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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 213, de 10/03/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 213
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 16 celebrada el martes 10 de marzo de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la necesidad de regular el marco de actuación de las empresas de reclamación de deudas y del cobro de impagados. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000389.)...
- Relativa a la financiación urgente y suficiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con cargo al Ministerio de Economía y Hacienda. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/000751.)... (Página 5)
Sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000664.)... (Página
7)
- Sobre acciones para la mejora del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000496.)...
- Comparecencia del señor presidente de la Asociación Española de la Banca (Martín Fernández) para evaluar la eficacia de las medidas tomadas para el aumento de la liquidez. A propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda. (Número de
expediente 219/000160.) y a petición del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 219/000134.)... (Página )
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE REGULAR EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE RECLAMACIÓN DE DEUDAS Y DEL COBRO DE IMPAGADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000389.)
El señor PRESIDENTE: Hay un pequeño cambio en el orden de debate de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. En cuanto a la primera, relativa a la necesidad de regular el marco de actuación de las empresas de
reclamación de deudas y cobro de impagados, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán, nos piden que la pasemos al último punto de la reunión. En su lugar pondríamos, en primer término, el debate sobre la proposición no de ley relativa a la
financiación urgente y suficiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. (El señor Sánchez i Llibre: ¿Puede discutirse la primera ahora?) El ponente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos dice que puede someterse a debate
esta primera proposición no de ley, relativa a la necesidad de regular el marco de actuación de las empresas de reclamación de deudas y del cobro de impagados.
Antes de que intervenga el señor Sánchez i Llibre, quiero anunciar que la hora estimada de votación será a las doce menos diez. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Perdón por las molestias que pueda haber ocasionado por este cambio provisional del orden del día, pero si puedo debatir ahora esta iniciativa se lo agradecería, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley, relativa a la necesidad de crear un marco de regulación de las actividades de reclamación de deudas y de cobro de impagados, ya que en España no existe una regulación de
la actividad de reclamación de deudas y de cobros de impagados. Es cierto que en la mayoría de Estados de la Unión Europea existe una regulación específica, así como también en parte de los países de Sudamérica. No es menos cierto que diversas
empresas de este sector se han dotado de un código ético de forma voluntaria ante la necesidad de suplir la falta de una regulación expresa. Para dar datos significativos, los miembros de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobros,
Angeco, disponen de un código ético con los siguientes puntos. En primer lugar, se da una garantía a los clientes sobre la liquidación de las cantidades cobradas en los plazos establecidos; la moralidad de sus colaboradores; la confidencialidad
de las informaciones recibidas; la aplicación de las tarifas convenidas y la rendición regular de las cuentas respecto a la ejecución del mandato recibido. Al mismo tiempo, se establece un código deontológico sobre las obligaciones de los
deudores, en el cual se contienen los siguientes principios: no reclamar más que el importe de las sumas contractuales y legalmente debidas; identificarse claramente, sin ambigüedad, sin disimulos y sin atribuirse otra personalidad o
representación; respetar las personas y su vida privada, etcétera. Es una realidad en nuestro país, España, que existen otras agencias de recobro en pleno siglo XXI que todavía utilizan unos métodos más que primitivos a la hora de perseguir a los
morosos recalcitrantes. Por una parte, hay agencias que envían detrás del deudor a un cobrador disfrazado y, por otra, hay compañías de cobro de morosos que utilizan métodos expeditivos para obligar a sus deudores a pagar. Uno de los sistemas de
cobro
el que utiliza cobradores disfrazados- se basa en la humillación pública del deudor, seguirlo donde sea y recordarle insistentemente que debe dinero a un determinado acreedor. Los cobradores disfrazados persiguen al presunto moroso por las
calles, al trabajo, a su casa, al club deportivo, etcétera. Otro de los sistemas empleados por agencias que emplean métodos resolutivos lo constituyen las prácticas de presión que son realmente violentas. Además de seguimientos y visitas en el
domicilio de los deudores, también realizan pressing para alcanzar lo que se llama voluntad de pago. En el resto de los países europeos está absolutamente prohibida la utilización de cobradores disfrazados, ya que se considera una vulneración a los
derechos de imagen e intimidad de los ciudadanos y, además, hay leyes que prohíben el acoso y humillación a los morosos.
Asimismo, están prohibidas todas las prácticas que supongan un acoso o persecución de los deudores. La Administración de
Justicia española ha tenido que manifestarse en diversas ocasiones respecto a las actividades de recobro. Hay una sentencia de la Sección civil del Tribunal Supremo, del 2 de abril de 2001, que pone de manifiesto lo siguiente: Por explicables que
resulten conductas similares, ante la lentitud y carestía de la justicia, que obligan a los poderes públicos a repensar sobre la proliferación de estos instrumentos coactivos y la necesidad de establecer remedios, no cabe desconocer el componente
coercitivo de las mismas. Es decir, se está exigiendo a los legisladores que adopten medidas para evitar estas situaciones.
Por todo ello, señorías, señor presidente, señoras y señores diputados, desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario es necesario adoptar un marco jurídico de actuación de las empresas de recuperación de deudas y de cobros de créditos
impagados, ya que esta regulación debe ser adoptada en colaboración con las asociaciones sectoriales, tomando en consideración el contenido de los códigos éticos de buen cumplimiento y adoptados voluntariamente por las empresas del sector. Por otro
lado, entendemos que se debe reforzar y asegurar la debida protección de los ciudadanos frente a aquellas actuaciones que atenten contra la dignidad de las personas o invadan su intimidad con ocasión de la reclamación de las deudas impagadas.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió han presentado enmiendas los grupos de Esquerra Republicana y del Grupo Socialista, que vamos a analizar, aprovechando la posición de los demás grupos
parlamentarios, para tomar una decisión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de Esquerra Republicana a esta proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Intervendré muy brevemente, porque ya anticipo que nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a esta iniciativa independientemente de que esta enmienda sea aceptada o no. De hecho, la enmienda plantea un cambio no
sé si técnico, quizás sustantivo. Propone que la resultante del mandato parlamentario no sea excluyente de otro tipo de agentes o de empresas que actúan en el ámbito de la gestión de cobros. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que
profesionales como abogados o gestores administrativos puedan formar parte del ámbito subjetivo de aplicación de la ley. La enmienda es muy simple. Propone que, en la parte dispositiva de la proposición no de ley, donde hace referencia a un marco
jurídico de actuación de las empresas de recuperación de deudas, haga referencia a un marco jurídico de actuación de la actividad, con un término más amplio, más extenso y mucho más genérico, que podría ser omnicomprensivo de toda la actividad que
incide en la gestión de cobros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Legaz Ponce.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Avanzo que el Grupo Parlamentario Popular va a respaldar la proposición no de ley de Convergència i Unió, aunque es necesario matizar los términos en los que se plantea. Es cierto que España es el único país de
la Unión Europea que no tiene regulada la actividad del recobro extrajudicial de deudas, pero esto no significa que sea conveniente desarrollar modelos similares a los que se han implantado en otros países europeos, en particular en Alemania. Que
otros países regulen intensamente ciertas actividades de tipo jurídico o empresarial no debe llevarnos a imitar esos modelos, que en muchos casos limitan gravemente la libre prestación de servicios jurídicos y empresariales. Lo cierto es que hay
muchos profesionales competentes, de hecho la inmensa mayoría, que ejercen la actividad de recobro de créditos impagados cumpliendo rigurosa y estrictamente la ley y que no deben ser penalizados como consecuencia de la implantación de una normativa
que limite su actividad. Desde el punto de vista de la actividad económica, hay que tener mucho cuidado con la implantación de normas que acaban convirtiéndose en corsés para el desarrollo de la actividad profesional.
Lo cierto también...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor García-Legaz. Si son tan amables, ¿podrían bajar un poco el volumen de las conversaciones? Pueden seguir hablando, pero en un volumen un poco más bajo para que podamos escuchar.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Hay otros profesionales, entre comillas, que no desarrollan esta actividad con arreglo a parámetros razonables y que incluso traspasan la línea de la ley y la violan con prácticas absolutamente inaceptables. En
opinión del Grupo Parlamentario Popular, se trata de mejorar el funcionamiento de la justicia, para que aquellos que violan la ley o que incurren en prácticas inaceptables sean penalizados
y, por tanto, que no haya espacios de impunidad en la actividad del recobro de créditos impagados por vía extrajudicial. La coacción debe estar limitada al Estado y sujeta a la ley. Cualquier profesional que quiera ejercer la actividad
debe poder ejercerla como hasta ahora, sin necesidad de que se apruebe un marco jurídico nuevo que lleve a la implantación de autorizaciones administrativas o licencias previas, que son modelos de otra época, de otros tiempos. En particular,
nuestro apoyo a la proposición no de ley redactada en los términos actuales estará condicionado a que la normativa que se pretende implantar esté orientada a la prevención de abusos y a la eliminación de espacios de impunidad. La vinculación de esa
nueva normativa con los códigos éticos no nos acaba de convencer. La confianza en los códigos éticos voluntarios debe ser la justa. Nuestra confianza al final reside en la ley, una ley que penalice a aquellos que la violan, a aquellos que recurren
a prácticas inaceptables como la intimidación, la violación del derecho al honor y al buen nombre o a aquellos que incurren directamente en comportamientos mafiosos. Por tanto, proponemos la modificación de la normativa civil y penal, para que
quienes se vean sometidos a este tipo de prácticas intimidatorias de violación del derecho al honor y al buen nombre o a la intimidación como consecuencia de prácticas mafiosas puedan ser amparados rápida y eficazmente por la justicia y vean
protegidos sus derechos.
El señor PRESIDENTE: Antes de la intervención del último grupo, que sería el Grupo Socialista, ¿algún otro grupo presente quiere hacer uso de la palabra?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y también la enmienda in voce de adición del Grupo Parlamentario Socialista, que propone añadir un punto al
número 3. Si es tan amable, quizás lo podría leer para que todos estuviéramos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Justamente pensaba darle la palabra, pero está muy bien que se adelante. Así agiliza los trabajos de la Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Después leeré la transaccional.
Hablar de morosidad en estos días es cuando menos importante. La situación que está atravesando la economía real provoca una disminución importante de la liquidez debido a varios motivos: por un lado, la disminución de la demanda por parte
de los ciudadanos y, por otro, las mayores exigencias del sistema financiero para dar crédito a las empresas. Este segundo motivo es más acusado debido quizás a una falta de confianza del sistema financiero español, a pesar de todas las medidas de
apoyo que ha aprobado este Gobierno. Estas circunstancias están provocando un aumento de la morosidad que, de acuerdo con la evolución del índice de precios, puede llegar al 8 por ciento a final de año. Por eso muchas empresas que ahora tienen
dificultades para acceder al crédito alargan sus plazos de pago hasta límites que otras empresas no pueden soportar. Me gustaría destacar el caso de las grandes empresas que subcontratan con otras de menor negocio y que alargan sus pagos hasta
dejar a éstas en unas condiciones muy críticas, muy delicadas. El Gobierno es consciente de esto. La lucha contra la morosidad no es nueva para él. De hecho, el primer año de la legislatura pasada se publicó la ley que estableció las medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2035. Quizás esta directiva se traspuso un poco tarde, pero, como sabemos, en el periodo 2000-2004 no gobernaba el Partido Socialista.
Esta ley nació, como muchas empresas, al objeto de combatir la morosidad en el pago de las deudas y el abuso en la fijación del plazo por parte del acreedor. Sin embargo, a pesar de llevar ya cuatro años desde que esta ley se publicó, son pocas las
empresas que recurren a ella. Quizás las causas sean un desconocimiento por parte de las pymes del contenido de la legislación o el miedo, por la falta de educación empresarial, a perder clientes a favor de proveedores más permisivos. Creemos que
es importante, en primer lugar, hacer campañas de información a las pymes sobre las posibilidades que ofrece la ley, porque no solo se pueden cobrar intereses de demora o indemnización por costes, sino que, de acuerdo con la Ley del IVA, pueden
recuperar el correspondiente IVA de las facturas impagadas, sin tener que entrar en otras modificación normativas que podrían llegar a ser peligrosas para el buen funcionamiento de este impuesto.
En segundo lugar, tal y como propone CIU, hay que legislar el funcionamiento de las empresas dedicadas al recobro. En España se recurre poco a estas empresas, solo el 8 por ciento de las empresas recurren a la externalización del cobro.
Existen en España, como se ha dicho aquí, varios tipos de empresas dedicadas al recobro, algunas solo lo hacen por teléfono para ponerse pesados con el deudor, recordándole continuamente su deuda; otras, lo hacen de forma extrajudicial y amistosa;
otras, realizan el trámite inicial cuando lo anterior no ha dado fruto y aquí se engloban sobre todo los despachos de abogados, que cuentan con una buena formación profesional para ello. Pero no siempre estas empresas que se dedican al cobro de
deudas utilizan métodos muy ortodoxos. Como se ha dicho aquí, existen empresas que usan disfraces para llamar la atención de las personas que rodean al deudor y a su familia, atentando de esta forma contra el honor, la intimidad personal y familiar
del deudor, contra la dignidad del empleado que tiene que realizar estas prácticas.
Pues bien, estas prácticas están totalmente prohibidas en otros países de la Unión Europea y en España, a pesar de que están prohibidas
por la Constitución, deben ser debidamente reguladas. Hay que regular las obligaciones y las atribuciones específicas del sector, pero, además, -en este sentido va la transaccional que propongo-, hay que regular procedimientos que permitan
al ciudadano ejercer con prontitud una defensa efectiva de sus intereses al amparo del Estado. Por tanto, apoyaremos la propuesta de CIU para crear el marco jurídico de actuación de estas empresas o de esta actividad e instaremos al Gobierno para
que desarrolle la normativa necesaria para que los plazos de resolución de reclamaciones se acorten, de tal forma que no disuadan a los acreedores de utilizar los beneficios que la Ley contra la morosidad les ofrece. Si quieren, les leo la
propuesta. Diría: Regular procedimientos que permitan al ciudadano ejercer con prontitud una defensa efectiva de sus intereses, de tal forma que los plazos en la resolución de reclamaciones se acorte y no disuadan a los acreedores de utilizar los
beneficios que la Ley contra la morosidad les ofrece.
El señor PRESIDENTE: Cuando pueda nos pasa el texto, para poderlo reproducir antes de la votación.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN URGENTE Y SUFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) CON CARGO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/000751.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la financiación urgente y suficiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con cargo al Ministerio de Economía y Hacienda.
Por el grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para pedirles el voto favorable a esta proposición no de ley, en la que solicitamos se celebre un convenio a tres bandas entre
Administración central, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, que reconozca la situación económica de este último en el marco de una carta económica especial y se habilite un fondo suficiente para que el Ayuntamiento de
Jerez pueda prestar los servicios municipales adecuadamente.
Permítanme que con brevedad les describa cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Jerez y el fundamento de nuestra petición. Jerez cuenta en la actualidad con 205.000 habitantes y se asienta sobre un término municipal que abarca
1.186 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en cuanto al número de habitantes, la número 26 de España, la sexta en superficie en España y la segunda en Andalucía. Sin embargo, no recibe ni de la
Administración General del Estado ni de la Junta de Andalucía una financiación suficiente para poder atender adecuadamente los servicios que viene prestando. El presupuesto del Ayuntamiento de Jerez asciende en la actualidad a 264 millones de euros
y el presupuesto consolidado con las empresas municipales asciende a 368 millones de euros. La situación económica de la ciudad es preocupante, es la ciudad con más paro de la provincia de Cádiz, actualmente hay 26.500 parados. Desde la
presentación de esta iniciativa, fechada en el mes de julio, al día de hoy el número de parados ha subido en 6.500. Tengo que decirles que en los últimos cuatro años desde que gobierna el Partido Socialista en la ciudad de Jerez, el paro ha subido
en más de un 72 por ciento. En los últimos años han cerrado multitud de empresas que existían en la ciudad, empresas importantes, como la fábrica azucarera, parte de fábricas del sector del vidrio e industrias del sector lácteo. El sector agrario
con la reforma de la OCM del algodón y del azúcar ha hecho prácticamente desaparecer estos cultivos que absorbían mucha mano de obra. En el mes de enero han cerrado 199 pequeñas y medianas empresas en la ciudad, según ha publicado la Asociación de
Autónomos, y 300 están en la cuerda floja, según manifestaciones de su presidente. También tendría que referirme al sector del vino, que está en un proceso de reconversión y no pasa actualmente por su mejor momento.
Como les decía al principio de mi intervención, Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en número de habitantes, pero ocupa el décimo lugar en cuanto a presencia de las administraciones estatal y autonómica, lo que repercute sin duda en su
economía y, para colmo, la propia Junta de Andalucía está desmantelando en la actualidad otro de los organismos que estaba instalado en la ciudad, como es la Dirección General de la Cuenca Atlántica. Al final la situación económica de la ciudad
repercute en la economía de su ayuntamiento, que tiene que prestar unos servicios públicos con escasos recursos y que tiene que prestarlos no solo en el núcleo urbano, sino también en las zonas rurales. Esta es la principal justificación para
solicitar la financiación adicional para el Ayuntamiento de Jerez.
Jerez cuenta con siete entidades locales autónomas y quince barriadas rurales, distantes a muchos kilómetros del núcleo urbano, alguna de ellas a más de 30 kilómetros, donde viven alrededor de 30.000 jerezanos. Una reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce a las pedanías el derecho a convertirse en entidades locales autónomas, lo que les llevará a un proceso de transferencias de competencias con la consiguiente financiación. Por tanto, el costo de
los servicios públicos se encarece de forma importante, si no se quiere que exista una discriminación entre los servicios que se prestan en la zona urbana y en la zona rural. Hay entidades locales, como La Barca de la Florida, cuyo ayuntamiento se
ha visto sin suministro de luz y teléfono por la falta de fondos. La propia alcaldesa de
la ciudad, en un foro de alcaldes, llegó a manifestar que Jerez es un municipio -leo textualmente- de gran extensión, con múltiples pedanías a las que resulta difícil y caro dotar de los servicios desde el ayuntamiento, y reclama ese
tratamiento especial. La propia alcaldesa socialista viene reclamando esta financiación especial. Nuestra proposición no de ley se hace eco de las manifestaciones de la propia alcaldesa de la ciudad, por lo que no me cabe duda de que el Grupo
Socialista estará de acuerdo con su compañera de partido y atenderá sus peticiones. Por el contrario, no aprobar esta proposición no de ley solo puede tener una lectura y es que no les importa Jerez y que le restan la más mínima atención a su
compañera de partido y quieren que fracase su gestión, tal como viene ocurriendo hasta ahora.
