensible a esta problemática, que conoce a través de algunos de sus servicios. Los propios órganos jurisdiccionales son
fuente directa de conocimiento de las necesidades de la justicia a través de las salas de gobierno. A través de ellas recibimos una cumplida información sobre las deficiencias que se observan en todos y cada uno de los partidos judiciales y de los
puntos que requieren una solución para ofrecer una adecuada tutela jurídica a los ciudadanos.


Quejas de los ciudadanos. Fuente del conocimiento son también los propios ciudadanos a través de la Unidad de atención ciudadana del consejo, al que corresponde entre otras funciones tramitar las quejas y reclamaciones y atender sugerencias
y peticiones de información. El Consejo General del Poder Judicial se encarga de impulsar desde esta unidad la aplicación de la Carta de derechos ciudadanos ante la Administración de Justicia, dar el curso debido a cada petición, con atención
presencial, telefónica o informática, y la utiliza para centralizar la información y darle un tratamiento estadístico que permita ilustrar sobre la percepción de los usuarios, sobre el día a día de los juzgados y tribunales y para detectar problemas
puntuales, así como para avanzar en la calidad de la prestación del servicio. De acuerdo con los datos que obran en la memoria correspondiente a 2008 se aprecia un crecimiento del número de quejas superior al de los años anteriores, consolidando la
tendencia ya apreciada pero con valores mayores, lo que demuestra madurez de los ciudadanos y la consolidación de una cultura de las reclamaciones a los poderes públicos también en materia de justicia. Se resolvieron en este año -me estoy
refiriendo nuevamente a 2008- 8.667.988 asuntos, un 3,2 por ciento más que en 2007, dando lugar a que al final de 2008 estuviesen en tramitación 2.786.335 asuntos, un 14,5 por ciento más que en 2007. En este periodo se dictaron también 1.523.651
sentencias, un 3,7 por ciento más que en 2007.


Me quiero referir ahora a la inmigración y la crisis económica en la medida en que tienen influencia en el trabajo de la Administración de Justicia y de los tribunales. El fenómeno de la inmigración ha tenido una incidencia muy relevante en
la jurisdicción contencioso-administrativa, especialmente en sus juzgados unipersonales, provocando una sobrecarga de trabajo que repercute en el resto de asuntos pendientes. Otro de los factores a los que me refiero es desde luego la situación de
crisis económica que vive nuestra sociedad, cuyas consecuencias se proyectan sobre diferentes sectores de la actividad dentro de la jurisdicción. Especialmente graves son los efectos de la crisis en el orden social, con el aumento de procedimientos
por despido, y en el orden civil, donde se han multiplicado los procedimientos concursales provocados por situaciones de insolvencia empresarial y familiar, y con ello el colapso de los juzgados de lo Mercantil, donde el número de concursos
presentados ha pasado de 1.596 en 2007 a 4.813 en 2008, a pocos años de su creación, y sigue en esta línea ascendente. La crisis económica hace igualmente previsible un incremento del volumen de asuntos en la jurisdicción penal como efecto de un
nada descartable incremento de la tasa criminal.


Pasemos ahora a la carga de trabajo y planta judicial. Todo lo expuesto repercute en la carga de trabajo que soportan los tribunales de justicia y agrava una situación que estructuralmente era deficiente en no pocos casos, tanto en materia
de dotación de medios personales como materiales. Las plantillas de los juzgados y tribunales, especialmente en el número de funcionarios de los cuerpos de gestión y tramitación procesal con un elevado componente de temporalidad e interinidad,
difícilmente pueden hacer frente con prontitud a la carga de trabajo habitual de muchos órganos jurisdiccionales ni tampoco a la situación de agravamiento que dicha carga experimenta como consecuencia de la crisis. Grande ha sido el avance
experimentado en los últimos años por el Estado en la creación de nuevas plazas judiciales, así como en la especialización de órganos jurisdiccionales pero todavía es largo el camino por andar. Según datos recientes, el número de jueces y
magistrados que integran la carrera judicial es de 4.604, de los cuales el 96,4 por ciento se encuentra en servicio activo. Analizando la carrera judicial a 1 de enero de 2009 se observa que hay 2.438 hombres y 2.166 mujeres, el 47,2 por ciento.
Respecto a los jueces ingresados en la carrera en el año 2008, el 65,7 por ciento han sido mujeres. Todo revela que sigue existiendo un déficit de acuerdo con las necesidades detectadas. Sin afán de abrumar a SS.SS. con más datos, según el
estudio sobre la planta judicial que ha elaborado el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales en virtud del volumen de entrada de asuntos en el tercer trimestre de 2008
-por indicar algunos ejemplos- muestra la necesidad de ampliar el número de juzgados de Primera Instancia a 433 juzgados más. Sabemos que un juzgado no se crea solo por real

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decreto, necesita una formación de jueces, funcionarios, especializaciones, etcétera, pero el déficit está ahí.


La nueva oficina judicial. Los problemas de la planta judicial no son, sin embargo, los únicos que afronta la justicia española desde el punto de vista de la necesidad de dotación de medios personales y materiales. Junto a él existen otras
necesidades que requieren respuesta por parte de los poderes públicos. Entre ellos resalta la situación de interinidad de no pocos trabajadores que ocupan destino en puestos de funcionario de la Administración de Justicia, y muchos no tienen
formación ni vocación jurídica porque no la pueden tener, lo que dificulta la idoneidad de su desempeño y la estabilidad de las plantillas, y muchas veces con el trabajo supletorio que tienen que realizar en materias que no son propias de su
competencia los propios jueces y tribunales. Es preciso, por ello, adoptar medidas de estabilidad del personal, favorecer su promoción, su formación, su ingreso en los cuerpos de funcionarios para evitar la volatilidad de las plantillas, en
especial en órganos con mucha carga de trabajo o con gran penosidad. En este momento continua la tramitación parlamentaria de la ley orgánica reguladora de la nueva oficina judicial, norma transversal que afecta a la totalidad de las leyes
procesales españolas y que desarrolla el Pacto de Estado para la reforma de la justicia del año 2001 y la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley 19/2003. No es ocasión para reproducir las observaciones efectuadas por el
Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus facultades de informe, las que podemos llamar consultivas, que son poco conocidas entre las actividades que tiene esta institución porque constan en expediente legislativo; pero sí se puede
reiterar la expectación que dicha norma plantea, pendiente desde hace cinco años. La sustitución del modelo tradicional de oficina judicial abre nuevas esperanzas en el modelo organizativo de unidades judiciales y de los servicios comunes, pero su
plasmación legal deberá cuidar siempre la preservación de la posición cimera e independiente de jueces y de salas. Con el mayor respeto y cariño, porque he vivido toda mi carrera cerca del cuerpo de secretarios judiciales y de su eficacia, el
Consejo General del Poder Judicial cuando expresó su informe en el anteproyecto de la ley reguladora de la oficina judicial sostuvo, palabras textuales: Es obvio que los señalamientos deben coordinarse con los titulares de los órganos judiciales,
de modo que en ningún caso puedan planificarse contrariando el criterio del juez, magistrado o presidente de sala o de sección, que habrá de presidir las correspondientes vistas y comparecencias.


Instalaciones y medios materiales. Los últimos años han sido especialmente fértiles en cuanto a la actualización de muchas sedes judiciales, así como la dotación de medios, con particular énfasis en lo que concierne a la adquisición y
puesta a disposición del personal de equipos técnicos e informáticos, en un gran esfuerzo presupuestario que desde el Consejo General del Poder Judicial tenemos que agradecer a las administraciones responsables, a la Administración Central del
Estado y a las administraciones autonómicas. Este hecho, que en buena medida es consecuencia de las exigencias legales sobre uso de nuevos medios de filmación y grabación de la imagen y sonido como elementos de documentación de actos escritos y de
vistas judiciales, no oculta el trabajo que todavía queda por hacer. La imagen difundida en los medios por algunas oficinas judiciales, con expedientes y autos amontonados y desordenados, nos devuelve a una percepción de la justicia propia de
épocas pasadas, pero que es real en muchos órganos judiciales. Por ello, se debe exigir también en este campo el mayor de los esfuerzos para modernizar los sistemas de documentación y almacenamiento de autos, expedientes y piezas de convicción, de
manera que se sitúe a la Administración de Justicia al nivel de otras administraciones públicas, ya plenamente integradas en la senda de la informatización y que garantice la seguridad jurídica y la coordinación entre los juzgados y tribunales, de
manera que el ciudadano no sufra perjuicio alguno derivado de este mal funcionamiento.


A continuación, paso a considerar el descontento de los jueces. Hasta aquí, hasta este momento, he trazado una panorámica que ilustra los problemas a los que se enfrenta la jurisdicción real, la que perciben cotidianamente los ciudadanos.
Muchos de los descritos no son más que factores exógenos a los jueces y magistrados y proyectan una imagen de la justicia que nada tiene que ver con la cualificación y capacidad real de los actores y profesionales. A partir de estas premisas no
puede extrañar que algunos de estos actores, singularmente los jueces y magistrados, se sientan indebidamente señalados como responsables de una situación verdaderamente no deseada. Y es en este contexto en el que se debe valorar, a mi juicio, la
reacción producida en el seno de amplios sectores de la judicatura. El juez reclama, pero no reclama corporativamente sino en beneficio de los intereses de la sociedad, de una justicia más justa, por así decirlo, más eficaz, más transparente y más
ágil. El juez no elude su responsabilidad, porque la responsabilidad es el reverso de la independencia que tiene constitucionalmente reconocida. Ahora bien, al juez no se le puede señalar como responsable exclusivo del estado de la Administración
de Justicia, cuando no puede administrar justicia desde el respeto de unos estándares mínimos de calidad, en cuanto a los medios disponibles y a la carga de trabajo se refiere. En este punto cabe destacar -como dije al principio- que es el juez,
junto con el justiciable, quien más directamente sufre las consecuencias de una situación que repercute sobre sus condiciones de trabajo e incluso sobre su vida personal y familiar. Aquí he apuntado, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los
problemas, en el bien entendido de que su reconocimiento es el paso necesario, el primero, para ponerles remedio. Las protestas judiciales de las últimas semanas han servido para alertar a la ciudadanía de una situación en muchos casos
insostenible, por eso creo llegado el momento de exhortar a todos los poderes públicos responsables

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sobre la necesidad de sentar las bases para colocar a la justicia española en el lugar que le corresponde y devolver a los ciudadanos la confianza en una justicia fuerte y efectiva. Pues, al fin y a la postre, no hay manera de mejorar la
imagen de la justicia que solucionando los problemas y disfunciones que la afectan.


La modernización de la Administración de Justicia y la colaboración con otras administraciones. Es ese un proceso en el que cabe destacar que corresponde al Consejo General del Poder Judicial asumir un papel protagonista, un papel de
liderazgo en un momento marcado por la preocupación de los ciudadanos, con bajas tasas de popularidad de la justicia y de los jueces como colectivo del servicio público, y por el desencuentro y conflictividad entre alguno de sus actores y
responsables; la ocasión presente se demuestra propicia para recordar ante la representación de la soberanía, ante la que me honro en estar, nuestra decisión de ofrecer la máxima implicación y colaboración de jueces y magistrados a través de su
órgano de gobierno en la respuesta del Estado contra los problemas que aquejan a nuestra justicia. Se trata de un compromiso de colaborar, de implicarnos jueces y magistrados que nace de una vocación de un servicio público, de un ministerio
-ministerio etimológicamente viene de servicio- que asumimos los jueces desde que ingresamos en la carrera judicial y en el que tenemos obligación de colaborar sin afectar a nuestra independencia. Muchas veces se confunden estos conceptos, la
independencia judicial y la independencia del órgano legislativo con la colaboración y la fluidez que tienen que tener sus relaciones. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano con poder judicial, no es un tribunal de justicia, es el
órgano de gobierno de los jueces, pero el Poder Judicial va desde el Tribunal Supremo hasta el último de los jueces de paz. Y, desde la coordinación con la carrera judicial, con las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y sobre la
base del máximo respeto y colaboración con el Estado y con las comunidades autónomas, quiere y debe liderar ese proceso de reforma cohonestando los intereses en juego, partiendo de su condición de órgano autónomo, de su señalada posición de
privilegio en lo que afecta al conocimiento de los problemas reales de la justicia. Algunos pasos se han dado ya en esta dirección. Una de las primeras iniciativas acometidas en el actual mandato del pleno del consejo fue, como también señalé, el
Plan de modernización de la justicia, destinado a servir de hoja de ruta para acometer las reformas más necesarias, desde el pleno respeto a las competencias del Poder Ejecutivo en materia de dotación de medios a la justicia. De ahí que confiemos
en la próxima reunión de la Comisión mixta tripartita entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial para que impulse una serie de medidas coordinadas que afecten a diferentes actuaciones.
Igualmente, ofrecemos nuestra colaboración firme, estable y sincera al nuevo titular de Justicia, recién nombrado, que ha tenido la deferencia de visitar en su sede a este presidente, que le ha ofrecido la mejor disposición de cooperación en la
tarea expresada. Insisto, Legislativo, Ejecutivo y Judicial tenemos un mismo destinatario, servir al pueblo español.


Ejercicio de la potestad disciplinaria. Otro de los objetos de esta comparecencia, señorías, es un asunto de especial interés para la opinión pública española y que afecta directamente a la imagen de la justicia y sus responsables; estoy
hablando de las funciones disciplinarias que el Consejo General del Poder Judicial tiene reconocidas como órgano de gobierno de los jueces, a las que me voy a referir brevemente. La asunción por el consejo de funciones disciplinarias sobre jueces y
magistrados constituye una garantía objetiva contra la intromisión de los demás poderes del Estado en la labor desempeñada por jueces y magistrados y es un pilar de su independencia. Esa es la razón por la cual constituye una de las más delicadas
tareas jurídicas desarrolladas por sus órganos técnicos, en el bien entendido de la necesidad de evitar que a través de él los jueces y magistrados puedan verse inquietados o perturbados en el ejercicio de sus funciones, pero a la vez conseguir que
se haga efectivo el principio de responsabilidad al que igualmente se encuentran sometidos, principio al cual me referí especialmente en mi primera intervención en la apertura de los tribunales. A partir de los principios que inspiran el ejercicio
de la potestad sancionadora que, con matices, son los mismos que rigen el proceso penal, es más fácil comprender determinadas decisiones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial, decisiones tomadas conforme al procedimiento legalmente
diseñado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. La imposibilidad de interpretar extensivamente normas sancionadoras, hecho que prohíbe expresamente la Constitución, obligó al legislador a hacer un gran esfuerzo en la identificación de las
conductas sancionables. Del mismo modo, en virtud del principio de proporcionalidad, la ley graduó las posibles infracciones en tres niveles de gravedad, a cada uno de los cuales corresponde una determinada sanción, igualmente tipificada y adecuada
a la gravedad del hecho sancionado. A ello se llega previo procedimiento que respeta las exigencias mínimas de alegación, contradicción y defensa, y que concluye normalmente con una decisión sobre la sanción final que se encomienda, según la
gravedad, a la propia comisión disciplinaria o al pleno del Consejo General del Poder Judicial. Todas sus decisiones son en último lugar recurribles jurisdiccionalmente ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, de lo Contencioso-administrativo.
Las dificultades que plantea la tipificación de conductas sancionables, algo que se aprecia con facilidad si observamos las sucesivas reformas que en otros ámbitos ha sufrido nuestro Código Penal, han obligado al legislador a someter a reforma en
diferentes ocasiones el catálogo de conductas sancionables, la última vez en la reforma de la Ley Orgánica 19/2003 y con anterioridad también en la reforma que fue acometida en la Ley Orgánica 16/1994.

