CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 225

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 10 celebrada el martes 10 de marzo de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la creación de una administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, y dos agencias del mismo organismo, una en Gran Tarajal y otra en Morro Jable. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000233.) ... (Página 3)


- Sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos de dedicación a la actividad sacerdotal, de religiosos y religiosas secularizados de la Iglesia Católica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000417.) ... (Página 3)

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Relativa a la remisión del informe a que hace referencia la Disposición adicional vigésima tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000418.)... (Página 3)


- Sobre actualización de la cuantía mínima de las pensiones. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000606.) ... (Página 8)


- Sobre la emisión de informes por las asociaciones de autónomos en relación con los proyectos de viabilidad de la actividad por cuenta propia de extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000662.) ... (Página 11)


- Sobre la celebración de un debate monográfico en la Comisión de Trabajo e Inmigración sobre las propuestas del Gobierno y grupos parlamentarios para la mejora del mercado de trabajo y para estimular la recolocación de los desempleados.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000518.) ... (Página 14)


- Por la que se insta al Gobierno a emprender las reformas normativas necesarias en materia de Seguridad Social relativas a los años de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000361.) ... (Página 18)


- Para seguir impulsando la celebración de acuerdos en el marco del diálogo social acerca de medidas para reactivar la economía, generar confianza y superar la actual situación económica. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000852.) ...
(Página 22)


- Para que, en el seno de diálogo social, realice un análisis de los efectos producidos por las reformas introducidas a través de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en el ámbito de la protección por viudedad, con objeto de contar con pautas
adecuadas a tener en cuenta para el futuro estudio de la reforma integral de dicha protección. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000853.) ...
(Página 26)


- Para el reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de la baja laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/000286.) ... (Página 28)


- Para que, en el seno del diálogo social, realice un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal, a fin de avanzar en su perfeccionamiento y en la mejora de la
cooperación y coordinación de todas las partes implicadas en el mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000850.) ... (Página 28)


- Sobre medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
161/000792.) ... (Página 32)


- Para la mejora de la protección a las personas desocupadas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000704.) ... href='#(Página34)'>(Página 34)


- Relativa a los coeficientes reductores en el sector del granito.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000567.) ... (Página 38)


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Se abre la sesión a las diez y veinte minutos la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PUERTO DEL ROSARIO, CAPITAL DE FUERTEVENTURA, Y DOS AGENCIAS DEL MISMO ORGANISMO, UNA EN GRAN TARAJAL Y OTRA EN MORRO JABLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000233.)


El señor PRESIDENTE: Damos inicio a la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Tienen ustedes en su poder el orden del día. Retírenlo, porque no tiene nada que ver con la realidad. (Risas.) En primer lugar, respecto del punto 1º del orden del
día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, intervendrá el señor Echániz para anunciar su retirada y los motivos de la misma. En segundo lugar, se debatirán las proposiciones no de ley que figuran como puntos 4º y 5º del
orden del día conjuntamente. Luego les iremos explicando cómo seguirá el resto de la sesión.



Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Echániz en relación con la creación de una administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario.



El señor ECHÁNIZ DELGADO: La diputada de mi grupo, doña Pilar González Segura, presentó esta iniciativa en junio del año pasado solicitando la creación de una administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de
Fuerteventura, y dos agencias del mismo organismo, una en Gran Tarajal y otra en Morro Jable, que son dos poblaciones al sur de la isla, a más de 100 kilómetros de la capital. A doña Pilar González Segura no le ha sido posible estar aquí en la
mañana de hoy por un problema de coordinación del trasporte aéreo, y me ha pedido que en su nombre retirase esta iniciativa debido a que las circunstancias económicas han cambiado de una forma drástica en España, pero sobre todo en Canarias, con una
intensísima destrucción de empleo en los últimos meses, por lo que la gestión de expedientes prácticamente se ha paralizado, a la vez que ha disminuido de forma muy importante la población, que antes había aumentado por el auge inmobiliario y del
turismo. Nuestro grupo parlamentario, en un acto de coherencia y responsabilidad, entiende que en este momento esta administración no es prioritaria, y por lo tanto retira del debate de esta Comisión la iniciativa, en la medida en que la isla de
Fuerteventura en este momento no necesita una oficina de la Seguridad Social, sino más bien una oficina de empleo para la gestión de las prestaciones que se están poniendo en marcha en estos momentos. Por lo tanto, lo que me comunica la diputada
doña Pilara González Segura es que se reserva esta iniciativa para un momento más oportuno desde el punto de vista económico.



- SOBRE RECONOCIMIENTO COMO COTIZADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PERÍODOS DE DEDICACIÓN A LA ACTIVIDAD SACERDOTAL DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS SECULARIZADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000417.)


- RELATIVA A LA REMISIÓN DEL INFORME A QUE HACE REFERENCIA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMO TERCERA DE LA LEY 40/2007, DE 4 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000418.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los puntos 4º y 5º del orden del día, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos de dedicación a la actividad sacerdotal de religiosos y religiosas secularizados de la
Iglesia católica.



Tiene la palabra el señor Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión dos iniciativas claramente interrelacionas, que no afrontan desde luego un tema novedoso precisamente en este Parlamento. Ello no solo no nos ha planteado dudas
sobre la conveniencia de presentarlas, sino que, por el contrario, nos reafirma en la convicción de que determinados asuntos exigen de un seguimiento y un impulso permanente, y no de puntuales acciones que no dan a veces el resultado apetecido. Se
trata en estas dos proposiciones no de ley de aquellos sacerdotes, religiosos y religiosas secularizados en tiempos pasados de nuestra historia reciente; personas que muy a pesar suyo, como sucedió con otros grupos de ciudadanos y ciudadanas
españoles, no pudieron en su día afiliarse y cotizar la Seguridad Social, y acceder así a los derechos y prestaciones que esta asegura.



Permítanme que haga algo de historia, simple recordatorio del peregrinar normativo en busca de una solución. Este colectivo, que el propio Gobierno estima en mas de 3.000 ciudadanos, 5.000 según el propio colectivo, actualmente pensionistas
de la Seguridad Social, viene reclamando una solución a la situación en que quedaron quienes no fueron incorporados en su día mediante las oportunas disposiciones en los años 1978 y 1982, que regularizaron la situación a efectos de cotización al
sistema de aquellas personas que desempeñasen esa labor, trabajo, cometido, dedicación, como SS.SS. quieran denominarlo. La Ley 13/1996, instaba al Gobierno a computar para los secularizados el tiempo que ejercieron su ministerio o religión,
tiempo en el que no les fue permitido, como digo, cotizar. Pero como ocurre de forma en exceso frecuente, esa disposición no fue acompañada de la aprobación de partida económica


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que la convirtiera en realidad. De hecho, supuso que todo el capital-coste quedase a cargo de los beneficiarios, los propios secularizados; es decir, que para acceder a una pensión de jubilación o mejorar la pensión ya consolidada se
vieron abocados a abonar por sí mismos, y de forma íntegra, el coste del reconocimiento o mejora de esas pensiones, lo cual implicaba claramente una reducción muy significativa de la pensión real finalmente a percibir. Así lo exigieron los reales
decretos que desarrollaron la normativa para aplicar precisamente esa disposición adicional 10º de la Ley 13/1996, que fueron decretos del año 1998 y del año 2000. Es cierto que esos decretos conllevaron, y mi grupo que entonces tenía
responsabilidades de Gobierno así lo asume, que todo el capital-coste de la parte de pensión que se derivase de los años de ejercicio sacerdotal o religioso que hubiesen sido reconocidos como cotización a la Seguridad Social recayese sobre los
propios beneficiarios. Desconozco las razones que llevaron a esa decisión, pero en todo caso el tiempo ha demostrado que no se adecuó al fin perseguido.



A consecuencia de ello se produjeron diferentes situaciones. Varios centenares de estas personas quedaron con pensiones muy inferiores a la pensión mínima garantizada entre los años 1998 y 2005 a consecuencia del Real Decreto 487 del año
1998, dada la deducción mensual que se efectuaba para amortizar el capital-coste. Ello movió a la aprobación de otro real decreto, el Real Decreto 1335/2005, que aseguraba para ellos una pensión contributiva de jubilación del 95 por ciento de la
pensión mínima de cada año. El colectivo lo agradeció, y ello contó con el respaldo de todos nosotros. Unos 3.000 se fueron acogiendo al Real Decreto 2665/1998. Los que lo hicieron antes de enero de 2006 incrementaron su pensión de forma muy poco
significativa, en realidad muy cercana a cero, pero al menos no retrocedieron en la percepción. Pero los que lo hicieron a partir de enero de 2006, vieron descendida su pensión si se atenían a los 180 plazos de devolución del capital-coste
establecidos por la norma. Ello era tan lesivo que la propia Seguridad Social decidió alargar la amortización a unos 210 plazos, según los casos, a fin de conseguir que al menos se tuviera un efecto cero mensual o un escasísimo aumento de pensión.
Y el resto, unos 1.300 secularizados pensionistas de clases pasivas del Estado, se acogieron al Real Decreto 432/2000 y han venido obligados a satisfacer una cuota de secularización de 14 mensualidades al año a lo largo de toda su vida. Con
independencia del juicio que nos merezca a cada uno de nosotros la situación que amparó en su día el régimen de colaboración entre la Iglesia y el Estado, que no es objeto de este debate, cabe estimar que estamos hablando de un grupo de ciudadanos
que lleva veinte años denunciando una injusta exclusión en los reales decretos citados, que constituyen un grupo de personas mayores, obviamente reducido en número y en franca disminución, que la mayoría de ellos han satisfecho ya cantidades
superiores al 50 por ciento de capital-coste, que para ellos cada mes que pasa en esta situación supone ya una pérdida irreparables, y que han venido escuchando de todos los grupos parlamentarios la certeza de sus argumentos y la conveniencia de una
solución definida, pero que no se ha plasmado hasta ahora en realidades. Todo esto ha sido debatido en esta Cámara, y hasta tal punto se produjo coincidencia en el análisis de la situación, que llevó a que la propia Ley 40/2007, de medidas en
materia de Seguridad Social, estableciera en su disposición adicional 23 que se instaba al Gobierno a presentar al Congreso, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, un informe sobre las medidas a adoptar para resolver
esta cuestión.



Señorías, les hago partícipes de la penosa imagen que damos el Gobierno y el Parlamento cuando casi catorce meses después de la entrada en vigor de esta ley ese informe no se conoce, ni se ha remitido al Parlamento, ni sabemos en qué
consiste, ni qué propone. Estos incumplimientos de una ley no nos parecen un tema baladí. Implican ciertamente una actitud poco respetuosa por parte del Gobierno de las normas que impulsa y trasladan una insostenible impresión de indiferencia o
pasividad ante las demandas de los ciudadanos que han puesto sus esperanzas en los textos legales.
Creemos que no es una buena manera de actuar, y no es un tema menor el incumplimiento de una disposición de estas características. Eso es lo que
propugnamos en una de las proposiciones no de ley. Ya resulta lamentable que fuese formulada en septiembre del año 2008, y nos hubiese gustado que hubiese decaído a esta fecha, pero la realidad es que no ha sido así.



Pero lo relevante es la pronta resolución de la cuestión y de la manera más adecuada posible. Este Gobierno, igual que el anterior, ha dados pasos en la resolución de esta problemática, pero hace falta el impulso definitivo, que cuesta que
tome forma. Por ello presentamos una segunda proposición no de ley, porque nos parecía legítimo y útil que sirviera de estímulo y de apoyo al Gobierno en la adopción de una fórmula factible, fundamentada y respaldada por precedentes. La realidad a
día de hoy es que, por un lado, la Iglesia ha mostrado su disposición a contribuir con una cantidad económica, asumiendo un parte del coste, ello sin duda es importante. La Seguridad Social se ha mostrado dispuesta a prolongar el período actual de
amortización de quince a veinte años, con el objetivo de disminuir la retención mensual del capital pendiente de amortizar, en esta política que ahora impulsa la Seguridad Social de pago casi a la carta en tiempo de crisis, pero es obvio que no se
reduce así la deuda, que solo se prolonga el plazo de devolución. Como a otros pensionistas les ha pasado, tiene el inconveniente de que pequeños aumentos de pensión pueden suponer aumentos en el IRFP que los dejan sin efecto. Pero la actitud de
la Seguridad Social es positiva. El resultado práctico de ambas medidas es que dejaría la aportación por el capital-coste mensual en un 50 por ciento, aproximadamente, de lo que ahora abonan, para quienes han amortizado ya -muchos de


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ellos- 120 mensualidades, y en alrededor de un 75 ó 76 por ciento para los de reciente o nueva jubilación. Pero, señorías, esto implicaría que el Estado no realizaría aportación alguna, y ello pese a que, insisto, sin entrar a valorar las
razones de aquella situación, que a mí a estas alturas la verdad es que me da igual, el Estado proveía en aquella época precisamente los honorarios del clero y las ayudas al sostenimiento de la obra social de la Iglesia eran muy notorias, pero no
atendían la protección social de las personas. El Estado, señorías, era el empleador, pero ni cotizó ni dejo cotizar a estas personas. La nómina salía de los Presupuestos Generales del Estado, que los entregaba a la Iglesia en una forma de
auténtico pago delegado, pero no contemplaba aportaciones que garantizaran derechos de pensión. Es justo, por tanto, que también el Estado incorpore financiación; el Estado, y no la Seguridad Social. De ahí que nuestra proposición no de ley deje
claro que no ha de ser con cargo a los recursos de la Seguridad Social, partícipe en algún modo en la financiación de esta cobertura. No queremos que la Seguridad Social asuma costes que no le corresponden, ni en esto ni en nada, y eso incluye los
complementos a mínimos y las subidas de las pensiones por encima del IPC, porque la Seguridad Social ya tiene sus propios componente explícitos de solidaridad. Pero la solidaridad básica que decidamos tener como sociedad, y creo que con este
colectivo tenemos la obligación de plantear un criterio de solidaridad, ha de hacerse con cargo fundamentalmente a la imposición general.



Señorías, sin duda este es uno de tantos flecos que la compleja y alambicada historia de nuestra Seguridad Social ha ido dejando por el camino y que tenemos que resolver, y nuestra obligación casi tres décadas después es intentar zanjarlo
definitivamente. El Gobierno ha adoptado medidas similares para dar respuestas a otros colectivos. Sabemos que otros grupos comparten la opinión que fundamenta nuestra proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego que vaya terminando, por favor.



El señor BURGOS GALLEGO: Simplemente al acumular dos puntos, estoy intentando refundirlas las explicaciones.



El Real Decreto 1108/2007 reconoció como cotizados los períodos en que los miembros de las corporaciones locales no pudieron cotizar a la Seguridad Social. El Real Decreto 788/2007 hizo lo mismo con los profesores de euskera. No voy a
plantear comparaciones entres unos colectivos y otros, simplemente creo que plantean precedentes suficientes como para tenerlos en consideración.



El secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granado, afirmó en la sesión de la Comisión de Trabajo del día 18 de febrero de este mismo año que había hecho entrega a los interlocutores sociales de un proyecto de decreto sobre
secularizados. Con independencia de la opinión, sin duda estimable, de los agentes sociales, cuyo diálogo, al que este Gobierno parece que unas veces lo fía todo y otras desestima con curiosa facilidad, no parece dar muchos frutos, la realidad es
que el Gobierno debería y podría sentirse mucho más legitimado para adoptar una línea determinada si contase, como recabamos hoy, con un acuerdo general de los grupos parlamentarios sobre el objetivo y sobre la formulación concreta de una política
en relación con los secularizados. Creemos que es lo justo, y lo justo puede y debe contar con el apoyo de todos. Nos consta el esfuerzo y la dedicación de la Federación Estatal de Secularizados, que agrupa a los afectados, ha venido haciendo
antes los diferentes grupos parlamentarios. Nuestro reconocimiento a esa labor incesante y dilatada ya en el tiempo.



Mi grupo, señorías, por tanto, apela al voto favorable y al acuerdo de los demás grupos para darles hoy un apoyo sentido, creíble y, sobre todo, eficaz de cara a la pronta resolución de su problemática.



El señor PRESIDENTE: Estas dos proposiciones, que recuerdo que se están debatiendo conjuntamente, que son la 4º y la 5º, no tienen enmiendas, pero me imagino que algún grupo querrá fijar posición. (Pausa.)


Don Emilio Olabarría, tiene usted la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Burgos, quiero felicitarle por su locución y por la lucidez de sus reflexiones. La verdad es que ha hecho usted una reflexión que se adecua exactamente a la que vamos a hacer nosotros en la proposición no de
ley de signo similar, de naturaleza similar que hemos presentado, cuyo contenido es prácticamente idéntico. Si son objeto de aceptación por esta Comisión estas dos proposiciones no de ley acumuladas, retiraremos la que pende de nuestro grupo
parlamentario; si son objeto de aceptación. Si se vota, la retiraremos posteriormente, y no voy a glosar lo que él ha dicho, porque tiene toda la razón.
Evidentemente, aquí hay una disfunción normativa que dimana del incumplimiento de la Ley
13/1996, de medidas fiscales administrativas y del orden social, ley que afortunadamente ha querido la providencia que no siga existiendo ya. Y felicito al señor Burgos también por la autocrítica que ha hecho en relación con reales decretos
aprobados incluso por el Gobierno de su propio partido, Reales Decreto 487/1998; 2665/1998; 1335/2005.



Por lo tanto, el pedimento de la proposición nos parece muy razonable, que se inste al Gobierno a reconocer los períodos de dedicación a la actividad sacerdotal, yo no sé si a la actividad sacerdotal in puribus, nunca mejor utilizada la
expresión teológica, o si es una actividad sacerdotal con algún tipo de actuación profesional que merite la afiliación a algún régimen de la Seguridad Social. Por ejemplo, la enseñanza religiosa, por poner la más característica de los sacerdotes y
la única que tenía un fumus, una apariencia parecida al trabajo dependiente. Pero bueno, la actividad sacerdotal


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si no es in puribus y sobre todo la situación de los secularizados antes de 1978, que es de una injusticia clamorosa, ya que a pesar de tener formalmente un reconocimiento normativo en cuanto a la actualización de sus derechos y percepción
de sus pensiones en relación a la Seguridad Social, esta devaluación de la norma genérica que reconoce estos derechos por un grupo de reales decretos ha impedido que este derecho adquiera consistencia práctica o consistencia material, señor
presidente.



En consecuencia, quiero felicitar la oportunidad de la presentación de la norma; coincide con la que nosotros hemos presentado. Es un problema histórico que está pendiente de resolver. Nosotros, si se aprueba esa proposición, retiraremos
la nuestra, y desde esa perspectiva vamos a ver si somos capaces de resolver lo que el señor Tomás Burgos reconocía, también con lucidez. Nuestro sistema de Seguridad Social se está creando prácticamente por accesión, vamos resolviendo una
miscelánea de asuntos heterogéneos, de colectivos no protegidos por diversas razones de carácter histórico. A veces, iniciativas de grupos parlamentarios diversos van también, por este sistema peculiar de accesión, ampliando la cobertura de
protección en virtud del requerimiento de universalidad que preconiza la Constitución española en el artículo 41. El señor Burgos ha citado ya, en lo relativo a las andreños del franquismo, a los profesores de euskera del franquismo, a los
concejales que no pudieron realizar prestaciones a la Seguridad Social. Hay un tema pendiente que el BNG y nosotros hemos presentado conjuntamente, el relativo la rederas, neskatillas y empacadoras de la Cornisa Cantábrica, y una fórmula de estas
características también se podría buscar para los sacerdotes que ejercieron su función en términos puramente teológicos, in puribus, en expresión lo más teológica que se me ocurre, pero particularmente para aquellos secularizados que impartieron
enseñanzas de religión, que sí es una actividad de las encuadables dentro de los ámbitos de calificación y categoría profesional previstos por nuestro ordenamiento laboral.



Dicho lo cual, señor Burgos, le felicito por la oportunidad de su medida.
No le puedo felicitar porque se haya adelantado por razón de cupo a la nuestra, que era idéntica, pero nos bastaría con que se apruebe esta para que la nuestra fuera
objeto de retirada.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, efectivamente usted tenía una proposición no de ley presentada que entendemos, escuchando su intervención, que queda retirada, y por lo tanto desaparece de los temas pendientes de la Comisión.



Antes de dar la palabra al señor Campuzano, quiero informarles de que después del debate de estas dos proposiciones pasaremos a debatir la que figura en el 8º lugar del orden del día, que es sobre la cuantía mínima de la pensiones. Lo digo,
sobre todo, don Emilio, para que lo tenga usted en cuenta. Debatiremos esa y a continuación, en 4º lugar, debatiremos la del Grupo Parlamentario Popular, que defenderá doña Carmen Álvarez Arenas-Cisneros, sobre la emisión de informes por las
asociaciones de autónomos en relación con los proyectos de viabilidad de la actividad por cuenta propia de extranjeros, que figura como punto 9º del orden del día.



Una vez comunicada esta información, señor Campuzano tiene la palabra para fijar posición.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Me he incorporado tarde a esta Comisión, y por tanto no he podido escuchar la argumentación del señor Burgos, pero estoy convencido de que las cuestiones de fondo que él habrá planteado en la defensa de su
iniciativa son plenamente coincidentes con las posiciones que a lo largo de estos últimos años Convergència i Unió ha mantenido en esta materia.



Esta es, efectivamente, una vieja cuestión que nuestro ordenamiento jurídico no ha terminado de resolver, y que Convergència i Unió, cuando don Francesc Homs ejercía de portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió en la Comisión de
Economía y como portavoz para asuntos de la Seguridad Social, había abordado. De esas iniciativas del señor Homs se derivaron esas resoluciones que se aprobaron en el debate de política general, esa normativa que se incorporó en 1996, que tuvo un
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno correspondiente y que después, en las siguientes legislaturas, por mi parte, en nombre también de Convergència i Unió, hemos ido impulsando: esta necesidad de reconocer como cotizados esos períodos de
dedicación a la actividad sacerdotal de religiosos y religiosas secularizados de la Iglesia católica. Y de ahí que con nuestra compañera la señora López i Chamosa, el señor Olabarría, y el propio señor Burgos que en estos últimos años hayamos ido
impulsando medidas orientadas a dar cumplimiento a esas previsiones legales. De tal manera que incluso en la última reforma de la Seguridad Social, la que aprobamos en 2007, se volvió a incorporar el mandato al Gobierno para desarrollar
precisamente la necesidad de reconocer como cotizados esos períodos de dedicación de esas personas que en su tiempo no contemplaron que la Iglesia cotizase para ellos a efectos de pensión.



Estamos hablando de un colectivo relativamente pequeño de ciudadanos, de gente que en sus etapas más jóvenes, siendo sacerdotes, religiosos y religiosas, tuvieron un papel muy activo en la prestación de servicios de carácter social,
trabajando en barrios con poblaciones desfavorecidas, trabajando en escuelas de barrios populares, y que por razones políticas, por razones personales, por razones religiosas terminaron abandonando la Iglesia católica; en todo caso, personas muy
comprometidas en lo social.
Nos parece de justicia que de una vez por todas se avance en la solución a este problema, y por tanto vamos a apoyar la proposición no de ley que el Grupo Popular ha defendido sin ningún tipo de duda, confiando en que de
una vez por todas esta cuestión quede resuelta.



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Nos consta que el Gobierno y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social son conscientes del problema. Se ha facilitado reuniones con representante de la Conferencia Episcopal para encontrar algún tipo de solución al problema. Nos
consta también una actitud favorable de la Conferencia Episcopal para asumir sus responsabilidades en esta materia, y por tanto mi grupo espera que hoy esta iniciativa del Grupo Popular ayude a darle un empujón definitivo a esta cuestión. Por
tanto, como afirmaba el señor Olabarría, felicitamos al señor Burgos por su iniciativa.



El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, y puesto que hemos interrumpido nuestras sesiones parlamentarias ordinarias para celebrar elecciones en dos comunidades autónomas, aprovecho la oportunidad para felicitar al Grupo Popular por su
victoria en Galicia y al PNV por su victoria en el País Vasco. Creo que es importante haber celebrado unas elecciones en las cuales ha reinado la tranquilidad y ha triunfado la democracia, al margen de las fórmulas que luego se tengan que hacer
para gobernar. Para mí es importante, aunque no se lo crean, señorías, el que las celebraciones sean así, y yo, al margen de lo que pueda decir la prensa, mis compañeros de partido y demás, creo que el Partido Socialista ha sacado un resultado más
que honroso en las dos comunidades autónomas, de lo cual me siento orgullosa.



