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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 160, de 26/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 160
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 12 celebrada el miércoles 26 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:... (Página ) - Sobre la declaración de España libre de transgénicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/000296.)... (Página 2)
- Sobre medidas para reducir el consumo en espera (Stand By) de los aparatos electrónicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000413.)... (Página 7)
- Relativa a los préstamos ICO para el sector pesquero del Cantábrico.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000555.)... (Página 10)
Relativa a la regulación fondeo de la bahía de Sant Antoni. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000491.)... (Página 13)
- Relativa a las ayudas a la comercialización de los productos de la flota pesquera española. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000499.)... (Página 15)
- Sobre ayudas al sector agrario de la provincia de Cádiz a fin de compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de inundaciones.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000522.)...
- Relativa a la adopción de medidas para evitar la bajada de los precios de la leche en origen y para extremar el control de las importaciones de productos lácteos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000525.)... (Página 20)
- Relativa al cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional en lo que se refiere a la obra de abastecimiento de agua a las poblaciones del Alto Tiétar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/000565.)... (Página 24)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA DECLARACIÓN DE ESPAÑA LIBRE DE TRANSGÉNICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000296.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la decimosegunda sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Dos aclaraciones previas. Nos habían solicitado que la proposición no de ley que aparece como punto 7.º pase al 3.º pero lo
dejamos pendiente hasta que nos cofirmen si se produce ese cambio o no. La segunda cuestión se refiere a la votación, que no será antes de las siete de la tarde, para que SS.SS. lo conozcan.
Iniciamos la sesión con la primera proposición no de ley, sobre la declaración de España libre de transgénicos, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene
la palabra su portavoz el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Esta proposición no de ley intenta dar respuesta a lo que podríamos calificar como el paraíso del transgénico en Europa que es -y ustedes lo saben bien- España; somos el Estado europeo -con diferencia- con más
hectáreas de transgénico, concretamente de maíz transgénico, y el puente de la industria vinculada a lo transgénico entre Estados Unidos y la Unión Europea.
¿Qué demandamos? Algo sencillo, que España lleve a cabo todos los trámites necesarios para declarar el Estado español territorio libre de cultivos transgénicos, entendiendo que en la legislatura anterior deberíamos haber avanzado de forma
sustancial ya que de lo que se trataba -con un Gobierno mínimamente comprometido con el medio ambiente- era de que en España se apostase por una agricultura de alta calidad y no por ser ese paraíso del transgénico en Europa. En la legislatura
anterior se estuvo discutiendo -aún recuerdo alguna reunión al principio de la legislatura anterior- sobre el posible decreto de coexistencia del transgénico con la agricultura convencional o con la agricultura ecológica. El debate era precisamente
la separación entre aquellas zonas de cultivo transgénico y aquellas que no lo eran. Lo cierto es que no hubo acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura pero tampoco hubo acuerdo entre el Grupo Socialista y el resto de grupos
parlamentarios. La realidad es que no hubo decreto y que el transgénico se multiplicó a lo largo y ancho del territorio. España es, desde 1998 -por darles cifras-, el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala.
Las
75.000 hectáreas cultivadas con maíz transgénico en 2007 contrastan con realidades, con iniciativas que han frenado el desarrollo del transgénico en países como Austria, Grecia, Italia, Hungría, Rumanía, Polonia. Incluso en los últimos tiempos se
ha sumado Francia, a partir de un informe científico que recopilaba las evidencias sobre los impactos ambientales, sobre la falta de estudios, sobre los efectos a largo plazo para la salud humana o sobre la imposibilidad de controlar la dispersión
de los transgénicos y evitar la contaminación de los cultivos ecológicos y convencionales.
Constatamos, sin embargo, que el Gobierno continúa mirando hacia otro lado y sigue ignorando lo que cada vez es una mayor oposición social e incluso institucional. Por eso, lo que pedimos en esta proposición no de ley son medidas para
eliminar el cultivo transgénico de España lo antes posible, porque entendemos que el transgénico no soluciona el hambre y la pobreza sino que a veces la intensifica haciendo al agricultor más dependiente de grandes compañías; el transgénico hace un
uso intensivo de fertilizantes, con un empobrecimiento y una contaminación mayor del suelo. En definitiva, el cultivo transgénico hace una agricultura muy dependiente y se renuncia, por tanto, a una agricultura de mayor calidad. Vemos que los
transgénicos, como semillas patentadas y más caras, forman precisamente parte de ese modelo de agricultura intensiva que fomenta la pérdida del medio de vida de los pequeños campesinos a nivel global y entendemos que, a día de hoy, aún no se ha
demostrado que tengan mayores rendimientos.
Pero más grave aún es que la falta de legislación y la falta de voluntad política obliga hoy a los agricultores que optan por la agricultura ecológica en España a no poder desarrollarla por la
proliferación a lo largo y ancho del territorio del transgénico, concretamente del maíz transgénico del que les hablaba.
Cuando hablamos de apoyo institucional y de realidades contrastadas explicamos que en Austria ocho de nueve provincias han indicado que quieren ser libres de organismos genéticamente modificados; que en Bélgica, 39 comunidades de la zona
flamenca y 81 de la zona francófona también lo han declarado; que en Finlandia existen municipios, en Francia regiones, departamentos y municipios que se declaran libres de transgénicos; que en Alemania se han creado 50 zonas libres mediante
alianzas entre agricultores, tanto convencionales como ecológicos; que en Grecia incluso las 54 prefecturas griegas, el conjunto del país, han votado a favor de declararse libres de transgénicos. Podría continuar con ejemplos en Hungría, Irlanda,
Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia. Incluso hoy en el Estado español hay diversas declaraciones.
Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, ha hecho la declaración también; Asturias, Islas Baleares, Andalucía, Cataluña, el País Valencià
o el País Vasco. Podría detallar los argumentos que se han dado, pero lo cierto es que hay unas declaraciones institucionales que van en esta línea. El problema que tenemos es que a quien le toca legislar también en esa materia, que es al Gobierno
español, continúa en sus mismas posturas.
Podría hablar de la resolución de la Junta General de Asturias en 2006 o del acuerdo para no utilizar en la agricultura organismos modificados genéticamente, aprobado en el año 2007 en el País Vasco.
Podría continuar y continuar.
Nosotros pensamos que hoy puede haber unos efectos sobre la salud. Ese es el primer argumento pero incluso diría que no el principal. ¿Por qué? Porque existen investigaciones, una de las pocas realizadas, por ejemplo, sobre impactos a
largo plazo del consumo de transgénicos concluyó -y este informe es un informe científico realizado en Viena, un estudio encargado por los Ministerios de Sanidad y de Agricultura- que la fertilidad de ratones alimentados con maíz modificado
genéticamente, el NK603 y el MON810 -que, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó cultivar de forma bastante extensa a lo largo y ancho del territorio-, se veía seriamente dañada, con una descendencia menor que los ratones alimentados
con maíz convencional. Podría citar otras investigaciones que se han realizado, pero lo preocupante es que se producen las investigaciones y, por ejemplo, el maíz que les he citado ha sido cultivado de forma experimental al aire libre desde el año
2004 por las empresas Monsanto, Pioneer y Limagrain Ibérica, en más de cien campos experimentales en Cataluña, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Casi medio millón de metros cuadrados
cultivados con este maíz transgénico. No parece razonable, pero es así. El Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a estos ensayos y nos encontramos con que la variedad NK603 y MON810, ese híbrido de dos variedades transgénicas, se cultiva de
forma comercial en España con más de 80.000 hectáreas sembradas en 2008, este mismo año. Estos son datos que hacen de España el paraíso del transgénico en Europa. Nos encontramos, por tanto, con que la toxicidad de este maíz está demostrada en
diferentes estudios. Podríamos hablar de otro estudio sobre el mismo tipo de maíz del Instituto Nacional de Investigación para la Alimentación y la Nutrición de Italia, publicado hace una semana, en el que se dice que afecta a los individuos más
vulnerables y concluye: alteraciones en la respuesta inmune periférica intestinal. Por tanto, primer argumento, el criterio de prevención. A partir de ese criterio deberíamos intentar que no proliferase este maíz transgénico. Pero es que además
para mí hay otros dos argumentos incluso más poderosos. Uno de ellos sería el de los impactos sobre el medio ambiente de estos cultivos que son cada día más evidentes. Hay un aumento dramático del empleo de tóxicos en el campo; un desarrollo de
resistencias en insectos y malezas; una contaminación del suelo por el incremento del empleo de tóxicos; una contaminación genética de especies silvestres; una exacerbación de la desaparición de la biodiversidad y queda demostrada la extrema
dificultad para proteger la agricultura no transgénica de la contaminación por organismos genéticamente modificados donde estos son cultivados y utilizados. El argumento ambiental es, pues, poderosísimo. Hay un tercer argumento que desde nuestro
punto de vista es irrefutable, el de las consecuencias económicas. Hoy hay una multitud de variedades de maíz no transgénico, pero lo cierto es que el maíz transgénico crea una dependencia del agricultor respecto a esas compañías e impide al
agricultor que así lo quiera desarrollar una agricultura ecológica por contaminación de su campo. Podría ponerles ejemplos de la Asamblea Pagesa en Lleida, donde saben ustedes que hay abundante maíz transgénico y una fuerte contaminación por la
inexistencia de legislación al respecto, lo que hace que apostemos -acabo ya, señora presidenta-
por una agricultura de baja calidad que en un contexto globalizado no tiene sentido alguno, aunque parece ser la apuesta del Gobierno.
Acabo ya diciendo que no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista por una razón. Le decía en tono de broma al portavoz socialista que me había presentado una enmienda estupenda. Digo que es estupenda porque me habla del impulso de
la biotecnología. Estamos hablando de otra cosa.
Esperaba más del Grupo Socialista y de los representantes del Gobierno, pero es una manifiesta declaración de intenciones. De este tema no quieren hablar, parece que quieren que España siga siendo
el paraíso del transgénico en Europa, el puente del transgénico hacia la Unión Europea de todas las compañías que vienen de Estados Unidos. Esa es la realidad española hoy. Lo digo para aquellos diputados o diputadas que no estén tan
familiarizados con el tema. Hoy España es eso, el paraíso del transgénico en Europa y el puente de las compañías hacia Europa para poder entrar y por la puerta grande. España es uno de los países que en los foros europeos -acabo ya, ahora sí,
señora presidenta- ha votado a favor de la introducción de variantes transgénicas que el resto de países de la Unión Europea han dicho que no tenían que entrar. Ese es el papel que está jugando el Gobierno español, para que se sepa como mínimo.
Por eso nosotros entendíamos que era necesaria esta declaración y por eso lamentamos la enmienda que se nos ha presentado y que finalmente no vea la luz. Quiero pedirles que me disculpen, porque tengo que ausentarme de la Comisión. No es una falta
de cortesía, saben que siempre me quedo, pero hoy no puedo porque estoy en una comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha empezado ya, y si continuase aquí me perdería parte de su intervención. Leeré atentamente
el'Diario de Sesiones' a ver si hemos conseguido que alguien se convierta a la agricultura con futuro, que no es la agricultura con transgénicos, y que dentro de un tiempo se vea con mayor sensibilidad la demanda, no de este grupo parlamentario, de
una fuerza ecologista, sino la de miles y miles de personas.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En este tema de los transgénicos en la agricultura lamentamos, efectivamente, señor Herrera, no poder coincidir. Antes de justificar las posiciones del Grupo Socialista en relación con este tema, quiero decirle que
mi grupo no puede asumir esta proposición no de ley presentada por Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña porque, simple y llanamente, señor Herrera, esta es una propuesta que de aceptarse jugaría en contra de los intereses generales de
nuestro país.
Por tanto, ya le avanzo nuestra posición de votar en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida, máxime cuando ya nos ha anunciado que tampoco acepta la transacción.
Explicaré las razones de nuestra postura, que no es coincidente, pero avanzo que respetamos cualquier posición en contrario. Lo que Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya están proponiendo, en el sentido de declarar España, es
decir, la totalidad del territorio nacional como espacio libre de transgénicos, es absolutamente inaceptable y, vuelvo a repetir, perjudicial. No están justificados ni avalados los argumentos que el señor Herrera ha dado, ni en los perjuicios para
la salud, ni en los temas medioambientales, ni mucho menos las razones -podríamos decir- de índole socioeconómica que justificaban su posición.
Daba la sensación de que el cultivo de transgénicos que se produce en España en este momento puede ser
la causa de grandes males para los españoles. Ha hablado de riesgos para la salud, para la biodiversidad, riesgos en el sentido de no identificar una agricultura con un modelo propio, etcétera; pero tendríamos que asegurar claramente que hasta
ahora ninguna autoridad científica, ni de España ni de fuera de España, ha podido avalar estos argumentos que ha utilizado el señor Herrera.
En el tema de la biodiversidad, ¿cómo se puede defender en esta Comisión de Medio Ambiente que va a haber una pérdida de biodiversidad en el maíz por posibles cruces de maíz transgénico? ¿Con qué, con maíz autóctono? ¿Es que en España, en
Europa hay variedades, especies de maíz autóctono que pudieran contaminarse, cruzarse con el maíz transgénico? Esto no se puede defender, no se puede sostener, es una simple nadería, es mentira y, por tanto, respetando las posiciones de quienes
puedan defender posiciones en contrario, no deberían utilizarse argumentos que simple y llanamente son falsos. Ni los argumentos de protección de la salud ni los de protección de la biodiversidad ni siquiera los argumentos económicos están avalados
ni justificados. Entenderíamos que si esto se debatiera en el parlamento de un país sudamericano o de Centroamérica seguramente podría haber contaminaciones cruzadas y quizá ese parlamento de ese país podría estar interesado en defender esa
producción autóctona, pero en el caso de España y de Europa esa situación no se da, sencillamente porque no hay variedades de maíz autóctono, silvestre, seguramente desde hace cientos de años.
Nuestra posición en relación con este tema de los transgénicos es muy sencilla, y voy a tratar de explicarla. El transgénico per se ni es bueno ni es malo, es decir, que no se puede maldecir genéticamente una actividad como es esta, la
producción de semillas modificadas genéticamente. Además, y en esa línea iba nuestra enmienda transaccional, deben saber los ciudadanos españoles que más del 99 por ciento de los transgénicos que se investigan en este momento en España, en Europa,
que se vienen autorizando en nuestro país a través de la Comisión Interministerial de Ingeniería Genética, tienen un destino, que es su utilización en salud, en medicina humana o en medicina veterinaria. Por tanto, creemos que negar la posibilidad
de realizar investigación genética en la alimentación es mantener posiciones fundamentalistas
que, en cualquier caso, no conducirían a ninguna situación positiva.
Los transgénicos, para quien no esté muy familiarizado con este tema, son productos que efectivamente han sido mejorados mediante una alteración genética, pero que están solucionando problemas reales de la sociedad, y hay que recordarlo
aquí. No sé si alguno de ustedes se habrá vacunado estos días contra la gripe; pues es muy probable que esa vacuna que nos han puesto los servicios de salud del Congreso de los Diputados contenga un virus que está alterado genéticamente y que
permite propiciar condiciones favorables para preservarnos de la enfermedad. En esta misma línea, las vacunas que se utilizan en la ganadería, que se les ponen a animales que posteriormente entran en el circuito de la alimentación, contienen virus
que han sido modificados genéticamente para propiciar ese valor sanitario positivo. La ingeniería genética, por tanto, es una ciencia que permite mejorar las condiciones de producción de determinados organismos, por ejemplo, eliminando la
producción de determinadas toxinas o introduciendo genes que permiten incrementar la resistencia a determinadas enfermedades. En este sentido, algunas semillas modificadas genéticamente están consiguiendo resistencias a determinadas enfermedades
muy importantes, a determinadas plagas de la agricultura.
Habría que decir que el Grupo Socialista, en la misma línea que ha mantenido de no avalar el fundamentalismo de sotana que ha pretendido convencer a la sociedad española de los perjuicios de las investigaciones en embriones, ese
fundamentalismo que no aceptamos para la investigación con embriones u otros tipos de investigación genética, tampoco puede aceptar este fundamentalismo verde que sin razón científica alguna pretende impedir la investigación biotecnológica en la
producción de alimentos para dar solución a problemas de producción agrícola o ganadera. Deben saber los españoles que estamos en el ámbito de la Unión Europea, que es precisamente el espacio de producción de alimentos que tiene una mayor
restricción a la utilización de material genéticamente modificado, que se han aprobado innumerables normas que permiten garantizar en la Unión Europea, y por tanto, en España, que las liberaciones voluntarias de productos modificados genéticamente
han sido previamente evaluadas en cuanto a su seguridad alimentaria y en cuanto a la seguridad de que no van a producir riesgos para el medio ambiente ni para la salud de las personas.
Nuestra posición se basa en asegurar siempre el rigor científico previo a cualquier decisión que permita incorporar un nuevo evento transgénico al elenco productivo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. En esta línea se está
trabajando en España y en Europa. Acepto que se trata de un tema que permite distintas posiciones. Este es un debate similar al de la energía nuclear y a otros donde hay posiciones per se de determinadas organizaciones o personas que están en
contra o a favor sin profundizar excesivamente en los argumentos.
