CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 168

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 12 celebrada el martes 9 de diciembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos (Ocaña Pérez de Tudela) para informar sobre las materias relativas al sistema tributario y a la ejecución del Presupuesto del Estado, previa remisión del
informe correspondiente. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda. (Número de expediente 212/000385)...
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Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión, que tiene como único punto del orden del día la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos para informar sobre materias relativas al sistema tributario y a la ejecución del
presupuesto del Estado. Como saben, es una comparecencia cuatrimestral reglamentaria. Sin más demora, que ya hemos tenido bastante por la ocupación de la sala por una Comisión anterior, le damos la palabra al secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda del Congreso con motivo de mi presentación cuatrimestral para informar sobre las materias
relativas al sistema tributario y a la ejecución del presupuesto del Estado, previa remisión del informe correspondiente.



En el contexto económico nacional e internacional que vivimos, las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha tienen como objetivo principal la idea de estimular la economía y aliviar la situación de las familias.
Esta es la razón de ser
de toda la actividad del Gobierno en los últimos meses y con la que quiero reafirmar un compromiso que va más allá de la mera retórica. En las últimas cuatro semanas he comparecido en las Cortes Generales en cuatro ocasiones y en todas ellas me he
esforzado, más allá de someterme a la más elemental función de control ante SS.SS., por intentar transmitir esta preocupación. Me ocuparé, por tanto, de asuntos de gran calado que me llevarán a que, en primer lugar, les resuma las modificaciones
del sistema tributario aprobadas durante el ejercicio 2008; en segundo término les describiré los rasgos más destacables de la evolución de los ingresos y los gastos, y para este propósito haré referencia a la ejecución presupuestaria del Estado
que aparece resumida en el informe sobre evolución de la ejecución del presupuesto del Estado que elabora la Intervención General del Estado, que cubre el periodo de enero a septiembre y que hemos hecho llegar a esta Comisión. Sin embargo, antes de
entrar en estas dos cuestiones, considero que debo ofrecerles los datos más recientes de que disponemos y que se refieren a octubre, tal y como fueron presentados en esta Cámara hace dos semanas. Como preámbulo de todas estas cuestiones me parece
necesario hacer una referencia, que va a ser muy breve, a la situación económica actual y que es la que explica y configura el entorno de la política fiscal y las decisiones que en esta materia hemos venido adoptando.



Situación económica. Como ustedes saben, nos encontramos en una situación económica difícil que viene causada por una combinación de factores externos e internos. Esta crisis se enmarca en un contexto internacional muy malo en el que
muchos países de nuestro entorno ya han registrado tasas negativas de crecimiento, habiéndose añadido España también a esa tendencia en el último trimestre con una reducción de 2 décimas en nuestro PIB respecto al trimestre anterior. Esta crisis no
corresponde a un país o a un sector, como ha ocurrido en crisis anteriores, sino que es una crisis verdaderamente global. La situación que vive España es en definitiva consecuencia de esa crisis financiera internacional, al menos en parte. Pero,
además de esos factores externos, en el caso de España se ha añadido una crisis doméstica cuyo epicentro está en el sector de la construcción, que ha dado lugar de manera inmediata a un elevado stock de viviendas sin vender, también a una rebaja en
los precios de la vivienda y a un aumento del desempleo. La intensidad de este ajuste interno era difícil de pronosticar, aunque el hecho de que ese ajuste se iba a producir y se tenía que producir es algo que sí estaba previsto y que llevábamos
anunciando algún tiempo. Pero es la confluencia de factores externos e internos lo que hace que ese ajuste esté siendo más rápido y más intenso de lo que podíamos esperar. Por su parte, después de un fuerte incremento de los precios, la inflación,
gracias en parte a la reciente disminución de los precios de los bienes energéticos y también a la mejora de la inflación subyacente, está disminuyendo. En octubre la inflación se sitúa en el 3,6 por ciento y, si se confirman los datos del IPC
armonizado adelantado, se reducirá hasta el 2,4 por ciento en noviembre. Esto significa que se ha producido un estrechamiento del diferencial con la zona euro, que se ha situado en octubre en 4 décimas, siendo este el menor nivel desde enero del
año 2004.



Como bien pueden comprender, señorías, este contexto condiciona de igual manera al sistema tributario y a la ejecución del presupuesto del Estado.
De ambos elementos, los utensilios más importantes de la política fiscal, les informaré sin
demora. No obstante, permítanme una primera reflexión que deseo trasladarles. Esta política fiscal del Gobierno, en respuesta a esa mala situación económica que vivimos, ha sido activa y se ha anticipado a los problemas. Hemos actuado con
firmeza, con amplitud y lo hemos hecho antes que los países de nuestro entorno.



Me referiré a continuación a las principales actuaciones tributarias llevadas a cabo por el Gobierno a lo largo de este año 2008. Abordaré su análisis mediante una sucinta referencia a las normas tributarias aprobadas o en tramitación a lo
largo del presente año. Haré referencia únicamente a las que presentan mayor trascendencia, como medidas de política fiscal para impulsar la actividad económica y mejorar la situación de las familias en la presente coyuntura de crisis a la que me
acabo de referir. Esto quiere decir también que no haré referencia ante esta Comisión a la muy diversa normativa tributaria que en general canaliza y adapta técnicamente al ordenamiento jurídico las decisiones de esta política. Me referiré, por
tanto, solamente a las grandes líneas.
Sirvan de ejemplo, señorías, la regulación de los procedimientos amistosos en materia de imposición directa o el desarrollo reglamentario en materia de operaciones vinculadas. Todo esto, si


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les parece bien, lo vamos a obviar y me quedaré solo en lo que tiene un carácter más global, más general. Parece oportuno subrayar, como preámbulo de este apartado, que estas medidas se enmarcan en las líneas de actuación establecidas por
la Declaración de la cumbre sobre mercados financieros y economía mundial celebrada en Washington el pasado 15 de diciembre, que, como saben, fue suscrita por España. También esta política se enmarca en el Plan europeo de recuperación económica
aprobado por la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre. En ambos casos, en el de Washington y en el del Plan europeo de recuperación, se prima la aplicación de políticas fiscales activas como instrumento de moderación y atenuación de los
efectos adversos que tiene esta etapa económica. Así pues, como inicio de la política fiscal activa y agresiva que hemos venido practicando, el Gobierno puso en marcha el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso de la
actividad económica.
Esta norma contiene una serie de medidas fiscales, entre las que destacan las relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, como por ejemplo la deducción de hasta 400 euros aplicable a los perceptores de
rendimientos del trabajo o de actividades económicas y que no tiene otro objetivo que el de paliar la situación económica en la que se pueden encontrar las familias con perceptores de estos rendimientos del trabajo.
O, por darles otro ejemplo, la
introducción de diversas medidas relativas a los pagos fraccionados que permiten a las entidades acogerse al sistema que les sea más ventajoso.



En el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, se modifica el concepto de rehabilitación al objeto de propiciar un mejor tratamiento de ciertas obras en la imposición indirecta. Con este tratamiento se logrará una mayor neutralidad en la
tributación de estas operaciones. Por su parte, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se establece la no sujeción de las escrituras públicas que contengan la ampliación del plazo de los préstamos con
garantía hipotecaria concedidos para la adquisición, construcción o rehabilitación de la vivienda habitual y que se realicen en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del real decreto-ley. Por otra parte, el reciente Real Decreto 1975/2008,
de 28 de noviembre, sobre medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, ha introducido la reducción de las retenciones y pagos fraccionados para quienes se apliquen la deducción por inversión en
vivienda habitual con financiación ajena en el año 2009. El hasta ahora vigente sistema de retenciones no tenía en consideración la deducción por inversión en vivienda. Además, parecía oportuna también la adopción de medidas que permitan a las
familias disfrutar de una mayor renta disponible. Se trata, en suma, de una mera anticipación de un beneficio fiscal que ya existía pero que ahora se percibe de manera adelantada.



Quiero resaltar otra de las medidas importantes de esta norma, de contenido fiscal menor pero relevante en todo caso, y es en concreto el aplazamiento de la obligación del pago del 50 por ciento de la cuota mensual hipotecaria, con un límite
máximo de 500 euros mensuales. La moratoria se concederá por un periodo máximo de veinticuatro mensualidades y las cantidades aplazadas se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 prorrateándolas entre las mensualidades que resten para la
satisfacción de la hipoteca y con un límite máximo de diez años. Como ustedes saben, el Estado garantiza esas cantidades aplazadas a través del Instituto de Crédito Oficial. Estimamos que esta medida puede afectar a más de 500.000 trabajadores.
Por otra parte, el Gobierno ha incluido en el real decreto al que me estoy refiriendo la decisión de ampliar el plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda. La medida se articulará mediante el establecimiento de una fecha fija de
fin de la ampliación. Esta fecha en concreto es el 31 de diciembre de 2010. Todas las cuentas, que en otras circunstancias hubieran expirado en 2008, 2009 y 2010, tendrán que materializar su saldo antes del 31 de diciembre de 2010.



Me referiré a continuación, señorías, a las medidas de naturaleza fiscal que actualmente se están tramitando en las Cortes Generales. De entre todas ellas destaca el proyecto de ley por el que se suprime el gravamen del impuesto sobre el
patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Este proyecto de ley está actualmente en el Senado y a mi modo de ver constituye una
de las normas fiscales más importantes de los últimos años, pues se trata de una norma con gran amplitud y complejidad técnica. Precisamente, hace dos semanas esta misma Comisión daba su respaldo al proyecto, por lo que entiendo que todos ustedes
conocen sus particularidades. Ahora bien, aunque lo conozcan, considero relevante resaltar algunas de las medidas que me parecen más importantes porque van a tener más impacto en la cultura actual. Entre las modificaciones que afectan al impuesto
sobre sociedades, destaca la regulación de la libertad de amortización para las inversiones, elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones mobiliarias de las empresas. Esta libertad se aplica durante los ejercicios 2009 y 2010 siempre
con la condición de que se produzca un mantenimiento del empleo. Creo muy importante destacar que esta medida, que es de carácter coyuntural y es una respuesta a la situación económica que tenemos, responde al diálogo con las fuerzas
parlamentarias. Es una medida que hemos pactado con otras fuerzas. Por último, considero esencial hacer una mínima referencia a la adaptación de la legislación de sociedades a la reforma contable, que como saben ha sido completada con la
aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad. A diferencia de la medida que les he comentado anteriormente, en este acaso hablamos de una medida estable que persigue la máxima neutralidad fiscal posible y pretende que la modificación del Plan
General Contable no afecte a la deuda tributaria de las empresas.



