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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 151, de 19/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 151
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 6 celebrada el miércoles 19 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Pregunta:
- De la señora Fernández Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las obras del edificio, del que es titular la Tesorería General de la Seguridad Social, situado en Gijón (Asturias) (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/015107). (Número de expediente 181/000778.)...
(Página 2)
Proposiciones no de Ley:
Por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Trabajo e Inmigración, previa remisión de los informes correspondientes, del secretario de Estado de Seguridad
Social para informar de la evolución del sistema de la Seguridad Social, y del secretario general de Empleo para informar de la evolución del empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. (Número de
expediente 161/000149.)... (Página 5)
- Sobre el impulso continuo de desarrollo del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000514.)... (Página 8)
- Sobre modificación de la figura de reagrupación familiar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000267.)... (Página 11)
- Sobre levantamiento de la moratoria de trabajo para rumanos y búlgaros.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000307.)... (Página 15)
- Por la que se insta al Gobierno a remitir trimestralmente a la Cámara información sobre la situación de la inmigración en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000365.)...
- Sobre impulso continuo de desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000515.)... (Página 22)
- Sobre adopción de medidas que avancen en una mayor personalización y en las funciones de intermediación de los servicios públicos de empleo, en el marco del diálogo social y en colaboración con las comunidades autónomas. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000516.)... (Página 25)
- Para impulsar medidas que promuevan la prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000517.)... (Página 28)
- Por la que se insta al Gobierno a transferir a las comunidades autónomas, proporcionalmente a su población empleada, los recursos no gastados en los programas de formación continua correspondientes a cada anualidad y con carácter
inmediato, los correspondientes a 2008 para que sean destinados a actuaciones de formación continua. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000493.)... (Página 31)
- Sobre medidas para limitar las remuneraciones excesivas de altos ejecutivos en las empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente
161/000165.)... (Página 35)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTA:
- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO, DEL QUE ES TITULAR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUADO EN GIJÓN (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/015107). (Número de expediente 181/000778.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Antes de empezar con el orden del día, quisiera matizar algunas cuestiones para que todos nos hagamos un poco la composición de lugar. En primer
lugar, saben que hay una pregunta y luego tenemos diez proposiciones no de ley. Hemos estado hablando sobre los tiempos y todos los portavoces están de acuerdo en que la votación, en cualquier caso, no se producirá antes de las siete de la tarde.
Lo digo, porque como sé que algunos de ustedes tienen otras comisiones, para que se puedan organizar lo más eficazmente posible. Antes de proceder a la votación haremos un pequeño receso para que si hay enmiendas transaccionales o alguna variación
los señores portavoces se puedan poner de acuerdo.
Sin más preámbulos, iniciamos la sesión con la formulación de la pregunta oral cuya autora es doña María del Pilar Fernández Pardo, a la que dará respuesta el secretario de Estado, señor Granado, -a quién doy la bienvenida. Creo que le van
a poner aquí una pensión,
puesto que ayer estuvo en esta misma sala cuatro o cinco horas; lo de hoy va a ser más breve. Disponen de siete minutos y medio que los intervinientes se distribuirán tanto en la intervención inicial como en la réplica como les parezca más
oportuno.
Tiene la palabra doña María del Pilar Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señor Granado, le reformulo la pregunta que realicé el 23 de junio de este año, en la que le solicitaba información sobre la situación en la que se encuentran las obras del edificio del que es titular la Tesorería
General de la Seguridad Social, situado en Gijón, en la Plaza del Carmen.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero presentar mis excusas a la señora diputada porque la contestación a esta pregunta no le haya llegado en tiempo formal.
Lamentamos las incidencias que han dado origen a este incidente, ya que nuestra intención es
cumplir siempre con los requerimientos que establece para la Administración el Reglamento del Congreso de los Diputados.
Por hacer un breve relato de la obra en cuestión, que hace referencia a la oficina integral de la Seguridad Social en la Plaza del Carmen número 6 de Gijón, adjudicada a la empresa Mantenimientos y Construcciones Alcuba el 8 de abril de
2005, tenemos que señalar que las obras no pudieron iniciarse hasta mayo de 2006 porque el antiguo portero de la finca, que debía haber desocupado en el año 2003 -antes del inicio de las obras- el piso en el que vivía en el inmueble que ha sido
demolido para colocar la oficina integral, demandó a la Seguridad Social y hasta que no hubo sentencia judicial firme no fue posible desahuciarlo. Las obras se inician el 2 de mayo de 2006 y en febrero de 2007 la dirección facultativa considera, en
escrito dirigido a la Seguridad Social, que es necesario realizar un estudio geotécnico que llegara a una profundidad de 15,5 metros, dado que la cimentación que se había examinado hasta los 7,5 metros no parecía que fuera la más conveniente para la
seguridad del edificio y de los edificios colindantes. El órgano de contratación autoriza la paralización de las obras el 1 de marzo de 2007. En abril de 2008, la oficina técnica de supervisión de proyectos informa favorablemente un proyecto
modificado en el cual, en función de dicho estudio geotécnico, se autoriza a modificar la geometría de los sótanos y a la reconsolidación de los cimentos previstos inicialmente. El 14 de junio de 2008 se reinician las obras; nosotros pensábamos
que en ese momento no iban a producirse nuevos incidentes, y sin embargo, en septiembre de 2008, del año en curso, la oficina técnica de supervisión de proyectos de la Subdirección de Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social informó
que habían aparecido una serie de pilotes del antiguo edificio, que databa de los años cuarenta, al iniciar la demolición de los restos de la antigua cimentación del edificio, y que en la destrucción de dichos pilotes habían aparecido grietas en los
edificios vecinos, por lo cual se ordenó, por motivos de urgencia, paralizar las obras, se comunicó al Ayuntamiento de Gijón el incidente y se solicitó una modificación de licencia para hacer frente a las nuevas contingencias.
La paralización parcial de las obras fue autorizada el 29 de septiembre de 2008 y el 9 de octubre de 2008 tiene entrada en el registro de la Dirección Provincial de Asturias un escrito de requerimiento del Ayuntamiento de Gijón en el que
solicita que se presente un modificado de proyecto porque la nueva cimentación prevista puede poner en riesgo los edificios colindantes a la finca de la tesorería. El 20 de octubre de 2008 el órgano de contratación autoriza la redacción del
proyecto modificado, que ha sido solicitado por el Ayuntamiento de Gijón. Con fecha 6 de noviembre de 2008 se recibe un nuevo requerimiento del Ayuntamiento de Gijón, basado en una denuncia de un colindante que indica la aparición de grietas, en el
que se requiere a la tesorería adoptar las medidas cautelares necesarias para que no se produzcan daños en los edificios colindantes. Ya se han tomado las medidas necesarias para ofrecer esas garantías. La oficina técnica de la Seguridad Social ha
presentado ante el ayuntamiento el correspondiente escrito de alegaciones y la semana pasada, señora diputada, la empresa adjudicataria, Alcuba, S.A. presentó en A Coruña concurso de acreedores, aunque manifiesta su intención de seguir ejecutando
la obra.
Por todo lo anterior, señora diputada, ya me gustaría saber en qué estado se encuentran las obras en este momento, porque es difícil encontrar en una obra de la Administración tal cúmulo de incidentes que afecten de forma tan negativa a la
continuación de las obras. Esperamos tomar contacto con la empresa para que nos garantice que va a seguir haciéndose cargo de la ejecución de las obras.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señor secretario de Estado, si a usted le parece curioso el hecho de las vicisitudes por las que ha atravesado esta obra y, sobre todo, que la suspensión de pagos de la empresa ahora plantee algún problema
-basándose en lo que usted dice parece que esta sería la justificación de la suspensión de las obras- a mí no me hace ninguna gracia, posiblemente porque soy asturiana, porque vivo en Gijón y porque este edificio acumula un retraso de tres años.
Señor Granado, no sé si ustedes trabajan, si mienten, si desconocen la situación...
(Rumores.) Sí, y les voy a explicar por qué. Usted ahora me ha dado una serie de explicaciones y el día 28 de octubre me contestaban por
escrito -tarde y mal- diciendo que estas obras se habían reiniciado el 14 de junio de 2008, teniendo prevista su finalización durante el mes de junio del año 2009. Por eso digo que o mienten o les asesoran muy mal.
Estas fotos que tengo
aquí las saqué el lunes, antes de venir al Congreso de los Diputados a trabajar, y fíjese cómo están las obras. ¿No le importa atender a estas fotos? Tal y como ustedes me decían el 28 de octubre, eran unas obras que dieron comienzo en junio y que
tenían previsto finalizar en junio de 2009. Fíjese como están. No hay obras, no hay caseta, no hay obreros. Todo esto que usted ve aquí es tal y como se encuentran en situación real las obras del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social.
Me ha sorprendido con estas explicaciones que ha dado, porque hace muy poco, el 28 de octubre -precisamente el mismo día en el que yo transformé en oral esta pregunta que ustedes no me contestaron por escrito- o mentían o desconocían la situación.
Señor secretario de Estado, estas obras comenzaron con el desalojo de los inquilinos en el año 2005. ¿Sabe cuál era el objetivo principal? Convertir este edificio en una oficina integral de la Seguridad Social con tres plantas de
aparcamiento, que era el motivo principal por el cual se demolía el edificio anterior y se iba a construir uno nuevo. Después de casi tres años, repito, no hay obras, no hay obreros, no hay proyecto; el presupuesto inicial era de 4,5 millones de
euros -alrededor de 762 millones de las antiguas pesetas-. Esta empresa, de la que usted ha hablado anteriormente, ya preveía un incremento del 20 por ciento precisamente por el retraso de las obras, que tenían que haber concluido en junio de 2008.
¿Me puede usted decir cuándo van a finalizar las obras de este edificio?
El objetivo principal no podrá ser posible porque ustedes no realizaron los estudios geotécnicos pertinentes. Y no lo digo yo, no lo dice esta humilde diputada del Grupo Popular, lo dice el director provincial de la Seguridad Social. Es
decir, con todo y con esto, ustedes demolieron un edificio que no era necesario demoler, que estaba catalogado ya que había una obra escultórica que ha tenido que ser llevada a otro lugar de Gijón.
Nos hubiéramos ahorrado dinero, tiempo y esfuerzo,
y el edificio podía haber sido objeto de una renovación integral, o como usted quiera llamarlo. En todo caso, hemos perdido tiempo y dinero, y ya me contará usted para cuándo finalizarán las obras. Yo les pediría que dentro de su ministerio se
coordinen, que conozcan a pie de calle cómo está la situación en Gijón, que no nos mientan, que no por ponerlo aquí por escrito la mentira se convierte en verdad, y sobre todo les pediría agilización y una previsión máxima cuando estamos hablando de
dinero público. Repito que son obras que ya acumulan casi tres años de retraso, que están paralizadas, que nos habríamos ahorrado dinero y que el objetivo principal que era la construcción de tres plantas de aparcamiento, no va a ser posible
realizarlo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Para concluir la respuesta a esta pregunta tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Cuando uno tiene razón no necesita utilizar determinado tipo de lenguaje, pero esa es mi manera de pensar. Este es un proyecto redactado por la anterior Administración.
(La señora Fernández Pardo: Socialista. (La señora López i Chamosa: No, popular.) Yo me lo encontré -es un proyecto del año 2003- e intenté, con el director provincial de Asturias viendo el propio edificio, deshacer el proyecto de adjudicación
que se había iniciado por entender que, en efecto, lo más razonable era conservar el edificio y no demolerlo, pero los trámites habían avanzado hasta un punto en que ya hubiera sido necesario indemnizar y se hubiera producido, por lo tanto, un
perjuicio para la Administración. No sé si a usted le parece que el retraso de dos años producido por una persona que demanda al titular del inmueble para no ser desahuciado le parece un plazo indebido.
Nosotros tenemos que respetar los derechos
de los ciudadanos, como imagino que también será su caso.
En cuanto a la contestación a la que hace referencia S.S., puede comprobar que ha sido enviada desde la Seguridad Social en el mes de junio, y que ha sido publicada en el mes de octubre, y a fecha 14 de julio nosotros pensábamos que las
obras se reanudarían y terminarían sin mayor incidencia.
En cuanto a los estudios geotécnicos, es un poco difícil hacerlos de un edificio que está construido. Los estudios geotécnicos llegaron hasta donde podían, hasta los 7,5 metros; luego, estudios geotécnicos más profundos han llegado hasta
los 15,5 metros. No entiendo que sea muy razonable llenar de sótanos los edificios en los conjuntos históricos de las ciudades. Este problema lo hemos tenido ya en diferentes localidades de España y, en este sentido, he cursado instrucciones para
que el proyecto de reforma que se presente al ayuntamiento de Gijón pida literalmente que se supriman algunas plantas de sótano, con lo cual sin duda será posible acometer la obra, si Construcciones Alcuba está en disposición de ello, en el plazo
previsto de ejecución de obra civil, que eran dieciocho meses. Si tenemos que cambiar de empresa, entonces tenemos que irnos a un plazo más largo, pero el cúmulo de incidentes que han ocurrido eran difíciles de prever porque no es posible realizar
estudios geotécnicos de un edificio que ya está construido hasta los 16 metros -si consulta a alguna opinión autorizada en arquitectura, se lo confirmarán- y también era difícil de evitar el caso del desahucio del portero, y desde luego el
procedimiento concursal en el que ha entrado la constructora tampoco parece que sea responsabilidad de la Seguridad Social.
Lamento, señoría, una vez más que le hayamos producido algún inconveniente por haber entregado tarde nuestra contestación, que salió de la Seguridad Social en
plazo, pero que evidentemente a su S.S. le ha llegado más tarde de lo debido. En todo caso, aceptará que no era nuestra voluntad engañarla, a no ser que S.S. sepa cuál es mi voluntad mejor que yo mismo, cosa que en términos de emitir
juicios se conoce como prejuicio.
El señor PRESIDENTE: Concluida esta primera parte de la Comisión, suspendemos dos minutos para despedir al señor secretario de Estado.
(Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL EN LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, PREVIA REMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, Y DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000149.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, y, en primer lugar, vamos a debatir la proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Trabajo e Inmigración, previa remisión de los
informes correspondientes, del secretario de Estado de Seguridad Social para informar de la evolución del sistema de la Seguridad Social, y del secretario general de Empleo para informar de la evolución del empleo. Para defender esta proposición
tiene la palabra don José Ignacio Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, en el discurso de investidura del año 2004, don José Luis Rodríguez Zapatero puso en evidencia su deseo de renovación de la vida pública de este país como un objetivo prioritario de su mandato y como una
seña de identidad de su Gobierno. Puso de manifiesto su interés por conseguir la centralidad del Parlamento español y prometió, entre otras cosas, diálogo, respeto, pluralismo, tolerancia y transparencia. Transparencia es exactamente conocer
puntualmente la verdad de lo que pasa y establecer los mecanismos necesarios y suficientes para que eso sea así. Señorías, hoy vamos a saber si estas palabras del presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, eran sinceras o no lo eran.
Hoy vamos a conocer el concepto que de control al Gobierno, que de equilibrio de poderes, que de limitación del poder político por parte de la soberanía nacional -que es una obligación constitucional y que forma parte, por lo tanto, de la esencia de
nuestra democracia- tiene el Partido Socialista. Rodríguez Zapatero, discurso de investidura 2008 (sic): Lo que se dice se hace y estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar
al Gobierno. Por otra parte, el Partido Socialista lo ha vuelto a incorporar en su programa electoral, votado por los ciudadanos hace escasamente seis meses, página 10 (sic): Basado en el respeto, el diálogo, la colaboración, la cooperación y la
rendición de cuentas, la transparencia. Página 212: Se deben adoptar medidas que favorezcan las comparecencias parlamentarias, como ocurre en otras Comisiones en esta misma Cámara. Señorías, una cosa es predicar y otra es dar trigo; una cosa es
lo que tiene que ver con la realidad y otra lo que se promete. Sabemos perfectamente desde hace mucho tiempo el valor que el Partido Socialista da a sus programas electorales, pero hoy queremos poner a prueba la coherencia del Partido Socialista y
la honorabilidad de los compromisos en público ante la tribuna del Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno español. Por este motivo, este grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley, en la que solicita sencillamente la
comparecencia cuatrimestral en esta Comisión de Trabajo e Inmigración del secretario de Estado de Seguridad Social, para explicar la evolución del sistema público de pensiones, y de la secretaria general de Empleo para que informe cada cuatro meses
de la evolución del empleo y sobre todo -porque esto es más importante- de las medidas adoptadas, las medidas que se estén adoptando -ojalá se adopten más y mejores- y la evolución de los datos en función de esas medidas, todo ello lógicamente
previa remisión de los informes oportunos y pertinentes.
Señorías, solicitamos algo muy sencillo, que es la esencia pura de la democracia: el control parlamentario del Gobierno por los representantes de la soberanía nacional. No lo hacemos de forma irresponsable o inadmisible. No pedimos
comparecencias semanales, ni siquiera pedimos comparecencias mensuales, a pesar de que el ministerio da cifras de tasa de paro registrado de forma mensual; ni siquiera la pedimos de carácter trimestral, que es la frecuencia con la que salen los
datos de las encuestas de la EPA relacionadas con estas cuestiones. No, las pedimos cuatrimestrales, cada cuatro meses, cada 120 días. Pedimos tres comparecencias de estos altos cargos al año, reguladas y a fecha fija, previamente conocidas para
que los parlamentarios puedan ocuparse de esta materia. Qué menos que tres comparecencias al año, porque si no nos obliga a los grupos parlamentarios, como SS.SS. conocen perfectamente, a pedirla de forma permanente y en función de los datos que
van apareciendo, que, por otra parte, en los últimos tiempos no son especialmente buenos.
Esta es sin duda una medida lógica en tiempos de bonanza, en tiempos de creación de empleo, pero resulta absolutamente indispensable, necesaria e imposible de explicar a los ciudadanos una cuestión en contra si no lo hacemos en este momento.
Señorías, programar en el tiempo un número de comparecencias periódicas, tres al año, nos permitirá a todos en esta Comisión monitorizar mejor las cifras de empleo y sobre todo conocer mejor,
repito, los resultados de las políticas puestas en marcha para poderlas corregir, en su caso, con prontitud si no están dando los resultados deseados, como parece que está ocurriendo en este momento.
Señorías, quiero apelar al sentido de la responsabilidad, especialmente de los grupos de la oposición, para que aprobemos una medida que sin duda dignifica nuestro trabajo como parlamentarios y que además le da sentido en un momento de gran
preocupación entre los españoles ante el intenso crecimiento del paro. Los españoles no van a entender que en estos momentos, con 800.000 parados en un solo año y aumentando, no se pueda adoptar una medida de estas características. Los españoles
no van a entender que con una tasa de paro superior al 11,9 por ciento, es decir, cuatro puntos más que hace un año, no se apruebe esta medida. Los 2.818.000 parados que existen en España en este momento no entenderían que no se apruebe una medida
de comparecencia tres veces al año de estos altos cargos. Los cerca de 554.000 hogares que tienen a todos sus miembros en el paro no entenderían que no se adoptase hoy una medida de estas características. Las 6.200 personas que cada día están
perdiendo durante los últimos meses su empleo, con un incremento del 45 por ciento, no entenderían que hoy no se aprobase esta iniciativa. El 25 por ciento de los jóvenes españoles que en este momento están desempleados, no entenderían que las
autoridades del Ministerio de Trabajo no viniesen tres veces al año a dar cuenta de lo que están haciendo para solventar sus problemas. Las mujeres, que tienen una cifra de desempleo superior a la de los hombres, a la de los extranjeros, que está
aumentando de forma importante durante los últimos tiempos, un cien por cien en el último año en todos los sectores, no entenderían que en este momento no se adoptara una medida de estas características. Señorías, que el Parlamento español y su
Comisión de Trabajo e Inmigración no aprobasen la comparecencia cada cuatro meses de los responsables relacionados con estas materias para saber que sus representantes están trabajando, están vigilando, están monitorizando las políticas y sus
resultados, repito, no sería entendido por ellos. Es algo absolutamente esencial. Estar presente en el hemiciclo sin duda es un elemento muy importante de la actividad parlamentaria, pero permítanme que les diga que mucho más importante que estar
o no en el hemiciclo durante un debate es hacer que el Parlamento funcione, y estas comparecencias son sin duda un signo inequívoco de funcionamiento real y eficaz de este Parlamento. De poder celebrar estas comparecencias mi grupo parlamentario no
tendría que haber solicitado el día de ayer nuevas comparecencias del ministro y de los altos cargos para explicar las declaraciones del ministro respecto de las prejubilaciones en el sentido de que no computen a la hora del crecimiento del paro o
de su cambio de opinión respecto de lo que significa el ERE de alguna gran empresa con grandes beneficios. Mientras que en su comparecencia parlamentaria puso de manifiesto que estaría dispuesto a una reforma de la ley, bien poco tiempo después ha
cambiado meridianamente su posición para aceptarla en los términos en que se ha hecho público en estos últimos días. Señorías, repito que esta es una condición esencial de nuestro trabajo, es una condición esencial de la oposición poder controlar
al Gobierno, es un compromiso del presidente del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en su programa electoral y por tanto sería imposible en este momento que el grupo mayoritario de esta Cámara votase en contra de una medida que tiene en
su programa, que ha defendido su presidente del Gobierno y que forma parte de la esencia de la democracia española.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender la misma durante cinco minutos tiene la palabra don Manuel de la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señorías, como se nos acaba de explicar, estamos ante una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en la que se solicita que se acuerden comparecencias cuatrimestrales del secretario de
Estado de la Seguridad Social, que acaba de comparecer ahora mismo, y de la secretaria general de Empleo para informar sobre la evolución de la Seguridad Social y el Empleo. Lo primero que quiero hacer es constatar que se trata de una proposición
no de ley idéntica a otra que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el año 2004, que fue debatida en esta Comisión y rechazada por la totalidad de los grupos; solo tuvo los votos del Grupo Parlamentario Popular. Para ser exactos, le han dado
a la tecla del ordenador, ha salido la misma proposición y donde ponía Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han puesto Trabajo e Inmigración y donde dice debate de investidura han puesto que es el del año 2008 y han añadido un párrafo sobre el
programa electoral del Partido Socialista. No sé si eso es un signo de falta de imaginación en la búsqueda de iniciativas o del buen uso de las tecnologías por el Grupo Parlamentario Popular.
Se habla de transparencia. Desde luego, el Grupo Socialista comparte plenamente la necesidad de transparencia en la vida pública, en la acción del Gobierno y en el control de la acción del Gobierno por las Cámaras, por el Congreso y por el
Senado, una de las funciones que tiene constitucionalmente atribuida. Renovar, dignificar la vida pública, hacer de la política un espacio en el que los ciudadanos se sientan identificados basado en el diálogo, en el respeto, en la cooperación,
también en el debate, en la rendición de cuentas, en la transparencia, es un objetivo del Partido Socialista, que, como ha explicado el señor Echániz, consta en nuestros documentos y en los discursos del presidente del Gobierno, que ha reiterado en
muchas ocasiones esa voluntad suya y que son ya ejes clave de la acción política del Gobierno socialista.
