CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 194

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 15 celebrada el miércoles 11 de febrero de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general del Mar (Martín Fragueiro) para:


- Explicar las líneas de actuación de su secretaría en la IX Legislatura.
A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000354.) ... (Página 3)


- Informar de la política de su departamento en la IX Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000358.) ... (Página 3)

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Preguntas:


De los diputados doña María del Carmen Quintanilla Barba, doña María Teresa de Lara Carbó y don Carlos Javier Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:


- Previsiones acerca de la creación de la agencia española de la sostenibilidad química (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/026163). (Número de expediente 181/001115.) ... href='#(Página25)'>(Página 25)


- Fecha prevista para la aprobación del Plan nacional sobre metales pesados (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/026164). (Número de expediente 181/001116.) ...
(Página
25)


- Medidas para el cumplimiento del compromiso adquirido durante la campaña electoral por el partido del Gobierno en relación con la cuenca del Segura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/026664). (Número de expediente 181/001117.) ...
(Página 25)


Del diputado don Manuel Ceferino Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Forma en la que concilian las políticas del Gobierno la conservación y la compatibilidad entre mantenimiento de los caladeros y la conservación de los mismos con la sostenibilidad económica de las zonas dependientes de la pesca. (Número
de expediente 181/000159.) ... (Página 25)


- Forma en que concilia el Gobierno en sus políticas la conservación y, en su caso, la recuperación de los recursos marinos con la sostenibilidad económica de las zonas dependientes de la pesca. (Número de expediente 181/000170.) ... href='#(Página25)'>(Página 25)


- Mecanismos de afianzamiento previstos para facilitar los avales necesarios para la concesión de créditos ICO para la reactivación del sector pesquero. (Número de expediente 181/000160.) ... (Página 26)


- Opinión del Gobierno acerca del redimensionamiento de las empresas del sector pesquero internacionalizadas para facilitar su competitividad.
(Número de expediente 181/000164.) ... (Página 27)


- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fecha prevista en la que comenzarán las obras para el desvío del arroyo de Villalobón a su paso por la ciudad de Palencia. (Número de
expediente 181/000900.) ... (Página 28)


- De la diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración de las decisiones adoptadas por la Comisión internacional para la conservación de los túnidos del Atlántico (ICCAT) en la Cumbre para la
conservación de los túnidos celebrada en noviembre de 2008 en Marruecos. (Número de expediente 181/000975.) ... (Página 30)


- Del diputado don Enrique Fajarnés Ribas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adquisición de terrenos costeros en las islas de Ibiza y Formentera. (Número de expediente 181/001139.) ... (Página
32)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL MAR (MARTÍN FRAGUEIRO) PARA:


- EXPLICAR LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE SU SECRETARÍA EN LA IX LEGISLATURA.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000354.)


- INFORMAR DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO EN LA IX LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000358.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la decimoquinta sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, con un orden del día que prevé la comparecencia del secretario general del Mar, don Juan Carlos Martín Fragueiro,
que nos acompaña esta tarde, a solicitud de dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Socialista. Una vez que finalice la comparecencia del señor secretario del Mar, que se realizará según los criterios que
venimos aplicando en todas las sesiones, procederemos a entrar en la segunda parte del orden del día, que prevé la contestación a determinadas preguntas formuladas por sus señorías.



Le damos la bienvenida al señor secretario del Mar, don Juan Carlos Martín Fragueiro, y le concedemos la palabra para comenzar esta comparecencia solicitada -como decía antes- por dos grupos parlamentarios.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señoras y señores diputados, comparezco -como decía la presidenta- ante esta Comisión con la finalidad de informarles, a solicitud tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Grupo
Socialista, sobre las líneas generales de actuación que esta Secretaría General del Mar se propone desarrollar durante esta legislatura. Me gustaría comenzar mi comparecencia manifestando mi satisfacción por estar de nuevo en esta Comisión del
Congreso, expresándoles además mi deseo de que esta intervención sirva de canal de información de las políticas que pretendemos realizar, que tienen como finalidad última la puesta en ejecución de proyectos que logren responder a las necesidades y
desafíos que se nos presentan en esta legislatura en la gestión y la protección de nuestras costas, así como de nuestros recursos marinos. El logro de estos objetivos, así como el desarrollo de los proyectos que los hagan realidad, exigirá un duro
trabajo en el que, a buen seguro, contaremos con las aportaciones que nos puedan hacer los grupos políticos, las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales y los sectores implicados.



Señorías, este ministerio se creó -tal y como manifestó la ministra en su comparecencia ante esta Cámara- con la voluntad de liderar una línea global de desarrollo y conservación; desarrollo para progresar y conservar para poder progresar
mañana. Esa misma voluntad es igualmente latente en la creación, dentro de los órganos directivos del departamento ministerial, de la nueva Secretaría General del Mar, y se pone de manifiesto al constatar las competencias que tiene atribuidas, que
- como saben- se extienden tanto en materia de pesca como en relación con la gestión y protección de nuestras costas. La atribución de esas competencias pretende, como objetivo básico, el establecimiento de un nuevo modelo de gestión integral del
territorio y del medio marino que garantice y asegure su protección, lo que se corresponde con un crecimiento basado en el desarrollo sostenible de nuestros recursos. La preocupación por las interrelaciones entre el consumo de recursos naturales y
su sostenibilidad, la producción y la extinción de especies y ecosistemas vitales, unida a la necesidad de implantar mecanismos de protección medioambiental, son consustanciales a nuestra actividad gestora y en la que ya no es posible intentar la
implantación de una política ambiental o económica estrictamente estatal o local si no va acompañada de las grandes preocupaciones y tendencias globales.



Hechas estas consideraciones, paso a exponerles las líneas concretas de actuación de la Secretaría General del Mar en los dos ámbitos que son de su responsabilidad. Primero me referiré a nuestra política sobre el sector pesquero, para
terminar con las actuaciones en materia de gestión y protección del litoral y del mar. En cuanto a las políticas relativas al sector pesquero, he de manifestarles que seguirán siendo una prioridad para el ministerio, y que han cobrado -si cabe- una
mayor dimensión con la nueva Secretaría General del Mar, incorporándose de esa forma a un planteamiento general de política marítima que trata de hacer compatibles las políticas de conservación de la biodiversidad con las políticas de
aprovechamiento pesquero sostenible del medio marino. En el desarrollo de esas políticas, España debe seguir liderando una pesca responsable y sostenible en todos los foros internacionales. Y en coherencia con ese posicionamiento nos proponemos,
como objetivos primordiales, incrementar la presencia internacional de nuestra industria pesquera, mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores del mar, y la mejora de la situación de nuestros recursos y
el desarrollo de una acuicultura respetuosa con el medio ambiente. Con vistas a estos objetivos hay que destacar que ya desde el año 2004 hemos venido trabajando en el contexto de la política común de pesca y, dentro de ese marco, se vienen
haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener la sostenibilidad de una flota compuesta por 13.320 barcos, de los cuales 11.394 son buques pesqueros y 1.926 son auxiliares


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de almadrabas y de cultivos marinos, y dan trabajo directo a unos 45.725 tripulantes con presencia en todos los caladeros del mundo. Precisamente este es uno de los motivos principales que nos impulsan a seguir trabajando en la prioridad
que se marcó el Gobierno al comienzo de la anterior legislatura, que no es otra que llevar los recursos de interés pesquero a límites biológicos seguros para su explotación sostenible, duradera y rentable a lo largo del tiempo. Como instrumentos
para este fin contamos con planes de gestión y recuperación, mantenimiento y creación de figuras de protección como las reservas marinas, las áreas marinas protegidas y el cierre de zonas donde la cartografía de los fondos marinos ha puesto de
manifiesto la existencia de ecosistemas vulnerables y, cómo no, nuestra decidida lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Respecto a los planes de gestión, elaborados en coordinación con todas las comunidades autónomas del litoral y el sector pesquero afectado, permítanme que cite: el Plan integral de gestión del Mediterráneo, que se ha considerado conveniente
prorrogar hasta el 15 de febrero de 2010, incluyendo en este último plan la flota de palangre de superficie, que se une a las de cerco y de arrastre que ya estaban contempladas en el anterior plan; los planes de pesca de arrastre y cerco del golfo
de Cádiz, que afectan a especies de alto valor comercial como la merluza, la gamba, cefalópodos, etcétera; el Plan de pesca de arrastre en aguas de Ibiza y Formentera, que afecta a unos 40 buques por semana; el Plan de pesca de arrastre de
Alborán, en el que participan 98 unidades; el Plan de pesca en el litoral sur- mediterráneo, donde faenan unas 25 unidades por semana. En todos ellos la principal especie es la gamba roja. Por último, el Plan de cerco del golfo de León, que
afecta a 70 buques por mes, y que se dirige especialmente al boquerón. También les hablaba de los planes de recuperación comunitarios citando, en lo que afecta aguas españolas, el Plan de recuperación de merluza y cigala sur, iniciado en 2005, del
que podemos señalar que en el área del cantábrico noroeste la merluza muestra signos de recuperación, aunque todavía no haya alcanzado los límites fijados en dicho plan. Este plan se instauró en el año 2005.
La biomasa existente en el caladero
estaba en el entorno de las 7.500 toneladas; la biomasa estimada del año 2008 está en 25.000 toneladas. Es decir, progresamos adecuadamente en la dirección para alcanzar el nivel de biomasa objetivo, que es de 30.000 toneladas. También quiero
decir que, a solicitud de España, ya en el reglamento del Consejo de TAC y Cuotas del año 2008 se habían exceptuado las nasas para peces y para pulpo en la zona de pesca que estaba vedada para la recuperación de la cigala frente a las Rías Bajas.
En cuanto a la pesquería de la anchoa, que se lleva a cabo por buques españoles en el golfo de Vizcaya y de acuerdo con la última evaluación científica, la perspectiva para 2009 es que siga cerrada a la vista de los datos preliminares de la campaña
de otoño. Esta pesquería afecta a unos doscientos buques pertenecientes a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Precisamente a propuesta de España en el último Consejo de Ministros, se va a celebrar el día 5 de marzo una reunión de la
Comisión Europea, Francia-España, en Santoña, que contará con la participación de los organismos científicos de Francia y de España, el sector pesquero de ambos países, las administraciones de los dos países afectados, Francia y España, así como la
Comisión Europea, las comunidades autónomas y, por supuesto, también en este caso el sector pesquero de ambos países. El objetivo de esta reunión es plantear un modelo de explotación y gestión sostenible de este recurso, tan importante para nuestra
flota, para los próximos años. También el departamento irá participando de forma activa con aportaciones económicas y la cesión del buque de investigación pesquera Emma Bardán en la realización de las campañas científicas de evaluación del stock,
tanto en la campaña Bioman en primavera, como en la de Juvena en otoño.



Fuera de aguas nacionales, el Plan de recuperación comunitario para la merluza del norte, que viene afectando a 200 buques pertenecientes a los censos de flota de altura y gran altura y palangreros menores de cien toneladas, según el informe
del Comité Científico Técnico de la Pesca, indica que la biomasa objetivo de 140.000 toneladas ya se ha alcanzado durante dos años consecutivos. Sin embargo, aquí me gustaría añadir que por parte del Comité científico técnico se ha modificado la
cifra correspondiente al año 2006, rebajando la biomasa a 129.000 toneladas y eso ha motivado que en el último Consejo de Ministros haya habido una reducción poco significativa, pero reducción al fin, que es de un 4 por ciento para la pesquería de
la merluza en las zonas VI y VII. También tenemos el plan de recuperación en el área de regulación de NAFO para el fletán negro con una duración de quince años, instalado en el año 2003, y durante la reunión que se celebró este año en Vigo del 22
al 26 de septiembre se acordó seguir manteniendo para el próximo año el mismo nivel de capturas que para el año 2008, pero abriéndose posibilidades para aumentar los bycatch, o pesquerías accesorias de bacalao y gallineta en unos porcentajes muy
superiores a los inicialmente previstos.



El Plan de recuperación del atún rojo afecta a más de 200 buques y 3.000 tripulantes. Este plan -me consta que es objeto de seguimiento específico por esta Comisión de Medio Ambiente- es de ámbito plurianual y para la zona del Atlántico
oriental y el Mediterráneo, habiéndose adoptado en la reunión de Iccat de 2006 y trasponiéndose al reglamento comunitario del año 2007 con una duración, como decía, de quince años. En este mismo año se han implantado medidas internas para el
control del esfuerzo pesquero ejercido en esta pesquería mucho más estrictas que las emanadas de los organismos internacionales y de la propia Comisión Europea y se ha sometido a un riguroso control a esta pesquería. Esta mañana se ha celebrado una
reunión con todas las comuniones autónomas, con todos los sectores implicados en la pesquería y se ha llegado a un acuerdo de principio


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para la implantación del plan de gestión de esa pesquería para este año 2009. Como esta pregunta va ser objeto de una intervención posterior me extenderé sobre la misma después.



Como complemento de estos planes a los que acabo de referirme es preciso constatar el enorme esfuerzo del Gobierno en la búsqueda de soluciones contra la pesca ilegal y que inevitablemente pasan por una cooperación multilateral. Según datos
recientes de la Comunidad Europea esta actividad mueve un volumen importante en el año. Por ello hemos luchado por implantar -y hemos conseguido- todos los mecanismos de control de productos pesqueros procedentes de países terceros en su doble
vertiente, de operaciones de pesca y de importaciones para aquellas especies introducidas en territorio comunitario por cualquier medio de transporte, así como las relativas al control del estado de puerto. El volumen de pesca de terceros países
introducidos a través del territorio nacional en el ámbito controlado por nuestro departamento se ha visto reducido en casi un 18 por ciento en relación al año 2006, año en el que ya había descendido un 7,3 por ciento respecto al anterior. Muy
probablemente este descenso de solicitudes obedezca en un alto porcentaje a las estrictas medidas que aplica el Gobierno, pero que a la vez influyen para que la carga se derive a otros Estados miembros, lo que se evitará con el nuevo reglamento
sobre pesca ilegal que comentaré también más adelante. No obstante, y como a pesar de todos los esfuerzos realizados existen algunas especies que no están sometidas a régimen estadístico, como son los casos de la merluza, del rape o del atún
blanco, y que pueden evadir el control, cuando no se desembarquen directamente por los buques pesqueros se impulsó por el Gobierno el Reglamento 1005/2008, por el que se establece un sistema para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2010; mejor dicho, su aplicación será a partir del 1 de enero de 2010. Estamos trabajando paralelamente en el orden interno de forma que la adopción de las
medidas del citado reglamento y la normativa española sean aplicadas en el mismo momento.
Como soporte importante contra la pesca ilegal se cuenta con la actividad de control y vigilancia llevada a cabo por los servicios de inspección del
departamento y efectivos de los servicios de la Armada y la Guardia Civil, en virtud de los correspondientes instrumentos jurídicos administrativos de colaboración, actividades de inspección y control que igualmente vienen desempeñando también los
diferentes servicios de inspección pesquera existentes en cada una de las comunes autónomas, dentro de su ámbito competencial y en coordinación con los servicios de inspección de las mismas.



En el año 2007 se ha incrementado el número de plazas inspectores, pasando de 77 a las 90 actuales y este año procederemos a un incremento de la plantilla de otros 7 nuevos inspectores, estando actualmente en proceso el concurso oposición.
Se han llevado a cabo 2.689 inspecciones en puerto, 2.100 inspecciones en la mar, 4.800 avistamientos con los medios aéreos y desde el centro de control se realiza el seguimiento permanente vía satélite las 24 horas del día, los 365 días del año de
2.700 buques españoles que faenan repartidos por todo el mundo, así como de otros 300 buques cuando entran en aguas españolas.



Señorías, la designación de España como sede de la Agencia Comunitaria de Control de Pesca, con sede en Vigo, ha supuesto también un reconocimiento de liderazgo de nuestro país en materia pesquera y entre sus funciones destaca la
coordinación en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, además de fomentar el cumplimiento uniforme y efectivo de las medidas de política pesquera común. Como contrapunto a la pesca ilegal y como instrumento regenerado de
los recursos hay que destacar la experiencia de más de veinte años en la creación y puesta en marcha de reservas marinas de interés pesquero; actualmente contamos con diez reservas marinas creadas por el departamento, cinco de ellas de gestión
exclusiva de gestión del Estado, cinco de gestión compartida, la última de ellas la de Cala Ratjada, creada en 2007, y para el presente año 2009 contemplamos la creación de una nueva reserva marina en el área de Palamós, para la cual se tiene
disponible un conjunto de informes científicos que la avalarían. También pretendemos durante esta legislatura la creación de otras nuevas reservas, una de ellas en Cedeiro, Lugo, y otras dos en las islas Canarias, en aguas de Tenerife y la Gomera.
Con la creación de estas reservas se responde no sólo a las exigencias derivadas de la política pesquera común sino también a las previsiones del Convenio sobre Diversidad Biológica, en el que se contempla la aplicación de medidas de protección en
áreas predefinidas, al objeto de regenerar las especies de interés pesquero y preservar el hábitat de estas al mismo tiempo que la diversidad biológica.



Respecto a las áreas marinas protegidas, en la cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible se acordó completar una red global de áreas marinas protegidas en el año 2012, compromiso que además fue ratificado en la Conferencia de las
Partes del Convenio de Diversidad Biológica. En línea con el citado compromiso hemos designado lugares de interés comunitario, se ha impulsado la creación de áreas marinas protegidas basadas en los estudios llevados a cabo en el medio marino
español y en este contexto hay que citar el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo de 2008 sobre el área de El Cachucho. Contemplamos la protección a otras áreas, como son el banco de Galicia, la isla de Alborán, islas Columbretes,
cabo de Creus, canal de Menorca, zonas en su mayoría coincidentes con las redes que se están considerando para su inclusión en la Red Natura 2000 en el medio marino. Nuestra contribución a la investigación del medio marino y su protección se ha
visto reflejada en las campañas realizadas por los buques de investigación pesquera del departamento, el Vizconde de Eza, y el Miguel Oliver, en la denominada


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zona Hatton Bank, al oeste de Escocia y de Irlanda, caladero habitual para los buques de arrastre de gran altura. Los datos obtenidos nos han permitido que el Consejo Internacional de Salvación del Mar, órgano científico asesor de la
organización regional que regula esa pesquería, pueda delimitar las zonas con presencia de arrecifes, los campo de esponjas existentes, proponiendo además un polígono de protección donde no se permiten las faenas de pesca con artes de fondo y de
esta forma asegurar la integridad en los ecosistemas marinos vulnerables.



También con esta labor de investigación, en la última reunión de NAFO, celebrada en Vigo, España propuso llevar a cabo una prospección con el buque de investigación Miguel Oliver para cartografiar el área de regulación de NAFO a
profundidades inferiores a los 2.000 metros, invitando a las distintas partes contratantes de NAFO a participar en este proyecto, y en la zona del Atlántico sudoccidental, desde octubre de 2007 hasta abril de 2008, el citado buque ha llevado a cabo
cuatro campañas de geología, una de pesca hasta los 1.500 metros de profundidad y el área quedará totalmente cubierta con las campañas que se están desarrollando desde octubre de 2008 hasta abril de 2009. De esta forma, señorías, estamos
garantizando la presencia de la flota de altura española en esas zonas, salvaguardando además los intereses medioambientales y la protección de aquellos ecosistemas que son vulnerables. Con estas actuaciones, España se ha convertido en pionera de
la investigación sobre presencia de ecosistemas marinos vulnerables y refuerza nuestro compromiso adquirido con Naciones Unidas como nación pesquera responsable. También estas campañas oceanográficas para evaluar los recursos in situ sirven de
apoyo a la cooperación bilateral que mantenemos con países terceros, tanto con los que la Unión Europea mantiene acuerdos de pesca y que afectan a nuestra flota -tales como son Mozambique, Bissau, Mauritania- pero también hemos iniciado, en el marco
de estas políticas de cooperación, acciones con países afectados o no por acuerdos pesqueros, como es el caso del Belice, Cabo Verde, Ecuador, El Salvador, Marruecos, Mauritania, México, Panamá, Perú, Uruguay, Vietnam, Yemen, etcétera.



Y antes de acabar esta parte correspondiente a la sostenibilidad de nuestra flota en relación con los recursos disponibles, haré una brevísima reseña sobre las posibilidades de pesca para la flota española para la campaña 2009 aprobadas en
el último Consejo de Ministros: un incremento del 22 por ciento de la cuota de bacalao en Ártico y un 13 por ciento en aguas de Noruega; un incremento de un 15 por ciento de la cuota de merluza sur; aumento de un 32 por ciento de la cuota de
caballa del stock sur; se ha fijado por primera vez un TAC para la raya, tanto en el stock norte como en el stock sur, y España tendrá una cuota de 1.718 toneladas en el stock norte y 1.986 en el stock sur, cantidades que además se corresponden con
las declaraciones que hizo España comunicadas oficialmente a Eurostat; aumento de un 18,4 por ciento en la cuota del atún blanco, bonito del norte, y de un 15,8 por ciento de pez espada del Atlántico Norte; en el Atlántico Sur ha habido una
reducción de pez espada en el uno por ciento únicamente y se mantienen, incluso con algunas subidas en determinadas zonas, las cuotas de rape, gallo y cigala para la flota española.