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Con respecto al ejercicio de la potestad judicial disciplinaria, deben tenerse en cuenta, sin embargo, otras consideraciones, principalmente porque al juez, a la condición de funcionario público le acompaña la de titular de un poder del
Estado, de ahí que, dentro de un sistema de garantías como es todo proceso disciplinario, cuando el sujeto pasivo es un juez la ley deba, tal y como señala la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, observar especiales garantías; entre ellas y, sin
ánimo de detenerme demasiado, cabe indicar las siguientes: primero, una específica regulación de los requisitos sobre duración normal de los procedimientos y sobre la caducidad de los expedientes que tenga en cuenta la dificultad que entraña en
muchos casos la investigación de los hechos denunciados. Segundo, también la necesidad de que el hecho sancionado esté tipificado por escrito en una ley anterior y que describa un supuesto hecho estrictamente determinado. Tercero, la
responsabilidad disciplinaria no puede ser objetiva por el resultado, sino basada en el principio de culpabilidad que exige un elemento intencional, para cuya determinación es preciso atender a las concretas circunstancias de hecho y al enlace
casual entre la voluntad del sujeto y el hecho que se ha producido. Cuarto y último, algunas sanciones y medidas cautelares en el procedimiento administrativo deben ser aplicadas con prudencia en el ámbito de la Administración de Justicia por las
dificultades para sustituir al juez en el ejercicio de su función, con la incidencia que ello pueda deparar en asuntos pendientes en su juzgado y en la validez de las actuaciones realizadas en los procedimientos por el juez sancionado que requieren
inmediación, en un procedimiento en el que juega también el derecho a la presunción de inocencia. Es un derecho constitucional que también afecta al juez.


Por último, es rentable invertir en justicia y es rentable invertir en justicia en momentos de crisis económica. Gráficamente, puede explicarse esta idea tomando como ejemplo lo sucedido en el Tribunal Supremo, revelador de efectos
positivos de la coordinación entre instituciones en pos de un objetivo común. En 2006, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia firmaron un acuerdo con el respaldo del consejo para el periodo 2006-2008 y que ha sido ahora renovado para el
periodo 2008-2010. Esta coordinación ha tenido como resultado una significativa reducción, aproximadamente del 37,5 por ciento, en los tres últimos años del número de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo. Datos exactos: de 44.000 asuntos
pendientes al inicio de 2006 se ha pasado a 26.500 a final de 2008. De mantenerse el ritmo actual, todo el Tribunal Supremo podría estar al día en 2012, resolviendo definitivamente cada asunto antes de que transcurriera un año desde que ingresó en
el Tribunal. Este dato pone de manifiesto que, partiendo de un buen diagnóstico del problema, un acertado tratamiento consiste en reforzar selectivamente el gabinete técnico con una mínima inversión del Ministerio de Justicia, que para el periodo
2006-2008 podría cifrarse en un total de 5 millones de euros, y las consiguientes medidas organizativas tomadas desde el Consejo General del Poder Judicial. Con el respaldo del Tribunal Supremo es posible solucionar el colapso histórico que durante
décadas ha afectado a este alto tribunal. Las consecuencias son evidentes. Además de mejorar sustancialmente el servicio que se presta a los ciudadanos resolviendo sus conflictos en un plazo razonable, de proporcionar un incremento notable en la
seguridad jurídica general, todo el dinero que durante años ha permanecido bloqueado en espera de resolución definitiva del Tribunal Supremo -varios billones de las antiguas pesetas-, paralizando posibles iniciativas particulares de empresas y
administraciones, está siendo liberado de este bloqueo y podría revertir paulatinamente al circuito económico. Si este ejemplo de lo sucedido en el Tribunal Supremo se proyectara al conjunto de órganos judiciales del Estado, las consecuencias
descritas multiplicarían sus efectos, de manera que la Administración de Justicia podría contribuir a un cierto relanzamiento de la economía en un periodo de crisis.


Muchas gracias por haberme atendido con tanta paciencia. Paciencia es aquella condición en virtud de la cual sufrimos sin inquietud. No les he visto particularmente inquietos en esta larga disertación que he tenido. Espero haber
satisfecho en una parte las demandas por las que he venido a esta institución y poder aclarar, posteriormente a sus intervenciones, aquellos conceptos que a lo mejor no se han tratado en esta disertación. Voy a terminar, con su permiso, con unas
palabras de Balmes que creo que nos vienen bien a los jueces y a los parlamentarios: percibir con claridad y exactitud -percibir los hechos con claridad y exactitud-, juzgar con verdad y discernir con rigor son las tres dotes de un pensador en
justicia y de un pensador en las leyes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esta Comisión comparte sin duda alguna una gran inquietud objetiva con usted, que es el futuro del servicio público de la justicia. Desde ese
punto de vista, no le quepa la menor duda de nuestro compromiso.


Antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios, quisiera hacerles una pequeña advertencia. Como saben ustedes, en este trámite está prevista la presentación de propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión de Justicia. A esos
efectos el plazo que se señala se cierra esta semana, el viernes día 20 a las 20 horas. En segundo lugar, dado que esas propuestas pueden referirse a las distintas memorias, a efectos de que economicen sus propuestas y de facilitar el trabajo y el
debate político de propuestas de futuro, congruentes con las distintas memorias y sin que estas puedan afectar a cuestiones jurisdiccionales, les invito a que, si lo desean, puedan acumular las propuestas de resolución a los efectos de su
tramitación ante el Pleno de la Cámara. Hechas estas advertencias vamos a conceder la palabra a los grupos parlamentarios.¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de

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Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer, en primer lugar, la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y de quienes como miembros de ese órgano hoy le acompañan aquí, en relación a la presentación de las
memorias, memorias que prácticamente en su totalidad no corresponden al ejercicio del actual consejo, y también quiero agradecer su comparecencia en relación con los datos de coyuntura, que también han sido razones por las cuales hemos pedido su
comparecencia. En todo caso, gracias por su comparecencia. El grupo parlamentario que conformamos Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña hemos pedido esta comparecencia no tanto por la memoria, porque poca
memoria puede tener un órgano con pocos meses, sino fundamentalmente por el programa de futuro del Consejo General del Poder Judicial que es lo que más nos importa, y no porque no queramos hablar del pasado, que hablaremos, sino para que el futuro
sea mejor para el Consejo General del Poder Judicial, para la justicia en general, que es verdad que es una responsabilidad de todos, y también para todos nosotros, para los ciudadanos. En segundo lugar, mi grupo parlamentario se sitúa, en relación
con la presencia hoy aquí del presidente del Consejo General del Poder Judicial, en una triple dimensión que ha abordado en su intervención: en la dimensión de los principios, de la responsabilidad del órgano de gobierno de los jueces y de la
actualidad, ya que en buena parte esta comparecencia solo hubiera tenido una parte de su explicación si no hubiéramos tenido en cuenta la actualidad; una actualidad convulsa en el ámbito judicial que preocupa a los ciudadanos y, por supuesto
también, a la representación de los mismos en este Congreso de los Diputados. Este es nuestro punto de partida.


Con relación al órgano de gobierno de los jueces y al propio Poder Judicial, como decía antes, nosotros no vamos a hacer aquí un largo ejercicio de memoria, a pesar de que las memorias están ahí, deben ser valoradas y al final, haré algunas
propuestas en relación con planteamientos todavía inconclusos respecto a memorias anteriores. Lo que nos interesa, sobre todo, si hacemos memoria, es la memoria en clave de futuro. En ese sentido, y aunque parezca algo extemporáneo, hemos asistido
durante los últimos años a una situación muy difícil en el Consejo General del Poder Judicial, no porque este órgano de gobierno de los jueces hiciese una defensa escrupulosa de la independencia de los jueces en su jurisdicción; no. No porque
ejerciese como poder del Estado o como representante y gobierno de un poder del Estado; tampoco. Porque se convirtió en un contrapoder del Estado y porque en su seno se generó una dinámica, no diría que parlamentaria, pero sí una dinámica adversa
entre sí y adversa con respecto a su función en el conjunto del Poder Judicial y también a su función institucional. Esa es la experiencia que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Se ha configurado un nuevo órgano por el procedimiento
legal, que nosotros no compartimos, pero, en todo caso, se ha configurado un nuevo órgano. No dudamos de su legitimidad y capacidad, y por eso no vamos a hacer una excurso histórico en esta materia, sino únicamente a esperar de ese órgano, como se
ha planteado por parte de algunos de sus miembros, que de sus decisiones podamos deducir su idoneidad. En todo caso, quisiera hacer esa breve referencia a lo que ha sido el órgano que, en mi opinión, se ha separado durante un tiempo, y ha separado
también durante un tiempo a quienes representaba, de su papel en nuestro país, del papel de poder que le corresponde al Poder Judicial, poder muy importante, pero que no es un contrapoder al Gobierno ni al Parlamento. No es así. Puede emitir un
informe, una valoración sobre una determinada propuesta, pero no es un contrapoder al Gobierno ni al Parlamento. Y tampoco debiera funcionar, y en ese sentido estoy de acuerdo con la reflexión del presidente, de manera parlamentaria, y mucho menos
de manera adversa, neutralizando su funcionamiento mediante la confrontación, que es lo que hemos vivido en el período anterior. Espero que con este nuevo Consejo General del Poder Judicial esos problemas se puedan superar, que el Consejo General
del Poder Judicial sea el órgano de gobierno de los jueces y que pueda ejercer con plenitud todas sus funciones. Ese es el deseo de mi grupo parlamentario. En ese sentido, tenemos una cierta extrañeza con respecto al furor del pasado y al olvido
del presente; el furor del pasado en torno a la defensa del ejercicio jurisdiccional de los jueces, que en algunos casos ya he dicho antes que se confundía esa defensa del ejercicio jurisdiccional con la confrontación con el Gobierno o con el
contrapoder a otros poderes del Estado, y el olvido, que en este caso quiero resaltar, con respecto a la jurisdicción de determinados jueces, que se está viendo hoy prácticamente puesta en cuestión por parte de fuerzas políticas, medios de
comunicación, con una cierta pasividad, tengo que decirlo, por parte del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está ocurriendo, el linchamiento que se está dando en estos momentos con el juez Garzón, con cuyas decisiones en algunos casos me
han unido coincidencias y en muchos casos discrepancias, entra dentro del cuestionamiento de la independencia del Poder Judicial en su jurisdicción, que es lo que se está cuestionando en estos momentos a nivel público por parte de fuerzas políticas
con representación parlamentaria, por parte de medios de comunicación, incluso por parte de personas que tienen un papel importante en el ámbito judicial y que no deberían actuar así respecto a la jurisdicción de un juez. En todo caso, quiero
resaltar esa cuestión para plantear mi preocupación porque se abre una nueva etapa en el consejo y, también, en relación a la defensa de la jurisdicción, de la independencia del Poder Judicial que, fundamentalmente, se produce en torno al ejercicio
de ese poder y no en tanto en cuanto a servicio público, aunque cuando el juez se separa del servicio público puede estar cuestionando

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también su propia jurisdicción. Pero, en todo caso, quiero centrarme en ese aspecto.


Un segundo elemento que quería plantear en relación con el nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial es la materia relativa a nombramientos. Es verdad que no han tenido lugar todavía nombramientos significativos pero quiero alertar al
Consejo General del Poder Judicial con respecto a la política de nombramientos. En nuestra opinión, no es bueno que los nombramientos se produzcan a la luz de la polarización del Consejo General del Poder Judicial como se produjeron en el pasado;
no es bueno que los nombramientos se produzcan tampoco por razón de oportunidad. Creemos que debe volverse de nuevo al mérito y la capacidad en relación con los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, esperamos que
esos criterios de mérito y capacidad prevalezcan en una tarea y en una responsabilidad muy importante del consejo, la que tiene que ver con los nombramientos.


He hablado de poder y contrapoder. Paso a un segundo tema relativo a la coyuntura política y a la coyuntura judicial. Decía antes que, aparte de lo que tiene que ver con un nuevo órgano de gobierno -que esperamos pase página con respecto
al pasado-, queríamos hablar también de lo que pasa hoy en la justicia española. Hemos visto en la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente -hemos dicho alguna vez que es difícil en un órgano de esas
características mantener el equilibrio-, un exceso de justificación de lo propio y también un excesivo hincapié hacia la responsabilidad de lo ajeno. En este caso digamos que, en nuestra opinión, hubiera sido mejor -y me parece que en el debate
podemos acercar posiciones- que mantuviésemos un cierto equilibrio también desde el Consejo General del Poder Judicial; un órgano, como he dicho alguna vez, difícil, en este caso -en el de las convulsiones en el seno del Poder Judicial- a medio
camino entre representación de las asociaciones y representación también del Gobierno del propio Poder Judicial -difícil tarea les corresponde-, pero a mí me hubiera gustado que hubiera habido un mayor equilibrio en esa materia. En opinión de mi
grupo no todo se justifica por la carencia de medios; la carencia de medios reparte la responsabilidad entre los que no los ponen en manos de los jueces y los jueces y aquellos que forman parte del Poder Judicial. Pero no es una única
responsabilidad la que justifica las insuficiencias, errores, irresponsabilidades del Poder Judicial y de los jueces. Ahí nos ha parecido ver un cierto sesgo en la intervención, en la presentación. Tampoco pensamos que todo se justifique por una
injerencia del poder político en el ámbito judicial, es decir, porque en determinado momento -y nosotros creemos que puede haber sido así- el poder político o el Gobierno hayan poco menos que dado directrices sobre la labor de inspección del Consejo
General del Poder Judicial y sus sanciones. Creo que eso forma parte de la realidad, pero no es toda la realidad. La realidad no es la insuficiencia de medios o la injerencia política; la realidad también es el propio ejercicio del Poder Judicial
y el propio ejercicio particular del juez en la oficina judicial. Creemos que para ser justos hay que equilibrar todos esos aspectos. Por ir más allá, incluso podríamos decir que el problema está -siendo más abstractos- en un Estado social que
cada vez es menos social y más penal, convirtiendo prácticamente todo al ámbito de lo penal y llevando una deriva de populismo punitivo que probablemente explique en algunos casos ciertas sobreactuaciones del poder político y también justifique
sobreactuaciones en el ámbito judicial. En ese sentido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, nos gustaría que hubiera una cierta asunción de las propias competencias y de las propias responsabilidades por parte del órgano de
gobierno de los jueces. Nosotros, los que somos miembros del Congreso de los Diputados y tenemos la responsabilidad en materia legislativa, asumiremos nuestras responsabilidades legislativas y el Gobierno, en su caso, tendrá que asumir las suyas.