En el ámbito del impuesto sobre el patrimonio, se introducen en este proyecto de ley las modificaciones


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pertinentes en su normativa con el objeto de hacer efectiva la supresión de su gravamen desde el 1 de enero de 2008. Quiero destacar asimismo los cambios que se efectúan en el impuesto sobre actividades económicas y en el impuesto sobre las
primas de seguros al objeto de paliar los efectos que la duración del precio de los combustibles viene o venía provocando en el sector del transporte.



Por su parte, las modificaciones que se incorporan a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido responden a diversas circunstancias. Destaca el cambio en el sistema de devoluciones del IVA, pues, si bien el sistema que se mantiene como
general es el de solicitud de las devoluciones a final de año por el saldo que pueda quedar pendiente, como excepción al anterior sistema se dispone la posibilidad en este proyecto de ley para que aquellos contribuyentes que opten por ello puedan
aplicar un sistema de solicitud del saldo a su favor pendiente al final de cada periodo de liquidación y en particular con carácter mensual. Los contribuyentes que opten por esta posibilidad deberán en todo caso liquidar el IVA mensualmente. Esta
posibilidad se abre a cualquier contribuyente, independientemente del volumen de operaciones que realice, estableciéndose únicamente la remisión a un reglamento que fijará las condiciones de información que hagan posible esta liquidación mensual.



Por último, me referiré al recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, y a punto de ingresar en esta Cámara, proyecto de ley por el que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las
sociedades conocidas como Socimi. El objetivo que tenemos aquí es continuar con el impulso del mercado del alquiler en España y así facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, incrementando la competitividad en los mercados de valores y
dinamizando el mercado inmobiliario. Se regula la creación de estas sociedades dotándolas de un régimen fiscal favorable y exigiéndolas, por supuesto, unos requisitos que hagan que estas sociedades efectivamente cumplan ese papel de dinamización
del mercado inmobiliario, particularmente del de alquiler. Por una parte, se exige que la actividad principal de estas sociedades sea la de invertir en activos inmobiliarios de naturaleza urbana dedicados al alquiler. La lógica de este
requerimiento es evidente. Además, estas sociedades tendrán que cumplir con un coeficiente de inversión en inmuebles urbanos dedicados al arrendamiento y adquiridos en plena propiedad y -esto por razones fiscales- deberán distribuir entre sus
accionistas un porcentaje significativo de los rendimientos obtenidos en su actividad principal, porcentaje que no será inferior al 90 por ciento de los beneficios procedentes del arrendamiento de sus inmuebles y participaciones y al menos el 50 por
ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y participaciones. Por último, por razones de control y transparencia, estas sociedades estarán obligadas a cotizar en un mercado organizado.



En suma, en mi opinión, el sistema tributario español ha experimentado a lo largo del año 2008 las modificaciones que eran necesarias para adaptarse a unas circunstancias de la actividad económica especiales, en las que en particular los
problemas de liquidez de familias y empresas exigían adoptar medidas de carácter extraordinario. Asimismo, deben tener presente que durante este año se concentran los efectos de cambios normativos efectuados en años anteriores y que han entrado en
vigor a lo largo de 2008, en particular las reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, que se materializan en una rebaja impositiva que tiene efecto desde este año, 2008.



Para acabar esta referencia a la política tributaria, me parece importante hacer una reflexión sobre la labor del Plan de prevención del fraude fiscal. Como probablemente sepan, acabamos de presentar un segundo Plan de prevención del fraude
fiscal que implementa la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En este momento, el balance del primer plan no puede ser más positivo tras sus tres años de vigencia. El impacto directo de las actuaciones vinculadas al plan en estos años,
desde 2005 hasta el 31 de octubre de 2008, ha sido de 21.258 millones de euros, una cantidad significativa se mire como se mire, pues supone dos puntos del PIB y recursos que permiten financiar políticas muy importantes. Solo ese dinero es
suficiente para financiar muchas de todas esas medidas de política fiscal que les acabo de describir. A este efecto directo y medible, a esos 21.000 millones de euros que se han obtenido como consecuencia directa de las actuaciones del plan, hay
otro efecto inducido, indirecto y más difícil de medir, pero que seguramente es tanto o más importante en la eficacia, en el control de la Agencia Tributaria.
Por ejemplo, en operaciones en el sector inmobiliario hace que de manera indirecta otros
contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, aunque no hayan sido sometidos a actuaciones de control por parte de la agencia. Así, pues, hay un efecto indirecto, inducido, unificador, que hace que el resultado del plan sea mucho más
amplio de lo que se puede medir directamente. Para el segundo plan el Gobierno realizó una reflexión acerca de cómo habían cambiado las circunstancias económicas.
Seguramente las prioridades que se habían fijado en el primer plan, en un ámbito
económico muy distinto al actual, eran correctas, eran las que había que fijar en aquel momento, pero probablemente también se han agotado en este contexto, y después de poner en marcha esas medidas durante tres años correspondía cambiar de
prioridades, fijar unas distintas. Sin duda, hay un rendimiento decreciente en estas actuaciones y por tanto era el momento de redefinir prioridades, de aprender de lo hecho, de la experiencia, de los errores y de replantear el plan. En esta
línea, hemos elaborado un segundo Plan de prevención del fraude, que actualiza y trata de mejorar el anterior al menos en dos aspectos que quiero destacar: uno, la ayuda al contribuyente. No hay mejor prevención del fraude que facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes. En este país -que somos señeros en facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, esto es efectivamente así y es manifiesto-


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es importante que mantengamos ese adelanto y ese dinamismo que ha tenido nuestra Administración Tributaria a la hora de ir por delante en desarrollar, por ejemplo, todo lo que ustedes conocen en lo relativo a las declaraciones del impuesto
sobre la renta de la personas físicas, que tanto éxito han tenido. Es preciso que sigamos avanzando en este aspecto ante el contribuyente.



El primer aspecto de este nuevo Plan de prevención de fraude es ayudar al cumplimiento voluntario y hacer más fácil y menos costoso a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. El segundo aspecto que destaca en este plan es
el relativo a intensificar el control de aquellos sectores donde más fraude hay y en los que existe un potencial más claro de mejora, no solo en lo que se refiere a la recaudación sino también en el sentido de que la economía española en su conjunto
funcione mejor. Les doy un ejemplo en vez de elaborar consideraciones más teóricas. Todas esas importaciones, presumiblemente ilegales o alegales que no pagan sus impuestos, no solamente están defraudando a Hacienda, no solo son impuestos que se
dejan de pagar y que no se recaudan, sino que también ponen en dificultades a las empresas que cumplen con sus obligaciones y ponen en dificultades a todos esos comerciantes que cumplen con sus obligaciones. Hay bolsas claramente identificadas de
actividad empresarial ilegítima en ese sentido, y lo que queremos hacer es priorizar la investigación en esos sectores. Esto es lo que estamos poniendo en marcha actualmente con ese segundo Plan de prevención del fraude, que está ahora sometido a
información pública y que una vez recibidos e incorporados los comentarios de todos los agentes sociales queremos poner en marcha a partir del año que viene.



Paso a referirme a la evolución de los ingresos y de los gastos del Estado en el periodo que va de enero a octubre de este ejercicio de 2008. Como les señalaba en la introducción se ha hecho llegar a esta Comisión el documento Principales
mecanismos de la actividad económica y financiera del Estado, que cubre hasta septiembre de 2008, pero voy a intentar ir un poco más lejos e incluir los datos de octubre que, siendo más recientes, son también más relevantes. En primer lugar,
refiriéndome a los ingresos no financieros del Estado hasta el mes de octubre quiero señalar que ascienden a 162.954 millones de euros, con una reducción con respecto a lo que teníamos hace justamente un año de un 11,6 por ciento. Sin duda este
dato, esta muy apreciable disminución de los ingresos, refleja la situación económica, refleja una mala evolución de la situación económica, pero también -no me importa insistir en ello- esta disminución de la recaudación refleja las políticas
activas que ha adoptado el Gobierno y que les acabo de describir en gran medida en la primera parte de mi intervención. Recaudamos menos porque la economía evoluciona peor, pero también recaudamos menos porque hemos reducido impuestos y porque
hemos aplazado el cobro de determinados impuestos. Esa inyección de liquidez, esa parte de la mala evolución en la recaudación que se debe a decisiones de política económica y a decisiones de política fiscal, supone al final del mes de octubre
16.500 millones de euros o, si lo quieren ver en términos porcentuales, un 1,5 por ciento del PIB. Como consecuencia de esta menor recaudación tenemos un déficit en contabilidad nacional en estos diez meses que llevamos de año que asciende a 8.585
millones de euros, lo que representa el 0,78 por ciento del PIB. La recaudación impositiva se ha situado en este periodo de octubre de 2008 en 151.907 millones de euros, un 12,7 por ciento menos que en idénticas fechas del año 2007. Esta evolución
se reparte entre todos los impuestos de una manera heterogénea. La intensidad de la disminución es distinta en los distintos impuestos. Los impuestos indirectos, por una parte acordes con la desaceleración del consumo y también con la crisis del
sector inmobiliario, disminuyen en conjunto un 10,3 por ciento. Por su parte la recaudación por impuestos directos se reduce hasta octubre en un 14,2 por ciento, destacando la caída de los ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades, que
combina una serie de cambios normativos, en particular una reducción de la cuantía del impuesto, con un estancamiento o una disminución de los beneficios empresariales. Se estima en 14.900 millones de euros el impacto que han tenido los cambios
normativos, todas esas decisiones de política económica que están reduciendo la factura fiscal y, por tanto, inyectando liquidez a la economía. A estos cambios normativos habría que añadir un adelanto en el ritmo de devoluciones. La Agencia
Tributaria está devolviendo a los contribuyentes más deprisa de lo que lo haría en una campaña tipo y lo hace por un importe de 1.600 millones de euros. De manera que a los 14.900 millones de euros de reducción de la factura fiscal habría que
añadir estos 1.600 millones de euros de adelanto de la devolución de impuestos. Sumando ambos efectos la inyección de liquidez, como les señalaba, supone esos 16.500 millones de euros a los que me he referido antes. Si hiciéramos el ejercicio de
analizarlos, de descontar esta pérdida de recaudación causada por decisiones de política fiscal, los ingresos tributarios hasta octubre habrían mostrado un comportamiento distinto, habrían caído también, pero solo un 4 por ciento.