En cualquier caso, creo que la Unión Europea está en este momento en el buen camino, y a nosotros nos produce una cierta tranquilidad, porque este debate no solo lo tenemos encima de la mesa en España, sino que está en todos los países de la
Unión Europea. En este sentido nos produce tranquilidad, repito, que la Unión Europea haya tomado recientemente algunas decisiones. Les recuerdo que la Presidencia francesa -seguramente el país y el Gobierno, el francés, más beligerante con los
transgénicos en estos últimos años- parece que está, si no cambiando, al menos reflexionando sobre esta decisión. El presidente Sarkozy propuso un debate sobre este tema y ha constituido un grupo de trabajo de alto nivel para reflexionar y marcar
el horizonte de futuro con relación a los transgénicos en todo el ámbito de la Unión Europea. En esta misma línea el presidente Barroso ha creado -y está trabajando-, lo que se ha denominado el grupo de sherpas, que tienen la encomienda del
presidente de la Comisión de avanzar en la reflexión y buscar soluciones asumibles por todo el conjunto de la Unión Europea.
Se ha hecho referencia por parte del portavoz de Izquierda Unida a si algunas regiones o municipios han sido declarados libres de transgénicos.
Existe ya bastante jurisprudencia, se trata de decisiones que son simple y llanamente sin base
legal, alegales absolutamente, y sin valor jurídico alguno. En cualquier caso, creemos que lo que interesa es aclarar el horizonte futuro, asegurar tranquilidad a los consumidores en relación con esta problemática y conjuntamente, antes de maldecir
la oscuridad, encender velas en el sentido de fijar el horizonte futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería.
La enmienda transaccional que le hemos planteado, aunque ya sé que no se va a aceptar -utilizo un minuto, señora presidenta, para exponerla-, intenta situar claramente la producción de transgénicos en el mundo de la agricultura en el
contexto general de las investigaciones biotecnológicas que existen en otros ámbitos de la ciencia actual. Nuestra propuesta dice en primer lugar que reconocemos con carácter general que la biotecnología es un instrumento útil al servicio de la
mejora de la calidad de vida, el avance social y el aumento de la capacidad para atender necesidades de la población. En segundo lugar, proponemos apostar por la utilización de materiales y productos derivados de la biotecnología -y aquí es donde
está la clave- siempre sobre la premisa de la máxima seguridad ambiental y colectiva e incorporando en esta utilización en todos los casos los mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y contraste. El tercer punto se refiere al rigor de
los criterios establecidos para la autorización y uso de los eventos biotecnológicos.
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, vaya terminando, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino, señora presidenta.
El cuarto punto hace referencia a reforzar las acciones para precisar, clarificar y delimitar el alcance de la utilización, asegurar la máxima transparencia en la discusión
para evitar esta confusión que existe entre la ciudadanía sobre la bondad o maldad de la utilización de estos eventos tecnológicos.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Quisiera comenzar mi intervención por el final de la del señor Herrera, que bien siento que haya tenido que marcharse.
Creo que en la explicación final que ha dado se ve claramente la descoordinación, por
llamarlo de alguna forma, de su propio argumento.
Cuando se refiere al tema de la biotecnología, dice: esto no es biotecnología. Pues que venga el señor Herrera y nos explique exactamente de qué estamos hablando en esta Comisión o de qué está
hablando en su proposición no de ley que estamos debatiendo esta tarde.
Nosotros entendemos que la biotecnología es una gran oportunidad, pero no solamente para el sector agrario, sino para el sector sanitario, para el medioambiental y para el de la alimentación, por no hablar del sector industrial. Ha habido
un cambio de paradigma claramente durante estos últimos años en relación con la obtención de semillas. Lo que se está haciendo ahora a través de la biotecnología, el tema de la extracción de genes por manipulación genética, es lo que ha hecho a lo
largo de la historia el hombre en cuanto a la mejora de las especies vegetales. Hay referencias ya del antiguo Egipto, de cómo a través de cruzamientos se mejoraban las especies para tener resistencia a la sequía, al frío o a distintas plagas.
Antes, en la labor científica, de investigación y desarrollo, costaba muchos años, muchas repeticiones y muchos cruzamientos obtener variedades que fueran resistentes o proclives a aumentar la productividad; ahora, con la capacidad que nos dan
estos instrumentos, a través de la biotecnología, somos capaces de identificar, después de que se descubrió la secuencia del ADN, unos genes determinados que incorporamos directamente a las plantas que queremos mejorar. Ante los avances que ha
habido durante los últimos años, tal como decía el señor Alonso, portavoz del Partido Socialista, no hay ni una sola autoridad científica en el mundo que contradiga la inocuidad de la modificación genética en plantas de carácter transgénico. El
señor Herrera se ha agarrado antes a un clavo ardiendo para tratar de justificar que esto no es así y habla del encargo que hizo el Ministerio de Salud, Familia y Juventud de Austria sobre unos informes del tema transgénico. Tengo una nota aquí del
mismo ministerio del 20 de noviembre de 2008, hace ahora mismo cinco días, donde dice que en el ministerio, después de los preliminares que se hicieron de estos informes, situados estos informes ante analistas independientes acordaron con el doctor
Zendek, que era el director de esas investigaciones, que los resultados eran inconsistentes, y concluían que no había evidencia de ningún efecto adverso en las cosechas de cultivos modificados genéticamente. Se refería al asunto del impacto sobre
la reproducción en ratones que se había hecho por parte del Gobierno austríaco. Es decir, todas aquellas noticias que van saliendo, que algunas organizaciones ecologistas y políticas elevan a categoría de noticia en cuanto al tema científico, se ve
posteriormente cómo se van desmontando como un azucarillo. Nosotros entendemos que es una gran oportunidad porque hay grandes aplicaciones desde el punto de vista de la biotecnología en los sectores de salud animal, salud humana, agroalimentación,
suministros industriales, producción energética y protección medioambiental. Es más rápido para la sanidad humana, y no vemos que el señor Herrera ni nadie que esté en contra de las modificaciones genéticas haya dicho absolutamente nada. En
Occidente el cien por cien de la insulina para los diabéticos es de origen transgénico, y esto nunca sale en los debates que se han tenido al respecto, y nadie pone el grito en el cielo. Hoy hay 50 vacunas en el mundo que son de origen transgénico
y más de cien proyectos de investigación para nuevos fármacos que son de origen transgénico. De esto no se oye hablar absolutamente a nadie y nadie acentúa esta posibilidad.
Cuando hablamos de sanidad se calla todo el mundo. En cambio, en los
cultivos, en lo que supone para la agricultura, se montan estos saraos que me cuesta entender, porque estas mismas organizaciones que -hay que saberlo, yo lo digo aquí públicamente- están dando esta batalla dentro de Europa cierran la boca en
Canadá, en Estados Unidos y en China. El señor Herrera nos decía que éramos el paraíso de los transgénicos con 80.000 hectáreas. El año pasado en el mundo se sembraron del orden de 115 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, de mandioca,
de soja, de algodón, de maíz, absolutamente de todos los habidos y por haber, es decir, que estamos aquí haciendo un mundo de una cuestión que al final tiene una trascendencia mínima. Entendemos que es el futuro porque, en la medida en que nuestras
empresas nacionales, -que las tenemos, en investigación desde el punto de vista de la biotecnología- sean capaces de sacar variedades, estarán en condiciones de competir con las grandes multinacionales que tanto denostaba en su intervención el señor
Herrera.
Lógicamente la investigación biotecnológica requiere tiempo y grandes sumas de inversión. El hecho de que sea privada o pública creo que es intrascendente desde el punto de vista de la inocuidad del producto. De hecho, si se quiere
trabajar en ese sentido, instrumentos tienen los Estados -me estoy refiriendo a la Unión Europea y al propio Gobierno español- para que se puedan ir desarrollando ese tipo de políticas para trabajar. Cuando hablamos de esas características -el
señor Alonso ha hecho referencia a la normativa europea, a la normativa nacional desde el punto de vista de los controles-, aquí hubo una subcomisión que analizó el tema de los transgénicos hace, unos ocho o diez años y pasó una panoplia de
representantes del mundo agrario, especialmente de la investigación. Las conclusiones fueron definitivas desde el punto de vista de lo que se contaba en aquel momento, como que era un avance importantísimo desde la perspectiva del sector agrario y
de la investigación. Posteriormente
se han desarrollado varias normativas sobre etiquetado, sobre trazabilidad y hay trasposición de directivas comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico. Hoy tenemos productos alimentarios en las estanterías de nuestros supermercados donde
están identificados claramente. Me hace mucha gracia cuando habla de declaraciones que ha habido en algunos ayuntamientos o en algunas comunidades autónomas. Yo invitaría a los ciudadanos que nos puedan seguir a través de los medios de
comunicación a que vayan a los establecimientos de sus comunidades autónomas -en el País Vasco, en Baleares etcétera-, a ver si existen en sus estanterías productos que lleven organismos modificados genéticamente. Luego está la libertad,
lógicamente, del ciudadano, del consumidor de hacerse cargo de ellos o no, pero ni las autoridades sanitarias de nuestro país ni de ningún país de la Unión Europea iban a permitir que hubiera una serie de productos en las estanterías de los
supermercados para que los ciudadanos puedan llevárselos.
Voy terminando, señora presidenta, haciendo referencia a una cuestión que me parece fundamental: la declaración que hace la FAO sobre la biotecnología y los transgénicos; declaración que se firmó en el año 2000 y que hasta la fecha no ha
tenido ninguna modificación. Voy a leer solamente dos párrafos de la misma porque es bastante extensa. En ellos se dice que la biotecnología ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad
forestal así como las industrias alimentarias, cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, productos agrícolas y servicios. La biotecnología puede contribuir en gran medida a satisfacer en el nuevo milenio
las necesidades de una población en crecimiento y cada vez más urbanizada. La FAO dice esto en contraposición a lo que decía el señor Herrera respecto a que la biotecnología no va a dar solución a los problemas de alimentación en el mundo.
Nosotros entendemos que sí, que puede dar solución ya no solo por el desarrollo de especies nuevas en Occidente sino especialmente por las investigaciones que se están haciendo y las posibilidades de desarrollo que tienen estos productos en otros
países. Me refiero claramente a China, a India y a Sudamérica, y si no, pásense ustedes por Uruguay, por Brasil, por Argentina y verán el cambio de expectativas que se han originado en cuanto a la producción en biotecnología.
Como resumen y para terminar, quiero decir que más de cien millones de hectáreas en el mundo con transgénicos avalan una producción creciente, que hay múltiples aplicaciones para la sanidad, la agricultura, el medio ambiente, la alimentación
y la industria; que la normativa actual es muy exigente en los procesos de aprobación y registro de las variedades; que hay una información exhaustiva al consumidor; que la comunidad científica determina la inocuidad de los productos y reconoce,
al mismo tiempo, que no existe el riesgo cero; que se trabaja desde el punto de vista de la prevención; que supone la garantía de producción de alimentos más sanos para combatir el hambre en el mundo y que tiene un potencial desarrollo económico y
social para el presente y para el futuro. Decía el profesor Albert Sasson, del laboratorio francés de desarrollo agrobiológico, que está convencido -y yo también- de que cuando las organizaciones ecológicas vean con claridad y salgan del
fundamentalismo al que anteriormente se refería algún portavoz, serán ellas las que terminen enarbolando la bandera del desarrollo biotecnológico en nuestra sociedad.
- SOBRE MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO EN ESPERA (STAND BY) DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS. (Número de expediente 161/000413.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reducir el consumo en espera de los aparatos electrónicos.
Tiene la palabra la diputada Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: El motivo de la presentación de esta proposición no de ley es el desconocimiento que hemos visto que hay en algún sector de la población respecto a los aparatos que están en situación de stand by. Todos sabemos
que se denomina situación de stand by al consumo en espera de los aparatos electrónicos como los televisores, los reproductores de audiovídeo, los aires acondicionados, los PC, algunos modelos de vitrocerámica y también los alimentadores,
cargadores, etcétera. En esta situación el aparato se encuentra conectado a la red eléctrica en espera de recibir órdenes y consume también energía eléctrica. Hemos detectado que hay una creencia entre la población de que un televisor, por
ejemplo, permanece en stand by -con la luz roja encendida no consume energía, lo cierto es que continúa consumiendo una gran cantidad de energía. En España, este consumo fantasma -digámoslo así- o innecesario puede suponer, en el caso de una
familia media, entre un 12 y un 15 por ciento de la factura anual de electricidad. Hemos calculado que con este ahorro de energía se podrían abastecer ciudades como Madrid durante un mes. Existen en la Unión Europea fabricantes de aparatos de
electrodomésticos, de televisores, que una vez se desconecta con el mando a distancia -no hay que olvidar que hoy en día este mando es casi imprescindible en muchos sitios y se utiliza muchísimo- y se apaga un televisor, al cabo de una hora se
desconecta automáticamente de esa situación de stand by y deja de consumir electricidad. Lo mismo pasa con una serie de interruptores que se conectan con los diferentes aparatos que habitualmente estamos utilizando y que interrumpen, pasado un
cierto tiempo, también este gasto inadecuado o excesivo de energía eléctrica.
Por lo expuesto, nosotros hemos presentado esta proposición no de ley instando al Gobierno a incorporar -decíamos- en el plazo de tres meses en el Plan de
acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética que tome medidas para reducir el consumo en espera de los aparatos electrónicos. Entre las medidas que proponemos creemos que se deberían incluir actuaciones e inversiones
destinadas a establecer incentivos para los fabricantes de aparatos electrónicos como los electrodomésticos o cargadores-alimentadores de red que hemos nombrado, para que produzcan equipos más eficientes energéticamente. También decíamos en nuestra
proposición no de ley que se debe impulsar el uso de coetiquetas que especifiquen el consumo en situación de espera o stand by de todos estos electrodomésticos y hagan un cálculo de lo que esto representa en el cómputo anual de emisiones. También
decíamos que hay que impulsar campañas sobre el fomento del ahorro energético que incorporen las advertencias específicas sobre el dispendio que supone dejar un aparato en situación de espera, y consejos sobre el cambio de hábitos que deben llevar a
cabo los consumidores, como el uso de regletas con interruptor, el no dejar los cargadores o transformadores conectados a la luz o no comprar dispositivos que consuman energía. Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista para una
transaccional que haremos llegar a la Mesa -ahora ya debidamente escrita-, pero quiero avanzar ya que se trata de incorporar varias medidas en el plazo de seis meses en el plan de acción -en lugar de tres- y entre esas medidas, proponemos en el
primer punto promover que los fabricantes de aparatos electrodomésticos produzcan equipos más eficientes energéticamente. También en el último punto, sobre impulsar campañas, añadiríamos otro párrafo que dijera: enmarcadas dentro de las campañas
de ahorro energético que ya están en marcha y que lleva a cabo el Gobierno.
Señora presidenta, espero que esta proposición no de ley pueda contar con el respaldo del resto de los grupos de la Cámara. Creo que el solo hecho de la discusión de esta proposición no de ley ha servido ya para que algunos que han tenido
acceso a ella o que la han leído, como nos han hecho llegar a nuestro grupo parlamentario estos días, se hayan dado cuenta y hayan reconocido que no sabían que se producía este gasto y que estándolo se puede conseguir un gran ahorro energético.
Espero, pues, que sea bien recibida esta proposición no de ley por el resto de los grupos y que la podamos sacar adelante.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Quisiera comenzar hoy mi intervención recordando una frase citada por el ministro Sebastián en una comparecencia que realizó el pasado 25 de septiembre en el Senado. Esta frase, a mi entender, recoge a la
perfección el interés que mi grupo, el Grupo Socialista, ha tenido siempre por el ahorro energético. Decía el señor ministro que la mejor energía del futuro y la que más va a contribuir a reducir nuestra dependencia energética no es la renovable ni
la nuclear ni el gas; la energía del futuro para España es el ahorro energético. Como saben SS.SS., los beneficios del ahorro energético no se limitan a la reducción de la dependencia externa, sino que se extienden al ámbito de la sostenibilidad
al reducirse las emisiones de CO2. Y se extienden también sobre la renta nacional, la competitividad y el empleo, algo muy importante en la coyuntura económica actual, y es que las políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran como un
instrumento de progreso de la sociedad. Considerando esto, como todos ustedes ya saben, este Gobierno ha puesto en marcha el pasado 20 de julio de 2007 el nuevo Plan de acción para el periodo 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia
energética en España 2004-2012. Con este nuevo plan de acción, el Gobierno consolida el esfuerzo llevado a cabo en el plan de acción 2005-2007 y refuerza las medidas, que han demostrado excelentes resultados en la mejora de la eficiencia
energética. El Plan de acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética para España se inicia, como ya he dicho, en 2005 con unas actuaciones de carácter general para todas las comunidades autónomas, con fondos provenientes
mayoritariamente del IDAE. En 2006 todas las comunidades autónomas finalizan sus actuaciones con un cumplimiento presupuestario superior al 95 por ciento. Entre todas las medidas, cabe destacar como la más cercana al ciudadano el reparto de
200.000 lámparas fluorescentes compactas, con un ahorro de energía del 80 por ciento. Fruto de la aplicación de las medidas contempladas en el plan y de la mayor sensibilización de los ciudadanos en el uso racional de la energía junto a algunos
factores externos ha sido el cambio de tendencia de crecimiento de consumos energéticos de años anteriores. Le daré dos datos que me parecen interesantes. En el año 2006 se ha producido la máxima mejora energética registrada en un año desde 1980,
manteniendo importantes crecimientos del PIB, y al cierre del año 2007 se superó en un 25 por ciento el objetivo general de ahorro de energía primaria previsto en los objetivos generales del plan de acción 2005-2007. Como SS.SS. conocen, este plan
se integrará en el Plan de acción de eficiencia energética a nivel comunitario, contribuyendo con ello a dar una respuesta desde España no solo a la consecución del compromiso establecido en la Directiva 2006/32, que define un marco de esfuerzo
común para conseguir un ahorro energético de un 9 por ciento en el año 2016, sino también a un objetivo más ambicioso, incluido en la decisión del Consejo Europeo de 9 de marzo de 2007, de alcanzar niveles de ahorro del 20 por ciento en el horizonte
de 2020.