Deben conocer SS.SS. que el ayuntamiento está sometido a un plan de saneamiento y, pese a ello, la deuda municipal no para de subir, la deuda con las empresas que gestionan los servicios -recogida de basuras, autobuses, limpieza de parques
y jardines, etcétera-. Ayer mismo se publicaba que los trabajadores de la empresa de asistencia a domicilio irán a la huelga porque llevan cuatro meses sin cobrar. Por último, tengo que decirles que el déficit municipal consolidado, es decir,
ayuntamiento, empresas y organismos municipales, ascendió en el último año a 57 millones de euros. Al final, quien paga esta mala gestión no es más que el jerezano, que ve cómo se incrementan los impuestos -en los últimos cuatro años ha subido el
IBI el 22,17 por ciento, la apertura de locales el 21,96, la recogida de basuras un 17,22 y el agua un 19,31 por ciento-; cómo sube el valor catastral de su vivienda o cómo se crean nuevos impuestos, como el impuesto de construcción, instalaciones
y obras, que en Jerez no se venía aplicando hasta que el Partido Socialista llegó al gobierno de la ciudad. Jerez atraviesa verdaderos problemas sociales, agravados en los últimos meses por la situación económica de su ayuntamiento, cada día con
mayor deuda y con un déficit público insostenible. Dadas las circunstancias que rodean a la ciudad: dispersión de su población, dificultad y coste que supone tener que prestar unos servicios en quince barriadas rurales y en siete entidades
locales, los jerezanos tienen derecho a una financiación especial que haga posible que estos servicios puedan prestarse con la calidad que se merecen. Por ello solicitamos el voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez por el Grupo Socialista.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: En la pasada legislatura el Gobierno socialista hizo un esfuerzo de mejora de la financiación de los municipios incrementando en un 34 por ciento las dotaciones al respecto, compensando a los ayuntamientos por la
supresión del IAE, creando el Fondo de Solidaridad Municipal para garantizar una financiación mínima a los municipios con menos de 20.000 habitantes. En el año que acabamos de cumplir en esta segunda legislatura el Gobierno ha dado muestra de sobra
de su apoyo a los municipios, a todos los municipios de nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión una proposición no de ley que solicita de forma urgente la adopción de las siguientes medidas.
En primer lugar, establecer un convenio de colaboración entre tres administraciones que
contemple la situación económica del municipio de Jerez y las obligaciones de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce a las pedanías el derecho a convertirse en entidades locales autónomas. A este primer punto
tenemos que matizar que la sentencia dice que el decreto de la Junta de Andalucía, que establecía cómo se pasa de pedanía a ELA, no es válido.
Por tanto, hay que elaborar otro decreto, y en eso se está trabajando.
Claro que se va a cumplir la
sentencia del TSJ, pero no se adelanten a los procedimientos. En todo caso, ese tema hay que debatirlo y presentarlo en el Parlamento de Andalucía.
El segundo punto solicita fondos suficientes para que el Ayuntamiento de Jerez pueda prestar los servicios municipales adecuadamente. Creo sinceramente que hoy debe ser un gran día. El Partido Popular está preocupado por la financiación de
los ayuntamientos. Si tanto le preocupa la financiación de los ayuntamientos, ¿por qué el Gobierno del Partido Popular redujo drásticamente los ingresos de los ayuntamientos mediante la supresión unilateral del IAE en el año 2002? Tengo que
recordar que fue el Gobierno socialista quien compensó a los ayuntamientos por la pérdida sufrida por este concepto y la compensación fue de 703 millones de euros. Ante la mala situación financiera de los ayuntamientos, -de todos los ayuntamientos,
no solo del de Jerez-, el Gobierno de Zapatero aprobó, en el año 2006, los anticipos a cuenta de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado. La medida sirvió para dar respiro económico a los gobiernos locales. Este año, a
través de los Presupuestos Generales del Estado, las entidades locales dispondrán de más de 17.000 millones de euros, 1.020 millones de euros más que en el año 2008, tanto por la liquidación correspondiente a los años anteriores como por la entrega
a cuenta de 2009. Si al Partido Popular le preocupa tanto la situación económica de los ayuntamientos, ¿por qué no ha tenido la valentía, el coraje, de votar sí a los 8.000 millones de euros que ha inyectado el Gobierno de la nación a los
ayuntamientos para hacer obra pública, para dinamizar la economía y para crear empleo? ¿Por qué se ha abstenido de votar esta buena medida para las ciudades y pueblos de España? Sí; sin duda hoy debe ser un gran día, porque el Partido Popular
está preocupado por la situación económica del Ayuntamiento de Jerez. Si tan clara ve S.S. la necesidad de fondos para Jerez, ¿por qué no ha apoyado los 36 millones de euros que ha destinado el Gobierno a Jerez por el Fondo Estatal de Inversión?
De los más de 200.000 jerezanos, solo tres pudieron votar esa medida: dos se abstuvieron -el señor Arias Cañete y don Aurelio Romero- y una jerezana votó
que sí, esta que les habla. Tampoco el Grupo Parlamentario Popular ha apoyado el Fondo llamado Proteja que la Junta de Andalucía ha destinado a Jerez y al resto de municipios andaluces. No se puede hacer política desde la hipocresía y
desde la demagogia, sino desde los hechos. Por cierto, usted le diría a la prensa que presentaba esta iniciativa en el mes de junio, pero en la Cámara ha entrado el 28 de diciembre de 2008. No había entonces 20.000 parados en Jerez, quizá puso el
dato del mes de junio.
Voy a seguir recordando. Cuando el Partido Popular gobernaba en Madrid y en Jerez no fueron siquiera capaces de hacer un convenio para saldar la deuda con Hacienda y Seguridad Social. Les recuerdo que el impago de estos conceptos cuando
gobernaba el Partido Popular en Jerez fue lo que llevó a la retención del cien por cien de la PIE. El Gobierno socialista ha ayudado al Ayuntamiento de Jerez, le ha dado dos veces esa oportunidad haciendo dos convenios para que pueda seguir
recibiendo el dinero que le corresponde de participación de los ingresos del Estado y a la vez le permite sanear su deuda. Ustedes no hicieron nada por ayudar, sí por empeorar la situación financiera de los municipios, entre ellos el de Jerez, y
hoy sin embargo viene usted aquí a pedir un fondo para un ayuntamiento solo, para Jerez. Estaría muy bien que Jerez tuviera más fondos, pero no estamos solos en el mundo; hay 8.112 ayuntamientos en nuestro país, y este tema, como tanto otros, hay
que resolverlo respetando los procedimientos, con el consenso y el apoyo de todos, no buscando atajos que no permite la ley y que beneficien a unos en detrimento de otros.
El sistema de financiación local fue objeto de un amplio acuerdo en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. El modelo de financiación local que hay actualmente es el
aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Ese real decreto dice que cualquier cambio de las dotaciones económicas destinadas a las administraciones locales requerirán una reforma del sistema vigente y su plasmación legal
correspondiente. Usted sabe que la actuación y gestión del sistema de financiación de los entes locales por parte del Estado está estrictamente sujeta a lo dispuesto en la normativa vigente. De acuerdo con los criterios previstos en el citado
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las sucesivas leyes de los Presupuestos Generales del Estado para cada año, están absolutamente determinadas las cantidades a pagar en el sistema de financiación. Como consecuencia,
no cabe ningún margen de maniobra para otorgar dicha cantidad fuera del sistema, por lo que mi grupo parlamentario no puede apoyar esta proposición no de ley. En esta Cámara tendremos un momento importante para debatir sobre este tema, cuando entre
en el Congreso el proyecto de ley de reforma de haciendas locales y otro proyecto que pretende actualizar las competencias de los municipios; un compromiso del presidente Zapatero para la mejora del sistema de financiación de los ayuntamientos y
que el Ministerio de Economía ya está negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias. Con estos proyectos se persigue satisfacer las dos grandes demandas de los ayuntamientos: alcanzar la suficiencia financiera y el
reconocimiento legal de las competencias que ya ejercen. El Grupo Parlamentario Socialista quiere garantizar que los ayuntamientos tengan los fondos precisos para desempeñar su labor, que participen en la recaudación de impuestos y que haya lealtad
institucional entre las administraciones central, autonómica y local. Y lo quiere para todos los ayuntamientos de este país. A esa reforma les emplazo.
- SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL IVA EN LAS FACTURAS INCOBRABLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000664.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la proposición no de ley sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables. Es del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la va a defender
el señor Ridao. Tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, volvemos a hablar de morosidad. Como es sabido, la situación que vive actualmente la economía española es muy compleja y se aprecia una evolución más que galopante de los impagos, los retrasos e, incluso,
de las prórrogas en la liquidación de las facturas ya vencidas y exigibles. Recientemente, diré sólo para ilustrar que una importante aseguradora de créditos comerciales revelaba públicamente que, del análisis sucinto de 50.000 siniestros
declarados el año pasado, 2008, el plazo medio de ventas incluidas en el riesgo -es decir, entre la emisión de la primera factura y la declaración del siniestro- era de 197 días, por tanto algo más de seis meses como media de cobro. Ese solo es un
botón de muestra que confirma la evolución de los efectos comerciales impagados en estos últimos años, para lo que, por cierto, en su día fue aprobada la Ley 3/2004 contra la morosidad de las operaciones comerciales. Consiguientemente, estamos en
una situación en la que se ha podido comprobar -no es ningún secreto-, de forma empírica, que algo más de tres años después de la aprobación de aquella ley esta se ha revelado totalmente incapaz para atajar el problema. De ahí que haga falta
abordar con urgencia otras medidas. De hecho en esta Cámara, en este momento, hay en curso distintas iniciativas en esta misma dirección.
En relación con la propuesta concreta que hoy se hace, una operación comercial fallida no solo acarrea para el empresario no cobrar el producto vendido, sino que además comporta la obligación de pagar el IVA repercutido de una factura no
cobrada. Es decir, recibe una doble carga derivada de la morosidad, precisamente por
el devengo de un impuesto que debería ser aparentemente neutral y que acaba perjudicando seriamente a su tesorería así como a la cuenta de resultados de cualquier empresa. Para evitar esta carga, la Ley 37/1992 sobre el IVA ya preveía la
posibilidad de recuperar este impuesto correspondiente a las facturas impagadas para el caso de clientes morosos, pero con la condición de que previamente hubieran efectuado una reclamación por la vía judicial o que el cliente moroso se hubiera
declarado formalmente en concurso de acreedores. No obstante, para hacer efectiva esta medida se prevé que deben haber transcurrido hasta dos años desde el devengo del impuesto que se está repercutiendo sin que se haya obtenido el cobro de parte o
de todo el crédito. Evidentemente esa es una previsión que hoy dificulta de forma ostensible el funcionamiento de empresas, de emprendedores, de pymes, de autónomos, etcétera y es conveniente -y así lo defienden distintos sectores económicos y el
sentido común- modificar la legislación sobre el impuesto del valor añadido para permitir que estas empresas, y en particular los pequeños negocios y los autónomos, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de la factura en la que se
devenga el impuesto. Eso es lo que ocurre en estos momentos en países como nuestro vecino Francia, donde ya se ha hecho efectiva una medida de esta naturaleza. Debo recordar para acabar que la Comisión Europea en su día hizo pública una
recomendación, la 95/198, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, donde emplazaba a los Estados miembros a prever medidas de esta misma naturaleza. Por todo ello, la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa presenta hoy para su aprobación y para la que, evidentemente, pide su voto favorable solicita modificar la Ley 37/1992 para que, de acuerdo con la normativa europea y con las
recomendaciones de la Comisión, se permita aplazar para las pymes el pago del IVA hasta el efectivo cobro de la factura cuyo IVA ha repercutido y, subsidiariamente, se amplíe para las pymes también el plazo de presentación en la declaración del
impuesto correspondiente.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado sendas enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Por este mismo orden intervendrá, en primer lugar, el señor Tomé del Grupo Popular.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Efectivamente nuestro grupo ha enmendado la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida coincidiendo, por otra parte, con el sentir profundo de la misma.
Nuestra enmienda va
dirigida -agradezco la buena disposición hacia ella que ya me ha expresado el portavoz del grupo proponente- a que la medida en virtud de la cual se puede aplicar el principio de caja en el impuesto sobre el valor añadido no solamente se limite a
las pequeñas y medianas empresas sino que se extienda también a los autónomos. El problema de la morosidad se ha puesto de manifiesto desde el principio de la crisis económica. Nuestro grupo ha sido sensible al mismo. Quiero recordar aquí como,
con ocasión de la discusión de la ley que suprime el impuesto sobre el patrimonio y establece un procedimiento para la devolución mensual del IVA, nuestro grupo presentó una serie de enmiendas para que los impuestos se adaptasen a las circunstancias
actuales de morosidad creciente en todos los ámbitos. Proponíamos entonces que se redujesen, más de lo previsto en el proyecto de ley, los plazos para que las empresas pudiesen solicitar a la Administración los IVA ya ingresados cuando no hubiesen
cobrado la factura; acortar los plazos para deducir en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta la morosidad de las facturas incobrables; determinados aumentos de los gastos deducibles en concepto de morosidad y gastos de
difícil justificación para autónomos y empresas que tributan en el sistema de módulos. Entonces, la mayoría que sustenta al Gobierno mostró una insensibilidad total hacia estas medidas pero lo cierto es que el problema, como se ponía de manifiesto
hace un momento, no ha parado de agravarse. El problema de la morosidad surge en el tráfico mercantil ordinario, pero también de manera muy especial en las relaciones de las empresas con las administraciones públicas. Son las pequeñas y medianas
empresas -y esa es una peculiaridad de la estructura de nuestro sistema productivo, en el que la mayoría del empleo y de la actividad económica están soportados por pequeñas y medianas empresas- las que están sufriendo los efectos de la morosidad y
de la crisis con mayor intensidad. La falta de flexibilidad que nuestra economía padece en otros ámbitos se traslada a las pequeñas y medianas empresas, que sufren impagos y morosidad por parte de otras empresas y de administraciones públicas,
viéndose, en última instancia, abocadas al cierre y a la pérdida de puestos de trabajo.
Nos parece muy importante que desde la Administración, desde el Gobierno y desde nuestro sistema tributario se facilite el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Todo lo que facilite la financiación de las pequeñas empresas como
aplazar el pago de las deudas tributarias en condiciones favorables, nos parece una fórmula muy adecuada. Podemos recordar tiempos pasados cuando la crisis económica hacía que las empresas no pudiesen cumplir con sus obligaciones tributarias y con
sus obligaciones con la Seguridad Social y se veían incursas en procedimientos de fraude fiscal, demandas o imputaciones de apropiación indebida, etcétera. Esto es lo que, en nuestra opinión, no puede pasar en esta crisis y, por eso, la
Administración debe facilitar aplazamientos para aquellas empresas que tengan dificultades de liquidez a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias y muy especialmente en lo
que se refiere a los contratos con las propias administraciones.
Nuestro grupo ha presentado una batería de iniciativas en este sentido; algunas como proposiciones de ley -y lamento tener que volver a decirlo en esta Comisión- están siendo ya vetadas por el Gobierno. Se está cercenando una vez más que
la falta de iniciativa del Gobierno -al que correspondería la iniciativa legislativa en primer término- pueda ser sustituida por los grupos parlamentarios y la Cámara. Estamos presentando una serie de iniciativas en forma de proposiciones de ley y
proposiciones no de ley y hoy nos vamos a sumar a la que en este mismo sentido ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, agradeciendo a su portavoz su disposición a incorporar el
texto de nuestra enmienda a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista defenderá su enmienda el señor Marmol.
El señor MARMOL PEÑALVER: Señorías, hoy estamos aquí debatiendo una proposición no de ley para aplazar a las pequeñas y medianas empresas la tributación del IVA por facturas no cobradas hasta su efectivo cobro y, al mismo tiempo, se propone
ampliar para las pymes el plazo de presentación de la declaración del IVA. No vamos a entrar en la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas dentro de nuestra economía, tanto para la aportación al producto interior bruto nacional como
para la creación de empleo. Tampoco podemos discutir la importancia que les está dando el Gobierno en la situación actual y la preocupación del mismo por hacer que las pymes y los autónomos afronten esta etapa de crisis en buenas condiciones. Esta
preocupación se ha plasmado en la adopción de medidas concretas, tanto para facilitar el pago del IVA y aumentar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, como para mejorar el régimen fiscal de las mismas en el impuesto sobre sociedades.
Voy
a recordar alguna de las medidas que han sido adoptadas para facilitar el pago del IVA y aumentar la liquidez de las pymes. La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, permite a los sujetos
pasivos del impuesto la solicitud mensual de los saldos a devolver cuyas declaraciones periódicas determinen eventualmente, sin necesidad, como ocurría hasta el 31 de diciembre de 2008, de esperar a la autoliquidación correspondiente al último mes o
trimestre de cada año. También se ha introducido en el reglamento del IVA un nuevo precepto por el que se autoriza a que quienes ejerzan la actividad de transporte de viajeros o mercancías por carretera soliciten directamente a la Administración
tributaria la devolución de las cuotas deducibles soportadas por la adquisición de medios de transporte. Además, la Ley 4/2008 ha modificado el artículo 80.4 de la Ley del impuesto en relación con el plazo temporal que debe transcurrir a fin de que
un crédito se considere total o parcialmente incobrable; así, el plazo anterior de dos años a contar desde el devengo del impuesto se ha visto reducido a tan solo un año. Por otra parte, por el esfuerzo y por el compromiso que tiene este Gobierno
hacia las pymes, me gustaría destacar los avances realizados para mejorar el régimen fiscal de las pymes en el impuesto sobre sociedades como puede ser la libertad de amortización para los elementos de inmovilizado material nuevos y de las
inversiones inmobiliarias, siempre que se cumplan determinadas condiciones de incremento de plantilla, o el tipo de gravamen que es inferior en cinco puntos porcentuales al resto de empresas por los primeros 120.202,4 euros de base imponible, que es
un 25 por ciento. En resumen, el compromiso de este Gobierno con las pequeñas y medianas empresas es incuestionable desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, dada la situación actual por la que están pasando las pequeñas y
medianas empresas. Hay muchas más medidas que ha adoptado el Gobierno pero, por motivos de tiempo, no me voy a entretener en enumerarlas.
Me voy a centrar en el contenido de esta proposición no de ley del que habría que resaltar que la propuesta de permitir que las pymes no tributen en el impuesto sobre el valor añadido por las facturas pendientes de cobro exige la
modificación de la normativa vigente en este tributo y, en concreto, alteraría la estructura fundamental del IVA en un momento de fuerte restricción presupuestaria como el actual. Por un lado, modificaría el carácter temporal que fija el nacimiento
de la cuota de este impuesto y, por otro, modificaría los plazos para el ejercicio del derecho a la deducción por el destinatario de los bienes y servicios, dado que el derecho a la deducción nace cuando se devengan las cuotas deducibles. El Grupo
Parlamentario Socialista entiende que la adopción de esta iniciativa supondría importantes problemas de gestión y control para la Agencia Tributaria que incentivarían el fraude fiscal. Debido a que la medida propuesta afecta a tributos cedidos a
las comunidades autónomas, como es el caso del IVA, su aprobación podría suponer una reducción de sus ingresos y, por ello, las comunidades autónomas podrían invocar la aplicación del principio de lealtad institucional. Por último, hay que señalar
la posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento de las cuotas del IVA que ofrece el ordenamiento jurídico vigente, posibilidad de la que están haciendo uso ya los contribuyentes en los momentos actuales de contracción económica sin necesidad de
introducir cambios normativos de difícil encaje como el propuesto. Quiero recordar que la Administración Tributaria ha hecho un esfuerzo para facilitar los aplazamientos solicitados por las empresas, que se han incrementado en 1.200 millones de
euros en 2008. Por ello, nuestro grupo entendió que esta propuesta no es malintencionada y propusimos una enmienda al Grupo de Esquerra Republicana en el sentido de instar al Gobierno a dar las instrucciones oportunas a la Agencia Tributaria con el
objeto de
seguir permitiendo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, el aplazamiento y fraccionamiento de las cuotas de IVA a ingresar por los contribuyentes, en concreto por las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, si no se acepta por
el grupo proponente esta enmienda, anunciamos desde el Grupo Parlamentario Socialista nuestro voto en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para comunicarnos la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: De hecho, se lo he anticipado al señor Tomé.