Nos parece bien la manifestación, independiente de esta valoración de lo ocurrido, y la voluntad de cooperación y de colaboración. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una mejora sustancial de los recursos del Poder Judicial, y
también, en nuestra opinión, deben producirse modernizaciones no solamente técnicas sino legislativas en el ámbito de la justicia, todos estamos comprometidos y llamados a esa responsabilidad y a esas reformas. Por tanto, en esa materia -en el caso
de la denuncia del presidente del consejo-, los jueces tienen razón, pero también hay otras cuestiones en las que hay que incidir para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, y al final diré alguna de ellas.


Pasando ya a la tercera cuestión, que es el servicio público, decía antes en mi intervención que hay un doble papel en el Poder Judicial: el papel de poder y el papel de servicio público.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, lleva consumidos quince minutos.


El señor LLAMAZARES TRIGO: En ese sentido, quisiera hacer unas preguntas muy concretas al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Antes me he referido a la inspección. Quisiera preguntar ahora sobre la formación de los jueces o
de los futuros jueces y el conocimiento por parte del Consejo de la petición de compatibilidad por parte de muchos jueces para la formación de los denominados preparadores, si el Poder Judicial conoce esa materia y si vamos a continuar con una
privatización de la formación de los jueces o, muy al contrario, existe por parte del Consejo General del Poder Judicial la voluntad de que sean universidades españolas las que puedan llevar a cabo de manera reglada esa formación de los futuros
jueces.


En segundo lugar, quisiera preguntar también en relación con las relaciones internacionales, ya que no siempre han sido coherentes las prioridades del Poder Judicial y

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las relaciones internacionales del Consejo General del Poder Judicial. He planteado algún tema con respecto a la inspección; estaremos a la expectativa de cómo se desarrolla esa competencia por parte del consejo general. Y vuelvo a
repetir propuestas que en relación con las memorias de ejercicios anteriores ha hecho mi grupo parlamentario y que, en mi opinión, han tenido un escaso desarrollo. Primero, la Carta de Derechos de los Ciudadanos sigue repitiéndose en cada una de
las memorias y los avances son mínimos. Segundo, la formación especializada en áreas de contenido multidisciplinar, derecho de familia, derecho de menores, juzgados de vigilancia. Tercero, la regulación del control jurisdiccional de las
situaciones de los extranjeros internados en centros de detención por expediente administrativo. Cuarto, la especialización de la segunda instancia en materia de familia, menores y vigilancia penitenciaria. Quinto, el estudio sobre la población
penitenciaria y la incidencia de las sucesivas reformas del Código Penal. Sexto, el incremento de los medios para la formación inicial y continua -antes he comentado algo sobre ello-. Séptimo, los criterios comunes de formación entre la carrera
judicial y la carrera fiscal.


Termino agradeciendo su comparecencia, compartiendo con usted que cuando se hace justicia esta puede ser -puede ser- bella y buena, y deseando que no sea solo justicia poética.


El señor PRESIDENTE: Ahora, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Dívar, no hemos tenido que recurrir a la paciencia para escucharle. Todo lo contrario, ha sido muy gustoso escuchar su locución. Tampoco hemos tenido que recurrir a la virtud teologal de la resignación, a
pesar de que a veces sí gravitaba sobre sus palabras el fumus de cierta resignación en el planteamiento de algunos problemas. Con la facundia que le caracteriza -usted y yo nos conocemos desde hace muchos años- nos ha dado una clase de filosofía
del derecho sobre la cual cualquier tipo de ilustración que se haga en esta Cámara será bienvenida siempre. Todo es poco para alimentar los grandes principios ontológicos que muchas veces son objeto de una peligrosísima relativización en un órgano
parlamentario de estas características. Por ello le agradezco mucho su locución, pero, señor Dívar, agradeciendo su comparecencia y sus reflexiones -vuelvo a reiterar que hace mucho tiempo que usted y yo nos conocemos- y reconociendo su carácter de
persona honesta -no tengo ninguna duda de la honestidad intrínseca de sus decisiones-, con la misma honestidad le tengo que decir que no está consiguiendo algo que para nosotros constituye la función troncal del órgano que usted preside, que es
garantizar la verdadera neutralidad, la real neutralidad de la Administración de Justicia en el Estado español. Y no lo está consiguiendo seguramente no por falta de esfuerzos por su parte, sino porque la neutralidad política, la independencia -y
también la responsabilidad- sí que son los reversos o los corolarios de la independencia judicial. Y cuando por parte de la Constitución en su título VI y de la Ley Orgánica del Poder Judicial se diseña un Poder Judicial que tiene que ser
independiente políticamente, no se puede permitir que un órgano judicial predetermine la composición política de un Parlamento, en este caso me estoy refiriendo específicamente al Parlamento Vasco. Esto es lo que en nuestra opinión ha ocurrido,
señor presidente, y además lamento tener que decir que ha ocurrido en una sala presidida personalmente por usted. No tengo ninguna duda de que usted ha obrado en conciencia y de que habrá hecho una interpretación, una hermeneusis del ordenamiento
jurídico según sus auténticas convicciones, pero la perversión, la desnaturalización de la neutralidad política se ha producido de facto. Con la misma honestidad con la que usted y yo hemos hablado siempre, una interlocución siempre desinhibida y
no carente de discrepancia -aquí hay que recurrir quizás al materialismo dialéctico; quizás de la discrepancia surja siempre el elemento creativo-, aquí tengo que decirle que no lo está consiguiendo, que en este ámbito no lo ha conseguido. No sé
si usted ha hecho esfuerzos para conseguirlo pero no lo ha logrado.


Ha hecho usted una invocación a un pacto de Estado -vinculándolo a alguna de las múltiples reformas legislativas que no terminan de producirse porque son reformas por la vía de accesión, la gran reforma de la Administración de la Justicia no
acaba de producirse nunca- que no sé qué naturaleza tiene ni por quiénes está suscrito, quiénes son los signatarios de este pacto de Estado; se ha referido a la reforma de 2001. ¿Usted conoce en este momento algún pacto de Estado en relación con
las reformas atinentes a la Administración de Justicia? Si es así, nos gustaría que nos glose quiénes son los signatarios y cuáles son los grandes principios troncales que configuran los mecanismos de actuación en el ámbito legislativo y en el
ámbito de las competencias atinentes al Consejo General del Poder Judicial de este pretendido pacto de Estado. No me consta que en esta institución parlamentaria ningún grupo parlamentario mantenga ningún pacto de Estado. Conocimos la apariencia
de la existencia de un pacto de Estado suscrito por dos partidos políticos. Parece que la desafección de uno de ellos ha desestabilizado -parafraseando los principios del Código Civil- la base del negocio, y no sé a qué pacto de Estado se refiere
usted. Quizás en la glosa que usted nos pueda hacer de las expresiones que sabe que yo siempre le hago con cariño me pueda decir a qué pacto de Estado se estaba refiriendo usted para acometer las grandes reformas que en este momento requiere una
Administración de Justicia sobre la que usted ha realizado la diagnosis -y yo comparto la expresión del señor Llamazares- de una situación calamitosa pero un tanto autocomplaciente -se lo digo honestamente- y desde luego buscando responsabilidades

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en instituciones ajenas al consejo. Yo tampoco voy a negar que usted reconozca las propias del consejo, que no son irrelevantes. Las competencias del consejo, elevadas a la categoría casi de taumatúrgicas por la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985 son importantes, son competencias que, bien ejercidas, podrían resolver alguno de los problemas de la justicia. Lo que pasa es que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, cuya paternidad y bondades muchos reivindicaban en su
día, en este momento solo las reivindica el ministro que a la sazón ordenó redactar su articulado. Se han producido desafecciones posteriores y, en este momento, no conozco ningún apologeta ni adalid de esta ley orgánica ni de sus reformas
posteriores, que siempre han sido parciales, asistemáticas, por la vía de accesión y que no han resuelto los grandes problemas troncales de la Administración de Justicia.


Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha hablado de las cuestiones importantes, de la política de nombramientos. Yo he estado en el consejo, como usted sabe, durante cinco años. No he tenido la fortuna de pertenecer a
esta benemérita institución durante seis años y medio o siete años, como los que le precedieron a usted en este consejo. Conozco el sistema de nombramientos, por lo que me agrada sobremanera -y espero que sea funcional y eficiente el sistema- que
el mérito y la capacidad, elementos vinculados a la neutralidad política más exquisita, sean los que garanticen las políticas de nombramientos en este consejo. Yo he conocido el intercambio de la Presidencia de la Audiencia de Guadalajara por la de
Palencia, por poner un ejemplo, y este era el sistema de funcionamiento ordinario en aquella época. Eran intercambios de cuotas entre grupos de poder donde se obviaban manifesta, sistemática e incluso obscenamente -en ocasiones- los méritos y
capacidades concurrentes en los grupos de aspirantes a las presidencias. Y en el ámbito disciplinario le diría algo parecido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, yo también he observado maniqueísmo en el ejercicio de la
potestad disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, al que yo pertenecí. Le voy a poner un ejemplo paradigmático. He visto suspender a un magistrado relevante, el magistrado Moreiras, de la carrera por irrelevantes
declaraciones al diario ABC cuando otros jueces que ocupan las primeras planas de los periódicos todos los días no han sido siquiera objeto de diligencias informativas. Esto no es normal. La potestad disciplinaria requiere los elementos de
objetividad, de tipificación de la infracción y de neutralidad e igualdad en el tratamiento, igual que en cualquier otro ámbito, en el jurisdiccional stricto sensu o en el ejercicio de las potestades punitivas administrativas. La jurisprudencia
jurisdiccional atribuye al ejercicio de las competencias punitivas administrativas los mismos requerimientos de tipificación, de igualdad, de garantías, de defensa de los derechos que al ejercicio de la potestad punitiva en el ámbito jurisdiccional.
Esto no ha ocurrido tradicionalmente por lo que me gustaría escuchar del presidente del Consejo General del Poder Judicial si existen elementos de objetivización en el ejercicio de la potestad disciplinaria.


Por último, hablando de cuestiones materiales -al margen de la glosa más vinculada al derecho natural o a la filosofía del derecho que ha constituido el tronco de su intervención y que le agradezco porque estas cuestiones no son baladíes,
sino que son terriblemente relevantes para una institución parlamentaria- quiero decirle que ha hecho una denuncia que considero muy pertinente. En este momento, uno de los problemas de la Administración de Justicia es la desarmonía de los sistemas
informáticos existentes en las distintas comunidades autónomas y de estas con el Ministerio de Justicia. Hace más de nueve años se creó el Cendoj. En este momento nos acompañan personas que asistieron conmigo a la inauguración formal del Cendoj en
la ciudad de San Sebastián. El Cendoj estaba llamado a cumplir, entre otras competencias, la función de crear un sistema informático no único pero sí armónico y coordinado. Me gustaría conocer por qué en nueve años no ha sido posible crear un
sistema informático con elementos de coordinación que eviten, por lo menos, las disfuncionalidades de naturaleza informática en una justicia como la española, que está afectada por criterios de gran porosidad, donde los pleitos son fácilmente
trasladables por razones de naturaleza procesal de un lugar geográfico a otro pero donde las conexiones informáticas no funcionan porque no están conectadas entre sí. ¿Por qué el Cendoj, el Centro de Documentación Judicial, no ha sido capaz en
nueve años de abordar algo tan trascendente como esto? En mi opinión, ha hecho una reflexión más apologética de lo que merita la causa relativa a las movilizaciones -así las ha citado usted eufemísticamente; las asociaciones judiciales hablan
directamente de huelga- y en lo concerniente a determinadas reivindicaciones de naturaleza laboral de jueces y magistrados y sus asociaciones representativas. El Consejo General del Poder Judicial se pronunció sobre la posibilidad o pertinencia del
ejercicio de huelga por parte de jueces y magistrados, y creo que ahí demostró una cierta falta de autoridad moral sobre las asociaciones, puesto que la identificación del derecho, la no atribución a los jueces y magistrados de este derecho
subjetivo previsto en el artículo 28.2 de la Constitución, fue objeto de escasísima consideración. De hecho, hace poco han comparecido aquí todas las asociaciones de jueces y magistrados y han relativizado mucho la reflexión del Consejo General del
Poder Judicial sobre las posibilidades que tienen los jueces y magistrados de ejercer este derecho. Es más -se lo voy a decir honestamente-, todas han reivindicado para sí mismas la posibilidad de su ejercicio. Yo comparto la opinión del Consejo
General del Poder Judicial. El artículo 28.2 en su contenido esencial ha sido perfectamente descrito por la jurisprudencia constitucional. Las medidas de conflicto colectivo y de huelga son un derecho que se atribuye a los trabajadores
dependientes, pero además hay un Real Decreto-ley, de 4 de

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marzo de 1977, convalidado por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, que determina el ámbito subjetivo del derecho de huelga y no se atribuye a estos funcionarios que configuran conjuntamente un poder del Estado, se
atribuye solo a los trabajadores dependientes; sin embargo, hubo dudas y todas las asociaciones lo reivindicaron. No sé hasta qué punto esta reflexión del Consejo General del Poder Judicial ha sido un elemento de autoridad suficiente para
desmovilizar lo que se prevé que van a ser futuras movilizaciones, reivindicaciones -no recuerdo cuál es la locución por usted expresada- pero que son huelgas, en definitiva, son cesaciones de actividad. Desde esa prospectiva, me gustaría conocer
si el Consejo General del Poder Judicial va a mantener firme su posición respecto a negar lo que el ordenamiento jurídico niega, que son los jueces detentadores del derecho subjetivo de un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Dicho
esto, también hay que decir que las reivindicaciones de los jueces en su mayoría son legítimas. No le he oído glosarlas individualmente, únicamente una referencia un tanto perifrástica o colateral por su parte a la conciliación de la vida laboral y
familiar. Totalmente de acuerdo en las reivindicaciones de los jueces y sus gravísimos problemas en relación con la compatibilización de la vida laboral y familiar. De hecho, el Estatuto del empleado público establece medidas importantes para los
funcionarios públicos del Estado y para los de las comunidades autónomas, puesto que esta normativa ha sido declarada básica, para conciliar la vida laboral y familiar. Los jueces no disponen de estas posibilidades de conciliación, pero aquí sí que
estamos ante una competencia paradigmática del consejo. Son ustedes los que tienen que establecer medidas que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar mediante un diseño de los preexistentes módulos de productividad de las jornadas
de trabajo y, sobre todo, de la planta; que en un Estado como el español, que tiene la anteúltima planta de la Unión Europea de los Veintisiete, las reivindicaciones en relación con esta materia y las demás no se queden en puras unas
reivindicaciones retóricas. Señor Dívar, cuando se elaboraron los módulos que miden la productividad yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial, y lo cierto es que estos módulos de productividad se elaboraron -y hay aquí presentes personas
que lo pueden atestiguar- con absoluto consenso, que se concitó con todas las asociaciones de jueces y magistrados, con todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y con los presidentes de sala. Hubo
una única discrepancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; todas las demás convalidaron el sistema de módulos del consejo que, sin embargo, a mí me pareció discutible; tan discutible como que
parece poco razonable atribuir cinco puntos por dictar una sentencia y un solo punto por una ejecutoria. Luego pasa lo que pasa y no le voy a indicar lo que pasa, señor Dívar, porque lo sabe perfectamente. Le pediría que cuando se vuelva a
arbitrar un sistema de módulos se haga de forma concertada, se haga de forma negociada y se hagan módulos equilibrados, para que también la reivindicación legítima de conciliación de la vida laboral y familiar tenga acogida dentro de las
reivindicaciones, que por otra parte son reivindicaciones muy razonables. El método para hacerlas valer no es legítimo, no es legal. Las reivindicaciones son laborables, pero también hacen referencia a responsabilidades o competencias de las
comunidades autónomas, a competencias del Ministerio de Justicia y en buena medida a competencias del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría conocer cuál es la respuesta del Consejo General del Poder Judicial, con relación a estas
reivindicaciones.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ha concluido su tiempo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con estas palabras, señor presidente.