Señores diputados, desde esta actitud de continuar adoptando medidas que mejoren el ahorro energético -ya ha comentado la anterior portavoz que hemos llegado a una transaccional-, quisiera comentar una serie de aspectos acerca de la primera
PNL y el porqué de esta transacción. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el consumo de stand by o consumo en espera representa alrededor de un 10 por ciento del consumo energético
del propio aparato y no del 12 ó 15 por ciento de la factura anual de electricidad de un ciudadano medio español, tal y como se decía en la argumentación. Sin embargo, esto no significa que este tipo de consumos cautivos se descuiden ni
menosprecien a la hora de redactar medidas para el ahorro y la eficiencia energética. Respecto a la propuesta de incentivar a los fabricantes para que produzcan aparatos más eficientes, la mayoría sabemos que este aspecto escapa del ámbito
nacional, incluso comunitario, en tanto que los fabricantes de equipos electrónicos de consumo en la Comunidad Económica Europea no son necesariamente procedentes de estos países. No obstante, se está estudiando un marcado de conformidad de estos
productos en la Comunidad Europea en el desarrollo de los trabajos para la nueva directiva de requisitos de codiseño para productos que utilizan energía. Como ya ha comentado la diputada de Convergència i Unió, entendemos que hay que promover la
fabricación de equipos más eficientes. Esta directiva que les comentaba, europea, se quiere presentar para su aprobación antes de finales de año y, una vez aprobada, tendría un periodo de espera de veinte días para su entrada en vigor. Asimismo,
en cuanto a la propuesta que indicaban relativa a impulsar el uso de coetiquetas, igualmente se incluye y discute en el grupo de trabajo mencionado anteriormente. Y respecto a la propuesta de impulsar campañas específicas, el IDAE incluye estos
mismos mensajes en sus campañas de concienciación y publicaciones sobre ahorro de energía. Véase, por ejemplo, la guía práctica de la energía, consumo eficiente y responsable en la página web www.idae.aes, de difusión gratuita, en la que nos
aconsejan que, además de no mantener encendido en espera nuestro aparato electrónico, se conecten algunos equipos, como el televisor, la cadena de música, el vídeo, etcétera, a ladrones o bases de conexión múltiple con interruptor. De esta forma,
al desconectar el ladrón, apagaremos todos los aparatos a él conectados y podremos conseguir ahorros superiores a 40 euros anuales. Entendemos que quizá se pudiera impulsar o promover alguna campaña que hiciese hincapié en esta situación del stand
by, que es verdad que a veces no es tan conocida como creemos. El objetivo final de esta campaña de sensibilización es lograr la contribución de los consumidores a los objetivos estratégicos de ahorro en esta materia que tiene España. Hay que
tener en cuenta que los ciudadanos somos responsables del 30 por ciento del consumo total de energía del país y ese porcentaje se puede reducir sensiblemente mediante la suma de conductas individuales relacionadas con el cambio de ciertos hábitos y
la utilización inteligente de los electrodomésticos, la iluminación, la compra de equipos o la utilización del vehículo.
En consecuencia, para finalizar, como ya ha indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hemos llegado a esta transaccional, que por supuesto apoyaremos, esperando que con esta enmienda sigamos promoviendo
políticas que fomenten el ahorro energético.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Seré muy breve. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que llevar a cabo políticas que estén orientadas hacia el ahorro energético y la lucha contra el cambio climático, aspectos ambos, como ya se ha comentado a
lo largo del debate, que están directísimamente relacionados. Estoy seguro de que existe unanimidad a la hora de pensar que debemos hacer compatible nuestro desarrollo con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Lamentablemente, en España las emisiones de CO2 sobrepasan ampliamente los objetivos del Protocolo de Kioto. Según las cifras que acaba de divulgar el secretariado del Convenio del cambio climático de la ONU, nuestro país es el que más se aleja de
los objetivos de la Unión Europea, con un 50,6 por ciento más de emisiones que en 1990. En la lista mundial de los cuarenta países industrializados, solo somos superados por Turquía. En ese sentido, creo que está bien aprovechar la oportunidad que
brindan el debate y el texto de la propuesta de Convergència i Unió para hacer este recordatorio. También es verdad que los datos desglosados por comunidades autónomas indican que el cumplimiento del Protocolo de Kioto no es responsabilidad
exclusiva del Gobierno central. Las comunidades autónomas tienen competencias en urbanismo, en movilidad, en opciones energéticas, que también son determinantes para la emisión del Co2, y por eso tenemos que implicar al resto de administraciones
públicas para reducir las emisiones contaminantes. En este sentido, me hubiera gustado que de alguna manera se hubiese invitado al resto de las administraciones públicas a que se unan a esta y a otras iniciativas. Estaría bien que en futuras
propuestas de cualquier grupo se tenga esto en cuenta y que tengamos muy presente que el gasto público en España está cada vez más descentralizado, que las administraciones territoriales tienen cada vez un peso cada vez mayor y también se tiene que
notar en términos de ecología y de ahorro energético.
Además de los aspectos ambientales antes mencionados, tenemos la obligación de abordar nuestra eficiencia energética. La portavoz del PSOE ha hecho referencia a ello. Todos sabemos que España es un país terriblemente dependiente en
términos de energía, y esto se convierte en un problema más notable aún cuando la situación viene mal dada en términos económicos y condiciona de manera muy notable nuestra productividad, nuestra competitividad, lo que acaba afectando al empleo.
Por tanto, esta es una cuestión en la que tenemos que seguir trabajando.
Esta premisa también nos obliga a que avancemos hacia sistemas de consumo más sostenibles y a veces en las pequeñas iniciativas están los grandes avances. La PNL puede
parecer menor, pero apunta una propuesta que parece muy sensata. El ahorro a veces se esconde en costumbres cotidianas en las que
apenas reparamos. De hecho, personalmente no había reparado en esta cuestión y, por tanto, me parece muy interesante que se hable en estos términos. Se han publicado diferentes informaciones acerca del consumo energético de los aparatos
electrónicos en stand by, lo ha explicado muy bien la ponente de la propuesta, y de solucionarse esta casuística podríamos ahorrar mucha energía y mucho dinero. Además hay que recordar que hay una solución fácil, porque hay un grupo de ingenieros
españoles que ha patentado un sistema de bajo coste que podría incorporarse a estos electrodomésticos y acabar con este gasto absurdo que muchos de nosotros, el conjunto de los ciudadanos, podemos hacer.
En definitiva, la propuesta nos parece razonable y sensata y, de aplicarse, puede contribuir a reducir la factura energética global, la de las economías domésticas, y podría suponer un ahorro -dicen los técnicos- del uno por ciento en
términos de emisiones de CO2 anual, según han determinado los especialistas a los que apuntaba antes que habían inventado este sistema. Nosotros también hemos formado parte aquí, en el despacho anexo, de la breve negociación y el texto que se
consensúa entre el PSOE y el PSC también cuenta con nuestro visto bueno. Por tanto, votaremos a favor de la propuesta. La propuesta final es más formalista y a lo mejor algo menos comprometedora ante el partido que puede sustentar al Gobierno,
pero, independientemente del texto y teniendo en cuenta que la filosofía es positiva, tenemos que esperar, aparte de que se apruebe, sobre todo que se lleve a la práctica, que no sea una de esas PNL que está bien, que se aprueban, que sirven para
lanzar un mensaje de unanimidad y de consenso a la sociedad y que no se acaban nunca de llevar a cabo. Por lo tanto, votaremos a favor, pero haciendo esta petición de manera muy especial para que de aquí a seis meses no tengamos que referirnos a
aquella propuesta que en su día consensuamos y sobre la que no se ha hecho nada. Esto también nos honraría como diputados y como grupos políticos.
- RELATIVA A LOS PRÉSTAMOS ICO PARA EL SECTOR PESQUERO DEL CANTÁBRICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000555.)
La señora PRESIDENTA: En tercer lugar, vamos a pasar al debate de la proposición no de ley que aparece en el punto 7.º del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, relativa a los préstamos ICO para el sector pesquero del
Cantábrico. Tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Agradezco para empezar, la vehemencia y la bondad de los otros grupos parlamentarios y de la Mesa por haberme concedido este cambio de turno debido a otros menesteres que me ocupan.
Como ustedes saben, la gran catástrofe del Prestige generó una situación ecológica, medioambiental, en el mar, en la costa, de unas consecuencias increíbles, que todos conocemos, pero también generó una situación, llamémosle, alarmante y, en
un momento dado, hasta catastrófica en los sectores productivos que vivían del mar. En el año 2002 se promulgaron los reales decretos leyes 7/2002, del 22 de noviembre, y 8/2002, del 13 de diciembre, sobre medidas reparadoras en relación con el
accidente del buque Prestige, que establecieron, entre otras medidas, líneas preferenciales de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO.
La finalidad de estos créditos era contribuir a paliar los efectos económicos que se produjeron
por los daños ocasionados como consecuencia del accidente de dicho buque petrolero. Las diferentes medidas, y entre ellas la que hemos dicho respecto a las líneas preferenciales de crédito, se establecieron atendiendo a una circunstancia
fundamental que era de especial gravedad, como fue -y como he dicho al principio- el impacto que ese accidente produjo sobre la actividad pesquera en el conjunto -subrayo en el conjunto- de la región del Cantábrico noroeste. Esta situación de
especial gravedad para la actividad pesquera en esta zona geográfica ha tenido su continuación en el tiempo, reforzada por varios factores que voy a enumerar a continuación. Es decir, eso ocurrió, pero no acabó, sino que generó una situación de
desventaja increíble, a lo que después, por mucho que se hayan dado una serie de ayudas, se le han ido acumulando otra serie de -como aquel libro- catastróficas desdichas. Primer punto, el alza exponencial del precio del gasóleo, que no lo podemos
obviar.
Según este gráfico -y es un gráfico totalmente fiable-, la evolución del precio del gasóleo desde el año 2003 hasta abril del año 2008 ha supuesto un incremento alrededor del 160 por ciento. Esto implica que, para las flotas como la de
bajura la importancia del coste del combustible en el conjunto de sus costes operacionales ha pasado de ser un 18 por ciento del conjunto de los costes o de los gastos de la flota de bajura en el año 2003, a que ese mismo gasoil, en el año 2008,
suponga el 26 por ciento de los costes. En estos momentos -los datos son de 2008-, del cien por cien de los costes, el 67 por ciento, evidentemente es el de los salarios, cuando en el año 2003 era el 74 por ciento, por lo que, en consecuencia
lógica, la subida del precio del gasóleo ha ido en detrimento de los salarios, llegando a ser un 26 por ciento actualmente, como decía, cuando era un 18 por ciento.
Segundo punto -y aquí no vamos a discutir más sobre el tema del precio del gasóleo, porque ya ha habido otras oportunidades en las que hemos hablado y las necesidades siguen siendo las mismas y los costes, como hemos visto, han aumentado de
un 18 a un 26 por ciento-, pero a esto hay que sumarle otra cosa: que se han estancado los precios del pescado en primera venta. Porque si pudiéramos decir: ha subido el gasoil, pero el precio en primera venta ha sido mínimamente proporcional al
aumento de los precios del gasoil, podríamos
hablar de una especie de empate; pero el efecto del aumento de los costes operacionales no se ha visto reducido por la traslación de estos al precio de primera venta. Le puedo enseñar un gráfico en el que se presenta la evolución de estos
precios en primera venta, descontado el efecto de la inflación; el año base es 2006. Podemos ver que todos los precios de mercado se han visto reducidos respecto al año 2003, lo que implica que el incremento de los costes de explotación no ha
podido ser repercutido sobre los compradores. En el año 2003, por ejemplo, el atún rojo tenía un precio de 6, en el año 2004, un precio de 4 y en el año 2005 un precio de 3. La anchoa tenía en el año 2003 un precio de 5, en el año 2004 baja a 4,
en el año 2005 sube y después desaparece, como todos saben. El bonito ha ido descendiendo exponencialmente y el verdel o la caballa, como se dice en otros sitios, que estaba en unos precios bajísimos, han ido bajando más todavía.
Esto en cuanto a los precios de primera venta, pero hay un tercer factor añadido: las limitaciones a la pesca de especies y poblaciones críticas para la economía de la flota. El caso uno es el atún rojo. La cuota española se viene
reduciendo año a año y después del acuerdo de Marraquech, de este mismo lunes, la reducción va a continuar. Ello unido al escaso porcentaje de cuota que, es lamentable decirlo, la Secretaría General del Mar asignó a la flota del Cantábrico. Si se
compara el porcentaje de cuota del 22 por ciento que se le ha asignado a esta flota, con el que realmente le debiera haber correspondido por su trayectoria histórica reciente, hablaríamos de una pérdida potencial de alrededor de 4 millones de euros
anuales. Este es un tema que ya trataremos otro día; pero ha descendido la cuota. El cierre de la pesquería de la anchoa, como ustedes saben, ha generado una reducción de ingresos a la flota de bajura del Cantábrico que se puede estimar, a partir
de los datos, en la siguiente tabla. El año 2004, ingresos totales, 67,5 millones de euros, más o menos, en el año 2005, ingresos, 53 millones; en el año 2006, 55 millones; en el año 2007, 42 millones. Los de cerco y cebo vivo han descendido un
21 por ciento. Por lo tanto, no vamos a marear aquí con números, la situación es crítica, como todos ustedes saben.
En resumen, y para finalizar mi intervención, el efecto conjunto de diferentes factores que, como hemos dicho, son altamente perjudiciales para la economía, desde la enorme e inesperada alza exponencial del precio del gasóleo, el
estancamiento en los precios de primera venta y las limitaciones sobre la pesca y los déficits de las regulaciones de gestión, junto con otras situaciones menores, inciden en que la grave situación que atravesaba el sector pesquero del Cantábrico en
el año 2003, que tampoco estaba en época de grandes bonanzas, sino que estaba en una situación aguantable, ha originado que hoy en día quede en una situación muy, muy grave. Por todo ello, y ya en la parte dispositiva de mi proposición no de ley,
uniéndolo a la propuesta que hacía en la introducción, pedimos que se amplíe en cinco años el período de amortización y en dos años el de carencia para los préstamos ICO preferenciales que se otorgaron al amparo de los reales decretos que antes he
citado. Por otra parte, pedimos que se establezcan nuevas líneas preferenciales de crédito a través del ICO, para los préstamos destinados a acometer nuevas construcciones de buques suscritos en los tres años posteriores a la fecha de hundimiento
del Prestige.
He tenido la opción de recoger unas enmiendas del Partido Popular cuya intencionalidad agradezco. Acepto sus términos porque me parece que son complementarios a los que aquí se plantean y amplían el número de beneficiarios, no centrándose
solamente en los que yo citaba por su contexto especial. No será el Partido Nacionalista Vasco el que diga que no hay que ayudar a otros, pero, evidentemente, en el momento en que quede fijado que la flota del Cantábrico perjudicada por esta
catástrofe siga teniendo estas posibilidades de ayuda por parte del Instituto de Crédito Oficial. Por tanto, acepto las enmiendas y ya veremos qué pasa después en el debate.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Después de oír las palabras del portavoz del Grupo Vasco, señor Agirretxea, el Grupo Popular se reafirma en su total identificación con el sentido de la proposición no de ley. Agradecemos que se nos permita
complementarla, para que no solo abarque a los pescadores del Cantábrico, sino también a los del resto de España, que están sufriendo una situación problemática debido a la crisis que padecemos. Nosotros hemos respetado escrupulosamente el tenor y
la literalidad de la proposición no de ley del Grupo Vasco, añadiendo que se amplíen los créditos del ICO otorgados para apoyar la mejora de la competitividad del sector pesquero establecida en el Plan de acción del sector pesquero español del año
2005, permaneciendo inalterable el resto de las condiciones definidas. Por cierto, quiero aclarar que en la enmienda, por un error mecanográfico, pone cuatro años, cuando lo que se pide es que se amplíe en cinco años el periodo de amortización y en
dos el de carencia para los préstamos ICO, como decía la propuesta inicial del Grupo Vasco.