Las comparecencias ante las Cámaras de todo el Gobierno, de su presidente, de los cargos de los ministerios y del ministro de Trabajo, son continuas, cuando se
les llama y a iniciativa propia. Este es el primer presidente de Gobierno que comparece todas las semanas no solo en el Congreso sino también en el Senado -otros presidentes no lo hicieron-, y lo mismo pasa con el resto de los ministros y
cargos de los ministerios. Hay múltiples iniciativas parlamentarias, múltiples formas de control en el Reglamento de la Cámara que son utilizadas sistemáticamente por todos los grupos con enorme flexibilidad. Los ministros y los cargos de los
ministerios tienen la obligación de comparecer siempre que se les cite, siempre que se les reclame. Quiero recordar que en esta Comisión de Trabajo -llevamos siete meses hábiles, seis quitando el mes de agosto- el ministro de Trabajo ha comparecido
ya tres veces, otra vez lo ha hecho en la Comisión del Pacto de Toledo, otra vez en otra Comisión parlamentaria más todas las semanas -esta mañana mismo- en el Pleno del Congreso y se nos pide que sean cuatrimestrales, tres al año. El señor
ministro ya ha comparecido prácticamente una vez al mes. El secretario de Estado de Seguridad Social, del que se pide la comparecencia cuatrimestral, ha comparecido también cuatro veces; dos en la Comisión del Pacto de Toledo, y dos en esta
Comisión; una, ayer, en una sesión exhaustiva de más de cuatro horas del Pacto de Toledo, y una hoy mismo, esta mañana. La secretaria general de Empleo ha comparecido una vez, cuando se la ha citado, y que sepamos solamente hay solicitada una
comparecencia reciente por el Grupo Popular y otra por el Grupo de Izquierda Unida, creo recordar, en relación con las cuales me imagino que la Mesa, cuanto esté el trámite correspondiente, convocará una sesión inmediata. Por tanto, carece de
sentido solicitar que los cargos del Gobierno comparezcan cada cuatro meses cuando lo están haciendo con una frecuencia mucho mayor, cuando lo están haciendo a iniciativa propia o cuando se les requiere con mucha mayor asiduidad de lo que se les
pide aquí y en el Senado. ¿Qué se pretende entonces con esta iniciativa? ¿Que solo comparezcan cada cuatro meses? No creo que esa sea la voluntad del señor Echániz. ¿O se quiere mandar el mensaje, no ya subliminal sino casi explícito, de que el
Gobierno, el ministro de Trabajo o el secretario de Estado de la Seguridad Social no quieren comparecer ante esta Cámara cuando están aquí permanentemente, sin dificultad alguna? No es válido el ejemplo de otras comisiones porque, que sepa este
diputado, solamente hay otra Comisión de la Cámara, la de Economía, que tiene un acuerdo de que comparezcan ciertos cargos cada cuatro meses. Es un acuerdo que se remonta a muchas legislaturas, cuando gobernaba el Partido Popular y cuando gobierna
el Partido Socialista, a instancia conjunta de ambos grupos parlamentarios, por una razón muy específica que el señor Echániz supongo que conoce, que es que cada cuatro meses se presentan a la Cámara los informes de coyuntura de la situación
económica, que son de obligado conocimiento de esa Comisión.
En cuanto a la remisión de informes sobre la evolución del sistema de Seguridad Social -voy terminando, señor presidente- y del empleo, qué decir de la cantidad enorme de informes que recibimos semanalmente. Los boletines de información,
los informes del INEM sobre contratación y empleo, -exhaustivos-, los informes de la EPA, los específicos de afiliación a la Seguridad Social -mensuales-, de afiliación de trabajadores extranjeros, o los voluminosos del Pacto de Toledo, del Fondo de
Reserva... Es decir, no hay un problema ni de falta de comparecencias ni de falta de información. Por tanto, no nos parece razonable y no vamos a apoyar esa proposición del Grupo Popular. Hemos presentado una enmienda, pensando que el Partido
Popular podría y debería aceptarla, que solicita que la información que nos envía el Ministerio de Trabajo en estos dos ámbitos de empleo y de Seguridad Social semestralmente se concentre en un informe global sobre los principales indicadores, que
permita una mejor valoración para los grupos parlamentarios, con el fin de que puedan adecuar mejor sus estrategias a un informe global con las valoraciones que se puedan obtener. Por esas razones, señorías, mi grupo va a votar en contra de la
proposición no de ley y solicita que se apruebe la enmienda que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
¿Quiere hacer uso de la palabra sobre esta proposición algún grupo?
Señor Campuzano, tiene la palabra para fijar la posición de su grupo respecto a esta proposición no de ley.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
En la coyuntura en la que se ha instalado nuestro mercado de trabajo, en la que se ha instalado también la economía española, y en la perspectiva de lo que nos viene para el año próximo, es bueno que esta Comisión incorpore un planteamiento
como el que formula la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Por lo que he leído en los teletipos, esta misma mañana en la sesión de control, a raíz de una pregunta de uno de los portavoces económicos del Grupo Parlamentario Popular, se ha
planteado una conferencia sectorial específica de lucha contra el paro y el ministro de Trabajo, por lo que he podido leer, se ha mostrado favorable a que las comunidades autónomas se movilicen con el Gobierno central en ese objetivo. Asociar la
Comisión de Trabajo e Inmigración de manera sensata, con comparecencias previa la remisión de informes de la Cámara, no es tan solo un ejercicio de transparencia del Gobierno hacia los ciudadanos, sino también un mecanismo para asociar a los grupos
políticos a la lucha contra el paro. Por tanto, no tenemos razón alguna para oponernos a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Sí observamos que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y sería bueno que los dos grupos
hiciesen un esfuerzo de aproximación de sus dos propuestas, para buscar una solución que permitiese una mayor vinculación de los trabajos de esta Comisión al seguimiento de las cuestiones vinculadas al desempleo. Es una propuesta más que posible,
interesante y necesaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, su turno para responder sobre la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: El texto de la enmienda nos parece absolutamente improcedente. Que el ministerio remita a la Cámara cada seis meses información sobre el paro, cuando los tenemos de forma mensual, nos parece improcedente. No se
trata de la información, es la que pueden dar de la letra pequeña los responsables del Gobierno. Si el secretario de Estado ha comparecido en la tarde hoy es porque le ha obligado el Reglamento de la Cámara, porque él no ha sido diligente a la hora
de contestar a una señora diputada y porque el Reglamento ampara a esa diputada en el sentido de que, si no se ofrece repuesta por escrito, puede formularse en la siguiente sesión de la Comisión correspondiente.
No es que el secretario de Estado
haya venido por su propia voluntad a contestar, sino que tiene la obligación de hacerlo por el Reglamento de la Cámara.
En segundo lugar, es cierto que el ministro...
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, este turno es solo a efectos de aceptar o rechazar la enmienda.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sí, señor presidente, voy a decir lo que pensamos respecto a la enmienda. El ministro puede comparecer en esta Cámara cuando lo solicite a petición propia o por otros grupos, como es evidente. Es cierto también
que es el ministro que más veces ha comunicado a la Cámara su indisponibilidad para venir a un Pleno.
Retomando las palabras de mi compañero del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vivimos una coyuntura muy especial, que es bien
distinta a la que se ha vivido en términos de empleo en otras épocas en este país. En este momento especial es indispensable que se aborde esta circunstancia. El Parlamento no puede mantenerse ajeno a esta circunstancia y es el Grupo Parlamentario
Socialista el que quiere mantenerse ajeno a esta situación. Por tanto, no vamos a aprobar esa enmienda. Si el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a presentar una transaccional durante el transcurso de esta Comisión que mejore esta
situación, estaremos encantados de estudiarla.
El señor PRESIDENTE: Les quiero avisar de que, en lo sucesivo, cuando dé este turno de palabra es solamente para decir sí o no y, por favor, no se extiendan en más consideraciones. Entiendo que no se acepta la enmienda.
- SOBRE EL IMPULSO CONTINUO DE DESARROLLO DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, ASÍ COMO PARA EL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS. (Número de expediente 161/000514.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley. Vamos a hacer una pequeña alteración del orden del día, por lo que, en segundo lugar, vamos a debatir la proposición no de ley que figura en el orden del día como
la número 6.
Para la defensa de la misma tiene la palabra la diputada doña Mercedes Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Señorías, la pasada legislatura el Gobierno de la nación consolidó las políticas públicas de integración, siendo ésta una de las políticas que constituyen uno de los pilares de la política global de
inmigración. El Grupo Parlamentario Socialista tiene el convencimiento de que intervenir en integración no es otra cosa que invertir en convivencia y este aspecto es lo que fundamenta todas las actuaciones. Los últimos procesos migratorio se han
producido en nuestro país con muy poco margen de tiempo, no permitiendo de esta manera que las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que en última instancia reciben el mayor impacto, pudieran adaptarse de una manera veraz
y completa a lo que se les avecinaba. Concientes de esta verdad, el Gobierno creó el Fondo de Apoyo y Acogida a la Integración, así como el refuerzo educativo, que se configuró como un arma de coordinación interterritorial y cuya cuantía se
transfiere íntegramente a las comunidades autónomas. Se creó en los Presupuestos Generales del año 2005, con un cómputo de 120 millones de euros y fue aumentando progresivamente hasta que este año ha sido de 200 millones de euros. No solo cuenta
la cantidad, sino la filosofía en la que subyace, permitiendo cooperación solidaria interterritorial con las distintas comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que son los que más soportan este fenómeno, favoreciendo, en todo caso, a aquellos
ayuntamientos que más presión soportan. Es el Consejo Superior de Políticas de Inmigración quien, coordinadamente con las comunidades autónomas, ordena este fondo mediante convenios de colaboración mutua. Existe una comisión de seguimiento de los
planes que analiza y evalúa el desarrollo del mismo, así como introduce medidas correctoras si se detectara algún fallo. A lo largo de los años desde la creación de este fondo y de acuerdo con las comisiones bilaterales creadas a tal efecto, se han
realizado distintas actuaciones según las necesidades más perentorias a acometer en cada momento, actuaciones relacionadas con la acogida, con la integración, con el empleo, con la vivienda, con los servicios sociales, con la salud, con la infancia,
con la juventud, programas de acogida de inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad, etcétera.
En el año 2007, tras la crisis de los cayucos a Canarias, -donde se detecta la llegada de mayor número de menores no acompañados-, se destinan de 10 millones de euros al traslado de los mismos a otros lugares del territorio español.
Producto de esta llegada de cayucos desde Canarias hace tan solo una semana, el ministerio
ha tenido que volver a liberar una partida presupuestaria de 4 millones de euros destinada a este mismo fin y, en los presupuestos generales de este año existe otra partida de 15 millones de euros para un nuevo convenio de colaboración mutua
entre el Gobierno de Canarias, por supuesto, solidario. Debemos tener en cuenta que las competencias sobre los servicios sociales son de cada comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que Canarias está soportando una mayor presión de menores no
acompañados, a través de una acción coordinada de la Vicepresidencia del Gobierno, se ha decidido ponerse en contacto con todas las comunidades autónomas y, de esta manera, el Gobierno autónomo puede hacer relaciones bilaterales con las comunidades
autónomas que decidan hacerse cargo de los menores no acompañados que están sobre saturados en el territorio canario.
Según los datos con los que contamos, muchos de los casos de violencia de género que vienen sucediendo se dan en mayor medida en colectivos de inmigrantes, probablemente motivados por distintos estereotipos de género y de origen. El 43 por
ciento de las mujeres víctimas son inmigrantes. La causa de la misma sería objeto de un estudio más riguroso, aunque las motivaciones sociales, culturales, religiosas, unidas a que estas alturas no cabe la menor duda de que el comportamiento
machista constituye una pandemia de origen incierto y consecuencias devastadoras, todo ello mezclado con la consecuencia propia de la inmigración, en cuanto a aislamiento social, es superior en las mujeres, dando como resultado un problema de una
envergadura que es necesario acometer en toda su magnitud. El Fondo de Integración emana del denominado Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, cuyos principios rectores son la igualdad, la ciudadanía y la interculturalidad,
incluyendo entre sus objetivos la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas que aborden la realidad migratoria, así como específicas encaminadas a corregir situaciones de desigualdad y discriminación. Ya en el año
2008 se incluyeron medidas destinadas al apoyo al acceso normalizado de las mujeres inmigrantes en programas dirigidos a la población en general y en programas específicos para mujeres; actuaciones dirigidas a favorecer la integración social de
mujeres inmigrantes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, en especial las víctimas de violencia de género, mujeres prostituidas y víctimas de tratas con fines de explotación sexual.
Creemos necesario dar un paso más en aras de
la igualdad efectiva y, dado que, como comenté antes, existen datos de mayor presencia de mujeres de estos colectivos que son víctimas de violencia asesina, es necesario poner en marcha programas específicos destinados a la prevención de las mismas
y a la sensibilización de esta población en los temas de igualdad de género.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, ellos mismos se retractan. Cuando gobernaban nada de nada para integración y cuando hacen oposición recuerdan que existen las políticas sociales, la inmigración y los problemas de
integración que presentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por ello, rechazamos esta enmienda que incluye actuaciones que ya están en algunos de los programas que en estos momentos están en funcionamiento. Por tanto, no creemos
conveniente aceptar una enmienda que trata de modificar los Presupuestos Generales del Estado y esta no es la Comisión donde debería tratarse.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Estamos de acuerdo en que es verdad que cuanto más intentamos la integración, mucho mejor es la convivencia. Esa es la idea que el Grupo Popular va a defender, pero no estamos de acuerdo en otras cosas, sobre todo
en el planteamiento inicial que nos parece clave.
¿Usted se ha dado cuenta de la de programas, actividades y actuaciones que hay que desarrollar con el colectivo inmigrante? ¿Usted se ha dado cuenta de que cuando gobernaba el Partido Popular
teníamos 1.600.000 de inmigrantes y en estos momentos tenemos 5.600.000 inmigrantes empadronados? Todos sabemos que la inmigración tiene dos caras, dos realidades, las dos muy difíciles y duras para todos los que conviven. Le voy a poner un
ejemplo muy concreto, la inmigración en estos últimos ocho años ha cambiado la vida de nuestras ciudades y pueblos. Le voy a hablar casi en primera persona, como vecina de una ciudad, Logroño, y como concejala de ese ayuntamiento. En esa ciudad en
el año 2000 apenas había inmigrantes y hoy hay una realidad que nos desborda. El 1 de enero de 2000 había en Logroño 2.500 personas de origen inmigrante empadronadas y el 1 de enero de 2008 teníamos 20.924. Más actualizado todavía, en agosto de
2008 teníamos en la ciudad de Logroño 22.256 inmigrantes. ¿Esto qué supone respecto de la población de Logroño? Un 15 por ciento de población inmigrante. Le daré otro pequeño detalle. En la Comunidad Autónoma de La Rioja algunos municipios
tienen una población de 3.000 habitantes y la mitad de ellos son inmigrantes. En concreto, en un pueblo -al que conozco muy bien- llamado Padrejón que se dedica al champiñón -por eso tiene una alta población inmigrante- hay más de 30 nacionalidades
diferentes. Usted se acuerda que en este Fondo de Ayuda -fondo que nos parece muy importante pero fondo que necesita recursos, que necesita dinero- se habla de una partida fundamental como es el refuerzo educativo para los escolares. Hay que
invertir en educación y en políticas preventivas porque acuérdense de lo que pasó hace muy pocos años en el país vecino.
En este momento en España empezamos a tener en nuestras aulas, en nuestras calles, en nuestras ciudades inmigrantes de segunda
generación.
Hay familias de origen pakistaní cuyos siete hijos, por ejemplo, -en este caso retomo el ejemplo de mi ciudad- han nacido en la ciudad de Logroño; vecinos
míos concretamente. Estos niños necesitan una política educativa, necesitan mucho dinero, necesitan que ese fondo no se quede congelado.
Por eso, apelo para que aprueben esta enmienda que, además, iría destinada a ese trabajo que realizan
brillantemente todos los ayuntamientos -a los que quiero dar un aplauso-, pero ayuntamientos de todos los colores, no estamos hablando aquí de aquella zona en la que gobierna el Partido Popular; no, señores, estamos hablando de toda España, de
todos nuestros ayuntamientos. Es muy importante que hagan un esfuerzo y nos ayuden en esta enmienda. ¿Para qué? Para una razón muy sencilla. Primero, para compensar la situación en que estos presupuestos dejan, sobre todo, a los ayuntamientos, a
las comunidades autónomas y a muchas ONG. Hoy me gustaría también reivindicar el papel de las ONG a favor de la integración de todos los inmigrantes. Usted ha hablado de las mujeres víctimas de la violencia de género, ha hablado de programas
dirigidos a mejorar la vida de la mujer, pero hoy en día en todos los municipios españoles tenemos muchas mujeres de origen marroquí o pakistaní con situaciones muy difíciles y con obstáculos muy importantes.
Uno de esos primeros obstáculos es, por
ejemplo, el idioma; es una barrera de entrada para incorporarse a nuestra sociedad. Estos presupuestos dejan mermados esos programas concretos -con nombre y apellidos- que sirven para mejorar la vida de nuestros inmigrantes en toda España, es
decir, en aquellos municipios en los que gobierna el Partido Socialista, como la ciudad de Logroño y donde lo hace muy bien, o donde gobierna el Partido Popular, como es Valencia y donde también lo hace muy bien. Bueno, vamos a dejarlo en que lo
hacen bien todos.
(Risas.) Insisto -y voy terminando, señor presidente-, no vengo a pedir dinero, vengo a que nos admitan esa enmienda. Vengo a decirles que para desarrollar todas estas políticas nos hace falta, por desgracia, dinero, que a los
inmigrantes -igual que a los españoles- les hace falta dinero para invertir en todo esto.
Rapidísimamente me gustaría hablar del refuerzo educativo de nuestros escolares. Hace unos días la Fundación Pfizer ha celebrado un foro que llevaba por título: Inmigración y Educación, aprendiendo a convivir. En ese foro los expertos
decían que hay que invertir más en formación especializada para los docentes, clases adicionales de español como clave para conseguir la integración de nuestros escolares, adaptaciones curriculares, aulas de integración, etcétera. La batería podría
ser enorme, pero lo vamos a dejar ahí. Quiero terminar con una frase que ya he dicho antes: cuanto más invirtamos en educación -y por eso apelo al Partido Socialista para que apruebe esta enmienda- y en políticas preventivas, más posibilidades
tenemos de crear entre todos una sociedad multicultural, flexible, democrática y tolerante.
El señor PRESIDENTE: Como ha sido muy generosa con la gestión municipal, yo he querido serlo con el tiempo, pero que no cree precedentes.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En su día la creación del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes fue, sin lugar a dudas, una buena iniciativa. También es necesario recordar que en la legislatura 2000-2004, a caballo de
las diversas discusiones legislativas de modificación de legislación en materia de extranjería, Convergència i Unió planteó la necesidad de crear este fondo. Estoy seguro de que el fondo ha dado buenos resultados, ha sido un buen instrumento para
apoyar la acción de la integración social y acogida que realizan los ayuntamientos. Todos conocemos iniciativas concretas desarrolladas por los ayuntamientos que han sido financiadas con él. Por tanto, es bueno que reafirmemos la validez del
mismo. Como decía la portavoz del Grupo Popular, lo cierto es que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que estamos tramitando en las Cortes en estos momentos las partidas del Fondo de Acogida son congeladas. Yo invito al Grupo Socialista
a que valore la necesidad de aumentar esas partidas. En el contexto socioeconómico en el que estamos instalados, buena parte de los problemas que pretende resolver este fondo va a incrementarse como necesidades sociales, y esos ayuntamientos,
especialmente aquellos con altas tasas de población inmigrante, así como las ciudades medianas y grandes del conjunto de la geografía española, van a tener que hacer frente a problemas sociales más complejos, acuciantes y graves en materia de
acogida y de integración y, por consiguiente, van a ser necesarios más recursos que los que el proyecto de ley de presupuestos contempla para el año 2009.
Dicho esto, la iniciativa que ha defendido la portavoz socialista pretende incorporar al fondo esa dimensión de género. Nada que objetar a eso. Las necesidades vinculadas a las cuestiones de género son sustanciales en las políticas de
acogida y de integración y, desde este punto de vista, esta iniciativa va a contar con nuestro apoyo. Les avanzo que, junto con la idea de que estamos convencidos de que nos hacen falta recursos en la acogida y en la integración, más recursos que
los que contempla la ley de presupuestos, sería bueno que evaluásemos si los recursos que hasta ahora hemos gastado en este Fondo de Acogida e Integración están siendo bien empleados, porque tendríamos que evaluar si en los años 2004/2008 todo
aquello que se ha gastado ha tenido esa orientación suficientemente acertada respecto a los objetivos de ese fondo. Yo espero que en los próximos días entre en la Cámara una iniciativa de mi grupo que reclama que la Agencia de Evaluación de las
Políticas Públicas elabore un estudio sobre el impacto de los recursos del Fondo de Acogida. Nos parece necesario hacer un seguimiento de la cantidad de dinero que esta Cámara aprueba, que no gestiona el Gobierno central, sino los gobiernos
municipales vía comunidades autónomas, en relación con los objetivos que nos habíamos
marcado. En todo caso, la iniciativa, con independencia de la enmienda, va a contar con nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o no de la enmienda tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Yo ya anuncié que no íbamos a aceptar la enmienda porque este no es el contexto donde se debe admitir una enmienda de estas características. Querido Carles, estoy de acuerdo contigo en que quizá hace
falta más dinero para los ayuntamientos, pero también estarás de acuerdo conmigo en que no es este el contexto donde se deben analizar los presupuestos de los ayuntamientos. En cuanto al aumento o no de las políticas dirigidas a la integración de
inmigrantes, haz un poco de memoria y recuerda lo que gastaba el Partido Popular en esos momentos. Es muy fácil hacer demagogia con estos temas. Concluyendo, señor presidente, no aceptamos la enmienda.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA FIGURA DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000267.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la misma tiene la palabra la compañera de la Mesa, doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: El Partido Popular presenta esta proposición no de ley con el objeto de modificar la figura de la reagrupación familiar. Lo hacemos basándonos en que en nuestro país, España, en enero de este año éramos 46
millones de habitantes, de los que 5.200.000 eran extranjeros empadronados, es decir, el 11,3 por ciento de la población total. Se estima que a día de hoy hay ya 5.600.000 extranjeros empadronados según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, muy por encima de otros países europeos, como pueden ser Francia, Gran Bretaña o Alemania, con una larga tradición en recepción de inmigrantes.