Por otra parte, señorías, desde la pasada legislatura el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha definido la gestión de la política estructural, que se sustenta en la potenciación de las acciones que tradicionalmente se
venían desempeñando en esta materia y en el desarrollo de medidas novedosas en este ámbito que durante la presente legislatura alcanzarán su completa realización. Está política estructural está basada en la continuidad de medidas relativas a la
gestión de ayudas estructurales europeas, la gestión de la flota, el desarrollo de la acuicultura, la comercialización y transformación de los productos pesqueros y acuícolas, así como en la definición de nuevas políticas referidas a la innovación
tecnológica, al mantenimiento de la competitividad del sector pesquero y a la cooperación científica.



Respecto de las ayudas estructurales, como saben, el Fondo Europeo de la Pesca está dotado con un nivel de ayudas de 1.131 millones de euros, a ellos hay que sumar la participación del Estado, que es de un 31, 96 por ciento en el periodo
2007-2013 frente a un 17 por ciento en el periodo 2000-2006, y de esta forma los gastos subvencionables totales para el desarrollo del sector pesquero hasta el año 2013 alcanzarán los 3.195 millones de euros, correspondiendo a las regiones objetivo
de convergencia 2.200, y a las regiones fuera de convergencia 995 millones de euros. Para la puesta en marcha de este fondo, durante la pasada legislatura hemos desarrollado el plan estratégico nacional y el programa operativo del FEP. Ambos
constituyen requisitos comunitarios para poder utilizar las ayudas previstas en el fondo y por ello en diciembre de 2007 fue aprobado el programa operativo español por parte de la Comisión europea para el sector pesquero español. Ya hemos realizado
las transferencias a las comunidades autónomas de la cofinanciación nacional correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, y el pasado día 9 de este mes, hace dos días, en la conferencia sectorial celebrada en Vigo, hemos hecho también un anticipo
del 50 por ciento de la anualidad correspondiente al año 2009, asegurando de esta forma las cantidades necesarias para poner en marcha sus programas.



Señorías, uno de los objetivos prioritarios de nuestro ministerio y de la secretaría es el mantenimiento de la competitividad de nuestro sector pesquero ante la situación de desequilibrio desencadenada como consecuencia del incremento del
precio del combustible durante los últimos años. En términos absolutos, el precio medio ponderado del gasóleo alcanzó su máximo histórico en el mes de julio con cerca de 0, 72 euros por litro y, afortunadamente, a finales de año se ha reducido a un
precio de 0,31 euros litro. Las medidas que hemos planteado


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desde el ministerio se encaminaron hacia la adaptación de la flota a esta situación, garantizándose al mismo tiempo las condiciones sociales y económicas sostenibles para el sector. Para ello, hemos venido trabajando en las acciones
aprobadas en el marco del nuevo reglamento que adapta el Fondo Europeo de la Pesca. Con fecha 28 de enero de este año hemos remitido a la Comisión la propuesta de modificación del programa operativo para el sector pesquero. Este documento, que ha
sido consensuado con las comunidades autónomas y aprobado por el Comité de seguimiento, es requisito indispensable para poder abordar estas medidas previstas en el citado reglamento, conocido como el 744. En síntesis, esta propuesta de modificación
prevé una contribución pública total de 118 millones de euros para llevar a cabo las medidas previstas en el reglamento y, de esta cifra, con cargo a los fondos comunitarios, se destinarán 84 millones de euros, mientras que a través de los fondos
nacionales se aportarán otros 34 millones de euros. La mayor cuantía de esta inversión se centrará en el eje 1, que es el de adaptación de la flota. También, como consecuencia del incremento del precio del combustible, se ha promulgado una orden
por la que se adoptan medidas urgentes para la mejora de la competitividad en el mes de julio del pasado año 2008 sobre la base del número de tripulantes de alta en el régimen especial del mar y empleando como criterio de cálculo de ayuda las
cotizaciones sociales de dichos tripulantes. La financiación se efectuó íntegramente con cargo al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente; en el año 2008 se han aprobado 6.252 solicitudes por importe de casi 8 millones de euros, teniendo
previsto aprobar en el primer trimestre de este año unas 1.000 solicitudes adicionales para las cuales se cuenta con la dotación económica correspondiente. También hemos finalizado la tramitación del Plan de reactivación del sector pesquero
español, aprobado por el Consejo de Ministros hace aproximadamente un año, el 18 de enero, con una línea de crédito de 236 millones de euros a interés cero y una bonificación de intereses de 50, 6 millones de euros.
A fecha de 31 de diciembre,
según el informe que nos ha trasladado el ICO, se había formalizado 346 operaciones por importe de casi 190 millones de euros, lo que ha supuesto ya una bonificación inicial de casi 40 millones de euros.



También me gustaría destacar el gran esfuerzo que hemos hecho en la política de innovación del sector pesquero, política que constituye una novedad para el sector ya que hasta 2005 no existía ningún instrumento de esa naturaleza; hemos
definido el denominado Plan estratégico de innovación tecnológica en la pesca; hemos adoptado instrumentos como la orden de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola; la línea especial de financiación y avales para pymes del sector
pesquero y acuícola, gestionada por Transaval, que dispone de un presupuesto de 11 millones de euros, y en los tres años de funcionamiento de este fondo ya se han formalizado 61 avales por un importe de la totalidad del presupuesto, incluso
superando medio millón de euros la cantidad destinada a ese fin. También el Fondo de apoyo a la diversificación del sector pesquero y acuícola, gestionada por Sepides, ofrece a las empresas y asociaciones del sector préstamos participativos,
créditos y otros productos. Disponemos de un presupuesto de 21 millones de euros, cuya primera convocatoria, por importe de 11 millones, se ha realizado en 2008, y habrá nuevas convocatorias en 2009 y 2010. Para que sepan del éxito de esta
convocatoria, hemos recibido peticiones por importe de 55 millones de euros para llevar a cabo acciones de diversificación de la actividad pesquera y acuícola, la semana pasada se ha resuelto ya la primera convocatoria por más de 6 millones de
euros, que afecta a empresas fundamentalmente de Andalucía y de Galicia, y el día 27 de este mes de febrero se hará la resolución de la segunda convocatoria. También tenemos instrumentos de cooperación e internacionalización como es la Plataforma
tecnológica de la pesca y la acuicultura, cuyo objetivo es establecer líneas prioritarias para la innovación del sector.



En el ámbito de la cooperación y de la investigación contamos con los tres buques de investigación pesquera y oceanográfica a los que ya hemos hecho mención anteriormente y el pasado mes de enero ha tenido lugar la botadura de un nuevo buque
que constituye un proyecto único hasta la fecha que se va a destinar a la cooperación internacional mediante la formación pesquera, de forma que represente un exponente a nivel internacional del sector pesquero español. Este buque va a suponer un
desembolso total de 20, 8 millones de euros y estará plenamente operativo a finales del mes de septiembre de este año.



Si nos centramos ahora en el sector de la acuicultura, debo señalar que este sigue creciendo a buen ritmo los últimos años, destacando la evolución que se está experimentando en la cría de peces marinos, principalmente en la vertiente
mediterránea y en las islas Canarias. Con el objetivo de consolidar y desarrollar este sector hemos identificado para este nuevo periodo cuatro objetivos básicos sobre los que ya estamos trabajando. El primero lo constituyen los planes nacionales
de cultivos marinos, desarrollados por las comunidades autónomas, y cuyo presupuesto corre a cargo de la Secretaría General del Mar -para el año 2009 hemos dotado 3, 8 millones de euros-, y también en la pasada conferencia sectorial, celebrada el
día 9 de febrero, hemos transferido un 50 por ciento de la dotación anual. En esta misma línea canalizaremos la búsqueda de sinergias entre la empresa privada y el mundo científico a través de la Fundación Observatorio Español de la Acuicultura,
constituida en julio del año 2008, y que tiene como protectorado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y está llamada a ser el lugar de referencia para la I+D+i del sector de la acuicultura. El segundo de los objetivos se refiere
a la sostenibilidad del sector, que tendrá como líneas de trabajo la denominada gestión ambiental de la acuicultura, que podrá llegar al 20 por ciento del presupuesto total de los planes nacionales de cultivos marinos,


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y la continuidad de la colaboración con la Unión Internacional para la Naturaleza en el desarrollo de guías que fomenten el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo. Como tercer objetivo y dentro de la política de
integración social, se seguirá la colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles y su fundación. Y el último de los objetivos se refiere a la intensificación de la coordinación institucional a través de la Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos, creada en el año 1984.



Por último, me gustaría indicarles que a lo largo del año 2009 vamos a poner en marcha algunas propuestas derivadas de las conclusiones del Plan estratégico de la acuicultura, elaborado a lo largo del año 2007 y consensuado con las
comunidades autónomas y el sector acuícola, y cuyas previsiones indican que la producción de peces marinos alcanzará las 70.000 toneladas en el año 2010 -en el año 2008 han sido 47.000- y en el año 2015 alcanzaremos las 150.000 toneladas.



Quiero informarles también sobre las actuaciones en materia de ordenación y planificación de la flota y formación durante la presente legislatura.
Se centrará en unos apartados prioritarios a los que me voy a referir de una forma muy
sucinta. El primero de ellos es la gestión, mantenimiento y actualización del censo de la flota pesquera operativa, y las acciones específicas son la tramitación del proyecto de real decreto de normativa básica del sector pesquero, a fin de
actualizar la operativa y funcionamiento de la flota en materia de bajas, nuevas construcciones, exportación y altas en el censo, la aplicación de la Ley 9/2007, sobre regularización de embarcaciones, un procedimiento de duración de dos años por el
cual pretendemos regularizar 3.000 embarcaciones de pequeño porte, es decir, estamos hablando de más del 25 por ciento de la flota artesanal española. Continuaremos con el régimen de control y seguimiento de entradas y salidas en la capacidad de la
flota pesquera operativa, por lo que los Estados miembros se han visto obligados a respetar un estricto control de la capacidad de su flota pesquera. El segundo de los apartados prioritarios es el referido a la gestión, seguimiento y control de las
ayudas de los fondos estructurales a la flota pesquera y el marco del programa operativo español al que he hecho referencia anteriormente, que contempla acciones destinadas a la adaptación de la flota, junto con medidas de interés público. Estamos
desarrollando el proyecto de orden que regula las acciones en el marco del reglamento comunitario del Fondo Europeo de la Pesca, dirigida a los armadores que realicen acciones de mejora de artes de pesca, innovaciones tecnológicas a las
embarcaciones para reducir el consumo energético, entre otros objetivos. El tercero de los apartados prioritarios lo constituyen las medidas de urgencia para la flota pesquera que ha sido afectada por la crisis económica. Este ministerio, en el
marco de la adaptación del reglamento 744, ha instrumentado una medida específica temporal de gran intensidad que pasa por ayudas a la paralización temporal y definitiva de las actividades pesqueras que para los años 2009 y 2010 son las siguientes.
NAFO Atlántico Occidental para armadores; NAFO para tripulantes; golfo de Vizcaya, anchoa; arrastreros, cerco y palangre en Ceuta y Melilla, arrastreros, cerco y palangre en Ceuta y Melilla segundo paro; palangre en superficie 2008-2009, tanto
para armadores como para tripulantes; voraz, para los cuales habrá 6.174 beneficiarios, así como medidas excepcionales para armadores de merluza sur y cigala 2008-2009; tripulantes, merluza sur y cigala 2008-2009; Neatc 2008-2009 y tripulantes
Neatc 2008-2009. Con la nueva programación la previsión de las cantidades destinadas a esta paralización temporal son 43 millones de contribución pública total, siendo la aportación prevista del FEP 29 millones y también a esta línea aportará la
Secretaría General del Mar 46 millones de euros, en los que se incluyen 34 millones procedentes del FEP. Es decir, hemos agotado el límite máximo que nos permite el reglamento comunitario, que está estipulado en un 8 por ciento del total del fondo.
Si son 1.137 millones, las cifras que les acabo de señalar suman aproximadamente los 90 millones de euros. En cuanto a la regulación y fomento de la formación continuada de los profesionales del sector pesquero, que constituye el cuarto de los
apartados prioritarios, hemos articulado importantes actuaciones, como la gestión, seguimiento y actualización del registro general de tarjetas de identidad profesional náutico-pesqueras y la puesta en marcha de la tarjeta profesional del marinero
pescador. La quinta prioridad es el convenio entre el mar y la Organización Internacional del Trabajo. El sexto es la adhesión del Reino de España al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los
buques pesqueros. Además, entre el Ministerio de Fomento, el extinto Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo se había suscrito un acuerdo para mejorar la seguridad en los buques pesqueros, para los cuales el Ministerio de Agricultura
en aquel momento había hecho una aportación para la adquisición de equipos de seguridad por un importe, entre el año 2006 y 2008, de 13 millones de euros, de los cuales el 50 por ciento había sido aportado por la Secretaría del Mar. Se ha
prorrogado este convenio para extender su presencia también al año 2009, para que aquellas embarcaciones que no se han acogido a las convocatorias anteriores puedan hacerlo en este ejercicio. Para finalizar este apartado de ordenación y gestión,
estamos poniendo en marcha la creación de un segundo registro, el registro especial para la flota atunera y palangrera de superficie en aguas internacionales, iniciativa que surge con motivo de la publicación de las directrices para el examen de
ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura, que posibilita la aplicación de determinadas desgravaciones fiscales y reducción de los costes laborables para los buques comunitarios que pescan fuera de la comunidad, para lo cual debemos
proceder a la adecuación de la legislación interna. En segundo lugar, la nueva Ley de fomento de la competitividad del sector pesquero en terceros países,


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cuyo objetivo es el de establecer un marco jurídico estructural de las medidas dirigidas al desarrollo, potenciación y promoción de las empresas pesqueras de capital español en países terceros no comunitarios, con la finalidad de impulsar la
competitividad de la flota de capital español.
Por último, en este apartado quiero referirme, muy brevemente también, a las actuaciones dentro de la política de comercialización y calidad.
Saben SS.SS que España es un importante consumidor de
productos pesqueros, casi 37 kilos por habitante/año. Entre estas modificaciones tenemos previsto el real decreto sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos, así
como el correspondiente a productos congelados y ultracongelados, aprobación de un nuevo real decreto regulando la primera venta de los productos pesqueros, adaptándolos a la nueva normativa comunitaria y aprobación de un real decreto por el que se
permita que las conservas de atún patudo se denominen como atún claro, diferenciándose de las procedentes del rabil por el etiquetado. El apoyo a las organizaciones de productores se regulará en las convocatorias de ayudas a las organizaciones de
productores pesqueros de ámbito nacional para los siguientes tres años. Se ha establecido una acción específica temporal hasta el 31 de diciembre del año 2010 para promover la reestructuración de las frutas pesqueras de la Comunidad Europea
afectadas por la crisis económica, de tal forma que el FEP podrá contribuir a la financiación de compensaciones a esas organizaciones de productores. Ello significa que aquellas OP que habían recibido financiación en el año 2001 por vigencia de
cinco años, podrán seguir percibiéndola hasta el año 2010. Hemos constituido la Comisión de seguimiento de comercialización pesquera como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Comité consultivo del sector pesquero celebrado el pasado mes de
diciembre, y tendrá lugar una reunión en la que participarán todos los agentes económicos del sector. Se debatirán todos los temas relacionados con la comercialización pesquera y esta reunión se llevará a cabo a finales de este mes de febrero.
También tenemos prevista la realización de estudios de márgenes comerciales de todas las especies pesqueras incluidas en el Observatorio de precios, creado por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con nuestra Secretaría del Mar. Por
último, quiero hacer referencia a que vamos a seguir profundizando en todas aquellas actuaciones en materia de calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así como en todos aquellos
conceptos relacionados con la trazabilidad, mediante la firma con la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc); un proyecto que tiene una duración de dos años, de 2007 a 2009, para mejorar la trazabilidad de los productos, optimizar los
beneficios del etiquetado e implantar un lenguaje común entre el conjunto de las empresas de la cadena de comercialización.



Me gustaría referirme, como cierre de mi intervención respecto al sector pesquero, a la colaboración que venimos prestando al sector en las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio y en otros foros internacionales.
Saben que la Comunidad Europea mantiene una política activa para la negociación con diversas regiones en el establecimiento de acuerdos de libre comercio, y de esta forma se ha alcanzado el acuerdo de Cotonou con los países de África, Caribe y
Pacífico, que se ha transformado en acuerdos de partenariado económico compatibles en cualquier caso con las reglas de la OMC. Las negociaciones de la ronda de Doha, que afectan al sector de la pesca, no han avanzado de acuerdo con lo previsto tras
el fracaso de la última reunión celebrada en el mes de julio en Ginebra y la falta de acuerdo necesario para poder celebrar otra ministerial en diciembre del pasado año 2008.



La estrategia española está en varios grupos de negociación, uno de ellos es el de acceso a los mercados de productos no agrícolas, en el NAMA, donde se negocia el desarme arancelario; la posición española es priorizar la defensa de la
sensibilidad de algunos productos muy concretos, tales como los preparados y conservas de atún. En cuanto al grupo de negociación de normas, donde se tratan las subvenciones al sector de la pesca, ha vuelto a reanudar sus reuniones el pasado 2 de
febrero y debido a la falta de consenso entre los miembros el texto sobre subvenciones ha sido sustituido por un cuestionario que plantea la presidencia de este grupo con el que se pretenden identificar las subvenciones que perciben tanto los países
comunitarios como los que están en países terceros. En cuanto a la nueva organización común del mercado de los productos pesqueros, a finales del año 2006 la Comisión presentó un estudio de evaluación interna y ha encargado también a una
consultoría externa un estudio de impacto financiero del reglamento de mercados, el 104 del año 2000. Dichos estudios están a punto de finalizar y sus conclusiones van a ser presentadas a la Comisión y a todas las organizaciones de productores de
la Unión Europea en unas jornadas que se celebrarán probablemente a finales del mes de junio en Bruselas. Los planteamientos de España son: incrementar la ficha presupuestaria con el objeto de cubrir las necesidades de mercado y las ayudas a las
OP, dada la incorporación de nuevos Estados miembros; fijación de normas de comercialización para todos los productos frescos; desarrollo de un sistema de trazabilidad e incremento de ayudas, así como el apoyo al funcionamiento de las
organizaciones de productores.



Decía al principio de mi intervención, señorías, que en el mundo en que vivimos afloran de forma clara las interrelaciones entre sistemas económicos, acceso al bienestar y alteraciones del medio ambiente. Les comentaba también que esas
interrelaciones se ponen de manifiesto en la actuación política y gestora encomendada al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y, por ende, a la Secretaria General del Mar, a la luz de las competencias que tiene atribuidas. Valgan de
nuevo


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estas consideraciones como punto de partida a la hora de exponerles las líneas generales de la Secretaría General del Mar en todo lo concerniente a la materia de gestión y protección de nuestras costas y la lucha contra la contaminación. El
marco jurídico que delimita la actuación de esta secretaría lo conforma, como no podía ser de otra manera, la Ley de Costas, el Reglamento de desarrollo, así como toda la doctrina del Tribunal Constitucional en la práctica totalidad de sus
preceptos, lo que se refleja en las sentencias números 149 y 198 del citado tribunal, dictadas ya en el año 1991. Esta Ley de Costas viene a cumplir el mandato de la Constitución del año 1978, que en su artículo 132 declaró que son bienes de
dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre. La vigente Ley de Costas también vino a desarrollar los principios establecidos en el artículo 45 del texto constitucional y recogió los criterios
establecidos en la recomendación 29/73 del Consejo de Europa, sobre protección de zonas costeras en la Carta Europea del Litoral del año 1981 de la Comunidad Europea.