En un segundo punto pedimos que se promueva una línea de crédito preferente por parte del ICO en favor del sector pesquero, en el año 2009 para la obtención de créditos por parte de los armadores, en condiciones equivalentes a las
establecidas para la mejora de la competitividad del sector pesquero en el año 2005 y cuya cuantía se acuerde con las entidades representativas del sector, en función del consumo de gasoil y previa consulta y deliberación con las comunidades
autónomas. Pedimos esta ampliación porque el sector pesquero está actualmente inmerso en la devolución de los créditos de la época del accidente del Prestige, que lógicamente fueron dispuestos para paliar esos efectos económicos, pero ahora la
falta de rentabilidad debida a la crisis financiera
internacional y, en particular, a la crisis económica española no favorecen la devolución de esos créditos. Para evitar la descapitalización y el progresivo desmantelamiento de nuestro sector pesquero y estabilizar su economía, es necesario
equilibrar la cuenta de resultados, y para conseguirlo, la acción más inmediata es aplazar las amortizaciones de los créditos dispuestos en las líneas preferentes del ICO. Complementariamente, en tanto se normalizan las condiciones operativas de
las entidades financieras, para atender las necesidades de financiación del capital circulante se hace imprescindible establecer una nueva línea de crédito preferente del ICO, que alcance a todo el sector pesquero, no solamente al del Cantábrico, y
cuya cuantía se acuerde con las comunidades autónomas y con las entidades representativas del sector, asociaciones y Federación de cofradías. Nuestra propuesta va en línea con lo manifestado por el vicepresidente económico, el señor Solbes, que en
días pasados anunció una línea de 29.000 millones para financiar a las pymes, y no nos parecería justo que el sector pesquero, particularmente el sector extractivo, que es el alma de nuestra pesca, quedará fuera, tratándose también de pequeñas
empresas familiares. Entenderán los compañeros del Grupo Socialista y el Gobierno que no es lógico que un sector que da trabajo de forma directa a 11.500 embarcaciones y a 45.000 marineros y que además puede llegar a 200.000 empleos indirectos no
pueda verse beneficiado por las medidas adoptadas. Si se cuantifica nuestra propuesta se ve que las necesidades financieras serán insignificantes frente a la masa de dinero que se ha puesto a disposición de la banca.
Nuestra proposición no de ley
y nuestra propuesta de enmienda deberían ser aceptadas por el Grupo Socialista, porque son acciones que reactivarán al deprimido sector pesquero. No es lógico que se haya lanzado un plan de reactivación del sector desde el Gobierno, que tiene
limitaciones al no abarcar a todo el sector y con escasamente 275 millones de euros, según manifestaciones del secretario general del Mar en esta misma Comisión, y se rechacen unas medidas que, aparte de incidir en la economía de forma positiva,
tienen incidencia social por existir poblaciones que tienen una alta dependencia de la pesca.
Agradecemos al Grupo Vasco que acepte nuestras enmiendas. Nosotros habíamos presentado una proposición de ley de este mismo tenor. Nos hubiera gustado que se hubieran debatido juntas, pero creo que se ha resuelto con la buena voluntad del
Grupo Popular de apoyar en todos sus términos la iniciativa del Grupo Vasco. Agradezco además que ellos acepten nuestras enmiendas.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo quiere intervenir en turno de fijación de posiciones? Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Pensaba que iba a escuchar al portavoz socialista, pero no he podido escucharlo. Quiero decirle que me parecería oportuno conseguir su apoyo. Imagino cuál va ser su línea argumental a la hora de defender su
postura. Espero equivocarme y que nos apoye.
Solamente me queda agradecer a los demás grupos que apoyen esta proposición no de ley, porque esto no es un beneficio ni un capricho para cuatro vascos sino para toda la gente que vive del mar. Por
tanto, pido al Grupo Socialista, como grupo mayoritario, que apoye esta proposición.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista había pedido la palabra para fijar posición.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Pero usted me ha dado la palabra a mí primero.
La señora PRESIDENTA: Sí, ya lo sé. Para fijar posición, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, qué más quisiera este portavoz que apoyar esta proposición no de ley. Este portavoz, desde hace más de un año, en atención a demandas de armadores gallegos, ha tratado con el ICO este
problema. Ahora viene aquí, y tengo que decir que es cierto que hay unas ayudas, una línea ICO preferencial, para atender a los perjudicados de la catástrofe del Prestige, pero también tengo que decir que a día de hoy la mayoría de estos afectados
ya han devuelto sus créditos y el ICO no considera en estos momentos la posibilidad de dar una moratoria de cinco años a estos créditos. Por el contrario -además están en un nuevo paquete-, el ICO está estudiando, como no puede ser de otra manera,
la posibilidad de implementar alguna línea especial de crédito para el sector pesquero, dentro de las líneas de reactivación de la economía. Pero una cosa es eso y otra es afrontar los créditos del año 2002-2003 y darles una nueva prórroga cuando
la mayoría del sector ya ha hecho frente a ese problema. Hay una segunda parte en la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco, que es que se demanda ayuda para nuevas construcciones y que está expresamente prohibida por la Unión Europea.
Por tanto,
hay que presentar el tema de una manera diferente.
Los problemas que aquí se plantean, que son serios y reales, pueden tener solución pero igual tenemos que volver sobre ellos en otro momento y buscar algún mecanismo feliz que nos permita afrontarlos. Hoy, el mecanismo que tenemos encima de
la mesa puede permitir que aprobemos esta proposición no de ley -existen los votos para ello-, pero va a ser difícil que dé algún resultado positivo, porque estamos escribiendo una vez más una carta al ICO. En estos momentos, escuchando los debates
de estos días, el ICO es el que tiene que resolver todos los problemas de la crisis que tiene este país. Ante una crisis financiera importante, ante la falta de liquidez del sector privado se está recurriendo al ICO como el paradigma de todos los
problemas y el ICO tiene que hacer
más pero es posible que el ICO no pueda con todo. Por ello, les invito a que entre todos busquemos alguna vía imaginativa que, dentro de las directrices generales que se van a exponer mañana, nos permita afrontar los problemas del sector
pesquero, que son serios, aunque hoy, desgraciadamente, también lo son en el conjunto de la economía. Para tratos preferenciales en este momento hay problemas. El combustible parece que aflojó un poco y los problemas de rentabilidad los tiene el
sector pesquero y los tiene el conjunto de los sectores.
Nosotros pensamos que es necesario hacer un saneamiento del sector pesquero para afrontar la nueva situación y que este saneamiento va a necesitar medidas especiales. Lo que no podemos contemplar es que, basándonos en una catástrofe que fue
real, la catástrofe del Prestige, volvamos a replantearnos una prórroga de cinco años para unos créditos que tenían que estar ya amortizados. En ese tipo de condiciones, sintiéndolo por los afectados, que caso a caso podrían tener solución, el ICO
daría un mal ejemplo de gestión si prorrogase los créditos de hace cinco años; fomentar la morosidad en esta situación en la que estamos de crisis general no sería una actuación ejemplarizante de una banca pública eficiente. En cierto modo es una
morosidad forzada, luego habrá que buscar otros mecanismos que no pasen necesariamente por que los créditos ya caducados se renueven graciosamente, mientras que la mayoría de los afectados los tienen ya amortizados hace años, con sacrificios iguales
o mayores que los que se exigen a los que los tienen pendientes.
Nos hubiera gustado aprobar esta propuesta, la defendimos en su momento -no aquí, sino en los despachos-, no fue posible y tampoco es posible ahora. Quiero no obstante que conste que hicimos las gestiones oportunas para buscar una salida a
este problema, pero que no pudo ser.
- RELATIVA A LA REGULACIÓN FONDEO DE LA BAHÍA DE SANT ANTONI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000491.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece en el punto 3º del orden del día, relativa a la regulación del fondeo de la bahía de Sant Antoni, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Tal como se describe en la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular, la bahía de San Antonio y la bahía de Portmany, en la isla de Ibiza, se ha convertido en uno de los lugares de fondeo
escogido por muchísimas embarcaciones de recreo, con un crecimiento importante, que ha desembocado en los últimos años en una afluencia masiva que no ha sido respaldada por una adecuada gestión y regulación por parte de las administraciones
competentes. La falta de definición de competencias genera un desentendimiento entre la Administración autonómica, Puertos -del Gobierno de las Islas Baleares- y Costas -del Ministerio de Medio Ambiente-, con unas consecuencias negativas para
nuestra bahía y para el litoral, reflejadas, como he dicho antes, en un masivo fondeo incontrolado de embarcaciones, no solo en verano, sino durante todo el año, en la bahía. Durante los últimos años son demasiadas las embarcaciones que, por su
abandono, tienen un lamentable estado, motivo por el que algunas se han incendiado y otras han quedado varadas, lo que ha llevado a que al final la bahía de San Antonio se haya convertido en un basurero de restos náuticos -especialmente los fondos
marinos- y de vertidos derivados de los mismos.
En su momento el propio Ayuntamiento de San Antonio trasladó su preocupación a la comisión de Agenda Local 21 de San Antonio, con dos cuestiones importantes, primero, la masificación del libre fondeo
de embarcaciones y, segundo, el procedimiento de eliminación de residuos de esas mismas embarcaciones. Esos vertidos han contribuido a que la playa de la bahía de San Antonio haya perdido la bandera azul, signo de calidad de las aguas de baño de la
Unión Europea. Además de estos efectos medio ambientales, hay un problema de tráfico, hay un problema de seguridad de las embarcaciones de recreo que van de un lado a otro de la propia bahía y de los bañistas. Probablemente, también la bahía San
Antonio se ha convertido en una de las rutas de entrada de tráfico de drogas. El Ayuntamiento de San Antonio, ante esta situación, se ha dirigido en innumerables ocasiones a la demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, a Puertos, de
Baleares, del Gobierno de las Islas Baleares, para trasladar la situación y solicitar que se clarifiquen las competencias, que se delimite correctamente la zona de dominio de las diferentes administraciones y se actúe en consecuencia para solucionar
este problema.
Nosotros, ante esta situación y ante la petición que nos hizo el Ayuntamiento de San Antonio, hemos presentado esta proposición no de ley con un acuerdo que es que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que coordinada y
conjuntamente con el Gobierno de las Islas Baleares clarifique y delimite las competencias de cada una de las administraciones en la bahía de San Antonio y regule los fondeos de embarcaciones, a fin de evitar el peligro de contaminación
medioambiental a la que se ve sometida la referida bahía.
Por último, quiero poner de manifiesto mi agradecimiento al señor Bar, del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha preocupado también por esta misma situación y que ha presentado una enmienda de sustitución a nuestra propuesta -con la que
estamos totalmente de acuerdo-, que amplía y mejora la proposición del Grupo Parlamentario Popular. Le adelanto ya que la aceptamos y que la votaremos favorablemente.
La señora PRESIDENTA: En efecto ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista y el diputado señor Bar Cendón tiene la palabra para su defensa.
El señor BAR CENDÓN: Quiero aprovechar para saludar a las señorías de esta Comisión, a la que no pertenezco, pero en la que me acogen creo que con cariño.
No quisiera aburrirles mucho rato sobre un asunto que tiene un carácter eminentemente local, sobre todo porque la proposición no de ley sometida a debate tiene ya un acuerdo básico entre los grupos; no en vano, el ponente del Grupo
Parlamentario Popular es paisano -en mi caso, paisano de adopción- y buen amigo. Sí voy a aprovechar esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente para hacer una llamada de atención sobre un tema que afecta de modo creciente a innumerables puntos de
nuestras costas para que lo que hoy decidamos aquí nos pueda servir para otras situaciones similares en ocasiones venideras y que acabe siendo de provecho también para otros lugares, a pesar de ser, como decíamos antes, una proposición no de ley que
tiene un carácter bastante localista.
Efectivamente, la bahía de Portmany constituye un abrigo natural para todo tipo de embarcaciones, muy especialmente las de recreo, porque es una bahía que está protegida de todos los vientos, diría yo, y de todos los temporales, tanto los de
tramontana como los de levante e incluso los de poniente, gracias al islote de Sa Conillera, que protege también la bahía por ese flanco. Goza además de gran belleza paisajística -creo que se me nota lo que quiero a mi tierra- y es uno de los
destinos turísticos más consolidados de las Illes Balears. La superficie marítima está dividida en dos zonas: la zona uno, con una superficie de 234.000 metros cuadrados, está adscrita a Puertos de las Islas Baleares -por un real decreto del año
1985, si no recuerdo mal- y por tanto depende de la Autoridad Portuaria autonómica; la zona dos, de 231.000 metros cuadrados, comprende el canal de entrada y sus aguas colindantes y su competencia corresponde al Estado, según los ámbitos y
actividades a que nos estemos refiriendo, ya sea la Capitanía Marítima en todos los temas que afectan a la navegación, o ya sea la Demarcación de Costas, en las zonas o actividades que afecten a la zona de dominio público marítimo terrestre.
Concurren, además, competencias municipales en las zonas de playa y lugares de baño a lo largo de toda la bahía en virtud del artículo 208 del reglamento que desarrolla la Ley de Costas. Si S.S.SS. encuentran un cierto galimatías competencial, de
esto trata precisamente la proposición no de ley que estamos debatiendo.
El hecho es que, en una bahía abrigada y relativamente pequeña, confluyen muy diversos tipos de actividades: transporte de pasajeros en el interior mismo de la bahía, transporte hacia la península, pesca deportiva e industrial, navegación
de ocio, actividades deportivas diversas, como vela, remo, etcétera, y abundante turismo de sol y playa. Lo que constituye un importante fuente de problemas, es el fondeo desmedido de pequeñas y medianas embarcaciones en lugares muy sensibles
además y que alcanzan desde unos 70 u 80 barcos en invierno hasta los más de 200 o 250 en verano, según diversas fuentes consultadas. Y no es que no se esté haciendo nada al respecto. Celadores de puertos -lo que se da en llamar Policía
portuaria-, celadores de la Demarcación de Costas, Capitanía Marítima, Policía local e incluso los GEAS de la Guardia Civil o agentes de Vigilancia Aduanera han tenido que intervenir en muy diversas ocasiones, cada uno desde luego dentro de su
ámbito competencial.
Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente tiene en marcha un estudio en profundidad para dar soluciones a la problemática de los fondeos en las Islas Baleares. Es un estudio lógicamente muy complejo, con una duración total
de dos años y que se prevé que esté completo a finales del año 2009. De él se ha llevado a cabo ya una buena parte, creo que la más voluminosa quizá, que es la correspondiente a la recogida de información, tanto de las zonas de fondeo como de
aspectos bionómicos. De resultas del estudio se van a proponer medidas para la gestión de esta y de otras zonas de las Islas Baleares: acotamiento, sistemas de recogida de residuos, colocación de muertos y puntos de amarre fuera de las zonas
sensibles, etcétera. Pero lo que le parece quizá más importante al Grupo Parlamentario Socialista, y que lo recogía también en origen la proposición no de ley del Grupo Popular, es que esto se haga en estrecha colaboración con el Gobierno balear e
incluso con la participación del propio ayuntamiento; dado el interés -aunque no esté comprometido su ámbito competencial propiamente- y que las medidas que se puedan adoptar puedan repercutir sobre la actividad del propio ayuntamiento y sobre toda
la actividad turística, es importante también la toma en consideración de sus propuestas. Sin embargo, como ya se ha dicho, la situación generada -creo que coincidimos también en esto- y que no se puede eliminar de un plumazo tiene una incidencia
negativa y comporta riesgos, desde los riesgos medioambientales por la ocupación y el deterioro de los fondos marinos, por las suciedades y la contaminación generadas, hasta riesgos para la seguridad de bañistas y deportistas, por el amparo incluso
a ciertas actividades delictivas, por no hablar del mercadeo irregular de puntos de anclaje, muertos, etcétera. Y ya que existe esa situación y en tanto no culmine el acuerdo entre las distintas administraciones y se acabe el estudio en
profundidad, hay otras medidas transitorias que sí se pueden ir adoptando también de forma conjunta. Desde luego, la vigilancia y el estricto cumplimiento de la normativa vigente compete a todos los agentes de la autoridad citados, locales,
autonómicos y estatales.
Podrían instalarse pantalanes flotantes en forma de autorización temporal, no fija, boyas ecológicas, como las instaladas por el Gobierno balear en Formentera, que han dado un magnífico resultado, mejor balizamiento de
canales de acceso de baño, retirada de embarcaciones seriamente
deterioradas u otras que precisamente correspondería a las administraciones con competencia concurrente determinar y que no vamos a fijar aquí lógicamente.
Por último, señorías, quisiera explicar el porqué de la enmienda que hemos presentado pese al acuerdo en lo sustancial con la proposición no de ley del Grupo Popular. La costa de las Islas Baleares tiene un indudable atractivo para la
navegación recreativa de todo el Mediterráneo. Sin desmerecer, desde luego, otras zonas de otras comunidades, es sabido que sin embargo la costa balear es la zona de todo el litoral español con mayor presión vinculada a este tipo de problemática.
La Capitanía Marítima de Ibiza estima que los fondeos, solo entre Ibiza y Formentera, podrían llegar a alcanzar los 50.000 anuales -repito que solo en Ibiza y Formentera- y por ello hemos incluido también en la enmienda todo el ámbito de las
Baleares, sin omitir, incluso precisándolo un poquito más, el caso concreto de la bahía de Portmany, donde existe una problemática muy específica y una población altamente sensibilizada con el tema.