No existiendo un pacto, salvo el que usted ha glosado -ya nos explicará de cuál se trata- sobre la reforma de la justicia, nos gustaría conocer su opinión sobre si la reforma de la justicia requiere un pacto de Estado, como mi grupo
parlamentario lleva reivindicando desde hace muchas legislaturas. Un pacto de Estado profundo sobre un poder del Estado disfuncional, que se encuentra en una situación calamitosa, con 2.700.000 asuntos pendientes de ejecución. Sin un pacto de
Estado es muy difícil. Un pacto de Estado con quiénes? porque la Administración de Justicia -con esto acabo de verdad, señor presidente y cuando digo de verdad estoy parafraseando al presidente del Consejo General del Poder Judicial que ha dicho
de verdad y ha cumplido con su palabra- no está configurada solo por jueces y magistrado sino por todos los operadores jurídicos. Hay que hablar con los abogados, hay que hablar con los procuradores, con los notarios, con los registradores, con el
personal al servicio de la justicia, con las comunidades autónomas y con este Parlamento. Si esa es su disposición, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades y siempre y solo en tanto en cuanto percibamos que
la Administración de Justicia del Estado español es políticamente neutral. Mientras esto no lo percibamos con claridad el concierto de nuestro grupo parlamentario va a ser terriblemente complicado.


En todo caso, señor Dívar, reproduzco la amistad que sabe que le profeso, mi personal actitud colaboradora con usted personalmente y con la mayoría de los miembros que le acompañan en esta ocasión, pero no le auguro un mandato fácil. Ahora,
para mejorar el mandato de sus predecesores poco hay que hacer. También pienso honestamente -tengo grandes expectativas- que usted puede brillar en el ejercicio de las importantes funciones que le corresponden.


Señor presidente, quiero realizar una cuestión obiter dicta y de naturaleza logística. Estoy presidiendo, simultáneamente

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a esta presencia en esta Cámara, unas jornadas sobre una problemática tan importante como es la seguridad vial que se van a clausuran en este momento. Señor Dívar, si me tengo que ausentar no lo considere una descortesía. Le aseguro que si
me contesta leeré con mucho detenimiento, leeré con lupa sus respuestas a estas modestas invocaciones que mi grupo parlamentario con amistad le ha querido hacer.


El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al portavoz del Grupo Catalán, quiero decirle al señor Olabarría, también para clarificación de todos los miembros de la Comisión, que no es costumbre y una vez más así lo hemos practicado,
interrumpir al orador por parte de la Presidencia. Sin embargo, entre las cuestiones suscitadas por usted había una que se salía de la cuestión, del orden del día. Lo que ocurre es que usted volvió inmediatamente a la cuestión y, por tanto, no fue
llamado ni advertido por esta Presidencia. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que aquellos temas -uno de ellos en su exposición- que tengan una especial conexión o se refieran a un comportamiento de tipo jurisdiccional no pueden ser ni
contestados ni evaluados por esta Comisión. Lo quiero hacer notar porque en sus primeras consideraciones, señor Olabarría se refirió a la presidencia por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial de una sala, en su función de
aplicar la Ley de Partidos. Por tanto, lo que quiero dejar muy claro es que el objeto de esta comparecencia no son, ni pueden ser en ningún caso, cuestiones jurisdiccionales. Digo esto para que no se encuentre usted con una falta de respuesta.
Quiero dejarlo muy claro.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo a las alusiones atinentes a la persona del señor Dívar, con relación a la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Solo eso.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Catalán el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quería dar la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Dívar, y a los nuevos vocales del
consejo que hoy nos acompañan, la mayoría de los cuales están presentes en este Congreso de los Diputados en esta primera comparecencia.


Señor presidente, es cierto que estamos en una nueva legislatura -por fin se consiguió renovar el consejo- y creo sinceramente -en Convergència i Unió así lo percibimos- que esa renovación del consejo la encarnan quienes están sentados hoy
aquí, esa nueva presidencia que hoy ha venido a explicar la memoria pero también a aportar los aspectos cruciales sobre los que debe caminar la Administración de Justicia y el Poder Judicial, y creo sinceramente que todos debemos aprender de los
errores pasados. Señorías, costó mucho renovar el consejo; fueron muy fuertes las divisiones en el mandato del anterior consejo; se instaló la política de bloques de manera tan férrea que se llegó a una clara politización del consejo y se llegó a
una clara ineficacia en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, hoy está usted aquí como nuevo presidente y están aquí los nuevos vocales, a pesar de que es cierto que hemos repetido una vez más un sistema de elección parlamentaria que de
alguna manera ha obedecido también a cupos. Se puede decir que esto no encaja al cien por cien con lo que exige la Constitución cuando nos exige unas mayorías cualificadas, pero lo cierto es que la mayoría cualificada la convertimos aquí después en
cupos para integrar a distintos grupos que generen esa mayoría que pueda dar lugar a la elección de esos vocales. Pero una vez elegidos, señor presidente, a todos nos debería impulsar la necesidad de superar una etapa, la etapa anterior, la etapa
de la división en bloques e intentar, ante las graves ineficiencias que padece la Administración de Justicia y el Poder Judicial, fijar de común acuerdo una carta de ruta que nos permita avanzar. Desde esta óptica le ofrezco ya desde el primer día
la colaboración institucional del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Nos van a encontrar en el camino necesario y necesariamente compartido de fijar un calendario de actuaciones y de intentar buscar esa máxima unidad y consenso que
nos permitan llegar a acuerdos sustanciales.


Evidentemente, en el ámbito de esos acuerdos el Consejo General del Poder Judicial no tiene el protagonismo principal. No es un órgano parlamentario ni el consejo es el que debe impulsar proyectos de ley ante esta Cámara -sí debe informar
sobre ellos cuando el Gobierno le presenta los proyectos que va a remitir a las Cortes Generales-, pero también es cierto que de común acuerdo podemos arbitrar un clima distinto que nos permita avanzar. De ahí que, más allá de las palabras, lo
importante es que seamos capaces de fijar ese calendario y esa hoja de ruta. Digo más allá de las palabras porque el señor Olabarría nos hablaba de la necesidad de un nuevo pacto de Estado, lo cual comparto absolutamente, pero quizá la palabra nos
va a dificultar el acuerdo final que deberíamos alcanzar. Si en el pasado ha habido pactos de Estado que al final se han roto, o si hay partes de esos pactos que se han desvinculado de los mismos, quizá deberíamos buscar una nueva nomenclatura que
no diga exactamente pacto de Estado pero que logre al final lo que debería ser una necesidad, y es que lleguemos a un acuerdo que nos permita, repito, avanzar.


Cierto es -yo lo comparto-, como decía el presidente señor Dívar, que la justicia es responsabilidad de todos los poderes del Estado. Es así, es responsabilidad de todos, pero también es cierto que en el Poder Judicial como poder
independiente -más allá del sistema de cupos y cuotas que da lugar a la elección de los vocales, una vez elegidos-, y la Constitución nos obliga a que sea así y a que actúe con esa independencia, el que tiene el gobierno es el consejo. Al consejo
le es de directa atribución y de directa responsabilidad tener ese gobierno

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del Poder Judicial, y por tanto le pedimos a su presidente que desde esa lealtad que hoy ha trasladado al Congreso de los Diputados, y que en Convergència i Unió le agradecemos, insisto desde esa lealtad, ejerzan de gobierno del Poder
Judicial en un momento difícil. Y ejercer de gobierno del Poder Judicial implica también realizar propuestas concretas que nos permitan a todos acordar las medidas necesarias para superar la actual situación crítica.


Ha dado unas cifras el presidente Dívar que merecen una reflexión importante; son unas cifras que demuestran matemáticamente la situación de colapso que se vive y que se va a acrecentar. Nos comentaba el presidente Dívar que a final del
año 2008 existían en España 2.786.335 asuntos pendientes. Comparado ese final de 2008 con el final de 2007, el aumento había sido de más de un 14 por ciento. Por tanto, el embudo se ha ensanchado más de un 14 por ciento, en cambio en la resolución
de sentencias, que es como se debe dar salida a esa entrada de asuntos, también ha crecido; pero si la entrada ha crecido un 14 por ciento el número de sentencias ha crecido un 3,7 por ciento, y ese diferencial matemático nos demuestra la situación
de colapso que se está viviendo y que se va a acrecentar. Por consiguiente, ante la misma coincido con el presidente Dívar: lo más barato es invertir en Justicia, darle más medios y más presupuesto; es lo que le sale más a cuenta al Estado en su
conjunto, porque es un poder del Estado que necesita un mejor funcionamiento. Pero no nos engañemos, esa mayor dotación presupuestaria debe venir acompañada de facultades de gerencia mejores en cada uno de nuestros juzgados, de saber administrar
mejor aquello de lo que se dispone y en las inversiones en informática en ocasiones -lo hemos visto y lo hemos constatado- podríamos incluso afirmar que se han malbaratado caudales públicos en el sentido de que no hemos sido capaces de invertir en
sistemas informáticos que después en su conjunto pudieran ser compatibles y lograr ese servicio público que la justicia como tal debe prestar a la ciudadanía.


No nos engañemos, hay un derecho fundamental que está en el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva, y ese derecho fundamental obliga a tener un Poder Judicial engrasado, que funcione bien, a tiempo y que
permita esa tutela judicial efectiva que la ciudadanía nos reclama. Es verdad también que nos arrastra una mala imagen global, y decía el presidente Dívar que es peor la percepción de quienes no han interactuado con el Poder Judicial que la de
quienes lo han hecho de manera efectiva. En consecuencia, hay un camino de pedagogía; seguro que la percepción es peor que la realidad, pero la realidad no es buena. Invito a quienes están sentados como vocales del consejo a que hagan esfuerzos
para que en lugar de actuar por bloques busquen grandes consensos. Nosotros, en Convergència i Unió, también lo intentaremos en esta legislatura y en esta Cámara, a ver si somos capaces de fijar esas medidas. Entre ellas no puedo dejar de aludir,
señor presidente, a un imperativo legal: cumplir aquellos estatutos de autonomía ya aprobados; me refiero, por ejemplo, al Estatuto de Andalucía aprobado por un amplio consenso en esta Cámara, que tiene un título específico, del Poder Judicial en
Andalucía, como lo tiene el de Cataluña, del Poder Judicial en Cataluña, no de Andalucía o de Cataluña sino en Andalucía o en Cataluña. También es cierto que fija unas reformas normativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que van a necesitar un
amplio consenso, como lo tuvieron esos estatutos cuando se aprobaron, de manera muy especial el de Andalucía. Pues de ese amplio consenso va a necesitar también el desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos gustaría conocer la opinión
del presidente del consejo sobre cómo ve esas reformas normativas de futuro que permitan también un mejor acomodo del Poder Judicial a esa estructura compuesta del Estado, de qué manera podemos conseguir ese desarrollo estatutario pendiente, cuál va
a ser la predisposición, la colaboración, la interactuación del Consejo General del Poder Judicial en un ámbito que le atañe de manera muy directa, porque vamos a tener que otorgar mayores competencias a los tribunales superiores de Justicia de las
comunidades autónomas, vamos a tener que redefinir algunas funciones cuando deban crearse los consejos territoriales del Poder Judicial, según aquellos estatutos que así lo hayan previsto. Hay aquí una labor pendiente que mi grupo tiene la
intención de impulsar, pero desde el consenso y también con una posición del Consejo General del Poder Judicial al respecto. Sinceramente, señor Dívar, respecto a ese esfuerzo presupuestario y de personal que se exige y que todos tenemos en la
agenda -y nos gustaría también en Convergència i Unió conocer su opinión porque ha hecho un apartado específico de instalaciones y medios materiales- podríamos optimizar el rendimiento de las instalaciones y medios materiales ya existentes. ¿De qué
manera podríamos crear en algunos supuestos una duplicidad de plantillas juzgadoras, si me lo permite el presidente Dívar, para que entienda la colectividad en su conjunto a qué me refiero? ¿Por qué no aprovechamos unas instalaciones ya existentes
para crear unos turnos de juzgados por la mañana y otros por las tardes que, aprovechando esas mismas instalaciones, nos permitieran salir con mayor celeridad de este atasco en el que estamos inmersos? Hay posibilidades de llegar a lo que debería
ser una mayor agilización, y sabemos que en un momento presupuestario de crisis económica global no va a ser fácil crear todos los juzgados que nos gustaría, pero quizá podríamos aprovechar mejor los ya existentes, con imaginación, con mayores
recursos también y con una planificación mejor.


El señor PRESIDENTE: Señor Jané, ha concluido su tiempo.


El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.