El citado texto legal persigue dos objetivos básicos: la defensa de la integridad del medio litoral y la garantía del uso y disfrute público. La consecución de estos objetivos implica, necesariamente, la lucha contra el doble fenómeno que
supone la destrucción física y la privatización de nuestro litoral. Señorías, la concienciación de toda la sociedad sobre esta problemática, así como las consecuencias que traería para las generaciones futuras que los poderes públicos no actuasen
con la celeridad debida, se muestra como una constante preocupación en la actuación cotidiana de esta secretaría, actuación que parte de la constatación de que el dominio público es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que
confluyen multitud de intereses, todos ellos, por supuesto, legítimos, a menudo contrapuestos e incluso recíprocamente excluyentes. Por otro lado, sobre él confluyen igualmente competencias de distintas administraciones, como son la estatal,
autonómica y local, e incluso internacional, y dentro de cada una de ellas de diferentes órganos, por lo que constituye una prioridad absoluta la conciliación, la coordinación y armonización en el ejercicio de todas esas competencias. La concepción
de la costa como una estrecha franja de nuestro entorno, de una extrema sensibilidad y fragilidad, obliga a adoptar medidas encaminadas a su conservación; para ello es imprescindible finalizar el deslinde de dominio público marítimo-terrestre. Hay
que decir que la costa española la constituyen 10.100 kilómetros; están deslindados 8.570, es decir que estamos en el 85 por ciento, y el 15 por ciento restante obviamente lo vamos a acometer.
Encontrándose en una situación muy avanzada la
delimitación de lo que es la costa española, es necesario avanzar en el programa de reconocimiento de derechos, cuyo objeto es aclarar la situación en la que quedan las propiedades afectadas por los deslindes, de conformidad con lo que a tal efecto
establece el régimen transitorio de la Ley de Costas. Por ello, vamos a impulsar el programa y a planificar las estrategias a desarrollar en cada tramo de la costa, dependiendo de los derechos existentes y de las características del tramo en que se
encuentren. El reconocimiento de estos derechos se hará en función de la orden del Ministerio de Medio Ambiente 2305, del año 2007, de 23 de julio, por la que se aprueba el pliego de condiciones para el reconocimiento de esos derechos.

Precisamente, y dado que esta disposición transitoria no regula el régimen jurídico de las concesiones otorgadas a su amparo, tanto en lo que respecta a su posibilidad de transmisión intervivos como al procedimiento para su otorgamiento, se han
añadido -nunca a escondidas, ni a hurtadillas ni de tapadillo-, por medio de una disposición final del proyecto de ley de navegación marítima, dos nuevos apartados a la disposición transitoria de la Ley de Costas que regula dichos extremos. A este
respecto hay que reseñar que esta nueva regulación no implica una flexibilización en la aplicación de la Ley de Costas ni en la protección del dominio público, ya que el nuevo concesionario se subroga los mismos derechos y obligaciones que tenía el
anterior. Continuaremos, por tanto, con el desarrollo del programa de gestión del dominio público marítimo-terrestre, cuyo objetivo es garantizar sus usos y aprovechamientos, así como que la utilización de los terrenos colindantes con este sean
conformes a lo establecido en la Ley de Costas.



También teniendo en cuenta las competencias que otras administraciones públicas ejercen sobre el dominio público marítimo-terrestre se ha promovido desde este departamento la suscripción de convenios de gestión integral del litoral con las
comunidades autónomas litorales. Ha sido posible alcanzar un consenso con seis comunidades, en concreto con Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y Valencia, y continuaremos con la aplicación, mejora y ampliación de las mismas. La gran
ventaja de este modelo de gestión concertada de litoral reside en el hecho de que se crean comisiones que constituyen foros de encuentro y discusión, tanto a nivel político como técnico, que se han revelado como mecanismos muy eficaces para la toma
conjunta de decisiones, cada uno en el ámbito de sus competencias, así como para desbloquear aquellos expedientes o actuaciones en cuya evolución técnico-administrativa hubiera podido surgir algún desencuentro o complicación. Continuaremos con el
desarrollo de los convenios suscritos. Complementariamente a los programas descritos, se encuentran las actuaciones previstas dentro del programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que se articula a
través de diferentes proyectos.



Los objetivos para esta legislatura por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa consisten en continuar con el desarrollo del programa de adquisición de fincas y abordar la redacción, aprobación y puesta en marcha de
planes de gestión de las fincas adquiridas, en colaboración con las demás administraciones implicadas. A 31 de diciembre de 2007 el programa


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de adquisición había supuesto la adquisición de terrenos con una superficie de más de 13 millones de metros cuadrados y un coste de 161 millones de euros; en el ejercicio 2008 1.500.000 metros cuadrados, con un supuesto de 23 millones de
euros; y para el año 2009 tenemos prevista una dotación de 33 millones de euros, que implica un sensible aumento respecto a las cifras del ejercicio anterior.



Quisiera referirme por último al programa de sostenibilidad de la costa, que tiene como objetivos el desarrollo de medidas preventivas y protectoras para controlar los procesos de erosión y degradación del borde marítimo; la protección o
recuperación de los ecosistemas litorales y la regeneración y rehabilitación de aquellos espacios litorales que han sido degradados; la corrección de aquellas actuaciones que están impidiendo o limitando una utilización racional y pública del
litoral; la realización de actuaciones que mejoren la calidad ambiental y el uso público de la costa y la dotación de infraestructuras vinculadas con el medio ambiente, como senderos litorales, infraestructuras de educación ambiental e
interpretación de la naturaleza.



En cuanto al control de agresión de la costa, que se presenta como uno de los más graves problemas estructurales del litoral español y que ahora se ve agravado de forma notable como consecuencia de los efectos del cambio climático,
pretendemos controlar o recuperar la funcionalidad de los sistemas de playas y cordones litorales, en la medida en que las acciones sean efectivas, y en caso contrario, adoptar otras acciones para asumir la regresión, previendo las consecuencias.
El segundo objetivo es la protección y recuperación, como les decía, de los sistemas litorales; el tercero se refiere a todas aquellas acciones encaminadas a conseguir dotaciones para el acceso y uso público de la costa. Con él pretendemos hacer
efectivo lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Costas en lo referente a la utilización libre, pública y gratuita del dominio público marítimo-terrestre. Por último me gustaría señalar las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de la
costa y de los ecosistemas litorales. Con ellas pretendemos mejorar el conocimiento del medio costero por parte de la población de las aguas de transición litorales mediante la realización de estudios que permitan una mejor preservación de los
valores naturales y de las intervenciones en el medio. Hemos diferenciado dos objetivos: por una parte, los necesarios para el conocimiento e innovación dirigidos a la mejor gestión costera y, por otra parte, la obtención de la información
necesaria para una mejor intervención sobre la costa.



Finalizo ya mi intervención, señorías, pero quisiera dar, aunque sea con muchísima brevedad, unas pinceladas para referirme a otra de las competencias asumidas por la nueva Secretaría General del Mar y que trae su causa de la adscripción a
la misma, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del antiguo Centro para la prevención y lucha contra la contaminación marina, también conocido como Cepreco. En línea con las actuaciones que se han ido realizando
en la anterior legislatura en esta materia, he de exponerles que daremos continuidad a las mismas, junto a dos nuevas líneas de trabajo que ya fueron anunciadas por la ministra ante esta misma Cámara: por un lado, acometeremos la elaboración de un
atlas de sensibilidad y riesgo del litoral español y, por el otro, realizaremos un estudio sobre la vulnerabilidad de la bahía de Algeciras y su entorno frente a derrames de hidrocarburos, cuestión que me consta que concita la preocupación de muchas
de sus señorías.



Acabo así mi intervención, dándoles las gracias por su atención y quedando a su disposición para cuantas preguntas y aclaraciones deseen hacerme.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar un turno de intervenciones por tiempo máximo de 15 minutos, comenzando por los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia.



En primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor secretario general, por acceder a comparecer en esta Comisión -como no podía ser de otra manera- y por las explicaciones que nos ha dado.



Antes de entrar en su intervención en concreto, me gustaría sugerir a la Mesa que -ante semejante intervención llena de datos, llena de cuestiones que son muy difíciles de retener en un primer momento y llena de cifras- de aquí en adelante
-sabiendo que todas las comparecencias favorecen siempre al Gobierno, porque es un mecanismo con una utilidad muy importante para el Gobierno, aunque no es el caso del señor secretario del Mar en concreto-, si es posible, todas estas intervenciones
que están escritas pudieran hacérnoslas llegar previamente. Así, las preguntas y reflexiones que haremos después podrán ser más estudiadas, más tratadas y más desarrolladas, porque evidentemente a bote pronto, como se dice mi tierra, es muy difícil
hacer una serie de apreciaciones y cuestiones basadas en cifras, planes, datos, etcétera. Yo lo digo en beneficio de la labor esta Comisión, porque muchas veces nuestra espontaneidad y nuestra capacidad de retención son muy altas, como todos
sabéis, pero no tanto.
Por tanto, es una pequeña sugerencia de orden para la Mesa.



En cuanto a la comparecencia del señor secretario, se la agradezco de nuevo. Mi grupo y yo solicitamos esta comparecencia no porque tuviéramos un tema en concreto que nos acuciaba o al que queríamos sacarle punta, sino porque considerábamos
que era oportuno, necesario y porque faltaba por hacer una comparecencia de esta índole en algo que a mi grupo, no ahora sino históricamente, siempre le ha preocupado. Independientemente de que los vaivenes ministeriales y las conformaciones de
Gobierno le den ministerio y medio, medio ministerio, medio ambiente, rural, marino, etcétera, hay una serie de cuestiones que siempre están en la preocupación del


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Grupo Vasco, como es el caso de la pesca, y concretamente en este momento.
Quizás para algunos otros no entra en las grandes cifras macroeconómicas del PIB pero para nosotros desde una perspectiva -así se lo hice saber a la ministra en su
día- sociológica, económica y cultural la pesca es algo más que una simple y llana actividad económica. Por tanto, consideramos que era importante esta comparecencia.



No voy a transmitirle excesivas cuestiones problemáticas, sino a hacer un pequeño repaso de todo lo que usted ha dicho -como digo, ha sido extenso en cuanto asuntos- ni voy a hablar de toneladas o porcentajes porque es imposible. Solamente
le trasladaré una preocupación. En mi país la pesca tiene una importancia no solo en lo económico como le he dicho, sino de otra índole. Cuestiones como el atún, la anchoa, la pesca de altura para puertos como Ondarroa o Pasajes, la situación de
los combustibles, el precio, están haciendo que cierta actividad económica, con todo lo que conlleva, esté en una situación casi de agonía, y usted lo sabe perfectamente. Me gustaría conocer si este Gobierno tiene la actividad pesquera y todo lo
que conlleva como algo que está entre sus prioridades, independientemente de cumplir la función de pasar por encima de puntillas, sino con ganas de hincarle el diente; si verdaderamente se quiere ser una potencia pesquera -que sí lo ha sido- y se
quiere seguir siéndolo. Por tanto, en este sentido, ¿qué va a pasar con la anchoa? Me gustaría que me respondiera cuáles son los planteamientos que tiene el Gobierno en torno a este tema, no para ahora, sino también para después.
¿Qué queremos
hacer con la anchoa? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Queremos dar verdaderamente una solución a esto? Queremos saber cuál es la perspectiva del Gobierno. Igualmente en el tema del atún rojo me gustaría profundizar un poquito más
por dónde va a ir el asunto del reparto de las cuotas de la pesca de atún rojo en el sector pesquero español para el año que viene. Usted mismo ha dicho que ha habido hoy una reunión, y quisiera que nos explicara un poquito por dónde ha ido. Por
otra parte, me gustaría abordar también el tema de la pesca ilegal. En esta Comisión más de una vez he planteado la cuestión de los dos ámbitos de la pesca ilegal: por una parte, lo que es la actividad pesquera que se realiza ilegalmente y las
inspecciones que a ello competen -usted ha hablado un poco de eso- y, por otra, el asunto del pescado ilegal que entra en los mercados, que es una cuestión diferente, pero que va más o menos en torno a lo mismo. Me gustaría también incidir en la
necesidad de que existiese un clima de verdadera confianza entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En el caso de Euskadi, la cuestión pesquera tiene mucha importancia, usted lo sabe. Existe una relación que yo considero fructífera,
y puede serlo más todavía. En este sentido, la materia transferida debe seguir siendo respetada sin duda alguna.
Quisiera, así mismo, saber cuáles son los planteamientos que tiene este Gobierno en cuanto a la relación con las comunidades autónomas
en el tema que nos afecta.



Por último, le quería hacer un comentario en torno a su nueva ocupación de la materia costera, que es la relativa -en algún que otro momento ya se lo hemos hecho saber- a ciertas instalaciones que nunca llegaron a ser lo que iban a ser, como
puede ser la central nuclear de Lemóniz; instalaciones para poder ser desarrolladas a nivel de acuicultura, hoy en día impresionantes, están en territorio marítimo-terrestre en la costa vizcaína, pero evidentemente nunca será, gracias a Dios, una
central nuclear. Son unas instalaciones ya construidas y con unas competencias sobre las que el Gobierno podría actuar. En su día iba a ser una central nuclear de gestión de Iberduero, hoy en día Iberdrola. Hoy, el Gobierno podría desarrollar una
actividad de acuicultura, como más de una vez se lo hemos hecho saber a este secretario general.



Sin más, quiero agradecerle de nuevo su comparecencia y decirle que nuestro grupo no está para buscar cosquillas a nadie, pero tampoco para dejar hacer lo que se quiera. Por lo tanto, seremos -siempre decimos lo mismo- benevolentes en todo
lo que haya que serlo, pero vigilantes para que se cumplan todas aquellas cuestiones comprometidas y las que con lealtad se deben de llevar a cabo.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Socialista también había solicitado esta comparecencia. Su portavoz, el señor Díaz Díaz, tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: Desde este Parlamento de las Españas un diputado que procede de Galicia, pero que habla en nombre del Grupo Socialista, tiene que decir que comparte lo que se acaba de exponer por el señor secretario general del Mar y
también comparte la intervención que se hace del sector por parte del señor portavoz del Grupo Vasco. Tenemos en conjunto una de las flotas más importantes del mundo. Tenemos un mercado muy importante, tenemos tecnología, tenemos capital humano y
tenemos cultura; a nivel pesquero también hay cultura. En Galicia, en Euskadi, en Andalucía hay zonas dependientes de la pesca donde la cultura pesquera, la cultura del mar, es la dominante. Como decía, tenemos flota, tecnología, capital humano y
mercado, pero en los últimos años -ya hace bastantes- por problemas de regulación a nivel internacional e incluso a nivel de las Españas, cuando hablamos de pesca, tenemos un objetivo sostenible.
Hablamos de pesca sostenible porque desde hace
tiempo existe un problema de recursos. Tenemos que pescar responsablemente para que las generaciones futuras sigan heredando recursos. Por eso, una de las partes fundamentales del programa es la sostenibilidad, así como un programa de recuperación
de caladeros, asunto en el que creo que debe haber un gran acuerdo. También, en apoyo a la sostenibilidad y atendiendo problemas de mercado e incorporando nuevas tecnologías, está habiendo un desarrollo importante en la acuicultura, que usted nos
plantea en estos momentos, y que está desarrollándose en el Mediterráneo, en Canarias,


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y centrado en el cultivo de peces. Se plantea además un problema cuando hablamos del sector pesquero. Hay empresas y territorios que dependen claramente de la pesca. Estas empresas y estos territorios tienen un problema de competitividad,
que viene dado porque tienen unos ingresos y unos gastos, y a veces la falta de control sobre los ingresos y el incremento de los gastos ponen en cuestión la rentabilidad de nuestra flota frente a otras. Aquí cíclicamente cuando los países de la
OPEP consiguen incrementar los precios de petróleo discutimos periódicamente sobre el incremento del precio del gasóleo y sobre la insostenibilidad económica del sector. Señor Martín Fragueiro, quisiera que en estos momentos, en los que parece que
el precio del gasóleo no es una variable que condicione el futuro del sector, se colabore con él, o se intente implicarlo, en los programas de comercialización de los que se nos estaba hablando, porque la competitividad o la rentabilidad de una
empresa viene por diferenciar ingresos y gastos. Se está diciendo que el problema está en que los ingresos del sector están congelados desde hace tiempo. En esa congelación tiene bastante que ver la preexistencia de sistemas tradicionales de
comercialización, y de alguna manera se debería aprovechar para mejorar en épocas en las que los gastos no son un problema que acucie. El tema de los ingresos está condicionado también, pero no como se plantea, como algo definitivo, por las
entradas de pesca ilegal. Acerca de la pesca ilegal usted nos habló de un nuevo reglamento, que entrará en vigor en el año 2010. Es un nuevo reglamento que de momento es un gran desconocido, pero por lo que uno entiende puede ser clave en la lucha
contra la pesca ilegal. Yo le pediría señor Martín Fragueiro que nos aclarara mejor el alcance de ese reglamento que va entrar en vigor en el año 2010, como elemento contra la pesca ilegal y de defensa de los mercados frente al bulto de esa pesca
ilegal. Quisiera que también nos informara un poco más sobre todo lo relativo a las políticas de comercialización en las que es fundamental la implicación del sector.
El Gobierno puede hacer promociones, pero nunca puede sustituir al sector
privado en la comercialización de sus productos, y en este tema el avance en tecnología es bastante reducido. De todos modos, yo le pediría que insistiera en una asignatura pendiente, las condiciones de trabajo en el mar. Hay una precarización
excesiva y unas condiciones no siempre saludables, aunque se haya avanzado mucho en la seguridad del trabajo en el mar, pero aún queda bastante por hacer, por ejemplo una incorporación de trabajadores extranjeros en condiciones de menos precariedad.
Este es un tema que yo sé que no compete al ministerio de medio, medio, medio (Rumores.), pero como tenemos un convenio con el de Trabajo por cuestiones de seguridad era importante implicar también al Ministerio de Trabajo, en el tema de las
condiciones laborales y de trabajo de la gente en el mar.



Una cuestión importante es el fomento de las empresas en terceros países, donde se está haciendo un gran esfuerzo, ligando esto con la cooperación.
Quisiéramos que nos explicara un poco más, señor Martín Fragueiro, las nuevas líneas que se
están apoyando en este tema. También desearíamos que nos diera cuenta de todo lo referente al convenio con Sepides para el desarrollo de la diversificación del sector pesquero, que es algo muy importante, porque si hay un problema de recursos no
podemos seguir manteniendo un sector con las mismas dimensiones que cuando había otro tipo de recursos; luego hay que diversificar el sector sobre todo para mantener la sostenibilidad económica de las zonas fuertemente dependientes de la pesca.



En cuanto a la nueva competencia de su secretaría general con respecto a la legislatura anterior, en todo el tema relacionado con la gestión de costas, en primer lugar, señor Martín Fragueiro, nos alegramos, como no podía ser de otra manera,
de que sigamos siendo coherentes defendiendo la Ley de Costas y que no exista ninguna modificación de ella que altere en modo alguno todo lo que se refiere al dominio público, que se delimitaba en esa ley, que nos quede un 15 por ciento por
delimitar y que exista voluntad política de acometerlo. Este es un tema importante porque causó controversia en los últimos días al interpretarse mal una normativa, ya que lo único que hace es desarrollar, como decía usted, dos apartados que
quedaban pendientes, pero no altera en modo alguno la ley del año 1988 y la defensa del dominio público que se hace también en esa ley. Por ello, nos felicitamos como no podía ser menos, aunque de su ministerio y de usted no esperábamos otra cosa
que seguir siendo coherentes y defendiendo el dominio público y nuestras costas, como llevamos haciendo en nuestra historia.



Me queda una pregunta sobre Cepreco. Como usted sabe, Cepreco nace como consecuencia de la catástrofe del Prestige que se produjo en la comunidad de Galicia. Queremos saber de qué medios dispone Cepreco para su actuación o si es
fundamentalmente un centro de estudios que utiliza los medios del Ministerio de Fomento, que es el que hasta ahora manejó los medios para la lucha contra la contaminación marina.



Por último, en cuanto a un tema que también se planteó por parte del señor portavoz del Grupo Vasco, quisiera saber cuáles han sido los resultados y conclusiones de las evaluaciones científicas llevadas a cabo sobre la evolución en la pesca
de la anchoa por buques españoles en el golfo de Vizcaya, en qué forma está participando el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y que aportaciones económicas se destinaron para realizar estos estudios científicos.



Agradezco su amplia intervención y le deseo todo el éxito en su gestión porque el suyo será al final un éxito para el sector al que representa y defiende.



La señora PRESIDENTA: Continuamos con el resto de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se van a distribuir


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los dos portavoces el tiempo de 15 minutos. En primer lugar, el señor Canet tiene la palabra.



El señor CANET I COMA: Agradezco al secretario general su intervención y, aunque no sirva de nada, me solidarizo con la petición que ha hecho el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, porque estas prolijas e interesantísimas exposiciones
previas de los representantes del Gobierno pueden llegar a producir situaciones a veces casi cómicas como la que vimos ayer con la ministra de Ciencia e Innovación, que realizó una excelente intervención, como la que acaba de hacer usted, pero que
era justo la misma lectura que hizo veinticuatro horas antes en el Senado.
Con todos los respetos, si no duplicáramos a veces serían más operativas las sesiones, tendríamos más tiempo y habría menos problemas para los presidentes de la Mesa para
administrar justamente estos tiempos. He dicho inútilmente porque ya es una petición reiterada y que difícilmente se va a atender. En cualquier caso, que quede constancia en el'Diario de Sesiones'.