Manifestamos la intención de aceptar la enmienda del Grupo Popular.
- SOBRE ACCIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000496.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre acciones para la mejora del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Está presentada por el Grupo Mixto y la defenderá la
señora Díez, quien tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Es conocido que uno de los elementos más débiles y sensibles de la política antiterrorista es el referente a la lucha contra la financiación del terrorismo, en especial en lo que concierne a ETA y a las
organizaciones dependientes de esta, parte de las cuales, por cierto, han sido ilegalizadas en sentencias firmes de los órganos judiciales competentes. La misma debilidad en la acción del Gobierno se observa en orden a la aplicación efectiva de las
normas legales vigentes en lo referente a la trasposición a la legislación española de la Directiva 2005/60, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 y también de la Directiva 2006/70, de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, a
las que tendría que haber dado cumplimiento antes del 15 de diciembre de 2007, y les recuerdo que estamos en 2009. En efecto, el Gobierno de España, como saben SS.SS., no ha adoptado aún ninguna medida legal reglamentaria o administrativa para dar
cumplimiento a lo dispuesto en dichas directivas, lo que ha ocasionado la denuncia de España por parte de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 20 de noviembre de 2008, un mes más tarde de la fecha en
que fue presentada esta iniciativa que ya traía antecedentes. Se da la circunstancia de que España es el único país europeo que no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia tan relevante para la lucha contra la financiación del terrorismo,
toda vez que la primera de las citadas disposiciones reúne las normas que se requieren para prevenir la utilización del sistema financiero en la traslación de recursos económicos a las organizaciones terroristas y la segunda añade elementos muy
relevantes en el mismo orden, dado que definen el concepto de personas del medio político, entre comillas, a los efectos de la prevención de la financiación del terrorismo, a la vez que establece los criterios técnicos que permitan valorar las
situaciones de riesgo en esta materia y la aplicación de las normas a las personas que realizan actividades financieras ocasionales.
Además -y este fue el origen directo de esta iniciativa que pasamos a discutir en este momento-, nuestros propios servicios, el Sepblac, en el mes de septiembre del año 2008 ya puso en evidencia serias deficiencias en el funcionamiento del
sistema de prevención del blanqueo de capitales en España, así como de la financiación del terrorismo. Quiero insistir ante SS.SS. en que estamos hablando de una iniciativa que tiene las dos vertientes, blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, no solo la segunda parte, a la que me he referido inicialmente en esta intervención. El Sepblac ha puesto de manifiesto que, en relación con el blanqueo de capitales, las entidades financieras españolas cuentan con procedimientos
obsoletos o incompletos; que su organización interna es ineficaz y que carecen de unidades operativas de prevención con medios humanos y materiales insuficientes o inadecuados; que no existe o no se aplica una política bien definida de admisión de
clientes; que los procedimientos de conservación de la documentación de clientes y operaciones son inadecuados; que tampoco se cumplen en su integridad las obligaciones de declaración de operaciones sujetas a comunicación obligatoria; que la
comunicación de operaciones sospechosas es inadecuada y que los empleados desconocen su facultad de dirigirse directamente al Sepblac cuando las entidades no han procedido a dar curso a sus comunicaciones; que no existe un procedimiento ni una
organización adecuada para que las filiales de las entidades en España y en el extranjero cumplan con sus obligaciones de comunicación de operaciones sospechosas; que existen severas deficiencias en cuanto a la formación del personal en materia de
blanqueo y que no se realizan auditorías o revisiones sobre los procedimientos de prevención y su cumplimiento. Solo por citar algunas de las cuestiones que pone de manifiesto nuestro propio servicio de estudios. Por tanto, no son palabras ni
apreciaciones de la diputada que les habla, sino una llamada de atención, creo que muy seria, sobre estos dos aspectos importantísimos para nuestra seguridad jurídica y también para la seguridad máxima, que es la seguridad de nuestras propias vidas.
Las anteriores deficiencias se extienden también sobre la prevención y blanqueo de la financiación del terrorismo. Acerca de esta cuestión, el citado informe destaca que las entidades financieras carecen de procedimientos específicos para detectar
las posibles relaciones de sus clientes con la financiación del terrorismo;
que la consulta de las listas de terroristas no se encuentra automatizada, y que no se realizan cruces de las bases de datos de clientes con las listas internacionales.
En fin, todo ello hace que el sistema de prevención y bloqueo de las operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, más allá del cumplimiento formal de las obligaciones del Estado en cuanto a la regulación legal de
estas materias, sea muy deficiente en España.
Esto, que ya ha sido puesto de relieve en varios informes, llama poderosamente la atención después de esta última denuncia a la que antes hice referencia ante los propios tribunales europeos. Creo que
es sorprendente que, siendo España un país severamente atacado por el terrorismo, no se haya dictado ninguna norma que desarrolle la Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, más aún si se tiene en cuenta, como decía, que en los
recientes procesos de ilegalización de los partidos políticos ANV y Partido Comunista de las Tierras Vascas, se han constatado numerosas operaciones bancarias de financiación de organización terrorista vinculada con ETA y que, además,
desgraciadamente España es uno de los países con elevado riesgo potencial de ataques de terrorismo yihadista internacional. Asimismo, ha de anotarse a este respecto lo que antes decía -e insisto en ello-, que la Comisión Europea ha decidido
recientemente denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar la normativa europea.
Por tanto, señorías, creo que es urgente que ayudemos al Gobierno -esta es la función de promoción, no solo de control- a tomar las decisiones oportunas para que esta cuestión en la que nuestro país tiene un suspenso sea abordada rápidamente
en interés general, en interés del conjunto de los ciudadanos y también, naturalmente, en interés de nuestra propia seguridad. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, así como muchas preguntas previas que mostraban esta preocupación.
Se trata de una iniciativa que no tiene otro objetivo que promover lo que sin duda alguna es una necesidad y además una política de Estado; no es una iniciativa desde la oposición sino una iniciativa para construir un consenso en una materia en la
que nos es absolutamente necesario. Por eso apelo al voto positivo de la mayoría de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: A esta PNL se han presentado tres enmiendas del Partido Popular, que defenderá la señora Madrazo. Tiene la palabra.
La señora MADRAZO DÍAZ: Unión Progreso y Democracia nos presenta hoy una iniciativa en la que propone que instemos al Gobierno a impulsar una serie de acciones encaminadas a mejorar el sistema actual de prevención del blanqueo de capitales
y el bloqueo de la financiación del terrorismo en España. La proposición no de ley en su exposición de motivos parece basarse en un informe elaborado recientemente por el servicio ejecutivo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales
donde se han puesto de manifiesto numerosas deficiencias en el actual funcionamiento de este sistema de prevención del blanqueo de capitales, así como de la financiación del terrorismo en España. No obstante, respecto a los enlaces a los que hace
referencia la portavoz en relación con este informe, o están caducados o nuestro grupo no los ha encontrado y nos resulta ciertamente chocante que el propio organismo, el Sepblac, que se encarga de supervisar y controlar el buen funcionamiento de
esos mecanismos de prevención, sea el que denuncie su mal funcionamiento; la verdad es que es chocante.
Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, es el primero en comprender la vital importancia del buen funcionamiento de estos mecanismos de prevención y prueba de ello es que fuimos los impulsores de las dos leyes que actualmente regulan estas
medidas preventivas: la Ley 19/2003, que modificó la Ley 19/1993, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales y la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo. El Partido Popular -creo que lo saben todos ustedes-
siempre se ha caracterizado por un especial compromiso en impulsar todo tipo de medidas encaminadas a la lucha contra el terrorismo y a su derrota. De esto creo que no nos cabe ninguna duda a ninguno de los que estamos aquí.
En este sentido, esta
Ley 12/2003, que impulsó el Gobierno del Partido Popular, introdujo una serie de importantes medidas que pretendían estrangular los flujos financieros de que se nutren las organizaciones terroristas, imponiendo obligaciones de información a
determinados sujetos o entidades y posibilitando el bloqueo de cuentas, transferencias, pagos y cobros realizados por personas vinculadas con organizaciones terroristas. Asimismo, tanto la Ley 19/2003 como la Ley 12/2003 ampliaron su ámbito de
aplicación, persiguiendo prevenir el blanqueo de capitales procedente de cualquier tipo de delito castigado con una pena de prisión superior a tres años e incluyendo expresamente a notarios, abogados y procuradores, además de a las propias entidades
financieras, como personas sujetas a obligaciones de información previstas en la normativa y encaminadas a la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Todo ello -repito- se hizo con un Gobierno del Partido Popular y
por tanto está fuera de toda duda nuestro compromiso firme en la lucha contra el blanqueo de capitales y por supuesto en la lucha contra la financiación del terrorismo. Por otro lado, debemos ser conscientes de la amenaza que supone que existan
enormes cantidades de dinero obtenidas a través de negocios ilícitos, que buscan en nuestro país introducirse en los sistemas legales para obtener un curso lícito. En España, organizaciones terroristas, cárteles de droga y tramas de venta de armas
han establecido importantes redes de blanqueo de dinero y todos nosotros hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de importantes operaciones policiales que han logrado
desmantelar operaciones de este tipo, como la llamada Ballena Blanca, contra las mafias rusas. Asimismo, las autoridades también han detectado el uso de despachos de abogados para crear entramados de sociedades que permitan eludir los
controles mediante adquisición de billetes de lotería premiados, obras de arte, operaciones bancarias, testaferros, etcétera.
Entrando en el debate concreto de las medidas que nos plantea en esta iniciativa Unión Progreso y Democracia, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, considera que el enfoque no ha sido el más adecuado y por eso hemos planteado estas tres
enmiendas, para llegar a una transaccional con el grupo proponente y lograr elaborar una iniciativa que, efectivamente, mejore estos mecanismos de control. En primer lugar, nos parece que no ha sido el enfoque adecuado porque debemos ser
conscientes de que nuestra economía vive unos momentos críticos y nuestro sistema financiero especialmente. El problema fundamental de la economía en la actualidad es su falta de financiación, como todos sabemos, y con especial incidencia la
financiación para las pequeñas y medianas empresas. A juicio de mi grupo, en esto es donde debemos centrar todos nuestros esfuerzos y nuestra iniciativa política, como de hecho ponemos de manifiesto a lo largo de la mañana hablando de la morosidad
que se está planteando en nuestra economía. Es cierto que no por eso debemos bajar la guardia en otros aspectos, como el que hoy es objeto de este debate; de hecho, estamos convencidos de que el servicio ejecutivo de la comisión de prevención del
blanqueo de capitales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dejan de luchar continuamente para evitar fenómenos de este tipo. Sin duda, la mejora en la formación, el incremento de los efectivos, la revisión de las listas de sospechosos
de terrorismo, la trasposición de directivas europeas y la mejora en la inspección son instrumentos que ayudarán a lograr los fines que persigue mi grupo, fines que creo que perseguimos todos los grupos presentes en esta Cámara. Sin embargo, parece
ser que el propio gobernador del Banco de España, del que depende orgánicamente este servicio ejecutivo, tiene una actitud bastante pasiva en un tema tan importante como este, ya que no conocemos que se haya posicionado al respecto ni que haya
solicitado mayores y mejores medios. Por tanto, nos parece una iniciativa buena de por sí y nuestro posicionamiento desde un principio era favorable, pero quisimos introducir tres enmiendas que a nuestro juicio mejoran considerablemente su
redacción y que el grupo proponente va a aceptar prácticamente en su integridad, cambiando un par de palabras. Esto va a hacer que finalmente nuestras tres enmiendas, que acepta el grupo proponente, más otros tres puntos, que entendemos son
adecuados, del propio grupo proponente formen un conjunto en esta iniciativa que llevará a que nos posicionemos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista también ha presentado una enmienda, que va a defender la señora Rivero.
Tiene la palabra.
La señora RIVERO ALCOVER: Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por la voz. Esto es lo que ocurre normalmente cuando uno se traslada de una tierra un poco más caliente a esta.
Para empezar, quiero decir que todos, señora Madrazo, absolutamente todos, estamos en contra del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del terrorismo. Lo digo para que no quede la menor duda, pues a veces da la
sensación de que se apropian de algo tan significado y significativo como esta proposición y la lucha contra el terrorismo en nuestro país. No podía dejar de decirlo. He creído que debía empezar así porque me ha parecido que así se desprendía de
su intervención.
En relación con la proposición no de ley formulada por la señora Díez, de cuya intervención parece que se deduce que existe ineficacia en las medidas puestas en marcha por el Gobierno para cumplir las obligaciones legales en materia de
financiación del terrorismo y ausencia de impulso político en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la lucha en este campo contra las organizaciones terroristas, pensamos, tal y como ha manifestado también la portavoz del Grupo Popular con motivo
de esta proposición, que se trata del examen de un informe de junio de 2006 del Grupo de Acción Financiera, informe de evaluación que afirmaba también que España cuenta con un sistema de prevención de blanqueo de capitales y de lucha contra la
financiación del terrorismo que podía ser considerado en términos generales sano y efectivo. Pues bien, dicho informe, que es una herramienta específica de gran utilidad para la mejora y actualización del sistema español de prevención de blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo, ha sido precisamente el hilo conductor de las últimas iniciativas que han sido emprendidas por nuestro país en esta materia, rindiéndose cuentas además en el Pleno de junio de 2008 del Grupo de Acción
Financiera Internacional, como ha quedado establecido. De ahí que pensemos que probablemente el arranque del mismo sea el año 2006 y no lo que se ha venido realizando en las últimas actuaciones por parte de España, pero hay que hacer dos
aclaraciones. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera en su ámbito de actuación se configura como la autoridad nacional competente para colaborar y orientar a las instituciones financieras en la efectiva aplicación de las medidas de
congelación de fondos de personas o entidades ya designadas por los reglamentos comunitarios. Por esa condición de reglamento es por lo que es de aplicación directa e inmediata por todas las personas de la Unión Europea y especialmente por las
entidades financieras, que son los sujetos directamente obligados y por tanto a quienes les compete el deber de bloquear cualquier tipo de activo de las personas designadas. En este sentido, la dirección general viene desarrollando
una actividad continua de asesoramiento y apoyo a los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Por eso pongo en evidencia la fecha. El Servicio Ejecutivo de Prevención de
Blanqueo de Capitales, conocido como Sepblac, se encuentra adscrito, como bien decía, al Banco de España. Como todo servicio, podría ser que en este momento, en el contexto presupuestario actual restrictivo que afecta al conjunto de la
Administración General del Estado, su actividad tuviera alguna limitación, pero esta cuestión, que ya ha sido apuntada en ese informe de evaluación, ha sido comunicada ya al Grupo de Acción Financiera Internacional y se ha establecido de forma clara
que, pese a esto, hay que destacar que el personal que integra el Sepblac permite articular equipos multidisciplinares con capacidad suficiente para llevar a cabo con éxito las labores que le son encomendadas, especialmente la de inspección y
supervisión. Todo ello, lógicamente, coadyuva a suplir las posibles carencias que se puedan derivar de la hipotética carencia de personal de la que habla en su proposición no de ley.
Nuestra enmienda es bastante global, de sustitución de tres puntos fundamentales, los cuales nos parecía que podían ser aceptados por parte de la proponente, teniendo en cuenta que la primera parte de su propuesta, donde habla del programa
de supervisión, del ejercicio de la labor que tiene el servicio ejecutivo, elabora ya un plan de inspección que corresponde a ese programa de supervisión que usted propone, con la única diferencia de que se supervisan todas las categorías de los
sujetos obligados y no solamente las entidades financieras, que son las que usted propone. En la base de ese enfoque de riesgo, cuando se ha seleccionado a los distintos sujetos a supervisar, se buscan los más relevantes y aquellos que realizan una
mayor actividad. Esto se ha hecho a través de esa filosofía de supervisor único, que es el Sepblac, lo que tiene significativas ventajas como pueden ser: la aplicación de criterios de actuación uniformes, que es lo que se ha venido estableciendo
en los informes; la traslación de experiencias y recomendaciones de un sector a otro en el ámbito bancario y asegurar el control de aquellos sujetos obligados que no tienen en estos momentos supervisor ordinario. Por tanto esa es la línea de
refuerzo de la que hablábamos en el punto número 3 de nuestra enmienda.
Respecto al programa de colaboración que establece con la CECA y con la AEB tenemos que decir que es una obligación que tienen -insistimos- esencialmente los sujetos obligados, según establece la ley, que es adoptar medidas oportunas para
que los empleados de las entidades tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la ley, incluso a través de la participación de los representantes de sus trabajadores, planes de formación, etcétera. En cualquier caso, esto no es novedoso
cuando nos habla de mejorar la colaboración, porque esa colaboración ya se establece e incluso son interlocutores habituales, porque participan con la Administración en cuantas cuestiones les atañen o les afectan y han contado con ellos en numerosas
ocasiones. De ahí que nosotros insistiéramos en el refuerzo del marco institucional y de los medios personales y recursos que establecíamos en nuestro punto número 3.
Respecto a las listas de las que se hablaba en su propuesta, nosotros le planteábamos, en la primera parte de nuestra enmienda sobre el listado actualizado de personas condenadas por terrorismo al que pudieran tener acceso los sujetos
obligados, que esta propuesta ya fue analizada en la reunión de julio de 2008 en la Comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo y ahí se acordó elevar una consulta a la Agencia de Protección de Datos sobre la legalidad de la
creación y del mantenimiento de la misma. Está en fase de estudio y nos han comentado que probablemente tendremos la resolución con relación a la adecuación jurídica que esta propuesta debe tener. Ahora bien, con la lista de organizaciones
terroristas y la posición común del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, ya existe la lista de personas, grupos y entidades a los que les es de aplicación la ley. Esta lista es
conocida comúnmente como lista terrorista europea y se revisa semestralmente. Por tanto, está actualizada y en cada semestre, España, que basa su estrategia de la lucha contra el terrorismo en la cooperación internacional, y en la Unión Europea
especialmente, mantiene una conducta absolutamente activa en la actualización de las listas terroristas. En la última revisión que se hizo el 26 de enero de 2006 se actualiza la posición común y se publica la vigente lista, revisada semestralmente,
de personas, grupos y entidades en las que se incluyen 31 individuos vinculados a ETA, del total de los 59 que aparecen en el propio listado, al margen del resto de las entidades como pueden ser: ETA, Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista
de las Tierras Vascas, Grapo, etcétera. Por tanto, este punto, que sí se establecía, estaba en nuestro punto número 1 de la enmienda, en el que se pedía que se siguiera confeccionando la propia lista.