Como se ha hablado de municipalismo, debo manifestar que yo también vengo del mundo municipal y no me resisto a hablar de mi ayuntamiento, de mi ciudad, Valencia, que ya tiene una tasa de población inmigrante que llega al 16 por ciento. En
el año 2006 llegaron a nuestro país 670.000 personas inmigrantes y en el año 2007, 725.000. Estas cifras superan el número de inmigrantes llegados a todos los países anteriormente mencionados, según datos de Eurostat. Es el mayor flujo de
población recibido por un país de la Unión Europea en los últimos treinta años. En el año 2007, el Gobierno expidió 970.000 tarjetas de residencia nuevas y en lo que llevamos de 2008 se han dado 550.000 tarjetas de residencia, de las que en los
últimos tres meses el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha dado 330.000. Según la encuesta nacional de inmigrantes, un 81,2 por ciento de los inmigrantes con familiares en el extranjero tiene la intención de traer a su familia a España. ¿No se
estará provocando un desbordamiento de los mecanismos establecidos para favorecer la integración de estas personas?
El Grupo Popular estima que todo esto es consecuencia de la política errática, sin control y sin iniciativa que está dando el Gobierno al fenómeno de la inmigración. Nosotros queremos mejorar y proteger los derechos de los extranjeros que
están legalmente en nuestro país y también de los que quieren venir de forma legal a través de la ordenación de los flujos migratorios y la ampliación de los derechos civiles.
Queremos corregir la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de
inmigración, siendo un claro ejemplo de ello la figura de la reagrupación familiar, la cual, y a tenor de los datos anteriormente expuestos, está pervertida, es necesario limitarla, ya que es utilizada para realizar reagrupaciones en cadena, es
decir, los familiares reagrupados reagrupan a otros familiares, y así sucesivamente, sin ningún control. Si el Gobierno socialista continúa con esta política el fenómeno de la inmigración seguirá desbordándose, creando problemas a los españoles y a
los inmigrantes que ya están aquí y que tienen la necesidad y la oportunidad de buscarse un futuro mejor entre nosotros. Tanto a los extranjeros que residen entre nosotros como a los que vienen debe dárseles una certeza, una expectativa cierta, y
tenemos que ser capaces de ofrecerles integración. Por ello el Grupo Popular cree que se tiene que poner orden, certeza, control y una gestión adecuada, que proteja a los inmigrantes que vienen a nuestro país, a los extranjeros que residen entre
nosotros, y que evite que nuestro país, España, se convierta en un país de falsas expectativas para quienes quieren venir aquí a buscar una oportunidad, como está ocurriendo con el actual modelo de reagrupación familiar.
El Grupo Popular retoma la iniciativa para dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos cuando el Gobierno no está, no se le espera, y el ministro, desde nuestro punto de vista, está escondido ante una realidad incapaz de
controlar. La reagrupación familiar, el arraigo, los contratos de origen son mecanismos que favorecen la integración y sirven para ordenar el flujo migratorio, pero es necesario revisar en términos de legalidad. Insisto en la afirmación que el
Grupo Popular considera que la figura del reagrupamiento familiar está pervertida y se hace necesario establecer unos límites. Se está convirtiendo en un nuevo mecanismo de entrada en España, más allá de su finalidad originaria, a través de la
práctica de la reagrupación en cadena que permite a los familiares reagrupados convertirse, a su vez, en reagrupantes, multiplicando así exponencialmente los permisos de residencia obtenidos de esta manera. La llegada masiva de inmigrantes a
nuestro país no es responsabilidad de aquellos que vienen en busca de una oportunidad, sino
del Gobierno que es quien tiene que hacer una política de orden y control en este fenómeno. Las mafias que trafican con inmigrantes aprovechan todo esto para vender a los inmigrantes el mensaje de que, aunque les incoen un expediente de
expulsión, al final, acabarán quedándose aquí y que con el tiempo podrán ser regularizados con fórmulas como el arraigo o la reagrupación familiar.
Hay que combatir el efecto llamada y el efecto anuncio de un Gobierno que hace discursos de cambios y giros en su política pero que, hasta ahora, no ha presentado iniciativa alguna en el Congreso, salvo aquella del retorno de los
inmigrantes. Además, en el actual modelo de reagrupación se permite que los familiares reagrupados en España sean documentados solo con una autorización de residencia, que no lleva aparejada la autorización para trabajar, y esto dificulta su acceso
al mercado de trabajo, ya que el plazo de un año establecido para que el agrupado pueda trabajar en nuestro país, conlleva una dificultad más para el acceso al mercado de trabajo de estas personas. Por tanto, es necesario adoptar medidas que
faciliten el acceso a éste, pues su incorporación a un puesto de trabajo supone un instrumento efectivo y real de integración social.
El Grupo Popular tiene un claro compromiso para motivar la integración de las personas con nombre y apellidos. De ahí que pongamos en duda el actual modelo de reagrupación que ya ha demostrado de forma contundente su fracaso. Creemos que
posibilitar la incorporación al mercado de trabajo de los cónyuges e hijos de inmigrantes residentes en edad laboral, representaría una herramienta eficaz de integración social. Esto también supondría una salida para los jóvenes extranjeros en edad
laboral que se encuentran en situación de riesgo terminado el periodo de escolarización obligatoria y sin intención de continuar sus estudios. El Grupo Popular no quiere caer ni en demagogias, ni en falta de responsabilidad. Por eso, queremos
señalar con claridad que, si bien defendemos la modificación de la ley sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de facilitar a los cónyuges e hijos en edad laboral de los extranjeros residentes
en España que puedan trabajar en nuestro país, sin que sea obligatorio haber residido, como mínimo un año, es conveniente evitar que ascendientes reagrupados puedan ejercer su derecho a la reagrupación familiar, con la finalidad de eludir los
fraudes originados por las reagrupaciones en cadena, como se está haciendo hasta ahora. Nuestra propuesta sería un mecanismo disuasorio en contra de la inmigración ilegal y de las mafias que trafican con todas estas personas.
Señorías, para finalizar pensamos que es un intento para seguir avanzando en las propuestas que se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea, porque la política de inmigración tiene que ser una política común y no decisiones
unilaterales de este Gobierno, las cuales ya han sido criticadas dentro de los foros de la Unión Europea. Siguiendo el acuerdo europeo de inmigración, es importante que las regularizaciones se hagan caso a caso y también en virtud de situaciones
humanitarias cuando sea preciso.
El señor PRESIDENTE: Sobre esta proposición tienen una autoenmienda. ¿Está ya defendida en la intervención que ha hecho? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Además de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, existe otra a esta proposición del Grupo Socialista, cuya defensa hará Luis Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Antes de intervenir para defender mi enmienda le pediría al Partido Popular que retirase su proposición no de ley, ya que esta mañana el ministro, señor Corbacho, le ha dicho al señor Hernando que antes de que
finalizara el año habría un texto de reforma de la Ley de Extranjería. Si lo va a haber, si vamos a trabajar en ello, no tiene sentido esta PNL. No obstante, si la mantienen argumentaría mi enmienda. Con un lacónico sí o no me sobraría.
El señor PRESIDENTE: Así da gusto.
Señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: No la vamos a retirar, ni tampoco vamos a aceptar su enmienda. (El señor Sahuquillo García: Si no la he explicado.) Hemos tenido la oportunidad de leerla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sahuquillo. Le quedan tres minutos.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: El Partido Popular presenta en esta Comisión una PNL que cuando la leímos pensamos que más bien era una ocurrencia, pues entendíamos que lo que pretendía era modificar artículos de una ley orgánica -por cierto,
ley que ustedes hicieron y que más tarde modificaron-, pero deberían haber presentado esta iniciativa como proposición de ley. Esa ocurrencia se tornó en despropósito cuando el pasado jueves, día 13 de noviembre, el Partido Popular, ustedes mismos,
anunciaron a bombo y platillo su reforma de la Ley de Extranjería, por lo que ahora, ya ni ocurrencia, ni despropósito, simplemente un sinsentido.
Ahora enmiendan ustedes mismos a su propia PNL. ¿Cómo lo llamamos? ¿Improvisación? ¿Desidia? ¿O
es que son tres por cuatro calles? Ante esta postura el Grupo Parlamentario Socialista tenía dos opciones: una, fijar posición contraria y a votar; la otra, la que hacemos hoy, que es presentar una enmienda de sustitución para que no les quepa a
ustedes ninguna duda de cuáles son los criterios que el Grupo Parlamentario Socialista tiene al respecto de la obligada -y digo obligada con mayúsculas- reforma de la Ley de Extranjería en lo referente a la reagrupación familiar y que plantearemos
al resto de los grupos políticos para consensuar con ellos esta parte de la reforma de la ley.
Señores del Partido Popular, la política de inmigración constituye una de las prioridades del Gobierno desde que asumió su responsabilidad en la anterior legislatura, cuyo objetivo central era y es promover una inmigración legal, ordenada e
integrada, vinculada a las necesidades del mercado de trabajo y a nuestra capacidad de acogida. Las grandes líneas de actuación de la política migratoria siguen siendo válidas y eficaces, pero ello no impide que el Gobierno adopte nuevas
iniciativas en línea con el nuevo escenario económico y social. En esta legislatura en curso se cuenta con experiencia y bagaje suficiente para abordar, desde el máximo consenso social y político, una reforma de la vigente Ley de Extranjería
obligada por dos factores ineludibles. A saber: por un lado, hay que adecuar la ley a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales algunos preceptos de la ley que elaboró el Partido Popular y, por otro, incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico directivas de la Unión Europea que tienen por objeto la ampliación de derechos de los inmigrantes. Además, el Gobierno ha expresado con claridad qué otros aspectos de la Ley de Extranjería considera que deben
incorporarse a la futura reforma de la misma, llevándola a cabo con el máximo consenso y participación político-social para garantizar que quien vive en nuestro país disfrute de iguales derechos y esté sujeto a iguales deberes.
El ministro de Trabajo e Inmigración en todas las comparecencias que ha tenido en esta Comisión, el 26 de mayo, el 22 julio, el 30 de octubre, siempre ha hablado de hacer una reflexión sobre la reagrupación familiar, abrir un debate para una
más adecuada delimitación de ese concepto y, sobre todo, conseguir un pacto de Estado en materia migratoria que permita desarrollar una norma acorde con las aspiraciones y necesidades de la sociedad española. En esta misma línea también se
manifestó el señor Campuzano, tanto el 11 de junio como el 17 de septiembre en el Pleno del Congreso, por cierto, con la única abstención del Partido Popular. No obstante, señores del Partido Popular, la reagrupación de los ascendientes debe
someterse a requisitos específicos, en línea con el régimen singular diferenciado de estos familiares previstos en el derecho comunitario, valorándose también la conveniencia de añadir requisitos adicionales y de carácter excepcional para establecer
los casos en que los ascendientes reagrupados puedan ejercer, a su vez, la reagrupación sobre otros familiares extranjeros. Por consiguiente, señores del Partido Popular, el Gobierno y el partido que le sustenta, el Partido Socialista, están
impulsando el diálogo con el resto de las fuerzas políticas. Es en el ámbito de la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley donde tienen encaje las reflexiones e iniciativas sobre la reagrupación familiar formuladas en su proposición no de
ley. Señores del PP, su análisis y su decisión han de ser articuladas de un modo integral y con una visión general de fenómeno migratorio, no siendo adecuado el enfoque que subyace en esta iniciativa de actuaciones parciales en la política
migratoria. Parece, señores del PP, que ustedes huyen del consenso, del diálogo social, que dan palos de ciego, que se solapan a sí mismos. Hoy presentan esta proposición no de ley...
El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo, le ruego que vaya terminando, porque ha agotado usted su tiempo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Treinta segundos.
El pasado jueves presentaron una reforma de la Ley de Extranjería. Esta misma mañana preguntan sobre si el Gobierno considera necesario modificar la legislación en materia de extranjería y ahora se enmiendan ustedes su proposición no de
ley. Su único objetivo es su confrontación al Gobierno, intentando generar alarma en un tema tan sensible como el que nos ocupa.
Mientras ustedes buscan la confrontación en solitario, nosotros hablamos de pacto de Estado. Señores del PP, en esta
cuestión y ante la actual coyuntura que vivimos, es el momento de sentirnos todos corresponsables desde el trabajo parlamentario de los grupos políticos y en consonancia con lo manifestado en el ámbito del diálogo social. Es hora de hacer
planteamientos de todos, sin exclusión política, y ustedes deberían replantearse su postura ante un tema tan sensible, pues únicamente tienden a desmarcarse, a hacer ruido y a provocar. Lo digo con respeto, pero convencido de ello. Ustedes,
señores del PP, han gobernado este país durante ocho años -me refiero al periodo democrático- y por tanto son o pueden ser alternativa de Gobierno, pero, de seguir con este tipo de posicionamientos, dudamos que vuelvan a serlo, por lo menos en el
siglo XXI. Allá ustedes, nosotros sobre este asunto intentaremos...
El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo, no le voy a volver a llamar la atención más. Le ruego que termine.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Decía que intentaremos legislar de acuerdo con el resto de los grupos políticos y apoyaremos al Gobierno para que siga trabajando en esta materia y gobernando en coalición con la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Señora Torrado, ¿acepta usted la enmienda o la rechaza?
La señora TORRADO DE CASTRO: Quiero decir que rechazamos la enmienda del Grupo Socialista porque nos parece una mera declaración de intenciones.
Si tanto interés tiene el representante socialista en que retiremos nuestra enmienda, retiren
ustedes la suya. Nosotros, desde luego, no vamos a retirar la nuestra.
El señor PRESIDENTE: En la cuestión anterior, el señor Sahuquillo me ha hecho un regate que le aseguro que no tendrá usted ocasión de volver a repetir. Entiendo que no se admite la enmienda.
Se ha incorporado a la Comisión en el transcurso de la sesión el señor Olabarría y, para fijar posición, primero tiene usted la palabra, don Emilio; después pasaremos al señor Campuzano. Cinco minutos, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, el énfasis en la indicación del tiempo disponible va a hacer que me ajuste a sus requerimientos con la pulcritud que no me suele caracterizar. (Risas.)
En relación con la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirle que no nos gusta. No nos gusta su contenido filosófico, su contenido axiológico, porque se incardina en normas en donde el extranjero de nuevo
vuelve a verse compelido a una situación de perturbación, en una situación de crisis y de desempleo para los Estados donde los extranjeros llegan, y donde se vuelve a recurrir a los fundamentos axiológicos de leyes de extranjería que aprobó el
Partido Popular en su día, en los años 2000 a 2003: la prevención sobre el extranjero y la vinculación de los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo. Y existiendo solo dos posibilidades, señor presidente, desvinculadas de las
necesidades específicas del mercado de trabajo para la regularización de los flujos migratorios y de los extranjeros, como son el arraigo y el reagrupamiento familiar, nosotros observamos en el derecho comunitario incipiente, en el ya elaborado, y
en proposiciones como esta, también en la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que, si su pretensión -y me refiero al portavoz del Grupo Socialista- era driblar por la izquierda al Grupo Popular, se ha equivocado porque no divergen, en
absoluto. En cuanto a su fundamento filosófico, de la del Grupo Popular y de la del Grupo Socialista, tenemos que decir que vamos a votar en contra de la proposición del Grupo Popular y también de la enmienda del Grupo Socialista. Señor
presidente, le voy a decir con mucha claridad que mi grupo parlamentario no va a estar nunca a disposición de limitar o incorporar elementos reduccionistas a los dos únicos elementos que posibilitan la regularización de extranjeros en el Estado
español, desvinculados de las estrictas necesidades del mercado de trabajo, como son el arraigo y el reagrupamiento familiar. Como esa es nuestra filosofía, vamos a votar en contra de la preconizada por el portavoz socialista, la conservadora
proposición presentada por el Grupo Popular, y también en contra de la no menos conservadora -todo hay que decirlo, y con honestidad- enmienda presentada con pretensiones de diferenciación por el Grupo Socialista. Con esta honestidad que
caracteriza mis palabras y con una brevedad a la que no estoy acostumbrado, acabo aquí mi turno de intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para fijar su posición el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La cuestión que la iniciativa que el Grupo Popular nos plantea, no es, ni mucho menos, menor. Hoy, el flujo migratorio articulado a través de la reagrupación familiar constituye una de las principales vías de
entradas legales de extranjeros en España. Más allá de la consideración del derecho a vivir en familia, lo que es evidente es que esos flujos migratorios no son nunca neutrales. No podríamos afirmar que esos flujos migratorios no tienen
consecuencias en la vida cotidiana en los barrios, en los pueblos, y en las ciudades. Por tanto, sería razonable -y sobre eso hemos tenido ocasión de discutir en diversas ocasiones en el Pleno y en esta misma Comisión- que, en el contexto de la
próxima reforma de la Ley de Extranjería, fuésemos capaces de introducir una mayor racionalidad para permitir que, manteniendo ese derecho a vivir en familia, fuésemos capaces de adecuar ese flujo migratorio a las propias capacidades de acogida y de
gestión de la sociedad en su globalidad. Desde ese punto de vista, insisto en que algunas de las consideraciones que nos formula la propuesta del PP las podemos compartir, pero en el contexto de lo que hoy estamos esperando, que es que el Gobierno
remita a esta Cámara un proyecto de ley como fruto de un mandato parlamentario aprobado en el Pleno, nos parece más interesante que el Grupo Popular asuma la enmienda que ha efectuado el Grupo Socialista, donde formula algunas consideraciones que el
Gobierno debería tener en cuenta a la hora de formular ese proyecto de ley. En caso de que el Grupo Popular no acepte esa enmienda del Grupo Socialista, mi grupo votaría en contra de su iniciativa sin querer entrar en el fondo de la cuestión que
nos plantea, pero sí convencidos de que hoy, en esta Comisión, y a pocas semanas de recibir ese proyecto de ley, sería avanzar quizás lo que no toca aún discutir.
Dicho esto, les apunto -y lo digo porque hemos tenido ocasión de plantearlo en otras intervenciones- que nos parece necesario facilitar la incorporación al mercado de trabajo a parte de las personas que hoy se reagrupan y que tienen
dificultades legales para acceder a su incorporación al mercado de trabajo, y que nos parece razonable intentar gestionar el flujo migratorio de ascendientes de una manera que responda más a las capacidades de acogida e integración de los propios
inmigrantes que reagrupan. En alguna ocasión hemos formulado la necesidad de que, para ascendientes, la reagrupación se limite a aquellas personas que están con residencia permanente; nos parece que sería razonable. Como decía hace un momento,
insisto en que no es menor la gestión del flujo migratorio por la vía de la reagrupación familiar en un contexto de aumento del desempleo para el conjunto de los ciudadanos y del desempleo también para las propias personas inmigrantes. Esta es una
cuestión delicada que choca -y el señor Olabarría efectuaba reflexiones que no podemos menospreciar, como es el derecho a vivir en familia-, pero nos estamos jugando en esta materia la convivencia y la cohesión social. Por tanto, apelaría al Grupo
Popular para que haga un esfuerzo de responsabilidad y de consenso y de aceptación de esa enmienda del Grupo Socialista.
SOBRE LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE TRABAJO PARA RUMANOS Y BÚLGAROS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000307.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al cuarto punto del orden del día: proposición no de ley sobre levantamiento de la moratoria de trabajo para rumanos y búlgaros. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: El 1 de enero de 2007, Rumanía y Bulgaria se incorporaban como países a la Unión Europea. Previamente, el 22 de diciembre de 2006, el Gobierno español había decidido adoptar, de acuerdo con el propio tratado de
incorporación de esos países a la Unión Europea, una serie de normativas regulatorias del flujo de ciudadanos procedentes de esos países en nuestro país que se iba a producir a partir de la incorporación de esos países a la propia Unión Europea. En
aquel momento se accedía a establecer una moratoria transitoria, de acuerdo con lo previsto en el conjunto de la Unión Europea, en los propios tratados con Rumanía y Bulgaria, para prevenir, como decía antes, la posibilidad de una avalancha de
ciudadanos de esos países hacia otros países de la Unión Europea. Esta decisión era coherente con actuaciones anteriores en las que también, en la Unión Europea, se había producido este tipo de moratorias tras una ampliación. España mismo, en su
día, sufrió una moratoria, no solo en la libre circulación de sus ciudadanos, sino también en la libre circulación de sus mercancías; una moratoria que no nos gustó, como creo que en este caso tampoco es algo que agrade a los gobiernos rumano y
búlgaro. Entiendo que el principio de prudencia podría llevar al conjunto de los países de la Unión Europea a haber practicado este tipo de moratorias con Rumanía y con Bulgaria. En los anteriores casos en los que se dispusieron este tipo de
moratorias apenas tuvieron resultado alguno. Si lo que se pretendía con esta moratoria era sencillamente frenar una presunta avalancha de ciudadanos rumanos hacia otros países de la Unión Europea, hay que concluir, pasados casi dos años, que esto
no se ha producido y ahí están los datos de empadronamientos, de tarjetas de residencia y de afiliación a la Seguridad Social en nuestro país.
El 1 de enero de 2007, cuando se aprueba la incorporación de estos dos países, en España había 550.000 ciudadanos y ciudadanas procedentes de Rumanía y Bulgaria empadronados. Casi 500.000, lo que es un porcentaje muy elevado, eran además
activos, tenían posibilidad de trabajar. En estos momentos ya son 900.000 los ciudadanos rumanos y búlgaros empadronados, según el propio dato del padrón del uno de enero de 2008 y ha seguido creciendo según los datos que también nos ha ido
ofreciendo el propio ministerio. De hecho, la gran parte de las 550.000 nuevas tarjetas de residencia que se han dado a ciudadanos extranjeros en nuestro país han sido para ciudadanos búlgaros y rumanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
evidentemente la moratoria no ha provocado un freno a la llegada de ciudadanos procedentes de esos países. De los cerca de 900.000 que existen en estos momentos, 600.000 son activos, la proporción entre los activos y el número de empadronados ha
bajado en solo un año de forma muy intensa, pero lo que sí es cierto es que ya hay 100.000 en el paro, según los datos de la última encuesta de población activa. Y lo que se ha multiplicado, porque la moratoria lo que prohíbe es el trabajo por
cuenta ajena, es el número de rumanos y búlgaros autónomos que se han dado de alta en la Seguridad Social en proporciones absolutamente inusitadas.
Hace dos años estábamos hablando de apenas 5.000 rumanos y búlgaros dados de alta como autónomos y
ahora estamos hablando de más de 50.000. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos ciudadanos que están utilizando la vía de la cuenta propia para darse de alta en la Seguridad Social y estar aquí regularizados.
No parece sensato, si lo que se pretende es vincular, como se ha dicho antes, la emigración a la situación del empleo o a la creación de empleo, seguir manteniendo una moratoria que lo que está creando en el fondo es una ficción. Muchos
ciudadanos se ven obligados a declararse autónomos, cuando no lo son, solo para estar de forma legal en nuestro país y se sigue dando tarjetas de residencia a personas cuyo final, a la postre, sigue siendo acabar en situación de economía sumergida.