No sé si lo que le voy a comentar, que va a ser un tema muy puntual, hace referencia a lo más importante de lo que usted ha dicho -quizá no, porque todo lo que ha dicho es importante-, pero seguramente sí sea urgente, atendiendo a la
representación territorial que ostento, la de la circunscripción de Girona, y con toda seguridad es extrapolable a otras demarcaciones, sobre todo en el tema de costas. Usted ha hablado del deslinde y somos conscientes evidentemente de que no se
ilegaliza lo que era legal, somos conscientes de que se prima evidentemente sobre inscripciones registrales anteriormente, que deriva de un mandato constitucional de la Ley de Costas. Somos conscientes de todo ello, pero también es verdad que ese
85 por ciento que se ha hecho ya del deslinde del dominio público terrestre-marítimo ha generado intranquilidad -seguro- y controversias también -yo no voy a entrar en el tema que usted con mucha habilidad y discreción ha mencionado sobre ciertas
informaciones de prensa-, y a veces ha producido incomprensiones competenciales, y le voy a dar dos ejemplos. Por eso le pondré fácil su respuesta, porque afectan, como he dicho antes, a la circunscripción que represento, aunque es perfectamente
extrapolable. Son dos casos y a usted no le sorprenderán en absoluto. Uno es el de la Marina d'Empuriabrava, que afecta más o menos a unos 5.000 ciudadanos y que desde el ayuntamiento y la Generalitat se considera que, siendo marina interior, las
competencias corresponderían a esa Administración autonómica. Por tanto, desde diferentes grupos le hemos pedido, en iniciativas que todavía no se han sustanciado en la Comisión pero que en cualquier caso usted conoce, la paralización del proceso,
atendiendo a razones competenciales. Además, y con el segundo ejemplo voy a hacer un comentario global para terminar, en ese 15 por ciento que falta por acometer o que se está acometiendo y que afecta, por ejemplo, a ríos como el Fluviá o el Muga,
los alcaldes de la zona, que se están reuniendo, están comentando con preocupación los criterios -que seguramente son los legales, no lo voy a discutir- de la Ley de Costas, que en algunos casos pueden llegar a afectar a superficies
extraordinariamente grandes no previstas y que efectivamente generan intranquilidad, por los derechos previos, que se han de traducir evidentemente en un mantenimiento a través de concesiones. Y la alarma es fácil de provocar pensando que habrá
expropiaciones -que supongo que no se van a producir-, demoliciones, etcétera.



Yo le quería formular dos preguntas: una, referida muy concretamente al caso de Ampuria Brava, si usted está en disposición de desmentir que se puede paralizar el proceso por razones competenciales; en cualquier caso, quería que lo
argumente, si es que mantiene esa postura. Y tanto de este caso como del que le he comentado de los ríos Fluviá, Muga, Tordera y otros a los que pueda afectar, en el litoral de Barcelona, le pregunto si me puede argumentar cuáles son los criterios
para trasmitírselos a los ciudadanos afectados y sobre todo si se puede dar un mensaje o no de tranquilidad respecto a edificaciones, viviendas, etcétera, que en este momento estuviesen de forma legal, atendiendo a planes urbanísticos anteriores a
la Ley de Costas, afectados por este hipotético deslinde que se está haciendo -digo hipotético porque en algunos casos todavía no se ha hecho- y que puede afectar a vastísimas extensiones de terreno.



La señora PRESIDENTA: Señor Herrera, tiene la palabra.



El señor HERRERA TORRES: Yo voy a seguir la reflexión de mi compañero Canet con una serie de elementos a los que me gustaría que el señor Martín Fragueiro me contestara. Quiero saber si en la elaboración y tramitación de la Ley General de
Navegación Marítima usted considera que han cumplido la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y con el Convenio de Aarhus, ratificado
por el Gobierno de España ya desde hace años. Se lo digo porque usted sabe que en dicha ley se establece que corresponden al consejo asesor en materia de medio ambiente determinadas funciones, entre las que está emitir informe sobre los
anteproyectos de ley y proyectos de reglamento con incidencia ambiental y en especial sobre las cuestiones que han de ostentar la condición de normativa básica. Lo cierto es que la Ley General de Navegación Marítima coincidirá usted conmigo que
tiene incidencia ambiental, ya que trata de temas de vital trascendencia para el medio marítimo, como la seguridad de la navegación, la lucha contra la contaminación, la seguridad de los buques, los accidentes de navegación, la responsabilidad civil
por contaminación, el seguro marítimo, los riesgos de navegación. Además, en su disposición final cuarta lo que hace es modificar la Ley de Costas. Usted lo ha explicado bien, pero existen leyes y las leyes están para respetarlas.



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Y lo cierto es que, desde el punto de vista formal, no se ha convocado al consejo asesor y como ha pasado eso, que se ha vulnerado una ley, más allá de lo que opinemos sobre los contenidos, usted lo que tendría que decirnos hoy es: sí,
tiene usted razón, hemos vulnerado una ley, la Ley sobre información y participación pública en materia de medio ambiente, y lo que vamos a hacer es someterla al consejo asesor de Medio Ambiente y volverla a tramitar.



Eso es lo que tocaría, porque, si no, lo que nos encontramos, en definitiva, es que se vulneran, en el aspecto formal, las leyes. Y eso es inaceptable desde el punto de vista no solo político, sino incluso yo diría que jurídico y legal.
Por eso yo le pido que hoy nos anuncie que la retiran, porque, si no, nosotros estaremos en la obligación de presentar enmienda a la totalidad, más allá de los contenidos, que después podríamos discutir. Desde un punto de vista formal -perdone que
me expresé con esta contundencia-, lo que hemos protagonizado en estos últimos días es algo que es inaceptable política y jurídicamente, entre otras cosas porque aquellas entidades que están reconocidas por la ley que le he citado, de defensa del
medio ambiente, no han sido ni tan siquiera consultadas en torno al anteproyecto. Y yo no acepto, porque no quiero que sea así, que el Gobierno que tenemos hoy en España lo que haga es no respetar un convenio como el de Aarhus y una ley aprobada
por esta Cámara. Por eso lo consideró grave, más allá de que creo que tiene consecuencias lo planteado en materia de la Ley de Costas, porque podemos discutir sobre si lo que significa es cumplir o no con la sentencia del Constitucional del año
1991, hace 17 años que ya ha pasado esa sentencia, pero nosotros entendemos que esa transmisión, esa concesión, puede tener efectos que dificulten la intervención de la Administración allí donde hay precisamente una ocupación del dominio público
marítimo terrestre y más en un contexto en el que los cien primeros metros de costa mediterránea son superficie artificial -en el año 2000 ya representaban un 36 por ciento, a saber cómo estamos hoy- y, si vamos a los 300 primeros metros, eso
alcanzaba un 41 por ciento. Creo que puede dificultar la acción pública.



Eso es una consideración -se lo reconozco-, política de discusión -estoy de acuerdo-, pero este es nuestro punto de vista y es el punto de vista de diferentes organizaciones ambientales; más allá de que ustedes digan que la información es
sesgada o no o que se malinterpreta o no, es lo que consideran hoy las principales organizaciones ambientales de este país y, si lo consideran, ustedes tienen la obligación legal, no solo moral o política, legal, de escucharles antes de tramitar el
texto. Y, en segundo lugar, nosotros lo que le decimos es que no estamos de acuerdo, porque consideramos que lo aprobado por el Consejo de Ministros, y todavía no por esta Cámara, lo que puede hacer es dificultar la intervención en aquello que
ocupa dominio marítimo terrestre.



Segundo elemento que le quería plantear: atún rojo. Usted sabe que en esta Comisión se aprobó una proposición no de ley a propuesta nuestra. No conseguimos todo lo que queríamos, pero supuso un paso adelante en torno al atún rojo. En
aquella proposición no de ley se instaba al Gobierno a que solicitase a la Comisión internacional para la conservación del atún rojo, la Cicca, que, como primer paso para la recuperación de la especie y de acuerdo con toda la información científica
disponible en el comité científico permanente, en el marco de la cumbre de Marrakech, la que ya aconteció, se establecieran zonas de protección para las áreas de desove en el Mediterráneo, incluyendo las aguas del mar de Baleares, el Mediterráneo
central y el Mar de Levante, durante la estación de desove.
Todos sabíamos, en definitiva, que el atún rojo tiene una situación de profunda vulnerabilidad en el Mediterráneo y nosotros entendíamos que, estableciendo una zona acotada al sur de las
Baleares, podíamos conseguir precisamente que esas zonas de desove permitiesen el repunte de la población de atún rojo.



¿Qué pasó en Marrakech? En Marrakech se establece una cuota de captura para 2009 de 22.500 toneladas, al menos 7500 toneladas o un 50 por ciento más de la cantidad máxima que toda la comunidad científica considera, en sus estimaciones más
optimistas, que se podría capturar para evitar el colapso de la población. Dicho de otra manera, se aprueba la receta para el desastre ambiental y de la especie. Eso es lo que se aprueba en Marrakech. Y además con un incumplimiento de la
proposición no de ley aprobada por esta Cámara. ¿Qué nos encontramos? Que en las conversaciones informales de Marrakech, el director general de Recursos Pesqueros viene a reconocer que no van a ajustarse a lo aprobado por el Congreso. Y es más,
el papel de los representantes del Gobierno español es un papel activo, no para cumplir con la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los diputados; es un papel activísimo para que se suban las cuotas. Pues bien, yo creo que la
soberanía popular está para aconsejar, para decir, pero no es un buen ejercicio democrático que los gobiernos reinterpreten lo que es la voluntad de esta Cámara o de esta Comisión.
Creo que los representantes del Gobierno español en Marrakech
cumplieron el papel estrictamente opuesto al que esta Comisión les instaba que tenían que cumplir. Se lo digo así, y se lo digo no a partir de impresiones, sino a partir de lo constatado de lo que estaban haciendo sobre el terreno y de lo que
constataron también las organizaciones que allí estaban. Eso es lo que pasó en Marrakech. Y creo que no es aceptable, se lo digo así.



Yo no soy un atlántico, soy un mediterráneo, mi mar es el Mediterráneo y mi mar está muy tocado y usted lo sabe, señor Martín Fragueiro. ¿El problema cuál es? Que el atún rojo es una de las últimas grandes especies que existen en el
Mediterráneo y está en una situación de gran vulnerabilidad. Y en el Congreso hacemos los deberes para que esto cambie y lo que nos encontramos, en definitiva, es que ustedes hacen otra política y otra cosa. Quiero saber qué gestiones ha llevado a
cabo el


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Gobierno, qué logros ha obtenido y si está usted de acuerdo con lo aprobado en Marrakech, porque, no lo digo yo, sino toda la comunidad científica y todas las organizaciones ecologistas que reivindicaban hacer exactamente lo contrario, lo
que nos han propuesto es una receta para el desastre sobre el atún rojo en el Mediterráneo occidental, en el conjunto del Mediterráneo, porque es la principal zona de desove del atún rojo en todo el Mediterráneo. Esto es lo que ha pasado. Por
tanto, es razonable que hoy las organizaciones ecologistas no vayan a hablar con ustedes.
Ustedes dicen: el diálogo es un instrumento básico. Pero ¿qué diálogo? ¡Si están aplicando ustedes la política estrictamente contraria, no ya a lo que
opinan las organizaciones ecologistas, sino a lo que ha aprobado y consensuado esta Comisión! No estamos de acuerdo y quiero que nos expliquen qué van a hacer.



Quiero saber de qué manera van a implicar a las comunidades autónomas en la toma de decisiones sobre control pesquero en aquellos ámbitos donde estas tienen competencias; porque usted sabe que estas tienen competencias en algunos aspectos.
Quiero también que me explique cuál va a ser su hoja de ruta. Voy acabando, señora presidenta, para ceñirme al tiempo. Quiero saber si está justificada o no la revisión de la implementación de los sistemas de control, es decir, del reglamento
europeo del control de pesca. Quiero saber su opinión y cómo se ha asegurado el Gobierno del cumplimiento de las normas hasta el momento.
Quiero saber cómo se controla el cumplimiento de la normativa relativa a la potencia de los motores de las
embarcaciones de pesca; cuál es el control, y si existe o no ese control, porque obviamente que un motor tenga una potencia u otra cambia las potencialidades de captura radicalmente. Quiero saber cuál es el control que tienen sobre el sector.

Sobre el plan de acción de la Unión Europea para tiburones, que es un tema muy concreto, quiero saber qué opinión tiene sobre la propuesta de la Comisión; si van a proponer que se refuerce dicho plan y se aplique una legislación específica sobre
los siguientes aspectos: establecimiento de límites de pesca precautorios para las especies comerciales y prohibición de capturar especies en peligro; sobre la presencia de observadores en todas aquellas embarcaciones que capturen tiburones;
sobre el refuerzo de las leyes europeas que prohíben el aleteo o el shark finning y cierre de los vacíos legales que existen en dicho reglamento; sobre la eliminación de las capturas accidentales y descartes de tiburones; sobre la identificación y
protección total de las especies de tiburón que se encuentren clasificadas como en peligro, o en peligro crítico, y sus respectivos hábitats; y el refuerzo del control y seguimiento de las pesquerías de tiburón. Se lo digo porque le hemos
entregado una serie de preguntas en diciembre de 2008 que, si usted tiene a bien contestármelas, mejor que mejor.



Ahora sí acabo, señora presidenta. Lamentó haber tenido que hacer esta intervención crítica, pero si lo hago es porque, sinceramente, cuando teníamos medio ambiente -aunque solo fuera un medio- protección del medio ambiente, como mínimo
había contrapesos. Tengo la sensación de que los contrapesos han desaparecido. Y lo que ha pasado con la Ley de Costas y la vulneración de la Ley sobre Información Ambiental es preocupante, aunque solo sea -podemos discutirlo después- por la
vulneración de las formas. Lo que pasa, y el ejemplo del atún rojo para mí es paradigmático de lo que es la voluntad de la Cámara, es que hay un cierto consenso social y una política que lleva al colapso de una especie. Y no me parece razonable la
postura, la actitud y las afirmaciones rotundas de sus representantes en la cumbre de Marrakech. Por tanto, quiero que me lo explique.



Acabo, señora presidenta, para decir que a las siete de esta tarde tengo un acto de homenaje a Miguel Núñez, un histórico nuestro. Por tanto, si me tengo que ausentar es porque tengo que estar a esa hora en dicho acto, pero seguiré
atentamente hasta esa hora sus respuestas, si es que me puede responder.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Surroca tiene la palabra.



La señora SURROCA I COMAS: Señor secretario general, muchísimas gracias por su comparecencia en esta Comisión y por su extensa y detallada exposición. Efectivamente, usted nos ha facilitado muchísimos datos. Lo que ocurre es que, en mi
condición de diputada de Convergència y Unió por Girona, me veré obligada a cambiar la previsión de intervención que yo tenía y centrarme en varios aspectos muy concretos, porque, a raíz de sus palabras, realmente, esta diputada y mi grupo estamos
muy preocupados.
Muy preocupados por dos temas. Empezaré por el primero, que sería la reserva marina en el litoral de la Costa Brava, concretamente, en Palamós, a la que usted se ha referido y ha anunciado en este momento.
Esta noticia hace
semanas que está apareciendo en los medios de comunicación de Girona, en los medios locales. Ahí se ha hecho eco de esta posibilidad, pero hasta ahora ha sido un rumor. La primera noticia formal que hemos tenido de esa voluntad por parte de la
secretaría general ha sido la mención, muy escueta y por encima, que ha hecho usted en su comparecencia.



Permítame que le diga que hace semanas que mi grupo parlamentario se está reuniendo con distintos sectores afectados, que pueden resultar afectados, por esa medida, por esa reserva marina, y están tremendamente preocupados, básicamente, por
la falta de información, porque -insisto- el primer anuncio formal por parte del ministerio ha sido precisamente la mención que ha hecho usted hoy aquí en esta Comisión. Por lo tanto, como diputada por Girona y en nombre de mi grupo parlamentario,
lo que voy a exigirle es más información y a ser posible de forma inmediata. Si tiene más datos sobre este tema, que nos los haga llegar o incluso que nos los diga en este momento. La gente está preocupada porque no sabe qué


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ámbito será el que va a abarcar dicha reserva. Y ello puede conllevar consecuencias, evidentemente, en muchos sectores de la zona, desde el sector turístico al sector empresarial de distinta índole, que directa o indirectamente pueden
resultar afectados por esa medida. Yo le pregunto claramente, ¿han hablado ustedes con los sectores? Si realmente es así, indíquenos con quién han hablado, porque a nosotros nos llega otra versión, nos llega que no han hablado con las personas
implicadas. No han hablado con los presidentes de las cámaras de comercio de la zona y ellos desearían hablar con ustedes de esta cuestión. A priori, nosotros no nos oponemos a que haya una reserva marina en el litoral. Al contrario, nosotros
hemos sido pioneros en muchos casos en establecer este tipo de reservas, porque hemos considerado que eran necesarias, pero siempre y cuando estén acotadas en unas zonas muy concretas y estén plenamente justificadas, se haya hablado con los sectores
y ello conlleve un equilibrio entre los distintos sectores, valga la redundancia, afectados por la medida. Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario le exigimos -repito- mucha información sobre este tema, porque entendemos que la tenemos es
escasa. Además le advertimos que, por las consecuencias que ello puede tener, lamentablemente nos podríamos encontrar con centenares de personas haciendo cola para apuntarse en el paro, a consecuencia de una medida de este tipo que no esté
debidamente equilibrada.



Otro tema que quería tratar -y ya lo ha hecho previamente mi compañero el señor Canet, de Esquerra Republicana- es el del deslinde de la zona marítimo-terrestre de Ampuria Brava. Nosotros entendemos que estamos en una zona marina interior,
que es una competencia de la Generalitat de Catalunya y que por lo tanto nos podemos encontrar en un conflicto de competencias. De hecho, mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley que está actualmente en trámite en esta
Comisión, que aún no se ha tratado, en la que pedimos que se inste al Gobierno a paralizar el procedimiento del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marina de Ampuria Brava, que está llevando a cabo la Dirección General de Costas y,
además, reconocer que la Administración competente para efectuar la citada delimitación es la Generalitat de Catalunya, debiéndose llevar a cabo, en su caso, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable. También nos consta que en esta
cuestión se han planteado miles de alegaciones por parte de los afectados, que, como muy bien ha dicho el señor Canet, pueden llegar a ser unas 5.000 personas. Nos consta que se han hecho aproximadamente unas 2.000 alegaciones. Le quiero preguntar
cómo está el procedimiento administrativo; cuáles son los plazos que ustedes han previsto; si han hablado con la Generalitat en relación con esta cuestión, básicamente, por lo que se refiere al ámbito competencial. Otra cuestión muy preocupante
es cómo va a afectar esto a las propiedades. Si finalmente se lleva a cabo, cómo va a afectar a las propiedades ya consolidadas, porque algunos ciudadanos lo han interpretado como una expropiación encubierta y que evidentemente afectaría a sus
propiedades.



Por último, voy a plantearle otra cuestión respecto a la regeneración y recuperación del litoral, básicamente enfocada a los grandes perjuicios que ha habido a raíz de los temporales en Cataluña. Nos gustaría que concretase un poco, si
puede, cuáles son las previsiones o cuál va a ser la intervención del ministerio en ese ámbito.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero empezar en un tono distendido y coloquial diciendo que, cuando entró el señor Martín Fragueiro en la sala, la presidenta le pidió que abreviara. Yo creo que él quiso contarnos todo lo que traía, que
evidentemente lo ha hecho muy bien, pero ha condensado tanto y lo ha dicho tan rápido que, si no estuviéramos en la sala en la que estamos, yo pediría un aplauso para las señoras taquígrafas, porque en la vida he visto hacer un esfuerzo mayor. Es
una cuestión lógicamente al margen del debate, pero que merece ser destacada, porque muy pocas veces reconocemos ese trabajo.



Señor Martín Fragueiro, ya entrando en el objeto de la comparecencia, quiero decirle que es un poco tarde, cuando hace casi un año que ha comenzado esta legislatura, para que un alto cargo de un departamento nos explique las líneas de
actuación de ese departamento. Es verdad que compareció la ministra, pero siempre ha existido la tradición y existe la tradición en otras comisiones de escuchar a los altos cargos de los ministerios, para conocer sus líneas de actuación. Pero
aunque sea tarde, aunque sea un año después, bienvenida sea esta comparecencia, que, al igual que otros portavoces han manifestado, es densa y es compleja para, primero, tomar nota de todos los datos. Yo personalmente reconozco mi incapacidad para
haber apuntado todos los datos que se han dado y también me sumo a esa propuesta que otros compañeros han hecho antes que yo de que, cuando ello sea posible, se conozcan algunos de los datos con antelación a su lectura en la Comisión. Tengo que
decir que nosotros vamos a seguir en la línea de la legislatura pasada, creo que fueron presentadas cuarenta y tantas proposiciones no de ley, no tengo el número exacto en la mente, y videntemente, además de hacer propuestas, nuestra obligación como
principal grupo de la oposición, es poner de manifiesto todas aquellas actuaciones que consideremos que conllevan algún tipo de discriminación entre el sector, colectivos, armadores, pescadores, en definitiva, hacer una crítica siempre constructiva
a la labor que haga usted o que haga la Secretaría General de Pesca.