Por último, en cuanto a la trasposición, no cabe duda de que el que se haya alagado en el tiempo es por la materia que debe ser regulada, que lógicamente tiene un proceso de tramitación legislativa que necesita de un procedimiento previo,
porque, como todos sabemos, la elaboración y la aprobación de un anteproyecto, del que ya se tiene un borrador de texto -que nos lo ha comunicado- por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, era complicado, teniendo en cuenta no solamente el
calendario legislativo, sino también la complejidad de la propia materia y la pluralidad de los agentes que intervienen en la misma. A lo largo del mes de diciembre ya se han recibido las diferentes observaciones a este borrador de texto por parte
de las diferentes instituciones, departamentos u organismos miembros de la Comisión y, una vez que se analicen las observaciones que se han establecido al texto, se seguirá el procedimiento habitual de tramitación del proyecto y se calcula por parte
del ministerio que el proyecto de ley sea
aprobado en la primavera del año 2009 para poder ser remitido a las Cortes Generales. De ahí que en nuestra enmienda figurara el impulso a la tramitación de la trasposición, que conllevará el punto número 5 del que usted habla en su
proposición, que es el programa legislativo que nosotros entendemos que con la trasposición, lógicamente, se producirá un cambio o una modificación importante de la ley del año 1993 y además se elaborará un nuevo reglamento, que desarrollará esta,
porque se incorporarán plenamente todos los estándares internacionales en materia de prevención. Es cierto que, con la heterogeneidad que existe en los sujetos obligados, habría que estudiar -y es un apunte que sí que se podría hacer- hacerlo a
través de la figura de órdenes ministeriales, que ya se viene utilizando por parte del ministerio.
Por último, en cuanto a ampliar la plantilla que establece usted en el punto número 6, actualmente, como hemos dicho, el Sepblac se encuentra adscrito al Banco de España, que aprueba su presupuesto, y es indiscutible que la labor de
inspección en materia de prevención del blanqueo de capitales que realiza este servicio no debe verse afectada por las distintas limitaciones de recursos disponibles que se puedan tener. Lo cierto es que, tal y como se ha establecido -y he
subrayado- respecto al último informe y respecto al Pleno en el que se han rendido cuentas por parte de España de la evaluación al grupo de acciones financieras, existirá y será progresivo el incremento de los recursos humanos dedicados a esta labor
en la medida que presupuestariamente se pueda ir dando la posibilidad y ello lo permita. Sería conveniente que esta enmienda que nosotros hemos defendido, que recoge prácticamente el sentido de la propia proposición no de ley en aquellos aspectos
en que se engloba -tanto en el punto número 1, que siga contribuyendo a la confección de la lista; en el número 2, que incluye tres de sus puntos, que impulse la tramitación durante el presente año de la trasposición de las directivas europeas y
reforzar, por último, la labor del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, adecuándolo al marco constitucional y medios personales-, pueda ser aceptada por parte de la proponente; en caso contrario, nos limitaremos sencillamente
a no aceptar la proposición de la proponente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para comunicarnos si acepta o rechaza las enmiendas, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acepto las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular en sus propios términos, pero lamentablemente, aunque le he ofrecido una transacción a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en la que yo
consideraba que aceptaba parte de su filosofía, pero pedía que se aceptara parte de la mía, no ha sido aceptada esta transacción por el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, acepto las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en sus términos
y pido que se someta a votación de esa manera.
Suspendemos la sesión hasta las doce menos diez, hora prevista para la votación. (Pausa.)
A continuación vamos a proceder a las votaciones.
Para realizar las votaciones seguiremos el mismo orden en el que aparecen las distintitas proposiciones no de ley en el orden del día. La primera proposición no de ley incorpora una enmienda de Esquerra Republicana al punto número 1 y una
transaccional de adición, presentada por el Grupo Socialista, que aparecerá como un nuevo punto número 3. En los términos que acabo de exponer, pasamos a votar esta primera proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, es la relativa a la financiación urgente y suficiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Esta proposición no de ley no tiene enmiendas y, por tanto, se
vota en los términos en que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley que incorpora una enmienda, aceptada por el grupo proponente, el Grupo de Esquerra Republicana, la enmienda que a su vez había presentado el Grupo Popular. Es la única enmienda aceptada. En estos
términos procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Como se ha producido un empate, tenemos que aplicar el voto ponderado. (Pausa.)
Aplicando el voto ponderado, el resultado sería el siguiente: a favor, 174; en contra, 176.
En consecuencia, queda rechazada.
Pasamos a la cuarta y última proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, señora Díez, que ha asumido las tres enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Suspendemos unos minutos la sesión, hasta que se incorpore el compareciente. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA (MARTÍN FERNÁNDEZ) PARA:
- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA EL AUMENTO DE LA LIQUIDEZ. A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente 219/000160.)
- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA EL AUMENTO DE LA LIQUIDEZ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 219/000134.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del presidente de la Asociación Española de la Banca, a quien damos la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación de esta Comisión con el fin de evaluar la eficacia de las medidas que se han
adoptado para el aumento de la liquidez. Sin más demora ni preámbulos, tiene la palabra el señor Martín.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA (Martín Fernández): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera comenzar mi intervención dándoles las gracias por haber solicitado que comparezca en representación de la AEB ante esta Comisión.
Es para mí un gran honor y al mismo tiempo me brinda la oportunidad de exponer ante ustedes
nuestra opinión en unas circunstancias tan complejas y difíciles como las actuales. Quizás no sea totalmente innecesario recordar que la AEB integra a 61 bancos españoles y a 36 sucursales de bancos extranjeros. En su conjunto representa el 56 por
ciento de los activos totales medios del sistema bancario español, el 44 por ciento de los créditos y el 44 por ciento de los depósitos de la clientela.
Debo empezar por lo más importante -quizá lo único importante-: transmitirles en nombre de todos y cada uno de los bancos integrantes de la asociación su firme compromiso de hacer frente y satisfacer las responsabilidades que como bancos
nos corresponden ante la sociedad y la economía española. Como nos pidió Su Majestad el Rey a todos los españoles en su pasado mensaje de navidad, estamos dispuestos a desplegar con inteligencia y tesón todas nuestras capacidades para tirar del
carro en una misma dirección, o para arrimar el hombro, como igualmente nos pide a todos el presidente del Gobierno.
La salida de la crisis requiere un gran esfuerzo colectivo y los bancos no regatearán el que les corresponde. Además de esfuerzo, salir de la presente crisis económica requiere partir de un diagnóstico certero. Para colaborar al mismo, me
gustaría hacer unas breves reflexiones. La crisis económica española tiene una doble causa. En primer término tiene una causa interna, consistente en la acumulación de desequilibrios durante la larga fase alcista del ciclo; la síntesis de todos
esos desequilibrios se concreta en la elevada necesidad de financiación exterior de la economía.
La acumulación anual de esa necesidad de financiación ha colocado a la economía española como una de las más endeudadas del mundo. Aunque el nivel de
endeudamiento significativo es el de la economía en su conjunto, a nivel operativo hay que señalar que el mismo corresponde a los hogares y a las empresas.
En segundo término, la crisis económica se agrava por una causa básicamente externa, la crisis financiera internacional. Aquí también es necesario ser claros y precisos. Primero, la crisis financiera es externa y extraña al sistema
financiero español. Ni hemos invertido en instrumentos tóxicos ni -y es lo más importante- practicamos el modelo de negocio que al derrumbarse ha colapsado los sistemas financieros de Estados Unidos y Europa. No padecemos esa enfermedad, no tienen
que curarnos de ella y por tanto tampoco nos pueden aplicar la misma medicina. Segundo, las consecuencias de esa crisis financiera externa y extraña nos afectan más que a nadie porque cierra los mercados de financiación y crédito donde la economía
española tiene que financiarse.
En este sentido, la AEB reclamó desde el principio que lo prioritario era abrir los mercados y no tanto diseñar el nuevo marco regulatorio que, por definición, requeriría un largo proceso de elaboración. Quisiera
insistir en que la necesidad de financiación exterior originaria es de la economía española, de sus empresas y de sus hogares. Los bancos somos simplemente el intermediario utilizado por empresas y familias para satisfacer su necesidad de
financiación. Otros bancos internacionales han podido apalancarse, endeudarse, para financiar su propia cartera de negociación; nosotros, no. Esta es nuestra colaboración al diagnóstico. Si ustedes me conceden unos minutos adicionales trataré de
sacar algunas consecuencias sobre dos temas muy de actualidad, la evolución del crédito y el nivel de capital de los bancos.
La evolución del crédito. No voy a darle cifras y estadísticas, porque son públicas y notorias y porque, se las mire como se las mire, hablan bien del enorme esfuerzo que el sistema bancario español ha realizado desde agosto de 2007. Haré,
en cambio, algunas reflexiones. A) La economía española en su conjunto, pero especialmente las empresas y familias, está sobreendeudada. Esta enfermedad solo puede curarse reduciendo el nivel de deuda. Eso sí, debe hacerse de forma gradual y
ordenada; que sea así, gradual y ordenada, es tan vital para el sistema bancario como para la propia economía real. Una contradicción brusca, indiscriminada del crédito destruye la economía de los hogares y empresas y, con ella, a los bancos que
la financiaron. Somos, por tanto, no solo los primeros interesados en no cerrar el grifo del crédito, sino que seríamos las primeras víctimas del mismo. No lo estamos haciendo y es preciso que las
medidas que se adopten para salir de la crisis colaboren en este objetivo prioritario. B) En algunos países, y paradigmáticamente en Estados Unidos y Reino Unido, el crédito se está contrayendo, es decir, tiene tasas negativas de
crecimiento desde el propio 2007. Eso es así porque gran parte de ese crédito se instrumentaba fuera de los balances bancarios y ese modelo es el que se ha hundido. Además, un gran número de bancos ha incurrido en enormes pérdidas que han agotado
su capital. No es el caso de España. El flujo de crédito ha continuado siendo positivo. El capital de los bancos supera, con mucho, los mínimos regulatorios. C) El deterioro de la economía española ha sido extremadamente rápido e intenso, en
particular desde mediados de 2008, arrastrado por la caída de la demanda real, tanto interna para consumo e inversión, como externa para exportaciones. La retracción de la demanda real lógicamente determina una menor necesidad de financiación como
se está demostrando.
D) Por su parte, la oferta de crédito tiene tres grandes condicionantes: capital, liquidez. es decir su disponibilidad y en ambos casos también su coste respectivo, y la solvencia esperada de los prestatarios. Al capital voy
a dedicarle un apartado final específico, por lo que me referiré primero a la liquidez.
Los mercados de financiación han estado cerrados desde agosto de 2007. Si los bancos españoles han podido seguir incrementando, aunque a menor ritmo, su oferta de crédito se debe a tres factores: primero, su buena posición de liquidez de
partida, su relativamente baja apelación a los mercados al por mayor y su financiación en estos a medio y largo plazo; segundo, a haber sustituido los mercados cerrados por financiación a muy corto plazo, tanto en los mercados como en el Banco
Central Europeo; y tercero, a una gestión muy ágil y competitiva en la captación del ahorro interno. Los dos primeros factores son obviamente transitorios. El primero por definición y el segundo por prudencia, ya que contraviene un principio
esencial de la ortodoxia bancaria: financiarse a corto para dar créditos a muy largo plazo. En estas condiciones el Banco Central Europeo endureció su política de suministro de liquidez en septiembre de 2008 para relajarla después
considerablemente en octubre del mismo año al ofrecer financiación ilimitada contra colateral elegible. Esa facilidad de ofrecer financiación ilimitada ha sido prorrogada el pasado 5 de marzo mientras -dice el Banco Central Europeo- sea necesario
y, en cualquier caso, hasta más allá de 2009. La medida es muy adecuada y elimina incertidumbres a corto plazo. No obstante el BCE sigue manteniendo un plazo máximo de seis meses para el suministro de fondos. La solvencia de los prestatarios, la
actual y la esperada, se ha deteriorado marcadamente. Basta observar la evolución al alza de la morosidad y proyectarla hacia el futuro en función de la evolución del desempleo y del nivel de actividad económica previsible. El deber de las
entidades en estas circunstancias es ajustar adecuadamente los criterios de riesgo. La función de las entidades es gestionar riesgos, es decir, analizarlos, evaluarlos y asumirlos responsablemente. Esa función es esencial para la economía porque
es la que garantiza una correcta asignación de sus recursos escasos. Solo sistemas bancarios sólidos y bien gestionados son capaces de realizarla con eficiencia. En un país como España donde, además, gozamos de una enorme competencia bancaria, el
riesgo de sobrerreacción, aunque es posible, es menor. El negocio de las entidades, su fuente de ingresos, es la concesión de créditos y las entidades más fuertes y mejor preparadas no van a perder la ocasión de incrementar su cuota de mercado
especialmente cuando este se contrae. Mantener la competencia bancaria es, pues, esencial. Esto significa dos cosas: una, que un número suficiente de jugadores compitan entre sí; dos, que todos ellos lo hagan en igualdad de condiciones. Este
segundo condicionante ha saltado por los aires en Europa con las inyecciones de capital indiscriminadas acordadas por los distintos Estados europeos. Como el caso japonés ha demostrado, ayudar a sobrevivir a entidades poco viables debilita al
conjunto y lastra la recuperación de la economía real. Ambos problemas deberían evitarse en el caso de España.
Paso ahora a referirme al nivel de capital de los bancos. La crisis financiera internacional ha castigado duramente el nivel de capitalización de los grandes bancos internacionales por cuatro vías: Por las pérdidas que han tenido que
asumir por sus tenencias de activos tóxicos; por la necesidad de incluir o retener en balance activos que habían sacado de los mismos o pensaban hacerlo; porque la crisis ha puesto en evidencia que los niveles de capital exigidos por Basilea II
para ciertas actividades típicas de dichos bancos eran manifiestamente insuficientes, y, por último, porque el deterioro progresivo de ciertos activos requiere, en consecuencia, más capital. Por esos motivos las autoridades internacionales han
estado exigiendo a sus bancos que ampliasen su capital hasta que, ante la imposibilidad de obtener más capital privado y ante la quiebra inminente de partes muy significativas de sus respectivos sistemas financieros, numerosos gobiernos han optado
por inyectarles capital público en cantidades masivas. Por desgracia todo el proceso ha estado dotado de una total falta de transparencia. Primero, sobre las pérdidas reales sufridas por las entidades. Resulta inexplicable que a estas alturas las
autoridades internacionales tengan que seguir exigiendo a sus entidades supervisadas que revelen sus pérdidas. Segundo, porque inicialmente se pretendió justificar las inyecciones de capital como una mejora o ampliación del nivel de capital por
encima del necesario desde el punto de vista regulatorio. Como muchos sospechábamos, las inyecciones de capital en gran parte de los casos trataban simplemente de anticipar el futuro reconocimiento de pérdidas adicionales; así ha tenido que
reconocerlo expresamente el regulador inglés. El Ecofin, por su parte, ha tenido que aclarar que las inyecciones de capital en modo alguno suponían un incremento del capital regulatorio necesario regulado.
Finalmente, todos los reguladores han manifestado que aunque hay que modificar los requerimientos de capital de Basilea II, esa modificación se hará de forma que pueda ser asimilada por las entidades sin penalizarlas aún más. A este
respecto debo señalar que las modificaciones propuestas por el Comité de supervisión bancaria de Basilea tendrán, cuando se establezcan, una incidencia mínima sobre los requerimientos de capital de las entidades españolas al referirse a actividades
y operaciones que no practican. Sin embargo, las consecuencias más graves de las inyecciones de capital en Europa han sido que han fragmentado el sistema financiero europeo en subsistemas nacionales y que han alterado la igualdad competitiva de
unas entidades con otras. El capital constituye la base de la estructura financiera de las entidades y determina el coste y la posibilidad misma de obtención del resto de sus fuentes de financiación; aún más, la participación del Estado en el
capital de una entidad puede interpretarse como una garantía implícita de dicho Estado a toda la deuda presente y futura de la entidad. La única posibilidad de compensar esta ventaja es reconociendo la incapacidad de la entidad a la que se le ha
suministrado capital para seguir ejerciendo su actividad con normalidad sin el incremento de capital necesario, es decir, reconociendo que la entidad necesita una reestructura profunda de sus actividades y de su negocio. Solo dicha reestructuración
garantiza el mantenimiento de la disciplina y la responsabilidad financiera; solo ella garantiza que el sistema salga de la crisis más fuerte y mejor estructurado.
Diré para concluir, si me lo permiten, que la economía española y su sistema bancario se enfrentan a un reto de proporciones históricas. No estamos solos, España es un miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria Europea, es uno de
nuestros grandes activos; otro es un sistema bancario sólido, eficiente y competitivo, y es crucial que lo siga siendo. Lo importante, por tanto, no es salir de la crisis, que lo es y mucho, sino salir fortalecidos de la misma. Es preciso sentar
con ambición las bases de nuestra prosperidad futura. Para ello deben realizarse las reformas necesarias, tanto en la economía española como en el propio sistema bancario.
Agradecemos profundamente al Gobierno la prioridad que está otorgando a la salida de la crisis. Confiamos, igualmente, para esta tarea en la bien probada experiencia, calidad y firmeza del Banco de España, a cuyo gobernador queremos
agradecer la excelente presentación y diagnóstico que ante esta misma Comisión hizo el pasado 25 de febrero. En todo caso, señorías, la AEB estará siempre a su disposición para colaborar a tirar del carro y arrimar el hombro. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Popular, en cuyo nombre va a intervenir el señor Montoro. Tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Martín, presidente de la Asociación Española de Banca, quiero agradecerle su presencia y su intervención esta mañana que, sin duda alguna, es clarificadora, aunque le voy a pedir también que la complete y que
haga una valoración, porque cuando las valoraciones se hacen sin leer los papeles quedan más sueltas, más abiertas, y quizá podamos conocer más en profundidad su pensamiento en cuanto a la situación que está viviendo España.
En primer lugar, arrimar el hombro, como nos pide el presidente del Gobierno, no es empujar para que España se despeñe por el desfiladero de la crisis económica. Hay que distinguir, porque arrimar el hombro puede ser una expresión que nos
lleve a la catástrofe y a la hecatombe más deprisa. Usted ya tiene claro cuál es el papel de cada uno de los grupos parlamentarios y no nos van a encontrar jamás arrimando el hombro en una dirección concreta que se está demostrando que es la peor,
la que nos está llevando a la crisis económica más grave, que es la que están padeciendo la pequeña y mediana empresa y los autónomos y, en definitiva, a una destrucción de empleo como nunca antes habíamos vivido.
Coincidimos con usted en que los problemas de España son su balanza de pagos, el déficit por cuenta corriente y la necesidad de endeudamiento.