Todo esto implica, además de una situación absurda, caídas en los propios ingresos de la Seguridad Social y del propio Estado. Personas que reciben ingresos, que no tributan por ellos, y personas que están, como decía antes, en la economía
sumergida, porque se les obliga a estar en la economía sumergida por parte del Gobierno, y que desvirtúan nuestro mercado laboral. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para que nos demos cuenta de que, si el objetivo era frenar la salida
masiva de ciudadanos rumanos de Rumanía o de Bulgaria, no se ha conseguido, y para que nos demos cuenta de que no se puede seguir con una situación como la que mantenemos en la actualidad, en la que tenemos países de primera, territorios de primera,
pero ciudadanos que son tratados como si fueran ciudadanos de segunda. Es absurdo que estos ciudadanos tengan todos los derechos civiles e incluso derechos políticos y sin embargo se les niegue el derecho fundamental, el derecho a trabajar por
cuenta ajena. Me parece -y vuelvo a insistir en ello- que mantener esta moratoria sigue siendo algo inútil. Por eso, por el interés de España, por el interés de la propia Unión Europea, por el interés de esos ciudadanos y por el interés del propio
mercado laboral y de las cuentas de la Seguridad Social, pedimos que se proceda a la derogación de esta moratoria.
No voy a tener tiempo para pronunciarme sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, pero quiero decirles, por si me lo pueden aclarar, que no la he
entendido muy bien, porque lo que se dice en la enmienda es sencillamente que el Gobierno elabore un informe y que luego, en virtud de lo que diga ese informe, se acuerde la posibilidad de prorrogar aún más esa moratoria. Me parece que va
justamente en el sentido contrario de lo que nosotros proponemos. Se conocen los datos de afiliación a la Seguridad Social, de paro, de empadronamiento, de flujos migratorios y por tanto no creo que haya que conocer en estos momentos más datos para
saber que la moratoria no ha servido prácticamente para nada, que lo que hay que hacer es, cuando se adoptan unos acuerdos de este tipo con países para incorporar a sus ciudadanos a la Unión Europea, incorporarles e incorporarles de verdad y, como
el objetivo de este Gobierno es tener una emigración legal y ordenada, nos parece que una forma de tenerla legal y ordenada y sacar a mucha gente de la economía sumergida sería eliminar la moratoria.
Por último, por lo comentado en el anterior turno por el comisionado Olabarría, que luego se va a pronunciar sobre esta iniciativa, creo que no es una iniciativa que en este caso vaya a limitar elementos reduccionistas, de los que él suele
hablar tanto. Sí quiero decirle que a mí lo que me parece reduccionista es venir a hablar aquí a esta Cámara a acusar al Partido Popular o al Partido Socialista de que, cuando quieren limitar la reagrupación familiar y controlarla, eso es un gran
pecado, mientras que su Gobierno se dedica a pagar billetes a jóvenes inmigrantes para que se trasladen a la Comunidad Autónoma gallega. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Olabarría, luego tendrá usted su oportunidad, la señora Barkos también, en el turno de fijación.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es que se trata de un turno de alusiones personales y nominales, no solo personales, sino también nominales, con nombres y apellidos, señor presidente. No sé si procede ahora o después.
El señor PRESIDENTE: Después, señor Olabarría.
A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la misma tiene la palabra don Manuel Óscar Seco.
El señor SECO REVILLA: Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición de mi grupo y defender la enmienda de modificación planteada en relación con la petición de levantamiento de la
moratoria a los trabajadores rumanos y búlgaros, interesada por el Grupo Popular. En primer lugar quiero hacer unas matizaciones técnicas para sacar de algunos errores al portavoz del Grupo Popular. Efectivamente, la fijación del periodo
transitorio para la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros durante los años 2007 y 2008 se acordó hace ya casi dos años, se hizo previa consulta a los agentes sociales y en el marco de un previo consenso de la casi generalidad de los
Estados miembros de la Unión Europea, atendiendo a los eventuales desajustes que podía provocar sobre el mercado de trabajo. Es uno de los límites que están posibilitados por la normativa de la Unión Europea y en este caso por el párrafo tercero de
las actas sexta y séptima de los tratados de adhesión de ambos Estados, que prevé tres periodos adicionales: uno de dos años, que es el que concluye ahora; uno adicional de tres años y uno último de dos años excepcionales hasta un máximo de siete.
Esto se une a otras limitaciones más genéricas, como las limitaciones por razones de seguridad de las personas u orden público o la de acceso a la función pública, pero que en modo alguno perjudica al libre tránsito de nacionales de esos países
dentro de las fronteras europeas. Esto no significa, como refiere la proposición no de ley, que los nacionales de estos países deban cumplir los mismos requisitos que los ciudadanos extracomunitarios para trabajar, ya que no están sujetos al
principal tamiz que articula nuestra legislación en materia de contratación de extranjeros, cual es el de la situación nacional de empleo para el puesto que se pretende desempeñar, artículos 38 y 40 de la Ley de Extranjería. Tampoco de esto se
deriva una situación de irregularidad administrativa, como pretenden hacer ver, ya que el trabajador no está expuesto a ningún procedimiento sancionador, porque su actividad no está contemplada en el catálogo de infracciones que regulan los
artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Extranjería. Por tanto, las situaciones de clandestinidad o trabajo en economía informal a las que se refiere no son un producto de la moratoria y responden más al incumplimiento de las condiciones que penden
sobre los empleadores, a quienes les incumbe la obligación de solicitud de autorización previa y la posterior afiliación a la Seguridad Social, y sobre quienes recae en exclusiva el régimen sancionador previsto como infracción muy grave en el
artículo 54 de la Ley Orgánica de Extranjería y en el Real Decreto legislativo 5/2000, de infracciones y sanciones en el orden social.
A lo largo del pasado año y en el presente, en esta Cámara se han formulado iniciativas que descartaban una supuesta invasión, pues casi todos los que el mercado laboral demandaba ya están aquí, se decía, argumentando que la situación
económica de Rumanía, la de mayor crecimiento económico en la Unión, en torno a un 5 por ciento del PIB, está parando la inmigración hacia otros países de la Unión Europea, presagiando que prefieren trabajar en el Reino Unido o Francia, donde los
sueldos son más elevados que en España. Evidentemente, a la vista de los informes que se vienen publicando, ya sea por el Instituto Nacional de Estadística, por los trimestrales del Observatorio permanente de la inmigración, en particular sobre los
nuevos certificados de registro y tarjetas de residencia pedidas, que creo que es el más fidedigno, el anuario que publica el observatorio o la
comunicación que ayer mismo formuló la Comisión Europea al Consejo de la UE y al Parlamento, creo que se deben revisar urgentemente esos presupuestos y esas conclusiones. A día de hoy, y basándonos en la comunicación de ayer de la Comisión
Europea, podemos decir que un 57 por ciento de los rumanos residentes en la Unión Europea están en España y un 59 por ciento de los búlgaros. A mucha distancia se encuentran Italia, que tiene el 25 por ciento de los rumanos, o Alemania, que tiene
el 15 por ciento de los búlgaros.
Entrando en el fondo de lo planteado, mi grupo no puede dejar de mostrar su perplejidad viendo quien defiende la proposición. ¿Puede ser el mismo portavoz que esta mañana se lamentaba de 300.000 nuevas tarjetas? El ejemplo está ahí. En el
último trimestre se han expedido 105.735 nuevas tarjetas y certificaciones de registro, de las cuales 40.000 corresponden a este colectivo. Sabe positivamente que esas nuevas tarjetas responden a migración comunitaria un 89 por ciento, sobre todo
la rumana y búlgara, un 36 por ciento. Señor Hernando, ¿no es irresponsable, no es contradictorio, atizar las brasas de la inmigración sin control y al mismo tiempo reclamar mayores liberalizaciones en los flujos en las nacionalidades europeas que
tienen por principal destino España? El Grupo Popular, que ha colmado su argumentario de hostilidad hacia el inmigrante y de buscar la confrontación con el Gobierno a base de datos manipulados, sigue con su peligroso manual de agitación. Es el
mismo Grupo Popular el que nos habla de prohibición de regularizaciones masivas y a la vez plantea la regularización con efectos laborales de miles de rumanos y búlgaros; el que habla de efecto llamada de moratorias como la que aplicó el Gobierno
del Partido Popular a los ocho países de la Unión Europea que se incorporaron en 2004, excepto Malta y Chipre, de efecto anuncio; el mismo Partido Popular que nos habla de autobuses patera que vienen del este; el que habla de respaldo a la
política inmigratoria de Berlusconi sobre rumanos y efectos huida hacia países complacientes. ¿Recuerda esta intervención del 26 de mayo, señor Hernando? Ese mismo Grupo Popular está pidiendo hoy el levantamiento de las restricciones a los
trabajadores rumanos y búlgaros; es el mismo Grupo Popular el que acusa de coladeros, de inundar el mercado laboral, de políticas no consensuadas con la Unión Europea y que ahora defiende que puedan venir cuantos quieran sin considerar siquiera la
ecuación inmigración, mercado de trabajo, el diálogo social y siendo partidario ahora de mantener posturas unilaterales en el seno de la Unión Europea. Por eso, porque su posición es completamente oportunista y especialmente incoherente, es por lo
que se desacredita por completo.
Señorías, brevemente voy a referir a esta Comisión la posición del Grupo Socialista sobre la cuestión objeto de proposición. Primero, planteamos esperar al pronunciamiento del Consejo de la Unión Europea, que tiene que revisar el
funcionamiento de las medidas transitorias antes de finalizar el segundo año de la fecha de adhesión; no adoptar posiciones unilateralmente y apostar por la coordinación con los Estados miembros, en particular, los países de nuestro entorno más
próximo. Segundo, se han de analizar los flujos de afluencia a España de nacionales rumanos y búlgaros en estos dos últimos años y su particular incidencia en el mercado laboral nacional, debiéndose ponderar con objetividad los efectos del
levantamiento de las restricciones y la capacidad que puede tener nuestro mercado de trabajo para absorber, sin desajustes y en la coyuntura actual, la eventual llegada de nuevos trabajadores de estas nacionalidades y, posteriormente -como decimos
en nuestra enmienda-, previa consideración del criterio de los agentes sociales, adoptar la postura que mejor garantice el acceso al empleo de los trabajadores de nuestro mercado laboral, también el de los rumanos y los búlgaros que ya están aquí
con nosotros.
El señor PRESIDENTE: Abrimos un turno para fijar las posiciones de los distintos grupos políticos. Tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: El Partido Popular nos presenta una proposición no de ley a la que el Partido Socialista acompaña una enmienda. El razonamiento del Grupo Parlamentario Socialista contiene alguno de los argumentos que nos hacen
ser un poco más escépticos con esta proposición no de ley, que es no adoptar posiciones unilaterales; pero hasta ahí y exclusivamente, escasamente hasta ahí. Explico por qué. Porque no puede entenderse este razonamiento, a nuestro entender
válido; efectivamente, no cabe en este asunto trabajar de manera solitaria, no sé si unilateral, pero desde luego solitaria. Pero solo hasta ahí y en la medida en la que mantenemos la posición, que ya manteníamos en la legislatura anterior, de
entender que el contrato laboral, el mercado laboral es un buen suelo para gestionar en materia de inmigración pero no es, ni mucho menos, el techo.
Seguramente por motivos bien diferentes, señor Hernando, por argumentos bien diferentes a los que ustedes están utilizando, en cualquier caso sobre el espíritu y la letra de la proposición no de ley que el Partido Popular nos presenta hoy,
votaremos a favor de la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros también votaremos a favor de esta iniciativa, porque esta materia -lo comentábamos ahora- en el acervo comunitario no es disponible y por tanto no nos queda otra solución. Lo contrario sería, en nuestra
opinión, oponernos a ese acervo.
El señor PRESIDENTE: Don Emilio, ahora tiene usted su turno para fijar su posición y, además de eso, tres minutos más, si usted lo desea, por el artículo 71, para responder a las alusiones.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acumularé ambos trámites con la diligencia a la que nos inquiere el presidente con tanto énfasis.
En relación con las alusiones -después de tanto debate, quizás olvidadas-, el señor Hernando ha realizado una imputación a las instituciones forales vascas que es manifiestamente falsa. Pretendidamente, la información se basa en algunos
reportajes de un medio de comunicación gallego, pero han sido desmentidas claramente por las instituciones forales concernidas. No hay ninguna institución, ninguna diputación foral de Euskadi que haya pagado billetes a menores no acompañados para
reubicarlos en centros de acogida fuera de la Comunidad Autónoma vasca; además, el señor Hernando sabe que eso es incierto, sabe que es manifiestamente incierto. Eso ha sido desmentido por la subdelegada del Gobierno de Vitoria-Gasteiz, de Álava,
y por el subdelegado del Gobierno de Vizcaya; ha sido desmentido por el Gobierno español; ha sido desmentido por la Xunta de Galicia, por el Gobierno gallego, y ha sido desmentido tácitamente por algo tan notorio, tan claro y que predomina sobre
la información periodística, sobre la reflexión mediática, que es el archivo de las diligencias o de las acciones que la fiscal de menores de Galicia intentó iniciar. Más desmentidos no puedo incorporar porque no son pertinentes y no existen, y me
imagino que el señor Hernando tendrá la bondad de reconocer su error.
He calificado su proposición no de ley anterior de reduccionista. Yo no esperaba una contraargumentación tan beligerante y tan -si me permite la expresión y con la amistad que
nos une- grosera, en su trazo intelectual, por parte del señor Hernando, en relación a una reflexión que forma parte de la dialéctica política y parlamentaria normal, como es la de reduccionismo político.
Al margen de estas circunstancias y en relación con lo que aquí nos concierne, que es el levantamiento de la moratoria de trabajo para rumanos y búlgaros, yo voy a coincidir con las reflexiones de los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra. La verdad es que estamos hablando de dos circunstancias y una la ha glosado bien don Óscar Seco. Evidentemente, los trabajadores, sobre todo rumanos, que llegan al Estado español vienen acogidos, no al socaire de un efecto
llamada pretendido, es una expresión perversa que yo no acepto en términos intelectuales, sino al socaire de la denominada brecha salarial. Son personas de alta cualificación porque Rumanía se encuentra en una situación de pleno empleo en este
momento. Tiene unos porcentajes de empleo que rayan el 5 por ciento, es una situación técnicamente de pleno empleo. Se ve el Estado rumano en la tesitura un tanto paradójica sociológicamente de sustituir los que se marchan por trabajadores chinos
y pakistanís, que cubren los puestos de trabajo que dejan vacantes los trabajadores rumanos que vienen al Estado español. El señor Llamazares ha dicho algo muy importante, estamos ante el acervo comunitario, lo que en la jerga del derecho
comunitario, en la jerga comunitaria, se llama acquis communautaire. La limitación de derechos que forman parte del acervo comunitario y de las versiones consolidadas del Tratado de Roma, fundamentalmente la que acometió el Tratado de Amsterdam en
relación a libertad de circulación de trabajadores, impide moratorias de estas características e impide y dificulta -son de dudosa legitimidad- el establecimiento de periodos transitorios en donde la limitación, la reducción o relativización, de
derechos que son consustanciales al acervo comunitario, a los derechos y deberes en definitiva de todos los ciudadanos de la Unión, tiene el carácter de derechos fundamentales.
El Tratado de Amsterdam, señor presidente, como usted sabe perfectamente, acogió esta previsión en relación al derecho de libre circulación de los trabajadores, versionando de forma consolidada el Tratado de Roma en su artículo 15. Como mi
grupo no está en la tesitura en este momento de refutar ni el acervo comunitario, el acquis communautaire, ni ya el contenido material de los tratados comunitarios, de la versión consolidada del derecho comunitario, nos vemos en la tesitura de tener
que votar en contra de esta moratoria que siempre tuvo problemas y dificultades jurídicas en cuanto a su aceptación. Es una moratoria introducida con verdaderos fórceps jurídicos en el derecho comunitario con carácter general y desde luego no
utilicemos los mismos fórceps para su extracción, para la finalización de alumbramiento de algo que nunca debió formar parte de los derechos y deberes que entre todos los ciudadanos europeos estamos construyendo.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La proposición no de ley del Grupo Popular pone encima de la mesa una cuestión que no es fácil resolver y que seguramente no se va a resolver en el trámite de una proposición no de ley en Comisión, porque están
chocando dos lógicas perfectamente defendibles. La lógica que supone la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europa y que incorpora por tanto el principio de la libre circulación de las personas, pero también un tema que no es ni mucho
menos menor, las consecuencias que esa libre circulación tiene para los mercados de trabajo de los países de la Unión Europea. En España hasta ahora, y precisamente también como fruto de la posición de los sindicatos, el Gobierno ha ido defendiendo
esa moratoria en la plena incorporación de los trabajadores de origen rumano y búlgaro en nuestro mercado de trabajo. Eso se decía en un contexto socioeconómico sustancialmente distinto en el que estamos instalándonos. Ahora, a finales de 2008,
con un mercado de trabajo que se está desplomando y con una perspectiva para 2009 nada halagüeña, es razonable pensar que el Gobierno, los agentes sociales, nuestro mercado de trabajo, entienda que tiene más sentido hoy ser coherentes con los
principios que marcan
la incorporación de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europa. Debemos aprovechar las posibilidades que la propia Unión Europea nos permite para establecer ese tipo de moratoria.
Yo me instalaría en la idea que expresa la enmienda que formula el Grupo Socialista, a la que me permito añadir in voce un comentario que sería que esa decisión sobre la moratoria fuese resultado de la discusión con los agentes sociales y
también de discusión con las comunidades autónomas, que son las competentes en ejecutar las políticas en materia laboral. Hasta ahora los sindicatos han defendido -esta misma mañana he tenido ocasión de tener un breve intercambio de posiciones con
un importante dirigente sindical y uno de los principales sindicatos- su posición, que continúa siendo mantener el no acceso al mercado de trabajo por la vía de la cuenta ajena de los trabajadores de origen rumano y búlgaro. Y me advertía que la
situación del mercado de trabajo en España para el año que viene aconsejaría mantener esas posiciones. En esta materia las posiciones de los sindicatos, en el contexto actual, me parecen relevantes y por tanto la enmienda que formula el Grupo
Socialista de trasladar esa cuestión al diálogo social, con ese añadido además de que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, me parece interesante. Además, estoy seguro de que el Grupo Popular debería ser sensible a esa cuestión porque las
consecuencias del desempleo y del desplome de nuestro mercado de trabajo afectan al conjunto de la geografía del Estado español. Creo que en una materia tan sensible, complicada, y compleja como la que tenemos encima de la mesa, debemos hacer el
esfuerzo, uno, de buscar consensos en la Comisión y, dos, de asociarnos al conjunto de quienes, conjuntamente con los gobiernos, hoy están gestionando nuestro mercado de trabajo, que son los agentes sociales y que son las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: ¿Entiendo que usted plantea una transaccional? (Pausa.)
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Podría ser.
El señor PRESIDENTE: Hay tiempo para pensárselo porque como dije, antes de proceder a la votación habrá un tiempo de descanso, para que los grupos parlamentarios puedan hablar.
Señor Hernando, respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista le ruego que se pronuncie.
El señor HERNANDO FRAILE: Me he pronunciado en mi turno anterior. No tiene sentido aceptar una enmienda que propone seguir estudiando cosas.
El señor PRESIDENTE: Se votará en esos términos, a no ser que los grupos, de aquí a finalizar el debate, planteen otra cuestión.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR TRIMESTRALMENTE A LA CÁMARA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000365.)
El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remitir trimestralmente a la Cámara información sobre la situación de la inmigración en España, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra doña Carmen Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: La proposición no de ley que trae esta tarde el Grupo Popular pretende que se cumpla una moción del Senado, de fecha 23 de mayo de 2006, donde se instaba al Gobierno a que trimestralmente remitiera información a la
Cámara sobre la situación de la inmigración.
Desde 2006 ha pasado todo el tiempo que ha pasado y nunca se ha remitido esa información, a pesar de que en su momento fue aprobada por asentimiento de todos los grupos. Esta tarde en el texto de esta
proposición no de ley incorporamos además un acuerdo de comparecencia trimestral en Comisión del Ministro de Trabajo e Inmigración, a los efectos de dar cuenta del informe anterior, tras su reunión en esta Cámara. Lo que evidencia esta situación es
que el Gobierno del Partido Socialista ni respeta ni tiene rigor alguno con la situación y los acuerdos que se adoptan en las Cámaras. Dicho esto, también hay que decir que el Partido Socialista, en la primera comparecencia del presidente en su
discurso de investidura, decía que iba a convertir estas Cámaras en el eje de su política. Mal ejemplo está dando en cuanto a que estos acuerdos se incumplen, pero es más, las competencias en materia de inmigración están clarísimas, son únicas y
exclusivas del Estado. Nadie lo diría por la situación que se vive en este país. También es verdad que el discurso del Partido Socialista en esta segunda legislatura ha cambiado mucho o, como se suele decir, la música es otra, pero la letra sigue
siendo la misma. Por eso, hoy la inmigración es la segunda preocupación para los españoles en este país. El Partido Socialista tiene dos discursos, el discurso, por ejemplo, donde dice lo único que pretende, lo que quiere y lo que ha conseguido en
materia de inmigración en este país es el orden.
Yo quiero darle ejemplos de que esto no es así. Si hubiese orden, no habría llegada de personas por puertos, aeropuertos y en cayucos, tampoco habría asaltos a las vallas de Melilla o inmigrantes
irregulares en las calles. Por lo tanto, lo que dice el Gobierno socialista no tiene nada que ver con la realidad, pero eso los ciudadanos lo saben. En su discurso también hablan de la legalidad y de que esa legalidad se ha conseguido en este
país. Entonces, no sé a qué vienen los centros de retención de personas, en este caso de inmigrantes, que precisamente están allí porque su situación
es de irregularidad en este país; o los centros de menores, de los que hablaba antes una representante del Partido Socialista, que es además, como yo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde el acuerdo con el Gobierno del Partido
Socialista estaba muy claro la capacidad de acogida que tenía Canarias. Se hablaba de 250 menores inmigrantes no acompañados.
Esa era su capacidad de acogida, de la que se habló con el Gobierno del Partido Socialista. Pues hay más de 1.600
menores acogidos en Canarias y el Gobierno dice que eso es competencia de las comunidades autónomas y también lo acaba de decir en el anterior debate una representante del Partido Socialista. Esos menores devienen de la inmigración y el Gobierno
hace oídos sordos.
El Gobierno del Partido Socialista también habla de que va a hacer de su política la integración; eso sí, el señor Rodríguez Zapatero sigue haciendo lo de yo invito, pero tú pagas, y eso pasa con la integración.