Entrando ya en el fondo de lo que hoy hemos escuchado en esta comparecencia, ciñéndome a aquellas cuestiones que me han parecido más relevantes, por la falta de tiempo que yo tendré, voy a intentar priorizar.



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En primer lugar, hay que considerar que no se han aportado novedades o datos que nos hagan diferenciar aquello que ya sabíamos o que veníamos observando en la política de la Secretaría General de Pesca anterior, hoy denominada Secretaría
General del Mar con otras competencias. Pero, dicho sea de paso, también quiero apuntar que probablemente haya quien observe, y se ha hecho algún comentario, que comparte competencias tan dispares como la pesca con temas de protección del litoral;
cada uno de los intervinientes ha puesto el énfasis o el matiz en aquellas cuestiones que le parecen de mayor interés por su circunscripción o por otras cuestiones. Sin embargo, lo cierto es que los que fuimos portavoces de pesca y fuimos miembros
de esta Comisión, llamada de Agricultura y Pesca en la pasada legislatura, lo que sí observamos con preocupación -yo al menos me siento obligado a transmitirlo una vez más- es que el peso de la pesca no es el que a nuestro juicio debiera ser. El
señor Martín Fragueiro decía que con la creación de esta nueva secretaría lo que se hace es dar una mayor dimensión al tema del mar. Evidentemente, el tema del mar debe tener una dimensión adecuada, pero lo que es la pesca entendemos que queda
camuflada y oculta detrás de muchos de los problemas medioambientales que aquí se han apuntado y de otros que irán saliendo.
Insisto en que es una reflexión que hace nuestro grupo y que se puede o no compartir.



Se ha apuntado también -me llama la atención que lo haya hecho mi estimado amigo Ceferino en la Comisión del Congreso de los Diputados, no del Parlamento de las Españas, aunque sé que lo hacías a modo de lo que tú y yo sabemos- y se ha
hablado de la crisis del sector por una baja rentabilidad. Y es así. Es una cuestión que nosotros hemos traído a esta Comisión muchísimas veces. Me ha alegrado escuchar al portavoz del Grupo Socialista invitando al Gobierno a que, considerando un
momento de coyuntura en el que los precios del gasóleo no son los que han sido en meses pasados, se aproveche con calma, sin la presión del sector, sin las movilizaciones del sector, sin la crispación en la calle, por parte de quien hoy gobierna
para diseñar estrategias, para preparar medidas, y que cuando vuelvan a venir mal dadas, que volverán a venir mal dadas, tengamos medidas y tengamos planes para que en definitiva el sector sea rentable. Porque si no todo lo demás de lo que estamos
hablando aquí, los planes, las ayudas, las coyunturas, carecerán de sentido, ya que cada día hay menos gente que se dedica a este noble oficio de la mar, de pescar, y es porque no hay rentabilidad, entre otras cosas.



La recuperación de los caladeros ha ocupado parte de la intervención del secretario general del Mar. Yo creo que es lógico que lo haya hecho, lo que pasa es que nosotros discrepamos en cuanto a su valoración, evidentemente. No ha aportado
nada nuevo respecto a lo que se había dicho ya en la legislatura pasada. Estamos hablando de planes de recuperación o de gestión de los caladeros, como se ha dicho aquí, pero para nosotros ha sido un modelo que más bien se ha implantado, nosotros
lo llamamos de pseudoparadas, para compensar económicamente a los armadores que, por su situación económica, hacen estas paradas, pero entendemos que no es tanto el objetivo para conseguir que se recupere una especie. Porque lo cierto es que, si
midiéramos la rentabilidad a la eficacia del plan como debe medirse, es decir, se ha recuperado la especie que se pretendía proteger, para que se recupere mientras se cierra un caladero, tengo unos datos que espero que sean ciertos -y si no
lógicamente, señor Martín Fragueiro, me lo corregirá- y es que la descarga de pescado fresco, según está recogido en el informe de Puertos del Estado, está cayendo vertiginosamente. Entre enero y noviembre del año pasado ha disminuido un 7,5 por
ciento y en años anteriores vino sucediendo lo mismo. Si realmente el objetivo de un plan de recuperación es que se recupere una especie y las descargas están siendo menores, es que algo falla aquí. Por tanto, creemos que estos planes, tal como
están planteados, no están siendo de utilidad, no están cumpliendo la finalidad para la que ustedes en su día los diseñaron. A nuestro juicio, un plan debe evaluar el estado del recurso y debe hacerse por un organismo científico, sea el IEO o el
que corresponda; debe calcular el esfuerzo máximo sostenible para cada especie o para la flota que actúe en esa pesquería; debe fijar los días de pesca por arte o bien asignar una cuota que garantice que no se va a producir unas sobreexplotación;
debe valorar la repercusión económica de las medidas que se van a adoptar en este plan y, finalmente, se debe presentar a la Comisión Europea para su aprobación. A nuestro juicio, nada de esto, o prácticamente ninguna de estas premisas, se han
cumplido o se han diseñado en estos planes. Por lo tanto, yo le pregunto si estos planes, que para nosotros, insisto, han sido hasta ahora un fracaso, tienen plazos y tienen unos objetivos determinados, porque no sabemos si los piensan mantener en
el tiempo con el mismo diseño que hasta ahora.



En cuanto a la pesca ilegal, que también ha ocupado parte de su exposición, entendemos que va a seguir presente por mucho tiempo, porque tanto la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como la pesca ilegal que ejercen embarcaciones que
no están registradas dentro de los caladeros son un problema todavía pendiente de resolver. Yo creo que la aprobación del reglamento 1.005/2008, que ustedes vendieron como un logro de su labor de Gobierno contra la pesca ilegal, no está
funcionando. Hoy nos ha dicho que el uno de enero será de aplicación en cuanto a las obligaciones que conlleva este reglamento. Yo creo que lo primero que hay que decir es que, para entonces, si no ya ahora, tendremos que tener una plantilla,
tendremos que tener unos cuadros y tendremos que tener unas dotaciones, sobre todo de inspección, adecuados. Es un problema que seguimos sin resolver. Lo trajimos aquí a modo de proposición no de ley, se debatió, se aprobó, pero tengo que volver a
preguntar qué ha hecho el Gobierno para resolver el problema de los inspectores de pesca, con las consecuencias que ello tiene. Nos ha dado unas cifras, que a mí no


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me ha dado tiempo a apuntarlas todas, sobre el número de inspecciones. Si tuviera la amabilidad en su segunda intervención de repetírmelas, a la velocidad de crucero adecuada, yo le agradecería ese detalle y sobre todo le preguntaría si
tiene aquí el dato de, consecuencia de esas inspecciones, cuántas actas fueron levantadas y qué generaron a nivel de recursos económicos esas actas para el ministerio. Pero, insisto, es un problema que nos preocupa, que creemos que no está resuelto
adecuadamente. Y esto ha conllevado y conlleva todavía que hay ciertas personas sin escrúpulos, ciertos agentes comerciales que no tienen escrúpulos en comercializar la pesca ilegal, que, conocedores de estos agujeros y conocedores de estas
deficiencias, nos están colando por España hacia otros países de la Unión Europea muchos productos de Sudamérica y de otros países que no deberían entrar nunca en ningún país con la normativa que tiene España y otros países de la Unión. Aquí no
acaba la cosa, saben todas sus señorías -y, si no, es mi obligación decirlo- que recientemente hemos tenido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que tengo aquí por si alguna de sus SS.SS.
quiere fotocopiar-, en la cual
condenan a España, entre otras cosas, a corregir esta situación por falta de inspectores, por falta de control y por no imponer medidas sancionadoras a los responsables de estas infracciones.



Otro de los temas a los que se ha referido el señor Martín Fragueiro han sido las diferentes ayudas, las diferentes líneas de ayuda de la Secretaría General del Mar al sector. Yo me voy a centrar en un par de ellas nada más, por falta de
tiempo. Primero, seguimos preocupados por que el ministerio no termina de preparar y publicar el real decreto que servirá de trasposición del reglamento del fondo europeo de pesca. Aquí se llegó a decir -lo recuerdo perfectamente-, que no era
necesario un reglamento. Me parece que incluso fue la ministra, quien, en respuesta a una pregunta mía, me contestó que no era necesario un real decreto para la trasposición. Lo cierto es que se está trabajando en el ministerio en él, pero llevan
ya mucho tiempo -creo que tres años- y, si esto sigue sin aprobarse, se están generando dentro del sector unos perjuicios, porque requiere de toda esta normativa para poder, entre otras cosas, desarrollar planes de recuperación y gestión; dar
ayudas socioeconómicas, que no se están aplicando en la oportunidad que permite Bruselas; acciones colectivas, particularmente hacia las sociedades mixtas, que están sin aplicar. Ese reglamento está muy bien, el Fondo Europeo de Pesca
evidentemente tiene sus lagunas y sus errores, que ya criticamos en su día, pero si el ministerio no consigue la norma que permita su trasposición hacemos un flaco favor al sector.



En relación con el reglamento 744, del año 2008 -que conocemos como el de la crisis del gasóleo-, creo que tanto el Gobierno como el Gobierno gallego, que tiene sus competencias, tendrían que responder a la pregunta de qué obtuvo España de
los planteamientos hechos por nuestro Gobierno a la Comisión Europea con motivo de la crisis del petróleo del año pasado.
De las propuestas que se presentaron, yo diría -y si no, corríjame- que ninguna; ni ayudas a las sociedades mixtas; ni para
la construcción, que para la flota artesanal en algún momento se dieron por seguras; tampoco se incrementaron las ayudas de minimis, etcétera. Sí se aprobó este reglamento, como decía, y establecía una acción específica temporal para promover la
reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea, sobre todo las afectadas por la crisis económica. ¿Y en qué se traduce esto fundamentalmente? Yo lo he dicho en alguna ocasión: en desguaces. Nadie los quiere pero son
inevitables, es verdad; lo hemos discutido en alguna ocasión. Ahora bien, usted sabe, señor Martín Fragueiro, que hay una serie de programas que nos ha solicitado la Confederación de Organizaciones Pesqueras, Cepesca, que ha planteado un escrito,
que ha dirigido tanto al ministerio como a quien tiene también competencias en esta materia que es la Comunidad Autónoma gallega, pidiendo que se desarrollen programas de adaptación de la flota, los llamados PAF, que están en el reglamento 744. Lo
cierto es que, en el escrito que presenta Cepesca, habla de desguazar 65 barcos, de los que 42 son gallegos. Y leo textualmente una parte de ese escrito que es importante destacar. Dice: No es grato tener que presentar propuestas de desguace que
suponen la destrucción de empresas. No obstante, la mala situación económica que aqueja al sector pesquero y sobre todo las perspectivas de futuro han obligado, en un ejercicio de responsabilidad, a presentar las propuestas y a intentar aprovechar
los mecanismos que la legislación europea pone en nuestras manos para que los que se ven obligados a abandonar la actividad lo puedan hacer de forma digna. Esto no lo digo yo, lo dice Cepesca, y desde luego el Grupo Parlamentario Popular lo
comparte plenamente. Es una pena, insisto, que el ministerio, de los tres medios, como se dijo aquí también, no acabe de sentarse con las consellerías donde se han planteado estas peticiones -yo sé que por lo menos se han presentado en Galicia, no
sé si en alguna otra comunidad autónoma- para impulsar estos programas, porque de momento, por lo que nosotros sabemos, eso no se va a llevar a cabo, están paralizados, están parados.



Acciones piloto de pesca experimental. Una palabra nada más, señor Martín Fragueiro. Yo tenía una pregunta con respuesta oral que, debido a la mecánica de la Comisión, me ha contestado hace muy pocos días el subsecretario del ministerio,
pero si la hubiera contestado usted evidentemente entraríamos en muchas más profundidades, porque él hizo bastante con lo que hizo. Lo que sí dijo es que estamos en concurrencia y tenemos que cumplir la normativa. Evidentemente, me alegro de
escucharlo, aunque faltaría más, como se suele decir. En ese sentido tenemos una proposición no de ley, que algún día debatiremos también en esta Comisión, que básicamente se la resumo en que lo que pedimos es que haya más transparencia y más
claridad, que se cumpla la Ley de Contratos y que se cumpla la Ley de Subvenciones;


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es así de claro y así de lamentable que se tenga que pedir que se cumplan la Ley de Contratos y la Ley de Subvenciones. Yo espero, insisto, que desde la secretaría general se pueda corregir lo que era una práctica de no mucha transparencia
y que despertó en el sector algunas quejas y algunos recelos.



En cuanto a la flota artesanal -veo la luz roja ya, término-, creo que es una realidad palpable que hay cierta marginación con esta flota. Se lo digo claramente, cuando nosotros tengamos algún día -que la tendremos- la oportunidad de tener
responsabilidades que ahora usted tiene, estaremos de acuerdo con lo que la Federación Nacional de Cofradías ha planteado muchas veces. Aquí lo hemos discutido, las famosas ITQ, y le adelanto que nosotros, en cuanto podamos, anularemos ese sistema
para toda la flota artesanal que pesca el atún rojo.



Para terminar, por lo menos en esta ocasión, he de decirle que se habló de regularizar la flota irregular -valga la redundancia-. Aquí tuvimos un debate largo la pasada legislatura, nuestro grupo -se lo recuerdo- tenía un planteamiento
inicial, que era dar una amnistía general condicionada, sin tener que aportar bajas, a aquellos profesionales del mar que viven de su embarcación para poder obtener ventajas con las medidas de apoyo al desguace e imponer otras limitaciones que se
pudieran aplicar en cuanto a la utilización de bajas. Yo creo que se pudo haber resuelto -y lo dijimos así-con una circular interna del ministerio, pero se empeñaron en hacer una ley, la Ley 9/2007, que ahora me ha parecido entender que van a
modificar. ¡Pero si es una ley de hace un año! Quiero que me concrete si eso es verdad, porque nosotros lo que queremos es que se resuelva este problema. Gracias a las enmiendas que presentamos nosotros se pudieron salvar algunas situaciones, pero
sigue habiendo, al menos en Galicia, 2.300 embarcaciones que hay que sacar del censo si no se regularizan. Yo prefiero que se regularicen, evidentemente. ¿Cómo? No sé si es como usted nos anunciaba. Desde luego me gustaría ver cómo según la ley
en este momento un armador de una embarcación de este tipo va a encontrar en el mercado fracciones de tonelaje que muchas veces se le exigen 0,25, 0,80, etcétera. Termino ya. Hay muchos temas que no he podido tocar. Habrá una nueva ocasión. De
momento, con esto me contento.



La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el señor Martín Fragueiro para contestar a las cuestiones que se han formulado.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Muchísimas gracias, señores diputados por todas sus intervenciones. Voy a tratar de responder de la forma más exhaustiva, y ya me conocen cómo hago con estas cuestiones cuando
comparezco ante esta Comisión. Empiezo por la intervención del señor Aguirretxea, del Grupo Parlamentario Vasco, y coincido con él en que la pesca es algo más que una actividad en sí económica, ya que tiene un impacto social muy importante, sobre
todo en aquellas zonas que tienen una dependencia de esa actividad. Me ha planteado varias cuestiones que espero responderle en esta comparecencia.
Plan de gestión a largo plazo de la anchoa. Todas las actuaciones que ha hecho este Gobierno con
relación a la anchoa, que han tenido sus más y sus menos desde determinados estamentos tanto políticos, como económicos y sociales, siempre se ha ajustado a una realidad. El criterio que siempre hemos mantenido es que estamos hablando de una
especie corta duración. Entendíamos que cualquier actuación que tomáramos en ese sentido con las recomendaciones científicas que teníamos a nuestra disposición, nunca fue con ganas de perjudicar absolutamente a nadie sino todo lo contrario. En la
situación de la anchoa creemos que ahí hay más componentes que no son los debidos a la mortalidad por pesca -estamos hablando de un número relativo de barcos que están dirigiéndose a esa especie- con un reparto de esa cuota entre dos países: 90 por
ciento España, 10 por ciento Francia, además de que hay otro tipo de fenómenos ambientales que están influyendo en el comportamiento de esa pesquería.
Los resultados de las evaluaciones científicas nos indican que la biomasa límite y la biomasa de
precaución están por debajo de los niveles que recomienda la apertura de la anchoa. Esto es una fórmula matemática muy sencilla. Pero como hay que tener en cuenta todo el condicionante socioeconómico que afect a esa flota, tenemos que ver si es
posible que según los niveles de referencia que existen actualmente los científicos pudieran ir en alguna otra dirección que nos ayudase a que en un futuro lo más inmediato posible se procediera a una reapertura de esa pesquería.
Por eso hemos
promovido esta reunión a la que he hecho referencia. Desde aquí también me gustaría recordar que en todos los cierres de la pesquería de anchoa que se han llevado a cabo en los últimos años, el Gobierno del Estado jamás ha dejado abandonados ni a
los armadores ni a los tripulantes y nos hemos gastado la nada despreciable cifra de 26 millones de euros en las ayudas a armadores y tripulantes de Cantabria, de Asturias, de Galicia y del País Vasco.



Atún rojo. Espero que con esta contestación dé respuesta también a la pregunta que ha formulado el señor Herrera, que ha mostrado su disconformidad con la forma de actuar de los representantes españoles en la reunión de Marrakech, celebrada
el pasado mes de diciembre. En primer lugar, no hay que confundir los términos de una negociación. La parte contratante en Iccat no es el Estado español, es la Unión Europea. España es un miembro de la Unión Europea que ha pedido lo contrario de
lo que dice el señor Herrera sobre que España ha promovido el incremento del TAC. No es así. España ha promovido la disminución del TAC. Señor Herrera, el TAC previsto para el año 2009 de la cuota de atún rojo para la Unión Europea eran 27.500
toneladas y el TAC asignado a la Unión Europea han sido 22.000 toneladas. Cuando se estableció el Plan de recuperación


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del atún rojo, creo que en Dubrovnik en el año 2006, los científicos decían que el TAC deseable eran 15.000 toneladas. Se estableció un plan de recuperación y como todos los planes de recuperación tiene un período de vigencia largo. Este,
extraordinariamente largo, quince años, pero sepa que España ha actuado en consonancia con la recomendación, mejor dicho, con lo asumido ante esta Cámara. Me gustaría extenderme un poco sobre lo que es el Plan de recuperación del atún rojo y de
esta forma contestar a todas las preguntas de los señores diputados. Solo una matización en cuanto a lo que ha dicho el señor García Díaz sobre las JTQ de la flota de bajura. Señor García Díaz, la gestión del TAC del atún rojo y el plan de
recuperación solo exige el reparto, y es obligatorio para todas aquellas embarcaciones que tengan más de 24 metros de eslora y para las almadrabas. Para el resto de los buques hemos posibilitado la gestión individual o la gestión conjunta, a libre
elección por parte de las organizaciones del sector. Y si no, pregúnteselo a la cofradía de Carboneras, pregúnteselo a la cofradía de Conil, pregúnteselo a la cofradía de Algeciras, pregúnteselo a las cofradías de Vizcaya, de Cantabria y de
Guipúzcoa, ya que todas ellas han tenido reparto del atún rojo. Como en esta Comisión de pesca especial tienen interés por todo lo que tiene que ver con el atún rojo, quiero decirles que se ha adoptado un plan de recuperación en el año 2006, se han
implantado medidas internas para el control del esfuerzo pesquero ejercido en esta pesquería mucho más estrictas que las emanadas de los organismos internacionales y de la propia Comisión Europea y se ha sometido a un riguroso control a esta
pesquería. En aras de la trasparencia -me gustaría que otros países del entorno tuviesen la transparencia que tiene España-, hemos colgado una página web para que cualquier ciudadano, cualquier pescador de España o del mundo sepan, semana a semana,
la evolución de la cuota por modalidades de pesca. Es un signo de transparencia. En la reunión de Marrakech, España ha insistido en la necesidad de seguir en la línea y de adoptar medidas urgentes de control del esfuerzo y la capacidad pesquera de
la flota comunitaria, no por el problema de España, señor Herrera, por el problema que tienen otros países del entorno que tienen una sobrecapacidad. Y aquí parece que hacia donde hay que dirigir las miradas es precisamente para el Estado
cumplidor, cuando España tiene seis barcos de cerco y, sin embargo, Francia e Italia, respectivamente, tienen 36 y 40 buques dedicados a esa pesquería. Veamos hacia donde tengamos que ver y no estemos señalando, porque hay ganas de señalar, al
Estado que está cumpliendo. Los acuerdos alcanzados recogen en gran parte las propuestas y las demandas que pidió España para la protección de esta especie. Entre otros, la obligación de presentar un plan de pesca para todas las almadrabas y
buques pesqueros autorizados, en el cual se debe asignar una cuota individual a los buques pesqueros de más de 24 metros de eslora.
Quiero hacer un paréntesis para decir que mi mar son todos los mares, tanto el Mediterráneo, como el Cantábrico
noroeste, como el golfo de Cádiz o como el de Canarias. No hay ningún tipo de discriminación entre un mar y otro, porque el objetivo que tiene la Secretaría General del Mar es recuperar todos aquellos caladeros, con independencia de donde se
encuentren.