Pasando al tema que nos ocupa, he de hacerles una pequeña confesión. Tengo un especial cariño a estos temas que vamos a tratar ahora y a los secularizados, porque fue el primer encargo que me hicieron cuando llegue aquí como diputada en el
año 1996. Mi primer tema y para una persona que venía del sindicato, un tema como este han de entender que fuese un poco complicado, y más cuando recibí una carta de un ciudadano de Valencia en la que me decía unas cuantas cosas no muy agradables
porque siendo sindicalista, al llegar al Parlamento de lo primero que me ocupara fuera de los curas secularizados.



Dicho esto, a lo largo de estos años he tenido varias reuniones con esta gente, y he de decir que me honra el hecho de tener una buena relación de amistad con ellos, y realmente creo que es justo lo que reivindican.
Ahora, señorías, me van
a permitir que haga un par de reflexiones para luego ver en qué podemos ponernos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en que es una reivindicación justa, y fíjense si estamos de acuerdo en eso que, como bien decía el señor Burgos, una de las
primeras cosas que hicimos en 2004, al llegar al Gobierno, fue hacer un real decreto en el cual garantizábamos que aquellos secularizados que cobraran pensiones mínimas, por lo menos cobraran el 95 por ciento de lo equivalente a la pensión mínima.
Porque hasta entonces, señorías, había gente cobrando 50 euros de pensión. Por lo tanto, aquello que creíamos resolver, lo hemos resuelto en ese sentido.



Ahora bien, como también decían los intervinientes señores Burgos y Olabarría, hemos resuelto el tema de los concejales y el tema de las profesoras o profesores de euskera, los andereños, como dice mi compañera, pero también saben ustedes
que en ninguno de estos casos ha sido la Seguridad Social la que ha corrido con el coste de esa resolución. Hemos de decir aquí hoy que el tema de los secularizados está en negociación con la Iglesia católica para que aporte algo al capital-coste
de estas jubilaciones. Porque hemos de decir que aquí hay falta de cotización de dos niveles, una anterior a 1978 y otra posterior a 1978, y que también en el fondo estamos hablando de la falta de cumplimiento de la Iglesia católica como empresa a
la hora de dar de alta a todos sus sacerdotes, o en algún caso también estamos hablando de monjas secularizadas. Por lo tanto, ¿creemos que hay que dar solución? Sí. ¿Estamos por la labor? Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría hacer una
enmienda in voce que le propongo al señor Burgos, y que no es otra cosa más que dejar claro que no va a coste de la Seguridad Social y que el Gobierno negociará otras financiaciones necesarias en las cuales ha de participar necesariamente la
Conferencia Episcopal, porque, como él ha dicho, y también digo yo, la voluntad la hay, lo que pasa es que aquí, mientras que se estan haciendo unas negociaciones, queriendo ayudar, pues a veces hacemos iniciativas que no ayudan. No es el caso de
esta, pero sí es el caso de alguna enmienda en los Presupuestos Generales del Estado estando en ese momento a punto un acuerdo. Se hizo una propuesta de enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que paralizó todas las negociaciones, porque
dio a entender que iba a correr con todo el coste el Gobierno, y claro, yo entiendo que la otra parte dijera: pues si va a correr el Gobierno con el coste, para qué voy a poner yo nada. Y se rompieron esas negociaciones. Y ahora ha habido que
volver a retomar las negociaciones y volver a empezar. A veces, aquello de vísteme despacio que tengo prisa es un buen refrán, sobre todo en política. Por lo tanto, con esta enmienda que yo planteo no tendríamos ningún inconveniente en aceptar la
proposición referente a las cotizaciones.



Claro, para mí es difícil de aceptar lo referente al estudio, entre otras cosas, porque el estudio se está realizando, y de hecho está a punto de enviarse a la Cámara. Por lo tanto, yo lo que le pediría al Grupo Popular, dado que realmente
ese estudio ya está prácticamente terminado y va a venir aquí, es que, una vez hecho el debate, pudiera retirar esta iniciativa y aprobáramos la otra que va en la misma dirección. Por lo tanto, en ese sentido de no retirar el tema del estudio, como
comprenderá, al tema este votaríamos que no, porque, repito, es una cosa que ya está prácticamente hecha y que no queríamos volver a hacer. Señor Echániz, por una sencilla razón, porque hasta que no esté...



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El señor PRESIDENTE: Por favor, señora López i Chamosa, termine usted, ha superado su tiempo ya.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Por una vez que sea generoso con su grupo, señor presidente. (Risas.)


Señor Echániz, digo que está prácticamente realizado por una sencilla razón, porque hasta que no esté aquí, para mí no estará realizado.



El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, ¿acepta usted la enmienda que le ha presentado la diputada 'in voce'?


El señor BURGOS GALLEGO: Vamos a ver. Respecto a la segunda de las cuestiones, yo creo que pedirle al Gobierno que con carácter urgente remita a esta Cámara un informe que debería haber remitido hace doce meses, no creo que sea un elemento
que perturbe precisamente el debate; es más, si está a punto de llegar, pues démosle el impulso definitivo y así quedará claro que el espíritu de esta Cámara es facilitar en la medida de lo posible al Gobierno el cumplimiento de las leyes.



Y respecto a la otra proposición no de ley, señora López i Chamosa, hemos sido muy exquisitos a la hora de redactar el contenido de la proposición no de ley porque nuestra voluntad era incorporar el mayor nivel de acuerdo posible. Y creo
que ha quedado perfectamente claro en la proposición que las fuentes de financiación serán ajenas a la Seguridad Social. Yo soy de Valladolid y me precio de hablar razonablemente bien el castellano, no encontraría una expresión más clara y más
contundente para decir que la Seguridad Social no financiará algo que decir expresamente que las fuentes de financiación serán ajenas a las de la Seguridad Social. Si usted quiere que quede expresamente reconocido que entre esas fuentes de
financiación también estará la Iglesia católica, por nosotros no hay inconveniente, porque la Iglesia lo ha dicho, en el debate lo hemos puesto de manifiesto y no podría ser de otra manera desde el primer momento.



El señor PRESIDENTE: Entonces, entiendo que la primera no se acepta.



El señor BURGOS GALLEGO: No, la primera no y respecto a la segunda, podemos aceptar...



El señor PRESIDENTE: Pues les ruego que consensúen entre SS.SS. un texto y lo pasen a la Mesa.



- SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA CUANTÍA MÍNIMA DE LAS PENSIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000606.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el que iba, como he anunciado antes, como punto 8º del orden del día, una proposición no de ley sobre la actualización de la cuantía mínima de las pensiones.



Para la defensa y presentación de la proposición no de ley tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, veo que con los grupos de la oposición sí es generoso usted, porque estaba la anteúltima y se ha colocado, no sé por qué mecanismos reglamentarios, en la segunda de las que se van a debatir esta
mañana. Le agradezco el haber recuperado posiciones. Quiero también agradecer las sinceras felicitaciones de la señora López i Chamosa en relación a los resultados electorales, tanto en el país gallego como en Euskadi. Yo sé que son sinceras y
preñadas de buena voluntad. Yo también le deseo, sobre todo a quien vaya a gobernar en el País Vasco, que tenga una legislatura duradera y serena particularmente. Vaya una felicitación por un deseo, por una invocación que sabe la señora López i
Chamosa que la hago también con absoluta honestidad y sin ningún tipo de reserva mental.



Dicho lo cual, señor presidente, y en relación a la proposición no de ley que vamos a debatir a continuación, mi grupo parlamentario, de forma ya recurrente y en distintas iniciativas parlamentarias, ha comentado cómo hay un déficit en
nuestro sistema público de pensiones que hace referencia nada menos que al incumplimiento de uno de los requerimientos, de los preceptos, mejor dicho, de la Constitución, que configuran nuestro sistema público de pensiones, nuestro sistema de
Seguridad Social, son los artículos 41 y 50. El 41 define nuestro sistema de pensiones in genere, y el 50 hace referencia a la protección de los ciudadanos de la tercera edad, beneficiarios de la mayoría de las prestaciones o de las contingencias
protegidas por el sistema.



Saben SS.SS. que tenemos una Constitución que acoge los paradigmas del Estado del bienestar, del denominado Estado del bienestar, tal como fueron constituidos o configurados por la Constitución de Weimar en el período de entreguerras, que
eran particularmente dos: una política de empleo orientada hacia el pleno empleo y una protección universal y suficiente de cualquier situación de necesidad. De hecho, el artículo 41 esto es lo que preconiza, una protección suficiente, universal y
de carácter público en relación a cualquier situación de necesidad. Ya la jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de desarrollar el contenido esencial, parafraseando la propia nomenclatura que utiliza la jurisprudencia constitucional de
los artículos 41 y 50, y uno de los elementos o uno de los requerimientos que dirige a los poderes públicos del Estado, y al poder legislativo en particular, es que el sistema de protección sea suficiente. Cuando ha podido glosar la expresión
suficiente -siempre es un concepto metajurídico- habla de suficiencia en su cuantía económica, y utiliza la expresión suficiencia en diversas sentencias que le podría glosar, señor presidente, suficiencia para subvenir las necesidades


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ordinarias de la vida, entendiendo que subvenir las necesidades ordinarias de la vida requiere establecer un sistema de pensiones, y particularmente de pensiones mínimas, que sean superiores a lo que se denomina técnicamente umbral de la
pobreza. Cualquier pensión que tenga una cuantía -y hay muchas, en cuanto a las contingencias que protege nuestro sistema de pensiones- inferior al umbral de la pobreza estaría incumpliendo este requerimiento constitucional o de la jurisprudencia
constitucional, el requerimiento de la suficiencia. Y como el requerimiento de la suficiencia es un concepto metajurídico, como antes hemos comentado -ya el Tribunal Constitucional no ha llegado a afinar tanto como para decir con qué cantidad o
cuál es la dimensión de una pensión para subvenir la necesidades ordinarias de la vida- tenemos que recurrir a sistemas de dimensionamiento o de mensura también metajurídicos, y particularmente los criterios del Eurostat nos parecen especialmente
pertinentes.



Eurostat -y ya con esto acabo, señor presidente-define el umbral de la pobreza como el 60 por ciento o una cuantía de pensión equivalente al 60 por ciento de las rentas medias, incluso para el salario mínimo interprofesional, de las
retribuciones o rentas medias existentes en el ámbito geográfico en que la determinación de este umbral, del umbral técnico de la pobreza, se deba realizar. Hay muchas contingencias que en este momento están protegidas con una cuantía inferior al
umbral de la pobreza, tal como ésta definido por Eurostat, que es el sistema de baremación oficial de la Unión Europea, como SS.SS. conocen. Por tanto, hay muchas contingencia que están protegidas; incluso a pesar de que algunas poseen
complementos a mínimos, no todas la pensiones mínimas están complementadas con complementos a mínimos, algunas sí, pero incluso con complementos a mínimos están todavía protegidas contingencias diversas, particularmente de pensiones no contributivas
o pensiones de supervivencia -las de viudedad y orfandad particularmente- por cantidades sustancialmente inferiores al umbral técnico de la pobreza. Y por lo tanto -es la reflexión con la cual acabo ya definitivamente-, señor presidente, estamos
incumpliendo o se está incumpliendo por parte del legislador la Constitución en relación a la determinación de la cuantía mínima de las pensiones, prescindiendo del carácter de los complementos a mínimos. Luego, algo tan simple, pero aparentemente,
por lo que la experiencia acredita, difícil de conseguir, algo tan simple como cumplir los requerimientos de la Constitución española es lo que mi grupo está solicitando en esta proposición no de ley. Como esto no debería ser objeto de mayor debate
en un Parlamento donde hay abundancia notable de partidos que se autodenominan constitucionalistas, yo espero de SS.SS.
que sean atendidos estos requerimientos que sucintamente he expuesto.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla la señora Quintanilla.



La señora QUINTANILLA BARBA: Yo también quiero darle las gracias a la señora López i Chamosa por esa cortesía parlamentaria y por su felicitación hacia nuestro grupo al haber ganado nuestro partido las elecciones gallegas. También, como no
podía ser de otra manera, quiero felicitar al señor Olabarría por haber ganado las elecciones en el País Vasco.



Sin más quiero intervenir en nombre de mi grupo parlamentario para indiscutiblemente presentar la enmienda que hemos hecho al grupo proponente, donde pide que se eleve las cuantías de las pensiones mínimas hasta cumplir con el requerimiento
constitucional y también con el referente del umbral de la pobreza medido por Eurostat. Mi grupo apoya esta iniciativa, pero entendemos que también tiene que ser apoyada, como no puede ser de otra manera, por el Grupo Parlamentario Vasco aceptando
la enmienda que le hemos presentado. ¿Por qué? Porque somos conscientes desde mi grupo de que la población, nuestra población envejece a un ritmo vertiginoso; somos conscientes de que en España más de 8 millones de personas son mayores de 65
años, y esta franja de edad ya supone el 20 por ciento de la población española. Además, España en los próximos años será uno de los países más envejecidos del mundo, no lo dice mi grupo, sino la Asamblea Mundial de Naciones Unidas, celebrada en
España al indicar que en el año 2050 seremos uno de los países mas envejecidos del mundo, junto con Japón. Ello nos lleva, señor Olabarría, a potenciar las políticas sociales necesarias para atender a nuestros mayores, y dentro de esas políticas,
como no podía ser de otra manera, debemos asegurar y garantizar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que sin duda, y como todo en esta vida, tiene que ser mejorable, pero sobre todo en lo que respecta a las pensiones
mínimas, que en muchos casos sabemos que no permiten a sus beneficiarios hacer frente a los gastos básicos de su vida cotidiana. Precisamente muchas personas mayores tienen hoy en España esas pensiones mínimas a que usted hacía referencia, la
mayoría mujeres; viven, o mejor dicho sobreviven por debajo del umbral de la pobreza, y esta es una situación que desde luego es necesario cambiar en la medida de lo posible.



Por supuesto que estamos de acuerdo con que la cuantía de estas pensiones se debe elevar hasta superar lo que Eurostat considera umbral mínimo de pobreza; es decir, que no deben ser inferiores al 60 por ciento de las rentas medias del
ámbito territorial español. Claro que estamos de acuerdo, vuelvo a repetir, porque mi grupo entiende que la cuantía de las pensiones de viudedad, de orfandad o de incapacidad, que son las que se sitúan en los mínimos de nuestro sistema, se debe
incrementar para que permitan vivir de forma digna a sus beneficiarios, pero no debemos hacerlo de cualquier manera. (Rumores.) Por ello, desde mi grupo parlamentario


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consideramos que esta modificación debe hacerse dentro del marco de la renovación del Pacto de Toledo, y no como una modificación puntual, ya que con modificaciones puntuales, lejos de garantizar y asegurar el sistema de pensiones, lo único
que vamos a conseguir es desestabilizarlo.



Dicho esto, debo manifestar por tanto que desde nuestro grupo estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. (Rumores.) Sí es necesario incrementar las pensiones mínimas, pero no de cualquier manera. Señor presidente, le pediría que
llame al silencio a los parlamentarios, porque soy incapaz de hablar más alto.



El señor PRESIDENTE: Sí, doña Carmen, tiene usted razón, y en primer lugar al portavoz de su grupo. (Risas.) Señor Echániz, ¿sería usted tan amable? Es que esta hablando su compañera y además no nos deja ni verla ni oírla.
Doña Carmen,
continúe usted.



La señora QUINTANILLA BARBA: Vuelvo a repetir que dicho esto, señor Olabarría, debemos manifestar desde mi grupo parlamentario que estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Sí es necesario incrementar las pensiones mínimas, pero
no de cualquier manera. Es necesario hacerlo dentro del conjunto de Pacto de Toledo, porque creemos que es la mejor manera y la forma más correcta de hacerlo, y además ese es el compromiso de nuestro grupo.



Por ello nuestra enmienda va dirigida a que el Gobierno estudie, dentro del marco de la renovación del Pacto de Toledo, el incremento de las pensiones mínimas para que así no sean nunca inferiores al 60 por ciento de las rentas medias del
ámbito territorial español, para cumplir con nuestro compromiso constitucional y también, como no puede ser de otra manera, con las cifras y los umbrales que establece Eurostat. Muchísimas gracias, señor presidente, y espero que los distintos
grupos parlamentarios y el grupo proponente acepten la enmienda presentada por muy grupo.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea fijar posición? Doña Isabel, tiene usted la palabra.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Me van a permitir que exprese mi desacuerdo con esta proposición no de ley. Lo peor que puede hacer este Parlamento, lo peor que pueden hacer los grupos parlamentarios es lanzar mensajes equivocados a la
ciudadanía. Y esta proposición, señor presidente, señorías, saben ustedes que por muchos, muchos años que pasen es imposible de llevarse a término, porque estamos hablando de un sistema de pensiones, señoría, sobre el cual en algún momento hemos de
decidir si nos creemos lo que decimos. Señorías, si queremos a apostar por un sistema público de pensiones, por fortalecer nuestro sistema y por llevar adelante este sistema, en el que el Pacto de Toledo es el mejor y el mayor acuerdo que hemos
hecho, no podemos decir que mandamos al Pacto de Toledo un tema que sabemos que no podemos tratar.



¿Porque, señoría, sabe de lo que supone el 60 por ciento de las rentas mínimas para todas la pensiones mínimas? (La señora Quintanilla Barba: Es muy poco.) ¿Las rentas mínimas son muy poco? Estamos hablando de un gran coste, ya le diré
las cifras, no se preocupe. Yo creo que esto no es posible. Primeramente porque estamos hablando de todo tipo de pensiones, hablamos de pensiones contributivas, hablamos de pensiones no contributivas, de orfandad, a favor de familiares, de todo
tipo. Por lo tanto, señorías, estamos hablando de un volumen de pensiones que hace imposible poder admitir que vamos a ir al 60 por ciento en renta mínima.
Además les quiero hacer una reflexión. No podemos tratar igual a la pensión de una persona
que ha cotizado 35 años, aunque sea poco importe porque han cotizado poco por él y está en una pensión mínima, o un autónomo que está en la pensión mínima pero que ha hecho un esfuerzo contributivo, que a aquel otro que por desgracia, no por su
voluntad, pero por desgracia tiene una pensión no contributiva. Porque si lanzamos que la pensión no contributiva y la contributiva han de ser iguales, señorías, en este país no cotizará nadie por más del mínimo, porque ¿para qué voy a cotizar yo
por una cantidad si luego el que no cotiza va a cobrar lo mismo? Por lo tanto, señorías, seamos reflexivos en lo que tenemos que hacer.



¿Qué tiene que hacer el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo tiene que vigilar por el futuro del sistema de pensiones, garantizar el futuro, garantizar la contributividad, y garantizar que el sistema tire hacia adelante y sea viable no para
los que hoy cobran, sino para los nietos y para los bisnietos de los que hoy están cobrando. Pero todo no puede ser; y es más, incluso es verdad que hemos de apostar y hemos de decir dentro del Pacto de Toledo qué queremos, qué tipo de pensión
queremos, porque si seguimos hablando de jubilaciones anticipadas, si seguimos hablando de reducciones de más, es evidente que estamos apostando por pensiones mínimas para todo el mundo, y entonces, señorías, nos habremos cargado el sistema. Por lo
tanto, nosotros que apostamos, igual que lo ha hecho el PP cuando ha gobernado, por fortalecer el sistema, por garantizar el futuro del sistema, creemos que lanzar mensajes como estos es equivocado, y la verdad es que a mi grupo parlamentario no nos
importará si tenemos que perder esta votación, perderla, porque sabemos que la iniciativa está en la línea equivocada y sabemos que estamos diciendo al ciudadano que esto no puede ser, y por tanto no los engañamos hoy ni los engañamos mañana, y
todos los grupos, y especialmente el Partido Popular, saben que ni en el Pacto de Toledo ni fuera del Pacto de Toledo esto es posible. En consecuencia, señorías, vamos a decir que no a esta iniciativa.



El señor PRESIDENTE: Don Emilio, ¿acepta usted la enmienda presentada por el Grupo Popular?


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, se acepta en sus propios términos la enmienda. Solo faltaba, señor presidente, como excusa para justificar mi posición, que en el Pacto de Toledo no se pueda discutir la cuantía de las pensiones mínimas.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Es la desnaturalización más absoluta del Pacto de Toledo, suponiendo que alguna quepa más en relación que a este pacto, que ya está amortizado desde hace mucho tiempo.



El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, cuando llegue el turno de votaciones, esta proposición se votará en los términos que fija también la enmienda asumida por el Grupo Parlamentario del PNV.



- SOBRE LA EMISIÓN DE INFORMES POR LAS ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA DE EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000662.)


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la proposición que figura en noveno lugar, que es sobre la emisión de informes por las asociaciones de autónomos en relación con los proyecto de viabilidad de la actividad por cuenta
propia de extranjeros.



Tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Voy a intentar ser breve, porque tenemos un orden del día muy largo y con cuestiones muy densas. Esa proposición no de ley de nuestro grupo trae causa de una pregunta que efectuamos en el Pleno del
Congreso al señor ministro de Trabajo con fecha 10 de diciembre. La iniciativa fue presentada el 15 de diciembre, por tanto, con toda la rapidez con la que pudimos establecer los criterios que a nuestro juicio debíamos de sentar sobre este asunto.



Por supuesto que el Grupo Parlamentario Popular está a favor de que las asociaciones de autónomos puedan ayudar a los inmigrantes que se dirijan a ellas para elaborar esos informes preceptivos, más que nada para elaborar los proyectos de
viabilidad. Ahí es donde nosotros creemos que pueden hacer un papel interesante este tipo de asociaciones, y quizá otras organizaciones que tengan conocimientos en esta materia; por lo tanto, así se lo dijimos al señor ministro. Pero en lo que no
estamos de acuerdo para nada es en que se haya firmado en el año 2007 unilateralmente con la Unión General de Trabajadores, con la UPTA, y además que se dictara una instrucción del Ministerio de Trabajo paralelamente; curiosamente el mismo día se
dicta la instrucción, el mismo día se firma el convenio con la UPTA, aunque curiosamente ya en el convenio que se firma con la UPTA el mismo día se hace referencia a la instrucción dictada por la dirección general, la Instrucción 5/2007, que por
cierto se publica en julio de 2007, mientras que el convenio tiene fecha de entrada en vigor el 29 de junio, como digo, el mismo día que se dicta la instrucción, pero que es registrada posteriormente, según consta en los diferentes sellos de
registro.



Aquí hay por lo tanto una connivencia entre un sistema que sale adelante con el anterior ministro de Trabajo, el señor Caldera, y la responsable, la señora Tarducci, y montan esto para que la UPTA sea la que capte a los inmigrantes. Claro,
el señor ministro decía: no hay ninguna contraprestación económica. No, evidentemente de la Administración no, pero sí es evidente que inmigrante que va a esa asociación, inmigrante que lo asocian, captan a un asociado, y le hacen sus ayudas para
presentar su proyectos. Cuestión muy legítima, pero lo que nosotros queremos con esta iniciativa, señorías, es que este abanico de posibilidades, de libertades, en definitiva, tanto para los inmigrantes como para todo tipo de asociaciones que
puedan realizar este tipo de apoyo y asistencia técnica, tengan esa posibilidad, y no esté circunscrito exclusivamente a la UPTA.



Es verdad que, según tengo conocimiento, desde que establecimos la pregunta al señor ministro, al cual vi receptivo y vi abierto a las posibilidades que nosotros mismos le estábamos denunciando, se han firmado algunas otras. Muy bien.
Nosotros creemos que se debe seguir en esa línea, mantenemos nuestro texto, y mantenemos sobre todo el punto segundo, que es el que más nos preocupa. Miren ustedes, a nosotros nos parece verdaderamente un poco aberrante que la instrucción que
dictó, insisto, ad hoc, el mismo día que se firma el convenio con la UPTA la Dirección General de Inmigración, diga concretamente que los informes que van a elaborar estos agentes, que pueden ser públicos o privados -ya establece privado, y luego se
firma el convenio- tendrán la consideración de medios de prueba del cumplimiento de los requisitos previstos por el reglamento. Un reglamento, señorías, que desarrolla una ley orgánica, y es una prueba para el cumplimiento nada menos que de la
concesión de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, o renovación de ese permiso de autorización de residencia, nada menos que el informe vinculante de una asociación de autónomos equis, ya no digo que sea la UPTA, puede ser
cualquiera, que nos parece improcedente, porque estamos hablando del cumplimiento de una ley orgánica, estamos hablando de temas muy serios, como es la concesión de autorización de residencia por trabajo por cuenta propia y la renovación de esos
permisos, que se establece concretamente en estos dos documentos, tanto en la instrucción como en el convenio.