Este ha sido el diagnóstico que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular desde la campaña
electoral, desde el primer día y en todas nuestras intervenciones, porque, además, es que el diagnóstico es de cajón, con perdón -por vulgarizar la expresión-. Si uno vive una crisis financiera mundial y afirma a continuación que mi país está
protegido de esa crisis financiera cuando tiene el mayor déficit exterior por cuenta corriente del mundo occidental, es que no vive en este país. Es que eso es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de España, no se le escapa a usted. Por eso
decía que ese saludo que ha dirigido al Gobierno de España ha sido protocolario pero innecesario, porque si el Gobierno de España hubiera hecho este diagnóstico, no digo ya en las elecciones pero sí en la primera medida de política económica que
adoptó, seguramente nos habríamos ahorrado perder 1.300.000 puestos de trabajo, grosso modo. Por tanto, quiero decir que la responsabilidad es también de los agentes sociales, porque los diagnósticos hay que hacerlos en su momento, y es que los
momentos no son gratis, tienen consecuencias y sin duda la responsabilidad social de hacer o no hacer diagnósticos en su momento tiene sus consecuencias.
Déjeme que le insista en que me dé su opinión. Si el problema de España es el endeudamiento y este lo tienen las familias, 3 ó 4 por ciento del producto interior bruto, y las empresas del orden del 10 o el 11 por ciento de nuestro producto
interior bruto, ¿quién ha sido el intermediario que lleva adelante ese endeudamiento? Evidentemente, las entidades financieras, eso lo respondo yo delante de usted. Las entidades financieras están en un apuro, porque solo faltaba que quienes
tuvieran un apuro fueran los tomadores de ese crédito. Quienes tienen la
responsabilidad de devolver la deuda exterior de España son las entidades financieras, ergo los bancos y las cajas españolas tienen un problema real y objetivo, que es hacer frente a los préstamos. Es que las facturas en economía hay que
pagarlas, señor presidente de la AEB, porque normalmente la vida es así de cruel y de dura, y cuando hay una crisis financiera mundial todavía con más motivo: en vez de concederte prórrogas en el préstamo lo que quieren es que les devuelvas cuanto
antes el préstamo que has tomado a esas otras entidades del mundo, los mercados financieros mundiales, que están, como usted ha dicho, en unas condiciones bastante precarias. En una palabra, usted coincidirá conmigo en que tenemos dificultades -no
le voy a pedir que utilice una palabra más gruesa que esa-, en que nuestras entidades bancarias están en dificultades, que consisten en que tienen que devolver los préstamos al exterior, así como las dificultades propias de la recesión, que
significa, en definitiva, que el incremento del paro y el cierre de empresas eleva muy rápidamente la morosidad; es decir, están en una pinza y, por tanto, la situación es francamente incómoda.
Eso va a llevar a una reestructuración del mapa bancario en España, porque nadie puede pensar que este statu quo vaya a permanecer. Sin duda alguna no es igual la posición de una entidad bancaria que la de otra, como tampoco son las mismas
las obligaciones y los riesgos que tiene contraídos esa entidad bancaria. Por tanto, estamos ante una reestructuración del mapa bancario en nuestro país. Usted, además reúne la experiencia de haber sido subgobernador del Banco de España. Entre
otros méritos, tiene una larga carrera en la Administración Pública, es un alto funcionario del Estado con una brillante carrera en la Administración pública y además ha sido durante largo tiempo subgobernador del Banco de España, por tanto, conoce
muy bien todo lo relativo a la regulación, a la supervisión y, en definitiva, las responsabilidades de las autoridades monetarias cuando tienen que gestionar una crisis, no en vano fue también miembro del equipo de gobierno del Banco de España que
tuvo que intervenir Banesto, concretamente en diciembre de 1993. En definitiva, conoce perfectamente lo que podríamos llamar los procedimientos. Si estamos ante una reestructuración del mapa bancario -bancos y cajas de ahorro en España-, ¿usted no
es partidario de que las autoridades económicas y monetarias en España expliquen claramente a los españoles cuáles son los procedimientos que van a utilizar para afrontar las dificultades del sistema financiero? ¿Usted no es partidario de que ese
procedimiento sea abierto, transparente y se someta a un control político, es decir, que sean el Congreso de los Diputados y el Senado de España los conocedores de lo que se puede o no se puede hacer con el dinero público a la hora de sanear
entidades bancarias? Usted conoce las intervenciones respecto de algunos de los países que ha citado -y le he notado crítico con algunas de esas intervenciones, con razón, y vaya por delante mi coincidencia y la del Grupo Popular en torno a algunas
de estas intervenciones- pero usted, en esas intervenciones, en esa presencia que está haciendo del Estado en el tema bancario, ¿conoce algún lugar del mundo donde eso se realice fuera del control político, del control parlamentario? ¿Usted conoce
a alguien que lo esté haciendo en términos del respeto que infunde solo la institución, por ejemplo la autoridad monetaria? ¿Algún banco central hace esto o es la autoridad supervisora? ¿En el Reino Unido lo hace la autoridad supervisora, es
decir, reordena el mapa, toma decisiones o es realmente una instrucción del Gobierno sometida a control parlamentario? Esto me parece un elemento fundamental a la hora de saber cuál va ser el resultado final de ese procedimiento.
La última cuestión es preguntarle la valoración que la AEB hace sobre la situación económica. La Confederación Española de Cajas de Ahorro lo ha manifestado ayer a través de Funcas, de su servicio de estudios, previendo que en España la
recesión este año va a ser del orden del 3 por ciento. Esto nos va a llevar a que tengamos 4,5 millones de parados -en el mejor de los casos, tal como está pintando la cosa- este año, más todo lo que venga para el año próximo. Por tanto, le pido
su opinión sobre la crisis, la valoración que hace la AEB y también su opinión sobre la salida de la crisis. ¿La salida de la crisis pasa por el saneamiento de los activos de los créditos bancarios en el sentido de saber cuándo superaremos la
crisis? ¿Cuando los bancos que han concedido esos préstamos lleven a sus libros, a su registro contable, el auténtico valor de esos activos o podemos entrar en una crisis muy larga como ha ocurrido en otros países desarrollados de la OCDE?
Realmente en ellos se ha vivido una crisis muy larga por este fenómeno que se ha conocido como bancos zombis y todo este tipo de terminología, que sabe que es para simplificar, porque no estoy diciendo que en España haya ninguno de estos fenómenos.
Usted conoce mejor que yo todo el argot y, en definitiva, todo el significado que tiene en cuanto a duración y permanencia de la crisis económica y, por tanto, de la falta de salida para el bienestar de los ciudadanos, para poder tranquilizarlos o
recomendar a las autoridades que hagan una política económica mucho más efectiva para salir de esta crisis que, si no se alarga, sí parece seguro que va a ser la más intensa que hemos vivido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer la comparecencia del presidente de la AEG, don Miguel Martín, ante esta Comisión de Economía y Hacienda. Intentaré fijar mi intervención sobre todos aquellos aspectos positivos de sus
manifestaciones y cómo va a posicionarse nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. También intentaré subrayar algunas buenas noticias que se desprenden de su intervención, porque
pienso que todo lo que sean buenas noticias económicas y financieras en todo lo que afecta a la salud de nuestro sistema financiero -en este caso concreto, a la salud de nuestros bancos-, seguramente será bien acogida por la sociedad y por
los agentes económicos y sociales, ya que sabemos que a lo largo de este año 2009 las noticias que van a proliferar van a ser casi todas negativas. Por tanto, pienso que cuando uno aprecia una buena noticia que afecta al sector financiero, la tiene
que manifestar.
Nos gustaría saber si esta apreciación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a ser refrendada por la opinión del presidente de la AEB. Yo sacaría una primera conclusión y después le haré algunas preguntas.
De su intervención podemos llegar a la conclusión de que todos los ahorradores españoles que han puesto su confianza en las entidades financieras pueden estar muy tranquilos porque sus depósitos tienen la máxima seguridad. Son depósitos que
no se van a perder ni a corto, ni a medio y largo plazo, ya que usted ha manifestado en su intervención que las entidades financieras no padecen de las enfermedades tóxicas que han padecido las diferentes entidades internacionales, y por tanto, no
será necesario utilizar las medicinas que se han aplicado en algunos países de la Unión Europea. Yo mismo, al interesarme por todos los aspectos que hacen referencia a la crisis financiera internacional, llego a una conclusión que me gustaría que
también usted refrendara. Las entidades financieras internacionales han quebrado en algunos países tan importantes como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bélgica o Francia, en los que el Estado ha tenido que nacionalizar una parte de estas
entidades financieras y en España, hasta la fecha -y parece ser que ni en un futuro inmediato ni a medio y largo plazo se va a producir- no estamos en la misma situación. Por tanto, es una primera apreciación que yo considero muy positiva. Otra
cuestión, señor presidente de la AEB, es el motivo de su comparecencia ante esta Comisión. Convergència i Unió ya en el mes de julio del año pasado planteó al presidente del Gobierno una de las problemáticas en las que estaba inmersa la economía
española, ya que a diferentes sectores productivos españoles no les llegaba la liquidez con la fluidez necesaria y suficiente para promover e incrementar la actividad económica. El problema de la liquidez ha sido uno de los aspectos conflictivos y
relevantes de esta crisis económica. Y tras reiteradas comparecencias y medidas, y tras convalidar algún real decreto-ley importante en el Congreso de los Diputados, se han implementado una serie de mecanismos para que las entidades financieras
gozaran de unos instrumentos adecuados para poder proveerse de liquidez y al mismo tiempo que esta liquidez fluyera a los mercados, a los sectores industriales a la economía productiva y a las familias.
A día de hoy, señor presidente de la AEB, parece ser que la liquidez empieza a fluir con más constancia e intensidad de lo que lo hacía hace uno, dos o tres meses antes, pero todavía hay aspectos, por las noticias que tenemos, yo diría
murallas importantes, que dificultan que la liquidez fluya a la economía productiva española. Es probable que diferentes sectores o segmentos de la economía española, medianas y grandes compañías no tengan dificultades excesivas o tengan las
mínimas dificultades para conseguir liquidez, pero también es cierto que en determinados sectores de autónomos y pequeñas y medianas empresas o microempresas hay dificultades importantes todavía para conseguir la liquidez. Desde esta perspectiva
nosotros les preguntamos qué es lo que se necesitaría desde su punto de vista, o sea, qué más medidas faltan por implementar para que esta liquidez, que no fluye todavía como tendría que fluir, llegue a las pequeñas y medianas empresas, a las
microempresas y a los autónomos, porque son elementos muy importantes y relevantes para que la economía productiva siga desarrollándose en nuestro país. Por tanto, deseamos saber qué falta desde su óptica para que esta liquidez sea una realidad
Es cierto que se han implementado también una serie de medidas importantes a través del ICO por las cuales, en combinación con los mecanismos que se han estimado oportunos, se han destinado alrededor de 30.000 millones de euros -que no dejan
de ser 6 billones de las antiguas pesetas- para que el ICO a través de la red de las entidades, de la banca y de las cajas, pueda llegar también a la economía productiva. Esto todavía no está ocurriendo porque existen dificultades de
comercialización, de adaptación, ahora quizá no pero hace aproximadamente uno o dos meses sabemos de ejemplos de pequeños empresarios que iban a hablar sobre el ICO a diferentes entidades financieras en capitales de provincia importantes y el
director de la agencia no sabía darles explicaciones de los productos alternativos del ICO. Esto crea una disfunción importante porque si hay 30.000 millones de euros encima de la mesa puestos a disposición de la economía productiva ya -cuando digo
ya hablo de la semana pasada o de hace un mes-, lo que no es normal es que hace dos meses estuvieran aprobadas estas medidas y este dinero no fluyera a la economía productiva. La presunta es qué es lo que hace falta o qué hemos de hacer, si hemos
de hacer alguna cosa desde el Parlamento español, para que realmente estos 30.000 millones de euros y todos los que se puedan aprobar a lo largo de este periodo de sesiones vayan directamente a la economía productiva, básicamente al tejido de las
pequeñas y medianas empresas.
También nos gustaría que nos explicara una cuestión que hace referencia a la competencia desleal que se ha dado con la adopción de determinadas medidas que hemos aprobado todos los grupos parlamentarios que estamos presentes en esta Cámara,
en el sentido de que hemos facilitado que la banca pueda acudir al Banco Central Europeo con los avales del Estado para tener más financiación. ¿Cuál es el resultado de esta buena medida? En teoría, que si un banco español que no está en crisis
financiera va con el aval del Estado a buscar dinero al Banco Central Europeo se encuentra con que el Commerce Bank, que ha quebrado, va con el aval del Gobierno
alemán y tiene unas condiciones más favorables que la banca española, que es solvente y está saneada; nos gustaría que nos lo explicara. Hemos llevado una ilusión tremenda a la economía productiva planteando una serie de medidas por
100.000 millones de euros en avales que en la práctica, en la realidad, no van a dar el fruto deseado, con lo cual también estamos provocando una frustración importante en los sectores económicos. La peor parte de la crítica se la va a llevar la
banca porque van a decir que han recibido subvenciones, avales, lo que no es cierto, no está bien especificado o mediáticamente no se ha explicado suficientemente bien, y resulta que estos avales quizá no se aprovechen, pero en el subconsciente de
los agentes económicos está esta idea de que la banca tiene unos avales que utiliza y después no fluyen a la economía productiva. Por tanto, nos gustaría saber su opinión.
Con referencia a la intervención a la que usted ha hecho mención, coincide activamente con la exposición que hizo el gobernador del Banco de España la semana pasada en el sentido de un aspecto concreto que ocurre en España: por la menor
demanda de crédito que se iba a producir en los próximos meses probablemente se tenía que llevar a cabo una reconversión importante del sistema financiero. Nos gustaría saber cuál es su opinión y en este sentido dar expectativas positivas de que en
el caso de que se produzca esta reconversión los ahorradores, los que han confiado en las entidades financieras tengan la plena seguridad de que no les va a afectar a sus ahorros.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor AZPIAZU URIARTE: Agradezco al señor Martín su presencia hoy aquí y las explicaciones dadas, aunque debo comenzar diciéndole que su intervención me ha parecido sinceramente muy poco autocrítica y bastante autocomplaciente. Amén de
que el rey y el propio presidente del Gobierno estén preocupados por el papel de la banca de cara a solucionar la situación económica, los que sí están preocupados son, evidentemente, millones de afectados, millones de ciudadanos y empresas a los
que les va la vida en ello, al menos la vida económica, y en este sentido hay que ser muy serio y muy responsable.
Ha hecho un análisis económico -supongo que también por el tiempo con el que contaba- bastante resumido, culpando básicamente de la situación de la economía española al déficit exterior. No voy a ser yo quien niegue esta cuestión, igual que
el señor Montoro suele apelar habitualmente a esta circunstancia como uno de los grandes problemas de la economía española, pero ese déficit exterior ha sido causado por múltiples motivos, y fundamentalmente por dos: ha sido porque el ahorro
interno no era suficiente para financiar la inversión y esta inversión iba al campo inmobiliario básicamente, amén de la baja competitividad de la propia economía española. Pero, claro, si todos éramos conscientes -o al menos muchos ciudadanos lo
éramos- de que el tema inmobiliario estaba tomando un cariz poco sostenible, las entidades financieras deberían de haber sido más conscientes que nadie cuando estaban incluso peleando para dar préstamos hipotecarios a tipos cada vez más ventajosos.
Si uno iba a una entidad de crédito, te daban el Euribor más 0,50 pero en la otra te lo daban al 0,25, incluso al 0,10, etcétera. Es decir, las propias entidades financieras iban alimentando una burbuja financiera que, amparada en los bajos tipos
de interés más esta pelea por el hipotecario, estaba provocando una situación insostenible, una situación que me imagino que los que tenían conocimiento de ella sabían que se tendría que arreglar algún día, que tendría que ajustarse, pero creo que
amparados por esa obsesión por el beneficio a corto plazo, no sé si por bonus o grandes salarios, la verdad es que nadie quería pararse a pensar qué había que hacer para que la situación de la economía en el sector inmobiliario fuera ajustándose de
una manera sensata. Considero que la responsabilidad está en el ámbito de todos. Evidentemente, también está en el ámbito del Gobierno, está en el ámbito del Banco de España. Recuerdo que algunas veces cuando solíamos acudir a las comidas de la
Comisión de Economía con el propio gobernador siempre hablaba de esa posible burbuja inmobiliaria que estaba latente, pero de verdad no se tomaban las medidas que había que adoptar.
¿Qué ha ocurrido ahora? Usted nos dice además: las entidades financieras españolas no están contaminadas y no tienen problemas de capitalización.
Bueno, yo le diría que de momento. ¿No están contaminadas? No lo sé, lo que sí le puedo
decir es que le voy a dar algún dato -que usted conoce mejor que yo- porque el otro día estuve en una conferencia bastante interesante donde se expusieron unos datos que creo que son relevantes a los efectos que hoy nos ocupan aquí. Quizá no tengan
problemas de capitalización pero de hecho el Banco Santander y el BBVA, por ejemplo, han visto bajar su valor en Bolsa de hace año y medio aquí a más de la mitad y a más de la tercera parte. Esto es un problema importante, no sé si tienen problemas
de capitalización, pero es un problema muy grave. Hay muchísimos ahorradores que han perdido muchísimo dinero y esto les ha afectado a su vida y además, como no lo van a recuperar en muchísimos años, van a sufrir esta fuerte caída durante muchísimo
tiempo. Hablo de acciones de BBVA y del Banco Santander por poner un ejemplo, no quiero tampoco ser extenso.
Fondos de inversión. Los fondos de inversión variables están cayendo este mismo año el 30 ó 40 por ciento. El año pasado ocurrió lo mismo. La gente que año tras año iba acumulando sus ahorrillos para ponerlos en el fondo de inversión, de
repente los han visto esfumarse. Este es un tema muy serio. Aparte de los problemas de las empresas, del circulante y de las familias a las que les pilla con un crédito hipotecario y cuya casa ahora vale menos que cuando la compraron y tienen que
pagar
por algo por lo que no les van a dar ese precio en el mercado, que son problemas reales, también existe un problema de millones de ahorradores que están afectados por fondos de inversión, valores de acciones, etcétera. El otro día el
director general de la Caixa, para más datos, hablaba de que en un momento determinado se había producido una juerga económica -decía con todo respeto esta palabra y la matizó-; una juerga económica, un exceso por parte de todo el mundo.
Evidentemente, esto hay que ajustarlo y hay que pagarlo. Hablaba de activos dudosos en la banca española de en torno a 60.000 millones de euros y un dato muy importante es que existían 315.000 millones de deuda por parte de promotores, distribuidos
en un 25 por ciento en suelo, un 40 por ciento en construcción y un 35 por ciento en viviendas no vendidas. Decía que en el año 2009 puede llegarse a un millón de viviendas vacías no vendidas.
Imagino que esta es una situación preocupante para las
entidades financieras porque, en principio, no se dedican ni a decorar viviendas ni a venderlas -aunque igual en el futuro se dedican a otra cosa- y este es un problema que está ahí y que es importante. Esto, unido a que la situación económica
actual es nefasta -vamos a ser claros-, a que a finales de año puede reducirse el crecimiento de la economía en un 3 por ciento y a que posiblemente la situación económica sea peor incluso en el año 2010 -no digo que baje más, sino que baje sobre lo
que ya haya bajado en el año 2009-, con aumentos del paro que pueden situarse en el 20 por ciento, en los cinco millones de parados, no sé si ya se puede hablar de problemas sociales de envergadura. Desde el punto de vista bancario, cuando analizan
esta situación dicen que el aumento del paro afecta directamente a la morosidad, a la solvencia y a las necesidades de capital, con lo cual esto que hoy dice usted que no es plausible o que no está cerca, puede ser una posibilidad bastante real a la
que habrá que hacer frente.