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Usted se ha referido de manera específica a un tema de actualidad en esta Comisión de Justicia, porque estamos tramitando el proyecto de ley de la nueva oficina judicial y en ese proyecto de ley se cambia la agenda de señalamientos. Usted
ha manifestado aquí cuál ha sido el criterio del consejo al informar ese proyecto de ley, un criterio en el que, según el presidente Dívar, debería primar en todo caso el titular del juzgado a la hora de fijar esa agenda de señalamientos. Le
pediría que de la misma forma que ha mostrado su opinión en ese aspecto concreto nos guiara también, desde su presidencia, en aquellos aspectos o medidas concretas que nos pudieran ayudar, desde su óptica como presidente del Consejo General del
Poder Judicial, a mejorar ese funcionamiento global de la Administración de Justicia. Sepa, señor presidente Dívar, que va a contar con el apoyo de Convergència i Unió en aquello que puedan ser grandes acuerdos que nos permitan, como decía al
inicio de mi intervención, caminar desde el más amplio consenso, pero con ese objetivo compartido de que el servicio público, que es la justicia, y de que el Poder Judicial, que debe ser independiente, funcionen de manera más adecuada y sirvan mejor
a los intereses de la ciudadanía.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Bienvenido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial o, por ser fiel a la ley y a la Constitución, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenidos también
las señoras y señores vocales de dicho consejo. El presidente ha recordado el artículo 122 de la Constitución española, que caracteriza al consejo como el órgano de gobierno de los jueces. En efecto, así lo hace la Constitución, y en concreto se
ocupa luego la Ley Orgánica del Poder Judicial de dotarle de sus contenidos y competencias específicas y, en particular, de determinar en su artículo 105 que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ostenta la representación del Poder
Judicial y del órgano de gobierno del mismo.


Señor Dívar, es verdad que la renovación de la que salió elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se produjo en un clima polémico -usted ha empleado esta expresión-, y no es menos cierto que se
vertieron críticas realmente duras. Tampoco hemos de llamarnos a engaño. El señor Llamazares -aprovecho ahora su presencia- ha hecho referencia a algunos defectos del pasado. Hay que recordar también algunos defectos estructurales que no deben
pasarnos desapercibidos para el futuro, porque la reforma que necesita la justicia en España -ha habido prácticamente coincidencia total- es muy amplia y debiera alcanzar al órgano de gobierno de los jueces.


Es verdad que es un órgano constitucional y legalmente desequilibrado interna y externamente; externamente porque su provisión no responde en efecto a las expectativas suscitadas cuando se pensó que el sistema de autocomposición
garantizaría mejor la independencia en el gobierno de los jueces querida en el principio de separación o división de poderes Montesquieu y Locke. Es verdad que nos gustaría otro sistema, lo hemos llevado siempre en el programa, pero se necesita una
amplísima mayoría, y la contraparte no está dispuesta más que a la reforma que es la que da lugar al sistema vigente. También es verdad que hay un desequilibrio externo por lo que yo llamaría una multipolaridad de centros de decisiones en el Poder
Judicial. Está el órgano de gobierno de los jueces, pero quien hace los presupuestos es el Ministerio de Justicia, y por debajo empiezan a pulular -lamento que se haya ido el señor Jané, que los ha mencionado- esa especie de consejos autonómicos
del Poder Judicial o de lo que fuere, porque tenemos distintas versiones del mismo: el catalán, impugnado ante el Tribunal Constitucional, el andaluz o el valenciano, que son otra cosa. También existe un desequilibrio interno. Si me lo permite,
esta es una opinión personal derivada de alguna afirmación doctrinal: que un órgano de gobierno esté compuesto por quienes son representantes suena más bien a un órgano representativo, y un órgano representativo siempre es un órgano deliberante.
Acuérdense de la frase célebre de Tocqueville: los órganos deliberantes están bien pensados para la función consultiva. Gobernar es función de pocos. Un órgano de veinte miembros -dicho sea con todo respeto a las señoras y señores miembros del
consejo- es de difícil manejo en el sentido más noble de la expresión, de director, de liderazgo de un consejo. También es muy difícil confeccionar así un órgano de gobierno que no esté compuesto por sucesivas comisiones. Es un órgano de gobierno
en cualquier caso sui géneris. A todo ello se une el momento de especial dificultad en el que el señor presidente se hace cargo de la presidencia. Algunos señalaron entonces -y lo ha vuelto a recordar el señor Llamazares- el retraso en la
renovación. Reconozca conmigo que había y hay una muy preocupante defección asociativa, hay un monumental atasco que ahora el presidente nos dice que se ha incrementado cara al final del año pasado, y ha habido -menos mal que se ha mencionado,
porque en sus palabras no ha aparecido- huelga de funcionarios, huelga de secretarios y huelga de jueces. Por tanto, el momento es de especial dificultad.


El Grupo Parlamentario Popular apostó por la renovación, con el sistema vigente, aunque no nos guste, y entendemos que aunque no nos guste y haya sufrido críticas y el momento sea difícil, el señor presidente y su Consejo no deben ver
mermada su legitimidad. Coincido una vez más con el representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Su legitimidad de origen, desde luego que no. Porque nace de la ley y la ley es la institución más importante en una
democracia. Ahora bien, la legitimidad de ejercicio, señor Dívar, tienen que ganársela. Y esa legitimidad de ejercicio

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le reforzará su legitimidad de origen y de despedida, cuando toque. Le soy sincero, señor Dívar: No se refuerza la legitimidad de ejercicio poniéndose de perfil ante los problemas. No. Nos citaba a Balmes y decía que la primera
característica para formar con adecuación el juicio era percibir con claridad. Pues, mire, mirando hacia otro lado no se percibe con claridad Y no se refuerza su legitimidad esperando que escampe, a ver si pasa la tormenta. Hace seis meses ya que
fue usted elegido, señor Dívar; seis meses; y hemos tenido de todo. (Rumores.) Sí. Convendrán conmigo SS.SS., quizá no. Están en su derecho a discrepar y yo a decirlo. La legitimidad se refuerza dando la cara; se refuerza ejercitando el
liderazgo; se refuerza equilibrando los nombramientos entre las asociaciones y los no asociados; se refuerza arbitrando entre el ministerio y las asociaciones, no yendo claudicantes al ministerio; se refuerza ejerciendo las facultades
disciplinarias con ejemplaridad. Así se refuerza el liderazgo.


Usted ha planteado los problemas de gobierno y los ha planteado bien. Mi grupo se lo reconoce y le estimula a que les dé solución, pero no nos ha dado la respuesta. Coincido con los portavoces de los grupos que han intervenido con
anterioridad, especialmente con el Grupo del Partido Nacionalista Vasco y con el señor Llamazares. No, señor presidente, no nos vale con que señale que hay un atasco que, además, nos dice que se ha incrementado, en lo penal el 73 por ciento; no
nos vale. Nos tendrá que decir qué se va a hacer para solventar el atasco, y no decir que sobre el atasco monumental viene un reconocimiento de un nuevo atasco en el año 2008. Reconoce que hay 4.604 jueces y que faltan, por lo menos, 433 juzgados
más de primera instancia. Bueno, ¿y cuántos más? De 47 naciones del viejo continente somos la 38 en número de jueces, no así en órganos colegiados. ¿Cuál es el proyecto del consejo sobre la estructura del Poder Judicial?, ¿cuál es el proyecto
del consejo para solventar esa crisis?, ¿cuál es el proyecto del consejo para la planta y para la demarcación? No me vale con decir que hace falta una nueva. Claro que hace falta una nueva. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces; pero le pedimos
al presidente y a su consejo que nos traigan un diseño, un proyecto, un liderazgo. Nos habla de que la interinidad, que es preocupante. Claro que es preocupante la interinidad. ¿Y cuál es la solución? Hay una afirmación con la que no puedo estar
de acuerdo con el señor presidente ni siquiera en el diagnóstico. Dice que los últimos años han sido especialmente fértiles en cuanto a la actualización de muchas sedes judiciales en instalaciones y medios materiales. Sí. Todo mejora, pero
vegetativo. Los 1.500 millones de euros que tanto le gusta escuchar al Grupo Socialista (Rumores.), que antes de que hable ya están jaleándolo, que les llevó a la ruptura del Pacto de Estado por la justicia al final de la legislatura de 2000 a
2004, y que suponía una reforma de 250.000 millones de pesetas adicionales -y estoy leyendo el pacto firmado por el señor López Aguilar- no ha supuesto más que el crecimiento vegetativo entre el 5 y el 10 por ciento en cada una de las dotaciones
presupuestarias. Por tanto, faltan más de 1.000 millones de euros en las dotaciones que ustedes prometieron -los señores socialistas, no usted, señor presidente- pero que usted puede exigir al Gobierno de la nación.


Nos habla de la nueva oficina judicial. En la función consultiva yo les deseo el mejor de los éxitos, pero sinceramente con el dictamen sobre la oficina judicial y las veinte leyes procesales que han de reformarse, así como mucha ayuda para
las enmiendas no nos han dado. Se lo digo con buen humor y con todo afecto que sabe que le tengo, don Carlos. ¿Que los señalamientos hay que conciliarlos? Claro que hay que conciliarlos, pero un poquito de esfuerzo, señores y señoras, que son el
Consejo General del Poder Judicial en función consultiva. Es tan sencillo como decir que la disponibilidad de la sala la conoce el secretario y la prioridad de la agenda la establece el juez o el magistrado. Pero se espera un poquito más. Del
Código Penal ya hablaremos otro día porque esta no es la sede, pero ahí sí había un pacto, y ha dicho el Consejo de Ministro que tendrá que reconsiderarlo.


La potestad disciplinaria. Señor presidente, siendo, como ha expresado el señor Olabarría, absolutamente incuestionables los principios que recoge de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que se recuerdan aquí, de la duración normal de
los procedimientos, de la tipificación imprescindible, de culpabilidad y de prudencia, se espera un poco más. Esto está muy bien, pero es de manual de derecho sancionatorio. Un poquito más. Son meros principios. Sobre una de las cosas que
también ha dicho el señor presidente, creo, señor Dívar, que tenemos una lectura distinta. En esto he de confesar que me pongo muy pesado, así que me disculpa, porque mis compañeros de Comisión ya me lo han oído en esta y en anteriores
legislaturas. Señala S.S. que es muy bajo el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y lo señala como algo positivo. Señor presidente, esto es un horror y su
apreciación, con todo respeto, un error mayúsculo. No se ha citado, venturosamente, el caso famoso, ni yo lo voy a citar. Pero donde me han querido preguntar he dicho: no solo ha fallado el juez, ha fallado también el secretario, han fallado los
oficiales, ha fallado la dotación de la Junta de Andalucía, ha fallado la dotación del Ministerio de Justicia. Caso más claro de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por mal funcionamiento, en el caso que no voy a citar, no
lo hay. Con ocho millones de asuntos, se presentaron 396 reclamaciones y solo obtuvieron informe favorable, 181. Y lo dice como un éxito. Señores del consejo y señor presidente, llevamos años esperando que se desarrolle la cláusula, que no es la
de la independencia y la de la profesionalidad; es también la de la responsabilidad. Los jueces y magistrados, señorías, como nosotros, como cualquier poder del Estado democrático, son responsables, deben ser responsables. Hay muchos casos de
inmunidad y no pocos de impunidad. Por tanto, no se nos venga aquí a presumir

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de que hay pocos casos de mal funcionamiento o de error judicial. ¡Aplíquense, señor presidente, porque son muchos más! ¡Ya es anormal que existan 2.700.000 pleitos atascados! ¡Ya sería mal funcionamiento por retardo en la Administración de
Justicia! En consecuencia, no presumamos con esas cosas. Perdone mi pasión en ese punto pero es que llevo ya años y años reclamando que al Poder Judicial se le desarrolle también esa rama, esa característica, esa especificidad, que lo es dentro del
Estado de derecho, que no son un poder responsable, porque no lo son. Con estos números, no lo son, don Carlos. Señor presidente, por ir concluyendo...


El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, lleva consumidos quince minutos, en este mismo momento.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: ¿Tanto? Abusaré un poquito, como han hecho mis colegas.


El señor PRESIDENTE: Ya sabe que hay siempre flexibilidad, pero espero que tengan sentido de la medida.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, sobre el derecho de huelga. Este portavoz en nombre de su grupo y del Partido Popular públicamente acató la decisión que tomó el consejo, pero habrá que decidir para el futuro si
hay o no derecho a la huelga. No podemos seguir poniéndonos de perfil. Habrá que decir algo sobre que el 60 por ciento de los jueces y magistrados españoles, sobre todo los jueces, siguieron la huelga. Este no es un hecho que pueda pasar esta
tarde desapercibido.


Se ha mencionado por otros intervinientes. Yo no voy a hablar del Juzgado número 5 ni del juez de la Audiencia Nacional. Bastante tengo que hablar en otras muchas ocasiones. Sí de la competencia gubernativa que a usted y a su consejo
competen sobre el juez Garzón, que llevan ya cuatro escritos presentados denunciando filtraciones del sumario, que nadie sabe quién ha producido. No se puede contestar con un despachado una cacería que es, para mi grupo parlamentario, una clara
violación del principio de independencia del Poder Judicial y que le cuesta nada menos que el cargo al ministro de Justicia. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Madre mía!-Rumores.) Y aquí ustedes archivan sin más trámite. (Una señora diputada:
¡Pero bueno!) Pero bueno, eso no es ejercicio del Poder Judicial. (El señor Villarrubia Mediavilla: Lo que estáis haciendo vosotros.) Eso es poder gubernativo, eso es facultad disciplinaria. ¿Pero cómo se puede archivar esto así, sin más? (El
señor de la Rocha Rubí: ¡Intolerable!) Si el ministro de Justicia asume la máxima responsabilidad política... ¿y el acompañante? Archívese. Cuatro escritos, señor presidente; cuatro escritos, filtraciones, declaraciones permanentes, viajes y
trapisondas. (El señor Llamazares Trigo: ¡Cómo estamos!-Un señor diputado: Lamentable.-El señor de la Rocha Rubí: Tapando la corrupción.) Ya vale. Habrá alguna vez que hablar de estas cosas. ¿O es que de verdad el Poder Judicial, aparte de en
el ejercicio jurisdiccional de su función, también en su función de gobierno y en su estatus es un poder inmune e irresponsable? No lo considero así, sinceramente. En conciencia no lo considero así.