Sinceramente nos parece que el punto segundo de nuestra proposición no de ley viene a aclarar, y con mucho, y a poner en sus justos términos todo lo que supone la Ley de Procedimiento Administrativo y las responsabilidades y las competencias
que la Administración nunca puede delegar, como es el control, como


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es el que resuelva motivadamente todas las solicitudes que se presenten, y que no dé por buenos los informes, como un elemento vinculante, la consideración de medio de prueba del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento
de forma vinculante. No puede ser. La Administración es la que tiene que dar y motivar esa resolución positiva de las concesiones por medio de estos proyectos empresariales que se presentan, y tiene a la vez que hacer un seguimiento de que se
están cumpliendo todos los términos, y no simplemente de la valoraciones y de los seguimientos que hacen las diferentes asociaciones, que no tengo por qué pensar que puedan ser a favor de parte de sus asociados, pero sí quiero preservar todo el
valor que la Administración tiene en cuanto a la responsabilidad de este seguimiento del cumplimiento, porque estamos hablando, insisto, de cuestiones muy serias, nada menos que derivadas de una ley orgánica.



Por lo tanto, esta es nuestra propuesta, señorías; es lo que hoy defendemos y es lo que esperamos que todos los grupo voten, porque, insisto, algo que se está haciendo lo que trata el Grupo Parlamentario Popular es que se haga de una manera
más ordenada, que se den posibilidades a todo el mundo, e insisto, gracias a la pregunta que planteamos en el Pleno sabemos que se ha abierto alguna de esas posibilidades, pero que esté normalizado de un manera explicitada por esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Si está en la puerta el señor Campuzano, le ruego que le avisen, porque me parecería un poco brusco que decayese. (Pausa.)


Señor Campuzano, yo le digo de qué estamos hablando; estamos hablando del punto noveno, que lo estamos viendo en cuarto lugar, y que tiene una enmienda de su grupo parlamentario en relación con los autónomos.



Tiene usted la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero pedir disculpas por mi ausencia, pero la Comisión de hoy es muy intensa en proposiciones no de ley, y nos obliga a todos los grupos a intentar acercar al máximo nuestras posiciones. Tampoco he podido
escuchar la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en relación a esta proposición no ley; sí que intuyo que las argumentaciones que se han realizado pueden ser perfectamente compartidas por Convergència i Unió. El Gobierno
planteó un acuerdo con una de las principales asociaciones representativas del mundo de los autónomos que permite facilitar la regularización de trabajadores extranjeros para que puedan incorporarse al trabajo por cuenta propia, y parece más que
razonable que se amplíe esta iniciativa a otras organizaciones de este carácter. Sobre eso en mi grupo existe coincidencia de fondo y nos parece de lo más razonable.



Pero con la enmienda que hemos planteado hemos querido recordar que en el caso de Cataluña, y en cumplimiento de lo previsto en el Estatut de Autonomía, se ha acordado hace relativamente pocos días el traspaso de funciones y servicios a la
Generalitat en materia de inmigración, que incluye precisamente las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia, cuya actividad se desarrolle en Cataluña. En concreto ese acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la
Generalitat es de 12 de febrero, hace por tanto casi ya un mes. Nos parece por tanto razonable que en ese marco de convenios que se firmen entre el ministerio y las asociaciones de autónomos se tenga en cuenta ese hecho, en el que no tan solo está
Cataluña, sino alguna otra comunidad autónoma, como es Andalucía, que también tiene prevista esta posibilidad en su Estatuto, aunque aún no se ha efectuado el traspaso de funciones, y este el sentido de nuestra enmienda.



El señor PRESIDENTE: Doña Carmen, ¿acepta usted la enmienda presentada?


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En relación con la enmienda concretamente quiero decir que nuestro grupo entiende perfectamente y agradece la aportación de Convergència i Unió, que viene desde luego a precisar en mucho el punto segundo
de nuestra proposición no de ley, que para nosotros es clave, porque el que resuelve y el que concede es el Ministerio de Trabajo o la Administración competente. En ese caso entendemos las argumentaciones que ha expresado el señor Campuzano, y lo
que le proponemos es la tramitación de una enmienda transaccional en el sentido que él conoce, y en la que estaba de acuerdo: se respetarán las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas en coordinación con el Estado, en concreto la
competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajos de extranjeros, resolución de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena, como consecuencia de la reciente reforma de los estatutos de autonomía de la comunidades
autónomas. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de que también en Andalucía esto va en el Estatuto, se puede desarrollar, creemos que puede ser a lo mejor progresivo en alguna otra comunidad, y por lo tanto que es más coherente no precisar -sí es
verdad que el día 12 lo han hecho en Cataluña- , sino introducir esta posibilidad para que el Gobierno lo tenga en cuenta, y con cualquier comunidad que ya lo tenga, caso de Andalucía, lo pueda establecer. Esa es la transaccional que proponemos a
la Cámara y que le he propuesto al señor Campuzano, qué él ha aceptado, y que le propongo a la Mesa.



El señor PRESIDENTE: Por tanto, esta proposición se votará en su momento con esta enmienda transaccional aceptada. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (La señora Elías Cordón pide la palabra.) Sí, tiene usted la palabra, doña
Remedios.



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La señora ELÍAS CORDÓN: ¿ La transaccional que se ha presentado retoma todo el punto segundo o se añade?


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Se añade; perdón, porque no lo he especificado. La enmienda de Convergència i Unió empieza donde acaba nuestra proposición no de ley. O sea que se sería todo nuestro texto y, a partir de temporal, queda
sustituido por el texto transaccional que acabo de proponer.



La señora ELÍAS CORDÓN: De acuerdo pero yo también voy a hacer alguna proposición, y podemos llegar a acuerdos.



El señor PRESIDENTE: De todas maneras yo les sugiero que si quieren plantear alguna transaccional o algún cambio nuevo, lo hagan antes de la votaciones.



La señora ELÍAS CORDÓN: Me imagino que hasta el final podemos negociar, porque hay algunas palabras en ese punto segundo que podemos retocar.



Señorías el convenio al que se refiere la señora Álvarez-Arenas se enmarca dentro de la política del Gobierno socialista de facilitar la integración de los inmigrantes, de fomentar la cohesión social a través del asesoramiento integral y, a
la vez, facilitarles las tareas a desarrollar por aquellos inmigrantes que desean trabajar por cuenta propia o que deseen emprender cualquier actividad empresarial para crear riqueza y encontrar su lugar en la sociedad por medio del autoempleo.
Dicho esto, he de realizar varias observaciones respecto a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular. En primer lugar, y en lo que se refiere al primer punto de la proposición no de ley, he de decirle que se ha equivocado en el
tiempo al presentar esta iniciativa o no tiene la información suficiente, porque la fórmula de colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas prevista por la mencionada instrucción de 29 de junio de 2007 no se encuentra limitada a
una sola organización, como así se lo hizo saber el señor ministro de Trabajo -y lo ha dicho usted-, en la contestación a una pregunta oral hecha por usted misma, donde le explicaba que claramente esta fórmula no tenía carácter exclusivo, que estaba
abierta, previo análisis por parte de la Dirección General de Inmigración, a cualquier entidad u organización pública o privada de reconocida solvencia o prestigio. En este sentido, el pasado mes de enero la Dirección General de Inmigración ha
firmado dos convenios de colaboración de idéntico contenido al firmado anteriormente con la UPTA, con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Lo ha firmado con la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, y con la
Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos, respectivamente; y en la actualidad se encuentra en fase de estudio la solicitud, de idéntico sentido que las anteriores, dirigida por la Organización de Profesionales y Autónomos, la
OPA, a la Dirección General de Inmigración. Por lo tanto, resulta evidente que en ningún caso la actuación del Ministerio de Trabajo e Inmigración supone un quebranto al principio de igualdad ni pretendido trato de favor a ninguna organización
amiga, como usted dice en la exposición de motivos.



Por otro lado, es cierto -y ahí sí que le voy a dar la razón- que efectivamente el texto de estos convenios no recoge la fórmula de financiación de la actividad, y no lo recoge, señoría, porque el convenio no conlleva el establecimiento de
compromisos económicos entre las partes, no suponiendo en este sentido coste alguno para la Administración. En segundo lugar, y en relación con el texto de la exposición de motivos en lo que respecta a que -y abro comillas- el pronunciamiento
concreto de viabilidad del proyecto a desarrollar corresponde a la Administración y nunca a un titular privado, cierro comillas, le tengo que decir que la regulación de la posibilidad de incorporar informes de valoración a los expedientes de
solicitud nunca implica una delegación de competencias de los órganos responsables de la instrucción o resolución de la solicitud en entidades privadas, quienes por otra parte no emiten informes vinculantes.



Se trata, señoría, de una fórmula de colaboración con entidades públicas o privadas conforme a derecho, con dos objetivos concretos, primero, facilitar a los extranjeros solicitantes de autorizaciones de trabajo por cuenta propia la
acreditación de los requisitos exigibles, y segundo facilitar la valoración de la prueba por los órganos instructores y, en su caso, por los órganos competentes para resolver las solicitudes de autorización. Es decir, que la firma de dicho convenio
no supone una cesión de titularidad de la competencia ni para resolver ni para instruir el procedimiento, como tampoco supone una cesión de la potestad de dictar alguna clase de acto administrativo. El órgano competente siempre ha de resolver
individual y motivadamente cada solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.54 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, no estando sujeto al informe emitido por la
organización. Y por otro lado, señoría, la instrucción de la Dirección General de Inmigración en ningún momento determina que un informe positivo, en el marco de los convenios de colaboración, pueda llevar consigo la concesión de créditos,
microcréditos o acceso a entidades financieras, que también usted dice en la exposición de motivos. Sin embargo, y por el contrario, lo que determina la mencionada instrucción es que la circunstancia de que el extranjero cuente con alguna de las
citadas formas de financiación de su proyecto tiene que ser reflejado específicamente en el informe. Y por último, el que las organizaciones firmantes del convenio de colaboración tengan que presentar trimestralmente a la Dirección General de
Inmigración un informe de seguimiento de los informes emitidos, no supone una delegación de la facultad de control de la Administración en


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entidades privadas, sino del establecimiento de una fórmula de seguimiento del funcionamiento del mismo convenio.



Por lo tanto, señoría, le podemos admitir y aceptar la iniciativa si acepta al comienzo, continuar ampliando, puesto que ya lo ha firmado con otras asociaciones, si acepta continuar ampliando el convenio, porque está instando al Gobierno a
hacer lo que ya está haciendo, y nos parece una redundancia, puesto que se han firmado convenios con otras asociaciones. Y en el punto segundo si acepta -por eso digo que es un matiz de redacción-que el Ministerio de Trabajo e Inmigración continúe
resolviendo motivadamente, y anule en su texto, -abro comillas-, sin que quepa delegación alguna sobre este extremo, porque la instrucción de 29 de junio de 2007 no supone delegación de competencia alguna, sino que supone facilitar su acreditación y
valoración para que se agilicen las tramitaciones de las solicitudes. No es más que eso, intentar que tengan los menores problemas posibles a la hora de empezar un trabajo.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Álvarez-Arenas ha aceptado una enmienda transaccional de Convergència i Unió que obra en poder de la Mesa.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Perdone, señor presidente, no es por matizarle. Yo he propuesto una transaccional sobre un texto de enmienda, registrada debidamente, que ha hecho Convergència i Unió, con lo cual cabe perfectamente en el
trámite reglamentario hacer una transacional sobre un texto que ya ha sido enmendado y presentado en tiempo y forma.
Lo que está haciendo el Grupo Socialista es presentar enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Si lo entiendo. Con el requisito de que lo acepte CiU. Yo entiendo que lo ha aceptado CiU y que por lo tanto es la que vale, y se votará con esa enmienda transaccional añadida. Ahora, efectivamente, veo que hay otro
problema, pero vamos a continuar avanzando y si ustedes se ponen de acuerdo se lo hacen saber a la Mesa a través del escrito pertinente. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra.) Dígame usted.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Quiero el informe del letrado. Yo no tengo ningún inconveniente en negociar, como es siempre mi forma de trabajar con cualquier grupo. El problema es que yo con Convergència i Unió he trabajado sobre una
enmienda que ellos han presentado y yo he hecho una transaccional. Ahora se trata de un texto que no ha sido registrado en tiempo y forma, que no sé si se puede tramitar. Si se tramita como enmienda in voce, que me diga el letrado...



El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. Si ustedes alcanzan una transacción y lo comunican a la Mesa, no hay ningún inconveniente en aceptarla. Y si no, sencillamente lo dejamos como estaba.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Pero sería a través de una enmienda in voce, porque yo no puedo transaccionar sobre algo que no hay.



El señor PRESIDENTE: Es una transacción sobre una enmienda in voce, efectivamente.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Tendrá que pasármela por escrito.



La señora ELÍAS CORDÓN: De acuerdo, yo se la paso.



- SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UN DEBATE MONOGRÁFICO EN LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO Y GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PARA ESTIMULAR LA RECOLOCACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000518.)


El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir la proposición que aparece en sexto lugar en el orden del día, que es sobre la celebración de un debate monográfico en la Comisión de Trabajo e Inmigración sobre las propuestas del
Gobierno y grupos parlamentarios para la mejora del mercado de trabajo, y para estimular la recolocación de los desempleados.
Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y tiene por lo tanto la
palabra el señor Campuzano.



Señor Campuzano, cuando usted quiera.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, hace ya unos cuantos meses, a finales del año pasado, Convergència y Unió registró esta proposición no de ley que pretende, utilizando los mecanismos que contempla el Reglamento de la Cámara,
celebrar un debate monográfico en esta Comisión sobre la situación del mercado de trabajo, el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, las medidas que el Gobierno debía, debe o deberá adoptar para hacer frente al grave deterioro de
nuestro mercado de trabajo.



Plateamos aquella iniciativa a finales del año pasado, cuando la evolución del desempleo empezaba ya a ser grave, sin que aún se hubiesen alcanzado las cifras en las que nos hemos situado ya a principios de este mes de marzo. Hoy mismo se
hacen públicos los datos de la OCDE, y España es el país de la OCDE con la tasa de desempleo más alta; supera el 14 por ciento, y hoy mismos los medios de comunicación publican las últimas


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previsiones de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, que augura que el año que viene podemos llegar a los 5 millones de parados. Las cifras son contundentes y por tanto no merecen un mayor análisis por parte nuestra. Y en
paralelo, el Gobierno el pasado viernes aprobó un real decreto-ley, pendiente aún de convalidación por esta Cámara, con alguna medidas en el ámbito de la política de empelo. Un real decreto que no es fruto de un acuerdo con el diálogo social, sino
que es la constatación hasta ahora del fracaso del diálogo social en esta materia.



Cuando en el mes de noviembre plateábamos esta iniciativa, lo hacíamos en un contexto en que parecía que el diálogo social podía tener un recorrido que permitiese efectivamente empezar a plantear medidas que hiciesen frente a ese desplome
del mercado de trabajo, y que estimulasen e incentivasen la creación de nuevo empleo. Hoy ya sabemos lo que el diálogo social, al menos hasta ahora, puede dar de sí, que en términos de acuerdo político y de acuerdo social ha sido nada, y también
sabemos que el margen de actuación política que tiene el Gobierno para asumir sus responsabilidades frente a esta grave situación es escaso. Esas medidas que se aprobaron el pasado viernes han sido calificadas, en el mejor de los casos, por todos
los agentes sociales, por los expertos, por los observadores, como claramente insuficientes, y difícilmente van a ser útiles para intentar, por un lado, aminorar esa destrucción del empleo y, por otro lado, para facilitar el mantenimiento del
empleo, para facilitar las nuevas contrataciones.



Todo ello, señorías, lleva a nuestro grupo a darle más importancia y más valor a la necesidad de que el ministro comparezca en esta Comisión, presentando un diagnóstico de la situación y ofreciendo las soluciones, las alternativas, las
propuestas que el Gobierno tiene frente a esta situación, y que ese informe con esas medidas que el ministro presente en esta Comisión sea objeto de un debate entre los grupos parlamentarios, y permita posteriormente también a esta Comisión discutir
sobre qué medidas entendemos que el Gobierno debe de impulsar para hacer frente a esa situación.



No es una fórmula prevista en los artículos 196 y 197 del Reglamento de la Cámara demasiado habitual, pero precisamente la situación excepcional que vive nuestra economía, que viven nuestras empresas, que viven nuestros trabajadores exige
adoptar medidas que no son las habituales. Nos parece que la situación del mercado de trabajo exige ese debate monográfico, exige esa discusión de todos los grupos, y exige que los grupos también nos mojemos en esta Comisión sobre qué medidas
entendemos que se deben de adoptar para hacer frente a la situación.



En los próximos días vamos a tener ocasión de discutir a fondo sobre las propuestas, sobre las medidas. La semana que viene previsiblemente vamos a tener que aprobar o no, convalidar o no, en su caso, ese real decreto que el Gobierno
aprobó; vamos a tener que decir si ese real decreto se tramita como proyecto de ley, que hoy aquí formalmente anuncio que Convergència i Unió va a reclamar, en el caso de que el real decreto sea convalidado, que se tramite como proyecto de ley.
Llevamos más de un año de legislatura, la situación se agrava por momentos, no hay ninguna previsión que indique que las cuestiones van a mejorar en el mercado de trabajo en los próximos meses, todo lo contrario, las cuestiones se van a complicar,
se van a agravar, y la inacción del Gobierno ante esta situación exige que esta Cámara asuma también sus responsabilidades.



Este es el sentido de esta iniciativa y nos gustaría contar con el apoyo de sus señorías. Nada más.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; para defender la misma tiene la palabra el señor De la Rocha.



El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Efectivamente el señor Campuzano ha defendido una proposición no de ley en la que sustancialmente se solicita que el Gobierno emita un informe sobre la situación y coyuntura del mercado laboral, y también de los
servicios públicos de empleo; y que posteriormente se pueda celebrar un debate monográfico en esta Comisión en donde los grupos parlamentarios puedan hacer valoraciones, reflexiones, propuestas sobre el mismo. Mi grupo ha formulado una enmienda
que luego explicaré, pero quiero hacer algunas reflexiones sobre las consideraciones que ha hecho, tanto en el documento escrito, en la proposición no de ley escrita, como ahora, verbalmente, el señor Campuzano, porque algunas las compartimos, otras
creemos que son matizables, y con otras estamos claramente en desacuerdo.



Sin duda que la situación del empleo en España es muy negativa. Estamos en la fase peor de destrucción de empleo de todo este ciclo de crisis financiera y económica. Ya el presidente del Gobierno anunció que hasta abril o mayo no
empezarían a notarse los efectos de las medidas adoptadas por el propio Gobierno, fundamentalmente la inversión de 8.000 millones de euros por los ayuntamientos, que supondrá sin duda un alivio en esta caída tan drástica del empleo. Efectivamente,
han salido los datos que el señor Campuzano ha expuesto, también prospectivas que hacen distintas entidades. Hoy sin embargo el señor Trichet, presidente del Banco Central Europeo, anuncia que hay datos que hacen prever que pronto empiece la
recuperación. No estamos aquí para hablar tanto de prospectivas, porque no hay en este momento, yo creo, a nivel mundial, ningún economista, ningún organismo internacional, ninguna entidad o institución que pueda presagiar exactamente cuándo y cómo
se resolverá esta crisis, como no sea la afirmación de que si esta es una crisis que empezó por el sistema financiero mundial, será con la recuperación del sistema financiero mundial cuando se empezarán a mostrar los datos para salir de ella.



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Pero hay algunas cuestiones que querríamos matizar. En su proposición escrita el señor Campuzano ha hablado de que tenemos un mercado de trabajo rígido, de que el diálogo social en los últimos cuatro años, en la anterior legislatura, llevó
a avances mínimos. Hoy ha dicho que el diálogo social es un fracaso, acaba de explicarlo así, cosa que sorprende en una persona tan ponderada como el señor Campuzano, que suele ser siempre matizado en sus afirmaciones y en sus juicios de valor. En
los cuatro años anteriores, recordemos, hubo 25 acuerdos de diálogo social, algunos que produjeron efectos tan importantes en un tema que al señor Campuzano y a su grupo parlamentario, como a otros grupos, les importa, y desde luego al nuestro, como
es la dualidad del mercado de trabajo, la temporalidad alta, que ha permitido bajar la tasa de temporalidad del 34 por ciento al 27 por ciento, 7 puntos en dos años, lo cual no es nada baladí. Pero la sensación que uno saca de la lectura y de
escuchar al señor Campuzano, sobre todo de la lectura de su texto, es que el problema de la crisis es el mercado de trabajo. Nosotros creemos que el problema hoy, la causa de la crisis no ha sido la regulación del mercado de trabajo; es la
economía, es la crisis financiera, es el modelo productivo español. No negamos que el mercado de trabajo requiera reformas, pero sí afirmamos, seguimos afirmando que esas reformas tienen que venir por vía del diálogo social, diálogo social que no
está hoy en un buen momento. Mi grupo quiere aquí decir lo que ha dicho públicamente fuera de la Cámara: que no está en un buen momento por la posición maximalista que está manteniendo la patronal, la CEOE, que ha levantado la bandera de rebajar
los costes del despido, de eliminar las autorizaciones de los expedientes de regulación de empleo, de bajar 3 puntos las cotizaciones a la Seguridad Social. Incluso hoy un digital saca unas afirmaciones del señor Díaz Ferrán que dice que, si hay
huelga general, los empresarios iremos tras la pancarta. No parece que este sea el tono en el que empresarios y sindicatos deban debatir, junto con el Gobierno, en su caso, en el diálogo social; más bien deben los interlocutores sociales buscar un
escenario de encuentro, y no de desencuentro.



Incluso el Partido Popular, su portavoz en la Cámara, el señor Montoro, ha dicho que la rebaja de los costes del despido le parece inadecuada, que puede tener un efecto catastrófico en la confianza en el mercado de trabajo. Por tanto, no
equivoquemos el diagnóstico de la crisis. Mi grupo parlamentario cree que no son los trabajadores los que tienen que pagar el coste de la crisis, que las reformas que haya que hacer, que sin duda habrá que hacer, deben hacerse a través del esfuerzo
del diálogo social, y que mientras tanto el Gobierno, en tanto se llega a esos acuerdos de diálogo social, está actuando a través de políticas públicas, políticas públicas de inversión y esta vez a través de un real decreto-ley que no es baladí, que
no recoge cuestiones que sean insuficientes, mi grupo no lo cree. Siempre es insuficiente, habrá que seguir trabajando para adoptar más medidas para afrontar la crisis, pero medidas que aunque no han sido aprobadas en la mesa para el diálogo
social, han sido analizadas, han sido valoradas, y todos los interlocutores sociales han dicho que van en buena dirección, auque han dicho también que son insuficientes. Medidas para mejorar la protección de los desempleados, algunas sobre los
expedientes de regulación de empleo que han sido reivindicaciones que en los últimos meses han hecho las organizaciones sindicales, y muchos partidos políticos, y muchos grupos parlamentarios en esta Cámara; medidas para ampliar y ajustar
bonificaciones que permitan crear empleo para trabajadores que están en este momento percibiendo prestaciones; transformando políticas pasivas en políticas activas, algo que sin duda al señor Campuzano y al Grupo de Convergència i Unió siempre les
ha interesado, siempre han propuesto que se implementaran más políticas activas sustituyendo a políticas pasivas; medidas también de aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas viables para que no se destruya empleo.



Dicho esto, quiero decir que la enmienda de mi grupo tiene simplemente algunos matices a la propuesta inicial de Grupo de Convergència i Unió.
La proposición del Grupo de Convergència plantea que el Ministerio de Trabajo presente un informe
en el plazo de un mes. Nosotros compartimos que es oportuno que se presente un informe sobre la situación y coyuntura actual del mercado laboral y de los sistemas públicos de empleo, pero recuerdo que en dos semanas, creo que el día 24 de este mes,
va a comparecer ya el ministro de Trabajo ante esta Comisión; por tanto, convendría que en vez de un mes fueran tres meses, porque así en ese informe podrían valorarse los efectos de las medidas del Gobierno, fundamentalmente de la inversión de los
8.000 millones de euros por los ayuntamientos en el empleo. Y además creemos que las propuestas que se hagan en ese debate monográfico deben ser más bien valoraciones, propuestas, resoluciones, pero no exactamente decisiones que adopte la Cámara,
porque eso puede interferir al diálogo social.