También España ha pedido -y se ha aprobado- la ampliación de los periodos de veda para el cerco, para el palangre, para el cebo vivo, para el curricanero, para el arrastrero, incluyendo por primera vez la pesca de recreo; se ha derogado la
captura de ejemplares por debajo de la talla mínima para la flota artesanal de fresco del Mediterráneo hasta un 2 por ciento del TAC disponible, que había sido objeto de discusión, precisamente también en esta Comisión. En el arrastre pelágico se
ha eliminado la excepción que permitía a la flota francesa capturar ejemplares por debajo de la talla mínima; se ha dado el paso para la limitación y reducción de la capacidad existente, tanto de buques como de granjas de engorde, mediante la
realización de planes de ajuste a las posibilidades de pesca disponibles por cada parte contratante. Se mantiene la prohibición para la realización de transbordos en alta mar y se refuerzan los controles en puerto; se ha adoptado una nueva medida
de control, solicitada por España, consistente en la obligación de la filmación submarina de las operaciones de transferencia de atunes, con el fin de que puedan ser supervisados por los inspectores y observadores, que obliga a su presencia en el
cien por cien de los buques cerqueros y granjas de engorde.



El comité científico de Iccat, siguiendo los pasos ya dados por nuestro ministerio con el IEO, deberá presentar en el año 2010 un estudio con la identificación de las zonas de desove en el Mediterráneo, al objeto de poder analizar posibles
medidas específicas en estas zonas, así como el impacto de las mismas sobre la situación del recurso. Dentro de las conclusiones de esta reunión anual de Iccat, y enlazando con la intervención del señor Herrera sobre el Plan de acción de los
tiburones presentados por la Comisión, tengo que decirle que nos alegramos mucho de que la Comisión haya aprobado este Plan de acción de los tiburones, y lo ha apoyado el sector pesquero español, precisamente por parte de la patronal a la que ha
hecho referencia el señor García Díez hace unos instantes. En la reunión de Iccat, España presentó tres recomendaciones.
Una, para la prohibición de especies que han sido identificadas como más vulnerables: las alopias y las esfirnas; dos,
medidas para el control de las dos especies de mayor interés comercial, como el marrajo dientuso y la quella o el tiburón azul o la tintorera, y, tres, la prohibición de captura del alopias superciliosus. Solamente la última fue aceptada, a
petición de España, ya que las dos primeras propuestas no pudieron salir adelante por la oposición de algunos países interesados en esta pesquería, como Brasil y Japón, que no han aceptado la adopción de medidas de control de esfuerzo y capturas,
aparte de que algunos otros países que propugnan medidas medioambientales, sin embargo, también han apoyado las tesis de Brasil y


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de Japón en este sentido. España, además, va a poner en marcha unas medidas internas, como, por ejemplo, la prohibición de capturas de determinadas especies, a pesar de que esas recomendaciones no hayan sido adoptadas en el seno de Iccat,
pero sí bien recibidas precisamente por las organizaciones medioambientales.



En cuanto a la pesca IUU, quiero decir que el reglamento, a instancias de España, fundamentalmente, se ha aprobado por el Consejo de Ministros, se ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y será de aplicación el 1 de
enero del año 2010. ¿Por qué la importancia de este reglamento? Porque aquí se está invirtiendo la carga de la prueba. Habrá que demostrar que cualquier captura procedente de un país tercero que quiera entrar en territorio comunitario se ha hecho
dentro de los términos de la legalidad y deberá ser ratificada y certificada por el Estado pabellón; más aún, incluso aquellos productos que sean transformados en un tercer país también tendrán que acreditar -en este caso el país tercero- que esas
capturas que han sido transformadas corresponden a capturas realizadas por pesca legal. ¿España es una plataforma de entrada de pescado para distribución a otros países? Yo diría todo lo contrario, y creo que en mi intervención he sido bastante
claro. La disminución de las importaciones de productos de países terceros en España ha sido casi de un 20 por ciento en el último año, un 18,6 por ciento aproximadamente; pero lo que nos tememos es que algunas importaciones estén utilizando
subterfugios de otros Estados miembros para que con la renacionalización o recomunitarización de sus productos puedan entrar en nuestro mercado. Con la adopción y la aplicación del reglamento de la pesca ilegal estoy seguro de que vamos a superar
toda esta situación.



Clima de confianza con las comunidades autónomas. Le puedo decir, señor Aguirretxea, que es muy bueno, es estupendo. En la última reunión que hemos mantenido de la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas ha habido un
clima de confianza y de cooperación, con independencia del color político que tenga cada una.



Por último, me planteó la alternativa de la acuicultura a Lemoniz. Aquí hay una cuestión, que es el dominio público marítimo-terrestre donde está asentada gran parte de lo que es esa instalación. Tendremos que analizar cuál es la situación
concesional, si es posible o no que los usos de una concesión determinada puedan cambiarse o no, pero también me gustaría recordar un caso que ocurrió aquí hace varios años. La reutilización de una infraestructura existente no siempre es lo más
adecuado; el factor determinante para el éxito de una instalación de acuicultura obviamente es la rentabilidad, y no siempre es posible optimizar costes si hay que adaptarse a una estructura existente. De todas formas vamos a analizar esa
situación concreta y si podemos ampliar la información que nos solicita lo haremos encantados.



Don Ceferino Díaz habló de flota, de tecnología, de capital humano, del concepto de pesca sostenible y preguntó qué pasa con el programa de recuperación de caladeros. Me gustaría contestar tanto a don Ceferino Díaz como al señor García Díez
sobre los planes de gestión. Para que los planes de gestión que se han puesto en marcha tengan eficacia, lógicamente hay que esperar unos resultados después de un periodo. En la pesca nunca se consiguen los logros a corto plazo, son logros a medio
y largo plazo. En primer lugar, todos los planes de gestión que hemos puesto en marcha se han hecho en estrecha colaboración con el sector pesquero; en segundo lugar, todos los planes han tenido el aval científico y por eso se han presentado a la
Comisión Europea y esta los ha evaluado y los ha aprobado, tanto el plan de gestión del Mediterráneo como el plan de gestión del Golfo de Cádiz y otros de menor envergadura que han sido puestos en marcha. El reto del sector de aquí a los próximos
años obviamente es la mejora y la comercialización. Nosotros estamos poniendo en marcha todos aquellos mecanismos e instrumentos que faciliten la mejora de la comercialización para valorar mucho mejor los productos de la pesca. He hecho referencia
en mi intervención a que en el seno del comité del Consejo consultivo de pesca se ha aprobado la constitución de una comisión de comercialización, con la participación de todos los sectores implicados, para procurar, en lo posible, que las ratios de
explotación de la actividad pesquera, con independencia de dónde se desarrolle, se mejoren. Nosotros queremos la implicación del sector pesquero en lo que es la promoción de los productos pesqueros, además de todas aquellas acciones promocionales
que con carácter genérico pueda estar haciendo la Administración del Estado, en este caso a través del FROM. Nosotros hacemos campañas genéricas, pero tenemos muchísimo más interés en que se involucren los distintos sectores que hacerlo nosotros
directamente. De hecho, todas las campañas que hacemos con la conserva, con el congelado, con acuicultura -incluso, por primera vez, en el año 2008 con el sector extractivo- son medidas en las que la cofinanciación es de la Administración y, por
supuesto, del sector privado.



El convenio con Sepides -al que también ha hecho referencia el representante del Grupo Socialista, el señor Díaz- tiene una vigencia de tres años, con una dotación de 21 millones de euros. Consiste en una participación en el capital u
otorgamiento de préstamos reembolsables, o incluso fórmulas mixtas de participación en capital más préstamos, para poner en marcha un proyecto que, en primer lugar, suponga generación de empleo y, en segundo lugar, mejore las condiciones de
comercialización de la actividad que lo solicite. Ha tenido tanto éxito esta línea que de los 21 millones que teníamos para este plan, frente a la convocatoria del año 2008 por importe de 11 millones de euros, hemos tenido peticiones por 55
millones. Hace diez días se han aprobado los primeros proyectos, que se los voy a detallar. Son, concretamente, Monte Kalamua, para aprovechamiento de residuos de pescado, ubicado en Galicia, concretamente en Ribadavia, Orense; el Colmado del
Sur, con la puesta en marcha de un proyecto de cría de un anélido empleado como cebo para pesca y alimento específico para acuicultura, localizado en Punta Umbría;


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elaboración de platos preparados a base de pescado y marisco en Ribadumia, Pontevedra; almacenamiento de pescado procedente de capturas locales en el País Vasco, en Mundaca, Vizcaya, que es un proyecto de integración del sector extractivo
-con la participación de la cofradía de pescadores de Bermeo y la cofradía de Arrankoba, a través de la sociedad Arrankoba SCL- y el sector tras transformador, en este caso Conservas Ortiz; producción de alevines, dorada y lubina, en Canarias, en
Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, para el sector de la acuicultura; Cabomar congelados, para modernización y automatización de las líneas de producción y creación de nuevas líneas para la ampliación de la gama de productos,
localizado en Marín, Pontevedra. Todos ellos tienen un importe de más de 6 millones de años. Se va a hacer una segunda selección el próximo día 27 febrero, tal como hizo referencia.



El fomento de la cooperación en terceros países la hemos llevado a cabo en 19 países en los últimos años y vamos a seguir ampliándola con el fin de asegurar la presencia de la flota española en los caladeros con los que existe acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y el tercer país o en el caso de las sociedades mixtas que están ubicadas en países con los que no tenemos acuerdos pero existe una relación muy importante en el ámbito del sector pesquero, como puede ser Namibia,
Argentina o Mozambique, donde están ubicadas muchas empresas españolas.



Estoy de acuerdo con su interpretación de que la modificación puntual de la Ley de Costas en lo referente a la disposición por la que se amplían dos apartados que prevén la transmisión de las concesiones no solamente mortis causa, sino inter
vivos, se basa en sentencias del Tribunal Supremo y sentencias de la Audiencia Nacional que, además, ratifican perfectamente la línea que ha seguido el Gobierno para poder presentar esa adición a esa disposición transitoria primera, previendo la
posibilidad de hacer la transferencia de las concesiones y no de las propiedades, y que, como muy bien dijo usted, estaba mal interpretado.



En cuanto a los resultados para la pesca de la anchoa y las evaluaciones, creo que ya he dicho que la biomasa objetivo por ahora está por debajo de la biomasa límite. Nos hemos gastado más de 3 millones de euros en las famosas campañas
centinela que hemos hecho con flota de todas las comunidades autónomas que participaron en la pesquería rastrillo llevada a cabo en el año 2007. La colaboración con el organismo científico AZTI para el seguimiento de las campañas tanto de
primavera, Bioman, como Juvena en otoño, es a través de una subvención nominativa en torno a los 200.000 euros cada año para llevar a cabo ese fin; es decir, como lo llevamos haciendo cuatro años, es cuestión de multiplicar.



Por último, el Cepreco -Centro de prevención contra la contaminación marina- es un centro de estudios. Ya hemos dicho cuáles son las acciones concretas que le hemos encargado al Cepreco para que lleve a cabo y lo más importante es que haya
una coordinación efectiva para que, en la parte que le corresponde, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar actúe en esa primera línea cuando se produzca una situación que afecte a la primera parte de la franja litoral y, en la
otra parte, con el Ministerio Fomento para la implantación de todo aquel operativo que, en el supuesto de que exista algún tipo de vertido, impida que llegue a la costa. En definitiva, se trata de que los medios del Estado se optimicen para que
haya una perfecta coordinación entre la actividad del Cepreco con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y la Dirección General de Marina Mercante, salvamento marítimo, etcétera. El Cepreco forma parte hoy de la Secretaría
General del Mar y está adscrito a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.



Me preguntó el señor Canet sobre los deslindes y las dudas en cuanto a la interpretación, en particular todo lo referente a Ampuria Brava. Nosotros sabemos interpretar perfectamente nuestra Ley de Costas, Cataluña ha recibido una
transferencia de determinadas competencias derivadas de la Ley de Costas -esto ha sido objeto de discusión en diversas reuniones- y seguimos trabajando, pero casi le puedo garantizar que casi todas las propiedades que están situadas en Ampuria Brava
no están en dominio público, sino que están en servidumbre de protección. Si están en servidumbre de protección, según la vigente Ley de Costas, todas las obras que quieran llevar a cabo los propietarios de esas viviendas necesitarán una
autorización de la Generalitat de Catalunya pero nunca formarían parte del dominio público. Por tanto, deseo que se lleve ese mensaje de tranquilidad que esperaba.



Lamento mucho que no esté el señor Herrera, pero creo que ya he hablado bastante sobre el atún rojo. Discrepó con él en su apreciación. Nosotros trabajamos en aras de conseguir una pesca sostenible. Hoy ha habido una reunión del atún rojo
a la que hemos invitado a todo el sector pesquero, a todas las comunidades autónomas, los científicos, en definitiva a todos los agentes que intervienen en la inspección y el control y a las organizaciones no gubernamentales. Aunque el señor
Herrera haya dicho ante esta Comisión que ninguna ONG ha asistido a esa reunión, está faltando a la verdad. Es muy sencillo que la Dirección de recursos presente a esta Comisión -y yo estoy dispuesto a hacerlo- la relación de asistentes a la
reunión del día de hoy a la que, repito, han asistido representantes de organizaciones no gubernamentales. Para no seguir incidiendo en el asunto, yo no tengo inconveniente, señora presidenta, en enviar a esta Cámara la lista de los que han
participado en esa reunión.



Claro que involucramos en el control a todas las comunidades autónomas.
Existen convenios específicos para llevar a cabo las actividades de control. Somos los máximos interesados en que todas aquellas normas que están puestas en marcha
-dos normas técnicas, respeto a los tamaños mínimos y a lo que es el etiquetado de los frutos pesqueros, etcétera- se lleven a cabo de forma


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coordinada y de forma controlada. Si hay alguna pregunta del año 2008, a la que hacía referencia el señor Herrera, lo comprobaré y trataremos de responderla inmediatamente.



A doña Marina Palamós quiero decirle que hemos mantenido muchas reuniones con los sectores. Por supuesto que le podemos trasladar más información, pero la puesta en marcha de una reserva marina se realiza, generalmente, a petición de los
pescadores, de los grupos locales; conoceremos qué es lo que pasa con los presidentes de las cámaras de comercio. Buscamos, en definitiva, un equilibrio y que los usos de una reserva marina tengan en cuenta lo que son los objetivos de esa reserva,
que es la regeneración de los recursos, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero, si es posible, compatibilizar determinadas actividades, ya sean profesionales de la pesca u otro tipo de actividades, como es el turismo, el buceo, todo lo
que es el ir a través de la reserva. Analizaremos esa situación.



Respecto de la regeneración del litoral, hace quince días he estado precisamente en Girona. He visitado L'Escala, he visitado Blanes, hemos anunciado, tanto a través de la dinamización económica, como a través los planes de previsiones de
actuación, las medidas de emergencia como consecuencia de los temporales, y tanto el alcalde de L'Escala como el alcalde de Blanes y, por supuesto, los alcaldes del Maresme, con los que también tuve oportunidad de reunirme, han recibido cumplida
información.



Me ha preguntado el señor García Díaz el número de inspecciones que se han hecho. Voy a informarle muy brevemente -la presidenta me está llamando la atención porque ya estoy ocupando demasiado tiempo-, pero se lo voy a decir
rapidísimamente. Las plazas de inspectores. En el año 1977 había setenta, actualmente hay noventa y vamos a ampliarlo en siete nuevos inspectores, para llegar a noventa y siete. En puertos se han llevado a cabo 2.689 inspecciones en puerto, tanto
en flota de caladero nacional como en buques comunitarios o de terceros países. En el mar se han realizado 2.100 inspecciones tanto en caladero nacional como en caladeros de aguas internacionales. Con medios aéreos se han realizado 4.800
avistamientos, y luego el control desde el centro de seguimiento de los 2.700 buques españoles sometidos a ese control satelital. Le aseguro que las modificaciones que hemos puesto en marcha dentro del Fondo Europeo de Pesca, el 7HH, son de plena
aplicación. En cuanto a las acciones de pesca experimental, además de la respuesta del subsecretario de nuestro departamento, todas las preguntas escritas solicitadas han sido contestadas completamente, pero a mí solamente gustaría añadirle una
cuestión muy sencilla sobre este asunto. Primera medida, los criterios de selección de los proyectos son objeto de evaluación en cada convocatoria; son los que figuran en la orden del año 2000 y se refieren al carácter innovador de los proyectos,
al empleo de las artes nuevas o selectivas, al interés de las especies a capturar, a las nuevas áreas de pesca y al grado de interés científico.



El IEO u otro organismo científico elabora la memoria de cada proyecto con especial referencia a los aspectos antes mencionados. Y la valoración económica se hace por la Dirección General de Ordenación Pesquera, antes por la de Estructuras
y Mercados, mediante un baremo objetivo en el que se establece el cálculo de la ayuda máxima de cada proyecto según el gasto diario estimado por buque y día de las distintas modalidades de pesca. Como me gusta la transparencia, le puedo asegurar
que en muy breves fechas figurará en la página web de nuestro ministerio, en la Secretaría del Mar, todas aquellas acciones que han sido pagadas, obviamente con dinero público, y cuyos resultados cualquier ciudadano, cualquier pescador tiene derecho
a conocer.



En cuanto a la flota irregular, quiero decirle, señor García Díez, que estamos en ese proceso de regularización, con la disposición adicional a la Ley de acompañamiento de Presupuestos Generales del Estado del año 2003, y que de 24 barcos
que lo han solicitado, únicamente se pudieron regularizar cinco. Nuestra pretensión es regularizar 3.000 embarcaciones.
No estamos hablando de ninguna amnistía, queremos que esas embarcaciones se adapten a los parámetros que figuran en la ley. La
pasada semana me consta que ha habido una reunión entre la Dirección General de Ordenación Pesquera, la Dirección General de Marina Mercante y las comunidades autónomas para analizar aquellas dificultades que están encontrando en la aplicación de la
ley, y le puedo adelantar lo siguiente sobre los acuerdos adoptados. Es muy breve, señora presidenta. Primero, la Dirección de Marina Mercante va a dar instrucciones a todas las capitanías para que en los informes del anexo II de su instrucción de
servicio, sobre directrices para aplicación de la ley, se anoten las características principales de los buques que figuran en la hoja de asiento original, o bien en su última anotación, asentada y autorizada.
Marina Mercante ha dado instrucciones a
las capitanías para que en el citado informe se especifiquen esas regularizaciones sufridas por embarcación, detallando cuál fue objeto de esas regularizaciones, si es material, si es eslora, etcétera. En lo que se refiere a la tolerancia de la
potencia propulsora prevista por el artículo 2 de la ley, de hasta 20 caballos, su aplicación va a ser adaptada a las necesidades del sector pesquero gallego. Esto se recoge en una normativa del Estado, que es el Real Decreto 1048/2003. Por lo
tanto, vamos a proceder a una revisión de los cuadros de potencia máxima de ese real decreto del año 2003, teniendo en cuenta aspectos operativos, de seguridad, necesidad según los caladeros y la repercusión de tales modificaciones, así como a
estudiar las posibilidades legales de aplicación estas nuevas potencias máximas en el contexto de la ley, ya sea alargando su plazo de aplicación mediante un real decreto, sobre la base de su disposición adicional segunda que habilita al Gobierno a
nuevas regularizaciones, o incorporando al borrador del real


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decreto de ordenación que sustituye al 1048, al que hice referencia también en mi exposición, y que en la actualidad la Dirección General de Ordenación Pesquera tiene en fase avanzada de tramitación. Espero haber contestado a todo ello, y
si me he olvidado de algo, seguiré respondiendo.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martín Fraguiero.



Damos por finalizada la comparecencia del secretario general.



A continuación vamos a comenzar la segunda parte de esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente con el tercer punto del orden del día, que se refiere a la formulación de preguntas por SS.SS. (El señor García Díez pide la palabra.)


PREGUNTAS:


- DE LOS DIPUTADOS DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ Y DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:


- PREVISIONES ACERCA DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE LA SOSTENIBILIDAD QUÍMICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/026163). (Número de expediente 181/001115.)


- FECHA PREVISTA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL SOBRE METALES PESADOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/026164). (Número de expediente 181/ 001116.)


- MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL POR EL PARTIDO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CUENCA DEL SEGURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/026664). (Número de expediente 181/ 001117.)


El señor GARCÍA DÍEZ: Perdón, señora presidenta. Me he olvidado de una cuestión de orden que me pidió mi compañero que se ausentó. Se trata de notificar a la Mesa que se retiran del orden del día, de lo cual se alegrarán por la hora de
salir de aquí, por parte del Grupo Parlamentario Popular las preguntas que estaban numeradas como 10 y 11; ya se había notificado la retirada de la 12, y la 10 y la 11 quedan retiradas desde este momento por considerar las personas que las habían
formulado que prefieren plantearlas en otro momento cuando el compareciente sea más afín al área correspondiente.



La señora PRESIDENTA: Se retiran en nombre de los tres diputados que las habían formulado.



El señor GARCÍA DÍEZ: Efectivamente.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.



El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias a usted.



DEL DIPUTADO DON MANUEL CEFERINO DÍAZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- FORMA EN LA QUE CONCILIAN LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO LA CONSERVACIÓN Y LA COMPATIBILIDAD ENTRE MANTENIMIENTO DE LOS CALADEROS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS CON LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. (Número
de expediente 181/000159.)


- FORMA EN QUE CONCILIA EL GOBIERNO EN SUS POLÍTICAS LA CONSERVACIÓN Y, EN SU CASO, LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS CON LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. (Número de expediente 181/000170.)


La señora PRESIDENTA: La primera pregunta es la relativa a la forma en la que concilian las políticas del Gobierno la conservación y la compatibilidad entre mantenimiento de los caladeros y la conservación de los mismos con la
sostenibilidad económicas de las zonas dependientes de la pesca. La formula el señor diputado Díaz Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señor secretario general, ya habló usted del tema y por eso hoy voy a ser muy sintético en la formulación de la pregunta. Además, voy a refundir dos preguntas que están en el orden del día y que
tratan del tema de la sostenibilidad. Ha debido de haber un error de transcripción y al final hay dos veces la misma pregunta. La formularé una sola vez, pero queda anulada la siguiente. Es decir, que hay dos preguntas que tratan del mismo tema y
por tanto no voy a consumir los catorce minutos, sino que voy a ser mucho más breve.



Cuando formulé esta pregunta, decía que la sostenibilidad biológica del medio marino es hoy -es el mismo argumento de la segunda pregunta, de la 170, que va conjuntamente con la 164- una obligación. Hay regulaciones


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legales que obligan a la sostenibilidad del medio, por lo menos en nuestros mares, y también es una necesidad, porque sin sostenibilidad biológica el sector pesquero tiene difícil viabilidad. A veces se plantea una falsa dicotomía entre
peces y hombres, o sea, entre la sostenibilidad biológica y la económica. Lo que nosotros preguntamos es: ¿Cómo concilia el Gobierno en sus políticas la conservación y, en su caso, la recuperación de los recursos marinos con la sostenibilidad
económica de las zonas dependientes de la pesca? Cuando usted ha hablado de los programas de diversificación, nos estaba avanzando una parte de la respuesta y en su intervención en general trató el tema, pero yo le pediría una mayor concreción.
(El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Le doy las gracias, don Ceferino Díaz, por dar la posibilidad al compareciente de contestar a las dos preguntas, la 3ª y la 6ª del orden del día, en una sola.



Como ya he dicho en mi intervención, es el objetivo de este Gobierno seguir recuperando nuestros recursos en las distintas áreas de gestión que conforman nuestro caladero con la colaboración, como no puede ser de otra manera, del sector, las
comunidades autónomas costeras y los organismos científicos, con el fin de conjugar una pesca responsable con la conservación del recurso, el respeto a los ecosistemas y la sostenibilidad y rentabilidad de la flota en el tiempo. Los resultados
obtenidos hasta ahora -también lo dije en mi intervención-, siguiendo el Plan de recuperación de la merluza y cigala de la Península Ibérica, pueden considerarse satisfactorios. También podemos considerar positivos los resultados de los planes
derivados de nuestra norma interna dirigidos a una explotación sostenible de los caladeros, tales como son los casos de los planes del golfo de Cádiz, el Plan del Mediterráneo, consensuado con todas las comunidades autónomas y que, como también he
mencionado anteriormente, abarca más modalidades de las inicialmente previstas. Todo ello vinculado a la reducción del esfuerzo, que incide sobre el recurso, el establecimiento de medidas técnicas de conservación, como son épocas, zonas de desove,
zonas de veda, etcétera, a lo largo de todo el caladero, oyendo las demandas del sector y siguiendo las recomendaciones del Instituto Español de Oceanografía. Por ello, hay que resaltar la labor que desarrolla aquí nuestro buque de investigación en
el caladero nacional, que es el Emma Bardán, que va desde trabajos de batimetría en la costa de Cataluña, recogida de muestras contaminantes químicas y presencia de eutrofización en la zona litoral, que puede afectar a las actividades pesqueras que
en ella se desarrollan, y que se hace en la costa de Valencia, así como la caracterización de las comunidades demersales y bentónicas que pueden proporcionarnos datos básicos útiles para futuras regulaciones como es el caso del canal de Menorca, y
la obtención de índices de biomasa y distribución de tallas de cigala dentro de los alrededores y en la zona de la veda implantada frente a las rías bajas. Por último, quiero señalar los beneficios que reportan las reservas marinas.



El desarrollo sostenible de todas estas zonas costeras debe interpretarse en una triple vertiente: el concepto ambiental, el económico y el social.
Por lo tanto, la política orientada hacia este desarrollo sostenible concilia en sí misma
los tres aspectos mencionados, y por eso el Plan estratégico nacional del Fondo Europeo de la Pesca incide en estos mismos principios al establecer que la gestión de dicho fondo debe centrarse en la consecución del desarrollo sostenible y la mejora
de la calidad de vida en las zonas de pesca. Con el objeto de dar pleno cumplimiento a estos principios, nuestro ministerio ha identificado en el plan estratégico las prioridades que constituyen el eje de actuación del Fondo Europeo de la Pesca
hasta el año 2013, es decir, mantener la prosperidad económica y social de las zonas dependientes de la pesca y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura, mantener y desarrollar los puestos de trabajo mediante las oportunas medidas de
diversificación y reestructuración social y -antes he dicho a esta Comisión los últimos planes que hemos aprobado, con nombres y apellidos, que son todos ellos generadores de empleo- potenciar la calidad ambiental costera y promover la cooperación
nacional y trasnacional entre zonas de pesca. Por lo tanto, consideramos que la conservación y el desarrollo económico de las zonas dependientes de la pesca son aspectos de un mismo concepto, que no es otro que el de la sostenibilidad de la
actividad pesquera.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Me doy por satisfecho.



- MECANISMOS DE AFIANZAMIENTO PREVISTOS PARA FACILITAR LOS AVALES NECESARIOS PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS ICO PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR PESQUERO. (Número de expediente 181/000160.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos a la pregunta, sustanciadas las números 3ª y 6ª del orden del día, número 4ª que formula también el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Cuando formulamos esta pregunta en mayo de 2008 el contexto económico general era diferente. En aquel momento aún no había las restricciones financieras que existen en estos momentos o, de otra manera, no existía una
política de crédito tan restrictiva como la que se está aplicando en estos momentos. Era también otro el contexto financiero a


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nivel español e internacional. Por ello, me parece que la pregunta hoy es de actualidad.



Señor secretario general, en el año 2005, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó un plan de reactivación del sector pesquero que se dotó con 275 millones de euros en créditos ICO. Recientemente, se puso en marcha un
segundo plan con 236 millones de euros. Lo que nos preocupa en estos momentos, y nos preocupaba entonces, es qué mecanismos de afianzamiento están previstos para facilitar los avales necesarios para que estos créditos puedan materializarse. Esta
es la pregunta, señor Martín Fragueiro, y yo creo que es de gran actualidad porque el crédito está cada vez más difícil y el afianzamiento de avales es cada vez más necesario.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Los dos planes, tanto el de acción, al que ha hecho referencia el señor García Díez (El señor Díaz Díaz: Díaz Díaz), perdón el señor Díaz Díaz, dotado con 275 millones de euros, como
el nuevo plan al que acaba de hacer referencia, y teniendo en cuenta la dificultad no solamente de restricción de los créditos, sino también del afianzamiento, ha exigido y nos ha motivado para que desde la Secretaria General del Mar apoyásemos y
promoviésemos todas aquellas iniciativas empresariales del sector mediante el establecimiento de una línea específica de garantía que permita a las pymes de estos sectores acceder en mejores condiciones tanto al crédito como a los servicios conexos,
así como a la mejora integral de sus condiciones financieras. Para materializar este apoyo se ha buscado dentro del sector de las sociedades de garantía recíproca una entidad de ámbito nacional y con especialización en el sector pesquero y
acuícola.
En la actualidad la sociedad que cumple estos requisitos es Transaval, que ya desde hace varios años viene trabajando dentro del sector pesquero.



En diciembre del año 2005, habíamos suscrito un contrato con esta entidad por un importe de 7 millones de euros y con una duración hasta el año 2010; es decir, de cinco años. Este contrato tenía una finalidad que no era otra que la de
facilitar los siguientes productos financieros a las empresas del sector: avales ante entidades financieras que concedan acceso a préstamos y avales y garantías ante cualquier entidad pública o privada. Y, dada la buena acogida de esta iniciativa
por parte del sector y los buenos resultados obtenidos en el año 2006, hemos incrementado también este fondo en otros 4 millones de euros.



El 2 de junio del pasado año 2008 enviamos una comunicación a todas las entidades colaboradoras en la gestión del Plan de reactivación del sector pesquero español informando de la posibilidad de utilizar el fondo gestionado por Transaval
para la obtención de avales y garantías vinculadas a los préstamos del plan de reactivación.



Por último, he de decirle que la situación del fondo a día de hoy es: proyectos de inversión, 22,3 millones de euros; avales aprobados para inversión, 11,5 millones de euros y el riesgo vivo, incluyendo los avales pendientes de
formalización, es de 7 millones de euros. Además, hay alguna comunidad autónoma, como es el caso de Galicia, que para las empresas pesqueras que tienen domicilio fiscal en su territorio han puesto también a su disposición la sociedad pública Igape
-Instituto Gallego de Promoción Económica-, con el objeto de ofrecer otro tipo de avales complementarios.



- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL REDIMENSIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PESQUERO INTERNACIONALIZADAS PARA FACILITAR SU COMPETITIVIDAD.
(Número de expediente 181/000164.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): La pregunta siguiente es la que figura como número 5 en el orden del día, referente a la opinión del Gobierno acerca del redimensionamiento de las empresas del sector pesquero internacionalizadas
para facilitar su competitividad. Su autor es también el señor Díaz. Tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: No quería consumir un segundo turno, pero me interesaría saber si en el momento actual está funcionando con normalidad esa línea de crédito. Enlazo con la siguiente pregunta.



Estamos -cada vez es más patente- en un mundo globalizado, y la pesca también lo está. En este mundo globalizado nuestra pesca industrial empieza a tener problemas de competividad por problemas de dimensión. Las empresas
internacionalizadas están demandando -lo veíamos anteriormente y lo exponía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, cada vez con más fuerza redimensionar sus empresas para facilitar su competividad a nivel internacional. Es un problema de
empresas, pero nosotros preguntamos qué piensa el Gobierno de las Españas de esta demanda.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pues el representante del Gobierno de las Españas, aquí presente (Risas.), que conteste a la demanda del señor Díaz.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Como sabe, señor Díaz Díaz -y ahora espero no haberme confundido- (El señor Díaz Díaz: Muy bien. Acertó.), el Gobierno ha impulsado desde el año 2004 la consolidación y
funcionamiento del cluster de empresas pesqueras en países terceros para intentar agrupar en una sola asociación las distintas modalidades de empresas que con capital español se han constituido en terceros países para el aprovechamiento


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de los recursos pesqueros de los citados países y cuyo objetivo principal no es otro que el del suministro prioritario al mercado comunitario de proteínas de origen marino.



Antes de continuar, por contestar a una parte de la pregunta anterior en el sentido de si estaban funcionando estas líneas de financiación, le puedo asegurar que el número de créditos que ya se han gestionado del ICO a fecha 31 de diciembre
de 2008, y de acuerdo con la información que nos ha trasladado el ICO, es de 346 operaciones por un importe total de 183,5 millones de euros, es decir, que estamos hablando de una línea prácticamente utilizada en su totalidad. Aún quedan algunos
expedientes cuyo riesgo se está analizando por las entidades financieras, pero el Gobierno no ha modificado ni un solo euro de las cantidades inicialmente asignadas.



Continuando con mi intervención, he de decirle -y lo sabe, señor Díaz Díaz- que este Gobierno tiene el compromiso de aprobar a lo largo de esta legislatura un proyecto de ley de fomento de la competitividad de las empresas pesqueras en el
exterior para consolidar las inversiones españolas en este sector, una vez suprimidas las ayudas comunitarias para constitución y funcionamiento de las sociedades mixtas. Constatamos que España es uno de los Estados miembros de mayor consumo per
cápita de pescado y es un importador neto al ser deficitario en pesca extractiva propia. Sin embargo, las empresas pesqueras españolas en estos países terceros, con capital español, han permitido desarrollar un entramado económico que ha permitido
acceder a caladeros que no nos son propios, fomentando al máximo la cooperación con esos países al aportar tecnología pesquera y desarrollar importantes inversiones en tierra con plantas de procesado, envasado y conserveras, logrando además una
mayor calidad comercial y sanitaria. Para que vea la dimensión de lo que son estas empresas, hablamos de 250 empresas ubicadas en más de 25 países diferentes, lo que denota la importancia, como decía, de este sector económico. El proyecto de ley
mencionado, al considerar prioritaria la potenciación y promoción de estas empresas, lo que pretende es establecer las bases de apoyo empresarial, institucional, de cooperación y de comercialización a las empresas extractivas y de transformación y/o
comercialización que han realizado o realizan inversiones en terceros países. Con estos objetivos globales crearíamos un fondo especial para atenderles, así como el establecimiento de un registro que permitiría, exclusivamente a las empresas
inscritas, beneficiarse de las medidas que contemple el texto legal.



En cuanto a la otra parte de su pregunta, que por parte del sector se están pidiendo algunos ajustes de flota y si hay un marco financiero para ello, ya en la amplia intervención que hice al principio he dicho que la modificación parcial del
Fondo Europeo de la Pesca a través del 744, la presentación de la adaptación del programa operativo español, presentado en la Comisión el pasado día 28 de enero, incluye modificaciones del eje 1, que es el ajuste y adaptación de la flota,
incrementándose sobre el presupuesto que tenía inicialmente en 118 millones de euros, rebajándose el eje 2, el eje 3, el eje 4 y el eje 5 del Fondo Europeo de la Pesca para que, de esta forma, esas peticiones que está haciendo el sector puedan ser
perfectamente planteadas. El acuerdo que suscribió la ministra con la Federación Nacional de Cofradías y con la Confederación Española de Asociaciones Pesqueras ha sido que todos los fondos que figuraban en el eje 1 y que sean competencia en su
aplicación de la Secretaría General del Mar, de nuestro ministerio, se van a destinar a ese fin. Por lo tanto, que el sector no tenga en este sentido ningún temor porque los fondos se van a utilizar y a aplicar plenamente a las acciones para las
cuales están pensados.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señor Martín Fragueiro. No quiero saber más sobre el tema; pero no lo sabía, si no, no lo hubiera preguntado.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Martín Fragueiro.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): No tengo nada más que añadir, señor Díaz Díaz.



- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE FECHA PREVISTA EN LA QUE COMENZARÁN LAS OBRAS PARA EL DESVÍO DEL ARROYO DE VILLALOBÓN A SU PASO POR LA CIUDAD DE PALENCIA. (Número de
expediente 181/000900.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos a la pregunta siguiente, que es la número 7 del orden del día, y que realizará el diputado señor Cosidó, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Cosidó, tiene la palabra.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor secretario general, mi pregunta no tiene que ver con el mar, sino con un arroyo, en concreto con el arroyo de Villalobón a su paso por la ciudad de Palencia. Permítame que de manera muy breve le ponga en
antecedentes del porqué de esta pregunta. Usted conocerá bien que existe un protocolo firmado entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, conducente al soterramiento del ferrocarril a su paso por la
ciudad de Palencia, firmado el 21 de julio del año pasado. En este protocolo existe un compromiso firme por parte del entonces Ministerio de Medio Ambiente de realizar las obras de desvío de este arroyo, por un importe estimado


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de 54 millones de euros, sin el cual sería imposible poder acometer las obras del soterramiento del ferrocarril. Además, hay también un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que declara la inundabilidad de un sector de la
ciudad que ha sido, pese a la existencia de este informe, urbanizado por el ayuntamiento. Por tanto, estamos hablando no solamente de un requerimiento para poder acometer esa infraestructura vital para mi ciudad, que es el soterramiento del
ferrocarril, sino de una infraestructura que permita evitar el riesgo de inundación de una parte de la ciudad que en estos momentos está siendo habitada.



Por último, quiero decirle que a pesar de ese compromiso firmado en julio del año 2008, me ha sorprendido de forma nada grata -se lo confieso- que en el año 2009 no haya una sola partida ni en el presupuesto ni en la programación plurianual
del ministerio para acometer estas obras. Mi pregunta, si puede informarme, es cuál es el estado del proyecto en este momento y cuándo tiene previsto el ministerio licitar las obras de desvío del arroyo de Villalobón.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Secretario General.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Voy a ser muy breve. Efectivamente, la obra del desvío o regulación del arroyo de Villalobón está incluido en el protocolo de colaboración al que ha hecho usted referencia y en el que
participan el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Palencia y ADIF, para la integración del ferrocarril en Palencia, y ha sido firmado el 25 de marzo del año
2008. Y en él se indica en sus apartado séptimo y undécimo, lo siguiente.
Apartado séptimo: El Ministerio de Medio Ambiente supervisará y aprobará los proyectos que se realicen para la regulación o desvío del arroyo de Villalobón y otorgará, en
su caso, las autorizaciones preceptivas en razón de sus competencias. Y el apartado un décimo de este protocolo establece que la Administración General del Estado financiará las obras de regulación y desvío del arroyo Villalobón, y el Ministerio de
Medio Ambiente en particular participará en la cuantía que se establezca en la financiación de dichas obras conforme a las previsiones presupuestarias establecidas a estos fines. Por tanto, no corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino la elaboración del proyecto para el desvío del arroyo Villalobón a su paso por Palencia, sino tan sólo la supervisión y aprobación cuando éste esté elaborado. Por ello, este organismo no tiene en estos momentos conocimiento de cuándo
van a comenzar esas obras. El Ministerio de Fomento nos informa que se está realizando, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, el proyecto básico para realizar las obras de desvío del arroyo, que posteriormente pasará a
información pública, y hasta que no se termine la redacción del mismo no será posible estimar la fecha de inicio ni la duración ni el costo del mismo.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra señor Cosidó.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: He de decirle, señor secretario general, que la respuesta no es nada satisfactoria. Y no es nada satisfactoria, primero, porque usted no me da ningún tipo de concreción. Y, en segundo lugar, no es nada
satisfactoria porque lo que veo es que se están tirando la pelota -si me lo permite- de unos ministerios a otros, y al final las dudas sobre cuándo e incluso sobre si se va a acometer esta infraestructura van creciendo, no solamente a este grupo
parlamentario sino en el conjunto de la sociedad palentina.



Me extraña mucho la contestación que me da diciendo que esta obra para ser ejecutada por el Ministerio de Fomento cuando sabe bien que todo lo que tiene que ver con la regulación del agua es una competencia específica del Ministerio de Medio
Ambiente. Estamos hablando -como le decían el preámbulo de mi pregunta- no solamente de una cuestión a la que el Gobierno se ha comprometido a través de este protocolo, sino de una necesidad para prevenir la inundabilidad de un sector de la ciudad
que ha sido organizado por el ayuntamiento y que en estos momentos está habitado. Por tanto, yo le diría que es una obra que se debe acometer a la mayor urgencia y también que, en nuestro criterio, debería ser acometido por el Ministerio de Medio
Ambiente, que entendemos que es el competente a estos efectos.



Espero que su contestación pueda ofrecerme algo más de concreción de la que me ha ofrecido en la primera parte de su respuesta.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Secretario General.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señor Cosidó, le reitero la contestación hecha en la primera parte de mi intervención. Es decir, que el Ministerio de Medio Ambiente va a participar en la cuantía que se establezca en
la financiación de dichas obras, con arreglo al apartado undécimo del protocolo de colaboración suscrito en su día entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el propio Ayuntamiento de
Palencia y ADIF.
El Ministerio de Fomento está actualmente, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, realizando el proyecto básico para realizar las obras del desvío del arroyo y posteriormente pasará a información pública, una
vez que se termine la redacción del proyecto. No podemos decirle ahora mismo cuál va a ser la fecha de inicio, ni la duración ni el coste, pero le puedo asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente participará en la cuantía que le corresponde, de
acuerdo con el contenido del convenio suscrito en su día.