No voy a extenderme en el detalle, impuesto por impuesto, a no ser que ustedes así lo quieran en posteriores intervenciones, y paso a referirme muy rápidamente a la evolución de los gastos. Sobre los gastos, el principal mensaje que quiero
trasladarles es que se comportan de acuerdo con lo presupuestado. Aquí no hay sorpresas ni variaciones significativas en ninguna dirección. Los pagos no financieros del Estado se han elevado a 119.458 millones de euros, un 5,5 por ciento más que
el año anterior y, en general, casi todos o todos los capítulos tienen un nivel de ejecución ligeramente superior al de años anteriores. Quizá lo más destacable, si tuviera que destacar algo en este capítulo, es el aumento del 9,6 por ciento en los
pagos por intereses y del 9,7 por ciento en las inversiones reales, lo que a su vez refleja un aumento del 12,5 por ciento en la inversión civil. Concluyo refiriéndome a


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cómo esta ejecución presupuestaria y las medidas de política fiscal dan respuesta, en nuestra opinión, a las necesidades específicas que tiene la economía española en este momento. Hay varias razones por las que afirmo que esto es así, que
la política fiscal que tenemos es la que necesita la economía española en este momento. En primer lugar, y es muy importante, estamos permitiendo la libre actuación de los estabilizadores automáticos. Estamos dejando que la política fiscal cumpla
esa función que tiene de suavizar el impacto de la crisis. De igual manera que en la legislatura pasada en el momento alto del ciclo intentamos aplicar medidas que no fueran proficuas, intentamos ahorrar, por esa misma razón ahora hay que dejar que
esos estabilizadores automáticos funcionen. En segundo lugar, esta política económica responde a la situación económica, porque estamos realizando actuaciones discrecionales donde más necesario es realizarlas, en aquellos sectores donde es más
necesario dar un impulso adicional a la actividad económica. Esto es posible gracias al elevado saneamiento de las finanzas públicas que nos da ese margen que nos permite actuar en ese momento. Esos 12 puntos de deuda pública que redujimos durante
la anterior legislatura son los que nos permiten ahora tener esa política fiscal activa y proactiva y que supone esa inyección de liquidez de 16.500 millones que les he explicado a lo largo de mi intervención. Me gustaría que pusieran en la
perspectiva europea, comparándonos con lo que hacen los países de nuestro entorno, la dimensión de esta política fiscal. Este esfuerzo que estamos haciendo es sin duda superior al que están haciendo muchos de nuestros socios. Por ejemplo, en
Alemania, país bastante más grande que el nuestro, se ha anunciado para los años 2009 y 2010 un estímulo fiscal de 32.000 millones de euros, es decir 16.000 millones por año, que viene a coincidir más o menos con lo que nosotros hemos hecho, pero,
insisto, estamos hablando de un país mucho mayor que el nuestro.



Concluyo, señorías, haciendo referencia a las medidas más recientes de inversión pública contenidas en el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo, presentado en este Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno
el pasado 27 de noviembre. Se aprobó allí la creación de un Fondo estatal de inversión local y un Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo que en conjunto van a suponer inversiones por valor de 11.000 millones de
euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008. El primer fondo, el de inversión local, ascenderá a 8.000 millones de euros, y el segundo, el de inversión estatal, ascenderá a los 3.000 millones de euros restantes. Como
complemento a esta medida hemos decidido autorizar a las entidades locales a que con carácter extraordinario en este año 2008 y en el próximo año 2009 incluyan un déficit equivalente al 0,2 por ciento del PIB nacional, que les permitirá acomodar la
evolución de las finanzas locales y, por tanto, actuará de manera contracíclica en este contexto actual.



Quiero recalcar que todas estas medidas que suponen gasto las estamos instrumentando sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo esto lo estamos haciendo sin perder de vista que no podemos embarcarnos en más gastos
de los que sean sostenibles, pero lo cierto es que la medidas que llevamos adoptadas caben perfectamente en ese marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, por tanto tenemos una acción de Gobierno que como les señalaba es proactiva y va por
delante de muchos de los problemas, pero también es responsable, sostenible, piensa en el futuro y no nos embarca en acciones que no sean sostenibles a medio plazo. En definitiva, la respuesta de los poderes públicos que necesita la economía
española en este momento es la que estamos instrumentando.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios, empezando por la del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz, el señor Nadal.



El señor NADAL BELDA: Señor secretario de Estado, nos ha dado una explicación prolija de las actuaciones del Gobierno en este último año en materia tributaria, pero en la crisis actual, si hay un mal dato -que hay muchos- especialmente
relevante es el que más le afecta a usted, que es el de la recaudación tributaria, que va casi peor que el empleo, que ya es decir tal como va la economía en nuestro país. Si nos vamos a los datos de octubre que publica la Agencia Tributaria, a los
que usted ha hecho referencia de manera ligera, el IRPF desciende en recaudación un 1,5 -estamos hablando en términos nominales-, el impuesto sobre sociedades nada menos que un 34,6 por ciento, el IVA un 14 por ciento -aquí no ha habido modificación
normativa alguna- y los impuestos especiales un menos 0,2 por ciento, teniendo en cuenta que gracias a la subida de la tarifa eléctrica se ha recaudado por impuesto sobre la electricidad un 11,3 por ciento más, porque los demás han tenido tendencias
mucho más negativas. En total ha habido una caída de un 12,7 por ciento de los ingresos totales del conjunto de administraciones públicas, de lo que es recaudación de los impuestos de ámbito territorial más las tasas del Estado. Usted me dice que
si no tuviésemos en cuenta los cambios normativos sería un 4 por ciento, cifra no menor cuando menos, porque un 4 por ciento significaría al menos un 7 o un 8 por ciento en términos reales, pero esos ejercicios son siempre muy complejos, señor
secretario de Estado, porque se hacen a base fija, entiendo yo, es decir cuánto habríamos recaudado si no hubiésemos hecho este cambio normativo. Pero, ¿cuántas personas se han dado de baja en el censo de contribuyentes en el impuesto sobre
sociedades este año? Es decir, ¿cuántas empresas han cerrado? ¿Cuántas personas se han dado de baja en el censo de contribuyentes del IRPF, trabajadores que han dejado de serlo no porque se hayan jubilado, sino porque han perdido el empleo? Esto
también cuenta ante la pérdida de recaudación. Es una cifra que nunca se anuncia, pero en


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los momentos actuales sería muy interesante conocer cuántas empresas dejan de pagar ese impuesto y cuántas personas dejan de pagar por retenciones del trabajo. Si alguien debe estar preocupado por esta crisis es precisamente usted, porque
la caída de recaudación no tiene precedentes en nuestro país y estamos teniendo un cambio en el saldo del déficit público que creo que ninguno de los presentes en esta sala recuerda en ningún otro momento de la historia española. Esto está
afectando no solo a la financiación del Estado sino también en gran medida a la financiación de las corporaciones locales, como usted bien sabe, y de comunidades autónomas, que al fin y al cabo son los niveles administrativos en los que se gestionan
los principales servicios públicos del Estado de bienestar. Por un lado, tenemos un elemento de disconformidad o por lo menos de disgusto grave por las corporaciones locales en cuanto a su estado de financiación actual y, por otro lado, el Gobierno
nos está anunciando -por lo menos están saliendo noticias continuas sobre el tema- que va a haber una nueva propuesta de financiación local, en la cual el secretario de Estado debería haber ahondado, puesto que un descenso de los ingresos como el
que está habiendo en nuestro país tiene que tener sin duda algún efecto sobre el diseño de esa política de financiación autonómica que el Gobierno propone o quiere proponer. No estaría mal tener algún avance sobre la cuestión.



Dicho esto, la caída de los ingresos por los impuestos está teniendo un impacto muy notable en el déficit público -un impacto del que no tenemos constancia que haya ocurrido en momentos anteriores- y un incremento en la emisión de deuda. Si
nos vamos a las previsiones de déficit del propio Gobierno hasta septiembre -usted nos ha dado los datos de octubre, pero de los que disponíamos era de los de septiembre-, hay un déficit del 1,24 por ciento en contabilidad nacional respecto a un
1,17 superavitario el año pasado, es decir hay una caída de 2,5 puntos en los nueve primeros meses del año que además ha ido en aceleración. No sabemos cuál es la previsión final del Gobierno, porque ahora estamos en cambios de previsiones. El
señor Solbes acaba de decir hoy mismo que las previsiones han quedado obsoletas. Supongo que hablaba del cuadro macroeconómico, y le pregunto a usted, como secretario de Estado de Hacienda, cómo de obsoletas están las previsiones de déficit público
que estaban en el libro amarillo, el libro de presentación de los Presupuestos Generales del Estado, porque supongo que también se han quedado bastante obsoletas.
Algo más nos aclaró respecto al año que viene el presidente del Gobierno, que nos dio
esta banda fantástica entre el 3,5 y el 4,2. A lo mejor el secretario de Estado de Hacienda puede afinar un poquito más respecto a una previsión que parece que es variable con el tiempo, a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado para
2009 todavía están abiertos y algo más se podría hacer para ajustarlos a una realidad que, como ustedes están mostrando, es cambiante con el tiempo. En todo caso, supongo que la modificación de la previsión presupuestaria se basa en una desviación
enorme en la previsión de ingresos. De entrada, la caída está en 17.000 millones de euros en el caso de los ingresos, pero los gastos no han variado gran cosa. Eso sí que lo ha reconocido usted. Están creciendo a un 8,3 por ciento, lo cual es una
diferencia sustancial. Yo estoy enormemente sorprendido de una gestión presupuestaria en la que los ingresos caen del orden de un 12 ó 13 por ciento y los gastos se siguen manteniendo en un 8 por ciento. No sé si hay presupuesto del Estado o de
cualquier organismo que resista que lo hagan de esta manera: cuando los ingresos caen de esta forma, yo no modifico mi actitud de gasto y, si estoy en plena tramitación presupuestaria para el año que viene, aquí no pasa nada. Al final todo esto
produce un déficit de caja enorme, 13.000 millones de euros por lo menos hasta septiembre, y una necesidad de endeudamiento de 18.000, es decir 6.000 millones más, tanto para activos como para aumentar la cuenta del Tesoro en el Banco de España.
Supongo que al Tesoro le cuesta cada vez más fiarse de las previsiones de Hacienda y necesita emitir por si los ingresos van a ir menos bien o peor de lo que inicialmente se tenía previsto. Por esta razón, es mejor emitir deuda, porque al fin y al
cabo los gastos, ya que van como van y no hay quien los reduzca, es mejor ir pagándolos.