Sin duda que el equilibrio entre Parlamento-diálogo social es un equilibrio complicado. El Grupo de Convergència y también el Grupo Nacionalista Vasco durante mucho tiempo han mostrado su preocupación por lo que se llama legislación
paccionada, por la interferencia entre la soberanía popular y el diálogo social, pero sin duda que hay que buscar un equilibrio. Ese equilibrio debe ser, creemos, que el Parlamento marque líneas generales, pero no que adopte decisiones que
interfieran en ese diálogo social. De ahí la enmienda que hemos presentado, y que solicito al portavoz del Grupo Catalán -que parece que hemos llegado a un acuerdo transaccional- que manifieste un poco los términos del mismo.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Existe una transacción, que no es la enmienda del Grupo Socialista,


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que yo solicitaría a la Mesa que fuese repartida para que todos los grupos tuviesen conocimiento; que del texto de esa transacción se entiende que va a existir la comparecencia del ministro, y que posteriormente va a existir un debate con
votaciones sobre las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios planteen en relación a esta cuestión. Para nosotros ese es el sentido de esta enmienda -y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones', y con el señor Membrado, que es con
quien hemos tenido las conversaciones creo que así lo hemos entendido- el sentido de esta transacción, y luego la Mesa deberá de ordenar el correspondiente debate. Pasaría por una comparecencia del ministro y por un posterior debate sobre
propuestas y resoluciones que los grupos presentasen en relación a aquello que el Gobierno ha explicado ante la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, entiendo que ha pedido usted la palabra para fijar posición de su grupo.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sí, para posicionar al Grupo Parlamentario Popular en relación a esta iniciativa de Convergència i Unió que presentó hace cuatro meses, y que lo primero que me viene a la cabeza es que da vértigo releer los datos
de tasa de paro, del número de parados cuando se registró esta iniciativa, hace apenas cien días, cuando hemos superado ampliamente los 3,5 millones de parados y tenemos más de 1.200.000 parados más que hace un año.



Yo quiero poner de manifiesto que coincidimos en el análisis que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió respecto a que el mercado de trabajo funciona mal en nuestro país, que tenemos un sistema dual de trabajos fijos con una normativa
que es rígida, y que es altamente protectora de un puesto concreto de trabajo, y por otra parte trabajos temporales que generan algunas rigideces, y esas rigideces se ven especialmente en la vuelta al trabajo, que perjudica por lo tanto a los
jóvenes, a los mayores y sobre todo a los que han perdido su empleo, además de a todo el sistema productivo que tiene una baja productividad, que tiene un sistema de formación continua y ocupacional que no está funcionando bien, y que tenemos unos
servicios públicos de empleo que están desbordados, con poca oferta, con mucha demanda y desde luego poco eficaces. Y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de las intervenciones anteriores, un diálogo social que está funcionando mal, y desde
luego no es el real decreto aprobado el viernes, con su tibieza, el que va a solventar los problemas que están planteados en este momento encima de la mesa en el ámbito del mercado laboral.



Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa no solo es conveniente, yo creo que es indispensable, y en ese sentido el Partido Popular, que podría haberla enmendado, no lo ha querido hacer precisamente porque entendemos que siempre vamos a
estar del lado de la creación de empleo, de lado de las reforma, lejos del conformismo, y por lo tanto entendíamos que sí hacía falta un informe urgente, que sí hacía falta un informe urgente también de los servicios públicos de empleo, no solo del
mercado de trabajo, que sí hacía falta impulsar medidas en el diálogo social con un calendario exacto, y que sí que hacía falta un debate monográfico de esta materia con propuestas de resolución que permitiesen ayudar al Gobierno en esta situación,
que tan lamentablemente estamos padeciendo en España.
Mi voto a la iniciativa inicial es afirmativo, y partir de este momento miraré el texto transaccional a que han llegado Convergència i Unió y el Grupo Socialista para ver si mi grupo puede
sumarse a este mismo texto.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego que nos aclare entonces -sería importante- en qué situación queda la enmienda que le ha presentado el Grupo Socialista.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es una transaccional que el Grupo Socialista debería facilitarle a la Mesa.



El señor PRESIDENTE: Ya está facilitada.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Pues si ese texto es el que se somete a votación...



El señor PRESIDENTE: Este texto se somete a votación si usted lo acepta.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, yo voy a aceptar ese texto para que se pueda someter a votación.



El señor PRESIDENTE: Pues todos contentos, y así se hará. Perdón, señor Olabarría es verdad que me había pedido la palabra y se me ha pasado.
Tiene usted la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le comprendo. En esta Comisión además de un mínimo de capacidad dialéctica hay que tener unas grandes dotes atléticas, porque todo el mundo está moviéndose, corriendo. (Risas.) Yo estaría feliz, no solo contento,
sino feliz conociendo qué texto vamos a votar al final, si es posible (Risas.).



El señor PRESIDENTE: Ahora se lee, y se la pasamos.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En todo caso, la alocución del señor Campuzano, glosada posteriormente por el señor Echániz y parcialmente por el señor De la Rocha, nos parecen particularmente lúcidas y nosotros no adherimos a ellas.



Mire, señor presidente, las únicas previsiones que se están cumpliendo por ahora son las más catastróficas,


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son precisamente las de la Fundación de la Confederación de Cajas de Ahorro. Nosotros lo comentábamos y nadie nos creía en principio; ahora mismo ya empiezan a ser datos cuasi oficiales, porque según parece la estadística que maneja esta
organización es mucho más fiable que las del propio ministerio, las del Gobierno y las del Banco de España, que al final el escenario va a ser de 5 millones de desempleados. Señor De la Rocha, usted dice que estamos en la peor situación de
destrucción de empleo; usted no tiene ninguna garantía de que esto sea así. La situación puede empeorar todavía, y esas son las previsiones a que apunta el estudio, que habrá leído, de esta fundación. Si usted está cifrando las esperanzas en la
recuperación del empleo o la inversión de la tendencia en las medidas de apoyo previstas por el Gobierno para la realización de obras municipales susceptibles de creación de empleo, no cifre demasiadas esperanzas en esas medidas, que son un puro
paliativo parcial para una economía que se desmorona, con una consecuencia verdaderamente lacerante que es la destrucción de puestos de trabajo en un mercado que, siendo dual, que manteniendo estructuras muy rígidas en algunos ámbitos, en un mercado
de trabajo donde los servicios públicos de empleo dejan mucho que desear en cuanto a su eficiencia y funcionalidad, en un mercado de trabajo, mejor dicho, que tiene muchos problemas, sin embargo hay un problema, un problema grave, que es realizar
una diagnosis consensuada en relación a qué otras medidas, además de las ya aprobadas debemos aprobar o debemos consensuar, y debemos consensuar también con los interlocutores sociales.



Mire, el real decreto-ley, y ha sido dicho por el señor Campuzano, que vamos a convalidar previsiblemente la semana que viene, y ya anuncio nuestra posición favorable a su tramitación como proyecto de ley, es el fruto del fracaso del diálogo
social. Ustedes que han sido los apologetas del diálogo social, hasta el punto de convertir el diálogo social en un instrumento de usurpación de funciones legislativas, porque aquí se ha legislado a golpe de acuerdos interprofesionales, ahora nos
encontramos con una norma que no dimana de un acuerdo interprofesional. Y es una patología, una patología grave en una situación de crisis profunda que a ustedes les debería preocupar. Y ahora nos invocan la bondad de los acuerdos parlamentarios
al margen de los acuerdos interprofesionales.
Bueno, ¿en qué quedamos? Estos puntos de equilibrio me parecen muy razonables, no son los que ustedes han estado preconizando en la anterior legislatura, en donde lo que aquí venía acordado por los
interlocutores pasaba el íter parlamentario legislativo virginalmente, sin poderse tocar una coma dichas normas, practicándose lo que se podía calificar como una verdadera usurpación de funciones legislativas. Desde esa perspectiva, estas normas ni
vienen acordadas; algunas no están verificadas en cuanto a su eficiencia, y qué es esto de la conversión de políticas pasivas en políticas activas, y cómo sabe usted que van a ser funcionales, cómo sabe usted que van a ser susceptibles de generar
empleo o de corregirlo. No, si es que el problema es mucho más profundo. Estas normas que tienen un componente cosmético de maquillaje, en absoluto son suficientes para afrontar el problema más importante que va a tener este país dentro de muy
poco tiempo, como son 5 millones de desempleados, y el 20 por ciento de su población activa en situación de desempleo. Y contra esto, desde luego, lo mínimo, lo indispensable, decía el señor Echániz, en un requerimiento casi inmoral o ético en este
momento, es que comparezca el ministro a explicar qué piensa y qué diagnosis tiene, y la diagnosis no puede ser lo que dimana de una verdadera fractura o fracaso del diálogo social.



Por lo tanto, yo con entusiasmo apruebo -no sé si se ha transado; se habrá transado lo que se haya transado, ahora lo leeremos- la iniciativa, con mucho entusiasmo, con gran entusiasmo, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Antes de continuar los debates, quiero informarles que la proposición no de ley que iba en noveno lugar en el orden del día, y que se discutido en cuarto lugar, ha sido retirada. Por lo tanto, no se votará al final de
la sesión.



- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EMPRENDER LAS REFORMAS NORMATIVAS NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVAS A LOS AÑOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO O PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000361.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición que figura en tercer lugar en el orden del día, y que discutimos o debatimos en sexto lugar. Es una proposición por la que se insta al Gobierno a emprender las reformas normativas
necesarias en materia de Seguridad Social relativas a los años de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria. Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: De hecho, recordarán que en el año 2007 en la Ley de medidas en materia de Seguridad Social ya se introdujo una enmienda de Convergència i Unió para que se tuviera en cuenta el servicio militar o la prestación social
sustitutoria, a efectos del cómputo de los años cotizados a la Seguridad Social y de cara a la jubilación anticipada. De hecho, ya se movió pieza en un debate que venía de lejos. Convergència i Unió en la pasada legislatura, incluso en la
anterior, había también formulado iniciativas de ese tipo, y también en los precedentes existe una proposición no de ley aprobada en el año 2003, creo, del Grupo Socialista en ese sentido. He de decir que, si se me permite la expresión,


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volvemos a la carga de algo que ha sido coprotagonizado por distintos grupos parlamentarios a lo largo de estos últimos años.



¿Por qué volvemos a la carga? Por la misma razón por la que esta misma tarde se va discutir en el Pleno la necesidad de adecuar el salario mínimo interprofesional a nuevos porcentajes. No conocemos el alcance de la crisis, pero vamos
dejando en la cuneta a muchos ciudadanos, y esta sociedad dual, a la que repetidamente aludimos, es una realidad. Cuando se dice que no deberían pagar la crisis los de siempre, sabemos de qué hablamos. En épocas de crisis, en las que los más
desfavorecidos padecen especialmente sus efectos, los requisitos para el acceso a las prestaciones públicas tienen que nivelarse y ponderarse para evitar que el acceso sea una barrera que favorezca situaciones de exclusión social.
En épocas de
crisis es necesario invertir en capital social para evitar que los demás desfavorecidos las sufran con mayor intensidad. Es la medida que favorece el que determinadas personas que no pueden acceder a la pensión de jubilación porque les falta un
tiempo reducido, puedan hacerlo. Presentamos esta proposición no de ley con el fin de que ello sea posible. Tenía incluso un efecto beneficioso pues esos puestos de trabajo podrían ser ocupados por otras personas.



Hemos hecho un ejercicio de reflexión intentando ser profundamente realistas, y hemos visto la necesidad de autoenmerdarnos. Perdonen el procedimiento, pero es fruto de la reflexión a la que cual estamos obligados permanentemente, puesto
que todos estamos sorprendidos e incluso alarmados del alcance de la crisis. Hemos considerado que el redactado inicial de la proposición no de ley tenía un marcado carácter economicista que nos alejaba de esta exposición de motivos que les he
resumido al inicio de mis palabras. Se trata de que podamos, si no parar, al menos aminorar el golpe de la crisis en los sectores sociales más frágiles. Por eso nos corregimos centrándonos en la resolución de los problemas en el acceso a las
pensiones, relegando aquello que sería la mejora de la bases. Tiempo habrá. Lo relegamos, pues, a un punto de adicción, nuevo, que sería el número 4, que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas de forma progresiva y en el
plazo de dos años, para que los períodos de prestación del servicio militar y prestación social sustitutoria sean tenidos en cuenta a efectos del cálculo de cotización para la determinación de los porcentajes correspondientes para el cálculo de las
pensiones de jubilación y de incapacidad temporal permanente, así como para la determinación de los porcentajes de reducción de la pensión para el caso de la jubilación anticipada, razón por la cual hemos presentado una enmienda de supresión del
punto número 1 de la proposición no de ley originaria.



Hemos introducido en el número 2 la modificación del punto 1.B del artículo 161 del real decreto legislativo y no el 2.D, como entenderán de la lectura comparada del primer texto y de las enmiendas, de forma que explicite que para el cómputo
de los quince años necesarios para el acceso a la prestación de jubilación se computen como cotizados los años de servicio militar o de prestación social sustitutoria. Ese es el sentido y la orientación de las autoenmiendas, descabalgarnos de
aquello que es puramente económico -lo cual no significa que no sea necesario reivindicarlo- para ir al universo de las carencias. El número 3 nuevo que modifica el precedente insta a modificar el artículo 138 del citado real decreto legislativo,
de forma que se explicite que para el cálculo de los períodos de carencia exigidos para el acceso a pensiones de incapacidad se computen como cotizados los años de servicio militar, etcétera; y abandonamos el criterio anterior en lo relativo a la
base reguladora. Finalmente, mantenemos el número 4 a fin de que no quede limitado a un año el reconocimiento máximo de dichos servicios, atendiendo al hecho de que el servicio militar podía oscilar en aquellos años entre los ocho y los
veinticuatro meses.



Señorías, como he dicho anteriormente, nuestro grupo parlamentario tiene una vida reciente en este Parlamento. Reconocemos que quien ha abierto brecha en esta materia han sido otros grupos parlamentarios, por lo que nos sumamos a la
reivindicación, quizás con más intensidad atendiendo al contexto socioeconómico al que estamos sometidos. No vale la pena recurrir a argumentos que todos ya conocemos de carácter histórico: hablamos de una acumulación de capital, de una
acumulación de trabajo barato de las clases populares. Ustedes saben lo que significó esto en los años sesenta y setenta, cuando los jóvenes de la clase obrera se incorporaban al trabajo a los catorce años, a diferencia de las clases sociales más
pudientes que tenían un régimen de privilegios en su relación con el servicio militar, las llamadas milicias universitarias, lo cual les permitía incorporarse al mundo del trabajo sin haber castigado las economías familiares. No es este el momento
de discutir esto pues todos partimos ya de un consenso, pero sería bueno no caer en el error de abandonar ese tipo de reivindicaciones ahora creyendo que hay otras más urgentes. En el contexto de crisis en el que vivimos hay que dejar abiertos y
colgando todos los ganchos a los que nos podamos agarrar, a fin de aminorar los efectos de la crisis.



Nos gusta la enmienda del Grupo Popular, pero nos gustaría más todavía (ha dicho algo al respecto el compañero socialista y también estamos de acuerdo) remitirnos al Pacto de Toledo, que a veces suena a vía muerta.
Cuando hay dificultades
recurrimos al Pacto de Toledo. Estamos de acuerdo en que hay que ir al Pacto de Toledo con este consenso, pero siempre y cuando se calendarice. A partir de la enmienda del Grupo Popular, queremos añadir (y los compañeros socialistas y populares
están de acuerdo) que se deben presentar fórmulas antes de la finalización del año en curso, dentro del marco de la renovación del Pacto de Toledo, fórmulas -lo dejamos muy abierto, vamos a ver si serán de intensidad uno o cien- para ampliar -tal
como dice el Grupo Popular- y tener por efectivamente cotizado el período tal. De esta manera vamos al Pacto de Toledo, como tiene que ser,


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pero ponemos fecha y vetamos la posibilidad de ampliar los plazos para presentar fórmulas, y, se hará en el marco de este año natural. Si me permiten la expresión, no nos engañaremos entre nosotros.



El señor PRESIDENTE: Entiendo que S.S. ha hecho la defensa de la proposición no de ley y la vez de su enmienda (El señor Tardà i Coma: De todo.) y ha avanzado ya su posición respecto la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para la
defensa de la misma tiene la palabra el señor Álvarez.



El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Han pasado siete años desde que el Gobierno del Partido Popular suprimió el servicio militar obligatorio y, sin embargo, todavía seguimos debatiendo en esta Cámara un aspecto relacionado con el mismo que afecta
indudablemente a muchos españoles, porque o bien hicieron el servicio militar obligatorio o participaron en la prestación social sustitutoria o en el servicio social femenino. Durante el tiempo que prestaron esos servicios al Estado dejaron de
cotizar a la Seguridad Social -como ya se sabe y es conocido de todos- y se encuentran con una laguna en la cotización en su vida laboral. En cuatro ocasiones distintos grupos políticos (el Grupo Socialista en 2003 y Convergència i Unió en los años
2003, 2004 y 2005) han planteado ante esta Cámara la necesidad de solucionar este problema; por lo tanto, el debate está bastante agotado, por lo que trataré de ser muy breve.



Se ha puesto de manifiesto en los debates correspondientes a estas propuestas que prácticamente todos los grupos coinciden en considerar legítimo que se reconozca como cotizado el período del servicio militar obligatorio y el de la
prestación social sustitutoria cuando falte este período de cotización para lograr el mínimo de quince años o el máximo de treinta y cinco para obtener el cien por cien de la pensión. Pero también se remitía a las recomendaciones del Pacto de
Toledo y a la mesa del diálogo social el estudio y la resolución del problema, por ser muy importante el efecto económico y también para evitar discriminación en el sistema de protección social.



Hoy estamos ante una nueva proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la que se pide al Gobierno que lleve a cabo reformas normativas, fundamentalmente del artículo 161bis del
Real Decreto 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que fue incorporado a la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social.
Hace poco más de un año fue aprobada por esta Cámara la citada
ley con un amplio consenso entres los grupos políticos, y si en ese momento la mesa del diálogo social no fue más allá en el reconocimiento del derecho a prestaciones relacionados con este tema, sería por considerarlo inaceptable para la
sostenibilidad del sistema, puesto que sindicatos y patronal estaban representados en esta mesa del diálogo social.



El Grupo Popular se ha manifestado siempre coherentemente en este asunto tantas veces como se ha planteado, y en esta ocasión también pretendemos que sea con la misma coherencia. Entendemos el deseo de los españoles que hicieron tanto el
servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino, de que se reconozca como cotizado ese tiempo que nadie cotizó a la Seguridad Social, porque fue un servicio obligatorio al Estado. Pero también hemos
defendido que el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, través del diálogo social, es la forma más indicada para hacer una propuesta que sea justa y al mismo tiempo no ponga en riesgo la cada vez más delicada situación financiera de la
Seguridad Social, para no comprometer nuestro sistema de pensiones y protección social. Escoger el momento es muy importante en casi todos los aspectos de la vida, y nos parece que este no es el mejor momento para ampliar el gasto que conlleva la
modificación que pretende esta proposición no de ley. El superávit de la Seguridad Social que dejó el Gobierno del Partido Popular en 2004 ya se ha evaporado y nos acercamos al déficit que dejó el Gobierno socialista de Felipe González en el año
1996. Estamos en un mal momento, no cabe duda. En todo caso, la casuística de las personas que pudieran beneficiarse de las modificaciones normativas que plantea la proposición no de ley sería muy variada y muy difícil de encajar sin producir
discriminaciones. Por eso nosotros, con la filosofía de dar solución y para que las personas afectadas tengan satisfacción en sus reclamaciones, hemos propuesto una enmienda que, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Republicana, está
transaccionada, que dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar antes de la finalización del año en curso, dentro del marco de la renovación del Pacto de Toledo, fórmulas para ampliar y tener por efectivamente
cotizado el período de prestación del servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino, para la percepción de otras prestaciones sociales públicas distintas de las contenidas en la Ley 40/2007, de medidas
en materia de Seguridad Social. Esta transaccional cumple con el objetivo que el Partido Popular pretendía y es ajustada a la lógica de dónde deben resolverse estos problemas. Por eso apoyamos y agradecemos al grupo autor de la proposición que
haya aceptado esta proposición, que votaremos a favor. Haremos llegar a la mesa la citada enmienda.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que la haga llegar a la mesa. Para fijar posiciones de los grupos.



Señor Olabarría, por favor.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo para felicitar al señor Tardà por la oportunidad de la presentación de esta proposición no de ley, y por la lucidez de sus argumentos. Yo también comparto sus inquietudes respecto a la ineficiencia del Pacto
de Toledo para resolver los asuntos atinentes al sistema público de pensiones. Uno


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tiene la impresión de que este es una especie de órgano un tanto paranormal, en donde todo lo que ingresa en él queda difuminado, desaparece, y yo comparto esas inquietudes. Por lo tanto esos requerimientos a establecer algún tipo de
requisitos cronológico para la aprobación de estas medidas, me parecen particularmente pertinentes.
Espero que en la enmienda transada por el Partido Popular esos requerimientos cronológicos se consideren expresamente, porque todo lo que veo que ha
ingresado en Pacto de Toledo ha ocurrido como con los OVNI, señor presidente: parece que acuden a otra galaxia, ahora que está tan de moda hablar de galaxias por razones ajenas y colaterales a esta Comisión. Desde esta perspectiva, deseo felicitar
de nuevo a Izquierda Republicana por la oportunidad y por la buena defensa que ha tenido de un problema que está pendiente de resolver, de los muchos que constituyen esta infinita miscelánea de problemas de la Seguridad Social, que por vía de
accesión desafortunadamente, ordene quien ordene esto, vamos corrigiendo poco a poco.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, la consideración de los períodos de servicio militar o de prestaciones social sustitutoria como cotizados a efectos de pensión, es una vieja cuestión que se ha debatido en esta Cámara. Creo
recordar que uno de los primeros grupos que planteó esta iniciativa fue en su día Izquierda Unida, y Convergència i Unió en diversas ocasiones hemos tenido algunas iniciativas. Quizá la más concreta y la más significativa fue precisamente la
modificación del artículo 161bis de la Ley de la Seguridad Social en la reforma que se produjo en el año 2007, que conformó la Ley 40/2007, en la que por primera vez en algunos supuestos se consideraban estos tiempos de actividad en la mili y en la
prestación social como cotizados a efectos tan solo, eso sí, de acreditar los treinta años requeridos para acceso a la jubilación anticipada y con un máximo de un año. Ahí rompimos con lo que hasta ahora existía. Cuando aprobamos aquella
modificación del artículo 161bis sabíamos que los efectos que iba a tener esa medida iban a ser limitados porque la orientación ya era esa, pero nos parecía importante, por primera vez en la legislación de la Seguridad Social, reconocer ese
esfuerzo, básicamente de los varones, a efectos de mejorar su pensión.



La cuestión de fondo que Convergència i Unió ha suscitado siempre es entender para personas que no llegasen a los 35 años mínimos cotizados, contar los períodos de servicio militar con el fin de que puedan acceder a las pensiones, a la
pensión al cien por cien; o en los supuestos de que alguien no llegase a los 15 años cotizados mínimos, se pudiese acceder a una pensión de carácter contributivo. Nos parecía justo que los ciudadanos que habían contribuido a un interés general,
como era cumplir sus funciones militares, en momentos en los que el Estado les debía de reconocer su esfuerzo contributivo, se tuviese en cuenta un esfuerzo no contributivo, pero sí vinculado al interés público. Estábamos pensando en personas que,
considerando esos períodos de dedicación a la sociedad, podían ver mejorada sustancialmente su pensión, llegando al cien por cien de esa pensión o pudiendo acceder a una pensión contributiva, como antes explicaba.



Hoy la iniciativa del señor Joan Tardà nos parece oportuna. Somos conscientes de los límites que existían en la Ley 40/2007, por lo tanto es bueno que ampliemos ese recorrido. Y la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Popular nos
parece razonable, en la medida que sitúa estas cuestiones en el marco donde en esta Cámara habitualmente avanzamos en esta materia, como es el Pacto de Toledo. Por tanto, mi grupo va a apoyar la transacción que han alcanzado el Grupo Popular y el
Grupo de Esquerra Republicana, y vamos a continuar en la senda de facilitar a las generaciones de varones que se vieron obligados a dedicar una parte de su tiempo al servicio militar, para que ese esfuerzo pueda verse compensado de alguna manera a
la hora de recibir sus pensiones. Nos parece que es de justicia y que hoy aprobamos un avance interesante.



El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Oria.