Nos gustaría saber cuáles son los planes de las entidades financieras. No sé si serán planes de reconversiones, de fusiones o de recapitalizaciones. Habrá que ir adoptando medidas para sentar de cara al futuro las bases del sistema
financiero para salir de la situación económica de crisis en la que todos nos encontramos. El Gobierno, efectivamente, ha ido adoptando medidas, a las que usted no ha hecho mucha referencia pero que supongo que serán bienvenidas por la banca, como
son la garantía de depósitos, el fondo de adquisición de activos, así como la posibilidad que existe a través del real decreto aprobado de que el Gobierno entre a formar parte del capital de algunas entidades financieras. Está ahí. Como insistía
el día 25 de febrero el propio gobernador del Banco de España y también el secretario de Estado de Economía, el decreto lo permite y siempre es una medida que, si en un momento determinado se necesita, se puede activar. Me gustaría que dijera usted
algo en relación con las medidas aprobadas por el Gobierno.
Por último, una pregunta que le hice al gobernador del Banco de España y al secretario de Estado porque -se lo digo sinceramente- me la han hecho a mí. Es si se ha considerado y en qué medida vería usted positiva desde el punto de vista del
estado financiero -en el sentido de que se deban dar garantías al sistema financiero para facilitar los préstamos a las empresas, a las familias y, en definitiva, para mejorar la liquidez y para que se engrase el sistema económico- la posibilidad de
garantizar o avalar el interbancario.
De momento ya me he metido en bastantes cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Herrera por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Quiero agradecer su comparecencia; una comparecencia que también fue solicitada por nuestro grupo.
Quiero empezar como empezaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Esperaba una intervención con algún elemento más de reflexión crítica en torno a las responsabilidades que también han tenido las entidades financieras. Se lo digo
porque usted ha hablado de que la economía está sobreendeudada y es cierto; seguramente es nuestro principal talón de Aquiles en un escenario de crisis global. Nuestro endeudamiento -si sumamos el endeudamiento familiar, el de promotores y
constructores- es equivalente al PIB y hay pocos ejemplos como el nuestro; de hecho, este factor ha sido determinante para tener esta pésima balanza comercial. Lo cierto es que a partir de la reflexión de que la economía está sobreendeudada, la
pregunta es qué papel han jugado las entidades financieras en ese sobreendeudamiento. Tenemos la sensación de que en el pasado -y el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco así lo trasladaba- las entidades financieras jugaron un papel activísimo en
el sobreendeudamiento familiar y empresarial, y precisamente gracias a eso pudieron tener un crecimiento por encima de la media del resto de entidades financieras en al ámbito europeo y global. Dicho de otra manera, podemos decir que las entidades
financieras han acabado teniendo, si me lo permite, un comportamiento ciclotímico. Daban más crédito que nadie cuando quizá no tocaba darlo y -aquí está la segunda parte y es la consideración de nuestro grupo- ahora dan menos crédito que el que
deberían dar. Estamos, por tanto, ante una responsabilidad de las entidades financieras que han endeudado más de la cuenta nuestra economía y que, precisamente por ese comportamiento anterior, hoy están dando menos crédito del que tocaría. Sé que
usted hizo unas declaraciones de las que luego indicó que fueron malinterpretadas, pero yo las leí y usted explicaba que el problema estaba en la economía real. Nosotros creemos que el problema está también en las entidades financieras, porque
entendemos que deben cumplir con una función pública. Intuimos que en un contexto como el actual -después explicaré por qué- están dando menos
crédito o crédito en peores condiciones de lo que tocaría. Sabemos que no se da el mismo crédito en estas circunstancias que en las circunstancias de hace dos años, pero entendemos que se está dando menos crédito y con peores condiciones
que lo que tocaría en este momento económico y eso nos preocupa. Es más, nuestra tesis es que su actitud, no solo la que salga de ustedes mismos sino la que se les exija, permitirá una salida traumática o no de la crisis. Todos estamos haciendo
visitas por el territorio y yo, como cualquier dirigente político, también las hago. Lo que encuentro en las realidades metropolitanas afectadas por el endeudamiento es que hay una generación a la que afecta el endeudamiento -y mucho- que se sitúa
entre los 30 y los 45 años, aquellos que han accedido a la vivienda en los últimos cinco o seis años y a los que les pueden embargar el salario. Además, se da una circunstancia agravante que no se producía en ninguna otra crisis: incluso la
generación de sus padres puede verse afectada, porque fueron aquellos que avalaron el piso.
De una actitud responsable o de una actitud agresiva por parte de las entidades financieras se derivarán situaciones más o menos dramáticas en barrios y
ciudades, porque la diferencia de esta crisis respecto a la de los años ochenta es que el actual endeudamiento familiar no tiene precedentes y, por tanto, por este factor diferencial, es más difícil que se alcancen ahora las redes de solidaridad
familiar que se producían en los años ochenta. Por eso, tenemos la tesis de que cuando a ustedes se les compran activos, o en el caso hipotético de que se tengan que comprar títulos, se deberían poner condiciones para garantizar que haya un
porcentaje de créditos que se otorguen y no dejarlo a su voluntad.
Además, entendemos que deberían ponerse límites para que los embargos no afecten al salario, a la prestación por desempleo e, incluso, a las viviendas de los avalistas que en muchos
casos son padres y madres de los que adquirieron un piso.
¿Por qué entendemos que se está dando menos crédito del que tocaría? Tuvimos una primera constatación a partir de lo que nos comentaban empresarios de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo del sector de la automoción, de componentes
-les hablo de empresas del área metropolitana de Barcelona-, cuyo principal problema para continuar era que las condiciones del crédito se habían encarecido muchísimo, hasta el punto de que lo que era un Euribor+1 o un Euribor+2 había pasado a ser
un Euribor+5, teniendo unas perspectivas de continuidad empresarial. A esto se le sumaba el ejemplo de quien quería acceder a una vivienda de protección oficial, incluso con un trabajo estable y con perspectiva de mantenerlo, y se le negaba el
crédito, imposibilitando por tanto el acceso a esa vivienda de protección oficial al negar un crédito más allá de lo que es razonable en un contexto como el actual. A esta primera impresión de una actitud no responsable por parte de algunas
entidades financieras se le sumó después una segunda constatación: la encuesta de las cámaras de comercio. No voy a entretenerme en detallarla, porque en esta Comisión ya hemos hablado de ella y usted la conoce tan bien o mejor que nosotros. Se
ha dicho que las características de la encuesta no eran del todo fiables, pero lo cierto es que después ha venido una encuesta del Banco de España que ha acreditado la impresión que teníamos a partir de las experiencias concretas y de la encuesta de
las cámaras de comercio. En esa encuesta se ha acreditado que la banca española frena más el crédito que la banca europea, cuando los escenarios económicos son los mismos o en cualquier caso tan preocupantes como en países de nuestro entorno.
Conclusión: desde nuestro punto de vista, ustedes hoy forman parte del problema. No digo que sean el problema en exclusiva, pero forman parte de él porque están dando menos crédito del que tocaría, en parte porque concedieron más en el pasado, y
en parte porque tienen que ir a los vencimientos de este año, que ascienden a cifras más que notables, porque no pueden recurrir al interbancario, y porque el que fue su talón de Aquiles, sobre el que basaron precisamente los crecimientos
extraordinarios, hoy es uno de los factores sobre el que no podemos empezar a conceder crédito a aquellas empresas que necesitamos que continúen, y cuyo principal problema no puede ser, como lo es hoy, el problema financiero.
La encuesta del Banco de España es muy clara. En préstamos sobre depósitos la disminución en España es superior a la que se produce en la zona euro, en Alemania, en Francia y en Italia. En préstamos en sociedades no financieras también.
La encuesta demuestra precisamente que aquello que el gobernador del Banco de España consideraba posible, esa sobrerreacción a la crisis económica y financiera por parte de las entidades financieras, se está dando. Hay una sobrerreacción por parte
de las entidades financieras que está añadiendo un problema grave a un contexto como el actual. Es aquí donde quisiéramos que hicieran esa reflexión autocrítica, y donde los instrumentos que se tienen que implementar tienen que ir más allá de las
buenas palabras, de los consejos, de decirles qué tienen que hacer. Tiene que haber elementos de exigencia -ya sabe que esta es nuestra tesis y no coincidiremos-, sin renunciar a instrumentos como los bancos públicos, porque instrumentos públicos,
como fue Argentaria en su momento, podrían ser muy útiles ante la inexistencia de función pública por parte de las entidades financieras.
¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que en un contexto en el que hay una bajada más que notable del Euribor las empresas se encuentren con condiciones de crédito mucho peores que las que tenían hace tiempo. Las compañías sufren también los
nuevos aires bancarios, como se escribía en un periódico hace pocos días. Jesús Bárcenas, presidente de la Cepyme, se quejaba de que no solo no se hayan abaratado los créditos, sino de que ahora sean más caros que hace un año, cuando el Euribor
estaba más de 2,5 puntos porcentuales por encima del nivel actual. Si esto está pasando, la pregunta es: ¿cuál es su responsabilidad? Creemos que tiene que haber un ejercicio de autocrítica y tiene que haber instrumentos
diferentes -no sirven los planteados hasta el momento- para garantizar precisamente esta anomalía. Usted sabe que la tasa anual equivalente para el consumo se ha disparado desde el pasado enero hasta el 11,5 por ciento. Si tenemos un
problema de consumo podemos llegar a tener -la economía no lo quiera- un problema de deflación. El hecho de que se estén dando préstamos al consumo de estos porcentajes también forma parte del problema. Por tanto, constatamos que hoy tiene que
haber un cambio de actitud y mayores exigencias a entidades financieras, en este caso a las que usted representa, a la banca, para que garanticen que ese préstamo se dé en mejores condiciones, porque si no la bajada del Euribor es un espejismo. El
ciudadano que quiere acceder a una vivienda o el pequeño y mediano empresario que quiere acceder a un crédito cree que eso se traducirá en mejores condiciones al crédito, pero no se trata ya de que sean mejores, se trata de que sean como mínimo
iguales, porque precisamente los diferenciales se están incrementando y pueden compensar el incremento que se está produciendo -lo sabemos- de la morosidad.
Sé que su argumento es el incremento del paro, un incremento del paro diferente respecto al del resto de los países de la Unión Europea, que hace que haya un incremento más notable de la morosidad, pero usted también sabe que ese incremento
del paro -no sé decirle en qué porcentaje ni en qué proporción-, se debe precisamente a que hay muchas empresas que aún funcionan y que tienen esos problemas financieros, problemas financieros que están los primeros en el orden del día. Los datos
del Banco de España corroboran que nunca antes había existido ese salto tan grande entre el Euribor y los tipos medios a los que las entidades conceden préstamos, y cuando ese diferencial es tan abismal tiene que haber un cambio de guión.
Acabo ya, porque me interesan mucho las preguntas y que entre en el detalle de lo que le hemos trasladado, tanto yo como el resto de los portavoces. Creemos que es fundamental esa reflexión autocrítica por su parte, y precisamente en este
contexto deberían introducir elementos que garanticen que no pase lo que pasa hoy: que una persona que compró una vivienda hace un par de años, cuyo precio ha bajado, a la que se le dio un crédito por el cien por cien y a la que seguramente la
vivienda se le tasó un poquito por encima de su valor, se encuentre hoy no solo con la vivienda hipotecada, sino con que tiene que devolverla con el resto de sus bienes, sometiéndole a una asfixia absoluta que le lleva a la inviabilidad económica y
que conduce a la inviabilidad económica de todo el sistema. En este contexto es en el que decimos que es fundamental esa clave de responsabilidad, de exigencia por su parte, de exigencia por parte del Gobierno y por parte del legislador. Nosotros
estábamos de acuerdo con la compra de activos, pero no con que se hiciese como se hizo, es decir, sin exigir nada. Aquí continúa habiendo un problema de crédito y entendemos que algo tiene que cambiar en el guión, y ese algo tienen que ser esos
elementos de exigencia que estamos dispuestos a debatir y a trasladar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas, de Coalición Canaria.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias por su comparecencia, señor Martín Fernández.
Usted ha dicho aquí que la economía española está sobreendeudada, pero lo dice hoy, no lo dijo en el momento en el que se produjo ese sobreendeudamiento. Se dice hoy, en el momento en el que ya no se está hablando de un tema coyuntural.
Ustedes eran los responsables de analizar en aquel momento si la economía y esas entidades financieras se podían permitir ese sobreendeudamiento. Usted plantea que no nos podemos permitir una contracción brusca del crédito porque eso destruye el
sistema económico. Se ha producido esa restricción del crédito, y no porque lo diga yo. El propio presidente del Gobierno, el ministro de Economía y los agentes económicos y sociales les han reclamado apertura, y no esa restricción porque, como
usted mismo ha manifestado -y lo compartimos- esa brusquedad destruye la confianza. Usted afirma que no están restringiendo el crédito, y aquí nos planteamos muchas dudas, porque depende de los números que se analicen: si el número de operaciones,
si el importe de las mismas, si en un sector se acumula la concentración. Esa afirmación debería especificarse para poderla compartir o no.
Es muy fácil analizar la economía a posteriori. Aquí se ha dicho por altos cargos de este país que la crisis mundial fue una crisis financiera que generó fundamentalmente en Estados Unidos la crisis económica, y que en España es lo
contrario, que la crisis económica puede generar una crisis en el mundo financiero. Al final todo eso, y fundamentalmente en nuestro país, se plantea como una crisis de confianza que puede arrastrar el sistema financiero. Yo le pregunto: ¿falta
de confianza de los depositantes en las entidades financieras para mantener sus depósitos? ¿Falta de confianza de unas entidades financieras a otras para que el sistema funcione? ¿Falta de confianza de la banca en las cajas de ahorros o de los
bancos entre sí? ¿Falta de confianza en las personas a las que ustedes van a prestar el dinero? Al final, falta de confianza o desconfianza de todo el sistema, del que deposita sus fondos en ustedes, del dinero que ustedes van a prestar a clientes
que durante toda la vida tuvieron su confianza y que en este momento han perdido la confianza de su banco y de su entidad financiera, a la que han sido leales durante los últimos treinta años. Se lo planteo, entre otras cosas, porque el informe del
Banco de España de ayer dice cosas que yo comparto, porque yo he sido responsable de una entidad financiera y fui consejera en los años ochenta, en la anterior crisis económica, de una entidad financiera en Canarias, y lo que está pasando es muy
sencillo. Es como aquello que te decían: si tú debes 500.000 pesetas, tienes un problema;
si debes 500 millones, el problema lo tiene el banco. Ayer decía el Banco de España en su informe que esa restricción del crédito, que ha sido superior en España que en el resto de Europa, se ha centrado -fíjese usted lo que le estoy
diciendo- precisamente en las pequeñas y medianas empresas, no en esas grandes empresas que son las que realmente pueden generar problemas al mundo financiero, y las que están en el debate económico, sino en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por
qué? Porque esa es la economía real, pero es curioso que el informe del Banco de España de ayer exponga, con términos técnicos y públicamente, lo que dicen los ciudadanos. Lo que está pasando es que las entidades financieras -con todo el respeto-
están exigiendo a clientes de toda la vida un incremento de garantías para transacciones normales comerciales. ¿Qué le estoy diciendo? Se está pidiendo garantía hipotecaria para renovar pólizas de crédito o líneas de descuento de fondos públicos;
se están pidiendo garantías hipotecarias a empresarios para operaciones a corto plazo, para una línea normal que se renovaba antes. Lo que nos tememos muchos diputados -que eran las grandes dudas que planteábamos al Gobierno- es que el aumento de
liquidez que supuso esa garantía y esa operación del Estado, que creíamos que era necesaria, se haya concentrado en aquellas grandes empresas cuya posible caída o no renovación crearía un problema en las entidades financieras.
En este país se habla de las inmobiliarias, de las grandes constructoras, pero no se ve cómo en el año 1983 -que usted y yo seguramente vivimos- los bancos tuvieron que crear las sociedades inmobiliarias, donde se pusieron en el mercado
propiedades a precio de mercado y no a precio de especulación, y en este momento ni la vivienda ha caído ni los bancos ni las cajas de ahorro están con las entidades inmobiliarias poniendo vivienda en el mercado, porque a precio normal de mercado y
a sueldo normal la gente podría comprar una vivienda, pero un sueldo normal todavía no puede comprar una vivienda en este momento. En este país puede comprar la gente de alto poder adquisitivo o la gente que va a una vivienda social en determinadas
condiciones. La clase media española todavía no puede acceder a la vivienda normal a precio de mercado, que fue la que se le facilitó en la anterior crisis económica. Se lo digo porque yo viví aquella situación en la comisión ejecutiva de una
entidad financiera.
Termino con pocas cosas más. Como le digo, me da la impresión de que se están reforzando las garantías, pero con las pequeñas y medianas empresas, para determinados clientes y operaciones donde se está centrando esa liquidez para que no
repercuta en las condiciones de la banca. Quiero hacer unas preguntas muy claras sobre dos afirmaciones que hizo el gobernador del Banco de España. Descarta que en España haya necesidad de recapitalizaciones públicas en el futuro, pero no descarta
que dé lugar a un proceso de reestructuración del sistema bancario. Yo le pregunto a usted, como representante del sector de banca: si hay que intervenir, ¿cuál es la vía que ustedes creen que en la economía española sería la adecuada? ¿Sería
mejor salida para los bancos en dificultades su absorción por otros, como ha empezado a pasar en el mundo de las cajas de ahorro? ¿O consideran que lo serían las capitalizaciones públicas, como ha ocurrido sobre todo en Gran Bretaña? ¿O la tercera
vía que se está poniendo sobre esta mesa, la intervención del Banco de España en entidades tocadas, saneamiento de sus cuentas y venta al mejor postor? ¿Por qué le digo esto? Porque el 6 de marzo el gobernador del Banco de España, por primera vez
-y yo esperaba que usted hoy dijera algo sobre eso-, solicitó a la banca y a las cajas de ahorro unas proyecciones teóricas, que no son fundamentadas en datos reales, de qué pasaría si esta crisis se alargara tres o cuatro años; las previsiones que
ustedes tienen de solvencia, de morosidad, de financiación y de mercado en el caso A, en el caso B y en el caso C, en un escenario de mayor estrés o incluso -como se dijo en el comentario de alguno de ustedes-en otro casi apocalíptico, y no es que
esté pensando el gobernador del Banco de España -y lo quiero decir aquí- que se den las circunstancias apocalípticas, pero dice: vamos a tener previsto el A, el B y el C, a mí eso me parece responsable.