En este país, la
integración la llevan adelante las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de trabajo, donde tienen que cubrir unas necesidades ya precarias por la política que se está haciendo, en relación con sus ciudadanos y con los ciudadanos
extranjeros, o en materia de sanidad y educación, donde -sigo poniendo la Comunidad Autónoma de Canarias de ejemplo, que es la que mejor conozco por ser de allí- se sigue atendiendo a los inmigrantes con un padrón del año 1999.
Esta mañana oí al ministro cuando contestaba a una pregunta que le hacía el señor Hernando y le decía: Yo prefiero traer el debate a esta Cámara.
Por lo tanto, señores del Partido Socialista, hagan caso al ministro, voten ahora que sí a
esta proposición no de ley y, desde luego, tendremos la oportunidad de oír al ministro hablar de su política. También es verdad que el Gobierno no tiene claro ni quién gestiona la política de inmigración, y lo digo porque además tenemos el ejemplo.
Hay una comisión delegada para materia de inmigración, donde está el ministro del Interior, que se ocupa de llegadas a puertos, aeropuertos, en cayucos, a centros de internamiento, de repatriaciones -que son el hazmerreír de este país-, en
definitiva, una política nefasta. También está el ministro de Exteriores, que se gasta la ayuda al desarrollo, como hemos podido comprobar esta mañana, para decorar una sala para Naciones Unidas; y, desde luego, el ministro de Trabajo e
Inmigración, el señor Corbacho, lo único que ha traído es más paro y más inmigrantes. Y la persona que coordina esa comisión delegada, la vicepresidenta del Gobierno, decía esta mañana que se alegraba de que el Partido Popular pensara en África.
Es verdad, tenemos que seguir pensando en África. Lo que no tenemos que hacer es lo que hace la vicepresidenta del Gobierno, que en época de vacaciones hace un viaje acompañada de un séquito muy importante de personas, pagado por el Estado,
buscando una foto y un artículo de prensa y haciendo caridad y solidaridad con los países africanos con el dinero de todos los españoles. Hasta ahí llega el trabajo que está haciendo el Gobierno.
También conozco la demagogia del Grupo Socialista y esta tarde ya la hemos podido oír en varias ocasiones. Como solo tengo la posibilidad de intervenir en este momento, voy a decirles que en los ocho años del Gobierno del Partido Popular
está claro en la historia lo que hizo en este país. Ustedes no estarán de acuerdo, pero mejoró en mucho la vida de los ciudadanos. Ahora bien, el PSOE lleva cinco años gobernando, lo digo porque parece que no se dan cuenta, parece que esto no va
con ustedes. El pasado reciente y los errores que se hayan cometido en este país se lo deben al Gobierno del Partido Socialista; es más, el presente en este momento también es de un Gobierno del Partido Socialista, el presente actual, el del paro,
la crisis y la inmigración. Espero que con un poco de suerte haya poco futuro del Gobierno del Partido Socialista.
Lo único que quiero, para terminar mi intervención, es que el Gobierno cumpla sus acuerdos en la Cámara, que además tuvieron lugar y se votaron por todos los grupos políticos, que tenga respeto a las Cámaras y, por último, que dé los datos
que le exigimos porque no son datos del Gobierno, no son datos de la oposición sino de los ciudadanos, que tienen que saber -el segundo problema para ellos es la inmigración- la verdad; desde luego, la tienen que saber los 2.800.000 parados de este
país y las 600.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro, porque para ellos posiblemente el primer problema de este país sea cómo van a arreglarse el día siguiente. Ese es su primer problema, pero el segundo es la inmigración. El
Grupo Popular en esta Comisión quiere saber la verdad, tener los datos y hacer el trabajo que se le encomienda por parte de los ciudadanos, que es hacer el control al Gobierno, y para eso queremos saber los datos, que tienen que darlos, y que se
cumpla lógicamente con lo que estas Cámaras representan y por lo que nos tienen aquí los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentadas tres enmiendas.
Para defender la suya tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hace un rato, en relación con otra iniciativa que nos planteaba el Grupo Parlamentario Popular, afirmábamos que asociar el Parlamento, esta Comisión, a las cuestiones vinculadas a la evolución del mercado del
trabajo nos parecía necesario y útil, y afirmábamos que el contexto en el que estábamos instalados aconsejaba precisamente orientar las actividades de la Comisión en ese sentido.
Desde este punto de vista, la enmienda que planteamos pretende acotar
dos consideraciones, en relación con las cuales el conjunto de la Comisión se puede poner de acuerdo. Una, que exista un informe anual sobre el estado de la cuestión y que ese informe se remita a la Cámara y dos, que en función de ese informe el
Gobierno comparezca para dar cuenta del mismo.
Eso nos podría garantizar un debate anual marcado por un compromiso de esta Comisión, lo que nos permitiría tener una discusión no sobre
un aspecto puntual de la acción del Gobierno, que se resuelve a través de las comparecencias que se van sucediendo en la Comisión, sino un debate global sobre la orientación de la política del Gobierno en materia de inmigración a la luz de
los datos que contuviese ese informe. Nuestra enmienda satisface esa pretensión legítima del Grupo Popular de tener información y discutirla en esta Cámara y enlaza con el contenido de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, en la que hay un
compromiso de informe anual a la Comisión. Creo que esta propuesta es razonable, que no haría ningún daño a nadie que hubiese un informe y que el Gobierno compareciese para presentarlo, por lo que ruego a los Grupos Popular y Socialista que acepten
nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: La otra enmienda ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Concepción Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Voy a comentar la proposición no de ley del Grupo Popular. Empiezo por decir que la proposición que presenta pide datos estadísticos y la comparecencia del Gobierno en materia de inmigración y para ello
alude a una moción del Senado. Como sabe S.S.
-doña Carmen probablemente no, pues ahora es diputada, pero en la pasada legislatura era senadora-, mociones de este tipo se han planteado en reiteradas ocasiones en esta Cámara y todas han sido
rechazadas. Hago esta precisión porque pudiera entenderse que existe algún incumplimiento del Gobierno con esta Cámara. Estamos en el Congreso y por tanto voy a referirme a esta Cámara y voy a hablar de las comparecencias del Gobierno.
Efectivamente, el Gobierno en materia de inmigración en lo que va de legislatura ha comparecido tantas veces como lo han solicitado los grupos de esta Cámara. Hasta cuatro veces en seis meses ha comparecido el Gobierno para hablar de temas de
inmigración, por supuesto sin contar interpelaciones y preguntas, que son frecuentes, a lo largo de todos los plenos que se celebran en la Cámara. Si además hablamos de comparecencias pedidas por el Grupo Popular, le puedo decir que las solicitadas
por el propio Gobierno y por el Grupo Socialista suman más que las pedidas por el Grupo Popular. Más aún, en estos momentos en la Cámara no hay registrada ninguna petición de comparecencia sobre temas de inmigración del Grupo Popular que esté
pendiente de ser sustanciada, señorías. Si tan importantes son las comparecencias, tenga en cuenta que viene siendo costumbre del Gobierno responderlas, también a petición propia, y que hay una presencia constante del Gobierno para hablar de temas
de inmigración.
En estas comparecencias el Gobierno ha abordado de forma sistemática el desarrollo de las políticas de inmigración, la evolución de los indicadores más significativos y por supuesto las previsiones de legislatura, porque estamos al
principio de una legislatura. El Gobierno ha insistido en que la inmigración ordenada y regulada es una oportunidad para el trabajador, pero, señorías, también lo es para las comunidades autónomas a las que van inmigrantes, pues hay un aumento
significativo de población, un aumento significativo de riqueza, una gran aportación de carácter impositivo, de cotización a la Seguridad Social, etcétera.
Cuando quieran, analizamos todo el componente de ventaja que existe precisamente en las
comunidades autónomas como consecuencia de la acogida de un número mayor de población.
En fin, el Gobierno también ha insistido en la estrecha relación entre inmigración y mercado de trabajo a la hora de ordenar los flujos migratorios, tal y como se acordó en el ámbito del diálogo social, con mecanismos específicos de
participación para concretar la capacidad de acogida de nuestro mercado laboral. También se ha optado por los acuerdos con los países de origen para que la contratación se haga allí y por los acuerdos para asegurar la legalidad en la entrada, para
garantizar que quien vive aquí disfrute de iguales derechos y esté sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano. Además, el Gobierno se marcó como prioridad alcanzar un pacto por la inmigración en el seno de la Unión Europea y este pacto
hoy es una realidad, un pacto que incorpora las líneas básicas de política de inmigración que se desarrollan en España.
No iba a hacer referencia en esta comparecencia a la política del Gobierno del Partido Popular en materia de inmigración, pero usted la ha citado y voy a contestarle brevemente. En primer lugar, en cuanto a la situación de legalidad, ha
habido inseguridad jurídica durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular; tres modificaciones legales y tumbadas por el Constitucional. En segundo lugar, reglamentos, tumbados por el Tribunal Supremo. Cinco regularizaciones, señoría, y
600.000 inmigrantes en la economía sumergida. Esto es lo que había, cero en políticas de integración, cero en políticas de integración. Y añado algo más, un problema de conflicto con el norte de África que dificultaba la política de repatriación,
que mejor olvidar. Estamos en una fase completamente distinta y, centrándonos en lo que es esta legislatura y en todas las comparecencias del Gobierno, en la explicación de datos que se ha dado, lo bueno sería que usted hoy aquí aceptara la
reducción significativa de llegada de pateras y sobre todo el éxito policial frente a las mafias que trafican con seres humanos. Sí, señoría, hay que alegrarse de los éxitos policiales, pero por supuesto hay que contar con unas políticas
coherentes, como las que está desarrollando el Gobierno socialista.
Centrándonos en el tema de las estadísticas, tenemos un sistema estadístico bueno, yo diría que excelente, considerado así en el marco de la Unión Europea. Tenemos un plan estadístico que cuenta con una metodología específica que está
publicada y a la que usted puede remitirse en cualquier momento, con periodicidad de todos los datos que se publican. En materia de inmigración, tenemos una información desagregada, con
indicadores cuantitativos, sobre el efecto que tiene en todo el territorio, lo cual permite medir objetivamente la población extranjera y su impacto en la sociedad. En cuanto al acceso a todos estos datos, señoría, yo diría que es tan
abrumadora la cantidad de información que nos llega que a veces ni siquiera podemos asimilarla. No solamente tenemos libertad de acceso a todos esos datos, sino que, si usted se engancha a la red de información, obtiene tantos datos que a veces ni
siquiera es posible procesar. Por lo tanto, el Parlamento tiene información. Es más, el Ministerio de Trabajo encargó al Instituto Nacional de Estadística un estudio cualitativo sobre los extranjeros que residen en España. Las conclusiones son
muy interesantes, se ha hecho eco de ellas la prensa y sería conveniente que todos las conociéramos. Ahora bien, si usted lo que quiere es una valoración, un informe sobre esos indicadores, si a usted lo que le interesa es que en la Comisión -esto
es lo que propone el Grupo Socialista- dispongamos de una valoración de los indicadores que nos permita debatir, lógicamente, estaríamos hablando de otra cosa y por eso le pido que acepte la enmienda que hemos presentado a su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Pide algún grupo la palabra para fijar posición en torno a esta proposición? (Pausa.)
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: A mi grupo parlamentario inicialmente le gustaba la letra no porque viniera del Senado. En todo caso, el Congreso no tiene por qué ratificar decisiones del Senado, sobre todo a los que pensamos que es una Cámara
territorial o que debería funcionar así, no nos parece que este sea un tema específico de una Cámara territorial y no es nuestro criterio tener que respaldar por obligación una orientación del Senado que en cualquier caso el Gobierno verá cómo
cumple. En segundo lugar, nos gustaba la letra por eso del control parlamentario del Gobierno; ahora bien, con el control pasa como con la información. Una cosa es la información y otra la hiperinformación y la hiperinformación muchas veces está
más cerca de la desinformación que de la información.
En este sentido esta casuística del control parlamentario puede llegar a ser el descontrol parlamentario del Gobierno. Desde nuestro punto de vista, hay que regular bien el control
parlamentario del Gobierno y someterlo a esta especie de casuística que he dicho antes, tan acotada en el tiempo, en los plazos, en los contenidos, en nuestra opinión puede ir más en contra del Parlamento que a favor del Parlamento. Por eso, aunque
nos gustara inicialmente la letra, tanta precisión no nos gusta y por eso nos gustan más las enmiendas.
Hablando de la letra se me ha olvidado la música y, desde luego, la música pullista no nos gusta para nada. Esa música que en los últimos tiempos apunta siempre al inmigrante como el responsable de nuestra crisis no nos gusta porque no se
corresponde a la verdad, porque solo faltaría que ahora paguen la crisis financiera los trabajadores y los inmigrantes.
Nosotros no queremos que eso sea así y no nos gusta que se utilice esta información únicamente para ver cómo se persigue al
inmigrante frente al trabajador teóricamente opuesto al inmigrante, que es el trabajador ciudadano español. Por eso, no nos gusta esta iniciativa y, si no se modifica mediante las enmiendas, no la vamos a votar, vamos a votar la que tiene que ver
con la información sobre el empleo, pero con esta información que quiere ser utilizada únicamente, por una parte, para debilitar el control parlamentario con la excusa del hipercontrol y, por otra parte, para objetivar al inmigrante como el culpable
de la crisis, no estamos de acuerdo y no la vamos a respaldar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra para fijar su posición? (Denegaciones.)
Doña Carmen, se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Acepta usted alguna de las dos enmiendas presentadas?
La señora GUERRA GUERRA: Solo me gustaría comentar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que me habla del informe trimestral, que nosotros entendemos que ha de ser un informe trimestral previo a la comparecencia del ministro
para hablar de este informe. Seguimos manteniendo que debería ser trimestral y conocer esos datos. Por tanto, no admitimos esa enmienda.
Por otro lado, a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decirle que, si como ella ha comentado, los datos se pueden localizar en la prensa y además el Gobierno solicita estudios que luego pasa a la misma y no se traen
a las Cámaras, eso es una falta de control y rigurosidad, por lo que sigo manteniendo que deberíamos pedir que comparezca el ministro trimestralmente y además que se traigan los informes que nos den la situación y las cifras necesarias.
El señor PRESIDENTE: Entendemos que no acepta ninguna de las dos enmiendas y que se votan en los términos en que están presentadas.
- SOBRE IMPULSO CONTINUO DE DESARROLLO DEL ESTATUTO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000515.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las proposiciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. La primera, la número 6, ya ha sido debatida, por lo que pasamos al punto número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso
continuo del desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Para
la defensa de la misma tiene la palabra don Rafael Herrera.
El señor HERRERA GIL: Señor presidente, señorías, la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, concilió un acuerdo extraordinario de la Cámara. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la
aprobación de la ley. Esto suponía el reconocimiento a los hijos de la diáspora, poniendo un instrumento a su servicio que aglutinara la normativa que les relacionaba con su país de origen. El estatuto parte de una idea nuclear: todos los
españoles, con independencia de su lugar de residencia, son ciudadanos de pleno derecho.
Un total de 1.650.000 ciudadanos son destinatarios de esta norma, especialmente en Iberoamérica. El Estatuto de la ciudadanía española se presenta como el
marco jurídico e instrumental de referencia para garantizar a la ciudadanía española en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en el territorio nacional y también
establece las obligaciones que comprometen a los poderes públicos para beneficio de ese colectivo de ciudadanos españoles. El estatuto supone un avance significativo en el reconocimiento de los derechos a todos los ciudadanos y la extensión del
Estado del bienestar, pues consolida como auténticos derechos prestaciones sociales que, pese a su importancia, hasta ese momento parecían dispensarse por el Estado a sus ciudadanos como meras concesiones. De forma generosa, el objetivo de la ley
es trasladar el Estado del bienestar alcanzado en nuestro país a los ciudadanos residentes en el exterior y hacer efectivos los derechos subjetivos de una comunidad española repartida por los cinco continentes, incidiendo en aquellos que peor lo
pasan. Señorías, con la generosidad de los emigrantes se dieron mejores condiciones de vida a los que aquí quedaron, dejando espacios para repartir lo poco que había y con la aportación de las remesas. En parte, a ellos se debe la subsistencia de
los que aquí quedaron durante un tiempo de nuestra historia reciente. Dividiendo la emigración por países de destino en desarrollados y los llamados países promesa, en los primeros ellos, los emigrantes, se afanaron en trabajar y hoy viven con la
protección del Estado de destino, pero en los países promesa, países con cierta riqueza, pero ciertamente desestructurados socialmente, se abrieron hueco como pudieron, ayudaron a construir un país, consolidaron su estatus social, pero ante
distintos avatares, perdieron la protección social de ese Estado de destino. Esos son, señorías, los destinatarios del mayor esfuerzo en el desarrollo del estatuto.
A tal fin, la ley reconoce derechos y prestaciones que antes aparecían dispersos y con muchas lagunas, insuficientes en comparación con los de los españoles residentes en nuestro país y que ponían confusión, más que concreción, lo que
llevaba a la indefensión de aquellos que viven a mucha distancia de nuestras fronteras. Esta ley logra que sean expresamente reconocidos y también avanza en el ejercicio de nuevos derechos para garantizar cotas de bienestar a los ciudadanos
españoles en el mundo.
Asimismo, el estatuto ha supuesto abrir una nueva etapa en la que, junto al bienestar de los españoles en el exterior, se persigue adaptar el sistema de protección social al tiempo que vivimos, modernizando los instrumentos
de la acción pública y teniendo como objetivo el reconocimiento pleno del ejercicio de sus derechos. En la pasada legislatura, el conjunto de los grupos parlamentarios demostraron la sensibilidad y la disposición para apoyar este esfuerzo
modernizador del marco normativo regulador de la emigración, que supone una inequívoca muestra del reconocimiento de la sociedad española a aquellos que por distintos motivos tuvieron que dejar su tierra y a sus seres queridos para emprender una
aventura de incierta resolución. Para ninguno de ellos fue fácil. Después de un viaje de veinte o treinta días, con una maleta de enseres y un baúl de incertidumbres, un desembarco en un país ajeno y en condiciones de acogida que no eran de lo más
placenteras. Tras ello, un tren, veinte, treinta, cuarenta horas de camino para llegar a una tierra desconocida repleta de desconocidos que, aunque fueran amables y ciertamente considerados, nunca pudieron borrar de ellos el desamparo y quedaron
marcados porque nunca encontrarían la felicidad completa, siempre añorarían su terruño o su país de acogida. El estatuto está favoreciendo la cooperación entre las distintas administraciones públicas y estas experiencias redundan de un modo
determinante en una mejor y más eficiente gestión de los recursos que se destinan a la atención de los ciudadanos españoles en el exterior. En resumen, la entrada en vigor del estatuto ha garantizado una profunda renovación en el sistema de
protección social y está abriendo el camino para el desarrollo de todas las materias que en el mismo se regulan, como prestaciones sociales, derecho a la salud, participación, educación, cultura, retorno, entre otras.
Desde la aprobación de la ley el Gobierno ya ha realizado un esfuerzo normativo importante. Se han establecido tres reales decretos y una orden, que no voy a mencionar, pero que han hecho posible la plasmación de esos derechos fuera de
nuestras fronteras. Aparte ha habido otras actuaciones de desarrollo no normativo, como la Oficina Española del Retorno, el portal de la ciudadanía española en el exterior, la Comisión sectorial de la ciudadanía española en el exterior, pero hay
que seguir trabajando. Por ello, y como los recursos siempre resultan escasos, voy a referirme muy brevemente a una enmienda introducida por el grupo parlamentario al que pertenezco, que supone un incremento neto del presupuesto para el año 2009,
relativa al programa de apoyo y ayuda a los españoles residentes en el exterior, que contempla una subida de 3,5 millones de euros que se aportan desde la sección 31 y que defendió la señora Gutiérrez del Castillo en la sesión de 5 de noviembre.
Sobre esta base, los objetivos prioritarios a acometer con respecto a aquellos derechos consagrados por la Ley 40/2006 que aún no han sido plasmados son, entre
otros, extender a la ciudadanía en el exterior el sistema para la autonomía y la atención de la dependencia; fomentar medidas tendentes a satisfacer el derecho en materia de empleo; en suma, esta normativa rezuma la convicción y pleno
desarrollo de la política integral de la atención a los derechos que se reconocen a los españoles en el exterior, y debe constituir una actividad prioritaria en el quehacer de la acción de Gobierno. Por eso, instamos al Gobierno a continuar en el
desarrollo de dicha ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Campo.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular con respecto a esta proposición no de ley para defender una enmienda de modificación. Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos es claramente insuficiente
con respecto a lo que debe ser un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Señor Herrera, cuando ustedes nos proponen continuar con las medidas adoptadas en el desarrollo del contenido del Estatuto
de la ciudadanía española en el exterior, yo le pregunto: ¿qué pasa con las medidas que todavía no han sido desarrolladas por el Gobierno de la nación después de casi dos años de aprobación de este estatuto? ¿Por qué no cumplen la disposición
final segunda que autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de las competencias del Estado, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de esta ley?
Señor presidente, todos somos conscientes de las grandes expectativas que se crearon a los emigrantes en el momento de la aprobación del estatuto.
Yo se lo puedo decir porque yo fui ponente de esta ley en su tramitación en el Senado. Por
ello, desde el Partido Popular le pedíamos al Gobierno, hace ya dos años, que concretase cuanto antes las disposiciones que fuesen necesarias para la aplicación y desarrollo de la ley. Porque sin su desarrollo reglamentario podemos decir que
estamos prácticamente igual: en un querer y un no poder. Han pasado dos años -y usted mismo lo reconoce, señor Herrera- y tan solo han aprobado tres reales decretos.
Por lo tanto, falta mucho por aplicar y desarrollar. Por ello, insistimos con
esta enmienda en que el Gobierno agilice su aplicación y su desarrollo en materias que todavía están sin desarrollar: Seguridad Social, atención a la dependencia, protección de la salud, educación, nacionalidad de los españoles para los
descendientes españoles y, cómo no, lo que debe ser el derecho a la participación.
Quiero dedicarle un tiempo, señor presidente, al derecho que los emigrantes tienen a ser elector y elegible, como establece nuestra Constitución: La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles
que se encuentran fuera del territorio de España. Señorías, en concreto, el derecho a votar en urna viene recogido en el artículo 4.5 del Estatuto de la ciudadanía, asegurando de esta manera el voto secreto y la identidad del votante.