La informática. No se puede pasar por alto que un diario de alcance nacional abra su tirada de hoy diciendo: Los jueces denuncian el colapso informático de la Audiencia Nacional. Usted sabe mucho de eso porque viene de allí. Lo de la
informática y los ocho sistemas vigentes, todos ellos incompatibles entre sí, no es lo propio de un Estado europeo de democracia avanzada en el siglo XXI. No es lo propio. La huelga del próximo mes de junio merece algún comentario por su parte,
señor presidente. Sinceramente, yo no creo ser catastrofista si concluyo diciendo: Señor presidente, usted no puede venir aquí a contarnos que estamos ante una crisis porque, efectivamente, nosotros coincidimos -todos los que hemos hablado hace un
momento y creo que lo hará también, anticipándome, el señor Villarrubia- con su diagnóstico. Pero no puede quedarse ahí. Usted no puede exhortarnos a los poderes públicos a colocar a la justicia donde le corresponda. Nosotros le exhortamos a
usted, señor presidente; a usted y a su consejo. El gobierno del Poder Judicial son ustedes, no nosotros. No nos exhorte, actúen, funcionen, den la cara. Padecemos la crisis más profunda que ha tenido la justicia española en su historia. Es
verdad que ustedes no la han creado -ese consejo que usted preside y usted como presidente- ciertamente, pero tiene usted un mandato por delante. No sigan poniéndose de perfil; no sigan mirando hacia otro lado; den la cara. No se lo pido ya en
nombre de los 4.600 jueces que no son todos, ni su inmensa mayoría, como algunos de los que se han citado aquí esta tarde y en tantas ocasiones. Se lo pido en nombre de 45 millones de españoles, señor presidente; de 45 millones de ciudadanos que
tienen derecho a una justicia rápida y eficaz. Eso hoy no lo tienen y es un derecho fundamental.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, muchas gracias por su comparecencia, por su información y enhorabuena por su nombramiento en el cargo de máxima relevancia
constitucional que ocupa; bienvenida que hago extensiva al resto de los y las vocales del Consejo General del Poder Judicial y felicitación que también hago extensiva por la importante labor que les queda por delante en los próximos años.


Don Carlos Dívar, ha hecho un esfuerzo y, sinceramente, le agradezco de entrada la información que ha puesto sobre la mesa; información que cumple con su

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trabajo y con el trabajo que no cumplió quien fue su predecesor en el cargo. Por tanto, quizás lo más relevante hoy, don Carlos Dívar, es la normalidad democrática que su presencia ha traído de nuevo a esta institución, al Parlamento como
órgano soberano del pueblo español. Igual que ha dicho que es un honor para usted -cómo no lo va a ser- comparecer ante esta Cámara, es también para nosotros un honor y un placer poder debatir, poder cambiar impresiones con usted, pero no dirigidas
a controlar, porque creo que algún portavoz que hace escasos momentos me ha precedido en el uso de la palabra ha vuelto a hacer un uso inadecuado de lo que es un turno no de control, que se nos imputa y se nos achaca a otros en numerosas ocasiones
fuera de esta Cámara y mediáticamente, cuando los hechos suelen ocurrir y suelen ir de una forma bastante distinta.


Queremos agradecerle de verdad, don Carlos, este difícil trabajo que ha venido a realizar hoy y que no podemos dar por concluido, porque no se pueden presentar tantas memorias de tantos años en una sola sesión, no se pueden debatir todos los
problemas de la justicia en una sola sesión. Por eso, nuestro grupo siempre ha defendido -y seguirá haciéndolo- que la normalidad democrática exige que usted comparezca no como un mero trámite para presentar la memoria sino, como bien ha dicho,
cuantas veces sea demandado por el Parlamento de España, pero no usted sino también, por qué no, otros vocales del Consejo. ¿Para hablar de qué? Del servicio público de la justicia, de las funciones constitucionales, de la mejora necesaria, del
Plan de modernización, del desarrollo del acuerdo del Plan del 12 de noviembre que ustedes aprobaron y del que hablaremos ahora un poquito, en la medida en la que nos dé tiempo. Lo más relevante hoy es que acabamos con la anomalía existente. Por
primera vez un presidente del Consejo General del Poder Judicial se negó a colaborar con la institución, con el Parlamento de España; se negó a venir. Por primera vez, expresamente por acuerdo de este Parlamento, hubo que resolver y notificar al
presidente del consejo y a ese consejo que se abstuvieran de instrumentalizar políticamente sus funciones y de interferir en la potestad legislativa que ejercen las Cortes Generales. Fue la primera ocasión que se negó a comparecer, cuando se le
demandaba esa presencia en el marco de colaboración y cooperación entre poderes, don Carlos, no de control, para nada. Por eso, adelanto ya en este trámite que el punto concreto que mi grupo parlamentario solicitaba para hablar de la política
disciplinaria y del consejo no es para hablar, y no podía serlo, como en ríos de tinta se ha recogido hace ya bastantes fechas, de ningún caso concreto, de ningún asunto sobre el que jurisdiccionalmente usted o cualquier otro tuvieran que
pronunciarse, para nada. Sí se puede -cómo no- y se debe hablar de cualquier función constitucional, de las cuatro, y también, por qué no, de los principios y las funciones que vienen recogidas en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Para
eso le emplazamos y por eso estamos hoy tremendamente orgullosos de que la normalidad democrática impere de nuevo. Por eso, en nombre de mi grupo parlamentario, voy a dar por sobradas las explicaciones -y muy escasas han sido hoy- sobre la labor de
inspección del consejo y sobre el régimen disciplinario, porque es imposible poderlo abarcar en una tarde. Pero se cumple -y reitero que quiero que conste en acta- la mayor aportación, que es el esfuerzo que ha realizado para cubrir esa vacatio de
presencia, esa irresponsabilidad -entre comillas- del consejo anterior. Por tanto, ese objetivo de recuperar el prestigio y el deterioro que existe en el servicio público de la justicia, al que colaboró directamente quien tenía que hacer todo lo
contrario, lo empezamos con buen pie. Pero, de entrada, tengo que lamentar esas acusaciones tan directas, propias del ejercicio de control que no corresponde, don Federico, a los parlamentarios de esta Cámara.


El Consejo anterior -y ya vamos a hablar de presente y futuro, que es lo que nos interesa-, como ha dicho algún otro portavoz, no cumplió con las funciones constitucionales a las que estaba obligado ni tampoco las reglamentarias ni las de la
ley orgánica, incluso en la propia elaboración de informes, ya que no emitía en plazo en leyes importantísimas y se permitía emitir otros de claro contenido político, recogiendo en ocasiones hasta de forma literal expresiones de algún portavoz de
algún grupo parlamentario. Y ahora se permite alguien decirle a usted más o menos que es el causante del atasco que hoy tiene la Administración de Justicia. Debido a la falta de tiempo tan solo voy a poder apuntar algunos temas, pero es verdad que
algunos ni siquiera los ha tocado usted; no puede hacerlo en una hora y pico. En la memoria ha hablado muy someramente de la pendencia -habrá que hablar y profundizar en ello-, de los retrasos, del Plan de modernización que en algunas de las leyes
procesales importantes estamos tramitando ya. No ha habido enmienda a la totalidad y estamos ya en la fase, espero que final, de presentación de las enmiendas parciales. Ha hablado de la necesidad y lo ha recogido usted expresamente, pero parece
que a algún portavoz le molesta que se reconozcan los hechos objetivos. Pero bueno, don Federico, ya se lo he dicho unas cuantas veces, es verdad que coincidimos en el diagnóstico, en que hacen falta muchos más medios, en que hasta ahora no se ha
priorizado en toda la democracia de manera suficiente el servicio público de la justicia, pero no es para que usted saque pecho imperial en la creación de plazas cuando, fíjese -este es un dato objetivo-, en los cuatro últimos años, 1.148 plazas de
jueces y fiscales, 684 de jueces, frente a las solo 291 de jueces y 221 de fiscales en los cuatro últimos años de su Gobierno; es decir, bastante menos de la mitad. En recursos materiales, que no personales, hablamos de un incremento de cerca del
60 por ciento frente a como ustedes lo dejaron. Es insuficiente y coincidiremos en ello, pero respete un poco más y no riña a quien tiene la responsabilidad que usted sabe que tiene. No serán todo alabanzas porque alguna crítica responsable tengo
que hacer a este consejo, como corresponde a la libertad de expresión y

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dentro del respeto, pero desde luego no se le puede imputar la situación actual de la justicia a este consejo que acaba de llegar y que aprueba un plan de modernización y una hoja de ruta ya en el mes de noviembre de 2008, en el que habrá
que profundizar.


No hemos tenido ocasión de hablar del acceso a la carrera judicial, que es un tema interesante, ni se lo puedo pedir hoy porque sé que no tenemos tiempo, pero dejo ahí la cuestión. Ha hablado muy por encima de un tema que nos interesa,
relacionado con el cual se encuentra la constitución en octubre de 2007 de la Comisión de Igualdad derivada de la ley orgánica conocida como la Ley de Igualdad. Usted ha dado unos números y entre ellos si buceamos un poco más vemos que ya hay casi
una equiparación y que va a haber más mujeres que hombres en los órganos jurisdiccionales. Estamos ya en un 53-47 por ciento aproximadamente. Sin embargo, si echamos una ojeada al Tribunal Supremo vemos -si no me equivoco- que los datos son que de
los 75 miembros, 70 son hombres y cinco mujeres. Probablemente habrá que ir haciendo un esfuerzo importante en esta dirección para ir incrementando la equiparación entre hombres y mujeres dentro de los puestos de responsabilidad.


No me voy a extender sobre el servicio de inspección y disciplinario. Era objeto de una de las solicitudes de comparecencia. Nos damos por satisfechos con la explicación general, sin perjuicio de que volveremos a profundizar en el debate
de este tema dentro de ese ambiente de colaboración y cooperación entre los distintos poderes del Estado. Hay otro tema que no ha mencionado, que se destaca en la memoria -si no lo he visto mal porque es conveniente que se sepa-, los refuerzos
solicitados por el consejo al Gobierno, al Ministerio de Justicia. Tengo aquí los datos, en 2005 fueron atendidos el 81,8 por ciento; en 2006, el 88 por ciento; en 2007, el 91,02 por ciento, y en 2008, el 95 por ciento. Si esto es así -que lo
parece, si no me dicen lo contrario-, ha sido atendida por parte de este Gobierno la práctica totalidad de las medidas de refuerzo solicitadas por el anterior Consejo General del Poder Judicial y las que están siendo solicitadas por este.


Hay otro tema de interés en el que no nos da tiempo a entrar en detalle -como en casi todo- dentro del informe del Consejo General del Poder Judicial de 2008 de la unidad de atención ciudadana que usted ha mencionado -porque,
afortunadamente, ha mencionado no todos pero sí algunos de los temas que nos interesan, remitiéndose inteligentemente a las memorias que ya están presentadas y que están bastante obsoletas por el transcurso del tiempo-, que es el dato que me ha
llamado poderosamente la atención de que parece ser que ya en 2008 de las más de 21.000 quejas que hay, la mayoría de ellas no se refieren a la lentitud de la justicia -que son el 43 por ciento-, sino que hay un 45,5 por ciento que se refieren al
trato adecuado, a las esperas, a las listas y, sobre todo, a la función jurisdiccional de los registros civiles, siendo un 52 por ciento de las quejas. Ahí apuntaba el consejo la posibilidad de desjudicializar estos departamentos en cuanto a la
atención y a la función jurisdiccional de los registros civiles. Merecería algún comentario pero, insisto, solo lo dejaré apuntado.


Señor presidente del consejo, no vamos a dejar de hablar ni vamos a mirar para el otro lado, claro que no. Lo que pasa es que no hay que confundir mirar hacia el otro lado con ponerse de frente y, en lugar de defender la independencia
judicial, atacarla. Eso no es mirar para el otro lado. Si esos ataques vienen de algún miembro del propio consejo -y creo que está en la sala-, es absolutamente intolerable. Esperamos que sea la última vez que una cosa tan grave como esta pueda
producirse y que la persona afectada se mantenga ni cinco minutos en su cargo porque -como usted bien decía- el primer principio es garantizar la independencia de jueces y magistrados; claro que sí. Lo vamos a dejar ahí porque lo que queremos es
mirar al futuro pero mal camino llevamos si ese ponerse de frente significa actuar de esa manera y no con la prudencia que el presidente del consejo, que es usted, ha tenido en toda esta situación difícil. También tengo que decirle que, desde el
punto de vista de mi grupo parlamentario, en este aspecto de la independencia judicial nos parece que el consejo sí está siendo -y lo decimos con todo el respeto- un tanto tibio ante ataques en el ejercicio de la función jurisdiccional, que no de la
función gubernativa del consejo. Sí que ha habido algún acuerdo expreso, tanto en el caso anterior como en el otro que no se ha querido nombrar pero es que los ataques no han terminado, siguen produciéndose, se coacciona, se amenaza, se chantajea,
se presiona a la vez que se dice que hay que velar por la independencia judicial. Hay que creer en ello, como usted cree y como la mayoría de vocales del consejo seguro que creen para defenderlo de verdad y con coherencia. Pero la reflexión la
dejamos serenamente sobre la mesa. Hay que ser coherentes y defender de verdad, con las armas que se consideren oportunas y que la ley concede, esa independencia de verdad.


El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, ha consumido también quince minutos.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy abreviando muchísimo.


Dejo este tema sobre la mesa pero nos preocupa la situación y el clima que se está creando y la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular va en la misma dirección que estamos denunciando. Más allá de quien se trate y de que
guste o no lo que esté diciendo, en la función jurisdiccional la protección tiene que ser absoluta e impecable. Distinto es comentar aspectos de la función gubernativa del consejo, que es, puede y debe ser criticable, por qué no.