Yo le planteo a usted, como responsable de la banca, lo siguiente: si las previsiones de lo que va a durar esta crisis económica en los dos últimos meses han cambiado por parte de todos los agentes -españoles, internacionales, privados o
públicos y por ustedes-, ¿la banca está reconsiderando la situación y las previsiones que usted en su intervención ha hecho, que no ha modificado y que son las mismas de noviembre? Es decir, si la banca española está haciendo un ejercicio de
responsabilidad y de análisis. Si esto tiene una duración de tres años, ¿el objetivo es salvar la entidad financiera o dar salida a nuestra economía? Si cuatro grandes empresas en este país o dos entidades financieras tienen que caer para salvar a
millones de pequeñas y medianas empresas y a la economía de este país, habrá que hacerlo. A mí me da la impresión de que las decisiones que se han tomado en los últimos seis meses por los operadores económicos y las entidades financieras han ido
más en previsión de una crisis coyuntural o a medio plazo y con decisiones más para salvar el pellejo que para dar a la economía real una salida. Creo que si no damos salida a la economía real, a la de las pymes y a la de la mayoría de los
ciudadanos de este país, ustedes, las entidades financieras, van a tener un problema, los ciudadanos también, y seguramente no sacaremos la cabeza en 2011 ó 2012, sino que podremos estar en España, a diferencia del resto de los países, en una
situación más difícil.
Termino con una última frase. ¿Usted recuerda cuando hablaban de un pollo y cuando los economistas -yo soy economista- calculábamos las medias y estas cosas y decíamos: a cada uno le corresponde medio pollo? Y algunos decían: ¿dónde
están el mío y los seis de mi familia? Hay alguien que se está tomando los diez de la familia numerosa de mis padres. Pues da la impresión,
a nivel de economía real y de pequeña y mediana empresa, de que toda esa liquidez que las fuerzas políticas y el Gobierno han puesto sobre la mesa se ha concentrado quizá en determinados clientes con los que tiene el problema el banco, y no
en el ciudadano que tiene el problema, que es por lo que estas fuerzas políticas apoyaron al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: En primer lugar, en nombre de mi grupo quiero expresar nuestro agradecimiento al señor Martín por su comparecencia en esta Comisión y por su exposición.
Usted ha manifestado, textualmente creo, en nombre de las entidades bancarias que representa, el compromiso que asumen de arrimar el hombro y de no escatimar esfuerzos para salir de la crisis. Creo, sin duda alguna, que esa es la actitud
que necesita este país, la del compromiso de todos, la de arrimar el hombro de todos; le agradezco ese compromiso y le pido que se traduzca en hechos. Es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo por inyectar liquidez a las entidades financieras,
por ampliar todas las líneas de crédito del ICO, a las que luego me referiré, y lo que esperamos es que ese compromiso se traduzca en que esos créditos lleguen a sus destinatarios finales, y que efectivamente evitemos ese círculo vicioso porque
sería imposible salir de la crisis si no lo rompemos.
También le voy a plantear una serie de preguntas. Espero no extenderme demasiado, pero debe entender el interés que nos suscita a todos los partidos políticos su intervención y su comparecencia de hoy en esta Comisión. Usted hizo antes
referencia a la comparecencia del gobernador del Banco de España en esta Comisión el pasado día 25 de febrero.
Comparto con usted que fue una magnífica comparecencia. En ella el gobernador alertó sobre los riesgos de una posible sobrerreacción de
las entidades financieras a la hora de evaluar el riesgo de los prestatarios y su solvencia, incidiendo de esta manera en una mayor contracción del crédito. Pero si a esta posible actitud se une el carácter procíclico de la actividad crediticia,
resultaría que las entidades financieras corren el peligro de reducir aún más la caída de la oferta crediticia y los efectos contractivos sobre la economía real, alimentando por tanto ese círculo vicioso del que debemos salir necesariamente para
encontrar la salida de la crisis actual. Me gustaría conocer su opinión respecto a si esta posible sobrerreacción se está produciendo. Si es así, cómo piensa que se puede corregir, y si ha sido objeto de valoración en el ámbito de la patronal.
También en relación con el comportamiento del crédito -que está creciendo a un ritmo mucho más moderado, aunque en términos netos todavía el crédito bancario sigue creciendo- es verdad que se ha producido una contracción brutal en su ritmo
de crecimiento. Dado que hay factores tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, aunque sé que es difícil dilucidar qué porcentaje o qué peso tiene cada uno de ellos, sí me gustaría saber su opinión y en qué medida se puede
aclarar la causa explicativa de la caída en los dos componentes. Coincido con usted en que una de las características de nuestro sistema financiero, sin duda alguna, es su mayor eficiencia relativa, su carácter especializado en la banca universal
minorista, con vocación -y quiero resaltar esto por algo que luego diré- de atención al cliente. También es verdad que nuestra mejor regulación y supervisión del Banco de España -lo que sin duda es verdad y usted ha reconocido- ha permitido una
mejor posición de partida del sistema bancario español ante la crisis financiera internacional. Es verdad que los 35.000 millones de provisiones contracíclicas que se han acumulado desde enero de 2000 constituyen un colchón extra, que hoy quisieran
para sí todos los supervisores -y lo quieren copiar-, y también es un hecho diferencial positivo -como también usted resaltaba- que el Banco de España no permitiera tener fuera de balance grandes vehículos sin apenas capital, como sí permitieron
otros muchos supervisores y que está detrás de las inversiones en los activos tóxicos americanos que nos han llevado donde ahora nos encontramos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, vocación de servicio al cliente, mayor eficiencia y mejor posición relativa ante la crisis de partida, me gustaría saber cómo nos puede explicar el hecho reflejado en la última encuesta sobre
préstamos bancarios que realiza el Banco de España, según la cual la caída de la oferta crediticia es superior en España que en la unión económica monetaria, y especialmente el crédito a las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría de sus
clientes naturales.
También, en tercer lugar, me gustaría conocer su valoración más en concreto respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para facilitar liquidez al sistema financiero, tanto el Fondo de adquisición de activos como la línea de
avales. Antes hacía referencia en su intervención el portavoz de Convergència i Unió, y a mí me gustaría saber cómo cree que está realmente facilitando la situación en la que se encuentran nuestras entidades bancarias, y en qué medida está
contribuyendo a que llegue al destinatario final del crédito. En la citada encuesta, a pesar de que los datos correspondientes al último trimestre son claramente negativos respecto a la encuesta del trimestre anterior, también es verdad que los
encuestados preveían que la situación en este primer trimestre del año iba a ser mejor, en la medida en que se iban a ir notando los efectos de las medidas implementadas, tanto a nivel coordinado en la Unión Europea como en el caso del Gobierno de
España. Me gustaría conocer si cree que esa previsión -con los datos que usted pueda conocer hasta el momento- se está traduciendo en una realidad o no.
Igualmente me gustaría conocer su opinión sobre la posible creación de los denominados bancos
malos, que ahora está tan debatido
en algunos países de nuestro entorno. Y al mismo tiempo qué medidas considera que sería necesario instrumentar, en caso de que hiciera falta, para restablecer el funcionamiento normal de los mercados financieros.
Por otra parte, es verdad que existe una gran coincidencia en los factores desencadenantes de la crisis internacional: el exceso de liquidez, la laxitud de la política monetaria aplicada, la falta de transparencia y de información respecto
a los mercados de activos financieros complejos, y la relajada regulación y supervisión sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que estamos en una crisis de excesos donde todos tienen su responsabilidad. Yo creo que hay una coincidencia en gran
parte de los portavoces de los diferentes grupos políticos que estamos aquí representados en que en una crisis es fundamental tener un buen diagnóstico de la situación, pero también es fundamental reconocer errores y asumir responsabilidades. Como
decía antes, le agradezco su reconocimiento y su actitud de arrimar el hombro, pero me gustaría saber cómo valora la responsabilidad de nuestro sistema financiero a la hora de facilitar ese sobreendeudamiento que se ha producido y que la verdad no
nos ha pillado desprevenidos, ya que se venía advirtiendo desde hacía mucho tiempo, tanto desde el propio Banco de España como desde los organismos internacionales. Evidentemente no se puede producir un sobreendeudamiento solo por el lado de la
demanda si no hay quien lo facilite.
También en ese sentido me gustaría saber qué piensan hacer para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la que ahora estamos viviendo. Es verdad que las burbujas no se desinflan -desgraciadamente ya hemos conocido varias-; las
burbujas estallan. Por eso me gustaría saber si la asociación de las entidades bancarias está pensando en un cambio de actitud, en un cambio de protocolo de actitud o de código de buen gobierno que impida en el futuro que se vuelva a producir una
situación como la que ahora nos encontramos.
Por otra parte, es verdad que el nuevo escenario resultante de la crisis, con las tensiones financieras existentes, la mayor aversión por el riesgo, el endurecimiento de las condiciones de solvencia, la severidad de la crisis de confianza
-esto es una gran crisis de confianza-, y la revisión a la baja de las expectativas con el consiguiente retraimiento generalizado del gasto de las familias, conducen a una previsible caída del volumen de negocio de la actividad bancaria.
Lógicamente somos conscientes de que esas situaciones están ya y es previsible que se produzcan reestructuraciones en el sector. Creo que una gran parte de los grupos políticos representados en este Parlamento también compartimos que es una
situación en la que nos vamos a poder encontrar, y me gustaría saber si usted cree que se van a producir reestructuraciones en el sector y, en ese caso, cuáles son las vías que usted considera más adecuadas. En el hipotético caso de que hubiera que
tomar medidas en el proceso de reestructuración, ¿cree que el Fondo de garantía de depósitos es el mecanismo adecuado o debería hacerse a través de otros mecanismos? En ese caso, ¿cuáles?
Por otra parte, ya termino, señor presidente, antes hacía referencia a la importancia de que veamos ese compromiso traducido en que las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial lleguen a sus destinatarios finales. Hay quien dice
que el Gobierno no está haciendo un esfuerzo suficiente; eso no responde en absoluto a la realidad y solo obedece a la demagogia barata de quien no tiene argumentos. Aquí el gobernador del Banco de España también dijo que en los últimos tres
meses, con datos hasta enero y elevando este comportamiento a tasas anuales, el crédito neto en nuestro país había aumentado en 40.000 millones de euros. El conjunto de líneas que el Instituto de Crédito Oficial tiene a disposición de las pequeñas
y medianas empresas y de las familias en este año asciende ya a casi 34.000 millones de euros, lo cual es una cuantía muy significativa, porque es la tercera parte del crédito que concede nuestro sistema ahora mismo en nuestro país. Teniendo en
cuenta esto, cuáles son en su opinión las razones que han provocado que las líneas no estén llegando con la rapidez e intensidad necesarias a sus demandantes, y si hay que introducir modificaciones para que esto suceda, cuáles cree que se deberían
introducir, porque el objetivo de todos o al menos de casi todos -desde luego, nos consta que el de la asociación que usted preside también lo es- es ayudar a salir de esta crisis cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: De nuevo, tiene la palabra el señor compareciente.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA (Martín Fernández): Ante todo, muchísimas gracias; primero porque el tono ha sido extremadamente constructivo y, segundo, porque han planteado todos los temas importantes; por
tanto, ante todo mi agradecimiento. Las preguntas son tantas que voy a tener muchas dificultades para poder responder a todas pero, como si no contesto a alguna ustedes van a tener oportunidad de recordármelo, estaré encantado de, cuando me
reprendan, responderlas en mi siguiente intervención. Ante todo, he recibido el mensaje de la autocrítica. Todos ustedes me lo han planteado y no tengo la menor duda de que hay una parte de autocrítica que tenemos que asumir, y no tengo el más
mínimo reparo en hacerlo. De hecho, lo hemos asumido nosotros mismos interiormente y también siempre que hemos analizado estos temas con el Gobierno o con los agentes sociales. Sin lugar a dudas, hemos sido parte en el crecimiento del crédito en
la época del bum. Como se ha dicho aquí, no hay demanda sin oferta ni oferta sin demanda, las dos partes tienen que cuadrar, y el sistema financiero ha satisfecho la demanda. ¿Podría hacer otra cosa el sistema financiero? La contestación a esta
pregunta es muy complicada y los economistas muy sesudos tienen muchas oportunidades para analizarlo. Normalmente se considera que en las épocas de bum, originadas
por supuesto -y ya nadie lo duda- como consecuencia de una política monetaria laxa que se ha producido en todo el mundo y también en España pero no por responsabilidad de las autoridades españolas, en esas condiciones de una política
monetaria laxa donde el deudor o el futuro deudor tienen tipos de interés reales negativos y donde los precios suben, evidentemente la demanda se dispara.
¿Cómo lo pueden contener las entidades financieras? Los macroeconomistas no se ponen de acuerdo, pero los que hemos vivido algunos de estos ciclos hemos intentado contenerlos porque pensábamos que perdíamos la soberanía monetaria a través
de medidas prudenciales, y una de ellas es, por supuesto, la anticíclica, la famosa provisión genérica. Esa era la única defensa que se podía establecer ante una política monetaria que iba a ser, para el caso de España, muy laxa. Luego el bum que
hemos tenido ha sucedido a pesar de una política prudencial en la que se ha intentado frenar todo esto. A pesar de todo, no voy a echarle la culpa solamente a la política monetaria, por supuesto que no; las entidades en estas épocas sobre
reaccionan -como también se ha dicho aquí- expoliadas por la competencia. Es lo que se llama el riesgo de negocio, si yo no doy tanto crédito como mis competidores pierdo cuota de mercado. Es extremadamente difícil luchar contra ese riesgo de
negocio. Algunas entidades han podido hacerlo saliendo fuera de España pero las que estaban dentro de España tienen que competir entre sí. ¿Vamos a decir que hay que reducir el nivel de competencia? No creo que esa sea la respuesta. Hay que
incrementar el nivel de competencia, pero también hay que asumir esa parte de responsabilidad en el exceso de crédito que, probablemente, se dio. En aquel momento, dentro de la una unión monetaria se decía que no existía límite, como también se
decía que no había problemas en ningún déficit de balanza de pagos porque en una unión monetaria el déficit de balanza de pagos no es trascendente. Ahora se ha visto que no es verdad; el déficit de balanza de pagos es simplemente un riesgo de
endeudamiento, un riesgo de crédito. En una unión monetaria el riesgo de devaluación, el riesgo de cambio, se transforma en riesgo de crédito y eso es lo que nos está ocurriendo. Por tanto, el diagnóstico estaba claro cuando estábamos cometiendo
el exceso de crédito, pero lo que no sabía nadie es cómo se combate los efectos de una política monetaria laxa en un ambiente en el que el sistema bancario es muy competitivo.
Esto me lleva directamente a otros temas que ustedes han planteado como el de las soluciones. No todas las entidades se han comportado igual; es decir, hay algunas que han ido al frente de la manada. Es el riesgo del comportamiento de
rebaño, pero hay algunas que han ido más deprisa, han ido al frente de la manada, y otras han ido por detrás. Por tanto, digamos que hay una responsabilidad colectiva que es del sistema financiero y que yo asumo en la parte de mi 44 por ciento de
responsabilidad, pero hay una parte que es responsabilidad de cada entidad individual que estaba corriendo en la manada. Lo que digo es que en la solución, cualquiera de las soluciones, es que precisamente los mayores responsables tienen que hacer
frente a su responsabilidad. En cualquier solución que le demos a la situación financiera o al sector del sistema financiero español, en torno al cual me han preguntado varias veces cómo arreglamos el tema o qué reestructuración hay que hacer,
pongamos una condición básica, que todas las entidades respondan y hagan frente a la responsabilidad que han tenido. Por tanto, ninguna solución será buena si no se hace frente a las responsabilidades incurridas por cada una de ellas. Por eso,
adelantándome a muchas preguntas sobre cómo se hace, Fondo de garantía de depósitos, inyecciones de capital..., no se preocupen ustedes, lo importante es que los responsables, aquellos que están en peor situación porque dieron crédito en peores
condiciones a quien sea, esos tienen que hacer frente a sus responsabilidades.
Cualquier solución es adecuada, no tengo ningún problema. Yo tengo la mía porque creo que es exactamente la tradicional española. Cuando se ha dicho aquí que
necesitamos un protocolo o una política, yo diría que en ausencia de alguna aclaración, es porque va a seguir funcionando el protocolo que teníamos en España. España es un país experto en crisis bancarias. Hemos tenido crisis bancarias a finales
de los setenta, los ochenta, los noventa y hemos aprendido cómo se hacen y cómo se resuelven las crisis bancarias. Por tanto, que se apliquen los mecanismos que en España han dado buen funcionamiento.
¿Cuál es la premisa más importante? La premisa más importante, que fue la que aprendimos en las crisis anteriores, es que hay que resolver las crisis de forma que el sistema salga fortalecido, no debilitado.
Entonces, cuando se analice
cualquiera de las soluciones que se están poniendo encima de la mesa, nos debemos preguntar qué pasará dentro de tres años o de cinco, si estará mejor el sistema o peor, si estará más fuerte, más sólido, si tendrá capacidad para servir mejor a los
clientes y a la economía. Y en función de eso, de que el sistema salga fortalecido, es como tenemos que analizar las medidas correspondientes.
El sistema tradicional español, a través del Fondo de garantía de depósitos, es un sistema que garantiza
que no hay fondos públicos gratuitos, que el sector se tiene que comprometer a devolver cualquier fondo que se le inyecte y, tercero, que se hacen las reestructuraciones precisas para que el sistema salga fortalecido. Esas son las premisas. Si no
se han variado esas premisas es porque me imagino que siguen vigentes.
Otra cosa es lo que ha ocurrido en Europa, pero por eso he insistido en que esa enfermedad no la tenemos; no tenemos esa enfermedad. No estamos en el caso de Estados Unidos,
no estamos en el caso del Reino Unido, no estamos en el caso alemán ni en el francés; nosotros tenemos nuestros propios problemas y los tenemos que resolver de la mejor forma. Por supuesto, cualquier actuación tiene que tener el control de esta
Cámara, no tengo la menor duda; eso siempre se ha producido así, siempre en una democracia la Cámara debe controlar,
por supuesto, normalmente a posteriori, cómo se producen las actuaciones públicas.
Hay otro tema que va unido a lo de la autocrítica. El tema básico es -creo que lo he señalado en la introducción- que la banca es perfectamente consciente de que la situación de la economía real y cómo se comporte esta es vital para cómo se
comporte la banca; están intrínsecamente unidas. Cuando he dicho en alguna ocasión esto que me han recordado, simplemente he querido señalar que es obvio que en Estados Unidos el sistema financiero ha hundido a la economía no solo americana sino
mundial en una enorme depresión; eso es obvio; lo que he querido decir es que una vez que la economía mundial se ha hundido y la europea se ha hundido y la española ha entrado ya en recesión, inmediatamente después viene la crisis no financiera
sino la crisis tradicional por la cual se produce una situación muy peligrosa para el sistema bancario. Eso es todo. Si eso es así y ese es el diagnóstico, estamos exactamente, como les está ocurriendo a Estados Unidos y al G-20, en estudiar la
salida de la crisis. Tienen que actuar en todos los frentes, tienen que actuar ayudando a la economía real, tienen que actuar ayudando a los bancos, a la economía financiera, pero se han dado cuenta de que cualquier ayuda a la economía real, si no
hay un sistema bancario eficiente, no funciona.