Hablando de deuda pública, pasamos al problema de la sostenibilidad. En el año 2008, según las previsiones que ustedes tienen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, por primera vez desde el año 1996, aumenta la deuda pública
en términos del PIB, pasando del 36,2 al 36,8 por ciento. Supongo que esta previsión tendrá que cambiar sustancialmente porque hay cuestiones que no se han incorporado, de la misma manera que no se han incorporado para el presupuesto 2009; me
refiero a la previsión. El Fondo de adquisición de activos financieros no está en esa previsión de deuda pública; los incrementos potenciales de déficit público por menor recaudación o incremento del gasto por desempleo, por poner ejemplos, no
están incorporados en esa previsión de deuda pública; no están incorporadas tampoco estas últimas medidas de los 11.000 millones de euros, 8.000 del fondo local y los otros 3.000, como tampoco lo están los incrementos de las líneas de endeudamiento
del Estado para financiar al ICO o del propio ICO, que por lo menos se tendrían que incrementar en unos 10.000 millones, según nos anuncia el presidente del Gobierno. Esto es interesante, porque la suma de todo esto da varias decenas de miles de
millones de euros de incremento de deuda pública sobre el PIB, no solo esos 2 puntos y 6 décimas para este año. Estamos entrando en una vertiente de crecimiento de la deuda pública que es difícilmente compatible con un escenario de sostenibilidad
o, por lo menos, cualquiera que lo mire, vería cómo se dispara de tal manera que no encaja con un escenario de recuperación de una senda normal de restructuración de la deuda pública en el futuro. En el fondo de toda esta cuestión está lo que usted
nos comentaba al principio de su intervención, que es el tipo de política económica que estamos haciendo, que en todo caso habría que englobar en las circunstancias especiales de nuestro país, porque no conozco ningún país


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grande de los países desarrollados que tenga un 10 por ciento de déficit exterior, una deuda externa enorme que se va acumulando y a pesar de la crisis económica la corrección es pequeña: hemos pasado de un 11 por ciento a principio de año
a un 9 por ciento aproximadamente en estos momentos. El problema de la economía española es endeudamiento y déficit exterior y de qué manera lo corregimos, porque sin un proceso de desapalancamiento de la economía española, de reducir ese
endeudamiento, va a ser muy difícil que salgamos de la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Usted dice que hay margen de la deuda pública. La deuda pública es solo una parte del conjunto del endeudamiento del país y además es una deuda
pública que cada vez más está avalando, financiando o sosteniendo deuda privada, por lo cual las fronteras entre deuda pública y deuda privada son cada vez más difusas, sobre todo con las actuaciones que estamos viendo últimamente. Es el problema
de la economía española de endeudamiento general y de déficit exterior el realmente importante. La cuestión es cómo ayudamos para que este problema se solucione lo antes posible antes de poder tener un crecimiento sólido y sostenido, porque yo veo
difícil que cualquier familia o empresa con exceso de endeudamiento acometa inversiones u otro tipo de actuaciones.



Ustedes han hablado de los distintos planes o actuaciones que han tenido este año más los del año que viene. Quiero hacer una crítica a la cuestión tanto de forma como de fondo. Sobre la de forma tengo que ser un poco duro, señor
secretario de Estado, porque el ejercicio que estamos viendo es inaudito. Que se estén aprobando medidas que van a tener efecto en 2009, como la de los 11.000 millones de euros, y que esas medidas se hagan con cargo al presupuesto de 2008 no se
entiende. Lo podríamos calificar incluso de burla del Parlamento o de la institución presupuestaria, porque es difícil entender que gastos que van a ser efectivos en el ejercicio que viene se incluyan en el ejercicio actual.
¿Dónde están esas
ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de malabarismo presupuestario? ¿Por qué no se aplican al ejercicio en el que es adecuado? ¿O es que no quieren ustedes abrir un presupuesto en plena tramitación parlamentaria, que lo está y
podrían incluirse ahí, porque tienen determinados pactos que no quieren tocar, porque hay equilibrios que son demasiado finos para irlos tocando? Es difícil entender cómo algo que se aplica en el presupuesto 2008 para luego colocarlo como remanente
en 2009 no se está introduciendo directamente en el presupuesto de 2009, que todavía está en el Senado.



Sobre el tema de fondo, la cuestión es qué política económica es la que le conviene a este país. Ustedes podrían decir -como parece que están diciendo- que la economía se comporta de una manera tendencial por inercia, que estamos ante
determinados shocks; que esas tendencias o esa inercia durante este año y el que viene, por una serie de shocks que ustedes dicen que son de características internacionales, hacen que esté bajando el nivel de crecimiento o de actividad y la
recaudación y que hay que dejar funcionar los estabilizadores automáticos e incluso se puede ser -como usted ha dicho- agresivo en la política fiscal. Si esto fuese así, evidentemente ustedes no habrían hecho un presupuesto que presume de
austeridad para 2009, habrían pensado que es necesario mantener el gasto e incluso incrementarlo, porque todo el ejercicio presupuestario, por lo menos de lo que ustedes presumen en su exposición sobre los presupuestos del año que viene, se basa
precisamente en que son unos presupuestos austeros, aunque ya saben las críticas que han recibido por parte de nuestro grupo sobre esta cuestión. Si esto fuese así, evidentemente no estaríamos ayudando de ninguna manera a corregir el déficit
exterior ni el exceso de apalancamiento de endeudamiento de la economía española, y habría cosas extrañas en el comportamiento presupuestario de estos últimos meses -como una reducción, según dice Seopan, de un 33 por ciento en la licitación
pública- que no tendrían sentido si lo que estamos haciendo son políticas fiscales agresivas y no solo dejar que los estabilizadores automáticos funcionen sino que además es necesario incrementar sustancialmente el gasto fiscal de nuestro país. Hay
otra opción, evidentemente, en política económica: asumir la realidad de un país endeudado, de un país que necesita hacer un ajuste y una transición desde un exceso de endeudamiento hacia un ajuste de su deuda. Por cierto, esto los ciudadanos lo
saben muy bien y cuando se les ha dado 400 euros en una deducción directa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas no lo han dedicado al consumo, lo han dedicado a reducir sus deudas, y en otros países que han hecho operaciones
similares, como en Estados Unidos, ha ocurrido exactamente igual, porque los ciudadanos son racionales y saben que su problema es el endeudamiento y lo que les ayuda realmente a solucionar sus problemas económicos es aquello que les ayude a reducir
su endeudamiento. Ha hablado usted de rebajas de impuestos, y en ese caso a eso lo dedicaron, no necesariamente a expandir la demanda.



Usted ha calificado el paquete fiscal que está negociando el Gobierno y que está ahora mismo en el Senado como el más importante en años. Yo no me atrevería a decir tanto, pero la medida fiscal que me parece más relevante y que sin duda
ayuda a un incremento y sostenimiento de la demanda de inversión y a la recapitalización de nuestro sistema económico es la libertad de amortización, que, mire por dónde, era una enmienda de nuestro grupo y otra del grupo que tengo a mi derecha,
Convergència i Unió, y al final ustedes han transaccionado con ellas. Cuando usted utiliza como paraguas las recomendaciones del G-20 y de la Comisión Europea se olvida de un tema muy importante: tanto el acuerdo de los primeros meses en
Washington como el papel de recomendaciones de la Comisión Europea dicen que los países tendrán que actuar en función de sus problemas exteriores. En el caso del G-20 se habla de la necesidad de equilibrar los desequilibrios globales, y en el caso
del papel de la Unión Europea se nos dice claramente que los países con alto déficit exterior tienen menos margen de maniobra. Un país con el déficit y la deuda que tiene España respecto al exterior poco margen de maniobra tiene para grandes
alegrías, lo que usted mismo en el fondo ha terminado


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reconociendo en su exposición al decirnos que el margen de la economía española era relativamente limitado para seguir avanzando más allá. Es necesario hacer una política más coherente, que realmente apueste por una cosa o por la otra.
Está claro que nosotros apostamos por una política de contención del gasto y reducción de impuestos en aquellos elementos en que realmente se pueda actuar sobre la eficiencia y el impulso del sistema económico, no un mero trasvase de rentas sino un
elemento de ganar eficiencia. Hemos dicho muchas veces que lo primero que habría que hacer es actuar sobre la pequeña y mediana empresa con una rebaja sustancial de tipos impositivos. Evidentemente, esta no es su postura; a ustedes parece que les
gusta ir corriendo del frío al calor y del calor al frío, y, sin ideas claras y con falta de decisión, mientras tanto la crisis sigue rampando y será muy difícil que con estas actuaciones y con estas políticas nuestro país pueda salir adelante en el
breve plazo de tiempo que todos deseamos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Sánchez i Llibre, de Convergència i Unió.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar quiero agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda ante esta Comisión de Economía.



Globalmente, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es coincidente con la posición que ya planteó nuestro portavoz en la Comisión de Presupuestos, el señor Macias, en la que hace aproximadamente quince días el
secretario de Estado de Hacienda repitió esta misma comparecencia. Por tanto, me remito a los planteamientos y al posicionamiento de nuestro portavoz en la Comisión de Presupuestos, en la que hizo referencia a la preocupación por la evolución de
las grandes magnitudes presupuestarias que se están produciendo a lo largo del año 2008 y también a las inquietudes que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) planteaba por la evolución de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009. En este caso, hago mía la posición que nosotros planteamos en la comparecencia del señor presidente del Gobierno, en la que expusimos que para salir de esta delicada situación económica entendíamos que era básico que el Gobierno planteara
un pacto estratégico de legislatura para poder resolver una serie de problemas puntuales que tiene nuestra economía, que afectan a la liquidez de nuestro sistema financiero, que es extrapolable también a la liquidez que padecen el sistema productivo
español y nuestras familias, así como medidas importantes que vayan en la dirección de resolver la morosidad que día tras día va afectando a nuestra economía. Finalmente, uno podría llegar a la conclusión de que sin liquidez y con un incremento de
la morosidad se va a producir un hundimiento de nuestra economía, y a partir de aquí hay que plantear soluciones efectivas y concretas para poder resolver esta situación, con una política económica orientada básicamente a la creación y la generación
de empleo para que se pueda generar confianza, resolver la situación estructural de nuestro déficit exterior y también plantear cuestiones orientadas a reformas estructurales importantes que necesita nuestra economía. Por tanto, globalmente
planteábamos como una solución efectiva un pacto estratégico de legislatura para resolver esta situación en los próximos tres años.