Solo me queda agradecer la aceptación de la enmienda por parte del Grupo Popular.
- RELATIVA A LAS AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000499.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley que aparece en el punto 4º del orden del día relativa a las ayudas a la comercialización de los productos de la flota pesquera española, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el portavoz del mencionado grupo, señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Con esta proposición no de ley quisiéramos inaugurar una nueva fase en el debate de la problemática del sector pesquero. Hasta el día de hoy los debates en esta Comisión sobre la problemática del sector pesquero han
sido siempre debates condicionados y agobiados por crisis que se decían inminentes y que eran crisis graves. Durante bastante tiempo los debates en esta Comisión giraron en torno al incremento de los costes de producción provocados por los
combustibles.
Hoy, que ese problema parece que afecta en menor medida al sector y que también es un respiro para la economía en general, queremos enfrentar un problema del sector que es importante, el de la comercialización. Hasta ahora los
problemas del sector han sido problemas de costes, siempre relacionados con combustibles, problemas de caladeros relacionados con la sostenibilidad y el problema de la comercialización que es el que vamos a tratar hoy específicamente. La
comercialización es la que condiciona los ingresos del sector, pero ha cambiado mucho últimamente, de manera fundamental por el tema de la globalización. La globalización ha multiplicado el número de productores o de empresas con vocación
exportadora y hoy nuestro mercado, los mercados de la Unión Europea están siendo tentados y abastecidos por flotas muy diversas; también favoreció el fenómeno de la pesca ilegal, que no se da en nuestra flota, en nuestros mares, pero de la que no
estamos libres en el mercado, a pesar de que se toman múltiples cautelas para evitarla.
Nuestra propuesta de hoy trata de desdoblar las cautelas y de abrir nuevas puertas a la comercialización con el apoyo a las organizaciones de productores. Con nuestra propuesta -después pasaremos a la Mesa una enmienda transaccional-
intentamos sumar, porque había coincidencias, como no podía ser de otro modo, con los demás grupos, en concreto, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Vasco, porque trabajamos en la misma línea, porque atendemos la demanda del sector y
porque respetamos todos el marco competencial de la Unión Europea, del Estado y de las comunidades autónomas. Nuestra propuesta quiere un mejor control de los mercados, un mayor control de las fronteras externas, de la española y de las de la Unión
Europea, porque internamente en la Unión Europea no hay fronteras. Estamos en un mercado abierto en el que se pueden poner pocos límites a las entradas de productos del exterior, pero, por seguridad alimentaria se pueden poner límites y controles a
los productos que no reúnan la calidad debida o que no pasen los controles sanitario que exigen las instituciones comunitarias. Por ello, la propuesta es que se extremen medidas para que estos controles sean efectivos. También entre estas medidas
está la de reforzar todo lo referente a la inspección pesquera con medios materiales y humanos, incluso con reglamentos para que esta inspección pesquera sea más efectiva en el control de las fronteras externas.
Proponemos asimismo que, en colaboración con las comunidades autónomas se trabaje en la diferenciación de los productos y en su trazabilidad para dar transparencia al mercado, y transparencia e información al consumidor y que pueda valorar
mejor nuestros productos, porque pensamos honradamente que los productos de la flota española en la mayoría de los casos ofrecen mayor calidad, pero esa calidad tiene que estar claramente diferenciada en el mercado a través de la trazabilidad.
También pensamos que la comercialización es algo que compete a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y al Gobierno central; por ello, creemos que hay que acordar con las comunidades autónomas el seguimiento especial de la comercialización
de los productos pesqueros, que son especialmente sensibles.
Por último, decimos que hay que apoyar a las organizaciones de productores, tanto a las autonómicas como a las de ámbito estatal, en todas aquellas medidas que se articulen para una mejor comercialización de sus productos. Dejamos la puerta
abierta a las formas de comercialización, porque somos de los que pensamos que hay que encontrar nuevas formas para valorar mejor los
productos pesqueros. La flota pesquera no puede llegar a puerto, desembarcar, que otros se encarguen de comercializar y que al final de la jornada se compruebe si los ingresos fueron buenos o malos. La comercialización hay que
planificarla, así como las entradas en puerto, para que el producto no sea excedentario ya al comienzo de la subasta, y a través de algunas organizaciones hay que entrar en esa cadena de comercialización, porque no podemos dejar que sean únicamente
cuatro o cinco grandes aprovisionadores los que controlen este mercado. Pensamos que este es un papel de la Administración, de los productores a través de sus organizaciones, y por eso nosotros contemplábamos que la Administración del Estado ayude
a estas organizaciones a afrontar nuevas formas de comercialización, respetando en todo caso las formas que estas organizaciones promuevan.
Quiero decir, para terminar, aparte de que don Aurelio pueda discrepar o pueda criticar muchos aspectos de nuestra intervención, que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular y con el Grupo Vasco para presentar una enmienda
transaccional cuyo texto pasaremos a la Presidencia de la Comisión. Digo también que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha tenido que ausentarse, pide excusas por su ausencia, pero lo sustancial de sus enmiendas está recogido en la
transaccional que presentamos, en la que a su vez se recoge lo sustancial de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: En efecto, se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Vasco y por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de esta última tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Empiezo mi intervención diciendo al portavoz del Grupo Socialista, don Ceferino, que en este caso coincidimos bastante con su planteamiento, aunque a lo mejor no en la temporalización de sus soluciones, y que el
hecho de que estemos en la oposición no significa que siempre haya que estar en contra, sino que cuando hay que arrimar el hombro y apoyar al sector pesquero lo hacemos y no nos duelen prendas, venga de donde venga la iniciativa.
Don Ceferino Díaz decía en la proposición no de ley anterior que el sector pesquero está en crisis, como todos los demás. Quiero recordarle que cuando todos los demás no estaban en crisis el sector pesquero ya lo estaba; por tanto, llueve
sobre mojado en su situación real a día de hoy.
Estamos de acuerdo con el Grupo Socialista en que la globalización ha impulsado la entrada en nuestro mercado de una serie de buques de bandera de conveniencia que están generando una competencia
desleal a nuestro sector pesquero; competencia desleal porque tiene unos bajísimos costes de producción, porque los salarios son bajos, porque no cumplen con normas de seguridad e higiene, porque están actuando fuera de normas que regulan la pesca
internacional, pescando incluso en lugares y épocas prohibidos, porque las organizaciones regionales que pescan allí limitan a las partes contratantes el uso en determinados tiempos y con determinadas artes, porque usan también artes prohibidas; a
todo esto hay que añadir el dumping social que, aunque no es exclusivo de los buques de bandera de conveniencia porque también en otros países ocurre, no tiene en cuenta para nada las condiciones sociales de los marineros. Es cierto que esta
situación genera una competencia absolutamente desleal y mucho más cierto es que estas flotas están causando un perjuicio enorme a nuestros pescadores. Pero también estamos de acuerdo -y así lo hemos puesto de manifiesto, ya que desde el Grupo
Popular somos acérrimos defensores- en lo que es hoy día la baja rentabilidad del sector pesquero; podemos decir que hoy es mala, pero que mañana puede ser mucho peor si no se adoptan medidas. Eso es lo que le pedimos al Gobierno.
Nos preguntamos qué ha hecho el Gobierno para atajar esta situación. Pues tenemos que ser claros, nada importante, nada resolutivo, a lo que hay que añadir que las iniciativas del Grupo Socialista traídas a esta Cámara instando al Gobierno
-es un grupo que insta a su propio Gobierno- son de puro entretenimiento y venta mediática, pero después no tienen una trasposición, un reflejo real en el sector. Yo preguntaría al portavoz del Grupo Socialista quién le ha impedido a su Gobierno
tomar las medidas que hoy ustedes mismos proponen a esta Cámara para que instemos al Gobierno. El Gobierno ha podido tomar en los cinco años que lleva de Gobierno todas estas medidas una tras otra, nadie se lo hubiera impedido y en el Grupo Popular
se le hubiera apoyado. Ahora le pregunto: ¿cuánto habrá que esperar más para que sean una realidad? Ya hemos perdido cinco años, ahora las traen ustedes para que el Gobierno las cumpla, y les pregunto: ¿cuándo llegarán realmente al sector
pesquero? Esto de decir vamos a hacer, vamos a solucionar, es un brindis al sol. Usted hace un diagnóstico perfecto de cuál es la situación del sector, pero las medidas que proponen no son la medicina efectiva y real que el sector necesita.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas con el único interés de poner fecha a los compromisos que proponen. Eso de la temporalidad, nos comprometemos a, estudiaremos, en el menor tiempo posible... Ya llevan cinco años y no han hecho nada.
Nuestras enmiendas van en ese sentido, y agradezco -no nos duelen prendas- que se nos hayan aceptado y que pongamos fechas a estas propuestas que hoy nos trae el Grupo Socialista.
Tengo que decirle que otras propuestas de mi grupo, también en
defensa del sector, no han merecido la aprobación de su grupo, como por ejemplo aquella interpelación debatida en Pleno de medidas urgentes para ayudar al sector agrícola, ganadero y pesquero, o la proposición no de ley, debatida recientemente en
esta Comisión, de medidas urgentes para la defensa del sector pesquero. Ambas contenían un paquete de medidas que pretendían sacar al sector pesquero del hoyo en que se encuentra, pero no contaron, como digo, con el voto del Grupo Socialista.
Centrándonos en la propuesta que hoy debatimos, lo primero que tengo que decir es que no entendemos el planteamiento del primer apartado a), que dice demandar a la Unión Europea para que extreme en sus fronteras el control. ¿Significa que
se tiene conocimiento de que están llegando productos pesqueros a nuestro país que no cumplen las condiciones sanitarias? Porque si eso es así, pregunto: ¿por qué no se actúa cuando se tiene la responsabilidad de defender al consumidor y al
pescador? Hay un reglamento recientemente aprobado, no hace ni dos meses, el 29 de septiembre de 2008, el 1005/2008, por el cual se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada. No me voy a extender, pero hay dos puntos importantes: uno trata de la obligación de realizar inspecciones en los buques pesqueros de terceros países de los Estados miembros, obligación que tiene el Gobierno español apoyado en esta
normativa; y otro se refiere al régimen de certificaciones de la captura para la importación y exportación de los productos de pesca. ¿Dónde está el problema entonces? Ustedes quieren que el Gobierno demande a la Unión Europea, la Unión Europea
hace una normativa para que actúe el Estado miembro y ahora resulta que el Estado miembro no actúa y ustedes dicen que sea la Unión Europea. Pues se van a reír de nosotros o nos van a decir: ustedes no saben leer. No entiendo este juego de
palabras. El problema real está en la falta de inspección, en los problemas con los inspectores, que están declarados en huelga para que se trabaje en horario comercial, y durante el resto de las 24 horas del día ancha es Castilla, no se controla
lo que entra. No se dan ustedes cuenta de que ese es uno de los más graves problemas que tiene el sector pesquero, porque a los pescadores españoles les hacen unos controles en lonja muy importantes, diarios, cotidianos, que no tienen los productos
pesqueros que vienen de terceros países, ni en conservación, ni en sanidad, ni en tallas. Hay una discriminación enorme y un daño tremendo, que tiene una incidencia muy importante a su vez en el precio del pescado. La solución la tienen ustedes.
La trasposición se ha hecho hace dos meses, nosotros queríamos que se hiciera en seis meses y ustedes aceptan que sea en un año. La buena voluntad y la fe son ciegas, pero estaremos muy atentos a que se cumpla, porque la Unión Europea no tiene a
nadie para venir aquí a controlar eso, corresponde a España hacerlo.
Nosotros estamos de acuerdo en conseguir una diferenciación de nuestro pescado porque su propia calidad así lo merece, pero es al Gobierno al que corresponde adoptar las medidas en este sentido, conseguir el mejor aval para llegar a un
diferencial de precio que pudiera repercutir en la mejora de la rentabilidad del sector pesquero. Recuerdo al Grupo Socialista que después de cinco años de gobierno no ha conseguido ni siquiera la implantación generalizada del etiquetado
obligatorio del pescado. Qué menos que el consumidor sepa qué pescado está comprando, de dónde viene y en qué condiciones está. No solo sirven las campañas en televisión y decir que hay que tomar medidas, hay que actuar. Ustedes hacen un
diagnóstico perfecto, saben lo que hay que hacer, pero después eluden responsabilidades; por un lado la Unión Europea, por otro lado el pescador, pero el Gobierno no se pringa en absoluto ni se moja de ninguna manera. En cuanto a acordar con las
comunidades autónomas un seguimiento especial de esta comercialización, debo decirle que el comercio es competencia de las comunidades autónomas. Lo que creo que se debe hacer es facilitar a estas comunidades el cumplimiento de sus obligaciones,
porque, cuando no se actúa bajo una normativa general, hay 17 maneras de interpretar la comercialización, con lo cual la situación se complica bastante. Se olvida el Grupo Socialista de la denuncia recientemente realizada por Cepesca de que hay
especies que han llegado a elevar el precio en un 944 por ciento, casi el 1.000 por ciento del precio de lonja al precio en la plaza de abastos. Yo creo que habrá que actuar para paliar esta situación. No se ha hecho nada. Los compromisos del
Gobierno de abordar la reforma de las estructuras comerciales de primera venta del pescado han quedado en el olvido, no se está actuando absolutamente nada.
Finalmente, con referencia al punto d), quiero recordar que el reglamento del Fondo Europeo de la Pesca, que entró en vigor hace ya dos años, en enero de 2007, contempla entre otras medidas contribuir a la transparencia de los mercados, de
los productos de la pesca y de la acuicultura, incluida la trazabilidad, mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos y crear organizaciones de productores. Hace ya dos años la Unión Europea ha planteado esto y vienen ustedes ahora con lo
mismo.
Se han perdido dos años. Creo que debemos instar al Gobierno, que es lo que hemos hecho, a que en el plazo mínimo posible se haga. Nosotros solicitábamos un mes, nos dicen que tres meses, de acuerdo, pero que realmente sea en tres meses.
Nosotros no nos oponemos a lo que presenta el Grupo Socialista, que me parece bien, pero no tiene compromiso temporal y es más de cara a la prensa que un verdadero compromiso con el sector pesquero. Por ello hemos presentado estos tres puntos de
enmienda, hemos conseguido por lo menos acotar los tiempos y que no sea totalmente un brindis al sol. Eso sí, estaremos muy atentos al grado de compromiso del Gobierno con lo que aquí hoy se va a aprobar.
- SOBRE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ A FIN DE COMPENSAR LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS COMO CONSECUENCIA DE INUNDACIONES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000522.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre ayudas al sector agrario de la provincia de Cádiz a fin de compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de inundaciones, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para pedir el voto favorable a esta proposición no de ley en cuya su parte dispositiva solicitamos instar al Gobierno para que apruebe un real decreto-ley en el que
se contemplaran ayudas para los agricultores de la provincia de Cádiz que han sufrido daños tanto en sus cosechas como en sus instalaciones agrícolas con motivo de las intensas lluvias que tuvieron lugar los días 11 y 12 de octubre próximo pasado.
En efecto, señora presidenta, en estos días, lluvias que llegaron a alcanzar los 200 litros por metro cuadrado y que discurrieron en muy pocas horas, provocaron daños en distintas zonas de la provincia de Cádiz, concretamente en el término de Jerez
de la Frontera, en las localidades de la Barca de la Florida, en Nueva Jarilla y en Torrecera; en Arcos de la Frontera; en Rota; en Chipiona; en el Puerto de Santa María; en Sanlúcar de Barrameda y en Campo de Gibraltar. Todos estos municipios
se vieron afectados en sus términos municipales por un gran temporal de agua que provocó daños muy importantes tanto en viviendas, enseres e infraestructuras urbanas como en las explotaciones agrarias. Los principales cultivos afectados fueron el
algodón -que se encontraba muy próximo a su recolección-, con daños superiores a los 7 millones de euros; el maíz, con daños cercanos a los 3 millones de euros; las hortalizas, la flor cortada, los frutales, etcétera. Además de estos daños por
pérdidas en los cultivos, hay que destacar también que muchos agricultores se verán afectados en sus rentas al no poder recibir las ayudas europeas, por ejemplo los cultivadores de algodón, ya que se trata de un producto que está en régimen de
acoplamiento en parte y, por tanto, al no poder entregar producto alguno pierden las ayudas vinculadas a la producción. También se han producido daños en las instalaciones agrícolas y ganaderas afectando a los sistemas de riego, aperos de labranza,
invernaderos, etcétera. De igual forma, las infraestructuras -como caminos, arroyos, acequias- se han visto destrozadas y desbordadas por la intensidad del agua caída en tan corto espacio de tiempo. Todas las organizaciones agrarias han coincidido
solicitando ayudas para reparar los daños causados. El propio Gobierno, en Consejo de Ministros del día 17 de octubre, reconoció la gravedad de la situación y acogiéndose al Real Decreto-ley 307/2005, modificado por el Real Decreto 4007/2007,
concedió una serie de ayudas para las viviendas, enseres y establecimientos mercantiles dañados y, sin embargo, no reconoció los daños sufridos por los agricultores. Estos, pese a haber transcurrido más de un mes desde que ocurrieron los hechos y
pese a que todas las organizaciones agrarias habían evaluado los daños -repito, todas-, aún no se han visto beneficiados por medida alguna por parte del Gobierno.