El señor ORIA GALLOSO: El Grupo de Esquerra Republicana presentan una proposición no de ley relativa a emprender reformas normativas en materia de Seguridad Social, a fin de que sea tenida en cuenta la prestación del servicio militar
obligatorio o la prestación social sustitutoria en el momento de contabilizar este período para determinar y fijar el importe de las prestaciones por jubilación anticipada o incapacidad permanente como período efectivo de cotización para el acceso a
estos derechos.



De anteriores legislaturas, como ya ha dicho aquí, hay un amplio catálogo de iniciativas parlamentarias referidas a este asunto. Antecedentes como la proposición no de ley promovida por CiU y aprobada por esta Cámara el 23 de septiembre de
2004, en la que se instaba al Gobierno a que en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y a través del diálogo social, se aborde el reconocimiento de este período para las percepciones de prestaciones de la Seguridad Social, y se le
daba un plazo de ocho meses para abordar la problemática del tiempo utilizado en estas prestaciones sociales. En el mismo sentido fue aprobada otra proposición no de ley de CiU el 27 de septiembre de 2005, un año después, en la que se instaba al
Gobierno en los mismos términos para que se incorporara este reconocimiento a las discusiones de la mesa del diálogo social sobre la reforma de la Seguridad Social como período efectivamente cotizado en el historial laboral de todos los ciudadanos
que hayan realizado estas prestaciones. También, y entre otras peticiones, fue aprobada una proposición no de ley


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promovida por el Partido Popular el 28 de febrero de 2006, que instaba al Gobierno a incluir como período de cotización de la vida laboral a aquellos ciudadanos que cumplieron el servicio militar, y ampliaba las medidas en su ámbito de
aplicación a otros usuarios. Hubo en este capítulo de antecedentes una proposición de iniciativa legislativa popular que caducó al agotarse el plazo de entrega de firmas sin realizarse esta entrega. También en la pasa legislatura varios grupos
parlamentarios se dirigieron al Gobierno en solicitud de respuesta por escrito a sus preguntas, y en una de ellas, de CiU, el Gobierno sintetiza su opinión respecto a estas cuestiones.



Cumpliendo el mandato parlamentario dentro del plazo fijado, el Gobierno presentó un estudio económico en el que se concluía que el impacto económico de la medida ascendía a cerca de 300 millones de euros y que no existía crédito
presupuestario previsto en el presupuesto de la Seguridad Social de 2004. Cumpliendo el mandato parlamentario, el Gobierno incluye en el marco del diálogo social, con la capacidad de cada uno de los interlocutores, la cuestión relativa del período
de prestación del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria como cotizados a efectos de pensiones. Con independencia de la inclusión, y una vez resuelto el problema del coste de la medida y su financiación, habría que
resolver la diferenciación y falta de equidad que podría implicar la aplicación de la medida, ya que un período de prestación pública obligatoria igual para todos los que la realizaran tendrían un efecto muy diferente en el nivel de prestación que
podría originar.



Todos estos aspectos, sin cuestionar la necesidad de llevar a la mesa del diálogo social, aconsejan prudencia en su tratamiento y resolución. En base a estos antecedentes, en el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito
el 13 de junio de 2006 por el Gobierno, UGT, Comisiones, CEOE y la Cepyme, se incluye una serie de compromisos que implican modificación en normas con rango de ley. La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social,
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incorpora un nuevo artículo, el 161bis, sobre jubilación anticipada, que en su último párrafo recoge que a estos exclusivos efectos se computará como cotizado a la Seguridad
Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. Con todo, existen una serie de iniciativas parlamentarias en esta legislatura, como la aprobación de una Comisión
no permanente de seguimiento y evolución de los acuerdos de Pacto de Toledo, y varias proposiciones no de ley pendientes de debate tanto en Pleno como en Comisión. Pero la que sí se ha realizado es la comparecencia del secretario de Estado de la
Seguridad Social en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdo del Pacto de Toledo, el 18 de noviembre de 2008.



Termino. En el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos y abiertos a la consideración de todas la reformas necesarias en el marco de los trabajos de esta Comisión, con la única necesidad de mantener la hoja de ruta del Pacto de
Toledo, que las reformas sean consecuencia del acuerdo entre los grupos políticos y el acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales. Si falla alguna de estas premisas, seguramente habrá que seguir esforzándose. Y porque seguimos
esforzándonos, nos hemos puesto de acuerdo en la transaccional entre Esquerra Republicana, el PP y el PSOE, que va en la línea establecida en las distintas iniciativas parlamentarias de todos los grupos en la dirección de mantener la hoja de ruta
del Pacto de Toledo. En base a todas estas consideraciones, nuestra posición respecto a esta proposición no de ley va a ser que sí.



El señor PRESIDENTE: Se agradece la unanimidad que han alcanzado SS.SS., sobre todo lo agradecemos lo que hicimos la mili, especialmente los que la hicimos en África.



- PARA SEGUIR IMPULSANDO LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACERCA DE MEDIDAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA, GENERAR CONFIANZA Y SUPERAR LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000852.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7º, que corresponde al 14º del orden del día que obra en poder de todos ustedes. Es una proposición no de ley para seguir impulsando la celebración de acuerdos en el marco del diálogo social acerca de
medidas para reactivar la economía, generar confianza y superar la actual situación económica. Para la defensa y la presentación de la misma tiene la palabra el señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: El diálogo social es un activo importante del conjunto de la sociedad española, no solamente del partido que gobierna.
El diálogo social se ha realizado desde la UCD, pasando por el Partido Socialista, el Partido
Popular y nuevamente el Partido Socialista, en el Gobierno; por lo tanto es un activo de todos. Y yo creo que a esa parte de ese activo le debemos seguramente en nuestro país un alto componente de estabilidad social, una parte importante del
crecimiento económico y una parte importante de la competitividad. Yo no me atrevo a pensar en una sociedad española en estos momentos sin unos agentes sociales sentándose permanentemente para negociar. Nadie con algo de sentido común puede pensar
que el diálogo social es una rémora, y, a pesar de sus dificultades, hay que apoyarlo incuestionablemente. No me atrevo a pensarlo. Si alguien recuerda la evolución de la sociedad de nuestro país en estos treinta años, podemos ver que en el año
1984


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teníamos el 21,7 de desempleo, y no era fruto del Gobierno del PSOE, era fruto del desastre que nos dejó la dictadura. Pero en el año 1994 teníamos el 23,3 por ciento de desempleo; en el año 2004 tuvimos el 10 por ciento de desempleo, y en
el año 2007 llegamos al 8,7, para estar en estos momentos a estar por encima del 14 por ciento. España es un país en el cual los ciclos económicos tienen una sangría y una correlación inmediata en el empleo. Sujetar esa destrucción de empleo y
reactivar la economía, no solamente responde a las medidas del Gobierno del turno, responde al compromiso de los agentes económicos y sociales, fundamentalmente. Yo recuerdo haber negociado convenios con el 23 por ciento de inflación y también
recuerdo haber negociado convenios con el 3 por ciento de inflación. Entre el 23 y el 3 por ciento ha habido muchos años, pero también ha habido mucha gente que se ha dejado la piel en negociar esos convenios y en negociar acuerdos, porque creía en
el país; no creía en sus siglas políticas, sociales o empresariales, creía en el país. Eso es el diálogo social, lo demás son elementos que lo componen, esa es la parte fundamental del diálogo social.



Este Gobierno está comprometido con el diálogo social, yo creo que como todos, lo que pasa es que hay algunos que han interpretado el diálogo social como moneda de cambio: hacer uso del mismo en un momento determinado y rechazarlo cuando no
convenía. Nosotros estamos comprometidos a las duras y a las maduras con el diálogo social. Sería muy bonito el haber venido ahora, en una época de crisis, a reclamar el diálogo social y la concertación. No. La reclamamos en lo momentos de
crecimiento e hicimos copartícipe al conjunto de los interlocutores sociales de más de veintidós acuerdos. ¿Quién puede decir que ese diálogo social no ha tenido efectividad si hemos llegado a veintidós proyectos de ley fruto de la negociación
permanente? ¿Hay alguien que pueda interpretar que es crítico o que no ha valido el diálogo social, cuando hemos tenido la complacencia, que no la aquiescencia, de la patronal en la Ley de Igualdad? Pues sí, llegamos a tener un acuerdo con la
antigua CEOE, por cierto. Y ese es un elemento fundamental, igual que en el de la dependencia, o en el de la inmigración, o en el de los autónomos, o en el tema de la reforma del mercado de trabajo. Son leyes fundamentales cuyo resultado no hemos
podido comprobar, porque estamos en estos momentos en una situación diferente, pero eso es diálogo social. ¿Y es importante? Para mí es fundamental, tan fundamental que en estos momentos se está reclamando por parte de países en la Unión Europea
que el diálogo social español sea exportado, sobre todo para la negociación de directivas en el marco de la Unión. Lo están reclamando las organizaciones sindicales europeas a través de la CES. Por lo tanto, algo habremos hecho bien a lo largo de
estos treinta años, no a lo largo de los últimos cuatro, a lo largo de estos treinta años.



¿En qué estamos en estos momentos? Pues yo creo que en estos momentos estamos sacando medidas de resistencia. ¿Para qué? Para ayudar a superar la situación en que estamos, pero no para relanzar la actividad económica. Las medidas
presentadas en el Consejo de Ministros del viernes no son fruto del diálogo social, son fruto -y ya las discutiremos suficientemente a lo largo de los próximos días- de la necesidad que en estos momentos tenemos de seguir cubriendo socialmente a las
personas más afectadas a través de los ERE, impulsando la contratación de las empresas ampliando las bonificaciones, garantizando a las propias empresas la posibilidad de la negociación de la moratoria de la contribución a la Seguridad Social y
planteando líneas de ayuda a través de los créditos ICO a las Pymes. Eso es lo que está haciendo el acuerdo, porque el diálogo social que hay ahora encima de la mesa tiene como objetivo fundamental hacer planteamientos estratégicos a medio y a
largo plazo, resolver temas estructurales, buscar acuerdos en el mercado de trabajo y en otros ámbitos, como es en el tema de la Seguridad Social. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué no se avanza? Porque tres no avanzan si uno no quiere.
Y hay una posición en estos momentos de bloqueo por parte de un sector de los interlocutores sociales. Eso está muy claro. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que piensa que, en una época de crisis, el diálogo social debe servir para llevarte la
piel del león o la piel que te toque más grande, no buscar elementos de apoyo y funcionar con mecanismos de mayor grado de amplitud de miras. No. Se busca exclusivamente resolver los problemas concretos para salir de esta con un trofeo.



Ese es el problema que tenemos, así es como está en estos momentos el diálogo social. Tiene problemas, los tiene que tener, porque, si no, no sería diálogo social. Esto no es un diálogo social fruto de organizaciones sindicales
paraestatales, esto es un diálogo social dentro de un marco de libertad de empresa, de libertad de mercado, de libertad sindical y de libertad de organizaciones patronales. ¿Problemas? Pues claro que los tiene que haber. En caso contrario no
sería diálogo social, sería otra cosa. A algunos les gustaría que fuese otra cosa, sobre todo cuando gobernaron o cuando piensan que pueden gobernar. Por eso para mí es muy importante en estos momentos que esta Comisión asuma una proposición no de
ley precisamente instando e impulsando a que se siga avanzando en el diálogo social, porque hay contradicciones desde el punto de vista legislativo con los acuerdos que se toman, los ha habido históricamente. Los hubo cuando los pactos de Toledo;
los hubo cuando los pactos de la Moncloa, claro que los hubo; hubo que traer aquí acuerdos que estaban cerrados en una mesa distinta, pero eso también es una forma de participación de la sociedad civil, eso es también dar participación a algunas
personas que son parte fundamental del entramado parainstitucional de un Estado como el nuestro, que es plural en lo territorial, plural en lo social y también plural en lo organizativo y representativo. Esos son elementos importantes.



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¿Y qué tiene que hacer la Comisión? Apoyar, instar a que sigan avanzando, avanzando todos. ¿Por qué? Porque a través de la proposición no de ley demostramos que estamos comprometidos con ese diálogo social, demostramos que, a pesar de las
contradicciones desde el punto de vista legislativo, seguimos apoyándolo, que queremos que avance y que se siga consolidando.
Eso es lo que tiene como objetivo esta PNL, no tiene en ningún caso un carácter laudatorio, tiene un carácter de
compromiso. Vamos a comprometernos apoyando la proposición no de ley y vamos a trasladarla también a los agentes económicos y sociales, para que vean que el Parlamento está detrás y que les insta a que sigan avanzando.



A la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que estoy seguro de que es una enmienda fruto de ese espíritu de apoyo al diálogo social, nosotros les hemos planteado hacer una transacción y creo que la han presentado a la Mesa. ¿Por qué?
Porque nos gusta que la interpretación del diálogo social que hace el Grupo Popular quede trasladada también al ámbito de la actividad política. Pues claro que sí, si de esta crisis no va a salir un Gobierno, esta crisis se refiere al conjunto de
los españoles y en ese conjunto de los españoles están todas las opciones políticas y todas las opciones sindicales. Y porque va a salir este Gobierno con el conjunto de los españoles es por lo que nosotros apoyamos la transacción que ha presentado
el señor Azpiroz a la Mesa. Espero que esa transacción sea apoyada por todos los grupos y además pido a la mesa que de ese acuerdo se dé traslado a los agentes económicos y sociales.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: A nadie se le oculta en nuestro país la preocupación creciente de cada día de nuestros conciudadanos en relación con la gravísima situación de destrucción de empleo, que es una auténtica tragedia para todos. A
nadie se le oculta que prácticamente un millón de personas carecen ya de rentas del trabajo y de prestaciones por desempleo, que cientos de miles de familias no tienen ningún miembro en activo trabajando, con lo que eso afecta a la autonomía
económica y a la dignidad propia que conlleva para las personas la realización de una actividad laboral propia o ajena. El crecimiento constante de impagos, el cierre de empresas, de insolvencias, de ERE, es moneda de cambio corriente en una
sociedad en la cual hay negros nubarrones y hay honda preocupación, que creo que todos los grupos parlamentarios en esta Cámara compartimos.



En nuestra opinión, lo que está haciendo nuestra sociedad es demandar sin dilación la adopción de medidas políticas y económicas, tanto en el ámbito macroeconómico, presupuestario, fiscal, de desregulación de sectores paralelos a la
competencia, como en el mercado de trabajo o en el mercado laboral. Y nosotros, al ver la iniciativa del señor Membrado, que con tanto énfasis y conocimiento ha defendido el diálogo social, que evidentemente constituye un elemento característico de
nuestra sociedad y que al menos hasta el momento lo ha sido con reconocimiento y efectividad, pensamos que nadie puede oponerse, en el sentido de que se apoyen medidas tendentes a seguir impulsando los acuerdos en el ámbito de la interlocución o del
diálogo social entre empresarios y sindicatos.



Yo faltaría a la verdad si no dijera que hay una gran preocupación que ha inspirado también el planteamiento alternativo vía enmienda formulada por el Grupo Popular en tres puntos; quizás al final vamos a retirar el segundo por la razones
que a continuación expondré. Decíamos que el Congreso instara al Gobierno a que en todo caso, si no se producen acuerdos relevantes dentro del marco social, incluso datábamos los mismos al 15 de abril, proceda a la adopción de medidas que
favorezcan la competitividad, la inversión, la productividad, la contratación laboral, el incremento de afiliación, etcétera, dentro de nuestro mercado de trabajo. Nos preocuparía que en un momento determinado pudiera existir la tentación de no
actuar, de no gobernar, para decirlo más claramente, con la coartada o con el pretexto de que debe haber un diálogo social, que nosotros compartimos, que es positivo, que es deseable y que ha sido, en el pasado, funcional. Pero también entendemos
que la situación no está para bromas y que probablemente mal entenderían nuestros conciudadanos que en este momento entre los dos principales partidos políticos del país hubiera una confrontación. En ese sentido iba también nuestro tercer punto de
la enmienda, que el Grupo Parlamentario Socialista acepta, y que es aquel en el cual entendemos que debe haber una coparticipación, no solo ni exclusivamente de los interlocutores sociales. En el segundo punto añadíamos la responsabilidad que tiene
en todo caso el Gobierno de actuar sin dilación de una forma fructífera ante la crisis, pero en el tercero pedíamos que se busque el mayor grado de acuerdo político. ¿Y por qué? Pues no porque vaya a salir un Gobierno de aquí, sino porque estamos
en una situación crítica, en la cual entiendo que todos debemos intentar contribuir a dar una solución y una respuesta satisfactoria a los problemas y a las demandas de nuestros ciudadanos. Y yo creo que la actitud del Gobierno también tiene algo
que decir, porque una actitud, timorata o una actitud de falta de compromiso con el resto de las fuerzas políticas redundará en que adopte medidas unilaterales de menor eficacia.
Sin embargo, una actitud abierta, una actitud dialogante, una actitud
flexible, encontrará que también los demás partidos políticos, los demás grupos parlamentarios podemos aportar iniciativas, podemos aportar medidas y podemos aportar datos que no se han tenido en cuenta. Y también, y no por criticar al Gobierno,
aunque sería plenamente lícito y legítimo, denunciamos las medidas que nos parecen equivocadas, inútiles o perniciosas, desde el punto de vista financiero, económico y de impulso del mercado del trabajo. Eso es lo que nos ha animado a llegar a un
acuerdo. La pnl es más light de lo que nos


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hubiera gustado, pero preferimos que quede en estos términos a que la no aceptación que se hubiera producido por el Grupo Socialista hubiera dado lugar a un mal entendimiento social. En este momento yo creo que los ciudadanos nos están
pidiendo a todos es una mayoría de edad, una altura de miras y responsabilidad para llegar a acuerdos, que serán importantes.



Señor presidente, concluyo diciendo que el punto que se incorpora a la iniciativa del Grupo Socialista es como sigue: Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los fines antes propuestos haga todos los esfuerzos
políticos necesarios para obtener el mayor apoyo político en la medidas de lucha contra la crisis que se puedan proponer.
La autoría de las medidas, creo que a los ciudadanos les importa poco, si son de unos, si son de otros, de aquí o de allá, lo
que quieren son soluciones, y nuestra obligación es intentar contribuir en la medida de nuestras posibilidades a aportarlas.



El señor PRESIDENTE: Entendemos que la enmienda es aceptada; ya lo ha anunciado el señor Membrado. La pasarán por favor a la mesa.



Para fijar posición, el señor Campuzano tiene la palabra por Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es evidente que todos compartimos las virtudes del diálogo social, que todos somos conscientes de que el éxito económico y social de España en los últimos treinta años entre otras cosas ha tenido que ver con la
dinámica de los agentes sociales y el sentido de responsabilidad que tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales han tenido durante todo este período.
También es cierto que aquellas reformas que se han impulsado en el
mercado de trabajo o en el campo de la Seguridad Social, que se han hecho sin el acuerdo de los agentes sociales, han tenido una contestación social importante y quizás no han podido aprovechar al máximo todas su potencialidades, pero también
sabemos cuáles son los límites del diálogo social en tiempos de crisis. Es verdad que a veces los gobiernos, ante situaciones excepcionales, han tenido que tomar decisiones, asumiendo sus responsabilidades frente a los ciudadanos cuando el diálogo
social ha sido incapaz, por razones legítimas siempre, claro, por parte de quienes lo articulan, de alcanzar algún tipo de solución.



Llevamos ya un año, un año justo de legislatura, y es evidente que el diálogo social no ha avanzado. Y difícilmente uno puede tener la sensación de que, estando las posiciones de todas y cada una de la partes, podamos prever a corto plazo
capacidad del diálogo social para dar respuestas a la principal realidad de nuestra economía, que es el desplome del mercado de trabajo. Antes ya, en alguna otra intervención, todos nos hemos referido a ello. Hemos valorado como mínimo la
insuficiencia de las medidas que el Gobierno aprobó el pasado viernes. Y creemos que el Gobierno tampoco debe buscar culpables en el diálogo social. Yo no comparto la intervención del señor Membrado en el sentido de entender que es la
responsabilidad de la CEOE lo que explica el fracaso del diálogo social. Yo creo que hay una principal responsabilidad del Gobierno, que es que no ha tenido la capacidad política y de persuasión, de seducción, de convicción, de presión, para forzar
que los agentes sociales hayan alcanzado algún acuerdo. Cuando el diálogo social alcanza acuerdos, es un mérito del Gobierno, que tiene capacidad de seducción, de persuasión, de presión, de convicción, que tiene ideas claras. Y cuando el diálogo
social no da resultados hay también una principal responsabilidad del Gobierno.



Mi grupo no comparte esta tendencia del Grupo Socialista a centrifugar responsabilidades ante la situación económica. Cuando no es Wall Street, son los bancos, y ahora va a resultar que es la CEOE la culpable de que no haya acuerdo social.
Yo creo que no. Que hay un problema de qué cuestiones el Gobierno pone encima de la mesa y qué capacidad tiene para forzar, para convencer, a los agentes sociales de que, frente a una situación de la gravedad de la que estamos viviendo, lo que toca
precisamente es llegar a acuerdos. Además, y ahí sí que podríamos coincidir con el Grupo Socialista, es evidente que todos los agentes sociales tienen responsabilidades y quizás nos gustaría que los sindicatos y la patronal también tuvieran mayor
visión colectiva, mayor visión basada en el interés general, que les permitiese llegar a soluciones. Si los sindicatos y la patronal pretenden que sus programas de máximo sean el fruto del acuerdo social, es evidente que no va a haber acuerdo
social.



Nosotros estamos convencidos de que en esta legislatura va a ser necesario ahondar en medidas de reforma del mercado de trabajo. Es evidente que la crisis no se explica por las características institucionales de nuestro mercado de trabajo,
pero nuestro mercado de trabajo agrava, en términos de desempleo, la situación. Por alguna razón somos, no ya en el marco de la Unión Europea, sino en el ámbito de la OCDE, la economía con una mayor tasa de desempleo; por alguna razón también
nuestros servicios públicos de empleo fracasan estrepitosamente a la hora de jugar su papel de intermediación en el mercado de trabajo; por alguna razón la OCDE afirma que en España es donde más difícil es poner en marcha un nuevo negocio y
facilitar la actividad emprendedora; por alguna razón tenemos la tasa de temporalidad más alta del mercado de trabajo de la Unión Europea; por alguna razón nuestro trabajo a tiempo parcial es de los más bajos en nuestro entorno; por alguna razón
InfoJobs cuelga en sus páginas ofertas para 100.000 puestos de trabajo con empresas que pagan para ofrecer esas ofertas, y en cambio las disfunciones geográficas y de formación hacen que esas ofertas no se cubran; y por alguna razón en algunos
territorios hemos convivido en estos últimos años con altas tasas de desempleo y con necesidades de trabajadores de origen extranjero. Todo eso es una disfunción de nuestro mercado de trabajo, de nuestras políticas públicas, de nuestra


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regulación legal, y por tanto en esta legislatura es urgente que se aborden reformas que afecten a ese conjunto de aspectos institucionales del mercado de trabajo. Si los agentes sociales no son capaces de llegar al acuerdo, ahí está la
responsabilidad del Gobierno de tomar las medidas. Este debate va a ser un debate redundante en los próximos meses, en las próximas semanas.



El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señor presidente. Yo comparto la actitud del señor Azpiroz en el sentido de que todos tenemos responsabilidad y por tanto no vamos a negar el derecho al Grupo Socialista a presentar esta iniciativa y
a que se apruebe; los términos en que ha transaccionado con el señor Azpiroz nos parecen razonables y la vamos a votar favorablemente. Que la Cámara inste a que el diálogo social funcione, pero que el Gobierno asuma sus responsabilidades también
ante el fracaso del diálogo social.



- PARA QUE, EN EL SENO DE DIÁLOGO SOCIAL, REALICE UN ANÁLISIS DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS REFORMAS INTRODUCIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 40/2007, DE 4 DE DICIEMBRE, EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN POR VIUDEDAD, CON OBJETO DE CONTAR CON PAUTAS
ADECUADAS A TENER EN CUENTA PARA EL FUTURO ESTUDIO DE LA REFORMA INTEGRAL DE DICHA PROTECCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000853.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto 15 del orden del día, que vamos a ver en octavo lugar. Pero antes quisiera recordar a SS.SS. que es la una menos diez y nos quedan siete PNL. La idea sería, si a ustedes les parece bien,
continuar hasta las dos y media; si a las dos y media no hemos terminado, tendríamos que continuar mañana miércoles por la tarde o el jueves, al finalizar el pleno. Les digo esto por si les sirve de incentivo para ir acortando las intervenciones.