Como no vamos a entrar en este aspecto porque ya ha sido tratado en las anteriores comparecencias del secretario de Estado de Hacienda y del presidente del Gobierno, nos gustaría entrar en dos cuestiones puntuales que preocupan a
Convergència i Unió. En primer lugar, hay que mencionar una cuestión que consideramos altamente positiva, como es el acuerdo alcanzado con una enmienda de Convergencia i Unió en la tramitación de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, al
coincidir plenamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, con una enmienda suya que iba en la dirección de aprobar para los años 2009 y 2010 la libertad de amortización para adquisiciones o compras de activos nuevos de
operaciones comerciales que pudieran producirse en el tejido productivo e industrial español a lo largo de los dos próximos años.
Entendemos que esta es una medida de un calado económico muy importante y que probablemente tendría mucha más
efectividad a corto plazo si pudiera implementarse en determinados momentos con una bajada sustancial del impuesto de sociedades. Nosotros planteábamos las dos medidas, pero al final entendimos que una opción como la de libertad de amortizaciones
para los dos próximos años en unos momentos en que la inversión goza de poca fiabilidad en el tejido productivo español era un paso adelante significativo que esperemos pueda dar los resultados que perseguíamos con esta enmienda.



También queremos preguntar al señor secretario de Estado de Hacienda si son ciertos los rumores de que el Gobierno está estudiando la aprobación de un paquete de medidas de inversión similar al que vamos a convalidar este próximo jueves para
que las corporaciones locales españolas puedan tener a su abasto una cantidad de 8.000 millones de euros, un paquete para que se pueda aplicar entre las diferentes comunidades autónomas.
Esta es una información que, por lo que aprecio en la
expresión del señor secretario de Estado de Hacienda, probablemente no sea cierta, pero aprovechando su presencia en esta Comisión pregunto si el Gobierno está estudiando un paquete de medidas de inversión similares a las adoptadas para las
corporaciones locales para que también puedan ser ejecutadas por las comunidades autónomas.



La segunda cuestión que queríamos plantear, y que ya es una pregunta típica de este portavoz al secretario de Estado de Hacienda, está orientada a saber directamente del secretario de Estado de Hacienda cómo va el pacto de la financiación
autonómica que tenía que haber cumplido el Gobierno el pasado 9 de agosto. Posteriormente, en una negociación bilateral entre la vicepresidenta primera del Gobierno e Iniciativa per Catalunya, se postergó hasta el mes de noviembre. Ha pasado el
mes de noviembre, y nos


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gustaría saber si este pacto sobre la financiación de las comunidades autónomas, no solamente de la Generalitat de Catalunya sino también del resto de comunidades autónomas, finalmente va a ser acordado en los próximos días o semanas, si va
a ser posible tener un acuerdo sobre la financiación autonómica en lo que queda del año 2008 o si, consecuentemente con la actitud del Gobierno en estos últimos meses, este va a continuar incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de financiación
entre el Estado y en este caso el Gobierno de Cataluña que quedó perfectamente plasmado en el Estatuto de Autonomía que se aprobó mayoritariamente en la Cámara en el año 2006. Quisiéramos saberlo con la mayor exactitud posible, señor secretario de
Estado, ya que en Convergència i Unió entendemos que están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de financiación previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo hacemos extensivo al resto de comunidades autónomas. Ustedes, lo digo
abiertamente, están maltratando profundamente a Cataluña y a todos los catalanes con el incumplimiento sistemático de la no plasmación del acuerdo de financiación autonómica, y nuestra paciencia tiene un límite.
Están ustedes perjudicando
notablemente el sistema de financiación de las comunidades autónomas. No pueden olvidar que las comunidades autónomas son Estado y que tienen competencias exclusivas en servicios sociales, en educación y en sanidad, y lo que nosotros pretendemos es
que el Estado cumpla con su obligación y respete la ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia y sus explicaciones. Lo que es evidente, señor secretario de Estado, es que el impacto de la situación económica en las cuentas públicas
está siendo tremendo. Se podrá decir que parte se debe a la situación económica y otra parte a las medidas que se han ido adoptando, pero también habría que entender que la situación económica sería peor en el caso de que esas medidas no se
hubieran adoptado.
Teniendo en cuenta que este año la recaudación va mal y que previsiblemente el año que viene irá peor, me gustaría que el secretario de Estado nos dijera qué previsiones tienen en este sentido, que se aventurara a hacer unas
previsiones en relación con la posible evolución de los ingresos y los gastos públicos al cierre de este ejercicio y para el año 2009. Nos ha descrito las medidas fiscales, tributarias básicamente, que se han ido adoptando a lo largo de los últimos
meses, o diría yo desde el inicio de esta legislatura, medidas dispersas y de toda índole que ha englobado en lo que ahora se llama plan de estimulación de la economía y el empleo. Se dice que este plan se elabora siguiendo las recomendaciones de
la cumbre de Washington y del acuerdo de la Comisión Europea de 27 de noviembre. Pero esto es un poco trampa, es hacer de la necesidad virtud. Han metido todas las medidas en un saco y a esto le llaman un plan. Yo creo que los planes se hacían de
otra manera; se hacían con un diagnóstico, y sobre la base de ese diagnóstico se adoptaban una serie de medidas. Este es un documento que engloba todas las medidas, pero llamarle plan es hacerle un flaco favor. Además, incluye medidas que no
estaban orientadas necesariamente a solucionar el problema económico. Hay medidas, como la de los famosos 400 euros, que se adoptaron en un momento determinado en el que ni siquiera el diagnóstico sobre la situación económica era el que es
actualmente. No se suponía que la situación económica iba a ser tan negativa. Además, en este plan se incluyen tanto medidas de estas características como avales, gastos, etcétera, es decir, se meten en un mismo saco peras y manzanas. Si se llama
plan se llama plan, y hay que ser conscientes de que en lugar de un plan son medidas que se han ido adoptando a lo largo del tiempo, algunas con el objeto claro de paliar la mala situación económica y otras ni siquiera con esa intención, por
ejemplo, en el caso de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, que es algo que también ha salido aquí esta mañana. La supresión del impuesto sobre el patrimonio no creo que sirva para reactivar la economía, o al menos no es la mejor medida
que se puede adoptar en este momento para relanzar la actividad económica.



Usted nos ha ofrecido datos sobre los ingresos y los gastos. Le he dicho antes y le repito que sería interesante que tuviéramos -ustedes seguro que las tienen- las previsiones de cierre en relación con los ingresos y los gastos; cuál es el
déficit que prevén para este año 2008 y cuál es el déficit para el año 2009; cuáles son las diferencias en cuanto a la previsión de cierre que ustedes hacen ahora y la que hicieron a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009; qué desfases hay, cómo se piensan cubrir, qué implicaciones van a suponer en materia de déficit público, etcétera. Creo que habría que hacer un poco más de esfuerzo en esas cuantificaciones para tener todos una referencia de dónde
estamos y de qué estamos hablando.



Por último, le planteo una cuestión puntual, prácticamente al margen de lo que usted nos ha dicho. Nuestro grupo parlamentario solicitó hace ya más de dos meses una información sobre ejecución presupuestaria -lo venimos haciendo
trimestralmente- y no hemos recibido información. Le vuelvo a pedir esos datos para que usted me los envíe. Se trata de aquellas partidas que acordamos para el presupuesto del año 2008. En caso de que tengan alguna duda, puedo hacer otra vez la
petición y en caso de que necesiten cualquier aclaración, me la pueden pedir. Creo que es importante hacer un seguimiento de las partidas sobre las que solicitábamos información.



El señor PRESIDENTE: La señora Colldeforns, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor secretario de Estado, por venir a la Comisión de Presupuestos y luego a la Comisión de Economía; gracias por


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la revisión tan rápida pero tan completa que nos ha hecho, por el diagnóstico, porque siempre se ha dicho que el Gobierno no tiene diagnóstico, pero usted ha empezado haciendo un diagnóstico rápido, conciso, fruto de otros muchos que se han
hecho en la Cámara. Gracias también por explicar no solo lo que han hecho ya sino también lo que van a hacer, porque saber que el Gobierno sigue pensando en uno de los grandes problemas -en todos, en general- que heredamos hace ya muchos años de
una mala política del Partido Popular en materia del mercado de la vivienda nos da una cierta tranquilidad y confianza en que el Gobierno sigue trabajando. También le doy las gracias por apuntar un tema del que a menudo no se habla, que es el
fraude fiscal. En nuestra opinión, no es solamente una cuestión del dinero que se recauda y sirve para hacer una serie de cosas, y no es solo tampoco, aunque no es un tema menor, cuestión de la confianza que da a los que sí pagan, tanto sean
personas como empresas, porque el tema de la competencia desleal y del sentimiento de falta de protección que esto puede generar también puede desanimar, sino por entrar en un debate, en el que no voy a entrar hoy aquí porque no es el momento, que
creo que esta sociedad tiene pendiente, que es cuál queremos que sea nuestro modelo fiscal. Todos pedimos un gran Estado del bienestar, pero este tiene la faceta de un sistema fiscal que, además de justo y transparente, tiene que cumplir un montón
-por decirlo así- de cualidades, de las cuales no son menores, por ejemplo, la facilidad administrativa o las cargas administrativas que genera, que yo creo que está por hacer. Le aviso de que cuando las aguas estén más tranquilas sería deseo de
este grupo parlamentario iniciar un debate en este sentido.