Ante esta situación, y haciéndonos eco de las peticiones de los agricultores, presentamos esta proposición no de ley en la que, como digo, instábamos al Gobierno a dictar un real decreto-ley en el que se contemplaran ayudas para los
agricultores afectados. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda, por parte del Grupo Socialista, en la que se instaba al Gobierno a agilizar la tramitación de todas las medidas y ayudas posibles a adoptar, con el fin de paliar
los daños ocasionados con motivo de estas intensas lluvias. No podíamos admitir dicha enmienda pues no se trataba de agilizar unas medidas sino de adoptarlas. En ese sentido, hemos conseguido -y se lo agradezco a la diputada señora Chacón- una
enmienda transaccional en la que, el Grupo Parlamentario Popular ha renunciado a que el instrumento donde se contemplen estas medidas sea un real decreto-ley, como pedíamos en nuestras iniciativas y como se ha hecho en otras ocasiones. Les recuerdo
el Real Decreto-ley 5/2007 por el que se concedían ayudas a los agricultores de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Jaén que sufrieron también daños importantes en sus cultivos con motivo de inundaciones ocurridas en aquellas fechas. Hemos
renunciado a este instrumento del real decreto-ley en aras del consenso y para que no existan ya excusas por parte del Gobierno para conceder estas ayudas. En este sentido, la enmienda transaccional que hemos acordado con el Grupo Socialista dice
textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con carácter urgente las medidas y ayudas necesarias para los agricultores de la provincia de Cádiz, a fin de paliar los daños ocasionados en sus cosechas y/o instalaciones
agrícolas con motivo de las intensas lluvias que tuvieron lugar en la primera quincena del mes de octubre del año 2008. Nos alegramos de haber podido llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista en esta enmienda transaccional y ahora lo importante
es que, una vez aprobada, el Gobierno apruebe de inmediato las medidas que los agricultores están esperando para poder remediar los daños importantes que sufrieron con motivo de estas inundaciones.
La señora PRESIDENTA: En efecto, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa la señora Chacón tiene la palabra.
La señora CHACÓN CARRETERO: El Grupo Socialista presentaba una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular en la que instábamos a agilizar la tramitación de todas las medidas y ayudas posibles a adoptar, con el fin de paliar los
daños que mencionaba el portavoz del Grupo Popular. Nuestra intención no era otra que instar al Gobierno, precisamente, a agilizar esas medidas que consideramos que ya están contempladas por parte del Ministerio de Agricultura y por parte, también,
de la Consejería de la Junta de Andalucía. Fíjense ustedes en que las incidencias climatológicas de las que estamos hablando son fenómenos que afectan a todas las producciones agrícolas y, según los sucesos del año climatológico, se deriva en gran
parte que las características
del clima de la provincia de Cádiz, del clima mediterráneo, tenga un régimen irregular de lluvias y de precipitaciones. Ante esta eventualidad que ya se conoce, la Administración General del Estado, por mediación del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, contempla y aprueba todos los años el Plan anual de seguros agrarios combinados que cubre todo tipo de producciones agrícolas y posibles daños sobre las mismas. En este año 2008, el citado ministerio va a invertir
320 millones de euros en subvencionar la contratación de los seguros agrarios en toda España, lo que puede dar una idea del gran esfuerzo económico que realiza esta Administración para asegurar, precisamente, la renta de los agricultores.
Este año,
en Cádiz, que es la provincia de la que estamos hablando, se han asegurado en torno a 133.000 hectáreas de cultivos tan importantes en esa provincia como son los cereales, el algodón, el arroz o los cítricos alcanzando las indemnizaciones abonadas a
los agricultores hasta el día de hoy algo más de un millón de euros, sin incluir en esta cantidad las que se tendrán que abonar por las lluvias de los días 10 al 13 de octubre. Es decir, que ya el Ministerio de Agricultura, dentro de este plan
anual, contempla que deberá incluir las que se tendrán que abonar por las lluvias del 10 al 13 de octubre.
En relación con las pérdidas en la agricultura producidas por las inundaciones de estos días en la provincia de Cádiz, conviene destacar -y quiero subrayar esto- que todos los riesgos ocurridos eran asegurables y que, según las primeras
tasaciones ofrecidas por la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, Enesa, se han observado daños de un 15 por ciento en cantidad y un 7 por ciento de calidad en 750 hectáreas de algodón, siendo este el principal cultivo afectado. Le siguen los
cítricos, con 37 hectáreas y un 20 por ciento de daños en cantidad y, a continuación, superficies pequeñas de maíz, olivar, zanahoria y flor cortada. Pues bien, los cultivos agrícolas que han sufrido inundaciones en determinados municipios de Cádiz
están cubiertos por el sistema de seguros agrarios para la práctica totalidad de las producciones, por lo que los agricultores que hayan suscrito la correspondiente póliza recibirán las oportunas indemnizaciones. De esta manera, el siniestro
producido por las lluvias torrenciales...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, les ruego silencio para que podamos entendernos.
La señora CHACÓN CARRETERO: ...estaría cubierto por cualquiera de las líneas asegurables. Esto lo repito. De esta manera, el siniestro producido por las lluvias torrenciales estaría cubierto por cualquiera de las líneas asegurables.
Al igual que este Plan anual de seguros agrarios combinados, existe otra medida de apoyo a los agricultores afectados por incidencias climatológicas adversas, que se basa en una disminución -esto es muy importante para las producciones
agrarias- de la presión fiscal mediante la reducción del llamado índice de rendimiento neto en estimación objetiva. Tiene el fin de poder ajustar la capacidad contributiva de los agricultores en las regiones afectadas a las circunstancias reales
del año agrícola. De esta manera, repito, anualmente -es algo que ya está contemplado- el Ministerio de Economía y Hacienda promulga una orden con la reducción de los índices de rendimiento netos de aquellas producciones que se han visto afectadas
por algunos de estos fenómenos climatológicos, en cuya estimación de daños participan tanto la Administración General del Estado como las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas afectadas -es el caso de Andalucía-. Ante la
proposición no de Ley del Grupo Popular, no cabía aprobar un real decreto-ley específico -era la propuesta inicial- sobre la adversidad climática ocurrida en la provincia de Cádiz, puesto que no se considera necesario dado que semejante medida
legislativa solo se utiliza, tal como establece el artículo 86 de la Constitución española, en casos en los que la situación es catastrófica y reviste una enorme gravedad. Es el caso del acuerdo tomado el 17 de octubre por el Consejo de Ministros,
destinado precisamente, dada la situación de emergencia y de naturaleza catastrófica, a la población, a los habitantes de la zona, donde numerosas familias sufrieron graves daños en sus viviendas y perdieron enseres de primera necesidad. Eso es
considerado por el artículo 86 de la Constitución y por quienes tomaron esas medidas, ese acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre, basado en el Real Decreto 307/2005, que tiene carácter de emergencia y que es de primera necesidad para los
habitantes de la zona. Como decía, este no es el caso del sector de las producciones agrarias ni de la situación de pérdidas, puesto que las pérdidas de las que habla el sector agrario pueden ser subsanadas mediante los mecanismos establecidos a
tal efecto, mecanismos existentes.
Quiero hacer referencia a que las organizaciones agrarias están haciendo llegar la valoración de esos daños a la Consejería de Gobernación y al Gobierno del Estado, y a que la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía está coordinada con el Ministerio del Interior y con el de Agricultura para interesarse al respecto, solicitando la información de estas organizaciones agrarias que, como digo, ya han hecho llegar a las respectivas administraciones. A
través de los convenios correspondientes y de las medidas que estamos pidiendo mediante esta transaccional a la que hemos llegado el Grupo Socialista y el Grupo Popular, pretendemos que se atiendan los daños en infraestructuras, en las cosechas, del
riego o de los caminos rurales, que son competencia de las comunidades autónomas.
En definitiva -acabo, señorías-, el Grupo Socialista quiere que se agilicen las medidas, pero consideramos que la tramitación debe agilizarse y por eso hemos llegado
a esta transaccional, para que las administraciones den respuesta a los daños causados, sabiendo que desde el primer momento en que se produjeron estas inundaciones la ministra de Agricultura, cuyas declaraciones conocemos por la prensa, se
comprometió justo tres días después a que iban a tener ayuda los agricultores que habían sufrido daños en las cosechas. Y sin más que decir, agradezco al Grupo Popular que haya llegado a este acuerdo con el Grupo Socialista, del que nos
congratulamos.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LA BAJADA DE LOS PRECIOS DE LA LECHE EN ORIGEN Y PARA EXTREMAR EL CONTROL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000525.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para evitar la bajada de los precios de la leche en origen y para extremar el control de las importaciones de productos lácteos;
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No es la primera vez que el Bloque Nacionalista Galego presenta una iniciativa relacionada con el sector lácteo, y tampoco es la primera vez que tratamos en esta Comisión el problema de los precios en origen de
este producto agrario. En esta ocasión se da una circunstancia que, desde nuestro punto de vista, es importante, dado que, si bien esta proposición no de ley fue presentada el 17 de noviembre, en un momento en el que se daban unas determinadas
circunstancias, algunas de esas circunstancias cambiaron después de que el 19 de noviembre se alcanzaran en la Unión Europea unos acuerdos en relación con la modificación de la PAC, eso que se dio en llamar durante mucho tiempo el estado de salud de
la política agraria común. Nosotros ya dijimos en su momento -queremos aprovechar esta ocasión para volverlo a manifestar- que, teniendo en cuenta la aceptación que los acuerdos de la PAC tienen en el sector lácteo, en la medida en que esa
aceptación vaya a incidir en la situación de crisis que padece, una situación de la que, como digo, hemos hablado en diferentes ocasiones en esta Comisión, las medidas se adoptaron a espaldas de la propia realidad que manifiesta el sector. Incluso
pensamos que se desaprovechó un momento para corregir los desequilibrios que existen en el sector lácteo, y asimismo se perdió la oportunidad de potenciar un sector que en el Estado español, y de manera particular en Galicia, tiene una gran
relevancia. Para nosotros ese desaprovechamiento va a ser más perjudicial para el sector de lo que en principio valorábamos el 17 de noviembre de este año, cuando presentamos esta iniciativa. Lo hacíamos en un momento en el que la campaña
2008-2009 estaba avanzada, un momento que pensábamos era propicio para la repercusión de los acuerdos adoptados en el seno de la UE y la aceptación, como digo, que estos pudieran tener en el sector y de manera específica en el precio de la leche;
una situación que ustedes saben que en estos momentos está provocando un descontento grande en el sector, hasta el punto de que se está movilizando. En Galicia, concretamente, están teniendo lugar movilizaciones muy serias e importantes; reclaman
a la Xunta de Galicia responsabilidades que realmente corresponden o bien al Gobierno del Estado español o bien a la Unión Europea, y por eso nosotros hemos presentado esta proposición no de ley en esta Comisión, en la procura de buscar alternativas
en la medida en que tratamos de que el Gobierno se comprometa a la resolución de los problemas que tiene el sector y que los ganaderos están reclamando.
Una de las causas que inciden de manera importante en el precio de la leche es el aumento lineal de la cuota que se hizo en el año 2008 en la Unión Europea a todos los Estados de la Unión por igual. Nosotros siempre defendimos que esto no
debería ser así y que se debería atender de manera específica o, por lo menos, diferenciada a aquellos Estados que eran excedentarios y a aquellos que eran deficitarios, como el Estado español.
Cada vez que hemos presentado o debatido, en ocasiones
por comparecencias de la ministra o del secretario General del Medio Rural, las cuestiones sobre los planes lácteos de cada año, siempre fuimos conscientes y nadie negó lo que planteaba el Bloque Nacionalista Galego sobre la situación de Galicia, ya
que mientras en algunos Estados de la Unión e incluso en algunos territorios del Estado existe una situación excedentaria, en Galicia se está reclamando una mayor cuota, porque existe una demanda de los productores para incrementar la producción.
Por tanto, manifestábamos que ese 2 por ciento lineal era negativo para los productores del Estado español y, de manera específica, para los gallegos. Seguimos manifestando que los acuerdos alcanzados, el día 19, van a continuar perjudicando al
sector en la medida en que también establecen un uno por ciento lineal y no van a tener en cuenta esas diferencias que nosotros tratamos de resolver, en nuestra proposición no de ley, procurando una cuestión más asimétrica de la Unión Europea en
relación con este incremento de la cuota; sobre todo, teniendo en cuenta el escenario que se nos plantea, para el año 2015, de la posible eliminación de las contingencias de la producción.
Si nosotros hacemos esta propuesta en este momento -insistiendo con otras ya presentadas en varias ocasiones- es porque además de la necesidad que tiene el sector de que el Gobierno asuma medidas como las que nosotros presentamos, pensamos
que hay argumentos que en otras ocasiones se utilizaron para no considerar adecuada la propuesta que hacíamos -y concretamente la relacionada con la intervención en los precios de origen de la leche- por el hecho de que en el mercado no se podía
intervenir.
Señorías, en este momento nos gustaría manifestar algunas cuestiones en relación con este argumento, porque entendemos que en la actualidad debería ser un argumento obsoleto, en el sentido de que
cómo podemos denominar, si no es intervención, al hecho de que los gobiernos, incluido el Gobierno español, estén interviniendo a los rescates -como se denominan- de la situación de crisis que padece el sector financiero. Es verdad que hay
personas que en este momento están diciendo que son necesarios esos planes de rescate, porque sin el sector financiero no se puede continuar la actividad productiva. Nosotros nos planteamos que sin el sector primario de la cadena alimentaria, desde
luego, malamente se podría hacer la cadena productiva o cualquier otra cadena, porque sin alimentos las personas no podríamos sobrevivir. Por tanto, si es necesario tomar medidas de rescate para el sector financiero en crisis, con más claridad
sería necesario adoptar también medidas de rescate para un sector primario como es el sector lácteo. Por eso volvemos a insistir -repito- en la necesidad de tomar estas medidas.
Por otro lado, en el día de hoy aparecen también en los medios de comunicación acuerdos de la Comisión de Pesca de la Unión Europea en los que, a diferencia de lo que se dice respecto a intervenir en los precios lácteos, resulta que sí hay
una intervención, aunque sea prudente, por parte de la Comisión de Pesca de la Unión Europea, porque se da unas recomendaciones de baja de los precios de determinadas especies, concretamente la merluza, y se recomienda la estabilidad de otros
precios de otras especies marinas. Por tanto, no entendemos por qué desde la Unión Europea se puede hacer una intervención, aunque sea de esta manera prudente que acabo de exponer, y no se puede hacer una intervención también más directa de la que
se está haciendo hasta ahora en de los precios lácteos. Por eso el punto número 1 de nuestra proposición no de ley defiende que en el ámbito de la Unión Europea se impulse, en lo que sea propio de su competencia y de las competencias del Estado, la
modificación de las normativas de configuración de los precios de las materias primas alimentarias, ya que en el precio de la leche no solamente incide el precio en sí que se establece en el mercado, sino también el incremento de los costes de
producción, porque además de aquellos que pueden ser el incremento de insumos, etcétera, está el petróleo y una serie de incidencias que están incrementado el coste de producción y perjudicando, desde el punto de vista económico, las capacidades de
sobrevivir a las explotaciones agrarias.
Señorías, si no se llevan a cabo medidas como las que nosotros pretendemos o proponemos, mejor dicho -perdón por la expresión nada adecuada- y teniendo en cuenta esa aceptación de la que hablaba en principio de las medidas adoptadas en los
nuevos acuerdos de la PAC en el sector, esa situación que estos últimos años provocó el cierre de muchas explotaciones va a continuar, va a ser un goteo que, desgraciadamente, va a continuar no solo en Galicia, sino en el resto de las comunidades
del Estado. Hay que decir que por el nivel de tamaño de las explotaciones de Galicia están cerradas aquellas que son más pequeñas, pero hay una vocación tremenda de producir de aquellas que son medianas explotaciones, y nosotros entendemos que por
el valor estratégico que tiene este sector en nuestro país, Galicia, sería necesaria la máxima ayuda y la máxima cooperación para que el sector lácteo pueda continuar su actividad productiva y para que pueda seguir respondiendo a ese papel de
contribuir a la riqueza económica de un país como Galicia, donde los sectores productivos como este y el de la pesca son vitales.
Señorías, podríamos incidir en muchísimos más argumentos para defender la propuesta que hacemos. Somos conscientes de que este tema también es una preocupación de otros grupos parlamentarios y que eso significó que nuestra proposición no de
ley tuviera diferentes enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular. Por nuestra parte, aunque el texto de nuestra proposición no de ley nos parece el más adecuado, entendemos muy conveniente para el
sector que nos pusiéramos de acuerdo para que todas las fuerzas políticas en esta Comisión instáramos al Gobierno a actuar en la dirección que he planteado en la defensa de esta enmienda a fin de que se puedan estabilizar los precios en origen de la
leche. Al mismo tiempo, para que se impulsen medidas que, en el año 2015, hagan posible que los productores estén en las mismas condiciones de competir y nos referimos al año 2015 en el que está previsto que se eliminen las contingentaciones -vaya
palabrita-. Por eso hicimos el gran esfuerzo de procurar una transacción, tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Popular. Probablemente no nos satisfaga por entero ni a los que hacen la propuesta de enmienda ni a los que hacemos la
propuesta de proposición no de ley, pero consideramos que puede ser muy satisfactorio para el sector el acuerdo al que lleguemos hoy; por eso nosotros aceptamos la transacción, al mismo tiempo que esa transacción que nosotros proponemos es aceptada
por el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, en relación con las enmiendas, la señora Arias.