Voy a entrar en el penúltimo tema, porque no podemos mirar hacia otro lado. Ha habido hace escasas fechas una huelga de jueces y estamos preocupados. Nos importa

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sobre todo el futuro, pero tendremos que hacer alguna mención al respecto. Es pública y notoria nuestra posición, que estábamos en absoluto desacuerdo por muchas razones: porque no tiene cobertura legal alguna; porque, a nuestro juicio -y
resumiendo mucho porque no me puedo extender por falta de tiempo-, es injustificable e inoportuna; porque se trata de un poder del Estado; porque se priva a los ciudadanos del derecho a la tutela judicial efectiva; porque creo que ha contribuido
a deteriorar aún más la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, y porque además se estaba en un momento de diálogo entre el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas y las propias asociaciones judiciales.
No entro ya en este trámite, ocasiones tendremos de hablar del debate jurídico sobre el derecho o no, o la inexistencia o no, desde un punto de vista jurídico y constitucional, del derecho de huelga. Señor Dívar, desde mi grupo parlamentario,
entendemos que, siendo importante el debate político o jurídico, no es el problema del servicio público de la justicia -o mejor dicho, no es el problema importante de modernización y mejora del servicio público de la justicia- el hecho de que, a
fecha de hoy, 4.604 importantísimos y respetables jueces y magistrados tengan o no ese derecho. Será un debate interesante, pero no el problema central de la Administración de Justicia de este país. Le adelanto que nuestra posición inicial al
respecto es que entendemos que no cabe el derecho de huelga en un poder del Estado. Con la mera visión, solo enunciativa, de los artículos 24, 28 y 127 de la Constitución Española, así como el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese
aspecto es, a nuestro respetuoso entender, bastante poco discutible dentro de todo lo que se pueda discutir. Es verdad que quizás haya que pensar si esto necesita una aclaración desde un punto de vista legislativo o no. Voy terminando, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Se lo recomiendo, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quiero hacer mención a un par de aspectos nada más de concepto. Sepa que -enlazando con el último punto- las asociaciones judiciales y todos sus representantes han pasado recientemente por esta Cámara
-concretamente el día 25 de febrero- y la disposición ha sido tremendamente positiva por parte de casi todos los grupos de esta Cámara y por la totalidad de las asociaciones judiciales, pues han podido observar que de sus reivindicaciones, unas se
están tramitando ya en esta Cámara, otras tienen visos más que posibles de ser atendidos por el Gobierno de España, y otras -como mínimo, en el peor de los casos- están en condiciones de ser aceptadas si no en su totalidad, siquiera parcialmente.
Esa es la realidad del escenario, la buena voluntad y disposición al diálogo del Gobierno de España, del nuevo ministro y del Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad lo que usted dice, señor Dívar, de que es responsabilidad de todos los poderes
del Estado sacar esto adelante. Lo tenemos que sacar y lo vamos a sacar adelante entre todos con ese principio de colaboración y de coordinación. Al igual que, reconociéndole el absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial por parte de
mi grupo parlamentario, quiero hacer una pequeña indicación en la doble dirección, porque sabemos que el consejo es respetuoso -no está actuando como el anterior-, pero en ocasiones se cae en la tentación de decir a otros lo que tienen que hacer, y
eso a veces tiene un cierto tinte no de mero informe, sino de posible injerencia. Por ejemplo, agenda de señalamientos. Claro que agradeceremos la información. Intentaremos buscar una solución a ese problema pero, desde luego, la solución no se
impone desde fuera. Corresponde al Poder Legislativo decir cómo se va a regular esa situación y el contenido de esa solución, no porque una asociación o unas asociaciones o el colectivo de jueces -por muy importantes que sean- digan cuál tiene que
ser el contenido concreto de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, claro que existe sensibilidad para aclarar y resolver los puntos de controversia, pero el mismo respeto a la independencia se debe practicar en la doble
dirección. Quiero agradecerle de nuevo, don Carlos Dívar, la información y el esfuerzo tremendo de síntesis que ha hecho. No ha podido tocar todo, no podía hacerlo, pero le agradecemos el respeto que usted ha tenido, como no podía ser de otra
manera en esta época que vivimos, en un Estado democrático potente y con un Estado de derecho potente y que funciona, pese a las carencias, bastante bien aunque entre todos tendremos que hacer, don Carlos Dívar, que funcione mejor. También le digo,
coincidiendo sin que sirva de precedente solo en una parte con el señor Trillo, que se ponga al frente porque para eso le han elegido y le hemos elegido indirectamente todos.


El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a suspender la sesión por media hora. La sesión se reanudará a las diecinueve y treinta minutos de manera inflexible. Lo digo para que SS.SS. se administren mejor. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión. Tiene la palabra el presidente del Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Dentro de esta segunda parte de la sesión, lo primero que voy a hacer es dar las gracias a los portavoces de los distintos grupos por su colaboración, sus
sugerencias y sus críticas, críticas que en algunos casos me han hecho confundir un poco mi papel de cuarenta años de juez, ya que me he sentido en el banquillo en vez de estar presidiendo el tribunal, lo cual es bueno porque favorece la humildad y
nos hace darnos cuenta de los posibles errores que tenemos o la opinión que tienen algunos de errores que no son tales errores. Por tanto, gracias sinceramente a todos. Lo primero que tendría que decir -voy a contestar por temas no portavoz por
portavoz

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es que en el Consejo General del Poder Judicial, del que soy en estos momentos el presidente, tomé posesión el 29 de septiembre y lógicamente no hemos tenido mucho tiempo para reflexiones y para soluciones. Los problemas proceden de muchos
años atrás, de décadas en que la Administración de Justicia ha estado en una situación deficitaria. Por supuesto, nunca he querido decir que la culpa la tienen los demás y no la tenemos los jueces -por Dios, nunca-, lo que he querido decir es que
cada uno asumamos la parte proporcional de nuestra responsabilidad en una materia. ¿Cómo podemos resolver problemas de la Administración de Justicia, problemas graves de la Administración de Justicia, sin unirnos los distintos poderes del Estado?
He hecho un elogio de la carrera judicial, porque es verdad, la carrera judicial en su conjunto, en su inmensa mayoría, es una carrera honesta, trabajadora y competente, y lo que no es de recibo es que se la señale con el dedo como culpable de toda
la situación un poco de caos o de colapso que en estos instantes tiene. Pero cuando tenemos que buscar las soluciones a los distintos problemas que plantea hoy la Administración de Justicia, los retrasos, las quejas, tantos y tantos problemas,
tenemos que buscar también cuáles son las causas que han motivado estos problemas a lo largo de todo este tiempo. Ha habido causas materiales, medios que han sido insuficientes. No les voy a hablar de mi época de juez de entrada, porque no les voy
a recordar históricamente los tiempos pasados y concretamente aquellos juzgados que teníamos. Medios tecnológicos, que han llegado muy en última hora a la Administración de Justicia, y otros medios también difíciles, puesto que las leyes no las
hacemos nosotros sino que somos custodios -y muy gustosos custodios- de la ley, sin modificarla en ningún aspecto, bien entendido que la interpretación de las leyes nunca puede ser tan extensiva que modifique la misma norma y, en consecuencia, no
podemos actuar con leyes distintas de las que constituyen el ordenamiento jurídico partiendo de nuestra Constitución. Así pues, yo en modo alguno trato de eludir la responsabilidad que podemos tener los jueces en estos problemas, pero lo que les
pido -no es una mera exhortación, en este caso si quieren no va a ser una exhortación pastoral- es una exhortación de petición de unificar los consensos y los acuerdos para poder encontrar una solución a problemas que son de todos y, como decía
antes, el primer afectado es el ciudadano, el justiciable, pero también uno de los que más sufre con estos problemas es el juez. Ahora, nosotros, el nuevo consejo -que vuelvo a decir que todavía no cumple los seis meses, por lo menos desde mi
presidencia-, no podemos solucionar todos estos problemas ni tampoco los queremos eludir ni ponernos de perfil frente a tales o cuales situaciones, tenemos que ir suficientemente moderados en el tiempo, porque no olvidemos -y permítanme que lo diga
con frase de Amado Nervo- que la mayor parte de los fracasos se producen por querer adelantar la hora de los éxitos. Vamos a hacer una reflexión profunda desde el consejo, que somos los que tenemos la primera responsabilidad en el orden de
gobierno, con la colaboración de los demás poderes y el auxilio también importante por parte de las asociaciones, y después trataremos de buscar los éxitos que, puedo asegurar, no van a ser producidos durante este mandato de cinco años, no. La
tentación que sufrimos muchos españoles consiste en que como no puedo solucionar todo o todo está tan mal o todo me indica que yo y aquellos somos los únicos responsables, no haré mi parte. Si no puedo resolver todo, resolveré mi parte y en esa
parte trabajaré todos los días con todo entusiasmo y con todo esfuerzo. No sé si después tendré los resultados, pero pondré los medios necesarios para obtenerlos.


Entre las distintas cuestiones que se han planteado, me han hablado de la independencia que tiene que garantizar el Poder Judicial. La independencia se obtiene en parte por algunas declaraciones institucionales -digo en parte, para que no
se confundan- a través del ejercicio de la potestad disciplinaria, a través del servicio de inspección, a través de las denuncias de los ciudadanos, y por todo ello dentro de los procesos establecidos, dentro del proceso que tenemos obligación de
seguir porque es legal, habrá que conseguir la mayor independencia del Poder Judicial. Ha habido casos, como uno que se ha llamado caso silenciado y por el que voy a permitirme permanecer en silencio, en el que ha ejercido su independencia el Poder
Judicial claramente con una mayoría absoluta e importante en el momento en que tomó la decisión. Si esta decisión fue acertada o equivocada, eso lo dirán quienes tienen el control oficial de los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial. Y
recuerdo que en estos instantes, en ese asunto silenciado, el ministerio fiscal ya ha interpuesto el recurso correspondiente ante la Sala tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Por tanto, cuando se pronuncie será la decisión final, o
incluso cabe que vaya la parte -no el ministerio fiscal, que no puede- al Tribunal Constitucional. Las garantías que ofrece este Consejo General del Poder Judicial para la independencia de jueces y magistrados son las que han establecido los
legisladores y las que tenemos a nuestro alcance, y cuando nos salimos de ellas nos salimos de nuestra correspondiente función.


Otro tema, nombramientos. Hemos seguido en estos pocos meses que llevamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo en dos sentencias del 29 de mayo de 2006. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto mucho énfasis en la motivación
para evitar que el consejo pueda en algún instante elegir no al más idóneo, sino al que viene en mejores condiciones según un grupo o según otro grupo; motivación fundada en hechos, en la historia del magistrado, en algunos casos se presentan ya
resoluciones, y qué más ha podido hacer el consejo en tan poco tiempo para ver la motivación y ver personalmente todo aquello que puede afectar a que el elegido sea idóneo y el mejor, ha establecido un sistema de visitas y de proyectos que nos
puedan presentar. Como consecuencia de ello, la comisión de calificación hará las

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ternas, después pasarán al pleno y se verá el más elegido en las votaciones, que pueden ser más o menos cualificadas según el cargo que puedan ostentar. Decía antes que el consenso ha sido algo fundamental en este consejo, no porque haya
que llegar a acuerdo en todo. Pertenecemos a una sociedad plural y libre, y si es plural y libre cada uno tiene su opinión. Por eso, yo les he aceptado todas las opiniones y he empezado por darles las gracias a todos, incluso a aquellos que han
podido ser más críticos. Bienvenida sea la crítica en una sociedad que, vuelvo a repetir, es plural y libre. El consejo tiene una naturaleza política, claro que la tiene, porque es Consejo General del Poder Judicial, y como tal desarrolla una
política judicial, y política consiste en el arte de bien gobernar, no como muchas veces que usamos la política como un término bastante devaluado. El consenso es necesario para aquellas situaciones en los nombramientos que necesiten un respaldo de
todos los miembros del consejo o de todas las representaciones que están en el consejo para el ejercicio de su autoridad, porque su autoridad tiene que ser ante todo una autoridad moral. De ahí vienen luego las potestades que pueda tener
jurídicamente. Por tanto, en la mayor parte de los nombramientos se ha llegado a una unanimidad. En los primeros dos meses -estos no son nombramientos exteriores al consejo sino dentro del consejo- los presidentes y los miembros de las comisiones
han tenido que trabajar en las mismas y en todo ello se ha adoptado un acuerdo por consenso y por unanimidad. Se han nombrado dos presidentes de los tribunales superiores de Galicia y de Madrid, que llevaban tres años bloqueados y se han
desbloqueado. Se han nombrado presidentes de audiencias provinciales y de sala, y se ha nombrado un puesto muy importante en la formación de los jueces. Lo primero que tenemos que hacer es formarnos bien los que vamos a educar a los jueces. Saben
ustedes aquello de educar, educándose; formar, formándose. La formación de un juez no termina nunca Hoy he aprendido tantas cosas aquí en esta sesión que yo estoy convencido que después de cuarenta años de vida judicial todavía me queda muchísimo
por aprender y todavía me queda mucho para formarme. Pues bien, el director de la Escuela Judicial ha sido una persona elegida por unanimidad y por consenso de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial.


Paso a otra cuestión que se ha referido antes uno de los miembros de esta Comisión de Justicia, y es a qué pacto me refiero o qué pacto he inventado. Pues bien, a lo que se llamó Pacto de 2001 que después trajo consigo el desarrollo la Ley
Orgánica 19/2003. Y de las cuestiones que había ahí vino la implantación de la oficina judicial. ¿Qué podemos decir si estos pactos, acuerdos o como les quieran llamar, están ahora desfasados porque han transcurrido ocho años, si ahora no existen
los consensos o los acuerdos, si se excluyeron a determinados partidos? Eso no me corresponde. Ya tengo bastante con el Consejo General del Poder Judicial. Eso les corresponde resolverlo a ustedes aquí, que es donde tienen que resolver problemas
que son de ustedes con la colaboración nuestra por vía consultiva, que es la que ejercita el Consejo General del Poder Judicial. Claro que sí, por vía consultiva. ¿La vía consultiva es aportar y modificar lo que dice el legislador? En absoluto.
No es lo que dice el legislador. Primero, saben que existe un prelegislador cuando todavía no ha llegado al Congreso, después existe en el Congreso el legislador y después existe la ley cuando sale aprobada por las mayorías que marcan, a su vez,
las leyes y la Constitución. Nosotros al indicar consultivamente en el consejo que esto tiene este aspecto o este matiz que podemos advertir de una cuestión constitucional, no estamos entrometiéndonos en un poder del Estado, del Legislativo.
Estamos cumpliendo nuestra misión que nos dice que, al igual que el Consejo de Estado en determinadas materias, somos nosotros, el Consejo General del Poder Judicial, el que tiene que emitir esa consulta. ¿Qué intromisión? Si a mayor abundamiento
saben ustedes que la consulta y el informe no es vinculante en ningún aspecto. Digamos aquello que creemos.


También se me pregunta qué opina el presidente del consejo. Yo opino lo que opina el consejo. Porque cuando el consejo adopta un acuerdo tengo que estar opinando oficialmente de acuerdo con la mayoría que ha adoptado ese acuerdo. Como en
una sentencia, y no trato ahora de traer el tema, cuando se pronuncia una sentencia, la pronuncia la sala, si es que por ser una sala tiene que ser plural. Y si alguno ha emitido un voto distinto, eso es cuestión suya. Pero la sentencia tiene
validez porque ha sido aprobada. Yo opino lo que opina el consejo en estas y en otras materias, una vez que el consejo ha acordado. Mis opiniones particulares deben servir para muy poco cuando ya hay un acuerdo mayoritario. Aquí muchas veces lo
que existe es lo que llamamos el amor propio. El amor propio, decía alguien que estaba en la literatura clásica española, es el último gusanillo que se muere. Después de que ya se ha descompuesto todo el cuerpo, sigue el gusano del amor propio
diciendo: aquí tengo yo razón. Y muchas veces viene la razón en voto particular, en esto, en contestar y en no contestar. El gusanillo del amor propio procuro quitarlo, aunque me cuesta mucho, porque yo también tengo muchas debilidades, pero no
vengo a exponérselas ni a hablar de mí. No tengo que hablar de mí ni de bien ni de mal, por aquello que también decía Gracián, porque el hablar bien de uno es una petulancia, y el hablar mal de uno, una estupidez. Entonces, no voy a hacer ninguna
de las dos cosas.