Como ustedes
saben, señorías, el pasado mes de julio, en el Parlamento de Galicia, se aprobó por unanimidad una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, logrando un consenso entre las tres fuerzas políticas con
representación: el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, en un tema tan sensible como es el de la modificación de la Lorec, teniendo en cuenta la importancia que tiene el voto de los españoles residentes en el
exterior en todos los procesos electorales que son en la actualidad 1.222.631, 331.191 de los cuales son gallegos; es decir, el 27 por ciento del total, lo que supone un 12 por ciento del voto gallego. Por ello, quiero dejar constancia, en nombre
del Partido Popular, de la necesidad de que estas modificaciones se lleven a cabo con prontitud para poderlas aplicar en los próximos comicios electorales. Ahora es el Gobierno de la nación junto con su presidente el que tiene los medios necesarios
para impulsar este proyecto y para aplicar esos recursos materiales y humanos para su puesta en marcha. No olvidemos que es un compromiso electoral del señor Zapatero de hace ya cinco años. Por tanto, lo que hace falta, señorías, es voluntad
política. Yo misma, en noviembre de 2004, tuve la oportunidad en el Senado de recordar a la entonces y actual secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la señora Rumí, que en junio de 2004 había anunciado un cambio en la ley electoral para
facilitar el voto del emigrante, y le pregunté si lo iban a realizar en la anterior legislatura. La señora Rumí respondió que tenía que hacer una reflexión muy tranquila. Muy bien, han pasado cuatro años y, por ello, esperamos que al Gobierno,
desde el año 2004, le diese tiempo a hacer esa reflexión tranquila y sosegada, porque no sería por falta de tiempo. Ahora, por tanto, desde el Partido Popular le exigimos al Gobierno que es tiempo de actuar, y que si hay voluntad -como dije
anteriormente- ahora les toca mover ficha, bien presentándonos un proyecto de ley -que por ello estamos instando al Gobierno con esta proposición no de ley-, o bien tiene la oportunidad de tramitar la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular presentada en esta Cámara exactamente igual a la aprobada por unanimidad en el Parlamento Gallego.
Señorías, está en sus manos, por tanto, que 1.222.631 ciudadanos españoles que residen en el exterior, de los que más del 27 por ciento son gallegos, puedan votar en urna. Está en sus manos no romper el consenso alcanzado en el Parlamento
de Galicia y, por tanto, esperamos que el Grupo Socialista sea coherente y mantenga aquí en el Congreso la misma postura que mantuvo el señor Touriño, presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el Parlamento Gallego. Si en las próximas
elecciones autonómicas los españoles que viven fuera no pueden votar en urna será porque no hay una voluntad política por parte de este Gobierno, y el responsable será el señor Zapatero.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)
Señor Herrera, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor HERRERA GIL: No, no se acepta, en principio porque hay una subcomisión que cuelga de la Comisión Constitucional que está justo hoy trabajando en esta línea.
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE AVANCEN EN UNA MAYOR PERSONALIZACIÓN Y EN LAS FUNCIONES DE INTERMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y EN COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000516.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día: Sobre la adopción de medidas que avancen en una mayor personalización y en las funciones de intermediación de los servicios públicos de empleo en el marco del diálogo social y en
colaboración con las comunidades autónomas.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra doña María del Mar Arnaiz García.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Sus señorías compartirán conmigo en que la economía española está atravesando unos momentos delicados afectada por una crisis financiera internacional que se traduce en una menor actividad empresarial y con un
aumento de los desempleados, lo cual está derivando -como no podía ser de otra manera- en una crisis económica mundial. La prioridad en esta situación -reiteradamente puesta de manifiesto por el Gobierno- se centra en la reactivación de la economía
productiva y, por tanto, en el empleo, así como la garantía en la protección social a los desempleados. Un objetivo que se mantiene para el próximo año, como recientemente hemos podido comprobar en los debates sobre los Presupuestos Generales del
Estado. Sirva como ejemplo el incremento del 24,4 por ciento en la cobertura de la prestación de desempleo. Por ello, se ha impulsado un plan extraordinario de orientación y formación profesional y de inserción laboral a través de la contratación
de 1.450 orientadores profesionales, que van a ayudar a la recolocación de los trabajadores que pierdan su empleo. Asimismo, se han aprobado ayudas para reforzar y facilitar la búsqueda de empleo y para financiar gastos cuando el puesto de trabajo
a desempeñar se encuentre en otro lugar a su residencia habitual. También recientemente se han aprobado medidas para la contratación de desempleados con cargas familiares y la modificación de la capitalización de las prestaciones por desempleo,
pasando de un 40 a un 60 por ciento. A propuesta de distintos grupos parlamentarios de esta Cámara, como el Grupo Catalán o el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, se han debatido iniciativas que han dado como resultado el aumento de los
recursos para las políticas activas de empleo y el aumento de los recursos para personal en las oficinas de empleo estatal, así como la agilización del cobro y la simplificación administrativa de las prestaciones por desempleo.
Por tanto, ante un aumento de desempleados el Gobierno ha incrementado los medios personales y ha mejorado la atención telefónica y telemática. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de la gestión de las políticas activas? Los servicios
públicos de las comunidades autónomas. Por ello, no puedo aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, porque la respuesta a sus planteamientos tienen que darla los servicios competentes de las respectivas comunidades autónomas. En
estos momentos lo que la ciudadanía nos demanda es que cumplamos con nuestras responsabilidades. A cada cual las suyas, no se puede escurrir el bulto, pero lo que se debe hacer es actuar de una manera coordinada para conseguir el fin último, que es
responder a las necesidades de los desempleados. Se trata, señorías, de que nuestros parados estén el menor tiempo posible en esta situación y con la mayor cobertura posible, que en estos momentos es la mayor que se conoce, 20 puntos más que en el
anterior periodo. Estas medidas, entre otras muchas que se han adoptado -económicas, fiscales, financieras-, responden a las cuestiones acordadas por el Gobierno con los agentes sociales y puestas de manifiesto en la declaración para el impulso de
la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social del 29 de julio de 2008, que no son otras que priorizar la prevención de la destrucción de empleo, facilitar la recolocación de los desempleados y garantizar la cobertura de los mismos.
El mercado laboral plantea en estos momentos nuevos retos a los que tiene que hacer frente el Sistema Nacional de Empleo, integrado por el servicio público de empleo estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Al
primero corresponde la gestión y el control de las prestaciones por desempleo y a los segundos el desarrollo de las políticas activas de empleo, como consta en la Ley de Empleo, 56/2003. En un momento de incremento del número de desempleados es
conveniente y oportuno reforzar el papel de los servicios públicos de empleo. ¿De qué manera? Pues, en primer lugar, promoviendo la coordinación y cooperación de los mismos para aumentar la eficacia de la gestión de la colocación y de la
protección por desempleo, posibilitando el conocimiento por todos los ciudadanos de las ofertas laborales, cuestión que se consigue cuando los sistemas se complementan entre sí. En segundo lugar, adaptando los programas de formación y orientación
profesional a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.
En tercer lugar, es imprescindible universalizar la atención personalizada a los demandantes de empleo a través de itinerarios profesionales individualizados para mejorar su posición en
el mercado de trabajo. Solo de esta manera se puede
conseguir que confluyan la oferta y la demanda de trabajo, haciendo eficiente el proceso de intermediación. En cuarto lugar, es necesario ordenar las actuaciones de los distintos sujetos e instituciones que intervienen en el mercado de
trabajo, debiendo estar en todo momento tutelados y coordinados por los servicios públicos de empleo.
Concluyo, señor presidente, afirmando que los servicios públicos de empleo deben perseguir el principio constitucional de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, con especial atención a los colectivos sociales
que presenten mayores dificultades de inserción laboral. Por otro lado, es preciso reforzar la capacidad del servicio público estatal para establecer una estrecha vinculación entre la gestión de las prestaciones por desempleo y las políticas
activas de empleo. El sentido de esta proposición no de ley es intentar conseguir el mejor modelo de gestión de empleo posible, primando la personalización de la gestión en la colocación, vinculado todo ello al análisis de los agentes sociales en
la mesa del diálogo social para modernizar el papel de los servicios públicos de empleo y requiriendo, como no podía ser de otra manera, la colaboración de las diferentes comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentadas dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta... Perdón, señor presidente. Ya hemos tenido hoy algún incidente sobre el sexo o género de algunos de los miembros de esta Comisión pero, en todo caso, son muy evidentes siempre sus
masculinidades. (Risas.)
La iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista incide sobre una cuestión que no es ni mucho menos nueva. La portavoz socialista ha hecho mención a ello, una de las primeras iniciativas de Convergència i Unió en esta
legislatura se orientó a la necesidad de modernizar los servicios públicos de empleo; el señor Llamazares también ha presentado algunas iniciativas y creo recordar que el Grupo Popular también ha tenido iniciativas en esta misma dirección. Esta
cuestión no es nueva porque en los acuerdos sociales de 2006 existía un compromiso del Gobierno con los agentes sociales para abordar la modernización de esos servicios públicos de empleo y desde la Ley de Empleo hay ese compromiso de avanzar hacia
la efectiva personalización de los itinerarios de los trabajadores desempleados. Pero lo cierto es que quizás nadie, y especialmente el Gobierno, aprovechó la situación de la pasada legislatura para abordar a fondo las cuestiones pendientes en los
servicios públicos de empleo, ni el Gobierno central ni los gobiernos autonómicos. También es bueno recordar que en muchos casos -comento el caso de Cataluña- desde 1997 las competencias son de las comunidades autónomas. Es cierto que los
programas son diseñados por la Administración General del Estado pero son gestionados por las comunidades autónomas. Esa pretensión de trabajo personalizado de los servicios públicos de empleo con las personas desempleadas no funciona y no existe.
Esos servicios públicos de empleo destinan hoy poco tiempo -cuatro, cinco, seis minutos- a la persona desempleada para conocer su situación, algo que difícilmente permite ese trabajo personalizado que la Ley de Empleo, los acuerdos sociales exigían
y que nos demanda la propia Unión Europea.
Bienvenida sea esta iniciativa del Grupo Socialista, pero tenemos la sensación de que quizás tocaba haberlo trabajado a fondo en la pasada legislatura. En esta legislatura la dinámica de destrucción del mercado de trabajo está evidenciando
los límites de los servicios públicos de empleo, su incapacidad para cumplir con sus objetivos. De ahí nuestra enmienda, en la línea de la moción que hemos aprobado en el Pleno de requerir esa colaboración del sector privado. Ahora bien, se acepte
o no nuestra enmienda, vamos a votar a favor de la proposición no de ley, no hará ningún daño a la cuestión que estamos planteando. Seamos conscientes de que quizás estamos llegando tarde al papel que los servicios públicos de empleo deberían tener
en este contexto de desplome de nuestro mercado de trabajo. Quizás estamos llegando tarde. No se hicieron los trabajos cuando deberían haberse hecho que era cuando había paz social, cuando había crecimiento en la economía, cuando había generación
de empleo.
Abordar esta reforma de los servicios públicos de empleo en el actual contexto va a ser complicado y difícil, pero ojalá sea posible.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Begoña Chacón.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Señorías, efectivamente tomo la palabra para posicionar al Grupo Popular ante esta iniciativa que nos trae hoy el Grupo Socialista de mano de la señora Arnaiz.
Tengo que confesar que me hubiera gustado intervenir por primera vez en esta Comisión con un debate que fuera novedoso, con una idea nueva del grupo que sustenta al Gobierno, pero no es así, no se trata de ninguna novedad ni de una idea
maestra. Se trata, ni más ni menos, de una iniciativa que tendría que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo. Se trata de una iniciativa ampliamente debatida en esta Cámara. Señorías, se lo dice una diputada novata que se ha incorporado a
este Parlamento en esta legislatura. No he tenido que acudir a boletines antiguos para ver los antecedentes de debates que ha habido sobre los servicios sociales de empleo; basta con consultar algunos boletines del pasado mes de junio o de julio o
incluso de septiembre u octubre, todos ellos de esta legislatura y de este año que todavía está en curso. Otros grupos han presentado otras iniciativas,
también se han presentado enmiendas para mejorar las distintas iniciativas y, finalmente, vuelve pero ahora de la mano del Grupo Socialista. Deseo que sea la definitiva.
Señorías, es urgente que se reformen los servicios públicos de empleo de nuestro país, y es urgente porque los datos de desempleo han evolucionado para peor en estos últimos tiempos. Hoy por fin sabemos que estamos en números rojos en las
cuentas públicas. También sabemos que España tiene la tasa más alta de paro de los países occidentales y tenemos la peor evolución de desempleo de nuestro país de los últimos treinta años. Ante este panorama, el Grupo Socialista trae a la Cámara
esta iniciativa, que no concreta nada, ambigua y que no compromete en nada al Gobierno. Leo literalmente la parte dispositiva de la nueva ley que nos ocupa: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar en el marco del diálogo social,
en colaboración con las comunidades autónomas, las medidas necesarias para articular un sistema personalizado y eficaz de intermediación laboral y establecer una estrecha vinculación entre la gestión de las prestaciones por desempleo y las políticas
activas de empleo. La portavoz del Grupo Socialista decía que no podía apoyar las enmiendas que presenta el Grupo Popular porque parte de ellas tiene que ver con las competencias directas de las comunidades autónomas. Señora Arnaiz, en su parte
dispositiva dice que se pondrán todos los mecanismos en marcha, siempre y cuando sea en el marco del diálogo social y literalmente en colaboración con las comunidades autónomas, así que no entiendo por qué no asumen esas enmiendas.
Si realmente hubiera compromiso por parte del Gobierno, insisto, asumirían las propuestas concretas que los distintos grupos han puesto sobre la mesa. A mí, como comprenderá, me corresponde solamente defender las enmiendas que ha presentado
mi grupo parlamentario. Han sido un total de diez puntos, dirigidos sin duda a mejorar notablemente esta proposición no de ley. Estas enmiendas son exactamente las mismas que se presentaron en las iniciativas ya debatidas. Si fueran asumidas por
el grupo proponente, serviría de señal de buenas intenciones, de querer cambiar la situación actual. Si, por el contrario, no las asumiera, sería una vez más la muestra de no querer comprometerse para arreglar la situación tan crítica que estamos
viviendo, práctica habitual, por otro lado, a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno.
Señorías, lo decía el portavoz de esta área de mi grupo parlamentario el pasado mes de septiembre y lo reitero yo ahora, el Gobierno no hace los deberes de ejecutivo, se esconde permanentemente detrás de los agentes sociales y los pone por
delante para gravarlos con más responsabilidad que no les corresponde. El Gobierno no asume tampoco sus competencias y, mientras tanto y lo que es más grave, la situación del país va de mal en peor. Estamos en pleno debate presupuestario, también
se ha dicho por el grupo proponente. Se intentan vender como un éxito rotundo del Gobierno los 20.000 millones de euros presupuestados para el desempleo en el ejercicio presupuestario de 2009 y parece que se les olvida algo importante: ese es un
derecho que tienen los propios desempleados y, lo que es peor, delata al Gobierno en el fracaso de las políticas en materia de empleo que está llevando a cabo.
Ustedes saben que el Partido Popular aprobó una ley de empleo ya en el año 2003 con el voto a favor del Grupo Socialista, como también deben saber que el señor Rodríguez Zapatero ha tardado cuatro años en hacer el Plan global de
modernización de los servicios públicos de empleo. Después del gran retraso se dejan caer con esta iniciativa, en la que ni siquiera se habla de cómo van a incrementar los recursos materiales y humanos ni de qué objetivo se trata, ni tampoco de en
qué y cómo se van a mejorar los servicios públicos de empleo. Mientras tanto, la realidad es bien distinta, y es que la intermediación laboral se sitúa por debajo del 10 por ciento; que el plan urgente de recolocación, además de llegar tarde, ha
ido dirigido a menos del 2 por ciento de quienes lo necesitaban; que las oficinas del Inem están colapsadas, que existen pocos orientadores y los que hay están desbordados de trabajo, y el Gobierno mientras tanto mirando para otro lado. Lo decía
también en una intervención mi compañero Echániz y hoy sin más remedio lo repito yo, el presidente del Gobierno no da ni una: anunció una tasa de paro del 7,9 por ciento y hoy es del 13 por ciento; anunció también hace cinco meses el pleno empleo
y que estaríamos en la Champions League y desgraciadamente para muchos españoles la realidad es bien distinta. Datos del mes de octubre -y acabo, señor presidente; gracias por su benevolencia-: 2.818.026 parados, de los cuales 1.482.161 son
mujeres; 600.000 hogares con todos sus integrantes en situación de desempleo, y el crecimiento anual de desempleo con respecto al mismo mes del año anterior es del 37,56 por ciento. Como verán, estos datos ponen en evidencia a un gobierno falto de
reflejos e incompetente, y lo peor de todo esto es que lo están pagando las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Acabo, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, no se conviertan en cómplices de esta situación, pónganle las pilas al Gobierno, es probable que a ustedes les haga más caso que a mí.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea fijar posición? (Pausa.) Don Emilio, tiene usted la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con la brevedad que nos inquiere el señor presidente he de indicar que la portavoz del Grupo Socialista ha realizado una falsa manifestación por error u omisión, sin ninguna duda.
No todas las políticas activas de
empleo corresponden a la titularidad competencial de las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad Autónoma de Euskadi todavía no dispone de esta competencia, compartiendo este dudoso honor con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sin
perjuicio de esta corrección puramente semántica, sin embargo el contenido material de la proposición
es correcto. La gran deficiencia, primero del Inem y luego de los servicios públicos de empleo, ha sido la no personalización del trabajo en el doble ámbito donde deben realizar su actividad pública estas instituciones llamadas a corregir
el aspecto más lacerante de la crisis, que es el desempleo: en el ámbito de la cohonestación de la oferta y la demanda del trabajo, que no ha sido nunca personalizada, sino sectorializada o configurada en forma de sectores productivos o de
actividad -este es un salto cualitativo importante que espero que los servicios públicos de empleo den a tenor de las indicaciones de la antigua Ley Básica de Empleo, que ya hacía invocaciones de esta naturaleza-, y en el ámbito de las actividades
formativas, que no se cohonestan en absoluto con las necesidades del mercado de trabajo, como sistemáticamente vienen denunciando las organizaciones empresariales, tanto vascas como españolas, o españolas y vascas, que el orden de factores no altera
el producto.
Desde esa perspectiva, afirmando que el contenido material de la proposición invita a una aceptación y una adhesión casi entusiastas, el problema competencial referido inicialmente nos coloca ante la necesaria situación de abstención con
relación a la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nos parece una iniciativa inocua porque ha habido en esta Cámara debates e iniciativas mucho más incisivos con relación a las políticas activas de empleo y con relación a las políticas de prestaciones por
desempleo y los servicios públicos de empleo, pero no nos parece inicua. Para nuestro grupo sería inicua si se aceptase la enmienda que todos saben. La enmienda del Partido Popular nos parece bien si la aceptasen, va en el sentido de alguna
iniciativa aprobada recientemente en el Pleno del Congreso muy parecida a la que nosotros presentamos. Ahora bien, la que plantea la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las empresas de trabajo temporal nos parece inicua y en ese
sentido cambiaríamos el voto.
El señor PRESIDENTE: Señora Arnaiz, entiendo de su intervención que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no va a ser aceptada.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Y la del Grupo Catalán tampoco.
- PARA IMPULSAR MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENTRE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000517.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º del orden del día, que corresponde al debate de la proposición para impulsar medidas que promuevan la prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Remedios Elías Cordón.
La señora ELÍAS CORDÓN: Transcurridos doce años desde la promulgación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y su posterior desarrollo reglamentario, es un hecho incontestable que, pese a todo y a los ingentes esfuerzos
realizados por los distintos actores implicados en la prevención de riesgos laborales -Estado, comunidades autónomas, agentes sociales, entidades especializadas, etcétera-, se continúa registrando una siniestralidad laboral muy notoria por sus
cifras y gravedad. La entrada en vigor de los diferentes textos legislativos en materia de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción;
el Real Decreto 1273/2003, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia; la Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales, o el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han supuesto un avance en cuanto a la integración y actualización en materia de promoción de la salud
y seguridad de los trabajadores autónomos, incorporando una filosofía preventiva en el tratamiento de los riesgos laborales y constituyéndose en un instrumento normativo para la mejora de las condiciones de trabajo. Reconociendo que el exceso en
las cadenas de subcontratación ha ocasionado la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo, se aprobó la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Esta ley aborda por primera vez,
y de forma estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de la subcontratación, estableciendo una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en la organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores. En este mismo año 2006 debe resaltarse la creación del fiscal coordinador de siniestralidad laboral para impulsar políticas activas en la lucha contra la siniestralidad, coordinar el funcionamiento de
las figuras similares creadas en algunas comunidades autónomas y exigir el cumplimiento de la legislación. Esta figura ha contribuido, sin duda, a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos.
En la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, elaborada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, viene plasmado el compromiso de promover la adopción de las medidas necesarias normativas de promoción,
asesoramiento, formación y control para garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores autónomos a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo. Para la consecución de
este objetivo se establecen una serie de líneas de actuación, como la realización de campañas de concienciación y sensibilización para la reducción de la siniestralidad y la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida entre otros grupos a
trabajadores autónomos.
Por último, y dando coherencia a esta evolución normativa y social en materia de prevención de riesgos laborales, se aprueba en el año 2007 la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Se trata del primer ejemplo de regulación
sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea lo que, sin duda, constituye un hito en nuestro ordenamiento jurídico. El Estatuto del trabajo autónomo recoge las principales reivindicaciones del colectivo de autónomos, integrado
por más de tres millones de personas que representan el 20 por ciento de la población activa.
Con la aprobación de esta ley se cumplía un compromiso que el presidente del Gobierno formuló en su discurso de investidura y por la cual los trabajadores autónomos gozan de nuevos derechos, más protección social, mayores garantías
económicas y de protección jurídica. A la hora de elaborar el estatuto el Gobierno puso de manifiesto un enorme interés en garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo colectivo de los autónomos. Así, el artículo 4 reconoce el
derecho a la protección adecuada de la seguridad y la salud en el trabajo. El artículo 8 regula la prevención de riesgos laborales en todos sus términos, la disposición adicional duodécima dispone: Con la finalidad de reducir la siniestralidad y
evitar la aparición de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas podrán realizar programas permanentes de información y
formación correspondientes a dicho colectivo, promovidos por las administraciones públicas competentes en materia de prevención de riesgos laborales y de reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Con respecto a esto último, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, por medio del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y a través del II Plan de acción para el impulso y la ejecución de la estrategia española de seguridad y salud
en el trabajo, además de otras medidas referidas a las pequeñas y medianas empresas que afectarían al colectivo de trabajadores autónomos, está trabajando en los siguientes objetivos: Estudiar las condiciones de trabajo del trabajador autónomo en
materia de análisis, investigación y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; aplicación del Estatuto del trabajo autónomo en materia de seguridad y salud, con la promoción de las administraciones públicas, de una formación
específica y adaptada a las peculiaridades del trabajador autónomo; adopción de las medidas necesarias para la protección de los trabajadores autónomos en los trabajos con amianto; determinación de las actividades profesionales desarrolladas por
trabajadores autónomos que presentan un mayor riesgo de siniestralidad.