La señora ARIAS RODRÍGUEZ: Simplemente quiero mencionar dos notas para aclarar que en el Grupo Popular compartimos en buena medida las reflexiones del grupo proponente, pero sobre todo compartimos la sensación de angustia y preocupación de
los ganaderos españoles ante la situación de profunda crisis que vive el sector lácteo español. Una crisis que, por cierto, adquiere una de sus caras más dramáticas en Galicia, la comunidad de la que yo provengo y que es la primera productora
láctea del Estado y también la primera en número de explotaciones en torno a 14.000. Una preocupación del Grupo Popular que ya se puso de manifiesto en las distintas propuestas e intervenciones que mis compañeros vienen haciendo y, de forma
contundente, en el trabajo desarrollado por los portavoces del Grupo Popular en la subcomisión de la PAC. Una subcomisión en la que, por cierto, en ningún momento escuchamos las opiniones y aportaciones del BNG. Una actitud que
me resultó extraña y que, si me permite, con todo el cariño, señora Davila, raya en la irresponsabilidad, ya que no podemos olvidar que es precisamente el Bloque el que sustenta la Consellería de Medio Rural en Galicia, esa comunidad que,
como quedó claro, es la primera productora láctea del Estado. Por ello, me alegra que decidieran rectificar y presentar, aunque fuera un poco a destiempo, iniciativas para mejorar la situación del sector lacteo, en especial por lo que respecta a
los precios que los productores cobran por la leche. Nuestra postura hoy, como no podía ser de otra forma, es la misma que venimos manifestando en la subcomisión y en todas nuestras iniciativas, no sólo en el ámbito de esta Comisión de Agricultura
sino también en otras, como por ejemplo la semana pasada en la de Consumo. Sobre la base de todo ello, hemos presentado una serie de enmiendas con el convencimiento de que influirán en la mejora del sector lácteo español. Además estamos
convencidos de que son perfectamente asumibles por todos los grupos. El sector lácteo está pasando por la que probablemente es la peor crisis de su historia, en la que a la caída de precios en origen, estimada en un 25 por ciento, se une el
incremento de los costes de producción, que de media alcanza el 40 por ciento, lo cual, como ustedes entenderán, está provocando una situación desesperada en el campo español.
Señorías, en el último año cada explotación gastó una media de 6.500 euros más que en el año 2007 en piensos, combustibles y sobre todo en fertilizantes, cuyos precios subieron la friolera de un 200 por cien. El pasado año a un ganadero le
costaba producir un litro de leche 37 céntimos de euro; en la actualidad, cuando los costes han subido un 40 por ciento, el precio de la leche ha bajado hasta los 34 céntimos de euro por litro. Esta situación ha llevado a que en los dos últimos
años y sólo en Galicia se cerraran una media de 1.000 explotaciones por año.
Señorías, la leche es blanca aquí, en Francia y en Portugal, pero su futuro en nuestro país, francamente, es muy, muy oscuro. Hay que recordar también que España es un
país claramente deficitario en la producción de leche -solo se producen 6 millones de toneladas, mientras que el consumo es de 9 millones- y además estamos sufriendo una entrada masiva de leche foránea, sobre todo francesa, mientras nuestros
ganaderos no tienen garantizado, como aquí queda ampliamente explicado, que se les pague ni siquiera el coste de producción. Además, en muchos casos, como hemos visto en los últimos tiempos en Galicia, ni siquiera tienen garantizado que se les
recoja la leche que producen. Sin embargo, ante esta situación, el Gobierno y concretamente la ministra Espinosa se han entregado totalmente a Bruselas, en vez de defender en este contexto los intereses nacionales. Víctimas de una política
exterior totalmente disparatada y demostrando un interés muy pequeño por un sector clave de nuestra economía, no se defendieron los intereses de los agricultores y de los ganaderos gallegos y de todo el conjunto del Estado en esa reforma de la PAC.
Por lo que respecta al BNG, responsable del medio rural en Galicia, los agricultores le echan la culpa de los males que sufren en esa comunidad, y algo de culpa deben tener. Alguna responsabilidad tienen cuando en el acuerdo de gobierno PSOE-BNG se
establecía que se llevarían a cabo medidas concretas, como el contrato homologado, del que todavía no se ha hecho una homologación ni una aplicación concreta que llegue a todas las empresas y a todos los productores.
Por lo que respecta a las cuotas, el incremento lineal del uno por ciento para los veintisiete países de la Unión Europea, consentido -como ya he dicho- por el PSOE, más que un aterrizaje suave va a suponer un torpedo en la línea de
flotación del campo español. Francia produce 24 millones de toneladas, 240.000 kilos más que va a poder producir; 9 millones produce España, 9.000 kilos más que va a producir. Esto quiere decir que la diferencia entre los países deficitarios y
los países excedentarios, lejos de converger, se va a incrementar en los próximos años. En este sentido, la postura del Partido Popular frente a las cuotas fue, y sigue siendo, clara y coherente, frente a las políticas de ambigüedad y de mejor no
tocar nada de los socialistas. Estamos a favor de un incremento del uno por ciento anual de cuota láctea, pero no renunciamos a que este sea asimétrico y que así se establezca en próximas negociaciones, de forma que se puedan beneficiar sobre todo
aquellos países que, como España, tienen un déficit de consumo muy importante. Esto se tendría que haber negociado y aprobado en la reunión del día 19. No fue así, pero creemos que es un objetivo claramente irrenunciable y una garantía
indispensable para no hundir totalmente el sector. Además, en el Partido Popular creemos que la situación actual hace necesarios mecanismos de apoyo específico para los territorios de clara vocación láctea. Es importante que se mejoren los
mecanismos de recogida de precios, lo que facilitará a los consumidores el ejercicio de su derecho a conocer con transparencia cómo se forman los precios en el mercado. Por ello, aunque somos conscientes de que es complicado, creemos que es
necesario y positivo, tanto para los productores como para los consumidores, el doble etiquetaje. También vemos positivo que se desarrolle un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado y que se haga verdaderamente operativo el
Observatorio de precios. Para terminar, se hace necesario incidir en el control de las importaciones, y reclamamos la importancia de la trazabilidad para la leche, de tal forma que el consumidor sepa si la leche que toma es francesa, polaca o
española, y todo lo anterior con un objetivo único, la garantía de rentas dignas para los productores. No nos olvidemos de que los más de 24.000 valientes ganaderos productores de leche que hay en España -14.000 en Galicia- no tienen importancia
solo por lo que puedan aportar a la producción de un sector sino también a la vertebración de todo un territorio.
Así las cosas, la transacción que aquí se presenta -y agradecemos al grupo proponente el esfuerzo que ha hecho para llegar a ella- es mucho menos ambiciosa de lo que el propio grupo proponente pretendía y muchísimo menos de lo que el Partido
Popular presentaba en
sus enmiendas. Nos parece una transacción ambigua, sin compromisos claros y que muy poco va a poder hacer para mejorar el sector. Sinceramente, con estas medidas no se puede sacar adelante un sector en crisis. No son en absoluto medidas
para la crisis, sino más bien una declaración de buenas intenciones sin ir más allá. Aun así, queremos dejar claro que todo aquello que pueda suponer una mejora, por ínfima que esta sea, será apoyado por el Grupo Popular, que, a nuestro juicio, en
este apartado fue mucho más claro, más ambicioso y presentó aquí un importante paquete de propuestas que sí beneficiarían al sector.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En primer lugar, quiero expresar claramente nuestra coincidencia absoluta con la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila, en el sentido de compartir una preocupación por la situación del sector lácteo,
específicamente del que desarrolla su actividad en las zonas deprimidas, en las zonas de montaña, en las zonas donde aún es necesario seguir realizando procesos de reestructuración en las explotaciones del sector, para que adquieran una dimensión
suficiente que les permita asegurar una adecuada competencia en un mercado abierto, competitivo y difícil, como es el del sector lácteo.
La proposición no de ley se ajusta a los tiempos, a una situación de dificultad por la que pasa el sector, una situación de bajos precios, incluso de problemas de recogida de la leche, como ha habido en algunas zonas geográficas de la
cornisa cantábrica. Es absolutamente inexplicable, difícil de entender, en un espacio geográfico como en el que estamos en la Unión Europea, de economía libre de mercado, que en tan solo un año hayamos pasado en el sector lácteo de una situación de
precios altísimos de la leche en origen y, sobre todo, en destino, debida a la subida de la inflación y del IPC, y que en tan solo unos meses se haya pasado a una situación de excedentes, de bajos precios y de problemas en la recogida. Esto
demuestra que este es un sector en el que es necesario seguir interviniendo. Por tanto, la proposición no de ley es, en el fondo, una llamada de atención a todos los poderes públicos -comunidades autónomas, Gobierno español y Unión Europea- de la
necesidad de mantener mecanismos de intervención, de regulación, de seguimiento, para evitar estas gravísimas crisis de precios que tiene el sector lácteo. Los ultraliberales, que en el año 2003 aprobaron aquella desaparición de las cuotas lácteas
y pensaron que el mercado de la leche en Europa podía autorregularse perfectamente sin cuotas y sin mecanismos de intervención, estaban, desde mi punto de vista, absolutamente equivocados. Los conservadores europeos, que han defendido ese mercado
lácteo sin protección, es evidente que estaban equivocados. Debemos desde aquí -y así lo hacemos con la proposición no de ley que de forma conjunta se va a aprobar- seguir defendiendo mecanismos que protejan a los productores y que aseguren
estabilidad en los mercados para evitar la sangría de pérdida de pequeñas explotaciones que se viene produciendo en los últimos años.
Como digo, no se explica el porqué de estas crisis. Poner una vaca en producción cuesta varios años, y no es razonable, salvo por la existencia de una escasa organización en el sector, que se produzcan excedentes de leche, como en este
momento, crisis de precios o altas subidas como hubo hace tan solo un año. Coincidimos con la proponente en que el sector tiene problemas, problemas de precios, como se anunciaba, y problemas de costes. El sector ha tenido que asumir un incremento
de precios muy importante en las materias primas, también costes energéticos, costes de distribución y recogida de leche, y por tanto el sector lácteo debe recibir hoy del Congreso de los Diputados un mensaje de apoyo de todos los grupos políticos
en el sentido de resolver las carencias y los problemas que tiene en este momento. Pero no podemos olvidar que estamos en un país de economía libre de mercado, donde los precios se fijan libremente en un marco de oferta y demanda entre la
producción y la industria. Desde nuestro punto de vista, el instrumento esencial para garantizar una cierta estabilidad en los mercados es prestar apoyo a la interprofesional láctea española, que se ha renovado este año, concretamente en mayo de
2008. Corrigiendo a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirle con todo cariño que esta interprofesional láctea renovada en mayo de 2008 ya ha aprobado entre sus primeras medidas un contrato tipo para el suministro de leche, el
cual ha sido homologado por orden del Ministerio de Agricultura y que entendemos que servirá para garantizar la estabilidad en el sector, el equilibrio que debe haber entre la producción y la industria a la hora de distribuir costes, esfuerzos y
beneficios en la cadena de valor de un producto tan importante como la leche.
Me parece importante destacar que a lo largo del día hemos negociado con el grupo proponente una posible transacción. Hemos llegado a un acuerdo y quizá sea esto lo más positivo, trasladar el acuerdo de todos los grupos políticos, porque
creo que el Grupo Popular, aunque ha criticado el conjunto de la transaccional, también va a votar a favor -nos felicitamos por ello-, y este es el camino, buscar encuentro y consenso y trabajar conjuntamente por este sector. Tanto el grupo
proponente como el Grupo Parlamentario Popular han hecho referencia al tema de las cuotas lácteas.
Reitero que todo el asunto de las cuotas lácteas es una decisión que viene de 2003, que fue el Gobierno de entonces del Partido Popular el que apoyó
aquella reforma y que es una decisión ya adoptada por la Comisión Europea y, por tanto, por todos los Estados miembros. Las cuotas lácteas desaparecerán en 2015. Esta es una decisión que tomó el Gobierno del Partido Popular con la reforma del año
2003. Por tanto, si trabajamos en el sentido del mantenimiento de las cuotas basándonos en
los dos estudios que va a hacer la Unión Europea, sería necesaria la unanimidad del Consejo de Ministros para que dicho régimen de cuotas lácteas pudiera prorrogarse después de 2015. Por tanto, a los señores del Partido Popular, tan
críticos con el resultado de las negociaciones en relación con el chequeo médico y tan críticos con las cuotas, el incremento del uno por ciento y la simetría, les pregunto -con su diplomacia europea tan característica- si contaremos en el futuro
con los apoyos de Sarkozy, de Merkel, de Berlusconi, en definitiva, de gobiernos de países de la Unión Europea cuyo acuerdo se requerirá para modificar el ya tomado en su momento con el apoyo del Partido Popular.
En relación con el mercado, simplemente les señalaré que conocemos perfectamente la situación del sector. Nos ha sorprendido muchísimo la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular;
llevo muchos años trabajando en el sector agrario, pero nunca había oído a nadie pedir en el sector lácteo el doble etiquetado y la trazabilidad. Es difícil entender qué propone el Partido Popular exigiendo doble etiquetado y trazabilidad. Doble
etiquetado significa que un paquete de leche tiene que llevar incorporado en el paquete el precio en origen pagado por la leche que va dentro del paquete y el precio en el supermercado. Y trazabilidad quiere decir que el paquete tiene que llevar
una etiqueta que diga en qué granja de qué municipio se ha producido esa leche. Cualquier persona que conozca un poco -no digo mucho- el sector lácteo sabe que la leche se produce en pequeñas explotaciones, se vende y se recoge en grandes
cisternas, es decir, donde se mezcla la leche de muchas explotaciones, que posteriormente va a una industria donde se procesa junto con otra leche procedente de otros circuitos de recogida. Por tanto, pedir, como pide el Grupo Parlamentario Popular
-demostrando, desde mi punto de vista, que pide lo imposible, fruto de un desconocimiento absoluto-, doble etiquetado y trazabilidad sería poner al sector en una situación de quiebra absoluta, porque sería inviable desde el punto de vista técnico e
inasumible desde el punto de vista económico. Esto es así, señora portavoz, contraste su opinión con quien considere oportuno, con la interprofesional, con la Fenil, con los sindicatos agrarios. Es un tema que requeriría una cierta reflexión para
no pedir aquí cosas imposibles que no nos conducen a nada.
Volviendo al principio, la proposición no de ley me parece conveniente, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a trasladar al sector un compromiso por seguir trabajando por un sector regulado, un sector que se reestructure, un sector que reciba
apoyos donde más lo necesite, en las zonas -como dice el último punto de la transaccional- de montaña, en las zonas de vocación láctea, donde habrá que hacer un esfuerzo de aquí a 2015 para asegurar que las explotaciones de leche españolas tengan
viabilidad y posibilidades de competir en un mercado cada vez más abierto y más difícil. Queremos que tengan la seguridad de que el compromiso de todos es asegurarles esa viabilidad.
Por nuestra parte, nada más. Agradecemos la voluntad del Grupo Mixto de asumir esa transacción que permitirá una votación unánime en esta Comisión. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, solo para pronunciarse en lo que todavía no se haya pronunciado en cuanto a la aceptación de las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Eso ya lo hice en mi intervención anterior.
Solo pido medio minuto para ejercer mi derecho a clarificar, para que quede en el'Diario de Sesiones', unas alusiones que me parecen totalmente improcedentes.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, ¿qué alusiones?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La alusión de que el BNG no estuvo presente en la subcomisión que esta Comisión tenía de la PAC. Creo que es necesario que eso se explique porque el BNG no es el titular del Grupo Mixto en esta Comisión, es el
diputado señor Perestelo, de Coalición Canaria, y por lo tanto era este miembro del Grupo Mixto en la subcomisión de la PAC el que participó. En ese sentido, señora presidenta, dado que la señora Arias tenía que conocer la forma de funcionamiento
de esta Comisión, me parece de muy mal gusto y de muy mala fe la alusión que ha hecho.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, eso no es una alusión. Ya lo ha explicado y no vamos a abrir ningún debate más sobre este tema.