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DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS TÚNIDOS DEL ATLÁNTICO (ICCAT) EN LA CUMBRE PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS TÚNIDOS CELEBRADA EN NOVIEMBRE DE 2008 EN MARRUECOS. (Número de expediente 181/000975.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos a la pregunta siguiente del orden del día, que realiza la señora Serna sobre conservación de túnidos.



Señora diputada, tiene la palabra.



La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario, a mediados de noviembre leí una noticia que me pareció curiosa. Tres cocineros españoles muy importantes habían retirado de sus menús el atún rojo del Mediterráneo. La verdad es que me sorprendió,
porque yo ya conocía que alguna de las alertas que habían dado los científicos habían llegado a la calle, pero no tenía ni idea de que había entrado en las cocinas. De manera que, como sabía que iba a haber una cumbre a finales de noviembre o
primeros de diciembre en Marruecos por parte del Iccat, estuve investigando un poco sobre qué decían los científicos al respecto, ya que durante varios años nos han estado alarmando -y lo siguen haciendo- de la situación del atún del Mediterráneo.
Es verdad que está teniendo un descenso importantísimo de población, y esto se debe a un exceso de consumo y de captura.
Fundamentalmente planteaban, si no recuerdo mal, dos hechos y es que el TAC, el total admisible de captura oficial, la pesca
legal del atún, estaba en torno a las 29.000 toneladas, pero la cifra que me sorprendió -aunque por supuesto decían que había que bajarla- fueron las toneladas de atún que se pescan de forma ilegal, la captura real, que son 61.000.
Haciendo una
simple resta vemos que el atún tiene una captura legal de 29.000, pero la ilegal está en 32.000 toneladas; realmente es una cifra muy alarmante, por eso quería que usted me contestase qué había ocurrido en esta cumbre del Iccat en Marruecos,
celebrada en noviembre. (El señor vicepresidente, Reyes Martínez, ocupa la Presidencia.) También había leído que la Iccat, precisamente esta Comisión Internacional de Conservación de los Túnidos, preocupada ante estas cifras que daban sus propios
científicos, querían llevar a esta cumbre internacional anual allí en Marruecos al menos tres propuestas: la primera era la reducción sustancial de la flota, la segunda era que había que ampliar la veda y, la tercera, por lo menos de las que me
parecieron más importantes, es que había que declarar zonas de reserva con prohibición de capturas. No sé en qué ha quedado esto, pero lo que sí es verdad es que en esta cumbre han participado 46 países, entre ellos España. Aunque los 46 estaban
de acuerdo en que había que incrementar los medios para luchar contra la pesca ilegal y que había que garantizar la adecuación al TAC que saliese de esta cumbre, ciertamente estos 46 países tenían intereses y posturas divergentes, incluso a veces
opuestas; de ahí mi interés para que hoy nos explicase al Grupo Socialista a qué conclusiones se han llegado a esta cumbre en Marruecos, que se produjo en noviembre, y cuál ha sido el papel de España.



No quería terminar, señor secretario, sin decirle que aquí los diputados a veces a las nueve de la mañana entran en una Comisión a hablar de las verduras de Murcia y de cómo va la alcachofa de la Vega Baja, inmediatamente tras acabar esa
pasan a la Comisión de Educación a hablar de educación para la ciudadanía y si queda otra Comisión de otro tipo hablan de otra cosa; no sé si en el ínterin de eso se me ha despistado lo que está ocurriendo en nuestro país. Siempre creía que en la
anterior legislatura, y desde luego en esta, estábamos luchando por un desarrollo sostenible que aplicado a la pesca significa que nuestro país defendería una pesca sostenible. Después de escuchar al señor Herrera ya no sé si España en Marruecos lo
que ha defendido es que se puede capturar y pescar el atún a gogó; no lo sé, me gustaría que me explicara estas cosas. O si es que hemos defendido que la pesca tiene que ser ilegal, porque me parecía que nuestra postura era bastante más seria que
eso. Por tanto, mis dos preguntas se refieren a las conclusiones de esta cumbre y al papel de España en cuanto a qué consecuencias ha habido, no solamente para el atún sino también para nuestros pescadores, para este sector pesquero español, en
esta cumbre.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tiene la palabra el señor Martín Fragueiro.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señora Serna, durante mi intervención he hablado de las conclusiones de la cumbre de Marrakech. Aunque he contestado también a toda la intervención que ha hecho el señor Herrera,
ahora voy a responderle a usted con la máxima claridad y con exactitud de todo lo que ha ocurrido en esa cumbre, para que de una vez por todas algunas dudas que puedan tener algunos desaparezcan definitivamente. Durante la reunión anual del Iccat
celebrada en noviembre en Marrakech (Marruecos) la delegación española ha insistido a la Comunidad Europea, que es la parte contratante de la organización regional, en la necesidad de seguir la línea de protección del atún rojo y de adoptar medidas
urgentes para el control del esfuerzo y la capacidad pesquera de la flota comunitaria, al igual que se ha realizado en el seno de otras organizaciones regionales de pesca. De este modo, la recomendación adoptada por consenso de carácter vinculante
para todas las partes contratantes de esta organización recoge gran parte de las propuestas y de las demandas solicitadas por España para la protección de esta especie. La recomendación de 2008, que sustituye a la adoptada en 2006, incluye la
obligación de presentar un plan de pesca para todas las


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almadrabas y los buques pesqueros mayores de 24 metros que pesquen atún rojo. Esta medida ya estaba en vigor en España, es decir España se ha adelantado a la recomendación adoptada en 2008 porque ya ella misma internamente la había puesto
en marcha. Esto supone que los demás Estados participantes de la pesquería deben adaptar sus flotas y almadrabas a las capturas que les han sido asignadas, obligando a que en el citado plan se incluyan las cuotas individuales para los buques
pesqueros de más de 24 metros de eslora. Esta segunda obligación en vigor en España, como decía antes, desde el 1 de enero de 2008 ayudará a realizar un mejor seguimiento de la cuota disponible de cada país y buque y a adoptar medidas para evitar
cualquier sobrepesca.



Respecto al control del esfuerzo se han ampliado los periodos de veda para los buques de cerco, de palangre, de cebo vivo, curricaneros, arrastreros y también por primera vez se ha incluido la pesca de recreo. Esto supone una significativa
mejora en el control y va a permitir, estoy seguro, reducir la mortalidad de esta especie. También cabe destacar que se ha dejado claro definitivamente en esta nueva recomendación la derogación para la captura de ejemplares por debajo de la talla
mínima para la flota artesanal de fresco del Mediterráneo hasta un máximo de un 2 por ciento del TAC disponible. Esto supone que nuestros pescadores artesanales del Mediterráneo, buques de muy pequeña dimensión, puedan seguir capturando una porción
de atunes con métodos artesanales y puedan comercializarlos en los mercados europeos, obteniendo de este modo un beneficio necesario para su subsistencia. Respecto al arrastre pelágico hay que destacar que se ha eliminado la excepción que permitía
esta flota capturar ejemplares por debajo de la talla mínima en la zona del golfo de Vizcaya, quedando limitadas ahora a un máximo del 5 por ciento las capturas que realicen.
Se ha dado un paso importante para la eliminación y reducción de la
sobrecapacidad existente, tanto de buques como de granjas de engorde, mediante la realización de planes de ajuste a las posibilidades de pesca disponibles por cada parte contratante. También se prohíbe la realización de trasbordos en alta mar y se
refuerzan los controles en puerto mediante la cobertura de inspección total durante las horas de desembarque en todos los puertos autorizados a tal efecto. En aquellas zonas del Mediterráneo central y oriental donde no hay aguas jurisdiccionales de
los Estados costeros, a diferencia de España, que tienen una zona jurisdiccional en el mercado controlada por agentes de inspección y Guardia Civil española, se establece un programa conjunto de inspección internacional que será coordinado por la
Agencia Europea de Control Pesquero, radicada en Vigo. Como un aspecto novedoso que también fue solicitado por España, se ha adoptado una nueva medida de control que consiste en la obligación de la filmación submarina de las operaciones de
transferencia de atunes, con el fin de que puedan ser supervisados por los inspectores y observadores y que obliga a su presencia en el cien por cien de los buques cerqueros y granjas de engorde, siguiendo la estela de España que ya los embarcaba en
toda su flota cerquera y en todas sus granjas desde el año 2007. Dentro del control sobre granjas también se ha introducido por primera vez la necesidad de establecer un factor de conversión de engorde en granja por cada parte contratante que
deberá ser comunicado a Iccat; este factor de conversión es una herramienta fundamental para poder controlar las cantidades de atún rojo introducidas en las granjas y por lo tanto de controlar la cuota realmente capturada.
En el 2010 el Comité
científico de Iccat deberá presentar un estudio para el establecimiento y por lo tanto unificación de estos índices en el ámbito de Iccat. Este mismo Comité científico de Iccat, siguiendo ya los pasos dados por nuestro ministerio con el Instituto
Español de Oceanografía, deberá presentar en el año 2010 un estudio sobre la identificación de las zonas de desove de atún rojo en el Mediterráneo con el objeto de poder analizar posibles medidas específicas en estas zonas y su impacto sobre la
situación del recurso; es decir que una vez más el ministerio ya se había adelantado en materia de conocimiento y protección de una especie tan importante como el atún rojo. Por último en cuanto a la cuota disponible, se ha fijado un TAC total
para Iccat de 22.000 toneladas; esa cifra es superior a la propuesta en el informe del comité científico, aunque supone una reducción de lo que estaba previsto para 2009 en un 20 por ciento, y a España de todo este TAC le van a corresponder unas
4.000 toneladas que permitirán al sector pesquero -nos esperamos- mantener su actividad mientras espera a la recuperación de esta especie.



Al principio de su intervención hacía referencia a que algunos cocineros famosos en España habían retirado de sus menús el atún rojo. Nosotros este año lo que queremos es que todo el atún rojo que se pueda consumir en España capturado por
flota española, si no está identificado, también se rechace.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Gracias señor secretario general. ¿Desea intervenir la señora Serna?


La señora SERNA MASIÁ: Intervendré brevemente.



En realidad lo que quería saber es si España ha tenido un papel influyente en esta cumbre, y veo que efectivamente. Quería saber si ha defendido una actividad pesquera sostenible; me alegra muchísimo lo que nos ha contado al respecto. Veo
que algunas de las decisiones que se han adoptado ya estaban aquí tomadas por el actual ministerio o por él ministerio anterior en la legislatura pasada, lo cual me congratula enormemente. Veo que, si no he entendido mal, el TAC anterior era de
29.000 toneladas y ahora es de 22.000; luego ha habido una reducción importante e interesante. Ha dicho que 4.000 le correspondían a España, ¿no? Eso significa que de ese TAC el 19 por ciento -he hecho las cuentas rápidas, creo que no me
equivoco- le corresponde al sector


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pesquero español. Por lo tanto me congratulo de todas estas conclusiones, del papel que ha hecho España, y espero que sigamos así y que conste de este modo en el'Diario de Sesiones', que es algo muy importante a la hora de buscar
información.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): El señor Martínez Fragueiro ha agotado su tiempo en la primera intervención.



- DEL DIPUTADO ENRIQUE FAJARNÉS RIBAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN CONGRESO, SOBRE ADQUISICIÓN DE TERRENOS COSTEROS EN LAS ISLAS DE IBIZA Y FORMENTERA. (Número de expediente 181/001139.)


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Pasamos a la 9.ª pregunta del orden del día sobre la adquisición de terrenos costeros en las islas de Ibiza y Formentera. Para ello, tiene la palabra el señor Fajarnés.



El señor FAJARNÉS RIBAS: El tema que se trata en esa pregunta tampoco es de la Secretaría General del Mar, es del ministerio, por tanto la mantenemos. En aras a la brevedad, quisiéramos saber, señor secretario general, qué terrenos
costeros piensa adquirir el Gobierno en las islas de Ibiza y Formentera dentro del programa de adquisición que anunció en su momento la anterior ministra, señora Narbona.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tiene la palabra el señor Martín Fragueiro.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señor Fajarnés, es competencia de nuestro ministerio, en particular de la Secretaría General del Mar, y más en particular de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, todo lo que es el programa de adquisición de fincas, que es una de las medidas que está contemplada dentro de los objetivos de nuestra Secretaría General del Mar y de esa dirección en particular, con el fin de incorporar al dominio público
marítimo terrestre una serie de fincas. Durante mi larga intervención -lamento que no haya estado presente-, he hecho referencia a todo ello. He explicado en qué consistía todo el programa de adquisición de fincas, lo que nos habíamos gastado y lo
que tenemos previsto para este año. El programa de adquisición de fincas de nuestro ministerio se articula a través de diferentes proyectos de incorporación de terrenos de elevado valor ecológico o sometidos a presión urbanística colindantes con el
dominio público marítimo terrestre, de forma que quede garantizada su conservación y su protección, procediéndose en su caso a la demolición de las obras existentes. Los objetivos para esta legislatura por parte de la Dirección General para la
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, antes Dirección General de Costas, en relación con el programa de adquisición de fincas, consiste en continuar el desarrollo del programa de adquisición de fincas, si bien teniendo en cuenta las limitaciones
económicas y presupuestarias derivadas de la situación actual, con el fin de garantizar la preservación de sus valores ambientales, el libre acceso de los ciudadanos para su disfrute y abordar la redacción, aprobación y puesta en marcha de los
planes de gestión de las fincas adquiridas en colaboración con las demás administraciones implicadas. En relación con los terrenos costeros adquiridos en las islas de Ibiza y Formentera, el Gobierno no ha adquirido ninguna finca en los últimos años
en las mencionadas islas. Por lo que se refiere a las adquisiciones futuras que pueda llevar a cabo nuestro ministerio, al día de hoy no hay un compromiso en firme respecto a la adquisición de nuevos terrenos en Ibiza y Formentera, pero
analizaremos todas las propuestas.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tiene la palabra, señor Fajarnés.



El señor FAJARNÉS RIBAS: Señor secretario general, sepa que he atendido su comparecencia desde mi despacho, por lo tanto le he visto en televisión y he estado muy pendiente de lo que ha explicado referido a la política del Gobierno sobre la
compra de fincas. Como puede imaginarse, su respuesta no nos satisface, entre otras cuestiones porque nos ha dicho que no ha adquirido ninguna, cosa que ya sabíamos, y, en segundo lugar, que tampoco hay ningún compromiso cara al futuro. Quiero
hacerle un breve repaso importante, por lo menos para que quede constancia en el'Diario de Sesiones'. En la campaña electoral del año 2004, los líderes socialistas de las islas Baleares, concretamente Ibiza y Formentera, anunciaron a bombo y
platillo que se iban a adquirir por parte del Gobierno, si ganaba las elecciones, una serie de fincas, concretamente Ses Feixes y es Ca Marí en la isla de Formentera. Posteriormente, en el año 2005, la ministra Narbona anuncia el programa de
adquisición de fincas y se compromete, juntamente con los líderes del Partido Socialista, diciendo que se van a comprar solares y fincas, concretamente la de Ses Feixes en la ciudad de Ibiza y la de es Ca Marí en la isla de Formentera. El 17 de
noviembre de 2005, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley en la Comisión del Congreso, y la presenta porque se da cuenta de que ese plan era muy ambicioso e iba fundamentalmente para las comunidades autónomas ribereñas con el mar
Mediterráneo, por lo tanto los compromisos que se habían adquirido, tanto en Mallorca como en Menorca, en Formentera y en Ibiza, no se iban a poder cumplir. El día 15 de marzo de 2006 se aprueba esta proposición no de ley del Grupo Socialista -que
por cierto hace de portavoz el señor Antich, actual presidente de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares- que dice textualmente: Las Illes Balears, debido a sus especiales características, sean uno de los principales objetivos, de los
objetivos prioritarios, en el nuevo programa de adquisición de


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fincas lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente. Segundo -dice-, la Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y conversaciones con el Govern de les Illes Balears y con los ayuntamientos de Ibiza, Alcúdia, Pollença,
Artà, Formentera, Mercadal, Sóller, Andratx y Capdepera para adquirir, entre otras fincas, la de Ses Feixes en Ibiza y la de es Ca Marí en la isla de Formentera. No solamente se aprueba eso, sino que el señor Antich redacta de su puño y letra,
señor secretario general, justamente el compromiso que se adquirió y que se aprobó en esta Comisión de Medio Ambiente en la anterior legislatura. Pues bien, el 22 de marzo de 2007 nosotros hacemos una pregunta oral, porque en un año no se había
hecho absolutamente nada. En 2007 y 2008 se reiteran preguntas escritas y ahora, tres años después de la aprobación de esa proposición no de ley, cinco años después de que se hiciesen esos compromisos electorales por parte del Partido Socialista,
volvemos a preguntar qué pasa con la compra de esas fincas y de esos terrenos en las islas de Ibiza y Formentera.



Señor secretario general, lo cierto es que después de cinco años, después de la contestación parlamentaria constatamos con claridad que lo que decíamos ya en su momento, que la compra de esas fincas en las islas de Ibiza y Formentera era un
bluf socialista, es una auténtica realidad. Que no había dinero, lo ha dicho usted; que no había voluntad política, se ha demostrado en esos cinco años, y evidentemente también constatamos que ha habido un incumplimiento flagrante de un acuerdo
parlamentario con una proposición no de ley que hace que pensemos que ha sido una auténtica burla, primero, a sus socios, a los de Esquerra Republicana de Cataluña, que fueron los que además instigaron con enmiendas los presupuestos generales en su
momento para que se destinasen cantidades importantes para la adquisición de terrenos en las islas Baleares, y, cómo no, a los ciudadanos de Ibiza y Formentera, a los que mediante grandes titulares de los medios de comunicación, señor secretario
general, se ha anunciado reiteradamente año tras año que se iban a comprar esas fincas. Señoría, evidentemente constatamos también, y me sabe mal decirlo porque me gustaría decírselo personalmente a la ministra -que es quien debería haber dado la
cara hoy aquí en esta Comisión respecto a esta pregunta-, que han engañado a los ciudadanos, han mentido con las promesas que hicieron, vuelvo a reiterar, incluso con letra del señor Antich -termino, señor presidente-, y evidentemente han incumplido
una vez más un acuerdo parlamentario de esta Comisión, que además se adoptó prácticamente por unanimidad. Señorías, eso no tiene más que una cuestión, y es asumir responsabilidades políticas por parte del Partido Socialista, del señor Antich en su
momento, y evidentemente de su ministerio y de su Gobierno, un gobierno sin palabra ni credibilidad porque no ha cumplido ni tan siquiera los acuerdos que planteó en esta Comisión.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señor secretario General.



El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Señor Fajarnés, en primer lugar yo no he dicho que no hubiese dinero y, de hecho, si usted siguió -como dijo- atentamente mi intervención durante la primera parte de mi comparecencia,
he mencionado cuál era el presupuesto que tenía el Ministerio de Medio Ambiente dentro del programa de adquisición de fincas concretado en el capítulo presupuestario 456 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, adscrita a
nuestra Secretaría General del Mar. En este sentido, estamos analizando todas aquellas adquisiciones que impliquen una mejora del borde costero y litoral dentro del objetivo que nos hemos propuesto, que es recuperar el entorno del litoral para el
disfrute de todos los ciudadanos. Obviamente, vamos a continuar con el programa de adquisición de fincas a lo largo de todo el litoral español peninsular e insular a través de los proyectos de incorporación de terrenos que tengan un importante
valor ecológico o estén sometidos a presión urbanística, colindantes, como decía antes, con el dominio público marítimo-terrestre, de forma que quede garantizada la conservación y la protección del mismo, procediéndose en su caso a la demolición de
obras existentes. Reitero, una vez más, que los objetivos para esta legislatura por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar son continuar con el desarrollo del programa de adquisición de fincas, con el fin de garantizar
la perseveración de sus valores ambientales y el libre acceso de los ciudadanos para su disfrute y abordar la redacción, aprobación y puesta en marcha de los planes de gestión de las fincas adquiridas, en colaboración con las demás administraciones
implicadas. Hasta el año 2007 nos hemos gastos cerca de 61,5 millones de euros; en el año 2008, 23.200.000 euros, y para el año 2009 tenemos previsto gastarnos 33 millones de euros, que implica un aumento significativo respecto a las cifras del
ejercicio anterior.



El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tras la retirada por los propios proponentes de las preguntas incluidas en los puntos diez, once y doce del orden del día, damos por finalizada la sesión, no sin antes agradecer al secretario
general del Mar, señor Martín Fragueiro, su comparecencia ante esta Comisión.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y cinco minutos de la noche.