Paso a otra cuestión que también se me ha planteado, la modernización. Se ha dicho: ¿cómo nos vienen a hablar aquí, a la Comisión, de encontrar estas o aquellas soluciones, y ustedes no nos las aportan? Yo no puedo en una intervención, de
suyo larga para mí, pero muy corta para ustedes y, por supuesto, para lo que es la Comisión, decir todo. Me he referido en ese momento al plan de modernización. Aquí tengo algunos datos del plan de modernización. El plan de modernización fue
aprobado por el consejo el 12 de noviembre de 2008,

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recién constituido el consejo, cuando se habían formado las comisiones que he dicho y en las que tuvimos que trabajar -la comisión de estudios, la comisión disciplinaria, la comisión de calificación-, y tenía como principios la coordinación,
la transparencia y la colaboración. El plan de modernización tiene estas áreas de trabajo: primero, implantación de la oficina judicial. Segundo, reestructuración de la planta y demarcación judicial. Tercero, aplicación de las nuevas
tecnologías. Cuarto, efectividad de las medidas de la carta de derechos y plan de transparencia judicial. Quinto, seguimiento y mejora de la actividad de los órganos judiciales. Sexto, impulso de reformas orgánicas y procesales. Séptimo,
estatuto de miembros de la carrera judicial. Y octavo, organización territorial del Estado. Y se establecen periodos para el cumplimiento, algunos a corto plazo -que pueden estar en el año 2009-, otros a un plazo mayor y otros cerca ya del final
del mandato. Pero decir que no hemos aportado soluciones no es cierto. Las soluciones que aporta el Consejo del Poder Judicial serían algo así -y no quiero ironizar sobre el tema- como las consultivas, porque si no tenemos los medios adecuados
para producir el plan de modernización, este quedará sin poderse hacer. Pero contamos con que la buena voluntad de la Administración central y de las administraciones autonómicas va a proporcionarnos esta financiación y se van a comprometer,
efectivamente, en la modernización del plan de la justicia. En este sentido, ya se había iniciado un tratamiento muy directo en la Comisión mixta Ministerio de Justicia-Consejo del Poder Judicial, que ahora va a celebrar su primera reunión. La
Comisión mixta Ministerio de Justicia-Consejo del Poder Judicial ya celebró dos reuniones en este periodo de nuestro mandato, pero ahora se va a celebrar la primera comisión tripartida Ministerio de Justicia, Consejo del Poder Judicial y comunidades
autónomas. Ahí expondremos el plan y es donde todos tendremos que arrimar el hombro, como vulgarmente se dice. Han dicho que el Consejo del Poder Judicial tiene una serie de responsabilidades. Claro que sí. Tiene una serie de responsabilidades
muy graves y las principales entre los jueces. Pero, vamos a examinar una cuestión, que es difícil de llevar, pero que es la legal. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial tiene el gobierno de los jueces. Y punto. El gobierno de los jueces.
Pero también existe el ministerio fiscal, cuyo estatuto depende en muchos aspectos -aunque ahora tenga su propia autonomía- del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Desde luego no depende del Consejo General del Poder Judicial. Y no lo digo ni
en un sentido ni en otro, porque tengo toda la admiración, todo el respeto y todo el cariño por la carrera fiscal a la que siempre he llamado -y sigo llamando- la carrera hermana. Pero no dependen del Poder Judicial. Los funcionarios de la
Administración de Justicia que dependen de los jueces directamente, los secretarios, los que están en la gestión procesal, en la tramitación o en el auxilio son personal del Ministerio de Justicia. Tampoco dependen del Poder Judicial. Y,
finalmente, la financiación del Consejo del Poder Judicial depende de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, eso de que yo soy absolutamente independiente habrá que compaginarlo con las otras dependencias que tenemos por intervención de
otros postulados perfectamente legítimos, como ministerio fiscal, funcionarios que auxilian a la Administración de Justicia, secretarios, que dependen de otros poderes. Por tanto, tratar de conciliarlos ofrece algo más que una pequeña dificultad.


El aspecto disciplinario, la responsabilidad. Que los jueces en España no tienen responsabilidad porque no tienen disciplina o no tienen un régimen disciplinario efectivo -no digo teórico, sino efectivo- es incierto. Ha habido 22.000
quejas y denuncias presentadas por la correspondiente oficina de atención al ciudadano de la Administración de Justicia, y se han tomado 3.186 acuerdos en materia disciplinaria. Pero muchas, la mayor parte de las denuncias no lo fueron por aspectos
estrictamente gubernativos o disciplinarios sino porque no les fue favorable la resolución, no recurrieron o recurrieron y tampoco les ha dado luego el resultado que apetecían. En resumidas cuentas, eran problemas jurisdiccionales y no problemas
disciplinarios. Entonces no digamos que no hay una responsabilidad. Esta responsabilidad es exigible y, además, comparativamente es exigible mucho más que en otros cuerpos. Sí, aunque se admiren es mucho más exigible y mucho más responsable en el
Poder Judicial que en otros cuerpos de la Administración o de las administraciones. Diré aquello de: si me considero, nada, no valgo nada; ahora, cuando me comparo, algo más sí que puedo valer, alguna responsabilidad más puedo tener. No es
cierto que los jueces no tengan una responsabilidad; tienen la responsabilidad y les es exigida. ¿Cómo se exige esa responsabilidad disciplinaria? Cuando se presenta una denuncia, cuando hay denuncias de tipo disciplinario, el artículo 423 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial dice que hay que mandarlo a la inspección para que emita un informe en un plazo de un mes; después pasa a la comisión disciplinaria y esta puede acordar lo procedente, también puede hacerlo el pleno en casos de
recursos, en casos de alzada y en algunas materias que son privativas del pleno. Por tanto, estos son los procedimientos. En relación con determinado juzgado de la Audiencia Nacional se me ha dicho que se han presentado distintas denuncias, que no
hemos hecho caso a las mismas y que se han archivado. De las cuatro que se han presentado por una concreta agrupación política, tres están en plazo de informe por la inspección y, por tanto, no se han resuelto en ningún sentido. En cuanto a la de
la caza o no caza, se ha emitido un informe en el que se dice que no se ve materia de disciplina; materia de disciplina que, como dije al principio, requiere un hecho que esté definido por la ley antes, tipificado antes, que exista una conducta
como tal tipificada y que, después, con los procedimientos legales sea digna de esa sanción en el aspecto que pueda corresponder. Pero no podemos forzar ni los plazos ni el procedimiento sancionador, porque en este aspecto, en el de

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la disciplina, el Consejo General del Poder Judicial actúa como un tribunal de justicia o parecido a un tribunal de justicia: actúa en conciencia y en derecho.


Para terminar con este aspecto disciplinario y con determinadas quejas, es cierto que el Registro Civil abarca casi el 50 por ciento de las quejas, pero el Registro Civil no es típicamente una jurisdicción. Fíjense ustedes, cuando hablamos
del juez del Registro Civil se le llama el encargado del Registro Civil y hay Registro Civil y Registro Civil Central. Ahí la actitud del consejo tiene que ser similar a la que he expuesto de información y después comisión disciplinaria. Pero,
ciertamente, lo que hay que buscar en estos momentos en que estamos iniciando la vida de este consejo es cuáles son las causas por las que se producen esas dilaciones y esos retrasos, cuáles son los motivos por los que en algunos casos o en algunos
supuestos se ha dicho que ha habido un trato no adecuado. Habrá que investigarlo; tendremos que tomarnos el tiempo para analizarlo deprisa y a la vez con la suficiente calma para no cometer una injusticia.


Paso a otro tema, porque si no esto va a ser interminable, que es el de la huelga de los funcionarios. Se me ha dicho que he soslayado el tema de la huelga y he hablado del descontento de los jueces. Sí, así ha sido. En realidad la huelga
de los jueces ha sido una huelga un tanto atípica. Hay que ver en la huelga ante todo que la tutela judicial efectiva que determina nuestra Constitución haya sido cercenada o desvalorizada por la actitud de los responsables de la justicia. En eso
estamos, recibiendo las comunicaciones de los presidentes de los tribunales superiores diciéndonos, efectivamente, cuáles son las causas si ha habido, porque hay algo que nadie podrá eludir porque está en la propia ley. Por sí solo faltar un día a
los tribunales no constituye falta porque la falta leve empieza a partir de un día hasta tres. También se ha dicho -y tenemos datos- que el 40 y el 60 por ciento de los miembros de la carrera judicial han seguido la huelga. Los datos que tenemos
nosotros y que no hemos tergiversado, que han venido directamente de los presidentes de los tribunales de justicia que han estado en contacto con todos los jueces que dijeron que querían ir a la huelga, son que han seguido la huelga el 35 por
ciento. Esto es nada más un dato; pero la huelga existió. Si se me dice, ¿cuál es, presidente del Consejo General del Poder Judicial, la opinión que usted tiene respecto a esta huelga? Pues la opinión que tiene el consejo, que ya antes he
expresado en repetidas ocasiones. Y el consejo redactó un acuerdo diciendo simplemente que no había cobertura legal para esa huelga y no se pronunció sobre si la huelga era legal o ilegal porque no se podía pronunciar. Si decimos que algo que no
tiene cobertura es legal, estamos sustituyéndolos a ustedes en la función legislativa; nosotros no podemos definir eso. Eso sí que es una grave intromisión. Por tanto, no tiene cobertura legal es, si se quiere usar esa expresión, alegal. Nos han
dicho: lleguen a los servicios mínimos, regúlenlos. Pero, cómo vamos a regular los servicios mínimos de algo que no tenemos tasado entre las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Cuando se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial se
definen las posturas; nosotros no podemos hacer interpretaciones extensivas, no podemos convertirnos en legisladores. Tenemos que atenernos a lo que nos dicen y lo que nos dice la ley -en cuyo cumplimiento hemos estado- es que no podemos en modo
alguno regular servicios mínimos porque implícitamente estaríamos diciendo que la huelga es legal. Por tanto, no ha habido un pronunciamiento. ¿Cuál es la opinión de futuro, ahora que se avecina otra huelga u otros posibles descontentos? Doctores
hay en el derecho y en el Parlamento que podrán opinar; nosotros, cuando se nos ha pedido opinión, ya hemos dicho que no tiene cobertura legal y cuando se nos pida un informe reglamentario lo daremos sin ninguna cortapisa, con claridad, con
transparencia y con verdad.


Quiero terminar refiriéndome a que se ha señalado que en algunos instantes se ha estado haciendo linchamiento -se ha usado esta palabra- de algún juez y que como consecuencia de ello ha habido alguna intervención de un miembro del consejo
indicando o advirtiendo algo. Lo que tengo que decir es que este miembro del consejo reconoció en la última sesión plenaria del consejo, la del mes pasado, que respeta y ha respetado la independencia judicial siempre y como muestra de ello tiene la
trayectoria de su vida, impecable en esta materia de respeto a la independencia judicial. Manifestó que había hecho determinadas declaraciones a título particular y que, desde luego, pedía disculpas a todos aquellos que podía haber molestado o
haber causado un perjuicio en un momento determinado como consecuencia de aquellas manifestaciones. Mi opinión es la del consejo, que en una amplia mayoría -casi total unanimidad, excepto una persona- aprobó un acuerdo en el que aceptaba esas
disculpas y ahí terminaba este asunto. En otro acuerdo recordaba la independencia de los jueces dentro del orden jurisdiccional; y dentro de ese orden jurisdiccional invitaba al respeto y al cese de cualquier ataque que pudiera producirse a ese
juez o a cualquier otro, porque la independencia del Poder Judicial es algo objetivo y no subjetivo. Por eso, los errores son siempre subjetivos -son errores personales- y los aciertos o las verdades son siempre objetivos. Esto es lo que dijo el
Poder Judicial. En este caso concreto, ¿cómo nos vamos a pronunciar sobre determinadas cuestiones cuando hay aspectos jurisdiccionales pendientes en los que el consejo, como órgano de gobierno, si quieren ustedes, administrativo, no puede entrar
mientras haya actuaciones penales? Por ejemplo, en determinados aspectos -no me refiero ahora al tema anterior, sino a otros- en que se ha dicho que nos hemos puesto de perfil. Hombre, no nos hemos puesto de perfil, sino que el Tribunal Supremo
está siguiendo una denuncia y ha dictado un auto que todavía no ha remitido al Consejo General del Poder Judicial porque no es firme. No lo es porque el abogado que interpuso esta denuncia estima que los hechos son todavía de carácter penal y, por
tanto, interpone un recurso de súplica que ha de tramitarse. En

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este recurso de súplica nosotros no tenemos que intervenir mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Se ha dicho en los periódicos y en otros medios de comunicación que se nos ha remitido un auto del Alto Tribunal. No, no
lo puede remitir porque no es firme. Cuando lo sea, lo remitirá y actuará, si corresponde, el régimen disciplinario del consejo en un sentido o en otro. En este asunto existe también otro recurso contencioso-administrativo. El consejo anterior
-frente a la denuncia del mismo abogado, que presentó una petición al consejo para que en vía disciplinaria investigase y un recurso en vía penal para la depuración de responsabilidades penales- decidió archivar aquella denuncia relativa a aspectos
disciplinarios porque no se le presentaron los fundamentos y la documentación necesaria. Esa petición de investigación -para la que únicamente estaba legitimado el abogado, y no para otro tipo de actuaciones como la sanción- está en recurso en
estos instantes ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Si el aspecto disciplinario para investigar está todavía en este momento en periodo de prueba de la Sala tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo y el aspecto penal está
también en manos de la Sala segunda del Tribunal Supremo, el respeto a la jurisdicción que nos merecen todos los tribunales -como dije al principio-, lo mismo el Tribunal Supremo que el último Juzgado de Paz, me impide poder actuar en esta materia
hasta que no se produzcan las citadas resoluciones de los tribunales. Eso, señorías, que les guardo la mayor consideración y respeto, no es ponernos ni de un lado ni de otro, eso es actuar con la ley en la mano y con la legislación vigente que
ustedes nos han dado y que espero nos sigan dando por muchos años.


El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, la Presidencia considera que está la cuestión suficientemente debatida.


Quiero agradecer una vez más -y creo que expreso el sentimiento de la Comisión- la presencia de todo el Consejo General del Poder Judicial en la sesión de hoy, del director de gabinete, de los servicios técnicos, del secretario general y del
jefe de prensa. Lógicamente quiero agradecer la exposición del presidente del Consejo General del Poder Judicial porque va a sernos muy útil para el trabajo de esta Comisión y emitir un mensaje de esperanza hacia futuro, porque la conclusión de
este tipo de sesiones permite y da fundamentos a la esperanza. Asimismo, quiero agradecer a los servicios de la Cámara, a todas SS.SS. y a los medios de comunicación su presencia e interés.


Dicho todo esto, se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.