Para defender esta proposición no de ley, para que, en el seno de diálogo social, realice un análisis de los efectos producidos por la reformas introducidas a través de la Ley 40/2007, del 4 de diciembre, en el ámbito de la protección por
viudedad, con objeto de contar con pautas adecuadas a tener en cuenta para el futuro estudio de la reforma integral de dicha protección, tiene la palabra doña Gracia Muñoz.



La señora MUÑOZ SALVÀ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley para su debate a raíz de las modificaciones que se introdujeron en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en el ámbito de la protección por viudedad.
Consideramos que, más allá de un año de dichas modificaciones en la ley, es el momento del análisis de los efectos producidos por dicha reforma.



De todas SS. SS. Son conocidos, las modificaciones en lo hábitos y costumbres de vida que la ciudadanía ha adoptado en el seno de la estructuración familiar y la variedad tanto en la manera de estructurarla como en la concepción de esta en
función de sus creencias. No cabe duda de las responsabilidades que se acatan y que son preceptivas en el seno de la institución familiar. Estas modificaciones que se han adoptado en el seno de la familia tienen que tener su repercusión en la
legislación y la prestación por viudedad también tiene que adaptarse a las nuevas situaciones, a fin de no discriminar a nadie y desincentivar determinadas prácticas que se realizan y que pueden ser abusivas. No hay que discriminar a nadie, por
ejemplo, en aquellos casos en los que un cónyuge estableció una nueva pareja sin haberse divorciado. Todos recordamos los dos años preceptivos antes del divorcio, para reflexionar y por si acaso nos arrepentíamos; era una práctica habitual. En
esta situación no se tenía opción a recibir una pensión de viudedad de esta segunda pareja de hecho. Esta situación se ha regularizado desde el momento en que, en la pasada legislatura, reformamos y aprobamos la Ley del Divorcio con el denominado
divorcio exprés, aunque quedan casos en los que se ha establecido una nueva pareja sin estar divorciados de la anterior y por tanto hay que dar una solución a esta situación.



La prestación por viudedad fue modificada en los años ochenta, en el sentido de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en los términos que obliga la Constitución. Se trataba de reconocer la pensión de viudedad al hombre en
condiciones iguales a las de la mujer. La siguiente modificación se estableció por la Ley 40/2007, la cual supone un gran avance en la protección; acceden a la pensión de viudedad las parejas de hecho y se adapta a las nuevas situaciones de la
ciudadanía.
Creo que vale la pena reflexionar sobre cómo las personas disponemos de nuestros propios recursos para establecer nuestro propio estilo de vida y el Estado debe establecer el apoyo necesario a aquellas personas más vulnerables. La
vulnerabilidad también ha cambiado a lo largo del tiempo.
Era habitual que las personas más vulnerables lo fueran a lo largo de toda su vida. Hoy en día puede pasar que una persona sea vulnerable solamente durante un período determinado de su vida
y en un momento dado pueda dejar de serlo, estableciendo su propio estilo de vida y disponiendo de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. La incidencia de las ayudas tiene que darse en esos momentos de vulnerabilidad de las personas y tienen
que llegar a todas ellas. No puede pasar que en los momentos de más necesidad no se tenga una ayuda, porque el gran capital de un Estado son las personas y debe protegerse a las más vulnerables. La protección por viudedad mantiene el espíritu y la
filosofía de siempre, aunque se hayan producido reformas, y el espíritu es el mismo que el de la pensión compensatoria, una ayuda económica


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para atender al desequilibrio económico que provoca la ruptura conyugal o la muerte del cónyuge.



El artículo 97 de la Ley 15/2005, del Código Civil, referente a la pensión compensatoria, establece que el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un
empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación, que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la
sentencia. La pensión compensatoria no ha de considerarse una indemnización, puesto que el desequilibrio ocasionado por la crisis matrimonial se aprecia desligado de toda idea de culpa. Tampoco ha de considerarse una suerte de seguro vitalicio ni
consiste en igualar la riqueza que la ruptura del proyecto convivencial impide. No se trata tampoco de hacer frente a estados de necesidad ni de asegurar el mantenimiento del nivel de vida existente en el matrimonio tras la separación o el
divorcio, buscando nivelar los patrimonios de las cónyuges de forma ilimitada en el tiempo. Por el contrario, estamos ante una obligación legal de resarcimiento, ejercitable solo en los supuestos en que objetivamente se manifieste un perjuicio
irreparable por otras vías que no sean las inherentes a los procesos matrimoniales. Se trata de equilibrar la situación que la crisis matrimonial ha desequilibrado al desnivelar económicamente la situación de los cónyuges con respecto a su
disposición vigente en el matrimonio.



Considerando el deber de protección a las personas más vulnerables, lo mejor posible y teniendo en cuenta la diversidad de necesidades a cubrir y que los recursos no son ilimitados, creemos que es el momento, ahora que hace más de un año que
entraron en vigor las modificaciones de la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, de estudiar la situación, haciendo un análisis detallado de la realidad sobre la que actúa la prestación por viudedad, la evolución de las necesidades
sociales y redireccionar la cobertura, como se está apuntando en la Ley 40/2007, en función de las necesidades de las personas que se encuentran en dicha situación de viudedad y que pueden provocar desequilibrios o convertirlas en vulnerables.



Por todo ello presentamos esta proposición no de ley y a la vez ha presentado una enmienda Convergència i Unió. En la enmienda se propone que se realice el estudio en el plazo de seis meses y nosotros proponemos una transacción para que sea
en el plazo de un año. No aceptaríamos la última parte de dicha enmienda, en la que se dice que el Gobierno presentará un informe al Congreso de los Diputados.



El señor PRESIDENTE: Para defender esa enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, la Ley 40/2007, que aprobamos en la pasada legislatura, de reforma de la Ley de la Seguridad Social, introdujo algunas modificaciones en materia de pensión de viudedad, modificaciones claramente
insuficientes para resolver los problemas de falta de equidad y de injusticia que continúan afectando a estas pensiones. No en vano, hace unos cuantos meses, el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley de
Convergència i Unió de modificación de la pensión de viudedad, para aumentar su base reguladora, en un contexto en el que mi grupo y otros grupos de la Cámara venimos reclamando una reforma global de la pensión de viudedad para garantizar que
aquellas personas que se quedan viudas puedan percibir pensiones dignas y que, además, el esfuerzo de cotización que en su día realizaron sus parejas se vea también reconocido en esa pensión. Decía que la reforma de la Ley 40/2007 fue insuficiente
y lo fue por ejemplo en cuestiones que han sido objeto también de discusión en la Cámara, como es el tratamiento de las parejas de hecho, de las personas que se quedaron viudas estado en una situación de pareja de hecho.



Todos los grupos, a lo largo de los últimos meses, de estas últimas semanas, estamos recibiendo quejas, preocupaciones, con una casuística muy amplia, de personas que creían que esa nueva normativa, que reconocía por primera vez la situación
de pareja de hecho, en el supuesto de viudedad, era causante de la percepción de una pensión, y eso no se ha producido. Por tanto, en el contexto de una reforma que está en curso en la Cámara, y mi grupo reclama que esta reforma en marcha no sea
bloqueada, en la próximas horas, señor presidente, le vamos a trasladar un escrito, como presidente de la Comisión, para que se convoque de nuevo la ponencia de esa proposición de ley que la Cámara tomó en consideración. Pero eso no quita para que
se inste al Gobierno a que, en el marco del diálogo social, se efectúe un balance de esa reforma, par ver si aquellas cuestiones que fueron introducidas en la misma tienen los efectos que mi grupo y todos los grupos deseábamos, que era ampliar el
carácter de protección social de esa pensión.



La portavoz socialista nos ofrecía, entiendo yo, una transacción que mi grupo no tiene ningún inconveniente en aceptar, pero sería bueno que el Grupo Socialista procurase que cuado el Gobierno haya efectuado aquello que la Cámara le mandata,
se informase a esta Comisión para saber que aquello que le pedimos al Gobierno que se haga efectivamente el Gobierno lo ha realizado. (La señora Bravo Ibáñez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.



La señora BRAVO IBÁÑEZ: Estamos de acuerdo con la elaboración de ese informe, es decir, la propuesta que trae hoy el Partido Socialista nos parece correcta, porque, como bien ha señalado la portavoz del Grupo


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Socialista, esa reforma fue insuficiente y queda claro y manifiesto ya que hay muchas variables, muchas cuestiones que han cambiado. El tema de la pensión de viudedad tiene muchos aspectos que no quedan recogidos y que, como se ve, están
creando una situación de desigualdad. Pensamos -y así lo vamos a hacer constar in voce-, presentar una iniciativa respecto a todo lo que se está hablando hoy aquí, el tema de las pensiones de las viudas, de las viudas históricas, de la viudas
conocidas tradicionalmente como viudas, de este nuevo perfil de viudas que aparece una veces divorciadas de una pareja pero que en breve puede ser de dos parejas, y también del papel de los viudos, que en este momento nadie los ha mencionado. No
son tantos como las viudas, pero ciertamente hay ya un colectivo de viudos que también está desprotegido, con lo cual también es tema de debate y puede que se incluya en ese informe. Como digo, nuestra transacción in voce se refiere sobre todo a
que este informe llegue al Pacto de Toledo y sea ese el sitio donde se debata; que en el marco de esa reforma integral que hay que hacer de las pensiones de viudedad, ese concepto tan importante para muchísimas mujeres vaya al Pacto de Toledo.

Esta reforma vincula ese derecho de viudedad a que exista una pensión compensatoria, y esa ha sido la razón por la que muchas mujeres hoy se estén quedando a la edad de jubilación sin ningún dinero, sin ninguna pensión. Este tema al Partido Popular
no le parece de ninguna manera trivial; hay que hacer una reforma trascendental y con un enorme calado social y económico, porque, como digo, afecta a un colectivo cada día más amplio. Realmente no hay ningún motivo jurídico ni social que aconseje
la vinculación de la pensión compensatoria a la pensión de viudedad, incluso en este momento en Internet hay ya un gran debate, hay motones de colectivos de mujeres que se están uniendo, que se están federando y también hay montones de gabinetes de
abogados que están haciendo negocio con todo este tema, y mucho negocio. Hay una serie de blogs donde se anuncia, porque hay mucha jurisprudencia, hay muchas actuaciones de judicialización. Además, como con diferentes comunidades se está haciendo
de forma parcial, se están aprobando casos, no sabemos sin van en contra de la legislación nacional o no, hay incluso sentencias a favor de algunas de estas viudas. Hay un caso en Cataluña muy gracioso, donde la defensa se ha basado en el tiempo de
los verbos, en lugar de usar el gerundio, se ha usado el presente de subjetivo, pero la verdad es que hoy no viene al caso dar una clase de lengua española, aunque yo sea profesora de esa materia, es mi profesión. Lo que está claro es que este es
un informe que hay que hacer, es un informe que hay que tocar en su totalidad, pero no se puede desvincular del resto de las pensiones de viudedad.



El PP está muy preocupado por todo esto. Hay, insisto, muchas mujeres en esta situación, pero insistimos en que creemos que es en el marco del Pacto de Toledo y también con un marco temporal. Alguien ha dicho aquí hoy que va todo ahí, a
esa galaxia, a la globosfera. Por favor, que se concrete; vamos a tratar este tema que nos parece muy interesante. (La señora Muñoz Salvà pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, tiene usted la palabra.



La señora MUÑOZ SALVÀ: Simplemente decirle que comentaremos la enmienda con el Grupo Popular y que luego ya se la pasaremos a la mesa.



- PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MÉDICO DE FAMILIA COMO FIGURA PRINCIPAL EN LA DECISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BAJA LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de
expediente 161/000286.)


- PARA QUE, EN EL SENO DEL DIÁLOGO SOCIAL, REALICE UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL, A FIN DE AVANZAR EN SU PERFECCIONAMIENTO Y EN LA MEJORA DE LA
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS PARTES IMPLICADAS EN EL MISMO. PRESENTADA POR GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000850.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al 2º punto de orden del día, que lo vemos en 9º lugar, proposición no de ley para el reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de la baja laboral. Esta
proposición no de ley la vamos a agrupar con la número 12, que se plantea para que, en el seno del diálogo social, realice un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal,
etcétera. Por lo tanto veremos las dos juntas. En primer lugar, vemos la número 2. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario propone hoy en la Comisión de Trabajo que se vuelva a la senda de una mayor vinculación entre el sistema que podemos denominar de salud vinculada al trabajo y el sistema de salud general,
toda vez que desde los años noventa, de manera contradictoria, se está produciendo una segregación en el sistema sanitario. Digo de forma contradictoria, porque el sistema sanitario se ha descentralizado pero integrado en el Sistema Nacional de
Salud y, sin embargo, hemos asistido a la segregación de lo que podemos denominar el subsistema sanitario vinculado a la salud laboral.



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En definitiva, proponemos una mayor vinculación al sistema sanitario público de la incapacidad temporal, que en los últimos años ha estado presidida por el interés económico y no por el supremo interés de la salud de los ciudadanos y, en
nuestra opinión, así nos va en relación a la incapacidad temporal. No propongo el programa de máximos, que sería integrar definitivamente todo lo relativo a la Seguridad Social laboral en el Sistema Nacional de Salud, que sería lo lógico. Nos
conformamos en este momento con revertir una situación de segregación que no ha tenido buenos resultados. No ha tenido buenos resultados para la salud. Hay un subregistro de la enfermedad profesional en nuestro país muy grave, a tal punto que no
hoy no es fiable el registro de la enfermedad profesional en España, porque mientras la accidentalidad laboral se incrementa, la enfermedad profesional disminuye de manera vertiginosa. No es creíble, tiene más que ver con razones económicas de las
mutuas que con un registro real de la enfermedad profesional. Al mismo tiempo, se está produciendo, en nuestra opinión, un incremento del gasto injustificado e ineficiente por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la mutuas, que
es contradictorio con la voluntad inicial para realizar esa segregación a lo largo de los años noventa; incremento del gasto injustificado e ineficiente que seguramente hubiera sido mucho más eficaz en el conjunto del sistema sanitario público, que
en estos momentos está en manos de intermediarios externos, que son las mutuas, más interesadas, como he dicho antes, por los resultados económicos y por las empresas a las que representan que por el sistema de salud, y en concreto por la salud
laboral. En ese sentido, proponemos varias medidas. En primer lugar, una medida muy importante, que se estudien los resultados del actual sistema y se reconsidere el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de las mutuas en la
incapacidad temporal. Nos parece fundamental esa revisión; de alguna manera se ha venido planteando a lo largo de los últimos años, pero no se ha realizado esa revisión. Creemos que es urgente que se realice para ver cuáles son los resultados, en
nuestra opinión, mucho más escasos, mucho peores que los que se preveían.
En segundo lugar, en nuestra opinión, debe incrementarse el papel de la Inspección Médica como órgano independiente en el control y supervisión de esta prestación. En
nuestra opinión, es muy importante que la Inspección Médica, como órgano objetivo, no solamente tenga una mayor coordinación, sino que tenga un mayor papel. Y en tercer lugar, proponemos que en el Sistema Nacional de Salud la atención primaria y el
médico de familia tengan un papel importante en materia de salud laboral, que en buena parte les ha sido usurpado en los últimos años, en demérito o en detrimento de la salud de los trabajadores y no favoreciendo la salud de los ciudadanos, que
debería ser la principal prioridad.



En definitiva, se trata, como he dicho en un principio, y termino, de recuperar una mayor vinculación entre el subsistema, si se puede llamar así, de salud laboral y el sistema sanitario en general. El criterio de mi grupo sería, como lo es
en el sistema sanitario en general, revisar los criterios que han llevado a la privatización prácticamente generalizada del sistema de salud laboral, una privatización además doblemente interesada, interesada económicamente e interesada también por
que es un parte, la empresa, la que está en el control de la salud laboral, y no la empresa y los trabajadores, que sería algo mucho más equitativo.



Ese es el sentido de nuestra iniciativa, que consideramos muy importante y que tiene que ver, por una parte, con una preocupación generalizada en la sociedad española, y es la preocupación por la integralidad de la atención en materia de
salud, también de la salud laboral, y por otra parte, la preocupación por la gestión de los sistemas de salud, que en algunos casos, al socaire de nuevos modelos de gestión, demuestra más el interés en convertir el sistema de salud en un mercado que
no en mejorar la eficiencia del sistema de salud en general, y lo tenemos muy cerca, en la propia Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas. En ese sentido va la iniciativa política de nuestro grupo. Hemos visto que otros grupos
coinciden con esta iniciativa y que puede haber un acuerdo en la revisión del sistema y en vincular el sistema de la incapacidad temporal al sistema sanitario público en general.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra doña María Belén do Campo.



La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Casi mejor que intervenga la portavoz del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, si a usted no le importa, le damos la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para que defienda su iniciativa y luego ya discutimos las enmiendas de forma conjunta. Así que tiene la
palabra doña María José Sánchez Rubio.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Yo creo que no es necesario que me extienda demasiado para destacar la importancia que tiene el reconocimiento y buen funcionamiento de la prestación por incapacidad temporal, prestación que es sustitutiva de
rentas, como ustedes saben, de los trabajadores y trabajadoras durante la situación de baja médica por enfermedad o por accidente. Los adecuados mecanismos de control y la necesidad de coordinación entre las partes intervinientes son
imprescindibles, y así quedó claramente recogido en el Pacto de Toledo y se ha venido contemplando en reformas legislativas, introduciéndose importantes novedades en esta materia en la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, siempre
en el marco del diálogo social. Las modificaciones que se han ido introduciendo


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han servido para renovar ampliamente los instrumentos que permiten comprobar la veracidad de las situaciones de incapacidad temporal y se ha dado un importante papel a las entidades gestoras de la Seguridad Social, con la participación
igualmente de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, los servicios públicos de salud y las empresas colaboradoras.



Respecto a la iniciativa anteriormente expuesta, como se ha acumulado el debate de ambas, de la de Izquierda Unida y de la del Grupo Socialista, creo conveniente destacar que, en lo referente al papel del médico de familia, dichos
profesionales siguen siendo la figura principal en la decisión y seguimiento de las bajas laborales. En la reforma de la Seguridad Social únicamente se establece un procedimiento de control de la bajas de larga duración, las de más de un año, que
correspondería al INSS, debiendo ser revisadas para decidir sobre la prórroga de su situación, decisión que se pone en manos del equipo de valoración de incapacidades, que es el órgano colegiado que cuenta con miembros médicos inspectores de la
administración de la Seguridad Social y del propio servicio público de salud, así como con la importante participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.



Otro de los objetivos de dicha iniciativa parlamentaria es la realización de un estudio sobre los resultados del actual sistema, así como la reconsideración del papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de las mutuas. En este
sentido iba igualmente nuestra iniciativa, por eso yo creo que la enmienda que hemos presentado se transaccionará entre los grupos enmendantes. A este respecto es importante recordar que en el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social
suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales, ya se hablaba del análisis de la regulación jurídica de la prestación de incapacidad temporal y de todas sus modalidades de gestión, precisamente para evitar que se puedan producir situaciones
de desprotección de los trabajadores. Por eso es tan importante que se produzca ese estudio para valorar si se están cumpliendo los objetivos previstos. Los resultados de las nuevas medidas, a pesar de algunas dificultades que se han podido
observar, han traído consigo una indudable mejora en el sistema de control de las bajas laborales, que se puede reflejar tanto en términos de evolución del gasto como en otras iniciativas que se han llevado a cabo para la coordinación con las
comunidades autónomas mediante convenios suscritos de estas comunidades con los médicos de atención primaria para su formación y el seguimiento estadístico de la bajas laborales.



Tampoco creo que se pueda afirmar que las inspecciones médicas hayan perdido el control y supervisión de los procesos de incapacidad temporal, ya que siguen siendo agentes principales de control en colaboración con los médicos de familia,
que entendemos que hacen su trabajo de forma imparcial e independiente, como observadores y controladores de las bajas médicas expedidas. Es necesario, igualmente, señalar que en el INSS también existen inspectores médicos que pertenecen a la
escala de médicos inspectores del cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, que actúan coordinándose con la Inspección de Trabajo y con las inspecciones médicas de los servicios públicos de salud y los médicos de
familia. Por lo tanto, tenemos un sistema que está definido adecuadamente y tendremos que controlar que esa definición corresponda a la realidad de sus actuaciones. Se han puesto, por tanto, las bases para garantizar la eficacia de la cobertura de
la incapacidad temporal, aunque sigue siendo necesario, y en ese sentido va nuestra iniciativa, dar pasos adicionales sobre todo en materia de cooperación y coordinación entre las partes actuantes. Esta es la base de nuestra proposición no de ley,
que parte de la necesidad de realizar una evaluación de lo actuado en esta materia en los últimos años, que nos permita orientar la gestión en el futuro.



En este sentido, respecto de la enmienda que hemos presentado nosotros, el Grupo Socialista, a la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como de la enmienda que han
presentado el Grupo Izquierda Unida y el Partido Popular, hemos elaborado una enmienda transaccional que entendemos responderá a los objetivos previstos en ambas proposiciones no de ley.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente se entiende que tanto el señor Llamazares como usted han defendido su proposición no de ley y a la vez las enmiendas respectivas a las dos proposiciones no de ley. Por lo tanto, solamente queda la defensa
de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra doña María Belén do Campo.



La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas, que en realidad es una enmienda exactamente igual a las dos proposiciones no ley presentadas tanto por el Grupo Parlamentario
Socialista como por el Grupo de Izquierda Unida.



Señorías, este tema que debatimos y que se plantea hoy en esta Comisión para nosotros no es novedoso, ya que desde hace años ha sido una preocupación del Grupo Parlamentario Popular, tanto cuando gobernábamos como ahora desde la oposición.
Pero la realidad y las cifras nos indican que hay un incremento en los costes de la prestación por incapacidad laboral. Si tomamos las cifras de 2008 y el presupuesto para este año, 2009, vemos cómo hay un 5,55 por ciento de incremento en el gasto
de esta prestación. Podemos pensar, señorías, que estos incrementos anuales en el gasto de esta prestación se deben a deficiencias en la gestión o a un insuficiente control tanto en el ámbito laboral como sanitario, lo que conlleva a una inadecuada
administración de los recursos públicos. Por eso señorías, cree nuestro grupo que es


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necesario un mayor esfuerzo en el que se impliquen los diferentes agentes y las diferentes administraciones públicas responsables de la citada prestación.



Como se dice en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley de Izquierda Unida, que hace referencia a que ya desde mediados de los años noventa se había cambiado la normativa sobre la gestión de las ITE, también es verdad que
desde hace años se han hecho esfuerzos para controlar la incapacidad transitoria, como fue el famoso Plan de choque para el control de la prestación de la incapacidad temporal en el año 1997, dentro del marco de la lucha contra el fraude en las
prestaciones del sistema de la Seguridad Social; esfuerzos para lograr incrementar ese número de altas o de revisiones que se estaban efectuando. Pero es verdad, señorías, que al principio de la legislatura pasada el propio Gobierno reconoció ya
claramente ese crecimiento de gasto en incapacidad temporal, y que fue lo que motivó la creación de una subdirección general específica dentro de la estructura del Instituto Nacional de la Seguridad Social para hacer ese seguimiento de la
incapacidad temporal, así como para analizar la incapacidad temporal tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la gestión administrativa. Es verdad que han pasado cuatro años en los que se han creado órganos, es verdad
que la situación algo se ha reconducido, pero para todos -y aquí coincidimos en el posicionamiento- no es lo deseable. Por eso mi grupo parlamentario cree necesario que el Gobierno presente en esta Cámara, en el plazo de tres meses -y nos gustaría
que se hubiese marcado un plazo exacto, si hay voluntad política para ello- la valoración de los mecanismos introducidos tanto en la Ley 30/2005, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, como en la propia Ley de medidas en materia
de Seguridad Social para el control de la incapacidad temporal, así como una valoración de ese incremento de gasto, con el propósito de mejorar los instrumentos puestos al servicio de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de la mutuas de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como demás entidades colaboradoras.