Por otra parte, conocemos también que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo ha firmado un acuerdo de encomienda de gestión para el desarrollo de
actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social, que tiene prevista la elaboración de una guía para orientar a trabajadores autónomos y pequeñas empresas sobre el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y
que, asimismo, en la adenda al acuerdo de encomienda de gestión antes citado se incluye como actividad preventiva a desarrollar la elaboración de un estudio sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores autónomos, con
la participación en él de las asociaciones de trabajadores autónomos que me consta se está haciendo.
Algunas de las conclusiones de estos estudios nos dicen que los trabajadores autónomos tienen deficiente conocimiento por parte de los trabajadores autónomos de la legislación en materia de seguridad y salud.
Se acredita que se ha recibido
información y formación en prevención de riesgos laborales, pero se trata de un cumplimiento meramente formal. Los trabajadores autónomos no tienen reconocidos derechos de consulta y participación equiparable a los establecidos por los trabajadores
por cuenta ajena. Necesidad de una formación especializada para los trabajadores autónomos equiparable a la recibida por los trabajadores por cuenta ajena. La baja cualificación profesional es un factor determinante de siniestralidad entre los
trabajadores autónomos. La siniestralidad mayor se produce entre los trabajadores más jóvenes y los trabajadores de mayor edad: los jóvenes debido a trabajos temporales cortos y con muchas horas, a la falta de formación, la baja cualificación y la
falta de experiencia, y los mayores debido al exceso de confianza, al desconocimiento de las normativas en medidas de seguridad, el desconocimiento de las nuevas herramientas de trabajo o las enfermedades profesionales que producen una merma de las
condiciones físicas por el transcurso del tiempo. Por tanto, según estos estudios se considera imprescindible crear un modelo de gestión preventiva adaptado a sus especiales condiciones de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
La señora ELÍAS CORDÓN: Término, señor presidente.
Establecer una formación suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores autónomos como requisito imprescindible para reducir los índices de siniestralidad. En definitiva, que debemos aumentar el
esfuerzo que, me consta, se está haciendo por parte de las administraciones públicas competentes, asumiendo un papel activo en relación con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos por medio de actividades de promoción, de la
prevención de asesoramiento técnico y vigilancia y control del cumplimiento por los trabajadores autónomos
de la normativa de prevención de riesgos laborales. Porque la siniestralidad laboral es uno de los grandes problemas que plantea nuestro mercado de trabajo, una de las cuestiones que tiene que ser prioritaria es la de avanzar en materia de
prevención de riesgos laborales. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, después de un acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Popular, ha presentado una transaccional que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir
impulsando medidas que promuevan la prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos en colaboración con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos para seguir desarrollando el artículo 8 de la Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Los aplausos no sé si son porque se ha excedido usted mucho en el tiempo o porque es la primera vez que se ha llegado a un acuerdo sobre una enmienda en el transcurso de la tarde. Le rogaría que nos hiciera llegar esa
transaccional.
Hay dos enmienda presentadas, una del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, tiene la palabra para la defensa de la suya don Carles Campuzano
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La intervención de la señora Elías ha sido tan amplia, compleja y detallada que nos ahorra al conjunto de los portavoces profundizar sobre las cuestiones de fondo que todos, a grosso modo, podemos compartir y,
por tanto, coincidimos con ella en la necesidad de desarrollar el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de prevención de riesgos.
Quiero trasladarles una cuestión que afecta al conjunto de la prevención de riesgos, como es la necesidad de proceder a territorializar los fondos de la Fundación de prevención de riesgos que se creó a raíz de la ley de 1995. En concreto la
Ley de Prevención de Riesgos de 1995 incorpora en su disposición adicional quinta la creación de una fundación de prevención de riesgos laborales y la ley contempla que expresamente esos fondos se deben de territorializar. Lo que es cierto es que
han pasado muchos años desde 1995 y esos fondos continúan sin territorializarse. Esto ha ocurrido con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Es un incumplimiento manifiesto de la ley y hoy hemos querido aprovechar el trámite de
esa proposición no de ley para poner de manifiesto esa cuestión. Por ello solicito a la portavoz del Grupo Socialista que considere también nuestra enmienda, porque nos limitamos a recordar aquello que dicen las leyes y que los gobiernos no
cumplen. Estoy seguro, además, que las consejerías de trabajo que ustedes están gestionando en las diversas autonomías que gobiernan, coincidirían con ese mandato. (La señora López i Chamosa: La nuestra, sí.) Me dice la señora López i Chamosa,
que la nuestra, sí, la catalana, y estoy seguro que la andaluza y la extremeña también. Por tanto, yo le rogaría, señora Elías, que aceptase nuestra enmienda que, insisto, responde a un estricto cumplimiento de lo que la legislación vigente
contempla en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Mientras la señora Elías piensa en la aceptación de su enmienda o no, luego ya le preguntaremos, tiene la palabra para defender la suya el compañero de la Mesa don José Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: La intervención de la portavoz socialista, señora Elías, ha sido amplia y extensa, que dispensará de algunas alegaciones que tenía previsto formular. Lo primero que quiero decir es que la iniciativa nos parece
oportuna, sobre todo, en la articulación filosófica que argumenta en el preámbulo de la misma. Hoy mismo, Cepyme celebra en el auditorio de Ifema el II Encuentro de prevención de riesgos laborales en pymes y en autónomos que, por cierto, va a
clausurar el secretario de Estado de Seguridad Social que ha estado presente al inicio de esta Comisión. Hoy mismo ATA, una de las asociaciones de trabajadores autónomos más representativas, celebraba también la entrega de sus premios anuales en
pro de los autónomos. Por otro lado, la iniciativa que debatimos en todo su preámbulo incide en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y, especialmente, en las referencias que aluden a esta materia, los artículos 4 y 8 y la disposición duodécima.
Recuerda también la proposición no de ley el papel de las asociaciones más representativas de los autónomos en el hecho de la aprobación, en su momento, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Por último, resalta la necesidad, en la que creo que
coincidimos y compartimos todos los miembros de esta Comisión, de desarrollar dicho estatuto. Desde mi grupo parlamentario, consideramos que la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se refiere estrictamente al
ámbito de aplicación de los trabajadores autónomos. Más aún, incluso, literalmente alude a promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, pero no habla de microempresas y menos aun
de autónomos, e incluso profesionales autónomos. Por lo tanto, desde esta coincidencia, con la formulación de la iniciativa socialista, desde la constatación también de que, tanto en el ámbito de la formación, como en el ámbito de la prevención,
los déficits fundamentales en nuestro mercado de trabajo se ubican justamente en las microempresas y autónomos, donde no acaba de permeabilizarse la acción que desde los diversos gobiernos se pretende realizar. Nos parece que la iniciativa en su
formulación inicial estaba un tanto hueca, porque era instar al Gobierno simplemente a promover medidas de prevención de riesgos laborales en los trabajadores autónomos. A nosotros nos parecía importante hacer un grado de concreción, y así lo hemos
formulado en una enmienda que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, previa consulta y colaboración con las asociaciones más representativas
de los trabajadores autónomos, medidas que promuevan la prevención de riesgos laborales entre dicho colectivo, y desarrollen las previsiones del artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Se nos ha propuesto una transacción que
nos parece razonable, en la medida en que fundamentalmente la incorporación del matiz por parte socialista es: Se seguirá impulsando y se seguirá desarrollando. Lo que nosotros queríamos poner de manifiesto con nuestra enmienda es que hay que
contar con los artífices en la vida material y en los representantes reales de los autónomos, que son las asociaciones más representativas y que han sido así reconocidas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo; que están ya cooperando y que
entendemos deben ser ellos quienes, desde el conocimiento de la realidad específica del trabajo autónomo y del trabajo de los profesionales autónomos, pueden aportar iniciativas, pueden profundizar, en definitiva, en que la prevención sea una
cultura asumida y una realidad que contribuya a la reducción de la siniestralidad laboral tan grave como viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo en nuestro país y que debe de ser susceptible de ser mejorada entre todos. Por tanto, aceptamos
gustosos la propuesta de transacción que se nos formula, y creemos que esta tarde se ha alcanzado una buena medida para el colectivo de trabajadores autónomos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que efectivamente existe esa transaccional, y entiendo también, doña María Remedios, que la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no es aceptada.
La señora ELÍAS CORDÓN: Hoy no toca. (Risas.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRANSFERIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PROPORCIONALMENTE A SU POBLACIÓN EMPLEADA, LOS RECURSOS NO GASTADOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA CORRESPONDIENTES A CADA ANUALIDAD Y CON CARÁCTER
INMEDIATO, LOS CORRESPONDIENTES A 2008 PARA QUE SEAN DESTINADOS A ACTUACIONES DE FORMACIÓN CONTINUA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000493.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10 del orden del día, que es una proposición presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a transferir a las comunidades autónomas,
proporcionalmente a su población empleada, los recursos no gastados en los programas de formación continua correspondientes a cada anualidad y, con carácter inmediato, los correspondientes a 2008 para que sean destinados a actuaciones de formación
continua. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con esta proposición no de ley planteamos una cuestión que no es, ni mucho menos, nueva, que ya fue objeto de algunas iniciativas en la pasada legislatura y que pretende poner el acento en una de las
disfunciones de nuestro sistema de formación para trabajadores. En diversas preguntas parlamentarias mi grupo, en los últimos años, ha ido evidenciando que aquello que los Presupuestos Generales del Estado contemplan en relación con las previsiones
de recursos asignados a los programas de formación continua, aquello que termina ejecutando el Gobierno con los recursos que se transfieren a organizaciones sociales, a comunidades autónomas, que directamente gastan las empresas a través de las
bonificaciones que el actual sistema contempla, que ese conjunto de mecanismos no agotan el conjunto de los créditos que el Gobierno destina a esa formación de los trabajadores. En concreto, en 2002, dejaron de ejecutarse 205 millones de euros; en
2003, dejaron de ejecutarse 71 millones de euros; en 2004, dejaron de ejecutarse 248 millones de euros; en 2005, 233 millones de euros; en 2006, 187 millones de euros; y en 2007, 128 millones de euros. Insisto, partidas destinadas a la
formación de trabajadores, que finalmente no se ejecutan. Por otro lado, recursos de formación continua, de formación de trabajadores que son fruto de las aportaciones finalistas de las cuotas de trabajadores y empresarios, destinadas a prever esa
contingencia.
Recursos, por tanto, que son sustraídos del pacto social, del pacto salarial entre trabajadores y empresarios, que en lugar de gastarse en aquello que han de gastarse, el Gobierno del Estado, a lo largo de todos estos años, ha ido
incorporando al conjunto de la tesorería general del Estado, ayudando, por tanto en su tiempo, a la reducción del déficit o a la creación del superávit. Insisto, no son recursos fruto de la imposición general, sino fruto de ese esfuerzo de
cotización de trabajadores y empresarios.
Es evidente que en un contexto como el actual todos los grupos políticos, todos los agentes sociales, todas las administraciones competentes, el Gobierno del Estado, todos nos llenamos la boca con la idea de que la clave que nuestra
economía, la clave para muchos trabajadores, es su formación a lo largo de toda la vida. Ya no es posible creer que nadie va a poder estar trabajando siempre en la misma empresa o en la misma actividad; los trabajadores deben de mejorar sus
condiciones de empleabilidad y, en el contexto de crisis económica y destrucción del mercado de trabajo en el que ahora estamos instalados, los trabajadores deben estar en condiciones de, si pierden un empleo, poder encontrar un empleo en una
actividad distinta. Eso va a estar en función de la formación que hayan adquirido mientras están empleados o de la formación que reciben una vez pierden ese puesto de trabajo. En ese contexto, que la mala gestión provoque que entre 2004 y 2007,
800 millones de
euros no se hayan gastado para la formación de trabajadores ocupados, a nuestro grupo le escandaliza.
Le escandaliza también un cierto silencio social que existe sobre esa realidad. Silencio social que, cuando se rompe o cuando los medios de comunicación se han hecho eco de las respuestas parlamentarias, ha provocado que pequeños y medianos
empresarios, que apuestan por mejorar la empleabilidad de sus trabajadores, que agotan sus créditos en materia de formación continua, digan: ¿Por qué a mí, que quiero invertir en la formación de mis trabajadores y quiero garantizar que mis
trabajadores estén en condiciones de competir en el mercado porque eso sirve para que mi empresa sea mejor, no se me permite mejorar esa empleabilidad de esos trabajadores aprovechando esos recursos que no se terminan de gastar? Esas peticiones que
nos trasladan estos pequeños y medianos empresarios responden a una cuestión de fondo a la que mi grupo no puede ser indiferente: que la mala gestión del gasto social provoca indignación en aquellas personas que hacen bien las cosas, en aquellos
empresarios que ejercen sus responsabilidades.
En esta materia existe un contencioso abierto desde hace muchos años, aunque es cierto que, a partir de 2004, en la práctica empieza a mejorar, porque la Administración Central del Estado empieza a transferir recursos a las comunidades
autónomas en esta materia, pero continuamos ahora con la cuestión de la formación continua pendiente de resolución. Hay diversas impugnaciones pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional sobre la nueva normativa que desarrolla esa
cuestión en concreto. Más allá del debate sobre si el Gobierno central cumple o no cumple con las sentencias del Tribunal Constitucional nos parece que la Cámara debe reclamar del Gobierno que los recursos no gastados en los programas de formación
continua puedan dedicarse específicamente a formación continua, traspasando los recursos a las comunidades autónomas y orientando esos recursos a las pequeñas y medianas empresas que hayan agotado sus créditos formativos y que aspiren a mejorar la
empleabilidad de sus trabajadores. Nos parece que, en el contexto de la crisis, en un contexto de una expansión de los expedientes de regulación de empleo tan significativos, expedientes de regulación de empleo orientados a la suspensión de la
actividad laboral de los trabajadores y expedientes orientados al abandono de los puestos de trabajo de estos trabajadores, esforzarnos en aprovechar los recursos que aprobamos en los Presupuestos Generales del Estado para dedicarlos a la formación
nos parece absolutamente necesario. De ahí el sentido de esta iniciativa que les plantea Convergència i Unió y con la confianza de que seamos capaces de avanzar en la dirección de garantizar de que, aquello que aprobamos que se gaste para mejorar
la empleabilidad de los trabajadores, efectivamente se gaste en ello.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se han presentado también dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, la verdad es que el Grupo Parlamentario Popular siente prácticamente la misma preocupación que ha demostrado el diputado, señor Campuzano, representante de Convergència i Unió. Para nosotros,
para el Grupo Parlamentario Popular, la formación es una parte muy importante de las políticas sociales, porque para nosotros no hay mejor política social que la creación de empleo. Esa sí que es una verdadera política social y no subsidiar a la
gente, porque ese es en definitiva un derecho que tienen. Nosotros somos mucho más activos en hacer políticas sociales activas y entendemos que la formación, la cualificación de nuestros trabajadores es una parte sustancial para favorecer la
empleabilidad, para favorecer la competitividad y para favorecer la productividad. Por tanto, es un elemento esencial en el mercado de trabajo y es un elemento que estamos viendo como, año tras año, no se está utilizando en aquello para lo que se
ha cotizado por parte de trabajadores y empresarios.
Nosotros hemos presentado una enmienda que entendemos que aligeraba, en alguna medida, lo que proponía Convergència i Unión en relación con la inmediatez de la aplicación en el ejercicio 2008, puesto que nos encontramos ya prácticamente a
fecha de bloquear el presupuesto de 2008, desde el punto de vista técnico de Hacienda, por lo que era bastante imposible, y sí proponíamos propiciar que se hiciera en el ejercicio 2009. En cualquier caso, señorías, desde el Grupo Parlamentario
Popular entendemos que aquí hay un desajuste que se viene produciendo ejercicio tras ejercicio, en el que se ve que no hay una correcta utilización -insisto- de unos fondos que se están cobrando y por los que están cotizando trabajadores y
empresarios, por lo que, sin duda, debemos abordarlo de una manera en la que, por una vía o por otra, revierta en aquellos actores que están cotizando por ello.
Por esto es por lo que hemos presentado esta enmienda que, insisto, manteniendo el espíritu del texto presentado por Convergència i Unió, intentaba facilitar la gestión de la aplicación de estos recursos en sucesivos ejercicios y que para
nosotros son de una enorme importancia social. Además, en un momento en el que todos sabemos que a partir del real decreto del año 2007 cambia el concepto de la formación, porque el señor Campuzano ha dicho 800 millones -he tomado nota
literalmente- para trabajadores ocupados y la ventaja que tenemos es que pueden ser para ocupados y no ocupados, porque gracias a la insistencia de las comunidades autónomas en el contexto de la conferencia sectorial se consiguió, no todo lo que se
hubiera querido en cuanto a dar las competencias que tienen las comunidades autónomas, no ir más allá, pero sí la competencia de gestión que en materia de formación profesional tienen las comunidades autónomas. Creemos que ese real decreto las
minusvaloraba
y en muchos casos intervenía más allá de lo que es el marco regulador que tiene que hacer la Administración General del Estado e intervenía en cómo tenían que gestionar la formación las comunidades autónomas. Además de eso, sí conseguimos,
afortunadamente, que la formación ocupacional no fuera exclusivamente a personas ocupadas, ya que en unas comunidades podía haber una cierta necesidad y en otras menos según la situación del mercado de trabajo de su propio desarrollo económico, y
conseguimos que hubiera una fluctuación de fondos que se pudieran traspasar para no quedar encorsetados solamente en ocupados. En este momento clave en el que el desempleo está en las cifras que todos conocemos, por encima de los 2.800.000 parados,
con las previsiones que tenemos, aunque no voy a entrar en cifras, pero todas nos llevan a pensar que vamos a incrementar los parados, con los datos que hay encima de la mesa de expedientes de regulación de empleo, muchos de ellos muy sonoros y muy
llamativos, creo que desde esta Cámara, desde esta Comisión, tenemos que buscar soluciones para que esos excedentes no reviertan a las arcas sin haber sido gastados en aquello en lo que deben de ser gastados, que es la formación de nuestros
trabajadores, la solución de problemas estructurales. Muchas veces he oído al propio Gobierno decir que hay que recolocar a las personas en otra actividad a los excedentes de mercados de trabajo que se están quedando sin empleo porque su actividad
ha sufrido una situación, por ejemplo, la de la construcción. No parece coherente que podamos utilizar esos recursos y que, con esa situación que estamos enunciando y que a todos nos parece incorrecta, estemos dejando que se nos vayan por algún
agujero estos 800 millones, que ya con este ejercicio serán más para el año 2009 y entre todos tenemos que buscar una solución para que tengan una correcta aplicación.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Voy a intentar ser muy rápido, señor presidente.
Solamente quería plantear dos cuestiones al señor Campuzano, que es el autor de la proposición no de ley. Una de ellas en referencia a los antecedentes que plantea
de la propia proposición. El señor Campuzano viene, desde hace cuatro años que lo conozco, planteando una cuestión y es la necesidad de la ejecución de las dos sentencias que, en el año 2003, dictó el Tribunal Constitucional a requerimiento de
Galicia y a requerimiento de Cataluña sobre la transferencia de los fondos de formación a las comunidades autónomas. Quiero decirle al señor Campuzano que ahí tiene un equivoco, porque el señor Campuzano plantea que la totalidad de esos fondos
deben de revertir a las comunidades autónomas, cuando no dice eso ninguna de las dos sentencias. Lo que dicen las dos sentencias es que las comunidades autónomas deben de participar en la gestión, pero la que determina la cuantía de la gestión que
deben de realizar debe ser la Administración Central del Estado. Esto queda meridianamente claro. De tal manera que en estos momentos la Administración Central del Estado está transfiriendo a las comunidades autónomas el 65 por ciento de la
totalidad de la gestión. ¿Por qué es así? Porque es necesario que sea así, porque el conjunto de los trabajadores no está adscrito a empresas de una comunidad autónoma; puede estar adscrito a empresas que tienen diferentes centros de producción
en distintas comunidades autónomas y puede estar adscrito también a convenios de ámbito estatal y no de ámbito territorial o provincial. La formación es un derecho de los trabajadores en todos los ámbitos de trabajo. ¿Qué hace la ley que
reformamos en 2007, señor Campuzano? Garantizar este derecho; garantizamos este derecho. Lo que hemos hecho junto con las organizaciones sindicales y la patronal ha sido una reforma de la ley del año 2002, en función de las dos sentencias del
Tribunal Constitucional y con el espíritu de que la gestión de la formación se hiciese lo más ajustada al territorio.
Ha habido elementos positivos, no todo ha sido negativo. Es cierto, señor Campuzano, que en estos momentos hay unos remanentes que no se han gastado y, como usted muy bien ha dicho, la partida que menos hemos consumido ha sido la del final
de la legislatura del Partido Popular y del comienzo de la legislatura del Partido Socialista, porque no teníamos un marco jurídico que lo regulase definitivamente hasta el año 2007. A partir del año 2207 vamos recortando y garantizando niveles de
ejecución.
¿Por qué? Porque tenemos la obligación de hacer una transferencia, que además, se pacta con las comunidades autónomas y con las organizaciones sindicales. Eso tiene que quedar bien claro, como también tiene que quedar claro que el
Partido Socialista sostiene que hay que mantener la unidad de caja de la cuota de la formación profesional -eso para nosotros es un principio básico-, hay que dar protagonismo a los agentes sociales, hay que dar participación a las comunidades
autónomas y hay que garantizar la unidad de mercado de trabajo, y en el mercado de trabajo está también la formación. Eso lo hemos venido haciendo en esta Cámara fundamentalmente dos opciones políticas: el Partido Popular y el Partido Socialista,
que nos creemos el Estado, nos lo creemos; por tanto, en estas cuestiones también intentamos hacer algunas acotaciones.
Me está planteando, señor Campuzano, que los fondos se puedan redistribuir en este momento. Usted sabe muy bien que eso es muy difícil, yo diría que casi imposible. Los fondos están redistribuidos por la Ley General de Presupuestos y
tendríamos que hacer una ley de rango superior para poder hacer una redistribución de los fondos no solamente de años pasados -que sería muy complicado-, sino incluso de los del año 2008, que en estos momentos están ya asignados, como usted muy bien
sabe. Pero es que, además, hay un problema que me gustaría destacar -y con esto termino-. En la formación profesional hay una parte que nosotros llamamos la formación
de demanda, que es la que demandan las empresas en función de las deducciones de sus cuotas a la Seguridad Social. Esa formación de demanda tiene un alto grado de ejecución en las empresas medianas tirando a grandes y tiene un escaso grado
de ejecución en las empresas pequeñas y medianas. Estoy con usted, señor Campuzano, en que ahí tenemos, lógicamente, un agujero de ejecución. Tienen un marco normativo, porque pueden hacer planes agrupados de formación profesional, pero las
empresas no se agrupan fácilmente, no se agrupan ni para gestionar determinadas cosas, cómo se van a agrupar para hacer planes de formación profesional que supongan introducir elementos de competencia entre ellos y también quitarse a los
trabajadores más avispados. Es muy difícil entrar en esa situación. La formación de demanda, que es la que nos produce el hueco, o la reformamos o intentamos acelerar la gestión, pero siempre tendremos un agujero no ejecutado. Porque en una
empresa de menos de diez trabajadores es muy difícil que se haga la formación de demanda; en una empresa de menos de cincuenta, también; en una empresa de doscientos cincuenta no, porque hacen negocio y formación.