Algunos de los portavoces que me han precedido han hablado de dos temas que son fundamentales y a los cuales usted ha dado cumplida respuesta.
Uno es explicar el porqué de la situación fiscal en la que estamos, es decir, por qué en el
conjunto de ingresos y gastos en este momento tenemos un déficit, cuando, como ha dicho el señor Nadal, hace uno o dos años teníamos un superávit. Pero esto pone de manifiesto otro asunto que me interesa poner de relieve, que es la distinta
concepción que tenemos los socialistas sobre qué política fiscal necesita España en este momento. Yo diría, para simplificar y no entrar demasiado en detalle, que tanto Convergència i Unió -cuyo portavoz no está en este momento- como el Partido
Popular, unos de una manera más abierta y otros de una manera más sutil, proponen lo mismo: Rebaje usted impuestos. Cómo, a quién, en qué circunstancias, por qué y durante cuánto tiempo, todo esto no importa; rebaje impuestos, sobre todo a las
empresas, y veremos qué ocurre. Bien, en la actualidad algunos países se lo plantean, España se lo planteó hace tiempo -porque en la anterior legislatura ya bajó impuestos y en la presente lo está haciendo-, pero todos sabemos que esto tiene un
límite; ustedes lo saben. Ahora no se trata ya de seguir aplicando esta parte de la política fiscal, que tiene un límite en su utilización como instrumento, sino que de lo que se trata es de impulsar la demanda, y la demanda no se impulsa, como
sabe usted, con más rebajas -que en el futuro serán más rebajas en el impuesto sobre sociedades-, sino con medidas concretas de impulso al gasto.



Para dejar el tema de los ingresos, sobre el ejemplo que usted ha puesto -y que primero ha comentado el secretario de Estado- en relación con el acuerdo sobre la libertad de amortización que pactamos en la Comisión de Economía -de la cual yo
era ponente-, creo recordar que lo que nosotros transaccionamos -lo que fue la aportación socialista, por decirlo así- fue algo muy importante, que es que esta libertad de amortización es temporal, es para dos años (El señor Nadal Belda: Como
siempre.) -lógico, no va a ser para siempre, pero no estaba así en su enmienda-, y que esta libertad de amortización va a estar condicionada al empleo. Por tanto, en este caso, a pesar de que fue a partir de una propuesta suya, el carácter que le
dimos -y que ustedes, finalmente, aceptaron- está claramente en línea con la política de este Gobierno, es decir, como ya dijo el vicepresidente segundo, son medidas temporales, discrecionales -ha dicho hoy el secretario de Estado, que es una
palabra importante porque significa que se va directo a un objetivo, no generalizado, no sin saber a quién y cómo afecta- y medidas que ayuden al empleo, que es en este momento la gran preocupación del Gobierno.



Hemos hablado poco del empleo, pero quisiera decir un par de cosas. Sin embargo, antes quisiera hacerles ver cómo, en la opinión del Grupo Socialista, tanto Convergència i Unió como el Partido Popular proponen menos ingresos, pero luego
¿qué pasa con los gastos? Ustedes dicen: Muy fácil, córtelos. ¿De verdad creen ustedes que en una situación como la actual, en la que hay un problema de falta de demanda, de consumo e inversión, la mejor política que puede hacer un gobierno
responsable es restringir aún más esta demanda? ¿De verdad? ¿Hay alguna experiencia política real que nos haga pensar que esta sería una buena política? Pues no, todas las experiencias de gobiernos que han seguido esta política han llevado al
fracaso más absoluto. Por eso, no voy a entrar en el tema porque lo veremos el jueves, pero desde luego el Grupo Socialista considera que el último impulso -de las más de ochenta medidas- de poner en circulación 11.000 millones de euros -empezando
ya en diciembre de 2008 a preparar los proyectos y, por tanto, la posibilidad de realizarlos y alargarlos durante 2009- es una política que está entre las más adecuadas.



Hay otros temas que quisiera agradecer al secretario de Estado que haya puesto de manifiesto, pero creo que en la respuesta que usted va a dar contestará un poco más a las preguntas y preocupaciones. Solamente quería señalar, señor
secretario, que le piden previsiones y que nosotros sabemos que las están haciendo cada día, pero estas previsiones no se tienen que utilizar para decir que las cosas van a ir a peor, que a lo mejor sí, sino para pensar en qué medida las cosas están
yendo mejor de lo que hubieran ido gracias a las actuaciones que ha hecho


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este Gobierno y gracias a las medidas que se han puesto en marcha. Esto es difícil de demostrar. Es verdad, el señor Nadal ha dicho una expresión en este sentido, y si va en la idea de que esto es difícil de demostrar, pues tiene toda la
razón; sin embargo, es una reflexión que nos podemos hacer. Por tanto, todos tenemos que saber que las previsiones que se hacen cada día -y que me da confianza que se hagan cada día- en cualquier caso pueden ser previsiones que vayan cambiando,
pero ello no significa que se haga mal. Esto es algo que le quería decir antes de que usted contestase a las preocupaciones de los otros portavoces y a las mías.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el compareciente para responder a esta primera ronda de intervenciones.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Voy a contestar en el orden contrario a sus intervenciones, si no les importa, para acomodarme a la agenda de algunos de ustedes.



Quiero agradecer a la señora Colldeforns sus comentarios. Señor Azpiazu, dice que no hay un plan. Ojalá que el desarrollo de la situación económica fuese más ordenado y más tranquilo, porque nadie estaría más contento que nosotros de poder
tener tiempo para reflexionar y anticiparnos. Sí, efectivamente estamos en una situación extraordinaria, en una situación que no habíamos anticipado -me refiero a la parte internacional porque la otra sí la habíamos anticipado no en la magnitud
pero sí en lo esencial de lo que iba a pasar-. Ojalá que las cosas hubieran sido de distinta manera, pero tal y como han venido la respuesta que estamos dando, y me temo que la que están dando en otros países tiene este elemento de responder en
plazos muy cortos a una situación extraordinaria. Dice usted que medidas como la eliminación del impuesto sobre el patrimonio no activan la economía. Yo creo que sí. Entienda que para un Gobierno como este, para el votante de izquierda o de
centro izquierda, eliminar el impuesto sobre el patrimonio no es algo que resulte particularmente atractivo, y si por alguna razón eliminamos este impuesto no es por ese tipo de razones de atraer a nuestros votantes, sino porque creemos que tiene
algún impacto económico. En todo caso, son 1.800 millones que no van a ser recaudados por Hacienda, ni por la del Estado ni por la de las comunidades forales. Es una cantidad, 1.800 millones, que va a estar ahí. Es probablemente una barrera,
quizá no la más importante, pero una barrera a la inversión, y quiero pensar que para algo servirá porque si no sirve para eso tendría que concluir que nos hemos equivocado y que no había que eliminarlo.



Respecto a las previsiones de cierre, si no le importa, acumulo la cuestión para más adelante; y sobre ejecución presupuestaria, como siempre estamos a su disposición para aclarar cualquier extremo; no me ha quedado claro qué partidas
concretas son las que quiere conocer, pero si nos da esa información le diremos dónde estamos. Hasta donde soy consciente, no hay ningún problema de ejecución, y particularmente en los temas que usted pueda considerar importantes y que yo anticipo
porque provienen de enmiendas que introdujeron en los presupuestos que estamos ejecutando actualmente.



Señor Sánchez i Llibre, efectivamente yo también tengo la sensación de que este debate ya lo hemos tenido varias veces y, desde luego, una muy recientemente. A sus observaciones, sabe que lo que les vengo respondiendo a usted y a sus
compañeros de grupo es que las posibilidades del Estado no son infinitas. Hay que poner un cierto orden cuando se habla al tiempo de gastar más, recaudar menos y no tener déficit; hay que priorizar. El problema que tengo ante esa batería larga de
medidas que ustedes proponen es dónde cortamos, qué priorizamos. Estamos haciendo un ejercicio de encaje. Sí que hemos reducido algunos impuestos, sí que hemos incrementado el gasto vía inversión, a través de entidades locales y también a través
del Estado, y nos parece que ese es el equilibro razonable, la respuesta sensata a la situación que tenemos. Ustedes siempre insisten en que quieren que vayamos más lejos, pero dígannos en qué, porque aquí hay una ecuación matemática y no sale: si
no recaudamos, si gastamos mucho y no podemos tener déficit, hay algo que no cuadra.



Me ha hecho dos preguntas muy concretas. Respecto a la primera, tengo que decirle que, cuando uno llega a estas responsabilidades, los expertos en comunicación rápidamente ya le avisan a uno de que tenga cuidado con las preguntas trampa.
La que usted me ha hecho claramente es una pregunta trampa, porque habla de algo de lo que nadie ha oído hablar en ningún contexto y a ver por dónde salgo. Me pregunta si estamos considerando un paquete de medidas de inversión para las comunidades
autónomas. No voy a decirle ni siquiera que no lo estemos considerando, sino que es la primera vez que oigo hablar de esto, luego no tiene estatus ni siquiera de rumor y no sé ni de dónde viene esa cuestión.



La otra pregunta que me ha hecho tiene que ver con el sistema de financiación autonómica. Usted sabe que nuestro compromiso es reformar el sistema de financiación autonómica ya, de manera inmediata, y hacerlo además de una manera
consensuada. Lo segundo hace que se requieran todavía una serie de días más para que sigamos trabajando. Insisto, estamos en ello y nuestro compromiso es intentar cerrar este tema cuanto antes; de hecho, estamos en una situación en la que es
factible que en un espacio de tiempo corto se cierre un acuerdo. Vuelvo a insistir en que estamos empeñados en que sea por consenso, que sea una solución consensuada, y estará de acuerdo en que es una buena idea, que cerremos consensuadamente la
reforma del sistema de financiación. Esto nos requiere seguir trabajando sin convocar reuniones y sin hacer manifestaciones que de alguna forma puedan luego condicionar; pero créame cuando le digo que estamos cerca del posible cierre de la
financiación.
Sé que no le he dado una fecha, pero es que no se


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la puedo dar; lo siento. (El señor Sánchez i Llibre: No pasa nada.)