Como saben SS.SS., la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2006 hizo una serie de modificaciones en el texto de la Ley de Seguridad Social relacionadas tanto con la incapacidad temporal como con la permanente, y de la misma manera un
año y medio después en la Ley de medidas en materia de Seguridad Social se volvieron a hacer otra vez cambios en esa cuestión; en poco tiempo se hicieron dos cambios. Y nosotros, el Grupo Popular, creemos que, hechas estas modificaciones, deben
ser evaluadas para ver si es suficiente con estas modificaciones o si, por el contrario, sería conveniente tomar otras medidas. El propio Grupo Socialista, en su exposición de motivos, así lo reconoce cuando dice que es necesario seguir dando pasos
adicionales en dicha dirección, en particular en el ámbito de la cooperación y de la coordinación entre las diferentes partes actuantes. Por lo tanto, de la misma manera creemos, señorías, que es necesario trasladar a la Comisión no permanente para
la valoración de las recomendaciones del Pacto de Toledo el contenido de dicho informe para que así, y de conformidad con la recomendación 8º del Pacto de Toledo, se siga avanzando en la adopción de medidas que permitan un mejor control de la
incapacidad temporal. No olvidemos, y quiero recordarlo, que es necesario impulsar esa recomendación 8º del Pacto de Toledo, donde se señala la necesidad de seguir avanzando en la adopción de medidas destinadas a mejorar el control de la prestación
de incapacidad temporal, al objeto de evitar esas prácticas abusivas, e instar a reforzar esas medidas de coordinación entre las entidades responsables del pago de la prestación y los servicios autonómicos de salud, que permitan ese mejor control de
la situación de incapacidad temporal. Por ello señorías, solicitamos el apoyo de nuestras enmiendas, aunque como ya lo hemos trasladado, estamos abiertos a hacer una redacción única con una enmienda transaccional con los grupos proponentes.



El señor PRESIDENTE: Entiendo que los grupos van a hacer ese intento y cuando lleguen al acuerdo lo pasarán a la Mesa. Por lo tanto damos por debatidos los puntos 2º y 12.º (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)


Imagino que será para fijar la posición de su grupo. Tiene usted la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Evidentemente, señor presidente. Este no es un tema ni mucho menos menor. Vamos a tener mucho interés en conocer el contenido de las transacciones que se puedan producir en relación a estas dos proposiciones
no de ley. Es evidente que estamos hablando de uno de los programas clásicos de cualquier Estado del bienestar, el de la protección ante el riesgo de enfermedad durante el trabajo, donde hay que ser capaces de equilibrar un buen desarrollo de este
programa en términos de sostenibilidad de nuestro modelo social, de evitar los posibles abusos que se producen y de garantizar la salud de los trabajadores y sus ingresos en los supuestos de enfermedad. Sabemos que la cuestión es compleja, pero nos
parece que las medidas que se han adoptado en los últimos años, dado que han transmitido racionalidad en la gestión de este programa, deben mantenerse. No tenemos la desconfianza que el portavoz de Izquierda Unida ha planteado en relación al
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo, entre otras cuestiones, porque hoy las mutuas de accidentes de trabajo a todos los efectos actúan como parte de la administración de la Seguridad Social. Hace años que las mutuas de accidentes
de trabajo han dejado ser organizaciones voluntarias de empresarios que gestionan conjuntamente los riesgos que tiene encomendados; son, de hecho, un brazo más de la Seguridad Social. Eso puede gustar más, puede gustar menos, pero es lo que hoy
configura en la práctica el funcionamiento


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de estas entidades. En todo caso, insisto, esperamos conocer el contenido de la transacción.



- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS ESPECIALMENTE AFECTADAS POR EL DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/000792.)


El señor PRESIDENTE: Retomamos el orden y pasamos al punto número 10, que coincide con la 10ª proposición. Por eso digo que después de tres horas y media hemos recuperado el orden. Esta es una proposición no de ley para la mejora de la
protección a las personas desocupadas. Y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Tampoco voy a proponer el programa máximo, sino el programa mínimo, que es lo que hecho antes con respecto la incapacidad temporal, en este caso con respecto a la protección al desempleo, que en nuestro país
resulta ser un tema prioritario, en nuestra opinión, en relación a las consecuencias de la crisis económica. Una crisis económica que ha tenido un impacto muy importante sobre la economía real en nuestro país, por las características del modelo
laboral, está teniendo un impacto desolador sobre el empleo, y en particular sobre el empleo precario, que es aproximadamente un 30 por ciento del empleo en España.



Además de las medidas que seguiremos discutiendo en relación a la reactivación económica o al cambio del modelo de desarrollo, nos parece urgente en estos momentos adoptar medidas de protección de los más débiles, de protección de los
desempleados. Algunas de ellas ya se han tomado, algunas de ellas, como la cobertura al desempleo, a lo largo de los últimos tiempos ha mejorado sustancialmente, lo que ocurre es hay un colectivo importante -discutimos su volumen, pero es un
colectivo importante- entre 750.000 y 900.000 trabajadores, que en estos momentos no tienen ningún tipo de protección en su situación de desempleo; es decir, que están entre el borde, digamos, de la integración y de la exclusión. Desde este
Parlamento deberíamos promover medidas que garanticen su integración por razones humanas y sociales, porque estos trabajadores deben tener una renta mínima que les permita sobrevivir, formarse y recolocarse en otros puestos de trabajo, y por razones
económicas también, señorías, porque esa demanda agregada que pueden suponer estos trabajadores en desempleo con cierta capacidad de compra, con cierta capacidad de supervivencia es muy importante para la reactivación económica. Por tanto, no
solamente por razones de justicia social, sino también por razones económicas, nos parece muy importante abordar la situación de aproximadamente un millón, discutible, de trabajadores y trabajadoras desempleados que carecen de medidas de protección,
que no están acogidos a la protección al desempleo, que no tienen subsidio, que no tiene salario de integración y, por tanto, que necesitan medidas adicionales.



En ese sentido, proponemos en primer lugar, y lo propondremos en una iniciativa posterior, reponer las prestaciones contributivas por desempleo consumidas en los expedientes de regulación de empleo. En segundo lugar, proponemos ampliar la
cobertura de la prestación asistencial por desempleo a desempleados que no tienen cobertura, es decir, que carecen de responsabilidad familiar y no son mayores de 45 años, y a aquellos que, no teniendo derecho a prestación contributiva, carecen de
responsabilidad familiar y no han cotizado un mínimo de seis meses, que son un volumen cada vez más importante a medida que se prolonga el período de la crisis y el período del desempleo. Por ultimo, proponemos dotar un fondo destinados a las
comunidades autónomas para respaldar, en el marco de sus competencias, la renta mínima de inserción.
Esas son las propuestas de mi grupo parlamentario. Todas ellas son iniciativas que pretenden mejorar la protección al desempleo por razones de
justicia social. En ese sentido, el Gobierno ha comprometido que nadie se quedará en la cuneta, que nadie se quedará sin protección. Pero, por otra parte, también por razones de racionalidad económica, para que también las posibilidades económicas
de este sector, que no es un sector menor, permitan la reactivación del conjunto de la economía.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.



La señora NAVARRO CRUZ: ¿Estamos en el debate del punto 10º?


El señor PRESIDENTE: Nosotros estábamos discutiendo ahora si se estaba hablando del punto 10º, del 11º o de los dos a la vez. En realidad, señor Llamazares, ha defendido usted la proposición no de ley que figura como punto 11º de orden del
día. Las dos son, efectivamente, sobre protección a las personas desocupadas.



El señor LLAMARES TRIGO: Sí, me he confundido.



El señor PRESIDENTE: No se preocupe usted, de todos modos no hay problema, señor Llamazares. Está defendido el número 11º y ahora tiene la palabra doña Begoña Chacón pare defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular al punto 11º del orden del día. Tiene la palabra, señora Chacón.



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La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Está de Dios que hoy el ritmo no lo cojamos, que al final no debatamos en orden las distintas iniciativas.



Es totalmente cierto que la crisis por la que atraviesa la economía española está teniendo efectos devastadores para el empleo. La brusca caída de actividad en nuestra economía, que ha llegado o la recesión según los propios datos del
Instituto Nacional de Estadística, está provocando un incremento del paro y una destrucción de empleo muy superior a la registrada en los países de nuestro entorno. La tasa de paro de la economía española alcanzó en el mes de febrero de este año el
14,8 por ciento, eso significa el doble de la media europea. Más claro: nueve de cada diez nuevos parados el pasado año en la zona euro fueron españoles. El número de hogares en los que todos sus miembros están en paro en de 827.000. El número
de parados alcanzó en febrero la cifra de más de 3.400.000 parados. Cada día de los 28 del pasado mes de febrero 5.000 trabajadores españoles han pasado a las listas del paro. Con su penosa política económica el Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero ha condenado al paro en el mes de febrero, un mes en el que generalmente disminuye el paro y que tan solo tiene 28 días, a 154.058 personas, lo que supone un incremento del 4,63 intermensual. En un año el paro se ha incrementado en más de
un millón de personas, 1.166.528 parados más, lo que supone ni más ni menos que un 50,38 por ciento más que en febrero del año anterior. Este incremento interanual no se ha dado nunca en la historia de España en términos relativos ni tampoco en
términos absolutos.



Señorías, la crisis del empleo es general en el sector de la industria, en el sector servicios o en el sector de la construcción. El paro en el sector servicios ya ha sobrepasado los 2 millones de parados, lo que supone el 57,5 por ciento
de todos los parados que hay en España. El número de solicitudes de prestaciones por desempleo se ha incrementado en más de un 42 por ciento y ha llegado hasta los 667.664. El gasto, por tanto, se sitúa en más de 2.500 millones de euros. Esta
evolución del gasto en prestaciones obligará al Gobierno a gastarse más de 13.000 millones de euros adicionales a los presupuestados para prestaciones en el ejercicio 2009. Al señor Rodríguez Zapatero y a su Gobierno se les ha llenado la boca de
falsas promesas referidas a gasto social, y lo que no dicen es que en España hay un 1.045.965 parados que no perciben ninguna prestación por desempleo, y además se trata de esconder a más de 250.000 no ocupados, que los han sacado de la lista de
parados por estar en período de formación. Esto, señorías, lo conozco bien, ya que el 60 por ciento de ellos están en mi comunidad autónoma, están en Andalucía. Si estos parados fueran reconocidos como tales, estaríamos hablando de casi 3.800.000
personas en paro en nuestro país a fecha 28 de febrero.



Si hablamos de afiliados a la Seguridad Social podemos afirmar que la destrucción de empleo es brutal. La afiliación media a la Seguridad Social descendió en el mes de febrero en casi 1.200.000 personas respecto a febrero de 2008. Nunca
antes en la historia de la Seguridad Social se había registrado un descenso interanual de la afiliación similar. En el pasado mes, 70.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social.
Desde que el Gobierno presentó los presupuestos para el
año 2009, hay 907.000 afiliados menos, y desde mayo de 2008 ya hay en España casi 1.300.000 afiliados menos a la Seguridad Social. En un año se han dado de baja 134.000 autónomos. En el mes de diciembre el ritmo de creación de empresas cae un 23,9
por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
En el mes de noviembre del pasado año se disolvieron 1.472 sociedades mercantiles. El ritmo de creación de empresas cae un 37,8 por ciento, y en cuanto a las empresas en suspensión de pagos hay
que decir que los procedimientos concursales han aumentado un 263,8 por ciento, lo que supone 667 empresas en suspensión de pagos.



Con este panorama, señorías, me atrevo a hacer las siguientes afirmaciones. A este ritmo vamos a llegar a los 4 millones de parados antes del verano. Estamos ante una crisis que se ha intensificado y que se ha generalizado. Afecta a todos
los sectores, a todas las comunidades autónomas y tanto a hombres como a mujeres. Pasan los meses y no se ven los resultados de las medidas que ha tomado el Gobierno. En un año la Seguridad Social ha perdido mas de un millón de afiliados. La
crisis se alarga y cada vez son más los parados que agotan su plazo de subvención por desempleo. Aumenta cada mes el número de familias en las que no trabaja ninguno de sus miembros. Todos estos datos son índices de malestar social.



El Gobierno no está tomando ninguna iniciativa para reformar el sistema de protección social y poder garantizar las pensiones. En España la crisis económica es más dañina que en los demás países desarrollados. El Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero es responsable, pero cuando mes a mes llegan las cifras del paro se esconde y nadie da la cara. El Gobierno ha perdido demasiado tiempo en cosas poco útiles y está gastando más dinero del que tiene, pero también,
desgraciadamente, del que no tiene. Y lo que es más grave, no se ven resultados. Y para colmo de males, sindicatos y patronal rompen el diálogo social con el Gobierno. No cabe, por tanto, que el Gobierno pueda presumir de la política llevada a
cabo en materia de empleo, y tampoco en materia económica. Es hora, por tanto, de que el señor Rodríguez Zapatero se plantee el cambio de los ministros de Trabajo y de Economía si no quiere conducir a este país al desastre.



El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Chacón, vaya terminando.



La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Acabo en un minuto, señor presidente, y gracias por su benevolencia.



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Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda, que no voy a leer porque ustedes ya la conocen, y si el grupo proponente asume esta enmienda de modificación, el voto de mi grupo sería favorable.



Acabo, señorías, y lo hago con una última cifra. Si esta intervención que acabo de hacer ha durado aproximadamente diez minutos, 30 españoles más han pasado a forma parte de las listas de paro. Es urgente que el Gobierno actúe de forma
inmediata ante esta situación dramática.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ¿admite usted la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?


El señor LLAMAZARES TRIGO: Vamos a ir a una transaccional, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Entonces, para fijar posición tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Yo creo que la iniciativa del señor Llamazares es oportuna. Es evidente que en estos momentos en la preocupación ciudadana se está planteando ya la ausencia de protección de muchas personas que van a ver
agotadas sus prestaciones de desempleo, las dificultades que las comunidades autónomas va a empezar a tener para poder complementar las rentas mínimas de inserción, para ampliar la cobertura de las rentas mínimas de inserción, y que el conjunto de
instrumentos de carácter asistencial que dependen del Gobierno del Estado seguramente no van a cubrir al conjunto de personas que estén en situación de desempleo. Por tanto, plantear una iniciativa que pretenda dar respuestas a la situación nos
parece opoturno.



Estamos a la espera del texto que transaccione Izquierda Unida con el Grupo Parlamentario Popular. Eso sí, mi grupo no lo ha formulado como enmienda, pero nos parece que cualquier ampliación de la protección social, de la incorporación a la
protección social fuera del ámbito contributivo debe ir acompañada claramente del esfuerzo por parte de la persona desempleada de participar en actividades de formación y de aceptar las posibilidades de recolocación que los servicios públicos de
empleo les ofrezcan. Hemos de reforzar claramente la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas, en la línea de facilitar que quien no tiene empleo vuelva a encontrar un puesto de trabajo. En todo caso, estoy seguro de que tendremos
ocasión de discutir de esta cuestión en los próximos meses, por desgracia.



El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Rafael Herrera.



El señor HERRERA GIL: Evidentemente, cuando el grupo proponente de esta proposición no de ley la inscribió en la Mesa del Congreso, compartíamos, seguro, la misma sensibilidad: la destrucción de empleo, el tema del caos social; al final,
tienes que proteger a aquellos más desfavorecidos. Y todos compartimos, tanto el Gobierno como los grupos, esa iniciativa.



Pero esta proposición no de ley tiene tres partes perfectamente diferenciadas. Una, reponer las prestaciones contributivas por desempleo que hubieran consumidos los trabajadores afectados en los expedientes de regulación de empleo. El 12
de febrero, cuando se registró, evidentemente no había salido el real decreto-ley de 6 de marzo, que lo aprobó el Gobierno el último viernes. Creo que no podemos instar lo ya hecho por el Gobierno, porque ese real decreto-ley vendrá a convalidarse
en el Pleno y después seguirá los derroteros que quiera seguir, a través de ley o simplemente del real decreto-ley. Pero eso ampara perfectamente o pone los contadores a cero en los expedientes de regulación de empleo.



Respecto al tercer punto, crear un fondo destinado a las comunidades autónomas y que estas en el marco de sus competencia puedan completar las rentas mínimas de inserción, estamos en un problema competencial, en cuanto que las rentas mínimas
de inserción entran dentro de la política asistencial, que ha sido trasferida a las comunidades autónomas; por lo tanto, son ellas la que podrán crear o no crear ese fondo en el marco de sus competencias.



Y la parte segunda de esa proposición no de ley, ampliar la cobertura de las prestaciones asistenciales por desempleo a los desempleados que carecen de responsabilidades familiares y no son mayores de 45 años, nosotros iríamos a un
transaccional, un texto con el que el Grupo Popular en ese punto estaría de acuerdo, y lo leo: Ante el agravamiento de la destrucción de empleo de menores de 45 años, la carencia de rentas y la situación de crisis nacional, estudiar en el marco del
diálogo social medidas que puedan abordar estas circunstancias. Yo creo que, por lo que he podido hablar con el resto de los grupos, en esa transaccional estaríamos todos de acuerdo y votaríamos todos a favor.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, entiendo que los grupos van a redactar una transaccional que aportarán a la Mesa.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, del punto número 2 que es el que queda vivo de la iniciativa.



- PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS DESOCUPADAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000704)


El señor PRESIDENTE: Ahora, como hemos saltado el punto 10º, volvemos sobre él, señor Llamazares, si le parece a usted oportuno.



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El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta vez no me voy a equivocar, seño presidente.



El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra para defender la proposición no de ley que figura como punto 10º del orden del día.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, existe un acuerdo prácticamente general en que con la intención de mantener el empleo se favorezca la regulación temporal en lugar de la extinción de contratos. En ese sentido proponemos en esta
proposición no de ley dos iniciativas. Primero, excluir el período de prestación por desempleo como período consumido cuando la situación se ha producido por un ERE temporal. Se propone en nuestra iniciativa situar el contador a cero y reponer
íntegramente las prestaciones contributivas por desempleo consumidas. Es verdad que el Gobierno, en el Real Decreto Ley 2/2009, ya establece la reposición de la prestación por desempleo y la cotización de la Seguridad Social de los trabajadores a
los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada laboral por un ERE y posteriormente se les extinga o suspenda el contrato. Pero el Gobierno pone el límite de un período máximo de reposición de la prestación por extinción
de 120 días, y el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto de que el trabajador haya agotado la prestación, de 90 días.



Por otra parte, proponemos en nuestra iniciativa un segundo punto que nos parece el más importante, al margen del real decreto del Gobierno, que es armonizar a efectos de tributación en el IRPF las indemnizaciones procedentes de despidos.
Se propone en concreto que esté exenta la parte de la indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores, esto es, 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.
Actualmente están exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores. Evidentemente, además de la cuantía obligatoria, según sea la causa del despido o
del cese, los trabajadores pueden recibir otras cuantías complementarias que, si superan los límites anteriores, están sujetas a tributación. Y se pueden generar situaciones claramente discriminatorias desde el punto de vista fiscal que, en nuestra
opinión, se solucionarían estableciendo la exención por despido colectivo o individual para cantidades que no superen, como he dicho antes, los 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.



Esa es la propuesta que hacemos al resto de los grupos parlamentarios y que parece que puede ser objeto también de transacción.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley tiene la palabra doña Carmen Navarro.



La señora NAVARRO CRUZ: Señorías, hoy estamos hablando de prestaciones por desempleo por la incapacidad del Gobierno para crear empleo. Hoy estamos hablando de expedientes de regulación de empleo por las políticas económicas actuales que
están asfixiando a las empresas. Hoy estamos hablando de empleo temporal porque no se han podido generar unas condiciones que posibiliten la creación de empleo estable y de calidad.



Hace unas semanas la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2008 arrojaba unos datos demoledores absolutamente. Según el Gobierno, España registró una tasa de paro del 13,91 por ciento, y Almería alcanzó una del 24,98 por ciento. Y
permítanme hablar de Almería por dos razones: una, porque soy diputada por Almería y la segunda, porque, como antes ha dicho mi compañera, en Andalucía sufrimos la mayor tasa de paro que hay en España, y concretamente en Almería la mayor de
Andalucía. Por tanto, me parecía oportuno decirlo.



También, según Eurostat, España tiene un 14,8 por ciento de desempleo y eso supone el doble de lo que tiene la medida del resto de la Comunidad Económica Europea. El mal comportamiento de los datos referentes al desempleo no se puede
desligar de los problemas que están sufriendo las empresas. Un total, durante 2008, de 6.225 ERE se plantearon y de ellos, la mitad, 3.028, tuvieron lugar durante los últimos tres meses de ese mismo año. Los trabajadores afectados por expedientes
autorizados son 147.476, y esta cifra supone además un incremento de 89.075 con respecto a los datos del año 2007. Del total de esos 147.476 trabajadores afectado por los ERE autorizados, más de 100.000 se produjeron entre octubre y diciembre de
2008.



La situación es dramática. Los datos oficiales que publica el Gobierno por medio del INE reflejan que esta situación, lejos de ir a menos, esta creciendo exponencialmente, y no hay más que ver este gráfico para darse cuenta que la situación
que se está planteando en este momento. Los trabajadores afectados por esos expedientes, como verán, van en aumento por momentos, como decíamos antes. Este gráfico es también una radiografía de la situación en la que se encuentran las empresas y
los trabajadores. Y estos datos aún no recogen que el número de demandantes de empleo ha crecido durantes los dos últimos meses en 430.272 personas, por más que el Gobierno se empeñe en disfrazar estas cifras y pretenda reducirlas a 352.896 parados
registrados. De los 4.666.866 demandantes de empleo, según el Gobierno 3.481.859 registrados, solo 2.435.894 reciben prestaciones por desempleo.



Por tanto, el Partido Popular, al apoyar esta iniciativa con su correspondiente enmienda, está adoptando medidas concretas para ayudar a los más de dos millones de parados o demandantes de empleo, como se les quiere llamar por parte del
Gobierno, que no están recibiendo en este momento ningún tipo de prestación o subsidio. Efectivamente, el señor Llamazares ha dicho que estábamos planteando una transaccional al primer punto; el


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segundo el Partido Popular lo considera totalmente aceptable.



El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero felicitar al señor Llamazares por la oportunidad de su iniciativa. Es una reivindicación vieja de nuestro grupo parlamentario la relativa a que en los ERE que provoquen ceses discontinuos de actividad, esos
ceses discontinuos o esas inactividades, esos períodos de inactividad, no vayan comiéndose la prestación de desempleo, por razones obvias de justicia social elemental. Yo no sé hasta qué punto se incorpora esta medida en el real decreto-ley que se
va a presentar. Se incorpora, pero con limitaciones relativas a 120 ó 90 días alternativamente, según las circunstancias. La limitación en todo caso la valoraremos, la glosaremos y nos posicionaremos sobre esa circunstancia en el real decreto-ley.
Pero bueno, esto ya forma parte del acerbo de lo poco que el Partido Socialista y el Gobierno del Estado español han podido consensuar con los interlocutores sociales. Y el volumen de ERE es el que ha comentado la portavoz del Partido Popular,
tiene una dimensión dramática y además la tendencia es a incrementarse, lo cual incorpora un elemento de dramatismo superior, lo que hace que medidas de esta naturaleza, correctoras de la limitación de derechos en relación a los ERE, particularmente
relativas a la prestación por desempleo, sean objeto de tratamiento singular. Desde esa perspectiva, los períodos discontinuos de inactividad provocados por ERE pactados entre empresa y trabajadores, y autorizados por la autoridad laboral, no es
razonable que vayan comiéndose, nunca mejor utilizada la expresión, la prestación de desempleo. Desde esa perspectiva, felicitamos al grupo de Izquierda Unida por la presentación de esta iniciativa.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a apoyar esta iniciativa de Izquierda Unida. Compartimos las dos medidas que se plantean. Una de ellas, la que afecta al período consumido de la prestación por desempleo en las situaciones de
suspensión temporal de empleo, en los ERE, vamos a tener oportunidad de discutirla a fondo si se tramita, como mi grupo espera, el real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado viernes. Y la segunda cuestión, la de considerar exentos a efectos
de tributación del IRPF las indemnizaciones en el marco de los ERE cuando no superen el límite establecido como despido improcedente por el Estatuto de los Trabajadores, ha sido una cuestión que hemos planteado en diversas ocasiones como enmiendas a
proyectos de ley que se han tramitado en esta Cámara. Hoy mismo, una enmienda que recoge esta reforma tributaria está viva en la tramitación de uno de los proyectos de ley que sigue su curso.
Hasta ahora no hemos conseguido una mayoría suficiente
para alcanzar esta reforma, y tampoco el Grupo Socialista hasta el momento ha tenido interés en alcanzar un acuerdo con Convergència i Unió sobre este aspecto concreto. Por otro lado, hemos coincidido tanto con los agentes sociales sindicales como
también con diversas organizaciones empresariales en la oportunidad de esta medida, que sería justa en términos tributarios para los trabajadores y que sería justa en términos de coste de despido para las empresas.



Yo espero que este mandato que se apruebe en esta Cámara se traduzca en una pronta reforma legislativa sobre el tratamiento del IRPF en relación a los despidos en el marco de los expedientes de regulación de empleo. En ese sentido, sin
ningún tipo de dudas, vamos a apoyar la proposición no de ley del señor Llamazares.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sahuquillo.