No hacía falta descubrirlo, porque era obvio, que si no tienen ustedes un sistema financiero eficiente no se va a poder reactivar la economía. Eso es palmario en Estados Unidos y también en el Reino
Unido. Si ustedes ven el comportamiento del crédito en Estados Unidos o en Inglaterra -y tengo aquí las estadísticas si quieren- verán que el crédito se ha contraído, no es que se haya desacelerado como en España donde sigue siendo positivo, muy
insuficiente pero positivo; allí se ha contraído en términos de saldo, en términos anuales, en términos trimestrales, en todos los términos, se ha contraído, ¿por qué? Porque no tienen sistema financiero. ¿Y qué están haciendo? Dar prioridad a
restablecer el sistema financiero, pero no es nada fácil, porque una vez que el sistema financiero se destruye no es nada fácil volverlo a construir. Que conste que se ha contraído el crédito antes y después de las inyecciones de capital. No es
que las inyecciones de capital a los grandes bancos se hayan hecho anteayer, se han hecho hace mucho tiempo y el crédito se sigue contrayendo. Eso enlaza con el tema de las encuestas que se hacen periódicamente por el Banco Central Europeo, por el
Banco de España, etcétera, y que yo doy por bienvenidas porque me parece muy bien que esas cifras salgan y se debatan, aunque nos perjudiquen. Todo lo contrario, nos parece perfecto que se hagan públicas y que sirva para debatirlas y ver dónde
estamos. Hay que leerlas, con dificultad, porque no es fácil leer esas encuestas, pero si vemos la afirmación de que en España se está endureciendo más que en Europa, la encuesta lo dice claramente, en el caso de las sociedades no financieras, ese
más es ínfimo, es muy poquito más, es casi lo mismo. Además, cuando se dice cuáles son las causas de la oferta o de la demanda, en España claramente priman más los temas de demanda, pero tampoco quiero hacer de esto una cuestión de honor. Yo estoy
de acuerdo con que hay restricciones, no tengo la menor duda de que las hay; lo único que digo es que esas restricciones se podían deber por el lado de la oferta a tres causas. A falta de capital, que no es el caso; hemos quedado en que tenemos
capital regulatorio más que suficiente y lo único que hemos denunciado de alguna forma ante las autoridades europeas es que ustedes han creado la presunción de que los bancos tenían que tener niveles de capital superiores a los que estaban
establecidos regulatoriamente. Decir eso cuando en Europa y en Estados Unidos el nivel de capital era el elemento decisivo para el credit crunch era alimentar el credit crunch. No tenía ningún sentido porque es a ellos a los que les faltaba
capital, pero no es el caso de la banca española, del sistema bancario español, que tiene capital suficiente.
El segundo elemento es el de la liquidez y sin lugar a dudas, como he señalado en mi intervención inicial, la banca ha tratado de solucionar el problema de la liquidez hasta octubre de 2008; es decir, más de un año y pico de crisis hemos
tratado de resolverlo saltándonos una norma de ortodoxia bancaria, no financiar a corto plazo créditos a largo, y lo hemos hecho porque creíamos que esa crisis era transitoria. Se acababa en diciembre de 2007 primero, se acaba después de que se
salvó a Bear Stearns, se acababa después de que decían en junio de 2008 que las entidades iban a revelar sus auténticas pérdidas, pero lo que ocurrió fue que en octubre de 2008 la crisis no tan solo no se había solucionado, como se nos había dicho,
sino que había empeorado mucho y los mercados de financiación a corto plazo se colapsaron totalmente. A partir de octubre de 2008, el Banco Central Europeo cambia de actitud y empieza esta provisión sin límites de liquidez. Sigue siendo una
provisión de liquidez a tres y a seis meses, por lo tanto a muy corto plazo, y no es lo que necesita la banca, pero al menos es provisión de liquidez y por lo tanto está ahí.
El Banco Central Europeo en su última sesión, creo que el 5 de marzo, ha prometido que esa situación de inyección ilimitada de liquidez continuará todo el año 2009. Lo estábamos reclamando porque antes se terminaba en marzo de 2009 y,
cuando preguntábamos, nos decían: pues marzo de 2009, siempre que las condiciones del mercado no mejoren, marzo de 2009. Ahora ya nos han dicho que es hasta después; ya no han dicho 31 de diciembre de 2009, han dicho para después de 2009, lo cual
tiene una cosa muy buena, que da confianza, y una cosa muy mala, que claramente no confían en que los mercados se vayan a restablecer antes, que es perfectamente compatible con la proyección macroeconómica que nos adelantó el presidente del BCE de
una depresión importante en 2009 y un crecimiento que en su punto medio es cero en 2010. Hay que tener en cuenta que eso es extremadamente importante para España porque para España la demanda para nuestras exportaciones procede de Europa. Por lo
tanto, podríamos decir que el tema de
la liquidez está relativamente resuelto y ahora paso a ver lo de las medidas del Gobierno.
Todas las medidas del Gobierno sin lugar a dudas son positivas, son bienvenidas y las agradecemos. Agradecemos la compra de activos y lo de los avales, que son las dos medidas que han entrado en funcionamiento. Lo único que hemos querido
decir cuando nos hemos enfrentado a estas medidas diciendo que son buenas y positivas, es que sustituyen al mercado y son un sustituto imperfecto del mercado, es decir, preferiríamos poder ir a los mercados tradicionales de captación de depósitos,
preferiríamos no tener que ir con el aval del Estado, preferiríamos, sería mejor para la economía española, sería preferible. Como eso no depende de las autoridades españolas, ni siquiera de las europeas, porque depende de que se resuelva la crisis
global en la que estamos, agradecemos que tengamos esa facilidad tanto para nosotros, que nos es básico, como para las empresas y las familias a las que tenemos que atender. Por tanto, desde el punto de vista de la liquidez tanto por parte del
Banco Central Europeo como por parte de los avales que nos proporciona el Estado, ya no hay problemas de liquidez. Y en el tema de restricciones de oferta únicamente nos encontramos con tener que hacer frente a la morosidad, que está subiendo. La
morosidad está ahí y tampoco tenemos que asustarnos ni esconderla, tenemos que gestionarla, pero la banca sabe gestionar la morosidad. Sabíamos gestionarla mejor en los noventa; hemos perdido tecnología porque hemos tenido muchos años de bonanza,
pero al buen banquero -todavía quedan-, no se le olvida cómo se tiene que gestionar la morosidad. Tiene que incorporar ese incremento de morosidad a sus criterios de crédito. Es así, no puede ser de otra forma. Cuando ustedes me hablan de
condiciones de crédito, de márgenes y de diferenciales, tienen que saber -seguro que lo saben- que el margen real es el que incluye la morosidad. La nueva cascada de resultados que se ha puesto en vigor el 31 de diciembre de 2008 ya hace que el
margen de explotación incluya la morosidad. No presuma usted de margen de explotación antes de morosidad, hágalo después de morosidad. Esa inclusión de la morosidad puede explicar mucho cómo están evolucionando los márgenes. Tenemos la oferta,
pero creo que todos estamos de acuerdo, incluidos mis compañeros de la CEOE, el señor Bárcenas, en que por el lado de la demanda hay graves problemas y se revelan en las líneas ICO.
Vamos ahora a hablar de las líneas ICO. Ante todo, quiero mostrar mi total agradecimiento al ICO y a su presidente, con el que tengo una fluida relación. Por supuesto que no dudo de su grado de colaboración y yo creo que él no duda del
grado de colaboración que nosotros estamos prestando.
La línea fundamental del ICO, que es la línea pymes tradicional, es la que menos tira, la que menos se utiliza y no tiene ningún problema, porque todos los bancos están familiarizados con ella.
Por tanto, es difícil que ninguna entidad, ninguna sucursal, diga: Oiga esa línea no la conozco. No, porque es la de toda la vida. Eso revela la falta de demanda. Falta de demanda que en todos los estudios: los del Banco de España, de la
Comisión, del Banco Central Europeo, todos, señalan que hay un problema de falta de demanda. Esa falta de demanda es inevitable, porque una de las grandes cosas que está ocurriendo ya en la economía española y es uno de los motivos de optimismo que
debemos tener es que se está corrigiendo rapidísimamente el déficit de balanza de pagos y la necesidad de financiación de la economía. Se está corrigiendo rapidísimamente. Es verdad que el precio del petróleo y una serie de factores nos ayudan.
Pero la necesidad de financiación de empresas y hogares se ha reducido muy sustancialmente. Por tanto, también están reduciendo su apelación al crédito. Es bueno que se produzca porque, como todos estamos de acuerdo en que hay un nivel de
sobreendeudamiento, el comportamiento razonable de empresas y familias es que, ante la incertidumbre sobre su situación futura, lo primero que hacen es intentar consolidar su situación actual.
Está la línea de circulante, que es muy nueva. Es cierto que la línea de circulante todavía no está tirando, pero, según la información de ayer, la presunción es que ya empieza a producirse un mayor numero de operaciones. La línea puede
tener sus dificultades, pero existe un compromiso mutuo: el ICO adecuará la línea a las necesidades de los bancos y los bancos -hablo por la parte que corresponde a la AEB- tienen absoluto compromiso, total, concreto y puntual -como ustedes quieran
llamarlo- de que esa línea se cumplirá al cien por cien. No podemos decirles otra cosa. Porque cuando los objetivos son precisos y concretos, se pueden dar contestaciones nítidas y tajantes y nos comprometemos a que las líneas ICO, todas y cada
una de ellas, funcionen maravillosamente bien y se cumplan. Otra cosa es cuando hablamos de objetivos, como hacen en Francia, de incremento del crédito genérico, porque esos objetivos genéricos son normalmente, en el caso de Europa, cortinas de
humo para decir que se quieren aplicar medidas de salvamento de entidades sin dolor. Entonces dicen: yo le estoy inyectando capital a esta o a otra entidad, no porque la entidad esté mal o porque sus gestores sean un desastre, sino porque van a
aumentar el crédito; y con eso, políticamente, ya han salido adelante. Como no está produciéndose el incremento del crédito, se está desmontando el argumento.
Voy a hacer un repaso. Valoración de la situación económica. La AEB somos una asociación -está mal que yo lo diga y no se lo van a creer ustedes- modesta. Nosotros no tenemos un gran aparato para montar cosas como las que montan nuestros
colegas. Somos unas treinta personas, tenemos magníficos expertos -y el de economía es especialmente bueno- y le digo que no pierda el tiempo, porque ya hay muchos otros que hacen previsiones. Por tanto, me conformo con las de la Comisión Europea.
No digo que me sumo a la de Funcas, porque la considero una más, pero la de la Comisión Europea es tan suficientemente grave como para que no
necesite otra. Además, los riegos son a la baja. Esas previsiones de la Comisión Europea son previas a las que ha hecho el Banco Central Europeo hace cinco días. Por tanto, aún serán más a la baja cuando se proyecten.
Hay un tema sobre la respuesta europea global y el saneamiento de los activos dañados. El saneamiento de los activos dañados, el bad bank, sobre el que también me han preguntado, evidentemente es terminología anglosajona, que siempre suele
edulcorar mucho las cosas. El bad bank es simplemente que al señor que compró o dio un crédito malo se lo compran a un precio que no es el real. Todo lo que sea esconder la realidad no es el procedimiento habitual español. Evidentemente, como no
saben poner un precio a los activos, ahí tenemos a Estados Unidos que no sabe arrancar todavía sus programas de salvamento del sistema financiero. Pero en el caso de Europa es muy grave, porque distorsiona la competencia intraeuropea. Aquí tengo
que decir otra cosa. Nosotros pensábamos que la reestructuración del sistema bancario tendría que hacerse a nivel europeo, porque el sistema bancario europeo, el mercado único europeo, el single market, era nuestro marco de referencia y ahora
resulta que sin saber por qué se nos ha convertido en no sé cuantos sistemas bancarios nacionales. Esta situación es una situación lamentable que además nos perjudica, porque cuando nosotros entramos en la Unión Económica y Monetaria fue para poder
captar el ahorro alemán y si no podíamos captar el ahorro alemán, evidentemente, la Unión Económica y Monetaria servía de menos.
Esto es una crisis de confianza, sin lugar a dudas. Lo fue desde el principio. En toda esta terminología, uno de los problemas más importantes es que cuando hablamos de Europa no metamos a España en el mismo saco. Hay que diferenciar.
Cuando hablamos de crisis financiera sepamos distinguir lo que es España de lo que es el mundo. Y lo que hubo desde el principio fue una falta de confianza en los bancos internacionales. Decían que los bancos no confiaban unos en otros; se les
echaba la culpa diciendo que no confiaban unos en otros y al cabo de unos meses quebraban. Hacían muy bien en no confiar unos en otros. Es una crisis de confianza, sin lugar a dudas. Hay que restablecer la confianza y para ello una de las cosas
más importante es celebrar debates en esta Cámara y en esta Comisión, como el que se está produciendo para que podamos poner las cosas en claro. Por supuesto que el Commerce Bank es uno de los temas como el de otros que ilustres colegas que ponen
bien de relieve que la situación es la misma en un lado que en otro. Las entidades efectivamente éramos responsables. Hasta muy entrada la crisis la tabla de salvación era que se produciría un aterrizaje suave de la economía española. Ese
aterrizaje suave de la economía española es el que no se ha producido, sino que se ha producido lo contrario, y sí es cierto que ese aterrizaje suave no se ha podido producir en parte por el colapso del sistema financiero internacional, de los
mercados internacionales, y porque eso hundió la confianza. Además de eso, desde el principio hubo un ataque feroz a la economía española y al sistema bancario español, porque eran los que menos estaban perjudicando. De hecho ahora la economía
española está en una posición que, a pesar de todos los pesares, es ligeramente mejor que la media europea.
Respecto a los temas de futuro, ya hemos hablado de reestructuraciones. Lo único que digo es que no pongamos soluciones que sean peor que la enfermedad.
Avalar el interbancario. Eso no lo han conseguido ni en Estados Unidos ni en Europa, y nosotros ahí tampoco tenemos que hacer cosas que no sean establecidas por los europeos. Si hay algo en lo que también estamos de acuerdo es en que todos
tenemos que colaborar, todos tenemos que hacer lo mismo. En ese sentido, es perfectamente admisible que el Gobierno español haya reproducido el esquema de ayudas que se acordó en Europa.
Obviamente, no ha puesto en marcha la tercera de ellas,
porque no estamos en la misma situación que el resto de Europa.
Señor Herrera, en cuanto a los casos de jóvenes a los que se embargan pisos, avales, redes de solidaridad, etcétera, intentaría convencerle de que los bancos lo tienen en cuenta, pero la labor, la función de los bancos es no tenerla. Le
digo por qué. La función de dar crédito es libre, no es solo de los bancos. Los bancos la comparten con otras muchas entidades. En España puede dar crédito el que quiera darlo. La labor de la banca más importante es saber gestionar ese riesgo, y
gestionarlo quiere decir saber distinguir entre quien me va a devolver el crédito y el que no me lo va a devolver. Esa es la labor de la banca. Lo que hay que pedir a la banca es que no exista una situación de monopolio que le dé a una entidad
ventaja sobre su cliente. Garantizado que no se produce ese poder de mercado, lo que hay que pedir a la banca es que luche contra sus otras entidades y que sepa discriminar a los clientes mejor que esas entidades. Por eso hay que exigir
responsabilidad. Cada cual tiene que realizar su función para salir de la crisis, y para salir de la crisis lo más importante es que los recursos escasos, aún más escasos que tenemos ahora, se asignen correctamente. Asignarlos correctamente, -que
es algo que sale en los libros de economía- quiere decir dárselos a los que los van a devolver. Si no se los damos a quienes los van a devolver, no estamos saliendo de la crisis sino que estamos hundiéndonos más en ella.
Formamos parte del
problema, sí señor, pero también formamos parte de la solución.
Informe del Banco de España, señora Oramas. Cuando al principio era una crisis fundamentalmente inmobiliaria -usted está claro que S.S. lo conoce muy bien- y nos venían a preguntar cómo se solucionaba la crisis inmobiliaria y qué tipo de
ayudas había que darles, nuestra contestación al Gobierno fue decir: Déjanos que nosotros gestionemos la crisis inmobiliaria, es decir, que nos comamos los fallidos, porque como alguien se ponga a gestionar la crisis inmobiliaria va a ser un lío;
es muy difícil, hay muchísimas inmobiliarias,
muchísimos casos particulares. Si los mercados de créditos, los mercados financieros, funcionan, déjanos que nosotros gestionemos la crisis inmobiliaria, que cada cual tenga que asumir su responsabilidad, y los créditos malos que dio.
Ahora nos estamos volviendo a convertir otra vez en grandes inmobiliarias y estamos intentando vender los pisos bajando los precios. El Banco de España está diciendo a las entidades -según la prensa, porque nosotros no lo conocemos- que hagan
pruebas de tensión, los stress test, y me parece muy bien. Es lo que tienen que hacer. Tienen que anticiparse al futuro. Si se anticipan al futuro, tendrán una visión clara de lo que va a ocurrir. Se la transmitirán al Gobierno, nos la
transmitirán a la entidades y entre todos juntos intentaremos salir adelante. Si dura tres años, ¿qué pasa? Veamos qué sale de los stress test y analicemos, pero, evidentemente, de que va a pasar algo no tengo la menor duda. ¿Qué hay que poner
las medidas para que eso que pase signifique que vamos a salir mejor, que es lo que hemos hecho en los ochenta y los noventa? Eso es lo fundamental. ¿Salvar bancos o salvar empresas? Es lo mismo. Si salvo a las empresas salvo a los bancos y si
salvo a los bancos salvo a la mayoría de las empresas.
Me falta contestar a la señora Rodríguez-Piñero, que me ha hecho muchas preguntas. Creo que ya he contestado a muchísimas directamente. Si hay alguna que no he contestado, me lo dice. ¿Qué pasa el primer trimestre de 2009? La encuesta
dice que parece que va a mejorar, pero no nos engañemos. La crisis real, la crisis económica no parece que vaya a terminarse en el primer trimestre de 2009. A lo mejor la fase de mayor intensidad, pero puede ocurrir perfectamente que sea también
el segundo trimestre. En esas condiciones, es difícil hacer previsiones de que esto vaya a mejorar. Digamos que ojalá. ¿Medidas del Gobierno? Sin lugar a dudas buenas y positivas. ¿Bancos malos? Ya lo he dicho. ¿Hay que hacer más medidas? No
se trata de adoptar más medidas, sino de que las medidas infundan confianza. ¿Cómo se hace eso? Hay un tema básico para la confianza, que es la transparencia, pero eso también se está haciendo.
¿Reestructuraciones? ¿Compromiso con el ICO? Pido
disculpas si no he conseguido contestar a todas las preguntas y, si no he sido convincente, que eso me parece muy complicado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha sido muy exhaustivo y ha tenido una gran deferencia con todos los grupos parlamentarios. Dado que ninguno de ellos ha solicitado una nueva ronda de intervenciones, levantamos la sesión, no sin antes
agradecerle de nuevo su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.