Señor Nadal, gracias por sus comentarios. Su diagnóstico lo dejo para el final, pero sí le digo que hay muchos elementos en los que estamos de acuerdo y algunos en los que no. Voy a referirme primero a las cuestiones más concretas. La
primera es la previsión de déficit final. Sabe que el Gobierno, y esto no lo hemos inventado nosotros, no va revisando las previsiones cada pocos días o semanas, porque somos el Gobierno y no un grupo de analistas, y como nuestras previsiones
tienen valor normativo es razonable que se haga un número limitado de previsiones. Esto no es por ocultar o retrasar la llegada de malas noticias. Hemos dicho por adelantado que cuando hagamos la revisión, que se hará como todos los años a final
de año, es decir, ya mismo, porque estamos en diciembre, la revisión será a la baja, e incluso hemos ido más lejos y hemos aclarado que creemos que vamos a estar en el entorno del 3 por ciento de déficit.
Con esto no le estoy dando los decimales,
pero creo que sí sirve para centrar la cuestión. Pero permítame que mantengamos esa costumbre de no andar revisando las previsiones cada vez que sale una noticia buena o mala, porque eso no ayuda a nadie. Nosotros estamos trabajando en la
siguiente hipótesis. Como quiera que la información económica que venimos recibiendo nos hace pensar que las últimas previsiones macroeconómicas y también de déficit que hemos realizado están no solamente desactualizadas sino que la revisión va a
ser a la baja, en el momento en el que hagamos esa revisión, y ya con los presupuestos aprobados, lo que haremos también como todos los años es el plan de estabilidad y crecimiento y remitir a Bruselas la información correspondiente. En la medida
en la que estamos en torno a ese 3 por ciento que exigirá, por tanto, la elaboración de un plan de reequilibrio, será en ese momento cuando hagamos un plan de reequilibrio donde estén contenidas las últimas previsiones, y también una descripción de
cómo pensamos que la economía española puede recuperar la senda del equilibrio presupuestario y también la senda del crecimiento. Insisto en que esto es lo razonable, aunque cualitativamente sí que le he contestado que vamos a estar en torno a ese
3 por ciento.



Me habla usted de la financiación de comunidades autónomas y de entidades locales. En lo que se refiere a comunidades autónomas ya he dicho dónde estamos. Estamos haciendo un planteamiento que entendemos que es perfectamente aceptable por
todas las comunidades autónomas. Estamos trabajando para que haya un consenso y, por tanto, para que sea un modelo aceptado por la generalidad de las comunidades autónomas y que pueda funcionar y durar en el tiempo. No voy a concretar más porque
las líneas generales de la reforma ustedes ya las conocen, y los detalles son los que estamos trabajando ahora bilateralmente con todas las comunidades autónomas. En materia de entidades locales, estamos trabajando en paralelo. Nuestro compromiso
desde hace mucho tiempo ha sido trabajar en paralelo y plantear las dos reformas a la vez, pero en ese proceso ha habido una novedad que es la aprobación de ese fondo de inversión de 8.000 millones que, aunque no tiene nada que ver con la
financiación de las entidades locales, ciertamente alivia su situación financiera, porque les da la oportunidad de acometer inversiones que de otra forma no hubieran acometido. Adicionalmente, esa flexibilidad en la aplicación de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que lleva a que les vayamos a autorizar el equivalente al 0,2 por ciento del PIB, de nuevo les va a aliviar y a quitar presión y urgencia a la reforma del sistema de financiación de entidades locales. Con ello no estoy
diciendo que vayamos a ir más despacio, pero sí digo que les hemos dado un balón de oxígeno que, de hecho, ha sido bien recibido por las entidades locales, porque suaviza o aligera los problemas que suponen la situación económica actual.



En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, le puedo contestar dos cosas aparentemente contradictorias. Una es que sí, que coincido con usted en que nos tenemos que preocupar -y mucho- por la sostenibilidad de la deuda. Y también le puedo
contestar que no, que esto a corto plazo no es un problema porque partimos de unos niveles de deuda muy bajos, porque hemos sido lo bastante virtuosos como para tener unos niveles de deuda que nos permitan afrontar situaciones como la que estamos
viviendo actualmente, y porque algunas de las medidas que hemos adoptado -de hecho, las cuantitativamente más importantes- no se quedan estructuradas dentro del presupuesto. Ese fondo de adquisición de activos en condiciones normales no debería
suponer costes y lo mismo ocurre con los avales o ese plan de inversión de 11.000 millones que he descrito antes es de nuevo un plan para una sola vez y supone un gasto importante, pero no es un gasto recurrente. Sí que nos preocupa la
sostenibilidad, y precisamente porque nos preocupa estamos haciendo las cosas con sensatez para que el incremento que se va a producir sin duda ninguna en la deuda pública del Estado sea algo temporal, y cuando volvamos a crecer vuelva a niveles más
parecidos a los que hay ahora. En la ejecución de inversiones vengo desarmado, porque no traigo la documentación exacta, pero sí le garantizo que la ejecución de inversiones del Estado va bien y de hecho va más adelantada que otros años. Lo que ya
no sabría decirle es la ejecución por parte de otras administraciones, pero en lo que se refiere a la ejecución de las inversiones del Estado y de las empresas públicas, la ejecución de hecho va adelantada con respecto a otros años, y de hecho
existe un compromiso del Gobierno de llevar a la comisión delegada un análisis de esas inversiones, que todavía no hemos llevado, pero lo llevaré esta semana. En el documento que prepara la Intervención General del Estado, para que demos cuentas de
cómo va la ejecución, se observa precisamente esto: que la ejecución va bien, incluida la licitación.
Todos los indicadores del nivel de ejecución de las inversiones indican que vamos, si acaso, un poquito por encima de lo habitual.



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Respecto a la forma y al fondo del fondo de 11.000 millones de euros, sobre la forma dice usted, cuelgan ustedes del presupuesto de 2008 inversiones que se van a producir en el año 2009. En todo caso, esto es algo que viene aquí a las
Cortes y que les corresponde a ustedes convalidar o no. Cualquier otra alternativa, por la velocidad a la que ocurren las cosas, también tendría sus inconvenientes, porque no sé qué alternativa tiene en la cabeza, pero llevar al Senado una
modificación del presupuesto también tendría sus inconvenientes. En todo caso, total transparencia. Ese fondo de 11.000 millones lo tienen que aprobar aquí en las Cortes y, por tanto, cualquier problema que usted vea quedará subsanado precisamente
por esa aprobación, cuando se produzca. Sobre el fondo, que es lo que debería preocuparnos, podemos debatir si es buena o mala idea gastar un uno por ciento del PIB en inversión; estamos adoptando esta medida, porque nos parece que hay que
sostener un cierto nivel de inversiones, porque estos 11.000 millones, siendo muchísimo dinero, no lo resuelven todo -eso está claro-, pero sí suponen mantener una cierta actividad en la contratación pública y, por tanto, mantener una cierta
actividad en las empresas que contratan con la Administración pública y, particularmente, en las empresas del sector de la obra pública que están pasando ahora por malos momentos. Nos parece que esto es sensato, que es razonable, y por eso lo hemos
hecho.



El último comentario que tengo aquí apuntado es el relativo a la austeridad. Conoce lo que son los presupuestos del Estado; el papel y los discursos lo aguantan todo, y usted puede decir que teníamos que haber sido mucho más austeros, pero
si uno va al detalle de los presupuestos créame que en lo que es el gasto del Estado sí que hay un ejercicio de austeridad bastante notable, bastante considerable. Eso afecta a la oferta pública de empleo, afecta a la evolución de las inversiones,
afecta al capítulo 2, que hemos apretado de una manera muy importante y que de hecho redujimos en casi 2 puntos. Siempre cabe la crítica de decir: No, ustedes tenían que haber gastado menos, pero dígame dónde.
Donde ha crecido el gasto no es en
la actividad del Estado, sino por ejemplo en este fondo de inversiones que fundamentalmente son inversiones pensadas para otros efectos; donde va a crecer es en la dotación que hacemos para el servicio público de empleo estatal, pero estos son los
estabilizadores automáticos. De nuevo, creemos que por la misma razón que en la legislatura pasada nos empeñamos en gastar menos de lo que ingresábamos, contra viento y marea lo hicimos así, por esa misma razón ahora toca hacer justamente lo
contrario, y no hacerlo haría que lo que es una situación económica mala se convirtiese en una situación económica peor. La respuesta que hay que dar es justamente esa para suavizar el tránsito por esta época de vacas flacas.



Sobre su diagnóstico -y con esto termino-, los datos y comentarios factuales, por supuesto, los comparto. Decía usted que la reducción de la recaudación en un 4 por ciento, si descontáramos todos esos otros efectos, sigue siendo seria. No
he dicho otra cosa. Nos parece que la situación económica es seria, pero siempre que se entra en esta cuestión de cuán mala es la crisis me preocupa el mensaje que estamos dando, las expectativas que estamos creando, porque perder 2 décimas del PIB
-el dato del último trimestre, ciertamente no es un buen resultado- tampoco es dramático y parece que nos hayamos empeñado entre todos en trasmitir un mensaje de contracción, de mala situación, que en nada ayuda. No estoy entrando en ese otro
debate del patriotismo o no de las previsiones.
Créanme que no estoy hablando de eso, pero debemos tener un cierto cuidado con qué mensaje transmitimos cuando hablamos del sistema financiero y cuando hablamos de cómo va a evolucionar la economía.
Si nos empeñamos en repetir que no va a haber consumo, tampoco habrá inversión, y ya saben que es la pescadilla que se muerde la cola. Así que tendríamos que hacer entre todos un mínimo ejercicio de responsabilidad. Lo digo aquí dentro de esta
Comisión donde quiero pensar que me pueden entender y que el mensaje va dirigido a ustedes.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo considera necesaria una segunda intervención? (Asentimiento.) Tendremos una segunda ronda. Todas las intervenciones serán por un tiempo máximo de cinco minutos.



Señor Nadal.



El señor NADAL BELDA: Muy brevemente.