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL EN LO QUE SE REFIERE A LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES DEL ALTO TIÉTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/000565.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley, relativa al cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional en lo que se refiere a la obra de abastecimiento de agua a las poblaciones del Alto Tiétar, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señorías, estamos intentando llegar a un acuerdo, pero vamos a ver cómo transcurre el debate. La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular es muy concreta, y es que se cumpla la ley. Que se cumpla
la ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional y, en concreto, que se ejecute una obra incluida en el anexo II del Plan Hidrológico, denominada
abastecimiento a las poblaciones del Alto Tiétar desde el Alberche, o, lo que es lo mismo, que de una vez por todas se garantice permanentemente el abastecimiento de más de 130.000 ciudadanos que viven distribuidos en doce municipios
mediante la obra que debería haberse ejecutado, según el propio Plan Hidrológico, antes de que terminara este año. Evidentemente, eso va a ser imposible. El texto de la proposición no de ley que defiendo expone con claridad los motivos de la
iniciativa, por lo que no voy a extenderme mucho en su explicación ya que considero que es de todos conocida. Se pretende que los graves problemas de abastecimiento de agua potable que padecen estas poblaciones en la época estival sea resuelto
definitivamente y no se tenga que acudir a medidas excepcionales en época de sequía, lo que ocurrirá una vez más si la próxima primavera no llueve abundantemente.
Estamos hablando de unos municipios situados al sur de la provincia de Ávila, con un marcado estiaje de sus recursos hidráulicos, que reduce muy considerablemente el caudal circulante de sus cuencas durante la época estival. Lo conoce bien
el señor Morán porque es de Asturias y su provincia es muy parecida al valle del Tiétar: tiene muchas pendientes, presas de escolleras, mucha pluviometría pero poca capacidad de almacenaje, por lo tanto, problema seguro. Esta situación se agrava
aun más al ser municipios con un paulatino crecimiento de la población residente y estacional en los meses punta de verano. Son municipios, señorías, cuya economía, al igual que su futuro inmediato, depende del agua; depende de que tengan o no
garantizada el agua. Estamos hablando de municipios cuyos alcaldes y concejales conocen bien la angustia personal y colectiva que supone tener que cortar el suministro de agua durante varias horas al día, o que tienen que acudir a medidas
excepcionales, como es el abastecimiento de agua mediante cisternas, como ya ha ocurrido varios años, especialmente en los de escasas lluvias. Señorías, son municipios que celebraron el Plan Hidrológico Nacional porque veían en él la solución
definitiva a sus problemas más agobiantes y que luego se desilusionaron cuando el Gobierno socialista paralizó su ejecución recién llegado al Gobierno; que se sintieron engañados por la Confederación Hidrográfica del Tajo cuanto les hablaba de
soluciones que nunca se concretaban. Son municipios que se sintieron doblemente engañados cuando en mayo del año 2005 el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo les anunció que las obras se proyectarían en el año 2005 y se licitarían
en el año 2007; está en la prensa, y hasta el día de hoy, nada de nada. En julio del año 2007, la ministra Narbona volvió a anunciar que la obra de abastecimiento se realizaría por la Confederación Hidrográfica del Tajo con una inversión de 19,7
millones de euros para la primera fase -queda una segunda fase-, y eso volvió a ilusionar a la población, pero a continuación volvió a decepcionarla porque no se hizo absolutamente nada.
Son municipios que volvieron nuevamente a ilusionarse cuando
el presidente del Gobierno, en su investidura del pasado día 8 de abril, se comprometió a que en el año 2010 estaría resuelto el abastecimiento de agua a todos los municipios, lo que todavía no ha ocurrido, pero es posible que todavía estemos a
tiempo de conseguirlo. Son unos municipios y unos ciudadanos que no entienden cómo el presidente del Gobierno y un presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo han vuelto a engañarles, porque en los Presupuestos Generales del Estado de 2009
no existe partida presupuestaria alguna consignada al efecto; es más, la que existía se ha suprimido. Son unos municipios que ven injusto que en otras partes del territorio español se improvisen fórmulas, se den soluciones inmediatas y sin reparar
en gastos a problemas de desabastecimiento, como ha ocurrido con el trasvase a Barcelona, mientras que se demora una y otra vez la solución que ellos demandan. Desde luego, lo que menos entienden -y no entendemos nosotros- es que el Gobierno de
España no cumpla una ley que va a cumplir ocho años de vigencia y que el Gobierno no ejecute una obra declarada, como lo está, de interés general.
¿Cómo podríamos calificar la situación actual de abastecimiento a las poblaciones del Tiétar -es lo que piensan todos los ciudadanos de la zona-, de burla, de desinterés, de engaño, acaso de desilusión? De lo que estoy seguro es de que
existe mucha desilusión, mucha angustia y, sobre todo, mucha sensación de injusticia y de agravio en los municipios de la zona. La solución es muy sencilla, o compleja, depende de cómo se quiera ver y qué interés haya por cumplir la ley. Si se
pretenden unas obras con dificultades técnicas, con afecciones medioambientales y elevados costes económicos, la solución es compleja, cómo no va a serlo. Puede que se pretendan esas obras - es lo que piensan los municipios- para así retrasar una y
otra vez la solución de un problema. La Confederación Hidrográfica del Tajo desechó la solución inicial del abastecimiento desde el Alberche. Luego planteó una alternativa que afecta a una zona de alto valor ecológico; una zona afectada por
espacios protegidos de la Red Natura 2000; una zona integrada en distintas zonas LIC, cepas, incluso en un área crítica para la cría del águila imperial. Estudios, consultas, más estudios, protestas, más protestas, esta es la situación, señorías,
demoras y más demoras en una obra vital para el abastecimiento y el futuro de esa población. Hay otras alternativas más sencillas, más baratas y de rápida ejecución que han sido planteadas por los propios ayuntamientos y por la diputación
provincial, como la conexión al sistema del Canal de Isabel II, que se abastece a su vez del río Alberche y que abastece a municipios limítrofes que están en la misma zona, o la conexión de la presa del Pajarero y su cuenca con la presa de Los
Morales y su distribución mediante tuberías, o la plataforma del antiguo ferrocarril. Todas estas fórmulas, sin ningún tipo de rechazo social ni ningún problema medioambiental. Los alcaldes de los municipios afectados han protestado, se han
reunido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo para instar a una solución inmediata; los ayuntamientos
y la diputación han adoptado acuerdos exigiendo el cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional; se han producido protestas ciudadanas, pero hasta la fecha como si nada, estudios, más estudios, anuncios de información pública, de impactos
ambientales, etcétera.
Termino ya, presidenta. La última noticia del Gobierno, un nuevo anuncio: la construcción de dos depósitos para el almacenamiento del agua, uno en La Adrada y otro en Casavieja, dos de los doce pueblos de la zona, depósitos que tampoco
sabemos cuándo se van a licitar y que además no solucionarían el problema global sino que solamente resolverían en parte el problema de estos dos municipios. En este momento, señorías, todos nos preguntamos si realmente hay o no voluntad del
Gobierno de cumplir la ley. Es urgente actuar al respecto. Los responsables municipales no pueden seguir con la angustia permanente de si habrá o no agua en el verano para abastecer a la población y, sobre todo, estos municipios no pueden seguir
estando discriminados.
Señora presidenta, usted lo dijo recientemente, cuando fue elegida presidenta de la Comisión. Dijo -y yo estoy de acuerdo con usted- que esta Comisión iba a trabajar en las políticas del agua por su gran componente social. Estoy totalmente
de acuerdo y me pregunto ¿acaso este no es un problema del máximo componente social? Es el momento, señorías, de volver a ilusionar a los abulenses del valle del Tiétar y para ello pido el apoyo del resto de los grupos, especialmente el del Grupo
Socialista, para instar al Gobierno en los términos que se plantean en la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz, señor Morán, tiene la palabra.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Hoy es un día histórico para el alto Tiétar, el Alberche, la zona de Pinares y para Ávila, porque hoy se da solución al principal problema de toda esta comarca, que es el suministro del agua, a la vez que se
respeta y fomenta el medio ambiente. Decía el portavoz del Grupo Popular que, pese a reiterados anuncios de prensa, lo cierto es que aún a fecha de hoy no se ha conseguido dar solución a una necesidad constatada por una serie de poblaciones que
están afectadas por una carencia que es básica, la de la garantía de un suministro de agua suficiente. Estas afirmaciones son textuales de la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, el miércoles 23 de febrero del año 2000.
La verdad es
que ese era el día en el que se firmaba un convenio para la ejecución de obras que cuatro años después, sustituido por voluntad popular el Gobierno del Partido Popular por el Gobierno del Partido Socialista, estaban en el mismo estado de ejecución
que cuatro años atrás. Es cierto -y coincido en este caso con el portavoz del Grupo Popular- que más que producirse declaraciones de prensa que anuncien ejecuciones de obras inmediatas, lo que hay que hacer es ejecutar esas obras que se anuncian.
A uno, que ha sido alcalde doce años, le duele tener que reconocer que muchas veces las administraciones vamos muy por detrás de las necesidades que la población nos traslada.
Presenta el Grupo Popular una proposición no de ley por la que se pretende dar una solución lo más inmediata posible a esta carencia constatada y constatable. Presenta el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda en la voluntad de poder
alcanzar un acuerdo. Hemos estado intentando cerrar una fórmula intermedia de texto, le he trasladado una última posibilidad al portavoz del Grupo Popular, entiendo que no es aceptable y nosotros tenemos que trasladar cuál es la realidad de la
situación en estos momentos, que es la razón que nos lleva a plantear algún matiz al texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. La actuación del Plan Hidrológico Nacional denominada abastecimiento a poblaciones del alto Tiétar
desde el Alberche -lo digo porque ese es el título que aparece en el Plan Hidrológico Nacional, no ha sido sustituida y, por tanto, cualquier obra que se ejecute en términos de dar solución al problema de abastecimiento a las poblaciones del alto
Tiétar ha de tramitarse con esa denominación- se desarrolla en tres proyectos: las conducciones desde las gargantas del Tiétar a la presa de Los Morales, el recrecimiento de la presa de Los Morales y los depósitos de Casavieja y La Adrada. Los dos
primeros proyectos establecen un sistema mancomunado de abastecimiento a los pueblos de la comarca. Se basa en una conducción reversible que conduce por gravedad los excedentes invernales de agua de las gargantas del Tiétar hasta la presa de Los
Morales, donde se almacenaría el recurso hasta la época estival. En verano el sistema funciona de manera inversa, bombeándose el agua hasta los depósitos de los municipios del alto Tiétar. De este modo se resolverá el problema del abastecimiento
en la época más crítica, la estival. El presupuesto de esta solución se estima en 46 millones de euros, 14 millones para las conducciones y 32 millones para el recrecimiento. El proyecto de conducciones desde las gargantas del Tiétar a la presa de
Los Morales está redactado, en trámite de evaluación ambiental, una vez finalizada la fase de consultas previa. Con fecha 10 de octubre de 2008 se adjudicó el contrato para el estudio del impacto ambiental del proyecto de abastecimiento a las
poblaciones del alto Tiétar desde el Alberche a Ávila, contrato que se firmará en los próximos días, dando así comienzo la redacción, de acuerdo con los datos que constan por parte de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente. La redacción
del proyecto de recrecimiento está pendiente de licitar, si bien ya se ha realizado la fase de consultas. Esta actuación tiene como objetivo incrementar las garantías de suministro de agua en el año horizonte del proyecto de las conducciones. Por
tanto, el recrecimiento de la presa de Los Morales u otras posibles alternativas para aumento de las disponibilidades hídricas puede acometerse en una etapa posterior sin que ello impida la contratación de las obras de conducción. El proyecto de
los depósitos de Casavieja y La Adrada a los que se refería el portavoz del Grupo Popular ha sido
aprobado técnicamente y cuenta con un presupuesto de 2.718.380,69 euros.
Dado que no precisa de declaración de impacto ambiental y se ha sometido a información pública, se procederá en breve a la licitación de las obras por la Dirección
General del Agua.
Según todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ya ha iniciado los trámites para la ejecución de los distintos proyectos necesarios para llevar a cabo la actuación incluida en el Plan
Hidrológico Nacional, denominada abastecimiento a poblaciones del alto Tiétar desde el Alberche. Dicha ejecución está sujeta al cumplimiento de cada uno de los trámites a que obliga la legislación vigente en función de las características de cada
uno de los proyectos, siendo la intención del ministerio hacerlos de la manera más rápida posible pero, lógicamente, sin vulnerar en ningún momento los plazos establecidos en las leyes que regulan cada paso administrativo. En esos términos
fundamentábamos...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Morán, disculpe un momento. Les rogaría, por favor, que se mantuvieran en silencio, que continuaran sus negociaciones en el pasillo y que entraran única y exclusivamente a hacer la votación.
Hay un problema
para las taquígrafas y también para el resto del personal que queremos entender el debate y la defensa que se está haciendo. Así que, por favor, les ruego silencio.
Señor Morán, adelante.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. En esos términos fundamentábamos, decía, la enmienda que presentábamos, la proposición alternativa a la presentada por el Grupo Popular y en esos términos teníamos un no disimulado
interés en poder alcanzar un acuerdo, un acuerdo desde el momento en que consideramos que tanto la voluntad en este caso del grupo proponente de la proposición no de ley como del Grupo Parlamentario Socialista es que se ejecuten las obras, que se
haga a la mayor brevedad posible y se dé solución a un problema porque, como hemos podido comprobar, ha habido demasiados anuncios de prensa y en estos momentos creo que sería necesario constatar que las obras se inician. Por los términos en los
que se han iniciado los trámites de licitación de parte de las obras vemos que es una solución ciertamente compleja, más allá de que haya diferencia sobre cuál ha de ser la mejor solución técnica, y reconozco que en este sentido la posición del
Grupo Parlamentario Popular no coincide con la posición del Grupo Parlamentario Socialista, las propuestas de soluciones técnicas son distintas, por razones también distintas; pero, si en último término de lo que se trata es de dar una solución a
una constatación real de una necesidad de abastecimiento a un conjunto de poblaciones, estaríamos en condiciones de poder llegar a un encuentro más o menos en los términos de la transaccional que estábamos comentando justo antes de que se iniciase
el debate de este punto, por lo cual nos incorporamos un poco retrasados al debate de la misma. Si fuésemos capaces de cerrar el acuerdo en esos términos, el Grupo Parlamentario Socialista, lógicamente, votaría a favor de la transaccional; en caso
de que no fuese así, no podríamos votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición ¿algún grupo quiere intervenir? No. Pues tiene la palabra el señor González, única y exclusivamente en relación con la aceptación de la enmienda.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Voy a intentar ser muy breve.
Agradezco al señor Morán su esfuerzo, sé que ha intentado buscar un acuerdo -él es ex alcalde y conoce los problemas que un alcalde tiene cuando falta el líquido elemento-, pero no ha sido posible por una razón fundamental, y es que no hay
consignación en los presupuestos para el año 2009. Por mucho que hablemos de agilizar plazos, si no hay consignación presupuestaria nos encontramos con que no hay posibilidad de ejecutar la obra. Plazos a los que se refiere la enmienda,
establecidos en la normativa vigente, referentes a la evaluación ambiental, ¿qué pasa si el impacto es negativo? ¿A cuántos años nos vamos? ¿Qué pasa si hay una oposición social por estar actuando en una zona frágil medioambientalmente? Nos vamos
a un montón de años. Plazos en la tramitación presupuestaria. Acabamos de tener el debate de presupuestos, hemos presentado enmiendas y ustedes han votado en contra de una propuesta para habilitar una partida. No se puede cuadrar con la enmienda
que presentan.
El problema es el climático, señor Morán, lo hemos hablado antes; es una zona con dificultades en su abastecimiento y hay que dar una respuesta inmediata. Agradezco su interés en llegar a un acuerdo; es posible que podamos seguir hablando
del tema fuera de esta Comisión, para iniciativas futuras que ya anticipo, pero en este momento hay que dejarse de estudios, de más estudios, porque la sensación de la población es que lo único que pretenden es retrasar la ejecución y el
cumplimiento de la ley; que que, remangarse y ponerse a trabajar en las obras que es posible ejecutar. Usted sabe bien que hay unas obras que tienen muchas dificultades y otras que son más fáciles de ejecutar. Hay posibilidades de actuar, les
pido que actúen, que es la demanda de toda la población que lleva muchos años esperando; usted se ha remitido al año 2000, yo creo que viene de más atrás.
La señora PRESIDENTA: Ruego a los señores portavoces que se acerquen a la Mesa para ordenar las votaciones de acuerdo con las transaccionales y se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Reanudamos la sesión y vamos a iniciar las votaciones, en el orden que aparecen en el orden del día las proposiciones no de ley.
Primera proposición no de ley, sobre la declaración de España libre de transgénicos. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Segunda proposición no de ley sobre medidas para reducir el consumo en espera de los aparatos electrónicos. Se somete a votación con una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Tercera proposición no de ley, relativa a la regulación del fondeo de la bahía de Sant Antoni. Se somete a votación con una enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Cuarta proposición no de ley, relativa a las ayudas a la comercialización de los productos de la flota pesquera española. Se somete a votación con una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, y el Grupo Parlamentario
Vasco.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Quinta proposición no de ley, sobre ayudas al sector agrario de la provincia de Cádiz a fin de compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de inundaciones. Se somete a votación con una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sexta proposición no de ley, relativa a la adopción de medidas para evitar la bajada de los precios de la leche en origen y para extremar el control de las importaciones de productos lácteos. Se somete a votación con una enmienda
transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Séptima proposición no de ley, relativa a los préstamos ICO para el sector pesquero del Cantábrico. Se somete a votación con una enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Octava y última proposición no de ley, relativa al cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional en lo que se refiere a la obra de abastecimiento de agua a las poblaciones del alto Tiétar. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.