El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Se presenta una proposición no de ley instando al Gobierno de España a que se adopten medidas que otorguen mayor protección a la personas en situación de desempleo realizando para ello las modificaciones legales
para dos cuestiones concretas, incidiendo su argumento en los problemas que provocan los expedientes de regulación de empleo, los llamados ERE, aunque quiero resaltar que la mayor parte de la pérdida de empleo no proviene de los ERE, sino de la
extinción de los contratos temporales y de los despidos individuales.



Hay que señalar como premisa que el Gobierno de España lleva varios meses tomando medidas en el marco del diálogo social, cuyo objetivo es mantener el empleo existente, facilitar la recolocación de los desempleados y garantizar las
prestaciones por desempleo. Entre ellas, en primer lugar, se han presupuestado casi veinte mil millones de euros en los presupuestos generales de 2009 para prestaciones por desempleo. En segundo lugar, toda una serie de medidas incluidas en el
Plan E destinadas a aminorar posibles dificultades económicas de los desempleados y su pronta incorporación nuevamente al mercado laboral, tales como la bonificación de 1.500 euros para la contratación de desempleados con cargas familiares, la
elevación de la capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el trabajo autónomo, favorecer la empleabilidad de personas en paro a través del Plan de empleo 2009 en trabajos de utilidad social. Se está mejorando el Servicio
Público de Empleo, por ejemplo, incorporando a 1.415 nuevos profesionales; con una inversión de 33.000 millones de euros en obra pública, entre ellos los famosos 8.000 millones del Plan de Inversión Local; la puesta a disposición de las pymes de
29.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial y otras relacionadas con la ampliación del plazo para materializar las cuentas ahorro-vivienda; el anticipo de la deducción por vivienda habitual o la moratoria en el pago de
hipotecas.



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Además, el pasado viernes el Consejo de Ministros tomó otras medidas, algunas de ellas responden al punto primero de esta proposición no de ley que estamos analizando, enmarcadas en el Real Decreto 2/2009, de 6 de marzo, a que se refería el
señor Llamazares, de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, con el objeto de garantizar la continuidad del tejido productivo y el mantenimiento de los puestos de trabajo, adaptando,
entre otras, tres medidas referidas a los ERE. La primera de ellas, reposición del derecho a la prestación por desempleo, vinculada, como decía, al punto primero de esta proposición no de ley, pretende que el trabajador pueda recuperar la
prestación por desempleo que hubiera consumido durante la suspensión de su contrato de trabajo por un ERE en el caso de que, con posterioridad, se le extinga o se le suspenda nuevamente el contrato de trabajo. El período de prestación por desempleo
que el trabajador puede recuperar en caso de extinción será de 120 días, y en el caso de suspensión será de 90 días. En segundo lugar, la bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante los períodos de suspensión de
contratos de trabajo como consecuencia de ERE. Su finalidad no es otra que favorecer la regulación temporal del empleo en lugar de la extinción de los contratos de trabajo, estableciendo para ello una bonificación del 50 por ciento de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores afectados por el ERE, con un límite máximo de 240 días y con el compromiso del empresario de mantener durante un año, después de la suspensión, el empleo. Y en tercer
lugar, el estímulo de la actividad laboral y mejora de la protección de los trabajadores mayores afectados por un ERE y con convenio especial de la Seguridad Social, con el fin de que los trabajadores afectados por esos ERE puedan compatibilizar
esta situación con la realización de otras actividades que cotizan a la Seguridad Social, y que las cotizaciones que tendría que hacer el empresario durante el convenio especial que sean coincidentes con la nueva actividad laboral, se puedan aplicar
al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondería abonar al trabajador a partir de los 61 años.



En el punto 2º de la proposición no de ley mi grupo plantea una enmienda in voce tendente a estudiar, en un plazo breve de tiempo, el impacto que tendría para todos los agentes implicados la revisión del tratamiento fiscal de las
indemnizaciones provenientes de los despidos colectivos o individuales por causas objetivas, de forma que quedara exenta la parte de indemnización que no superara el límite establecido por el despido improcedente. Entendemos que hay que escuchar a
todos los agentes implicados, pues hay que tener en cuenta que la fiscalidad de los despidos puede producir efectos difíciles de medir. ¿Por qué digo difíciles de medir? En primer lugar, porque la mayor parte de las personas que salen del mercado
de trabajo tienen contratos temporales, y cuando se les extingue su contrato temporal, se les indemniza, en el mejor de los casos, con una media de 8 días de servicio por año trabajado. En segundo lugar, porque en los despidos individuales, al ser
pactados entre el trabajador y la empresa, la indemnización es también pactada por el trabajador, siendo la media de 30 días de servicio por año trabajado. En tercer lugar, porque los ERE, que son los más visibles, aunque, como ya he manifestado,
son la menor salida del mercado laboral, la indemnización media también es de 30 días. En cuarto lugar, porque en lo referente a las extinciones es el Fondo de Garantía Social quien abarca parte de las indemnizaciones. También tenemos que prever
que el incremento de la cuantía declarada exenta incidiría en los ingresos obtenidos a través del impuesto, algo que no podemos obviar en un momento económico como el actual, en el que gran número de empresas se están viendo obligadas a extinguir
relaciones laborales por causas técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador establecidas con carácter obligatorio, y reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, distingue y
diferencia dos grupos, como todos sabemos, el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o el despido improcedente. Por consiguiente, este segundo punto de la propuesta se alejaría de lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores, pues prevé la elevación de la cuantía exenta para el despido por causas llamadas objetivas, igualándola a lo establecido en los despidos improcedentes.



Por otra parte, hay que señalar que conforme se establece actualmente, la exención debe afectar únicamente a la indemnización y no a la retribución que excede de esa indemnización, debiendo tener en cuenta que la Ley del Impuesto de
Retención a las Personas Físicas prevé un tratamiento favorable, aplicable a dicha retribución vía reducción en un 40 por ciento de la cuantía gravada, siempre que el tiempo de servicios prestados por el trabajador en la empresa sea superior a dos
años.
Además, es frecuente que en los despidos colectivos a través de ERE en las grandes empresas, el pacto entre empresa y trabajadores sea en términos netos, después del pago de impuestos, por lo que quien se beneficia realmente de la exención es
la propia empresa, lo que supondría un abaratamiento del despido.



Es por todo lo expuesto por lo que entendemos que hay que hacer un estudio sobre impacto de la fiscalidad en los trabajadores por las indemnizaciones por despido. De ahí que nuestro grupo plantee esta enmienda transaccional en el punto 2º
del que estamos hablando.



El señor PRESIDENTE: Entiendo, por las distintas intervenciones, que han acordado una enmienda transaccional que me imagino que pasarán a la Mesa cuando la tengan ultimada.



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RELATIVA A LOS COEFICIENTES REDUCTORES EN EL SECTOR DEL GRANITO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000567.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente y último punto del orden del día, que es el 7.º Vamos a terminar con un número cabalístico. (El señor Hernando Fraile pide la palabra). Señor Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, es que no he estado al principio y dice usted que es la última proposición no de ley, y me parece que la 13º no ha sido debatida.



El señor PRESIDENTE: La 13º está retirada por el grupo que la propuso, que es el Grupo Socialista, a través de un escrito que presentó en la Mesa.



El señor HERNANDO FRAILE: Claro, no me extraña que después del recorte de 59 millones de euros, la hayan retirado.



El señor PRESIDENTE: Al inicio de esta sesión, en la que usted no estaba, se informó de la retirada de esta proposición.



El señor HERNANDO FRAILE: No me extraña que ni el propio Grupo Socialista apoye al Gobierno en esto.



El señor PRESIDENTE: Lo siento. Hay que estar un poquito más atento a las cuestiones.



Una señora DIPUTADA: Hay que trabajar más.



El señor MEMBRADO GINER: Venir a la hora.



El señor HERNANDO FRAILE: He estado trabajando. He visto que han presentado una enmienda, señor portavoz, que ustedes no quieren ni debatir.



El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio, por favor. Es muy tarde ya y todos estamos deseando finalizar esta Comisión que, como les decía, termina con el punto 7º del orden del día, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a los coeficientes reductores en el sector del granito. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Olalla Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, la alta tasas de casos de enfermedades motivadas por silicosis en trabajadores que desarrollan su actividad laboral en el sector del granito y la pizarra, extracción y transformación, ha obligado a
efectuar la correspondiente investigación que permite el conocimiento real de la situación. Los resultados de estos estudios han revelado que el nivel de penosidad e insalubridad de esta actividad profesional es prácticamente semejante al
registrado en las categorías de la minería exterior -cielo abierto- y las categorías de interior. Si embargo, y a pesar de esta constatación, la Seguridad Social aún no ha reconocido este índice de penosidad a efectos de aplicar los coeficientes
reductores de la jubilación.



En relación con esta cuestión, en octubre de 2005 se firmó un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Xunta de Galicia para la realización de un proyecto de estudio epidemiológico transversal en trabajadores de
canteras de Galicia, cuyo objetivo era determinar en los trabajadores de la industria del granito el grado de afección de enfermedades propias de la actividad, especialmente silicosis y sordera. En marzo de 2007, el Gobierno, en respuesta a esta
diputada, informaba que los datos ofrecidos por el estudio anterior al año 2005 y el avance de los resultados del estudio en realización en el presente ejercicio, ponían de manifiesto la incidencia de la silicosis en los trabajadores de las canteras
de rocas ornamentales en Galicia. Nos consta que posteriormente se han llevado a cabo otras actuaciones en la misma dirección que, como en el caso del último estudio del Instituto Nacional de la Silicosis, de Oviedo, es contundente en el
reconocimiento de la afectación que estos trabajadores tienen derivada de su actividad profesional. En la actualidad estos trabajadores tienen reconocidos unos coeficientes reductores que no le son aplicados por la Seguridad Social argumentando
dificultades de identificación de los trabajadores. Esta circunstancia obliga a los afectados a recurrir por vía judicial, lo que ha generado numerosas resoluciones judiciales para un gran número de empresas de Galicia dedicadas en su gran mayoría
a la extracción del granito y la transformación, en este último caso más de ciento cincuenta.
Lamentablemente, la Seguridad Social a día de hoy aún no ha resuelto la mayoría de las sentencias dictadas.



Según nuestra opinión, y a la vista de los informes existentes que acreditan la peligrosidad e insalubridad de estas actividades, es necesario equipararlas al nivel existente en la minería regulado por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de
diciembre. En consecuencia, sería necesario que el Gobierno realizase las reformas pertinentes para permitir que se reconozca a los trabajadores del sector del granito unos derechos laborales que les corresponden de manera innegable. En este
sentido, y teniendo en cuenta los diversos debates que sobre este mismo problemas ya se han producido, reconociendo además que el Gobierno en distintas ocasiones ha manifestado su disposición de abordar una solución al respecto, es por lo que ya
presentamos una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a revisar los actuales coeficientes reductores, de forma que se equiparen, como decimos anteriormente, a los asignados a las categorías de la minería exterior, a cielo abierto, y a
los de las categorías de interior; a incorporar asimismo al sistema de la Seguridad Social un código


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identificador, que parece ser que es lo que dificulta este reconocimiento, por lo que en otras ocasiones nos ha manifestado el Gobierno, y a extender el reconocimiento de la asignación de dichos coeficientes reductores a los trabajadores de
la industrias transformadoras.



En este sentido, hemos llegado a un acuerdo, entiendo, con los grupos que presentaron enmienda a nuestra proposición no de ley, que acabamos de hacer llegar a la Mesa, pero aprovechando lo último que acabo de comentar de extender el
reconocimiento de la asignación de dichos coeficientes reductores a los trabajadores de la industria transformadora del granito, nos gustaría matizar algo en relación con la enmienda transaccionada que, si llegamos a acuerdos con los grupos, se lo
haríamos llegar inmediatamente.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, hay dos enmiendas presentadas, una por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Socialista. Para la defender la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Castro.



La señora CASTRO DOMÍNGUEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto relativa a los coeficientes reductores en el sector del
granito.



Señorías, en la Comunidad Autónoma de Galicia existen diversas canteras de explotación a cielo abierto, donde la incidencia de la silicosis ha sido sometida a estudio en diversas ocasiones, poniéndose de manifiesto preocupantes datos con
respecto a la frecuencia con la que los trabajadores en estas canteras manifiestan una mayor disposición a contraer esta enfermedad. Existen ciertos grupos de riesgo con mayor disposición a contraer silicosis, que comprende generalmente cualquier
trabajo que implique la exposición al polvo de sílice, en particular los trabajadores de la minería que desarrollan sus actividades a cielo abierto, especialmente en las canteras de piedra y pizarra. Pero el sector de la transformación del granito
presenta características propias que hacen que la organización de la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud, sean distintas que las del sector de extracción.
Consideramos que la ecuación sector del granito, sin distinción entre
extracción y elaboración, igual a silicosis es grave para la industria del granito, sobre todo porque no hay evidencias médicas ni técnicas que puedan sostener tal relación. El objetivo principal es la separación de la extracción de la elaboración,
a los efectos de vigilancia de la salud, en concreto de la enfermedad profesional de la silicosis. Por ello, entender que la aplicación automática de criterios mineros a una actividad industrial resulta discutible. Se trata de dos realidades
productivas completamente diferentes, que el único elemento que mantienen en común es la materia prima, que es el granito.



En lo que respecta a los siguientes puntos, la extracción y transformación presentan grandes diferencias. Lugar de trabajo e instalaciones: en la industria extractiva se trabaja a cielo abierto, expuestos a factores meteorológicos
adversos. Puestos de trabajo peligrosos por diversas características: en los puestos de trabajo las tareas realizadas por los trabajadores son completamente diferentes; en canteras se extrae el material en bruto y en los talleres se elabora. Se
da la circunstancia de que en la industria elaboradora se produce un polivalencia de los trabajadores, de tal manera que no están durante toda la jornada realizando las mismas tareas, lo que hace que no estén ocho horas en un puesto potencialmente
peligroso. Equipos y maquinaria: la maquinaria necesaria para la extracción de bloque de granito no se asemeja a la utilizada para el corte y acabado del material. Y, dentro de las medidas preventivas, en la industria transformadora el uso de la
inyección de agua para minimizar el polvo generado está ampliamente extendido. El orden y la limpieza son fundamentales en una buena organización y se lleva a la práctica de manera rigurosa en numerosas empresas. En la medida de lo posible se
realiza el aislamiento de las tareas, así como una buena ventilación. Todo ello se traduce en una disminución de la concentración de polvo de sílice respirable y, por tanto, del riesgo de sufrir silicosis por parte de los trabajadores. El producto
final: el bloque en bruto en extracción y granito elaborado en transformación.



La autoridad competente en materia laboral en la mayor parte de las empresas transformadoras es la administración de Trabajo, no la de Minas, por lo que la propia Administración reconoce la existencia de dos realidades productivas diferentes
que suponen la exigencia y el control por parte de aquellas de medidas de organización de la prevención de riesgos laborales diferentes. Las empresas elaboradoras realizan periódicamente su evaluación de riesgos, tal y como marca la legislación
vigente, mostrando históricamente la mayor parte de los puestos de trabajo valores menores de polvo y sílice que en los trabajos extractivos. Del análisis de los resultados de las mediciones de polvo en la empresas se evidencia que existen pocos
puestos de trabajo que superen los valores límite ambientales de exposición diaria establecidos. En concreto, la mayoría de los puestos que superan valores límite ambientales de exposición diaria corresponden a trabajos artesanos y manuales, que no
son representativos de los puestos de trabajo del subsector de la transformación industrial del granito, sino que son propios del pequeño taller marmolista. Y por último, la vigilancia de la salud llevada a cabo anualmente por las empresas
transformadoras de granito, no revela ningún caso en el que trabajadores con vida laboral completa dedicada a trabajar en la industria transformadora hayan sido afectados por la enfermedad de la silicosis.



Por ese motivo, el texto que proponemos quedará redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a someter a revisión los coeficientes reductores asignados a las trabajadores en la minería a cielo abierto para
aplicar los mismos coeficientes


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existentes para la minería interior de cara a una potencial jubilación anticipada y extender al subsector de la transformación del mineral la asignación de estos mismos coeficientes reductores, añadiendo ahora mismo, in voce: 'siempre y
cuando existan datos contrastados que respalden esta equiparación'. Segundo, racionalizar los códigos de cotización de los trabajadores en la minería a cielo abierto para que, de cara a los informes de vida laboral, se identifique automáticamente
la actividad minera, de forma que en el cálculo de la edad de jubilación se tome en consideración únicamente el puesto de trabajo y no la actividad de la empresa. Tercero, reconocer la incapacidad total a los trabajadores en minería exterior que
padezcan silicosis y no tengan la posibilidad de acceder a otro puesto de trabajo en la misma empresa sin riesgo de exposición al polvo de sílice. Y por último, crear un fondo de indemnizaciones para garantizar la plena cobertura de la necesidades
de todos los trabajadores afectados por la silicosis y de sus familias.



Esto es lo que tengo que defender por parte del Grupo Parlamentario Popular, pero me imagino que al finalizar llegaremos a una enmienda transaccional que aprobaríamos por unanimidad.



El señor PRESIDENTE: Para la defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tabuyo.



El señor TABUYO ROMERO: Antes de nada, permítame que diga que pasan de las dos de la tarde y todavía el Grupo Popular no nos ha explicado por qué han retirado del orden del día las proposiciones no de ley de los autónomos y la del Puerto
del Rosario, en Canarias (Rumores.)


Dicho esto, el sector del granito en Galicia, y en concreto en la provincia de Pontevedra, es un sector económico importante, y especialmente significativo tanto a nivel de creación de tejido productivo como en lo referente a su aportación
al producto interior bruto del conjunto de la comunidad. Las actividades industriales derivadas de la extracción ya cuentan con un coeficiente reductor, pero la ampliación de estas condiciones a las industrias transformadoras son objeto de análisis
y observación para determinar el alcance y el desarrollo de las posibles afectaciones, sobre todo por silicosis y sordera, que inciden en los trabajadores, tal y como se puede derivar de los estudios puestos en marcha y de las diversas sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que reconocen la incidencia en la salud de los trabajadores en esta rama de actividad.



Compartimos la filosofía de esta iniciativa, pero es preciso completar el recorrido de todo este proceso para dar solución a los problemas que se plantean a nivel legal, y definir las modificaciones oportunas para que tal reconocimiento se
lleve a cabo. En relación con la revisión que se solicita para equiparar a los trabajadores del exterior y del interior, hay que tener en cuenta la escala con los epígrafes que están comprendidos en el real decreto, pero para poder realizar dicha
asignación es preciso hacerlo a través de un procedimiento administrativo, regulado en el artículo 2 del real decreto, que no podemos obviar, en el cual tiene especial relevancia la emisión de informes técnicos por los distintos organismos
administrativos, que son los que facilitan los elementos de juicio para delimitar a cada puesto de trabajo su correspondiente coeficiente reductor en función de los riesgos existentes.



La medida que se plantea en el punto 2º no está contemplada en la normativa actual y, por lo tanto, su aceptación tiene que ser objeto de una modificación. Además no parece lo más oportuno el reconocimiento automático de coeficientes
reductores a cualquier trabajador que desempeñe sus labores en empresas a las que por su código de cuenta de cotización se les pudiese reconocer los coeficientes reductores, ya que llevaría incluida la generalización de tal reconocimiento sin tener
en cuenta la participación o no en el desempeño de labores estrictamente mineras, como puede ser lo referido a oficinas, telefonista, limpieza, etcétera. En el punto 2 del real decreto se dice que la asignación de coeficiente reductores de la edad
de jubilación debe concretarse a las empresas individualmente consideradas, y no al sector, evaluándose las distintas circunstancias que concurren en cada puesto de trabajo, y siempre que el centro de trabajo haya adoptado la medidas preventivas de
seguridad que correspondan y evaluadas por los organismos públicos correspondientes.



En cuanto a extender este reconocimiento a los trabajadores de las industrias transformadoras del granito, es una situación que no está amparada dentro del ámbito de aplicación contenido en el artículo 1 del Real Decreto 3255/1983, por lo
tanto esta extensión tendría que realizarse mediante la modificación de la normativa vigente. Además, el texto refundido de la Ley de Seguridad Social de 2007, determina en su disposición adicional número 45, que el establecimiento de coeficientes
reductores de la edad de jubilación exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad en las condiciones de trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral, y solo procederá
cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo.



Algunas de las políticas que se plantean en esta proposición no de ley, como por ejemplo las políticas activas de empleo y formación, son políticas transferidas, por lo tanto, competencias de la comunidad autónoma, quedando simplemente en el
ámbito del Estado lo que son las actuaciones marco, como lo referido a los estímulos a la reconversión profesional.



En cuanto al reconocimiento de incapacidad total a los trabajadores afectados del primer grado se silicosis, hay que tener en cuenta que la protección de trabajadores expuestos a enfermedades profesionales, la disposición adicional 6º de la
Ley 40/2007, prevé la homogenización del nivel de protección dispensado a los trabajadores


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afectados por las mismas actividades profesionales en los diferentes regímenes de la Seguridad Social, y en ninguna actividad del primer grado se ha originado disminución en la capacidad para el trabajo que dé lugar a situación constitutiva
de incapacidad, por lo que es necesario que concurran otras circunstancias además de esa para que se le reconozca la incapacidad permanente total.



Desde el Grupo Socialista compartimos la preocupación por la mejora de las condiciones de los trabajadores que anima esta proposición no de ley, así como la apuesta por la prevención como herramienta fundamental para erradicar riesgos
potenciales que afectan a los trabajadores en áreas de actividades especialmente sensibles, y que pueden ver incrementados sus cifras de penosidad e insalubridad en su realidad profesional. Por ello planteamos a esta proposición no de ley una
enmienda que ya ha sido recogida dentro de la transacción a la que hemos llegado con el grupo proponente, y podemos felicitarnos de que la unanimidad en este caso sea el vehículo para llevar adelante esta iniciativa importante para el sector del
granito, con una especial incidencia en Galicia y en la provincia de Pontevedra. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: El señor ponente ha hecho una alusión directa a mi grupo parlamentario y, por el artículo 70, me gustaría pedir, por alusiones, un turno para decir al señor ponente que mi grupo sí ha explicado por qué retiraba sus
proposiciones no de ley y que el Grupo Socialista ha intentado evitar este debate ante el ridículo de presentar una proposición no de ley como esta después de haber producido un recorte de 59 millones de euros al Fondo para la integración de
inmigrantes.



El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, entiendo que no ha habido ninguna alusión ni a usted ni a su grupo merecedora de ser amparada por esos artículos, independientemente de que la Presidencia aclare que, efectivamente, una de las
proposiciones no de ley se explicó y la otra no. Dejémoslo así.



El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones de las proposiciones no de ley. La proposición no de ley número 1, que era del Grupo Parlamentario Popular, fue retirada. La numero 2 la vamos a votar de la misma manera que se debatió, es
decir junto con la número 12. En la número 2 se asumió por parte de los grupos una enmienda transaccional y, por lo tanto, sometemos a votación la transaccional resultante del debate de ambas proposiciones no de ley.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley 2 y 12 por unanimidad.



Sometemos a votación la proposición no de ley número 3, también afectada por una enmienda transaccional.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, le pediría que nos aclarara qué proposición no de ley votamos, porque han sido tantas...



El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, ya lo aclaramos también en el transcurso de la Comisión y expliqué a los portavoces que íbamos a seguir el orden de votación que figura en el orden del día, a fin de no introducir más factores.
Así que con el permiso de ustedes continuamos.



En la proposición no de ley número 3 votamos la transaccional aceptada.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos también la transaccional a la que se llegó en la proposición no de ley número 4.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley número 5, sin enmiendas.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la proposición no de ley número 6, que también está afectada por una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la numero 7 y votamos la transaccional de esta proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la proposición no de ley número 8, que era del Grupo Parlamentario Vasco, que ha admitido una enmienda del Grupo Popular. La sometemos a votación en esos términos.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra 18.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



La proposición no de ley número 9 fue retirada en el transcurso de los debates. Pasamos, por lo tanto, a votar la número 10, que está también afectada por una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley número 11 también afectada por una transaccional aceptada por todos los grupos.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La proposición no de ley número 12 ya se aprobó conjuntamente con la número 2.



La proposición no de ley número 13 fue retirada por el correspondiente escrito a la Mesa.



Sometemos a votación la proposición no de ley número 14, que esta afectada por una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley número 15 con su transaccional correspondiente.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.