Señor secretario de Estado, 806.000 parados el último año es un dato suficientemente malo como para estar muy preocupados, y no significa ningún tipo de alarmismo. Sobre la contracción en un trimestre, desde el año 1993 no ocurría esto en
la economía española, tampoco creo que estemos hablando de alarmismo. Estamos en una situación económicamente muy dura, muy difícil, y la obligación de un gobierno es no tratar de poner paños calientes, sino liderar un proceso que todos tenemos que
hacer de ajuste de la economía española. Una economía que necesita tener en cuenta su propia realidad; una realidad de un país que tiene un déficit exterior del 10 por ciento del PIB y, a pesar de la dramática caída del consumo y de la inversión
que estamos viendo en estos últimos meses, apenas se corrige; lo cual quiere decir que ese descenso de consumo e inversión no se está reduciendo tanto en demanda importación, sino en propia producción nacional. De ahí los cierres de tanta pequeña
y mediana empresa como estamos viendo todos los días, porque en las cifras que dan ustedes de grandes empresas el ajuste todavía no ha llegado.
Desde luego, no es sustancial en comparación con lo que nos está viniendo de ajuste general de la
economía, luego alguien se está ajustando y muy duro. Se están ajustando los parados y la pequeña y mediana empresa. Es obligación del Gobierno liderar un proceso, en el cual el ajuste sea general y todo el mundo cumpla sus obligaciones; y aquí
se engloba todo, desde las tarifas reguladas hasta qué hacemos con los sectores excesivamente apalancados, hasta qué hacemos


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con la política tributaria. Todo eso influye, y mucho, en cómo ese ajuste se reparte en el conjunto. También lo hacen las Administraciones públicas que deben haber perdido del orden de más de 20.000 millones de euros en recaudación y habrá
que gestionar en el proceso, tanto de financiación autonómica como local, cómo se reparte ese ajuste entre las administraciones y en el tiempo. No estamos escuchando esta retórica por parte del Gobierno. Estamos escuchando que la cosa no es para
tanto, que ya verán como todo se soluciona, que yo hago un plan por aquí de 8.000 millones, y más o menos es lo que necesitamos porque nos ampara Europa y el mundo mundial en Washington para hacer este tipo de medidas. Los 8.000 millones, comparado
con unos 800.000 millones de euros que viene a ser el gasto privado en este país, es bastante poco, sobre todo, teniendo en cuenta que en caída en términos nominales tanto de inversión como de consumo debemos estar en 7 u 8 puntos. Estamos hablando
de una cantidad muy pequeña. Y no va a tener mucho efecto multiplicador porque tanto usted como yo sabemos que el problema de competitividad de la economía española nos lleva a que los cambios en demanda no se vean muy reflejados en nuestro sector
exterior, que es lo que ahora mismo estamos viendo. Y hasta que no ajustemos eso, que es por la vía de la competitividad -y todos los gastos de inversión y todas las rebajas de impuestos tienen que ir a aumentar esa competitividad que tanto nos
falta-, y hasta que no asumamos que teníamos un exceso de demanda interna que hay que absorber, y tenemos que fomentar nuestra demanda externa, será muy difícil que nuestra economía recupere el vuelo. Hasta que no asumamos que teníamos un exceso de
demanda interna que hay que absorber, y tenemos que fomentar nuestra demanda externa, será muy difícil que nuestra economía recupere el vuelo. Este es nuestro diagnóstico y nuestra diferencia de criterio.
Tómenselo ustedes como quieran porque
tienen la responsabilidad de gobernar.



El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, intervengo simplemente para puntualizar. La petición de la información nuestro grupo la realizó por escrito; la tendrán ustedes en el ministerio. En el caso de que quieran que se la vuelva a
enviar, volveré a enviársela.



Aprovechando que tengo la palabra, quiero hacer una breve referencia al Fondo de Inversión Local. Releyendo el decreto se observa que el decreto lo han hecho funcionarios que conocen perfectamente el derecho administrativo, interventores
que están preocupados, como no puede ser de otra manera, por la legalidad. Al repartir 8.000 millones en función de la población entre 8.000 municipios, o los que sean, estamos realizando 8.000 partidas de esos 8.000 millones de euros, con lo cual
estamos introduciendo una enorme rigidez a la hora de la ejecución; es decir, si hay municipios que no alcanzan la cifra, otros que no se enteran, otros que por mil motivos son incapaces de ejecutar estos importes, lo que va a ocurrir seguro es que
va a haber un montón de recursos que no se van a utilizar. Entonces, lo que habría que hacer es tratar de incorporar dosis de flexibilidad en la gestión de fondo; es decir, sacrificar un poco si hace falta la legalidad por la eficiencia y eficacia
económicas incorporando flexibilidad, de manera que rápidamente los recursos no asignados en una primera vuelta se puedan asignar en una segunda vuelta, pero con mayores dosis de flexibilidad. No sé si el nivel tiene que ser a nivel de la comunidad
autónoma o qué, pero es algo que convendría pensar, porque si no puede ocurrir que todos estos recursos se adjudiquen en una parte relativamente pequeña o menos de lo deseable. En todo caso, habría que modificar esto. No sé si en lugar de tanto
control a priori, se debería hacer controles después de la ejecución de obra. Habría que introducir mecanismos de flexibilidad, al menos en el momento de la gestión para ir buscando la eficiencia y la eficacia económicas de esta medida que es
importante para luchar contra el desempleo, tal como el real decreto señala para generar 2.000 empleos, cuando es posible que se pierdan un millón. Será un efecto importante aunque con una parte porcentualmente pequeña del problema del desempleo
que existe en la economía.



El señor PRESIDENTE: Señora Colldeforns.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Señor Nadal, en economía no hay verdades absolutas. Usted sabe que los economistas siempre luchan por encontrar un equilibrio que nunca consiguen entre las distintas fases del ciclo. En cualquier caso, ahora
estamos en unas circunstancias excepcionales, no normales. Desde el Grupo Socialista no le puedo aceptar que diga que el Gobierno ha manifestado que no pasa nada, que solo se va a gastar un poco porque aquí no pasa nada. Entonces, lo que ha
escuchado repetidas veces decir al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, y lo que ha escuchado en esta Comisión de Economía y lo que yo he escuchado es distinto, tenemos oídos diferentes. Lo que yo he escuchado es un
reconocimiento de que la situación es de crisis seria; es más, recuerdo ahora mismo unas palabras del vicepresidente segundo diciendo que es la crisis más fuerte que él ha vivido en su vida. Digamos que decir frases por decir frases no está a la
altura de su reconocida capacidad.



Por parte del Grupo Socialista, su preocupación en estos momentos, aquí y ahora, es frenar la pérdida de empleo. Para eso creemos que la propuesta que vamos a debatir el jueves es adecuada, sobre todo porque es la última de un conjunto de
medidas que ya se han tomado, y no va a ser la última porque ya nos ha anunciado que están preparando nuevas medidas de fondo.
La otra preocupación es ayudar a las familias y a las empresas y seguir trabajando para el futuro. Todo esto, déjeme
recordarle, en un marco de diálogo social que alcanza no solo las mesas del diálogo social y el Pacto de Toledo, sino que alcanza también una mesa de partidos. Es de


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caballeros reconocer que hay un ofrecimiento para que todos, en conjunto, seamos capaces de sacar a España de la situación difícil en la que está y de sacarla mejor de lo que entramos en ella. Para ello estoy pensando en un mundo más justo,
con más oportunidades para todos, un mundo más sostenible, por ejemplo menos dependiente de nuestras compras de petróleo, porque algo tendrá que ver esto con lo que nos está ocurriendo también. Por esto creo que sinceramente para el diálogo y para
la concertación -es una opinión personal que entiendo que a lo mejor no compartan- los socialistas estamos mucho mejor preparados que cualquier otro grupo de esta Cámara. (Rumores.-El señor Azpiazu Uriarte: Que el PP en todo caso.)


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Intervengo muy brevemente para terminar.



Insistiendo en lo que ha dicho la señora Colldeforns, reconocimiento de la crisis lo hay, no es esa la cuestión. Otra cosa es ya regodearse en la crisis. Todo lo que he querido decir, sin mirar a nadie y sin prejuzgar nada, es que
deberíamos tener un cierto cuidado a la hora de exagerar las valoraciones. Respuesta a la crisis claro que la estamos dando y tenemos una política económica, insisto, muy activa y muy decidida, que ha ido por delante de lo que han hecho otros
países. Pónganse ustedes como quieran pero es que hemos ido por delante de lo que han hecho otros países. Y más allá del ajuste fino de cómo hay que hacer la inversión adicional o exactamente los detalles que ustedes quieran, estamos apostando por
dar respuesta a la crisis y por intentar que el año o dos años malos que nos va a tocar vivir no se lleven por delante nuestro tejido empresarial y no se ceben excesivamente en las familias. Con esas dos ideas estamos diseñando medidas, bien para
dar respiro al tejido empresarial bien para que para esas familias que tienen problemas de liquidez -no digo ya el caso de los parados- el tránsito por esta fase baja del ciclo sea lo más cómodo posible. Claro que hay respuesta global, claro que
hay liderazgo y en la parte que no es coyuntural, la de las reformas estructurales, todas esas reformas que tenemos pendientes, saben ustedes que les hemos invitado a participar y a ser parte de la solución y del cambio.



Señor Aspiazu, si lee el decreto verá que esos mecanismos de flexibilidad sí que están. Le dimos muchas vueltas primero a cómo hacer el reparto; al final el reparto se ha hecho de la forma más simple posible, que es por población, pero
estuvimos barajando montones de alternativas intentando modular, por el hecho de que hay más parados en unos sitios que en otros o por el hecho de que el incremento de parados ha sido mayor en unos sitios que en otros, y tras hacer ese ejercicio en
muchísimas versiones, llegamos a la conclusión de que en la práctica la única solución factible era un reparto directamente ligado a la población. Efectivamente esto plantea el problema que usted señala, qué pasa si los municipios de menos
habitantes, los más pequeños, no toman ventaja de esta posibilidad. Otro problema es que estamos distribuyendo uniformemente entre toda la población y quizá los problemas no sean igual de agudos en unos sitios que en otros. Somos conscientes de
esos problemas y el decreto sí que permite que, sobre la marcha, si hay que hacer algún ajuste, se haga, pero al tiempo, como lo que queremos es que este gasto se realice cuanto antes, porque si no no sirve, y como la ejecución tiene que estar en
2009, el decreto tiene unos plazos realmente muy ajustados y esta también es una decisión muy meditada, porque si no damos esos plazos muy ajustados, el proceso administrativo a lo que nos llevaría es a una ejecución baja. En el decreto hay un
compromiso entre no cerrar esas posibilidades que usted decía de flexibilidad, que sí están, y, por otro lado, poner unos plazos que realmente van a exigir a las entidades locales y a los ayuntamientos correr, elaborar sus planes, enviarlos y
ejecutarlos a unos ritmos vertiginosos, pero justamente es de eso de lo que se trata. Respecto a lo que pueda quedar de residuos sin ejecutar, dentro del decreto cabe la posibilidad de luego recordarlo.



El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.



Eran las dos de la tarde.