Nosotros hemos presentado una transaccional con espíritu constructivo, y creo que el Grupo Popular está en disposición de aceptarla y el Grupo Parlamentario Catalán también, porque consideramos necesario revisar estos temas, pero hay que
revisarlos en su totalidad; no solamente hay que analizar por qué tenemos esos agujeros de recursos que no se consumen. ¿No será que hay que hacer una reforma de la ley de 2003? Si hay que hacer una reforma de la ley de 2003 sobre las
bonificaciones en la oferta de demanda, cuidadín, cuidadín, porque esos son problemas mayores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: El señor Membrado ha hecho una invocación demasiado solemne para la hora en la que nos encontramos y para el tenor de la proposición. Dice que el Partido Socialista y el Partido Popular creen en el Estado, y esto
parece que convalida el tenor literal de la enmienda que proponen. Algunos tenemos una fe relativa en la configuración del Estado, lo que pasa es que yo no creo que él crea en el Estado. Desde luego, no cree en el Estado que diseña la Constitución
española, el título VIII de la Constitución española en materia de distribución de competencias; los estatutos de autonomía, que atribuyen competencias en esta materia a las comunidades autónomas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical en materia de
reconocimiento de la mayor representatividad de las organizaciones sindicales, ni en la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía, que atribuye las condiciones del Estatuto de los Trabajadores de mayor representatividad a las
organizaciones empresariales. Ese es el Estado normativamente configurado por el ordenamiento jurídico, y en ese Estado no cree.
No puedo votar ni siquiera la proposición no de ley presentada por mi amigo Campuzano, y eso que las que presenta el señor Campuzano me enternecen particularmente. (Risas.) Pero mi grupo no puede votar nada de lo que haga referencia a la
formación profesional ocupacional. No aceptamos transmisiones o flujos financieros en materia de formación ocupacional, porque sabe el señor presidente que en el Estado español hay dos acuerdos interprofesionales que tienen la misma naturaleza
jurídica en tanto en cuanto están suscritos por asociaciones empresariales y sindicales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical.
Hay una del Estado, de la que ha aflorado la Forcem, y hay otra en Euskadi de la que ha aflorado
la Fundación Hobetuz. Estas se tienen que financiar de la misma manera: con las cuotas de empresarios y trabajadores destinadas a la formación continua. En Euskadi, con las cuotas de empresarios y trabajadores vascos, dirigida a la vasca, para
que allí se diseñen las medidas de formación ocupacional; y en el Estado con las de la Forcem. A partir de ahí, irá habiendo otras; las demás comunidades autónomas tienen problemas diferentes, resueltos de forma muy diferente a la exégesis de las
sentencias del Tribunal Constitucional que ha hecho el señor Membrado, y más ajustadas a la exégesis de las sentencias del Tribunal Constitucional que ha hecho el señor Campuzano.
Pero ese no es nuestro problema.
De la misma manera que antes, hablando de las políticas activas de empleo, tuve que refutar la opinión de la portavoz socialista diciendo que no todas las comunidades autónomas tienen transferidas políticas de empleo -hay una comunidad, la
mía, que no las tiene y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que tampoco-, en esta materia se está produciendo la misma vulneración competencial. Luego estas invocaciones solemnes y con tanta prosopopeya hacia el Estado, me gustaría que se
hicieran desde el respeto a la Constitución, a los estatutos de autonomía y a la mayor representatividad que consigna la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
En esta proposición, señor presidente, no vamos a votar nada: ni la proposición ni las enmiendas ni cualquier otra cosa que eventualmente pudiera emerger.
El señor PRESIDENTE: Supongo que algo votará, aunque sea abstención.
Señor Campuzano, díganos lo que ha decidido sobre las enmiendas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A mí me emociona que el señor Olabarría se enternezca con mis iniciativas. Si además las votase, que es lo que pasa casi siempre, sería fantástico. A mí me entusiasman sus intervenciones, porque han
permitido, en este turno en el que no puedo contestar al señor Membrado, replicarle con una brillantez total.
El señor Membrado nos ofrece una transacción que sitúa en un terreno posible la solución al problema, que es, en primer lugar, reconocimiento de que el gasto no
se ejecuta -quiero recordar que en el debate de presupuestos eso se negó-; en segundo lugar, un plazo para que eso se resuelva, para que antes del verano tengamos esa información; en tercer lugar, y, un compromiso de que eso sea fruto del
diálogo con los agentes sociales. Me parece una solución razonable y, por tanto, aceptamos su transacción. Agradecemos la enmienda que nos presenta el Grupo Popular, porque en esencia responde al mismo planteamiento de Convergència i Unió.
Pedimos al Grupo Popular que apoye esta transacción, porque responde a la filosofía de su texto.
Acepto la transacción del Grupo Socialista y rechazo la del Grupo Popular, pero entendiendo que la enmienda que formula, en la medida en que es parecida a la de Convergència i Unió, puede encontrar acomodo en esta transacción.
El señor PRESIDENTE: A efectos formales, no acepta la del Grupo Parlamentario Popular.
- SOBRE MEDIDAS PARA LIMITAR LAS REMUNERACIONES EXCESIVAS DE ALTOS EJECUTIVOS EN LAS EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/000165.)
El señor PRESIDENTE: Entramos ya en el último punto: proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para limitar las remuneraciones excesivas de los
altos ejecutivos en las empresas. Para la defensa de esta proposición tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Seré muy breve, señor presidente.
Aunque hay muchas conversiones en el día de hoy, no espero milagros. En ese sentido, espero que esta iniciativa solamente tenga el apoyo de una parte minoritaria de los grupos de esta Cámara, pero, en todo caso, me parece necesario
defenderla. Hay muchas conversiones al Estado, pero no a la intervención del Estado todavía. En el ámbito de las empresas, se considera que lo más que se puede hacer es pedirles un cierto compromiso social, que no vaya más allá de una dimensión
retórica, pero que no transmita nada que sea imperativo legal, si acaso autoorganización de las propias empresas. Nosotros, sin embargo, creemos que es el momento de ver temas tan importantes como la situación de los gestores de las empresas y de
sus retribuciones.
Estoy de acuerdo con algunos economistas que dicen que no solamente estamos ante una crisis financiera, sino ante una crisis de fondo del modelo neoliberal que hemos vivido en los últimos años, y una parte muy importante de ese modelo
neoliberal eran, por un lado, los beneficios excesivos de las empresas, sus accionistas y sus gestores y, por otro lado, el endeudamiento de la sociedad, en general, de los trabajadores, de los ciudadanos. Si queremos abordar los problemas de fondo
de nuestra economía, no basta únicamente con las medidas que hemos adoptado hasta ahora, sino que también tendremos que hablar de intervención en la economía y, en concreto, de moderar determinados salarios o retribuciones de los accionistas y de
los gestores. Quizás los accionistas en estos momentos están sufriendo ya el pinchazo de la burbuja especulativa. Sin embargo, los gestores, a tenor de los datos que aparecen continuamente, no se dan por enterados, parece que mantienen sus
importantes salarios y algunas cuestiones que tienen nombres sui géneris, como los paracaídas de oro, que mantienen también en condiciones de cambio de ciclo económico y de pinchazo de la burbuja especulativa. Mi grupo parlamentario propone en esta
iniciativa, en primer lugar, introducir transparencia en la política de remuneraciones de consejeros y altos ejecutivos de las empresas. Hoy día de las empresas del Ibex que tienen establecidos blindajes para el personal de alta dirección,
solamente una de ellas declara en el informe de buen gobierno. Segundo, proponemos reducir los abanicos salariales.
Cada uno de los grandes ejecutivos de las empresas del Ibex cobran como media un sueldo que casi multiplica por cincuenta al de los
11 millones de asalariados que son mileuristas, y por 17 a la retribución media de sus empresas. Sería sano desde el punto de vista ético y económico reducir esos abanicos. Por último, proponemos, aunque no estén de moda, medidas fiscales
dirigidas a limitar los salarios y los beneficios excesivos en la tributación de la renta personal de las retribuciones que superen ciertos límites. Esa es la iniciativa. He dicho que había un ambiente de conversión, pero no espero que haya
milagros. Era necesario tomar esta iniciativa, sobre todo cuando a estas empresas por parte del poder público se les están dando en estos momentos avales y financiación pública a cambio prácticamente de nada. Sería bueno que como en otros países,
existiesen ciertas medidas de austeridad y de compromiso por parte de sus gestores y de sus accionistas. Espero que esta iniciativa, si no hoy, salga adelante próximamente.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas, con lo cual pasamos directamente a fijar posición de los grupos parlamentarios. Don Emilio Olabarría, en primer lugar, tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En esta benemérita institución y a tenor de ciertas circunstancias coyunturales, los milagros igual no son descartables tampoco profuturo, y me refiero a los milagros teológicos evidentemente.
En cuanto al contenido de esta proposición, comprendo sus pretensiones éticas y su buenismo, que también nos enternece -parafraseando mi expresión, citándome a mí mismo-, lo que pasa es que yo no sé jurídicamente cómo el señor Llamazares
pretende incorporar al ordenamiento jurídico estas previsiones en un
sistema que consagra la libertad de empresa, la propiedad privada, en un ordenamiento laboral que establece libertad de convención en materia retributiva. Los mecanismos no han sido explicitados y me da la impresión de que el milagro que
preconizaba el señor Llamazares jurídica o normativamente, no está maduro y, por lo tanto, salvo mayores explicaciones o una mayor profundización en el debate, sinceramente no sé cómo se puede hacer. Por esta razón, me gustaría abstenerme, pero uno
es tributario también de sus convicciones jurídicas y me veo compelido a votar que no, desafortunadamente. Esperemos que algún milagro se pueda producir.
El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Quintanilla tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, coincido con el señor Olabarría en que pocos milagros se pueden producir en la sede de esta Cámara. (Risas.) Quiero parafrasear al portavoz proponente de esta iniciativa en el sentido de que decía
anteriormente que le gustaba la letra de otra iniciativa. A nuestro grupo parlamentario le gusta la música de esta iniciativa, pero no la letra, porque consideramos que en un sistema económico de libre mercado como el que tenemos en España desde el
ámbito legislativo, desde el Poder Legislativo, no podemos ni debemos dirigir, fiscalizar ni limitar las políticas que las empresas privadas tengan establecidas en lo que respecta a las retribuciones de sus directivos por muy exageradas o
escandalosas que puedan parecernos, porque no podemos olvidar que no estamos hablando de empresas públicas en las que el Estado sí tiene competencias, sino de empresas privadas, un ámbito en el que, como decía, ni podemos ni debemos entrar. Deben
ser las propias empresas las que deben tomar conciencia y ser responsables a la hora de establecer los honorarios de sus altos cargos y de cumplir con el principio de transparencia cuando dan cuenta de esas remuneraciones.
Señor Llamazares, usted habla en su proposición no de ley de falta de responsabilidad social empresarial a la hora de hacer compatibles las retribuciones de los altos cargos con esa responsabilidad. Una responsabilidad que, por otra parte,
no podemos reducir tan solo a eso, como se expone en esta iniciativa que estamos debatiendo, simplemente al tema de las remuneraciones de los consejeros y altos ejecutivos de las empresas, sino que vamos a ir más allá. No podemos generalizar ni
hablar de falta de responsabilidad social por parte de las empresas por el mero hecho de que paguen generosamente a sus ejecutivos, ya que muchas de las grandes empresas españolas, independientemente de las retribuciones que paguen a sus altos
cargos, también dedican una parte importante de sus inversiones a apoyar, a respaldar y a promover actuaciones bien de forma independiente o a través de acuerdos con otras entidades u organizaciones de carácter social que demuestran su compromiso
responsable con el resto de la sociedad. Entre los argumentos que expone su grupo parlamentario en esta proposición no de ley para solicitar medidas que limiten las remuneraciones excesivas de los altos ejecutivos en las empresas, sobre todo en lo
que se refiere a pagos millonarios por cese o dimisión, jubilaciones de oro u otro tipo de blindajes por despido, el propio código Aldama de buen gobierno, al que ustedes hacen mención -y que, por cierto, se basa en la autorregularización, en su
artículo 6 referido a la remuneración del consejo y a la alta dirección-, tampoco marca limitación alguna en este tipo de contratos, dejando en manos de cada consejo de administración su autorregulación y solo establece la necesidad de que ese tipo
de contrato sea aprobado formalmente por el consejo de administración. Cosa distinta ocurriría si estuviéramos hablando de altos cargos de la Administración pública, concretamente del Estado, caso en el que sí tenemos no ya la competencia, sino la
obligación de controlar el gasto público, así como de velar por el código de buen gobierno, que, por cierto, elaboró el actual presidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero y que hoy por hoy no se está cumpliendo. No voy a entrar en este debate
en este momento porque voy a seguir con su proposición no de ley.
Es verdad, por qué no reconocerlo; estoy con usted. Estamos hablando de que cerca de once millones de asalariados en España son mileuristas, es decir, reciben un salario de alrededor de 13.400 euros al año. Son chicos de una gran
preparación, con grandes carreras universitarias, con dos o tres másteres, que conocen idiomas y desgraciadamente cobran 1.000 euros al mes. Y por qué no hablar de la discriminación salarial que sufren las mujeres en España; por qué no hablar de
esas mujeres que en el mismo puesto de trabajo cobran con un contrato indefinido 6.000 euros menos que sus compañeros los hombres o con un contrato a tiempo parcial, 2.000 euros menos que sus compañeros los hombres. No vamos a negar que estas
diferencias salariales existen estos trabajadores y que existen en con los altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de las grandes empresas. Son de las que hoy por hoy estamos hablando y que se han incrementado -lo sabemos todos-
en sede parlamentaria y en la propia sociedad en los últimos años. Pero también es verdad -ustedes lo saben- que establecer medidas para limitar los altos sueldos y retribuciones que reciben los altos ejecutivos, tampoco va a repercutir
desgraciadamente en la situación de los once millones mileurista que hoy tenemos en España.
Ojalá esta proposición no de ley ayudara a cambiar esa situación. Por eso mi grupo parlamentario, conscientes de la dura y crítica situación que atraviesan
miles de trabajadores y de familias españolas, considera que el debate en estos momentos no debe centrarse... (Rumores.) Señor presidente, por favor, le pediría a mis compañeros que me respetaran como yo he respetado el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Lleva usted toda la razón. Les ruego silencio por dos razones fundamentales, no
solamente por respeto a la diputada que está haciendo uso de la palabra sino también porque las taquígrafas no pueden escuchar absolutamente nada. Les ruego, por favor, por estas dos razones, que guarden silencio.
La señora QUINTANILLA BARBA: Decía que conscientes de la dura y crítica situación por la que atraviesan miles de trabajadores y de familias españolas, consideramos que el debate en este momento no debe centrarse en si limitar o no las altas
retribuciones de los cargos ejecutivos de las grandes empresas. Lo que hoy tenemos que debatir es la mejora de la situación de los trabajadores y de las miles de personas que están engrosando a diario las listas del paro. El debate, en opinión de
mi grupo parlamentario, debe centrarse en la creación de empleo y en la mejora de la productividad de la empresa porque solo así -y no de otra manera- podremos hacer que mejore también la situación de los trabajadores y trabajadoras mileuristas en
España.
Mi grupo está convencido de que nuestro trabajo más que limitar los sueldos y las retribuciones de los actos delictivos y miembros de los consejos de administración de las altas empresas, que sería una injerencia difícilmente admisible en el
sistema de libre mercado que poseemos, se debe promover medidas que dinamicen el sistema productivo y que hagan posible a las empresas españolas competir cada día más en un mercado libre y globalizado como es el actual a nivel internacional.
Medidas como las que vienen pidiendo las propias organizaciones empresariales, como la firma de un pacto nacional a través del cual los gobiernos, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, se comprometan a incrementar el presupuesto público
dedicado a la educación, al establecimiento de un sistema de premios a los mejores expedientes universitarios, a la aprobación de un plan de incentivos económicos en la formación profesional, eliminar los procesos administrativos que soportan las
empresas y lograr el pleno desarrollo de la capacidad científica e innovadora por la que tenemos hoy que apostar. Al grupo proponente le queremos decir que estamos preocupados por la situación de crisis económica, de recesión económica que está
viviendo en España, que estamos preocupados por esos once millones de mileuristas que precisamente cobran 1.000 euros al año.
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, le ruego que vaya concluyendo.
La señora QUINTANILLA BARBA: Voy a concluir, señor presidente.
Quiero manifestar que nos vamos a abstener en esta iniciativa. Vamos a abstenernos desde el sentido más claro y responsable de lo que hoy queremos decir a los ciudadanos que nos han podido escuchar.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate y fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Yo diría no a la reconversión, pero dicen que la política es el arte de hacer posible lo imposible y creo que somos la demostración evidente. Los que decimos que el mercado no lo resuelve todo, que hay que hacer
normas de control, vamos a votar que no a esta iniciativa y los que defienden que el mercado lo resuelve todo, que no hay normas de control ni nada, se van a abstener. (El señor Llamazares Trigo: También van a votar que no.) Como digo la política
es el arte de lo posible y estoy convencida de que si estuviéramos al revés, es decir, el PP en el Gobierno y nosotros en la oposición, por lo menos a esta diputada le permitirían votar lo que quisiera y no lo que le mandan. (El señor Olabarría
Muñoz: Si la que manda eres tú.-Rumores.-Risas.) No sé de qué os extrañáis, militar en un partido conlleva una serie de obligaciones y hay que respetar la toma de decisiones democráticas. Esta diputada está muy orgullosa del partido en el que
milita, del partido que gobierna y les puedo asegurar que no voy a cambiar de partido. (Risas.)
Dicho esto, hay dos o tres matices que quiero hacer con una reflexión. El corazón me lleva a decir a estos ejecutivos (en la mayoría de casos son unos ineptos, que han llevado a esta situación a muchas empresas que dejan a la gente en la
calle, esa es la realidad) que también lo van a pagar. Nosotros tenemos un ordenamiento y unas normas jurídicas y laborales. Los trabajadores hemos peleado mucho en esta vida algunos dando su vida por la libertad de la negociación colectiva. La
libertad de la negociación colectiva es lo que se plantea en este país y hay un acuerdo de negociación colectiva para los años 2007 y 2008. Seguramente no es la perfección, pero en las empresas grandes donde están estos ejecutivos es donde hay los
comités con más fuerza sindical y a la hora de la negociación ellos -empresa y trabajadores- marcan las normas. Es aquello de afirmar no creo en lo que dices, pero la negociación colectiva es, en mi opinión, uno de los logros más importantes de
esta democracia y por la cual yo defenderé y pelearé la libertad de los agentes sociales, sindicatos y patronal a que se pongan de acuerdo. Votaré siempre eso, aun cuando aquello que acuerden no sea lo que a mí me gustaría que acordaran.
Señorías,
se me revuelve todo cuando oigo a algún responsable de la patronal o gubernamental decir que hay que controlar los salarios, que hay que controlar los incrementos porque generan muchísima inflación.
Cuando lo hacen les digo lo mismo: dejad
libertad para que los trabajadores y empresarios negocien aquello que crean que tiene que negociar cada uno. Por eso repito que vamos a votar que no a esta proposición. Y también creo que hay que reducir los abanicos salariales, pero lo han de
hacer los que tienen esa responsabilidad.
En cuanto a lo de la fiscalidad, he de decir que en este país tenemos una fiscalidad progresiva. Podemos hablar de que es peor o mejor, pero la fiscalidad es progresiva y realmente paga más el que más cobra y menos el que menos. (Un señor
diputado: ¡Muy poco!) Realmente podríamos hablar de si es más justo o no y de si hay o no
hay margen para poder subir los impuestos, pero, señorías, el sistema ya es progresivo y es lo que hay aquí.
Otra cuestión es que el Estatuto de los Trabajadores establece las normas y realmente en este Parlamento durante los Presupuestos Generales del Estado lo único que se nos permite hacer es marcar el salario mínimo interprofesional, es decir,
por abajo, pero no por arriba. En el único sitio donde tenemos la posibilidad de marcar mínimos y máximos es en aquello que paga el Estado, esto es, en las pensiones contributivas, en las que establecemos un mínimo y un máximo. Por tanto, con todo
lo que podamos pensar o sentir, la negociación colectiva es la que se debe encargar de regular esos salarios y de poner trabas a que estos directivos sigan haciendo de su capa un sayo.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del orden del día, pasamos a las votaciones. Anunciamos que habría un breve descanso de cinco minutos (Protestas.), pero posiblemente no sea necesario. ¿Tienen todos los portavoces las
transaccionales en su poder? (Asentimiento.) Las conocen perfectamente, ¿no? Y han avisado a sus correspondientes compañeros para que no falte nadie, ¿no? (Pausa.) Pues podemos empezar las votaciones.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre comparecencias cuatrimestrales del secretario de Estado de Seguridad Social y del secretario general de Empleo, que se somete a votación con una transaccional que
ya conocen todos ustedes.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre modificación de la reagrupación familiar, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tercera proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, sobre levantamiento de la moratoria que afecta a los trabajadores rumanos y búlgaros, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Al haberse producido, como ustedes se han percatado perfectamente, un empate a 19 votos, pasamos a ponderar el voto en función del artículo 88. (Pausa.)
El resultado de la ponderación es 171 votos a favor y 179 en contra. Por lo tanto, queda rechazada.
Pasamos a la cuarta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre remisión trimestral de información sobre la evolución de la emigración, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La quinta proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, que votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sexta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que votamos también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Séptima proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre personalización en las funciones de intermediación de los servicios públicos de empleo, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, una; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar medidas de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos, que se vota en los términos de una transaccional que ya conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La novena proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre transferencia a las comunidades autónomas de los recursos no gastados en los programas de formación, que se vota en los términos de una
transaccional... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra.)
Doña Carmen.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Simplemente quiero decir que mi grupo había presentado una enmienda, pero como posteriormente el Grupo Socialista ha ofrecido una transaccional en su intervención, que ha aceptado el proponente de la
iniciativa, retiramos la enmienda y asumimos también la transaccional. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Entonces se vota en los términos de la transaccional que ustedes conocen y con la posición que acaba de señalar doña Carmen Álvarez-Arenas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la última votación. Proposición no de ley de Izquierda Unida, sobre limitación de las remuneraciones excesivas de altos ejecutivos en las empresas, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.